Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental...

Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental en la

Planificación Territorial en Napo”

PROPUESTA DE DIRECTRICES AMBIENTALES PARA LA PLANIFICACIÓN TERRITORIAL EN NAPO

Preparado por: Manuel Peralvo, Macarena Bustamante, Saskia Flores, Francisco Cuesta CONDESAN Para: Ministerio del Ambiente del Ecuador Programa BioCAN

Agosto 2013

ii

Contenido

1. Introducción .............................................................................................. 1

2. Directrices ambientales para la planificación territorial ........................... 2

2.1 Ordenamiento territorial .................................................................................... 2

2.1.1 Objetivos de manejo sustentable del territorio ........................................... 2

2.1.2 Zonificación territorial como herramienta de desarrollo sustentable ......... 8

2.2 Mecanismos de participación en la planificación del desarrollo ..................... 11

2.2.1 Difusión y aplicación del marco normativo de participación ciudadana.. 12

2.2.2 Fortalecimiento de capacidades para la participación .............................. 16

2.2.3 Participación y articulación social – ambiental ........................................ 20

2.3 Incentivos económicos para la conservación ................................................... 26

2.3.1 Incentivos como instrumentos para la planificación territorial ................ 27

2.3.2 Coordinación y articulación institucional ................................................. 32

2.4 Generación y gestión de información socioambiental ..................................... 34

2.4.1 Fuentes de información existente ............................................................. 34

2.4.2 Generación y gestión de información ....................................................... 36

2.4.3 Monitoreo y evaluación ............................................................................ 41

3. Conclusiones y recomendaciones ........................................................... 46

4. Bibliografía .............................................................................................. 48

5. Anexos ..................................................................................................... 52

iii

Abreviaturas CONDESAN Consorcio para el Desarrollo Sostenible de la Ecoregión Andina

CUT Cobertura y uso de la tierra

CCUT Cambio de Cobertura y Uso de la Tierra

GADPN Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Napo

MAE Ministerio del Ambiente del Ecuador

UTM Sistema de Coordenadas Universal Transversa de Mercator

1

Propuesta de Directrices Ambientales para la Planificación Territorial en Napo

1. Introducción

La descentralización de la gobernanza ambiental en Ecuador ha generado un conjunto de oportunidades y retos para los actores del sector público y la sociedad civil articulados en los regímenes de acceso y uso de recursos naturales. El potencial de los procesos de descentralización de proveer una ruta más directa hacia trayectorias de desarrollo con principios de sustentabilidad descansa sobre atributos deseados de participación de la población, transparencia en la toma de decisiones e internalización de beneficios y costos asociados a distintas opciones de gestión de políticas (Ribot 2002). En Ecuador, la inclusión de una dimensión territorial explícita en los procesos de planificación del desarrollo busca precisamente facilitar la articulación y balance de objetivos asociados a actividades económicas, mantenimiento de procesos ecosistémicos, provisión de servicios básicos, entre otras. En este contexto, el proyecto “Gobernanza Forestal y Planificación Territorial en Napo1” se ejecutó entre Abril de 2012 y Agosto de 2013 como parte de un conjunto de iniciativas piloto impulsadas por el Programa BioCAN2. Este programa es na iniciativa conjunta de los Países Miembros de la Comunidad Andina, la Secretaría General de la CAN y el Gobierno de Finlandia para promover la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas en la Amazonía de los países Andinos. El proyecto OT-Napo fue diseñado a partir del interés del Ministerio del Ambiente del Ecuador (MAE) y el Programa BioCAN para robustecer los procesos de planificación territorial en la provincia y la articulación de los procesos de gobernanza ambiental operando a distintos niveles en Napo. El presente documento busca sistematizar algunas directrices de trabajo identificadas durante la implementación de las actividades del proyecto OT-Napo, con énfasis en el fortalecimiento del componente ambiental de los procesos de planificación territorial de la provincia. Las directrices se definen como opciones de acción concertada para el manejo del territorio que permitan alcanzar un modelo deseado de desarrollo. Así definidas, las directrices son de carácter conceptual, relacionadas con procesos de coordinación institucional, y metodológico, orientadas a establecer procedimientos robustos de zonificación y ordenamiento territorial. Temáticamente, las directrices se organizaron alrededor de los cinco temas estructurados en la Propuesta de Modelo de Gobernanza Ambiental para Napo (Grupo Técnico de Trabajo en Gobernanza Ambiental en Napo 2013): 1) Marco normativo, 2) Mecanismos de participación, 3) Ordenamiento territorial, 4) Generación y gestión de información y 5) Incentivos para la conservación y manejo de los recursos naturales. El marco normativo se incorporó como un componente transversal en las directrices desarrolladas para cada tema.

1 De aquí en adelante se utiliza el nombre corto OT-Napo para referirse al proyecto. 2 http://biocan.comunidadandina.org/biocan/

2

2. Directrices ambientales para la planificación territorial

2.1 Ordenamiento territorial

La conversión de bosques tropicales a pastos para ganadería es quizá el factor principal que explica las elevadas tasas de pérdidas de bosques en Sudamérica en general y en el Ecuador particularmente (Lambin et al. 2003; Wassenaar et al. 2007). En el caso de la provincia de Napo, los bosques de tierra firme y del piedemonte ubicados a lo largo de la vía Baeza-Tena-Arosemena Tola y del río Napo han sido mayoritariamente transformados a un mosaico de usos agrícolas, agroforestales y pecuarios generando una pérdida de la cobertura boscosa de cerca de 22 000 hectáreas para el período 1988 – 2002, equivalente a una tasa anual promedio de pérdida de bosque de 0.8% (Peralvo et al. 2013a). Estas dinámicas han generado un proceso severo de pérdida de conectividad entre los ecosistemas de los Andes y los de la llanura aluvial amazónica. Desde este punto de partida, se vuelve prioritario enfocar los esfuerzos de planificación territorial a distintos niveles en la provincia para aminorar o revertir estas tendencias de pérdida y degradación de ecosistemas, que generan efectos negativos para beneficios críticos de los que dependen las poblaciones locales (p.ej. provisión de agua). Al mismo tiempo, se reconoce la necesidad de mantener trayectorias de desarrollo sustentable que mejoren las condiciones de vida de estas poblaciones. En este contexto, las directrices de ordenamiento territorial desarrolladas a continuación enfatizan la necesidad de articular los objetivos de desarrollo sustentable de la provincia con estrategias de gestión del territorio que garanticen la persistencia de la biodiversidad a largo plazo. En otras palabras, se busca robustecer la planificación territorial como medio para facilitar la consecución de objetivos de desarrollo sustentable. 2.1.1 Objetivos de manejo sustentable del territorio

Incluir criterios sobre estructura y funcionamiento de ecosistemas naturales

La planificación territorial debe partir de objetivos de manejo del territorio que incluyan de forma explícita criterios de sustentabilidad (Peralvo et al. 2013b). La incorporación de criterios que permitan balancear las necesidades de desarrollo local y la necesidad de mantener ecosistemas saludables es un reto común a todos los ejercicios de planificación y ordenamiento territorial (Ponce 1998). La incorporación de criterios ecosistémicos en la definición de objetivos de manejo del territorio facilita la identificación de necesidades de gestión y opciones de política orientadas a gestionar sinergias y compromisos entre objetivos de desarrollo y objetivos de manejo y conservación de la biodiversidad.

3

Existen diversas alternativas conceptuales y metodológicas para incluir criterios ecosistémicos en la planificación territorial. Para Dale et al. (2000), la inclusión efectiva de procesos ecosistémicos en la planificación territorial requiere aplicar los siguientes criterios:

i. Examinar el impacto de decisiones locales en un contexto regional. Por ejemplo, actividades que generan impactos sobre la calidad o cantidad de agua en un lugar específico pueden generar externalidades negativas para los usuarios aguas abajo.

ii. Planificar con un horizonte temporal de largo plazo, con atención a eventos no esperados.

iii. Conservar ecosistemas y especies con distribuciones restringidas.

iv. Evitar usos de la tierra extensivos que requieren la conversión total de los ecosistemas naturales. Este es el caso de sistemas pecuarios basados en pastos limpios.

v. Mantener áreas extensas y continuas que contengan hábitats críticos. Por ejemplo, ciertas especies como el Oso Andino (Tremarctos ornatus) necesitan grandes áreas de ecosistemas saludables para mantener poblaciones viables (Peralvo et al. 2005).

vi. Evaluar impactos negativos sobre los ecosistemas asociados a cursos de acción seleccionados e incorporar un mecanismo para compensarlos. Por ejemplo, los efectos de un incentivo agrícola sobre la tasa de deforestación en un área podrían ser compensados con esfuerzos comparables de incentivos de conservación de bosques en otros lugares.

vii. Evitar promover usos de la tierra que no sean compatibles con el potencial natural del área. Por ejemplo, en zonas áridas evitar cultivos con altos requerimientos de agua, aun si se encuentran disponibles sistemas de riego.

Otra alternativa metodológica consiste en incorporar servicios ecosistémicos para identificar alternativas de manejo territorial. Kosmus et al (2012) proponen la inclusión de procesos ecosistémicos en la formulación de políticas utilizando los siguientes pasos:

i. Definir el ámbito de trabajo, incluyendo la identificación de los actores clave relacionados a los procesos ecosistémicos que se busca mantener.

ii. Identificar y priorizar áreas clave los servicios ecosistémicos más pertinentes a la planificación territorial.

iii. Caracterizar el estado actual de la provisión de los servicios ecosistémicos, las tendencias de cambio probables y las sinergias y compromisos entre los objetivos de desarrollo establecidos y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos priorizados.

iv. Planificar acciones en función de marco institucional y cultural e implementar los instrumentos de gestión territorial priorizados.

4

Incluir criterios de cambios ambientales en la definición de objetivos de manejo del territorio

Los procesos de cambios ambientales más relevantes para la planificación territorial corresponden al Cambio Climático (CC) y cambios de la Cobertura y Uso de la Tierra (CCUT). En ambos casos, se espera que el efecto combinado de las dinámicas de CC y CCUT genere impactos sobre los sistemas ambientales y sociales a distintas escalas. Por un lado, los cambios de cobertura y uso de la tierra asociados a actividades productivas generan un conjunto de bienes y servicios fundamentales para el bienestar de las sociedades humanas. En contraste, estos cambios generan impactos sobre el funcionamiento de los ecosistemas, pueden exacerbar los efectos negativos del cambio climático y generar impactos negativos sobre las poblaciones humanas (Foley et al. 2005). Esto se traduce en la necesidad de considerar de forma explícita las tendencias asociadas a estos procesos de cambio y sus potenciales efectos en los procesos de planificación territorial. El Ministerio del Ambiente del Ecuador ha identificado un conjunto de líneas estratégicas e instrumentos orientados a promover la mitigación y la adaptación frente a los efectos del cambio climático (MAE 2012a). La Estrategia Nacional de Cambio Climático identifica a los Gobiernos Autónomos Descentralizados como actores clave para:

i. Incorporar variables claves de CC en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

ii. Elaborar políticas públicas orientadas a gestionar las amenazas y vulnerabilidades asociadas al CC.

iii. Promover mejores tecnologías en la construcción de infraestructura y vivienda.

iv. Incorporar criterios de sustentabilidad en la planificación del sistema de asentamientos humanos (transporte, energía).

v. Reducir la huella ecológica de las poblaciones humanas.

Estas guías se traducen en estrategias más específicas orientadas a mantener la conectividad e integridad de los ecosistemas naturales, desarrollar herramientas de análisis de información para identificar áreas en riesgo en la planificación territorial, aumentar las áreas de ecosistemas bajo regímenes de conservación y restauración, y promover el mantenimiento de bienes y servicios ecosistémicos clave (MAE 2012a).

Adicionalmente, la inclusión de criterios de cambio de cobertura y uso de la tierra (CCUT) permite entender mejor los vínculos entre los ecosistemas y los paisajes de uso de la tierra circundantes y planificar de acuerdo a las tendencias observadas. Por ejemplo, en Napo se han observado fluctuaciones periódicas en la tasa de deforestación, asociadas a dinámicas sociales y económicas a distintas escalas (Tabla 1). Esto evidencia la necesidad de contar con mecanismos robustos de monitoreo de los procesos de conversión y degradación de ecosistemas en la provincia (bosques y páramos) como insumos para la planificación territorial en Napo.

5

Período Pérdida de bosques (ha) % de pérdida Tasa anual (%)

1988-1990 6436.26 2.23 1.36 1990-1997 6043.32 2.14 0.29 1997-2002 9221.85 3.34 0.67

Tabla 1. Tasas de deforestación histórica en la parte baja de Napo (Fuente: Peralvo et al. 2013a).

Considerar áreas clave de conservación y restauración de la biodiversidad

La incorporación de dinámicas de cambio climático y cambio de cobertura y uso de la tierra en la planificación territorial parte de la necesidad de priorizar geográficamente la implementación de estrategias de manejo territorial. La lógica es que áreas bajo mayor presión por procesos de conversión y degradación de ecosistemas de bosque y páramo puedan ser priorizadas para establecer acciones que promueva regímenes de uso del territorio con mejores condiciones de sustentabilidad (Ver siguiente directriz). Adicionalmente, análisis a escala de paisaje sobre la estructura y distribución de ecosistemas remanentes pueden permitir priorizar acciones de restauración que permitan recuperar la conectividad de los ecosistemas (Figura 1).

Figura 1. Áreas de importancia para recuperar la conectividad de ecosistemas en las áreas de influencia de las vías Baeza-Tena y Hollín Loreto, cantón Archidona, provincia de Napo (Fuente: Peralvo et al. 2013b). Otro tema importante de trabajo en Napo es la consolidación de estrategias robustas de gestión para las áreas protegidas y sus paisajes adyacentes. Las responsabilidades y roles de distintos actores en el manejo de las áreas protegidas en la provincia parte del marco normativo vigente. Sin embargo, hace falta consolidar mecanismos de

6

articulación y coordinación de agendas de trabajo que permitan incluir a las áreas protegidas como elementos clave en el desarrollo sustentable de la provincia. Algunos de los criterios de planificación que se necesita trabajar para fortalecer estos vínculos entre áreas protegidas y el resto del territorio de la provincia son:

i. Identificar, mapear y monitorear áreas clave dentro del SNAP para el mantenimiento de procesos ecosistémicos estratégicas como la regulación hídrica, el secuestro de carbono, el mantenimiento de la biodiversidad, entre otras.

ii. Integrar dentro de los procesos de planificación territorial a nivel provincial, cantonal, parroquial y local objetivos explícitos de disminución de presión sobre las áreas protegidas de la provincia.

iii. Robustecer el modelo de gestión alrededor de la Reserva de Biósfera Sumaco y su articulación con el resto de áreas de conservación de la provincia, incluyendo una estrategia adecuada de monitoreo del estado de conservación de los ecosistemas asociados a dichas áreas.

Utilizar sistemas sustentables de manejo agroforestal como estrategias para la restauración de la biodiversidad y la acumulación de carbono

En Napo, al igual que en otras áreas de ecosistemas tropicales, la transformación de bosques a usos agrícolas o pecuarios refleja un gradiente de accesibilidad en la que los bosques ubicados en áreas próximas a vías de acceso o poblados tienden a tener una mayor probabilidad de transformación (Cuesta et al. 2013). Comúnmente, los pastos plantados se caracterizan por tener una cantidad de biomasa y biodiversidad muy baja junto con un deterioro considerable de las propiedades físico/químicas de los suelos. Estas características determinan que este tipo de coberturas constituyan una de las principales barreras para promover procesos de restauración de estos ecosistemas (Aide y Cavelier 1994). Por otro lado, una de las coberturas de la tierra de origen antrópico más importantes en la provincia corresponde a un mosaico agropecuario (aproximadamente 10.2% de la superficie de la provincia), conformado en muchos casos por sistemas agroforestales (SAF). Primordialmente, los SAF están constituidos por cacao, cultivos de ciclo corto, café, plantas medicinales, además de árboles maderables y frutales que cumplen con la provisión de sombra. Los SAF pueden almacenar cantidades importantes de carbono y albergar una biodiversidad considerable (Schroth y Harvey 2007). Por ejemplo, un estudio realizado en los SAF del área de amortiguamiento de la Reserva Sumaco (Ordóñez et al. 2011) reporta una capacidad de almacenamiento de los sistemas agroforestales con cacao de 35 Mg C/ha solo a nivel de las plantas de cacao (a los 12 años de edad), de 85 MgC/ha incluido las especies maderables y frutales (con un densidad de 660 árboles cacao/ha y de 159 árboles/ha de especies maderables y frutales). Complementariamente, los bosques secundarios regenerados sobre las plantaciones antiguas de cacao de 10 años inventatiados por Cuesta et al. (2013) en Napo llegan a tener un promedio de 101 Mg/ha (con densidad promedio de 174 árboles/ha) y un promedio de 2,8 de diversidad Alpha con una dominancia promedio de 0,11 y una riqueza de 94 especies forestales mayores a 20 cm de DAP (Figura 2).

7

Figura 2. Variación de la diversidad (Shannon-H) de especies arbóreas (> 20 cm DAP) respecto de la dominancia (D) en las 33 parcelas (60 x 60 m) establecidas como parte del IF de la provincia de Napo. Los cuadrados resaltados en rojo representan las parcelas de los conglomerados ubicados en bosques secundarios regenerados (ca. 10 años) de cultivos de cacao de sombra.

Estos datos evidencian la importancia de estos sistemas como una estrategia de manejo del territorio que pueden alcanzar múltiples propósitos. El mantener sistemas de producción que sigan siendo rentables pero mantengan biodiversidad y que sean sumideros de carbono es un escenario ideal. Es fundamental realizar un inventario de los sistemas agroforestales de cacao y café existentes en la provincia, en particular de los que se encuentran a lo largo de la vía Baeza-Arosemana Tola, como punto de partida de una estrategia de restauración. Los SAF de cacao y café son una alternativa de uso de la tierra que podría contribuir tanto a restaurar la conectividad entre la parte alta y baja de la provincia como a lograr generar alternativas productivas que compitan con la producción ganadera y contribuyan a reducir la tasa de expansión de los pastos. Sin embargo, el manejo de los SAF desde el punto de vista de mantenimiento de biodiversidad y productividad, requiere también de la observación y adopción de buenas prácticas entre las que se resaltan las siguientes:

i. Mantener en el paisaje parches remanentes de bosque nativo que permitan fungir de fuentes de semilla, dispersión y polinización de las especies forestales que conforman los SAF.

ii. Mantener o restaurar doseles de sombra florísticamente diversos y estructuralmente complejos en los sistemas agroforestales de cacao.

iii. Mantener densidades de árboles de cacao de acuerdo a estándares internacionales pero que mantengan al menos un 30% de dosel continuo. De esta manera es posible que estos sistemas puedan entrar en esquemas de compensación por reducción de emisiones.

iv. Procurar tener sistemas de producción de mínimo una hectárea para que sean económicamente rentables y puedan cumplir con su finalidad de reservorios de carbono y de mantener biodiversidad.

y = 0.9691e-0.859x

R² = 0.9283

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0.45

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Dom

inan

cia_

D

Shannon

8

2.1.2 Zonificación territorial como herramienta de desarrollo sustentable

Aplicación de metodologías flexibles de zonificación que permitan generar escenarios alternativos

Las metodologías de zonificación permiten definir unidades territoriales que son internamente homogéneas en relación a una o más dimensiones biofísicas y socioeconómicas. Las metodologías de zonificación territorial (p.ej. la Zonificación Ecológica-Económica) normalmente tienen un carácter iterativo, concebido como un proceso continuo de mejoramiento de la zonificación a partir de mejores insumos de información, mejores métodos analíticos y cambios en el contexto ambiental y social del área de interés (Ponce 1998).

Los avances recientes en Ecuador en la formulación de planes integrados de desarrollo y ordenamiento territorial (PDyOT) han visibilizado la necesidad de contar con más trabajo en el desarrollo de metodologías de zonificación que permitan vincular los objetivos de desarrollo sus estrategias y metas asociadas con el ordenamiento territorial necesario para alcanzarlos. Se reconoce el desarrollo de metodologías robustas para realizar zonificación para distintos objetivos de manejo del territorio es un proceso de mejoramiento continuo a mediano y largo plazo. Como punto de arranque, se sugiere empezar con ejercicios relativamente simples que permitan optimizar el uso de información biofísica y socioeconómica existente en el contexto de las necesidades de planificación territorial actuales.

Como avance en este proceso, se desarrolló un marco metodológico general que busca traducir los programas y proyectos de desarrollo y ordenamiento territorial de los PDyOTs en estrategias de manejo aterrizadas en el territorio (Peralvo et al. 2013b). El marco propuesto (Figura 3), tiene como punto de partida la definición de objetivos y metas de manejo del territorio mapeables y cuantificables. La metodología requiere traducir los objetivos y metas en un conjunto de criterios que permitan realizar un análisis geográfico para identificar áreas prioritarias para la consecución de los mismos. De forma óptima el proceso de priorización debería incluir tanto procedimientos técnicos como mecanismos de participación de los actores relacionados al proceso de planificación.

9

Figura 3. Propuesta general de articulación de criterios ambientales en procesos de zonificación (Fuente: Peralvo et al. 2013b).

El marco propuesto tiene vínculos explícitos a los procesos de generación y gestión de información. Esto permitirá mejorar los resultados de la zonificación a medida que se generen los insumos de información que representen de forma adecuada los procesos que intervienen en la zonificación (p.ej. información sobre recursos hídricos, dinámicas de carbono, etc.). Adicionalmente, se espera que la implementación de las acciones de manejo del territorio en las áreas priorizadas estén acompañadas de procedimientos robustos de monitoreo y evaluación. De esta forma se espera cerrar el ciclo de gestión de políticas públicas y generar insumos para la siguiente iteración de la planificación para el desarrollo.

Aprovechar el potencial de los procesos de zonificación como plataformas para promover la participación efectiva de los actores

Las metodologías de zonificación territorial a menudo enfatizan la necesidad de incluir la participación de los actores locales y otros interesados y afectados por las decisiones de manejo del territorio. Sin embargo, es difícil definir mecanismos específicos de participación, especialmente cuando se trata de procesos de planificación complejos, que incluyen múltiples objetivos, criterios y metodologías de análisis. Se puede pensar en una tipología de procesos de participación en la planificación territorial a partir del nivel de involucramiento local y externo en distintos roles e instancias del proceso (Tabla 2).

10

Proceso de planificación

Definición de objetivos de manejo del territorio

Sistematización y recolección de

información

Análisis e interpretación

Implementación del OT

1. Externo Objetivos externos

Especialistas Especialistas

Especialistas, manejadores externos de recursos.

2. Externo con participación local

Objetivos externos

Especialistas, actores locales

Especialistas

Especialistas, manejadores externos de recursos.

3. Colaborativo 1 Objetivos locales / externos

Actores locales /asesoría externa

Especialistas

Especialistas, manejadores externos de recursos, actores locales.

4. Colaborativo 2 Objetivos locales Actores locales /asesoría externa

Actores locales

Actores locales.

5. Local Objetivos locales Actores locales Actores locales

Actores locales.

Tabla 2. Tipología de procesos de participación local en la planificación territorial (Adaptado de: Danielsen et al. 2009). Los procesos de planificación territorial normalmente presentarán varias combinaciones de los tipos definidos en la Tabla 2, de acuerdo a la escala, enfoque temático y objetivos del proceso. En esta directriz se busca visibilizar los ejercicios de zonificación como herramientas para promover la participación local. Una alternativa interesante es el uso de escenarios para promover la discusión sobre distintas alternativas de acción y sus potenciales implicaciones sobre el territorio. Estas actividades pueden incluir mecanismos para priorizar áreas de intervención en función de los criterios utilizados en el ejercicio de zonificación.

11

2.2 Mecanismos de participación en la planificación del desarrollo

Una verdadera participación en la planificación del desarrollo implica la activa inclusión de las diversas voces y expresiones ciudadanas en la vida pública, en la toma de decisiones y en la gestión de los asuntos del Estado (nacional y local), y en el control del uso de los recursos (SENPLADES 2009; FFLA et al. 2010; SENPLADES 2011). Una participación eficiente fortalece la capacidad de las personas para ejercer control social y exigir sus derechos, y genera capacidades individuales y colectivas para debatir y participar en los procesos de toma de decisiones (SENPLADES et al. 2010; Pastor 2008). También puede promover el fortalecimiento del sentido de responsabilidad ciudadana y de corresponsabilidad en la gestión de los gobiernos locales (FFLA et al. 2010). El territorio es un sistema complejo y dinámico que se transforma continuamente. Por ello, es fundamental que los instrumentos de planificación sean flexibles e incorporen de manera permanente y democrática, las visiones y los aportes de ciudadanos y actores institucionales que tengan incidencia en el mismo. En ese sentido, una efectiva participación debe contemplar lo siguiente (FFLA et al. 2010):

i. La inclusión equitativa y responsable de los ciudadanos y colectividades en las distintas fases y en los diferentes espacios de la planificación.

ii. El auspicio a la deliberación pública acerca de las opciones del desarrollo territorial en todos los niveles territoriales de gobierno.

iii. Un impulso a los mecanismos participativos para la colaboración de la ciudadanía en la formulación de los planes en los distintos niveles de gobierno.

iv. La facilitación de la intervención social en el ciclo de planificación que asegure calidad en la gestión estatal, a través de mecanismos de rendición de cuentas y veeduría social.

En la provincia de Napo existen diversos espacios de participación, la mayoría orientados a la concertación institucional para la planificación sectorial. Sin embargo, es importante fortalecer ciertos aspectos de esa participación, como la coordinación intersectorial, la representatividad y la corresponsabilidad entre el sector gubernamental y no gubernamental. Así mismo, es importante fortalecer la aplicación de la normativa en cuestiones de participación ciudadana y avanzar en la creación de un Sistema de Participación de la provincia que haga efectiva la participación en los consejos de planificación provincial, cantonales, parroquiales, y las veedurías ciudadanas, tal como lo propone el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo (GADP-Napo 2011).

12

2.2.1 Difusión y aplicación del marco normativo de participación ciudadana

Impulsar la creación del Sistema de Participación Ciudadana de la provincia, con sus respectivos espacios de planificación y gestión, toma de decisiones y control social La provincia de Napo es reconocida por tener diversos espacios de participación para la concertación, tales como las Mesas Temáticas (p.ej. Mesa de Desarrollo Territorial, Mesa de Cacao). Sin embargo, se reconoce también que hace falta avanzar hacia la construcción de espacios más explícitos para la toma de decisiones, la cogestión con los gobiernos locales y la planificación intersectorial. Más que la creación de nuevas Mesas o de otros espacios similares, existe el interés de dar pasos hacia la creación de un Sistema de Participación Ciudadana de Napo. El Artículo 304 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) señala que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deben implementar un Sistema de Participación Ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente gobierno local y que deberá tener los siguientes propósitos:

i. Fortalecer la democracia local a través de la creación de espacios para rendición de cuentas y el control social, y la generación de mecanismos de transparencia.

ii. Participar en el ciclo de la política pública.

iii. Promover la participación de la ciudadanía en las decisiones para el desarrollo territorial.

iv. Impulsar la formación ciudadana. El Sistema de Participación Ciudadana implica el involucramiento de las autoridades electas así como a representantes de la sociedad civil en procesos de gestión y planificación, toma de decisiones y control social (Figura 4).

Figura 4. Potencial esquema del Sistema de Participación Ciudadana de Napo, de acuerdo al COOTAD (Fuente: SENPLADES 2011). Para promover la creación de este sistema es necesaria la elaboración y aprobación de una ordenanza (provincial, municipal, parroquial) que defina la finalidad, los objetivos, el ámbito y los sujetos del Sistema de Participación. De igual manera deben establecerse los conceptos y definiciones básicas, y los mecanismos para la transparencia pública y el control ciudadano, la planificación participativa, la formación ciudadana, la difusión

13

de derechos y deberes y la corresponsabilidad. Modelos de ordenanzas parroquiales, cantonales y provinciales se encuentran en la Guía de Participación Ciudadana en la Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (SENPLADES 2011). Algunos pasos previos a la aprobación de una ordenanza de esa naturaleza son la elaboración de un mapeo de actores, elaboración de reglamentos de funcionamiento de cada instancia de participación, definición de una estrategia de comunicación e información, entre otros. Muchos de estos pasos están dados en Napo y pueden ser implementados en el corto plazo, luego de una revisión y ajuste a las nuevas necesidades de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. Robustecer y mantener una estructura institucional adecuada que facilite la coordinación y articulación intersectorial de los actores que participan en la gobernanza ambiental en la provincia Existe una necesidad muy sentida en la provincia de Napo de contar con una estructura institucional que permita la coordinación y articulación entre distintos sectores, para una adecuada planificación en relación a temas ambientales. Una propuesta llevada a cabo por el sector no gubernamental de la provincia ha sido la creación del Foro Provincial de Gobernanza de Recursos Naturales en Napo. Una primera reunión de este Foro, convocada por el Ministerio de Ambiente y realizada en el Gobierno Provincial de Napo, se llevó a cabo el 27 de agosto de 2013, con el propósito de exponer el trabajo realizado en la Reserva de Biosfera Sumaco y propiciar acciones que permitan la correcta gestión y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en la provincia3. Se espera que el Foro Provincial de Gobernanza de Recursos Naturales en Napo se constituya como un espacio de diálogo y coordinación entre el sector social, público, privado y organizaciones de cooperación, para tratar temas relacionados al turismo, manejo forestal, cacao, desarrollo territorial, entre otros. Una buena manera en la que este Foro Provincial pueda convertirse en un espacio de incidencia permanente en la planificación del desarrollo de Napo, es que sea parte del Comité Sectorial, dentro del Sistema de Participación Ciudadana. Operativamente, estos espacios pueden construir sobre las agendas de trabajo estructuradas en el contexto de la propuesta del Modelo de Gobernanza Ambiental en Napo (Grupo Técnico de Trabajo en Gobernanza Ambiental en Napo 2013)(Figura 5). La Guía de Participación Ciudadana en la Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados define al Comité Sectorial como: “… un espacio de coordinación entre el Gobierno Provincial y las entidades del régimen dependiente que se encuentren en el territorio o que tengan programas o proyectos de influencia en la provincia. Son espacios activados para la elaboración y seguimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y su función es la de coordinar la planificación de manera concertada, servir de asesoramiento y consulta” (SENPLADES 2011).

3 http://www.ambiente.gob.ec/i-foro-provincial-de-gobernanza-de-recursos-naturales-en-napo/ (Accedido 3/09/2013).

14

Figura 5. Componentes temáticos de la Propuesta de Modelo de Gobernanza Ambiental para la Provincia de Napo (Fuente: Grupo Técnico de Trabajo en Gobernanza Ambiental en Napo 2013) Entre las facultades del Comité Sectorial se identifican a las siguientes:

i. Contribuir, como instancia de consulta, en la definición y formulación de los lineamientos para el desarrollo.

ii. Colaborar en el seguimiento y evaluación periódica del cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

iii. Evaluar el cumplimiento de los objetivos del Plan de Ordenamiento Provincial.

iv. Generar el debate público sobre temas de interés que involucren a las competencias exclusivas y a los sectores de la producción de la provincia.

v. Remitir las resoluciones, compromisos y acuerdos al Consejo de Planificación, para ser considerados en la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.

15

Impulsar y fortalecer un espacio provincial donde todos los actores se sientan informados y formen parte de las discusiones relevantes para los diversos sectores de la provincia La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, en su Artículo 50, habla sobre las Asambleas Ciudadanas Plurinacionales e Interculturales para el Buen Vivir como un mecanismo de incidencia en el ciclo de las políticas públicas. Este espacio, a su vez, se alimenta de las Asambleas Locales (provinciales, cantonales y parroquiales), espacios de deliberación pública, información e interlocución con las autoridades (Ley Orgánica de Participación Ciudadana 2008). En Napo se han realizado dos Asambleas Provinciales en Napo, con una amplia participación de organizaciones sociales, barriales, deportivas y artesanales. En estas reuniones se socializó la distribución administrativa de distritos y circuitos, el marco legal de Participación Ciudadana y las atribuciones que tienen las Asambleas Provinciales y las Asambleas Ciudadanas Plurinacionales e Interculturales de Participación4. En este contexto, se vuelve necesario un mecanismo formal que permita la convocatoria de estos espacios de manera permanente y continua. En otras palabras, debe crearse o fortalecerse una Asamblea Provincial de Napo como un mecanismo adscrito al Sistema de Participación Ciudadana, que permita la participación ciudadana en la planificación del desarrollo y en la construcción de procesos de transformación social. SENPLADES (2011) define que las Asambleas Locales deben conformarse con los actores sociales del territorio y con los delegados de las Asambleas de niveles territoriales inferiores, de acuerdo a los siguientes preceptos:

i. Garantizar en la conformación de la Asamblea los principios de democracia, equidad de género, generacional, alternabilidad, rendición de cuentas.

ii. Identificar y convocar a los actores sociales presentes en su territorio, a través de organizaciones sociales, identidades territoriales, temáticas, y ciudadanía en general.

iii. Asignar fondos para su funcionamiento.

iv. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación Estado-sociedad.

v. Acoger las propuestas de agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas, que realice la Asamblea, para la deliberación y toma de decisiones.

vi. Atender los mecanismos de rendición de cuentas que adopte la Asamblea. La Ley Orgánica de Participación Ciudadana del 2008 destaca los siguientes fines de las Asambleas Locales:

i. Respetar los derechos y exigir su cumplimiento, particularmente, en lo que corresponde a los servicios públicos por pedido de la mayoría simple de sus integrantes en el ámbito de los territorios locales.

ii. Proponer agendas de desarrollo, planes, programas y políticas públicas locales.

4 http://www.planificacion.gob.ec/se-fortalece-la-participacion-ciudadana-en-la-zona-de-planificacion-2/ (Accedido 2/09/2013).

16

iii. Promover la organización social y la formación de la ciudadanía en temas relacionados con la participación y el control social.

iv. Organizar, de manera independiente, el ejercicio de rendición de cuentas al que estén obligadas las autoridades electas.

v. Propiciar el debate, la deliberación y concertación sobre asuntos de interés general, tanto en lo local como en lo nacional.

vi. Ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de la Ley.

Para conformar la Asamblea Provincial de Napo, cuyos representantes participarán en la Asamblea Ciudadana Plurinacional e Intercultural para el Buen Vivir (convocada por la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Planificación al menos dos veces por año), se sugieren los siguientes pasos (Figura 6):

Figura 6. Proceso para estructurar la Asamblea Ciudadana Local (Fuente: SENPLADES 2011). 2.2.2 Fortalecimiento de capacidades para la participación

Promover la capacitación de funcionarios, técnicos, líderes y pobladores locales en el nuevo marco normativo sobre participación ciudadana Es importante que los actores involucrados en la planificación del desarrollo tengan un conocimiento adecuado en relación al nuevo marco normativo sobre participación ciudadana. Solo de esa manera será posible que las autoridades locales lideren la aplicación de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y que los ciudadanos y colectivos reclamen el ejercicio de sus derechos y deberes en esta materia. Para lograr esto, se requiere de un proceso de capacitación que fundamente conceptual, normativa y estratégicamente los procesos de participación ciudadana y que permita caracterizar y priorizar los problemas, las demandas y las potencialidades locales en este ámbito. Las áreas temáticas que deberían cubrirse se describen en la Tabla 3.

17

Contenidos Tipo de aprendizaje

Marco conceptual Cognitivo: Planificación territorio y planificación del desarrollo; ordenamiento territorial; mecanismos, tipos, escalas y niveles de participación; participación social, derechos y obligaciones; veedurías, control social y rendición de cuentas. Procedimental: Estrategias metodológicas para la participación y la concertación en la planificación territorial.

Marco legal e institucional

Cognitivo: Constitución, COOTAD, Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Procedimental: Definición de roles por niveles de gobierno y competencias. Actitudinal: Coordinación, articulación.

Marco estratégico de referencia

Cognitivo: Plan Nacional del Buen Vivir, Estrategia Territorial Nacional, Lineamientos de Planificación. Procedimental: Identificación de los lineamientos nacionales para la planificación territorial.

Tabla 3. Contenidos y tipos de aprendizaje sugeridos para una potencial capacitación de distintos actores en el nuevo marco normativo sobre participación ciudadana. Para establecer un proceso adecuado de capacitación se sugiere seguir al menos los siguientes pasos:

i. Identificar las necesidades de capacitación, reconociendo que existen saberes acumulados y que cada actor ha practicado, profundizado o tratado un determinado tema de acuerdo a su contexto social, ejercicio laboral o interés particular.

ii. Definir una población focal, para establecer los temas y conocimientos relevantes para cada una. No todos conocen o requieren conocer todo.

iii. Definición de competencias a desarrollar, también de acuerdo a la población focal y las necesidades de capacitación.

iv. Definición de requisitos y perfiles.

v. Definir la modalidad, entendiendo que la manera en que los participantes aprenden no es la misma para todos. Este proceso dependerá de diversos factores culturales, educativos o situacionales.

vi. Identificar las formas de evaluación.

18

Diseñar y poner en marcha un mecanismo democrático de difusión de información para motivar la participación social en temas ambientales desde lo local hasta lo provincial Con la implementación de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información (LOTAIP) del año 2004 cada vez más Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades estatales (p.ej. Ministerio de Ambiente, Programa Socio Bosque) cuentan con una página web a través de la cual difunden información relevante para los ciudadanos. Sin embargo, en sitios como la provincia de Napo, en donde el acceso a este tipo de tecnologías informáticas aún es limitado en ciertos lugares, existe el reto de establecer mecanismos de difusión de información más efectivos para fomentar la participación social. Una alternativa podría ser establecer un mecanismo conjunto, asociado al Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, diseñado según las necesidades específicas de ciertos sectores temáticos y geográficos. Para avanzar en ello, se podrían dar los siguientes pasos:

i. Identificar a los actores, personas e instituciones que generen y provean información ambiental relevante para la planificación del desarrollo. Se requiere identificar a los actores clave en los ámbitos político, económico y social, tanto de la administración pública como del sector privado.

ii. Identificar a los actores, personas e instituciones que demanden información ambiental, reconociendo su espacio geográfico y su ámbito de acción, y determinando qué tipo de información requieren, con qué frecuencia, en qué lenguaje, etc.

iii. Identificar las principales problemáticas ambientales de la provincia, estableciendo causas y consecuencias, prioridades, posibles soluciones, potencialidades y capacidades.

iv. Llevar a cabo un proceso de concienciación como punto de partida para el diseño del proceso de participación. Debe motivarse la necesidad e interés de la ciudadanía en relación a informarse, planificar y ejecutar acciones relacionadas a temas ambientales.

v. Diseñar e implementar un mecanismo democrático de difusión de información, utilizando los medios que mejor se ajusten a cada tipo de actor, tomando en cuenta la diversidad de sectores sociales e insertando a aquellos sectores tradicionalmente excluidos.

vi. Evaluar la efectividad del mecanismo, midiendo los impactos y analizando la valoración que los actores hacen del mismo, para tomar las medidas correctoras que sean necesarias.

La democratización de la información es el primer paso para una participación ciudadana eficiente. No solo se debe pensar en el flujo de esa información, sino también en la calidad de la misma. Sin información oportuna, relevante y veraz no es posible generar procesos de participación significativos; por lo cual, se hace necesario también un sistema de control de calidad de la información.

19

Impulsar un sistema de incentivos para la participación de los actores locales en espacios de concertación y toma de decisiones Es importante que los actores de la participación ciudadana se vean a sí mismos como ciudadanos con derechos y obligaciones, y no como clientes o beneficiarios del Estado. En ese sentido, es necesario que se creen incentivos para la participación, pero también es fundamental desarrollar relaciones no clientelistas entre el Estado y la sociedad. Uno de los mayores incentivos desde la nueva visión de participación en los últimos años, es el establecimiento de relaciones en las que las personas y las organizaciones juegan un rol más de “aliados” que de “usuarios” o “beneficiarios” del Estado, lo cual incide en una construcción política más acorde a las necesidades y realidades de las personas y las sociedades, y fomenta el sentido de corresponsabilidad. Es fundamental que se creen espacios dentro del Sistema Nacional Descentralizado de Participación que promuevan el concepto de que el actor social es un cogestor que comparte una responsabilidad con las otras instancias que participan en un determinado espacio y que es parte fundamental de la planificación del desarrollo. De lo que se ha podido analizar de la realidad de participación en Napo, existen varios incentivos que motivan a las personas y organizaciones a ser parte de un espacio de participación:

i. Asistencia técnica. Muchas veces se ve al espacio de participación como una oportunidad de contar con asistencia técnica directa y calificada. Las personas que acuden al espacio de participación esperan, entre otras cosas, encontrar respuestas técnicas a sus problemas, por parte de quienes lideran el espacio o por parte de otros miembros.

ii. Educación y capacitación. El espacio de participación puede verse como una oportunidad de capacitación bajo distintos mecanismos de educación e intercambio de conocimiento.

iii. Acceso al mercado. En ciertas ocasiones y para ciertos temas, participar en un espacio de participación puede significar mejores condiciones de acceso al mercado para un determinado producto. La organización de los miembros, la realización de estudios técnicos, la implementación conjunta de estrategias de mercado, el establecimiento de contactos clave, son acciones que pueden ser lideradas a través de un espacio de participación.

iv. Organización de la comunidad. Un espacio de participación puede tener una incidencia positiva no solo en la formación de una persona sino en la organización de un colectivo, lo cual puede ser un incentivo para la participación.

v. Resolución de conflictos. Muchas veces el espacio de participación y su facilitador actúan como mediadores en la resolución de conflictos.

También existen desincentivos que se deben evitar. Entre estos se encuentran la falta de resultados claros, la inestabilidad, la poca alternabilidad, la falta de representatividad o la idea de que los espacios de participación son redes clientelares como factores que desmotivan la participación.

20

2.2.3 Participación y articulación social – ambiental

Fortalecer capacidades ciudadanas para el manejo sustentable de los recursos naturales La temática ambiental es un eje fundamental en la provincia de Napo. Así lo define su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en donde la primera línea estratégica trata precisamente sobre la gestión y la conservación de los ecosistemas, con temas como la calidad ambiental, la gestión integrada de recursos hídricos, el cambio climático y la gestión del riesgo, y la conservación y manejo sustentable de los recursos forestales y la biodiversidad (GADP-Napo 2011). A pesar de este contexto estratégico, existe preocupación entre varios actores debido a la falta de participación social en la temática ambiental. Es posible que parte de esa baja motivación de las personas esté asociada a la falta de conocimientos sobre temas ambientales y a la ausencia de capacidades para un involucramiento más significativo en el manejo sustentable de los recursos naturales. En una provincia con casi el 70% de su territorio protegido, es fundamental crear y fortalecer esas capacidades. Siguiendo el esquema del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo, se podría plantear un esquema para fortalecer capacidades de acuerdo a los temas delineados en la Tabla 4.


Calidad ambiental Cognitivo: Tratamiento de desechos sólidos y líquidos, procesos ambientales en actividades industriales y hospitalarios, aprovechamiento de materiales áridos y pétreos, aprovechamiento de minerales metálicos y no metálicos, leyes, normas y reglamentos. Procedimental: Estudios de impacto ambiental, monitoreo de impactos ambientales, aplicación de normativas ISO 14000 y 9000, definición de roles por niveles de gobierno y de competencias, levantamiento de líneas de base. Actitudinal: Transparencia, regulación, respeto a las normas

Gestión integrada de recursos hídricos

Cognitivo: Servicios ambientales, contaminación, manejo de cuencas, manejo del recurso hídrico, leyes, normas y reglamentos. Procedimental: Estudios de impacto ambiental, monitoreo de calidad y cantidad de agua, aplicación de normativas ISO 14000 y 9000, planes de manejo, definición de roles por niveles de gobierno y de competencias, organización comunitaria alrededor del recurso agua.

Cambio Climático y Gestión del Riesgo

Cognitivo: Adaptación y mitigación del cambio climático, vulnerabilidad, riesgo, escenarios, ciclos climáticos, monitoreo, leyes, normas y reglamentos. Procedimental: Gestión integral del riesgo, permisos de construcción y asentamiento, monitoreo de ciclos climáticos, monitoreo de riesgos, planes de riesgo, planes de adaptación y mitigación, sistemas de auxilio. Actitudinal: Solidaridad, coordinación, articulación

21


Recursos Forestales y Biodiversidad

Cognitivo: Restauración, reforestación, manejo de cuencas hídricas, manejo forestal, biocomercio, conservación, áreas protegidas, leyes, normas y reglamentos. Procedimental: Planes de reforestación, planes de aprovechamiento forestal, manejo post cosecha y comercialización, elaboración de normas y reglamentos. Actitudinal: Respeto a las normas, valoración de los recursos naturales y la biodiversidad.

Tabla 4. Contenidos y tipos de aprendizaje sugeridos para una potencial capacitación de distintos actores en temas ambientales relevantes para la provincia de Napo. Definir prioridades para la participación social en la gestión de las áreas protegidas de la provincia La provincia de Napo cuenta con una superficie substancial de áreas protegidas pertenecientes al Patrimonio de Areas Naturales del Estado (PANE) (Tabla 5).

Nombre Superficie (km2) Porcentaje de la provincia

Parque Nacional Cayambe-Coca 1825.53 14.56

Parque Nacional Sumaco Napo- Galeras 1682.31 13.42

Reserva Ecológica Antisana 1206.61 9.62

Parque Nacional Llanganates 1067.43 8.52

Parque Nacional Cotopaxi 33.64 0.27

Total 5814.94 46.39

Tabla 5. Áreas protegidas del PANE presentes en Napo. Adicionalmente, la Provincia cuenta con más de 1 500 km2 de Bosques Protectores y una superficie similar de áreas bajo la categoría de Patrimonio Forestal. En ese sentido, es crítico consolidar una estrategia de participación social en la gestión de estos espacios protegidos. Tanto el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo como las Políticas y Plan Estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador 2007-2016, establecen la necesidad de impulsar la participación social y la cogestión de espacios protegidos. El primero, establece como una prioridad la co-participación activa de la población en la gestión de las Áreas Protegidas de la provincia de Napo, así como el establecimiento de acuerdos entre el Ministerio del Ambiente y las comunidades locales para el uso y práctica de actividades educativas y turísticas en las áreas naturales que lo permiten (GADP-Napo 2011).

22

Con esta base, es importante definir las prioridades para el involucramiento de las poblaciones en la gestión de los espacios protegidos en Napo. El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Napo establece las siguientes: creación de normativa que regule la creación de nuevas comunidades para combatir problemas como la invasión a las Áreas Protegidas, la alta dispersión de los asentamientos humanos, y la expansión de la frontera agrícola y pecuaria. También propone un incremento en los esfuerzos de monitoreo, control y vigilancia de las Áreas Protegidas por parte de la autoridad ambiental (GADP-Napo 2011). En adición a las prioridades plasmadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, es importante trabajar en:

i. Delinear una política de participación social que dé viabilidad a diversos mecanismos para el uso sustentable de los recursos naturales de las Áreas Protegidas y sus zonas de amortiguamiento.

ii. Establecer compromisos concretos entre la Autoridad Ambiental y diversos actores para la gestión de las Áreas Protegidas, a partir del reconocimiento de sus derechos y de la definición de responsabilidades.

iii. Sanear los conflictos de límites y de tenencia de la tierra, reconociendo los derechos de los pueblos y nacionalidades ancestrales, comunidades y propietarios privados, y realizando una delimitación in situ.

iv. Implementar procesos productivos sustentables que hagan uso racional de los recursos naturales en las zonas de amortiguamiento y en las Áreas Protegidas que lo permitan.

Manejar integralmente la conflictividad socioambiental existente en la provincia El fortalecimiento de los espacios de participación también puede darse en relación a su idoneidad y capacidad para la resolución de conflictos socioambientales, como complemento de la aplicación de la normativa para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos en materia ambiental. La provincia, de acuerdo a su Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, enfrenta los siguientes problemas ambientales (GADP-Napo 2011):

• Mal manejo de desechos sólidos, líquidos, tecnológicos, hospitalarios e industriales.

• Alta contaminación de esteros y ríos.

• Alta deforestación.

• Invasión de Áreas Protegidas.

• Uso indiscriminado e incorrecto del agua.

• Pérdida ictiológica de los ríos. Es importante realizar una caracterización de los conflictos asociados a estas problemáticas ambientales, tomando en cuenta que los conflictos pueden ser intrapersonales, multipartes o intragrupales y tener distintos orígenes y contextos (Carpio y Meneses 2006; Cruz y Rubio 2011) (Tabla 6).

23

Tipo de conflicto Características

Por recursos escasos El conflicto surge por algo que no existe en cantidad suficiente para todos

Por poder Cuando las personas se disputan la posibilidad de liderar, dirigir o controlar a los demás

Protección de autoestima Se dan cuando el orgullo personal o colectivo es mancillado o cuando una persona o grupo es subvalorado o degradado

Por valores Cuando están en disputa creencias fundamentales, ideologías, valores

Estructural El conflicto existe por un problema cuya solución requiere largo tiempo, gran esfuerzo de muchos o de medios que exceden las posibilidades de quienes lo enfrentan

Por identidad Cuando se defiende la forma de ser de una persona o colectivo

Normativo Cuando se incumple una norma social o legal

Por expectativas El conflicto surge de la decepción de una parte frente a otra

Por inadaptación Cuando los cambios producen tensión en las personas

Por información Se disputa por algo que se dijo, se omitió o se entendió de forma distinta

Por intereses Cuando los deseos de las personas o los colectivos son contrarios a los de otros

Por atributos Cuando las personas o las instituciones no asumen su responsabilidad en una determinada situación

Por incompatibilidad Cuando no existe entendimiento alguno entre las partes

Por inhibición Cuando las personas no quieren asumir sus responsabilidades porque eso les significa contrariedad o desgaste

Por legitimidad Cuando hay alguien que sin contar con la autoridad debida actúa como si la tuviera

Por inequidad El conflicto surge cuando una persona o grupo de personas considera que la acción o conducta del/de los otro/s es enormemente injusta

Tabla 6. Tipos y características de conflictos (Fuente: Cruz y Rubio 2011). La caracterización también debe hacerse según la complejidad e interdependencia del conflicto, así como su continuidad y evolución, sus límites políticos y geográficos, riesgos, intereses, entre otros. La gestión de conflictos es un proceso que puede incluir tanto estrategias formales definidas por el marco legal y administrativo, como modos no

24

formales que incluyen el diálogo, la mediación y la negociación de acuerdo a un marco legítimo y consensuado por los actores involucrados. Promover el control social para garantizar los derechos de la naturaleza Parte de la capacitación y el fortalecimiento institucional que se debe hacer en relación a la participación en Napo, tiene que ver con la consolidación de la función de control social que pueden ejercer las personas y los colectivos para garantizar, entre otras cosas, los derechos de la naturaleza. El control social es considerado la máxima expresión de la participación pues requiere un verdadero compromiso ciudadano para la vigilancia, la fiscalización y el seguimiento de los procesos. Parte de las funciones de las Asambleas Locales (provinciales, cantonales y parroquiales) es ejecutar el correspondiente control social con sujeción a la ética y bajo el amparo de la ley (SENPLADES 2011), pero dicha función no está exclusivamente asociada a dicha instancia del Sistema Nacional Descentralizado de Participación Ciudadana. Otros espacios que pueden ejercer este derecho son las Audiencias Públicas, los Cabildos Populares, las Veedurías, los Observatorios, los Consejos Consultivos, los Consejos Locales de Planificación y los espacios para la elaboración de los Presupuestos Participativos (SENPLADES 2011). También es importante que se fortalezcan los mecanismos de transparencia pública y de control ciudadano. De hecho, se podría avanzar hacia la implementación del Subsistema de Transparencia Pública y Control Ciudadano en la provincia, tal como lo establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, potenciando las formas a través de las cuales los gobiernos locales rinden cuentas a la población y ésta fiscaliza las acciones de las autoridades. Algunos de estos mecanismos son: la rendición de cuentas anual, el seguimiento a presupuestos participativos, la implementación de buzones de sugerencias, las carteleras informativas, las páginas web, la entrega de información pública por solicitud, y el procedimiento de peticiones, quejas, reclamos y recursos (SENPLADES 2011). Evaluar constantemente la legitimidad, representatividad y los resultados obtenidos por los espacios de participación social existentes Es importante que los espacios de participación en Napo avancen hacia procesos de evaluación de su rendimiento, representatividad y legitimidad, con el propósito de mejorar su accionar y garantizar su sostenibilidad en el tiempo. Sobre la representatividad, es fundamental evaluar constantemente si un determinado colectivo está ejerciendo una verdadera delegación del sector al cual dice representar y analizar quién está finalmente tomando las decisiones en nombre de los demás. En temas de representatividad, también es importante analizar constantemente quién está participando, reconociendo que no todos deben ni quieren participar. Una participación representativa, en ese sentido, podría estar dada por la inclusión equitativa de distintos sectores, por la introducción de sectores tradicionalmente marginados y por la incorporación de personas con la suficiente capacidad, honestidad, motivación e información para llevar a cabo una representación responsable (CITCC 2008). Para analizar la legitimidad es necesario comprender hasta qué punto los procesos de participación están contribuyendo a la generación de políticas públicas y al

25

mejoramiento de la institucionalidad de algún tema en particular; en definitiva, a mejorar la democracia. La legitimidad también tiene que ver con la aceptación de los espacios de participación por la sociedad y si son considerados útiles y significativos por la gente. Un espacio o proceso será más legítimo si es llevado a cabo por ciudadanos informados, que puedan construir opiniones informadas, con capacidad de pensar en el bien público y con valores democráticos y posiciones neutrales, no como instrumentos a disposición de intereses partidistas. Estos criterios deben ser evaluados constantemente en los espacios de participación social. Finalmente, uno de los mejores indicadores de la legitimidad y la validez de un espacio de participación es la medición de resultados concretos y significativos para la colectividad. En ese sentido, es fundamental que los espacios de participación incluyan estrategias de evaluación continua y permanente de cumplimiento de objetivos y de obtención de resultados, y que traten de garantizar al menos las siguientes condiciones para potenciar este aspecto (Font et al. 2000):

i. Contar con un adecuado diseño institucional que, entre otras cosas, permita asegurar la voluntad política de las autoridades relacionadas al campo de acción del espacio de participación.

ii. Contar con unos estatutos definidos, en donde objetivos, procedimientos y reglas estén claros.

iii. Contar con una facilitación imparcial, que permita que todas las partes puedan intervenir en el proceso adecuadamente.

iv. Contar con información relevante, accesible y de calidad para una participación significativa de todas las personas.

v. Prever los costos económicos, organizacionales y de tiempo que requiere el proceso.

26

2.3 Incentivos económicos para la conservación

Los incentivos económicos son herramientas importantes y necesarias para apoyar la implementación de los procesos de planificación territorial. La deforestación y degradación de ecosistemas de bosque es el resultado de un complejo conjunto de factores, desde políticos e institucionales hasta presiones de mercado (cf. Geist y Lambin 2002) donde los propietarios de la tierra toman decisiones sobre el uso de recursos en un contexto donde los incentivos son un componente importante. Los incentivos económicos son cualquier instrumento que induce un cambio de comportamiento en los agentes económicos al internalizando los costos o beneficios ambientales (Panayotou 1998). Los incentivos incluyen un universo amplio de instrumentos no excluyentes entre sí, sean institucionales, tributarios, financieros o socioeconómicos5 (MAE et al. 2008). Tomando como referencia la propuesta de Panayotou (1998), los incentivos se clasifican en siete categorías:

1. Derechos de propiedad: que incluye esfuerzos de regularización de la tenencia de la tierra o definición de derechos de uso (p.ej. servidumbres ecológicas, restricciones de uso).

2. Creación de mercados: asociados al desarrollo de esquemas de pago por servicios ambientales o a la asignación de derechos transables de emisiones de carbono o descargas.

3. Instrumentos fiscales y productivos: que incluye mecanismos como impuestos, créditos o subsidios.

4. Sistemas de cobros: tasas, cargos administrativos, impuestos, canon.

5. Instrumentos financieros: créditos blandos, donaciones, intereses subsidiados

6. Sistemas de riesgo: cargos por no cumplimiento, seguro contra daños.

7. Papeles de rendimiento y sistemas de depósito: párpeles de protección ambiental.

Las directrices propuestas en torno a incentivos económicos están orientadas a promover el uso de esquemas alternativos que, por ejemplo, complementen los esfuerzos de comando y control que tradicionalmente han normado la gestión de los recursos naturales (p.ej. áreas protegidas). Sin embargo, en diferentes contextos también operan incentivos no deseados (i.e. incentivos perversos). Estos están asociados a la implementación de normativas, subsidios u otras políticas que promueven el uso no sustentable de los recursos naturales y la pérdida de biodiversidad (Geist y Lambin 2001). Por lo tanto, estas directrices también consideran esfuerzos para promover la articulación institucional, contrarrestando los efectos de incentivos perversos asociadas a la existencia de políticas y normativas inconsistentes que limitan promover el uso sostenible de los recursos naturales.

5 Los incentivos institucionales reflejan la voluntad de la autoridad política que, a través de leyes, normativas

y/o reglamentos, promueve acciones a favor del desarrollo sostenible. Estos también pueden incluir incentivos

tributarios (p.ej. exención de tasas) que dan un tratamiento especial a actividades o prácticas sustentables o

que castigan externalidades negativas como la contaminación de fuentes de agua (p.ej. impuestos o tasas). Los

incentivos financieros son aquellos mecanismos que estimulan o compensan monetariamente a los propietarios

de la tierra. Los incentivos socioeconómicos incluyen las acciones orientadas a fortalecer la organización de los

pobladores locales y la capacitación.

27

2.3.1 Incentivos como instrumentos para la planificación territorial

Identificar los incentivos vigentes—tanto ambientales como productivos—y comprender sus implicaciones territoriales

Múltiples actores gubernamentales, sea del Estado Central como de los gobiernos autónomos descentralizados, han impulsado iniciativas de incentivos monetarios y no monetarios como apoyo a procesos productivos o de conservación. Sea de forma directa o indirecta, y explícita o implícitamente, la mayoría de ellos tienen implicaciones sobre el uso del territorio. Por ende, es relevante 1) identificar los distintos esquemas de incentivos en marcha, 2) comprender los beneficiarios a quienes están orientados, y 3) comprender cómo afectan sus decisiones de manejo del territorio. No todos los incentivos operan en todos los contextos, y por ello hay que analizar cómo pueden complementarse entre sí para apoyar la gestión territorial de forma integral. Por ejemplo, el Programa Socio Bosque (PSB) se ha consolidado como un mecanismo innovador para la conservación de la biodiversidad a partir de pagos directos a propietarios individuales y comunitarios. Desde 2008, el PSB ha firmado 113 convenios con más de 7.000 beneficiarios en la provincia de Napo, conservando un total de 44.778 ha y entregando anualmente un monto total de US$ 400 541 por incentivos6 (Figura 7). Recientemente el monto del incentivo por ha fue ajustado para incentivar la incorporación de pequeños propietarios y direccionar un mayor flujo de recursos hacia los socios comunitarios (MAE 2012b). De esta forma el monto máximo por ha para propietarios con más de 20 ha es de US$ 30, mientras que en el caso de propietarios individuales con menos de 20 ha asciende a US$60 por ha. Por otro lado, en el caso de socios colectivos, se paga hasta US$35 en áreas de bosque y US$60 en el caso de áreas de páramo. En Napo, casi un 15% de los socios individuales se han beneficiado de este incremento, duplicando el monto del incentivo que recibirán anualmente. Además, al analizar los patrones de ubicación de los predios de Socio Bosque se puede observar dos tendencias: 1) Predios que contribuyen y consolidan el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (55% de los predios se encuentran dentro de áreas protegidas y bosques protectores), y 2) Predios que se ubican a lo largo del río Napo contrarrestando las amenazas asociadas a dinámicas de uso forestal y pérdida de biomasa aérea identificadas en Peralvo et al. (2013a). La delimitación física de los predios facilita el análisis de las implicaciones territoriales del incentivo, algo fundamental si se pretende articular el desarrollo de incentivos con el ordenamiento territorial.

6 Información a Octubre 2012 disponible en http://sociobosque.ambiente.gob.ec/?q=node/458

28

Figura 7. Ubicación de predios de Socio Bosque y áreas protegidas en la provincia de Napo (Fuente: PSB a Octubre de 2012; elaboración: CONDESAN). En el transcurso del proyecto, se han identificado cuatro diferentes incentivos promovidos por el MAE que, con distintos niveles de avance, se encuentran operando en la provincia de Napo. El Programa Socio Bosque se describió anteriormente. El Programa Nacional de Reforestación (co-ejecutado con el MAGAP) ofrece incentivos monetarios, y el apoyo técnico a propietarios privados y comunidades para la elaboración de los planes de aprovechamiento forestal y exoneraciones arancelarias y tributarias. Estos últimos son incentivos no monetarios que tienen como objetivo reducir la estructura de costos de los propietarios para el aprovechamiento forestal (MAE 2011), aunque aún se podrían desarrollar otros incentivos complementarios que permitan incrementar los beneficios asociados al manejo forestal sostenible. Adicionalmente, otros actores—incluidos la cooperación internacional, ministerios y GADs—han impulsado iniciativas como la Mesa de Cacao que ofrece incentivos no monetarios (p.ej. asesoría técnica, acceso a mercado) para promover sistemas agroforestales. Y, en el caso del Municipio de Carlos Julio Arosemena Tola, se identificó el proyecto “Arboles para mi jubilación” (Andrade et al. 2013), que evidencia los esfuerzos de los GADs para incentivar el desarrollo de plantaciones forestales.

29

Adicionalmente, es necesario identificar otros programas de actores sectoriales como el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES), el Banco Nacional de Fomento, la Corporación Financiera Nacional y el MAGAP que están siendo desarrollados. En muchos casos, estas instituciones ofrecen préstamos y donaciones de dinero que podrían ser direccionados hacia prácticas sostenibles tales como manejo silvopastoril o cacao orgánico. Si se establecen áreas prioritarias para el desarrollo sectorial de estas temáticas en articulación con en el ordenamiento territorial de la provincia, sería posible canalizar recursos complementarios que fortalecerían lo establecido en la planificación territorial (ver también sección 2.3.2). Al orientar y entender las implicaciones de los incentivos vigentes, se puede apoyar el diseño de otros nuevos que atiendan áreas prioritarias según los objetivos ambientales planteados (p.ej. protección de fuentes de agua, conectividad ecosistémica). Diseñar nuevos esquemas de incentivos y establecer mecanismos de financiamiento que puedan ser implementados por GADs en el marco de las prioridades establecidas dentro los PDyOT

Las prioridades de manejo territorial establecidas en los PDyOT sobre el manejo del territorio requieren la implementación de herramientas que permitan a los GADs ponerlas en práctica. En el caso de los incentivos económicos—considerando todo el universo de opciones disponibles—estos son uno de los instrumentos utilizados en menor medida por GADs para influenciar la toma de decisiones de los agentes económicos. Considerando las atribuciones definidas en el COOTAD y en la Ley de Descentralización, los Gobiernos Provinciales y Municipales pueden asumir competencias en función de las cuales pueden establecer incentivos, tanto para el desarrollo forestal sustentable (c.f. MAE et al. 2008) como para promover la conservación de áreas de importancia hídrica. Además, la aplicación descentralizada de incentivos a escalas provinciales, municipales, parroquiales o locales debería facilitar vínculos más estrechos con la población y más asentados a la realidad local.

La aplicación de incentivos requiere procesos de largo plazo e implica un alto nivel de voluntad política para impulsar una gama de opciones de manejo legal, institucional y/o económico. Para el diseño y establecimiento de incentivos se recomienda implementar varios pasos (Jäger y García-Fernandez 2001; Schanzenbacher 1995):

i) Identificar los objetivos de manejo territorial a los cuales se quiere apoyar con los nuevos incentivos propuestos (ver sección 2.1.1). Por ejemplo, en la provincia de Napo los GADs municipales podrían desarrollar incentivos para promover la protección de fuentes agua. Para ello se podrían evaluar distintos tipos de incentivos desde la exoneración de impuestos a los propietarios de la tierra que conservan la vegetación natural hasta la imposición de tasas a los usuarios del agua para impulsar actividades de protección en la parte alta de la cuenca.

ii) Para establecer un esquema de incentivos se requieren identificar e involucrar a las partes interesadas. Por un lado, aquella parte que tiene la facultad legal y económica de otorgarlos, y por el otro, la parte interesada en participar y cumplir con los requisitos para acceder a los beneficios ofrecidos por el incentivo (MAE et al. 2008). En este caso, partimos del supuesto de que los GADs, en el marco de sus atribuciones legales, impulsarán el establecimiento de incentivos complementarios a los ya existentes. Los GADs deberían aprovechar el uso de Ordenanzas para establecer incentivos

30

fiscales y sistemas de cobro—tales como exoneración de impuestos prediales, la imposición de tasas por descargas y contaminación de fuentes, o tasas para la protección de fuentes de agua. Sin embargo, en el caso de los demás involucrados es necesario que el diseño de los incentivos parta de un entendimiento de la problemática que, por ejemplo, afecta la provisión del servicio ambiental y comprender los factores que inciden sobre el comportamiento de la gente para proponer un incentivo idóneo.

iii) Identificar incentivos económicos capaces de corregir y neutralizar las causas subyacentes—en particular, las económicas e institucionales—que promueven la degradación de los recursos naturales y pérdida de la biodiversidad. Para ello es necesario evaluar la pertinencia de diferentes mecanismos y su complejidad de modo que se seleccione aquel incentivo viable y capaz de cambiar el comportamiento de los agentes.

iv) Establecer mecanismos de financiamiento de largo plazo es uno de los aspectos más importantes para asegurar la sostenibilidad de los esquemas de incentivos propuestos. Estos mecanismo incluyen, por ejemplo, el establecimiento de tasas a usuarios, la creación de fondos fiduciarios, la colaboración público-privada, o el uso de certificación de productos para acceso a mercados nicho, que aseguran un flujo continuo de fondos que complementan las inversiones provenientes de fuentes tradicionales (p.ej. presupuesto fiscal, cooperación internacional) necesarias para impulsar en los primeros años el desarrollo de nuevos incentivos.

v) Conformar una estructura administrativa y técnica que pueda implementar el incentivo. Esta puede ser incorporada dentro de la estructura y de las funciones dentro de los mismos GADs o ser una unidad autónoma encargada del seguimiento administrativo y técnico. Frecuentemente, el análisis los esfuerzos y costos necesarios para el establecimiento y seguimiento del incentivo no se toman en cuenta desde un inicio, y aunque en ningún caso estos costos de transacción (i.e. los costos de diseño, negociación, monitoreo) deben ser elevados7, la implementación de un incentivo requiere de establecer una estructura operativa y deben ser considerados.

Implementar incentivos complementarios que fortalezcan el modelo de gobernanza forestal del MAE a escala local y que complementen los esfuerzos en marcha de control forestal

El modelo de gobernanza forestal propuesto por el MAE (2011) identificó el fortalecimiento del sistema de incentivos para el manejo forestal sustentable y la conservación de los bosques como uno de los ejes de la propuesta (Figura 8). El modelo parte de la premisa de que “el aseguramiento del manejo de los bosques a largo plazo requiere de la aplicación de un sistema de incentivos que facilite el aprovechamiento y comercialización de los recursos forestales e incremente los beneficios obtenidos de la actividad forestal” (MAE 2011: 9). Y para ello, se consideran al menos cuatro tipos de incentivos: incentivos para la conservación (i.e. Socio Bosque), incentivos a las plantaciones forestales (i.e. Programa Nacional de Reforestación), incentivos a la recuperación ecológica, e incentivos para el manejo forestal sustentable. 7 Dependiendo del tipo de incentivo implementado, los costos de transacción fluctúan entre 5% (Wunder y Albán 2008) hasta 30% (Rendón Thompson et al. 2013).

31

Figura 8. Modelo de gobernanza forestal en el Ecuador (Fuente: MAE 2011)

Los incentivos para el manejo forestal sostenible en el modelo de gobernanza forestal en ecuador (MAE 2011) se orientan hacia aquellos no monetarios tales como: 1) facilitar procesos para la obtención de permisos para el aprovechamiento forestal para pequeños productores, 2) prestación de servicios administrativos con oficinas técnicas itinerantes en zonas de producción maderera, 3) asesoramiento gratuito del MAE para levantar información y elaborar planes de manejo, 4) desregulación de procedimientos para plantaciones forestales, 5) exoneración arancelaria y 6) exoneración tributaria.

A pesar de estos esfuerzos por para de MAE por ofrecer incentivos, el aprovechamiento forestal en el Ecuador requieren un conjunto más amplio de opciones, principalmente orientados a mejorar las condiciones de acceso a mercado y el manejo sustentable forestal. En este sentido, se debería incentivar la oferta de madera legal a través de otros instrumentos como la certificación, los bonos (p.ej. venta anticipada de madera), préstamos a tasas preferenciales y exoneraciones tributarias8, que complementen los esfuerzos de control forestal tanto de la oferta como de la demanda. Sin embargo, un punto crítico para mejorar el aprovechamiento forestal a través de incentivos radica en comprender la compleja cadena de valor, que incluye la presencia de pequeños propietarios, intermediarios (i.e. comerciantes, trasportistas), aserraderos locales y grandes empresas de procesamiento. Por ello, los incentivos orientados a mejorar el acceso a mercados deberán considerar los intereses y mecanismos más apropiados para estimular los distintos eslabones en la cadena de valor forestal.

8 Las exoneraciones tributarias que se ofrecen ahora solo se orientan hacia Pero en el caso de pequeños productores o comunidades indígenas, el pago de la tasa por pie de monte estipulada en la Ley Forestal se convierte en muchos casos en un valor prohibitivo frente a sus necesidades de ingreso. Sería necesario analizar las alternativas legales para la exoneración del pie de monte en casos particulares, favoreciendo el aprovechamiento forestal por parte de actores que hoy no cuentan con incentivos suficientes para legalizarse.

32

2.3.2 Coordinación y articulación institucional

Promover la articulación de los incentivos vigentes e impulsar la gestión coordinada con los procesos y planes de Ordenamiento Territorial

Entendiendo que los incentivos, sea de forma directo o indirecta, tienen implicaciones sobre las decisiones de manejo del territorio (ver seccion 2.3.1), promover la articulación de los incentivos vigentes e impulsar la gestión coordinada de los procesos de planificación territorial es una prioridad. Muchos de los incentivos existentes son complementarios entre si, tanto si se consideran sus beneficiarios meta o sus áreas prioritarias de intervención. Por ejemplo, en el caso de la iniciativa “Árboles para mi jubilación”, esta propone que los beneficiarios siembren ahora para que, en veinte o treinta años, tengan un ingreso en su retiro de la actividad productiva. Este programa está dirigido a un grupo de edad medio que busca el fomento de ingresos a largo plazo, a diferencia de la propuesta de Socio Bosque donde los participantes reciben ingresos en el presente (Andrade et al. 2013). Sin embargo, para poder promover la articulación de los incentivos con el ordenamiento territorial, es necesario resolver varios cuellos de botella identificados por Andrade et al. (2013) en la provincia: la falta de información sobre los incentivos existentes y sus prioridades durante su implementación, y la falta de claridad de cómo estos pueden contribuir conceptual y operativamente a las prioridades establecidas en el marco de los PDyOT, procesos que en muchos casos no contaron con la participación de estos actores en su fase de construcción. Esto se dificulta aún más dada la carencia de recurso humano, técnico y financiero y necesidad de fortalecer las capacidades de los GADs para liderar procesos más incluyentes e innovadores. Tomando estos cuellos de botella en cuenta, los actores interesados en fortalecer los esquemas de incentivos en la provincia deberían tomar en cuenta estas debilidades como base para delinear una estrategia y trabajar en una agenda conjunta que fomente la articulación de estos mecanismos en la planificación territorial. Promover la coordinación inter-institucional para prevenir y eliminar incentivos perversos operando sobre el territorio y los recursos naturales

Así como se pueden establecer incentivos que promuevan un cambio positivo en los actores internalizando costos, en distintos contextos, es muy común que incentivos no deseados o perversos se encuentren operando en el territorio y provoquen el uso no sostenible de los recursos naturales. La revisión de 157 casos alrededor del mundo realizada por Geist y Lambin (2001) sobre causas de deforestación identificó que factores económicos como expansión del mercado e institucionales (p.ej. políticas pro-deforestación), son en conjunto las principales causas subyacentes de deforestación. En el caso de América Latina, estas dos explicaban dinámicas de deforestación en casi 30% de los casos. Por lo tanto, uno de los puntos críticos aquí es la identificación y eliminación de incentivos no amigables con el ambiente. En el caso de la provincia de Napo, personal del Ministerio del Ambiente ha identificado incentivos de mercado e institucionales que promueven la deforestación. Por ejemplo, y a pesar de los esfuerzos por eliminar algunos pobladores han informado al MAE que dentro del procedimiento de legalización de tierras todavía se solicita demostrar trabajo dentro de la finca (comp. pers. German Congo). Esta práctica implica que se exige que áreas de bosque sean convertidos a usos productivos (agrícolas o

33

pecuarios). A pesar de que esta demanda ya no proviene de la normativa vigente (que fue modificada), se mantiene hasta hoy como uno de los legados de la Ley de colonización en ciertos inspectores de campo que realizan las visitas. Por otro lado, el MAE identificó que dentro de las compras públicas no se exigía licencias de aprovechamiento para la compra de madera (comp. pers. Marco Robles). Ambos casos, evidencian la necesidad de mejorar los procedimientos y la información entre instituciones para eliminar estas deficiencias en el sistema. El MAE Planta Central inició esfuerzos desde 2012 para corregir este tipo de incentivos, pero será necesario hacer un seguimiento adecuado para evaluar si efectivamente han sido eliminados. La misma atención deberá ponerse en torno a los programas de asistencia del MIES, MIDUVI, MAGAP, y préstamos de la Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento, para evitar que—en el vacío de mecanismos que integren medidas de desempeño ambiental—se conviertan en incentivos perversos sobre los recursos naturales. Uno de los temas críticos a ser resuelto es la tenencia de la tierra. La fragilidad institucional en torno al acceso a la tierra y los derechos de uso domina la realidad rural en el Ecuador, y en la provincia de Napo no es la excepción. En ciertos contextos, dicha falta de claridad sobre los derechos de propiedad puede ser una de las causas subyacentes detrás de procesos de degradación y deforestación. En otros, en cambio, se convierte en una barrera de ingreso a varios esquemas de incentivos propuestos (p.ej. Socio Bosque) donde es un requisito. Por lo tanto, es necesario trabajar de forma coordinada los GADs, MAE y la Secretaría de Tierras del MAGAP para resolver esta compleja realidad rural.

34

2.4 Generación y gestión de información socioambiental

Los sistemas ambientales y sociales presentan dinámicas complejas con múltiples interacciones, retro-alimentaciones y procesos que operan a múltiples escalas. Realizar planificación para alcanzar objetivos de desarrollo sostenible de las personas, garantizando al mismo tiempo el mantenimiento de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, requiere de bases sólidas de información. La disponibilidad de información robusta y a escalas temporales y espaciales adecuadas permiten diseñar y priorizar cursos de acción, seleccionar áreas geográficas de incidencia, y evaluar en el tiempo el impacto de dichas acciones y el progreso realizado hacia los objetivos establecidos. El reto principal consiste en establecer procesos continuos que permitan generar y gestionar insumos de información actualizada, de calidad, y a las escalas apropiadas de forma que los procesos de planificación territorial se sustenten en lecturas adecuadas del vínculo entre las poblaciones y su entorno. Estos procesos buscan generar conocimiento partiendo de procesos adecuados de recolección de datos, su análisis para generar información que cubra necesidades específicas, y su internalización activa como insumo para la acción (Grainger 2010). En el contexto de la planificación y ordenamiento territorial, los tomadores de decisión requieren continuamente información relevante, actualizada y contextualizada para incorporarla en los procesos de zonificación, diseño de las acciones de intervención, y definición de políticas. Tomando como referencia el enfoque de manejo adaptativo (Folke et al. 2005), los esfuerzos de generación de información deberían permitir: 1) incorporar el conocimiento existente, modelándolo, entendiendo sus niveles de incertidumbre, e incluyendo continua y sistemáticamente nueva información disponible en los objetivos de planificación, metas y acciones propuestas, y 2) evaluar y monitorear los resultados de manejo a fin de ajustar y reajustar los objetivos, hipótesis y acciones sugeridas e implementadas en un proceso continuo de aprendizaje. Esto implica identificar fuentes de información disponible, así como las necesidades de información en el contexto de las prioridades del manejo territorial, y monitorear de forma continua estos insumos de información. Bajo estas premisas, se proponen las siguientes directrices de trabajo en Napo en el tema de generación y gestión de información: 2.4.1 Fuentes de información existente

Identificar, monitorear y sistematizar de forma continua fuentes e insumos de información existente relevantes para la planificación y el ordenamiento territorial en Napo Esta directriz parte del reconocimiento de que existen fuentes de información social y ambiental que no son utilizadas de forma óptima para brindar soporte a procesos de toma de decisión sobre el uso y manejo del territorio y los recursos naturales. Las raíces de este patrón incluyen factores tecnológicos, humanos e institucionales que se constituyen en cuellos de botella para el acceso y uso efectivo de fuentes de información. En Ecuador, uno de los retos principales que enfrenta un usuario de información es el carácter fragmentado de los sistemas de gestión de información, lo que dificulta tanto evaluar las fuentes de información relacionadas a una necesidad específica (p.ej. planificación territorial) como acceder a los datos una vez identificados. En este contexto, se recomienda establecer mecanismos de inventario y sistematización de fuentes de información existentes que sean relevantes para los procesos de

35

gobernanza ambiental en Napo. Esto incluye tanto ítems de información generados dentro de la provincia, como el acceso a sistemas de gestión de información base y temática fuera de Napo. Entre estos últimos, es importante mencionar las plataformas y fuentes de información socioambiental que están en proceso de estructuración por parte de varias agencias del sector público. En ese marco es necesario generar mecanismos de colaboración con instituciones responsables de la generación de información a nivel nacional (p.ej. SENPLADES, INEC, IGM, CLIRSEN, INHAMHI, MAGAP, Ministerio Coordinador de Desarrollo Social). Algunos de ellos cuentan con sistemas de gestión de generan de forma sistemática información e indicadores relevantes para el ordenamiento territorial incluso a escalas finas (p.ej. unidades censales) que deberían ser utilizados de forma sistemática. Además, será necesario considerar los avances de los sistemas de información ambiental nacional, especialmente del MAE (p.ej. SUIA, SIB, SAF). En la provincia de Napo se han implementado actividades importantes relacionadas con el uso y manejo de recursos naturales por parte del sector público (p.ej. GADs), la sociedad civil, y el sector académico. Como parte de estas iniciativas se han generado insumos de información en formatos diversos y múltiples temáticas. Es importante realizar un esfuerzo de sistematización de estos insumos de información, acompañado de procedimientos para evaluar la calidad y confiabilidad de la información recopilada. Por ejemplo, el Proyecto Protección Gran Sumaco (PPGS) ha generado un acervo de documentación e información que se debería integrar de forma sistemática en este esfuerzo de inventario. De igual manera, han existido importantes iniciativas de investigación en el territorio de Napo que han generado literatura científica sobre la biodiversidad y las relaciones ambiente y sociedad en la provincia (p.ej. Perreault 2005; Peck y Bishop 1992). El Anexo 1 es un ejercicio inicial de identificación de un conjunto mínimo de fuentes de información existente a distintas escalas que deberían formar parte de los esfuerzos de sistematización. Estructurar un mecanismo provincial de gestión de fuentes existentes de información que facilite el acceso por actores en la provincia y fuera de ella La sistematización y monitoreo de fuentes de información debe estar acompañado de herramientas que faciliten el acceso y uso efectivo de estos insumos. Se propone establecer un repositorio centralizado de información existente, donde se facilite el acceso a la misma, y se establezcan procesos de actualización y referencia de insumos generados por iniciativas en el futuro, facilitando el acceso a los mismos. En primera instancia se debería trabajar de manera conjunta en la elaboración de un catálogo de actores, iniciativas (p.ej. proyectos) e información que se encuentra actualmente disponible para la provincia, incluyendo bases nacionales e inter sectoriales. Ello revelará los vacíos actuales y los potenciales traslapos en la generación de información. A partir de allí será necesario establecer agendas de generación de información, y el desarrollo de propuestas de monitoreo como instrumentos de apoyo a la planificación territorial y ambiental. El proyecto OT-Napo generó un piloto de una plataforma de gestión de información ambiental y de otras temáticas que busca ilustrar algunos principios conceptuales y de diseño. La plataforma se encuentra disponible en: http://geoi-

bol.com/geovisores/geovisor_otnapo/. Como parte de esta plataforma piloto se implementaron un catálogo de especialistas trabajando en temas relacionados con la gobernanza ambiental en la provincia y un catálogo de publicaciones (Figura 9). Se

36

debería pensar en mecanismos que permitan mantener y actualizar la información asociada a estos catálogos como parte de un esfuerzo para facilitar procesos de gobernanza ambiental en Napo.

Figura 9. Plataforma piloto de gestión de información en Napo. Se despliegan un catálogo de especialistas y un catálogo de publicaciones compilados durante la ejecución del proyecto OT-Napo (Disponible en http://geoi-

bol.com/geovisores/geovisor_otnapo/). 2.4.2 Generación y gestión de información

Definición de vacíos prioritarios de información y generación de mecanismos de colaboración y coordinación para la generación y gestión de información

En la propuesta conceptual para un Sistema de Gestión de Información Ambiental para Napo (Muriel et al. 2013), se ha identificado la necesidad de contar con procedimientos concertados de generación y gestión de información que agrupen a diversas instituciones, optimicen el uso de recursos limitados y eviten la duplicación de esfuerzos (Figura 10). La propuesta hace énfasis en tener procedimientos claros de planificación estratégica y articulación institucional para la generación y gestión de información. Estos procedimientos deberían permitir identificar vacíos prioritarios de información de acuerdo a las necesidades de consulta y uso de insumos para la planificación territorial a nivel provincial y local. De igual forma, los mecanismos de articulación institucional deberán permitir crear canales de comunicación, coordinación y colaboración entre los actores de la provincia que generan y gestionan información. La gestión de información nueva y existente debe partir de mecanismos claros de generación de metadatos que garanticen la calidad y transparencia de los insumos que se proveen a los usuarios. Adicionalmente, se deben mantener procedimientos de documentación de las fuentes de información primaria y las metodologías de análisis utilizadas para generar productos secundarios de información. Otro componente importante de la propuesta es contar con arquitectura, procedimientos de gestión interna y estándares de manejo de información que garanticen la interoperabilidad entre

37

distintas fuentes de información. Esto es importante para Napo donde existen varios actores que generan y gestionan información relevante para la planificación territorial y la gobernanza ambiental provincial (Figura 10).

Figura 10. Estructura de la propuesta conceptual de un sistema de generación y gestión de información para la provincia de Napo (Fuente: Muriel et al. 2013). En el proceso de planificación estratégica de la generación y gestión de información en Napo es clave que se definan que actores asumen los roles específicos necesarios para que funcione el sistema. Persiste la necesidad de trabajar a mayor detalle en traducir las competencias que rigen entre diversas instituciones vinculadas tanto a la generación como gestión de información, en acuerdos y acciones provinciales que sustenten la definición de una política de manejo de información. Es necesario desarrollar acuerdos a escala provincial que contemplen las necesidades puntuales de las distintas unidades políticas que constituyen la provincia, tomando en cuenta sus distintas capacidades, recursos y competencias. La Figura 11 identifica los roles principales de generación y gestión de información, incluyendo la articulación de fuentes existentes de información, y la necesidad de contar con procesos continuos de apoyo financiero y humano. Adicionalmente, se deberá identificar quien es responsable de generar y mantener metadatos, validar la información y coordinar y articular los esfuerzos de generación de información (Figura 11).

38

Figura 11. Principales roles asociados a la generación y gestión de información en Napo (Fuente: Muriel et al. 2013). Definir las escalas más adecuadas para la generación y gestión de información para la planificación territorial Es necesario evaluar las escalas más adecuadas para generar y gestionar diferentes tipos de información. Ciertas temáticas relevantes a objetivos específicos de manejo territorial pueden presentar características que hagan más eficiente y efectivo esfuerzos locales de generación de información. Por ejemplo, es más viable que la información asociada a los procedimientos de obtención de permisos para el aprovechamiento forestal sea recopilada de forma desconcentrada in – situ, para después ser sistematizada y servida a nivel nacional. Sin embargo, en otros casos puede ser costo efectivo generar y gestionar información a nivel provincial en lugar de a escalas menores. En el caso del Gobierno Provincial de Napo, dada su infraestructura, organización e interés, hay una buena oportunidad de que lidere procesos de generación de información ambiental en la provincia que puedan ser utilizados por municipios y juntas parroquiales en sus procesos de planificación y ordenamiento territorial. Con otro tipo de información puede resultar más eficiente generarla a escalas nacionales a través de esfuerzos del MAE, SENPLADES u otras instituciones del sector público y la sociedad civil de acuerdo a sus capacidades y competencias. La escala intrínseca de la información generada dependerá tanto de las necesidades y objetivos de los procesos de planificación territorial como de la naturaleza del proceso que se está caracterizando. Por ejemplo, existen procesos que cambian rápidamente en el tiempo generando necesidades de monitoreo más frecuente. Esto es válido también para la escala espacial, donde es necesario considerar la extensión característica de los procesos que se desea monitorear para incluirlos en la planificación territorial. Por

39

ejemplo, el monitoreo de patrones de deforestación deberá tomar en cuenta tanto la extensión característica de los eventos de deforestación como la velocidad de los mismos (Figura 12).

Figura 12. Patrones de deforestación para el período 1997-2002 para un área en la parroquia Cotundo (Fuente: Peralvo et al. 2013a). Finalmente, es necesario pensar en métodos de priorización geográfica para implementar las estrategias y herramientas de gestión priorizadas en la planificación territorial. Incorporar criterios de manejo de cuencas puede contribuir en el proceso. Utilizar sub-cuencas o micro-cuencas como unidades de manejo territorial abre la oportunidad de controlar la escala de los ejercicios de priorización. En contraste, las unidades político-administrativas han sido definidas con otros criterios en mente, lo cual normalmente se traduce en unidades de manejo heterogéneas en cuanto a su extensión espacial y características socioeconómicas y ambientales (Figura 13). En este contexto es necesario integrar distintas opciones de unidades de manejo que permitan balancear la escala y la información disponible.

40

Figura 13. Mapa de sectores censales en Napo clasificados de acuerdo al porcentaje de hogares que usan leña como fuente principal de combustible para cocinar. Nótese la disparidad en la extensión de las áreas de los sectores. Implementar mecanismos de articulación vertical y horizontal en la generación y gestión de información La gestión descentralizada del territorio implica roles diferenciados, pero complementarios, entre los diferentes niveles de gestión territorial (provincial, cantonal, parroquial), evidenciando la necesidad de crear vínculos en la planificación entre escalas. En el ámbito de la gestión de información, se ha observado el desarrollo de numerosos esfuerzos en marcha en Napo, pero con poca articulación entre ellos. Se sugiere implementar una plataforma descentralizada de gestión de información ambiental que, sobre la base de estándares bien definidos, garantice la interoperabilidad de fuentes de información a nivel provincial, cantonal y parroquial. Esto permitirá integrar información proveniente de diversas fuentes, incrementando la eficiencia de los proyectos e instituciones y el impacto de las acciones en gestión de información. Al momento, la entidad mejor organizada y con la infraestructura necesaria para la implementación y administración de una plataforma de información es el Gobierno Provincial de Napo, pero deben desarrollarse mecanismos para articular y estructurar de

41

mejor manera los esfuerzos en marcha de municipios y, en el futuro, las necesidades de los gobiernos parroquiales. De igual manera, se reconoce la necesidad de articular esfuerzos de gestión de información a nivel horizontal, entre gobiernos seccionales operando al mismo nivel pero en distintos territorios, para potenciar el aprendizaje mutuo y la réplica de prácticas efectivas en la generación, administración y gestión de información en la provincia. Un mecanismo para promover la articulación vertical y horizontal puede ser la discusión alrededor de temas claves (por ejemplo, la definición de áreas prioritarias para la conservación de fuentes de agua o propuestas de reforestación), acordando criterios comunes de selección/priorización en espacios geográficos que abarquen a varias unidades político administrativas. 2.4.3 Monitoreo y evaluación

Establecer procesos continuos de monitoreo de estado, presión y respuestas sobre los bosques y sus recursos forestales que permitan evaluar la implementación de acciones y políticas priorizadas en el proceso de planificación territorial El desarrollo de los sistemas de gestión de información ambiental como apoyo a los procesos de planificación territorial debe incluir el desarrollo de herramientas e indicadores de monitoreo que permita hacer el seguimiento a la implementación de los PDOTs. La falta de indicadores de evaluación y seguimiento es un vacío en la mayoría de planes territoriales en implementación, tanto a nivel provincial como nacional. Esto evidencia la necesidad de desarrollar 1) una propuesta de indicadores claves con tomadores de decisión a múltiples escalas, 2) la generación de información bajo una metodología que sea replicable en el tiempo a fin de proveer de forma continua indicadores de síntesis en base a esfuerzos ya en marcha, y 3) el desarrollo de aplicativos informáticos que permitan la consulta y seguimiento de los indicadores priorizados. El monitoreo es una parte integral del manejo sostenible; es un proceso que comienza con una línea base, idealmente previo a que cualquier intervención ocurra y continua a intervalos definidos acompañado del uso de la información para revisar los criterios y prácticas de manejo. Sin información cuantitativa y biométricamente rigurosa no es posible caracterizar lo que está ocurriendo con los recursos que están siendo manejados (Wong et al. 2001). En el área forestal, es fundamental establecer la relación entre los objetivos del monitoreo y los objetivos de la gestión (p. ej. conservación) que se pretende medir a través de un conjunto de indicadores. Para esto es necesario diseñar un programa de monitoreo constituido por un conjunto de parcelas permanentes a través del cual se construyan un conjunto de indicadores que permitan evaluar (Mace y Baillie 2007):

i. El estado de los ecosistemas y sus respuestas a los cambios ambientales (p.ej. cambio climático, disturbios naturales),

ii. Las presiones directas e indirectas (p.e j. tala selectiva) en los recursos forestales y las dinámicas del bosque,

iii. La efectividad de las acciones de respuesta o manejo (p.ej. enriquecimiento del bosque) en los recursos forestales.

42

Se sugiere que los indicadores de Presión, Estado y Respuesta (PER) estén estructurados en tres escalas espaciales, donde la escala más gruesa permita generar indicadores a nivel provincial sobre el mantenimiento de la cobertura de los ecosistemas forestales y no forestales y su dinámica de cambio por efectos de cambio de cobertura y uso de la tierra (CCUT) (ver sección 2.1.1). A una escala intermedia, se sugiere priorizar las áreas de aprovechamiento que actualmente cuentan con planes de aprovechamiento emitidos por el sistema de administración forestal (SAF) del MAE, los predios del Programa Socio Bosque (PSB) y los diferentes sistemas agroforestales, en particular los de café de aroma y cacao de sombra. En estas áreas es necesario generar un conjunto de indicadores sobre la estructura y composición del hábitat como por ejemplo grado de fragmentación y conectividad de los parches de bosques bajo aprovechamiento, continuidad del dosel, estado de ecosistemas riparios y otros hábitats singulares, dinámicas de claros y otros disturbios naturales (Lindenmayer et al. 2000). Adicionalmente, sería importante tener información sobre las especies y sus volúmenes comerciales de madera aprovechados en los diferentes regímenes de uso así como un monitoreo más focalizado en los efectos de la degradación del bosque por cambios en los patrones de accesibilidad y por los efectos del aprovechamiento selectivo a través de sensores remotos adecuados para estos fines (p.ej. Lidar, Radar) (Asner 2009). En el Anexo 2 se sistematiza una lista preliminar de indicadores clave que podrían servir de base para el sistema de monitoreo ambiental en Napo. A escala local la unidad de análisis constituyen el conjunto de parcelas establecidas en un área específica para generar una serie de datos de larga duración sobre la composición y estructura del bosque (Malhi et al. 2002). Desde un punto de vista ecológico, uno de los elementos más importantes para llegar a un sistema de aprovechamiento sostenible es la información sobre la densidad y distribución de los recursos forestales en el bosque aprovechado, información sobre la estructura poblacional y su productividad así como información sobre los impactos en las poblaciones de la especie bajo diferentes niveles de cosecha. De hecho, se recomienda que el impacto del aprovechamiento sea evaluado a lo largo del ciclo de vida de una especie que es explotada ya que su productividad depende del continuo reclutamiento de nuevos individuos así como de la productividad de los adultos (Peña-Claros et al. 2008; Villegas et al. 2009). En este contexto, si se identifican las variables claves que controlan estos factores y la densidad poblacional (i.e. mortalidad de plántulas), es posible calibrar el sistema de monitoreo para que genere información que permita ajustar regularmente el sistema de manejo forestal. El estudio piloto desarrollado en Napo para caracterizar recursos forestales (Cuesta et al. 2013) permitió establecer 12 parcelas permanentes utilizando como punto de partida la propuesta metodológica desarrollada por la Evaluación Nacional Forestal (ENF). El objetivo fue contribuir a la consolidación de un sistema de monitoreo ambiental del MAE y con el propósito de generar información continua que permita evaluar y apoyar las acciones del manejo forestal en el país y la provincia de Napo. El piloto permitió identificar las 15 especies forestales importantes definidas a partir de su abundancia relativa, el volumen comercial de madera, el área basal (dominancia relativa) que ocupan y la biomasa que contienen (Tabla 7).

43

Especie N Densidad(1,08 Ha) Vc (m3) AB

(m2) AGB Chave-I

(Mg) AGB Brown 99

(Kg)

Otoba parvifolia 92 7,7 92,4 8,9 58 50

Iriartea deltoidea 161 13,6 55,6 5,8 22 23

Vochysia braceliniae 57 4,8 45,1 4,5 38 35

Apeiba membranacea 22 1,9 43,3 3,6 28 22

Dacryodes peruviana 15 1,3 43,1 3,4 43 32

Otoba glycycarpa 31 2,6 34,6 3,3 22 18

Cordia alliodora 42 3,5 34,6 3,3 21 20

Schefflera morototoni 22 1,9 27,2 2,4 22 20

Jacaranda copaia 21 1,8 26,6 2,4 17 15

Virola duckei 13 1,1 25,8 2,2 16 14

Virola flexuosa 16 1,3 21,1 2,1 15 13

Ampelocera longissima 16 1,3 19,6 1,9 18 15

Pseudolmedia laevis 7 0,6 19,2 1,3 15 14

Pourouma bicolor 11 0,9 19,1 1,5 15 15

Eschweilera coriacea 9 0,8 19,1 1,8 27 1

Guarea sp. 1 2 0,2 17,9 1,3 13 9

Osteophloeum platyspermum 13 1,1 17,4 1,6 15 13

Total 550 n/a 561,8 51,0 403 345 Tabla 7. Factores dasométricos de las 15 especies maderables más importantes del inventario forestal. La importancia está determinada por su abundancia, volumen comercial y la biomasa contenida. A excepción de Otoba parvifolia, Iriartea deltoidea y Vochysia bracelinae la densidad de individuos por conglomerado es relativamente baja y plantea cuestionamientos sobre la sostenibilidad del aprovechamiento forestal y la necesidad de profundizar en temas de investigación sobre la dinámica del bosque y la ecología poblacional de estas quince especies que permitan establecer criterios de aprovechamiento sostenible y manejo de los ecosistemas forestales en la provincia (Tabla 7). Un programa de parcelas permanentes que genere datos continuos y confiables es una prioridad para nutrir de contenidos a la Estrategia Nacional Forestal y fortalecer el modelo de gobernanza forestal y los lineamientos ambientales en el marco de la planificación territorial y la descentralización.

44

Generar herramientas adecuadas de visualización y acceso a la información socioambiental que faciliten uso efectivo de información socioambiental en la planificación territorial La información social y ambiental tiene que pasar por un proceso robusto de análisis para convertirse en insumos de conocimiento que apoyen a la toma de decisiones y al monitoreo del efecto de estas decisiones sobre los sistemas naturales y humanos. De acuerdo a Grainger (2010), existen cuatro ciclos involucrados en la generación de conocimiento a partir de datos primarios (Figura 14). En cada ciclo los datos (e información) se combinan y procesan para ir respondiendo preguntas cada vez más específicas. En el caso de la planificación territorial, muchas veces las preguntas relevantes al proceso requieren insumos de información terciaria que requieren considerar varios criterios de forma simultánea (p.ej. encontrar las zonas prioritarias para promover acciones de restauración de ecosistemas).

Figura 14. Ciclos en una cadena de generación de conocimiento con un ejemplo aplicado a la generación de información terciaria a partir de datos forestales (Fuente: Grainger 2010) Adicionalmente, la información primaria, secundaria o terciaria requiere de herramientas adecuadas de visualización que faciliten su uso y comprensión. En este contexto, las herramientas de visualización se definen un sentido amplio, que incluye estrategias de representación cartográfica de la información y la generación de gráficos y otras plataformas visuales de síntesis de datos complejos. Estas estrategias de visualización se apoyan en herramientas de consulta de datos, directorios de personas e instituciones, catálogos temáticos (p.ej. catálogos de publicaciones) y visores geográficos (Muriel et al. 2013). Las herramientas de acceso y visualización pueden contribuir a descubrir procesos y patrones a partir del análisis combinado de insumos. Por ejemplo, la Figura 15 muestra

45

una ventana centrada en la parroquia Cotundo, Cantón Archidona donde se han sobrepuesto el mapa de ganancia y pérdida de biomasa en el periodo 1997-2002 generado por Peralvo et al. (2013a) sobre el mapa de ecosistemas generado por el MAE (2013). Se puede observar algunos patrones históricos de conversión dentro del mosaico de cobertura y uso de la tierra que se encuentra entre el eje vial Baeza-Tena y Hollín Loreto. La generación y visualización de este tipo de patrones de forma continua en el tiempo podría contribuir a entender mejor las dinámicas de rotación de uso de la tierra asociadas a los sistemas agropecuarios y agroforestales presentes en la zona.

Figura 15. Ejemplo de cliente Web de acceso a la información geográfica para el ordenamiento territorial (Disponible en: http://geoi-bol.com/geovisores/geovisor_otnapo/).

46

3. Conclusiones y recomendaciones

El reto que enfrentan los actores en Napo es similar al enfrentado por actores en otras regiones del Ecuador y a otras escalas. Persiste la necesidad de convertir a los procesos de planificación territorial en herramientas efectivas para alcanzar objetivos de desarrollo sustentable. Para alcanzar este objetivo se reconoce la necesidad de procesos de trabajo a largo plazo, pero las directrices desarrolladas en el presente documento buscan dar alternativas de acción que permitan realizar avances más inmediatos con la información existente y en el marco institucional vigente. En este contexto, un tema que se identifica transversalmente en los temas abordados en las directrices es la necesidad de articular los aspectos técnicos y metodológicos con los aspectos institucionales necesarios para consolidar la planificación territorial como herramienta de desarrollo. La coordinación y colaboración entre actores son necesarias para optimizar recursos escasos y evitar la duplicación de esfuerzos. Otro tema importante abordado es la necesidad de integrar explícitamente los procesos dinámicos del territorio en la planificación. Los regímenes de uso de la tierra, los regímenes de disturbio de los ecosistemas y procesos sociales y económicos que operan a distintas escalas generan cambios importantes en los paisajes, en los servicios provistos por los ecosistemas y en los contextos en los cuales los pobladores toman decisiones. Es necesario incorporar variables actualizadas en los ejercicios de planificación y ordenamiento del territorio para promover manejo, conservación y restauración de ecosistemas, tomando en cuenta sistemas de uso que permitan minimizar impactos. Las metodologías de zonificación y priorización de áreas para la implementación de herramientas de gestión territorial (p.ej. incentivos económicos y no económicos) deben permitir integrar variables dinámicas. Sin participación efectiva de la población, la planificación territorial carece de vínculos directos a los procesos que facilitan o impiden la consecución de objetivos de desarrollo. A pesar de que existen mecanismos de participación identificados en el marco normativo, y operando con distintos objetivos sectoriales, persisten retos para articularlos en un Sistema de Participación Ciudadana de la provincia. Como sucede con los procesos de gobernanza ambiental, no existe un modelo único de participación y el escenario más probable es que se necesiten diversas modalidades de participación de acuerdo al contexto político e institucional existente en los distintos sectores de la provincia. En cualquier caso, el objetivo normativo principal de tal sistema deberá ser el garantizar que las poblaciones actualmente marginadas o sub-representadas en espacios y mecanismos de participación existentes adquieran voz. Este objetivo deberá acompañarse con el fortalecimiento de capacidades y la provisión de información con el fin de integrar ciudadanos comprometidos y que puedan ejercer un control social efectivo. Se recomienda articular espacios de participación alrededor de necesidades específicas que convoquen a varios sectores y que sirvan de plataforma para construir espacios y metodologías más complejas a través de la práctica. El diseño e implementación de incentivos económicos para la conservación de la biodiversidad deben articularse a las prioridades de manejo territorial de los GADs, neutralizando las causas subyacentes—en particular, las económicas e institucionales—que promueven la degradación de los recursos naturales y la pérdida de la biodiversidad. En ese escenario, la propuesta de generar incentivos positivos que estimulen la protección de los ecosistemas y de las funciones ecológicas ha ganado un espacio dentro

47

de la agenda política de gobiernos nacionales, y debería convertirse en un instrumento adicional para apuntalar en la práctica la planificación y el ordenamiento territorial a varias escalas. Para ello, es necesario potenciar el uso de incentivos en el contexto territorial, comprendiendo sus implicaciones, complementando esfuerzos en marcha, sobretodo de actores gubernamentales a escala nacional, implementando nuevos incentivos por parte de los GADs a escalas provinciales y locales, y mejorando la articulación institucional. Este último punto es crítico, no solo para potenciar sinergias y canalizar recursos complementarios hacia las prioridades de manejo territorial, sino para revertir efectos de incentivos no deseados o perversos que en distintos contextos han sido responsables de procesos de deforestación y degradación de recursos naturales. Finalmente, la planificación territorial y la generación y gestión de información socioambiental son procesos íntimamente vinculados. En el corto plazo, arrancar procesos de planificación con la información disponible permitirá identificar vacíos críticos de información y diseñar y validar metodologías de zonificación que se ajusten a los procesos dinámicos del paisaje de Napo. Esto requerirá de un esfuerzo inicial de inventario de la información generada históricamente, y de validación de sus contenidos. Mantener catálogos facilita la accesibilidad a la información al servir de referencia para la búsqueda de información sobre publicaciones, personas, instituciones e iniciativas que trabajan en gobernanza ambiental en la provincia. De igual manera, es necesario definir los roles que permitan articular esfuerzos de generación y gestión a varias escalas e invertir esfuerzos en generar la infraestructura tecnológica, institucional y de capacidades humanas para mantener sistemas robustos de monitoreo ambiental. Eventualmente, el monitoreo continuo deberá permitir evaluar la efectividad de las opciones de política implementada por los actores públicos y de la sociedad civil, y ajustar las opciones de acción en un marco de manejo adaptativo de los sistemas siocioambientales de Napo.

48

4. Bibliografía

Aide, T. M., y J. Cavelier. 1994. Barriers to Lowland Tropical Forest Restoration in the

Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. Restoration Ecology 2 (4):219-229. Andrade, M., L. Trujillo, y F. Rodriguez. 2013. Oportunidades y Limitaciones de los

Procesos de Planificación y Ordenamiento Territorial a Múltiples Escalas en el Contexto de la Gobernanza Ambiental de Napo: Caracterización Social de Sistemas Agroforestales y de los Mecanismos de Gobernanza Ambiental en Base a dos Estudios de Caso en la Provincia, 149 p. Quito: Proyecto "Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la planificación territorial en Napo", CONDESAN/Programa BioCAN.

Asner, G. P. 2009. Tropical forest carbon assessment: integrating satellite and airborne mapping approaches. Environmental Research Letters doi: 10.1088/1748-9326/4/3/034009

Carpio, C., y S. Meneses. 2006. Guía para el Manejo de Conflictos especialmente Socio Ambientales, 52 p. Quito: Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental (CEDA).

CITCC. 2008. Participación Ciudadana... ¿Para qué?: Hacia una política de participación ciudadana en el Gobierno Federal, 44 p. México, D.F.: Comisión Intersecretarial para la Transparencia.

Cruz, D., y M. Rubio. 2011. Naturaleza y características del conflictop. México D.F.: Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede México.

Cuesta, F., G. Toasa, T. Rivas, P. Muriel, E. Ortiz, y M. Peralvo. 2013. Inventario de Recursos Forestales en la Provincia de Napo: Estudio Piloto, 52 p. Quito: Proyecto "Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la planificación territorial en Napo", CONDESAN/Programa BioCAN.

Dale, V. H., S. Brown, R. A. Haeuber, N. T. Hobbs, N. Huntly, R. J. Naiman, W. E. Riebsame, M. G. Turner, y T. J. Valone. 2000. Ecological principles and guidelines for managing the use of land. Ecological Applications 10 (3):639-670.

Danielsen, F., N. D. Burgess, A. Balmford, P. F. Donald, M. Funder, J. P. G. Jones, P. Alviola, D. S. Balete, T. Blomley, J. Brashares, B. Child, M. Enghoff, J. Fjeldsa, S. Holt, H. Hubertz, A. E. Jensen, P. M. Jensen, J. Massao, M. M. Mendoza, Y. Ngaga, M. K. Poulsen, R. Rueda, M. Sam, T. Skielboe, G. Stuart-Hill, E. Topp-Jorgensen, y D. Yonten. 2009. Local Participation in Natural Resource Monitoring: a Characterization of Approaches. Conservation Biology 23 (1):31-42.

FFLA, FEPP, y SENPLADES. 2010. Cartilla popular sobre la ley de Participación Ciudadana, 16 p. Quito: Fundación Futuro Latinoamericano (FFLA), Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio (FEPP) Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo0 - Zona 1 Norte, Dirección de participación ciudadana SENPLADES matriz.

Foley, J. A., R. DeFries, G. P. Asner, C. Barford, G. Bonan, S. R. Carpenter, F. S. Chapin, M. T. Coe, G. C. Daily, H. K. Gibbs, J. H. Helkowski, T. Holloway, E. A. Howard, C. J. Kucharik, C. Monfreda, J. A. Patz, I. C. Prentice, N. Ramankutty, y P. K. Snyder. 2005. Global Consequences of Land Use. Science 309 (5734):570-574.

Folke, C., T. Hahn, P. Olsson, y J. Norberg. 2005. Adaptive Governance of Social-Ecological Systems. Annual Review of Environment and Resources 30 (1):441-473.

49

Font, J., I. Blanco, R. Goma, y M. Jarque. 2000. Mecanismos de participación ciudadana en la toma de decisiones locales: una visón panorámicap. Caracas: Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo.

GADP-Napo. 2011. Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Napo 2020, 99 p. Tena: Gobierno Autónomo Descentralizado de Napo.

Geist, H., y E. Lambin. 2001. What Drives Tropical Deforestation? A meta-analysis of proximate and underlying causes of deforestation based on subnational case study evidence. Louvain-la-Neuve: LUCC International Project Office.

Geist, H. J., y E. F. Lambin. 2002. Proximate causes and underlying driving forces of tropical deforestation. Bioscience 52 (2):143-150.

Grainger, A. 2010. Uncertainty in the construction of global knowledge of tropical forests. Progress in Physical Geography 34 (6):811-844.

Grupo Técnico de Trabajo en Gobernanza Ambiental en Napo. 2013. Propuesta de Modelo de Gobernanza Ambiental para la Provincia de Napo, 16 p. Tena: Proyecto "Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la planificación territorial en Napo", CONDESAN/Programa BioCAN, MAE, GADPN, GIZ.

Jäger, M., y J. García-Fernandez. 2001. Incentivos Económicos para la Conservación de la Diversidad Biológica, 45 p. Buenos Aires: FUCEMA.

Kosmus, M., I. Renner, y S. Ulrish. 2012. Integración de los servicios ecosistémicos en la planificación del desarrollo: Un enfoque sistemático en pasos para profesionales en TEEB, 83 p. Quito: GIZ.

Lambin, E. F., H. J. Geist, y E. Lepers. 2003. Dynamics of land-use and land-cover change in tropical regions. Annual Review of Environment and Resources 28 (1):205-241.

Lindenmayer, D. B., C. R. Margules, y D. B. Botkin. 2000. Indicators of Biodiversity for Ecologically Sustainable Forest Management

Indicadores de Biodiversidad para el Manejo Ecológicamente Sostenible de Bosques. Conservation Biology 14 (4):941-950.

Mace, G. M., y J. E. M. Baillie. 2007. The 2010 Biodiversity Indicators: Challenges for Science and Policy

Los Indicadores de Biodiversidad al 2010: Retos para la Ciencia y la Política. Conservation Biology 21 (6):1406-1413.

MAE. 2011. Gobernanza Forestal en el Ecuador, 23 p. Quito: Ministerio del Ambiente del Ecuador y Organización Internacional de Maderas Tropicales.

———. 2012a. Estrategia Nacional de Cambio Climático del Ecuador 2012-2025, 143 p. Quito, Ecuador: Ministerio del Ambiente.

———. 2012b. Sistematización del Programa Socio Bosque 2012, 45 p. Quito: Ministerio del Ambiente del Ecuador.

———. 2013. Mapa de Ecosistemas del Ecuador Continental. Quito: Ministerio de Ambiente del Ecuador.

MAE, COMAFORS, y UE. 2008. Guía para la implementación de incentivos para el Desarrollo Forestal Sustentable del Ecuadorp. Quito: Ministerio del Ambiente del Ecuador, Corporación de Manejo Forestal Sostenible, Unión Europea.

Malhi, Y., O. L. Phillips, J. Lloyd, T. Baker, J. Wright, S. Almeida, L. Arroyo, T. Frederiksen, J. Grace, N. Higuchi, T. Killeen, W. F. Laurance, C. Leaño, S. Lewis, P. Meir, A. Monteagudo, D. Neill, P. Núñez Vargas, S. N. Panfil, S. Patiño, N. Pitman, C. A. Quesada, A. Rudas-Ll, R. Salomão, S. Saleska, N. Silva, M. Silveira, W. G. Sombroek, R. Valencia, R. Vásquez Martínez, I. C. G. Vieira, y B. Vinceti. 2002. An international network to monitor the structure,

50

composition and dynamics of Amazonian forests (RAINFOR). Journal of Vegetation Science 13 (3):439-450.

Muriel, P., M. Peralvo, I. Ledezma, y M. Bustamante. 2013. Propuesta Conceptual de un Sistema de Gestión de Información Ambiental para la Planificación Territorialp. Quito: Proyecto "Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la planificación territorial en Napo", CONDESAN/Programa BioCAN, PUCE-QCA.

Ordóñez, L., C. Gavilánez, y A. Salazar. 2011. Secuestro de carbono en biomasa aérea en sistemas agroforestales de cacao y café ubicados en la Reserva de Biósfera Sumaco, 42 p. Quito: GIZ, Programa GESOREN.

Panayotou, T. 1998. Instruments of Change: Motivating and Financing Sustainable Development. Londres: Earthscan Publications Limited.

Pastor, E. 2008. La participación ciudadana en los servicios sociales municipales de la Región de Murciap. Murcia: Universidad de Murcia.

Peck, R. B., y J. P. Bishop. 1992. Management of secondary tree species in agroforestry systems to improve production sustainability in Amazonian Ecuador. Agroforestry Systems 17 (1):53-63.

Peña-Claros, M., E. M. Peters, M. J. Justiniano, F. Bongers, G. M. Blate, T. S. Fredericksen, y F. E. Putz. 2008. Regeneration of commercial tree species following silvicultural treatments in a moist tropical forest. Forest Ecology and Management 255 (3–4):1283-1293.

Peralvo, M., L. Bastidas, y E. Ortiz. 2013a. Piloto de Monitoreo de Cambio de Cobertura y Uso de la Tierra en la Provincia de Napo, 48 p. Quito: Proyecto "Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la planificación territorial en Napo", CONDESAN/Programa BioCAN.

Peralvo, M., E. Ortiz, L. Bastidas, F. Cuesta, y M. Bustamante. 2013b. Propuesta Piloto de Criterios de Zonificación Ambiental en Napo, 35 p. Quito: Proyecto "Fortalecimiento de la gobernanza ambiental en la planificación territorial en Napo", CONDESAN/Programa BioCAN.

Peralvo, M. F., F. Cuesta, y F. van Manen. 2005. Delineating priority habitat areas for the conservation of Andean bears in northern Ecuador. Ursus 16 (2):222-233.

Perreault, T. 2005. Why chacras (swidden gardens) persist: Agrobiodiversity food security and cultural identity in the Ecuadorian Amazon. Human Organization 64 (4):327-339.

Ponce, R. 1998. Zonificación Ecológica-Económica: Una Propuesta Metodológica para la Amazonía, 272 p. Caracas: Tratado de Cooperación Amazónica.

Rendón Thompson, O. R., J. Paavola, J. R. Healey, J. P. G. Jones, T. R. Baker, y J. Torres. 2013. Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD+): Transaction Costs of Six Peruvian Projects. Ecology and Society 18 (1).

Ribot, J. C. 2002. Democratic decentralization of natural resources: Institutionalizing popular participation, 30 p. Washington, DC: World Resources Institute.

Schanzenbacher, B. 1995. Economic Incentives as Policy Instruments for Environmental Management and Sustainable Development. Draft paperp. Nairobi: UEE/UNEP.

Schroth, G., y C. Harvey. 2007. Biodiversity conservation in cocoa production landscapes: an overview. Biodiversity and Conservation 16 (8):2237-2244.

SENPLADES. 2009. Plan Nacional para el Buen Vivir 2009 - 2013: Construyendo un Estado Plurinacional e Intercultural, 1-519 p.: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo.

51

———. 2011. Guía de Participación Ciudadana en la Planificación de los GAD, 81 p. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Subsecretaría de Planificación NAcional, Territorial y Políticas Públicas.

SENPLADES, CONCOPE, AME, y CONAJUPARE. 2010. Lineamientos para la Planificación del Desarrollo y el Ordenamiento Territorial: Estrategias para el fortalecimiento del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, 35 p. Quito: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Subsecretaría de Planificación Nacional, Territorial y Políticas Públicas, CONCOPE, AME, CONAJUPARE.

Villegas, Z., M. Peña-Claros, B. Mostacedo, A. Alarcón, J.C.Licona, C. Leaño, W. Pariona, y U. Choque. 2009. Silvicultural treatments enhance growth rates of future crop trees in a tropical dry forest. Forest Ecology and Management 258 (6):971-977.

Wassenaar, T., P. Gerber, P. H. Verburg, M. Rosales, M. Ibrahim, y H. Steinfeld. 2007. Projecting land use changes in the Neotropics: The geography of pasture expansion into forest. Global Environmental Change-Human and Policy Dimensions 17 (1):86-104.

Wong, J., K. Thornber, y N. Baker. 2001. Resource assessment of non-wood forest products: Experiences and biometric principles, 109 p. Rome: FAO.

Wunder, S., y M. Albán. 2008. Decentralized payments for environmental services: The cases of Pimampiro and PROFAFOR in Ecuador. Ecological Economics 65 (4):685-698.

52

5. Anexos

Anexo 1. Lista de fuentes existentes de información relevante para la planificación territorial. El campo de frecuencia representa una directriz sobre la necesidad de actualizar la información de forma continua en el tiempo (Fuente: Muriel et al. 2013).

Tema Insumo Escala Frecuencia Fuentes / mecanismos /

organizaciones relevantes

Cartografía base e insumos primarios

Mapas topográficos 1:50 000 NA IGM, cartografía nacional a escala 1:50 000

Imágenes de sensores remotos

Mediana resolución (10-30 m); Alta resolución (< 10 m)

Adquisición continua

MAE, MAGAP, procesos de adquisición directa por los GADs

Variables biofísicas

Mapas de geoformas 90 m NA SRTM, información topográfica del IGM

Datos de precipitación y temperatura

Puntos Continua INHAMI: datos de variables de clima

Variables bioclimáticas

1:100 000 NA MAE: Variables del Mapa Nacional de Vegetación

Escenarios climáticos futuros

1 km o menor

NA

Varias fuentes basadas en modelos globales de circulación (por ejemplo Worldclim9) y modelos regionales como PRECIS10

Redes e infraestructura

Red vial 1:25 000 Continua

Recolección y sistematización continua de información sobre estado de la red vial por GADs en coordinación con el Ministerio del ramo.

Infraestructura clave de transporte (e.g. puentes)

Puntos Continua

Recolección y sistematización continua de información sobre infraestructura clave por GADs en coordinación con el Ministerio del ramo.

Redes y estaciones eléctricas

1:25 000 Continua

Recolección y sistematización continua de información sobre infraestructura clave de energía recolectada por GADs en coordinación con el Ministerio del ramo.

Redes y equipamiento de comunicaciones

1:25 000 Continua Recolección y sistematización continua de información sobre

9 http://www.worldclim.org/ 10 http://www.metoffice.gov.uk/precis/

53



infraestructura clave de comunicaciones recolectada por GADs en coordinación con el Ministerio del ramo.

Proyectos de infraestructura

1:25 000 Continua

Recolección y sistematización continua de información sobre proyectos de infraestructura por GADs en coordinación con los Ministerios respectivos.

Agua

Hidrografía 1:25 000 o mayor

5 años Cartografía del IGM; SENAGUA

Unidades hidrológicas

1:25 000 o mayor

5 años Cartografía del IGM; SENAGUA

Fuentes puntuales de contaminación

Puntos Continua

GADs en coordinación con autoridad competente, Programa de Remediación Ambiental o Social (PRAS)

Sistemas de provisión hídrica

1:25 000 o mayor

Continua GADs en coordinación con autoridad competente

Extracción de RRNN no renovables

Áreas de concesión minera

1:25 000 o mayor

Anual GADs en coordinación con autoridad competente

Infraestructura de hidrocarburos

1:25 000 o mayor

Anual GADs en coordinación con autoridad competente

Biodiversidad

Distribución de ecosistemas

1:100 000 Anual – bienal

Actualización en coordinación con monitoreo de deforestación (MAE)

Registros de presencia de especies

Puntos Continua

MAE e Instituciones nacionales (e.g. Herbario de la PUCE) e internacionales de investigación

Manejo y conservación de ecosistemas

Patrimonio de Áreas Naturales del Estado

1:100 000 o mayor

Anual – bienal MAE

Predios Programa Socio Bosque

1:25 000 o mayor

Anual MAE, Programa Socio Bosque

Bosques Protectores 1:25 000 o mayor

Anual MAE, GADs

Planes de aprovechamiento forestal

Puntos Continua MAE, Dirección Nacional Forestal

Tenencia de la tierra 1:25 000 o mayor

Anual MAE, MAGAP, GADs

Monitoreo de cambio de cobertura y uso de la tierra (CCUT)

Mapa de deforestación

30 m Anual – bienal

MAE: Mapas de Deforestación Histórica 1990 – 2000 y 2000 – 2008

Mapa de CCUT 30 m 2 – 5 años MAE: Mapas CCUT 1990 – 2000 y 2000 – 2008

Mapa de cobertura y 1:25 000 o 5 años MAE: Mapas de Cobertura

54



uso de la tierra mayor de la Tierra 1990, 2000 y 2008; MAGAP: Cartografía a detalle de uso de la tierra a nivel cantonal (2004 – presente); cartografía generada por GADs provinciales y cantonales.

55

Anexo 2. Lista preliminar de indicadores tipo para el monitoreo socio-ambiental en Napo (Fuente: Muriel et al. 2013).

TEMÁTICA EJEMPLO DE INDICADOR UNIDAD ESCALA DE

MONITOREO SUGERIDA

ESTADO

Biodiversidad

Extensión de biomas Hectáreas (ha) Provincial

Índice de riqueza de especies Número Provincial

Especies por categoría de amenaza Número Provincial

Fragmentación Número de parches Número Provincial Longitud de la frontera agrícola Km Provincial Distancia al parche más cercano de bosque m Provincial

Forestal Área basal m2 Provincial Volumen total de madera m3 Provincial

Carbono Contenidos de carbono por estratos de bosque Ton CO2/ ha Provincial Tasa anual de ganancia/pérdida de biomasa % ha /año Provincial

Agua Precipitación total anual mm Provincial Precipitación mínima/media/máxima mensual mm Provincial Temperatura mínima/media/máxima mensual ° C Provincial Fuentes de agua por usos Número Cantonal Volumen de agua por fuente m3 Cantonal Índice de calidad del agua basado en

macroinvertebrados por fuente Número Cantonal

Riesgos Naturales

Áreas con alta riesgo de deslizamiento Hectáreas (ha) Cantonal

Áreas con alto riesgo de inundación Hectáreas (ha) Cantonal

Social Pobreza (NBI) Número Parroquial Población urbana/rural % Parroquial Población por etnia % Parroquial Ingreso familiar derivado del bosque/ingreso total % Parroquial Ingreso familiar derivado de sistemas

agroforestales/ingreso total % Parroquial

PRESION

Cambio de Cobertura y Uso de la Tierra

Tasa anual de deforestación HA/año Cantonal

Regímenes de Uso de la Tierra

Áreas con sobrepastoreo ha Cantonal

Áreas bajo quemas continuas ha Cantonal

Áreas bajo degradación de bosques ha Cantonal

Tenencia Áreas sin tenencia legalizada de la tierra ha Cantonal

Demografía Tasa de cambio de la densidad demográfica % Parroquial

Desarrollo de infraestructura

Áreas bajo influencia de expansión de la red vial ha Provincial

Áreas bajo expansión urbana ha Cantonal

Proyectos energéticos por tamaño Número/tamaño Provincial

Áreas bajo concesiones mineras por estatus ha Provincial

Agua Puntos de descarga de contaminantes Número Cantonal

56

TEMÁTICA EJEMPLO DE INDICADOR UNIDAD ESCALA DE

MONITOREO SUGERIDA

Índice de calidad del agua basado en macroinvertebrados por puntos de descarga

Número Cantonal

Cambio Climático

Tasa de cambio en la temperatura % Provincial

Tasa de cambio en precipitación mínima/media/máxima

% Provincial

RESPUESTA

Protección Extensión total bajo categorías de protección SNAP ha Provincial

Representatividad de los biomas en SNAP % Provincial

Extensión total bajo programas de incentivos ha Provincial

Políticas Planes, Estrategias y Políticas ambientales aprobados Número/año Provincial, Cantonal

Planes de Aprovechamiento Forestal autorizados Número/año Provincial

Volumen de madera legalizada en Planes de Aprovechamiento

m3/año Provincial

Volumen de madera procesada legal Mt cúbicos/año Provincial

Investigación Licencias de investigación aprobadas Número/año Provincial

Investigaciones ambientales desarrolladas Número/año Provincial

Publicaciones ambientales Número/año Provincial

Financiamiento Montos presupuestarios anuales de instituciones públicas provinciales por temática

Dólares/año por tema

Provincial

Montos anuales de financiamiento externo por fuente, temática y área geográfica

Dólares/año por tema; fuente; cantón

Provincial

Iniciativas y proyectos ambientales por temática y extensión

Número/año por tema; ha

Provincial

Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental...

Documents

Transcript of Proyecto “Fortalecimiento de la Gobernanza Ambiental...