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Proyecto “Desarrollo de Políticas e Iniciativas a Nivel Regional a Favor de Jóvenes en Riesgo Social y en Conflicto con la Ley”

Insumos para la inclusión en un Plan Nacional de Juventud Panamá, julio de 2012

Estrategias y acciones para la prevención de la violencia relacionada con juventudes en Panamá

La reproducción total o parcial de este documento está permitida, siempre que se cite la fuente y se respeten los contenidos y créditos de autoría y edición. Las opiniones, ideas y puntos de vista expresados en el presente documen-to no corresponden necesariamente a aquellos sostenidos por alguna de las entidades facilitadoras o cooperantes.

El proyecto Estrategias y acciones para la prevención de la violencia relacionada con juventudes en Panamá es coordinado por

El componente de políticas públicas se implementó en asocio con:

El proyecto contó con el financiamiento del Gobierno de Italia

Estrategias y acciones para la prevención de la violencia relacionada con juventudes en Panamá Insumos para la inclusión en un Plan Nacional de Juventud Panamá, julio de 2012

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Prólogo

Siglas y acrónimos utilizados

Introducción

Conceptos clave utilizados

Contexto de la violencia que afecta a la juventud en Panamá

Marco normativo e institucional

Principios

Estrategias de prevención primaria

Estrategias de prevención secundaria

Estrategias de prevención terciaria

Recomendaciones para la implementación

Referencias bibliográficas

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13

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55

67

75

91

111

123

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Contenido

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La región centroamericana se ha dotado, desde el año 2007, de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica, que define una visión compartida e integral sobre cómo entender y enfrentar re-gionalmente los desafíos de la inseguridad. Esta Estrategia regional constituye una herramienta fundamental para la coordinación y armonización de acciones, así como para el diseño de po-líticas, programas y estrategias integrales orientados a fortalecer y aumentar las capacidades nacionales y regionales de gestión, tomando en cuenta las asimetrías entre los países.

En ese contexto, la Secretaría General del SICA y la Secretaría de la Integración Social Cen-troamericana (Sisca) han tomado la iniciativa de apoyar a los países de la región en la cons-trucción participativa de políticas públicas de prevención social de la violencia, en las cuales converjan las diferentes visiones que desde el Gobierno, la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales –especialmente las de juventud– se plantean, con miras a que sean asumidas e implementadas por las instituciones rectoras de la prevención en cada país.

El principal reto consiste en la armonización e integración regional de las políticas de prevención social de la violencia, para que desde lo local, lo nacional y lo regional se articulen con estrate-gias comunes, coherentes con el concepto de seguridad democrática y con los métodos demo-cráticos para alcanzar la seguridad.

El valor agregado de esta iniciativa regional ha sido la apuesta hacia políticas nacionales y regio-nales de prevención, inspiradas en una filosofía restaurativa desde la cual se aborda la respuesta al análisis de la violencia y sus nuevos escenarios sociales tan interrelacionados e interconecta-dos, una filosofía capaz de transformar las relaciones humanas conflictivas en relaciones pacífi-cas, y crear sociedades dialogantes dispuestas a promover una cultura de paz y legalidad.

Prólogo

10

La Secretaría General del SICA y la Sisca, a través de sus respectivas instancias regionales (la Comisión Regional de Prevención Social de la Violencia, conformada por los ministros de Segu-ridad o de Gobernación de todos los países de la región, y el Consejo de la Integración Social, constituido por los ministros coordinadores de las áreas sociales), acompañarán los procesos de institucionalización e implementación de estas políticas en los países miembros del SICA, en consonancia con el Modelo Centroamericano de Seguridad Democrática y la Agenda Estra-tégica Social.

Juan Daniel Alemán Gurdián

Secretario General del SICA

«[...] una vez, cuando perdí a mi abuelito, me encerré en un mundo negro, lleno de tristeza y de dolor […];

también a un amigo, el papá y la mamá no le prestan atención, y es muy triste, se corta las manos para llamar la atención de sus padres […]».

Onelys (15 años, Penonomé, Panamá)

«Hago la paz evitando la balacera».Julio (13 años, Curundú, Panamá)

«¿Cómo podemos dejar la violencia nosotros, los jóvenes de nuestro país?Nosotros podemos salvar al mundo. ¡Podemos!

Ingrid (15 años, Curundú, Panamá)

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Ampyme Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana EmpresaAplafa Asociación Panameña para el Planeamiento de la FamiliaCDN Convención de los Derechos del NiñoCMPV Comités Municipales de Prevención de la ViolenciaCPPJ Consejo de Políticas Públicas de JuventudEnasser Encuesta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de PanamáIfarhu Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos HumanosINAC Instituto Nacional de CulturaInadeh Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el

Desarrollo HumanoIdemi Instituto de Estudios de la Mujer y la InfanciaIEI Instituto de Estudios InterdisciplinariosIpacoop Instituto Panameño Autónomo CooperativoInterpeace Alianza Internacional para la Construcción de la PazMeduca Ministerio de EducaciónMides Ministerio de Desarrollo SocialMEF Ministerio de Economía y FinanzasMinsa Ministerio de SaludMiviot Ministerio de Vivienda y Ordenamiento TerritorialMitradel Ministerio de Trabajo y Desarrollo LaboralOIT Organización Internacional del TrabajoOMS Organización Mundial de la SaludONG Organización no gubernamentalPandeportes Instituto Panameño de DeportesPNUD Programa de las Naciones Unidas para el DesarrolloPPJP Política Pública de Juventud de PanamáProsi Programa de Seguridad Integral

Siglas y acrónimos utilizados

Estrategias y acciones para la prevención de la violencia relacionada con juventudes en Panamá / 1514

Senniaf Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y FamiliaSICA Sistema de la Integración Centroamericana Sisca Secretaría de la Integración Social CentroamericanaSG-SICA Secretaría General del Sistema de la Integración CentroamericanaSenafront Servicio Nacional de FronteraUNFPA Fondo de Población de las Naciones UnidasUSAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional Esta propuesta recoge los resultados del pro-

ceso de consulta multisectorial y participativa facilitado por la Alianza Internacional para la Consolidación de la Paz (Interpeace), en el marco del proyecto Desarrollo de Políticas e Iniciativas a Nivel Regional a Favor de Jóvenes en Riesgo Social y en Conflicto con la Ley, cuyo primer componente es coejecutado por la Se-cretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SG-SICA), la Secretaría de Integración Social Centroamericana (Sisca) e Interpeace, bajo la coordinación del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA).

El proceso de consulta multisectorial se efec-tuó mediante la metodología de investiga-ción-acción-participación, que caracteriza el quehacer de Interpeace alrededor del mundo. Fue realizado en Panamá desde junio de 2011 hasta mayo de 2012, con el ánimo de presentar una propuesta de política pública nacional en materia de prevención de la violencia que afec-ta a las juventudes, y en el marco del segundo componente de la Política Pública de Juventud de Panamá (2004), Seguridad Personal y Jus-ticia. Sin embargo, es importante mencionar que la prevención de la violencia que afecta

a los jóvenes panameños será efectiva en la medida en que sea integral e integrada en los demás componentes de la Política Pública de Juventud de Panamá (PPJ). Por ello, esta pro-puesta incluye estrategias y acciones que con-tribuirán a la construcción del Plan Nacional de Juventudes en Panamá, que incluye la preven-ción como parte de los demás componentes de acción.

Como antecedentes relevantes, es necesario hacer referencia a la Feria del Conocimiento Compromiso Centroamérica Segura, realizada por el SICA en Panamá en octubre de 2010. En ella, la mesa de trabajo vinculada con el tema de prevención de la violencia destacó la im-portancia del trabajo regional en materia de prevención; se pronunció a favor de impulsar la Secretaría de Integración Juvenil del SICA junto con los Gobiernos y las organizaciones no gubernamentales (ONG), y sugirió el segui-miento y la evaluación pormenorizada y perió-dica de las acciones que se realizan en dicho ámbito. De igual manera, el fortalecimiento institucional, la asignación de recursos, el in-tercambio de buenas prácticas en materia de prevención y la elaboración de la Agenda Ju-

Introducción

Estrategias y acciones para la prevención de la violencia relacionada con juventudes en Panamá / 1716 / Estrategias y acciones para la prevención de la violencia relacionada con juventudes en Panamá

venil para Centroamérica, la cual recoja el pa-recer y compromiso de la población joven en materia de prevención de la violencia.

La feria mencionada, así como otras acciones que se han realizado en la región con el pro-pósito de reflexionar sobre temas relativos a la seguridad democrática y la prevención de la violencia, se inscriben entre las dife-rentes respuestas que los países del istmo centroamericano han generado con miras a abordar de maneras eficaces y eficientes la alarmante situación de la inseguridad ciuda-dana que los aqueja. Esta problemática, con tendencia al aumento, es motivo de creciente preocupación.

En Panamá, diferentes estrategias y mecanis-mos creados también responden a los pasos dados por el país en el sentido de tomar en cuenta la normativa internacional existente: la Convención de los Derechos del Niño (CDN), las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia, las Reglas de Nacio-nes Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad y las Directrices de Nacio-nes Unidas para la Prevención de la Delincuen-cia Juvenil. Este marco internacional ha sido adoptado en la normativa nacional mediante la Ley 40 del 26 de agosto de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Ado-lescencia.

A pesar de los diversos procedimientos em-pleados hasta la fecha para minimizar los índices de inseguridad, reducir la violencia y aplicar normativas y marcos jurídicos nacio-nales e internacionales, la problemática de la violencia continúa sin claros indicadores de cambios significativos. En efecto, las ci-fras de violencia delictiva en Panamá se han acrecentado consistentemente. Basta seña-lar que en 2007 se reportaron 32,453 casos, cifra que aumentó a 55,093 hechos en 2010.1 El desglose de los actos delictivos nos provee los siguientes datos para 2010: robo a mano armada, 7,810 casos.2 Asimismo, la violencia doméstica, la violencia contra las mujeres y los casos de femicidio se mencionan cada vez más.3 Respecto al número de homicidios entre 2007 y 2009, el estudio Panama Youth Gangs: Preventing Youth Participation in Violent Cri-me, de la USAID, señala que este ha crecido de 444 a 818 hechos. Según fuentes policiales consultadas por el Observatorio de Seguridad Pública, los homicidios de 2010 cobraron la

1 Frühling, Hugo. Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2011-2014. Panamá: Prosi, documento borrador, 2011, pp. 11,12.2 Loc. cit.3 Como se señala en el estudio Panama Youth Gangs: Preventing Youth Participation in Violent Crime, de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Inter-nacional (USAID), el 13.9% de la violencia doméstica corresponde al área indígena, seguido por el 10.2% en el área urbana y, por último, el 8.7% en el área rural. La mayoría de las mujeres agredidas no denuncia el hecho. Esto sucede en el 75.2% de los casos, de manera que se tiene adicionalmente un severo problema de subregistro.

vida de 707 personas, de las cuales 47% tenían entre 15 y 29 años.4

Resulta claro que los datos acerca de homici-dios y otros hechos delictivos tienen una rele-vancia mayor que la que muestran las cifras y estadísticas. Ello, por el alto costo emocional que conllevan para toda la población y los fa-miliares de las víctimas. Además, estos hechos acrecientan de manera importante el miedo y la demanda social y mediática de acciones concretas. Lamentablemente, ante propues-tas decididas a favor de la prevención, esta demanda ha tendido a decantarse por accio-nes de mano dura, de mayor represión policial y control, así como mayor estigmatización de los y las jóvenes en una sociedad que se siente cada vez más insegura. La respuesta priorita-riamente represiva, no obstante, ha demos-trado históricamente su ineficacia, tanto en el país como en otros contextos.

La violencia que vive la juventud panameña no es exclusivamente delictiva, y la delincuencia no se puede prevenir solamente mediante la aplicación de la persecución criminal. Es ne-cesario integrar la visión criminológica con la visión de desarrollo humano.«La política cri-minal es parte de la política social. Por ello, los avances que se realicen en materia de justicia

4 Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Observatorio de Seguridad Ciudadana, Segundo informe período 2009-2010, Victimización y percepción de la seguridad ciudadana en Panamá, Panamá, 2010, p. 39.

penal para reducir la violencia y el delito serán insuficientes si paralelamente no se avanza en las políticas sociales hacia mejores niveles de justicia distributiva e integración social».5 Es en este marco en que se ofrece esta propuesta, la cual constituye un insumo para la formula-ción de políticas de seguridad relacionadas con jóvenes , así como para un Plan nacional de juventud. El proceso mediante el cual se arribó a estas propuestas se implementó en estrecha colaboración con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides)

Ante la situación compleja de violencia e in-seguridad –descrita aquí de manera muy ge-neral–, las autoridades públicas, la sociedad civil y la comunidad internacional han tomado medidas para contribuir al desarrollo integral de las personas. Interesa destacar aquellas medidas concretas que han sido destinadas a la prevención de la violencia asociada con las juventudes del país. Entre otras, es relevante conocer el contexto en que se suscita la vio-lencia, las causas, los factores de riesgo y cuá-les son los grupos más vulnerables. Asimismo, es importante destacar qué es lo que hasta la fecha se ha implementado exitosamente o no en materia de prevención de la violencia y pro-moción de la cultura de paz.

5 Carranza, Elias y Solana, Emilio. La cara de la violen-cia urbana en América Central. Serie: Armas, violencia y juventud, Fundación Arias para la Paz y el Progreso Hu-mano. Costa Rica, 2006, pp. 1.


Este tipo de reflexiones ha sido parte funda-mental del proceso de elaboración del presen-te documento, el cual, como se ha dicho, tam-bién se ha nutrido de la consulta participativa efectuada en el país. El documento, dado que es un instrumento que tiene como propósito aportar a la implementación eficaz y efectiva de la Política Pública de Juventud de Panamá (PPJP), contiene, por lo tanto, ideas para pro-mover el desarrollo integral de la juventud en riesgo social, promover la atención a jóvenes vulnerables y propiciar espacios para la reha-bilitación e inserción social de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal.

Se espera que el presente documento sea de utilidad inmediata para los organismos guber-namentales y no gubernamentales, así como para las comunidades y organizaciones de jó-venes que trabajan en el terreno de la preven-ción, para concretizar y consensuar las accio-nes prioritarias para desarrollar un Plan Nacio-nal de Juventud con un enfoque preventivo.

Por último, cabe expresar el más sincero agra-decimiento a todas las personas, en parti-cular a los jóvenes –hombres y mujeres– que han participado en este proceso de consulta. Su calidez, entusiasmo y motivación han sido fuente de inspiración y han permitido adoptar un compromiso aún más firme de trabajo a fa-vor de las juventudes de la región. No hubiera sido posible concretar esta propuesta sin su

enorme experiencia y compromiso. De igual manera, es preciso agradecer a cada una de las instituciones de gobierno, organizaciones no gubernamentales y organismos de la coopera-ción internacional que brindaron sus aportes valiosos, su tiempo y compromiso con las ju-ventudes.

A continuación se mencionan sus nombres:

Organizaciones de la sociedad civil y grupos juveniles

ς Casa Esperanza ς Instituto para el Desarrollo de la Mujer y

la Infancia (Idemi) ς Centro de Estudios de la Familia (CEFA) ς Red Contra la Violencia de Género

en Panamá ς Alianza Ciudadana Pro Justicia ς Fe y Alegría ς Asociación de Profesionales de Darién

para el Desarrollo Integral y Sostenible (Aprodiso)

ς Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (Aplafa)

ς Teatro Lagartija ς Proyecto I + D, Universidad Tecnológica

de Panamá ς Fundación León Cocoliso Tejada ς Fundación Tierra Nueva ς Fundación de la Niñez, Adolescencia y

Familia (Fundaniaf)

ς Asociación Pro Juventud de San Felipe (Aprojusan)

ς Centro de Estudios para el Desarrollo Social (Cedes)

ς Consejo Ecuménico de Iglesias ς Fundación Una Oportunidad ς Red Nacional de Apoyo a la Niñez y la

Adolescencia ς Movimiento Nueva Generación ς Héroes C-3 ς Consejo Nacional de Mujeres Indígenas

de Panamá (Conamuip) ς Pastoral Juvenil de Colón ς Cámara de Comercio, Industria y

Agricultura de Panamá ς Club Activo 20-30 Panamá Noreste ς Consejo Nacional de Juventud ς Comité Ecuménico de Panamá (Coepa) ς Conferencia Episcopal Panameña ς Consejo de Rectores de Panamá ς Universidad Santa María La Antigua

Instituciones públicas

ς Ministerio de Seguridad Pública • Sistema de Estadísticas Criminales (SIEC) • Policía de Niñez y Adolescencia • Policía Nacional de Panamá,

Departamento de Seguridad Ciudadana • Programa de Seguridad Integral (Prosi)

ς Ministerio de la Presidencia • Programa Nacional para la Prevención de

la Violencia y Delincuencia Juvenil • Programa de Desarrollo de Darién

(Prodar) ς Ministerio de Gobierno

• Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI)

• Centro de Custodia Arco Iris ς Ministerio de Desarrollo Social (Mides)

• Dirección de Políticas Sociales • Oficina de Desarrollo Social Seguro • Oficina de Voluntariado

ς Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel)

• Dirección General de Empleo ς Ministerio de Salud (Minsa)

• Dirección de Promoción de la Salud • Dirección de Educación para la Salud

ς Ministerio de Educación (Meduca) • Dirección de Asuntos Estudiantiles

ς Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA)

• Dirección Nacional de Desarrollo Rural


ς Pandeportes • Dirección de Deportes para Todos

ς Instituto Nacional de Cultura (INAC) • Programa de Igualdad de Oportunidades

ς Órgano Judicial • Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia • Juzgados de Cumplimiento

ς Procuraduría General de la Nación • Fiscalía de Niñez y Adolescencia

de Panamá • Fiscalía de Niñez y Adolescencia de Colón • Fiscalía de Drogas

ς Comité Municipal de Prevención de la Violencia Juvenil de Colón

ς Comité Municipal de Prevención de la Violencia Juvenil de San Miguelito

ς Instituto Nacional de la Mujer (Inamu) • Programa Conjunto Alianza por una Vida

sin Violencia (Unfpa-PNUD-OPS/Inamu) ς Instituto Panameño Autónomo

Cooperativo (Ipacoop) Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf)

• Departamento de Organizaciones Sociales

• Programa de Atención Preventiva a Niños, Niñas y Adolescentes

• Programa Marca tu Huella ς La Universidad de Panamá

• Instituto de Criminología: Centro de Atención Integral de la y el Adolescente

ς Secretaría Nacional de Discapacidad (Senadis)

ς Institución para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (Ifarhu)

Organizaciones de cooperación internacional

Proyecto Iniciativa de Darién de la Organiza-ción Internacional para las Migraciones (OIM)

Programa Conjunto Ventana de Prevención de Conflictos y Construcción de Paz, Fondo para el Logro de los Objetivos del Milenio (FIODM)

Programa Alcance Positivo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-nal (USAID)

Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

Metodología y proceso de consulta

Uno de los primeros pasos para el desarrollo de la propuesta fue la presentación del pro-yecto a las autoridades nacionales, al mismo tiempo que se les solicitó su apoyo para la puesta en marcha. Seguidamente, se elaboró un diagnóstico que permitiera obtener una vi-sión nacional e integral, tanto en relación con la situación cuantitativa como cualitativa de la violencia en el país, para luego reconocer la especificidad de la adolescencia y juventud, así como la capacidad institucional existente para enfrentar los retos de la violencia juvenil y de la justicia restaurativa.

También se realizó una revisión documental que contó entre sus actividades la revisión de diagnósticos nacionales relativos a la violen-cia, planes estratégicos locales y nacionales, normativa nacional e internacional en mate-ria de niñez, adolescencia, juventud y familia e informes de juventud y violencia, elaborados por organismos de la cooperación internacio-nal. Asimismo, múltiples trabajos de carácter cualitativo (sobre barreras educativas, edu-cación bilingüe intercultural, presencia de la discriminación en diversas formas, violencia de género, trabajo infantil, desempleo, sueños y aspiraciones de la población adolescente y joven, y diversas encuestas de percepción de la violencia, entre otras) realizados por distin-

tas organizaciones no gubernamentales en el país, con la idea de que sirvieran de marco para el análisis estadístico.

Plantear la situación de los y las jóvenes, to-mando en cuenta el marco de derechos huma-nos que les asisten, presentó algunas compli-caciones. La consecución de estadísticas en una franja de tiempo homogénea que permitiera reconocer las constantes fue difícil, por lo que el documento se circunscribió a la información reciente de 2009 a 2010 en la mayoría de las ocasiones. Los datos de la estadística oficial varían en cuanto a criterios, desagregación por sexo y etnias; y dificultan la obtención de un pa-norama más integral de la magnitud de la vio-lencia juvenil que permita mirar los dos lados de la misma, es decir, cuando jóvenes de am-bos sexos son víctimas de la violencia y cuan-do son propiciadores(as) de ella. Asimismo, el contraste con la información de los medios de comunicación es relevante, y porque genera desconfianza de ambas fuentes, la oficial y la mediática, afecta la visión integral de la vio-lencia juvenil y coloca a la ciudadanía en contra de la juventud. Las encuestas de victimización, así como la sistematización y unificación de criterios para la recolección y difusión de datos constituyen un reto grande, aunque pra sobre-llevarlo se detecta un alto nivel de compromiso de instituciones y funcionarios. Agradecemos los esfuerzos de todos al colaborar en la recopi-lación de datos estadísticos e información.


La recopilación incluyó también un período de entrevistas semiestructuradas realizadas a expertos gubernamentales y no gubernamen-tales en materia de prevención de la violencia juvenil y jóvenes en conflicto con la ley. Unas 51 personas –hombres y mujeres– contribuye-ron de un modo u otro en esta labor.

Se realizaron jornadas de trabajo en la forma de talleres de consulta colectiva. Primero se concretaron tres consultas con jóvenes de 13 a 29 años de edad. La muestra fue intencionada; agrupó a las personas en relación a las varia-bles consideradas (edad, sexo, grupo étnico, localidad, nivel de escolaridad, liderazgo). Más adelante se llevó a cabo una consulta con las organizaciones de la sociedad civil y otra con las instituciones del sector social del Gobierno.

Se concluyó el proceso de consulta con un ta-ller de validación del documento con 30 parti-cipantes de instituciones públicas e integrantes del Consejo Nacional de Juventud y del Consejo de Políticas Públicas de Juventud (CPPJ).

La participación total en las jornadas fue de 105 personas, entre hombres y mujeres de dis-tintas áreas del país, diversos niveles de lide-razgo y personal directivo y técnico de las en-tidades gubernamentales convocadas. Se exa-minaron los pareceres de los y las jóvenes y su perspectiva de los hechos en que están inmer-sos. Se revisaron las modalidades habituales y

los mecanismos de atención a las necesidades de la población joven con quienes trabajan las instituciones y organizaciones; se atendie-ron los programas que realizan y los alcan-ces de los mismos hasta la fecha. Asimismo, sus opiniones fueron fundamentales para la construcción de una propuesta basada en las necesidades de la población y en experiencias probadas y, de igual manera, en la preparación de una serie de recomendaciones y directrices para las prácticas idóneas.

En este capítulo se aclaran algunos conceptos que aparecen en la propuesta. No constituyen definiciones cerradas sino guías para entender mejor a qué se refieren ciertas ideas con rela-ción a la violencia y la juventud y cómo pode-mos entenderlas en la construcción de políti-cas públicas, en particular las que tienen como enfoque los derechos humanos, tal como la PPJ. Estas definiciones se basan en estudios sobre la materia y se encuentran armonizadas con el marco normativo nacional e internacio-nal correspondiente.

Adolescencia y juventud

Los conceptos de adolescencia y juventud son relativamente recientes en la historia de la hu-manidad. La evolución de esta y las distintas etapas que hombres y mujeres transitan han sido definidas y comprendidas de forma dis-tinta como consecuencia de elementos cultu-rales, biológicos, de clase, de grupos étnicos y de localidad. La mayoría de los estudios señala que la adolescencia y la juventud son periodos de cambios biológicos, psicológicos y cultu-rales que generan estrés y ansiedad, y que las personas adolescentes y jóvenes enfrentan de

manera distinta. En lo que respecta a la salud, por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud (OMS), la adolescencia es el periodo comprendido entre los 10 y 19 años en térmi-nos de cambios biológicos. Sin embargo, en lo que respecta a definiciones que se enfocan más en el desarrollo de capacidades intelec-tuales, emocionales y éticas, la adolescencia es vista como un periodo más breve en que la persona adquiere nuevas capacidades pero aún requiere de la protección especial que se brinda a las personas menores de edad.

En Panamá se define al adolescente como toda persona que habiendo cumplido los ca-torce años de edad, no ha cumplido los 18 años, según la Ley 14 del 23 de enero de 2009, cono-cida como Ley de la Secretaría Nacional de Ni-ñez, Adolescencia y Familia, Senniaf. Para estas personas, la ley considera derechos y deberes particulares. Sin embargo, en lo que respecta a la violencia y la delincuencia, es importante recordar que en Panamá, entre las edades de 12 a 17 años la persona adquiere responsabilidad penal, aunque son diferenciadas las medidas de sanción que se le imponen en reconocimien-to de falta de madurez, particularmente para

Conceptos clave utilizados


quienes no son adolescentes aún (12-13 años).

La Política Pública de Juventud adopta los pa-rámetros etarios de 15 a 29 años en lo con-cerniente a lo que se considera juventud, y se divide en tres franjas: de 15 a 19 años, corres-pondiente a los adolescentes; de 20 a 24 años, correspondiente a los jóvenes, y entre 25 y 29 años, en que se encuentran quienes son con-siderados como jóvenes adultos. La política mencionada «combina el paradigma de juven-tud ciudadana con el de juventud como “actor estratégico del desarrollo”, reconociendo de las juventudes su aporte al capital humano, cultural y social del país»6.

La perspectiva que la política nacional ha definido rompe con los esquemas y los ima-ginarios sobre las juventudes homogéneas, problemáticas, violentas, poco creativas, indi-ferentes, para hacer énfasis en el empodera-miento de las mismas como sujetos de dere-chos y como capital humano importante de la sociedad panameña.

Las juventudes7

El concepto de juventud es una construcción histórica, social y cultural que está vinculada con la edad. Es el periodo en el que se adquiere

6 Minjumfa-UNFPA. Política Pública de Juventud de Panamá, Panamá: 2004, pp. 8.7 Tomado del texto de la PPJP

la ciudadanía plena, mediante el ejercicio de los derechos civiles, políticos, económicos, so-ciales y culturales. La juventud no es exclusiva-mente una noción biológica. Tampoco se con-cibe como un mero periodo intermedio y pasa-jero entre la niñez y la adultez. Es un momento crucial en el que se consolida la identidad y se define el papel y la función de una persona en su comunidad. Si hay algo que caracteriza al universo juvenil es su heterogeneidad y diversi-dad; de ahí que los procesos de socialización y las oportunidades de ejercicio de los derechos varíen de acuerdo a condiciones tales como los tramos de edad, la clase, la etnia, el género, la localización territorial (urbana o rural), el ni-vel educativo, etc. Por ello, la Política Pública de Juventud de Panamá se refiere a juventud en plural, es decir, a las juventudes.

La violencia

El concepto de violencia engloba tanto las ac-ciones tipificadas en la sociedad como «deli-to», como las acciones o falta de acción que de alguna manera perjudiquen el bienestar del ser humano de manera individual o colecti-va. La violencia es un concepto social amplio, y existen distintas formas de clasificarla; por ejemplo, en la sociología y la criminología se enfatizan las características del hecho violen-to, el perfil de la víctima, las características del perpetrador y sus motivaciones, el modus operandi, etc. Por eso se habla de violencia in-

trafamiliar, violencia sexual y de género, vio-lencia juvenil, violencia del crimen organizado y violencia emocional, entre otras.8 La ley pa-nameña, por ejemplo, señala que la violencia es «Toda acción, omisión o trato negligente cometido por una persona que perjudique la integridad física, psicológica, sexual, patrimo-nial o la libertad de las personas que son suje-tos de esta Ley»9.

Sin embargo, las teorías críticas señalan que estas clasificaciones de la violencia no mues-tran claramente la naturaleza y la intencio-nalidad de poder y dominación detrás de la violencia (Foucault: 1977). Se enfocan en las manifestaciones de violencia en que se puede ver la acción de «la persona», pero no contem-plan la violencia que igualmente perjudica al ser humano pero cuyo autor no es «una perso-na» como responsable directo.

John Galtung10 ofrece una clasificación de la violencia que ayuda a tener una visión más completa y dinámica de cómo opera esta. Gal-tung habla de tres tipos de violencia estrecha-mente relacionadOs: violencia directa, violen-cia estructural y violencia simbólica o cultural.

8 Curran, Daniel y Claire Renzetti. Theories of Crime.Boston: Allyn & Bacon, 2001.9 Ley No. 38 del 10 de julio de 2001 del Código Penal y Judicial.10 Galtung, J. (1991). Peace by Peaceful Means. Oslo: In-ternational Peace Research Institute.

El triángulo de la violencia se caracteriza de la siguiente forma:

Violencia directa

La violencia directa es la más visible de las tres. Se concreta con comportamientos y responde a actos violentos (físicos, verbales y/o psico-lógicos con la intención de causar daño a una persona o grupo). Aunque, también, toda ac-ción destructiva contra la naturaleza puede entenderse como violencia directa. La violen-cia directa se puede clasificar en tres tipos:

• Contra las personas (asesinatos, violencia de género, violencia en la familia, violencia verbal, amenazas, torturas, golpes, etc.)

• Contra la colectividad (guerras, genocidios, terrorismo, etc.)

• Contra la naturaleza (contaminación, tala de árboles, explotación de los suelos, abuso de los recursos naturales, etc.)

Generalmente se piensa que la violencia direc-ta es la peor de todas, ya que esta es visible, y, por tanto, más fácil de identificar. Sin embar-go, este tipo de violencia es la manifestación de algo y no el origen. Es precisamente en los orígenes donde se deben buscar las causas y atacarlas para derrocarlas.

Con relación a la violencia física, la Organiza-ción Mundial de la Salud la define como «el


uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mis-mo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones».

Violencia estructural

La violencia estructural se refiere a la for-ma en que está estructurada una sociedad y cómo, sistemáticamente, margina e incluso elimina paulatinamente a ciertos grupos al no ofrecerles posibilidades de alimentación, vivienda, educación, salud, empleo, seguri-dad, recreo, etc. La violencia estructural se manifiesta mediante la exclusión social, la desigualdad socioeconómica, el racismo, la inequidad entre sexos y cualquier otra forma de discriminación que menoscabe el bienes-tar humano.

La desigualdad no se refiere solamente a di-ferencias de clase y de ingresos económicos, sino también a la falta o negación de acceso a los servicios básicos y de participación en la vida social y política, lo que hace que la exis-tencia de los más pobres sea todavía más di-fícil, así como también afecte a la población joven con discapacidad. El desarrollo integral de las juventudes dentro del marco de garan-tizar sus derechos fundamentales, tal como está establecido en la PPJP es la forma más

amplia para combatir la violencia estructural.

El concepto de violencia estructural permite entender las causas subyacentes de la violen-cia directa y sus manifestaciones. Es un tipo de violencia indirecta, es decir, las acciones que provocan el hambre en el mundo, por ejemplo, no están diseñadas y realizadas directamente con ese fin, sino que son derivaciones indirec-tas de la política económica capitalista y del injusto reparto de la riqueza.

Violencia cultural o simbólica

La violencia simbólica se refiere a la imposición y reproducción de un sistema de pensamientos y percepciones que mantienen un orden social de desigualdades en las relaciones de poder entre diferentes grupos.11 Se basa en un amplio entramado de valores y discursos asumidos continuamente desde la niñez y que luego se refuerzan con las leyes, las instituciones y las prácticas. En el caso de las pandillas juveniles, por ejemplo, la violencia simbólica opera me-diante un conjunto de estereotipos y estigmas sociales que se reproducen en el imaginario público. A los miembros de estos grupos se les señala de «delincuentes», «peligrosos», «vio-lentos» y otros calificativos despectivos.

11 Bourdieu, P. Outline of a Theory of Practice, 1977.

La violencia simbólica se utiliza para lograr la aprobación y normalización de posturas faná-ticas o fobias en reacción a ciertas personas en lo racial, en lo económico, en las relaciones de género, en la sexualidad, en lo religioso, etc.

Violencia relacionada con la juventud/violencia juvenil

La violencia relacionada con la juventud se re-fiere a las múltiples formas en que la violen-cia (directa, estructural, simbólica) afecta a la juventud como víctimas o generadores de violencia. La juventud se caracteriza por ser un periodo durante el cual las personas tienen que tomar decisiones cada vez más autóno-mas sobre, por ejemplo, sus propios cuerpos, educación, formación laboral, participación social, y la conformación de una familia pro-pia. Asimismo, suele ser un periodo de mucha influencia (positiva o negativa) fuera del ám-bito de la familia, especialmente de sus pares y de presiones sociales. La persona adolescen-te pasa por un proceso de consolidación de su propia identidad autónoma en la toma de decisiones, influida por la base fundada desde su niñez y el contacto ampliado con el mundo fuera del hogar. Sin embargo, estas decisiones son condicionadas por factores individuales, sociales, culturales y económicos que no se hallan directamente bajo su control.

La concepción de violencia juvenil se refiere a la participación de jóvenes en hechos violentos, pero no contempla la dimensión de la juven-tud como víctima. En la legislación panameña se utilizan términos como infractores de la ley penal o en conflicto con la ley penal para refe-rirse a las y los adolescentes de entre 12 y 17 años12 que cometen un delito tipificado en el Código Penal.

La ley panameña establece que las personas menores de 12 años de edad no tienen res-ponsabilidad penal por sus acciones, indepen-dientemente de si las acciones en que hayan incurrido son tipificadas como delitos en el Código Penal. Por lo tanto, no son sancionadas penalmente, sino que deberán ser sujetos de medidas de protección cónsonas con su edad. Asimismo, el artículo 7 de la Ley No. 40 del 26 de agosto de 1999 (Ley Penal de Adolescentes) delimita la aplicación de la misma a todas las personas que hayan cumplido los 12 años y no hayan cumplido 18 años de edad al momento de cometer el delito que se les imputa. Igual-mente, se aplica a las y los procesados que cumplan los dieciocho años durante los trámi-tes del proceso, así como a las personas ma-yores de edad acusadas por actos cometidos luego de haber cumplido los 12 años y antes de cumplir los 18. También diferencia para efectos

12 Es por lo mismo que esta propuesta dirigida a jóve-nes (es decir, quienes tienen entre 15 y 29 años) también hace referencia limitada a este grupo etario en la preven-ción de violencia a nivel terciario.


del proceso las sanciones y su ejecución al gru-po etario de 12 años a 14 años, a quienes se les aplicarán medidas de reeducación social bajo la responsabilidad de la Senniaf, y al grupo de 15 hasta los 17 años de edad, que es sujeto a sanciones que pueden incluir la privación de libertad.13

Factores de riesgo relacionados con la violencia que afecta a adolescentes y jóvenes

Los estudios señalan que existe una serie de factores que aumentan las probabilidades de que la juventud sea víctima de violencia o se involucre en hechos violentos. Estos se cono-cen como factores de riesgo, que no deben ser vistos como causales.

Que las políticas de prevención se enfoquen en la reducción de estos factores o en mejorar la capacidad de las personas para sobreponerse a ellos es lo que en términos psicológicos se conoce actualmente como resiliencia, o forta-lecimiento de factores de protección.

De manera sucinta, puede mencionarse que en el nivel macro se encuentran factores de riesgo asociados con problemas estructurales pro-fundos, como la exclusión social y la desigual-

13 Asamblea Nacional. Ley No. 40 del 26 de agosto de 1999 (Ley Penal de Adolescentes),Panamá, 1999.

dad que sufren ciertos grupos y la incapacidad del Estado para ofrecer a la ciudadanía un ac-ceso igualitario a los servicios básicos de salud, educación, empleo y seguridad, entre otros.

En el nivel intermedio, la violencia de los jóve-nes puede ser el resultado de la falta de apoyo social y comunitario. Crecer en comunidades violentas expone a los jóvenes a hechos vio-lentos.

En el nivel micro, cobran relevancia la violencia doméstica y la falta de cohesión familiar como factores que estimulan la violencia. El abando-no y/o negligencia, así como el ejercicio de la violencia de las personas adultas responsables del cuidado de los niños, niñas y adolescentes, los empuja a las calles, estimula su agresividad y la búsqueda de nutrientes emocionales en quien se los proporcione, aunque ello implique entrar en el terreno de pandillas, explotación sexual, uso y tráfico de drogas, y actividades delictivas.

Además, está la violencia simbólica expresada mediante el racismo. Estudios recientes sobre adolescencia y juventud destacan cómo entre este grupo poblacional se reproducen las des-igualdades raciales que priman en la sociedad, y que para el caso de Panamá han constituido una constante en la construcción de la iden-tidad nacional y las relaciones interétnicas, lo que ha colocado a los grupos discriminados en

situaciones de franca desventaja con relación al acceso a los derechos económicos, sociales y culturales en igualdad de condiciones frente a los otros grupos.

Grupos vulnerables

Los conceptos de riesgo social y vulnerabilidad se aplican generalmente a personas o grupos de la población que, por su condición de edad, sexo, origen étnico, clase o de cualquier otro tipo, se encuentran en situación de desventa-ja para incorporarse al desarrollo o acceder a mejores condiciones de bienestar en igualdad de oportunidades que otros grupos poblacio-nales. Su condición de vulnerabilidad es el re-sultado de la acumulación de factores de ries-go en los niveles antes mencionados, y esta situación los coloca en una posición de mayor probabilidad de ser víctimas de la violencia di-recta (dado que la vulnerabilidad está asocia-da con el hecho de que ya son víctimas de una violencia estructural y/o simbólica) o de repro-ducir comportamientos violentos.

En el caso de Panamá, existe una preocupa-ción general que reconoce el riesgo social que afecta a la juventud. Sin embargo, es impor-tante señalar que hay factores y contextos que incrementan la vulnerabilidad y riesgo ante la violencia. Para efectos de este documento, se consideran grupos vulnerables a jóvenes indí-genas y afrodescendientes, mujeres jóvenes en

extrema pobreza, mujeres víctimas de la vio-lencia doméstica y/o sexual, jóvenes fuera del sistema educativo y desempleados, jóvenes migrantes en condiciones precarias, jóvenes con problemas de adicción, jóvenes en pandi-llas y migrantes en condiciones inestables. To-das son personas que debido a sus condiciones y situaciones particulares requieren interven-ciones focalizadas y específicas.

Jóvenes en situación de riesgo

Esta expresión se utiliza frecuentemente para referirse a aquellos grupos vulnerables que presentan inclinación a constituirse en victi-marios o entrar en conflicto con la ley penal. Los jóvenes en situación de riesgo son los que se encuentran o se involucran en situaciones que pueden afectar el desarrollo de su ciclo vital y comprometen aspectos de su desarro-llo psicosocial como, por ejemplo, comporta-mientos y actitudes antisociales, agresivos o autodestructivos.

Pandillas juveniles

Investigadores del fenómeno de las pandillas las caracterizan de diversas maneras. El enfo-que socioecológico considera que las pandillas son un producto de la desorganización de las zonas urbanas y, en determinados casos, una estructura que reemplaza parcialmente a ins-tituciones sociales como la familia e incluso


al Estado. Las teorías culturales califican a las pandillas juveniles como una subcultura que surge de las clases pobres urbanas. Las con-cepciones económicas las identifican como negocios informales vinculados al narcotrá-fico y al crimen organizado. Mientras que las concepciones psicológicas señalan que niños y jóvenes se integran a las pandillas para suplir necesidades en su proceso de maduración y formación de su identidad.14 Aunque cada en-foque se centra en una dimensión diferente de las pandillas juveniles, en la práctica no pue-den separarse fácilmente al comprender un fe-nómeno complejo o proponer soluciones para revertir los efectos negativos de este.

Desde la seguridad pública, en Panamá se sue-le equiparar pandilla y banda para hacer refe-rencia a una agrupación delictiva con una es-tructura jerárquica, territorial y encaminada a la violencia. No obstante, en las consultas con los y las jóvenes, la pandilla trasciende esta idea. La sociedad en su conjunto les presiona con expectativas de ingresos, vivencias y ex-periencias como a cualquier joven del mundo globalizado. Sin embargo, las condiciones de pobreza no permiten llenar estas expectati-vas. Para estos jóvenes, el espacio de la pandi-

14 Rodgers, D. (2003). Dying for It: Gangs, Vio-lence, and Social Change in Urban Nicaragua.Cri-sis States Programme (Working Paper 35). En http://www.crisisstates.com/download/wp/wp35.pdf

lla proporciona fuerza, poder, dinero, lideraz-go, normas, solidaridad, protección y recursos diversos. Con este término se alude también al lugar de refugio, de protección física, de configuración de la identidad, un bastión de pertenencia en tiempos de fuertes abandonos (del Estado de bienestar, de políticas, de ideo-logías). Por lo tanto, todas las teorías mencio-nadas anteriormente ofrecen elementos de análisis para construir propuestas de preven-ción en relación con los aspectos negativos y violentos de las pandillas juveniles.

Violencia doméstica

La legislación panameña, en la Ley 27 del 16 de junio de 1995, habla sobre violencia intrafami-liar y tipifica la conducta de agresión física o psicológica de un miembro de una familia ha-cia otro de sus miembros. La Ley 38 del 10 de julio de 2001 reforma y adiciona artículos al Có-digo Penal y Judicial sobre violencia doméstica y deroga artículos de la Ley 27 de 1995; susti-tuye el concepto violencia intrafamiliar por el de «violencia doméstica», la que define de la siguiente manera: «Patrón de conducta en el cual se emplea la fuerza física o la violencia se-xual o sicológica, la intimidación o la persecu-ción contra una persona por parte de su cón-yuge, excónyuge, familiares o parientes con quien (sic) cohabita o haya cohabitado, viva o haya vivido bajo el mismo techo o sostenga o haya sostenido una relación legalmente reco-

nocida, o con quien sostiene una relación con-sensual, o con una persona con quien se haya procreado un hijo o hija como mínimo, para causarle daño físico a su persona o a la perso-na de otro para causarle daño emocional».

Otra modificación importante estriba en que la Ley 38 establece en el artículo 1 que su obje-tivo es proteger de las diversas manifestacio-nes de violencia doméstica y del maltrato a los niños y los adolescentes, conforme a los prin-cipios de la Constitución, el Código de la Fami-lia y los tratados y convenios internacionales ratificados por Panamá.15

El Código Penal de la República de Panamá se-ñala en el título referente a violencia domés-tica: «Quien hostigue o agreda física, sicoló-gica o patrimonialmente a otro miembro de la familia será sancionado con prisión de dos a cuatro años o arresto de fines de semana y tratamiento terapéutico multidisciplinario en un centro de salud estatal o particular que cuente con atención especializada, siempre que la conducta no constituya delitos sancio-nados con pena mayor. En cualquiera de es-tos casos, la autoridad competente aplicará

15 Asamblea Nacional (2001). Ley Nº 38 del 10 de julio de 2001 (que reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones), Panamá. Y Staff, Mariblanca. Análisis de la Ley 38 sobre Violencia Doméstica.En <www.legalinfo-panama.com>

las medidas de protección correspondientes a favor de las víctimas».16

Este artículo se aplica a casos de matrimonio, unión de hecho, relación de pareja que no haya cumplido los 5 años, cuya intención de perma-nencia pueda acreditarse; parentesco cercano; personas que hayan procreado entre sí un hijo o hija, e hijos o hijas menores de edad no co-munes que convivan o no dentro de la familia.

Prevención de la violencia

La prevención de la violencia debe entenderse como el conjunto de medidas orientadas a im-pedir que ocurran hechos violentos, y si estos ocurren, evitar escaladas, reincidencias y efec-tos aún más nocivos, tanto para el individuo como para los grupos y colectividades.

Las condiciones de miseria, exclusión, inequi-dad, frustración y desesperación son elementos potenciales para el surgimiento de conflictos, actos violentos y hechos delictivos. En este sentido, la prevención busca crear las condicio-nes para minimizar lo más posible los factores de riesgo que están relacionados con el com-

16 Asamblea Nacional. Delitos contra el Orden Jurídico Familiar y el Estado Civil, capítulo 1, Violencia doméstica, en Código Penal de la República de Panamá. Adoptado por la Ley 14 de 2007, con las modificaciones y adiciones introducidas por la Ley 26 de 2008, la Ley S de 2009, la Ley 68 de 2009 y la Ley 14 de 2010.


portamiento violento, especialmente los que son fundamentalmente estructurales. Sin em-bargo, la prevención también tiene que abor-dar las realidades de grupos vulnerables que, de una u otra manera, ya han sido afectados por la violencia, de tal manera que ya han de-mostrado conductas agresivas o violentas (in-cluso autodestructivas) o son expuestos(as) a violencia como víctimas y testigos presenciales. Para el efecto, tales medidas se dirigen en par-ticular a grupos especialmente vulnerables a fin de impedir que ocurra una escalada de hechos violentos y, en el caso de que suceda, reparar los daños causados a la víctima, promover la rehabilitación del ofensor u ofensora y reducir las posibilidades de que vuelva a acontecer este tipo de hechos. Por ello se suele hablar de tres niveles de prevención que no son exclusivos, sino interrelacionados, a saber:

Prevención primaria

La prevención primaria se orienta a la reduc-ción de los factores de riesgo asociados con la violencia que aumentan las posibilidades de que una persona o grupo sea víctima o actúe violentamente, por ejemplo, en el hogar, es-cuela y comunidad. Se equipa a las personas con instrumentos de gestión de problemas y conflictos sin recurrir a la violencia. Pero, igualmente, se intenta reducir factores estruc-turales que aumentan el riesgo, como la de-serción escolar, el desempleo, el fácil acceso a

las armas de fuego y las drogas, la exclusión y marginación social, etc.

Prevención secundaria

Se focaliza en la atención a los grupos más vul-nerables de ser víctimas de violencia y a grupos especiales que ya manifiestan actitudes y com-portamientos agresivos y violentos. La preven-ción secundaria incluye, por ejemplo, progra-mas de atención para los adolescentes y jóvenes en situación de calle, jóvenes con problemas de adicciones, jóvenes víctimas de trata o de abu-sos sexuales, etc. Al mismo tiempo, se refiere a componentes de prevención de la violencia dentro de políticas públicas específicas dirigi-das a poblaciones vulnerables, como jóvenes con discapacidad o las adolescentes y mujeres jóvenes. También se incluyen programas para personas involucradas en pandillas o en agru-paciones violentas. La prevención secundaria no sustituye la necesidad de realizar acciones preventivas contempladas en el nivel primario.

Prevención terciaria

La prevención terciaria busca la rehabilitación e inserción social de personas que están en conflicto con la ley penal, así como la restau-ración del daño causado a las víctimas, e im-pide que vuelva a ocurrir este tipo de hechos (enfoque restaurativo). De igual manera en este nivel la prevención tiene que contemplar

la restitución de derechos y reinserción social con los mismos elementos que se encuentran en la prevención primaria, pero ya con mayor enfoque en las necesidades individualizadas de las personas que entraron en conflicto con la ley penal.

Es importante destacar que la división de estos niveles de prevención aporta a la organización de estrategias y acciones en políticas públi-cas. No obstante, en el terreno de acción, la población joven suele ser mezclada, y aun en los centros de privación de libertad es necesa-rio tomar en cuenta el incluir elementos de la prevención primaria en el marco del desarrollo integral de la persona joven.

Enfoque de género y visión integral

El enfoque de género es una categoría de aná-lisis que permite identificar los diferentes pa-peles y tareas que llevan a cabo los hombres y las mujeres en una sociedad, así como las asimetrías y las relaciones de poder e inequi-dades que existen entre hombres y mujeres. El enfoque de género ayuda a reconocer las cau-sas de las desigualdades entre estos, y permite identificar los mecanismos para superar estas desigualdades, ya que ubica la problemática, no en las mujeres o los hombres, sino en las relaciones socialmente construidas sobre el poder y la exclusión.

Según el Consejo Económico y Social de las Na-ciones Unidas, el enfoque de género debe ser considerado como eje transversal en todas las leyes, políticas y acciones del Estado. Se trata de un proceso de valoración de las implicacio-nes para hombres y mujeres en cualquier ac-ción planeada, incluyendo la legislación, polí-ticas y programas, en todas las áreas y niveles. Es una estrategia para hacer de las preocupa-ciones y experiencias, tanto de mujeres como de hombres, una dimensión integral del dise-ño, implementación, monitoreo y evaluación de políticas y programas en todas las esferas –política, económica y social–, de modo que ambos sexos se beneficien igualmente. El ob-jetivo último es alcanzar la equidad de género.

Usualmente, la violencia que afecta a las ado-lescentes y las jóvenes es poco visible en las estadísticas y en los estudios sobre el tema. Dada la situación de desventaja histórica que han sufrido las mujeres (lo que constituye en sí violencia), en las propuestas de solución al problema de la violencia se debe considerar la situación diferenciada de las mujeres y promo-ver programas específicos que respondan a sus necesidades y contextos particulares.

3534 / Estrategias y acciones para la prevención de la violencia relacionada con juventudes en Panamá

Enfoque de justicia restaurativa

La justicia restaurativa comprende un conjun-to de procesos para que las partes involucra-das en un conflicto busquen de manera con-sensuada una resolución no violenta y repara-dora de los daños causados a las víctimas y a las comunidades.

Los principales objetivos de la justicia restaura-tiva son: reparar el daño causado a la víctima, sea material, económico o moral; promover el reconocimiento, responsabilidad y reinserción del ofensor u ofensora; propiciar la participa-ción de la víctima y la comunidad en el proceso de resolución; restablecer las relaciones entre la víctima, el ofensor(a) y la comunidad; agili-zar la resolución del conflicto; prevenir futuros hechos violentos y/o la reincidencia delictiva; descongestionar el sistema de justicia penal, y promover la convivencia pacífica.

En Panamá, la justicia restaurativa ha sido en-focada primordialmente en la justicia penal y atendiendo a la normativa internacional al respecto, como lo que refieren los Principios Básicos sobre el Uso de Programas de Justicia Restaurativa de las Naciones Unidas, que seña-lan como proceso restaurativo «cualquier pro-ceso en el cual la víctima y el ofensor, y cuando es apropiado otras personas o miembros de sus comunidades afectadas por el conflicto,

participen juntos activamente en la resolu-ción de los problemas generados por el delito cometido, generalmente con la ayuda de un facilitador. Estos procesos pueden incluir me-diación, conciliación, conferencias y círculos de sentencia».17

17 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. Principios básicos sobre el uso de programas de justicia res-taurativa en materia criminal, 2002.

37

Contexto de la violencia que afecta a

la juventud en Panamá


En esta sección se presentan algunos datos orientadores sobre el contexto actual de los jóvenes y la violencia en Panamá. La dificultad de conseguir datos sobre la violencia en gene-ral, y el desagregado por edad, sexo, región y grupo étnico, se deben a una falta de sistemas unificados para información de este tipo y de criterios establecidos sobre indicadores en la materia. Al final de este documento se hacen varias recomendaciones, una de ellas guarda relación con la necesidad de mejorar los siste-mas para obtener mejor calidad de informa-ción para las políticas públicas.

Situación de juventudes y los factores sociales de riesgo

Según el Censo Nacional 2010, XI de Población y VII de Vivienda de Panamá, el total de la po-blación del país es de 3,405,813 habitantes, de los cuales 1,712,584 son hombres (H) y 1,693,229 son mujeres (M).

Del total de la población, el 24.8% (846,902) co-rresponde a jóvenes de 15 a 29 años de edad, de

los cuales 426,130 son hombres y 420,772 son mu-jeres. La población joven se concentra mayor-mente en las provincias de Panamá (438,661; H: 218,915 y M: 219,746), Chiriquí (100,385; H: 51,063 y M: 49,322) y Colón (63,959; H: 32,664 y M: 31,295).

Las cifras desagregadas acerca de la población de 15 a 29 años en relación con criterios de au-toidentificación étnica muestran un total de 108,837 personas (H: 54,452 y M: 54,385) de diferentes etnias indígenas, lo que representa el 12.8% de la población joven de Panamá. De igual manera, el grupo etario mencionado que se identifica como afrodescendiente está compuesto por 40,794 hombres y 37,142 muje-res, lo que da un total de 77,936, es decir, el 9.2% del total de la población joven del país.

En relación al estado civil, según el censo de 2010, en el rango de 15 a 29 años se cuenta con un total de 53,771 personas casadas (H: 19,9779 y M: 33,792) y 254,694 unidas (H: 104,823 y M: 149,871); separadas de matrimonio, 5,604; separadas de unión, 36,855, y 1,164 personas divorciadas.

Contexto de la violencia que afecta a la juventud en Panamá


de 15 a 19 años, 31.7% de las mujeres y 40.7% de los hombres han tenido su primera relación sexual antes de cumplir los 15 años de edad. Por otro lado, cerca del 45.4% de las mujeres de 25 a 49 y 73.0% de los hombres de 25 a 59 años están activos sexualmente a los 18 años, mientras que 9.6% de las mujeres y 27.3% de los hombres están activos sexualmente antes de los 15 años de edad. Las mujeres de 25 a 49 años que viven en áreas indígenas inician la ac-tividad sexual algo más de tres años antes que las mujeres que viven en áreas urbanas (15.6 años y 18.7 años, respectivamente).20

VIH-sida

El Ministerio de Salud (Minsa) señala a través del seguimiento de datos sobre VIH-sida, de 1984 a 2010, un total de 10,974 casos. La po-blación cuyo rango es de 0 a 29 años presenta 2,832 casos, de los cuales 1,901 son hombres y 931 son mujeres. La mayor recurrencia se pre-senta en el rango de edad de 20 a 24 años, con un total de 1,817 casos. Las formas de trans-misión en orden de prelación son: de carácter sexual 7,465 (5,672 casos en relaciones hete-rosexuales); sanguínea, 142, y perinatal, 339 casos de transmisión. Las estadísticas seña-lan un 67.4 % de letalidad respecto al total de casos.21

20 Ibid., p. 5.21 Ministerio de Salud. Informe acumulativo de la situ-ación de sida, años: 1984-2010, Dirección General de Salud Pública, Departamento de Epidemiología, Panamá, 2010.

En Panamá existen aproximadamente 35 ins-tituciones que proveen distintos servicios para las personas con VIH-sida: atención médica, psicológica, legal, pruebas de VIH, orientación y capacitación preferentemente.22 El Atlas de Desarrollo Humano y Objetivos del Milenio del PNUD-AECID, en relación al grupo de 15 a 24 años de edad, menciona que el 84.2% co-noce las formas de transmisión del VIH, pero en las comarcas indígenas este porcentaje es solamente del 35%, lo que evidencia un nivel de conocimiento mayor en las zonas con más alto nivel de vida y de mayor vulnerabilidad en las zonas pobres, rurales e indígenas.23

Consumo de alcohol y drogas

La Fiscalía de Drogas en Panamá señala que 3,140 jóvenes de 18 a 29 años de edad han sido investigados o investigadas por delitos rela-cionados con drogas. De estos, a 1,730 (M: 369 y H: 1,361) se les decretó detención.24 Sin em-bargo, el consumo y abuso de drogas y alcohol es fundamentalmente un problema de la sa-lud mental y física.

El consumo de drogas entre la población es-

22 Información vía Internet. Guías de servicios de orga-nizaciones sobre VIH-sida en Centroamérica-Panamá.23 PNUD-AECID. Atlas de Desarrollo Humano y Objeti-vos del Milenio-2010, Panamá, 2010, p. 63.24 Ministerio Público. Información periodo 2010 a junio de 2011. Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Re-lacionados con Drogas, Panamá, junio de 2011.

La población discapacitada de 15 a 29 años de edad está conformada por 13,723, es decir, el 1.6% del total de la población joven del país (H: 7,782 y M: 5,941). Las capacidades distintas según orden de prelación son: retraso mental (4,154 casos), deficiencia física (2,398 casos) y sordera (1,864 casos).

Salud

Salud sexual y reproductiva

El analfabetismo sexual es real. La falta de in-formación adecuada existe en todos los nive-les, incluso del personal docente, los padres y madres, hasta algunos profesionales de la sa-lud, así como la comunidad en general. Esta falta de información afecta la salud mental y física de los adolescentes y jóvenes en un con-texto de enorme influencia de los medios de comunicación, incluso la Internet, en lo que respecta a la exaltación, banalización y degra-dación de la sexualidad, en la erotización de la vida y en la promoción del consumismo sexual. La promoción mediática del sexo y consumo es rentable en la sociedad, tanto con adolescen-tes como con las personas adultas, aunque en la población joven los resultados son acciones violatorias a los derechos que les competen.

El Índice Global de Género reconoce: «[…] a mayor natalidad adolescente existen mayo-res niveles de mortalidad infantil y materna,

lo que puede ser indicativo de mayores ries-gos de salud y vulnerabilidad en las madres jóvenes que se traducen en riesgos para ellas y sus hijos, lo que nos orienta sobre la relevan-cia de la educación sexual y reproductiva en la adolescencia».18 Sin olvidar que la salud repro-ductiva es una medida de equidad, por lo que su desconocimiento afecta tal equidad.

Los nacimientos en adolescentes son más ele-vados en la comarca Emberá (43.6%) y más bajos en la provincia de Veraguas (10.0%). En-tre las mujeres con bajo o nulo nivel educativo académico se presenta un mayor porcentaje de nacimientos antes de los 20 años, en com-paración con las mujeres con algún grado de educación superior (43.7% y 11.1 %, respecti-vamente). Los alumbramientos entre las ado-lescentes decrecen también con el incremento del ingreso familiar mensual; 27% de las muje-res de 15 a 19 años, en los hogares con los me-nores ingresos mensuales, han iniciado la ma-ternidad, en comparación con el 1.0% en los hogares de mayores ingresos. Los partos entre adolescentes son más frecuentes en áreas in-dígenas (32.4%), seguidas por las áreas rurales (24%), y menores en las áreas urbanas (16%).19

Los hombres, por su parte, se inician en la acti-vidad sexual antes que las mujeres. En el grupo

18 Instituto Conmemorativo Gorgas y UNFPA. Encues-ta Nacional de Salud Sexual y Reproductiva de Panamá (Enasser), Panamá: 2009, p. 3.,19 Ibid., p. 4.


causas básicas de la discriminación por motivo de género y los estereotipos de las funciones de género en el ámbito de la educación […], analizar las principales causas de los embara-zos precoces en el país y que ejecute progra-mas o planes para la continuación de la educa-ción de las niñas que quedan embarazadas».27

Según el informe de la Fundación Ebert28 sobre factores generadores de violencia, entre 2003 y 2007, cerca de 35,000 estudiantes dejaron de asistir a colegios oficiales (premedia y media), sin terminar sus cursos (mal llamada deserción escolar). La mayoría lo hizo antes de terminar el noveno año (premedia). En varios estudios sobre la situación escolar en Panamá, los re-sultados muestran niños y niñas que asistieron alguna vez a la escuela pero que no retorna-ron, que el fracaso escolar como la sobreedad coadyuvaron a tener que trabajar o a estar en la calle con el riesgo de caer en las drogas o la prostitución, robos, etc. La sobrevivencia fami-liar obligó a no poder ocuparse de la escuela adecuadamente, que la escuela, la educación, fue una ilusión familiar que se frustra cuando el niño o la niña dicen «no quiero estudiar».

27 CLADEM. Jurisprudencia sobre los Derechos Hu-manos de las Mujeres-Panamá. Comités Monitores de Derechos Humanos de Naciones Unidas-Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Panamá, 2010, p. 33.28 Toro, Danilo. Op. cit., p. 26.

Empleo juvenil

Es un objetivo digno para el desarrollo de un país facilitarles a los jóvenes estudiar hasta niveles superiores técnicos o universitarios sin tener que preocuparse por la generación de ingresos hasta que hayan cumplido los 24 años. En la actualidad panameña esto no es factible para la mayoría de jóvenes y, por lo tanto, el empleo es un asunto de suma impor-tancia para ellos. Los adolescentes que traba-jan entran en la categoría del trabajo infantil, e interrumpen o no terminan sus estudios. Los jóvenes mayores de edad sufren más altos ni-veles de desempleo, y cuando encuentran em-pleo son desproporcionalmente expuestos a trabajos precarios en el sector informal, son subcontratados o se emplean de manera tem-poral.

La Encuesta de Hogares, para el segmento de 15 a 29 años de edad (856,251 jóvenes), indicó que la población económicamente activa (PEA) la constituyen 473,925 personas, es decir, el 55.3% de la población total de dicho rango. La población ocupada corresponde a 421,453, de la cual el 34.6% son hombres y el 20.7% muje-res. La prevalencia, según el número de traba-jos, recae en primer lugar en trabajadores no calificados de los servicios, la minería, la cons-trucción, la industria manufacturera, el trans-porte y otras ocupaciones elementales. En segundo lugar, trabajadores de los servicios y

tudiantil es alto. El Diario La Prensa señalaba que según el informe comparativo entre sie-te países que analizó la Comisión Interame-ricana para el Control del Abuso de Drogas, Panamá ocupa el segundo lugar en consumo de drogas entre adolescentes, solo por deba-jo de Uruguay. De acuerdo con el estudio, las drogas se venden a bajo precio en Panamá y esto crea más adicción. Además, señala que el 15% de los adolescentes panameños de entre 12 y 17 años consumió drogas como la cocaína, crac (cocaína en piedra), marihuana, éxtasis y solventes, entre otros, al menos una vez en su vida.25

Acceso a la educación y ruptura/deserción escolar

«Está demostrado que este es el principal fac-tor de riesgo que favorece la actividad violenta entre los adolescentes y jóvenes con edades entre los 12 y 19 años. Entre esas edades, cada caso de ruptura escolar es una trágica entre-ga a las puertas de la violencia que afecta a la sociedad».26

25 Fascetto, Santiago. «Drogas invaden vida de jóvenes», en La Prensa, Panamá, miércoles 3 de enero de 2007. 26 Toro, Danilo. Caracterización de factores generadores de violencia en Panamá, Fundación Friedrich Ebert, Rep-resentación Panamá, 2010.

Al mencionar algunos datos sobre la educación en Panamá, el Atlas del PNUD-AECID señala que existen grupos de alta prioridad, como los jóvenes de 15 a 24 años, que no saben leer ni escribir. Se cree que estos representan cerca de un 3% a nivel nacional. Las áreas con ma-yor analfabetismo son las comarcas indígenas (20%). Asimismo, indica que la población de 6 a 24 años acumula una inasistencia del 68% en la provincia de Bocas del Toro y las comar-cas indígenas. Si bien en el país el promedio de años de estudio es de 9.3, las provincias de Bocas del Toro y Darién, así como las comar-cas indígenas, presentan un nivel más bajo del mínimo esperado, que es de 7 años. Si agrega-mos a ello la diferencia de sexo, tenemos que el absentismo de niñas en la escuela primaria y secundaria es mucho mayor que en los niños, lo que priva a familias enteras, comunidades y economías de los efectos multiplicadores positivos que genera la educación en las ni-ñas, lo cual agrava, en cambio, la pobreza, la expansión del sida y la mortalidad materna e infantil.

El Informe de Cladem Panamá señala la situa-ción de las mujeres, en particular jóvenes, e insta al Estado a «que redoble sus esfuerzos para erradicar el analfabetismo, en particular entre las mujeres de las zonas rurales que ha-blan idiomas indígenas, teniendo en cuenta el plurilingüismo del país. También […] que adop-te medidas y realice estudios para abordar las


También supone la migración de las niñas y adolescentes a diferentes provincias como tra-bajadoras domésticas.

Para el caso particular de Darién, provincia fronteriza con Colombia, la migración de nacio-nales, pero especialmente de extranjeros(as), supone mucha inseguridad debido al tipo de actividad que realizan y la casi nula institucio-nalidad en la provincia que brinde los servicios de protección y atención requeridos tanto por los darienitas como por la población migran-te. Según la ponencia presentada por la Aso-ciación de Profesionales de Darién para el De-sarrollo Integral y Sostenible (Aprodiso) en el Foro de Seguridad sobre Darién, «El narcotrá-fico, la guerrilla y los traficantes de personas que provienen de África, Asia y Suramérica se han tomado Darién, con un creciente involu-cramiento de la población local y nacional».33 Aprodiso recomendó «programas de preven-ción y atención a jóvenes, que son los más vul-nerables a involucrarse en actividades ilícitas como el narcotráfico, redes de suministro a la guerrilla, asesinatos e incluso su inserción a las filas de las FARC».34 De igual manera, es impor-tante señalar que la migración en condiciones precarias está estrechamente vinculada con el

33 Competitividad Ejecutiva-APEDE. Radiografía de Darién (Resultados del Foro sobre Seguridad Ciudadana y Gobernabilidad en la provincia de Darién y la comarca Emberá-Wounaan), volumen 5, número 19, mayo de 2011, p. 21.34 Ibid. p. 22.

fenómeno de la explotación sexual comercial y la trata de personas, especialmente mujeres jóvenes. La prevención de la violencia entre jó-venes migrantes tiene que abordar tanto las causas de la migración como los efectos de haber sido víctima de la explotación y/o trata.

Participación ciudadana

La participación en espacios sociales y políticos es una importante experiencia en las etapas de adolescencia y juventud. La falta de oportuni-dades de participación para jóvenes en proce-so de toma de decisión sobre aquello que les interesa y/o afecta directamente contribuye a una exclusión que disminuye el sentido de res-ponsabilidad social y política.

El 61% de jóvenes entrevistados(as) en la En-cuesta de Percepción, solicitada por el Progra-ma Alcance Positivo, de la USAID, realizada en los distritos de mayor riesgo social, aseguró sentir que no son tomados(as) en cuenta. El 90% no identificó organizaciones que les ayu-den a planificar su futuro, y fue la Iglesia, como institución, la que contó con un 32% de reco-nocimiento; la escuela, por su parte, solamen-te fue mencionada por un 6%. Por otra parte, el 59% de las personas adultas entrevistadas ratificó que no toman en cuenta la opinión de la población joven.

vendedores de comercio y mercados. En tercer lugar, artesanos y trabajadores de la minería, la construcción, la industria manufacturera, la mecánica y ocupaciones afines.29

En el caso de la población ocupada, la Encues-ta de Trabajo Infantil 201030 señala la existen-cia de 60,702 menores de 5 a 17 años de edad que representan un 7.7% del total. Para este grupo se indica que de los niños de 5 a 9 años asiste a clases el 89.5%; de los que tienen 10 a 14 años asiste el 83.8%, y del grupo de 15 a 17 años asiste el 59%, por lo que este último es el de porcentaje más alto de inasistencia escolar.

Los jóvenes sostienen que detrás del problema estructural que provoca el desempleo existe una fuerte y solapada discriminación racial, étnica y de clase. «Nos ven como una cucara-cha». «Por eso hay que hacer como Michael Jackson, ponerse blanco». «Yo no nací para cargar bultos… me quedo desempleado… por algo estoy estudiando». «[…] no nos creen ca-paces de hacer trabajos de mayor envergadu-ra, o bien, somos descalificadas solamente por ser colonenses».31

29 Los datos han sido proporcionados por el Depar-tamento de Investigaciones de Empleo, del Mitradel, con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de la Contraloría General de la República, 2011.30 Contraloría General de la República de Panamá, Op. cit., 2010.31 Torrero, Alina y Clara de Souza. Plan estratégico de Colón, pp. 19-21.

Migración

El Censo Nacional de 2010 indica un total de 64,931 migrantes interprovinciales, de los cua-les un 38.1% (24,780) son de origen extranjero. La población menor de 10 a 29 años de edad suma un total de 29,644, lo que representa el 45.6% de la población total migrante. Los hombres son 16,002 y las mujeres, 13,662.

En el período de 2000 a 2010, la migración ha-cia otros países fue de 15,991 personas en to-tal, de las cuales eran mujeres 8,731, mientras que los hombres sumaron 7,260. Es importan-te señalar que del total de personas que han emigrado, la población menor de 15 a 34 años constituye un 73.5% (11,758). América del Nor-te es el área de preferencia a la cual ha migra-do un total de 9,178 personas, entre quienes 8,317 (90.6%) lo han hecho específicamente a Estados Unidos.32

En el caso de las poblaciones indígenas, las mi-graciones suelen ser transitorias a otras regio-nes del país o a Costa Rica para temporadas de cosechas específicas. La mayoría de las veces se traslada toda la familia, lo que limita que los niños y las niñas continúen su periodo es-colar.

32 Centro de Estadística y Censo de la Contraloría Gen-eral de la República. Censos Nacionales 2010, XI de Po-blación y VII de Vivienda, Panamá, 2010.


generar una reacción adecuada y técnicamen-te sustentada de parte de los gobiernos nacio-nales. Lamentablemente, esta mirada, que se enfoca en el infractor o infractora, suele apa-recer como simplista; no se centra en las cau-sas que llevaron a la persona a tan temprana edad a cometer el delito –ni las individuales ni las estructurales–.

De esa cuenta, el debate –alimentado por un quehacer sensacionalista de los medios de comunicación– se ha centrado en analizar el fenómeno de la violencia y la delincuencia ju-venil desde la exclusiva óptica de seguridad, sin considerar que este es un fenómeno social. Por ello, no extraña que se alcen las voces que buscan la reducción de la edad de imputabili-dad penal, el aumento de penas, la privación de libertad, la represión y el control. No obs-tante, el hecho de que los jóvenes también representan una población que sufre mayores niveles de victimización de la violencia de-lictiva no ha sido abordado en los medios de comunicación con la misma urgencia, ni se ha visto el mismo compromiso de la sociedad y el Estado para encontrar verdaderas solucio-nes preventivas; este hecho tiende a etiquetar a las y los jóvenes como violentos, sin dimen-sionar el impacto de haber sido víctimas de muchas formas de violencia.

Además, percepciones superficiales y corto-placistas acerca del fenómeno de la violencia

asociada con juventudes se encuentran en la base de acciones que atentan claramente contra los derechos humanos. Se desperdicia la oportunidad de prevenir la violencia si ob-nubilan la visión fenómenos estructurales de exclusión y marginación política, económica, social y cultural que aún perviven y favorecen situaciones de crisis en el país. Tómense en cuenta los graves niveles de inequidad econó-mica y desigualdad que se viven en Panamá, país que ha demostrado experimentar uno de los más fuertes crecimientos económicos en la región latinoamericana, motivo por el cual el estado de pobreza y pobreza extrema que actualmente se vive en vastos sectores de la población resulta paradójico. En efecto, el Informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de 2009 consignaba que el 20% de la población más pobre recibía solamente el 1.9% del ingreso total; mientras que el 20% más rico recibía el 61.2% de este.

Esta realidad, que excluye y margina, cons-tituye en sí una forma de violencia (violencia estructural), no solo es responsable de nu-merosas muertes debidas al hambre y la fal-ta de condiciones salubres, por ejemplo, sino que también se constituye en fuente de otras formas de violencia directa que aquejan coti-dianamente a las personas y las coloca en una creciente inseguridad.

Deporte, arte y cultura

El acceso a espacios y oportunidades de recrea-ción sana, el deporte, expresiones artísticas y culturales, es clave para el desarrollo sano de adolescentes y jóvenes. Sin embargo, la ma-yoría de ellos no disfruta de estos, y quienes sí tienen acceso lo hacen por medio de recursos propios. Las estadísticas acerca de este tema son escasas, por el mismo hecho de que no han sido una prioridad en la agenda pública.

Un ejemplo concreto es el Diagnóstico del Municipio de San Miguelito de 2010,35 que indi-ca que en el distrito «funcionan al menos 15 escuelas de fútbol, con categorías de sub-9 a sub-17, al menos 10 escuelas de béisbol con sus distintas categorías, una escuela de voleibol […], una escuela de ajedrez […] y una escuela de atletismo […]». Empero, la participación de chicas y chicos no está exenta de situaciones de riesgo, ya que esos espacios son a menu-do territorios de pandillas, hay en ellos venta y consumo de drogas y uso ilegal de armas. A esto se suma la violencia entre las barras de-portivas, muchas veces alcoholizadas, lo que también lleva a enfrentamientos y disputas.

Prácticamente no existen espacios de diver-sión, de expresión artística, para actividades

35 Quiroz, Alfonso. Diagnóstico del Municipio de San Miguelito, Provincia de Panamá. Programa Alcance Posi-tivo-USAID, Panamá, 2010, pp. 37-38.

creativas, de convivencia de jóvenes ni par-ques para practicar libremente deporte y ha-cer ejercicio. Los ámbitos se reducen a sus pro-pios territorios, a la escuela –que ha perdido su atractivo aun como lugar de contención–, a los malls o centros comerciales, donde ado-lescentes y jóvenes dan vueltas y vueltas de un lado a otro para satisfacer expectativas sin fin que no están a su alcance.

La situación de violencia que afecta a adolescentes y jóvenes panameños

Los jóvenes y las jóvenes experimentan la violencia como víctimas, testigos y victima-rios. Los datos sobre estas experiencias, tanto cuantitativos como cualitativos, son escasos o no están bien sistematizados. Sin embargo, el proceso de consulta juvenil revela una enorme preocupación, con tendencia a ver a las juven-tudes únicamente desde la identidad de vic-timarios, además de la falta de atención que perciben en cuanto al impacto que les causa ser tanto víctimas como testigos de múltiples manifestaciones de la violencia.

Los delitos cometidos por la población joven conmueven en gran manera a la ciudadanía. Es un hecho que algunos y algunas adolescentes, incluso muy jóvenes y más allá de su condición socioeconómica, han sido capaces de cometer delitos muy graves, y también que ello debe


HOMICIDIOS REGISTRADOS EN LA REPÚBLICA DE PANAMÁ POR SEXO, SEGÚN EDAD DE VÍCTIMAS

2008 2009 2010

F M Total F M Total F M Total

15-17 años 2 40 42 4 52 56 1 55 56

18-19 años 4 43 47 2 59 61 3 48 51

20-24 años 10 108 118 10 138 148 8 106 114

25-29 años 2 78 80 4 105 109 12 100 113

Total entre 15-29 años 18 269 287 20 354 374 24 309 334

Total de víctimas de todas edades 52 602 654 71 747 818 54 646 707

Porcentaje de víctimas entre 15-29 años 34.6 44.7 43.9 28.1 47.3 45.7 44.4 47.8 47.2

Fuente: Estadísticas reportadas por el Observatorio de Seguridad Ciudadana en Histórico de la Seguridad Ciudadana en Panamá 2005-2009 y Segundo Informe de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana en Panamá. Elabo-ración propia.

Homicidios

Los homicidios representan la violencia directa en su manifestación más extrema. De igual for-ma, las tasas de homicidio son uno de los indi-cadores más frecuentemente manejados para fines de comparación entre países en temas de seguridad. A diferencia de otros tipos de vio-lencia mencionados, se cuenta con una mayor cantidad de datos concretos sobre número y características de las víctimas de este tipo de crimen. Sin embargo, no pudimos comprobar con certeza las tasas de condena por el delito

de homicidio para los fines de presentación de estadísticas desagregadas de personas que lo han cometido. Se reconoce que no es el único indicador de la violencia en el país, y podría decirse que ha sido sobredimensionado como indicador de efectividad de políticas de segu-ridad o prevención de la violencia. Empero, la gravedad del hecho obliga a dar una respues-ta contundente y efectiva para avanzar en la consolidación de la seguridad democrática, de acuerdo con un análisis profundo de las causas y los factores relacionados con el fenómeno.

Fácil acceso a las armas de fuego

El fácil acceso a las armas de fuego es un fac-tor de riesgo asociado con mayores niveles de homicidios, pero no necesariamente con ma-yores niveles de violencia; es decir, el acceso a las armas aumenta la posibilidad de que una acción violenta derive en una fatalidad.

En lo que se refiere al acceso a las armas, el Informe Sobre Desarrollo Humano para Améri-ca Central 2009 - 2010 indica que en América Central circulan casi tres millones de armas de fuego y que dos de cada tres de ellas serían ilegales. Guatemala, Honduras y El Salvador serían los países con mayor número de armas, especialmente ilegales. Lo contrario sucede-ría en Belice, Panamá, Nicaragua y Costa Rica –donde, además, el número de armas legales superaría al de las no registradas–.36 La tasa de homicidios en 2008 fue de 19 por cada 100 mil habitantes, y arriba de los 13 por 100 mil en el año anterior. Entre 2007 y 2009 aumentó el número de homicidios cometidos con arma de fuego, de 289, en 2007, hasta 616 en 2009.

36 PNUD. Informe sobre desarrollo humano para Améri-ca Central 2009-2010, p. 169.

Porcentaje de homicidios cometidos con arma de fuego

Año 2005 2006 2007 2008 2009

Porcentaje 58.8 69.7 65.1 79.4 81.5

Fuente: Observatorio de Seguridad Ciudada-na, Histórico de la Seguridad Ciudadana en Pa-namá 2005-2009.

Las jóvenes mujeres detenidas por portar ar-mas ilegales suelen ser utilizadas por sus pro-pias parejas como portadoras de armas sin permiso. Algunas lo hacen para apoyar a sus compañeros, otras aducen que sus parejas se las colocan muchas veces sin que ellas estén conscientes de qué les dan a guardar, y es a ellas a quienes atrapan, por lo que las dejan en los centros de reclusión a cumplir las penas de los hombres con los que sostienen alguna rela-ción de parentesco o amorosa.37

Problemática penitenciaria

Según informe del Instituto de Estudios Inter-disciplinarios (IEI), del Ministerio de Gobierno, para 2010, de los adolescentes de ambos sexos privados de libertad había 451 en custodia y 207 en cumplimiento. Para albergar a estos(as)

37 Entrevistas con el fiscal de Drogas Javier Caravallo, la jueza de Cumplimiento Mariaelena García Mayorga, y David Arosemena, exdirector del Centro de Custodia Arco Iris.


jóvenes existen 6 centros de custodia, de los cuales uno es para mujeres y los restantes para hombres. Dichos espacios han sido su-mamente criticados en los medios de comu-nicación y por los organismos de derechos humanos en el país. Se ha mencionado que dos de ellos –el Centro de Custodia Arco Iris y el Centro de Custodia de Tocumen– presen-tan condiciones de hacinamiento extremas: si bien estos tenían una capacidad promedio de 75 personas, había en ellos de 136 a 138 perso-nas, lo que duplica su capacidad.

En el Centro de Custodia Arco Iris hay al mo-mento 114 jóvenes varones de entre 15 y 21 años, de los cuales 63 se hallan recluidos por robo o intento de robo, 40 por homicidio o tentativa, o relacionado además con violación y robo; además, 10 por delitos contra la seguri-dad colectiva y un recién ingresado.38

En estos centros, las personas son agrupadas por pandillas o según los barrios a los que per-tenecen. Esto se hace con el ánimo de que no se enfrenten unas a otras, lo que, empero, causa un efecto búmeran, ya que allí tienen tiempo para estrechar sus lazos territoriales, aun des-de dentro de los centros de reclusión. Además, dadas las condiciones por las que transitan en los centros y cárceles, la pertenencia a un grupo permite la posibilidad de sobrevivir en un espa-

38 Centro de Custodia Arco Iris. Información estadística a octubre de 2011, Panamá, 2011.

cio de tensión y lucha constantes. De ahí que el proceso de comenzar a establecer relaciones no violentas no se practique dentro de estos espacios, por el contrario, se refuerza la territo-rialidad y se posterga la posibilidad de diálogo, respeto y tolerancia de unos para con otros.

Violencia doméstica39

Existe consenso en que la cifra negra de víc-timas directas e indirectas (testigos) de la violencia doméstica es muy significativa. Con todo, tenemos algunos indicadores de los ni-veles de violencia que afectan a los adolescen-tes y jóvenes panameños de ambos sexos. El informe proporcionado por el Minsa apunta que para el año 2010, en el rango de 0 a 51 años y más, hubo 1,838 casos de víctimas de sospecha de violencia intrafamiliar y maltrato al menor (H: 327 y M: 1,511), lo que representa el mayor número de víctimas. En los rangos de 20 a 49 años y de 0 a 19 años fueron registra-dos 508 casos. Las agresiones más frecuentes se deben a violencia física (1,419 casos) y psico-lógica (1,220).

En cuanto a los agresores en casos de violencia intrafamiliar y maltrato al menor hubo mayor prevalencia de hombres (1,395) que de mujeres (246) y no identificados (195). El nivel más alto

39 Ministerio de Salud. Informe de sospecha de violencia intrafamiliar y maltrato al menor, registro anual, Panamá, 2010.

de casos se registra en el rango de 29 a 49 años de edad (1,297), y la relación con la víctima es de cónyuges (986), excónyuges (128), padres (77), padres y madres (61 casos). Como antece-dentes de las personas agresoras sobresalen el maltrato (848), el consumo de alcohol (832) y de drogas (240).

Prejuicios y estigmas contra la cultura juvenil

Suele hablarse del o la joven como un sujeto en formación, en transición, aún no dueño de reacciones y emociones, débil, indeciso(a), inexperto(a), presa fácil de tentaciones y fla-quezas, de moralidad incierta, que necesita tu-toría y orientación sin reconocer las capacida-des y potencialidades de las personas en este grupo etario. Cuando se trata de adolescentes o jóvenes de comunidades con altos índices de violencia, son vistos con rechazo y miedo que nacen de la percepción generalizada de que los y las jóvenes son responsables de la mayoría de la criminalidad.

La sensación de no valer, de que no hay com-promisos con ellos o ellas, de que no existen, está presente en gran parte de la juventud pa-nameña. Sus conductas encierran un reclamo social evidente, y pareciera que la generación adulta no ha prestado la debida atención a ello.

Por estas razones, las manifestaciones cul-turales de los jóvenes desafían a menudo los modelos dominantes de la cultura de los adultos, y son vistas con hostilidad, lo cual provoca reacciones de violencia en su contra, como cuando sus expresiones culturales son rechazadas con burlas o al ser excluidos de algún espacio debido a un estilo particular de vestir, hablar y actuar que genera malestar en la cultura dominante. Los jóvenes son discri-minados y víctimas de abusos por su sola apa-riencia o características culturales, además de ser tildados(as) de «peligrosos», «maleantes» o «racatacas»,40 de manera personal y en los medios de comunicación.

Discriminación y racismo

La discriminación racial y el racismo están ge-neralizados en todo el país, así como entre las etnias. Los estereotipos que relacionan el co-lor de la piel de una persona y le otorgan un significado en cuanto a su carácter permean en la sociedad. El poder, en la mayoría de sus aspectos, es representado por personas de piel blanca. La estética, fenómeno totalmente cul-tural, es definida y caracterizada por las per-sonas de piel clara. La percepción generalizada es que los puestos de representatividad, desde los más simples, como el de una recepcionista, se reservan para personas de piel clara como

40 En Panamá: maleante notorio, persona de barrios bajos, pobre con falta de elegancia


mínimo; mientras que, en contraposición, los trabajos menos remunerados, con poca valo-ración social y con un mínimo de representa-ción positiva, son ejecutados por personas de piel oscura y/o indígenas.

En la provincia de Colón, por ejemplo, las per-sonas expresan preocupación y desilusión fren-te a la desigualdad de oportunidades, a pesar de los claros e importantes polos de desarrollo que hay en este territorio. Hay una tendencia a creer que el colonense es flojo, irresponsable y desobligado. El concepto de «maleantes» como el de «flojos» pareciera sustentarse en el color oscuro de la piel, la forma de expresar-se y de vestir de algunos grupos, especialmen-te de la gente joven.

Las personas de piel negra son el grupo mi-noritario más grande en Panamá. En general, están marginados y experimentan un trato desigual en muchos aspectos de la sociedad panameña. Permanecen agrupados en las pro-vincias que visiblemente carecen de servicios públicos básicos (educación de calidad, aten-ción de la salud, vivienda, espacios limpios y salubres, etc.) y en los barrios más pobres de la urbe. Esta discriminación social agudiza las desigualdades económicas, nubla la visión de la raíz del conflicto y lo adjudica a las desigual-dades culturales de negros pobres y mestizos pobres de piel más clara. Asimismo, refuerza simbólicamente el poder, la inteligencia, la be-

lleza, cualificación y capacidad de trabajo de las personas blancas y de las personas mesti-zas pobres pero de piel clara, y refuerza tam-bién el estigma general del crimen y la delin-cuencia como características de los residentes de los barrios pobres en los que residen negros panameños o de otras nacionalidades.

Para las mujeres, la situación se plantea un poco más grave: tienen salarios más bajos, peores condiciones laborales, son segregadas según trabajos tradicionales sexualmente de-finidos y se les exige, para ciertos puestos, tener «un buen cuerpo/no tener el busto ni las ca-deras grandes propios de su fenotipo/y cabe-llo lacio». Además, debido a las situaciones de agresión padecidas, tienen una pobre valora-ción de sí mismas.41

41 Torrero, Alina y Clara De Souza (2009). Plan Estra-tégico de Colón, Fondo Hispano Panameño-AECID, Pan-amá.

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cación incluye a los países que conforman la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Es un acuerdo de carácter vinculante que com-promete a los Estados miembros a garantizar a las personas jóvenes de entre 15 y 24 años de edad, sin discriminación alguna, el cumpli-miento de los derechos humanos recogidos en el documento. Panamá no ha ratificado esta Convención; sin embargo, es referente para la creación de políticas públicas en la región.

Reglas Mínimas de Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores (Reglas de Beijing)

Las orientaciones fundamentales de tales re-glas promueven el bienestar de los menores en la mayor medida posible, con el fin de reducir al mínimo el número de casos en que interven-ga el sistema de justicia de menores. Hace én-fasis en el papel que una política social cons-tructiva puede jugar, entre otras cosas, en la prevención del delito y la delincuencia juvenil.

La legislación internacional,42 de la que Pana-má es signataria y utiliza para reconocer los derechos que asisten a la juventud en general y a los jóvenes en conflicto con la ley en parti-cular, es la siguiente:

Convención de los Derechos del Niño (CDN; Naciones Unidas)

Esta Convención define como niño o niña a todo ser humano menor de 18 años de edad. Reconoce que en todas las medidas concer-nientes a los niños y las niñas que las institu-ciones públicas o privadas adopten primará el interés superior del niño y la niña como sujetos de derechos.

Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes

Tratado internacional de derechos humanos firmado el 11 de octubre de 2005 en la ciudad española de Badajoz, y cuyo alcance de apli-

42 Naciones Unidas. Derechos Humanos. Recopilación de instrumentos internacionales, Vol. I (segunda parte), Instrumentos de carácter universal, Nueva York y Gine-bra, 2002.


mica, social, cultural, civil o en cualquier otra esfera».43

Además de las normativas relativas a la discri-minación, las hay que abordan directamente la eliminación de violencia contra la mujer.

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (Naciones Unidas, 1993)

Al tratarse de una declaración y no de una con-vención, esta normativa no se considera vincu-lante. En ella se reconoce la violencia contra la mujer como un grave atentado contra los de-rechos humanos e «insta a que se hagan todos los esfuerzos posibles para que sea [la declara-ción] universalmente conocida y respetada».

Se define en esta Declaración el concepto de violencia contra la mujer «como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo fe-menino que tenga o pueda tener como resul-tado un daño o sufrimiento físico, sexual o psi-cológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbi-traria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la vida privada».

43 Las interpolaciones son del editor

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (OEA, Belém do Pará, 1994)

Esta Convención interamericana, conocida como Belém do Pará (sitio de su adopción en 1994), establece el derecho de las mujeres a vi-vir una vida libre de violencia, y pone en relieve que la violencia contra las mujeres es una vio-lación de los derechos humanos y de las liber-tades fundamentales.

Esta Convención desarrolla mecanismos de protección y de defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como en el privado, y su rei-vindicación dentro de la sociedad.

Normas y políticas nacionales

Código de la Familia y el Menor (Ley 3 del 17 de mayo de 1994)

Desarrolla políticas sociales de prevención, protección y promoción del bienestar general de los niños, las niñas y la juventud. Recono-ce que todos los menores de edad, sin impor-tar su sexo, son sujetos de derechos. Y señala explícitamente la obligatoriedad del Estado de desarrollar programas oficiales y cursos obliga-torios de educación familiar y sexual, así como

Reglas de Naciones Unidas para la Protección de los Menores Privados de Libertad

Atendiendo al artículo 3, estas reglas consti-tuyen las normas mínimas para la protección de los menores privados de libertad, de ambos sexos, en todas sus formas, compatibles con los derechos humanos y las libertades funda-mentales, con miras a contrarrestar los efec-tos perjudiciales de todo tipo de detención y a fomentar la integración en la sociedad.

Directrices de Naciones Unidas para la Prevención de la Delincuencia Juvenil (Directrices de Riad)

Destacan el carácter de sujeto de las personas jóvenes. Hacen un llamado a los Estados a la creación de planes de prevención, de funcio-nes claras para las instituciones involucradas en la prevención, contar con personal espe-cializado en todos los niveles, mecanismos de coordinación interinstitucional, participación comunitaria, de la empresa privada, y la parti-cipación preponderante de los y las jóvenes en el diseño e implementación de las políticas de prevención de la delincuencia juvenil.

Con relación a la discriminación racial, sin im-portar la edad, es relevante la siguiente con-vención:

Convención Internacional sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Racial (Naciones Unidas, 1965)

Esta convención define el concepto de «discri-minación racial» adoptando un criterio am-plio que alcanza a diferentes formas en que se manifiesta la discriminación en restricciones o preferencias, ya sea por motivo de «raza, co-lor, linaje u origen nacional o étnico». La con-vención aclara que la misma no prohíbe tomar medidas de discriminación positiva.

Además, son relevantes las siguientes con-venciones relacionadas a las mujeres de cual-quier edad:

Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés (Naciones Unidas, 1979)

En su artículo 1, la CEDAW define la discrimi-nación contra la mujer de la siguiente forma: «Cualquier distinción, exclusión o restricción hecha [con] base [en el] sexo, que tenga el efecto o propósito de disminuir o nulificar el reconocimiento, goce y ejercicio por parte de las mujeres, independientemente de su estado civil, sobre la base de igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, econó-


Política Criminológica de Estado

En la administración del presidente Martín To-rrijos, con fecha 7 de junio de 2006, el manda-tario aprobó el Decreto Ejecutivo Nº 260, que adopta la Política Criminológica de Estado pre-sentada al Órgano Ejecutivo por la Comisión del Estado por la Justicia. Dicha Política esta-blece los siguientes principios rectores: el de la Prevención, el de Seguridad Ciudadana, el de los Derechos Humanos, el de Justicia Social, el de Desarrollo Humano Sostenible, el de Par-ticipación Ciudadana y el principio rector de Educación para una Cultura de Paz. Propone, asimismo, la constitución de un ente rector compuesto por especialistas, responsable de liderar la implementación de tal política.

Programa de Seguridad Integral (Prosi)

La administración del presidente Torrijos crea también el Programa de Seguridad Integral (Prosi), primero a través del Ministerio de Go-bierno, actualmente a través del Ministerio de Seguridad Pública, el cual inicia sus actividades el 13 de septiembre de 2006 sobre la base de un contrato de préstamo entre la República de Panamá y el Banco Interamericano de Desa-rrollo (BID).

Los objetivos específicos del Prosi llaman a una coordinación interinstitucional en tanto se dirigen a aumentar la capacidad de gestión

de instituciones nacionales y locales vincula-das con el programa, para actuar con eficiencia en la prevención y reducción de la inseguridad ciudadana, disminuir la propensión de jóvenes a participar en actos violentos, promover la participación comunitaria en la prevención de la violencia juvenil y prevenir la violencia estu-diantil.

El proyecto incluye el diseño y ejecución de la Política de Seguridad Ciudadana en el Ministe-rio de Gobierno, la modernización y fortale-cimiento de la Policía Nacional, la mejora en el funcionamiento del Sistema Integrado de Estadísticas (SIEC), la incorporación de pro-yectos de prevención social del delito en ins-tituciones diversas (Mides, Meduca, Minsa, Miviot) y la adecuación de los mecanismos de coordinación con los municipios.

Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia Juvenil

En la administración actual, el presidente Ri-cardo Martinelli, a través del Decreto Ejecutivo N° 551 del 22 de junio de 2010, crea el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia Juvenil, en un marco social y de carácter público, dentro del marco de la Secre-taría de Asuntos Sociales del Ministerio de la Presidencia. El objetivo de este es contribuir a la prevención de la violencia y la delincuencia juvenil mediante estrategias y acciones sus-

el fomento de programas educativos y sociales sobre nutrición, fundamentalmente para la madre adolescente y la niñez en sus primeros años.

Ley 14, Creación de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Senniaf

Constituye un soporte institucional tanto para la atención de las necesidades de los y las adolescentes como para su protección. Para efectos de estos insumos, resulta importante la puesta en marcha de las acciones y prácti-cas definidas en la ley, a efecto de reforzar la prevención de la violencia relacionada con la juventud y favorecer que los adolescentes no se vean privados de libertad y, en ese caso, se den las condiciones para su reinserción social.

Política Pública de Juventud de Panamá

La PPJP, creada en 2004, tiene como objetivo general «Garantizar a las y los jóvenes que viven en la República de Panamá condiciones para su desarrollo humano, el reconocimien-to pleno de sus derechos y su participación en la construcción de un Panamá más equitativo, solidario, democrático y justo, sin distinción alguna por razones étnicas, origen nacional, edad, género, localización territorial (urbano/rural/comarcal), orientación sexual, creencias religiosas, situación socioeconómica, discapa-

cidad o cualquier otra condición particular».44 Está basada en un enfoque de derechos huma-nos y reconoce que los y las jóvenes, en su cali-dad de humanos, tienen los mismos derechos que otras personas. Incluye el derecho a la exigibilidad y la restitución de sus derechos de manera que puedan vivir una vida de libertad y dignidad así como cumplir con sus deberes recíprocos.

Ley de Igualdad de Oportunidades para las Mujeres (Ley No.4 del 29 de enero de 1999)

Es la normativa panameña que establece la obligación del Estado de garantizar la igualdad y equidad para las mujeres. Da cumplimiento a los compromisos establecidos en la Platafor-ma de Acción de Beijing, el Tercer Pacto Mujer y Desarrollo y el Consenso de Quito.

El Instituto de la Mujer (Inamu)

Este fue creado como una nueva institución pública con las competencias y capacidades necesarias para verificar que los programas y proyectos del Estado contemplen las necesi-dades reales de las mujeres para su desarrollo integral, y con la fortaleza para articular y dar seguimiento a las acciones interinstituciona-les implementadas para el cumplimiento de todos los mandatos de la ley.

44 Minjumfa-UNFPA. Op. cit. p. 11.


que el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia Juvenil contribuye a los esfuerzos del Prosi, del Ministerio de Se-guridad Pública.

Estrategia País de Seguridad Ciudadana 2011-2014

«La estrategia se rige por principios orientado-res de carácter democrático. Sus ejes centrales son: Fortalecimiento institucional, Información, Prevención del delito, Control y Sanción, Rein-serción y Rehabilitación. Cada eje tiene objetivos generales y específicos. De cada uno de ellos se desprenden diversas líneas de acción y progra-mas o iniciativas. El documento tiene también una sección dirigida a analizar la gestión de la estrategia, que pone énfasis en su carácter in-terinstitucional y en los requerimientos de eva-luación de programas que deben formar parte de ella».45 En lo referente a prevención, la estra-tegia destaca: prevención de la violencia en el ámbito escolar, prevención selectiva de drogas y alcohol, prevención en áreas donde se reúnen los jóvenes, prevención de la inserción de jóve-nes en pandillas, campaña contra violencia de género, capacidad institucional para la atención y la alianza local para enfrentar los distintos ti-pos de violencia. Indiscutiblemente, estos linea-mientos de la estrategia nacional serán derrote-ros de la política pública focalizada en jóvenes en riesgo social y en conflicto con la ley.

45 Früling, Hugo. Op. cit., p. 5.

Ley 40 del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia

Esta ley establece los términos y condiciones en que las y los adolescentes son responsables de las infracciones que cometan contra la ley penal. Crea un conjunto de instituciones espe-cializadas y procedimientos particulares den-tro del marco de la jurisdicción de menores. También reglamenta el régimen especial de custodia, así como la protección y educación de los menores de edad privados de libertad. En su artículo 4, esta ley explicita como sus fines: «la educación del individuo en los prin-cipios de la justicia, la defensa de la sociedad y la seguridad ciudadana, y la resocialización de los infractores. Su finalidad educativa consiste en introducir a los adolescentes y a las adoles-centes en el proceso pedagógico de la respon-sabilidad, y se extiende desde el inicio de la in-vestigación hasta la terminación de la sanción, si a ella hubiere lugar. La defensa social y la se-guridad ciudadana consisten en la imposición y el cumplimiento de una sanción a quienes se les compruebe responsabilidad en la comi-sión de violaciones a la ley penal. La finalidad única de la sanción es la resocialización de los infractores, de modo que se asegure su rein-serción en la familia y en la sociedad a través del aprendizaje de una actitud constructiva en relación con su entorno».46

46 Ley 40 de 26 de agosto de 1999, del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, Panamá, 1999.

tentadas en la Política Nacional de Convivencia y Seguridad Ciudadana, que hace énfasis en la inclusión social de los niños(as), adolescentes, jóvenes y sus familias, mediante el mejora-miento de su entorno, y la garantía de seguri-dad y justicia social.

El programa tiene como ejes estratégicos la prevención/atención, acción comunitaria y participación ciudadana. Como ejes de inter-vención las acciones de seguimiento/monito-reo/evaluación, red de servicios/redes sociales y Centros de Atención Comunitarios/Centros Culturales/rehabilitación de zonas recreativas y deportivas.

Se consideraron en un primer momento los co-rregimientos de la provincia de Panamá como área piloto, a los que se suman posteriormente otras zonas del país, a saber, provincia de Colón, provincia de Veraguas, provincia de Coclé, pro-vincia de Chiriquí y provincia de Darién, donde se incluye la comarca Emberá-Wounaan.

La población meta está compuesta por niños, niñas, adolescentes y jóvenes de entre 8 y 29 años de edad, en situaciones de riesgo social. Como beneficiarios indirectos se encuentran las familias, centros escolares, comunidades, comerciantes locales, municipios, institucio-nes gubernamentales y estatales vinculadas a la prevención de violencia y delincuencia. También se cuentan como socios del progra-

ma las universidades, Defensoría del Pueblo, comunidades eclesiales, medios de comuni-cación, Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede), Consejo Nacional de la Em-presa Privada (Conep), Cámara de Comercio, las ONG, organizaciones comunitarias, clubes cívicos nacionales, organismos de cooperación internacional (UN, USAID, Aecid, BID, Unicef, OPS/OMS, PNUD, UNFPA).

Para la gestión del programa, el Ministerio de la Presidencia, en coordinación con el Ministe-rio de Economía y Finanzas (MEF), establece mecanismos legales e institucionales que ga-ranticen la inserción del programa en las po-líticas presupuestarias del Estado, con el pro-pósito de dar viabilidad financiera permanente para funcionamiento, e inversión para la con-secución de sus objetivos, metas y resultados, de cara a la sostenibilidad.

A la vez, se crea un comité de alto nivel, con-formado por el Ministerio de la Presidencia, MEF, Mides, Meduca, Minsa, Mitradel y el Mi-nisterio de Seguridad Pública, cuya principal función será establecer estrategias y políticas que favorezcan el soporte técnico y financiero del programa.

Con la creación y ejecución de este programa, el Gobierno de Panamá establece una plata-forma para el logro de lineamientos de Estado en materia de prevención de la violencia, ya


El Instituto de Estudios Interdisciplinarios (IEI)

Es una entidad semiautónoma adscrita al Mi-nisterio de Gobierno, responsable de la imple-mentación, ejecución y supervisión de los pro-gramas de formación y resocialización plan-teados de acuerdo a la Ley No. 40, así como de la ejecución y cumplimiento de las sanciones penales juveniles.

El IEI ha diseñado un plan cuyos cuatro ejes fundamentales son: infraestructura, rehabili-tación, recurso humano y seguridad, los cua-les están encaminados a hacer de los centros de cumplimiento y custodia espacios que fa-ciliten el respeto que asiste a los y las adoles-centes y jóvenes que han infringido la ley, y a promover su rehabilitación. La implementa-ción del mismo implica alcances distintos en los diferentes centros.

Principios


Principios

Las estrategias y acciones establecidas para prevenir la violencia relacionada con jóvenes no tendrán el impacto deseado si no se rigen por principios transversales que permeen la acción y la actitud de quienes implementan las acciones. Proponemos los siguientes prin-cipios como fundamentales para guiar cual-quier acción desde la administración pública en materia de prevención de la violencia con adolescentes y jóvenes, como complementa-rios a los que están planteados en la PPJ.47

Respeto a la dignidad de la adolescencia y juventud

Muchos adolescentes y jóvenes panameños vi-ven constantemente afectados por la violencia estructural y simbólica que, como cualquier otra manifestación de violencia, atenta contra la dignidad humana. Este principio reconoce que la estigmatización de estos no contribuye a la armonía social, a la convivencia pacífica ni a la inclusión social, sino que, más bien, produ-ce el efecto contrario al reafirmar comporta-

47 Los principios de la PPJ son: perspectiva integral, participación, acción intersectorial, inclusión, enfoque transversal y la incorporación de actores estratégicos.

mientos violentos. De manera particular con jóvenes acusados o acusadas de haber partici-pado en actos de violencia, es imprescindible el respeto de su dignidad y la no estigmatiza-ción, ya que su reinserción social depende de una autoimagen más positiva que les haga verse como parte importante de la sociedad.

Inclusión y respeto a la diversidad

La única característica que tienen en común la adolescencia y la juventud es el criterio relati-vo a la edad que los define. Dado que no hay una sola manera de vivir la adolescencia y la ju-ventud, y puesto que es fundamental para una cultura de paz el respeto de la diversidad de expresiones, contextos y culturas que viven los y las adolescentes y jóvenes, la inclusión social presupone el valor positivo de la diversidad en todas sus dimensiones, principalmente en lo que respecta a género, etnia, arraigo territorial (urbano y rural) y condiciones socioeconómi-cas, así como en cualquier otra dimensión que se considera inherente a su identidad o condi-ción específica.


procesos sociales, políticos, económicos, cul-turales y ambientales.

Integralidad

Todas las estrategias, planes, programas, pro-yectos y acciones ejecutados en el marco de esta propuesta de política pública apuntarán al desarrollo humano integral y sostenible de la juventud. Las causas de la violencia son múltiples, las manifestaciones son muchas, las intervenciones deben contemplar una serie de factores asociados con ella. En particular, la prevención de la violencia estructural abar-ca todas las estrategias a favor del desarrollo humano y los derechos humanos, y es funda-mental para que las estrategias de esta pro-puesta sean efectivas en la prevención de la violencia directa.

Las condiciones de vulnerabilidad y exclusión que enfrenta la juventud panameña deben abordarse dentro del marco más amplio e in-tegrador posible, apuntando a atender todos los ámbitos de la vida individual y colectiva, material y espiritual de las personas jóvenes.

Los niveles de prevención de la violencia en sí están relacionados, y no se pueden sepa-rar las estrategias de intervención primaria de cualquier intervención secundaria o ter-ciaria, su separación en este documento se debe a razones metodológicas.

La no violencia y cultura de paz

La transformación de las relaciones (perso-nales, comunitarias, sociales, políticas, etc.), para que sean capaces de abordar los conflic-tos sin recurrir a la violencia y con respeto a los derechos humanos de cada quien, es un pro-ceso permanente. Una política pública para prevenir la violencia que afecta a adolescen-tes y a jóvenes debe privilegiar los enfoques y acciones que promueven relaciones con base en la práctica de resolución pacífica de con-flictos, reconocimiento mutuo y libertad con responsabilidad. Por lo tanto, el principio debe estar presente tanto en la formulación y ma-nejo de las políticas como en el contenido de programas y proyectos relacionados. Las y los adolescentes y jóvenes pueden ser los mejores constructores de una sociedad justa, incluyen-te y sin violencia, y se necesita su habilidad de exigir coherencia entre los valores promovidos por las personas adultas y autoridades, y la práctica de los mismos por parte de aquellos.

Responsabilidad compartida y coordinada

La prevención de la violencia que afecta a la juventud no es una responsabilidad exclusiva de un órgano o instancia del Estado sino un compromiso compartido entre actores socia-les, institucionales, familiares y comunitarios. Para que una política pública sea instrumen-

Equidad de género

El enfoque de género permite reconocer que la realidad es vivida de manera diferente por hombres y mujeres jóvenes, con amplia des-ventaja en el caso de las mujeres. El principio de equidad de género pretende erradicar cual-quier discriminación y desigualdad entre los sexos basada en la falta de igualdad de opor-tunidades, relaciones de poder, uso, control y acceso a los recursos, lo que subordina la vida de las mujeres al modelo machista hegemóni-co e ignora sus intereses y necesidades propias y diferenciadas y, por ende, el desarrollo pro-pio y del país.

La implementación de una política pública para prevenir la violencia debe tener en cuen-ta la construcción de género y cómo influye como factor protector o de riesgo, y enton-ces modificarse de acuerdo a las condiciones de inequidad en que se encuentra la mujer. Debe promover acciones destinadas a que los adolescentes y jóvenes interioricen y asuman una cultura de respeto y de reconocimiento de equidad entre los sexos.

Interculturalidad y no discriminación racial

La diversidad étnica y cultural de Panamá debe ser fuente de orgullo, de identidad nacional, y no un obstáculo al desarrollo de la nación ni

de grupos o personas en particular. Las y los adolescentes y jóvenes del país, de cualquier etnia, país de origen o identidad racial, deben tener igual garantía de los derechos funda-mentales que les corresponden. Por lo tanto, es necesario eliminar toda forma de discrimi-nación mediante acciones directas y perma-nentes en todo nivel de prevención de la vio-lencia relacionada con adolescentes y jóvenes, promoviendo una particular sensibilidad ante las múltiples formas en que la discriminación impacta la efectividad de acciones dirigidas a determinados grupos.

El protagonismo de adolescentes y jóvenes como sujetos de derecho

Las estrategias de prevención pretenden fo-mentar una mayor capacidad e interés en la participación protagónica de jóvenes y ado-lescentes en todos los ámbitos de la vida. De igual manera, es necesario asegurar que las personas adultas y las instituciones se sen-sibilicen y que haya mecanismos reales para que jóvenes y adolescentes asuman sin barre-ras un protagonismo en las decisiones que les afecten. Además, que las acciones del Estado se implementen en coordinación y con plena participación de adolescentes y jóvenes. La propuesta de política pública reconoce a los y las jóvenes como sujetos de derecho, es de-cir, actores con pleno derecho y capacidad de participar de forma activa y protagónica en los


to de cambios positivos, requiere la voluntad decidida de todos los actores y sectores del Estado y la sociedad: gobierno central, muni-cipalidad, instancias de todos los poderes del Estado, organismos de la sociedad civil, la em-presa privada, la comunidad, familia y los y las adolescentes y jóvenes.

El principio de coordinación intersectorial e interinstitucional entre estas instancias y di-versos actores es fundamental para que los es-fuerzos en implementar programas, proyectos y acciones logren su objetivo de prevenir la vio-lencia que afecta a adolescentes y jóvenes. La creación de una Secretaría de la Juventud debe contemplar un claro mandato en cuanto a la implementación de mecanismos de coordina-ción, monitoreo y evaluación para la imple-mentación de políticas públicas de juventud.



La prevención primaria se orienta a reducir los factores de riesgo asociados con la violencia por medio de instrumentos, programas, pro-tocolos y enfoques especializados en los di-ferentes ámbitos donde se manifiestan estos riesgos, como la familia, la escuela, la comuni-dad, el trabajo, así como en los espacios de de-porte, arte, cultura y participación ciudadana. Es importante reconocer que las políticas de adolescencia y juventud en general enmarcan estrategias y acciones para el cumplimiento de los derechos de estas personas. Las estrategias de prevención primaria complementan y pro-fundizan muchas de las estrategias generales aplicables a toda la juventud, con un especial énfasis en minimizar o eliminar los factores de riesgo.

Las entidades del Gabinete Social del Gobier-no nacional, a saber, Ministerio de la Presiden-cia, Mides, Mitradel, Senniaf, Inamu, Meduca, Minsa, Inadeh, INAC, Pandeportes, Ministerio de Seguridad Pública, presentes en el ámbito nacional y local, conforman parte de la Red Interinstitucional e Intersectorial de Servicios encargada de la prevención primaria.

Estrategia 1: Hogares libres de violencia: prevención de la violencia doméstica48

La violencia doméstica, de la cual niños y niñas son víctimas o testigos, es un factor de riesgo directamente asociado con la violencia contra adolescentes y jóvenes. Asimismo, el saldo de la violencia doméstica repercute a lo largo de la vida de las personas y genera una predispo-sición a relaciones futuras inestables, basadas en dependencias, inseguridades y aislamien-tos. En otros casos, las víctimas se vuelven vic-timarios dentro de sus propios hogares. En los hogares donde la madre o el padre son adoles-centes o jóvenes también, los riesgos pueden ser más altos si no reciben el apoyo adecuado para cumplir con estos papeles.

48 Corresponde en general al componente 6 de la PPJP. En este sentido, las estrategias sugeridas en este docu-mento se vinculan con el componente 2 de la política en aspectos de seguridad. Sin embargo, el aspecto pre-ventivo de los otros componentes es importante y por eso se elabora aquí. Es por eso que se hace referencia a estos otros componentes en la nota relacionada a cada estrategia.


establecer acciones preventivas para que las chicas no sean víctimas de violencia. También es muy importante medir el impacto de las campañas y evaluar los programas para mejo-rar su eficacia, ya que suele existir un abismo entre la información difundida y el cambio de comportamiento deseado.

La aparición de personas emblemáticas poten-cia los mensajes. Los deportistas se han con-vertido en referentes de superación y éxito en medio de las dificultades, por lo que podría re-sultar una manera de lograr mayor impacto en la difusión de mensajes el incluirlos. De igual manera, se pueden buscar otras técnicas que permitan hacer llegar los mensajes a las juven-tudes por medio de consultas con los mismos sectores a los que se dirigen las campañas.

El personal docente y otro personal respon-sable de transmitir programas informativos deben ser capacitados de manera integral, con criterios unificados entre instituciones, para no confundir mensajes. Igualmente, deben trabajar siguiendo los protocolos de atención para adolescentes o jóvenes quienes manifies-tan ser víctimas, testigos o protagonistas de la violencia en sus casas, a fin de remitirlos a la institución adecuada para su seguimiento.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Meduca, Minsa, Inamu, Senniaf, Policía Nacional.

ς Redes locales contra la violencia doméstica

Las redes locales contra la violencia domésti-ca, las cuales existen en diferentes lugares del país, son reconocidas como instancias de par-ticipación efectivas, ya que entre mujeres se facilita la comunicación de hechos de violen-cia doméstica que en otros espacios seguiría en el acostumbrado silencio. Es posible tener acceso a información jurídica y de atención. Por otro lado, las redes locales propician la información de cuántas mujeres en la comu-nidad están viviendo situaciones de violencia doméstica. A partir de dicha información es más viable plantear soluciones que van desde los talleres de sensibilización a las reivindica-ciones de los derechos de las mujeres en las diferentes instancias, hasta grupos de terapia.

Al mismo tiempo, sería recomendable esta-blecer redes de apoyo masculino para quienes han sido victimarios y están en proceso de tra-tamiento y/o terapia, y en las que se podrían involucrar instituciones locales para apoyar el proceso de integración y cambio de estos hombres jóvenes bajo nuevos patrones de re-lación familiar sin violencia.

El maltrato físico y psicológico de las mujeres de la familia les afecta a ellas y cuando son madres también expone a los niños y las niñas de la familia a la privación de elementos nece-sarios, como el cariño, la seguridad emocional y económica, la salud física y el buen aprove-chamiento de la educación. Las distintas insti-tuciones gubernamentales que trabajan en el tema de género aportarán en gran manera a través de un trabajo en forma sinérgica con el valor agregado de no disociar la violencia do-méstica de la cuestión más amplia y general de la violencia de género, favoreciendo la claridad de mensajes hacia la comunidad y el uso efi-ciente de los recursos con que se cuente.

Recomendaciones para programas y acciones correspondientes

ς Reforzar programas dirigidos a padres y madres

Muchas veces, los padres y madres se recono-cen incapaces de lidiar con sus hijos adolescen-tes y jóvenes. Suelen proferir gritos de ausilio y buscan contar con un esapcio de diálogo inter-generacional al que se sumen saberes interdis-ciplinarios y locales que los orienten. La forma en que es vista la juventud cobra gran relevan-cia en estos encuentros: el contexto en que se desarrollan los chicos y las chicas, sus necesida-des y expectativas. De igual manera, se requiere la apertura de las personas adultas para desa-

rraigar los prejuicios y estereotipos con los que se relaciona a los jóvenes,así como incorporar a los hombres en las acciones que se desarrollan a favor de la familia y sus integrantes.

También hay que considerar que muchos pa-dres y madres son muy jóvenes, están empe-zando a construir sus familias y deben dárse-les instrumentos que prevengan la violencia de pareja, contra hijos e hijas, y promover la educación y disciplina no violenta a través de métodos de enseñanza que capten la atención, permitan aprendizajes prácticos y fortalezcan redes sociales de apoyo entre jóvenes madres y padres. Los métodos de educación entre pa-res son especialmente aptos para trabajo con madres y padres jóvenes.

Instituciones responsables de implementa-ción: 49 Mides, Meduca, Minsa, Inamu, Senniaf.

ς Programas informativos y educativos por una vida familiar sin violencia

Se sabe que es importante que existan cam-pañas continuas contra la violencia doméstica que reflejen el daño que esta causa a cada uno de los miembros de la familia, al igual que a la sociedad en conjunto. De esta forma es posible

49 Las sugerencias de instituciones responsables en la implementación deben servir como guía o recordatorio de la integralidad de la prevención y la necesidad de in-corporar en el Plan Nacional los mecanismos adecuados para una coordinación funcional y eficaz.


ferenciadas, a aprender a conocer, aprender haciendo, aprender a vivir con otros, apropián-dose del espacio, conectándose con otras reali-dades y a generar procesos vinculantes para la convivencia pacífica.

La música, entre otros, es un medio válido para la construcción de referentes de sociedad, para transmitir mensajes de una forma agradable y sin barreras. El arte, los deportes, activida-des creativas, favorecen el desarrollo de com-petencias humanas y sociales, y constituyen otras maneras de crear símbolos, otros discur-sos y la toma de los espacios de formas pacíficas y divertidas.

Las escuelas, los gimnasios, las bibliotecas y otros espacios del municipio son ámbitos ade-cuados para la impartición de programas edu-cativos alternativos, en lugares seguros y de la comunidad.

Instituciones responsables de implementa-ción: Inadeh, INAC, Meduca y las universidades.

ς Crear protocolos de seguimiento para estudiantes con riesgo de dejar sus estudios

Es preciso capacitar a los docentes sobre las señales que indican que un joven o adolescen-te está en riesgo de dejar de estudiar, y enton-ces crear protocolos de intervención tempra-

na para prevenir el abandono. El seguimiento podría incluir reuniones informales con los o las estudiantes para determinar la situación y buscar soluciones, reuniones con padres, ma-dres o tutores, así como apoyo para encontrar alternativas a la deserción.

Instituciones responsables de implementa-ción: Meduca

ς Programas informativos y educativos por una vida sin violencia desde las escuelas

Especialmente dentro de los centros escolares, es importante promover un ambiente libre de violencia a través de campañas y de capacita-ción en métodos alternativos de resolución de conflictos. De igual manera, es preciso promo-ver la participación de alumnos y alumnas en la proposición de soluciones a problemas de violencia que pueden estar viviendo dentro de los centros. Meduca debe incorporar a los docentes, estudiantes y responsables de fami-lia para diagnosticar y diseñar programas que permitan abordar las violencias que más afec-tan al entorno escolar.

Instituciones responsables de implementa-ción: Meduca, Senniaf y las universidades.

Todos estos esfuerzos locales requieren mayor difución y apoyo institucional

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Inamu, municipios, Senniaf.

Estrategia 2: Adolescentes y jóvenes estudiando y escuelas libres de violencia50

Para que sea un efectivo elemento a favor del desarrollo integral de adolescentes y jóvenes, y para reducir el significativo factor de riesgo de cumplir con una educación adecuada antes de entrar en el mercado laboral, es necesario garantizar el acceso a las escuelas, la calidad pedagógica para mantener a las y los alum-nos, y un ambiente de estudios positivo y libre de violencia.

Recomendaciones para programas y acciones correspondientes:

ς Becas y subsidios estudiantiles Las políticas de becas y subsidios se plantean como políticas culturales redistributivas, ca-paces de reparar la concentración de la riqueza y el aumento de la pobreza y sus consecuen-cias sobre la enseñanza y el aprendizaje de la

50 Corresponde en general al componente 5 de la PPJP.

población joven. Si bien es importante motivar a los becados a cumplir con estándares acadé-micos para incentivarlos a estudiar, también es importante crear mecanismos para no ne-gar la educación a quienes no cumplen requi-sitos. Se sugiere evaluar la posibilidad de pro-gramas de becas por excelencia académica y otros basados en la necesidad económica, que no se retiren por dificultades académicas, ya que la deserción escolar para las poblaciones más empobrecidas es un factor de riesgo que empuja hacia la violencia juvenil.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de la Presidencia, Mides

ς Promover una pedagogía innovadora e inclusiva

En un inicio, es importante reconocer la ne-cesidad de mejorar la capacidad del personal docente en varias áreas, incluyendo el uso de las nuevas tecnologías y la prevención de la violencia en el aula.

La capacitación en nuevos métodos de ense-ñanza empieza con una reflexión sobre las actitudes e ideas preconcebidas. Las personas adultas que trabajen con jóvenes de ambos se-xos pueden cambiar el criterio estigmatizado de ellos y proveerse y capacitarse en metodo-logías activas, dirigidas a integrar y potenciar el desarrollo de alumnos con necesidades di-


nes necesarias. La Ley establecerá un régimen especial para su organización, funcionamien-to, reconocimiento, e inscripción que será gratuita». Además, es importante promover el cumplimiento de la Ley 12 del 5 de octubre de 1990, por la cual se establece la enseñan-za del cooperativismo en el sistema educativo nacional, incluyendo colegios públicos y par-ticulares.

Las iniciativas de emprendimientos y coopera-tivas como opción de ingresos y de dar empleo a la población joven y/o sus familias conllevan subsidios, capacitación y asociación, así como un acceso real al mercado. De esta forma se va creando una formación empresarial en la que se toman diversas experiencias para superar con decisición los nuevos desafios del trabajo.

La microempresa está muy atrasada compe-titivamente en varios países de la región cen-troamericana; pero este sector puede agregar valor a la economía nacional porque demanda recursos humanos, proporciona conocimientos e instrumentos empresariales. Invertir en estas estrategias es una forma de hacerlo en los jóve-nes, en sus familias y en el país.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ampyme, Ipacoop, Meduca.

Estrategia 4: Promover acciones positivas y afirmativas para eliminar la discriminación racial52

Hay poblaciones que enfrentan constante-mente el riesgo de ser víctimas de discrimi-nación racial, que se manifiesta en la forma de violencia directa, estructural y simbólica; mientras que hay otros adolescentes y jóve-nes necesitados de instrumentos y apoyo para cambiar actitudes y estructuras basadas en estereotipos destructivos y discriminación con raíces históricas. En tal virtud, es importante promover acciones que favorezcan la inclusión social de poblaciones afrodescendientes e in-dígenas con equidad de género, así como sen-sibilizar a la población entera sobre el tema.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Ministerio de Gobierno, Defenso-ría del Pueblo.

ς Crear planes específicos para la promoción de empleos dignos para las poblaciones afrodescendientes e indígenas

En las iniciativas laborales habrá que plantear-se los patrones de subsistencia tradicionales

52 Corresponde al componente 7 de la PPJP.

Estrategia 3: Formación laboral, orientación profesional y trabajo decente51

Los adolescentes de ambos sexos necesitan prepararse para su inserción en el mercado laboral. Esta preparación incluye formación vocacional y en habilidades que contribuyan a la posibilidad de obtener un empleo. La orien-tación profesional que permita tomar mejores decisiones sobre la formación que necesitan y la profesión u oficio podría ser una buena opción. Se requiere un firme compromiso de parte del Estado para una efectiva inserción de jóvenes en el mercado laboral, a fin de reducir la precariedad de los trabajos a los que están expuestos por falta de experiencia o prepara-ción, además de impedir el acceso al empleo condicionado por razones de sexo, etnia u otras.

Instituciones responsables de implementa-ción: Meduca, Conep, Ampyme, Inadeh y uni-versidades.



ς Ampliar el programa de intermediación laboral

El Mitradel cuenta con una estrategia favora-ble de intermediación laboral para que los y las jóvenes recurran a conocer bolsas de empleo, requisitos que deben llenar para tener acceso al trabajo y la posibilidad de seguimiento por parte del personal del Ministerio que trabaja directamente con las empresas privadas. Es importante estudiar la posibilidad de continuar ampliando el programa para alcanzar a pobla-ciones juveniles a las que se les dificulta más el encontrar empleo, modificando programas que suplan vacíos en su preparación y equipa-rando su potencial para el mercado laboral.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Mitradel.

ς Programas de promoción del emprendimiento y el cooperativismo

El artículo 283 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972, modificado por los actos reformatorios de 1978, por el Acto Constitucional de 1983 y el Acto Legislativo 1 de 1993 y el 2 de 1994, indica: «Es deber del Estado el fomento y fiscalización de las coope-rativas y para tales fines creará las institucio-


ς Promover el uso de las expresiones artísticas y deportivas para el reconocimiento y fortalecimiento de la diversidad étnica y cultural

Para construir una sociedad panameña no racista se necesita el aporte de muchas insti-tuciones y agentes sociales. Las nuevas gene-raciones de jóvenes afrodescendientes e indí-genas, así como de otros grupos étnicos que expresan su diversidad a través de escenarios creativos, críticos y transformadores, pueden presentar un escenario de democracia cultural en el que se imponga un esfuerzo especial en favor de los grupos indígenas y afrodescen-dientes menos favorecidos históricamente.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Meduca, INAC, Defensoría del Pueblo y universidades.

Estrategia 5: Salud integral para vidas sanas53

La salud mental y física de adolescentes y jó-venes es una condición básica para su desarro-llo y bienestar. Especialmente importante es proveer la información y acceso a servicios en temas de salud sexual y reproductiva y el uso y abuso de alcohol y prevención del consumo


de drogas. El embarazo precoz, las enfermeda-des de transmisión sexual y las adicciones son factores de riesgo asociados con la violencia, que se pueden y deben reducir. En esta estra-tegia se recomienda considerar las siguientes acciones:

Recomendaciones para programas y acciones a favor de la salud sexual y reproductiva

Las experiencias mundiales y de la región han demostrado la importancia de programas, ini-ciativas de capacitación, campañas de divul-gación y fortalecimiento del sistema de salud pública, en aspectos de género, sexualidad y reproducción, tomando en cuenta la corres-ponsabilidad masculina. La información pro-porcionada, como el intercambio entre mu-jeres de sus propias historias, ha posibilitado la conformación de redes y ONG vinculadas a la temática de género, así como la incidencia en las políticas públicas de salud en lo que res-pecta a salud reproductiva y los derechos re-productivos de las mujeres.

de estas poblaciones. Además, que sus ha-bilidades y destrezas pueden diferir comple-tamente de los requisitos que el mundo glo-balizado demanda (servicios especializados, procesamiento de la información, manejo de diversos idiomas y educación superior, que han estado lejos de su alcance) y de sus necesida-des vitales. Se ha de procurar que no tengan que emigrar de sus lugares de origen, muchas veces para emplearse en trabajos domésticos que les exponen a grandes riesgos.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Mitradel, Defensoría del Pueblo

ς Iniciativas para promover la diversidad cultural y étnica que permitan la convivencia armónica de las y los jóvenes

En momentos de crisis económicas y sociales en que priman los niveles altos de competen-cia y de frustración social, los y las jóvenes pueden ser objeto de transferencias colectivas de rechazo-agresión. Tal es el caso cuando se crea mala fama y se genera una opinión pú-blica desfavorable, una distancia social res-pecto a ellos, privación de derechos, violencia y conflictos ocasionales o consuetudinarios, violaciones y abuso sexual, entre otros proble-mas. Las escuelas y las comunidades, al igual que los lugares de trabajo, deben contar con protocolos que prohíban el acoso o bullying producto del racismo. De igual manera, la De-

fensoría puede socializar la documentación de casos para que entre varias instituciones se promuevan campañas contra la violencia por motivos racistas.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Meduca, Ministerio de Seguridad Pública, Ministerio de Gobierno, Defensoría del Pueblo.

ς Campañas informativas y educativas profusas que desmitifiquen los estereotipos existentes respecto a la población joven afrodescendiente e indígena

Los prejuicios y la ignorancia, así como la falta de conciencia de la relación entre la discrimi-nación y los demás problemas sociales y po-líticos, continúan afectando a la juventud y a la sociedad en general. Propagan la creencia equivocada de que la desgracia y la pobreza y la pobreza extrema en que viven son el resul-tado de falta de capacidades. La enseñanza y los medios de comunicación son dos áreas cru-ciales de sensibilización y fomento de actitu-des de tolerancia y de respeto a las diferencias.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Meduca, Ministerio de la Presi-dencia, Defensoría del Pueblo.


educación puede favorecer el que las mujeres ejerzan más control sobre las decisiones que afectan sus vidas. Los hombres jóvenes in-formados, por otra parte, se inclinan más por el uso del condón y la protección de sus parejas respecto a las enfermedades de transmisión sexual, como a participar más durante el em-barazo y el parto de sus hijos(as).

Instituciones responsables: Minsa, universida-des e Inamu.

Recomendaciones para programas y acciones correspondientes para combatir las adicciones y abuso de alcohol y drogas

Hoy día hay más conocimiento sobre las adic-ciones, más allá del alcoholismo y drogadic-ción. Las juventudes están enfrentando nue-vas manifestaciones de adicción que disminu-yen su calidad de vida, interrumpen su desa-rrollo y relaciones personales, contribuyen a la depresión y otros trastornos psicológicos, y pueden estar relacionadas con la violencia. Esta problemática incluye adicciones como a la pornografía, los videojuegos, la Internet/texting, al juego, etc., así como a conductas de riesgo como participación en actividades ilíci-tas que conllevan una elevada generación de «adrenalina» o excitación ante el riesgo. Esta realidad debe ser contemplada en programas de salud dirigidos a combatir la adicción, ya

que muchos componentes de prevención del alcoholismo y la drogadicción son similares a los componentes generales para prevenir comportamientos de riesgo.

El abuso del alcohol se asocia con la violencia a toda edad, pero entre más joven se empieza a experimentar con el alcohol, mayor proba-bilidad existe de que se desarrolle adicción. El uso responsable del alcohol entre jóvenes ma-yores de edad debe ser promovido de tal ma-nera que se elimine una cultura que equipara el uso y abuso de alcohol con diversión, mas-culinidad o como rasgo de juventud. Por otro lado, impedir el consumo de drogas es urgente como estrategia en la prevención primaria, ya que el consumo, narcomenudeo y vínculos de la juventud con el narcotráfico son factores de riesgo enormes que generan violencia e impli-can, desde luego, un conflicto con la ley penal.

Es de suma importancia incluir la evaluación de resultados de programas implementados en esta materia, ya que con limitados recur-sos y un creciente problema de consumo no es suficiente implementarlos, sino es preciso es-tablecer programas basados en evidencia que demuestre que darán resultado.

Cabe mencionar que a pesar de que no hay mayor evidencia del mismo tipo de relación entre el consumo de tabaco y la violencia di-recta, los principios de buenos programas de

ς Fortalecer los sistemas de salud nacional atendiendo factores de género, culturales, geográficos y de clase social

La información especializada y científica debe promoverse en los diferentes idiomas de la po-blación, en un lenguaje claro, con direcciones para la atención salud y tomando en cuenta las diferencias regionales y culturales existentes en el país. De igual manera, tanto el personal como los jóvenes que participan en programas de educación entre pares deben recibir capaci-tación permanente en lo anteriormente men-cionado, así como en el uso de lenguaje apro-piado para ambos sexos.

Instituciones responsables: Minsa, Inamu, CSS y universidades.

ς Implementar programas de salud reproductiva a través de los centros de salud comunitarios, que involucren a hombres y mujeres jóvenes, con el objetivo de hacerlos responsables de su cuerpo y su sexualidad

Las y los jóvenes pobres tienen menos acceso al cuidado de la salud en general, sobre todo en lo que respecta a su salud sexual y reproduc-tiva. Los centros de salud son un buen espacio para la divulgación de información, char-las y programas específicos para jóvenes y con atención gratuita.

Instituciones responsables: Minsa, Inamu, uni-versidades y municipios.

ς Educar desde edad temprana a través del sistema educativo formal en materia de salud sexual y reproductiva

La educación temprana permite que la juven-tud pueda tener acceso a información especia-lizada y gratuita acerca del cuidado de su cuer-po y el ejercicio responsable de su sexualidad. El sistema educativo constituye un mecanismo y un espacio para ir formando hombres y muje-res en relaciones de igualdad, en que se respete el cuerpo de la otra persona y se reconozcan los derechos y obligaciones que como mujer y hombre les asisten en igualdad de condiciones.

Instituciones responsables: Minsa, Inamu, uni-versidades y Meduca.

ς Educar a los y las jóvenes en materia de planificación de los hijos, haciendo mayor énfasis en la juventud de escasos recursos para que cuente con los instrumentos y atención de salud que permitan evitar y/o postergar los embarazos

Los embarazos en la población joven pueden significar truncar los estudios, aumentar la situación de pobreza, los niveles de violencia y aislamiento social, entre otras situaciones. La


Estrategia 6: Promover la expresión juvenil, recreación sana, arte y cultura54

La oportunidad de participar formal o espon-táneamente en actividades recreativas, cultu-rales y artísticas es un derecho fundamental de todos(as), pero es de suyo importante durante la adolescencia y la juventud. Los espacios de aprendizaje y ensayo de diferentes habilidades y expresiones permiten crear redes sociales con pares prosociales, aumentar la autoesti-ma y aprender a apreciar los resultados de la disciplina. Los adultos que acompañan estos espacios o son instructores deben tener habili-dad para crear ambientes pacíficos y positivos para la convivencia, respetando la dignidad y la inclusión de todos los jóvenes, tanto hom-bres como mujeres.

ς Propiciar espacios seguros para la convivencia comunitaria

La creación y mantenimiento de centros de re-creo, deporte, arte y cultura y socialización son fundamentales en la prevención primaria.

Instituciones responsables de implementa-ción: Pandeportes, INAC, Policía Nacional y municipios.

54 Corresponde a componentes 11 y 12 de la PPJP.

ς Promover las expresiones juveniles En las actividades a nivel local y con diferen-tes organizaciones, las expresiones juveniles en arte, música, danza, teatro y deporte deben promoverse y fomentarse a través de planes concretos para este fin.

Instituciones responsables de implementa-ción: Pandeportes, INAC, Policía Nacional y municipios.

prevención de consumo de otras drogas adic-tivas deben incluir mensajes que disuadan del tabaquismo.

ς Campañas informativas La plataforma de difusión de los mensajes debe incluir la radio, la televisión, las redes so-ciales, la atención a periodistas y el aprovechar las fechas coyunturales (carnavales, Semana Santa, fiestas patrias, días emblemáticos, Na-vidad y fin de año) para colocar mensajes alu-sivos a la prevención del consumo de alcohol y drogas por medio de información correcta, científica y libre de moralismos que pueden tener un efecto opuesto a la disuasión. Este tipo de campaña solamente informa sobre los efectos y consecuencias del consumo, no debe ser vista como un preventivo para quienes ya cuentan con la información y necesitan inter-venciones que promuevan comportamientos positivos en relación con el consumo.

Las campañas informativas no son igualmente efectivas. Algunas tienen alto costo y no cau-san impacto. Es importante encontrar los ele-mentos que aumenten el impacto; tal es el caso de historias de la vida real de exconsumidores que sirvan como modelos ejemplarizantes.

Instituciones responsables de implementación: Minsa, Ministerio de Seguridad Pública, Policía Nacional, Conapred, Meduca, Senniaf y CSS.

ς Apoyar los programas que realiza la Policía Nacional junto con el Meduca para brindar información en materia de drogas, evaluar resultados y modificar metodologías

El trabajo informativo del Programa D.A.R.E ha tenido impactos positivos en algunos países y ha sido cuestionado en otros. Por ello, es im-portante que esta valiosa oportunidad de vin-cular policía, escuela, niñez, juventud y otras autoridades, con la finalidad de fortalecer la capacidad de las personas de no empezar a consumir, sea evaluada rigurosamente y me-jorada permanentemente de acuerdo con los resultados de tal evaluación. De igual manera, es importante revisar la efectividad de otros programas con el fin de eliminar el consumo de drogas y tabaco que se implementan en las escuelas.

Instituciones responsables de implementa-ción: Conapred, Minsa, Meduca, Policía Nacio-nal, Ministerio de la Presidencia y Prosi.

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además, formas alternativas de resolución de conflictos que superen a los actos de violencia.

El nivel y la forma de participación de los y las jóvenes vulnerables en los programas para su atención constituyen uno de los caminos más prometedores para abordar el tema de la pre-vención de la violencia en su amplio espectro.

Estrategia 1: Atención focalizada en comunidades con altos índices de violencia

En el entorno social urbano donde hay más índices de violencia juvenil, el territorio, los servicios públicos existentes, las marcas o atri-butos de género, clase, etnicidad, ocupación y localidad, colocan cotos entre los unos y los otros y condicionan cerca de quién se quiere estar y de quién no. Esta diferenciación terri-torial es violenta y conduce al acercamiento, a la indiferencia y al rechazo, dependiendo de los grupos.

La prevención secundaria se focaliza en la atención a grupos vulnerables de ser víctimas de violencia y grupos especiales que manifies-tan actitudes o comportamientos violentos. La prevención secundaria prioriza programas de atención para la adolescencia y la juven-tud con problemas de adicciones, víctimas de trata o de abusos sexuales, migrantes y otros grupos, quienes enfrentan una acumulación de factores de riesgo que deben ser abordados. También se incluyen programas para jóvenes involucrados en pandillas o en agrupaciones violentas. La focalización de intervenciones en estos grupos no sustituye a las estrategias fundamentales de la prevención primaria, más bien las refuerza y las concentra en las pobla-ciones vulnerables de acuerdo con sus necesi-dades diferenciadas.

El Estado debe garantizar los derechos para toda la población, pero los grupos vulnerables de jóvenes deben ser considerados de manera especial para que los derechos que les asisten puedan ser ejercidos por ellos y ellas, y el trián-gulo de la violencia no sea una barrera infran-queable para ellos e incida en prácticas vio-lentas en la sociedad. Deben presentárseles,


tivos para promover su inclusión en espacios de toma de decisión, diálogo y resolución de conflictos, en actividades deportivas, artísti-cas y culturales, e intensificar las acciones de prevención de la violencia. Son estos jóvenes quienes por su percepción y realidad de mar-ginalización y exclusión buscan protagonismo a través de la violencia y conductas negativas. Así que su participación positiva en otros es-pacios se logra cuando se aplican modelos y métodos que afirman sus contribuciones, en-fatizan sus derechos y capacidades e impiden la estigmatización o la imposición de creencias o ideas consideradas «correctas».

Esto constituye un proyecto de suma impor-tancia para el Gobierno nacional, pues abarca tres dimensiones: dotar a miles de jóvenes del país de espacios propios, con voz y voto y ca-pacidad para reflexionar críticamente y actuar sobre su entorno; hacerlos partícipes a estos, y por ende a sus familias, del trabajo voluntario a favor de sus propias comunidades; y, por últi-mo, algo esencial, la creciente conciencia de los voluntarios y las personas beneficiadas acerca de su papel en la resolución de los problemas. De ahí que sea importante fortalecer la Oficina de Desarrollo Social Seguro (ODSS) del Mides, que ejecuta acciones en este sentido, pero que requiere mayor apoyo. Es necesario contar con el apoyo desde el Mides y de organismos de cooperación internacional para renovar e im-pulsar el Consejo Nacional de la Juventud.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, ODSS, Prosi, Ministerio de Seguri-dad, Juzgados Penales de Adolescentes, Fisca-lía de Adolescencia, Policía Nacional, Juzgados de Menores y Senniaf.

ς Programas y campañas para disuadir la tenencia y portación de armas

Las autoridades nacionales están llamadas a evaluar las circunstancias en que suelen obte-nerse las armas de manera ilegal, e implemen-tar acciones para tener un mayor control de estos escenarios. Las campañas para sensibili-zar acerca del peligro de la tenencia y el uso de armas de fuego entre adolescentes y jóvenes deben ser diseñadas con perspectiva juvenil, ya que tienen que competir con imágenes pre-valentes en la cultura popular que promueven el uso de estas.

Las iniciativas de armas por comida suelen mo-ver a quienes las poseen a entregarlas y son diseñadas para promover cambios sin recurrir a la coacción. Sin embargo, se debe evaluar la efectividad de la estrategia, los momentos en que se han implementado y a qué situaciones coyunturales responde, así como la voluntad de las personas de entregan el armamento. Es preciso diseñar campañas con base en las motivaciones que llevan a los jóvenes a com-prar y portar armas a fin de cambiar o sustituir tales motivaciones. Asimismo, es importante

De ahí la importancia de aunar esfuerzos en diferentes niveles: nacional y local. En las co-munidades, el papel de las autoridades, de las instituciones educativas, de las organizacio-nes comunitarias y de las iglesias cobra gran relevancia. Además, es importante promover la participación juvenil, propiciar la organiza-ción comunitaria y mejorar las medidas de se-guridad preventiva.


ς Propiciar la conformación y funcionamiento adecuado de comités municipales de prevención de la violencia juvenil

La conformación de los comités en los que participan el gobierno local, las organizacio-nes comunitarias, los líderes y las lideresas comunitarios, las iglesias, etc., constituye un mecanismo de participación democrática, condición íntimamente ligada a la construc-ción de una vida sin violencia.

Los comités tienen como objetivo la paulati-na toma de conciencia de la comunidad sobre su papel en la solución de sus problemas, en este caso, de la violencia y el delito. Además, propician la creación de un sentido de respon-sabilidad y de valor de las iniciativas a favor de la convivencia pacífica en la comunidad y con-

ceden protagonismo a las comunidades en la toma de decisiones sobre su entorno.

Instituciones responsables de implementa-ción: municipios, Mides, Meduca, Minsa, Mi-nisterio de Seguridad Pública/Prosi y Policía Nacional.

ς Crear centros de mediación de conflictos comunitarios

Hay que proceder con tacto en todas las ac-ciones o actividades que se emprendan para prevenir la violencia además estas actividades han de estar adaptadas al entorno cultural y social de cada comunidad. Para ello resulta propicio llevar a cabo actividades de sensibili-zación, brindar apoyo y promover la actuación de mediadores.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Senniaf y municipios.

ς Participación de jóvenes en riesgo social La participación de los y las jóvenes en gene-ral es sumamente importante. Cuando exis-te participación juvenil, suele ser de aquellos con menos conflictos o cuyas conductas son valoradas positivamente por la sociedad. Sin embargo, es con aquellos vistos como «anti-sociales» con quienes se debe impulsar la par-ticipación. Hay que crear los mecanismos efec-


Estrategia 2: Atención integral para adolescentes y jóvenes víctimas de violencia de género

Es importante que las instituciones de salud proporcionen atención integral a las muje-res víctimas de violencia. Esto se ha de hacer trabajando con ellas en aspectos como salud sexual y reproductiva, la atención a la salud mental de ellas y de sus hijos, a fin de prote-gerlas y darles seguridad para que se libren de situaciones que las dañan a ellas tanto como a sus vástagos. De igual manera, las instancias de protección y seguridad para las mujeres y sus hijos deben proveer personal capacitado que no produzca la revictimización de quienes recurren a ellas en busca de ayuda, e imple-mentar protocolos ágiles y asertivos para brin-dar atención física, psicológica y jurídica en los casos que se presenten.


ς Personal especializado para el tratamiento de salud mental y física a mujeres víctimas de violencia doméstica

Todo el personal debería recibir una for-mación específica y profesional acerca de las diferentes necesidades que presentan

las mujeres y los hombres que han atravesa-do esta situación, además del tratamien-to adecuado que se les debe brindar. Para-lelamente, debe apoyarse de manera de ma-nera constante al personal en la resolución de los problemas relacionados con su trabajo diario, ya que al entrar en contacto con casos de violencia ello es necesario para que no su-fran traumas secundarios y estrés laboral.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Inamu, Senniaf y Minsa.

ς Protocolos para la atención de víctimas de abuso sexual

Es menester crear programas ágiles, pero que aborden ordenadamente una serie de pasos necesarios para que las mujeres se restablez-can junto con sus familias en cualquier cen-tro de atención a víctimas. Ahora bien, en el caso de adolescentes y jóvenes, los protoco-los deben contener información específica so-bre el trato especial que se les debe a ellas y la comunicación o intervención con sus familias.

Los centros de salud son espacios de alta efica-cia para brindar atención integral a las muje-res. Ellas acuden a estos para llevar registro de su control natal o para el cuidado de sus hijos, y es allí mismo donde es posible detectar ac-ciones de maltrato, ayudarlas y asesorarlas jurídicamente. El Ministerio de Salud debe considerar el diseño de protocolos que puedan

separar donde sea posible la participación del Estado en suplir necesidades básicas, como la alimentación, de programas que tengan como propósito motivar cambios de comportamien-to voluntarios y permanentes.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Seguridad Pública y Minis-terio de Gobierno.

ς Mejorar la educación policial sobre los derechos de la juventud y resolución de conflictos

El vínculo de la policía con la ciudadanía, y par-ticularmente con la población joven, debe es-tar basado en una relación de confianza tejida día a día. Por ello, sus elementos deben mane-jar con solvencia el diálogo intergeneracional, basado en los derechos que asisten a jóvenes de ambos sexos. La formación que se les ofrez-ca debe estar encaminada a aumentar la sen-sibilización, la formación y la motivación para cambiar su actitud hacia la juventud.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides y Ministerio de Seguridad Pública.

ς Acercamiento entre la Policía de Niñez y Adolescencia, los padres y madres de familia y la comunidad

La concepción de la Policía de Niñez y Ado-lescencia respecto a la juventud requiere una formación constante, que facilite un proceso de cambio de policía represiva a policía comu-nitaria. Es importante generar confianza entre la población y los integrantes de la Policía de Niñez y Adolescencia en las zonas identifica-das como de mayor riesgo, mediante acciones de relación con las comunidades. Además, se han de desarrollar mecanismos de persuasión que muestren a la población vulnerable y a otros actores de la comunidad las consecuen-cias que sufren aquellos que han pertenecido a pandillas o han perpetrado actos delictivos, así como las opciones de vida diferentes y de resolución de conflictos sin violencia.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Seguridad Pública/Prosi, Policía de Niñez y Adolescencia, municipios, Meduca.


ς Incremento de capacidades de redes contra la violencia hacia las mujeres e institutos de investigación sobre género

A nivel de sensibilización, y en un terreno me-ramente exploratorio, se está investigando el femicidio en Panamá. La poca información es-tadística disponible y los estereotipos sexistas que acompañan la recepción de denuncias de mujeres desaparecidas constituyen un nudo gordiano que impide ayudar de manera efec-tiva a las mujeres.

Incrementar las capacidades de investigación mediante la introducción y entrenamiento en metodologías antropológicas, jurídicas y fo-renses, y con una amplia participación de la comunidad y de las mujeres en particular, será una forma de sensibilizar a la población en ge-neral y adoptar medidas asertivas para la pro-tección y seguridad de las mujeres.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Inamu y universidades.

ς Alianza con los hombres Esta relación es imprescindible para lograr la equidad entre hombres y mujeres. Es necesa-rio hacer partícipe a la población joven mas-culina en la discusión de las relaciones en las diferentes esferas de la vida –el hogar, la fami-lia, el trabajo, la pareja, los hijos(as), la sexua-lidad, etc.–, basada en el respeto, la igualdad

de derechos y la comprensión de las respon-sabilidades que les atañen (paternidad y ma-ternidad responsable, sexualidad responsable, críticas a las actitudes en materia de género, etc.). En varios países los y las jóvenes han sido educadores(as) de otros(as) jóvenes y se han obtenido buenos resultados.

Si se trabaja con los niños y los hombres jóve-nes cuanto antes, se crea una mayor oportu-nidad para inculcar valores de equidad entre hombres y mujeres.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Meduca, Inamu e IEI.

compartir con las demás instituciones para unificar y asegurar la coordinación interinstitucional.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Inamu, Senniaf y Ministerio de Se-guridad Pública.

ς Protección contra actos de violencia y abuso sexual en los propios hogares

Muchas mujeres y niñas viven atemorizadas frente a todo tipo de violencia que se suscita en casa. Su capacidad de decidir si continúan sus estudios o si pueden acceder a servicios de salud sexual y reproductiva es condiciona-da por su situación de vida. El control de los embarazos no recae en ellas, pero sí la respon-sabilidad así como la cantidad de horas que trabajan en casa o fuera de ella.

Es necesario dar atención prioritaria a los de-rechos de las niñas, adolescentes y mujeres, así como incorporar a los hombres en las ac-ciones que se desarrollan a favor de la familia y sus integrantes.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Inamu, Senniaf, Ministerio de Segu-ridad Pública, Minsa, Dirección de Investigación Judicial, fiscalías y corregidurías.

ς Acciones que proporcionen seguridad física y jurídica a las mujeres jóvenes víctimas de violencia doméstica y sexual

Las fuerzas policiales, además del Ministerio Público, deben dictar y aplicar, tras recibir la formación necesaria, directrices e instruccio-nes basadas en normativas sobre las prácticas idóneas que se han de ejecutar con mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica. Debe priorizarse la seguridad e integridad física de la víctima y de su familia. En casos de desaparicio-nes, es imprescindible abrir expedientes sobre la persona buscada por la familia, los cuales deben basarse en conocimientos sólidos de la situación y deben poner de manifiesto la credibilidad de las fuentes de información. Todos los que participen en esta actividad deben reconocer la importancia de superar los esquemas sexistas en la tramitación de ex-pedientes y en la búsqueda de las mujeres, a fin de identificar la trata de personas e impedir femicidios.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Senniaf, Ministerio de Seguridad Pú-blica y Ministerio Público.


locarlos en una situación más digna. De igual manera, se requiere la intervención de actores institucionales conocedores y la vinculación entre los microempresarios y las microempre-sarias existentes, para que se constituyan en un modelo de referencia. Además, esto po-sibilitará la prevención de la migración a las grandes ciudades, como es el caso de jóvenes pobres de las áreas rurales.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ampyme, Ministerio de la Presidencia y Mides.

ς Priorizar la intermediación laboral para jóvenes en situación de riesgo

Una integración económica exitosa de los jóve-nes de ambos sexos en riesgo social es crucial para asegurar la paz y promover el desarrollo sostenible. La formación con calidad y perti-nencia debe ser flexible y adecuar las normas para brindar oportunidades a la población jo-ven vulnerable. Para ello son necesarios, ade-más de presupuesto, personal y capacitación específica, formas de acreditación que den seguridad a las empresas respecto al personal que contratan. De igual manera, se pueden realizar tareas de servicio social temporales en alianza con los municipios y en beneficio de es-tos: arreglo de parques, corte de pasto, pintura de espacios públicos, ornato de escuelas, etc., y crear una cultura del trabajo que favorezca la

inserción laboral. Cualquier programa dirigido a grupos vulnerables o en riesgo social debe ana-lizar los aspectos particulares que afecten la posibilidad de agenciarse de un empleo y dirigir acciones para revertir el impacto negativo.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mitradel, Mides.

ς Minimizar la discriminación y la falta de oportunidades

Los adolescentes y jóvenes de ambos sexos ne-cesitan protección para que sus identidades ét-nica, lingüística, de clase y de género no sean utilizadas en contra de ellos. Esto suele su-ceder cuando se considera, entre otras cosas, la diversidad social como si se tratase de una incapacidad de aprendizaje. El Estado cumple una labor importante en acciones de respeto a la diversidad en todas sus formas. Pero en el caso de jóvenes con antecedentes de conductas anti-sociales o de riesgo, es particularmente impor-tante promover su inclusión social y focalizar intervenciones que no estigmaticen.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mitradel, Mides, Meduca, Inadeh, uni-versidades y Defensoría del Pueblo.

Estrategia 3: Atención focalizada con jóvenes fuera del sistema escolar y desempleados(as)

No estudiar ni trabajar son factores de riesgo que la prevención primaria, como ya se ha di-cho, trata de abordar en forma general. Sin embargo, en algunos países, especialmente aquellos en que esta población es estigma-tizada, quienes no estudian ni trabajan son considerados población susceptible a acciones de prevención secundaria debido a la falta de recursos, porque su situación les genera des-aliento, porque en la búsqueda de recursos, y especialmente si se vive en áreas de violencia, hay un contacto muy probable con actividades ilícitas que producen dinero: armas de fuego, drogas y pandillas. No tienen otro espacio más que la escuela o el lugar de empleo para su formación y socialización; por este motivo, en una estrategia focalizada en ellos es impor-tante buscar opciones educacionales alterna-tivas. Por supuesto, las acciones de prevención primaria para impedir la ruptura escolar deben ser retomadas y aplicadas en los casos en que se logra reinsertar a un(a) joven en el sistema escolar.


ς Fortalecer programas de capacitación técnica vocacional

Se debe hacer en polos del mercado laboral local (turismo, puertos, comercios, construc-ción, cocina, manejo de maquinaria pesada, salas de belleza, restaurantes, autobuses, ta-xis, etc.) para aquellos jóvenes mayores de 18 años que tienen dificultades para mantenerse dentro de la educación formal, o que no se sienten atraídos por ella.

Instituciones responsables de implementa-ción: Inadeh, Ampyme, Ipacoop.

ς Promoción de microempresas para los y las jóvenes mayores de 18 años

Para la población joven, inexperta en lo que respecta a su habilidad para agenciarse de in-gresos por su cuenta, las microempresas son una experiencia arriesgada, pero participan en ellas en respuesta al desempleo y a la situación desesperada en que en muchos casos se en-cuentran. El énfasis de los programas de esta índole se debería de hacer en la generación de actitudes emprendedoras y en brindar instru-mentos de gestión y administración, para que la información y la capacitación adecuadas en iniciativas realmente viables permitan co-


para que los menores de edad puedan ejercer su derecho a la educación.

Instituciones responsables de implementa-ción: Meduca, Inadeh, Ministerio de Gobierno, Defensoría del Pueblo y Mides.

ς Implementar estrategias de animación sociocultural que mitiguen el impacto del choque cultural, la tensión y el temor de acciones violentas vividas

Son conocidas las implicaciones de la migra-ción en condiciones de precariedad: separa-ción de miembros de la familia, ruptura con la cultura, grandes dosis de temor y ansiedad, entre otros. Todo esto configura duelos que se deben superar. La posibilidad de sanar internamente a través de procesos creativos es fundamental para la paz y el orden social. Por lo tanto, es necesario contemplar la implementación de servicios de salud mental y apoyo profesional de trabajadores y trabajadoras sociales.

Instituciones responsables de implementa-ción: Defensoría del Pueblo, Mides y universidades.

Estrategia 5: Atención integral para jóvenes con adicciones55

A primera vista, y a diferencia de otras épo-cas, la droga está en todas partes y al alcance de quien la quiera. Se halla disponible como una mercancía más, lo cual constituye un he-cho que se ha de considerar en tanto se ins-tala como elemento de socialización entre la población joven. Como ha sido menciona-do anteriormente, la atención para quienes manifiestan adicciones al juego, Internet, vi-deojuego, etc., es prácticamente inexistente; sin embargo, las bases para tratamiento de tales adicciones tienen algo en común con los programas para tratar la adicción a las drogas y el alcohol.


ς Impulsar el trabajo de Conapred en materia de análisis exhaustivos sobre el fenómeno de la drogadicción, que dé cuenta de sus fases, matices y estadísticas

Es preciso repensar el fenómeno del consumo de drogas desde las condiciones de su proli-feración y alcance para la población joven, la

55 Ver introducción al concepto de adicciones y edu-cación para prevenir en la página 87.

Estrategia 4: Programas para migrantes extranjeros(as) en condiciones de precariedad

En la prevención primaria se proponen estrate-gias para evitar que adolescentes y jóvenes pa-nameños busquen migrar de las zonas rurales a zonas urbanas debido a ruptura escolar y desem-pleo. En el nivel secundario se encuentran ado-lescentes y jóvenes vulnerables por su situación precaria de migrantes en un país extranjero.

La ausencia de servicios de atención para la po-blación en condición de migrante extranjero o en precariedad no se debe únicamente al descono-cimiento del fenómeno por parte del Estado y a la falta de información, sino también a ciertos rasgos típicos de dicho tipo de migración. En pri-mer lugar, suele ser el resultado de una estrategia individual, o a lo sumo, familiar, no comunita-ria. La condición de ilegalidad provoca temor y aislamiento. La búsqueda de contactos está ligada a lugares que permitan al mirgrante pasar inadvertido, donde la situación de violencia y la presencia de prácticas delictivas definen la sobre-vivencia y les distancian de los servicios básicos del Estado.

En el caso de los y las adolescentes, la ilegali-dad migratoria les impide el acceso a servicios educativos, de salud, jurídicos y la posibilidad

de trabajos en ámbitos de seguridad. Asimis-mo, les expone a embarazos precoces, abuso se-xual y trata de personas.


ς Difusión amplia, particularmente en las áreas fronterizas, de los procedimientos para la legalización de la condición de la población migrante

Favorecer la divulgación de información exac-ta sobre cómo regularizar su estadía en el país y los derechos que les asisten. La información debe expresarse en los idiomas de la población migrante en condiciones precarias.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Gobierno, Senafront, munici-pios y Defensoría del Pueblo.

ς Facilitar estrategias educativas para la población adolescente que migra en condiciones de precariedad

La población migrante tiende a interrumpir la educación formal y a abandonar los estu-dios. En otros casos, es necesario ofrecerles alfabetización. Sin embargo, la carencia de documentos de identificación y de otros do-cumentos oficiales (como certificados de es-tudio, por ejemplo) no debe ser un obstáculo



ς Diseñar protocolos de atención especializada para jóvenes que participan en pandillas

Los mecanismos de atención deben conside-rar el abordaje a la pandilla, la salud mental y física de sus miembros, sea cual sea su sexo, y hacer especial hincapié en el acceso y per-manencia en la educación de los adolescentes miembros de las pandillas y la capacitación laboral adecuada para los jóvenes. Las becas universales y otros apoyos económicos para estudiantes deben ser prioritariamente accesi-bles para estas personas.

Las acciones deben tener en cuenta un proceso de fortalecimiento de la capacidad de las fa-milias y se han de destacar sus puntos fuertes. Además, es importante incluir acciones de in-tervención del Estado en los casos de pandille-ros cuyas familias son disfuncionales y en los que el joven o la joven necesitan la protección del Estado.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Minsa, Prosi y universidades.

ς Implementar programas de seguridad situacional donde las pandillas juveniles se congregan

En las zonas marginales urbanas, el espacio público es inapropiado y no existen centros de recreo para practicar deporte y socializar; o bien, está expuesto al dominio y control de las pandillas. Por estas razones, se requiere más vigilancia policial y/o comunitaria, más ilumi-nación, pactos entre pandillas y estrategias de carácter lúdico que faciliten la recuperación de estos sitios que se hallan en manos de las pan-dillas, para que se aboquen a ellos y los utilicen para desarrollar actividades deportivas, musi-cales, bailes, juegos, etc.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Ministerio de Seguridad Pública/Prosi y MOP.

ς Fortalecer al personal que trabaja con pandillas

Las personas que trabajan con pandillas de-ben conocer el contexto de las juventudes ac-tuales (cómo se relacionan, cómo construyen sus vidas, sus referentes, y generar procesos reflexivos) y el de sus familias. Esto con el fin de desestigmatizar su situación social y ayu-darles a reconstruir su identidad social. Deben recibir capacitación en instrumentos creati-vos, animadores, que propicien el diálogo y

estadística real de estos hechos y las razones psicológicas y sociales que pueden estar inci-diendo en su práctica. Al parecer, no se trata de la confrontación con el infinito como expe-riencia de saber, sino la tentativa de alcanzar una libertad sin límites. Quienes consumen drogas consumen productos que contrastan con su realidad y que les permiten desafiar por un rato las condiciones que enfrentan. El manejo integral del fenómeno en la población joven debe favorecer prácticas pertinentes y oportunas.

Instituciones responsables de implementa-ción: Conapred, Fiscalía de Drogas y Minsa.

ς Crear programas o mejorar programas existentes con opciones comprobadas y supervisadas por especialistas en la atención a dependencias/adicciones y bajo la responsabilidad gubernamental

El tratamiento de las adicciones demanda un ejercicio científico, realizado por personal en-trenado. Esto con el fin de evitar revictimiza-ciones, daños colaterales o nuevos tipos de dependencia. Asimismo, el Estado debe garan-tizar la posibilidad de tratamientos terapéuti-cos, casas hogar y seguimiento al alcance de la población que padece adicciones.

Instituciones responsables de implementa-ción: Conapred y Minsa.

Estrategia 6: Atención focalizada para jóvenes en pandillas juveniles

Los jóvenes más pobres de entre 8 y 18 años, que viven en ambientes urbanos marginados y sin oportunidades de educación o de tra-bajo, representan la fuente de suministro de miembros de una pandilla. Se concentran en tres provincias: Panamá, Colón y Chiriquí. En la provincia de Panamá, las pandillas juveniles se encuentran en Ciudad de Panamá y en San Miguelito. En Ciudad de Panamá están con-centrados en los barrios El Chorrillo, Curundú, Santa Ana y Calidonia. En la provincia de Co-lón están ubicados en la ciudad de Colón. En Chiriquí se encuentran en la ciudad de David, Puerto Armuelles, Pedregal y Boca Chica.

Considerando la homogeneidad de los pro-blemas que aquejan a sus integrantes y la variedad relativamente escasa de soluciones ensayadas, resulta importante conformar la-zos para la reflexión y el trabajo, lo que puede contribuir a un conocimiento más claro de su funcionamiento, patrones, normas y espacios nuevos de apoyo, así como las especificidades regionales y territoriales donde se ubican.


ς Generar procesos vinculantes con las familias y las comunidades

Los programas para los jóvenes deben contar con personal especializado en el trabajo con la juventud desde una perspectiva lúdica, de ani-mación y de reflexión. Deben generar opciones para los jóvenes, configurar acciones y redes preventivas en las zonas donde viven. Tam-bién desarrollar eventos y encuentros entre la población que participa en los proyectos de distintas ONG que trabajan en la prevención de la violencia juvenil.

Es necesario involucrar a las familias en este proceso con los chicos y las chicas. Y conside-rar también que, muchas veces, la situación de los adolescentes y los jóvenes es una expresión de la capacidad o dificultad que las personas adultas tienen de lograr día a día una inserción adecuada en el mercado laboral, a una esco-laridad mínima, a una vivienda digna y a ser-vicios de salud, lo que hace necesario brindar atención a todos los miembros de la familia desde sus respectivos papeles.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de la Presidencia, Mides, Sen-niaf, INAC y Pandeporte.

Estrategia 7: Promover alternativas a la violencia que sean innovadoras y fortalezcan el tejido social

Para romper con el ciclo de violencia que viven muchos jóvenes en alto riesgo social, que han sido víctimas de violencia estructural, directa y simbólica, y reproducen la violencia contra sí mismos y sus comunidades, es preciso con-tar con nuevos instrumentos que permitan manejar conflictos, canalizar su necesidad de expresión, tratar sus traumas y generar un sentido de pertenencia social. Esto es de suma importancia, especialmente con víctimas de la violencia.


ς Promoción de las expresiones artísticas para tratar traumas y promover restauración

La población joven señaló en un estudio cua-litativo realizado por el Mides altos niveles de trauma: temen a la muerte de algún fa-miliar cercano, a la violencia en los barrios, a ser violadas, a morir en una balacera, a caer en las drogas o en una pandilla. Lo fortuito e irremediable ha estado presente en sus vidas.

la reflexión sobre la realidad, y les permitan reconocer sus potencialidades. Otro tanto en sistemas locales de salud mental, de atención de salud y curativos, que se ajusten al contexto cultural y a las costumbres. Por lo tanto, hay que apoyar y fortalecer esos sistemas.

Para que las acciones sean eficaces, deberían de ser supervisadas por profesionales debidamen-te cualificados que puedan definir objetivos claros y criterios de evaluación identificables.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Ministerio de Seguridad Pública/Prosi.

ς Promover estudios interdisciplinarios que permitan mejorar la atención especializada a las pandillas

La sociología y la criminología modernas ofre-cen muchas definiciones de pandilla juvenil, en función de un mejor entendimiento de cómo ser más eficaces en su prevención y en la intervención con jóvenes que se han vincu-lado con ellas. De igual manera, hay muchos estudios que ofrecen evidencia acerca de qué tipos de intervenciones causan mayor impac-to. Panamá necesita mejorar la calidad del co-nocimiento práctico sobre las razones por las cuales los jóvenes se involucran en pandillas, cómo operan y qué beneficio perciben los jóve-nes de pertenecer a ellas, además de qué pro-

gramas pueden sustituir efectivamente estos beneficios percibidos con equivalentes funcio-nales y prosociales.

En oposición a la concepción delictiva de la misma, para los jóvenes el participar en una pandilla, consumir drogas, usar y abusar del alcohol y el cigarrillo son formas de habitar en el mundo, de participar en grupos, de permi-tirse el desborde de emociones más ligadas a lo destructivo, a la agresión, al dolor, la impo-tencia, el coraje, un medio de control del mie-do, entre otros. Es la posibilidad de alcanzar una libertad sin límites. Y si a ello se agrega la posibilidad de contar con dinero fácil, aumen-tan las sensaciones que la droga propicia o el dinero obtenido por medio de ella. Cabe men-cionar otro elemento no menos importante: para los jóvenes dispuestos a salirse de las pandillas supone una decisión trascendente, ya que puede implicar la muerte de un familiar o la propia.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Seguridad Pública/Prosi, IEI, universidades y jóvenes que viven en áreas violentas.


Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de la Presidencia, INAC, Pan-deporte y universidades.

Es necesaria la apertura a la opinión de diver-sos actores vinculados con la temática y tras-cender la cobertura de casos particulares para ubicarlaos en el contexto de la violación de derechos humanos de jóvenes. Ello, con el fin de establecer alianzas entre las instituciones del Gobierno, la sociedad civil y, en especial, de la propia juventud.

Existen experiencias exitosas en el tratamiento de la violencia relacionada con la juventud por medio de actividades lúdicas, creativas y estéti-cas como instrumentos de participación social y construcción de ciudadanía. Asimismo, favo-recen un cambio positivo con respecto al lugar donde viven, y manifiestan la necesaria articu-lación entre todos para sustentar los cambios.

Para el caso particular de la provincia de Colón, las personas que participaron en las consultas destacaron en gran manera que es fundamen-tal el papel que desempeña lo comunitario, el juego y las actividades que reflejen y provoquen alegría para el cambio en las comunidades en un viraje hacia la convivencia pacífica.

Y, por último, pero no menos importante: las expresiones artísticas se vinculan directamen-te con la posibilidad de atraer fuentes de tra-bajo e ingresos, en una nueva demostración de la capacidad de convocatoria y reclamo que la población joven de los barrios con altos niveles de violencia posee.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de la Presidencia, Mides, Sen-niaf, INAC, Pandeporte y universidades.

ς Capacitar a jóvenes en riesgo social en el diálogo y la resolución de conflictos

Los jóvenes que han sido etiquetados como «conflictivos» o «problemáticos» no cuen-tan a menudo con los instrumentos que les permitan entablar un diálogo con los demás miembros de sus comunidades. La conflicti-vidad, que puede basarse en problemas que requieren solución, tal como las violaciones a los derechos humanos, tiene que ser abordada con métodos alternativos a la violencia. Estos métodos deben dar prioridad a la participa-ción juvenil y de las personas involucradas en el conflicto.

Instituciones responsables de implementa-ción: Mides, Senniaf, Prosi y universidades.

ς Favorecer e impulsar la vinculación con redes latinoamericanas que asumen las expresiones artísticas como estrategia de transformación

Esta vinculación favorece el intercambio entre jóvenes que se hallan en situaciones similares. Se trata de la participación en redes con estruc-turas organizadas horizontalmente que propi-cien el ejercicio de ciudadanía y cultura de paz.



Estrategia 1: Promoción del enfoque restaurativo en la justicia penal juvenil

El uso del enfoque restaurativo, si bien con-lleva el manejo de la información, requiere un cambio fundamental de mentalidad que genere prácticas distintas y la disposición para el uso de tal instrumento en el papel que le compete a cada funcionario de gobierno, lo que facilita su aplicación con la población pri-vada de libertad. La capacitación sistemática en justica restaurativa, el conocimiento de experiencias de justicia restaurativa en otros países, el diálogo, la reflexión e intercambios de información entre los juzgados, defensores y fiscalías son buenas medidas.

El proceso de consulta a funcionarios(as) del Órgano Judicial deja entrever la preocupación de las personas, suscitada por la tendencia a realizar reformas en la legislación penal juve-nil, como reducir la edad de responsabilidad penal y el aumento de penas sin una apropiada asignación de recursos para atender adecua-damente a la que será una población crecien-te en el sistema. Esta situación representa un

La prevención terciaria busca la rehabilitación e inserción social de personas que han come-tido un hecho violento o que han entrado en conflicto con la ley penal, así como la restau-ración del daño causado a las víctimas y evitar que vuelvan a incurrir en este tipo de hechos.

La implementación de estas estrategias de-manda varias acciones simultáneas: fortaleci-miento de lo establecido en las leyes penales, propuestas de reformas donde sea necesario, capacitación, dominio y compromiso del enfo-que restaurativo en la aplicación de la ley pe-nal de adolescentes y la atención a jóvenes en conflicto con la ley. Todo ello encaminado a la restauración del tejido social, al fortalecimien-to de una cultura de paz y a la reintegración a la sociedad de los y las adolescentes y jóvenes de la manera más responsable posible.


tes mayores de 14 años56 deben hacer énfasis en métodos de conciliación y reparación, así como enfocar el proceso penal como un espa-cio de restauración que tiene que crear alter-nativas funcionales a la privación de libertad.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Gobierno/IEI, Policía Nacio-nal y Órgano Judicial.

ς Dinamizar los alcances de los consejos que se celebran con los jóvenes privados de libertad

Cada seis meses se reúnen en consejo con cada joven la jueza de cumplimiento, el/la fiscal y el defensor para evaluar el proceso con el joven. Es importante contar con mecanismos previa-mente acordados, que este sea un espacio de diálogo que resulte en consensos sobre cómo abordar los diferentes problemas e inquietu-des presentados. Al mismo tiempo, se puede potenciar este espacio al introducir el elemen-to de reparación de daños y, dentro del plan de atención personalizada, plantear lineamien-tos con el fin de propiciar la reparación de da-ños a la víctima.

56 Los niños y las niñas de 12 y 13 años están bajo el ré-gimen de medidas reeducativas administradas por Sen-niaf. Aquí se propone la importancia de privilegiar medi-das alternativas a la prisión para las y los adolescentes.

Instituciones responsables de implementación: Ministerio de Gobierno/IEI y Órgano Judicial.

ς Insistir en el principio de restauración, especialmente en lo concerniente a la atención de la víctima, y en coordinación con la comunidad

Han de entablarse, sistemáticamente, accio-nes de sensibilización, promoción y puesta en marcha de los instrumentos legales nacionales concernientes a la reparación del daño a las víctimas, el respeto de las disposiciones al res-pecto y la cabal enseñanza de los principios que contienen, dirigidas a todos los funcionarios públicos y a las instituciones educativas. De igual manera, es urgente difundir información en las comunidades y establecer planes con-cretos para involucrar a organismos y líderes comunitarios(as) en las acciones restaurativas.


retroceso en materia penal juvenil, así como una carga financiera al atender a quienes per-manecen en el sistema sin que haya adecuada planificación para cumplir con la ley. La justi-cia restaurativa aplicada en forma privilegiada con suficientes recursos presenta una alterna-tiva más eficaz que la privación de libertad.

No obstante, el enfoque de justicia restaura-tiva pasa por un proceso de cambio de men-talidad a nivel de la sociedad en su conjunto: que entienda en qué consiste, que debata sus alcances, que discuta el papel de la víctima así como de quien comete los delitos, la restaura-ción y sus implicaciones para el tejido social, y, especialmente, que la sociedad interiorice este enfoque partiendo de prácticas cotidia-nas conducentes a la armonía y la paz social.


ς Programas integrales alternativos a la privación de libertad

Para los adolescentes que están en proceso pe-nal y no cumplen una sanción privativa de li-bertad o libertad asistida, se deben crear y am-pliar programas que atiendan sus necesidades individualmente, diseñados para dar apoyo educativo, laboral, familiar y social, así como con relación a la salud mental y física que in-cluya tratamiento por adicciones, supervisado

por personal calificado. La sanción o la medida no privativa no basta en sí misma para prevenir futuros problemas de violencia o delincuencia, dado que los adolescentes regresan al lugar donde los mismos factores de riesgo persis-ten. Más bien, ofrece condiciones menos dañi-nas para que el o la joven aproveche el apoyo y la orientación que los programas le tienen que aportar, y para que su familia y la comu-nidad sean parte de su plan de tratamiento. Es preciso, por lo tanto, que estos programas se coordinen con otros organismos e institucio-nes en el territorio donde viven los jóvenes. Se sugiere evaluar cómo ampliar y reproducir ex-periencias exitosas, como la de la Universidad de Panamá/Instituto de Criminología: Centro de Atención Integral de Adolescentes.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Gobierno/IEI, Mined, go-biernos locales, Universidad de Panamá-Insti-tuto de Criminología e Inadeh.

ς Capacitar en el uso de medidas alternativas a la privación de libertad

Si bien las normas penales están instauradas y cumplen una función en el orden social, la doc-trina en materia penal juvenil enfatiza que las sanciones deben tener carácter socioeducati-vo y utilizar la privación de libertad solamen-te cuando no haya otra opción. Las iniciativas para la convivencia pacífica con adolescen-


gramas de inserción social que les permitan tener una valoración social distinta.


ς Creación del Centro de Cumplimiento Intermedio

Este tiene como objetivo facilitar la separa-ción adecuada de jóvenes que ya hayan cum-plido los 18 años, con un modelo de atención enfocado en su preparación para recuperar la libertad siendo adultos.

Contar con centros intermedios es imprescin-dible para que la población adolescente no pase directamente a las cárceles de adultos. Las diferencias de edad, experiencia y madurez son puntos importantes a tener en considera-ción en el diseño de los espacios, al igual que en los procesos de resocialización de jóvenes que entraron en conflicto con la ley penal sien-do adolescentes.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Gobierno

ς Tecnificar los sistemas informáticos al servicio de la vigilancia y evaluación de las personas privadas de libertad

La disponibilidad de información oportuna, desagregada por sexo y edad, entre otras va-riables, produce el manejo homogéneo de los datos e igualmente favorece la detección oportuna de necesidades para el Órgano Judi-cial en todas las instancias del país.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Gobierno y Órgano Judicial.

ς Fortalecer el modelo terapéutico con personal especializado en formación permanente

Se trata de implementar estrategias de atención psicosocial que favorezcan la orientación hacia el logro de objetivos, el esta-blecimiento de relaciones asertivas, la solución no violenta de conflictos y responsabilidad en los contextos educativos, productivos, comu-nitarios y familiares. Es importante garantizar la salud mental y física de los adolescentes. Esto se alcanza a través de profesionales de campo que realizan actividades familiares y co-munitarias para el fortalecimiento del proceso.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Gobierno/IEI.

ς Fortalecer los planes de capacitación para la policía y custodios de los centros de privación de libertad en justicia restaurativa, juventud y derechos humanos

La capacitación comprende procedimientos pertinentes sobre el manejo y comprensión de la niñez, la adolescencia y la juventud, dere-chos que les asisten, procesos legales, media-ción, resolución de conflictos, resocialización, autocuidado y seguridad laboral.

Esta acción conlleva un enfoque integral por parte del personal que trabaja en los centros. En primer lugar, con una información clara so-bre el derecho que asiste a la población adoles-cente y adulta privada de libertad; segundo, el cambio que ofrece la perspectiva restaurativa, y tercero, el contar con los instrumentos para su aplicación. Implica contar con personal es-pecializado con las condiciones laborales y la infraestructura necesarias para el desempeño de sus funciones. Esta acción debe tomarse en cuenta de igual manera para el personal de otras entidades e instituciones (Pandeporte, INAC, iglesias y universidades) que trabajan con la población privada de libertad.


Estrategia 2: Inversión en un sistema penal de adolescentes acorde con los principios de la ley

Un sistema especializado para adolescentes en conflicto con la ley implica una inversión adecuada para contar con los recursos ma-teriales y humanos requeridos para cumplir con la legislación. Es de suma importancia crear instrumentos que permitan la planifi-cación administrativa en cumplimiento de las leyes actuales, y que cualquier reforma a la ley propuesta incluya el detalle de costos que implicaría para el sistema. Solamente de esta manera el Estado puede garantizar el cumpli-miento de lo estipulado en el sistema. En este momento existen deficiencias que deben ser corregidas para posteriormente poder pro-yectar las necesidades futuras de acuerdo con las tendencias analizadas.

El hacinamiento, la carencia de programas para las personas adolescentes privadas de li-bertad, así como la insuficiente capacitación del personal que atiende a esta población au-mentan la violencia en la que participan y a la que están expuestas. Por otra parte, hay que tener presentes las carencias de supervisión judicial y de proyectos educativos y formati-vos específicos, dirigidos a su rehabilitación, y que al momento de su egreso ofrezcan pro-


ς Promover el arte, el deporte y la cultura en los Centros de Privación de Libertad como medidas de resocialización

Las expresiones artísticas cumplen la fun-ción de permitir acercarse al mundo, mirarlo y pensarlo de manera sensible, creativa y críti-ca. Además, la práctica del placer de hacer algo por el gusto de hacerlo permite la canalización adecuada de las emociones. Utilizar estos re-cursos acompañados de conversatorios (testi-monios de privados de libertad y de quienes han salido de las cárceles) refuerza en los jóvenes la credibilidad y certeza de los mensajes recibidos. El deporte, por su parte, canaliza las energías y enseña la práctica del conocimiento de reglas y la experiencia de ensayarlas para la vida adulta. El uso de estos instrumentos debe mostrar las opciones de vida que existen a la vez que se res-peta el marco de la legalidad.

Instituciones responsables de implementa-ción: Senniaf, Ministerio de Gobierno/IEI, Pan-deporte e INAC

ς Capacitación sistemática en la construcción de género y la masculinidad

Incluir en los modelos terapéuticos que imple-mente el IEI la discusión entre hombres y muje-res sobre su papel social, qué lo define, el porqué de las conductas que se presentan y cómo trans-formar esas construcciones culturales para ser

mejores personas y modificar positivamente el tejido social en el que estamos inmersos(as), evitando las relaciones desiguales de poder.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Gobierno/IEI, Inamu y Mides

ς Capacitación laboral para jóvenes dentro de los centros penitenciarios

Hay que encaminar la formación laboral de acuerdo con estudios del mercado laboral y con la situación real de cada joven, de tal suerte que disminuyan los reingresos en las cárceles y que los jóvenes de ambos sexos cuen-ten con lo necesario para su reinserción en la so-ciedad. Esta acción debe buscar mecanismos para incorporar a la comunidad, especialmente al sector de la empresa privada, en actividades y contacto con los jóvenes aun antes de que sal-gan de los centros de detención, y brinden su opinión y análisis sobre cuáles deberían ser los componentes importantes de un plan de capa-citación laboral.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Gobierno/IEI, universidades e Inadeh

ς Fortalecer y ampliar programas de medidas reeducativas con Senniaf

Senniaf es responsable de proveer los progra-mas reeducativos para los adolescentes (de 12 a 14 años) que han cometido delitos y son sancionados por los Juzgados de Adolescen-cia. Estos programas deben ser diseñados con criterios científicos, para minimizar el trauma de estos niños y niñas; abordar cualquier vulnera-ción de derecho que exista en su entorno y haya contribuido a su situación jurídica, y orien-tarse a la reducción de la probabilidad de reincidencia. Es importante considerar también la creación de protocolos de atención para me-nores de edad en detención administrativa con la policía, para garantizar su bienestar y el cum-plimiento de derechos, y evitar de esa manera la revictimización.

Institución responsable de implementación: Senniaf.

Estrategia 3: La rehabilitación e inserción social de adolescentes y jóvenes

Por principio, la privación de libertad debe ser el último recurso para las personas acusadas de haber cometido un delito, y eso es válido también para los adolescentes. Desde que ingresa en el sistema penal, la persona joven

debe ser tratada bajo estrictos protocolos de respeto a sus derechos humanos. Pero para quienes se quedan en proceso penal y a quie-nes les comprueban el delito y son objeto de sanción, el Estado debe diseñar programas y protocolos de atención que mitiguen el daño causado por la privación de libertad. El Estado debe proveer los instrumentos, tratamientos y oportunidades reales para que el o la joven sal-gan de su proceso en mejores condiciones para proseguir una vida sin reincidir en conductas negativas, en el delito o recurrir a la violencia.


ς Programas educativos dirigidos a la población adolescente privada de libertad

Es menester implementar capacitaciones para jóvenes que se hallan en los centros penitenciarios, encaminadas a la formación edu-cativa y laboral con el fin de disminuir la reinci-dencia y el reingreso a las cárceles, y para que cuenten con los instrumentos que les faciliten su reinserción en la sociedad.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de Gobierno/IEI, universidades e Inadeh.


to, de la reclusión y de la culpa, al contar con mecanismos para empoderarse y desarrollarse.

Instituciones responsables de implementa-ción: Senniaf, Ministerio de Gobierno/IEI, Inamu y Minsa.

ς Programas de atención a la salud materna y de los hijos e hijas

Los jóvenes deberían de ser capacitados(as) en cuanto a salud sexual y reproductiva. Un importante volumen de estas personas posee bajos niveles de escolaridad y, en el caso de las adolescentes que han interrumpido la educa-ción formal, tienen muy pocos instrumentos que les permitan cuidar de sí mismas o de sus hijos e hijas.

Instituciones responsables de implementa-ción: Senniaf, Ministerio de Gobierno/IEI, Inamu y Minsa

ς Capacitación educativa y laboral Si bien en Panamá se hace un gran énfasis en la educación básica, una vez concluida, jóvenes de ambos sexos se encuentran desprovistos de una educación secundaria y superior, que será lo que sentará las bases para su inserción en el mercado laboral con posibilidades de in-dependencia económica. Las adolescentes ma-dres, especialmente, deben contar con todas

las condiciones que les permitan concluir su educación formal, a la que tienen derecho, y garantizarse el acceso a talleres vocacio-nales que les transmitan habilidades y com-petencias requeridas por el mundo laboral.

Instituciones responsables de implementa-ción: Senniaf, Ministerio de Gobierno/IEI, Inamu, Meduca e Inadeh.

Estrategia 4: Programas específicos de atención en los centros femeninos

Las mujeres jóvenes en conflicto con la ley de-ben ser parte integral de todas las propuestas de acción anteriormente mencionadas. No obstante, su condición de mujeres en situa-ción de privación de libertad exige una aten-ción especializada.

Varias de las recluidas en los centros son madres, en diversos casos responsables económicamente de sus hogares, lo que agrega la tensión que implica el cuidado y la preocupación por el fu-turo de sus hijos o hijas. Por otro lado, algunas están privadas de libertad por haber respaldado a un hijo o a su pareja, y luego son abandonadas, con lo que se acarrean cargas emocionales di-fíciles de sobrellevar, o incluso retornan al es-pacio de violencia, por lo que el empoderarse, ser sujetos de protección, atención psicológica y capacitación, y facilitarles el acercamiento con sus familias, cobra relevancia particular.


ς Diseño de programas terapéuticos para el tratamiento de las víctimas de abuso sexual

Debe admitirse que a pesar del índice significa-tivo de abuso sexual en el país, todavía no se cuenta con un protocolo definido que permi-ta la debida atención de las víctimas, mucho menos de quien cometió el abuso. Esta tarea pendiente debe considerar los entornos cultu-rales de las víctimas, el apoyo familiar y una red institucional de respaldo para superar el trauma, proteger a la víctima además de a sus hijos(as), si tiene, y rehabilitar a los victimarios o victimarias.

Instituciones responsables de implementa-ción: Senniaf, Ministerio de Gobierno/IEI, Inamu y Minsa.

ς Capacitación sistemática en género La responsabilidad institucional de reinsertar a las mujeres en la vida social pasa por construir junto con ellas una nueva visión de sí mismas a partir de un enfoque de género que les per-mita entender las condiciones históricas, es-tructurales y culturales que han favorecido en gran manera su historia de vida, lo que facilita superar paulatinamente los traumas del deli-



y, por ende, a sus familias, del trabajo volunta-rio a favor de sus propias comunidades; y, por último, algo esencial: la creciente conciencia entre voluntarios y voluntarias y las personas beneficiadas acerca de su papel en la solución de sus problemas.

De ahí la necesidad de fortalecer a la ODSS del Mides, que ejecuta acciones en este sentido, pero que requiere fortalecimiento, tal como proveerle de espacios con recursos de comuni-cación, de convocatoria comunitaria, diseño de planes propios, etc., en apoyo desde el Mides y todo el gabinete social, junto con organismos de cooperación internacional a fin de renovar e impulsar el Consejo Nacional de la Juventud.

Coordinación interinstitucional

El sector público debe contar con mecanismos claramente establecidos y respetados entre sí, favoreciendo la relación entre los niveles de más alta jerarquía hasta los de menor jerar-quía. Esta apreciación resulta particularmente

Esta propuesta está diseñada como un insu-mo para la creación del Plan Nacional de Ju-ventud que Mides propone con el propósito de poner en acción la Política Pública de Juventud de Panamá. Por lo tanto, entre las siguientes recomendaciones, algunas resultarán más pertinentes al proceso de desarrollo del plan, y otras serán incorporadas como parte de las acciones del plan mismo.

Participación de la población joven

Se recomienda que esta propuesta sea socia-lizada y discutida entre diversos grupos y sec-tores juveniles en el marco de la metodología planteada para la creación del Plan Nacional de Juventud.

Además, la participación de jóvenes es de suma importancia para el Gobierno, pues abarca tres dimensiones: dota a miles de jó-venes del país de espacios propios, con voz y voto y capacidad para reflexionar críticamente y actuar sobre su entorno; los hace partícipes,


Recursos

El trabajo de coparticipación entre las institu-ciones permite conseguir importantes aportes en recursos no financieros que complementen las iniciativas en materia de prevención de la violencia asociada con jóvenes y atención a jóvenes de ambos sexos en riesgo social, así como de sus familias. Se ha de citar particu-larmente el apoyo para campañas a través de los medios de comunicación social, talleres de capacitación, pasantías para el personal de las instituciones y diplomados, entre otros. Esto no obvia la importancia de asignar recursos financieros dentro del presupuesto nacional para la implementación de las estrategias planteadas.

Monitoreo y evaluación de las acciones

La dinámica de implementación de estrate-gias de prevención de la violencia sociada con jóvenes y los resultados que se deriven de ella deben analizarse periódicamente y evaluarse de manera acumulativa, es decir, recopilando la información sobre las prácticas realizadas, desagregadas por sexo y etnia. Asimismo, se debe incluir la necesidad de crear y/o mejo-rar un sistema de información unificado e in-tegrado sobre la violencia y el delito, unificar criterios y mecanismos para ingresar datos, así como consensuar indicadores que las institu-

ciones comparten a fin de medir el impacto de programas más amplios. A nivel macro tam-bién es importante consensuar indicadores que permitan comparar resultados entre sectores, instituciones, territorios, etc., y ajustar coordi-naciones y prioridades de acuerdo con los re-sultados para dar continuidad al esfuerzo del Observatorio de la Violencia del PNUD y de la Cámara de Comercio.

Las evaluaciones deben propiciar el análisis de programas puntuales a fin de reconocer accio-nes exitosas y divulgarlas ante la opinión públi-ca. Indudablemente, habrá que mirar los efec-tos no previstos que podrían haber generado re-sultados negativos en los jóvenes en riesgo y en sus familias, o en otros sectores de la población.

Enfoque local e incremento de las capacidades comunitarias

El ensamblaje institucional local debe ser for-talecido y se debe contar con mecanismos fluidos de relación y coordinación entre sí, para descentralizar los esfuerzos en materia de prevención de la violencia sociada con jóve-nes. Los responsables de los gobiernos locales deben generar un mayor acercamiento con las personas. Esa cercanía con la población joven y sus familias, con sus necesidades y con los actores que toman decisiones, promueve una mejora de la convivencia pacífica y supone

pertinente si se tienen en cuenta las positivas experiencias de organización institucional de algunas entidades, lo que ha facilitado a las co-munidades y a la población joven en riesgo so-cial el acceso a diferentes dependencias como las escuelas, instancias de salud y de acción so-cial, manejo de información actualizada y per-tinente, protocolos ágiles, emprendimientos, etc. De igual manera, la coordinación conlleva no duplicar esfuerzos, tener claros los manda-tos y compartir información. Todo en función del interés primordial de los sujetos de la polí-tica pública: los adolescentes y los jóvenes.

El tema de la prevención de la violencia juve-nil debe incluirse como tema transversal en la esfera de otros sectores, tales como la Agenda Educativa Nacional, los programas de desarro-llo social en el medio rural, y particularmente en las comarcas indígenas, la legislación na-cional, la atención a las más urgentes nece-sidades de los grupos vulnerables, etc. Y algo similar debe realizarse a nivel local, de mane-ra que la prevención de la violencia juvenil se convierta en uno de los ejes de atención de la política de juventud en este nivel y se vea refle-jada en los presupuestos adecuados.

Además, a través de la provisión de apoyo y materiales específicos entre las instituciones y la población meta con que trabajan, así como del fortalecimiento de las capacidades de las instituciones para el desarrollo de acciones de

incidencia, se favorece una percepción positiva de la institucionalidad a favor de los jóvenes en riesgo y de sus familias.

Incremento de capacidades del personal y generación de conocimientos

Para el logro de una cultura de paz resulta ne-cesario contar con un cuerpo crítico de espe-cialistas nacionales que desarrollen estudios cualitativos y cuantitativos sobre la violencia juvenil desde la perspectiva de los jóvenes víc-timas de la violencia y de los jóvenes que co-meten delitos, y de ello se ocupa la Escuela Ju-dicial. Esto ayudará a manejar información clara, precisa, y contar con elementos interdis-ciplinarios que favorezcan una comprensión adecuada de la violencia juvenil así como de su atención. A la vez, se ha de realizar el entrena-miento en nuevas metodologías para el traba-jo con jóvenes; tal es el caso de la animación sociocultural, trabajos vinculados al deporte, arteterapias, etc. Agregado a esto, una sensi-bilización consuetudinaria dirigida a la opinión pública, a los grupos vulnerables a la violencia, valiéndose de los medios masivos de comuni-cación (prensa escrita, radio, TV, Facebook, Twitter, páginas Web, etc.) y actividades de tipo personal con los jóvenes, tanto hombres como mujeres.


Complementariedad con la empresa privada y los medios de comunicación

Al fortalecer la alianza con el sector privado se pueden obtener recursos adicionales. El sector privado puede contribuir con apoyo, tanto fi-nanciero como en especie. Puede proporcionar información y servicios a sus empleados y pro-mover competencias y capacitación a las co-munidades donde opera. Dentro del marco de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal se pueden buscar mecanismos que permitan mantener co-municación permanente para promover las ac-ciones positivas de las juventudes a favor de la convivencia ciudadana, y que apoyen la imagen positiva de las juventudes y la expresión juvenil.

La utilización de los medios de comunicación puede ahondar el compromiso público con la prevención de la violencia asociada con jóve-nes y promover donaciones y contribuciones dirigidas a grupos que trabajan en la preven-ción y atención de jóvenes en riesgo social. De igual manera, la empresa privada y los medios de comunicación pueden aprovechar su poder para mantener la temática de la prevención de la violencia en un lugar prominente de las agendas públicas y las políticas, e influir en la rendición de cuentas. Sin embargo, el mayor llamamiento que se hace a los mismos es que mantengan una visión respetuosa, desestig-matizada y positiva de la juventud.

Enfoque Integral: unificación de criterios y conceptos

Todas las instituciones y sus funcionarios y funcionarias deben manejar los mismos con-ceptos y criterios en cualquier aspecto de la prevención de la violencia que afecte a los ado-lescentes y a los jóvenes. La población atendi-da tiene que recibir los mismos mensajes de todos los involucrados(as) para poder lograr una efectiva intervención a favor de ella. Es de suma importancia homologar conceptos, enfoques y metodologías con base en datos evidentes, compartidos entre las instituciones sociales y de seguridad. Esto con el propósito de incrementar los resultados positivos y así evitar la divulgación de información confusa entre la población, lo que les resta credibilidad y eficacia a las instituciones.

Valiéndose de su liderazgo, el Mides, junto con el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia Juvenil, del Ministerio de la Presidencia, y el Ministerio de Seguridad Pública, deben recomendar el es-tablecimiento de una plataforma que tenga como objetivo definir lineamientos de Estado en materia de prevención de la violencia, es-pecialmente entre la población juvenil, que ar-ticule las iniciativas gubernamentales, las de la cooperación internacional y de la sociedad civil, con gran profusión de acciones por par-

otras formas de acción por parte de las estruc-turas de gobierno que convocan al diálogo, a la restauración, al respeto, a la paz.

La incorporación a nivel local de iniciativas de prevención de la violencia relacionada con la juventud, tomando en cuenta sus situaciones particulares, su estética, gustos, necesidades, sus patrones culturales, la comunicación in-tergeneracional, de género y multicultural, genera un mayor interés en el trabajo a favor de la comunidad. Esto provoca un incremento de la participación en las tareas comunitarias necesarias para prevenir la violencia: organiza-ción, planes de trabajo, capacitaciones, corre-lación con temas nuevos, nuevos liderazgos, etc. Esta participación estimula la cultura del trabajo entre la población local, que a menu-do atraviesa una situación de baja autoestima debida a la falta de estudios y/o trabajo, y la necesidad de recibir asistencia muchas veces para sobrevivir, y/o a causa del abandono en que se encuentra con relación a las instancias centrales de decisión.

Es a nivel local que se implementan directa-mente las acciones de justicia restaurativa: las mediaciones, círculos de paz, espacios de diálogo y resolución de conflictos, etc.; y las comunidades tienen que crear y contar con el respaldo institucional para que existan las condiciones, tanto de los mecanismos como de preparación de las personas que permitan

implementar la justicia restaurativa en la vida cotidiana.

Complementariedad con la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional

Las articulaciones con los organismos de la so-ciedad civil que respetan o comparten el en-foque integral en materia de prevención de la violencia juvenil imponen una relación directa con las organizaciones de base, lo que facilita espacios para las capacitaciones, facilitadores, favorecer el traslado de participantes en ac-tividades diversas, optimizar recursos y brin-dar equipo tecnológico, entre otras cosas. En algunos casos, las organizaciones trabajan en la prevención de la violencia, y en otros en la atención a las víctimas.

Muchas veces, los proyectos e iniciativas de gobierno generan vínculos con la sociedad ci-vil. Sin embargo, es el Estado el responsable del diseño y la ejecución de la política y de la creación de los acuerdos de cooperación, como parte del ejercicio de su responsabilidad y liderazgo.



te de las iglesias evangélicas. De igual manera se ha de hacer con las iniciativas de creación e implementación de un sistema unificado de estadísticas e información relevante. Es nece-sario generar tal información sobre la materia para fortalecer la capacidad institucional. Ello permitirá brindar aportes en lo que a la pre-vención social de la violencia que afecta a ado-lescentes y jóvenes se refiere.

Instituciones responsables de implementa-ción: Ministerio de la Presidencia/Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y la Delincuencia Juvenil y Ministerio de Seguri-dad Pública.



Ley Nº 48. PANAMÁ. Que tipifica los delitos de pandillerismo y de posesión y comercio de armas prohibidas, dicta medidas de protección a la identidad de los testigos y modifica disposiciones de los Códigos Penal y Judicial, y de la Ley 40 de 1999. Asamblea Legislativa, Panamá, 30 de agosto de 2004, 8 pp.

Ley Nº 38. PANAMÁ. Que reforma y adiciona artículos al Código Penal y Judicial, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, deroga artículos de la Ley 27 de 1995 y dicta otras disposiciones. Asamblea Nacional, Panamá, 19 de julio de 2001, 12 pp.

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Ley No. 14 del 23 de enero 2009. PANAMÁ. Que crea la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Fa-milia.

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Entrevistas citadas:

Capitana Tello, Policía de Niñez y Adolescencia: 27 de septiembre de 2011.

Fiscal de drogas, Javier Caravallo: junio de 2011.

David Arosemena, director del Centro de Custodia Arco Iris en ese momento: 30 de septiembre 2011.

Jueza García Mayorga, entrevista personal: 11 de octubre de 2011.

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