Propuesta de diseño

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1 Las Políticas Sociales y el Trabajo Social. La ausencia de derechos impide al ser humano desarrollarse libremente y en condiciones igualitarias a la de sus semejantes, es el principal desencadenante de desigualdades y cuando éstas se cronifican se hace necesario afrontarlo como un perjuicio, como un problema social. El tema central de nuestra noticia es la pobreza, sin lugar a dudas una de las principales trabas que considerámos como elementales, pues gira en torno a un motor que se nutre de la privación de aquellos razonamientos que dan fundamento a un estado de derecho. Si ya de por sí la pobreza es una cuestión grave, lo multiplica exponencialmente cuando ésta se ceba con los sectores de la población más desprotegidos, en nuestro caso la población infantil. Ser pobre o estar en el umbral de serlo es la suma de muchos factores que, como trabajadores sociales debemos combatir mediante la acción social, para que se imparta justicia social y que promueva un cambio social apuntalando las bases del bienestar social. Lo social es el común denominador de todo lo que envuelve al ser humano y es ahí donde tenemos que centrar nuestra dedicación y exigir a nuestros gorbernantes que apliquen sus políticas, sus políticas sociales, que como la define M. Moix Martinez es “Toda acción organizada o profesional, ejercida sobre la persona humana o sobre la comunidad o sobre ambas a la vez, que afecte directa o inmediatamente a la posibilidad del libre perfeccionamiento y desarrollo integral del hombre, es decir, a la posibilidad de su plena libérrima realización personal, posibilidad en cuya garantía se cifra precisamente el imperativo de la justicia social, entendida esta última como la exigencia ética de que la convivencia humana se ordene de modo que, cualesquiera que fueren las relaciones en que el hombre, por su dimensión social, se hallare inmerso, quede siempre a salvo de la posibilidad de acrecentar los valores humanos, se haga posible en todo momento el libre perfeccionamiento integral de la persona humana, su máximo desarrollo, su más plena realización”. Es desde ésta expresión desde donde el trabajador social debe fundamentar sus premisas para desarrollar de su profesión y que la FITS la define como, “La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son fundamentales para el trabajo social” (1) . (1) En Propuesta de Definición Global del Trabajo Social recogida en Consejo General de Trabajo Social. Recuperado el 01 de marzo de 2016, de http://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial. consensuada en Melbourne en julio de 2014.

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Las Políticas Sociales y el Trabajo Social.

La ausencia de derechos impide al ser humano desarrollarse libremente y en condiciones

igualitarias a la de sus semejantes, es el principal desencadenante de desigualdades y cuando

éstas se cronifican se hace necesario afrontarlo como un perjuicio, como un problema social.

El tema central de nuestra noticia es la pobreza, sin lugar a dudas una de las principales trabas

que considerámos como elementales, pues gira en torno a un motor que se nutre de la privación

de aquellos razonamientos que dan fundamento a un estado de derecho.

Si ya de por sí la pobreza es una cuestión grave, lo multiplica exponencialmente cuando ésta se

ceba con los sectores de la población más desprotegidos, en nuestro caso la población infantil.

Ser pobre o estar en el umbral de serlo es la suma de muchos factores que, como trabajadores

sociales debemos combatir mediante la acción social, para que se imparta justicia social y que

promueva un cambio social apuntalando las bases del bienestar social.

Lo social es el común denominador de todo lo que envuelve al ser humano y es ahí donde

tenemos que centrar nuestra dedicación y exigir a nuestros gorbernantes que apliquen sus

políticas, sus políticas sociales, que como la define M. Moix Martinez es

“Toda acción organizada o profesional, ejercida sobre la persona humana o sobre la

comunidad o sobre ambas a la vez, que afecte directa o inmediatamente a la posibilidad

del libre perfeccionamiento y desarrollo integral del hombre, es decir, a la posibilidad de

su plena libérrima realización personal, posibilidad en cuya garantía se cifra precisamente

el imperativo de la justicia social, entendida esta última como la exigencia ética de que la

convivencia humana se ordene de modo que, cualesquiera que fueren las relaciones en

que el hombre, por su dimensión social, se hallare inmerso, quede siempre a salvo de la

posibilidad de acrecentar los valores humanos, se haga posible en todo momento el libre

perfeccionamiento integral de la persona humana, su máximo desarrollo, su más plena

realización”.

Es desde ésta expresión desde donde el trabajador social debe fundamentar sus premisas para

desarrollar de su profesión y que la FITS la define como,

“La profesión de trabajo social promueve el cambio social, la resolución de problemas en

las relaciones humanas y el fortalecimiento y la liberación del pueblo para incrementar el

bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre comportamiento humano y los sistemas

sociales, el trabajo social interviene en los puntos en los que las personas interactúan con

su entorno. Los principios de los Derechos Humanos y la Justicia Social son

fundamentales para el trabajo social”(1).

(1) En Propuesta de Definición Global del Trabajo Social recogida en Consejo General de

Trabajo Social. Recuperado el 01 de marzo de 2016, de

http://www.cgtrabajosocial.es/DefinicionTrabajoSocial. consensuada en Melbourne en julio

de 2014.

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Elegimos la idea desarrollada por el señor Moix Martínez porque se ajusta con la que defiende

la Federación Internacional sobre el Trabajo Social y ésta a su vez guarda una relación directa

con la noticia “Uno de cada tres niños vive bajo el umbral de la pobreza en España”,

seleccionada por nuestro grupo para ser analizada siguiendo los parámetros que establece la

Política Social.

Se hace precisa una revisión del papel de las políticas públicas en la lucha contra la pobreza y

la exclusión social. En esta línea, planteamos la necesidad de que dichas políticas deben dar

prioridad a la atención de los fenómenos de exclusión y pobreza severa, básicamente por tres

argumentos: en primer lugar, por «baremo», deben favorecer primero a los que peor están; en

segundo lugar por una cuestión de derechos humanos, ya que estas situaciones de pobreza y

exclusión social severa, más allá de la reducción de ciertas comodidades, implican un atentado

directo a la dignidad de las personas; y finalmente por un criterio de interés colectivo general,

ya que la expansión de estas situaciones puede poner en cuestión la convivencia y la seguridad

del conjunto de la sociedad, en suma, la sostenibilidad social.

Las políticas sociales consideradas como básicas deben cimentar su lucha contra la pobreza

infantil y hacerlo de forma transversal dado que son muchos los frentes que se abren sobre ella,

se necesita dar apoyo desde diferentes ángulos como son la protección a la familia, la vivienda

social, la educación, la sanidad, etc., ser pobre no solo significa no tener dinero, hay otros

motivos que impiden el desarrollo humano, como una educación deficiente, una sanidad que

vaya más allá de la primaria, la necesidad de una vivienda digna, la brecha salarial entre

hombres y mujeres, la conciliación laboral, el desempleo…

Para paliar los efectos causados por estas carencias se necesita de la inversión pública, que

nuestros gobiernos adquieran el compromiso de satisfacer este proceso y aplicarlas desde el

ámbito local hasta la esfera internacional.

Las entidades locales a las que pertenecemos los integrantes del grupo, debido a su proximidad

percibimos que mantienen unas características muy similares. Es nuestra provincia uno de los

territorios más desfavorecidos por el empleo, dando lugar a una mayor desigual entre sus

pobladores, por ello vamos a destacar las medidas comunes que en la actualidad se han puesto

en marcha y aquellas que nos parezcan más significativas.

En la localidad de Jerez, su ayuntamiento ha presentado un borrador del “Plan Municipal por

la Infancia y la Familia” (un objetivo estratégico de las políticas sociales integrado en el Plan

Estratégico de Servicios Sociales, Igualdad de Oportunidades e Inclusión, que toma como

referencia el II Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia (II PENIA) del Gobierno

de España y sustenta sus principios en la Convención de los Derechos de la Infancia, así como

en los contenidos constitucionales que protegen este ámbito).

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Para ello se ha originado una Comisión Técnica Intermunicipal, con la propuesta de la creación

de una “Mesa por el Buen Trato y el Consejo Municipal de la Infancia”.

En este contexto, se establece una clasificación, a partir de una teoría positiva de las

necesidades específicas (como derechos básicos) de cualquier niño en su desarrollo físico,

psíquico y social:

Necesidades de carácter físico-biológico

Necesidades Cognitivas, mentales y culturales

Necesidades emocionales, sociales y afectivas

Necesidad de participación.

Las Políticas Públicas, en su corresponsabilidad con el resto de agentes sociales, deben

promover el buen trato, la adecuada crianza y desarrollo afectivo y social del conjunto de

los menores de la sociedad actual para el pleno cumplimiento de los derechos de la

infancia.

Objetivos generales del Plan

Impulsar medidas de apoyo a la familia en la crianza y educación de los hijos/as

en las distintas etapas vitales.

Puesta en marcha de nuevos recursos que permitan mejorar la cobertura de las

necesidades de la infancia y familias en riesgo favoreciendo su desarrollo pleno.

Mejorar la calidad de los servicios municipales dirigidos a la infancia y

adolescencia de tal manera que Jerez se convierta en un espacio socializador

positivo para los mismos.

Sensibilizar a la población sobre las necesidades y derechos de la infancia.

Impulsar la coordinación efectiva de las distintas instituciones y entidades que

intervienen con menores.

Otras medidas importantes tomadas por esta administración son las bonificaciones y ayudas

sociales, la oficina intermediación hipotecaria, el “Plan Estratégico de Servicios Sociales,

Igualdad de Oportunidades e Inclusión 2012–2015”, que entre otras medidas intenta ampliar el

compromiso público hacia la prevención y atención de situaciones de pobreza en nuestra

ciudad, mediante el refuerzo de prestaciones y recursos de apoyo socioeconómico y la

complementariedad en la intervención social.

Los Servicios Municipales desde sus Servicios Sociales Comunitarios y Especializados han

alcanzado un convenio entre Diputación y Junta con 29 municipios entre los que se encuentran:

Bornos, Grazalema y Prado del Rey (localidades de algunos componentes de nuestro grupo de

trabajo), para poner en marcha un “Programa de Tratamiento Familiar” (2) que, se compromete

a asegurar a los/las menores la protección y el cuidado necesario para su bienestar y desarrollo

integral arbitrando que las personas a cuyo cargo se encuentran los protejan y promuevan el

ejercicio de sus derechos.

(2) Recuperado el 03 de marzo de 2016, de

http://www.bornos.es/opencms/opencms/bornos/Actividades/Asuntos_Sociales/

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El programa es desarrollado por tres equipos multidisciplinares que cubren la totalidad de

municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia de Cádiz.

Sus actuaciones están dirigidas a la prevención, detección e intervención con el fin de satisfacer

los derechos de los/las menores.

Los objetivos del programa son:

Potenciar que las familias participen en el programa proporcionando a los/las menores

un entorno familiar adecuado.

Preservar la integridad de las familias evitando la separación de los menores mediante

una intervención específica e integradora.

Realizar una reunificación familiar acortando al máximo el tiempo de separación del/de

la menor con su familia.

Junto a las políticas sectoriales antes detalladas, nuestra Comunidad representada por la Junta

de Andalucía, sensible al impacto que causa este problema, promueve gran número de

actuaciones destinadas a mitigar estas desigualdades en nuestro territorio.

Es en Andalucía, donde consta que uno de cada cuatro menores sufre el estigma pobreza, sus

representantes políticos se comprometieron a impulsar el “II Plan Integral de Atención a la

Infancia” dirigido a proteger los derechos de los niños y las niñas en todas las políticas públicas,

desde una visión estratégica e integral de las mismas. Además, de articular todas las iniciativas

en ejecución, el Plan también debía generar un marco estratégico de acción pública en materia

de infancia en Andalucía, que prestara especial atención a la situación de pobreza y exclusión

social.

El Plan está orientado a promover la igualdad de oportunidades, proteger los derechos de la

infancia, promover medidas para garantizar el acceso a recursos adecuados (1. Priorizar la

creación y acceso a empleos para personas adultas con hijos y en situación de pobreza. 2.

Ampliar, modernizar y homogeneizar el Sistema de Rentas Mínimas autonómico. 3. Aumentar

las cuantías de asignación por hijo a cargo de la Seguridad Social para los niños y niñas con

menos recursos) y a servicios accesibles, asequibles y de calidad.

Sus objetivos son una dotación suficiente de recursos económicos y técnicos e implantar el

enfoque de derechos de la infancia. Para lograr esto será necesario incorporar a los procesos

presupuestarios mecanismos participativos de seguimiento, rendición de cuentas y análisis de

impacto en la infancia.

A pesar de la existencia de este tipo de propuestas y planes autonómicos, no hay políticas

básicas estatales que actúen directamente para resolver este problema, y, aunque el sistema de

prestaciones es clave para la supervivencia de las familias con rentas más bajas, el colchón que

proporcionan es claramente mejorable e insuficiente, puesto que es muy bajo el número de

hogares que logran salir de la pobreza gracias a ellas, y no se toman medidas centradas en los

menores.

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Carencia material

Resultados a nivel Nacional y de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Carencia material

Unidades: Porcentaje de personas

Conceptos considerados:

1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año

2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días

3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada

4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos

5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca

o alquiler, recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses

6. No puede permitirse disponer de un automóvil

7. No puede permitirse disponer de un teléfono

8. No puede permitirse disponer de un televisor en color

9. No puede permitirse disponer de una lavadora.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística

Carencia en al menos 4 conceptos 2014 2013 2012 2011 2010 2008 2006 2004

Nacional 7,1 6,2 5,8 4,5 4,9 3,6 4,1 4,8

Andalucía 9,5 7,0 7,5 6,3 5,6 5,4 6,5 8,6

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Resumiendo, por un lado, las prestaciones monetarias a las familias tienen efectos directos

sobre la renta disponible de los hogares. Por otro, los servicios públicos, especialmente la

disponibilidad de cuidados infantiles gratuitos o subvencionados, reducen el gasto privado en

ese tipo de servicios a la vez que incrementan la oferta laboral femenina y, por tanto, los

ingresos de los hogares. En el caso español, la evidencia empírica conocida señala que las

prestaciones monetarias parecen tener más influencia en la salida de la pobreza de los hogares

sin hijos que en aquellos con niños. (Cantó et al., 2006).

A nivel de Estado, en España y motivado por la crisis han ido perdiendo importancia el peso

que la Administración Central presta a la atención pública de los ciudadanos, aunque es cierto

que, tal disminución no motiva el olvido de la necesidad de inversión en políticas públicas por

parte de los que nos gobiernan. En los Presupuestos Generales del Estado y de las 17

Comunidades Autónomas se identifican partidas de gasto con impacto sobre la población

infantil española, agrupándolas en cuatro ámbitos: Educación, Salud, Bienestar Social y

Seguridad Social o Prestaciones.

También es cierto que estas intervenciones a juzgar por el incremento de las desigualdades se

hacen insuficientes y es necesario que, bien sea a través de virar la tendencia a la hora de

configurar los presupuestos, o bien sea por la necesidad de pedir fondos a aquellos países de

nuestro entorno que, aunque también sus economías están en retroceso no muestran la debilidad

con la que se comporta nuestra economía con respecto a los miembros de los países más

desarrollados dentro del grupo de los 28 de la UE.

La tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social sigue avanzando en España y

ya representa el 29,2% de la población (era del 26% en 2010). También retroceden los

ingresos medios por hogar. Los datos corresponden a la Encuesta de Condiciones de Vida

elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a partir de los datos del año 2013,

el último de la crisis económica.

La tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión es el principal indicador que usa

Eurostat, la oficina estadística europea, para medir el peso de las personas menos

favorecidas en una sociedad. Esta referencia consta de tres variables: la carencia material

severa, la baja intensidad en el empleo o el riesgo de pobreza. De acuerdo con los datos

de población de 2013 (46,7 millones), unos 13,6 millones de personas cumplirían alguno

de los tres criterios que definen este concepto.

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Después de llevar dos años estancada, la tasa ha aumentado dos puntos y es tres puntos

porcentuales más elevada que la de 2010.

Uno de los tres elementos que integran esta variable es el umbral de pobreza: hogares

compuestos de una pareja y dos niños. El porcentaje de población que se encuentra por

debajo de este listón de renta (que más que pobreza absoluta mide la desigualdad, es decir,

cuánta gente tiene ingresos bajos respecto al conjunto de la población) aumentó el año

pasado respecto a la anterior.

La tasa de riesgo de pobreza (a secas, sin otros factores de exclusión) aumenta

sensiblemente más entre los menores de 16 años, mientras cae entre los mayores de 65

años. Como el umbral está bajando debido a la caída generalizada de los ingresos, los

colectivos con rentas estables como los jubilados ven mejorada su situación comparada

con el resto de la población, lo que explica la mejora de la situación entre los mayores

que reflejan las estadísticas.

El informe muestra también

cómo los ingresos medios en

las familias, son inferiores

respecto al año anterior y

mucho más que en 2010.

“Se trata de datos muy

reveladores y muestran un

empeoramiento muy claro de

la realidad social, tanto en lo

que se refiere a niveles de

renta como a las condiciones

de vida en general”, indica

Luis Ayala, catedrático de

Economía Aplicada de la

Universidad Juan Carlos I de

Madrid.

Ayala añade otro indicador

más de la Encuesta de

Condiciones de Vida para

apuntalar su tesis: "la caída de

ingresos medios o el aumento

de la tasa que mide el riesgo de pobreza y exclusión social son una muestra de que la

recuperación económica “se está saldando con una mayor desigualdad”, según el

catedrático de economía. “Ya nos temíamos que la resaca de la crisis iba a ser grande en

términos de fractura social”.

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Las respuestas políticas de los gobiernos a esta crisis global han sido diversas, pero en

general han ido decantándose desde las iniciales políticas de estímulo hacia las actuales

políticas de austeridad, con el acento casi exclusivo en la contención y reducción del gasto

público, lo cual según muchos analistas ha contribuido a profundizar la recesión

económica, ampliar la desigualdad y agravar el deterioro social (Jiménez Araya, T. [ed.]

2013).

Ante el creciente avance de las desigualdades y el aumento de la pobreza, el gobierno español

ha puesto en marcha una serie de planes asistidos por el “Europa 2020: la estrategia europea de

crecimiento”. Planes concretos y trabajados de forma trasversal para asistir a las necesidades

básicas que desde la política pública se demandan, por ejemplo:

II PLAN ESTRATÉGICO NACIONAL DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 2013 -

2016, Aprobado por Acuerdo de Consejo de Ministros de 5 de abril de 2013.

OBJETIVOS

1. Promover el conocimiento de la situación de la Infancia y la Adolescencia.

1.1. Conocimiento de la realidad de la Infancia

1.2. Mejora de las políticas de infancia.

1.3. Impulso de la sensibilidad social sobre los derechos de la infancia.

2. Apoyo a las familias: Avanzar en la promoción de políticas de apoyo a las familias

3. Impulsar los derechos y la protección de la infancia con relación a los medios de

comunicación y a las tecnologías de la información en general.

4. Protección e Inclusión social

5. Prevención y rehabilitación ante situaciones de conflicto social

6. Educación de calidad.

7. Salud integral.

8. Participación infantil y entornos adecuados.

PLAN INTEGRAL DE APOYO A LA FAMILIA 2015-2017, aprobado por acuerdo de

Consejo de Ministros de 14 de mayo de 2015.

LOS OBJETIVOS GENERALES Y PRINCIPIOS DEL PLAN

1. Desarrollar los principios rectores que deberán regir las actuaciones en materia de

familia.

2. Avanzar en la protección social, jurídica y económica de las familias.

3. Afrontar los retos sociodemográficos relacionados con el envejecimiento y la baja

natalidad. Apoyar la maternidad

4. Garantizar la sostenibilidad y cohesión social mediante el apoyo a las familias

5. Favorecer la solidaridad intergeneracional e intrafamiliar

6. Ayudar a construir una sociedad amable con las familias

7. Ofrecer apoyo preferente a familias que se encuentren en situaciones especiales

8. Erradicar las desigualdades que tienen su origen en la situación familiar.

9. Avanzar en un mayor conocimiento de la familia como institución clave para la

cohesión social

10. Evaluación de resultados e impacto de las políticas de apoyo a las familias

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PLAN NACIONAL DE ACCIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL DEL REINO DE

ESPAÑA 2013-2016

OBJETIVOS Y ACTUACIONES

1. Enfoque estratégico de la inclusión activa

1.1 Impulsar la inclusión sociolaboral a través del empleo de las personas más vulnerables

teniendo en cuenta a las familias con hijos menores de edad en situación de riesgo de

exclusión

1.2 Garantizar un sistema de prestaciones que permitan apoyar económicamente a

aquellas personas en situación de vulnerabilidad y reducir la pobreza infantil

1.3 Garantizar la prestación de unos servicios básicos a toda la población enfocados de

forma particular hacia los colectivos más desfavorecidos, especialmente el caso de

servicios sociales, educación, sanidad, vivienda y sociedad de la información

A. Servicios sociales

B. Educación

C. Sanidad

D. Vivienda

E. Sociedad de la información

2. Atención de los grupos más vulnerables

A. Personas sin hogar

B. Personas con discapacidad

C. Personas mayores

D. Personas en situación de dependencia

E. Personas inmigrantes y personas solicitantes y beneficiarias de protección

internacional

F. Mujeres víctimas de violencia de género

G. Población gitana

H. Personas víctimas de discriminación por origen racial o étnico, orientación sexual e

identidad de género

I. Personas con problemas de adicción (drogas, alcohol, juego, etc.)

J. Personas reclusas o exreclusa.

En Europa la situación es muy similar a la que padecemos en nuestro país, España es el segundo

país europeo con mayor tasa de niños que viven en hogares bajo el umbral de la pobreza, con

un 29,9%.

Cerca de 27 millones de niños y niñas en Europa están en riesgo de pobreza o exclusión social

y la actual crisis económica, financiera y social está incrementando aún más ese riesgo.

Aunque la estrategia de Europa 20202 para un crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo

aspira a sacar al menos a 20 millones de personas del riesgo de pobreza y exclusión social

para 2020, en este momento Europa se está alejando del cumplimiento de este objetivo.

Los niños con padres con baja intensidad laboral -que trabajan poco o nada- tienen más

de probabilidades de estar en riesgo de pobreza o exclusión social que aquellos cuyos

padres trabajan habitualmente.

En los países nórdicos, entre un 12% y un 19% de los niños viven en riesgo de pobreza o

exclusión social, en Hungría y Letonia entre un 35% y un 41% y en Bulgaria y Rumanía

más de la mitad, con más de un 52%.

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Acabar con la pobreza infantil supone tomar las decisiones políticas adecuadas para lograr

cambios positivos y duraderos en las vidas de los niños. Estas decisiones están al alcance

tanto de los países ricos como de los pobres. La inversión en infancia debe ser un principio

fiscal, a nivel europeo, nacional, regional y local ya que los recursos destinados a la

infancia hoy se traducirán en beneficios para el conjunto de la sociedad, ahora y en el

futuro.

Aunque ésta lucha es ante todo responsabilidad de los gobiernos nacionales, la UE puede

desempeñar un papel de coordinación que consista en determinar las mejores prácticas y

promover el aprendizaje mutuo, establecer normas europeas y facilitar la financiación

necesaria. Algunas acciones clave en este ámbito se centran en la mejora del acceso al

trabajo, a la seguridad social y a la educación, así como a servicios básicos, como la

asistencia sanitaria y la vivienda. Otras acciones clave persiguen una mejor utilización de

los fondos de la UE para apoyar la inclusión social y luchar contra la discriminación, la

innovación social para hallar soluciones «inteligentes» y el establecimiento de nuevas

colaboraciones entre los sectores público y privado.

EUROPA 2020: LA ESTRATEGIA EUROPEA DE CRECIMIENTO.

OBJETIVOS E INICIATIVAS EMBLENÁTICA:

La UE ha establecido para 2020 cinco objetivos ambiciosos en materia de empleo,

innovación, educación, integración social y clima/energía. Son los siguientes:

1. Garantizar el empleo al 75 % de las personas de 20 a 64 años.

2. Invertir el 3 % del PIB de la UE en investigación y desarrollo.

3. Situar las emisiones de gases de efecto invernadero un 20 % (o incluso un 30 %) por

debajo de los niveles de 1990, generar el 20 % de nuestras necesidades de energía a partir

de fuentes renovables y aumentar la eficacia energética un 20 %.

4. Reducir las tasas de abandono escolar por debajo del 10 % y lograr que al menos un 40

% de las personas de 30 a 34 años hayan terminado estudios superiores.

5. Reducir al menos en 20 millones el número de personas en riesgo de pobreza o

exclusión social.

En América Latina, la pobreza tiene rostro infantil. Niños, niñas y adolescentes presentan

índices alarmantes de pobreza, muy superiores a aquellos que padecen otros grupos de

edad. Esta pobreza condena a su reproducción entre generaciones y restringe

dramáticamente las posibilidades de desarrollar capacidades y plasmar oportunidades a

lo largo de toda la vida.

Se trata de un grave problema en todos los países de la región, y no sólo en los más pobres,

porque, en todos, la pobreza infantil relativa es mayor que la de todos los países de la

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), lo que constituye una

alerta sobre su evitabilidad en sociedades más igualitarias.

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Los niños y niñas latinoamericanos están expuestos a una doble circunstancia negativa:

forman parte de sociedades muy desiguales, que no les aseguran a todos las mismas

oportunidades y, además, viven en sociedades con menores recursos, por lo que una

proporción muy elevada de ellos no tiene acceso a niveles mínimos de consumo básico

en alimentación, salud, vivienda, educación y recreación. De esta manera, ven

severamente limitadas sus posibilidades de bienestar presente y futuro y, con ello, la

situación de pobreza y desigualdad se reproduce en el tiempo.

A pesar de que la economía mexicana registró un crecimiento anual promedio de 4.3 por

ciento entre 2010 y 2012 (Banco Mundial, 2013), este crecimiento no se vio reflejado en

una disminución de los niveles de pobreza en general ni entre la población de 0 a 17 años.

En el primer caso, sin embargo, sí se observa una disminución significativa de la pobreza

extrema (que pasó de 11.3 a 9.8 por ciento), mientras que, para la población infantil y

adolescente, aunque también se observa una disminución significativa de la pobreza

extrema (de 14.0 a 12.1 por ciento), se registró al mismo tiempo un incremento

significativo de la pobreza moderada (de 39.7 a 41.7 por ciento).

Para la ejecución de la política social en México y alcanzar los objetivos planteados en el

Programa Sectorial de Desarrollo Social, la SEDESOL coordina un conjunto de

programas, los cuales van dirigidos a cubrir las distintas necesidades de los diferentes

sectores de la población en México, las cuales tienen la característica de ser focalizados

para una mayor efectividad, así como para un mejor uso y manejo de los recursos

públicos.

Programa Nacional México sin Hambre 2014-2018 Logros 2015

Objetivos

1. Cero hambre a partir de una alimentación y una nutrición adecuada de las personas en

pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación.

2. Disminuir la desnutrición infantil aguda y crónica, y mejorar los indicadores de peso y

talla de la niñez.

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3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños

productores agrícolas.

4. Minimizar las pérdidas post-cosechas y de alimentos durante su almacenamiento,

transporte, distribución y comercialización.

5. Promover el desarrollo económico y el empleo en las zonas de mayor concentración de

pobreza extrema de alimentación.

6. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre.

La realidad social española se caracteriza por una tasa de pobreza infantil de las más altas de

Europa (según el último informe de Cáritas España, el segundo país con más pobreza infantil,

siendo superado sólo por Rumanía, con un impacto social generado por las medidas de

austeridad aplicadas a los países en crisis) y un claro y creciente riesgo diferencial de pobreza

de los niños y las niñas respecto al resto de la población, situación agravada paulatinamente por

la crisis económica. Entre los principales factores que determinan esta realidad están los

problemas del mercado de trabajo y la insuficiencia de la red de protección social. Esta última

se refleja en los bajos niveles de inversión pública y en la escasa capacidad de las prestaciones

sociales para reducir la pobreza infantil.

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La pobreza infantil es resultado de varios factores de distinta naturaleza en los que las políticas

monetarias juegan un papel fundamental, combinadas con medidas dirigidas a garantizar el

acceso a servicios de calidad a familias con hijos, políticas de fomento de empleo, conciliación,

etc., pero no siempre se aplican las medidas adecuadas y necesarias, este es el caso de España.

En España se presentan dos inconvenientes para hacer frente a este problema social, por un

lado, la baja inversión pública en familia e infancia (netamente inferior a la del promedio de los

países de su entorno: 1.4% del PIB siendo 2.3% el promedio) y, por el otro, la limitada

capacidad de las prestaciones sociales para reducir la pobreza de los niños.

Las políticas básicas sólo han tomado medidas aprobando el Plan Nacional de Acción para la

Inclusión Social 2013-20162, que hace de la pobreza infantil una de sus “máximas prioridades”.

El presente documento resume los principales resultados del estudio “Políticas públicas para

reducir la pobreza infantil en España: análisis de impacto”. Dicho estudio pretende contribuir a

la toma de decisiones y la posterior puesta en práctica de políticas que mejoren la eficacia y la

eficiencia del actual sistema de protección social de la infancia. Su objetivo se corresponde con

iniciativas de intervención pública recientes, como el segundo Plan Estratégico Nacional de

Infancia y Adolescencia (II PENIA)6 cuyo primer objetivo es justamente la “mejora de las

políticas de infancia a través de la evaluación de su impacto”.

Unicef lleva años reivindicando un Pacto de Estado por la Infancia, requiriendo la acción

política para este problema, que califican como urgente, ya que se debería considerar la pobreza

infantil como una prioridad.

La pobreza es una forma de vida que aparece cuando las personas carecen de los recursos

necesarios para satisfacer sus necesidades básicas. Esta condición se caracteriza por

deficiencias en la alimentación, por falta de acceso a la asistencia sanitaria y a la educación, y

por no poseer una vivienda que reúna los requisitos básicos para desarrollarse correctamente.

Los objetivos fundamentales de la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional

para el Desarrollo) son:

Reunir y organizar la mayor y mejor información sobre los temas centrales de su

especialidad, es decir, Iberoamérica, Cooperación para el Desarrollo y el Mundo Árabe.

Enseñar a sus lectores a buscar y manejar información dentro de los sistemas de

organización que utilizan las bibliotecas.

Servir los materiales solicitados para su estudio o consulta.

Difundir la colección bibliográfica en la comunidad científica e investigadora.

Pero además de estos objetivos prototípicos de cualquier institución llamada biblioteca, en este

caso de una especializada en los temas mencionados, existen otros más específicos que están

relacionados sobre todo con las funciones y misión de la organización mayor de la que

dependen. Conviene mencionar:

Mantener una actitud de cooperación de cooperación y colaboración en consonancia

con los fines de la AECID. La cooperación humanitaria, científica y tecnológica necesita

como contrapartida personas o grupos o sociedades preparados para comprender,

analizar, asimilar y comunicarse.

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Todas estas habilidades significan haber sobrepasado el nivel del analfabetismo

funcional, en términos de la UNESCO, y para conseguirlo es imprescindible tener y

manejar información, ya sea en libros, en revistas o en el soporte que se vaya a utilizar

más en el futuro. La cooperación cultural es la base para toda la cooperación. Los

beneficiarios finales de un proyecto de cooperación tienen que estar preparados para

sacar cualquier plan de cooperación adelante. Como apunta una de las condiciones

básicas de la cooperación. La información es la clave para el desarrollo.

La AECID por medio de sus Bibliotecas contribuye a la difusión de la investigación

española, iberoamericana y arabista contenida en las publicaciones y puestas en

circulación por el intercambio.

También ésta es una contribución cooperativa, puesto que facilita la distribución de

publicaciones y su uso allí donde se necesite.

La cooperación se refleja también en las decisiones de participación en planes de tipo

interinstitucional como son los catálogos colectivos, la colaboración técnica en

proyectos de investigación y su difusión, los programas de intercambio de libros y

revistas duplicados, las donaciones de libros y revistas sin uno en bibliotecas de lata

especialización, etc.

La atención a los investigadores (españoles y extranjeros, becarios o no de la AECID)

y lectores en general se ha visto favorecida e incrementada con unas instalaciones,

servicios y nivel de información que también son consecuencia de un talante accesible

y abierto hacia la sociedad en la que las bibliotecas están ubicadas, tanto del entorno

geográfico como fuer de él.

PNUD (Plan de las Naciones Unidas para el Desarrollo)es una organización para el desarrollo,

surgió en el año 1965, con sede central en New York, y se desenvuelve en 177 países y

territorios para ayudarlos a tener acceso a diferentes recursos que contribuyan a que sus

ciudadanos puedan obtener un mejor futuro.

El PNUD presenta sus propios proyectos, pero también administra proyectos, pero también

administra otros fondos especiales, en compañía de otros programas, entre os cuales cabe

señalar los siguientes:

El Fondo de Desarrollo de Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM).

El Fondo de Naciones Unidas para el desarrollo de la capitalización (FNUDC).

El Programa de voluntarios de Naciones Unidas (VNU).

La Oficina de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertización y la Sequía (ONURS).

El Fondo Rotatorio de Naciones Unidas para los Recursos Naturales (FRNURN).

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

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Por otra parte, el PNUD es fundador y copatrocinador del Programa Conjunto de Naciones

Unidas sobre el VIH (ONUSIDA), y de otras asociaciones de salud internacional.

En este sentido, el PNUD intensifica su actividad junto a los países en comprender los factores

sociales y económicos que influyen en la salud y enfermedades, para así poder responder a esta

problemática con programas adecuados y eficaces.

Ahora bien, en el tema del VIH/SIDA, el PNUD trabaja por reformar los sistemas legales con

objetivo de que las personas afectadas con este virus no sean discriminadas y puedan disfrutar

de los diferentes servicios que proporciona los Estados y exigir el cumplimiento de sus

derechos.

En relación al informe anual del año 2014, en América Latina y el Caribe, se registra un

aumento en los ingresos y 90 millones de personas han pasado a la clase media.

También, se observó una reducción en la desigualdad, aunque aún se evidencia falta de

oportunidades para mujeres, jóvenes y descendientes de africano o indígena.

El PNUD presenta como objetivo el desarrollo humano sostenible y la lucha por la erradicación

de la pobreza. Asimismo, tiene como principal misión el cumplimiento del programa Milenio

(ODM), resultado de la celebración de la Cumbre del Milenio, en Nueva York, los días 6y 8 de

septiembre del año 2000.

En relación a lo anterior, el PNUD debe vigilar por el cumplimiento de lo siguientes objetivos:

Mantener la paz.

Erradicar la pobreza y el hambre.

Promover la igualdad de género.

Mejorar la salud materna.

Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años.

Combatir el Sida y otras enfermedades.

Garantizar la sostenibilidad ambiental.

Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.

En el lugar de las políticas sociales emergentes contra la pobreza cabe distinguir que se

encuentran en una situación de pobreza peor que la de sus destinatarios, su principal objetivo

es una administración de los pobres con el fin de mantenerlos en una posición social fija para

que el funcionamiento de la sociedad no quede “alterado”.

La forma de actuar parece no tener en cuenta los daños irreparables para el desarrollo humano

que ello conlleva, ya que los programas actuales actúan exigiendo una confirmación de la

situación de carencia y pobreza para, más tarde, seleccionar a los que merecen asistencia y

discriminar a los que no “cumplen” los requisitos para ser ayudados y asistidos. De este modo,

solo se consigue que el conflicto distributivo de las ayudas y medios de prevención, y la

responsabilidad del propio problema recaiga en los propios afectados.

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En este caso, habría de tenerse en cuenta esta visión equivoca que a día de hoy prevalece sobre

la pobreza y la ineficiencia con la que cuentan las políticas actuales, observando el problema

como una de las cuestiones sociales más amplias e importantes presentes a nivel mundial, cuyo

núcleo se centra en la imposibilidad con la que se encuentran muchos ciudadanos a la hora de

reinsertarse y, en especial, la amenaza que supone actualmente la precariedad laboral como uno

de los factores más influyentes en la pobreza. Actuar llevando a cabo una política efectiva para

combatir la pobreza construyendo redes de seguridad en los ingresos que funcionen de forma

preventiva y permanente, involucrando a toda la sociedad, sería el punto de partida con el que

dar el primer paso para el avance del desarrollo de políticas sociales que acaben con dicha

situación y pueden empezar por reducir los altos porcentajes

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Trabajo realizado por:

Francisco Luis Monje Puerto

María del Carmen Castro Mateos

Leticia Jaime Pérez

Ana ortega Soto

Sandra Ruiz García