Frente al anteproyecto de ley universitaria, y con miras a contribuir al debate con respecto al mejoramiento de la calidad universitaria en el Perú, el movimiento Unión Estudiantil-PUCP desea precisar lo siguiente:

1. Algunas de las disposiciones del proyecto de ley universitaria tales como aquella que establece la responsabilidad administrativa de los funcionarios que utilizan fondos públicos, nos parecen realistas y responsables. Asimismo, otras como las que disponen la publicidad de los acuerdos de asamblea o el reconocimiento formal del Vicerrectorado de Investigación también nos parecen dignas de aplauso. Todo ello responde de manera efectiva a la problemática de algunos claustros en los cuales la poca fiscalización y la débil institucionalidad han redundado en perjuicio de los estudiantes.

2. Sin embargo, en muchos otros puntos, nos parece que el proyecto es perfectible. Muchos de éstos conciernen las potestades y el rol de lo que sería la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria –SUNEU-. A nuestro entender, la existencia de dicha entidad administrativa se sustenta en la premisa de que es necesario restringir la libre competencia y la autonomía de los claustros universitarios para mejorar la calidad de la educación superior en el Perú a través de la planificación estatal. No obstante, esa postura no toma en cuenta que, a menor competencia, tenderá a aumentar el costo de la educación superior e, irónicamente, a reducirse la calidad educativa de la misma.

3. Asimismo nos preocupa sobremanera que, en tanto la SUNEAU estaría investida de facultades exorbitantes tales como la de clausurar facultades, escuelas o claustros enteros, quedaría severamente comprometido el proyecto de vida de muchos de los universitarios más humildes del Perú así como su capacidad de seguir estudiando.

4. Por el contrario, consideramos indispensable trabajar por un sistema que, reconociendo las amplias desigualdades de nuestra sociedad, permita a una cantidad cada vez mayor de peruanos gozar de una educación universitaria en ininterrumpido estado de mejora que, además, respete plenamente sus derechos constitucionales a la libertad de elección y a la información.

5. Además, frente a quienes buscan restringir la participación de los alumnos que participan en el cogobierno a aquellos que cursan sus últimos ciclos en la universidad y se ubican dentro del tercio superior, reafirmamos nuestro compromiso con un sistema de representación verdaderamente democrático en el cuál se respete el derecho de todo universitario a elegir y ser elegido.

6. Por tanto, llamamos a las distintas agrupaciones estudiantiles, y a la sociedad civil en general, a que continúen discutiendo estos importantes temas con la convicción de que emerja del debate un nuevo marco regulatorio capaz de responder a los verdaderos desafíos de la universidad peruana en el siglo XXI.