Programa Regional UPyD Castilla-La Mancha

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CONSEJO TERRITORIAL DE CASTILLA LA MANCHA

PROGRAMA ELECCIONES AUTONÓMICAS Y MUNICIPALES

2011

UNION PROGRESO Y DEMOCRACIA

DE CASTILLA LA MANCHA

PROGRAMA PARA LAS

ELECCIONES AUTONÓMICAS Y

LOCALES DE 2011

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ÍNDICE:

I. INTRODUCCIÓN 3

II. PROGRAMA AUTONÓMICO: 4

A. Nuestro modelo Territorial…….. 4

B. Balance del Estado Autonómico.. 4

B1. Evolución del problema territorial. 4

B2. Duplicidades, redundancias y excesos del estado autonómico 5

B3. Modelo de Estado y crisis económica 5

Medidas 6

C. Materias sectoriales 7

C1. Reformas y viabilidad del estado del bienestar. 7

C1.1. Medidas de estabilización fiscal y viabilidad financiera 8

C1.2. Medidas educativas 9

C1.3. Medidas sanitarias 11

C1.4. Medidas en dependencia y servicios sociales 12

C2. Ordenación del Territorio 13

C.2.1. Medidas en urbanismo. 13

C.2.2. Medidas en vivienda. 15

C.2.3. Medidas en energía 15

C.2.4. Medidas en infraestructuras y transporte 16

D. La Regeneración Democrática 17

D.1. Medidas para la reforma de las leyes electorales. 18

D.2. Medidas para el Sector Público 19

D.3. Contratación. Control de empresas y entes públicos. Cargos públicos 19

D.4. Función pública 21

E. Política agraria e hidrológica 22

E.1. Política Hidrológica 22

E.2. Política Agrícola y Ganadera 23

F. Política cultural 25

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I. INTRODUCCIÓN

Una de las razones de que las crisis tan virulentas que afectan a España radica en que el entramado institucional tejido en los últimos años ha producido una estructura administrativa ineficaz, insolidaria y en

gran medida inviable, que lastra nuestras posibilidades de recuperación y desarrollo futuro. Por otra parte, la

política se ha ido alejando de los ciudadanos y se ha convertido en patrimonio exclusivo de determinados grupos de personas que, encuadradas en dos partidos políticos, se han erigido en una élite aristocrática cada

vez más aislada y alejada de las auténticas demandas de la sociedad. La política debe ejercerse a pie de obra,

cerca del ciudadano y de sus problemas y, sobre todo, debe ser ejercida por los propios ciudadanos.

UPyD tiene la voluntad de actuar como catalizador de los grandes Pactos de Estado que nuestro país necesita

para acometer las reformas constitucionales y legislativas más urgentes. Podemos jugar este papel por

dos razones esenciales:

1. Nuestra libertad de pensamiento, nacida de un partido de carácter instrumental y transversal, habilitado para

trabajar sobre ejes ideológicos innovadores y abiertos.

2. Por la libertad que otorga no cargar el pesado fardo de una red clientelar de cargos públicos, oligarquías

partidarias y redes de intereses que en los partidos tradicionales han copado sus estructuras de poder.

Nuestro país necesita con urgencia una nueva cultura de lo público y la regeneración de la vida política,

aquejada por la demagogia y el desgobierno que permite campar a sus anchas al partidismo, la corrupción y la

manipulación de las instituciones. Hay que convertir el trabajo político en una herramienta al servicio exclusivo de los ciudadanos y para ello practicamos con el ejemplo y UPyD se atiene en su práctica política al

Código de Buenas Prácticas Públicas aprobado en su I Congreso y que forma parte no sólo de sus Estatutos,

sino que aspira a ser el código genético de este partido.

Es preciso devolver el control político a los ciudadanos y, para ello, es necesario un amplio abanico de

reformas que aquí exponemos y que tienen como principales puntos de apoyo la reforma de las leyes

electorales y una política rigurosa y abierta de transparencia y acceso a la información pública en todas

las instituciones.

Luis Orgaz Fernández Candidato a la Presidencia de las Cortes de Castilla La Mancha

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II. PROGRAMA AUTONÓMICO.

A. NUESTRO MODELO TERRITORIAL

La alternativa de UPyD proyecta una España alejada del caos y desconcierto producto de la irresponsabilidad

de los dos grandes partidos que no han sabido ni querido liderar y reconducir este proceso de disgregación. La alternativa es acabar nuestro incompleto y eternamente provisional Estado Autonómico para convertirlo en

un verdadero Estado Federal, estable y homologado a modelos de larga tradición, para lo que resulta necesario

abordar la reforma íntegra del Título VIII de la Constitución, claramente agotado.

El Estado Autonómico tiene un grado de descentralización comparable al de un Estado federal típico o

superior. Sin embargo, las dos grandes fuerzas políticas prefieren ignorarlo, y los partidos minoritarios o los nacionalistas que se dicen favorables al federalismo en realidad defienden una concepción confederal, cuando

no independentista. Esta indefinición y huida de la realidad y del lenguaje claro ha tenido consecuencias

negativas para reforzar el Estado común.

Es necesario fijar de forma definitiva en la Constitución la lista de competencias estatales y autonómicas,

devolviendo al Estado las necesarias para garantizar la cohesión nacional y la igualdad de sus ciudadanos.

Es el momento de conseguir un Estado federal fuerte donde las CCAA tengan las mismas competencias, claramente delimitadas y separadas de las estatales para evitar duplicidades y discriminaciones.

B. BALANCE DEL ESTADO AUTONÓMICO

B.1. EVOLUCIÓN DEL PROBLEMA TERRITORIAL El proceso descentralizador Constitucional se quiebra en el año 2004, con la llegada de José Luis Rodríguez

Zapatero a la Presidencia del Gobierno y el proceso de elaboración del nuevo Estatuto de Cataluña, proceso

que vino precedido del irresponsable compromiso público del Presidente de respetar íntegramente el texto que

saliese del Parlamento de Cataluña. Se abre así un periodo de incertidumbre y desconcierto que ha culminado con una nueva hornada de Estatutos que, en la misma senda del catalán, rompen nuestro modelo territorial,

potencian la bilateralidad y constituyen una verdadera mutación de nuestro orden constitucional. Este cambio

por la puerta trasera ha contado con el apoyo explícito del Partido Popular, promoviendo en otras CCAA estatutos semejantes al de Cataluña.

A pesar de la deriva anticonstitucional de los últimos tiempos, la descentralización que ha propiciado nuestra

Constitución ha sido un impulso para la modernización ha contribuido decisivamente a la superación de cuatro importantes retos:

a) Autonomía y reequilibrio territorial de la riqueza han ido de la mano desde 1978, de modo que la España autonómica es más equilibrada que antes del proceso.

b) Democratización horizontal de la sociedad, impulsada por las instituciones autonómicas.

c) Generación de un complejo sistema de equilibrios de poderes como consecuencia de la democratización horizontal.

d) Recuperación de culturas desdeñadas por décadas de centralismo.

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Sin embargo, cada uno de estos éxitos parciales ha generado sus problemas y disfunciones, acentuadas con la

presión nacionalista y por la permanente provisionalidad del modelo territorial, que de no corregirse amenaza

la viabilidad del sistema. El desconcierto en el que nos hayamos sumidos, y que la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Cataluña no ha conseguido mitigar, obliga a mirar al futuro con

preocupación y, sobre todo, con el objetivo de crear propuestas que vertebren a España con el fin básico de

que la igualdad de derechos entre los españoles sea realmente efectiva.

El Estado existe y la Nación española que proclama la Constitución, también, y no por esencia alguna sino porque así lo quieren sus ciudadanos

B.2.- DUPLICIDADES, REDUNDANCIAS Y EXCESOS DEL ESTADO AUTONÓMICO La descentralización del Estado Autonómico debe servir para mejorar los servicios públicos y acercarlos al

Ciudadano. Pero hemos asistido a una estructuración del Estado carente de un modelo previamente pactado y

perfectamente definido y la consecuencia de esta improvisación y de esta falta de un modelo ponderado es la proliferación de duplicidades, redundancias y excesos administrativos.

El caso de los medios de comunicación y televisiones públicas es paradigmático, con la creación de dos y

hasta tres canales autonómicos de televisión, más otros locales. Según un informe de Deloitte de 2008, las

televisiones públicas perdieron 1.600 millones de €, 118 por hogar. También se han incrementado los costes derivados del fraccionamiento de los servicios, sobre todo en Sanidad, la Administración de Justicia donde,

ante la pasividad del Ministerio de Justicia, se ha producido una compartimentación divergente de los

programas y sistemas informáticos usados en los órganos judiciales, muchos de ellos incompatibles entre sí. Se estima que en España existen 100.000 leyes y reglamentos en vigor, muchas veces solapados e incluso

contradictorios, la creación de nuevos órganos, por ejemplos las Agencias Estatales, no ha logrado adelgazar

las administraciones. Por otra parte, el número de empresas públicas autonómicas ha aumentado el 80% en los últimos años. Entre

2003 y 2008 se ha pasado de 163 fundaciones públicas a 541, de las que 344 son autonómicas. Proliferan los

Observatorios, Órganos Consultivos, Jurados de Expropiación o Institutos de Estadística con idénticas

competencias, o sin ninguna concreta. Se ha generado un gasto excesivo en personal de confianza, una diferencia salarial abusiva entre empleados públicos de diferentes territorios con el objetivo de comprar

fidelidades consolidando paralelamente situaciones de injusticia (por ejemplo, entre policías nacionales y

guardias civiles respecto a policías autonómicos y locales). El número total de empleados públicos se ha incrementado en los últimos veinte años en casi 500.000 personas,

En resumen, el sistema padece tres carencias: falta de coordinación efectiva que produce duplicidades

en la actuación, falta de rendición de cuentas, y falta de evaluación e información comparada.

B.3.- MODELO DE ESTADO Y CRISIS ECONOMICA

A finales de 2010 el déficit de las CCAA asciende a casi 110.000 millones de euros.

En Castilla La Mancha, en enero de 2011, la deuda se sitúa en torno a los 5.500 millones de euros, lo que en

relación con el PIB supone el 15,2% (el aumento en 2010 asciende a 1200 millones) y nos sitúa como la

cuarta en importancia de toda España. De esta deuda, las empresas públicas acumulan prácticamente el 20%, llegando a un total de 1050 millones y situándonos en este aspecto en el tercer lugar.

En un Estado bien diseñado y eficiente la reducción del gasto público es una medida para luchar contra la

crisis económica. En España, el gasto público ineficiente y excesivo ha llevado a que la crisis sea más

virulenta, profunda y duradera que en otros países. Por otra parte , nuestra Región, tras 35 años de régimen democrático, no ha avanzado en términos porcentuales

respecto al PIB nacional, situándose desde 2000 en el 3,4% del total nacional. En términos de PIB per cápita

con un montante de 17.339 € ocupa el puesto 16º de entre las regiones españolas, al mismo nivel que Andalucía y superando sólo a Extremadura y situándose lejos de la media española que está en 22.152 €.

http://es.wikipedia.org/wiki/PIB_per_c%C3%A1pita

http://es.wikipedia.org/wiki/Andaluc%C3%ADa

http://es.wikipedia.org/wiki/Extremadura

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Medidas generales:

M1. Reforma completa del Título VIII de la Constitución para cerrar la distribución de competencias entre el Estado y las

Comunidades Autónomas, asumiendo el Estado una serie de competencias exclusivas e intransferibles en materias claves para

el interés general e igualdad de todos los españoles, su cohesión social y su libertad.

Como mínimo el Estado debería tener las siguientes competencias exclusivas: órganos constitucionales, derechos

fundamentales, legislación civil, penal y laboral, unidad de mercado, representación internacional, defensa, justicia y

legislación procesal, educación, sanidad, medio ambiente, protección civil, recursos naturales, urbanismo y gestión del territorio, sin desechar el estudio de otras materias como impuestos, seguridad social y función pública.

M2.Suprimir la disposición transitoria cuarta que afecta a Navarra, y la disposición adicional primera que consagra los

derechos históricos de los territorios forales, legitimidades históricas previas a la propia Constitución.

M3.Reforma del Senado para que sea una verdadera Cámara de representación territorial donde las Comunidades

Autónomas puedan defender sus intereses legítimos. Un Senado mixto (mezcla de número fijo por Comunidad y

provincias que la integren, y por población) de elección directa en un colegio electoral único autonómico los fijos y elegidos

por los Parlamentos autonómicos los de población.

M4.Modificar el art. 2 CE: donde dice “nacionalidades y regiones” debe decir “Comunidades Autónomas y ciudades

autonómicas”.

M5. Revisión del sistema de financiación autonómica:

a) Nos oponemos al actual sistema de financiación autonómica porque instaura la negociación bilateral entre las CCAA y el

Estado, según el modelo del Estatuto catalán. y no exige a las CCAA ningún compromiso de mayor eficacia o eficiencia en el

gasto. Es necesario redefinir el procedimiento de cálculo del Cupo vasco y de la Aportación navarra para hacerlo equitativo y

solidario. El sistema debe ser negociado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, tal como establece la LOFCA,

en un marco de negociación multilateral bajo coordinación estatal. Por tanto, todos los condicionantes establecidos por los

Estatutos de Autonomía han de ser suprimidos.

b) Debe planificarse la reducción del gasto superfluo por duplicidades administrativas.

c) Debe potenciarse el Fondo de Compensación Interterritorial con crecimientos anuales superiores al 10%, alcanzando un

total cercano a los 4.000 millones en el año 2020.

M6. Simplificación de los distintos niveles administrativos. Diputaciones provinciales:

Es necesario racionalizar el mapa administrativo eliminando entes superfluos. Las 37 Diputaciones de régimen común han

perdido el grueso de sus competencias tradicionales y hoy tienen escasa justificación política. No tienen funciones propias que

no se solapen con las autonómicas, así que su actividad es redundante. Tienen menos competencias pero, paradójicamente,

más funcionarios, más gastos y más personal de libre designación, convertidas en refugio de los liberados de los partidos

políticos. Por lo tanto, lo mejor sería que las CCAA acogieran a las Diputaciones, trasladando su estatuto jurídico al marco

legislativo autonómico, si bien esto exigiría de una reforma constitucional. La Diputación debe ser una institución de cooperación con los municipios, muy especializada y técnica, para las siguientes tareas:

a) Creación y mantenimiento de redes de servicios municipales.

b) Formación de los cargos electos y empleados municipales.

c) Asesoramiento jurídico, económico, técnico, administrativo y de gestión.

d) Suministro de bienes en especie.

e) Ejecución de obras o prestación de servicios.

f) Tramitación de expedientes administrativos por delegación de los Ayuntamientos.

g) Desempeño de funciones técnicas.

h) Asistencia administrativa en el ejercicio de las funciones reservadas a funcionarios con habilitación nacional.

i) Asistencia a las mancomunidades, consorcios u otras formas asociativas legalmente previstas.

Estas tareas no requieren el entramado de 38 parlamentos, con 1031 diputados con sus correspondientes cargos y asesores.

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C.- MATERIAS SECTORIALES.

C.1. REFORMAS Y VIABILIDAD DEL ESTADO DEL BIENESTAR En dos años las cuentas públicas han experimentado un deterioro espectacular, pasando de un superávit de 2 %

del PIB en 2007 al actual déficit superior al 11%. Las CCAA gestionan el 36% del gasto público, y los ayuntamientos el 14%, por lo que no será posible alcanzar los objetivos de estabilidad fiscal sin su

colaboración.

Medidas autonómicas:

M8. Reconversión del sector empresarial y fundacional público. El Gobierno debe elaborar un estudio de

empresas y entes públicos existentes, presentarlo ante el Parlamento Regional y elaborar un plan de simplificación

administrativa para dejar sólo las realmente imprescindibles, sometidas en todo caso a evaluación y control público

de sus presupuestos y deudas, con un sistema de selección de directivos riguroso y objetivo.

Actualmente, Castilla La Mancha mantiene 20 empresas públicas que suponen un grave y pesado lastre para las

cuentas de nuestra comunidad. Su rentabilidad es prácticamente nula y arrojan un déficit que en enero de 2011 se cifra, como apuntábamos anteriormente, en 1050 millones de euros, la cuarta peor cifra de todas las comunidades

Autónomas de España. Sin embargo, estos números se hacen realmente alarmantes cuando se comprueba en el

Boletín Estadístico del Banco de España que, en relación con el Producto Interior Bruto, la deuda de las empresas

públicas de Castilla La Mancha pasa a ser la segunda más alta de España, con un índice de 2,9 y a años luz de

Andalucía (0,3), Madrid (0,7), o de La Rioja (déficit “cero”) y solo superada por Cataluña.

Ante esta situación debe llevarse a cabo un plan de simplificación que implique que las cinco empresas públicas

relacionadas con infraestructuras y carreteras se fusionen y, por otra parte, que sean absorbidas por Organismos

autónomos las relacionadas con energía (dos), con atención a colectivos desfavorecidos (dos) y las que tienen

relación con la promoción turística (dos). También deben ser integradas en organismos públicos las empresas

relacionadas con servicios hospitalarios y gestión ambiental. En cuanto a RTVCM, debe ser reestructurada hasta

disminuir al 50% su presupuesto, lo que se puede conseguir reduciendo altos cargos, recurriendo a producciones propias y eliminando la segunda cadena.

En cuanto al Aeropuerto de Ciudad Real, reconvertido en Empresa Pública, éste debe permanecer bajo una

permanente fiscalización con el fin de evitar que suponga un aumento de la deuda.

Finalmente aprobar un Plan quinquenal de inversión pública regional para que los fondos destinados para I+D+i,

que actualmente supone escasamente el 0,78 del Producto Interior Bruto Regional alcancen en este plazo al menos el

1,5 % del PIBR; y que se establezcan incentivos fiscales a las empresas regionales que inviertan en I+D+i

M9. La creación de nuevos entes o empresas públicas, así como cualquier reestructuración de los gobiernos

autonómico o locales, debe ir acompañado de un “estudio de impacto organizativo” abierto al conocimiento del

público, que evalúe su necesidad, alternativas y oportunidad (incluidos los posibles beneficios de no crearlas), su

relación con la eficacia y eficiencia, su coste económico, cargas administrativas e implicaciones sobre el déficit,

desarrollo económico y social, y su aportación a la mejora de los servicios de los ciudadanos. Anualmente, los responsables rendirán cuentas sobre los resultados conseguidos.

M10. Hacer público anualmente el personal adscrito a las Consejerías Autonómicas y Concejalías para

establecer posibles análisis y estrategias de eficacia y eficiencia, tratando de fijar módulos máximos y mínimos en

función de criterios objetivos comparados.

M11. Despolitizar los Tribunales de Cuentas estatales y autonómicos, que deben trabajar de forma independiente,

conjunta y coordinada.

M7. En el marco de la reforma constitucional mencionada en la M6, las Diputaciones deben integrarse en las

Comunidades Autónomas. Debe modificarse la Ley de Bases de Régimen Local (LBRL) para convertir a las

Diputaciones en órganos eminentemente técnicos de asesoramiento y cooperación con los municipios.

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C.1.1. Medidas de estabilización fiscal y viabilidad financiera:


M12.- Establecer límites legales al crecimiento del gasto de la Comunidad, de forma similar a lo que ocurre

con el déficit.

M13.- Elaboración de un plan urgente de estabilización de las finanzas a 3 años, con previsión de déficit y

deuda según criterios objetivos (PIB, tipos de interés, inflación, productividad, demografía, etc) con medidas concretas de ajuste (calendario de inversiones, racionalización de plantillas y del sector público empresarial, ).

M14.- Eliminación urgente del gasto superfluo, elaborando un catálogo de entidades y organismos

prescindibles. Supresión de las subvenciones públicas salvo a aquéllas Entidades sin ánimo de lucro que

tengan un acreditado interés público o utilidad social.

M15.- Racionalización del gasto: incremento de la eficiencia con los cambios organizativos adecuados (reestructuración de órganos administrativos y de sus funciones), de personal (redefinición y adelgazamiento de

plantillas), de funcionamiento (estrictas medidas de control del gasto corriente), de inversión (aprobación de

inversiones basándose en rigurosos estudios coste-beneficio).

M16. - Coordinación de inversiones de interés nacional ejecutadas por varias CCAA y potenciación de los

Consejos Interterritoriales para coordinar las CCAA en los ámbitos comunes, reforzando la coordinación del

Estado.

M17. Apoyo a los trabajadores autónomos:

- Concesión de créditos con facilidad, contrariamente a lo que ocurre actualmente que, pese a la propaganda institucional, no es sino convertir los créditos ICO en créditos cuya consecución, muy lenta siempre, se mide en

función de criterios de entidades privadas y los convierte en inalcanzables para la mayoría de los autónomos.

- Poner la mayor parte de las ayudas al alcance de los autónomos ya que un porcentaje elevado de las mismas (en torno al 70%) van dirigidas en realidad a las empresas (lo cual se oculta en la propaganda oficial).

- Dirigir más ayudas a las iniciativas de empresa autónoma presentadas por mujeres, ya que estas se muestran en

desventaja pero han manifestado mayor resistencia al cierre y mejor rendimiento, tal y como muestra un estudio de

ATA. - Aprobar exenciones o, cuando menos, bonificaciones en las cotizaciones a la Seguridad Social.

- Conceder que el pago del IVA se realice tras el pago de la misma, especialmente en el caso de obras y servicios

prestados a entidades locales o instituciones públicas en general. - Convertir en verdaderamente eficiente la información y, sobre todo, la formación, especialmente la dirigida a los

más jóvenes, con la colaboración de las Asociaciones de Trabajadores Autónomos.

M18. Planificar e iniciar la ejecución del cambio del modelo productivo mediante un Pacto de Progreso: Planificar a medio o incluso largo plazo, con independencia del color político, y con el único objetivo puesto en el

desarrollo y el bienestar de los castellano-manchegos. La planificación ha de ser seria y sólida, con el consenso de

todas las fuerzas políticas, para iniciar la necesaria evolución de nuestro tejido productivo hacia la cultura de la investigación, el desarrollo y el impulso de tecnologías avanzadas. Es precisa una hoja de ruta, consensuada, clara,

con objetivos definidos, y en la que se entronquen la educación, el marketing, la energía, la investigación, las

responsabilidades financieras, la negociación, etc… y que permita construir un futuro prometedor para nuestros niños y jóvenes. Debemos relegar a segundo término los parches, los planes a corto plazo y dirigir los esfuerzos a la

consecución de metas mucho más ambiciosas e innovadoras. Para ello se exige a los políticos un esfuerzo

responsable que conduzca a un Pacto por el Progreso, en el que el servicio al ciudadano quede por encima de los

intereses personales y de partido.

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C.1.2.- Medidas educativas:

La educación española padece una crisis que le impide cumplir estos objetivos, como ponen de manifiesto los

altos índices de fracaso y abandono escolares, en aumento, o los resultados mediocres en las pruebas

internacionales homologadas, el aumento de la conflictividad en los centros o el hecho de que ninguna universidad española esté situada entre las más prestigiosas. Esta crisis se hace extensiva a Castilla La

Mancha, tal y como determinan las altas tasas de fracaso escolar en 4º de la ESO y que se cifran en el 33%

(27% en mujeres y 42% en varones), situándonos en los últimos puestos de España y, consiguientemente, de Europa.

Por otra parte, nuestro sistema educativo ha estado sometido a un vaivén legislativo y el espacio educativo

español se ha dividido en 17 subsistemas por lo que UPyD considera absolutamente necesaria una reforma consensuada que implique, entre otras cosas, un único sistema educativo para todos los españoles.

En entidades locales:

M19.- Clarificar el reparto competencial e interrumpir la ejecución de competencias impropias que suponen el 35% del gasto municipal según la FEMP,

M20.- Establecer planes de viabilidad a medio plazo para entidades locales, que contemplen la reducción

drástica del tamaño de su administración y los gastos innecesarios.

M21.- Acometer planes de fusión de servicios vía mancomunidades, o asociaciones de municipios.

M22.- Mejora de la inspección tributaria local y de la transparencia de las cuentas públicas,

Medidas Generales:

M25. Recuperación del sistema educativo común. Las competencias en educación deberán volver al Estado, sin perjuicio de que la gestión corresponda a las CCAA.

M26. Nueva política educativa que valore el esfuerzo, el aprendizaje, la excelencia y la responsabilidad. - Revisar la enseñanza primaria, establecer dos itinerarios diferenciados en la secundaria: bachillerato más largo

y unificado que el actual y comenzado a una edad más temprana.

- Formación profesional de calidad que permita acceder a estudios superiores, accesible a partir de los 14 años,

con título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.

M27. Creación de una asignatura con enfoque puramente laico y específica para el estudio de la

Constitución y los derechos y libertades fundamentales, la igualdad entre los sexos…

M28. Coordinación entre las Comunidades Autónomas para facilitar la movilidad de titulados y

profesores.

M29. Catálogo nacional de titulaciones universitarias.

M30. Los estudios de postgrado deberán tener unas tasas públicas similares a las de los de grado.

Medidas Generales para entidades locales:

M23.- Reforma de la Ley de las Haciendas Locales

M24.- Prohibición mediante una Ley de Estabilidad de las inversiones sin viabilidad financiera.

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Medidas Autonómicas:

M31. La inversión educativa debe incrementarse hasta alcanzar la media de los países europeos más

avanzados mediante una Ley de Financiación de la Enseñanza.

M32. Mayor intervención de los profesores en activo en el diseño y evaluación de planes y programas,

evitando la creciente actuación de asesores que, en numerosos casos, llevan alejados de la realidad educativa muchos años.

M33. Reconocimiento del profesorado como autoridad pública, para evitar la creciente indisciplina en los

Centros y prevenir agresiones. Restablecimiento de la disciplina para posibilitar el aprendizaje

M34. Cumplimiento de los programas educativos mediante la adecuada dotación de medios, especialmente

personales. Evitar despilfarros, como la compra de PDAs que supusieron una inversión a fondo perdido de 7 millones de euros para, poco después, dotar a cada profesor de un ordenador portátil con una inversión de 20

millones. Con esta medida las PDAs quedaron aparcadas y la Junta desembolsó una cantidad en ordenadores

que no se han rentabilizado: Tan solo son utilizados por no más de un 50% del profesorado y una vía alternativa para esta dotación en años sucesivos debe ser la oferta al profesorado de adquisición subvencionada (coste

reducido y a pagar en descuentos del sueldo a lo largo de un período de tiempo a determinar).

El Plan de Gratuidad de libros de texto debe mantenerse, pero desarrollando la renovación estrictamente

cada cuatro años, sin ceder ante las presiones de las editoriales.

M35. Negativa a la prolongación de la escolaridad obligatoria hasta los 18 años, manteniéndola hasta los

16, pero con un incremento significativo de plazas de Formación Profesional (actualmente hay déficit), y de oferta de estudios en régimen nocturno.

M36. Mayor contacto entre la Formación Profesional y las Empresas, mediante planes conjuntos de

formación que propicien una mayor participación del alumno, desde el primer curso, en actividades profesionales reales y un mejor conocimiento de los alumnos por parte del empresario. Esto implica dar un

mayor peso horario al módulo de Formación en Centros de Trabajo, con mayor presencia del profesorado en

los mismos.

M37. Reducción de la “brecha digital “mediante la informatización de las aulas. Proponemos que no se

entreguen ordenadores a los alumnos, sino que se digitalicen las aulas (un ordenador en el aula por cada alumno y pizarras digitales). Los centros cívicos y Bibliotecas, así como los centros educativos, deberán estar

suficientemente dotados para dar la posibilidad de contar con ordenadores a aquellos alumnos que no dispongan

del mismo fuera del horario lectivo. No obstante, se podrá dotar excepcionalmente de los mismos a aquellos

alumnos que demuestren encontrarse en circunstancias especiales.

M38. Apertura de los centros educativos a la sociedad para aprovecharlos como centros culturales y

deportivos que faciliten la conciliación de la vida laboral y familiar.

M39. Superación de la endogamia universitaria, facilitando al profesorado universitario el derecho al

traslado y reformando el sistema de selección del profesorado, del personal investigador y del personal

de administración y servicios. Potenciar y facilitar la “carrera docente” que facilite con

normalidad el acceso del profesorado de primaria a secundaria y de éste a la universidad mediante

méritos debidamente contrastados.

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C.1.3.- Medidas sanitarias:

La cesión de competencias a las CCAA ha producido en España una divergencia en la calidad de la asistencia

y propiciado la desigualdad de derechos entre españoles. UPyD propone la devolución al Estado de esta competencia, pero en tanto en cuanto se produce pueden impulsarse reformas parciales que mejoren el

funcionamiento de la Sanidad que aquí exponemos.

M40. Política racional de creación de Facultades Universitarias, frente a los criterios clientelares y

populistas y evitar la duplicidad innecesaria de facultades, como es el caso de la de Medicina en Albacete y

la nueva ubicación en Ciudad Real sin tener en cuenta la demanda real de alumnos para esas facultades, o el ahorro que nos supondría el tener un sistema eficiente de becas que cubriese el coste íntegro del traslado del

alumnado entre provincias de nuestra comunidad, en lugar de establecer la misma facultad en cada sitio

M41. Ayudas a la movilidad de los estudiantes y sistema de becas. Es más rentable otorgar becas y crear

residencias que crear Facultades Universitarias descentralizadas. Mejorar la monitorización de las

asignaciones de beca Erasmus (y similares) y de estancias doctorales. Implantar un sistema de control

y seguimiento de las materias en que se matriculan los estudiantes Erasmus y los resultados obtenidos

y en caso de no haber aportado un balance positivo, retirar la beca (y devolver la dotación).

M42. Generalización del estudio a tiempo parcial (supresión) Evaluar las necesidades reales de la

universidad en cuanto a gasto corriente no productivo, y reducirlo drásticamente.

M43. Potenciar y rentabilizar los recursos creadores e investigadores de la Universidad de Castilla La

Mancha ya que entre 2000 y 2008 ésta ha presentado solamente 45 solicitudes de patente, situándonos en el

puesto 25 de 51 Universidades españolas, lo cual es a todas luces mejorable. Por otra parte, la labor investigadora en la Universidad de Castilla La Mancha se situaba en 2003 en el puesto 40 de un total de 54

universidades evaluadas y tan solo avanza tres puestos en 2007 y todo ello a pesar de ser una Universidad

joven que, en principio, debiera contar con más dinamismo que otras de trayectoria mucho más larga.

Debe estimularse la investigación mediante incentivos y participación en beneficios, selección adecuada del profesorado y control y supervisión apropiada de esta importante función, mediante la exigencia al profesorado

de la realización de este tipo de actividad. Crear en la Universidad puestos específicos de investigadores y

Mejorar los sueldos de éstos para evitar las famosas fugas de cerebros

Medidas Generales:

M44. Creación de Unidades de Referencia Nacional para determinadas patologías o técnicas muy

específicas, a cargo del Estado.

M45. Sistema nacional de acreditación de profesionales y de centros dentro de cada uno de los campos

de la salud,

M46. Cambios legislativos que obliguen a los profesionales a la formación continua y a la renovación

periódica de la acreditación para ejercer en el territorio nacional, tanto en sanidad pública como privada.

M47. Centralizar las oposiciones al SNS con un examen nacional y un baremo de méritos uniforme.

M48. Elaborar un proyecto de carrera profesional común para todo el territorio nacional que valore

realmente el esfuerzo de los profesionales.

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C.1.4.- Medidas en dependencia y servicios sociales

Por su importancia, es conveniente que los Servicios Sociales y de Atención a la Dependencia sean

competencia del Estado, porque es éste quien puede y debe garantizar la equidad e igualdad por lo que UPyD

propone la devolución al Estado de esta competencia, pero en tanto en cuanto se produce pueden impulsarse las siguientes reformas parciales:


M49. Creación del Gestor de la Lista de Espera, responsable de velar por el estricto cumplimiento de las

normas establecidas e informar periódicamente de la situación.

M50. Aumentar la participación de los profesionales en la gestión de los centros sanitarios, fomentando

que los profesionales elijan a los responsables de las diferentes unidades.

M51. Creación de los Consejos de Participación Comunitaria.

M52. Creación de Unidades de Gestión Clínica en los centros de trabajo, con un estatuto legal

diferenciado.

M53. Subsanar el déficit de Médicos en Atención Primaria y Especializada mediante un reparto más

coherente y una mayor oferta de empleo, dado que se ha incrementado la atención sanitaria debido al

incremento de la población (emigrantes), aumento de la esperanza de vida y de la cartera de servicios (mejor

atención, más exploraciones diagnósticas, campañas de prevención masivas).

M54. Creación de hospitales comarcales y centros de saludo atendiendo a una política sanitaria

coherente y no a programas políticos que se fundamentan en la búsqueda de votos.

M55. Incrementar la remuneración de los profesionales sanitarios, con el fin evitar su marcha a otras

comunidades que ofrecen mejores salarios, eliminando de sus retribuciones incentivos perversos como los que cobran los médicos de atención primaria por no derivar pacientes a la especializada o a pruebas diagnósticas. El

ahorro no debe ser a costa de la salud de los ciudadanos.

M56. Reducción de la “nota de corte” para el acceso a los estudios de Medicina, ya que supone algo difícilmente alcanzable y que impide el acceso a esta profesión de jóvenes castellano manchegos

suficientemente preparados y, simultáneamente, aumentar el control sobre la homologación de especialistas

procedentes de otros países.

M57. Controlar el horario y dedicación real del personal sanitario y preparar programas de intervención de

cirugía menor dentro de su horario de trabajo, disminuyendo al máximo las “peonadas” fuera del horario laboral y disminuyendo el tiempo de espera para las intervenciones.

M58. Evaluar y buscar soluciones a la problemática creada por el grave retraso en la construcción del

Hospital de Toledo.

Medidas generales:

M59. Ley Nacional de Garantía de Derechos y Servicios Sociales que garantice el acceso a las prestaciones básicas a todos los ciudadanos, con independencia de su lugar de residencia, y establezca una cobertura básica

y una financiación estable del Sistema.

M60.- Creación de un Servicio Nacional de Integración de los Inmigrantes que se gestione en cooperación con las CCAA y Administraciones Locales,

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C.2. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

La corrupción asociada al urbanismo surge de la confluencia de tres factores:

a) La discrecionalidad cuasi ilimitada de los entes municipales para planear su desarrollo urbanístico, unido a

un deficiente funcionamiento de los mecanismos de control.

b) La dependencia financiera de los Ayuntamientos de los ingresos proporcionados por la actividad urbanística

para financiar infraestructuras, equipamientos y servicios, en una especie de financiación piramidal donde los

nuevos desarrollos financiaban déficits generados en muchos casos por equipamientos injustificados, carentes de una planificación urbanística ordenada.

c) El extraordinario auge de la construcción de viviendas en el último decenio, con un mercado inmobiliario

que ha multiplicado su volumen por seis entre 1997 y 2006, convirtiendo a España en el país europeo con mayor tasa de viviendas por habitante, muchas de las cuales permanecen vacías ya que han sido adquiridas

como activos financieros.

Paradójicamente este espectacular aumento del número de viviendas ha sido paralelo a una dificultad creciente de acceso a la vivienda para la mayoría de la sociedad, incapaz de afrontar el desaforado aumento del precio

de los inmuebles. Es necesario un replanteamiento total de las políticas actuales sobre vivienda,

Por otra parte, cualquier política de gestión del territorio debe contemplar una auténtica política energética abe desarrollar sobre tres ejes: medio ambiente, economía y energía.

Consideramos que la gestión del territorio debe adoptar estos principios:

a) El territorio es un bien no renovable, esencial y limitado, una realidad compleja y frágil.

b) El territorio contiene valores ecológicos, culturales y patrimoniales que no pueden reducirse al precio del

suelo. c) El planeamiento territorial y urbanístico exige la actuación de los poderes públicos.

d) El Gobierno central y el Parlamento nacional no pueden desentenderse del territorio. Independientemente

del actual marco competencial, la Administración General del Estado debe considerarlo parte esencial de sus

responsabilidades.

C.2.1.- Urbanismo

Es necesario reordenar el sistema competencial vigente en materia urbanística, que recae casi de forma

exclusiva en CCAA y Ayuntamientos, fomentando la dispersión del régimen del suelo en 17 sistemas distintos, con gran confusión normativa. El Estado dispone de competencias mínimas. Entre las reformas

constitucionales que consideramos ineludibles está la devolución al Estado de la gestión del territorio.


M61. Impulsar la inspección, control y seguimiento de los servicios privados, concertados y públicos, de

gestión directa e indirecta de las prestaciones del Sistema.

M62.- Gestionar el consumo de fármacos en las residencias para mayores mediante la provisión directa

del servicio de farmacia de hospitales públicos de referencia.

M63. Políticas activas de apoyo a las familias que aborden aspectos fiscales, de vivienda y desarrollo de

programas específicos de atención a la conciliación de la vida familiar y laboral.

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M72. Moratoria y desclasificación de aquellos crecimientos urbanísticos abusivos producidos en los

últimos años que, de materializarse, supondrían un enorme riesgo para la evolución razonable y sensata de

nuestros territorios y ciudades.

M73. Prohibición temporal de modificaciones puntuales sucesivas de planeamiento que desvirtúen el

modelo urbanístico diseñado. Y obligación de revisar el planeamiento general cuando las alteraciones propuestas tengan una entidad notable, ya que las modificaciones puntuales son utilizadas para enmascarar

verdaderas revisiones del modelo urbanístico.

M74. Incremento de la participación pública y de las medidas de acceso a la información urbanística: Estableciendo la obligación de publicar todos los documentos urbanísticos en las páginas web respectivas, de

forma accesible y manejable por el ciudadano. Creación del Consejo Ciudadano de Ordenación del

Territorio y Urbanismo, abierto a la participación de agentes sociales

M75. Prohibición de los convenios de planeamiento con particulares, o de los que prevean la obtención

de ingresos para los Ayuntamientos antes de la aprobación del planeamiento urbanístico. Imposición de un trámite de información pública previo a la formalización de convenios urbanísticos, que deberán

incorporar un estudio económico-financiero en el que se evalúen las plusvalías a generar, así como las

formas y plazos en que la administración pública participará de dichas plusvalías.

Medidas generales:

M64.- Aumento de las competencias estatales en urbanismo

M65. Fomentar la cooperación, coordinación y colaboración interadministrativa en la elaboración de

planes territoriales.

M66. Predeterminar por el legislador y la planificación territorial de los suelos que, por su

naturaleza, deban ser clasificados cómo especialmente protegidos, sin que pueda acometerse su

reclasificación como suelo urbanizable únicamente por decisión local. Lo que supone la retirada

parcial de las competencias sobre suelo no urbanizable a los Ayuntamientos.

M67. Introducción de conceptos como “capacidad de carga del territorio”, y de las necesidades sociales en

materia de vivienda, para limitar la clasificación del suelo urbanizable

M68. Control previo de la Agencia Tributaria sobre los grandes planeamientos urbanísticos, con el fin de aumentar su capacidad de lucha contra el fraude inmobiliario.

M69.- Incremento del porcentaje de cesión de aprovechamiento a favor de las Administraciones públicas, en términos similares a lo recogido en la Ley del Suelo de 1992 (un 15%) con el fin de garantizar que las

plusvalías derivadas de los procesos urbanísticos quedan en manos públicas.

M70.- Reforma de la legislación de régimen local para devolver a los Secretarios e Interventores de Ayuntamiento sus funciones de fiscalización de la legalidad de las actuaciones municipales.

M71. Establecer mecanismos de control y aprobación definitiva de todos los planes urbanísticos por la CCAA correspondiente.

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C.2.2.- Vivienda

La burbuja inmobiliaria es la raíz de muchos problemas económicos que padecemos: así, el sector de la construcción superó el 18% del PIB, y el crédito relacionado llegó al 61 % del total. Este frenesí ha servido

para mantener el espejismo de una economía que crecía a ritmos del 4% anual aunque de bajísima

productividad. Sin embargo, no ha mejorado las posibilidades de acceso a la vivienda de grandes capas de la sociedad, que de hecho han empeorado mucho. En diciembre de 1997 el precio medio de la vivienda

representaba 3,6 veces la renta disponible bruta media de los hogares españoles, y en 2007 ascendía a 7,7

veces esa renta. Hay que apostar decididamente por políticas de apoyo a la vivienda de alquiler, dirigidas sobre todo a los jóvenes.

C.2.3.- Energía

España carece de un Plan Estratégico de Energía realista y coherente lo que ha derivado en una altísima

dependencia de los productos energéticos petrolíferos importados, hasta el 85% y, por otra parte, en un alto

coste y baja eficiencia energética de nuestra economía en la generación de productos y servicios,

Proponemos una política energética sobre tres parámetros de acción:

a) Estrategia de precios.

b) Estrategia de incentivos para favorecer el ahorro de energía.

c) Estrategia de incentivos para mejorar la eficiencia energética, promoviendo las fuentes y sistemas de generación que cumplan los compromisos adquiridos en el Protocolo de Kyoto y sean sostenibles y

respetuosos con el medio ambiente.

Medidas generales:

M76. Liberalización de los contratos de alquiler, aumentando la seguridad jurídica de los propietarios y

reduciendo trabas a los inquilinos. La duración mínima obligatoria debe fijarse en un año, en lugar de los cinco actuales.

M77. Aumentar la seguridad jurídica haciendo más rápida la resolución del contrato y el desahucio en caso de impago de alquiler.


M78. Reorientar las Viviendas de Protección Oficial al mercado de alquiler, dedicando los recursos

disponibles a financiar el alquiler de vivienda libre para personas de bajos niveles de renta, o creando un

patrimonio público de viviendas exclusivamente en alquiler. Se conseguiría, además, eliminar la injusticia de las adjudicaciones, las loterías de los sorteos, los “concursos de méritos” y muy especialmente los

turbios manejos de dinero negro o de operaciones combinadas entre viviendas libres y protegidas que se

han venido practicando sin solución de continuidad en la VPO de promoción privada.

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C.2.4.- Infraestructuras y transportes.

La inversión en infraestructuras se ha convertido en arma propagandística y de presión política muy poderosa,

causando graves problemas de eficacia y eficiencia.

Medidas generales:

M79. Mix energético (cesta energética) que permita la estabilidad del sistema de generación y transporte de suministro y la cobertura de las puntas estimadas. Todas las energías son susceptibles de integrarse en ese futuro

Mix energético nacional. Las limitaciones sólo deben derivarse de criterios de coste y capacidad para cumplir

criterios técnicos de generación, suministro del servicio, estabilidad de la red eléctrica, etc.

M80. Las tarifas eléctricas deben reflejar todos los costes de generación, transporte y distribución, sin incluir más

impuesto que el IVA correspondiente.


M81. Incremento de las energías alternativas hasta el 40% del total de generación en el 2030 (el doble de lo reclamado por la directiva europea 20/20/2).

M82. En cuanto a la producción de energía mediante los llamados huertos solares o las plantas de

energía eólica, control para que las autorizaciones que se otorgan para su uso industrial y comercialización de excedentes energéticos, se realicen bajo criterios objetivos, evitando favoritismos, y

dando prioridad a quién demuestre fehacientemente que la producción de energía tendrá un impacto económico

positivo y no meramente especulativo, de esta forma las empresas tendrán una reducción de costes

simultáneamente con una fuente de ingresos adicional, lo que obviamente contribuiría a su desarrollo, competitividad y creación de puestos de trabajo.

M83. Intensa campaña de información a los ciudadanos sobre las ventajas e inconvenientes de las

distintas modalidades energéticas. La energía nuclear debe contribuir decisivamente al futuro Mix

energético nacional, dado que es la fuente más barata por coste de producción de kWh., es fiable, segura en el

suministro y limpia. Además, la construcción de nuevas centrales desarrolla la I+D+i.

M84. UPyD defiende la desaparición progresiva de las centrales térmicas de Castilla La Mancha que

incrementan el efecto invernadero. Esto debe ir en consonancia con el desarrollo de energías renovables

simultáneamente a la utilización de energía nuclear. Para ello se admitirán plantas nucleares siempre y cuando su construcción se enmarque dentro de un plan nacional razonado, justo, rentable y equilibrado.

Medidas generales:

M85. Reorientar la inversión en Tren de Alta Velocidad, potenciando los trazados mixtos y las actuaciones

sobre la red convencional para la promoción efectiva del transporte de mercancías y cercanías. El transporte

ferroviario de mercancías evita la congestión de la carretera y reduce el impacto ambiental, para ello debe mantenerse y potenciarse las líneas convencionales de ferrocarril.

M86. Introducción de la libre competencia entre aeropuertos.

M87.- Introducción de impuestos sobre emisiones contaminantes para desincentivar el uso de transportes

altamente contaminantes como el aéreo.

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D. LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Es urgente romper con el inmovilismo de una sociedad lastrada por el dominio que han venido ejerciendo los

dos grandes partidos herederos de las viejas corrientes de izquierda y derecha, con la ayuda inestimable de los partidos nacionalistas gracias a una Ley Electoral que prima a las grandes fuerzas políticas y a las nacionalistas

a costa de alterar severamente la voluntad popular. La corrupción actúa como un cáncer imparable que

destruye las instituciones si no se toman medidas para detenerlo, y además genera profundas desigualdades sociales.

A finales del año 2009 había más de 800 cargos públicos imputados, de todos los colores políticos.

Las causas de esta degradación pública son perfectamente reconocibles:

a) Clientelismo: En España el partido que controla un gobierno local puede nombrar multitud de cargos y asesores, y a la vez tejer una red de agencias y fundaciones

b) Deficiencias de la transparencia en la gestión pública.

c) Proliferación de normas y burocracia, innecesarias


M88. Deben cerrarse las estructuras de comunicación en la Región, exigiendo que no solamente

respondan a proyectos nacionales, sino que respeten y tengan en cuenta las exigencias socio-

económicas de Castilla La Mancha. En este sentido, deben finalizarse las autovías en construcción e

iniciarse definitivamente la autovía Toledo – Ciudad Real. En cuanto al AVE debe exigirse la comunicación de todas las capitales de provincia y Talavera de la Reina mediante este medio de transporte.

M89. La Junta de Comunidades debe ser exigente con el Ministerio de Fomento y especialmente crítica con las medidas que favorecen en materia de infraestructuras a las Comunidades Autónomas a las

que se permite una negociación bilateral con el Estado, rompiendo el principio de igualdad de todos los

españoles.

M90. Es innecesario extenderse sobre la enorme diferencia entre el desarrollo del noreste y el resto de

España, como sobre los enormes beneficios de mejorar la comunicación con tal área; ninguna política de

infraestructuras sensata puede obviar el hecho de que Castilla La Mancha necesita tener una conexión directa con este eje Ebro "extendido".

En todo caso debería ser prioritario para la Comunidad Autónoma conectar Tarancón con

Guadalajara acercando de este modo las zonas más pobladas de Castilla La Mancha con el noreste peninsular sin tener que sufrir el tapón Madrid. Se debería apoyar la construcción de una autovía hasta

Navarra y buscar activamente una solución para la conexión Cuenca - Teruel que nos brindaría un

acceso alternativo al área. Asimismo potenciaría nuestra posición central concluir la autopista desde

Puertollano hacia Badajoz. Castilla La Mancha debe ser capaz de pensar en términos de algo más que suburbio de Madrid y su zona

de paso hacia Levante. Y no podemos obviar el hecho de que tras una década de rápido crecimiento en el

sureste - arco Mediterráneo, de nuevo todos los indicadores señalan la pujanza extraordinaria del Eje Ebro o Bilbao-Zaragoza-Barcelona respecto del cual no debemos quedar descolgados.

M91. Los planes Astra para agilizar el transporte en áreas supramunicipales, iniciados en

Guadalajara y Toledo, deben también culminarse, así como las obras que llevan aparejados.

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D.1. MEDIDAS PARA LA REFORMA DE LAS LEYES ELECTORALES.

D.1. REFORMA DE LAS LEYES ELECTORALES

Medidas generales:

M92. Aumento del número de diputados a 400 y rebaja del número mínimo a elegir en cada

circunscripción (provincia) a 1. Distrito único de ámbito nacional para la elección de 50 de los 400

diputados. Cambio de la fórmula electoral proporcional, sustituyendo la fórmula d´Hondt por otra

fórmula más proporcional como la “cuota Hare”.

M93. Limitación al sufragio autonómico y local para residentes habituales en el extranjero.

M94. Reforma constitucional para que los extranjeros con permiso de residencia permanente puedan

participar, como electores y candidatos, en las elecciones autonómicas y locales.

M95. Reforma del sistema electoral municipal. De los 60 municipios que son capitales de provincia

o tienen más de 200.000 habitantes, en 11 de los 32 en que no se alcanzó mayoría absoluta en 2007 ostenta

la Alcaldía y gobierna el Municipio –en solitario o en coalición- un partido distinto del partido más votado. Y en lo que va de Legislatura 2007/2011, hasta el 31 de Diciembre de 2009, ya se han producido 129

mociones de censura, existen buenas razones para que el Alcalde deba contar con la confianza, no del Pleno

municipal, sino directamente del cuerpo electoral. La elección directa de los Alcaldes también está contemplada en el art. 140 CE.

M96. Elección directa del Alcalde, que será elegido en un sistema de doble vuelta, salvo que en la primera uno de los candidatos obtuviera mayoría absoluta.

M97. Los Concejales serán asignados según los votos obtenidos en la primera vuelta,

M98. Supresión de la moción de censura y la cuestión de confianza, carentes de sentido en un sistema de

elección directa del Alcalde. En todo caso hay que prever la remoción del Alcalde por causas graves

previamente tasadas, apreciables por el Pleno de la Corporación con una mayoría cualificada.

M99. Listas electorales abiertas con voto preferencial.

M100. Limitación del mandato de Alcalde a un máximo de dos legislaturas completas.

M101. Redistribución de competencias entre Alcalde y Pleno de la Corporación.

M102. Sustitución de la fórmula D’Hondt de reparto de restos por la Hare, más proporcional.

M103. Unificación del 3% de los votos válidos por circunscripción como umbral mínimo de acceso al Parlamento, igual que la fijada por la LOREG para el Congreso de los Diputados.

M104. Armonización de circunscripciones. En las Comunidades pluriprovinciales la provincia seguirá

siendo la circunscripción, o la isla en los archipiélagos. En las Comunidades uniprovinciales habrá una circunscripción única que abarque toda la Comunidad.


M105. Aumento del número de diputados autonómicos a 59 con el fin de facilitar la entrada en el

Parlamento Regional de otras fuerzas políticas distintas al PSOE y el PP.

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D.2. MEDIDAS PARA EL SECTOR PÚBLICO:

Un objetivo fundamental de UPyD es promover el control de todos los organismos públicos a fin de que se

rijan por criterios de objetividad, imparcialidad y atención al interés general, promoviendo la transparencia de las administraciones

D.3. CONTRATACIÓN. CONTROL DE EMPRESAS Y ENTES PÚBLICOS

INSTRUMENTALES. CARGOS PUBLICOS

En el ámbito de la contratación abundan las irregularidades que afectan al interés público.

Medidas generales:

M106. Ley Básica Estatal de Transparencia y Acceso a la Información Pública


M107. Publicidad de la información sobre los puestos de trabajo del personal eventual adscrito a los

Gabinetes de los miembros de los Gobiernos central, autonómicos y locales, detallando identidad,

currículum vitae y méritos tomados en consideración

M108. Creación de bases de datos de acceso público donde puedan consultarse todas las

subvenciones otorgadas o recibidas por organismos, instituciones, empresas, sindicatos o particulares,

M109. Creación de un Registro de Estudios financiados con fondos públicos y encargados a terceros

externos a la administración, de acceso público, con los datos del expediente de contratación y copia del estudio.

M110. Publicación de todos los convenios de las administraciones con empresas privadas.

Medidas generales:

M111. Contratación. Rebajar la cuantía que permite realizar contratos menores directamente de los

actuales 18.000 € por contrato menor de servicio y 50.000 € por contrato menor de obra, a 6.000 € y

15.000 € respectivamente. Limitar la cuantía máxima que una misma empresa, en un mismo

ejercicio, con un mismo organismo, reciba de la Administración por contratos menores.

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M112. Reducción significativa de las empresas públicas, organismos, agencias, consorcios,

institutos, fundaciones y demás entes instrumentales mantenidos con fondos públicos, suprimiendo

aquellos que por su volumen de actividad tengan escasa entidad, los que se financien exclusivamente con recursos públicos, y los que ejerzan competencias claramente administrativas.

M113. Obligar a que las distintas administraciones y entes vinculados hagan públicas sus cuentas

generales y liquidaciones, así como el grado de ejecución presupuestaria de cada capítulo de los presupuestos, en un plazo inferior a un año después de finalizado el año de ejercicio del presupuesto.

Garantizar la consulta accesible a cualquier ciudadano,

M114. La contratación del personal de la administración y empresas públicas se realizará por

procedimientos públicos de igualdad de méritos y capacidad, con transparencia en las

percepciones salariales y por otros conceptos.

M115. Reforzar las funciones de Interventores y órganos de fiscalización económica independientes de los cargos políticos volviendo al sistema de intervención previa, esto es, al control

del gasto antes de ejecutarse.

M116. Régimen de Incompatibilidades. Habilitación de un registro de “actividades profesionales

coincidentes”. Extender a concejales y alcaldes durante los dos años siguientes a su cese la

prohibición de trabajar para empresas de un determinado nivel de contratación con la entidad local

durante el periodo en que se desempeñó el cargo.

M117. Establecer límites a la capacidad de fijar libremente el sueldo de alcaldes y concejales. Los sueldos se regirán por unos baremos que establecerían un máximo y un mínimo en función del tamaño

de la población.

M118. Equiparar las condiciones económicas de los diputados autonómicos y cargos municipales

al resto de los trabajadores, en lo relativo a prestaciones por desempleo y años de cotización para

la jubilación.

M119. Suprimir el cobro de dietas por comisiones, reuniones y actos a los que los cargos públicos,

miembros de consejos de administración y demás entes financiados con fondos públicos asisten en

razón precisamente de su función.

M120. Limitar el nombramiento de asesores a un número limitado por departamento, en

relación a su tamaño y funciones a desempeñar.

M121. Limitar las retribuciones de los altos cargos de libre designación de modo que nunca

superen en un porcentaje dado los ingresos previos y demostrables del candidato.

P122. Desarrollar límites estrictos a las posibilidades de inversión privativa de los cargos públicos

en empresas con financiación pública.

M123. Elección y cese del Director de RTVCM por el voto favorable de 2/3 de las Cortes, y no

por el ¨Consejo de Gobierno como hasta ahora y supresión asimismo de su Consejo Asesor.

(Modificación de la Ley 3/2000 de creación del ente público de RTVCM).

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D.4. FUNCIÓN PÚBLICA.

La regulación de la función pública autonómica no puede observarse como una nueva oportunidad para

revisar al alza el régimen retributivo de los empleados públicos, sino para reforzar precisamente su eficacia y profesionalidad en la defensa del interés general. En la actual crisis económica no debe diferirse dicha

regulación por problemas de índole presupuestaria, previéndose la demora de aquellas previsiones de carrera

que supongan incremento de gasto.

Consideramos necesario fortalecer la función pública mediante el desarrollo de una carrera profesional que permita a funcionarios de carrera, en base a baremos objetivos, alcanzar niveles de responsabilidad ahora

copados por cargos de libre designación, fomentando la independencia en el ejercicio de la responsabilidad.

Medidas generales:

M123. Creación de un órgano colegiado interdepartamental para la coordinación de la política de

personal de la Administración Autonómica.

M124. Publicidad de las magnitudes y evolución de las Administraciones autonómicas mediante un

boletín estadístico semestral, similar al del Ministerio de Administraciones Públicas


M125. Adecuación del tamaño de la administración a criterios objetivos y comunes para

garantizar la eficiencia en su gestión y limitación de la capacidad de establecimiento de diferencias

salariales entre funcionarios. Debe realizarse Un plan de reducción y ajuste que pase inicialmente por

un informe público de todas las Consejerías en el que se detalle el personal y su situación administrativa, así como un informe con la relación de puestos de trabajo que ocupan y sus

características. A partir de este informe debe abordarse la reducción de personal y el necesario ajuste

con el fin de evitar excesos y duplicidades.

M126. Disminuir al menos en un 40% el número de asesores y cargos de libre designación

existentes actualmente.

M127. Exigencia del criterio de competencia profesional para los nombramientos de titulares de los

órganos directivos de la Administración. Dignificación de la figura del funcionario público no

sometida a criterios políticos

M128. Aprobación de las Ofertas anuales de Empleo Público y revisión del actual sistema de

selección del personal, reforzando la igualdad y el mérito en el acceso a la función pública.

M129. Transparencia y control en los nombramientos y actividad del personal eventual o de

confianza. Ha de asegurarse que el personal de confianza realiza efectivamente las funciones para las que ha sido designado, de modo que tal fórmula no constituya una mera vía para asegurar sueldos

públicos a personas afines.

M130. Fortalecimiento de los órganos de control interno de la Administración, órganos de la Inspección de Servicios destinada a asegurar la eficacia y racionalidad organizativa y el cumplimiento

de la normativa administrativa, y a la Intervención, destinada a velar por la eficiencia y legalidad del

gasto público.

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E. POLITICA HIDROLOGICA, AGRICOLA Y GANADERA.

E.1. POLÍTICA HIDROLÓGICA:

M131. Implantación de buenas prácticas en las Administraciones Públicas. La Administración ha de

dotarse de una estrategia clara de prevención de la corrupción, en el marco de lo establecido por la Convención

de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003, y ha de asignar a los servidores públicos un papel activo en

dicha labor, dotándolos de criterios e instrumentos de actuación claros y eficaces para garantizar la integridad del servicio público. Creación de la oficina de atención al ciudadano: donde se recojan las quejas, peticiones o

sugerencias del funcionamiento de la Administración

M132: En la Administración Autonómica instaurar la figura del directivo público, para ello se modificará

la normativa autonómica de función pública para dar cabida a la figura del directivo público, ocupado por altos

funcionarios y solo excepcionalmente por directivos de la empresa privada que pasen por un proceso previo de

acreditación que certifique sus méritos, ocuparán el puesto con una duración de cinco años (no podrán ser

cesados por discrecionalidad de los políticos sino solo por no cumplir los objetivos).

M133: Con el fin de hacer efectivo el derecho a la carrera profesional de los funcionarios que prevé la Ley

7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público, los cargos de Jefes de Servicio, Secretarios y

Coordinadores (niveles 26, 27) los funcionarios designados no lo serán, como en la actualidad, mediante

concursos de libre designación en el que prima la discrecionalidad de la decisión del cargo político de

turno, sino mediante concursos específicos (en el que primará la evaluación de la carrera profesional,

cualificación y competencia, formación y la entrevista de valoración de aptitudes para el puesto por un

tribunal).

M134:Los puestos de asesores serán en su mayor parte cubiertos por funcionarios del Grupo A1 y del

Grupo A2, es ilógico que teniendo personal cualificado en la propia Administración, como abogados,

arquitectos, ingenieros, médicos, psicólogos que son funcionarios, se contrate como asesores a personal externo

que incrementa innecesariamente el gasto público en materia de personal.

M135: Supresión de todos los organismos autónomos de la Junta de Comunidades, a excepción del

SESCAM y SEPECAM, y su conversión en Direcciones Generales adscritos a la Consejería respectiva.

De igual forma se suprimirán la mayor parte de los puestos de libre designación de los organismos

suprimidos.

M136. Respetar la Constitución en lo relativo al artículo 149 y la ordenación, por parte

exclusivamente del Gobierno de la nación, de los recursos hídricos transregionales y alentar la

puesta en marcha por el Gobierno de España de un Plan hidrológico Nacional que comunique las

cuencas y propicie una política solidaria.

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E.2 POLITICA AGRICOLA Y GANADERA.

La política en materia de Agricultura, ganadería y agua constituye un factor socio – económico importante

pues afecta al cambio climático, la sostenibilidad de los recursos naturales (renovables y no renovables) la

gestión eficiente y no contaminante del agua, la producción de alimentos, la despoblación del medio rural, etc. En consecuencia, los objetivos de una política agraria y medioambiental unidas debe ser :

Incrementar la población y el desarrollo rural al tiempo que se desarrolla un cambio cultural.

Aumentar la riqueza de un sector primario sostenible y rentable, competitivo y capaz de conquistar mercados.

Preservar el medio ambiente para las generaciones futuras.

M137 Elaboración de un Plan Global del Agua en Castilla La Mancha con los siguientes objetivos:

Potenciación de los Parques Naturales de Ruidera, Alto Tajo y Tablas de Daimiel.

Ejecución del Plan del Alto Guadiana (apenas se ha desarrollado y es, en realidad, una mera promesa

electoral).

Saneamiento del Tajo Medio, especialmente entre Aranjuez y Talavera de la Reina.

Plan de desarrollo sostenible para toda la ribera del Tajo (no solo para los municipios ribereños de los

pantanos de cabecera), con planificación y desarrollo de políticas productivas basadas en la agricultura, las industrias agroalimentarias y el desarrollo turístico y de servicios .

M138. Mantenimiento de caudales mínimos en el Tajo para llevar a cabo trasvases de agua únicamente

cuando se garantice lo explicitado en la normativa legal (Ley 21/1971 y Ley 52/1980) por lo que se

consideran dos aspectos: que la cuenca del Tajo es prioritaria en todos los usos y solamente se debe

trasvasar agua excedentaria. Consideramos que deben medirse los caudales y procurar que sean

ecológicos, pero sin concretar la desaparición del trasvase Tajo Segura, ya que esto iría en contra de una política hidrológica nacional y solidaria. Pero exigimos que el caudal sea ecológicamente correcto y se

satisfagan las necesidades económicas de los municipios ribereños derivadas del uso del agua. Sin

embargo, exigimos la derogación del Real Decreto 1664/98 en el que se establece a la baja la reserva

excedentaria de los pantanos de cabecera, fijándola en 240 Hm3, lo cual supone, dado que su

capacidad es de 2475, menos del 10% o, lo que es lo mismo, reducir los pantanos a un lodazal y condenar

todo el desarrollo turístico y de servicios de una zona altamente deprimida.

M139. Paralización del trasvase a la llanura manchega, hasta que se realice una nueva valoración de su

necesidad, así como del impacto que tendría sobre el caudal del Tajo y sus consecuencias.

M140 . Reunir en un esfuerzo común que se traduzca en un proyecto de futuro a cajas rurales, colegios

profesionales, AAPP, empresas líderes, fondos de inversión, expertos independientes - mejor

internacionales -, cooperativas, universidad, cámaras y unirles en el objetivo de ganar un futuro productivo considerando las subvenciones como un medio y no como un fin en sí mismo.

M141. Huir de las subvenciones económicas y transformarlas en servicios directos prestados por la Administración al solicitante. Hay que ir a modelos de FINANCIACIÓN y CO-INVERSIÓN promoviendo

la innovación, la generación de nuevas tecnologías, siempre en colaboración con las Escuelas de Ingenieros,

instituciones y empresas con campos experimentales, y con las Instituciones de Investigación y Desarrollo.

M142 . Aumento del tejido industrial de primera transformación en el medio rural y mejora de la

productividad agrícola, ganadera y forestal. Fusiones de cooperativas y de empresas en general,

preferiblemente consensuado. Es perentorio apoyar la creación de marcas y de proyectos de internacionalización, como mejor modo de atraer y retener talento así como de generar valor. Para todo ello se

debe dialogar con los líderes y dar el enfoque europeo actual de "polo tecnológico" o ecosistema para facilitar

la creación de clusters (Agrupamiento con “bandera” de prestigio).

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M143. Potenciación de la actividad turística rural, empresarial y asociativa.

M144. Proyectos e inversiones transversales mediante “I + D +I”, modelo de los países prósperos, desarrollados, competitivos y con altos estándares medioambientales. El esquema para conseguirlo es

clarísimo y está repetidamente descrito. Se requiere un “ecosistema” socio-industrial adecuado:

- Educación - bien dotada presupuestariamente, pero educación, empezando por clases donde se

recuperen conceptos elementales como autoridad del maestro y esfuerzo por parte del alumno -,

- Simplicidad impositiva y estabilidad normativa

- Respeto y promoción del espíritu empresarial,

- Estímulos adecuados en las Universidades a la Transferencia (que las patentes y spin-offs

cuenten como méritos tanto al menos como los artículos, tesis, etc.). - Crear grandes grupos agroalimentarios. Hay que adoptar una política activa de inter-

cooperación e incluso directamente de fusiones que permitan tener grupos capaces de posicionar

marcas en los mercados internacionales, de certificarlos e implantar nuevos procedimientos de

producción, de invertir en I+D, de atraer talento a sus comarcas rurales de producción, de poner dinero en nuevos proyectos por ejemplo medio-ambientales o en mercados de productos

biológicos.

- Creación de marcados de industria del mueble artesanal.

- Mejora de la fiscalidad rural y Programación de las inversiones.

M145. Desarrollo y promoción de productos con calidad diferenciad

- Creación de plataformas comercializadoras de productos con calidad diferencia a terceros países.

- Crear plataformas virtuales de comercialización directa entre los productores y el internauta.

- Promoción de la Artesanía fuera de la Comunidad.

M146. Mejora del acceso al mercado laboral rural a jóvenes: Plan de fomento del empleo juvenil rural. Pasa por el contrato único. La multiplicidad de contratos lleva

siempre a disparates: o el empresario hace un contrato basura si puede, o el empleado impone un contrato “blindado”-fijo si tiene opción. También pasa por una clara mejora de la Formación Profesional.

M147. Mejora del Medio Ambiente Rural - Disposición de un sistema preventivo de catástrofes naturales: Incremento de la prevención de incendios forestales y creación de protocolos de actuaciones post-catástrofes.

- Lucha contra la erosión y el cambio climático mediante:

Aumento de la superficie forestal Mejora de la calidad de la aguas

Aumento de la disposición de agua embalsada y subterránea

Política hidráulica y optimización de los recursos hídricos

Aumento y desarrollo de energías limpias Aumento de los sumideros de CO2

Lucha contra la desertización

Reducción de emisiones.

M148. Mejora de la asistencia y servicios en el medio rural Crear un sistema itinerante eficaz y eficiente de atención al ciudadano. Comunicar telemáticamente todos los núcleos rurales.

M149. Fusión funcional de municipios. De otro modo es imposible sacar zonas rurales del atraso actual

especialmente en Cuenca y Guadalajara. Los programas han de ser en buena medida transversales y viene bien que no los perdamos de vista al tratar el cuestiones agroalimentarias y rurales.

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F. POLITICA CULTURAL . En la Sociedad de la Información y el Conocimiento UPYD reconoce y potencia el importante patrimonio

cultural y documental español, proponiendo medidas para ponerlo al alcance de todos, rentabilizarlo e incrementarlo

El impacto de las nuevas tecnologías en la difusión y preservación del Patrimonio Cultural en todos sus

ámbitos, debe de ser uno de los objetivos, en tiempos de crisis, de revalorización del capital cultural tangible e

intangible de Castilla La Mancha; un foco de riqueza intelectual y material, un ámbito de empleo, que requiere una racionalización que hasta el momento no ha tenido. Es fundamental en esta tarea que se elimine la brecha

digital, ya que la infrautilización de las tecnologías de la información y la comunicación en el acceso a la

cultura es una lacra que no podemos permitirnos.

M150. Los Ayuntamientos deben de tener un papel fundamental tanto en la formación en materias

culturales como en la organización de actos y eventos de tipo cultural.

En materia de formación cultural, es necesario desarrollar y potenciar la existencia de escuelas especializadas, talleres, cursos, programas, con distintos niveles de formación, en función de la población diana a la que va

encaminada la acción de difusión cultural.

Todo ello debe ir enfocado a la creación y refuerzo del «tejido cultural residente», propio de cada

comunidad y que tiene como referente último el de Castilla La Mancha y España. Es necesaria en tal sentido una planificación en aras a evitar un despilfarro inútil de dinero público y

rentabilizar al máximo los recursos. Es decir:

- Destinatarios. - Objetivos.

- Plazos de ejecución.

- Obstáculos.

- Presupuesto. - Criterios de evaluación.

M151. Es prioritario el fomento de la colaboración en materia cultural entre las distintas Comunidades Autónomas, así como entre cada Comunidad y los Municipios que la constituyen. Tal colaboración es el

complemento necesario para el desarrollo de «tejidos culturales residentes», tanto a nivel regional como

municipal. Las colaboraciones deben plasmarse en medidas concretas que fomenten acuerdos y coproducciones entre distintas comunidades. La creación de tejido cultural residente se fomentará mediante «contratos-

programa por concurso público» para gestionar y racionalizar tanto la gestión de los equipamientos culturales

como la de las estructuras de producción, tanto comunitaria como municipal. También con la creación de

fórmulas específicas de apoyo a artistas residentes.

M152.Tanto en Comunidades como en Ayuntamientos se elaborarán documentos marco que orienten, a

medio y largo plazo, la colaboración entre las instituciones públicas y los agentes privados. Esos documentos marco servirán ante todo para definir los respectivos ámbitos de actuación, así como para regular

la utilización y la gestión por agentes privados de espacios escénicos cuya titularidad sea pública.

M153. Activar la colaboración con las Universidades en materia de difusión de la cultura.

M154. Los Archivos las Bibliotecas, Museos y Centros de Documentación han de ser las cabeceras de la

alfabetización y expansión del uso de las TICS, erradicando la brecha digital que separa a los ciudadanos en el acceso a la cultura y a la información. Deben eliminarse las ciberbarreras en el acceso a la

cultura, utilizando las mejores prácticas de accesibilidad (especialmente para personas dependientes y

discapacitados sensoriales) y de utilización de recursos de Archivos, Bibliotecas, Museos y Centros o Unidades de Información y Documentación.

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M155. La creación de espacios virtuales para exposiciones de arte o ciberarte, temporales y

permanentes, para incentivar la cibercreación. La apertura al espacio virtual de exposición es una de las

formas modernas de participación democrática en la creación, sin la limitación de las salas de arte físicas. Así mismo proponemos la creación de un repositorio de obras cibermusicales o de artistas que la quieran

dejar de acceso libre para consulta, reproducción o investigación o difusión de su obra, según lo que decidan,

en función de la Ley de la Propiedad Intelctual.

M156. Es preciso activar los mecanismos para la supervisión de la contratación de instituciones,

realización de actividades culturales, subvenciones, ayudas, etc. Se deben hacer auditorias operativas, in

situ, auditorias de gestión y de control externo del gasto. Toda concesión de ayuda pública debe pasar previamente por una evaluación de su eficacia y eficiencia mediante criterios de calidad previamente fijados

ya que, de lo contrario, se abre la puerta a la corrupción, el cohecho y el clientelismo político. Sólo el

control externo de contrataciones y adjudicaciones podrá erradicar prácticas perversas en este terreno. Toda la información relativa a las contrataciones y adjudicaciones de eventos y actos culturales, así como los

resultados de las correspondientes auditorías externas (no solo los publicados en los correspondientes

boletines oficiales, sino los depositados en los archivos de las entidades auditoras), evaluaciones internas y

medidas de impacto de proyectos, han de ser pública y fácilmente accesibles, siguiendo principios de transparencia, aplicables a todos los niveles de la Administración.

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ROMPE EL

BIPARTIDISMO

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PROGRAMA ELECCIONES AUTONÓMICAS Y

MUNICIPALES 2011

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