PROGRAMA DE GOBIERNO ELECCIONES AL … 5.8. ZONA NOROESTE ANEXO: PROPUESTA DE REFORMA DEL...

- 1 -

PROGRAMA DE GOBIERNO ELECCIONES AL PARLAMENTO DE NAVARRA 2007

Aprobado en la Convención Programática de 10 de junio de 2006

índice

0. PRESENTACIÓN 1. LIBERTAD Y DEMOCRACIA. POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN. 1.1. PAZ Y NORMALIZACIÓN POLÍTICA 1.2. AUTOGOBIERNO 1.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL 2. DESARROLLO SOSTENIBLE. POLÍTICAS DE PROGRESO ECONÓMICO Y TERRITORIAL. 2.1. ECONOMÍA Y EMPLEO 2.2. OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 2.3. MEDIO AMBIENTE 2.4. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 2.5. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 3. DERECHOS PARA TODOS Y TODAS. POLÍTICAS DE IGUALDAD. 3.1. EDUCACIÓN 3.2. CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3.3. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 3.4. SALUD 3.5. BIENESTAR SOCIAL 3.6. VIVIENDA 3.7. MUJER 3.8. JUVENTUD 3.9. INMIGRACIÓN: HACIA UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL 4. OTRO MUNDO ES POSIBLE. POLÍTICAS DE SOLIDARIDAD. 4.1. NAVARRA EN LA GLOBALIZACIÓN. 4.2. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 5. NAVARRA SOMOS TODOS. PROPUESTAS COMARCA A COMARCA 5.1. COMARCA DE PAMPLONA 5.2. LA RIBERA 5.3. ZONA MEDIA 5.4. TIERRA ESTELLA

5.5. COMARCA DE SANGÜESA 5.6. VALLES PIRENAICOS 5.7. BARRANCA-SAKANA 5.8. ZONA NOROESTE

ANEXO: PROPUESTA DE REFORMA DEL AMEJORAMIENTO DEL FUERO

PROGRAMA DE GOBIERNO 2007 IUN-NEB Aprobado en Convención de 10-6-2006

- 2 -

0. PRESENTACIÓN.

El 27 de mayo de 2007 se celebrarán elecciones al Parlamento de Navarra, al igual que a los ayuntamientos y concejos de Navarra.

Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker Batua concurrirá a dichas

elecciones para defender una propuesta propia encuadrada en el espacio político que le es propio: el de la izquierda transformadora, socialista, republicana y federalista comprometida con los valores de libertad, igualdad, integración, interculturalidad, cooperación, solidaridad, convivencia, paz y justicia social.

Creemos que otro mundo es posible. Estamos comprometidos con un nuevo

orden de relaciones internacionales y un mundo multipolar, sin la hegemonía imperialista de ninguna potencia. Trabajamos por un modelo de desarrollo económico, social y cultural no discriminatorio por razón de sexo, etnia, raza o clase social, sostenible, y reivindicamos la presencia activa de los movimientos populares con ideario transformador en la vida política, social y cultural.

En el año 2004 la derecha autoritaria, nacionalista y neoliberal que representa el

PP fue derrotada y desalojada del Gobierno de España. El cambio de gobierno ha posibilitado nuevas perspectivas para el avance de propuestas progresistas y transformadoras. Se ha puesto en marcha un proceso de paz con esperanzas fundadas de que el terrorismo de ETA que hemos padecido durante casi cuarenta años llegue a su fin. Se ha impulsado un debate sobre la organización territorial plasmado, de momento, en los procesos de reforma de los Estatutos de Autonomía de Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía, etc., y en el cual IU defiende la progresiva aproximación hacia un modelo federal. Se ha abierto también el debate sobre la reforma constitucional o sobre un nuevo régimen de gobierno y administración local. Se han aprobado o se están tramitando leyes que suponen un progreso en el reconocimiento de derechos ciudadanos (como, por ejemplo, matrimonio de personas del mismo sexo, igualdad de género, lucha contra la violencia de género, atención a la dependencia, etc.). Sin embargo, el gobierno del PSOE ha emprendido una política económica y fiscal similar a la que hizo el PP en su día, lo cual IU debe denunciar y le obliga a actuar consecuentemente en el parlamento para que no se aprueben leyes que agredan directamente a los intereses de los trabajadores. La misma consideración se puede hacer de las propuestas del PSOE en materia laboral (reforma laboral o pensiones).

Queremos extender ese cambio también a Navarra, queremos un cambio

real de izquierdas en Navarra. Nuestra apuesta es por impulsar en Navarra el cambio que supuso la derrota del PP en las pasadas elecciones generales. Queremos desplazar del Gobierno de Navarra a la derecha unida de UPN-CDN, cuya gestión está presidida por el uso de la política de la confrontación y la crispación y la patrimonialización de Navarra y de sus instituciones para fines particulares y partidistas. La imagen de “Comunidad 10” donde todo va bien que vende el Gobierno de UPN-CDN contrasta con el progresivo deterioro de algunos servicios y políticas públicas que padece la ciudadanía navarra; con el menor crecimiento económico de Navarra respecto al Estado, las tasas de siniestralidad o precariedad laboral más altas, el alejamiento progresivo del gasto público en educación, sanidad y cohesión social de la media


- 3 -

europea, una elevada tasa de paro femenino o la falta de una política industrial junto a una dependencia excesiva de un sector del automóvil amenazado por la deslocalización.

Nuestra alternativa política al Gobierno de la derecha unida se basa en un

modelo democrático con un programa de izquierdas. Nuestras propuestas programáticas se enmarcan en una estrategia de cambio, de fortalecimiento de un polo de izquierdas en la política navarra que sea capaz de impulsar un nuevo escenario institucional y político que atienda las necesidades reales de la ciudadanía y sirva para resolver los problemas de la gente. Otra Navarra es posible, una Navarra donde se profundice en la democracia en su sentido transformador, donde se extiendan y se garanticen los derechos laborales, sociales, ciudadanos y ecológicos, y se desarrolle un marco federal de integración de la pluralidad identitaria de la ciudadanía navarra.

El Programa de Gobierno de Izquierda Unida de Navarra-Nafarroako Ezker

Batua es un contrato con la ciudadanía en el cual nos comprometemos a ser factor de cambio político y de transformación social, de constituir una auténtica alternativa desde la izquierda para una mayoría progresista en primer lugar en el conjunto de la sociedad navarra y, si fuera posible, en el Parlamento de Navarra y para un nuevo Gobierno de Navarra de izquierdas.

Ha llegado el momento del cambio. Durante más de 25 años y fundamentalmente, desde la transición democrática, la

política navarra ha estado mediatizada por el conflicto entre lo que podríamos llamar el navarrismo y el vasquismo. En lo político, en lo social, en lo sindical, en lo cultural, esta división se ha dejado sentir.

La intervención de ETA en este conflicto mediante sus brutalidades terroristas

solo ha servido para crear un profundo abismo sectario entre ciudadanos navarros en función de sus sentimientos de identidad nacional. Prácticamente dos generaciones de navarros hemos vivido bajo dos mensajes cruzados: navarrista igual a facha y vasco igual a terrorista, siendo el gran beneficiado de este pulso, en términos electorales, UPN.

La declaración de cese permanente de la actividad armada por parte de ETA

después de más de tres años sin atentados mortales es una de las expresiones más claras de que las cosas están cambiando, y de que pueden cambiar aun más si todo va bien y ETA desaparece definitivamente.

Igualmente, que la inmensa mayoría del nacionalismo vasco en Navarra

reconozca que son los ciudadanos de Navarra los únicos con derecho a decidir su realidad institucional presente y futura es otra expresión de que las cosas han cambiado. Pero este cambio está encontrando una fuerte resistencia en UPN y CDN, la derecha unida navarra.

No en nuestro nombre. La utilización de una supuesta “defensa de Navarra” por parte de UPN como

argumento para intentar abortar por todos los medios que salga adelante un proceso de paz que suponga el final definitivo de ETA es una de las más perversas y


- 4 -

antidemocráticas campañas políticas que haya organizado la derecha navarra. Y hay que decir claramente que es una campaña antidemocrática porque a lo que llaman “blindar Navarra” es quitar el derecho a todos los ciudadanos de Navarra a decidir sobre su futuro y marginar a una parte importante de la población de su derecho a aspirar a estar representada en un gobierno foral. UPN no tiene ninguna legitimidad para intentar hablar en nombre de todos los navarros.

Entre la esperanza en el futuro y la añoranza del pasado la derecha navarra ha

tomado la decisión de apostar por lo segundo, porque sólo les interesa seguir en el gobierno foral al precio que sea.

Por un gobierno de izquierda y plural. La izquierda, o mejor dicho, las izquierdas en Navarra tenemos una oportunidad

de liderar un cambio profundo, tanto social como político. Hoy es posible que, desde la pluralidad de la izquierda navarra, se pueda converger en una alternativa de gobierno a UPN basada en dos principios previos.

El primero, la defensa del derecho de los ciudadanos de Navarra a ser los únicos

soberanos para decidir el presente y futuro institucional de nuestra Comunidad (mientras no haya nada mejor la Disposición Transitoria Cuarta es lo único que lo garantiza).

El segundo, el rechazo rotundo al terrorismo y la defensa de todos los derechos

humanos para todas las personas. Apostando claramente por contribuir de manera positiva al desarrollo de un proceso de paz que suponga el fin definitivo de ETA.

A partir de aquí nada debería impedir un acuerdo programático de gobierno

basado en políticas progresistas de izquierda, independientemente de los sentimientos de identidad que representen las diversas fuerzas políticas que respeten los dos acuerdos de base.

IUN-NEB, garantía del cambio. Lograr desalojar a la derecha unida del gobierno foral no va a ser tarea fácil,

pues esta se resistirá utilizando todos los recursos de las instituciones y medios de comunicación afines para generar miedo entre la población y calumniar a sus rivales políticos.

En IUN-NEB no tenemos ninguna duda sobre cuáles deben ser los ejes de este

cambio y la composición de futuro gobierno foral. Y por ello UPN nos ha convertido en el centro de sus ataques y calumnias. Nosotros no vamos a ocultar nuestra alternativa de gobierno a la espera de ver los resultados electorales. Y mucho menos vamos a llegar a ningún acuerdo con la derecha navarra en base a una supuesta “gobernabilidad o estabilidad institucional”.

Hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos que desean un cambio de

verdad para que nos den su apoyo, porque nuestra apuesta será sin lugar a dudas por un gobierno de izquierda que represente en su seno la pluralidad identitaria de los navarros y navarras.


- 5 -

1. LIBERTAD Y DEMOCRACIA. POLÍTICAS DE PARTICIPACIÓN. 1.1. PAZ Y NORMALIZACIÓN POLÍTICA.

El actual proceso de paz y normalización política es uno de los retos más importantes que vive nuestra sociedad. Navarra debe estar presente y colaborar activamente en que dicho proceso culmine felizmente. Nos comprometemos a dar los pasos necesarios para la búsqueda de la paz, la normalización, la convivencia y la reconciliación. Nuestro objetivo es avanzar desde la situación actual, que tanto sacrificio, sufrimiento y muerte ha generado, hacia un nuevo futuro de esperanza dando una oportunidad a la paz. Trabajamos por un acuerdo político multilateral y transversal que haga posible el escenario de paz y de democracia al que los ciudadanos y ciudadanas aspiran. Las posiciones excluyentes, inamovibles y maximalistas no facilitan la paz; al contrario, enquistan el conflicto. El discurso de “vencedores y vencidos” significa, en la práctica, perpetuar la situación.

Buscamos un nuevo escenario que establezca una sociedad libre, en paz y reconciliada. Una convivencia pacífica y normalizada que respete la dignidad humana. Queremos ser agentes políticos activos de propuesta y de solución a los problemas de la gente. La inmensa mayoría de la sociedad navarra ansía la paz.

Un verdadero proceso de paz contiene el principio de transigencia; es decir, prospección de todas las posibilidades de llegar a acuerdos entre los agentes implicados. Se requiere flexibilidad entre las partes para buscar salidas factibles, así como capacidad de negociación para abrir espacios para el acuerdo.

Dialogar es el paso previo para acordar, y ello supone fortalecer la democracia. Queremos colaborar activamente en la búsqueda de soluciones desde el diálogo y el respeto a los derechos que asisten a todas las personas. Un diálogo y un respeto que deben implicar de forma participativa a todos los agentes sociales, políticos y sindicales, presentes en nuestras realidades territoriales. La mejor solución será aquella que se elabore entre todas y todos, y esté basada en el diálogo y en el acuerdo. Somos una fuerza de paz que intentará derrotar las posiciones excluyentes, inamovibles y maximalistas que no facilitan la paz; al contrario, enquistan el conflicto.

Defendemos la profundización en la democracia, de forma que se posibilite el reconocimiento del derecho que asiste a todos los pueblos a decidir libre y democráticamente su futuro, reconociendo los diferentes ámbitos de decisión, e incluyendo, si hubiera lugar, la modificación del ordenamiento jurídico-político; siempre desde la voluntad de pactar, desde el compromiso de no imponer, desde el principio de no unilateralidad y desde el respeto a la legalidad.

Consideramos que el proceso de normalización política y de convivencia plural debe tener su cauce de expresión política e implementación en una mesa de diálogo que con carácter autónomo se debe constituir en Navarra en un escenario de no violencia e integrada por todas las expresiones políticas existentes. La constitución de esta mesa debe respetar cinco principios fundamentales:


- 6 -

a. La defensa del derecho a la vida, a la dignidad humana y al resto de derechos humanos que asisten a todas las personas.

b. La garantía de presencia y respeto de la pluralidad política y social, así como la voluntad de respeto a las decisiones mayoritarias adoptadas democráticamente.

c. La utilización de los principios y procedimientos exclusivamente democráticos para la resolución de las cuestiones políticas.

d. El compromiso de desarrollo de la participación ciudadana en el proceso, con la obligación de consultar a las respectivas ciudadanías, de forma directa y democrática, sobre los acuerdos adoptados por las mesas para dotarlos de la legitimidad democrática que otorga la voluntad popular.

e. La voluntad de adoptar acuerdos transversales, preferentemente con mayorías absolutas y con el respeto hacia las minorías, aunque rechazando el ejercicio del veto de cualquier fuerza política, y todo ello desde el compromiso de búsqueda del consenso político. 1.2. AUTOGOBIERNO 1.2.1. Autogobierno y participación ciudadana.

Consideramos el autogobierno como principio básico de la organización institucional de nuestra tierra. Somos los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en Navarra quienes debemos decidir todas las cuestiones que nos afectan directamente. Desde una perspectiva de izquierdas el autogobierno debe servir para impulsar y desarrollar mejor las profundas transformaciones económicas, sociales y políticas que son imprescindibles para garantizar los derechos y la satisfacción de las necesidades de todos, así como un mayor control social sobre el poder político, mayor trasparencia y más eficacia.

Entendemos inseparables el autogobierno y la democracia participativa. El poder real está en los hombres y mujeres de nuestros pueblos y ciudades, todos los miembros de la sociedad deben ser protagonistas y destinatarios de su emancipación individual y colectiva. Rechazamos cualquier modelo de democracia delegada y limitada donde las decisiones políticas se tomen por minorías políticas activas o círculos de intereses económicos, alejando de la actividad pública y de las instituciones a la mayoría de la sociedad relegándola a sujeto paciente y dándole voz solamente cada cuatro años para votar.

Queremos una Navarra plural, integradora y tolerante. Navarra es un territorio abonado para la controversia social y política. Los conflictos presentan un plus de polarización debido a una alta diversidad, a los grandes contrastes internos y a una tradición histórica cargada de conflictos. Frente al modelo cultural excluyente de la Navarra foral y tradicional que preconiza el Único Pensamiento Navarro nosotros apostamos por una Navarra cuyas señas de identidad sean la pluralidad y la integración. Es por ello que defendemos la normalización de las relaciones con la Comunidad Autónoma del País Vasco como reconocimiento institucional a la identidad vasca de


- 7 -

una parte de la ciudadanía navarra, sin que ello implique ningún menoscabo de la plena soberanía en el autogobierno de Navarra.

Asumimos y respetamos la diversidad política, social y cultural de Navarra y la consideramos como algo enriquecedor. Estimamos necesario superar la tendencia a la exclusión y a la fractura entre las distintas opciones sociales y culturales que componen Navarra. El diálogo en todas sus formas y ámbitos debe ser el mejor instrumento de trabajo y el único camino democrático. 1.2.2. Profundización en el autogobierno de Navarra.

El autogobierno de Navarra se ha organizado históricamente a través del régimen foral y actualmente se plasma en el Amejoramiento del Fuero. Para nosotros no es un texto sagrado, inmutable ni objeto de adhesión inquebrantable. Supuso en su día un avance en la reorganización de las instituciones forales según las pautas de un sistema democrático parlamentario, después de muchos años de dictadura y caciquismo y ha permitido reforzar nuestro autogobierno a través de la asunción de nuevas competencias. Pero después de 25 años creemos que es momento de una reforma que ayude a avanzar otro paso más en la profundización del autogobierno. Esta reforma debe buscar el máximo nivel de consenso entre las fuerzas políticas navarras y luego negociarse con el Gobierno central, aprobándose finalmente por el Parlamento de Navarra y las Cortes Generales según el procedimiento previsto en el propio Amejoramiento. Referéndum en la Comunidad Foral. Nuestras principales propuestas en cuanto a reforma del Amejoramiento son las siguientes (ver en el Anexo nuestra propuesta articulada): A. Derechos ciudadanos. Todas las personas residentes en Navarra, al margen de su nacionalidad, condición política y situación administrativa, deben ver garantizados sus derechos fundamentales, económicos y sociales por las instituciones de Navarra. Debe introducirse en el Amejoramiento una regulación de objetivos y medidas conducentes a garantizar los derechos económicos y sociales, así como la previsión de una Carta de los Derechos Sociales de Navarra en la cual se determinará el catálogo de prestaciones y servicios garantizados, entre los cuales se incluirá el de una renta básica ciudadana para cubrir las necesidades básicas de subsistencia de cada persona. B. Cooficialidad del castellano y el euskera. Debe extenderse a todo el territorio, y mediante ley foral garantizarse el uso oficial y normal de los dos idiomas conforme a los principios fundamentales de igualdad, voluntariedad, progresividad y respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos. C. Impulso de la participación ciudadana. Debe preverse la posibilidad de consulta directa a los ciudadanos, y específicamente en el proceso de reforma del Amejoramiento. También deben potenciarse otras formas de participación en el proceso de elaboración de las leyes.

D. Impulso al papel del Parlamento. Como órgano que representa a la ciudadanía debe adquirir un mayor protagonismo a través de:


- 8 -

-Supresión de los límites en cuanto celebración de sesiones. -Supresión de los límites a la duración de la legislatura en caso de disolución anticipada. -Atribución de la iniciativa de reforma del Amejoramiento y del Convenio Económico. -Atribución de competencias en seguimiento de las políticas de la Unión Europea. -Introducir la figura del Defensor del Pueblo con elección por mayoría cualificada. E. Participación en las instituciones de la Unión Europea. Deben preverse mecanismos de participación de Navarra en la formación de la voluntad del Estado ante la Unión Europea y en las instituciones de ésta para la defensa de sus intereses en el ámbito de sus competencias, especialmente las fiscales. F. Ampliación y mejora del ámbito competencial. Se deben redefinir algunas de las competencias de Navarra para evitar dejar en manos del Estado, mediante leyes orgánicas o legislación básica, la definición del ámbito competencial en materias como justicia, seguridad y tráfico (con un modelo de Policía Foral integral que atienda las necesidades de todos los ciudadanos y todas las zonas de Navarra), medios de comunicación, trabajo, cajas de ahorros, etc. Se deben añadir otras competencias hoy no contempladas, como protección civil. G. Administración local. Debe introducirse, además del principio de autonomía local, la garantía de la suficiencia financiera mediante la participación en los impuestos de Navarra. Asimismo, debe introducirse la previsión de la creación de comarcas. 1.2.3. Profundizar en la democracia.

Consideramos que la democracia no es estática, es preciso profundizar constantemente en ella. También consideramos necesario respetar el pluralismo, apostar por actitudes políticas de facilitar, cooperar y no excluir, estableciendo el diálogo como herramienta. El cuestionamiento del orden establecido y la crítica a toda clase de dominación tiene también que perseguir unas mayores garantías para las mujeres, que deben traducirse en su participación activa en todos los ámbitos de influencia y poder. Por ello, además de las ya mencionadas en cuanto a reforma del Amejoramiento, proponemos las siguientes medidas tendentes a mejorar los niveles de participación ciudadana:

a) Mejora de los instrumentos de participación:

-Regulación de un proceso de elaboración participativa de los presupuestos públicos (sobre todo los presupuestos municipales) según el modelo puesto en marcha en Porto Alegre.

-Delegación a favor de la Comunidad Foral de la competencia atribuida al Estado para la celebración a consultas locales. Modificación de la legislación sobre el


- 9 -

referéndum de tal modo que Navarra pueda tener competencias en consultas populares para temas de interés ciudadano.

-Simplificación y dotación de recursos en la Ley Foral de Iniciativa Legislativa Popular para potenciar su uso.

-Ley Foral de Financiación de Partidos Políticos y de las Organizaciones Sindicales que fije una normativa clara de financiación y contabilidad de éstos. Disminución legal del máximo autorizado en los gastos de las campañas electorales.

-Cualificar la votación a la hora de rechazar la petición de Comisiones parlamentarias de Investigación.

-Creación de una Comisión parlamentaria permanente de Control Público y Contrataciones.

-Modificación del Reglamento del Parlamento para introducir medidas antitransfuguismo.

b) Reforma de la Administración Pública para acercar las decisiones a los ciudadanos, hacerla más ágil y trasparente y potenciar mecanismos de participación y control.

-Profesionalización y transparencia en la función pública; nuevo Estatuto del Personal al Servicio de las Administraciones Pública de Navarra que comprenda:

-Establecimiento de una verdadera carrera administrativa para los funcionarios, a través de: estructura en cuerpos, grado personal similar al de las demás Administraciones Públicas, evaluación periódica y objetiva de rendimiento, incentivos económicos según rendimiento.

-Regulación de planes de empleo que permita la redistribución del personal según las necesidades actuales.

-Separación nítida entre el nivel político y el nivel funcionarial.

-Conversión de los actuales contratos eventuales que existen en la Administración Foral y en la Municipal, y que tienen una continuidad demostrada, en empleo fijo.

-Mayor agilidad y flexibilidad organizativa dentro de cada Departamento.

Mayor desconcentración de las decisiones que resuelven los procedimientos administrativos de trámite en Directores de Servicio y Jefes de Sección o Negociado.

-Regulación que asegure la responsabilidad personal de funcionarios y autoridades.

-Convenio con todos los Ayuntamientos en materia de registros administrativos y oficinas de información para facilitar el acceso de los ciudadanos a la Administración


- 10 -

Foral en todas las localidades. Impulso de la Administración Electrónica para facilitar la realización de trámites administrativos desde cualquier lugar.

-Verdadero Presupuesto por programas, con objetivos cuantificados y responsabilidad directa de los gestores de los programas. -Evaluación de la calidad de los servicios públicos mediante la creación de una Agencia independiente y la obligación de todas las Administraciones y empresas públicas de contar con planes de evaluación de la calidad. -Regulación y limitación de las campañas de publicidad y comunicación de las Administraciones Públicas de Navarra para evitar el uso partidista de fondos públicos y asegurar que se utilizan según los intereses públicos.

c) Paridad de hombres y mujeres. Al igual que IU ha promovido ante las Cortes Generales y en otras Comunidades Autónomas la reforma de las leyes electorales según el modelo francés, en Navarra deben imponerse las candidaturas paritarias a las diversas instituciones representativas, entendiendo que esa paridad no debe afectar solamente al conjunto de la candidatura sino también a cada uno de sus tramos. No olvidemos que la consecución de democracias paritarias está exclusivamente en manos de la izquierda. 1.2.4. Autogobierno en un marco federal.

Nuestra apuesta es por un cambio constitucional a favor de una República Federal, Plurinacional, Solidaria, Laica que propugne la paz, los derechos humanos y la democracia participativa con un modelo económico que sirva a las personas y no a los intereses capitalistas. Navarra en un doble marco federal, español y europeo. Desde una concepción republicana, el federalismo se convierte en el mejor modo de organización política. Federalismo desde su acepción etimológica, como un pacto entre el ciudadano y el poder. Pacto entre diferentes para agregarse común y políticamente.

Nuestra alternativa federalista no es un intento de satisfacer o aplacar a los nacionalismos que rivalizan por imponer sus ideas, sino una alternativa ideológica a los mismos. El federalismo hace posible la convergencia y la diversidad. Afirmamos la soberanía de los ciudadanos y ciudadanas y la construcción de la democracia en todos los niveles de la organización social. Propugnamos la unidad federal construida sobre la libertad y la voluntad, sobre el derecho a la libre determinación de su futuro por cada comunidad política.

Aceptamos la legitimidad de los planteamientos nacionalistas, pero no somos nacionalistas. Consideramos la actual configuración del Estado Español y su inclusión en la Unión Europea como un espacio compartido y un patrimonio beneficioso para la ciudadanía. Somos partidarios de avanzar hacia un modelo federal, la máxima autonomía política y corresponsabilidad de las Comunidades Autónomas, la participación ciudadana y la solidaridad entre los ciudadanos y los territorios y al mismo tiempo el respeto del derecho de autodeterminación dentro de una concepción federalista.


- 11 -

Entendemos que debe conceptuarse la autodeterminación como el derecho colectivo, cuyo titular es cualquier comunidad humana en un ámbito territorial determinado, a decidir libremente su estatus político. No se debe agotar en un ejercicio puntual para decidir únicamente entre mantener la misma configuración política o acceder a la independencia. Debe ofrecer otras alternativas (federación, autonomía) y prolongarse a través del derecho al autogobierno, esto es, actualizando la capacidad de decisión sobre todos los asuntos que atañen cotidianamente a esa comunidad. Para la izquierda transformadora, autodeterminación no es solo respecto a la ubicación dentro del Estado, sino el derecho a decidir el modelo económico y social. El sujeto colectivo del ejercicio de ese derecho ha de ser el conjunto de la población residente de forma estable en el ámbito territorial de la comunidad de que se trate cuando así lo decida democráticamente y con independencia de sus diferencias de origen, lengua o etnia. El derecho de autodeterminación ha de corresponder a la ciudadanía, no a la nacionalidad y, por consiguiente, el sujeto del derecho no ha de restringirse ni a los Estados ni a determinados pueblos a los que se reservaría el calificativo de naciones. Cualquier comunidad humana con identidad diferenciada y capacidad de expresar una voluntad puede reclamar su derecho a la autodeterminación. Porque somos federalistas tampoco concebimos el ejercicio del derecho de autodeterminación como un acto unilateral. Ninguna comunidad vive aislada del resto de la humanidad. Todos los procesos de autodeterminación afectan a varias partes y deben resolverse mediante la negociación y el pacto. En nuestra concepción federal, la pertenencia de las diversas partes de la federación debe ser voluntaria, a través del reconocimiento constitucional del derecho de separación con las debidas garantías.

El federalismo que defendemos no es un federalismo nacional ni nacionalista sino un federalismo pluralista o plurinacional. Federalismo en el sentido clásico de unir mediante pacto para conseguir el autogobierno de los asuntos propios de cada una de las partes federadas más el gobierno compartido de lo común. Pluralista porque acoge la pluralidad de identidades nacionales que pueden existir en un mismo territorio; plurinacional no únicamente en el sentido de que suponga unir varias naciones preexistentes con límites perfectamente definidos, sino porque permite la convivencia en el mismo territorio y en la misma comunidad de personas que tienen concepciones distintas sobre la nación a la que pertenecen y que mantienen distintos sentimientos de identidad. Federalismo plural para una sociedad cada vez más plural. Federalismo laico en cuanto a que el Estado sea aconfesional en lo nacional, en cuanto a la identidad nacional, respetando el pluralismo y no propugnando ninguna idea trascendente en torno a la nación. Que personas de diferentes sentimientos de identidad nacional, diferentes concepciones del hecho nacional y diferentes proyectos puedan convivir en el mismo marco político. 1.2.5. Navarra en la construcción europea

El actual proceso de construcción europea, bajo hegemonía neoliberal, adolece de escasa participación ciudadana y arrastra un déficit democrático. Así se ha puesto de manifiesto en el proceso de elaboración de la no nata Constitución Europea, rechazada por los ciudadanos franceses y holandeses y que contó con una escasa participación en España en el referéndum de ratificación. Desde concepciones progresistas resulta desmoralizador comprobar sus actuales tendencias de liberar a la economía de la política, emanciparla en lo posible del control democrático y situar las decisiones económicas al margen de cualquier presión popular, así como los escasos avances de las


- 12 -

políticas para conseguir un espacio social europeo. Igualmente penosa es la sumisión de la Unión Europea en su Política Exterior y de Seguridad a las directrices de los Estados Unidos y su incapacidad para establecer y desarrollar posiciones propias. Para quienes nos situamos en la izquierda anticapitalista, para quienes consideramos el socialismo como una mejor y más racional manera de organización social, las actuales tendencias a liberar a los poderes económicos de cualquier control o traba que sobre ellos pudieran ejercer los gobiernos, a que los grandes poderes económicos y financieros privados sirvan a sus accionistas sin control democrático alguno, en contraste con los escasos avances para conseguir un espacio social europeo, son la mejor demostración de por qué en su día dijimos no a la abortada Constitución y dijimos y decimos no a la Europa de los mercaderes que se está construyendo. Apostamos por una Europa Social. Que haga común a todos los europeos una cobertura sanitaria y educativa, un salario mínimo, una cobertura por desempleo y en suma derechos sociales europeos; que cuente con presupuestos solidarios y políticas industriales y agrícolas activas.

Entendemos que la construcción de la Unión Europea debería obligar, desde una perspectiva federal, a una redistribución de competencias y a una reubicación de los Estados y de las regiones. Es por ello necesario adquirir desde Navarra la voluntad política de participar activamente en la construcción europea, y así proponemos:

-Participación de Navarra, y del resto de Comunidades Autónomas, en la política del Estado ante las instituciones europeas y en particular en los Consejos de Ministros en todas aquellas cuestiones que les afecten. Articulación de la participación de las Comunidades Autónomas en todas las delegaciones españolas ante la Unión Europea.

-Participación de Navarra en la gestión de la política de la Unión Europea, dadas sus competencias fiscales, principalmente en el Ecofin.

-Reforzamiento del Comité de las Regiones en la toma de decisiones. Estatuto de institución de pleno derecho de la Unión Europea, capacidad de iniciar procedimientos ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y competencias que trasciendan de lo meramente consultivo. 1.3. ADMINISTRACIÓN LOCAL. 1.3.1. Por un municipalismo de izquierdas.

Venimos haciendo una apuesta por un municipalismo de izquierdas, que desde nuestra radicalidad democrática no significa otra cosa que la participación ciudadana en los ámbitos más cercanos a la vida cotidiana y a los intereses más inmediatos de cada persona. Abogamos por la plasmación efectiva del principio de subsidiariedad, siendo la Administración más cercana a la ciudadanía quien lleve a cabo las funciones y servicios que inciden en sus condiciones de vida. El federalismo debe apostar por el municipalismo, queremos cimentar la estructura política, administrativa y ejecutiva del Estado español en tres pilares firmes e iguales en poder cuales son el pilar estatal, común o federal, el pilar autonómico y el pilar local. Recuperar la dignidad institucional de nuestros municipios es, sin duda, uno de los retos de la izquierda autonomista y federal.


- 13 -

La gran cuestión pendiente en relación con el poder local es la consecución del principio constitucional de autonomía local. La Carta Europea de Autonomía Local señala en su artículo 3 que “Por autonomía local se entiende el derecho y la capacidad efectiva de las entidades locales de ordenar y gestionar una parte importante de los asuntos públicos, en el marco de la Ley, bajo su propia responsabilidad y en beneficio de sus habitantes”. El derecho está reconocido; la capacidad efectiva deja muchísimo que desear. En los últimos años el reforzamiento de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra no ha ido paralelo al de las competencias locales. Al contrario, se ha producido una suerte de neocentralismo en el que las entidades locales cada vez son más dependientes, en lo económico y en la gestión, de la Administración Foral. La única autonomía fortalecida en estos años ha sido la de la Administración Foral, que frente a la permanente minoría de edad de los municipios y concejos mantiene sobre ellos una tutela de hecho a través de los Planes de Infraestructuras Locales, Planes Directores, Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal, Fondo de Participación en los impuestos de Navarra, Normas Urbanísticas Comarcales, etc. Por desgracia, esta situación de ausencia de autonomía local y de sumisión a la superior autoridad del Gobierno de Navarra parece asumirse sin muchos problemas por las fuerzas políticas y las instituciones navarras, todo el mundo parece haberse acomodado a ella. El Gobierno de Navarra, no hace falta decirlo, porque puede manejar y mangonear a su antojo. Puede decirse que en Navarra estamos a punto de conseguir la “Administración Única”, aunque no en el sentido y con la intención en que se hablaba originalmente de ella. La mayoría de las entidades locales no funcionan como Administraciones Públicas, sino más bien como entidades gestoras subordinadas al Gobierno de Navarra limitadas a ejecutar lo que éste dispone y a gastar lo que éste tiene a bien entregarles, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos como asociaciones de vecinos condenadas a suplicar atención y limosna desde la Administración de la Comunidad Foral. Y esto genera un riesgo muy alto de prácticas de caciquismo y corrupción; las subvenciones se reparten en función de la afinidad política de la corporación local con el Gobierno, e incluso la formación y campaña electoral de algunas candidaturas municipales se hace con el criterio de “conseguir” más prebendas para el respectivo Ayuntamiento. Contribuye a ello de forma importante la estructura de la Administración Local en Navarra o lo que suele llamarse el mapa municipal: 272 municipios, 362 concejos, 65 mancomunidades, 10 agrupaciones y 11 consorcios, todo ello para solamente 600.000 habitantes. La mayor parte de los municipios y concejos no alcanzan los quinientos habitantes. Somos una de las comunidades o provincias con más número de municipios en proporción a la población, y la que más en cuanto a entidades supramunicipales, cuya multiplicación les ha llevado a padecer los mismos problemas que los municipios: excesivo número, poca capacidad de gestión, insuficiencia financiera, dependencia de la Administración Foral, etc. Desde las propias entidades locales tampoco se pone muy en cuestión el sistema. Sometidas a cierto síndrome de Estocolmo, su aspiración suele ser a mejorar sus relaciones con el Gobierno, ser tenidas en cuenta en sus programaciones y recibir las más subvenciones posibles. La FMNC hace periódicamente el papel de plañidera que le corresponde, lamentando la situación de la Administración Local, pero finalmente aprobando y apoyando todas las iniciativas del Gobierno con la única salvedad de solicitar que aumenten un poco más las cantidades que se reparten en el fondo de participación en los impuestos de Navarra. Y en cuanto a cualquier planteamiento de modificación del mapa municipal, la respuesta es la oposición por principio; se prefiere


- 14 -

ser cola de ratón que cola de león (sería muy optimista decir que las entidades locales tienen la opción de ser cabeza de ratón). En nombre unas veces de la identidad local y otras de la participación ciudadana, se excluye de principio cualquier procedimiento de fusión o de supresión de entidades locales. Las fuerzas políticas coinciden en que algo habrá que hacer; pero hacen poco. Su política municipal en la práctica apenas cuestiona tampoco el sistema. Los alcaldes y concejales de cada grupo político pelean por los objetivos a corto plazo de su localidad; los aparatos de los partidos se preocupan de mantener la cuota de poder municipal que les corresponde, y los que tienen participación en el Gobierno de Navarra se preocupan muy mucho de que no se ponga en cuestión su poder para seguir pastoreando a las entidades locales, aunque ello lleve a curiosas metamorfosis en los discursos cuando un antiguo alcalde o concejal se convierte en Consejero del Gobierno o en parlamentario del grupo mayoritario.

Después de bastantes años de inmovilismo parece que algo se mueve, la elaboración de un “Libro Blanco para la reforma del Gobierno Local en España” como presupuesto y fundamento para la elaboración de la nueva Ley Básica del Gobierno y la Administración Local para sustituir a la Ley de Bases de Régimen Local vigente desde 1985, o la creación por el Gobierno de Navarra de un “Comité Director para la Actualización del Régimen local de Navarra” en el que participa la Federación Navarra de Municipios y Concejos.

1.3.2. Ley de Bases y competencias autonómicas. Los Estatutos de Autonomía han atribuido a las Comunidades Autónomas competencias en materia de Administración Local dentro del marco que establezca la legislación estatal de régimen local. Ese marco estatal está constituido por la Ley de Bases de Régimen Local de 1985, que en contra de lo que indica su nombre, optó por hacer una regulación exhaustiva de la mayor parte de las materias que abarca, más en la línea de las anteriores leyes de régimen local que en lo que debiera ser una ley auténticamente básica, dejando muy escaso campo a la legislación autonómica de desarrollo. La legislación autonómica en esta materia ha resultado, así, de una frustrante uniformidad.

Esto no es algo exclusivo de la materia que nos ocupa. La distribución competencial entre el Estado y las Comunidades Autónomas se ha formalizado en muchísimas materias a través del binomio legislación básica/legislación de desarrollo. El legislador estatal ha interpretado de forma muy amplia su competencia dejando poco espacio para la potestad legislativa autonómica. El concepto de bases debería limitarse a unos principios o reglas de carácter muy general a partir de los cuales correspondería a cada Comunidad Autónoma adoptar su propia política legislativa. Es evidente que la Administración Local no puede ser igual en los archipiélagos que en la península; en comunidades de población dispersa en pequeños núcleos pero con municipios extensos, como Galicia o Asturias, o con población dispersa en pequeños núcleos con municipios pequeños, como Navarra o el País Vasco, que en comunidades con grandes poblaciones agrupadas, como Andalucía o Castilla-La Mancha; o donde los municipios son mayoritariamente urbanos, como Cataluña o Madrid, o mayoritariamente rurales, como Castilla-León o Extremadura. Por desgracia, un intento de romper el uniformismo a través del régimen especial de grandes ciudades ha degenerado en que todas las


- 15 -

capitales de provincia pueden acceder a un régimen pensado para grandes metrópolis con varios millones de habitantes.

Navarra tiene amplias competencias históricas en esta materia, pero la

organización y funcionamiento de los ayuntamientos se somete a la legislación estatal, y por ello sufre igualmente esos efectos uniformadores.

La futura y anunciada reforma de dicha Ley de Bases sería una ocasión para que la regulación del régimen local siguiera un patrón menos uniformista, y cada Comunidad Autónoma pudiera ampliar su ámbito de decisión en cuanto a la organización y funcionamiento de sus entidades locales para adaptarlas a sus circunstancias. Debiera parecerse en cuanto a su extensión más a las Bases de Ley Municipal de 1935 (28 bases) que a la vigente de 1985 (141 artículos más 14 adicionales, y otros 25 artículos declarados también básicos en el texto refundido de disposiciones legales vigentes tras la Ley de Bases). A partir de ahí, Navarra podría hacer una regulación que responda a su realidad y necesidades. 1.3.3. Estructura de la Administración Local.

La estructura de la Administración Local debe ser reconsiderada. En los últimos años las propuestas de modificar el mapa municipal mediante agrupaciones o fusiones voluntarias han fracasado. El número de municipios en Navarra no ha disminuido, sino que ha aumentado, ya que las fusiones han brillado por su ausencia y en cambio sí se han producido segregaciones. La agrupación voluntaria tampoco ha funcionado; se cuentan con los dedos de la mano las agrupaciones o las mancomunidades de servicios generales creadas, y ello tras largos procesos de negociación tutelada por el Gobierno de Navarra. En cuanto a las demás mancomunidades, se han creado también en la medida en que han sido incentivadas por el Gobierno de Navarra a través de diversos planes o en la medida de que la constitución de la mancomunidad se hacía requisito cuasi imprescindible para obtener las ansiadas subvenciones. El problema de las mancomunidades es que cada política sectorial del Gobierno de Navarra ha generado su propio mapa de mancomunidades: para agua, para residuos, para servicios sociales, para euskera, para deporte, etc. Al final, hay municipios que pertenecen a la vez a media docena de mancomunidades, con lo cual poco se ha avanzado en la racionalización del mapa local.

Por otro lado, existe una notoria resistencia al establecimiento de una nueva

planta municipal impuesta “desde arriba”, que llevara a la supresión de municipios. La identificación con el propio ayuntamiento como órgano de participación y de ejercicio del autogobierno en el ámbito local convive con la desconfianza ante la integración en organismos más amplios que se perciben como potencialmente alejados de los intereses más inmediatos de los vecinos de la propia localidad. Desde las entidades locales se percibe esa integración como una mayor agresión a la autonomía local que la que se deriva desde su actual sumisión al Gobierno de Navarra. Entendemos que es positivo el mantenimiento de órganos municipales próximos a los ciudadanos donde estos pueden ejercitar su participación democrática, y ese es el caso de los actuales ayuntamientos y concejos. Pero al mismo tiempo, el minifundismo local hace que su capacidad de gestión en la mayor parte de las veces sea nula y su dependencia del Gobierno de Navarra total. Nos hallamos finalmente en una


- 16 -

situación que opone democracia a autonomía. Cuanto más próximo es el cauce de participación democrática, menos posibilidades hay de que esa participación se traduzca en una capacidad de decisión real sobre algo. En cuanto mejora la capacidad de gestión por ampliación del ámbito territorial del ejercicio de competencias locales, más distantes resultan los órganos de decisión respecto de los vecinos. La solución de esta paradoja debe pasar por el mantenimiento de los actuales ayuntamientos y concejos (salvo allá donde haya procesos voluntarios de fusión o extinción) como instancias de participación ciudadana inmediata de los vecinos, pero transfiriendo la gestión de muchas competencias actualmente municipales a entes supramunicipales de la dimensión adecuada para que tengan una adecuada capacidad de gestión. La opción no es defender la autonomía local de cada municipio frente a órganos supramunicipales que amenazan su identidad, sino hacerla realidad a través de entidades locales con capacidad de ejercerla. Frente al municipio menor de edad que predomina hoy, debemos avanzar hacia el municipio sostenible; frente al nuevo centralismo del Gobierno de Navarra, hacia la creación de entes supramunicipales capaces, eficaces y democráticos. La creación de entes supramunicipales no puede seguir la misma pauta existente en los últimos años, una multiplicación caótica de entes que a la postre resultan tener tan poca autonomía y tan escasos recursos propios como los propios municipios a los que integran, sino que debiera abordarse su ordenación y racionalización. Entendemos que ello pasaría por la elaboración de un mapa para la comarcalización de Navarra, tras un debate amplio que abarque a todos los sectores implicados (Gobierno, grupos políticos, entidades locales). En el caso de Pamplona, es urgente la creación de una solución específica en forma de Área Metropolitana. Las comarcas deberían asumir la gestión de las competencias y servicios que exigen una visión supramunicipal y que no pueden ser ejercidas adecuadamente por los municipios: planeamiento urbanístico, vivienda, tráfico, seguridad ciudadana, transporte público, además de las que actualmente ya suelen prestarse mediante mancomunidades: aguas, residuos, servicios sociales, etc. Su organización debería posibilitar la adecuada participación y representación de los municipios y de los vecinos de su ámbito territorial. La creación de las comarcas debiera hacerse de forma gradual, mediante ley foral una vez contrastada la voluntad favorable de una mayoría cualificada de los municipios afectados. También debiera ser gradual el proceso de transferencias desde las actuales mancomunidades y desde los ayuntamientos. Muchas de las mancomunidades actuales podrían ser disueltas o integrarse en las futuras comarcas, y subsistirían aquellas que debieran tener un carácter supracomarcal. Al final del proceso la norma debiera ser que cada municipio perteneciera únicamente a una entidad supramunicipal, a la comarca correspondiente. 1.3.4. El Pacto Local y la financiación de las entidades locales.

Seguimos reivindicado un auténtico Pacto Local con arreglo a los siguientes principios:


- 17 -

- Subsidiariedad: los Ayuntamientos asumirán aquellas competencias que por capacidad y cercanía se puedan prestar mejor desde el ámbito local.

- Claridad competencial: es importante establecer el marco de las competencias exclusivas y compartidas entre las Administraciones autonómica y local.

- Suficiencia financiera: es necesario garantizar a los Ayuntamientos los

recursos suficientes para cumplir las funciones asignadas. Es imprescindible contabilizar el coste real de la competencia, siendo éste, y no menos, el coste a recibir por transferencias desde otras Administraciones.

- Solidaridad: es necesario que todos los ciudadanos tengan aseguradas las mismas prestaciones y los mismos servicios públicos sea cual sea el municipio en el que residan. En el caso de Navarra, la dependencia económica respecto del Gobierno de Navarra es total. Muchos ayuntamientos dependen prácticamente en la mitad de su presupuesto de transferencias que reciben de la Hacienda foral. Una buena parte de estos ingresos vienen constituidos por transferencias condicionadas por Planes Directores o subvenciones finalistas que recortan aún más la capacidad de decisión de los entes locales. Urge un nuevo sistema de financiación que pase por: -Un sistema de participación real en los impuestos de Navarra, con un porcentaje fijo que permita a cada entidad local fijar sus propias prioridades. -Las competencias deben ser redistribuidas ente el ámbito foral, comarcal y municipal según criterios de eficacia y eficiencia. -Las subvenciones finalistas deben ser reducidas al mínimo, sólo para programas novedosos y de carácter temporal.

-El fondo de reparto debe considerar criterios más amplios y más ajustados a la situación de cada entidad local y las necesidades que debe atender, como la renta per cápita de los vecinos, el índice de población, inmigrante, los recursos naturales que deben ser respetados, los límites del desarrollo urbanístico y económico de la localidad, el nivel de paro, la calidad de la sanidad y enseñanza pública, la suficiencia y calidad de las viviendas, el nivel y calidad de las infraestructuras, etc.

-Los entes locales deben ser solidarios y corresponsables en la obtención de ingresos. Deben exigir a sus vecinos los impuestos, tasas y precios que correspondan por la prestación de servicios, de forma proporcionada a las posibilidades de recaudación de cada entidad local; los Ayuntamientos que no hagan ningún esfuerzo recaudatorio no pueden esperar solucionar sus necesidades mediante transferencias. 1.3.5. La organización de las entidades locales y la participación ciudadana. En los últimos años venimos asistiendo a algunas reformas parciales de la legislación de régimen local que llevan a una sustitución paulatina del antiguo modelo


- 18 -

de administración mediante corporaciones locales, hacia otro modelo denominado de gobierno local que de un lado se ha llevado hacia el reforzamiento del presidencialismo y de otro se ha pretendido su aproximación hacia el modelo parlamentario. El futuro debe ir hacia un sistema más parlamentario que presidencialista (y en este sentido el presidente de la entidad local debe ser de elección plenaria y no directa por los votantes), y que prime los medios de control, publicidad y transparencia de la gestión local. Deben también garantizarse los mecanismos de participación ciudadana existentes, y entre ellos la ampliación de las funciones de control de los propios miembros de las entidades locales. Entre las medidas de participación ciudadana deben incluirse la obligación de debatir las iniciativas populares; la obligación de convocar las consultas populares solicitadas mediante iniciativa popular; la obligación de someter los presupuestos municipales y los proyectos de ordenanzas a informe previo de órganos consultivos de representación vecinal; la legitimación vecinal para impugnar los actos de las entidades locales; etc. La regulación del funcionamiento de las entidades locales, más allá de unos principios y mecanismos básicos que garanticen el respeto de los principios democráticos y particularmente el de transparencia y de participación ciudadana, no debiera ser tan uniforme como en el presente. Debiera permitirse una mayor autorregulación y autonomía organizativa para las distintas clases de entidades locales. Y debieran suprimirse también muchas de las autorizaciones que actualmente deben solicitar las entidades locales de la Administración foral para adoptar decisiones dentro del ámbito de sus competencias. 1.3.6. Nuestro modelo de ciudad.

Las grandes contradicciones sociales se manifiestan en los municipios. Pero en los pueblos y ciudades se pueden poner en marcha iniciativas y realizar propuestas que permitan abordar esa realidad desde visiones distintas a las de la derecha. Estas políticas se manifiestan en propuestas más comprometidas, solidarias, abiertas y sobre todo con mas participación social. Deberemos definir un modelo municipal diferenciado, de izquierdas que responda a las necesidades de los tiempos actuales.

Nuestro compromiso político para con los ciudadanos en el nivel local se concreta en lo siguiente.

A. COMPROMISO POR LA COHESIÓN SOCIAL

Debemos incorporar al municipio un modelo de bienestar social que permita a todos los ciudadanos aspirar a hacer realidad sus derechos. Ayuntamientos en los que trabajaremos para que la igualdad de oportunidades sea posible.

B. COMPROMISO POR LA SOSTENIBILIDAD

Supone defender un modelo planificado, equilibrado, con mejores dotaciones públicas, ayuntamientos que dinamicen el desarrollo y en el que primen los intereses


- 19 -

sociales colectivos frente a los privados. En particular, el trasporte público debe potenciarse sobre el uso del coche particular.

C. COMPROMISO CON LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

El modelo municipal que defendemos sólo puede llevarse a la práctica en toda su amplitud con una auténtica participación ciudadana, conscientes de que la participación es un proceso que conlleva o que es consecuencia de otras muchas actitudes y comportamientos que deben ser orientados a este fin. La participación es un proceso difícil en el que hay que crear condiciones previas de socialización y de convivencia.

D. COMPROMISO CON LA SOLIDARIDAD

Defendiendo unas ciudades y pueblos abiertos que se sienten parte de un mundo globalizado. Defendemos pueblos y ciudades que apuestan por la Paz y que gestionan la Cooperación al Desarrollo con otros pueblos para contribuir a la mejora de nuestro mundo. Dedicación a estos fines del 0’7% del presupuesto anual.

E. COMPROMISO CON LA IGUALDAD

Luchar contra las desigualdades por razón de sexo, orientación sexual, etnia o religión. Apostamos por pueblos y ciudades que promuevan la igualdad entre los seres humanos.

F. COMPROMISO CON LA TRANSPARENCIA EN LA GESTION MUNICIPAL

Defendemos los servicios públicos como garantía de igualdad y bienestar social. Somos conscientes de que la administración pública está al servicio de la ciudadanía y por eso defendemos una administración moderna, transparente y eficaz en la solución de los problemas, dando prioridad en el gasto a todo lo relacionado con lo que genera equilibrio en la sociedad. En especial en el empleo público debe primarse la capacidad y el mérito personal frente a las designaciones “digitales” en casos de interinidad o sustitución, evitando la tupida red de estómagos agradecidos reacios a todo cambio que pueblan nuestras Administraciones Públicas.

G. COMPROMISO CON LA CONVIVENCIA Frente a las políticas de crispación y enfrentamiento social establecer pautas de

comportamiento basadas en la aceptación de la diversidad y de la pluralidad. Por la inclusión en vez de la exclusión, por la integración de las diferencias y por el disfrute de lo diferente, tanto en lenguas, celebraciones, tradiciones y folklore. Una convivencia pacífica sólo es posible desde una práctica diaria de aceptación y valoración positiva del otro.


- 20 -

2. DESARROLLO SOSTENIBLE. POLÍTICAS DE PROGRESO ECONÓMICO Y TERRITORIAL. 2.1. ECONOMÍA Y EMPLEO. 2.1.1. Datos preocupantes. El reverso de la “comunidad 10”. Somos una “comunidad 10” nos repite la propaganda de la derecha. El proyecto político de UPN se ha construido con dos potentes motores políticos, el primero ha consistido en fomentar y aprovechar cualquier elemento de enfrentamiento o distanciamiento con la Comunidad Autónoma Vasca, y el segundo la venta machacona de una Navarra de las maravillas siempre líder en progreso y bienestar social. Pese a los permanentes esfuerzos propagandísticos del Régimen se hace cada vez más evidente que hay cosas en Navarra que no van bien. La imagen que el gobierno de la derecha unida vende todos los días contrasta intensamente con el deterioro de servicios y políticas públicas básicas que padecen los ciudadanos en su vida diaria. No se trata de hacer catastrofismo ni de vender una antítesis irreal de la propaganda oficial; no pretendemos negar ni ocultar la cara de la moneda sobre la que tanto machaca el marketing de la derecha. La riqueza per cápita supera la media de la Unión Europea, la tasa de desempleo es inferior a la media europea y el ritmo de crecimiento económico ha sido en los últimos años también superior al europeo. Pero incluso sin salir del terreno de la macroeconomía que tanto gusta al neoliberalismo podemos reparar en otros datos igual de reales que relativizan cualquier visión idílica.

Los datos de la Contabilidad Regional de España del Instituto Nacional de

Estadística (INE) reflejan que entre 2000 y 2004 España tuvo un crecimiento económico acumulado del 12,9 % en tanto que el de Navarra sólo alcanzó el 12,5 %. Navarra crece menos que España, incluso mucho menos que Andalucía que creció un 15,6%. Aunque faltan por conocer los datos definitivos se sabe que en 2005 también la economía navarra crecerá alguna décima por debajo de la española.

Ahí continúan también año tras año los elevados índices de siniestralidad

laboral así como un nivel de temporalidad que triplica la media europea y que se ha incrementado en los dos últimos años hasta llegar al 27 %. Y ahí están también cada vez más presentes y amenazantes los procesos de deslocalización empresarial que amenazan tanto al mantenimiento del empleo como a las condiciones de trabajo. Tan grave como el hecho de que el mercado de trabajo siga presentando estos elementos negativos son las políticas presupuestarias y fiscales que una derecha cada vez más radicalizada en su neoliberalismo viene aplicando en Navarra. Las consecuencias de la restricción progresivamente más dura del gasto y de la inversión pública así como de sus reformas fiscales son cada vez más perniciosas: retrasos y paralizaciones continuas que padecen las urgentes y apremiantes inversiones en educación y salud públicas, las listas de espera que no hacen sino crecer en la sanidad, la saturación de numerosos servicios sanitarios sin que el gobierno realice las necesarias inversiones, los recortes en políticas sociales que resultan ya un goteo permanente o las ratios más bajas en muchos años de inversión pública presupuestaria.


- 21 -

Más allá de la propaganda las frías cifras indican que las cosas no marchan bien. El gasto y el ingreso público real con relación al PIB vienen cayendo de forma lenta pero progresiva y continua con el gobierno de la derecha. En 2003 Navarra dedicó menos recursos a financiar su sanidad pública que el conjunto de España: el 4,88 % del PIB frente al 5,19 %. El gasto presupuestario del Gobierno de Navarra pasó de suponer el 20,5% del PIB en 2002 a caer al 19,5 en 2005 (en 2005 ese 1 % supone 153 millones de euros de caída en el gasto público). Por el lado del ingreso nos encontramos con tres cuartos de lo mismo. En 2002 los ingresos fiscales (impuestos directos más indirectos) alcanzaban el 18,72 % del PIB mientras que en 2004 solo suponían el 17,60%. Una caída de un 1,12% que se tradujo en 2004 en una menor recaudación en términos reales de 160 millones de euros. Estos dos datos explican otros muchos y apuntan directamente a las reformas fiscales de la derecha como las responsables de la actual escasez de financiación de las políticas públicas.

Explican que aunque la economía crezca y los beneficios empresariales suban

no haya recursos para financiar las inversiones educativas, el plan oncológico, los cien euros mensuales para todas las familias con hijos menores de tres años, la compra de suelo para construir vivienda protegida, las ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral, el ciclo 0-3 años o las políticas medioambientales, por poner algunos ejemplos. Las reformas fiscales de la derecha, además de beneficiar especialmente a las rentas altas y a las empresas, están erosionando muy severamente la suficiencia económica de la Administración Pública.

Un ejemplo palmario lo tenemos en el presupuesto de 2004, ese año entró en vigor la última gran reforma del IRPF. El cambio estrella consistió en bajar el tipo máximo, el que grava a las rentas más altas, del 47 al 44 %, el más bajo de España Estado (el Estado mantiene el 45 % y las diputaciones vascas el 48 %). El efecto fue que en 2004 la recaudación por impuestos directos creció menos de la mitad del crecimiento económico: un 2,9 % frente al 7,3 de crecimiento del PIB nominal, y un déficit de 95 millones de euros.

Si a alguien le da por pensar que esta reducción del gasto y del ingreso público

está justificada por una situación de gasto desbocado y descontrolado ahí va otro dato. Con relación a los niveles medios de la UE-15, es decir de la Europa con la que venimos comparándonos desde la adhesión en 1986, Navarra mantiene entre siete y ocho puntos de PIB de menor gasto e ingreso público, de menor gasto social y de menor presión fiscal. Si tenemos en cuenta que en 2005 un punto de PIB equivalía en Navarra a 153 millones de euros una fácil cuenta nos hará ver lo lejos que estamos de alcanzar la convergencia social con la Europa desarrollada. Lo más grave de la política presupuestaria de la derecha es que en los últimos años en un contexto de fuerte crecimiento económico no sólo no hemos avanzado sino que hemos ido hacia atrás.

2.1.2. Evolución del gasto e ingreso público en Navarra (2002-2005). España, y Navarra, se encuentran a una distancia notable del gasto social medio de la Unión Europea; la media europea se sitúa en torno al 27% del PIB en tanto que España ronda el 20. A partir de ahí se trata de analizar si la evolución del gasto público en Navarra nos acerca o aleja de la convergencia social. Lo cierto es que se retrocede y que eso ha sucedido en un periodo intenso de crecimiento económico; es decir, cuando es posible avanzar y mejorar. Lo mismo cabe decir de la inversión pública (sumando la


- 22 -

presupuestaria y la extrapresupuestaria). En cuanto a nuestro sistema tributario, años de reformas regresivas están mermando seriamente el ingreso público y dificultan la financiación de las políticas públicas. Para mostrar esta situación se ha medido la ejecución presupuestaria (gastos, inversiones, ingresos) en relación al crecimiento económico durante el periodo 2002-2005. Los datos de PIB utilizados para los años 2002-2004 proceden de la Contabilidad Regional de España publicada por el INE utilizando la metodología de Eurostat, y el correspondiente a 2005 es el derivado de aplicar el escenario de crecimiento oficial. El resto de magnitudes tanto de gastos como de ingresos o bien son datos ya ejecutados y auditados por la Cámara de Comptos (2002, 2003 y 2004), o bien responden a previsiones de cierre de ejercicio del Gobierno de Navarra (2005). En los cuadros presentados las cifras están expresadas en millones de euros.

A. Regresión del Gasto Público Presupuestario Total.

En el período 2002-2005 el gasto presupuestario se ha reducido en un 1 % sobre el PIB (del 20,5 al 19,5), lo que equivale a 153 millones de euros. Es decir, de haber mantenido en 2005 el gasto público presupuestario sobre el PIB realizado en 2002 hubiera supuesto que las políticas públicas de gasto e inversión podrían haber dispuesto de 153 millones de euros más. CUADRO 1

12.503 13.348 14.327 15.320

2565 2688 2808 2989

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2002 2003 2004 2005

PIB Navarra Gasto Presupuestario

20,5

20,1

19,619,519

19,5

20

20,5

21

2002 2003 2004 2005

% Gto/PIB

B. Regresión en el esfuerzo de Inversión Pública. En el período 2002-2005 la Inversión Presupuestaria (inversiones reales más

transferencias de capital) se ha reducido en un 1,03 % sobre el PIB (del 4,03 al 3,00), es decir, 158 millones de euros. Aún sumando la inversión extrapresupuestaria estimada de la Autovía Pamplona-Estella y del Canal de Navarra sólo se alcanzaría una cifra


- 23 -

global de inversión pública de tan solo el 3,5% del PIB navarro. Por debajo del 5%, mínimo aconsejable para una economía con necesidad de crecimiento. CUADRO 2

504

469479

460

420

440

460

480

500

520

2002 2003 2004 2005

Inversión

4,033,51 3,34

3

0

1

2

3

4

5

2002 2003 2004 2005

% Gto/PIB

La Inversión en Obras Públicas (inversiones reales más transferencias de capital se redujo un 0,14 % sobre el PIB (del 0,89 al 0,75), es decir, 21,7 millones de euros.

CUADRO 3

114

120

107

116

100

105

110

115

120

125

2002 2003 2004 2005

Inversión en Obras Públicas

0,89 0,88

0,75 0,750,65

0,7

0,75

0,8

0,85

0,9

0,95

2002 2003 2004 2005

% Gto/PIB


- 24 -

La Inversión en Salud (inversiones reales más transferencias de capital) se redujo un 0,08 % sobre el PIB (del 0,18 al 0,1), es decir, 10,85 millones de euros. CUADRO 4

23

18

24

16

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005

Inversión Salud

0,18

0,13

0,16

0,1

0

0,05

0,1

0,15

0,2

2002 2003 2004 2005

% Gto/PIB

La Inversión en Educación (inversiones reales más transferencias de capital) se redujo un 0,12 % sobre el PIB (del 0,22 al 0,1), es decir, 18,6 millones de euros. CUADRO 5

28 2624

16

0

5

10

15

20

25

30

2002 2003 2004 2005

Inversión Educación

0,220,19

0,16

0,1

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

2002 2003 2004 2005

% Gto/PIB


- 25 -

C. Gasto Corriente con ligera tendencia al crecimiento. No existe un

crecimiento incontrolado. El discurso del gobierno que sitúa la alarma en un crecimiento incontrolado del

gasto corriente no parece justificado en la frialdad de las cifras. Es cierto que existe una tendencia ligera al crecimiento de su peso en relación al PIB entre 2002 y 2005 (incremento de 0,29 puntos de PIB), pero si el gobierno ejecutara su previsión de gasto corriente para 2006 estaríamos por debajo del porcentaje de 2002. Si no es así, y es previsible ya que todos los años la ejecución del gasto corriente es superior a la previsión (sucede todo lo contrario con las inversiones) estaremos en niveles parecidos al de los años pasados. En todo caso los datos desmienten el discurso oficial de que el gasto corriente esta desbocado. No es cierto y simplemente es un nuevo intento de justificar la reducción del gasto público.

CUADRO 6

12.50313.348

14.32715.320

2.003 2.159 2.320 2.500

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2002 2003 2004 2005

PIB Navarra Gasto Corriente

16,0216,17 16,12

16,31

14,45

14,95

15,45

15,95

16,45

16,95

2002 2003 2004 2005

% Gasto/PIB

D. Sin avanzar en la Convergencia con Europa en el Gasto Social.

El Gasto Presupuestario en Salud se ha reducido un 0,24 % sobre el PIB (de 4,6 a

4,39), es decir, 37 millones de euros (6.161 millones de pesetas).


- 26 -

Destaca la baja inversión en el departamento cuando existe la necesidad de construir nuevas instalaciones o cuando planes como el oncológico o el sociosanitario siguen pendientes de materialización.

Si consideramos que los países avanzados en política social de la Unión

Europea se fijan como referente mantener un gasto sanitario presupuestario del 7 al 8 % del PIB se observará nuestra lejanía de ese objetivo. CUADRO 7

587599

651673

500

550

600

650

700

2002 2003 2004 2005

Gasto Salud

4,6

4,39

4,54

4,39

4,2

4,3

4,4

4,5

4,6

4,7

2002 2003 2004 2005

% sobre PIB

El Gasto Presupuestario en Educación se ha reducido un 0,48 % sobre el PIB

(de 3,47 a 3,02), es decir, 74,1 millones de euros. Como se ve cada vez estamos más lejos de destinar el 5 % del PIB al esfuerzo

presupuestario en educación que representa el gasto de los países avanzados de la Unión Europea, y precisamente en un momento en que el esfuerzo debiera ser mayor para integrar a la población inmigrante y responder al repunte de la natalidad.

Como elemento especialmente grave en el retroceso de este departamento

destaca las muy insuficientes inversiones previstas todos los años.


- 27 -

CUADRO 8

443

464

455

462

430

440

450

460

470

2002 2003 2004 2005

Gasto Educación

3,473,4

3,18

3,02

2,6

2,8

3

3,2

3,4

3,6

2002 2003 2004 2005

% sobre PIB

E. Retroceso de la Recaudación Fiscal.

Los Ingresos Fiscales (Impuestos Directos + Impuestos Indirectos) se han reducido

en un 0,94 % sobre el PIB (del 18,72 al 17,78), es decir, en 144 millones de euros. CUADRO 9

2.3402.421

2.520

2.724

2.000

2.200

2.400

2.600

2.800

2002 2003 2004 2005

Ingresos Fiscales

18,72

18,13

17,617,78

17

17,5

18

18,5

19

2002 2003 2004 2005

% sobre PIB


- 28 -

Los Impuestos Directos se han reducido un 0,44 % sobre el PIB (de 8,74 a 8,3), es decir, en un total de 68 millones de euros.

La conclusión es clara, las sucesivas reformas fiscales de la derecha van minando la capacidad financiera de la Hacienda Foral. Y este desgaste es intenso en los impuestos directos. Los ejercicios 2003 y 2004 han sido especialmente negativos para la imposición directa, en ambos aumentaron muy por debajo del PIB nominal (el 2,9 % en 2003 y el 3 % en 2004 cuando el PIB nominal crece por encima del 7 %).

Los datos ya definitivos del periodo 2002-2004 hacen evidente que las

contrarreformas fiscales en beneficio de las rentas elevadas están suponiendo un desgaste real de la recaudación. CUADRO 10

1.0931.125

1.152

1.275

1.000

1.050

1.100

1.150

1.200

1.250

1.300

2002 2003 2004 2005

Impuestos Directos

8,74

8,43

8,04

8,3

7,6

7,8

8

8,2

8,4

8,6

8,8

2002 2003 2004 2005

% sobre PIB

F. Conclusiones sobre la Evolución Presupuestaria en el periodo 2002-2005. El Gasto Público Real retrocede en Navarra; lo hace severamente y se puede

hablar de una política presupuestaria gravemente restrictiva. El Gasto Social Real, medido en relación al crecimiento económico, también retrocede. Lo hace el gasto sanitario y el educativo; la inversión está bajo mínimos.. Nos alejamos de la Convergencia Social con la Unión Europea.

La inversión pública presupuestaria en Navarra cae por debajo del 4 % del PIB y se encuentra en retroceso desde hace bastantes años. Es peligroso para una economía como la Navarra con mucho recorrido de crecimiento. La capacidad de financiación de las políticas públicas se deteriora severamente por la disminución de la capacidad recaudatoria de la Hacienda Foral en beneficio de las rentas elevadas, empresariales y de capital.


- 29 -

2.1.3. La imposición neoliberal del déficit cero y de las políticas extrapresupuestarias. El dogmatismo del déficit cero ha sido una de las apuestas centrales y

prioritarias de la actual propuesta económica neoliberal. Se vendía bien, parecía sensata y hasta necesaria en contextos de gobiernos y administraciones despilfarradoras e incluso corruptas como las que padecimos en los últimos años de los gobiernos de Felipe González. En aquel momento fue relativamente fácil para la derecha vender la idea de que las Administraciones Públicas no deben gastar ni un euro más de lo que ingresen de forma ordinaria. En un contexto europeo en el que la agenda económica neoliberal se impuso (tratado de Maastricht) España llegó más lejos que nadie con Aznar y aprobó leyes que pretendían imponer un rígido e inflexible déficit cero.

Esta posición neoliberal es tramposa, persigue objetivos no confesados y

carece de justificación desde la propia racionalidad y lógica interna de la economía de mercado. En primer lugar, hay que tener presente que el sistema económico vigente no podría funcionar sin el instrumento del endeudamiento, de la financiación a corto, medio y largo plazo del gasto y de la inversión que realizan tanto los ciudadanos como las empresas. Ciudadanos y empresas generan ahorro que es contratado por otros ciudadanos y empresas para financiar sus decisiones de gasto e inversión. Sin este instrumento el sistema se colapsaría. Dicho de otro modo, aquellas empresas que no son capaces de hacer un uso racional y adecuado de este instrumento, la financiación con recursos ajenos de sus inversiones, probablemente estarán perdiendo posiciones y opciones de ser competitivas.

En este marco general en el que se desenvuelve la economía llegó el

neoliberalismo en la década de los ochenta para afirmar que el sector público debía quedarse al margen, debía renunciar a utilizar el instrumento de la deuda para financiar sus decisiones de inversión tal y como hacen los demás agentes económicos. Vino a proponer que se impusiera a las políticas públicas una camisa de fuerza que limitara severamente su capacidad de acción y de iniciativa.

Este planteamiento neoliberal no se sustenta desde la racionalidad económica sino que nace de una posición exclusivamente ideológica: el objetivo político es reducir al máximo el espacio de lo público y el de transferir (privatizar) políticas públicas esenciales como la sanidad o las pensiones al sector privado de la economía. La imposición del déficit cero fue una mera excusa o pretexto ideológico para alcanzar unos determinados objetivos.

Veamos un ejemplo en Navarra. El gobierno de la derecha unida acordó la

financiación extrapresupuestaria de la autovía Pamplona-Estella. Se anunció que no podía financiar esta autovía desde los presupuestos porque no disponía de recursos ordinarios suficientes y porque no podía endeudarse. Así que lo que hicieron fue aprobar la privatización de la financiación de esta infraestructura. Ahora bien, ¿cómo la han financiado las empresas privadas concesionarias? Se han endeudado con el aval del Gobierno de Navarra.

Si nos fijamos bien la inversión se financia con deuda, pero una deuda que en

vez de contratarla el Gobierno de Navarra la contratan unos intermediarios, las empresas privadas concesionarias sin correr apenas riesgos (tienen el aval del Gobierno), que se hacen con un suculento negocio durante 25-30 años. Los navarros


- 30 -

con nuestros impuestos pagaremos, no solamente la construcción de la autovía, sino también a los bancos y a los intermediarios.

Los datos demuestran que Navarra y el Gobierno de Navarra presentan una situación patrimonial y financiera que les permite sin romper ningún equilibrio ni incurrir en ningún riesgo económico recurrir al endeudamiento de forma racional para financiar sus políticas públicas. A 31 de diciembre de 2005 la deuda del Gobierno de Navarra era de 641,4 millones de euros, el 4 % del PIB estimado para 2005. El pago de la deuda no llegaba en 2005 al 1,6 % del gasto presupuestario. En comparación: en el Estado la deuda supera el 45 % del PIB y los gastos financieros han rebasado en bastantes años el 10 % del presupuesto.

La derecha afirma cada vez que surge el debate que Pacto de Estabilidad y

Crecimiento de la Unión Europea impide endeudarse. Esto no ha sido nunca cierto, no lo es ahora cuando Alemania y Francia han impuesto su relajación, pero tampoco lo ha sido cuando se firmó. Este Pacto ha permitido endeudamientos anuales de hasta el 3% del PIB para la financiación de inversiones y de políticas de impulso del crecimiento y de la competitividad. Lo cierto es que la imposición en Navarra del dogma del déficit cero por parte de la derecha carecía de justificación presupuestaria y no venía impuesto por los acuerdos europeos, ha sido por lo tanto una decisión política que ha hecho mucho daño a las políticas públicas de interés general y que se ha utilizado como excusa para avanzar en las privatizaciones y en la transferencia de suculentos negocios a determinadas empresas privadas.

2.1.4. Política industrial. Sin ninguna estrategia que haga frente a las amenazas de deslocalización empresarial. El proceso de globalización económica, los acuerdos de reducciones y desarmes arancelarios alcanzados en la Organización Mundial del Comercio, la reciente ampliación de la Unión Europea con la entrada de diez nuevos miembros con un elevado nivel de cualificación y formación de sus trabajadores a la vez que con unos costes laborales y fiscales muy bajos, la mejora continuada de las infraestructuras de transportes, la revolución tecnológica y de los sistemas de telecomunicación son factores que están provocando en las economías de Europa occidental cambios sustanciales en nuestros sistemas de producción y de relaciones laborales.

Cambios y transformaciones profundas que vienen acompañados por el peligro real para nuestras sociedades de las deslocalizaciones empresariales, de la huida de importantes sectores productivos a otros países que ofertan a las empresas, entre otras ventajas, condiciones de costes laborales y fiscales mucho menores. Este proceso está ocasionando alteraciones muy profundas en nuestro sistema de relaciones laborales, probablemente el mayor cambio de los últimos cincuenta años. Empresas referenciales y de gran representatividad de Alemania, Francia, Holanda o Bélgica han negociado acuerdos tendentes a evitar su deslocalización a países de la Europa del Este; acuerdos que han consistido en garantizar por las empresas determinado volumen de empleo durante un periodo de tiempo a cambio de un aumento inmediato del tiempo de trabajo sin ningún incremento salarial. La amenaza de deslocalización se está traduciendo en una mayor disposición de los trabajadores a aceptar empeorar sus condiciones de trabajo en materias tales


- 31 -

como los salarios y el tiempo de trabajo. Estamos asistiendo en definitiva a un deterioro cierto y grave del modelo social europeo. En la agenda de la patronal y los gobiernos que aceptan las reglas del juego del capitalismo se encuentra, entre otras, una prioridad: desmantelar las conquistas y derechos que los trabajadores habían conseguido en los países más importantes del occidente y norte de Europa tras la II guerra mundial. Es un proceso en marcha y que está afectando gravemente al sistema de relaciones laborales. También en Navarra en sectores y empresas estratégicas y de enorme repercusión económica y social los trabajadores se han visto abocados a tener que firmar convenios que les han supuesto importantes cargas en materia salarial y de organización del tiempo de trabajo. Se está alcanzando tal punto de presión y de amenaza de deslocalización por parte de algunas empresas multinacionales que en algunos casos se puede estar forzando a los trabajadores a tener que aceptar acuerdos y convenios que están incluso bordeando y rozando la propia legalidad laboral. Resulta evidente que este deterioro cierto y grave de las condiciones de trabajo constituye además un factor que influye en los muy negativos niveles de siniestralidad laboral que padecemos en España, y en Navarra. En los últimos seis años han fallecido en Navarra por accidentes laborales 181 trabajadores y se han producido un total de 87.700 accidentes. La debilidad del tejido económico navarro ante el riesgo de huida empresarial es relevante también a la hora de aceptar por los trabajadores unos niveles de temporalidad o de subcontratación en las empresas muy superiores a los estándares europeos. Estamos en definitiva ante un problema de primer orden que afecta severamente las condiciones laborales. Se da además la circunstancia de que entre las economías de Europa Occidental es la española, y dentro de ella también la Navarra, la que concentra un mayor riesgo de fuga de empresas junto a la portuguesa y a la griega. En Navarra los efectos de la amenaza de deslocalización, además de incidir en la erosión de las condiciones laborales recogidas en importantes acuerdos y convenios, se han concretado ya en algunos casos de huida de empresas o de traslado de parte de la actividad. Recordemos el caso de la planta de Bosh Siemens en Etxarri Aranatz o la situación por la que atraviesan sectores enteros como el textil o el calzado. En Navarra tenemos muy poderosas razones para estar seriamente preocupados y en consecuencia para estar prioritariamente ocupados en actuar frente al riesgo de deslocalización empresarial.

Los sindicatos llevan ya bastante tiempo denunciando lo que consideran

pasividad, ausencia de ideas y actuaciones del Gobierno de Navarra para hacer frente a esta situación, un gobierno instalado en la autocomplacencia que no sabe poner en marcha una estrategia específica, negociada y acordada con los agentes sociales para neutralizar el riesgo de huida de empresas y de erosión de las condiciones laborales. Resulta imprescindible que el Gobierno de Navarra, junto a los agentes sociales, impulse, defina y ejecute un Plan Industrial Especial que haga frente a la deslocalización. Desde la necesidad de promover y radicar en Navarra nuevas empresas, sectores y actividades de futuro capaces de generar riqueza, valor añadido y empleo de calidad estas operaciones no tienen justificación ninguna. Pero esto es justo lo contrario


- 32 -

de lo que la derecha viene realizando y los casos de EHN e Iberdrola son la demostración. 2.1.5. EHN e Iberdrola. Ejemplos de una nefasta política industrial. La derecha de UPN y CDN que ha gobernado Navarra hasta la fecha viene aplicando una política neoliberal en materia de participación y presencia pública en sectores económicos considerados estratégicos por su impacto y relevancia económica. Sólo concibe la presencia pública como algo excepcional y siempre temporal, en modo alguno contempla que existan sectores que por su trascendencia e influencia en el desarrollo económico y en el nivel de progreso social justifiquen una participación pública estable y permanente. No aceptan, y esto los separa radicalmente de nosotros, que en defensa del interés general los poderes públicos puedan y deban tener un peso y una influencia determinantes en los sectores económicos valorados como estratégicos. Sólo contempla que el sector público participe en aquellas actividades todavía incipientes o poco atractivas para la iniciativa privada, y cuando éstas ya se han desarrollado y alcanzado niveles de rentabilidad y atracción suficientes es el momento de vender y privatizar los futuros beneficios. Si esto no sucede y el proyecto no cuaja el dinero público paga las pérdidas (un claro ejemplo es Senda Viva).

En los últimos años el Gobierno de Navarra se ha desprendido de importantes

participaciones en empresas punteras como Gas Navarra o Gamesa Eólica, y en la misma dinámica tiene previsión de vender empresas públicas como Tracasa o participaciones en empresas mixtas como Audenasa. Este es también el caso, al menos así ha pretendido justificarlo el gobierno, de la venta de la participación de la empresa pública SODENA en EHN. Sólo que aquí por las características tan relevantes de esta empresa y por su capacidad tan espectacular de desarrollo y crecimiento su privatización (de sus futuros beneficios) ha resultado especialmente escandalosa.

En diciembre de 2004 el Gobierno de Navarra acordaba autorizar a la empresa

pública SODENA la venta de su participación (39,58%) en Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) por un precio de 307 millones de euros. Esta autorización no venía precedida de ninguna explicación y debate público, de la noche a la mañana Navarra se deshizo de su posición de influencia y codecisión en una empresa líder mundial en el desarrollo de energías renovables que estaba ejecutando un ambicioso plan de expansión y crecimiento e incrementaba su valor al menos en un 25 % cada año. Para cualquier observador imparcial la venta carecía de sentido económico, era precipitada ya que se vendía pronto y barato, renunciábamos a una posición de privilegio y de influencia en un sector estratégico y en definitiva entregamos al capital privado una empresa líder y puntera en el ámbito mundial con una plan de crecimiento espectacular.

A la venta de EHN hubo que sumar el escándalo de la compra por el propio

Gobierno de Navarra, a través de SODENA, del 1 % de Iberdrola. Esta decisión no se explica ni siquiera al amparo de política neoliberal de participaciones publicas empresariales. Es obvio que Iberdrola no es un proyecto empresarial nuevo y sin interés para el capital privado. Al contrario, es uno de los grupos empresariales del sector energético más importantes del Estado e inmerso en un proceso de globalización y expansión internacional.


- 33 -

Es ridículo creer que una participación del 1 % vaya a proporcionar ningún poder de decisión o de influencia real en la gestión y las decisiones empresariales estratégicas de Iberdrola. Y tampoco se da en modo alguno una situación de necesidad, de excepcionalidad o de dependencia de la economía Navarra respecto de Iberdrola que obligue a realizar esta operación. ¿Cuál es la razón de esta compra?

Se trató además de una operación donde concurrían otras circunstancias

excepcionales y muy significativas. Para formalizar la compra SODENA se ha endeudado en 150 millones de euros. Para esto sí que se ha saltado a la torera el dogma del déficit cero, sin transparencia ni debate publico alguno. Es muy indicativo de la naturaleza rabiosamente neoliberal del actual Gobierno de Navarra el hecho de que en diciembre de 2004 aprobara los presupuestos más restrictivos socialmente de los últimos veinte años sin temblarle el pulso a la hora de imponer el déficit cero, y en cambio en febrero de 2005 autorizara una operación bursátil por valor de 173 millones de euros con un endeudamiento de 150 millones.

El Gobierno no ha podido responder a la cuestión de cuáles son los beneficios para los intereses generales de Navarra porque sencillamente no existen. En Iberdrola se estaba y se está librando una abierta batalla política y empresarial por su control, una batalla donde se hacen presentes diversos intereses económicos y políticos. El Gobierno de Navarra (después de que Caja Navarra rechazara entrar) ha decidido participar en esa batalla de la mano del PP a favor de unas posiciones con el dinero de todos los navarros y sin que en todo ello gane nada la sociedad navarra. Ha actuado al margen en definitiva de su deber de defensa del interés general de Navarra. En este uso de dinero público para fines partidistas que nada tienen que ver con el interés general de Navarra radica la auténtica tropelía antidemocrática que el gobierno de la derecha ha cometido. La derecha ha rebasado con esta decisión todas las rayas rojas que un poder público jamás debe traspasar.

2.1.6. Nuevos regadíos del Canal de Navarra. Multimillonarias subvenciones para los empresarios regantes del Canal que hipotecan el futuro de Navarra.

Para continuar con la perplejidad sobre qué es lo que mueve al Gobierno de Navarra en materia económica, en noviembre de 2005 UPN y CDN aprobaron, en una meteórica tramitación, la Ley Foral que autoriza al Gobierno de Navarra a endeudarse en cientos de millones de euros en la financiación de los nuevos regadíos del Canal de Navarra. En las dos fases el gobierno pagará alrededor de 1.400 millones de euros. Esto sucede cuando no está en absoluto garantizada la viabilidad económica de los futuros regadíos, cuando nadie presenta garantía alguna sólida y seria con relación a la salida económica, a la existencia de mercados y a la posibilidad de competir para las producciones que puedan darse en esos nuevos regadíos.

Tanto por el procedimiento de tramitación seguido, de lectura única y en ocho días, como por su contenido y por las hipotecas económicas que supone para Navarra la Ley Foral de construcción y explotación de las infraestructuras de interés general de la zona regable del Canal de Navarra ha sido uno de los mayores, y más desconocidos, escándalos de esta legislatura.

Sin apenas debate Navarra asume compromisos de pago con dinero público

por más de 1.500 millones de euros a lo largo de 30 años en las dos fases previstas de


- 34 -

los nuevos regadíos del Canal de Navarra. Se van a financiar con dinero público en porcentajes superiores al 90 % inversiones en infraestructuras que el proyecto considera de interés general pero que van dirigidas en realidad a hacer posibles negocios estrictamente privados. Actividades económicas y empresariales estrictamente privadas son las que realizarán los empresarios regantes del Canal de Navarra, sean estos agricultores navarros o multinacionales de la agroindustria. De los 666 millones de euros que habrá que pagar a la empresa concesionaria (la que ejecute las inversiones) 625 millones los pagará el Gobierno de Navarra (esto es, los pagaremos todos los navarros con nuestros impuestos) lo que supone el 94 % del total, y tan sólo 40 millones (el 6 % restante) lo pagarán las comunidades de regantes, esto es, los empresarios y empresas privadas propietarias de las parcelas de riego.

Comparemos estos porcentajes y esta lluvia de millones con las ayudas públicas

ordinarias a la inversión empresarial y creación de empleo. En las normales, en las ordinarias, en las que puede recibir cualquier otro empresario los porcentajes de ayudas oscilan entre el 10 y el 20 %. Y además con la espada de Damocles de la Unión Europea que revisa estos expedientes y que ha fijado el 2007 como límite temporal para su concesión. Tan excepcionales son las subvenciones a los empresarios regantes del Canal que se tuvo que excluir estas subvenciones del ámbito de aplicación de la Ley Foral de Hacienda Pública, ya que con carácter general no permite que la Hacienda Foral asuma estos macro compromisos financieros plurianuales.

Se hurtó el debate público porque es difícil de justificar ante los ciudadanos que mientras el Gobierno de Navarra impone el déficit cero y la contención en el gasto y la inversión pública, para la financiación de determinados negocios y empresas privadas se asuma que Navarra se endeude en cientos de millones de euros. Resulta imposible de explicar esa doble vara de medir, ese palo para los usuarios de servicios públicos esenciales como la sanidad o la educación y esa zanahoria para los empresarios privados de los nuevos regadíos del Canal de Navarra.

Hay que añadir el flagrante incumplimiento de las directivas europeas sobre el agua, sobre quién y cómo se paga agua. La posición de la normativa europea es clara, el agua la debe pagar quien hace uso de ella, sea cual sea el uso que se haga. Es evidente que en un proyecto en el que la financiación pública va a superar el 90 % del coste este principio va directamente al cubo de la basura.

Ante todo esto resulta claro que un nuevo gobierno progresista debe revisar esta

situación y abrir un debate social en profundidad sobre el uso y las prioridades de los fondos públicos.

2.1.7. Necesidad urgente de un cambio de política. Ante este panorama, es necesario y urgente para Navarra un cambio radical en las políticas fiscales, industriales y económicas que viene practicando el gobierno de la derecha unida. Nuestras propuestas para este cambio son las siguientes.


- 35 -

A. Política fiscal y presupuestaria.

Profunda rectificación de la política presupuestaria y fiscal de la derecha para alcanzar la Convergencia Social con Europa y proponiendo aplicar las siguientes directrices y medidas:

a) Crecimiento del gasto y la inversión presupuestaria anual un 3 % por encima del incremento del PIB nominal. Este crecimiento adicional se centraría en el gasto e inversión social: educación y sanidad públicas, vivienda protegida, atención a la dependencia y bienestar social.

Con esta reorientación de la política presupuestaria se dispondría a lo largo de la

legislatura 2007-2011 de no menos de 600 millones de euros adicionales con los que financiar las inversiones estratégicas en educación, sanidad, vivienda... que la derecha no ha ejecutado en los últimos años.

b) Abordar una Reforma Fiscal que recupere la necesaria suficiencia

financiera de las Administraciones Públicas y que incremente la aportación a la recaudación de las rentas empresariales, profesionales y de capital. Entre las reformas a realizar incluiríamos:

- Subida del tipo máximo del IRPF del actual 44 % al 48 %.

- Recuperación en el IRPF del tratamiento en cuota y no en base imponible de

las circunstancias personales y familiares y de los mínimos vitales. Se recuperaría progresividad perdida en anteriores reformas.

- Aplicación en el IRPF de la tabla de tipos impositivos general a los

incrementos de patrimonio, a las plusvalías (rentas de capital), en vez del actual tipo único del 15 %. Nuevamente se trata de recuperar niveles de progresividad perdidos en reformas anteriores.

- Reducción y limitación en las rentas altas de los excesivos beneficios y

deducciones fiscales que disfrutan en el IRPF como es el caso de las deducciones por compra de vivienda y por aportaciones a planes de pensiones.

- Reducir y racionalizar los beneficios fiscales del Impuesto de Sociedades.

Eliminar la Reserva Especial por inversiones por ser un beneficio diseñado para años de crisis y pérdidas empresariales cuyo mantenimiento no se justifica en ejercicios de crecimiento y beneficios.

- Reforzar las acciones y los recursos materiales y personales para luchar

eficazmente contra el fraude fiscal de las rentas empresariales y profesionales. Doblar la plantilla de Inspectores Fiscales. Se aumentará sustancialmente la inspección y denuncia por fraude fiscal.

- Valoración del nivel de renta en las diferentes zonas de Navarra donde está

claramente por debajo de la media, que se concreta en la zona norte, media y ribera de modo que se corrija este desequilibrio con inversión pública de


- 36 -

diferentes departamentos, con el fin de acortar diferencias entre las distintas zonas de la Comunidad Foral.

c) Rectificación en la imposición inflexible del dogma del Déficit Cero. Durante

la legislatura 2007-2001 si se recurriese a déficits anuales del 1 % del PIB se dispondría de unos recursos adicionales de no menos de 700 millones de euros con los que financiar las políticas sociales.

Esos 700 millones de nuevo endeudamiento supondrían que en 2011 la deuda de

la comunidad foral se situaría en torno al 6 % del PIB, un porcentaje muy bajo y muy cercano al 4 % actual.

B. Política industrial y deslocalización.

a) Rectificación de la Política de Participaciones Industriales aplicada por la derecha. Iniciar una política de presencia estable y permanente en las empresas y sectores considerados estratégicos a fin de poder ejercer desde los poderes públicos una influencia decisiva en los mismos. Creación de un sector público que cree inversiones en nuevas empresas y en I+D+i fomentando el desarrollo equilibrado de las comarcas de Navarra y la creación de nuevos empleos. Corregir la dependencia actual en el sector del automóvil con creación de un centro público de investigación en nuevas tecnologías de la automoción. La inversión actual en I+D+i deberá aumentar hasta alcanzar la media europea. Oposición a los planes de nuevas ventas de la derecha como por ejemplo son los casos de Tracasa y Audenasa.

Participación de Caja Navarra y de su Corporación Industrial en esta nueva

orientación de la Política de Participaciones Industriales del Gobierno de Navarra.

b) Negociación con los agentes sociales y aplicación de un Plan Industrial Especial que haga frente a la deslocalización empresarial. Intervención del Gobierno de Navarra en los casos en los que se produzca el traslado de la empresa con el objetivo de garantizar el mantenimiento de la actividad y el empleo.

c) Venta inmediata del 1 % del capital de Iberdrola propiedad del Gobierno

de Navarra a fin de recuperar los 173 millones de euros de dinero público comprometido. Los recursos liberados se destinarían, entre otros fines, a financiar los planes contra la deslocalización y contra la siniestralidad y temporalidad laboral.

d) Realización de una Auditoria Financiera y de Gestión de los procesos de

venta de EHN y de compra del 1 % de Iberdrola. Su objetivo será verificar si se ha actuado o no de acuerdo con el interés general de la Comunidad Foral de Navarra.

e) Compromiso de que las subvenciones a fondo perdido, la venta a precio

político de suelo industrial u otras formas de ayudas relevantes que conceda el Gobierno de Navarra a las empresas estén condicionadas a que éstas adquieran el compromiso de mantener durante un periodo de tiempo suficiente y prolongado la actividad y la inversión en Navarra. En caso de incumplir este compromiso la empresa deberá devolver las ayudas percibidas. Esta obligación deberá quedar garantizada en el momento de la concesión de las subvenciones o ayudas.


- 37 -

f) El Gobierno de Navarra, mediante sociedad de capital mayoritario público, realizará la gestión de los residuos especiales, tóxicos y peligrosos. A tal fin, promoverá las acciones necesarias, informando al Parlamento de las mismas en el plazo máximo de dos meses.

g) Revisión de la Ley Foral de financiación de los nuevos regadíos del Canal de Navarra. No es aceptable el actual nivel de subvención pública de más del 90 % de la inversión para financiar empresas privadas. No es asumible el ingente volumen de dinero público dirigido a subvencionar estos nuevos negocios privados.

h) Reforma de la legislación foral para asegurar la necesaria transparencia y

debate político y social previo a cualquier decisión de venta de participaciones públicas en empresas y sectores estratégicos. A este fin planteamos:

- Reformar la Ley Foral de Patrimonio para que cualquier operación de

compra de acciones de una empresa por valor superior a cinco millones de euros o de venta por importe superior a dos millones deba contar con la autorización previa del Parlamento de Navarra. Con esta reforma en vigor tanto la venta de EHN como la compra de Iberdrola no se hubieran podido realizar sin la autorización parlamentaria.

- Reformar la Ley Foral de la Administración de la CFN para que los

consejeros de las sociedades públicas tengan el deber de comparecer ante el Parlamento de Navarra para dar cuenta de sus decisiones cuando así se les requiera. Recordemos que en el caso EHN-Iberdrola se negaron aduciendo su deber de secreto en las deliberaciones. C. Cajas de ahorros. a) Aprobación por el Parlamento de Navarra de una Ley Foral que regule la

composición y funcionamiento de los Órganos de Gobierno de Caja Navarra. Democratización y control público que debe estar orientado al impulso de

políticas económicas e industriales de interés general que deben ser las señas de identidad de Caja Navarra.

b) Participación de Caja Navarra y de su Corporación Industrial en la nueva

orientación de la Política de Participaciones Industriales del Gobierno de Navarra. D. Políticas de empleo.

a) Negociación con los agentes sociales y puesta en marcha de una Plan de

Empleo que tenga por objetivos fundamentales la reducción radical de los actuales niveles de siniestralidad y temporalidad.

b) Modificación sustancial del actual sistema de ayudas públicas a los empresarios por inversión de forma que se condicione su concesión a la estabilidad y calidad del empleo en la empresa.


- 38 -

c) Primar desde la administración a las empresas que presenten mejores índices de siniestralidad respecto de los indicadores medios de su sector, y penalizar a quienes presenten índices notoriamente peores (fiscalidad, subvenciones, contratos públicos). d) Poner en marcha nuevos planes que refuercen al Plan Diana (programa de lucha contra la siniestralidad laboral pactado entre Gobierno, patronal y sindicatos) que cuenten con la participación directa de los sindicatos. Potenciar los planes de actuación preferente en las empresas de mayor siniestralidad.

e) Crear en Navarra una Escuela de Formación en Salud Laboral en la que participen la administración, los empresarios y los sindicatos. Debe servir para formar trabajadores, técnicos intermedios y superiores. f) Elaborar una Ley de la Subcontratación que tenga por objeto una regulación específica y propia de la seguridad en el trabajo en las subcontratas. Evitar la tercera, cuarta y sucesivas subcontratas. Debe estar dirigida fundamentalmente al sector de la construcción. g) Reforma de la Ley Foral de Contratos. Al adjudicar un contrato de obra la administración debe establecer como requisito a superar con un nivel mínimo, el índice de gravedad y frecuencia de los accidentes que cada empresa tenga registrado en sus anteriores obras y trabajos.

h) Incrementar la plantilla de Inspectores de Trabajo que garantice el cumplimento de la ley, especialmente en la construcción.

i) Impulso de la jornada de 35 horas sin reducción salarial. Reparto de empleo. j) Fomento de la estabilidad laboral.

E. Convenio Económico.

a) Compromiso de que el Gobierno de Navarra lidere una defensa activa y

efectiva del Convenio Económico como parte central del autogobierno de Navarra. Competencias amplias y articulación de mecanismos que garanticen la solidaridad interterritorial y la armonización fiscal para evitar privilegios en razón del lugar de residencia.

b) Exigencia al resto de Administraciones del Estado y de la Unión Europea de

que asuman y acepten el hecho político de que la competencia de Navarra en materia tributaria es plena en el marco jurídico definido en el Convenio.

c) Defensa de la presencia de Navarra en el Consejo de Ministros de Economía y

Finanzas de la Unión Europea (Ecofin) cuando trate de asuntos sobre los que Navarra goza de plena competencia derivada del Convenio Económico.

F. Planificación Democrática.

Se deben establecer mecanismos de planificación democrática de la actividad

económica en Navarra con participación de las Administraciones Públicas,


- 39 -

organizaciones sindicales y patronales y partidos políticos. Debe aprobarse un Plan Económico cuatrienal con participación del Parlamento de Navarra y que garantice mecanismos de control sobre su ejecución.

2.2. OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES 2.2.1. Aumento de la inversión pública.

El Gobierno de Navarra sacrifica la necesaria inversión pública en nombre de sus auténticas prioridades: el déficit cero y sus reformas fiscales injustas y caras. Está frenando el ritmo inversor de forma constante y evidente, justo cuando más se necesita para mantener la actividad ante la desaceleración económica. Es una política presupuestaria absurda y que renuncia incomprensiblemente a utilizar todos los recursos al alcance de la Administración. Frente a esto, nos comprometemos a invertir la grave caída de la inversión pública practicada por el Gobierno de Navarra a lo largo de los últimos años.

Impulsaremos la introducción en la planificación presupuestaria de un margen, cuando sea necesario para financiar inversiones públicas, de hasta el 1,5 % del PIB de déficit anual.

Es imprescindible el abandono del sistema de financiación

extrapresupuestaria de inversiones consistente en la privatización de la financiación de infraestructuras de interés general. La financiación debe realizarse directamente desde los presupuestos a través de los departamentos, o en última instancia y excepcionalmente desde sociedades públicas. Este procedimiento es más transparente, más barato y plenamente viable política y jurídicamente.

Es necesaria la elaboración y aprobación de dos Planes de Inversiones

sectoriales con una previsión de, al menos, diez años: Plan de Inversiones en Educación, y Plan de Inversiones en Salud. A la luz de la planificación específica de los departamentos competentes se establecerán las prioridades y las fórmulas de financiación concretas.

2.2.2. Nuevo Plan Director de Carreteras.

El III Plan Director de Carreteras que sustituya al vigente para el período 2002-2009 debe suponer un cambio de rumbo de las actuaciones desarrolladas hasta el presente.

Tras la construcción de la red de autovías (San Sebastián, Logroño, Jaca) que

comunican Pamplona con las comunidades vecinas, es hora de abordar una mejora importante de la red de carreteras para potenciar las comunicaciones internas y ponerlas al servicio de la cohesión territorial de Navarra. Creemos que ya ha pasado el momento de construir grande vías y debemos centrarnos en mejora la red existente.

Nos oponemos a que siga figurando en el Plan Director las referencias y previsiones sobre la “Autopista a Francia”. La mejora de las comunicaciones con el


- 40 -

país vecino debe pasar por la potenciación del ferrocarril y por la mejora de las carreteras existentes, no por nuevas vías de gran capacidad.

Nos opondremos a cualquier intento de privatización de Autopistas de Navarra (AUDENASA). No es momento de prolongar la vida de la A-15 como autopista de peaje sino que debe procederse al rescate de la concesión y al establecimiento de su gratuidad.

Las prioridades en la mejora de las comunicaciones por carretera serán las siguientes: -Mejora urgente de la N-121A, una de las carreteras más peligrosas de Navarra, para posibilitar las comunicaciones de toda la zona del Bidasoa con Guipúzcoa. -Mejora de la NA-134, imprescindible para la comunicación de las localidades del Eje del Ebro. -Mejora de la N-135, Pamplona-Roncesvalles, como carretera nacional con tercer carril en las zonas donde sea preciso y salvando el puerto de Erro mediante túnel.

-Deben adoptarse las medidas oportunas para que se extienda el desdoble de la N-232 en el tramo de Aragón para mejorar las comunicaciones con una Comunidad vecina con la cual, sobre todo desde la Ribera, existe una estrecha relación social y económica. 2.2.3. Apuesta por el ferrocarril. Nuestro país sigue instalado en un retraso secular en el uso del ferrocarril como medio de comunicación. Se ha preferido potenciar el transporte de viajeros y mercancías por carretera, un medio mucho menos eficiente desde el punto de vista del desarrollo sostenible, o incluso por avión, que tiene todavía unos efectos más perniciosos sobre el medio ambiente. En la línea de las políticas señaladas por la Unión Europea (aunque luego no ejecuten con la coherencia que debiera hacerse) apostamos por impulsar el ferrocarril como medio de transporte. La congestión viaria es un problema muy grave, el número de vehículos de motor crece sin cesar y construyendo más carreteras no se puede solucionar porque éstas siempre llegan tarde. La cuestión sólo se puede afrontar trasvasando pasajeros y sobre todo mercancías al ferrocarril. Entendemos que el modelo de transporte ferroviario a defender debe tener las siguientes características: a) Titularidad pública de las infraestructuras como garantía de la prestación de un servicio público al alcance de toda la ciudadanía, no solamente de quienes viven en las rutas económicamente rentables. b) Renovación de las infraestructuras bajo la premisa de lograr el menor impacto ambiental; aprovechamiento de los trazados existentes siempre que sea posible.


- 41 -

c) Rechazamos un Tren de Alta Velocidad de carácter nodal que sólo sirva para rebajar un poco el tiempo para desplazarse entre Pamplona y Madrid u otras capitales a costa de no detenerse en las estaciones intermedias, que tiene una más que dudosa rentabilidad social y económica. Apostamos por un tren social y sostenible con paradas intermedias (Tudela, Tafalla, Alsasua-Altsasu) que sirva, además de para ponernos en comunicación con la cornisa cantábrica, con la meseta y con el Mediterráneo, para asegurar las comunicaciones internas y la cohesión territorial. d) Potenciación de los trenes de cercanías como medio de desplazamiento diario, con precios asequibles para estudiantes y trabajadores. e) Potenciar el transporte de mercancías a través del ferrocarril. Al margen de la opción que se plantee para Navarra en cuanto a líneas de tren, este proyecto deberá necesariamente contar con la alternativa para transportar las mercancías. Con esto se conseguirá un doble objetivo: 1.º Empezar a cumplir con el Protocolo de Kyoto. 2.º Prever que el transporte por carretera debe sufrir una modificación sustancial en las propuestas de Gobierno, porque los precios de las energías van a ser insostenibles a medio plazo. 2.2.4. Potenciación del transporte público.

Después de las grandes inversiones realizadas por el Gobierno de Navarra en referencia a las autovías del Camino y la de Jaca, la necesidad a muy corto plazo debe pasar por la mejora de toda la red comarcal y por un desarrollo del transporte comarcal en aquellas zonas en las que no está implantado. Proponemos la realización de aparcamientos gratuitos para vehículos en la periferia de las ciudades, no en los centros urbanos, conectado con éstos a través de medios de transporte público con tarifas accesibles a todos de modo que la forma de transporte en el interior de los núcleos urbanos no sea el vehículo particular.

Al parecer y según estudios de expertos, se debe trabajar con el escenario del

techo del petróleo, esto exige de los políticos una visión estratégica que vaya permitiendo transformaciones lentas pero imparables en el sector del transporte. Esto supone dedicar esfuerzos en organizar de otro modo los transportes de pasajeros y mercancías y reducir la inversión en infraestructuras faraónicas modernizando las redes actuales. Proponemos reducir las necesidades de transporte motorizado poniendo en valor la accesibilidad frente a la movilidad como único medio de frenar el crecimiento insostenible del sector, con el fin de reducir el tráfico por carretera.

En la actualidad solamente hay una regulación específica y una planificación

del transporte a nivel comarcal (líneas de autobuses y taxis) en la Comarca de Pamplona. En otras zonas de Navarra las medidas que se toman están desestructuradas y la atención de las necesidades de desplazamiento resulta irregular. Sería necesaria una planificación del transporte colectivo para toda Navarra para asegurar que toda la ciudadanía tiene la posibilidad de acceder a un servicio con un mínimo de calidad que no le haga depender del vehículo privado. En el futuro la red de transporte público debería ser multimodal (ferrocarril, autobús, taxi).


- 42 -

En la Comarca de Pamplona apostamos por modificar el II Plan de Transporte bajo las premisas de mejorar la accesibilidad de todas las poblaciones mediante la extensión de líneas y el incremento de las frecuencias; garantizar el acceso manteniendo las tarifas sociales y creación de nuevas tarifas reducidas para trabajadores y estudiantes; mejora de la puntualidad con la creación de carriles exclusivos para autobuses y mediante la limitación de la circulación de los vehículos privados. 2.2.5. Políticas educativas en cuanto al uso del transporte

Si como parece tenemos que empezar a considerar que el techo del petróleo es una realidad, los Gobiernos deberán adoptar medidas de forma paulatina, para asumir esta nueva situación. Se deberán sacar las consecuencias lógicas de este cambio en el uso energético y a parte de invertir más en desarrollo e investigación de nuevos productos, los gobiernos deberán poner las condiciones para sensibilizar a la ciudadanía y poner los medios para que el transporte público sea mas y mejor utilizado. El uso de medios de desplazamiento tan sencillos y poco consumidores de energía como son caminar a pie o moverse en bicicleta debiera ser potenciado en el diseño de las zonas urbanas y de las vías de comunicación. Muchas veces el peatón y el ciclista son absolutamente olvidados en favor del automóvil, con lo cual entramos en un círculo vicioso: los desplazamientos se hacen en vehículo porque no se pueden hacer de otro modo, no por las distancias sino por la configuración de las poblaciones. Exigimos la elaboración de un siempre postergado Plan Director de la Bicicleta que defina las medidas necesarias para aumentar su uso y que tenga en cuenta en el planeamiento urbanístico y viario la necesidad de adecuar espacios para el uso de este medio de transporte, con la construcción de carriles bici en todas las carreteras nuevas. 2.2.6. Titularidad pública de infraestructuras.

Se adoptaran las medidas necesarias para que las infraestructuras ligadas a servicios públicos (suministro de energía, telecomunicaciones, etc.) en los desarrollos urbanísticos que se pagan con fondos públicos mantengan su titularidad pública y su utilización por empresas privadas esté sometida a concesión mediante pago de un canon. 2.3. MEDIO AMBIENTE 2.3.1. Otro modelo de desarrollo.

Proponemos construir un modelo de desarrollo que garantice la calidad de vida de la generación actual sin comprometer la de las generaciones futuras, un modelo de desarrollo sostenible, con la incorporación de los costes ecológicos y sociales en la realización de infraestructuras.

Es una realidad que desarrollamos nuestra actividad en un Planeta cuyos recursos son finitos, lo cual está en profunda contradicción con el modelo económico actual, basado en el crecimiento infinito. Se necesita una urgente revisión de las pautas de


- 43 -

desarrollo industrial, urbanístico, de infraestructuras, etc., ya que el ritmo de crecimiento actual no es sostenible.

Para que se dé sostenibilidad los sistemas económico-sociales han de ser reproducibles sin deterioro de los ecosistemas en los que se apoyan. Esto supone que lo que tomamos de la biosfera (materias primas, energía…) y lo que devolvemos (residuos, calor, etc.) han de estar dentro de los límites de absorción y regeneración de los sistemas. El desarrollo sostenible incorpora también principios como la justicia social.

El desarrollo sostenible exige también generalizar el principio de que todas las actividades productivas deben contribuir económicamente a la corrección de los impactos ambientales y a la protección del medio. Por ello, deben establecerse tasas ecológicas en determinadas actividades industriales, extractivas o de generación energética, o la reserva de determinados ingresos tributarios para actuaciones ambientales.

Nos parece fundamental el cumplimiento del principio de que “quien contamina descontamina”, por lo que habrá que encaminar la política ambiental para garantizar la responsabilidad de las empresas en este sentido. Al mismo tiempo habrá que corregir los impactos contaminantes ya producidos.

Al tiempo que apoyamos cualquier medida legal, fiscal o de cualquier orden que pretenda limitar los daños sobre el medio natural provocados por el capitalismo, estamos convencidos de que, por su propia naturaleza, la pervivencia de este sistema económico está causando daños irreparables y crecientes para el medio natural en que se desenvuelve la vida de la Humanidad. La lucha de las multinacionales por unos beneficios privados, en una dura competencia con sus rivales, les empuja a una explotación más intensa del medio natural sin preocuparse de sus consecuencias. Desarrollo sostenible y capitalismo son, por tanto, términos antitéticos.

Quien amenaza el medio ambiente no es el desarrollo de la productividad económica, sino el modelo de desarrollo inherente al capitalismo, que la pone al servicio de un puñado de grandes empresarios y de su inagotable sed de ganancias. Es más, la base para generalizar el uso de tecnologías no contaminantes es precisamente el desarrollo técnico, pero puesto al servicio de la gran mayoría de la sociedad, brindándole unas condiciones de vida dignas y, al tiempo, preservando y recuperando el medioambiente.

Una política que sostenga que la existencia del capitalismo es compatible con la preservación del medio natural, con el desarrollo sostenible, sólo será una mera declaración de buenas intenciones sin ninguna posibilidad de realizarse. El único sistema social que realmente va a estar interesado en un desarrollo económico sostenible y respetuoso con la Naturaleza es aquel que se base en una planificación democrática de la economía y en la participación de toda la sociedad en su gestión y gobierno.

2.3.2. Cambio climático y contaminación atmosférica.

Conocidos los efectos de los gases invernadero así como las consecuencias del cambio climático, exigimos el cumplimiento a rajatabla de los compromisos adquiridos


- 44 -

en el Protocolo de Kioto, para la reducción de las emisiones de los gases de efecto invernadero, con la elaboración de Planes Forales de Acción anuales, que contemplen las medidas concretas a adoptar.

Es clave la reducción del consumo energético, el uso de combustibles fósiles y el transporte, gran consumidor de energía y generador de enormes costes ecológicos y sociales.

El Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión establece una estrategia y actuaciones para frenar el incremento de emisiones, pero entendemos que también Navarra deberá elaborar un plan específico para las empresas sitas en su territorio.

2.3.3. Energía.

El hecho ya aludido de que desarrollamos nuestra actividad en un Planeta cuyos recursos son finitos está también en profunda contradicción con el modelo energético vigente; es imprescindible el cambio desde los combustibles fósiles hacia las energías renovables.

Por ello, creemos que el Gobierno de Navarra debe intensificar medidas tendentes al ahorro energético a nivel industrial y doméstico. Es importante la proximidad entre generación y consumo.

Deberá primar a aquellas empresas y Ayuntamientos que propongan planes de ahorro energético, apoyar e incentivar el uso de energías renovables y las medidas de ahorro en todo tipo de construcciones y aumentar la participación de las energías renovables en el suministro de energía primaria, siempre desde la gestión pública.

Creación de parques solares con los municipios que se comprometan a eliminar la contaminación lumínica y el alto consumo eléctrico público, destinando posteriormente los beneficios de los parques a subvencionar en un porcentaje elevado los cambios de electrodomésticos y lámparas convencionales por similares no contaminantes y de bajo consumo.

Otras medidas: retirar del mercado todos los aparatos energéticamente ineficientes, actuaciones en edificios públicos, tanto de ahorro como de uso de energías renovables, actuaciones en alumbrado público.

Creemos que es necesario abordar un nuevo Plan Energético de Navarra, que tenga en cuenta los compromisos de Kioto y que siga apostando por rentabilizar los consumos energéticos y por la elaboración de un plan global de arquitectura bioclimática en el conjunto de las construcciones, que permita disminuir tanto la demanda energética en las viviendas como el gasto doméstico.

Proponemos el establecimiento de una moratoria a la puesta en marcha de nuevas centrales térmicas, de forma que antes de autorizar la construcción o ampliación de cualquier central de combustión fósil, deberá demostrarse que todas las alternativas de energía limpia están agotadas o no son suficientes.


- 45 -

Criticamos la actuación del Gobierno de Navarra por la adquisición de acciones de Iberdrola tras la venta de su participación en EHN, ya que supone un retroceso en las políticas energéticas primando la energía fósil frente a las energías renovables.

Instamos al Gobierno de Navarra a que, junto con el resto de Comunidades Autónomas, en coordinación con el Gobierno Central, establezcan una planificación para la sustitución de centrales térmicas y nucleares por energías renovables.

2.3.3. Contaminación lumínica.

Entendiendo por contaminación lumínica el diseño y uso inadecuado de las instalaciones de alumbrado nocturno, creemos imprescindible regular los mecanismos que permitan dar respuesta a ésta problemática, respetando las condiciones naturales en lo posible y previniendo la contaminación en la visión del cielo, lo cual supondrá un importante ahorro energético y un importante beneficio medioambiental y económico.

Apostamos por un desarrollo ambicioso de la recientemente aprobada Ley Foral de ordenación del alumbrado para la protección del medio nocturno. Esta iniciativa de nuestro grupo parlamentario en su tramitación sufrió algunos recortes impuestos por UPN y CDN. No obstante, sigue siendo una herramienta útil si en el desarrollo reglamentario se aprovechan todas sus posibilidades. Es preciso fijar objetivos de eliminación completa de la contaminación lumínica en Navarra, mediante el esfuerzo conjunto de las Administraciones Públicas y recabando la cooperación y sensibilización de toda la ciudadanía.

2.3.4. Uso del agua.

Consideramos inexcusable que la gestión del agua sea pública. Descartamos la construcción de grandes embalses y trasvases, y proponemos aplicar medidas de gestión de la demanda en el ámbito de cuenca hidrográfica, avanzando hacia una nueva política de aguas más respetuosa con la conservación de los recursos hídricos y sus ecosistemas asociados.

Apostamos por una racionalización del uso del agua (reducir el consumo de agua y alcanzar el equilibrio entre los recursos naturales y sus demandas) invirtiendo en la mejora de la red de transporte que evite el excesivo porcentaje de pérdidas de caudal y adecuar los regadíos a las nuevas técnicas, radicalmente contrarias al riego a manta o por inundación.

Es prioritario recuperar todos los acuíferos sobre explotados y tomar las medidas necesarias que garanticen la calidad de sus aguas, especialmente la de agua de boca para toda la población.

Con referencia al pantano de Itoiz consideramos que debería realizarse un peritaje neutral (ajeno a la Administración) y asumido por el Parlamento navarro y resto de instituciones que sirva para contrastar las consideraciones técnicas que aparecen en los estudios geotécnicos hasta ahora públicos, arbitraje que permitiría obrar en consecuencia tanto legal como técnicamente.


- 46 -

Todas las nuevas construcciones deberían colocar medidas de ahorro como cisternas de dos vaciados, atomizadores, etc. Asimismo, en las nuevas urbanizaciones debiera ser obligatoria la recogida de las aguas pluviales para su posterior uso en el riego de las zonas verdes públicas y privadas.

2.3.5. Producción industrial y residuos.

El problema de los residuos está íntimamente ligado con el modelo consumista actual. Se ha producido un incremento importante de la generación de residuos en los últimos años, y no se presta la debida importancia a la prevención, abandonándose el criterio objetivo reducción-prevención, a cambio de otras actividades más lucrativas para las empresas gestoras.

La gestión de los residuos es un servicio público que debe ser ofrecido por las administraciones públicas. Es, además, un servicio esencial que no debe estar condicionado por criterios de rentabilidad económica, y basado en el principio de proximidad entre la generación y la gestión. Las distintas administraciones deben elaborar planes de gestión donde se fijen criterios y objetivos evaluables.

Toda gestión de residuos respetuosa con el medio ambiente se debe basar en los criterios de Reducción, Reutilización, Reciclaje, terminando el residuo resultante en el vertedero. Decimos no a la incineración, porque equivale a despilfarro de recursos y contaminación, la cual causa graves daños al medio ambiente y perjuicios a la salud, y

Proponemos:

- Reducir la utilización de recursos naturales (agua, energías, materias primas...) por unidad de producción.

- Reducir en cantidad y grado de peligrosidad los residuos urbanos e industriales.

- Priorizar la reutilización y el reciclaje-recuperación de todo tipo de residuos.

- Desarrollar un Plan de eliminación de sustancias tóxicas y persistentes (Compuestos Orgánicos Persistentes, etc.).

- Fomento de sistemas de producción limpios.

Se establecerán medidas para que la responsabilidad de los daños provocados al medioambiente debido a residuos industriales, ganaderos, agrícolas, etc., recaiga en quien los genere.

Apostamos por una gestión pública de los residuos peligrosos, para de esta

forma garantizar a la ciudadanía navarra la transparencia que el tratamiento de estos residuos requiere, con presencia directa del sector público en la actividad empresarial, en el tratamiento y gestión de los residuos industriales, tóxicos y peligrosos.


- 47 -

Proponemos la puesta en marcha de la sociedad pública encargada de la gestión de estos residuos especiales, contemplada en la Ley Foral de gestión de residuos especiales, así como una moratoria de autorizaciones administrativas a gestores privados de residuos especiales hasta que no exista un Centro o Centros de trabajo promovidos por la empresa pública.

2.3.6. Antenas de telefonía móvil.

Un elemento de preocupación para nosotros es el establecimiento masivo de antenas de telefonía móvil. Proponemos la creación de una normativa sobre el uso y establecimiento de antenas que controle las instalaciones compartiéndolas por todos los operadores y adaptándolas a cualquier nuevo uso que surja, evitando que se realicen en las cercanías de viviendas, centros escolares, y diversos lugares de ciudades y pueblos, atendiendo las recomendaciones de diversos organismos internacionales en el sentido que dichas antenas se planifiquen de tal forma que la exposición de personas en zonas de uso sean las mínimas posibles.

2.3.7. Turismo sostenible.

Planteamos el desarrollo de medidas concretas destinadas a que la actividad turística, y fundamentalmente el turismo rural, sea un importante motor de la economía sin provocar el deterioro de los recursos naturales sobre los que se asienta. Proponemos lograr la sostenibilidad medioambiental de la actividad turística, manteniendo la diversidad biológica y cultural y reduciendo el sobre consumo y despilfarro de los recursos naturales, invirtiendo en un turismo contenido, diversificado y de calidad, limitando tanto los aforos como la producción de residuos. Para ello, consideramos fundamental promover una amplia participación pública, tanto en el ámbito local como regional, para integrar el turismo en los planes de desarrollo a diferentes escalas. Es necesaria la creación de un sector público de empresas turísticas: mayoristas, de promoción de Navarra, de creación y gestión de recursos turísticos, etc.

Con el objetivo de potenciar el sector turístico, proponemos cambiar el actual modelo basado en el turismo religioso que ha demostrado ser uno de los menos atrayentes (es el destino menos elegido junto a La Rioja y Cantabria). Por ello, proponemos un nuevo modelo que se base en la rica diversidad de nuestro patrimonio cultural, artístico y natural. La promoción de un turismo religioso en torno al Camino de Santiago o el Castillo de Javier, da una imagen muy estrecha de nuestra tierra y desaprovecha otros muchos atractivos como el folklore, la diversidad natural (del bosque pirenaico al desierto de las Bardenas), la riqueza artística, la gastronomía, la oferta cultural y de ocio, etc.

Frente a los grandes planes y los eslóganes rimbombantes creemos prioritaria una política de apoyo a la pequeña empresa turística, especialmente en las zonas más desfavorecidas que carecen de actividad industrial, apoyada por la creación de infraestructuras turísticas que atraigan más visitantes: señalización de rutas y lugares de interés, zonas de descanso, etc.


- 48 -

2.3.8. Bosques y conservación de la biodiversidad.

Para una correcta conservación de la biodiversidad se requiere una ordenación del territorio auténtica, que planifique teniendo en cuenta los valores naturales propios de los espacios protegidos y que éstos primen sobre los criterios económicos, que establezca límites claros a la extracción de recursos de las áreas rurales y al crecimiento de las áreas urbanas.

Apostamos por la conservación o restauración de los ciclos híbridos naturales, ecosistemas y hábitat navarros.

Apostamos asimismo por una gestión forestal responsable, priorizando los valores medioambientales y garantizando la biodiversidad de nuestros bosques. Los Ayuntamientos deben colaborar en los clareos y limpiezas de sus plantaciones, comprometiéndose a invertir los posibles beneficios de la venta de madera en plantaciones autóctonas.

Dotación presupuestaria para vigilancia, conservación e investigación de los espacios y especies protegidas.

Se prohibirá la quema de rastrojeras y pastizales, ya que el 90 % de los incendios provocados en Navarra son por estas causas, por lo que se aplicarán las sanciones previstas por la legislación forestal y el Código Penal.

Así mismo proponemos la integración de la biodiversidad en nuestros pueblos y ciudades, para ello se fomentará la construcción de espacios verdes en todo nuevo proyecto urbanístico.

Reorganización de los recursos de vigilancia medioambiental para contar con un auténtico Cuerpo de Agentes de Protección del Medio Ambiente especializados en esta materia.

2.3.9. Educación, investigación y sensibilidad ambiental.

La conservación de nuestro entorno tiene mucho de educación ecológica, educación que nos debe proporcionar el conocimiento de nuestro entorno y la responsabilidad de mantenerlo y mejorarlo para las generaciones futuras. Por ello apostamos por la educación desde la escuela y el fomento de programas de sensibilización medioambiental para toda la sociedad navarra, concienciándola de la necesidad de un modelo de desarrollo sostenible, promoviendo pautas de consumo personal y social sostenibles, en el que prime el ahorro de recursos naturales.

Defendemos la utilización de las energías renovables, que están todavía por desarrollar a su máximo potencial, para ello es necesario un mayor esfuerzo en materia de investigación. Por todo esto apostamos claramente por un mayor impulso a la investigación en nuestra comunidad.


- 49 -

2.4. ORDENACIÓN DEL TERRITORIO 2.4.1. La necesidad de ordenar. En una sociedad desarrollada y tan compleja como la nuestra, donde vamos camino de agotar muchos de los recursos que nos ofrece la naturaleza, y donde no vemos lejana la posibilidad de que lleguemos a ocupar todo el espacio disponible en el planeta para la realización de diversas actividades humanas, la necesidad de planificar y poner orden en la ocupación del territorio ya no se discute. Las normas jurídicas lo imponen.

En Navarra, sin embargo, no se está haciendo correcto uso de las herramientas disponibles. La Ley Foral de Ordenación del Territorio y Urbanismo de 2002 prevé la elaboración de una “Estrategia Territorial de Navarra” como “instrumento de planificación estratégica del territorio de la Comunidad Foral”. El Gobierno de Navarra en 2005 ha preferido aprobar un documento que cumple formalmente con ese mandato pero que, en realidad, abandona la idea de planificación y la pretensión de establecer guías de actuación que influyan sobre la realidad futura del territorio navarro y se limita a constatar y medir las tendencias que ya se están produciendo, estableciendo unas medidas de coordinación intersectorial que en el mejor de los casos sólo encauzarán o corregirán esas tendencias y algunas medidas concretas decididas previamente al margen de toda estrategia. La supuesta Estrategia no es tal porque renuncia a ser vinculante y renuncia a marcar las pautas del desarrollo futuro de Navarra.

Creemos necesaria la elaboración de un nuevo documento para una Estrategia Territorial Navarra que a diferencia del aprobado sirva para desarrollar una política de desarrollo territorial que favorezca una ocupación equilibrada del territorio, el respeto al medio ambiente y la conservación del suelo y del paisaje. Para ello, es necesario aplicar criterios de sostenibilidad, evitando desarrollos urbanísticos difusos, promoviendo el acceso universal a una vivienda digna e integrando la dimensión territorial en las políticas sectoriales, en especial la del transporte, comunicaciones y desarrollo industrial, con el desarrollo de los instrumentos necesarios y el presupuesto suficiente para su realización.

Por otro lado es necesario que aquellas zonas en Navarra que tengan un LIC, Lugares de Interés Comunitario, sean financiadas por lo que supone el mantenimiento de estos espacios que a veces condiciona el desarrollo de ciertos pueblos. Por esta razón el pueblo o ciudad que tenga un LIC deberá recibir una compensación por su mantenimiento y limitación en el desarrollo.

2.4.2. Otra estrategia para otra Navarra.

La tendencia actual y la que acepta sin mayores reparos el Gobierno de Navarra a través de la Estrategia Territorial de Navarra es la de un desarrollo desequilibrado y dual de Navarra; se prioriza muy claramente el área de Pamplona y del Eje del Ebro en torno a Tudela; se da un tratamiento secundario a los espacios de vocación atlántica, se relegan las zonas de Tafalla y Estella a un tercer nivel de ciudades cabecera y se posterga al Pirineo a la condición de espacio reservado donde realizar actuaciones de


- 50 -

desarrollo rural, del que se sigue teniendo una imagen bucólica bastante alejada de la realidad.

Estas tendencias no son casuales; son resultado de una economía de mercado

que prefiere la concentración de inversión y actividad en pocos lugares y bien comunicados, y que es insensible al coste social y ambiental que provocan las fuerzas ciegas de la competencia y la productividad. Precisamente porque el mercado lleva al desequilibrio territorial y social es necesaria una actuación pública para establecer otro modelo de desarrollo.

Frente al modelo imperante, entendemos que de cara a la cohesión social y territorial de Navarra es preferible una vertebración del territorio policéntrica y rizomática, considerando prioritario una mayor reajuste de las zonas rurales sobre la región-ciudad centralizada. Este principio policéntrico-rizomático del territorio redundaría en propuestas como:

A) Comunicaciones interiores. No puede limitarse todo a constituir a Pamplona como una Madrid en miniatura, kilómetro cero de una red radial que sólo sirve para comunicar centro y periferia. Desarrollo y capacitación de los corredores este-oeste y norte-sur. Mejoras de líneas de comunicación rápidas entre las ciudades de Estella-Lizarra, Tafalla y Sangüesa, mejora de la salida desde el sur de Navarra al Pirineo navarro y oscense.

B) El establecimiento de servicios en las diversas cabeceras comarcales, y no solamente en el área central, y la búsqueda de polos de atracción de actividad económica distintos a los de Pamplona y Tudela. Sólo con la actividad turística no van a salir a flote zonas como los Pirineos o Tierra Estalla. C) Propuesta de un mapa comarcal, que pudiera servir no sólo a efectos de la ordenación territorial sino incluso para la futura reordenación del mapa administrativo, de forma razonada y buscando un previo consenso social. La planificación territorial por comarcas no debe hacerse a solas desde arriba, desde el Gobierno de Navarra (o peor, desde un despacho profesional contratado), sino que debe ser un proceso participativo, y para ello es imprescindible que se haga con la participación de entes comarcales representativos de los habitantes de cada zona. 2.5. AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL 2.5.1. Agricultura.

La agricultura es uno de los motores de desarrollo económico de nuestra Comunidad Foral y al desarrollarse ésta en el medio natural debe de ser especialmente cuidadosa con dicho medio. Vemos necesario integrar criterios y parámetros ambientales y de conservación de la biodiversidad en la política agraria.

Apoyamos la promoción de la agricultura ecológica y de las formas de producción respetuosas con el bienestar animal; la reducción del empleo de productos químicos, tanto en agricultura como en ganadería, para de esta forma garantizar la seguridad alimentaria a los consumidores. Proponemos la promoción pública de los


- 51 -

productos de etiqueta ecológica e incorporar productos alimentarios ecológicos en comedores públicos.

En cuanto a los organismos modificados genéticamente, cuyas consecuencias

sobre la salud y los ecosistemas naturales y agrarios pueden ser imprevisibles e irreversibles, paralizar las importaciones así como derogar las autorizaciones de las variedades de cultivo aprobadas hasta la fecha y paralizar las que se encuentran en trámite, así como eliminación de las plantaciones ya existentes. Prohibir la comercialización y exigir el cumplimiento de la normativa comunitaria sobre etiquetado.

Asimismo, defendemos el reparto de las ayudas públicas hacia las producciones ligadas al territorio hacia las zonas desfavorecidas / zonas de montaña y hacia producciones agrarias de valor añadido, tales como mantenimiento de empleo o defensa de medio ambiente.

La política del Gobierno de Navarra se está realizando sin estudios objetivos que avalen la necesidad de las construcciones que se han abordado, por tanto exigimos la realización de estudios basados en la demanda de agua y no en la oferta). 2.5.2. Apoyo a la explotación agraria familiar.

Defendemos el fomento del cooperativismo y asociacionismo agrario, así como el incremento del tamaño de las explotaciones adoptando medidas que favorezcan la movilidad de tierras en los procesos de concentración parcelaria; el establecimiento de planes de inversión agroalimentaria en zonas con escaso nivel de desarrollo y la creación de ciclos de enseñanza agrícola y de formación. Apoyo mediante ayudas a agricultores a título principal, que garanticen la creación o mantenimiento de puestos de trabajo en el ámbito agrario.

Apoyamos la creación de una etiqueta genérica para Navarra dirigida a las

explotaciones protegidas. Asimismo la creación de una red de locales de comercio justo autóctono evitando los intermediarios y transformadores; el producto irá directamente de la cooperativa al consumidor. 2.5.3. Desarrollo rural.

Ante la situación de despoblamiento que está sufriendo el mundo rural de Navarra, consideramos necesario implementar medidas de desarrollo rural en orden a evitar la obligada emigración interior y fortalecer el equilibrio territorial. Para lograr estos fines hay que establecer los mecanismos coordinadores entre todas las Administraciones públicas y con la Unión Europea.

Proponemos promover el cooperativismo en el sector agroalimentario navarro

insertándolo en el marco industrial y comercial, optimizando la transferencia tecnológica y creando condiciones para la incorporación de jóvenes. Potenciar las iniciativas laborales en las zonas e impulsar una planificación estratégica de desarrollo del turismo rural. Adaptar el sistema educativo a la realidad rural. Favorecer el desarrollo de las infraestructuras de transportes y de telecomunicación y dotación de servicios e infraestructuras en las zonas rurales.


- 52 -

Tratamiento legislativo específico para las zonas deprimidas, con beneficios

fiscales si preciso, que permitan impulsar actividades comerciales e industriales, no sólo la agricultura. 2.5.4. Mujer y medio rural.

Existe una infravaloración de la mujer tanto a nivel familiar como personal y hay una nula valoración del trabajo reproductivo y del que la mujer hace en el campo. Una parte de la solución estaría en el acceso a la formación ocupacional, que permita a las mujeres acceder más fácilmente a trabajo retribuido, y acercar la cultura a este medio, con actividades distintas a las tradicionales.

La creación de servicios de atención a la infancia y a las personas mayores es

imprescindible para eliminar la doble o triple jornada, y para poder disfrutar de tiempo para la formación y el ocio. Proponemos cursos subvencionados de formación para ejercer como ciudadanas activas, interesadas en intervenir políticamente, en el asociacionismo y la sindicación, para que puedan participar en la toma de decisiones y en los Planes de Desarrollo local rural. La situación de estas mujeres de cara a la jubilación también debe ser revisada al alza, ya que es tan pequeña la pensión que les queda que, si sus compañeros mueren, pasan a depender de sus descendientes. 2.5.5. Banco Público de Tierras. La puesta en marcha de nuevos regadíos ligados al Canal de Navarra debe orientarse al apoyo y reforzamiento del modelo cooperativista en el que las pequeñas y medianas explotaciones puedan encontrar un modelo de integración y de eficiencia. A partir de las tierras que dejen de explotar agricultores que cesen en su actividad por jubilación sin sustitución familiar el Gobierno de Navarra promoverá la creación de un Banco de Tierras del que se puedan beneficiar agricultores jóvenes en el marco de un modelo de explotación cooperativa. En vez de subvencionar con 1.500 millones de euros a fondo perdido a los propietarios de las 57.000 hectáreas de tierras que se prevén transformar en los nuevos regadíos proponemos que las ayudas se orientan a la incorporación de nuevos jóvenes agricultores a la actividad dentro de un modelo cooperativista de explotación.


- 53 -

3. DERECHOS PARA TODOS. POLÍTICAS DE IGUALDAD. 3.1. EDUCACIÓN 3.3.1. Educación pública: motor de cambio social

Apostamos ante todo y sobre todo por la educación pública, gratuita y laica, como única garantía de que el derecho fundamental a la educación se pueda ejercer por todas las personas en condiciones de igualdad, pluralidad, respeto a la diferencia y participación democrática. La educación pública, sobre todo los niveles obligatorios, es la garantía de dotar de igualdad real de oportunidades a todas las personas desde la época más temprana de la vida, por encima de diferencias de clase, rentas, género o cualquier otra circunstancia social.

Nos oponemos a la persistencia del sistema educativo elitista que identifica calidad con selección y segregación del alumnado, en lugar de apostar decididamente por una calidad educativa para todos y todas. La calidad depende de los recursos que se invierten. La mejora de los recursos humanos y materiales en los centros públicos permitirá dar respuesta a las diversas necesidades que presentan los alumnos y alumnas a lo largo de todo su proceso educativo.

No podemos compartir los discursos que, con la premisa de asegurar la libertad de elección de centro por los padres, en realidad justifican la prerrogativa de los centros privados de poder elegir a sus alumnos y crear reductos para las élites donde se excluye a los inmigrantes o a los alumnos con necesidades especiales o a la población con necesidades educativas asociadas a condiciones socio-culturales desfavorecidas que suponen una carga que se deja para la red pública.

En los últimos años en Navarra observamos con preocupación una absoluta falta de planificación de las necesidades de los centros educativos públicos, que se plasma de forma más visible en el crónico retraso del plan de obras de construcción y reforma de centros, la persistencia de los barracones o módulos prefabricados, la masificación de centros y la carencia de espacios y equipamientos para desarrollar la educación en las condiciones de calidad exigibles. También es sangrante la congelación del esfuerzo presupuestario cuando las necesidades han ido en incremento, y el agravio que supone un mayor crecimiento de la financiación de la red privada concertada que la de la red pública. Por ello planteamos:

-Un Plan Director de la Educación Pública en Navarra, revisable cada diez años, que aborde con anticipación las necesidades de toda la población y establezca el estándar de calidad exigible en los distintos niveles educativos, abarcando no solamente contenidos de conocimiento sino además valores éticos, de derechos humanos y democráticos.

- Establecimiento prioritario y urgente de la planificación educativa en Pamplona y comarca, para recuperar la enseñanza pública. - Modificar la Ley del euskera. Que no exista una zonificación, de manera que las familias puedan elegir escolarizar a sus hijos en cualquiera de los dos idiomas oficiales de nuestra Comunidad Foral.


- 54 -

- Potenciación de los centros públicos con programas innovadores o de especialización (enseñanzas artísticas, deportivas, etc.). - Mejorar o garantizar los servicios complementarios (transporte y comedor). - Creación de una estructura de coordinación interdepartamental (Educación-Salud-Bienestar Social-Deporte y Juventud) así como con las entidades locales, para abordar aspectos comunes”.

-Un incremento del esfuerzo presupuestario con el objetivo de alcanzar el 5 %

del PIB dedicado a educación.

Nuestras propuestas programáticas responden también al nuevo marco legislativo establecido por la LOE, cuyo desarrollo y aplicación corresponde ahora a las Comunidades Autónomas. IU ha mantenido una postura muy crítica con aspectos relevantes de la LOE que se alejan de nuestro modelo educativo; en coherencia con ello, planteamos una serie de medidas tendentes a contrarrestar sus efectos más negativos en su próximo desarrollo.

Nos referimos sobre todo a las consecuencias derivadas de que la nueva ley NO apueste por la enseñanza pública como eje vertebrador del sistema educativo, sino por una concepción del servicio público de educación según la cual éste puede ser prestado indistintamente por los poderes públicos o por la “iniciativa social” (o sea, privada). La ley también amplía los conciertos educativos, que se extienden a las etapas no obligatorias, generalizándose en el segundo ciclo de Educación Infantil. Y además equipara el derecho de todos a la educación con la "libre elección de centro", supeditando a ello el deber de los poderes públicos de programar plazas escolares suficientes. Todo ello contribuye a una creciente privatización de la educación, especialmente donde gobierne la derecha, fomentando incluso la creación de más centros privados, a instancias de los propios poderes públicos, mediante cesiones de suelo con el compromiso de concierto garantizado.

La ley lamentablemente mantiene el adoctrinamiento religioso dentro de la escuela pública y dentro del currículo para quienes opten por ello, dejando abiertas demasiadas posibilidades para el resto del alumnado, incluso la de poder obligarles a cursar una materia alternativa (¿a gusto de la jerarquía eclesiástica?), adaptada al horario y las exigencias de quienes siguen imponiendo sus privilegios amparándose en unos acuerdos anticonstitucionales. Exigimos que de una vez por todas se denuncien tales acuerdos y que la religión salga del currículo; y mientras tanto, esas enseñanzas se impartirán, para quienes expresamente las soliciten, fuera del horario escolar.

Por otra parte la ley tiene otros aspectos censurables que intentaremos corregir: no impide la segregación por razón de sexo en etapas o aulas sostenidas con fondos públicos; ni corta de raíz cualquier posibilidad de cobro a las familias por enseñanzas concertadas; ni somete a los centros privados concertados a los mismos requisitos de funcionamiento y control social; ni evita la competencia desleal de éstos con la red pública; ni asegura que la cesión de suelo público sea sólo para la creación de centros públicos; ni siquiera se considera falta grave el despido improcedente del profesorado de los centros concertados.

Éstas y otras cuestiones asociadas al nuevo marco legal pueden desvirtuar sus vertientes más prometedoras, incluido el incremento progresivo de financiación hasta


- 55 -

alcanzar (¡en 10 años!) el porcentaje medio de la UE, ya que buena parte de los fondos comprometidos se destinarán a los ampliados conciertos educativos, en detrimento de los recursos que necesita la educación pública.

Pondremos todos los medios para impedir un desarrollo de la LOE que margine

a la escuela pública y fomente la consolidación de dos redes de centros educativos con un alumnado claramente diferenciado. Una, la formada por los centros de titularidad pública, abocados en la práctica a convertirse en una red asistencial dirigida a los sectores más desfavorecidos de la población y a las zonas rurales; y otra, la integrada por los centros privados concertados, con un peso e influencia cada vez mayores entre las distintas capas de las clases medias urbanas. Los diversos proyectos de ley han generado confusión entre la escuela publica y la escuela privada, poniendo al mismo nivel ambas redes, lo que significa avanzar en la privatización y, eso, conlleva dar más poder a las congregaciones religiosas que detentan cerca del 80% de los colegios concertados.

Abogamos por un modelo de escuela laica, que eduque sin dogmas, en valores humanistas y universales, en la pluralidad y en el respeto a los derechos humanos, en la asunción de la diferencia y de la diversidad y en los valores éticos, no sexistas y democráticos. Los niños y niñas, en la escuela, no pueden ser segregados en función de las creencias de sus familias. Exigimos la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede (1976 y 1979) para poder avanzar hacia la escuela laica, ya que tampoco existe mandato constitucional alguno de que la escuela deba garantizar el adoctrinamiento religioso. Deben por tanto cesar las políticas de apoyo a la enseñanza privada sean o no de orden religioso, evitando en todo caso sufragar con dinero público la divulgación de ideas religiosas. 3.1.2. Educación para todos y todas, sin discriminación

Defendemos el mantenimiento de una educación obligatoria de carácter comprensivo, que asegure, por tanto, las mismas oportunidades de aprendizaje a todos los alumnos y alumnas hasta el final de la ESO, mediante la aplicación efectiva y sistemática de las distintas medidas de atención a la diversidad que se requieran en cada zona, en cada centro y en cada aula. Rechazamos, por tanto, todo tipo de vías segregadoras o de pruebas selectivas como pretendida forma de acabar con el llamado “fracaso escolar”. Este complejo problema no se resuelve clasificando a los estudiantes a los 14 años (o antes), ni haciendo de la educación una carrera de obstáculos en los que triunfan unos pocos, sino dando respuestas a las distintas necesidades de los diferentes alumnos y alumnas con el fin de permitir que todos y cada uno de ellos avancen en el desarrollo de su propio proceso educativo.

Exigimos que la gratuidad de la enseñanza básica sea real. Debe comprender libros y materiales didácticos que deba utilizar el alumnado de los centros públicos. Para ello la Administración educativa creará bibliotecas o centros de recursos de aula, así como arbitrará fórmulas de cesión temporal de libros de texto y material a los alumnos.


- 56 -

3.1.3. Educación e inmigración

Es necesaria la participación de las administraciones autonómicas en la política estatal sobre extranjería y una adecuada coordinación entre todas las instituciones implicadas para poder dar respuesta adecuada a las necesidades de integración de los inmigrantes, una de las más importantes es la educación. La Administración debe adoptar un papel activo en la integración total de las personas inmigrantes y para ello se debe dotar de medios humanos y materiales a los centros, de forma que aquellos que necesiten mayor dotación, la reciban. Ofrecer desde las instituciones facilidades de aprendizaje del Euskera a los inmigrantes, tanto para el alumnado como para sus familias.

Plantear políticas de integración y no concentración de alumnado

inmigrante, para evitar “Guetos” y para que haya una normalización más efectiva donde puedan convivir inmigrantes y no inmigrantes.

Creación de oficinas municipales de información educativa con el objetivo

de que las personas reciban una información objetiva y fiable que facilite la elección entre los distintos centros sostenidos por fondos públicos y así evitar el desequilibrio entre centros y redes. Por otro lado, es imprescindible garantizar el funcionamiento de las Comisiones de Escolarización en todos aquellos municipios o distritos, en los que haya más de un centro. Relacionado con esto sería una ayuda que todos los centros dispusieran de todos los modelos lingüísticos integrados, pues eso facilitaría la adecuada distribución del alumnado.

Promover la generalización de Planes de Acogida, en los centros, de manera

que se facilite la integración de las personas inmigrantes en el centro de la forma más adecuada y teniendo una figura concreta como referente (un profesor tutor, al margen del tutor de la clase). Reserva de plazas a lo largo de todo el curso para las personas que lleguen a lo largo del mismo, tanto en centros públicos como privados-concertados.

Sobre el tema del idioma y la inmersión lingüística no es posible adoptar

medidas de carácter general, aunque como norma general, siempre que sea posible, esa inmersión, de ser necesaria, debe ser en el mismo centro y sin perder la referencia del grupo de clase.

Realizar cursos de verano de inmersión lingüística en los dos idiomas oficiales

de la Comunidad Foral, tanto para alumnado inmigrante como de la Comunidad. Formación del profesorado en aspectos como comprensión de las

características y problemática socio-cultural de la población inmigrada y sobre metodología de enseñanza de segundas lenguas. 3.1.4. Nuestra total apuesta por la red pública.

Exigimos en los centros concertados el riguroso cumplimiento de las normas legales sobre la admisión de alumnos, gratuidad, respeto de las minorías, alumnado con discapacidad y alumnado inmigrante, control riguroso de los contratos temporales de profesorado exigiendo que todas las sustituciones se realicen por personal que haya aprobado alguna prueba de selección, respeto del pluralismo y la libertad de conciencia


- 57 -

de la comunidad de cada centro concertado. No se admitirá en ningún caso que segreguen a chicos y chicas. La red privada concertada estará obligada, al igual que la pública, a la admisión o integración de alumnos de minorías, con discapacidad, inmigrantes, con dificultades de adaptación, etc.

La educación es la base de la igualdad y en ningún caso se puede permitir que el

dinero público sirva para sufragar experimentos retrógrados y segregadores como son las aulas o incluso centros separados por sexos. El Gobierno de Navarra no financiará a ningún centro que incumpla cualquiera de las normas o aspectos enumerados.

3.1.5. Educación infantil de 0 a 3 años.

Opción clara por el carácter educativo de estos centros, haciéndoles depender totalmente del Departamento de Educación, dada la importancia que tienen en el desarrollo de los niños y niñas de esta edad, no siendo meros lugares de guardia y custodia.

Es necesario aumentar el número de plazas públicas de calidad en este nivel

educativo, para dar respuesta a toda la demanda que existe y que hoy en día no encuentra satisfacción. Defendemos la gestión pública de los centros, por medio de la gestión directa, sea por la propia Administración titular o mediante un organismo o empresa de carácter público. La financiación debe correr a cargo de los Presupuestos Generales de Navarra.

Proponemos también que estos centros de titularidad pública amplíen sus

servicios a toda la comunidad, de manera que niños y niñas que no asisten a la misma por no haber podido obtener plaza o por opción de sus padres, tengan algunos momentos en los que puedan optar a servicios educativos con el personal de la Escuela. Debido a nuestros planteamientos de pluralidad, respeto a la diferencia y búsqueda de la integración de la misma, en aquellos lugares donde se oferten plazas en distintos modelos lingüísticos, deberán hacerse centros que los integren.

Dada la importancia que concedemos a esta etapa educativa y la calidad que

demandamos para ella, exigiremos que todos los centros que reciban alumnado de esas edades, ya sean de titularidad pública o privada, cumplan unos requisitos mínimos para ser admitidos como tales y para continuar ejerciendo su labor. En este sentido, creemos que deben ser centros que oferten el ciclo completo, con ratios adecuadas, con profesionales debidamente titulados y que tengan los espacios de trabajo, descanso y ocio adecuados. 3.1.6. Enseñanza universitaria.

En lo que respecta a las competencias de Navarra en materia de universidades, entendemos prioritario que la Universidad Pública de Navarra reciba un fuerte apoyo económico desde los Presupuestos Generales de Navarra a través de planes plurianuales que garanticen:

a) Una enseñanza de calidad


- 58 -

b) Una enseñanza accesible a todos los estudiantes, independientemente de su capacidad económica, con una política de tasas y becas adecuada que no deje a nadie fuera de la Universidad.

c) Un incremento importante de la actividad investigadora y científica. d) Una universidad participativa y abierta a la sociedad, que colabore con el

resto de las instituciones en el progreso económico y social de Navarra. e) Ampliar la oferta de titulaciones. El llamado proceso de Bolonia para establecer un espacio europeo de educación

superior puede suponer una oportunidad para avanzar en la convergencia entre los distintos países y posibilitar la movilidad de los estudiantes y de los titulados. Pero en función del modo en que se desarrolle supone también una amenaza de que se convierta en un elemento instrumental al servicio del mercado, del modelo de competitividad neoliberal y de erosión de la enseñanza pública y del acceso a la misma por méritos y no por capacidad económica. Exigimos que su implantación en la Universidad Pública de Navarra se haga con la participación de toda la comunidad universitaria y con los criterios antes expresados.

Se debe avanzar en la implantación de enseñanzas en euskera, tanto desde el

punto de vista de su protección y fomento como patrimonio cultural como desde su consideración como un instrumento más de comunicación y trabajo. Debe garantizarse la presencia del euskera en función de su demanda en las distintas titulaciones, dentro de un planteamiento de fomento de una universidad plurilingüe donde los estudiantes deben capacitarse en el manejo de varias lenguas como parte de su formación. Debemos trabajar por eliminar la consideración del euskera como problema y como excusa para la confrontación. 3.1.7. Becas y ayudas al estudio.

Las ayudas al estudio en todos los niveles educativos son una herramienta esencial para asegurar el derecho de todos al estudio y la igualdad de oportunidades. En los últimos años el esfuerzo presupuestario no ha sido ni suficiente ni equitativo. Proponemos:

-Incremento de las cantidades destinadas a las distintas modalidades de becas y ayudas. Se debe tener en cuenta a la hora de la adjudicación de una beca para universidad, cuestiones como habitar fuera del lugar donde está instalada la misma, teniendo en cuenta bonificaciones por transporte y alojamiento y en consecuencia se abone desplazamiento y residencia en la parte que se estime oportuna.

-Modificar los criterios de concesión de becas y ayudas al estudio en todos los niveles educativos, incidiendo en las capas sociales más desfavorecidas y del mundo rural, redistribuyendo los recursos.

-Control riguroso del cumplimiento de los requisitos para tener acceso a las

becas, activando mecanismos contra el fraude fiscal.

-Sistemas de becas salario acogidas a la Seguridad Social para estudios superiores.


- 59 -

- Cambio en la política de becas a contratos; Carta Europea del Investigador. Establecer un marco jurídico general para las ayudas a la investigación, sustituyendo las becas sin protección social por sistemas mixtos de becas más contratos laborales y medidas de inserción en el mundo laboral de los investigadores en las etapas pre y post doctorado. 3.1.8. Coeducación.

Debemos partir de que el centro escolar es un espacio ideal para fomentar

valores como el respeto, la igualdad dentro de la diversidad, la comprensión hacia los y las diferentes y el espíritu crítico. Por ser un lugar donde se aprende a pensar, a descubrir y a analizar, es un lugar idóneo para fomentar la igualdad y prevenir la violencia.

Para este cambio no es suficiente cambiar el modelo educativo, ya que también hay que cambiar el económico y cultural, pero pasando de la escuela mixta a la coeducativo, ponemos una base más para la transformación social.

La coeducación pretende ser una pedagogía que acabe con la violencia estructural de la sociedad patriarcal, y que favorezca la rebelión ante el abuso de poder, que defienda los espacios personales y colectivos de libertad de expresión y que instaure relaciones justas, entre diferentes sexos, culturas, caracteres y personalidades. Hay temas fundamentales que debemos y podemos hacer desde la escuela, como no transmitir la violencia como un valor, inherente al sexo masculino, e incluso verla como algo atractivo.

La mirada crítica a los medios de comunicación desde el ámbito docente es también muy importante y forma parte de la coeducación, por lo que hay que enseñar al alumnado a analizarlos críticamente, con pautas claras y precisas, haciéndoles ver el sexismo, la violencia y el racismo de muchos mensajes.

Este tipo de tarea exige formación específica del profesorado, pero también del conjunto de la comunidad escolar, con planes concretos para profesores, padres y madres y personal laboral, continuos en el tiempo. Si no, el trabajo que se hagas con el alumnado será estéril, ya que entrará en contradicción con el entorno más próximo. El cambio de mentalidad, junto con la formación, son esenciales para llegar a la igualdad y alejarnos de la violencia.

El pacto escolar que se mencionaba en el epígrafe de violencia en los centros escolares debería incluir también este objetivo, de alcanzar la coeducación en el plazo más breve posible, con todo lo que conlleva: libros de texto no sexistas, aparición de mujeres y hombres sin roles, etc. 3.1.9. Violencia en los centros escolares.

La escuela soporta una gran parte de la carga educativa de nuestra sociedad; es el lugar, junto con la casa, donde los jóvenes pasan la mayor parte de su tiempo. Por eso es fundamentalmente hacia los centros escolares donde se dirige la mirada a la hora de buscar soluciones desde la educación a los fenómenos violentos. Si entendemos que la


- 60 -

educación es un producto social, no nos debe extrañar que tratemos de relacionar ambos conceptos, es decir, el modelo educativo con el modelo social al que ha de servir.

Es necesario hacer visible y reconocible mucho de lo que pasa en la vida de niños y niñas, hombres y mujeres, no atajar los problemas callándolos, negándolos o minimizándolos, sino atacándolos en su raíz y profundizando en ellos. Potenciar los centros escolares como instancias de participación es una consecuencia lógica y una exigencia de la innegable relación existente entre escuela-entorno.

Es evidente que no bastan leyes ni normas para acabar con la violencia, por lo

que no abordamos con autonomía el tratamiento a situaciones conflictivas que se producen en el centro, que muchas veces tienen origen en la familia, en el barrio o en los medios de comunicación, donde se transmiten modelos violentos que influyen de forma decisiva en la existencia de conflictos.

En los últimos años el problema del maltrato entre escolares ha pasado de ser un fenómeno oculto, a ser considerado un problema psicológico, educativo y social por el que se han interesado la investigación, la administración educativa y los medios de comunicación de masas.

Un centro escolar es, o debería ser, un espacio importante de convivencia y socialización para el alumnado, que va constituyéndose en grupos de iguales y dotándose de normas propias y convenciones, construyendo la relación de compañeros/as, necesaria y útil para su desarrollo, sobre todo en la socialización. Para acabar con esta violencia proponemos:

- Democratización de los centros escolares. - Atención especializada al alumnado con problemas. - Medidas reales para el profesorado, que permitan desarrollar la labor docente

de forma normalizada. - Un gran Pacto escolar de la comunidad educativa navarra, que considere

este problema de primera magnitud, y que elabore medidas para su solución, implicando a todos los agentes intervinientes.

3.1.10. Participación. Implicación de los padres y madres en la Educación.

Para el aumento del “éxito escolar” de los alumnos, es necesaria la corresponsabilidad entre los centros educativos y los padres y madres, para ello es prioritaria la participación de la familia en el proceso educativo de sus hijos.

Para que la participación de los padres y madres sea una realidad es necesario dotar a las Asociaciones y Federaciones que les representan de:

- Infraestructuras mínimas o subvenciones que las mantengan - Programas de formación o subvención de programas”.


- 61 -

3.2. CULTURA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN 3.2.1. Otra política cultural.

La cultura resulta ser el centro normativo-simbólico de cada sociedad. La interiorización que cada uno hace de sus sistemas de status y roles proviene de la socialización e integración en los valores de tal modelo cultural. Interiorizamos desde la infancia una serie de normas y símbolos, de motivaciones y deseos que no siempre corresponden a nuestros verdaderos intereses y que provienen de los grupos hegemónicos que dominan las estructuras de poder y control colectivos.

En el nuevo orden mundial de la posguerra fría coexisten y se retroalimentan entre sí la revolución cibernética, la financiarización de la económica y la crisis del poder político. La idea de armonía social es sustituida por la tiranía del mercado que lo penetra todo, cultura, deporte y hasta religión.

La idea de progreso es reemplazada por la ideología de la comunicación (las máquinas de éxito: móvil, Internet, docenas de canales de TV). La comunicación se ha convertido en un sector estratégico de la economía, de la política y de la cultura. En este contexto, la cultura queda reducida a un mero espectáculo, a un bien de consumo que, como todos, se usa y se tira a los dictados de la moda impuesta por los “empresarios de la cultura” y que oculta grandes dosis de manipulación ideológica. Ante su creciente uniformización, concentración y mercantilización degradante se impone la alternativa de una política cultural al servicio de la gente. Hay que reconducir estos dos nuevos paradigmas –mercado y comunicación– hacia un humanismo irrenunciable.

En esta línea proponemos una política cultural: - Que, frente a la creciente uniformización–disneylandización de las grandes multinacionales, potencie valores humanos y no mercantiles, y que compatibilice los contenidos universales con lo autóctono, sin caer en ese provincianismo que tanto padecemos que por toda cultura propia exalta, de forma aislada, unos residuos meramente folklóricos y decorativos, al tiempo que no pone en cuestión el orden cultural internacional que se nos va imponiendo.

- Que valore y potencie, en el discurso identitario, la variedad de elementos que componen nuestro pasado histórico, con la aportación de los diversos pueblos y culturas que nos han precedido, sin exclusiones de ningún tipo.

- Que se considere la pluralidad lingüística, castellano y euskera, como algo digno de ser conocido y disfrutado por todos. Que junto al inglés y el alemán, se potencie decididamente el estudio y difusión de las lenguas europeas y muy especialmente latinas: francés, portugués e italiano. Que se cree un espacio para el estudio y divulgación de las lenguas históricas de nuestra comunidad; provenzal, occitano y, de modo muy especial, el hebreo y el árabe.

- Que se potencie la red de bibliotecas públicas, integrando en ellas centros de documentación, hemeroteca y videoteca, donde puedan encontrarse productos de calidad de escasa comercialización ampliando sus horas de apertura y reconociendo a todos los niveles la labor de los profesionales que trabajan en ellas.


- 62 -

. Que se creen o desarrollen centros culturales y de ocio que complementen los

servicios de bibliotecas, museos, centros de jubilados, casas de la juventud, etc.

- Que se promueva una práctica cultural laica e integradora de diferentes religiones y culturas, de acuerdo con los nuevos tiempos.

- Que se promueva la creación de productos culturales, teatro, literatura, cine, vídeo, artes plásticas, cortometrajes, música, canción, etc., que, respondiendo a criterios de calidad y de pluralidad, ayuden a defender la producción artística propia, en especial de los nuevos creadores.

- Que se fomente la libertad en las iniciativas culturales a cargo de colectivos sociales, las culturas alternativas, la autogestión de centros culturales, etc., expresión de la pluralidad de formas de entender la sociedad y de la cultura como participación y no sólo como consumo de productos culturales.

- Que frente a la hegemonía de la cultura norteamericana, tanto en versión original como en las copias de ese modelo que reproducen multinacionales de otras banderas, se facilite la difusión de todas aquellas creaciones, cualquiera que sea su origen, que divulguen los valores de la racionalidad, la igualdad de derechos y la solidaridad.

- Defensa del patrimonio arqueológico y paleontológico como bien precioso, de valor inestimable, legado de los pueblos y culturas que nos precedieron en el tiempo y el espacio y testimonio vivo de pluralidad histórica y cultural, frente al modelo de discurso unilineal (blanco, católico; cuando no maniqueo español/vasco). Pero es frágil y, en caso de error, irrecuperable; por ello pedimos el máximo rigor y respeto por el patrimonio, por encima de cualquier coyuntura política y económica. En su caso las excavaciones deben hacerse con criterios exclusivamente arqueológicos, sin premuras de tiempo, ni otros condicionantes. Conservando, garantizando y valorizando la integridad de los restos para el estudio y disfrute de la sociedad.

- Promoción del deporte como actividad accesible a todos los ciudadanos, a través de instalaciones públicas apropiadas; prioridad del deporte de base y popular frente al deporte profesional y competitivo; control de los fondos públicos dedicados al deporte para evitar que caigan en manos de intereses oligárquicos y mercantiles; democratización de las estructuras deportivas y freno a su manipulación por el poder político. Prestar especial apoyo a la pelota vasca y a los deportes rurales, autóctonos.

En resumen, en defensa del imaginario y del mundo simbólico de los navarros y las navarras, pretendemos potenciar el patrimonio histórico, arqueológico y monumental; promover la cultura propia y defenderla frente a la mundialización y el poder del mercado, y asegurar el acceso y la participación de toda la ciudadanía a las actividades culturales. 3.2.2. Medios de comunicación: servicio público, democrático y con veracidad.

Los medios de comunicación deben satisfacer las necesidades ciudadanas de recibir información independiente y contextualizada, de articular su opinión en el


- 63 -

proceso democrático. El punto de partida debe ser el acceso libre de la ciudadanía a la información, comunicación y a la cultura, lo que debe significar una articulación de la presencia y de los espacios en los medios de comunicación públicos.

La comunicación ha pasado a ser un instrumento privilegiado del poder político y económico. En este sentido el medio de comunicación más poderoso es la televisión que se ha convertido en una máquina de generar ideología y manipulación y conformar la estructura informativa, cultural y de ocio de la población.

Consideramos de suma importancia contar con una televisión pública, con

control democrático guiada por criterios servicio público de calidad. Apostamos por la rentabilidad social de la radiotelevisión pública, por un espacio libre, de interés cultural y social, que abra sus puertas a los diversos grupos sociales para exponer sus cuestiones y proponer soluciones, porque ellos conforman el tejido de la sociedad navarra.

En los últimos años asistimos al desarrollo espectacular de nuevas tecnologías de la comunicación y, en particular, de Internet. El ciberespacio, todavía en formación y crecimiento, ofrece nuevas posibilidades para una comunicación plural y directa entre los ciudadanos de todo el mundo, más libre que otros medios en relación a la posibilidad de control y manipulación por parte del poder político y económico. No obstante, existen también riesgos de que se produzca esa manipulación, por lo que a todos los niveles debe velarse por un desarrollo armónico, libre, plural y cívico de las posibilidades del ciberespacio.

En definitiva, tenemos que actuar y facilitar la formación de la ciudadanía. La Ley del Mercado no la discute ningún medio de comunicación y menos en situaciones críticas. Debemos conseguir que la ciudadanía se dé cuenta de que vivimos en un sistema mediático al servicio del mundo capitalista.

Nuestras propuestas son las siguientes:

- Desconexión para Navarra en Radio Nacional para programas de interés local.

- Concesión de frecuencia de Radio 4 para toda Navarra, buscando una voz

pública, de radio interactiva, cercana y con la posibilidad de diversidad lingüística.

- Mantenimiento del Centro Territorial de RTVE en Navarra. Correcto aprovechamiento de las capacidades de instalaciones y personal haciendo de él un centro de producción propia, capaz de dinamizar el sector de la creación artística: musical, plástica, de teatro, danza, audiovisual, cortometraje, cine, vídeo, literatura, canción, etc., con repercusión en la producción y difusión de la cultura navarra, abierta al debate de los temas sociales que preocupan a diario a la ciudadanía, abriendo espacios a la participación plural de colectivos sociales y políticos. Producción y difusión de informativos de fin de semana, sábados y domingos y de un informe-resumen semanal de lo más relevante ocurrido en la comunidad.

- Dotar al Consejo Asesor de RTVE en Navarra de los medios materiales y humanos para la correcta realización de sus funciones y ubicación del mismo en el edificio del Centro Territorial.


- 64 -

- Modificación del Consejo Audiovisual de Navarra para abrirlo a la pluralidad de todas las opciones políticas y grupos sociales de representatividad en Navarra.

- Control riguroso de las condiciones de concesión de los canales autonómicos y locales de Televisión Digital Terrestre en cuanto servicio público.

- Creación del Tercer Canal público en Navarra, de titularidad y gestión públicas, gestionado democráticamente y con criterios de rentabilidad social y apuesta clara por la calidad en los programas emitidos que responda a las funciones deseadas y a los intereses plurales de nuestra Comunidad.

- Establecer los Consejos de Redacción en la radio, prensa y televisión, que velen por los derechos éticos de los profesionales para que no se les obligue a emitir falsedades o informaciones que vayan en contra de la verdad o la dignidad profesional; respeto del derecho de acceso de los grupos sociales y derecho de rectificación.

- Erradicación de programas y contenidos de publicidad que atenten contra la dignidad de las personas. Eliminación de todas las formas de discriminación y tratamiento frívolo de la imagen de las personas en general y de las mujeres en particular. Medidas para sensibilizar a los profesionales de los medios de comunicación y agentes propagadores de la cultura para eliminar el uso sexista del lenguaje.

- Cumplimiento de la ley de barreras, con la introducción de medidas compensatorias para los no oyentes (subtítulos, lengua de signos en la televisión, etc.)

- Regulación por ley de la publicidad pública en los medios de comunicación privados, asegurando la neutralidad, la pluralidad e igualdad de oportunidades, así como el equilibrio entre el uso de las dos lenguas oficiales. Regulación de las campañas electorales para asegurar la igualdad en el acceso a los medios de comunicación públicos y privados de todas las opciones políticas.

- Apoyo institucional a los medios de comunicación alternativos gestionados por colectivos sociales.

- Apoyo público a la cibercultura navarra, mediante: subvención de la adquisición de equipos y la formación, especialmente a los sectores más desfavorecidos económicamente. Creación del Observatorio Navarro de la Cibercultura.

- Ampliación de los sitios públicos en Internet para el acceso de los ciudadanos a los servicios públicos y a la información administrativa y cultural; creación de bases de datos accesibles sobre el patrimonio cultural navarro. 3.3. POLÍTICA LINGÜÍSTICA 3.3.1. Respeto de la pluralidad lingüística.

Dos son las lenguas propias de Navarra, así lo recoge el Amejoramiento del Fuero y, en consecuencia, en el ámbito de lo público los ciudadanos navarros tienen derechos, y en algunos casos deberes, sobre el conocimiento y uso de ambas lenguas.


- 65 -

El euskera, lengua milenaria europea y patrimonio cultural universal, frente a

intenciones de utilizarlo como instrumento de confrontación social y política, ha de ser un elemento de cohesión social en nuestra comunidad foral. Debemos defender, y defendemos, el desarrollo del euskara y la normalización lingüística mediante la intervención de los poderes públicos municipales y forales, que contribuyan a garantizar el derecho de todos los ciudadanos y las ciudadanas a conocerlo y a comunicarse libremente en él, tanto en el ámbito de la administración foral, como en cualesquiera otros ámbitos propios de la convivencia social.

Defendemos una política lingüística que promueva la recuperación y

normalización del euskera en nuestra comunidad desde el respeto y ejercicio de la libertad de los ciudadanos, desde la no discriminación por razón de lengua y desde la búsqueda del consenso y del acuerdo. Nos oponemos a la politización electoralista del euskera, a que la lengua sea un elemento de división entre nuestro pueblo y, para ello, la mejor manera de impedirlo es trabajar por un pacto institucional sobre la política lingüística que se elabore desde el respeto a la pluralidad de Navarra. 3.3.2. La zonificación lingüística y la nueva política lingüística.

La Ley Foral del Vascuence, desarrollando las previsiones del Amejoramiento, establece tres zonas lingüísticas en Navarra. Una zona vascófona, en la que el vascuence es cooficial juntamente con el castellano, así como otra zona mixta y una tercera no vascófona en las que el vascuence no es lengua oficial.

Con el Decreto Foral 372/2000 que regula el uso del euskera en la Administración se produjo un punto de inflexión en el proceso de normalización lingüística en nuestra comunidad. Su aprobación supuso un retroceso en el desarrollo de los derechos lingüísticos adquiridos en Navarra, y a la vez generó una contestación social importante. Su anulación por los tribunales llevó a la aprobación de una nueva norma, el Decreto Foral 29/2003, que es prácticamente idéntico al anterior, y que también ha sido recurrido y ha sido objeto de anulación de cuatro apartados puntuales. Estos decretos recortan los derechos a utilizar el euskera en la zona vascófona y los dejan en nada en las otras zonas.

No contribuye a normalizar y menos aun fortalece la posición de la lengua vasca, en contra de los objetivos señalados en la Ley Foral del Vascuence, la reformulación del concepto de política lingüística llevada a cabo por parte del Gobierno de Navarra. La “política lingüística” pasa de ser una materia referida a una lengua concreta, el euskera, a ser algo que tiene que ver con las lenguas en general. El Gobierno de Navarra entiende que la función de la Dirección General de Política Lingüística no es la de coordinar la aplicación y el desarrollo del euskera sino de todas las lenguas que no son el castellano. El propio Gobierno está legalizando y fomentando una situación de disglosia

La política lingüística seguida por el Gobierno y por ayuntamientos gobernados por UPN y CDN contradicen la letra y el espíritu de las disposiciones generales de las políticas lingüísticas de las instituciones europeas y en concreto, la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. El comité de expertos de la Oficina Europea de Lenguas Minoritarias del Consejo de Europa, en su informe sobre aplicación de la Carta


- 66 -

en España, señala que el Gobierno de Navarra, amparándose en el Decreto Foral 29/2003, ha restringido el uso del euskera y, en algunos casos, lo ha hecho incluso desaparecer del ámbito público institucional. Esta norma restrictiva ha supuesto, en la práctica, la desaparición de la zona mixta y un retroceso grave en los derechos lingüísticos reconocidos a los ciudadanos de la zona vascófona. El informe habla de la preocupante situación del euskera en la Comunidad Foral de Navarra, ya que son muchos los espacios en los que se está impidiendo el desarrollo de la lengua vasca, a pesar de las peticiones sociales; y se aprecia una política limitadora y de retroceso. Este comité de expertos recomienda el fin de la utilización política del euskara, la discriminación positiva, la creación de un órgano administrativo interdepartamental que centre sus esfuerzos en planificar e implementar una política lingüística acorde a los principios establecidos en la Carta Europea de Lenguas Regionales o Minoritarias y la Ley Foral del Vascuence, normalizar relaciones con los diferentes agentes que trabajan en el desarrollo, defensa y promoción de la lengua vasca en la Comunidad Foral, y el posibilitar la enseñanza pública en euskara en la zona no vascófona atendiendo a criterios de voluntariedad y proporcionalidad.

Por desgracia, la respuesta del Gobierno de Navarra a estas recomendaciones ha

sido negar fuerza vinculante a la Carta Europea por encima de las disposiciones forales y poner en duda la objetividad del comité de expertos. 3.3.3. Nuestras propuestas.

a) La normalización lingüística se debe alcanzar de una forma gradual, posibilista y no traumática, para que el euskera sea un elemento cotidiano de expresión y comunicación que cohesione e integre a la sociedad en su conjunto. El proceso de normalización ha de estar regido por los principios fundamentales de igualdad, voluntariedad, progresividad y respeto a los derechos lingüísticos de los ciudadanos.

b) Apostamos por el impulso de programas tendentes a la normalización a dos niveles diferentes. El primero sería el referente a la mejora de la situación del euskera como elemento de comunicación en todos los ámbitos, desde la administración y los servicios de la misma, hasta el ámbito de las relaciones sociales. Y el segundo nivel haría referencia al desarrollo de medidas de especial apoyo y fomento en aquellas zonas en las que su presencia sea testimonial, con campañas de sensibilización, formación de adultos, edición de documentación y materiales, fomentando su uso en los medios de comunicación, y ofertando escolarización en los modelos A, B y D, siempre en función de la demanda y bajo el criterio de la voluntariedad.

c) Asimismo, planteamos la conveniencia de que se reconozca la oficialidad del euskera en todo el territorio de la Comunidad Foral de Navarra mediante la consiguiente reforma de la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero, pero en atención la diversidad de situaciones sociolingüísticas y a los principios de igualdad y voluntariedad no entendemos adecuado que se establezca la obligación del conocimiento del euskera o la euskaldunización como finalidad de la educación obligatoria. En las actuales zonas mixta y no vascófona debe aunarse el criterio de oferta pública de enseñanza en euskera y fomento de esta lengua con el de voluntariedad.


- 67 -

d) En este sentido abogamos por una reforma de la Ley Foral del Vascuence que asimile la actual zona no vascófona a la zona mixta. Este cambio conllevaría la obligación de la administración de ofertar enseñanza en euskera para atender toda la demanda que se produzca. Asimismo los servicios de la administración deberían atender en euskera a los ciudadanos que así lo demandasen.

e) En el ámbito universitario defendemos el que se materialicen planes de normalización que determinen la puesta en marcha de estudios en euskera en función de la demanda real que se produzca. Ello impulsado desde los poderes públicos y coordinado con la dirección de la Universidad Pública de Navarra.

f) Impulso a la utilización del euskera en las Administraciones Públicas, recuperando las líneas del Decreto Foral de 1994 derogado: uso del bilingüismo, en la presencia del euskera en los símbolos de la comunidad y en la existencia de circuitos administrativos bilingües para atender a los ciudadanos.

g) Partimos de que en la política de normalización y potenciación del euskera en Navarra en las zonas mixta y no vascófona en ámbitos como el educativo y el universitario se debe respetar el principio de voluntariedad. El sistema educativo y la universidad deben garantizar el derecho a estudiar en euskera respondiendo a la demanda real existente y adaptando sus estructuras y recursos a esa demanda. Se trata en definitiva de que la administración en estas zonas respete la libertad de elección de la ciudadanía y no imponga sus propios criterios y políticas.

h) Apoyamos el sistema de modelos lingüísticos vigentes en nuestro sistema educativo obligatorio –A, B, D y G-, desde el reconocimiento expreso y la disposición de los medios necesarios a los modelos mayormente demandados. Entendemos necesaria la convivencia de modelos en los centros, evitando la actual política de segregación. Un objetivo esencial es garantizar la escolarización pública del alumnado en cualquier modelo lingüístico, con especial énfasis en los sectores más desfavorecidos, extranjeros o inmigrantes con dificultades de adaptación a nuestro sistema escolar, y en atención a una política educativa general de carácter público, integradora y flexible. i) Además, atender y cofinanciar adecuadamente los centros dedicados a la euskaldunización de adultos, potenciando una red de euskalteguis municipales, y reforzando el trabajo de creación de materiales didácticos, en atención a las necesidades establecidas por los responsables formativos revirtiendo la política de recortes injustificados que el gobierno de la derecha unida viene aplicando en los últimos años. j) Resulta imprescindible una coordinación interinstitucional, promovida por el Gobierno de Navarra, que asegure la participación en la normalización lingüística y en los diferentes planes establecidos al efecto de las distintas administraciones públicas. Entendemos que las diferentes administraciones no deben trabajar aisladamente, al vaivén de las correlaciones políticas, ya que esto favorece la instrumentalización partidista del euskera. k) La difusión del euskara a través de los medios de comunicación es fundamental para la normalización de su uso. Por ello se debe potenciar la difusión del


- 68 -

euskera en los medios de comunicación audiovisual públicos, mediante la financiación foral y la pertinente colaboración con los mismos.

l) Se harán planes específicos desde el departamento de educación para euskaldunizar al profesorado, ofreciendo liberaciones suficientes para todos/ as aquellos/ as que se comprometan a adquirir el conocimiento del idioma en un plazo determinado, con reciclajes posteriores garantizados, en todas las zonas de Navarra. Desde el respeto a los cánones periodísticos y la confianza en el compromiso de los medios de comunicación públicos por la difusión de valores democráticos, entendemos que el tratamiento que éstos otorguen al euskera ha de procurar, en todo momento, acercar el idioma a la población no euskaldun, al objeto de normalizar la percepción social de la lengua. 3.4. SALUD 3.4.1. Derecho a la salud y sistema sanitario.

En los últimos años estamos sufriendo un gran deterioro de nuestro sistema sanitario. Un sistema público que ha sido tradicionalmente bien valorado por los ciudadanos y ciudadanas de Navarra, pero que últimamente y pese a la pretensión gubernamental de vivir de rentas y seguir publicitando sus excelencias ofrece demasiados síntomas de degradación, que si es preocupante en el presente lo es mucho más para el futuro. No solo no se da respuesta adecuada a las nuevas necesidades y problemas de salud, sino que lo que hasta hace pocos años funcionaba bien ahora presenta deficiencias que repercuten de manera negativa y baja nuestro nivel de satisfacción con el sistema sanitario que sentimos, que nos hace perder la confianza tan necesaria en materia de salud.

Queremos un sistema acorde a las necesidades de la población de Navarra y acorde a nuestro nivel de desarrollo. Queremos un sistema accesible, equitativo, de justicia.

Apostamos por servicios de titularidad y gestión públicas como actividades económicas de interés general y con control público. Defendemos y propugnamos la existencia de servicios de interés general de calidad accesibles para todas las personas, independientemente de sus condiciones sociales. Apostamos por la calidad y suficiencia en la red de servicios de utilización pública en salud. Para ello, deben ampliarse los centros y servicios ya que el aumento de población lo exige. Igualmente es necesario y urgente una mayor atención para los mayores en las especialidades de gerontología, ginecología, etc., dadas las graves carencias que padece este colectivo que también aumenta considerablemente.

Proponemos para el sistema sanitario de Navarra que a la finalización del nuevo Plan de Salud 2006-2010 se dedique a la sanidad pública el 6 % del PIB navarro, un porcentaje similar al de los países europeos con mejores sistemas de protección social; en estos momentos dedicamos sólo el 4,5 %. No nos sirve de consuelo compararnos con otras Comunidades Autónomas españolas que puedan gastar menos; nuestra referencia debe ser la Unión Europea. Este incremento presupuestario que estimamos necesario


- 69 -

debe dedicarse a corregir los graves problemas que tiene la sanidad en Navarra, como son: listas de espera, problemas en el servicio de oncología, mejora de la atención primaria. Para paliar las listas de espera es fundamental realizar un esfuerzo inversor en medios humanos y materiales. Debe abordarse la construcción de un hospital en la zona Tafalla-Carcastillo y otro en la de Roncal-Sangüesa que dé servicio a los habitantes de esas localidades.

Para corregir a medio plazo la dinámica de gasto creciente y los efectos de pasividad y dependencia generalizados que el actual modelo sanitario de carácter asistencialista y consumista provoca, una parte creciente del gasto presupuestario debe orientarse a la promoción de la salud.

La estrategia de promoción de la salud implica supuestos y genera actuaciones y procesos que permiten a las personas aumentar más el control sobre su propia salud y mejorarla. En esta estrategia la visión global de la salud integra la dimensión biológica, la psicológica y la social; las personas, grupos y comunidades son agentes activos y protagonistas de su propia salud, y los resultados en salud dependen de la interacción entre los determinantes de la salud, los acontecimientos vitales que acaecen en la vida y las decisiones que cada cual adopta.

Las actuaciones de promoción de la salud se dirigen a mejorar las capacidades de las personas para llevar una vida más sana, y a mejorar los entornos sociales que condicionan la salud haciéndolos más saludables. Estas actuaciones buscan promover estilos de vida o maneras generales de vivir que sean saludables ( alimentación sana, ejercicio físico, no fumar, uso moderado del alcohol, conducción segura, vida sexual sana, manejo del estrés, formas de pensar y relacionarse consigo mismo y con los demás gratificantes, dotación de habilidades personales y sociales, relación comprometida con el entorno social,...) y mejorar los entornos y la sociedad en que se vive haciéndolos más saludables, o lo que es lo mismo, más a la medida humana, más facilitadores de actividades saludables, y menos nocivos para la salud. 3.4.2. Atención Primaria para toda la población.

La Atención Primaria es la encargada de velar por la salud de la población en las Zonas Básicas de nuestra Comunidad. Para realizar este cometido se requiere disponer de adecuados medios materiales y personales. Son necesarios profesionales que dispongan de tiempo suficiente acorde a la población designada, no solo en cuanto a número sino también en cuanto a tipología en función de la edad de la población, número de inmigrantes, personas con pluripatología y otras características. Además la disposición de un número de profesionales de salud ha de ser independiente de si es periodo vacacional u otras circunstancias para lo que se requiere un sistema de sustituciones eficiente, acorde con las necesidades y en condiciones laborales justas y apropiadas para el cumplimiento de su función.

Se está dando una política presupuestaria restrictiva que se evidencia por el retraso en la puesta en marcha de centros de salud finalizados a mediados de 2005 pero sin presupuesto para equipamiento durante muchos meses (II Ensanche, Barañain) y el retraso en el inicio de construcción de nuevos centros: Buxtintxuri.


- 70 -

Nuestras propuestas para una Atención Primaria de calidad accesible a toda la población son las siguientes:

- Incremento de recursos que propone la Plataforma de los 10 minutos, aunque sin desligarla de aspectos organizativos: no a las listas de espera en AP, mayor flexibilidad de horarios (apertura de todos los centros por las tardes), refuerzo de visitas domiciliarias, refuerzo también de las áreas administrativas. Atención a las necesidades de formación continua del personal con disponibilidad de tiempo para estudio, investigación y docencia.

- Actualización constante de su competencia para que pueda dar respuesta a los problemas nuevos de salud, con nuevas tecnologías y con acciones positivas para la atención integral de grupos específicos: personas inmigrantes, personas en situación de dependencia, jóvenes, mujeres,... haciendo cada vez más posible la equidad en el acceso a la salud. Dotar a todas las zonas básicas de salud de guardias presenciales.

- Impulso a la estrategia de promoción de la salud, dotando a los centros de atención primaria de más medios materiales y, sobre todo, humanos para que puedan llevar a cabo esta tarea. Aumentar significativamente las prestaciones básicas de educación y promoción de la salud en la Cartera de Servicios. 3.4.3. Salud mental.

La atención a las situaciones de trastorno mental crónico en jóvenes-adultos y la atención a las situaciones de demencia son dos materias de atención en el sistema sanitario que recoge el Plan de Salud 2001-2005 y que todavía no se han abordado. Lo único que en la actualidad tenemos es una propuesta de atención a personas con trastorno mental grave (TMG) que es muy mejorable en varios aspectos.

Nuestras propuestas: - Un mayor compromiso presupuestario. - Elevar a Dirección la actual Subdirección de Salud Mental. -Crear la figura de al Dirección Técnica del Plan de TMG, que dinamice y se

responsabilice de su desarrollo y de la coordinación de sus recursos sociales y sanitarios.

-Más especialistas clínicos en salud mental y diversificación de profesionales.

Más dotaciones, particularmente de Centros de Día, y en todas las cabeceras de comarca.

-Coordinación mediante protocolos, en los diferentes ámbitos en los casos de ingresos involuntarios de pacientes, entre servicios de urgencias, jueces, policía.

- Garantizar en el sistema de atención a la dependencia que se incluya la

enfermedad mental


- 71 -

-Fomentar la realización de estudios en investigación de la salud mental. realizar campañas informativas dirigidas tanto a las familias de los enfermos como a la sociedad en general.

-Aumentar las plazas en hospitales de día, como paso a la incorporación familiar y social de las personas que hayan pasado procesos agudos, y ampliarlo a la atención de personas mayores. Aumentar las plazas para personas con trastornos mentales graves, así como en centros de acogida temporal para dar plazos de respiro de familiares que los atienden.

- Buscar alternativas laborales para enfermos mentales, no sólo en centros

especiales, sino también en centros comunes de trabajo. Flexibilización positiva de los criterios para la obtención de la condición de incapacidad absoluta y de incapacidad total, y elevación de los subsidios no contributivos de dichas incapacidades. 3.4.4. Uso racional de fármacos.

En estos momentos el gasto farmacéutico en Navarra está en 28.468.798 millones de euros, es una cantidad exagerada y para paliar este gasto que año tras año sube, hacemos estas propuestas:

- Uso racional de los medicamentos genéricos, más baratos e igual de eficaces que los otros, también en la atención especializada, ya que en atención primaria existe control de gasto.

- Más tiempo por paciente par poder llevar a cabo educación para la salud.

- Implantación de la unidosis, la cantidad de medicamento que se necesita en

cada ocasión, sin gasto inútil ni pastillas sobrantes.

3.4.5. Atención sanitaria a las situaciones de dependencia.

Es imprescindible impulsar el desarrollo y regulación de la atención sanitaria en las residencias y otros centros asistenciales geriátricos, psicogeriátricos y otros de atención a personas con discapacidad. Hay que extender a toda Navarra el servicio de crónicos y personas enfermas en situación terminal, con aplicación del Plan oncológico y gestión clara de listas de espera.

El sistema sanitario debe desarrollar la atención preventiva y rehabilitadora de las personas mayores, amas de casa y personas con discapacidad que ahora apenas se atiende, considerando también el desarrollo de funciones de la especialidad de geriatría. La atención domiciliaria sanitaria debe potenciarse como una prestación más a la que tengan derecho las personas en situaciones de dependencia.

Las amas de casa y, en general, quienes cuidan de las personas en situación de dependencia deben ser un objetivo prioritario de los programas de educación para la salud.


- 72 -

3.4.6. Plan Foral de Drogas y otras dependencias.

Proponemos la elaboración de un nuevo plan de drogodependencias que en sus programas de prevención apueste por la estrategia de educación y promoción de la salud optimizando los recursos y dispositivos existentes en cada ámbito de intervención, y que en el plano asistencial aborde las necesidades más acuciantes, entre otras las siguientes:

- Creación un centro público para la atención integral del toxicómano en Navarra con plazas especiales para personas presas que puedan cumplir la pena en este centro, ya sea como medida de seguridad o por encontrarse en tercer grado terapéutico. Evitar su ingreso en la cárcel, derivándolos a centros de rehabilitación, ya que nos encontramos con la paradoja de la necesaria existencia de droga en los centros penitenciarios.

- Prescripción de heroína bajo control médico, cuando la metadona no cumple ya su función.

- Propuesta conjunta entre la administración y la familia para el internamiento en la comunidad terapéutica, cuando el paciente no lo quiera hacer por propia voluntad. 3.4.7. Atención Especializada y de Urgencias.

Es necesario desarrollar la humanización y el acceso a la información en la Atención Especializada. Aunque legislativamente está reconocida la figura a de un interlocutor en los ingresos hospitalarios, en realidad no se ha creado. La información-formación en salud es una tarea que es preciso instaurar en la mayoría de los servicios de la Atención Especializada.

En Atención de Urgencias proponemos el diseño y aplicación de un Plan de urgencias que se ocupe de la urgencia extrahospitalaria para adecuarse a las necesidades y que sea más operativa y descargue las urgencias hospitalarias, dando acceso a toda la población. 3.4.8. Promoción de la salud.

Se han desarrollado todavía de forma muy escasa actividades de promoción en cuanto a dieta, ejercicio físico u otros aspectos de estilos de vida dirigidos a la población en general. Hay mucha actividad punitiva en el tabaco pero poca de promoción en otras materias.

Dada la trascendencia que para la salud de la población tiene la estrategia de

promoción de la salud e, incluso, su posible influencia a medio plazo en una reducción del gasto sanitario, se requiere un esfuerzo en medios materiales y humanos en el ámbito de la educación y promoción de la salud. Deben potenciarse más las Escuelas Promotoras de Salud y el Plan de Universidad Saludable. Debe establecerse mayor compromiso de la Atención Primaria y de la Especializada con la educación para la salud y la promoción de la salud, y deben implicarse más en este propósito, no solo las instancias sanitarias, sino también las sociales y comunitarias.


- 73 -

Cuatro ideas para realizar un trabajo de información-sensibilización, mediante campañas de la Administración para la participación de la población:

- Consumo racional de medicamento. - No abusar de las urgencias, vayamos a nuestro médico de familia. - Fomento de que se usen los servicios de atención al paciente ante las quejas

que puedan existir, que no se quejen sin actuar.

- Que se reclamen los genéricos como fármacos. 3.4.9. Interrupción voluntaria del embarazo.

Es necesario también emprender las acciones necesarias para la regularización y cumplimiento del derecho al aborto tal y como lo regula la legislación estatal. El sistema público debe garantizar un cupo de personal sanitario que realice interrupción voluntaria del embarazo en Navarra.

El sistema sanitario público debe adaptarse a las nuevas patologías que cada día

van desarrollándose más. En este sentido, el Gobierno de Navarra debe poner en marcha un verdadero Plan Oncológico que abarque tanto el tratamiento digno y cuidadoso de este tipo de enfermos, como la investigación en los avances de los tratamientos. En este sentido, no puede ser que la labor investigadora en ésta y otras enfermedades se haya dejado en entidades privadas, como el Opus Dei. Debe ser el sistema sanitario público el que lidere la labor investigadora en el ámbito médico. 3.4.10. Enfermedades degenerativas crónicas a largo plazo.

Es necesaria la integración de los diferentes servicios sociosanitarios para la atención de aquellas personas cuyas enfermedades condicionan su vida social y laboral. Es decir, el trabajo coordinado entre el médico especialista, servicios psicológicos, servicios sociales… La asunción por parte de la Seguridad Social del tratamiento de los efectos secundarios, así como un esfuerzo en la conciliación de la medicina tradicional y la alternativa para la atenuación de los mismos. Y el control de los precios de los medicamentos de los que estos enfermos no pueden prescindir (celiacos, diabéticos...). 3.5. BIENESTAR SOCIAL 3.5.1. Por un estado de bienestar.

Defendemos el “estado de bienestar” y el “Estado de Bienestar”, afirmando éste como indispensable para que se pueda conseguir unas condiciones de justicia e igualdad. Los principios que orientan nuestra propuesta parten de la defensa del Estado de Bienestar y de políticas que garanticen la igualdad de derechos para todas las personas, mediante la acción positiva de los poderes públicos.

Partimos también del principio de realidad que nos exige darnos cuenta de los logros conseguidos en la calidad de vida pero también de las necesidades y problemas


- 74 -

de nuestra sociedad navarra en la atención de los servicios sociales y en política social. Así mismo, consideramos que es momento ya de reconocer derechos básicos en cuanto a la garantía de ingresos mínimos, la prestación de los servicios sociales y también el derecho a la atención y cuidados en situación de dependencia.

El Estado de Bienestar está en peligro. El recorte de gasto social ha llegado cuando se empezaba a establecer el sistema de servicios sociales, se recorta el gasto sin que se haya llegado a establecer el derecho a unos niveles mínimos de atención y aunque esté aumentando actualmente el número de personas que lo necesitan. La mercantilización de los servicios sociales hace que la atención pase o se quede en el ámbito de lo privado: continúe en la familia y en las empresas con ánimo de lucro, a quienes se les ha dado entrada. En Navarra contamos con una legislación obsoleta, sin reconocimiento de derechos que reafirmen la responsabilidad pública, que garanticen prestaciones mínimas y que establezca una red pública de servicios suficientes para atender las necesidades sociales –principalmente en ancianos/ancianas y personas en situación de exclusión-. Hay personas y colectivos que quedan excluidos de la supuesta “sociedad de la abundancia” en que vivimos y sin perspectivas de poder acceder nunca a una situación de bienestar social.

Nuestras propuestas persiguen los siguientes objetivos:

- Reducir la desigualdad y eliminar la pobreza, entre otras actuaciones, estableciendo un sistema de renta mínima.

- Impulsar un sistema eficaz de servicios sociales, con nuevas regulaciones que aseguren mínimos de calidad y financiación del 8% del presupuesto del Gobierno de Navarra y 5% de las Entidades Locales que esté basado en la atención comunitaria con énfasis en la prevención y en la atención a las personas en sus entornos naturales.

- Atender a las personas en situación de dependencia desarrollando la atención sociosanitaria mediante un Plan Básico de Gestión de Atención a la Dependencia. 3.5.2. Hacia una mayor cohesión social: bienestar social para todas las personas.

Navarra es cada vez una sociedad más dual y donde hay colectivos y personas que viven en la pobreza: con más ricos “ricos” y una mayoría que no tiene problemas importantes (exceptuando los jóvenes respecto del acceso a la vivienda) y los que cada día tienen dificultades. Esta realidad se agrava cuando las prestaciones que oferta el sistema público en materia de educación, salud y bienestar social son insuficientes y su calidad se va deteriorando. También se dualiza cuando el sistema de atención existente, sobre todo en lo que se refiere a la atención residencial de las personas mayores, se concierta por parte del Gobierno de Navarra a precios altos (antes hemos financiado su construcción), garantizando a las empresas mercantiles estabilidad económica, dejando una atención más vulnerable ya que no se concierta y se subvenciona sólo parcialmente a las personas que ingresan en centros con ánimo de lucro.

El Departamento de Bienestar Social no quiere responsabilizarse

directamente de la atención a las personas en situación de necesidad como se hace en Salud. El Departamento de Bienestar Social ha apostado, casi de modo exclusivo


- 75 -

por la gestión de los servicios que garantiza y los últimos que va creando (mayores, personas con problemas de salud mental) por las empresas con ánimo de lucro. Aun cuando la experiencia reciente está demostrando (demandas de familiares, conflictos laborales…) que algunas no lo hacen con un nivel de calidad suficiente. Así mismo, en el borrador de Bases para la nueva Ley de Servicios Sociales establece respecto de las prestaciones clasificaciones absurdas con el único objeto de que puedan ser gestionadas por empresas mercantiles. Además de promover una ley garantista de derechos y prestaciones deben establecerse cláusulas sociales que equiparen las posibilidades de contratación también a las entidades sociales sin ánimo de lucro.

El Gobierno trabaja más por dar una buena imagen de Navarra y de

superioridad respecto de otras comunidades que por la eficacia en la mayoría de sus actuaciones. Se han planteado y aprobado bonitos Planes pero excepto el gerontológico al no haberse dotado económicamente han terminado siendo proyectos de biblioteca. Es imprescindible que se establezcan actuaciones interdepartamentales pilotadas desde Bienestar Social y financiadas plurianualmente por todos los Departamentos implicados.

Nuestras propuestas: - Aplicación de la Ley Carta de Derechos Sociales con garantía de ingresos mediante un sistema de renta mínima para que toda persona pueda disponer de una renta que le permita vivir en una situación digna. Salario ciudadano como derecho.

Debe concederse la renta mínima a todas las personas mayores de edad que lo necesiten, eliminando el límite actual de 25 años que excluye a personas necesitadas de integración y que no tienen apoyo familiar (por ejemplo, mujeres que quieren salir de la prostitución y carecen de recursos propios) - Pensiones mínimas de la Seguridad Social y pensiones No Contributivas hasta alcanzar el 100% del Salario Mínimo Interprofesional y excluir el IPREM.

- Garantizar para todas las personas residentes en Navarra las prestaciones básicas de servicios sociales: Información, orientación y tratamiento social personalizado y comunitario; apoyo a la convivencia y ayuda a domicilio; acogida/alojamiento alternativo residencial; prevención e inserción social; cooperación social con apoyo al tejido social de autoayuda y solidaridad, trabajo en y con la comunidad vecinal en pueblos y barrios.

Política activa para la integración de la población inmigrante y minorías

étnicas en Navarra, regulación legal de iguales obligaciones e iguales derechos de las personas que lleguen y acción pedagógica sobre el respeto de los derechos humanos. Actuaciones preventivas que eviten la xenofobia

- La creación de un Observatorio de la Realidad Social que canalice la

investigación de las causas y factores que determinan el cambio social, estudie las demandas y necesidades y así tengamos un mayor conocimiento en torno a la pobreza y exclusión, la dependencia y las necesidades sociales. Servirá para el desarrollo de planes estratégicos y para abordar una evaluación.


- 76 -

- Emprender acciones de política preventiva y de acogida social en el entorno vecinal. Financiando, coordinando y apoyando técnicamente iniciativas acogedoras, solidarias, intergeneracionales, capaces de desarrollar la acogida a las personas inmigrantes, a las que tienen dificultades de relación, la vida compartida de niños, niñas y jóvenes, la creación de convivencia intercultural e intergeneracional, la mediación en posibles conflictos.

- Otras prestaciones para quienes están en situación de necesidad: que desde ya, se incrementen las ayudas de emergencia y se establezcan ayudas complementarias a la renta básica para el pago de alquiler de vivienda. Que se mejoren los sistemas de apoyo en colaboración con los Servicios de Empleo y de Vivienda, a aquellas personas con especiales dificultades en el acceso a un empleo de calidad, a la vivienda y a la conciliación de la vida familiar y laboral. - Que se lleve a cabo una reserva del 3% de vivienda social en alquiler de promoción pública para personas en procesos de inclusión social, acreditándose dicha situación, por el Instituto Navarro de Bienestar Social. Establecer mecanismos en el Departamento de Vivienda para el alojamiento diversificado de personas de difícil convivencia, evitando la creación de guetos en las promociones de viviendas sociales en alquiler o compra.

- Un plan contra la exclusión social renovado, que dé respuesta a las necesidades reales tras la evaluación del Plan de Lucha contra la Exclusión 1998-2005 - Cumplimiento de penas en la comunidad para jóvenes y adultos residentes en Navarra y un aumento significativo de las plazas para cumplimiento de penas en beneficio de la comunidad, creándose plazas en los Ayuntamientos más importantes.

- Investigación sobre el nivel efectivo de protección de los derechos fundamentales de la población.

- Establecimiento de cláusulas sociales en la contratación de personal de las Administraciones navarras y en los pliegos de contratación de servicios por parte de las mismas para posibilitar la incorporación laboral de personas que atraviesan situaciones de dificultad.

- Respecto de la población inmigrante es preciso transferir a los Ayuntamientos las consignaciones económicas y el apoyo técnico necesario para garantizar la acogida, primeras inserciones y prevención de conflictos apostando por una sociedad más abierta y acogedora, que facilite los procesos de normalización. No se han incrementado suficientemente los recursos humanos para la atención a la diversidad: profesorado de compensatoria, orientadores y orientadoras, recursos específicos para atención de alumnado inmigrante o por incremento de población a atender en los Centros de Salud.

- El racismo y la xenofobia deben combatirse con medidas preventivas, intervenciones en los medios de comunicación y trabajo con los representantes de la población inmigrante.


- 77 -

3.5.3. Calidad y suficiencia en la red pública de Servicios Sociales.

Apostamos por servicios de titularidad y gestión públicas como actividades económicas de interés general y con control público. Defendemos y propugnamos la existencia de servicios de interés general de calidad accesibles para todas las personas, independientemente de sus ingresos.

Los Servicios Sociales en Navarra no son un derecho subjetivo susceptible de reclamación. Actualmente en Navarra se tiene acceso a una atención profesional a nivel municipal, a la atención domiciliaria, a programas de incorporación familiar, a la atención residencial si se es persona dependiente, mayor o con discapacidad, y si se es menor en conflicto, a la atención familiar. Pero es imprescindible que se reconozcan como derecho subjetivo por ley, estableciéndose un Catálogo de Prestaciones.

Nuestras propuestas para garantizar una red pública: - Desarrollo normativo de los Servicios Sociales que establezca y garantice

derechos y urgente desarrollo de nuevas normas de autorización, acreditación e inspección de centros y servicios. Junto a ello establecer una cartera básica de prestaciones y servicios sociales, identificando aquellos cuya prestación sea obligatoria para las administraciones públicas, que permitan conocer cuáles son las prestaciones y servicios a los que se puede acceder, estableciendo unos niveles mínimos de cobertura.

- Planes integrales para sectores específicos con concentración y cualificación de recursos, para actuar sobre situaciones o riesgo de exclusión o desatenciones y abandonos de personas enfermas y con discapacidad. Compromisos en los diferentes Departamentos para abordar presupuestariamente planes transversales que implique a dichos Departamentos.

- Desarrollar y reorganizar los equipamientos: 1) los Centros de Servicios Sociales, por áreas geográficas garantizando la atención en el idioma de la persona usuaria. Con comedores sociales, oficinas o servicios de información, centros sociales de estancias diurnas, miniresidencias, pisos tutelados, estancias nocturnas, fines de semana y vacaciones 2) Centros de Acogida, y los residenciales para acogida como medida de urgencia (sin techo y consumos abusivos) 3) Albergues 4) Atención de emergencias en servicios y en ayudas económicas.

- Establecimiento de ratios de calidad para los Servicios Sociales de Base, que son la base del Sistema Público de Servicios Sociales, en función de la población asistida, personal mínimo, recursos económicos, población con problemas de dependencia y en situación de exclusión o dificultad etc. Garantizar la atención en tiempos adecuados a la necesidad, definiendo la urgencia social para atenderla en las primeras 24 horas y otras situaciones sean o no preferentes para la atención.

- Fijar una programación a medio plazo que garantice que todos los servicios básicos sean gestionados con gestión directa de las Administraciones Públicas o mediante las fórmulas de contratación de servicios o convenio, dejando la política de subvenciones que se aplica a las ONGs, que no las hace viable y hace que se dualice el sistema de atención.


- 78 -

- Las Administraciones navarras deben implicarse en la gestión directa de los centros o empresas de Inserción Sociolaboral y los Centros Ocupacionales ya que hasta la actualidad son responsabilidad de la iniciativa social o de familiares de personas con problemas de discapacidad, careciendo de recursos suficientes.

- Creación de órganos de participación y colaboración con el Sistema de Servicios Sociales, entre ellos un Observatorio de los fenómenos sociales y un Comité de Ética de Bienestar Social con funciones consultoras, de orientación, formación y otras que ayuden a elevar la calidad en la atención. 3.5.4. Atención a las personas en situación de dependencia. En Navarra existen más de 12.000 personas que no se valen por sí mismas (8.000 mayores de 65 años y otras 4.000 personas con discapacidad grave (necesitan ayuda integral diariamente) y otras 19.000 que precisan algún apoyo para alguna actividad cotidiana. Principalmente están afectadas las personas mayores y personas con cualquier tipo de discapacidad: física, intelectual, trastorno mental y otras. Se propone desarrollar la atención a las personas en situación de Dependencia, mediante un sistema público de atención contando con un Plan Básico de Gestión para Navarra, que complemente la atención en Salud y la atención en Servicios Sociales.

Llevamos cinco años con un plan sociosanitario elaborado, cuyo objetivo es adecuar la atención a las personas en situación de dependencia, y no se ha puesto en marcha. Mientras tanto, las familias, las mujeres, cargan con toda la atención y si se ingresa en una residencia, es con unas condiciones económicas que, en muchos casos no puede costearse.

Existen plazas residenciales suficientes, pero están gestionadas mayoritariamente con grandes intereses mercantiles y con importantes conflictos producidos por las condiciones laborales del personal y cuestionable calidad. El resto de servicios necesarios como la atención domiciliaria, centros de día, y otros apoyos para el uso de estos servicios, todavía están muy por debajo de las necesidades existentes. Todos los planes y programas sobre atención a las personas mayores y a las que tienen alguna dependencia fijan como objetivo primordial la atención en su domicilio en tanto ello sea posible. En contradicción con este principio inversiones y financiación se han incrementado y concentrado en los 10 últimos años en la atención residencial de las personas mayores y en la concertación de plazas con la iniciativa empresarial en detrimento de la pública municipal y asociativa, pero sobre todo en el anquilosamiento del Gobierno de Navarra de la financiación de los servicios municipales de Atención a Domicilio y en no incrementar las ayudas económicas para atención a domicilio al menos conforme al coste de la vida. En este periodo se han querido hacer experimentos para la implantación del cheque servicio. La eliminación de barreras físicas y sensoriales y la implantación mejoras para la movilidad son tareas pendientes en el conjunto de Navarra. Hasta la fecha se está atendiendo con bastante prontitud los ingresos residenciales de personas mayores de 65 años con dependencia. También las de las


- 79 -

personas con problemas de discapacidad severa que precisen alojamiento residencial aun cuando algunas de ellas lo hagan fuera de Navarra. Y se está comenzando a atender a las personas con enfermedad mental. En el análisis de los servicios disponibles (todos ellos con copago para quienes dispongan de recursos) suponen en cuanto al alojamiento residencial de personas mayores el haber superado las ratios europeos en las zonas media y sur de Navarra, algún déficit en la Navarra del Norte que además garantice la atención en euskera y la cobertura de las necesidades de Pamplona y Comarca aun cuando en la prensa se venden nuevas actuaciones empresariales. En algunas zonas es claro que “sobran residencias” ya que los mayores ingresan cada vez más tarde y se ha ido ejecutando una política populista de residencias en todos los pueblos. Deben revisarse las condiciones de vida en cuanto a habitaciones, prestaciones gratuitas, ratios de personal y condiciones del mismo mediante normas transparentes. Entre tanto los Servicios de Atención a Domicilio de gestión municipal o mancomunada están estancados por falta de financiación por parte del Gobierno tanto en cuanto a salarios y condiciones de las trabajadoras como respecto al incremento del número de usuarios y del tiempo de atención a los mismos.

Quedan por abordar los graves déficits existentes en la incorporación laboral de las personas con discapacidad en edad laboral y con posibilidad de realizar actividades productivas y la incorporación social de quienes no la puedan desempeñar, así como la urgencia de contar con Centros de Día con servicios de Comedor y actividades sociales y de terapia para los mismos. Nuestras propuestas: - Trabajar por la accesibilidad universal para todas las personas con discapacidad con el fin de que puedan vivir ellas y sus familias con dignidad y la máxima autonomía personal posible, desde el principio de “vida independiente”. Desarrollar la cultura del diseño para todas las personas desarrollando lo dispuesto en la legislación estatal y en la ley foral sobre eliminación de barreras físicas y sensoriales.

- Establecer protocolos que permitan visualizar la libre decisión de las personas en el acceso a los servicios especialmente cuando impliquen el abandono de su residencia habitual.

- Potenciación y mayor desarrollo de la Atención Domiciliaria en sus diferentes modalidades (paga a personal cuidador de personas mayores en casa, desgravaciones fiscales, y otras) basada siempre en la intervención profesional desde la atención primaria de Salud y de Servicios Sociales. Financiación con suficiencia del coste de los servicios municipales de atención a domicilio como lo debe hacer también con el conjunto de los programas de Atención Primaria. Incluir la responsabilidad del Gobierno de Navarra en garantizar a sus ciudadanos las propuestas de Ley de Atención a la Dependencia.

- Los establecimientos de atención a personas dependientes, de larga duración (residencias y otros centros) la mayor parte de las habitaciones deben de ser individuales, desde el derecho a la intimidad y el respeto a la persona. El Gobierno de


- 80 -

Navarra debe implicarse obligatoriamente en la promoción, financiación y gestión públicas de este tipo de residencias.

- Aportación responsable a toda la red pública, por parte de las ONG’s subvencionadas, de personal que ayude en las tareas propias para conseguir una atención al residente excelente. (por ejemplo: compañía, acompañamiento, ayuda en cocina en la elaboración de platos caseros, de verduras de temporada, juego, etc.).

- Establecer estándares mínimos de calidad de servicios con condiciones laborales suficientes que permitan una atención de calidad y no un espejismo de buenas instalaciones comunes y poco más (solo fachada). Un convenio laboral adecuado.

- Las Administraciones como tarea prioritaria y ejemplarizante deben implicarse en la gestión directa de los nuevos servicios que precisen las personas con dependencia

- Ordenación del cumplimiento de objetivos respecto de la Ley Estatal de Atención a la Dependencia.

-Eliminación de barreras físicas y sensoriales, desarrollando Planes Generales de Accesibilidad que mejoren la movilidad tanto a nivel de vivienda propia como en la comunidad de vecinos y en el entorno urbano debe recibir la atención y presupuesto necesarios, en cumplimiento de la normativa vigente. 3.6. VIVIENDA En primer lugar, para garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna, consideramos imprescindible un Pacto de Estado entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, sobre el suelo y la vivienda, que se fundamente en el gasto público directo y en el suelo público como motor de una política de vivienda al servicio de la sociedad y no de los intereses especulativos. Apostamos por corregir la insostenibilidad de los sistemas urbanos con una planificación hacia la sostenibidad. Vemos necesario un incremento en la producción de vivienda de protección oficial y vivienda social, y apuesta decidida por el alquiler social y protegido. Las políticas públicas sobre vivienda han sido a lo largo de los años muy insuficientes; la dotación de recursos presupuestarios ha sido y es muy escasa, y la utilización de instrumentos de intervención pública (como la expropiación) fundamentales para hacer una política eficaz y global ha sido inexistente, o cuando se ha intentado (caso Ezkaba) la derecha se ha encargado de hacerlo fracasar. No se está haciendo lo necesario en materia de suelo, de constitución de patrimonios públicos de suelo, para que el número de viviendas protegidas promovidas posibiliten, a los muchos navarros y navarras que lo necesitan, acceder a una vivienda al margen del especulativo mercado de la vivienda libre.


- 81 -

¿Cuál es el problema de la vivienda en Navarra? El problema se sustancia,

primero, en el elevadísimo coste de la vivienda libre, imposible de alcanzar para muchos miles de ciudadanos que necesitan acceder a su primera vivienda y, en segundo lugar, en la tremenda escasez del número de viviendas protegidas a precios intervenidos y controlados que las hagan adquiribles para esos miles de ciudadanos.

Nos oponemos claramente y censuramos la política de suelo y vivienda del Gobierno de Navarra. UPN y CDN ni se atreven ni quieren intervenir de verdad. Es un mercado con muchos intereses, mucho dinero y muchos beneficios. Los diferentes agentes (propietarios del suelo, promotores y constructores, así como las administraciones) juegan un papel clave para la resolución de esta problemática. A propietarios, promotores y constructores privados es evidente que les guía obtener el máximo beneficio. Entretanto, la participación de promotores públicos (VINSA) es ínfima.

Por otra parte, las entidades locales, poderes públicos a fin de cuentas que tienen las competencias del planeamiento urbanístico y que, por tanto, deberían defender el interés general, esto es, la provisión de suelo suficiente para construir vivienda protegida, no están jugando el papel que les corresponde. Aunque existen ayuntamientos que sí han realizado actuaciones y aprobado planeamientos meritorios y positivos dirigidos a construir vivienda protegida, y no sólo para sus vecinos, es un hecho que en demasiadas ocasiones no ha sido así.

El Gobierno de Navarra, por su parte, debe intervenir, quirúrgicamente si es necesario, y operar en este mercado: expropiando suelo, comprando suelo, tramitando Proyectos Sectoriales de Incidencia Supramunicipal (PSIS) o como considere, pero actuando con energía en defensa del interés general, para garantizar a decenas de miles de personas el cumplimiento de su derecho constitucional a una vivienda digna. Es necesario abrir una nueva etapa radicalmente distinta a la actual. Un nuevo tiempo donde de verdad los poderes públicos liderados por el Gobierno de Navarra, y de la mano de los ayuntamientos que quieran colaborar, pongan en su sitio en nombre del interés general a tanto especulador y aprovechado. Esperamos también y en todo caso exigimos que en la nueva legislación básica sobre suelo la valoración de bienes expropiados se haga con el precio de su actual situación urbanística, y que se revierta el 15 % de los aprovechamientos urbanísticos a los municipios. Hay propuestas claras, encaminadas a solventar esta situación, como:

a) Elevar la cantidad prevista en el Plan de Vivienda para la política de adquisición de suelo del aproximadamente el 0,3 % actual del Presupuesto de Gastos a una cantidad no inferior al 1,5 % anual durante los años cuatro años de la legislatura.

b) Impulsar y aprobar con urgencia las normas legales que hagan posible la intervención urgente y eficaz del Gobierno de Navarra en materia de suelo, incluida la expropiación, a fin de promover las viviendas protegidas que resulten necesarias para atender la demanda existente.


- 82 -

c) En los seis primeros meses de la legislatura el Gobierno de Navarra deberá realizar y culminar la negociación y firma de un Convenio de Colaboración en materia de política de suelo y planificación urbanística con los Ayuntamientos de la Comarca de Pamplona que tendría por objeto proveer el suelo necesario para atender la necesidad de vivienda protegida de los próximos diez años en la Comarca de Pamplona. Dicho Convenio debería determinar e incorporar en sus previsiones de planeamiento urbanístico al menos suelo apto para edificar 40.000 nuevas viviendas protegidas. Transcurrido el plazo de seis meses citados el Gobierno de Navarra deberá tramitar con la máxima celeridad posible un PSIS que afectaría a aquellos Ayuntamientos que no hayan suscrito el Convenio de Colaboración en materia de política de suelo y planificación urbanística, y que tendría por objeto aprobar en el ámbito de la Comarca de Pamplona el planeamiento urbanístico necesario para atender la demanda de vivienda protegida. El Gobierno de Navarra declararía de interés general la construcción de las viviendas protegidas planeadas en el Convenio de Colaboración y, en su caso, en el PSIS. De esta manera se podrá recurrir a la expropiación de suelo cuando no se encuentre la necesaria colaboración tanto en los propietarios del suelo como en los ayuntamientos.

d) Financiar y ejecutar un Programa Foral de Vivienda Pública en Alquiler. Su objetivo será la promoción y construcción por la sociedad pública VINSA de 6.000 viviendas públicas en régimen de alquiler social en el conjunto de la legislatura. El precio del alquiler se regulará en función de la renta familiar. Se facilitará especialmente el acceso al alquiler de las personas con rentas más bajas con un precio que no supere el 25 % de los ingresos familiares. El Gobierno de Navarra avalaría los créditos que VINSA debiera recabar para la puesta en marcha de este Programa Foral.

e) Modificación del artículo 52 de la Ley Foral de Protección Pública a la Vivienda para que el al menos el 25 % de la nueva capacidad residencial sujeta a algún régimen de protección se destine a la construcción de viviendas en régimen de alquiler.

f) La creación de Agencia pública de alquiler de vivienda vacía, que de solución al escándalo que supone el alto número de viviendas vacías por una parte y por otra el importante número de personas que no pueden acceder a una vivienda digna. Tras la elaboración de un censo de viviendas desocupadas aquellas que no se incorporen voluntariamente al programa de alquiler serán gravadas por un impuesto disuasorio.

g) Se hace necesario un cambio en la financiación de los entes locales. Los ingresos de éstos no se pueden hacer depender mayoritariamente de la concesión de licencias urbanísticas.

h) Otras medidas: - Incentivar mediante ayudas la adaptación de viviendas para personas discapacitadas y para la eliminación de barreras arquitectónicas. - Fomentar la rehabilitación de viviendas, condicionadas a políticas de apoyo para alquiler. - Aplicar mecanismos de control de calidad de las viviendas.


- 83 -

3.7. MUJER 3.7.1. Avanzar hacia la plena ciudadanía para todas las mujeres.

Las mujeres somos más. Tenemos mejores rendimientos en la enseñanza secundaria y en la universidad. Trabajamos más, porque lo hacemos dentro y fuera del hogar. Cuidamos en mayor medida de los hijos, los mayores y la familia. Hasta ahora sólo somos iguales en potencia y debemos ser realmente iguales. Apenas estamos en los órganos de dirección de las empresas y en los de los partidos sólo de modo incipiente. Seguimos peleando la igualdad real, no la legal, que ya está reconocida pero que no se ha llevado a la práctica del todo. La igualdad real será el último estadio en el desarrollo de los derechos humanos.

El feminismo es una de las señas de identidad de IUN/NEB. Nuestro compromiso con el feminismo y la igualdad es irrenunciable. Por ello, intensificaremos nuestra exigencia de paridad efectiva en todos los ámbitos de representación social e institucional; la lucha contra la feminización de la pobreza, la discriminación social y la violencia de género. Nuestra perspectiva parte de que lo privado también es político, y por tanto, analizable desde lo público. Hay que corregir los obstáculos que dificultan la participación de las mujeres en condiciones de igualdad con los hombres en todos los niveles, y luchar por la paridad efectiva tanto en el ámbito privado como en las distintas esferas de lo público (empleo, participación política, social, sindical, ocio, etc.).

Las políticas de mujer que el gobierno de UPN ha llevado a cabo durante estos últimos años apenas han beneficiado a las mujeres de Navarra. El Gobierno de Navarra, a través del Instituto Navarro de la Mujer, destina menos del 0,06 % del presupuesto a políticas directas de igualdad. Esto, acompañado de la insuficiencia de recursos contra la violencia, y que no se reflejan asuntos tan importantes como el empleo y la vivienda, nos hacen considerar la política de mujer por parte del Gobierno foral de propagandística y demagógica. Creemos que seguir avanzando hacia la igualdad exige una acción positiva y un compromiso activo de todos los poderes públicos, plasmado en la aprobación y ejecución de planes de igualdad.

De los planes de igualdad realizados por algunas Administraciones Públicas debemos concluir que sobran propuestas pero falta voluntad de ser llevadas a la práctica. Sobran expresiones como se promoverá, se impulsará, y faltan redacciones más taxativas además de consignaciones presupuestarias que plasmen esa voluntad efectiva.

Un plan que de verdad vaya a ser ejecutado debe ir acompañado de objetivos mensurables, indicadores y memoria económica, para que de verdad se pueda exigir y comprobar su cumplimiento. Los planes de igualdad, autonómicos y locales, deben estar participados en su desarrollo y control por las organizaciones que han tomado parte en la elaboración, a través de Consejos de Mujer a nivel autonómico y local y Observatorios integrados por mujeres independientes representativas de los diferentes espectros sociales, políticos y sindicales.


- 84 -

Cualquier plan que queramos llevar adelante, deberá contar necesariamente entre otras cosas, con la complicidad de los hombres. Los planes no son contra ellos, sino con ellos.

Los planes deben prever que en la negociación colectiva se contemple la excedencia y las reducciones de jornada para los hombres. Que los planes de igualdad entren en las empresas estableciendo la figura de la persona que controla y garantiza el cumplimiento de los planes acordados entre empresa y delegados de personal. Para cumplir los planes de igualdad, se deben arbitrar formas de control y la correspondiente actuación de recurso o sanción en caso de no respetarse el plan de igualdad pactado, como si se tratara de cualquier inspección en el trabajo. Deben establecerse programas financiados desde los Presupuestos Generales de Navarra para apoyar a las empresas que apliquen planes de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. El Gobierno de Navarra, a través del Departamento competente en materia de trabajo, debe crear Agentes de Igualdad para coordinar todas las acciones internas y externas destinadas a introducir la perspectiva de género y desarrollo de planes de igualdad en todo ámbito de trabajo, sea público o privado, con posibilidad de presentar denuncias y recursos ante los órganos competentes. Para ello no sirven “parches” formativos con el fin de reciclar en pocas horas a un o una profesional. La figura de Agente de Igualdad tiene entidad en sí misma: es aquel o aquella profesional que diseña, dirige, coordina, dinamiza, implementa, gestiona y evalúa planes, programas, proyectos y campañas de acción positiva referidos a la igualdad de oportunidades y género en diferentes áreas y escenarios profesionales. El Instituto Nacional de Cualificaciones propone que posea titulación universitaria, preferentemente en las Licenciaturas en Pedagogía, Psicopedagogía, Psicología y Sociología, con formación de postgrado relacionada con la igualdad de género y sea capaz de analizar e investigar la realidad con relación a la igualdad de género, y de diseñar, implementar y evaluar programas, proyectos, acciones, campañas, normas y pautas. 3.7.2. Conciliación de la vida familiar, personal y laboral. Mujer y empleo.

Apostamos por la conciliación de la vida familiar, personal y laboral, con el

reparto efectivo de las tareas domésticas entre la mujer y el hombre, para que ésta se pueda incorporar de forma efectiva al mercado laboral.

La jornada laboral de 8 horas y la semana de 40 se adoptó en una situación donde sólo se aportaba un sueldo a la unidad familiar (normalmente el del hombre) mientras que la mujer se dedicaba al cuidado de la casa y al papel reproductivo. De la evolución posterior ha resultado que el hombre trabaja la jornada de 8 horas y las mujeres esta misma jornada (o medias jornadas a las que se acogen voluntaria o involuntariamente) en trabajos menos cualificados, más precarizados y peor pagados y mientras siguen manteniendo la responsabilidad de las labores domésticas y la labor reproductiva. En esta situación de doble jornada y doble presencia resulta imposible para la mujer competir en igualdad en el mercado laboral.

En este momento es difícil llegar a la igualdad entre los sexos mientras la distribución del tiempo sea en masculino en la empresa y en la casa. Por ello, para llegar los hombres y las mujeres a vivir en condiciones de igualdad tanto en casa como en el mercado de trabajo, el patrón tiene que ser otro. La reducción de la jornada semanal a 35 horas sin reducción salarial, como un primer paso, dejaría sentir sus efectos no sólo


- 85 -

en la creación de empleo y el reparto del existente, sino que crearía también las condiciones, necesarias pero no suficientes, para la incorporación de los hombres a las tareas domésticas y al cuidado de los más dependientes (hijos e hijas, mayores...). Para ello se necesitan también labores de concienciación. Debe educarse a niñas y niños desde la escuela para compartir y conciliar. Todo esto conducirá a la consecución de una sociedad más igualitaria y justa.

Consideramos el trabajo en su globalidad, por eso hablamos del reparto del trabajo, tanto en el mercado laboral como en la esfera doméstica. ¿Qué debemos hacer para que todas y todos trabajemos y compartamos las distintas formas de trabajo y los recursos que se generan? Hay que superar el modelo actual de división sexual del trabajo y apostar por el reparto equitativo del trabajo productivo y reproductivo entre hombres y mujeres. Esta corresponsabilidad entre hombres y mujeres debe ir apoyada con el desarrollo de servicios socio-comunitarios públicos y de calidad con el fin de que todas las personas puedan hacer compatibles estas tareas con las del trabajo productivo y otras actividades que libremente elijan para su desarrollo personal.

El nuevo modelo económico tiene que crear una red de servicios sociales públicos ya que la responsabilidad de cuidado hacia las personas carentes de autonomía (por demasiado pequeñas, demasiado mayores, enfermedad, etc.) es de toda la sociedad y, además de posibilitar a las mujeres su incorporación al mercado laboral, crea nuevas fuentes de empleo. Para conseguir este modelo social donde exista trabajo digno y estable para todas las personas es necesario unos servicios de calidad, sostenido con un sistema fiscal progresivo y solidario que genere empleo de calidad.

3.7.3. Violencia de género.

Un triste reflejo de que empezado ya el siglo XXI todavía no podemos decir que la igualdad entre hombres y mujeres se haya conseguido es la violencia de género. La violencia de género sólo tiene cabida en una situación de dominación-sumisión y es un atentado contra el derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la dignidad y a la integridad física y psíquica de las víctimas. La agresión física, la violencia sexual, la psicológica y la económica que padecen principalmente algunas mujeres suponen un obstáculo para el desarrollo de la sociedad democrática. Creemos urgente y necesario que se dé una política adecuada para prevenir y perseguir esta violencia. Para ello proponemos:

A. Medidas preventivas: - introducir en el sistema educativo la filosofía del principio de igualdad y

respeto: fomentar las relaciones de cooperación entre los sexos, reproche y censura hacia las actitudes y comportamientos que generen violencia…

- campañas de sensibilización que favorezcan el cambio de mentalidad y la ruptura de los tópicos que dividen a la sociedad por géneros.

- recuperar la memoria histórica y difundir el protagonismo de la mujer en la sociedad.

- creación de un observatorio de la mujer que difunda el principio de igualdad entre los sexos y controle e informe de la estereotipación sexista en cualquier ámbito público.

- fomentar servicios públicos de atención a la pareja.


- 86 -

B. Medidas de actuación: - propulsar un plan integral de actuación contra la violencia de género

coordinando a todos los poderes públicos. - formación específica en el tema de violencia de género para jueces, policías,

abogados, sanitarios y agentes sociales. - garantizar un salario de emergencia a las mujeres maltratadas sin recursos o

dependientes económicamente de su maltratador así como en el caso de que lo necesitaran una vivienda.

- fomentar servicios de atención especializada para afectados directa o indirectamente por la violencia de género (hijos, familiares, nuevas parejas…). Los recursos, tanto de acogida como de rehabilitación de las víctimas (no sólo mujeres, como ha quedado explicitado más arriba) son escasos y con desigual disponibilidad según localidades. El personal encargado de prestar los servicios debe tener capacitación y profesionalidad, para poder responder a las necesidades de las víctimas, aspecto éste de dudosa comprobación cuando la vía de adjudicación de trabajo en este tema tan delicado es la de la subcontratación del servicio, en lugar de una selección rigurosa del personal para poder enfocar el recurso a la búsqueda de la autonomía de las mujeres, y no al mantenimiento de su dependencia. La ocupación de los centros de acogida ha disminuido desde la entrada en funcionamiento de la orden de protección, ya que ésta permite a muchas mujeres, de una forma rápida, la permanencia en su domicilio, pero esto tiene una doble vertiente: si bien por un lado evita el desarraigo de las mujeres y sus hijos e hijas permitiéndoles permanecer en su entorno, por otro los deja “desprotegidos” en cuanto a la asistencia jurídica, psicológica y de orientación laboral, aspectos éstos que sí se contemplan en los centros de acogida.

- ampliar las medidas de protección a las víctimas destinando.. al personal ahora dedicado a la protección de cargos públicos a la protección de las mujeres y familiares víctimas de malos tratos para que las ordenes de alejamiento sean efectivas. El Estado debe asegurar que la agresión no volverá a repetirse y asegurar una protección efectiva de todas las víctimas. En cambio, las medidas de apoyo a las víctimas previstas en el Proyecto de Ley se enmarcan sólo en el ámbito de Servicios Sociales, y no existe ninguna previsión en materia de reparación justa y adecuada en el ámbito de la tutela judicial.

- creación de servicios terapéuticos para agresores. - clases de tareas domésticas como asignatura educativa evaluable durante

primaria y ESO. 3.7.4. La igualdad dentro de las leyes. Impacto de género, lenguaje no sexista.

La Ley Foral 14/2004, de 3 diciembre, del Gobierno de Navarra y de su Presidente, establece en su artículo 52 que en la elaboración de un proyecto de Ley Foral debe incluirse “un informe sobre el impacto por razón de sexo de las medidas que se establezcan en el mismo”.

La Ley Foral 33/2002, de 28 de noviembre, de fomento de la igualdad de

oportunidades entre mujeres y hombres, en su artículo 1.2.b. plantea, para la puesta en práctica de los objetivos de la Ley en el ámbito de la sensibilización, la "revisión de los documentos emanados por la Administración para la eliminación del lenguaje sexista en los mismos, así como en la legislación navarra vigente".


- 87 -

Se trata de dos casos en los que son palpables las buenas intenciones del legislador, pero en que una vez más la realidad pasa por la falta de voluntad de llevarlos a la práctica. El Gobierno de Navarra, tras la entrada en vigor de la Ley Foral 14/2004, seguía enviando sus proyectos legislativos al Parlamento sin informe de impacto de género. A raíz de una iniciativa del grupo parlamentario de IUN-NEB, empezó a enviar unos informes de dos líneas elaborados por las secretarías generales técnicas de los departamentos en los que siempre y sistemáticamente se afirma que ningún proyecto tiene impacto de género. Lo que en realidad analizan esos informes es la “no discriminación por razón de sexo”. ¡Faltaría más que la encontraran en la ley!, puesto que está prohibida por la Constitución. Sin embargo, es comprensible que el personal encargado de hacer los informes ignore cómo. ¿Qué pasa con los temas de género? ¿Creemos que para opinar y valorar las “cosas de mujeres” vale cualquiera? ¿Una mujer tiene que ser experta en género por el hecho de serlo? ¿Se es oculista por el mero hecho de tener ojos? Ya está bien de que no se contemple la especialización y la complejidad de los temas de género.

El primer paso para realizar una evaluación del impacto de género consiste en determinar si la aplicación de la perspectiva de género es pertinente o no para la política o norma en cuestión y, eso entre otras cosas, se sabe si se es especialista en igualdad. En cuanto a la revisión del lenguaje sexista en la legislación y en los documentos administrativos, también lleva camino de convertirse en agua de borrajas, de momento tampoco se ven resultados apreciables.

Frente a la inacción de la Administración Foral, el Ayuntamiento de Burlada, a falta de un reglamento que desarrolle la Ley Foral 33/2002 y con nulo apoyo por parte del Gobierno de Navarra, aunque sí por parte del Instituto de la Mujer del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, aprobó en 2004 la Ordenanza Municipal reguladora del uso y fomento de un lenguaje no sexista. Se trata de una norma pionera que, entre otras cosas, impone que en las convocatorias de puestos de trabajo y en los expedientes de contratación para la gestión indirecta de servicios públicos se valore con un 5% de la puntuación el uso de un lenguaje no sexista.

Como en otros casos, debemos exigir que lo que dice la ley se lleve a la práctica.

Por ello, proponemos: a) Que se desarrolle reglamentariamente lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley

Foral 14/2004 de modo que el Instituto Navarro de la Mujer sea el órgano competente para elaborar los informes de impacto de género; que para ello cuente con una unidad especializada en dicho tema, y que los informes pasen previamente por el Consejo Navarro de la Mujer.

Dicho informe debe abordar también la eliminación del lenguaje sexista a que se refiere la Ley Foral 33/2002 de todos los proyectos legislativos.

b) Que se aplique la Ley 33/2002, de fomento de la igualdad de oportunidades, que recoge, entre otros, la revisión de documentos y legislación vigente para eliminar el lenguaje sexista, la formación de agentes y promotores para la igualdad de oportunidades, la programación de cursos en materia de igualdad de género para el


- 88 -

personal de las administraciones públicas así como la inclusión de dichos cursos en los baremos de acceso a la función pública.

c) Que todas las Administraciones Públicas de Navarra cuenten con medidas para favorecer el uso de lenguaje no sexista similares a las contenidas en la ordenanza del Ayuntamiento de Burlada. d) Que en los planes de formación de empleadas y empleados públicos se incluya formación específica que sirva para eliminar el lenguaje sexista de los usos administrativos. e) Que los tratamientos relativos a la menopausia sean costeados por la Seguridad Social, ya sea en su fase preventiva, como en su fase paliativa; y así mismo tanto en el orden de la medicina farmacéutica al uso, como los preparados y otros remedios que provienen de la medicina natural. Así mismo es necesario contemplar que los apoyos no se circunscriban a los remedios farmacéuticos y parafarmacéuticos, sino que se recoja la ayuda psicológica cuando sea necesario y siempre dentro de las coberturas de la Seguridad Social. 3.8. JUVENTUD Los jóvenes queremos ser también ciudadanos con todos los derechos, formar parte de la sociedad en la que vivimos para trabajar y para decidir. Pero la sociedad de hoy es muy poco incluyente, el sistema económico y político que padecemos promete mucho para el futuro pero facilita poco las cosas en el presente a quien no está ya instalado. Los jóvenes siempre hemos sido la mano de obra barata a la que se podía exigir mucho y pagar poco; pero en estos tiempos corremos el riesgo de seguir siéndolo durante toda nuestra vida laboral. Somos la primera generación en mucho tiempo que lo tenemos más difícil que nuestros padres a la hora de tener un empleo fijo, de mejorar las condiciones laborales, de conseguir una vivienda o de poder ahorrar. Quizás hemos tenido más comodidades y facilidades que las generaciones anteriores en los primeros años de nuestra vida; pero la precariedad laboral, las condiciones de trabajo más exigentes, el precio de la vivienda, la reducción de prestaciones y servicios sociales, no nos garantizan que podamos vivir en una situación de mayor bienestar. Es por eso que exigimos desde los poderes públicos medidas específicas o medidas que favorezcan principalmente que la juventud de integre con plenitud de derechos y deberes en nuestra sociedad. Pero además de exigir, los jóvenes debemos ser protagonistas en el cambio social, debemos exigir, y exigirnos a nosotros mismos, participación activa en todos los foros sociales y políticos donde se va a decidir nuestro futuro, debemos arrimar el hombro y no contentarnos con la sociedad consumista, insolidaria y autocomplaciente que nos rodea.


- 89 -

3.8.1. Mundo laboral Un puesto de trabajo garantiza no sólo ingresos sino también derechos. El desempleo y la precariedad laboral aboca a la marginación social o a ser ciudadanos de segunda. Nuestras propuestas son las siguientes:

- Establecer una acción específica dirigida a jóvenes, condicionada al nivel de estabilidad de la empresa y a la estabilidad en el empleo creado.

- Reconocimiento de los derechos laborales y sociales de los becarios y jóvenes investigadores. Obligación por parte de las empresas, de establecer un contrato laboral, con plenos derechos sociales, para todos los becarios de investigación y profesorado en formación.

- Reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial. El siguiente paso consiste en implantar las 32 horas semanales en las mismas condiciones. Aplicación de la semana continua, de la semana laboral de cuatro días y de las cinco semanas de vacaciones.

- Cierre de ETT´s e incorporación de sus personas empleadas a las plantillas de

las empresas donde estuvieran prestando sus servicios o al INEM. - Prohibición de las dobles escalas salariales y de derechos laborales. 3.8.2. Derecho a techo Lograr la independencia personal para llevar a cabo los propios proyectos vitales suele pasar por el acceso a una vivienda digna. Este es hoy uno de los principales problemas de muchos jóvenes: vivir en un país lleno de viviendas vacías y de viviendas en construcción, y no tener la posibilidad de acceder a una, en propiedad o en alquiler, a un precio razonable. Nuestras propuestas:

- Viviendas nuevas en alquiler gestionadas por Empresas Municipales de la Vivienda.

- Viviendas en alquiler gestionadas por los usuarios y usuarias en régimen cooperativo. Se abrirán líneas de crédito con avales públicos para la creación de cooperativas juveniles.

- Promoción pública y reserva de cupos de viviendas de alquiler a precios inferiores al mercado para jóvenes con un nivel bajo de ingresos. Créditos blandos, avales y subvenciones a fondo perdido a las personas jóvenes para la compra de una vivienda.

- Viviendas en autoconstrucción. La idea consiste en facilitar suelo y financiación (a través de la firma de un acuerdo con las entidades financieras) a las cooperativas para que estas puedan construirse sus propias casas.


- 90 -

3.8.3. Educación

- Apertura de los centros públicos escolares fuera del horario escolar abiertos a actividades culturales y de ocio. Recuperación de las instalaciones escolares y de la calle como espacios que permiten una libertad real de comportamientos.

- Fomento del asociacionismo y la participación de toda la comunidad educativa en la gestión de los centros, en particular del alumnado y de padres y madres.

- Aumento de los porcentajes del alumnado en todos los órganos universitarios, sin que este porcentaje disminuya a medida que asciende la importancia del órgano.

- Creación de las becas-salario que garanticen la cobertura de los costes directos, indirectos y de oportunidad del estudio a aquellas unidades familiares con menores recursos.

- Impulso del acceso a puestos de formación como investigador con cambio en la política de becas por contratos con Seguridad Social. 3.8.4. Ocio y cultura

- Creación de Gaztetxes, Casas de la Juventud, Centros culturales y Centros sociales que permitan a los y las jóvenes contar con espacios propios de ocio.

- Apoyo a los y las jóvenes creadores/as de Navarra, facilitándoles los medios necesarios, económicos y de infraestructuras, dotándoles de locales públicos en los que los y las jóvenes de la localidad o el barrio puedan desarrollar su vertiente artístico-cultural (locales de ensayo, talleres de pintura,...), y que estén gestionados por ellos mismos de forma que puedan desarrollar sus propias alternativas culturales.

- Fomento y participación, tanto en castellano como en euskera, de los jóvenes en actividades culturales. Precio reducido para jóvenes. 3.8.5. Salud.

- Reparto gratuito de preservativos, de forma que la administración asegure su accesibilidad. Instalación de máquinas expendedoras de preservativos en centros con afluencia joven.

- Campañas destinadas a jóvenes acerca de la importancia del control

ginecológico en la prevención de enfermedades propias de la mujer.

- Gratuidad de compresas, tampones y píldora postcoital.

- Establecer mecanismos para que permanezcan abiertos los centros de planificación familiar los fines de semana.

- Garantizar el derecho de las mujeres a decidir la interrupción del embarazo con independencia de su edad, estado civil y nacionalidad.


- 91 -

- Prevención e información ante las drogas. Construir un nuevo modelo de comunicación que lleve una información veraz sobre los efectos, los riesgos y las contraindicaciones a los potenciales usuarios. Más allá de moralinas y de discursos obsoletos que sólo sirven para justificar el dinero gastado por las instituciones, pero que no tienen ningún efecto real sobre los jóvenes. El alcohol y el tabaco deberían entrar dentro de estas campañas de información como una droga más y desde luego no como las más inofensivas.

- Reducción de riesgos atendiendo a los distintos tipos de drogas y de espacios

donde suelen consumirse. El testing debe ser una práctica cotidiana de todos los municipios de Navarra. Por otro lado se empezará a elaborar legislación para las macro discotecas en las que se incluyan la obligatoriedad de tener grifos de agua en funcionamiento, zonas refrigeradas de reposo, etc.

- Legalización de los derivados del cannabis. Con esta medida se superarían problemas como la delincuencia y la marginación asociadas al consumo de estas drogas; se haría aflorar el enorme negocio que está detrás de su tráfico; y lo más importante, se podría controlar la calidad del producto. Entendemos que el autocultivo es la mejor vacuna contra la adulteración de estas drogas.

- Comenzar el debate social sobre la legalización de todas las drogas. 3.8.6. Comprometidos con la libertad

- Desarrollar los valores pacifistas, antimilitaristas y de no-violencia. Negar cualquier colaboración a las campañas de difusión entre los jóvenes de los valores autoritarios, violentos o militaristas.

- Promover la amnistía para los condenados a la muerte civil por haberse declarado insumisos, así como para los insumisos en los cuarteles. Además de la no aplicación de dichas penas en las administraciones locales y autonómicas.

- Promover la amnistía para los condenados y condenadas por okupación. Ya sea por necesidades individuales de vivienda, como por la creación de centros sociales okupados que hayan demostrado su función social y cultural y su arraigo popular.

- Promover la amnistía para los condenados por desobediencia civil (Itoiz, etc.).

- Promover la amnistía para los condenados y condenadas por autocultivo de marihuana, entendiendo este autocultivo como un máximo de tres veces el actual máximo legal.

- Derecho al voto y afiliación política a los 16 años. 3.8.7. Participación y movilidad

- Potenciación de campañas informativas por parte de las instituciones para potenciar la participación de los/as jóvenes en la vida política, creando una cultura política responsable dentro de un marco de participación estable.


- 92 -

- Desarrollar una Ley de Participación y Asociacionismo de la Comunidad Foral de Navarra, que impulse la participación y el asociacionismo; y que garanticen a las organizaciones y a los grupos jóvenes en general de un marco estable de funcionamiento.

- Introducir elementos de democracia participativa en el funcionamiento de Gaztetxes, Casas de la Juventud y Centros Culturales.

- Gratuidad de los transportes públicos hasta los 18 años.

- Establecer los “Voy y vengo” a localidades en fiestas como un servicio interurbano, potenciándolo entre la población menos joven y hasta el momento más reacia a su utilización, debido al desconocimiento existente.

- Incremento de la frecuencia y los recorridos de los autobuses nocturnos.

Establecer el transporte público nocturno a discotecas y lugares de ocio. 3.9. INMIGRACIÓN: HACIA UNA SOCIEDAD INTERCULTURAL.

La inmigración se ha convertido durante los últimos años en un fenómeno de especial relevancia en Navarra y en el estado español. A 1 de enero de 2006 la población extranjera se situaba en nuestra comunidad en torno a las 55.800 personas, un 9,3% sobre el total de la población navarra empadronada en dicho período –600.100 personas-. Este trasvase que tiene visos de continuar no ha sido siempre unidireccional, Navarra tiene su propia historia migratoria, ni es del todo homogéneo, sin embargo, encontramos como el grueso principal del colectivo inmigrante está compuesto por trabajadores y trabajadoras que han abandonado sus países y sus familias para mejorar tanto sus expectativas como su calidad de vida.

La inmigración forzada es una de las manifestaciones más crudas de la globalización neoliberal, el resultado de un pasado expoliador que continúa regenerándose a través de un mercado de trabajo transnacional segmentado que se regula desde el núcleo central capitalista en beneficio de sus propios intereses (reemplazo generacional y de la población laboral activa, cobertura de nichos laborales desestimados por la población autóctona, mantenimiento de ciertos sectores de actividad, etc.). La persona inmigrante sufre esta realidad por partida doble: tanto en origen como en destino, por ello, es necesario articular los mecanismos necesarios que tanto en origen, por ejemplo, a través de la cooperación al desarrollo, como en destino, garanticen sus derechos y libertades.

Navarra no tiene competencias en la regulación de este fenómeno, competencia que corresponde al estado español, sin embargo, debe articular y adaptar sus dispositivos (educativos, sanitarios, asistenciales, etc.) a esta nueva realidad. Para cumplir este cometido se ve necesario crear una Dirección General de Migraciones en el Departamento de Presidencia que coordine el conjunto de políticas necesarias y se coordine con la Delegación del Gobierno en Navarra, exigiendo la adaptación continúa de sus estructuras y recursos de atención al colectivo, insuficientes desde hace años.


- 93 -

En diciembre de 2006 finaliza el plazo de ejecución de las medidas contempladas en el primer “Plan para la integración social de la población inmigrante”, plan aprobado el 9 de octubre de 2002 por el Parlamento de Navarra. Izquierda Unida de Navarra/Nafarroako Ezker Batua debe denunciar el que éste haya sido un plan al que no se le ha otorgado la dotación económica suficiente que haya permitido materializar de forma adecuada las medidas aprobadas en su día. Asimismo, debe exigir la actualización presupuestaria necesaria que permita poner en marcha y dar continuidad a estas medidas, así como de otras actuaciones que den respuesta a nuevas necesidades sociales surgidas en este período. Esta dotación deberá llegar también a los Ayuntamientos, ámbito cercano a la ciudadanía donde deben articularse las verdaderas políticas de integración.

Izquierda Unida de Navarra/Nafarroako Ezker Batua tiene y defiende desde hace años un discurso propio en materia de inmigración que nada tiene que ver con el que nos ofrece la derecha. Frente a la visión negativa de inseguridad, delincuencia, prostitución, control y mafias continuamente esgrimido desde las filas del Partido Popular/UPN; Izquierda Unida de Navarra/Nafarroako Ezker Batua defiende y contrapone valores positivos como integración, interculturalidad y ciudadanía para un colectivo de trabajadores/as que también contribuyen a afianzar el crecimiento económico, demográfico y social de nuestra comunidad.

En lo político, debemos continuar exigiendo con voz alta y clara la ampliación de los derechos políticos del colectivo inmigrante residente en nuestra comunidad, tal y como ya ocurre en otros países y ha sido recomendado desde el Parlamento Europeo, permitiéndoles participar en los comicios electorales e integrarse políticamente en nuestra sociedad. Izquierda Unida de Navarra/Nafarroako Ezker Batua como izquierda transformadora que es debe saber adaptarse a esta nueva realidad, por ello y para ser coherentes con nuestro discurso, articulará a todos los niveles las líneas de acercamiento necesarias con los miembros del colectivo inmigrante y sus asociaciones representativas a fin de facilitar tanto la integración como la participación política de la población inmigrante en nuestra formación política.


- 94 -

4. OTRO MUNDO ES POSIBLE. POLÍTICAS DE SOLIDARIDAD. 4.1. NAVARRA EN LA GLOBALIZACIÓN.

Es un hecho constatado, y en constante desarrollo, la mundialización de las dinámicas económicas, sociales y políticas. El desafío de la globalización caracterizado por un creciente nivel de interdependencia económica y al mismo tiempo de profundización de la desigualdad hace que los fenómenos de migraciones, interculturalidad, convivencia, cooperación al desarrollo, desarrollo endógeno frente a deslocalización, deban ser tenidos en cuenta como condicionantes básicos de cualquier proyecto político del siglo XXI.

Lo que se ha dado en llamar “globalización” es una manifestación de cómo el desarrollo de las fuerzas productivas se rebela contra la existencia de las fronteras nacionales. Esa integración de las economías en el mercado mundial, a su vez, aboca dolorosamente a que, mientras la propiedad de los principales resortes de la economía siga en manos privadas (cada vez en menos fruto de la concentración del capital que magníficamente representan las multinacionales), zonas enteras del mundo estén condenadas a la explotación y la marginación. Bajo la etiqueta de la globalización no aparece sino el avance internacional del capitalismo bajo fórmulas neoliberales, esto es, propugnando en teoría la libertad de mercado, la libre competencia y la desregulación económica, e imponiendo en la práctica el dominio de oligopolios multinacionales que dictan a los gobiernos las políticas económicas que deben seguir bajo la amenaza de la deslocalización de las inversiones y otras sanciones indirectas a través de los organismos internacionales que controlan, como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, la libertad para el capital pero el mantenimiento de las fronteras para la mano de obra y el proteccionismo de los países del Norte frente a los productos del Sur. Bajo la apariencia de que las políticas aplicadas en nombre del "pensamiento único" neoliberal fomentan el bienestar y la riqueza y son la única esperanza para los países menos desarrollados, las estadísticas elaboradas por organismos poco sospechosos del sistema de las Naciones Unidas nos dicen que su resultado real es hacer más ricos a los ricos y más pobres a los pobres, que las desigualdades a nivel mundial se están profundizando y que además no se está poniendo coto a la degradación ambiental. La economía de subsistencia ha resurgido ante la crisis estructural del sistema globalizador, neo liberal y capitalista. En este contexto, la discriminación de género, existe de manera más o menos formal y directa, en todos los lugares del mundo. Tal discriminación se extiende desde la más cruenta exclusión social hasta la violencia sistemática y se traduce en un desigual reparto de recursos, ya de por sí acumulados en pocas manos.

Mientras el capitalismo no sea abolido este proceso económico pervivirá, pues tiene su fundamento en el intercambio desigual de productos con más valor añadido agregado (producidos en los países desarrollados) por materias primas o productos sin elaborar que son condenados en la división internacional del trabajo los países del despectivamente llamado Tercer Mundo. La espiral sin salida se agrava cuando se le añaden los enormes costes de la deuda externa que sangra las economías de los más débiles. En los propios países desarrollados, además, se lucran de esta situación exclusivamente los poderes económicos, pues también en el llamado “primer mundo”


- 95 -

las diferencias entre ricos y pobres no dejan de crecer, y nada indica que tal fenómeno vaya a contenerse.

Para Izquierda Unida, organización política anticapitalista, los sistemas de producción y de distribución del capitalismo, van íntimamente unidos hasta el punto de que sin alterar las relaciones de producción en que se basan (propiedad privada de los principales medios de producción) los actuales desequilibrios se perpetuarán y crecerán. Por eso, la lucha contra la “globalización”, para no terminar en un callejón sin salida, es una lucha contra el capitalismo que, por su propia naturaleza, ha de tener un carácter internacional. En el mundo hay suficientes recursos económicos y técnicos para que, planificándose democráticamente en aras a la satisfacción de las necesidades sociales y no del beneficio de unos pocos, el hambre, la miseria y multitud de enfermedades a ellas asociadas pasaran a ser un mal recuerdo. Para ello hay que quebrar el poder de las multinacionales y el gran capital industrial, económico y financiero, es decir, avanzar hacia el socialismo.

Efecto directo de esta tendencia mundial a la globalización es el creciente traspaso de poder desde las instituciones públicas, incluidos parlamentos y gobiernos, a instituciones privadas, y principalmente al mundo empresarial. En nuestro espacio podemos contemplar de cerca el papel determinante desde el punto de vista económico de las empresas transnacionales: el presupuesto de Volkswagen Navarra es similar a los Presupuestos Generales de Navarra. Mantener en Navarra políticas económicas como la que patrocina UPN, perfectamente acordes con los moldes de la globalización neoliberal, reduciendo el peso del sector público, reduciendo el gasto público y transfiriendo responsabilidades al sector privado, no conduce sino a menguar las posibilidades de autogobierno, ya que éste se ejerce a través de los poderes públicos o simplemente no existe.

Nuestra alternativa a estos retos se basa en la búsqueda de vías de diálogo regional e internacional entre los pueblos, de solidaridad interterritorial e internacional y de integración de todas las opciones políticas, culturales y sentimientos de identidad. 4.2. COOPERACIÓN AL DESARROLLO 4.2.1. Hacia la pobreza cero.

El último año ha habido noticias escandalosas en torno a la gestión en Navarra de los programas de Cooperación con implicación de altos cargos y siempre en el entorno de América Latina. La cooperación tiene que procurar una economía social y ambientalmente más sostenible. Haciéndolo desde la transparencia en la gestión con sistemas públicos de baremación de expedientes y la participación de entidades implicadas. Procurando actuaciones con los sectores más desfavorecidos de los países en vía de desarrollo. Nuestras propuestas en cuanto a cooperación son las siguientes.


- 96 -

- Creación del Instituto Navarro de Cooperación Internacional que garantice la participación de las entidades que gestionan los fondos, establezcan normas públicas para la concesión y actúen con total transparencia.

- Elaboración de una nueva Ley Foral de Cooperación y Solidaridad desde la que se plantease destinar, al menos, el 1 % del conjunto del presupuesto del Gobierno de Navarra a éste programa, incluyendo organismos autónomos y empresas públicas, una vez deducida la amortización de deuda e intereses y destinando, como mínimo el 20 % de la ayuda internacional a programas sociales básicos (nutrición, agua potable, saneamiento, asistencia primaria, vacunaciones, salud reproductiva, escolarización que garantice no sólo conocimientos sino también formación cívica y social, defensa del medioambiente, etc.) implicándose en ésta línea se todos los Ayuntamientos de Navarra. Todas las ayudas deben estar condicionadas a un control eficaz justificativo de su aplicación de acuerdo con su destino.

- Explicitar en las Bases de las Convocatorias financiación preferente para

proyectos a desarrollar en África.

- Proponemos incluir demandas de condonación de la deuda externa, apoyo al desarrollo de los países del sur, apuesta por el comercio justo y solidario ambiental y socialmente sostenible. (Plataforma de Pobreza Cero) 4.2.2. Por un nuevo internacionalismo.

La superación del capitalismo y la construcción del socialismo exigen la solidaridad con los pueblos en lucha, en particular con aquellos que sufren con mayor virulencia los ataques del imperialismo.

Desde IUN-NEB promoveremos iniciativas solidarias de apoyo institucional a

los pueblos en lucha, en particular con el pueblo saharaui por la autodeterminación, con pueblo palestino por el derecho al estado palestino, con pueblo cubano contra el bloqueo y los ataques terroristas, y con la población de países ocupados, como Irak y Afganistán, por el derecho a construir un futuro en paz, libre de ejércitos de ocupación, por poner algunos ejemplos.

Así mismo, desde IUN-NEB promoveremos foros de encuentro y debate con

las fuerzas políticas y sociales que luchan contra el imperialismo capitalista y por otro mundo posible.


- 97 -

5. NAVARRA SOMOS TODOS. PROPUESTAS COMARCA A COMARCA 5.1. COMARCA DE PAMPLONA.

5.1.1. La nueva realidad comarcal. El crecimiento de Pamplona y de las localidades de su periferia más

inmediata ha desbordado los límites administrativos. La vida cotidiana se realiza en una única ciudad o continuo urbano. La Comarca es una unidad geográfica y social real y como tal hay que contemplarla. La realidad nos demuestra un conjunto de usos dispersos por el territorio, con unas interrelaciones cada vez más complejas, que provocan problemas a los cuales las Administraciones locales son incapaces de afrontar en su globalidad, más allá de las medidas parciales que afectan a su territorio.

Así, aun cuando cada Ayuntamiento intente ordenar su término, el conjunto

resultante es desordenado e incontrolado. Esta fragmentación constituye también un obstáculo para crear una ciudadanía responsable que pueda participar en el proceso de toma de decisiones con una visión de conjunto. No se trata de un problema específico de la comarca de Pamplona, sino una consecuencia de una situación más amplia: la inadecuación del actual mapa municipal de Navarra a las necesidades de hoy.

El desarrollo de la comarca se ha convertido en un gran problema donde la estrategia que prima el crecimiento competitivo entre municipios colindantes. Construcción de grandes equipamientos comerciales, expansiones municipales sin las correspondientes dotaciones; desdoblamientos de carreteras con la finalidad de generar una movilidad sin límites, gobernada principalmente por los vehículos privados, y olvidándose de los peatones y del medio circundante; invasión de espacios libres que deben ser preservados. Este conjunto provoca la desorganización de nuestra Comarca.

Puede parecer una obviedad decirlo, pero antes de entrar al debate sobre el futuro de la Comarca de Pamplona es preciso definir de qué comarca hablamos. Es evidente que se habla de la comarca que rodea a la ciudad de Pamplona, pero no es en absoluto evidente cuáles son sus límites. En realidad, cuando se habla de “Comarca de Pamplona”, además de otras delimitaciones vigentes para distintos servicios forales (educativos, sanitarios, etc.), o geográficas, como la Cuenca de Pamplona, se hace alusión, al menos, a tres realidades legales distintas: a) La Comarca de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, que es la única entidad administrativa que ostenta en su nombre esa expresión, y que abarca a 50 municipios de tres comarcas geográficas distintas (Navarra húmeda del noroeste, Valles pirenaicos y Cuencas prepirenaicas) con un total de 294.755 habitantes repartida sobre una extensión de 1.327,9 kilómetros cuadrados. b) La Comarca de las Normas Urbanísticas Comarcales, que comprende 27 municipios con una población de 286.797 habitantes repartida sobre una extensión de 571,8 kilómetros cuadrados. c) La Comarca del Transporte Comarcal: únicamente el continuo urbano que constituye el municipio de Pamplona con los municipios más próximos, 17 municipios, de los cuales 7 se integran parcialmente, y


- 98 -

que suman una población de 276.373 habitantes. Por lo tanto, nos encontramos con, al menos, tres conceptos distintos de Comarca de Pamplona, que resultan muy diferentes en cuanto a extensión, población y características geográficas y socioeconómicas.

Parece procedente que distingamos, a los efectos de hacer propuestas sobre el

futuro de la comarca, que distingamos entre dos ámbitos comarcales distintos:

a) La “gran comarca” que comprende todo el ámbito actual de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. Este ámbito territorial comprende áreas muy distintas, unas de carácter urbano y otras de carácter rural, poblaciones grandes y agrupadas en torno a la ciudad de Pamplona y poblaciones pequeñas e incluso diseminadas en el resto, municipios simples y municipios compuestos. No es exagerado decir que lo único que tienen en común es haberse constituido en un ámbito de extensión y características geográficas idóneas para la gestión de los dos grandes servicios asumidos por la Mancomunidad, el ciclo integral del agua y los residuos, que pese a ser de competencia municipal ya prácticamente ningún municipio de Navarra puede desempeñar por sí mismo. Otros problemas de estos municipios no son comunes; los padecen algunos de ellos, pero otros no, y las soluciones ya no pueden ser compartidas por todos.

b) La “pequeña comarca” que comprende lo que podemos denominar el área

metropolitana de Pamplona, un continuo urbano asentado en el interior y en los bordes de las rondas de circunvalación de Pamplona (norte, este y oeste), que comparten el carácter urbano y buena parte de los problemas asociados a tal condición: planeamiento urbanístico, vivienda, sanidad y salubridad pública, tráfico, seguridad ciudadana, protección del medio ambiente, etc. Todas estas son competencias municipales que son desempeñadas por los respectivos Ayuntamientos, pero en unas condiciones de efectividad dudosa, porque cada Ayuntamiento solo tiene competencia sobre alguno o algunos de los “barrios” que forman parte de la “ciudad real”, la ciudad en sentido geográfico en la que desarrolla sus vidas la población, y que ya no coincide con los términos municipales. Esta ciudad real carece de ningún organismo administrativo que gestione sus necesidades o que coordine sus actuaciones, cuando cada vez es más imprescindible su existencia. 5.1.2. Un desarrollo más ordenado. Si bien la Comarca de Pamplona es una de las zonas de Navarra donde se concentran mayores cuotas de bienestar y de servicios, el crecimiento de los últimos años se ha hecho de una forma desordenada, fundamentalmente a expensas de la especulación del suelo y de la iniciativa privada en la promoción de nuevas urbanizaciones residenciales, centros comerciales y polígonos industriales. La acción de las Administraciones Públicas en general ha ido por detrás de la realidad, llegando con las dotaciones de servicios años después de que los vecinos los demandaran, o atendiendo las necesidades de vías de comunicación cuando la saturación de las existentes había ido más allá de lo permisible. Por otro lado, la planificación urbanística realizada por cada municipio por separado ha contribuido a generar situaciones poco racionales. Las zonas limítrofes resueltas de forma armónica siguen siendo la excepción y no la regla.


- 99 -

La ciudad-comarca en que se va convirtiendo Pamplona empieza adolecer de forma pronunciada los problemas derivados del modelo de ciudad insostenible que se ha ido generalizando en las últimas décadas: -Crecimiento urbanístico horizontal, con urbanizaciones de poca densidad de población (el reino del adosado) que suponen un mayor coste económico y ecológico y obligan a un estilo de vida basado en el uso masivo del automóvil particular. -Concentración del comercio y del ocio en nuevos centros situados en las vías de comunicación periféricas, que fomentan el uso del vehículo particular y que contribuyen al despoblamiento comercial (y, a la larga, humano) de las zonas residenciales y del centro de las poblaciones. -Política de aparcamientos en el centro de Pamplona que fomenta también el uso masivo del automóvil, no sólo para los desplazamientos diarios a lugar de trabajo o estudio, sino principalmente para los momentos de ocio o de compras (los aparcamientos se llenan el fin de semana). -Encarecimiento insoportable de la vivienda que expulsa a la población desde el centro hacia la periferia. Envejecimiento de los barrios céntricos, desplazamiento de casi toda la natalidad en los nuevos barrios. Desequilibrio demográfico que dificulta la posibilidad de equilibrar la dotación de servicios públicos. -Desfase entre la construcción de nuevos barrios y la dotación de servicios públicos. Las escuelas infantiles llegan cuando los niños del barrio están ya en el instituto, y el nuevo instituto cuando van a la Universidad. La saturación en centros públicos fomenta la huída hacia la enseñanza privada. -Concentración de la pobreza y de los problemas de integración social en determinadas zonas, principalmente como consecuencia del encarecimiento de la vivienda, de la escasez de promoción de vivienda pública de integración y de la total ausencia de vivienda en alquiler con precios accesibles para las capas sociales más desfavorecidas económicamente. Para corregir estas tendencias es imprescindible el establecimiento de políticas comarcales que hoy no existen. Políticas de urbanismo y vivienda dirigidas a un desarrollo urbano equilibrado. La tendencia de concentración de la población y de la actividad económica de Navarra hacia la Comarca de Pamplona debiera ser moderada, en contra de las previsiones de la Estrategia Territorial de Navarra que dan por buena una gran “área polinuclear central” en la cual se debe hacer un sobredimensionamiento de equipamientos y servicios. El crecimiento del centro en detrimento de otras áreas de Navarra que tienden a la despoblación es tan malo para unos como para otros. El equilibrio en el crecimiento de todas las zonas de la Comunidad Foral permitiría un crecimiento más ordenado también de la Comarca de Pamplona.

Los nuevos desarrollos residenciales deben integrarse en las actuales tramas urbanas. No son de recibo iniciativas como la de Guenduláin, la creación artificial de toda una ciudad que sería la segunda en tamaño de Navarra, provechosa para los promotores pero nefasta para una buena planificación de los servicios y las comunicaciones de la comarca.


- 100 -

Es imprescindible potenciar la construcción de vivienda protegida frente a la vivienda libre, ya que la actual demanda de ésta última tiene más que ver con fenómenos de especulación o inversión que con las necesidades reales de alojamiento. Mientras cada vez hay más viviendas vacías, tanto antiguas como nuevas, un sector de la población sigue con dificultades de acceso a una vivienda a precio asequible. La vivienda protegida en la comarca no debiera ser el 50 % mínimo que exige la ley (y que no se va a cumplir en desarrollos aprobados con anterioridad a 2003) sino bastante más. Políticas de tráfico y transporte dirigidas a frenar el abuso del vehículo particular y potenciar el transporte público y otros medios de desplazamiento alternativo como la bicicleta. Los centros urbanos deben ver radicalmente limitado el uso del vehículo particular, restringiendo el acceso a vecinos, reparto de mercancías y vehículos de servicio público. Se debe dar prioridad absoluta al transporte público, eliminando la congestión del tráfico mediante la limitación antedicha y mediante la creación de carriles exclusivos. Los aparcamientos céntricos deben estar reservados únicamente a los residentes; en las zonas circundantes del centro urbano deben crearse zonas de aparcamiento limitado (“zona azul”), y en las zonas periféricas aparcamientos gratuitos para que quienes se desplazan de fuera de la ciudad puedan dejar sus vehículos y desplazarse por el centro a pie o en transporte público. El acceso al transporte público debe garantizarse para toda la población mediante el aumento de la participación de los presupuestos públicos en su financiación. Debe asegurarse la prestación del servicio incluso donde por el tamaño de las poblaciones o por el número de usuarios resulte deficitario económicamente, de modo que nadie se vea obligado al uso del vehículo particular por carecer de alternativa. Los desplazamientos desde Pamplona al resto de la Comunidad Foral no tienen por ahora otra alternativa que la carretera. En el futuro debiera potenciarse el uso del ferrocarril. Rechazamos un diseño de política ferroviaria que sólo contemple la mejora de conexión con Madrid o Barcelona mediante AVE y en cambio no contemple la mejora de las comunicaciones internas o la existencia de trenes de cercanías. El uso de la bicicleta debiera pasar de su actual marginación, pese a los discursos oficiales en pro de su uso, a convertirse en una alternativa más de transporte mediante una red de carriles-bici y de itinerarios ciclistas por toda la comarca. La construcción de nuevos viales, y especialmente los de gran capacidad, no puede hacerse más ignorando a la bicicleta y a los peatones. En el área de medio ambiente debería establecerse una política de planificación conjunta y conservación de espacios naturales con usos de ocio, esparcimiento y deportivos: los parques fluviales del Arga, Ulzama, Araquil y Elorz; el monte San Cristóbal-Ezkaba, etc. 5.1.3. Una Entidad Metropolitana.

La Mancomunidad ha prestado un papel importante en la prestación de servicios de ámbito supramunicipal (ciclo integral del agua, residuos, transporte urbano) pero debe abordarse junto a la potenciación de sus servicios (en el ámbito de la “Gran comarca”) su coexistencia con una Entidad Metropolitana creada por Ley Foral para las localidades que constituyen un continuo urbano (la “pequeña comarca”) que asumiera


- 101 -

aquellas competencias que exigen una visión comarcal o cuya eficacia se impulsara con una gestión común: planeamiento urbanístico, vivienda, transporte, tráfico, policía local, etc.

La experiencia práctica señala que la Mancomunidad presta servicios, pero

apenas tiene capacidad de diseñar políticas. El transporte es un caso claro; es imposible diseñar políticas de transporte si la gestión de ese servicio está desconectada de las competencias sobre tráfico y sobre urbanismo. La Mancomunidad puede decir que apuesta por el transporte público; pero si los ayuntamientos apuestan por el vehículo privado, como vienen haciendo y especialmente el Ayuntamiento de Pamplona, esa declaración queda en agua de borrajas.

La Entidad Metropolitana que proponemos debiera ser una entidad de

organización democrática, es decir, con órganos elegidos directamente por la ciudadanía, pero también representativa de las distintas localidades. Porque la existencia de entes supramunicipales no debe ser incompatible con la existencia de los actuales Ayuntamientos o de otros órganos representativos en cada núcleo de población, con el ejercicio descentralizado de muchas competencias por su parte y con el mantenimiento de la identidad de cada localidad y barrio. Pero todas ellas comparten una serie de problemas comunes que debieran gestionarse a través de la creación, por ley foral, de una Entidad Metropolitana que asumiese el ejercicio común de algunas competencias municipales. Dicha Entidad tendría el carácter de ente local con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el desarrollo de sus fines.

El contenido de esa ley foral podría seguir las siguientes líneas. a) Competencias:

-Urbanismo y vivienda. Las actuales Normas Urbanísticas Comarcales se han revelado como un instrumento ineficaz e insuficiente, hasta el punto de que han desaparecido con la nueva Ley Foral de Ordenación del Territorio. La Entidad Metropolitana debiera tener capacidad para elaborar y aprobar un planeamiento propio para todo su ámbito de rango jurídico similar al del Plan Municipal. Los Ayuntamientos mantendrían las competencias en el planeamiento de ámbito más local como los Planes Parciales o los Planes Especiales. La ejecución y la disciplina urbanística podría seguir también en manos de los Ayuntamientos. Asimismo debiera tener competencias sobre reserva de suelo y para promover y gestionar vivienda pública. -Infraestructuras: elaboración y aprobación de planes y proyectos de incidencia supramunicipal dentro de su ámbito territorial sobre infraestructuras y equipamientos, y capacidad de iniciativa y propuesta cuando rebasen su ámbito territorial y la competencia corresponda al Gobierno de Navarra, asegurando el traspaso de medios económicos suficientes para su ejecución. -Protección del medio ambiente y sanidad: control sanitario de actividades, control de actividades clasificadas, formación y sensibilización, etc. Comprendería tanto la potestad normativa, a través de ordenanzas comunes para todo el ámbito metropolitano, como la de inspección y control, optimizando la eficacia y eficiencia


- 102 -

de los recursos empleados (equipos de inspección, laboratorios, etc.). Delimitación y actuación en parques naturales, reservas paisajísticas, etc. -Tráfico: comprendería la ordenación del tráfico y aparcamiento, a través de ordenanzas comunes para el ámbito metropolitano y de una planificación conjunta, así como de la actividad sancionadora. -Transporte Urbano: la Entidad Metropolitana asumiría la gestión actual de autobuses y taxis encomendada a la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona. -Seguridad ciudadana. Se unificarían los cuerpos de Policía Municipal existentes en una Policía Local metropolitana, lo que redundaría en la optimización de unos recursos muy costosos. La dependencia orgánica de este cuerpo de la Entidad Metropolitana sería compatible con una dependencia funcional de los alcaldes para el ejercicio de las competencias que les corresponden a éstos en materia de policía administrativa. Asimismo se redactarían planes de Protección Civil de ámbito metropolitano.

A estas competencias iniciales se podrían añadir más tarde otras competencias como bienestar social, cultura, deporte, turismo, industria, etc. La Entidad también podría recibir la delegación de competencias del Gobierno de Navarra o suscribir convenios con éste para la gestión de servicios de interés común. b) Organización: La Entidad Metropolitana ejercería sus competencias a través de los siguientes órganos: -Presidente: elegido por la Asamblea con el mismo sistema que los Alcaldes. -Asamblea: elegida directamente por la población mediante el mismo sistema que los Ayuntamientos. Los Alcaldes de los municipios que forman parte del área metropolitana tendrían derecho a asistir con voz y sin voto. -Comisión Permanente: compuesta por un representante de cada Ayuntamiento, con ponderación del voto de modo que ningún municipio tenga mayoría absoluta. -Comisión de Gobierno: designada por el Presidente de entre los miembros de la Asamblea. La Asamblea aprobaría los reglamentos de organización y funcionamiento y las ordenanzas en las materias atribuidas a la Entidad Metropolitana, y controlaría la gestión del Presidente y de la Comisión de Gobierno, con posibilidad de moción de censura. La Comisión Permanente tendría la facultad de iniciativa ante la Asamblea y el estudio previo y dictamen de los asuntos conocidos por ésta. El Presidente y la Comisión de Gobierno tendrían encomendadas las funciones ejecutivas.


- 103 -

La Entidad Metropolitana contaría con los recursos personales transferidos por los Ayuntamientos, además de poder nombrar o contratar el personal propio que fuera necesario. También podría llegar a convenios con la sociedad de gestión de la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona para encomendarle el ejercicio de determinadas funciones. Esta organización se plantea sin perjuicio de impulsar otros mecanismos de participación ciudadana: consulta popular, consejos consultivos con representación vecinal, presupuestos participativos, etc.

c) Recursos económicos:

La Entidad Metropolitana tendría atribuidas las mismas potestades tributarias que los Ayuntamientos, y podrían recaudar directamente los tributos relativos a las competencias cuya titularidad le correspondiera. También podría participar en los impuestos de Navarra y en las subvenciones que otros organismos concedieran en relación con materias de su competencia. En todo caso la gestión financiera de la Entidad se haría con criterios de redistribución territorial y social y buscando el equilibrio entre las distintas localidades. 5.2. LA RIBERA

La Ribera, y en general lo que podemos llamar el Eje del Ebro en Navarra, es la segunda zona, a continuación de la Comarca de Pamplona, donde se concentra principalmente la población y el crecimiento económico de nuestra comunidad. Esta situación genera ventajas pero también notorios desequilibrios que deben corregirse.

Proponemos las siguientes medidas concretas para resolver los problemas de

desarrollo de la Ribera. El futuro tren de velocidad alta por el que apostamos debe tener parada en

Tudela, de forma que la Ribera quede unida con Madrid y el País Vasco. Igualmente deben diseñarse ramales ferroviarios que hagan posible el transporte de mercancías desde los polígonos industriales.

Es necesario que el nuevo trazado del tren tenga una nueva estación fuera de la

ciudad de Tudela, liberando terrenos para lograr un desarrollo urbanístico equilibrado hoy impedido por el trazado ferroviario.

Rescate de la A-15 y gratuidad para convertirla en una autovía más de las que

vertebren internamente a Navarra. Construcción de variantes en localidades como Ablitas, Ribaforada o Corella, para liberar a sus cascos urbanos del tráfico pesado.

En cualquier modificación o trazado de infraestructuras viarias, construcción de

carriles bici.

En cuanto a suelo y vivienda, es necesario establecer una política en dos direcciones: construcción de nueva vivienda y desarrollo de vivienda en los cascos


- 104 -

históricos. Para el desarrollo de vivienda nueva es imprescindible una gestión más ágil y dinámica, en su caso mediante la creación de empresas municipales de vivienda que adquieran y gestionen suelo público. En cuanto a vivienda en cascos antiguos se propone una política activa en la compra de vivienda por parte de la administración local o autonómica a fin de desarrollar los PEPRIS respectivos.

La Ribera necesita una política de transporte comarcal, con el fin de facilitar el tránsito de personas y tráfico de vehículos. Este transporte se debe plantear en función de dar respuesta a las necesidades de diferentes servicios, Hospitales, Centros de Salud, Ferrocarril y cualquier otro que sea necesario y con suficiente demanda.

En cuanto a política medioambiental se hace necesario que con ámbito comarcal se establezcan diferentes servicios de gestión conjunta y redes de oficinas de apoyo a las entidades locales. En muchos ayuntamientos se ha desechado la figura del concejal del ramo y no se cuenta con técnicos. En municipios pequeños, se hace difícil tener un técnico.

También es necesario ente comarcal para dotar un servicio de la mujer en una doble faceta: la acción integral en cuanto a prevención en malos tratos, atención, asesoría jurídica, y los servicios de promoción de la igualdad. Son servicios necesarios para un desarrollo integral y transversal de los planes de atención a la mujer y que en estos momentos los ayuntamientos no pueden desarrollar por sí mismos por ausencia de recursos. En Educación, los dos centros de secundaria ubicados en Tudela albergan más de mil alumnos cada uno de ellos. La dificultad de gestionar estas cifras aumenta si tenemos en cuenta que quienes proceden de la inmigración son en torno al 12 %. Se considera que el número mas apropiado por centro, para poder desarrollar un trabajo eficaz y en previsión de que la población emigrante se incorpore de forma paulatina a los cursos, está en torno a 800. Se debe trabajar por el tercer centro de secundaria para la Ribera.

Es necesario establecer en los centros escolares las aulas de inmigración y los mediadores culturales. Dos figuras indispensables para un buen desarrollo de los estudiantes inmigrantes y para el fin de evitar la brecha con los demás jóvenes. Con la instalación de la UPNA en Tudela es preciso abordar la creación de otras infraestructuras complementarias: residencia de estudiantes en el caso viejo; centro de investigación ligado a recuperación de residuos u otro objetivo medioambiental. La existencia de minorías étnicas y de inmigrantes en toda la comarca de la Ribera obliga a realizar políticas transversales de integración social en todos los ámbitos de los servicios de salud, educación, bienestar social, etc. La rigidez del sistema hace que sea difícil observar avances en la situación particular de cada persona o familia. Por lo tanto es necesario una política mas abierta y que dé soluciones personalizadas.

Las necesidades más destacadas en este ámbito, que deben ser abordadas sobre todo a nivel municipal, son las siguientes. En Educación, más y mejor seguimiento a los menores que a partir de los 16 años y habiendo finalizado la educación obligatoria


- 105 -

no están en edad de trabajar y no cuenta con actividades definidas. Es necesario que participen de modo más práctico los educadores de calle. La comisión de escolarización debe entrar a trabajar a fondo con los menores de 16 años. Debe reforzarse las dotaciones sanitarias: nuevo Centro de Salud en para los nuevos desarrollos urbanísticos en Gardachales; mejora de los servicios insuficientemente dotados en el Hospital Reina Sofía: gerontología, cuidados paliativos, diálisis, endocrino, anestesia, etc. Mejora y ampliación del servicio de día en la Residencia Misericordia. Transporte sanitario para el traslado de pacientes de radioterapia al Hospital de Navarra. Mejora de la oferta cultural en la Ribera a través de una gestión comarcal que aproveche los diversos espacios escénicos y la demanda de buenos espectáculos y actividades. 5.3. ZONA MEDIA Esta Zona (coincidente en líneas generales con la antigua merindad de Olite o lo que otros denominan comarca de Tafalla) ocupa, geográficamente, el lugar central del territorio de la Comunidad Foral, pero ello no implica que todo sean ventajas, también hay inconvenientes. Esta Zona se ha convertido en el corredor que comunica Pamplona y Tudela, por el que discurren todo tipo de infraestructuras de las que se sufren todos sus inconvenientes y sin beneficiarse de sus ventajas: N-121, AP-15, RENFE, Alta Tensión, Canal de Navarra, Gasoducto, etc. Infraestructuras que dividen doblemente a la Zona, afectando a su desarrollo y al medioambiente allá por donde pasa y afectando así mismo a las Comarcas más alejadas, privándolas de accesos y comunicaciones. Todo ello pone en peligro la cohesión territorial, no sólo de la Zona Media sino en general de la Comunidad Foral, con ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. La cercanía a Pamplona también es un arma de doble filo, porque si bien facilita el acceso a determinados servicios, por otro lado la actividad económica cada vez más se concentra en la Comarca de Pamplona y las perspectivas de desarrollo peligran. Una buena parte de la Zona corre el riesgo de convertirse en un gran barrio dormitorio donde la mayoría de los vecinos tienen que desplazarse a diario a su puesto de trabajo en Pamplona. El papel que tradicionalmente ha tenido Tafalla como cabecera de comarca y proveedora de servicios se va debilitando progresivamente. Apostamos por el diseño de un proyecto de futuro con la adecuación de las actuales infraestructuras y que tenga en cuenta las necesidades sociales reales. Esta situación puede verse agravada si va adelante el proyecto de nuevas infraestructuras ferroviarias con un modelo de Tren de Alta Velocidad que sirva para rebajar un poco el tiempo para desplazarse entre Pamplona y Madrid a costa de no detenerse en las estaciones intermedias y con un devastador impacto ambiental para la zona. Es decir, un modelo ferroviario que no sirva para mejorar la cohesión territorial, distribuir las actividades económicas y dar servicio a todas las poblaciones, sino que atienda únicamente a algunos sectores de la población: los que viven en las capitales y los de mayores recursos económicos.


- 106 -

En la cuestión de las comunicaciones, mientras se están construyendo además de las autovías a Vitoria o Donostia otras nuevas sin peaje para los usuarios que comunican a Pamplona con diversas zonas de Navarra (autovía Estella-Logroño, autovía Pamplona-Jaca) o incluso de otras comunidades (autovía Medinaceli-Tudela), la Zona Media sigue sufriendo una autopista de pago en su conexión con Pamplona, pagándola doblemente económicamente (en su día con los impuestos y actualmente con los peajes) sin olvidar la “cuota de sangre” en los innumerables accidentes de la N-121. Se añade el hecho de que siguen existiendo carreteras locales muy deficientes que dificultan el desarrollo normal de muchas actividades para determinadas poblaciones alejadas de las principales vías: Mélida, Carcastillo, Artajona, etc. Se carece de una auténtica política industrial que tenga en cuenta a la Zona Media; la actividad se concentra bien en torno a Pamplona bien hacia el Eje del Ebro. Planteamientos como los de la Estrategia Territorial de Navarra no hacen sino potenciar esa situación. En otros sectores tampoco se ven iniciativas potentes desde los poderes públicos; el comercio tiene escaso futuro, dado el tirón de los grandes centros comerciales de Pamplona o Tudela; las iniciativas de desarrollo turístico son tímidas, y buena parte de ellas se centran en el Camino de Santiago, quedando excluida esta Zona; la agricultura tiene un futuro incierto ante las nuevas orientaciones de la política europea y los debates en la Organización Mundial de Comercio. En buena parte de la Zona la dotación de servicios públicos sufre de importantes deficiencias respecto del nivel existente en Pamplona o Tudela. La propia Estrategia Territorial de Navarra aprobada por el Gobierno de Navarra señala la necesidad de “solventar con la mayor celeridad ciertos déficit de infraestructuras urbanas básicas”, aunque no aporte soluciones concretas. Los centros de salud tienen recursos escasos, y para la atención de cualquier urgencia es habitual tener que acudir a Pamplona. Faltan dotaciones en urgencias, radiología, pediatría y otras especialidades, ambulancias medicalizadas... La ausencia de un Plan Director de educación aporta más confusión a los problemas de las Escuelas Infantiles y la educación pública en general. La actividad cultural también se mantiene en niveles pobres, ya que casi todo está centralizado en Pamplona, y en cuanto a instalaciones deportivas, saliendo de Tafalla, las dotaciones son enormemente desiguales. La gestión medioambiental debe cambiar por completo, menos gastos publicitarios en libros, dossieres y exposiciones sobre Agenda 21 o LICs y desarrollo real de sus propuestas. Los servicios que tienen que prestar los ayuntamientos, en particular, suelen hallarse en condiciones precarias. Buena parte de los municipios de la Zona están entre los 1.000 y 5.000 habitantes; sus ayuntamientos están obligados, por ley o por la demanda vecinal, a prestar cada vez más servicios (Escuela de Música, Escuela Infantil, etc.), pero sus recursos económicos son insuficientes y lo seguirán siendo sin una reforma importante de la Administración Local y su sistema de financiación que doten a los municipios de capacidad de gestión. Finalmente apuntar que la construcción de vivienda protegida es escasa. Los ayuntamientos por lo general carecen de capacidad y desde la Administración Foral apenas se actúa, nuevamente la promoción de vivienda se tiende a concentrar en el área de Pamplona o en la Ribera.


- 107 -

Al igual que en otras zonas de Navarra, conseguir políticas adecuadas a las necesidades de la Zona Media pasaría por la creación de un ente comarcal con capacidad de decisión y de planificación territorial. En estos momentos cualquier política con visión de conjunto está a expensas de las decisiones del Gobierno de Navarra, que tiende a poner su atención en las dos zonas limítrofes donde se concentra la mayor parte de la población de la Comunidad Foral.

Proponemos las siguientes medidas concretas que ayudarían a resolver los problemas de desarrollo de la Zona Media:

a) Un Tren de Velocidad Alta que tenga parada en Tafalla y sirva de

comunicación a toda su comarca con Pamplona, con la Y vasca, con Tudela o con Madrid. Ello conllevaría una mejora de las actuales infraestructuras ferroviarias tanto para pasajeros como mercancías, con acceso a los polígonos industriales. b) Mejora de las comunicaciones por carretera: Rescate de la concesión, supresión del peaje y gratuidad de la A-15, construyendo los accesos necesarios para las poblaciones por las que pasa; mejora y potenciación del eje Estella-Sangüesa. c) Mejora de las comunicaciones internas, especialmente de las carreteras comarcales. Sistema de transporte público; una red de autobuses con tarifas y frecuencias accesibles que conecten las localidades de la Zona con Tafalla y Pamplona. d) Plan de desarrollo industrial que atraiga inversiones y actividad económica. e) Establecimiento de un gran centro cultural en las Recoletas de Tafalla que dinamice la actividad de toda la zona. Descentralización de las actividades culturales. f) Oferta del modelo D en los centros educativos públicos de la zona. Los padres que quieren optar por enseñanza pública en euskera ven negado su derecho, tienen que optar por enseñanza privada en euskera (ikastola) o enseñanza pública en castellano. g) Plan de infraestructuras deportivas con un reparto equitativo según las necesidades de modo que toda la población tenga acceso a una distancia razonable y todos los ciudadanos puedan desarrollar actividades deportivas utilizando la red de transporte público. h) VINSA u otros organismos de la Administración Foral deben implicarse en la promoción de vivienda protegida en la zona. i) Mejora en la provisión de medios de los centros de salud. Debe garantizarse la atención de urgencias y el transporte sanitario en las mismas condiciones que las zonas mejor dotadas. j) Gestión medioambiental de los recursos naturales propios de la Zona: Laguna de Pitillas, Laguna Juncal, Monte Plano, etc., y de los enclaves de interés.


- 108 -

5.4. TIERRA ESTELLA

Según se contiene en la Estrategia Territorial de Navarra (ETN) aprobada en 2005, en Tierra Estella están presentes muchos de los rasgos de todos los elementos del modelo de desarrollo que contempla: una estructura urbana bien definida, con una capitalidad clara, un rico patrimonio natural y cultural, áreas de montaña desfavorecidas, potenciales corredores de comunicación, espacios de rótula o transición. Se afirma que Tierra Estella une a estos factores la disposición de un fuerte sentimiento de identidad comarcal, una clara vocación de reforzar su cohesión interna y un sustrato bien organizado de agentes económicos, políticos y sociales.

Propone la ETN que el desarrollo territorial de la zona pase por “convertir la oportunidad de la autovía Pamplona-Logroño en una fortaleza, en lugar de una debilidad que provoque fugas hacia esas Áreas Metropolitanas. Para ello este importante Eje que pone en relación el Área Polinuclear Central con el Valle del Ebro, debe constituirse en espacio vertebrador de toda la zona, que posibilite y acoja el desarrollo de las actividades económicas, el crecimiento de los núcleos urbanos, la accesibilidad a los espacios rurales y al patrimonio cultural, la relación entre todos los sectores económicos presentes en la zona”. En este escenario debe potenciarse la vocación comercial y de servicios de la ciudad de Estella, sin descartar su posibilidad de desarrollo industrial, tecnológico y logístico.

Entendemos que el diagnóstico que hace el Gobierno de Navarra se queda corto y es excesivamente optimista si se mantienen las políticas actuales que ponen graves dificultades al desarrollo futuro de Tierra Estella.

En primer lugar, existe un creciente problema de integración, que se inicia por

la dificultad de poner límites exactos a lo que se considera Tierra Estella. De lo que históricamente fue Merindad de Estella, nos encontramos con el hecho de que una buena parte, la más ligada al corredor del Ebro, se está desvinculando progresivamente del resto. El propio Gobierno de Navarra a la hora de dividir el territorio para la elaboración de los Planes de Ordenación Territorial ha optado por distinguir el “Eje del Ebro” de lo que denomina las “zonas medias” de Navarra (desde Estella hasta Sangüesa). Si bien la realidad económica puede justificar la desvinculación de las zonas más cercanas al Ebro de las que rodean la ciudad de Estella, se corre el riesgo de que el desarrollo territorial pase por la despersonalización y la falta de identidad social.

Esta situación puede verse agravada con la construcción de la autovía Pamplona-

Logroño, que podría convertir a buena parte de Tierra Estella, sino a toda, en barrios dormitorio de Pamplona y de Logroño.

Frente a este riesgo, es necesario dotar a las políticas públicas que incidan en

Tierra Estella de una visión de conjunto del desarrollo de toda la zona, que debería ser considerada como una ciudad-comarca. Difícilmente se conseguirá esto si no existe una entidad comarcal con competencias de planeamiento y de desarrollo económico. Las entidades locales no tienen apenas posibilidad de incidir en estas cuestiones. En particular, se echa de menos una planificación de la política industrial, que está siendo sustituida por la competencia entre ayuntamientos por contar con su propio polígono industrial, con el peligro de que algunos no sean viables. Contar con muchos metros cuadrados de suelo industrial no garantiza el desarrollo si no hay una política


- 109 -

activa de atracción de inversiones. Esa acción de racionalización, de estudio de viabilidad y de búsqueda de inversores hoy no existe.

Por otra parte, en Tierra Estella, junto con los Valles Pirenaicos, es donde se

concentran las zonas deprimidas con mayor peligro de despoblamiento. Es urgentísimo impulsar políticas de mantenimiento de la población en el medio rural, y la primera medida debería ser la de identificar y reconocer normativamente las zonas deprimidas que requieren de tratamiento especial, incluyendo no sólo subvenciones e inversiones sino beneficios fiscales que permitan mantener, además de la actividad agrícola y ganadera, otras actividades económicas (comercio, servicio, turismo) y, en suma, las redes sociales existentes.

Proponemos las siguientes medidas concretas que ayudarían a resolver los

problemas de desarrollo de Tierra Estella: a) Mejorar las comunicaciones internas mediante la mejora de las carreteras

locales, y especialmente mediante la Variante Norte de Estella que haga más accesible la Autovía del Camino con las Améscoas. También debe mejorarse la accesibilidad a la Autovía de otras localidades como Abárzuza, Valle de Allín, etc.

b) Impulsar desde el Gobierno de Navarra planes especiales de zonas

deprimidas para todos los municipios en situación de despoblamiento progresivo. c) Creación de una entidad comarcal con competencias en ordenación del

territorio y en desarrollo económico que impulse, en colaboración con el Gobierno de Navarra, una planificación de la industria, la agricultura y el turismo.

d) Construir urgentemente el nuevo centro educativo en Remontival para

superar la masificación, falta de espacio y la provisionalidad de los módulos prefabricados. Nuevo colegio público en Ayegui. Mantener todos los centros de educación infantil y primaria de las zonas rurales.

e) Mejorar las dotaciones sanitarias, de modo que no sea tan habitual que ante

muchos problemas de atención haya que desplazarse a Pamplona. Algunos servicios del Hospital García Orcoyen están poco dotados y frecuentemente colapsados; el régimen de guardias presenciales es menos exigente que en otros centros.

f) La actividad cultural sigue estando en exceso centralizada en Pamplona. Es

necesario que desde la Administración Foral se apoyen o programen más actividades en diversas localidades de Tierra Estella, y debieran habilitarse más espacios escénicos.

g) El transporte público no llega a muchas pequeñas localidades donde,

además, reside población de edad que muchas veces no dispone de vehículo propio o de carnet de conducir para desplazarse. La falta de una red más completa, y subvencionada para que las tarifas sean accesibles, es otro motivo que contribuye al despoblamiento.

h) Fomento del comercio para atender las necesidades básicas con tiendas

subvencionadas en localidades de poca población como otra medida para evitar la huída de la población hacia localidades mayores.


- 110 -

5.5. COMARCA DE SANGÜESA La comarca de Sangüesa constituye una de las que la Estrategia Territorial de Navarra considera como “zonas intermedias” hacia las cuales se descentralizan algunas actividades desde la comarca de Pamplona, pero que tienen también el efecto negativo de la despoblación debido a que la gente prefiere trasladarse a Pamplona por razón de estudios y trabajo. La construcción de la autovía del Pirineo puede contribuir a acentuar la dependencia de esta zona respecto de la capital, y la pérdida de la ciudad de Sangüesa del carácter de cabecera comarcal en cuanto a la provisión de servicios. En este sentido, es imprescindible garantizar unos buenos accesos de todas las localidades a la futura autovía y también entre sí, para evitar que esta vía de comunicación no ayude a la cohesión territorial de la comarca sino a lo contrario. La relativa lejanía de la capital y el carácter periférico de esta comarca hace que la mayor parte de los servicios públicos recaigan en los ayuntamientos (en algún caso los del ayuntamiento de Sangüesa tienen vocación comarcal: escuela de música, educación 0-3 años, etc.), con la dificultad que tienen éstos para mantenerlos debido a su precaria situación económica. Es necesaria, como en otras zonas, una mejora sustancial en la financiación municipal para poder mantener el nivel de servicios a la ciudadanía. La creación de un ente comarcal contribuiría a planificar dichos servicios en mejores condiciones para atender a los vecinos de todas las localidades. Por parte del Gobierno de Navarra deben mejorarse algunos de los servicios que presta. En particular, en Salud hay una excesiva dependencia de Pamplona para ciertas especialidades: ginecología, radiología, urgencias, que deberían reforzarse mediante atención por turnos o instalaciones móviles para evitar el desplazamiento a la capital. Para mantener la población, que tiene una evolución menguante, es imprescindible una actuación decidida de potenciación de la actividad económica. El empleo industrial (el más importante, dado el retroceso de la agricultura) es excesivamente dependiente de dos empresas, una de las cuales (Papelera) es tecnológica y ambientalmente obsoleta, por lo cual su futuro es problemático, y la otra (Viscofán) se ha convertido en multinacional con la amenaza de que su crecimiento puede hacerse en otros países. Es necesaria una acción de promoción industrial que diversifique la actividad y garantice la creación de puestos de trabajo en la zona. El turismo es una actividad no suficientemente explotada, y se ha centrado excesivamente en torno a Javier, que genera muchas visitas pero pocos turistas (con pernoctación y gasto). Sería necesario un plan de promoción del turismo a través de la creación de otros atractivos para fijar a los visitantes al menos una noche: establecimientos hoteleros, museo, restauración de monumentos y señalización y promoción de recorridos, en su caso en coordinación con la comarca de Cinco Villas de Aragón. La recuperación medioambiental del entorno del río Aragón y la creación de un parque fluvial puede suponer, además de beneficios ambientales, otro factor de promoción turística.


- 111 -

Finalmente, deben coordinarse las actuaciones desde la Administración Foral y las entidades locales para la promoción de vivienda protegida. Es necesario constituir un banco de suelo público para futuros desarrollos urbanos, y en especial con los terrenos de Sangüesina Textil.

5.6. VALLES PIRENAICOS

Esta zona de Navarra supone el 18 % del territorio navarro pero solamente el 2 % de la población, una densidad de sólo 5 hab/km2. Estos datos ya indican con claridad que estamos hablando de la comarca más afectada por el fenómeno de la despoblación, de la crisis de las áreas rurales por el abandono de la agricultura y la ganadería por la mayor parte de la población activa y por la falta de actividad económica que contribuya a su desarrollo. La mitad de la población activa de esta zona acude diariamente a trabajar en la Comarca de Pamplona. El Pirineo ha sido sistemáticamente olvidado por el Gobierno de Navarra y corre el riesgo de quedar convertido en un parque temático para disfrute de la población urbana. Para evitarlo, en imprescindible llevar adelante actuaciones específicas con carácter de urgencia que permitan invertir las tendencias actuales. Proponemos un auténtico Plan Estratégico para el Pirineo, pero no elaborado por una empresa mediante encargo del Gobierno de Navarra para salir del paso y hacer electoralismo, sino elaborado desde abajo, con participación social y teniendo en cuenta las necesidades de los residentes de la zona. En tal sentido, proponemos en primer lugar la mejora de las comunicaciones de toda la zona mediante la construcción del túnel de Erro y una alternativa más accesible al puerto de Iso, así como la permeabilización de los pasos transfronterizos de Larrau y Belagua. Nos oponemos a la Autopista del Pirineo, aunque ahora se proponga como posibilidad a largo plazo, porque solamente serviría como vía de gran capacidad entre España y Francia, pero no contribuirá a la mejora de las comunicaciones internas de Navarra ni a la cohesión territorial. Proponemos la mejora de las carreteras nacionales y comarcales para unir a las diversas poblaciones pirenaicas con el resto de Navarra, principalmente las N-135 y N-136 y NA-214 y NA-140, con mejora de trazado y construcción de terceros carriles. También es necesario un mayor esfuerzo en la conservación de carreteras locales, que sufren un gran deterioro por las condiciones especialmente rigurosas de la climatología. Es necesario crear una infraestructura industrial y empresarial adecuada a la realidad de estos valles, para lo cual los polígonos industriales existentes resultan escasos. Debe crearse más suelo industrial, siempre en los lugares adecuados para evitar el impacto ambiental y destinado a actividades compatibles con los espacios naturales existentes. La escasez de inversión en la zona debiera ser paliada por un papel más activo de las empresas públicas, que debieran fijarse entre sus prioridades ubicarse en las zonas más deprimidas de Navarra y no, como el sector privado, siempre en las más privilegiadas en cuanto a comunicaciones y servicios. Esta zona es muy deficitaria en puestos de trabajo normalizados (con horarios regulares y entre semana) y depende en exceso de empleos a tiempo parcial o sólo de fin de semana, lo cual no contribuye a fijar la población.


- 112 -

Otros sectores donde hay que actuar es en el comercial (como zona deprimida debiera tener apoyo público mediante beneficios fiscales o subvenciones para que las necesidades básicas de todos los habitantes estén atendidas) y en el de producción de energías renovables (debe estudiarse la creación de instalaciones de producción hidroeléctrica o eólica).

También es necesario promocionar la infraestructura turística, una de las actividades económicas con más viabilidad, pero es necesario un fuerte apoyo público a la pequeña empresa que está actuando en la zona. Sobran grandes proyectos de dudosa rentabilidad social, como el Centro de Esquí Nórdico, y faltan las pequeñas infraestructuras que están demandando tanto los empresarios locales como los visitantes: señalización de recorridos, visitas guiadas, centros de información, etc. Hay infraestructuras desaprovechadas (refugio y cuartel militar en Belagua) y escasa iniciativa por parte de las Administraciones públicas (tanto la foral como las locales, incluidas las supramunicipales).

La creación de puestos de trabajo es especialmente necesaria en el caso de la

mujer, que muestra mayor tendencia que los hombres a abandonar la zona por falta de perspectivas laborales. El desequilibrio entre sexos a la larga es un gran hándicap para el mantenimiento de la población, y hace inútiles otras medidas de fomento de la natalidad que, por otro lado, son especialmente necesarias en esta zona.

El Pirineo exige medidas de promoción pública de vivienda específicas,

distintas de las aplicadas a otras zonas, con otra tipología de vivienda, y también con otro tipo de ayudas a la rehabilitación. Debe cuidarse la protección de los cascos históricos, y en la construcción de segundas residencias contemplar una ordenación adecuada que mantenga los rasgos de la estructura de sus poblaciones. Debe limitarse el efecto negativo de las poblaciones de “fin de semana”. La actividad agraria sigue teniendo su importancia; es especialmente importante mantener la ganadería propia de la zona, con apoyo público a las denominaciones de origen y de calidad y programas de mejora de las razas autóctonas. Por otro lado, debe apoyarse la ganadería extensiva como uno de los medios de colaborar en el mantenimiento de los recursos forestales. Debe apoyarse el mantenimiento de las infraestructuras adecuadas (pistas, barreras canadienses, abrevaderos) para la ganadería, y diferenciar las zonas que deben quedar cerradas al tránsito de los turistas. La situación de los recursos forestales es especialmente preocupante. De un lado, han sido una de las fuentes tradicionales de financiación de las entidades locales. La caída del precio de la madera ha privado a los entes locales de una buena parte de sus ingresos, lo que las ha colocado en muy mala situación para mantener sus servicios. Si las haciendas locales sufren una crónica situación de necesidad, ésta es todavía más agobiante en el caso de la zona pirenaica, donde el número de vecinos es muy escaso en la mayor parte de municipios y concejos. La fragmentación local impide que éstos tengan capacidad de reacción. La propia fragmentación municipal genera que la gestión forestal no se haga de forma adecuada, ya que falta una visión de conjunto. En los últimos años cada vez se hacen menos entresacas, no se renuevan las poblaciones y la falta de atención deteriora las pistas forestales y aumenta el riesgo de incendios. Sería necesaria la creación de un


- 113 -

consorcio de gestión forestal con todas las partes afectadas (Gobierno, ayuntamientos, concejos, juntas de valles) dirigido a: 1. Elaborar un plan estratégico para la gestión forestal de toda la zona; 2. Hacer una explotación conjunta que mejore la rentabilidad; 3. Busque nuevos usos para los productos, como los que tienen que ver con la producción de biocombustibles. Mantener y atender la población de esta zona implica mejorar los servicios públicos: en el caso de Educación mantener los centros para que los alumnos no deban salir de su zona y adoptar medidas para evitar la excesiva rotación del profesorado, y para los niveles de secundaria garantizar el transporte escolar, que ahora carga exclusivamente sobre las familias. Reforzar los Centros de Salud y el transporte sanitario de emergencia. Extender las actividades culturales y de ocio. Garantizar el acceso y la calidad en cuanto a las telecomunicaciones y a las nuevas tecnologías de la información, especialmente importantes como forma de acceso virtual a determinados servicios sin necesidad de desplazamiento a Pamplona. Finalmente, entendemos que la garantía de que se impulsan estas políticas pasa por la creación de un ente comarcal que ponga remedio a la fragmentación y minifundismo local y que permita actuaciones con visión de conjunto y que las decisiones no queden exclusivamente en manos del Gobierno de Navarra, con escasa participación de los propios vecinos de la zona. 5.7. BARRANCA-SAKANA

Esta comarca se caracteriza por haber constituido siempre un corredor de comunicación entre la Cuenca de Pamplona y la llanada alavesa; esta posición estratégica la ha convertido en nudo de comunicaciones viarias y ferroviarias y generó a lo largo del pasado siglo una progresiva industrialización que ha ido arrinconando el lugar de las actividades agrarias tradicionales.

Su carácter de corredor ha llevado a que sea una zona de Navarra que en estos

momentos no tiene apenas problemas de comunicación, sobre todo desde la construcción de la Autovía que ha servido tanto para conectar unas localidades con otras como para comunicar toda la comarca con Pamplona, Vitoria y San Sebastián. Sin embargo, el Gobierno de Navarra debiera mejorar el estado de la antigua N-I, como vía de servicio, y de otras vías comarcales de conexión de las localidades de la zona. No obstante su buena situación general en cuanto a comunicaciones, en estos momentos genera particular inquietud los planes para la conexión del Tren de Alta Velocidad con la “Y vasca”. En caso de llevarse a cabo, y sobre todo en el caso de que el enlace de Pamplona hacia Guipúzcoa se realice por Ordizia o Tolosa, como señalan algunas de las alternativas más aireadas, la comarca de Barranca-Sakana quedaría marginada del desarrollo del futuro transporte ferroviario. Alsasua-Altsasu, cabeza de la comarca y tradicional nudo ferroviario, quedaría relegada a un lugar muy secundario.

Entendemos que la conexión de los trenes de velocidad alta desde Pamplona con la “Y vasca” debe hacerse por el corredor actual y a través de Alsasua-Altsasu. De ese modo se evitaría el altísimo coste mediambiental de traspasar la sierra de Aralar con una infraestructura de esta importancia, sino también se avanzaría en aprovechar las


- 114 -

actuales instalaciones para establecer una red de velocidad alta (200 kms/h) que conectara Pamplona con Vitoria, Bilbao y San Sebastián, pero que también sirva como factor de cohesión interno y para concectar la Barranca-Sakana con esas capitales. Mantener la vocación industrial de esta comarca exige contar con nuevos suelos industriales, evitando que nuevas inversiones necesarias para garantizar los puestos de trabajo existentes o crear otros nuevos (especialmente necesarios para la mujer) se canalicen hacia otras regiones. El Gobierno de Navarra ha desestimado la construcción del polígono de Zangitu, en Alsasua-Altsasu. Creemos que es urgente impulsar otras alternativas, que puede ser la del polígono de Kapitansoro, junto a la antigua N-I, entre otras actuaciones. En todo caso, la instalación de nuevas actividades productivas debe hacerse con estrictas medidas de control del impacto ambiental. Nos oponemos a la incineración de productos contaminantes en las instalaciones de Cementos Pórtland de Olazti. Existe también un claro déficit en la promoción de vivienda en toda la zona, especialmente desde las Administraciones Públicas, tanto la Foral como las municipales, superando el problema de ausencia de suelo urbanizable mediante actuaciones similares a las que se llevan a cabo en la Comarca de Pamplona. La vivienda que se está construyendo es insuficiente y de promoción privada. Hay sectores, sobre todo jóvenes, que tienen muchas dificultades de acceso y para quienes deben promoverse viviendas protegidas y particularmente en alquiler. Entendemos que, como en otras zonas, la ordenación de la comarca y la consecución de suelo urbanizable con usos residenciales o industriales sería más factible si existiera una planificación de conjunto a través de un ente comarcal.

Los espacios naturales que rodean la zona suponen un recurso susceptible de aprovechamiento turístico, sobre todo por la buena accesibilidad, para lo cual desde la Administración se debe apoyar la creación de infraestructuras turísticas que generen empleos complementarios, aunque en todo caso que generen el mínimo impacto ambiental y sean compatibles con la conservación de esos espacios.

La conservación de medio ambiente y el turismo deben ir de la mano también

del mantenimiento de la actividad agrícola y ganadera tradicional de la zona, que es otro valor complementario. Es preciso el apoyo de la producción ecológica y de calidad, como forma de ofrecer productos competitivos y mantener la mano de obra en el sector primario.

Aunque la cercanía con Pamplona ha hecho que Barranca-Sakana tenga acceso a

muchos de los servicios sitos en la capital, hay otros que deben prestarse con cercanía a los habitantes y que no están del todo bien resueltos. En Educación hay un déficit importante en la enseñanza 0-3 años.

Los Centros de Salud, en especial el de Alsasua-Altsasu, no resultan suficientes

para el conjunto de la población y debieran ser reforzados en algunas especialidades para evitar desplazamientos a Pamplona: radiografía, ginecología, pediatría. También resultan insuficientes las plazas residenciales para mayores, y debiera acometerse como mínimo la ampliación de la residencia de Alsasua-Altsasu. En la misma materia


- 115 -

de Bienestar Social es imprescindible reforzar la asistencia de la población inmigrante, que ha crecido fuertemente en los últimos años, para asegurar su integración social. Finalmente, deben extenderse a todas las poblaciones las posibilidades de contar con instalaciones deportivas suficientes. 5.8. ZONA NOROESTE

El principal problema que ha sufrido tradicionalmente esta zona de Navarra (Baztán-Bidasoa-Leitzaran-Larráun) ha sido su alejamiento de Pamplona y las barreras geográficas de las comunicaciones con el resto de la Comunidad Foral. En buena medida los lazos sociales y económicos han sido más fuertes con el arco atlántico que hoy abarca desde Donostia/San Sebastián hasta Bayona. Hoy las comunicaciones han mejorado gracias a los túneles de Belate y la mejora de la N-121, pero la distancia respecto de la capital navarra sigue pesando en cuanto a la prestación de una amplia serie de servicios. Al mismo tiempo, se ha producido la paradoja de que la comunicación con Guipúzcoa y Francia sufre de multitud de inconvenientes por el desmesurado aumento del tráfico por carretera y el retraso en finalizar la reforma de la N-121-A hasta Irún. La mejora de las comunicaciones, tanto en esta vía como en todas las carreteras comarcales, es urgente, tanto para asegurar el desarrollo económicos de la zona como para que sus habitantes no sigan padeciendo problemas en el acceso a muchos servicios públicos en igualdad con los de otras comarcas de Navarra. Formar parte del arco atlántico y estar situado en la zona fronteriza haría más importante aún para esta comarca el establecimiento de mecanismos de colaboración del Gobierno de Navarra con el Gobierno Vasco y el Consejo Regional de Aquitania, incluso la creación de una eurorregión. Por desgracia la política sectaria de los ejecutivos de UPN y su negativa a extender dicha colaboración con apelaciones a la “amenaza vasca” ha frenado esas posibilidades de colaboración. Proponemos una cooperación permanente que debiera abarcar, muy principalmente, una planificación conjunta del desarrollo económico y territorial y acuerdos de colaboración en la prestación de servicios de interés común. La economía de la zona se ha basado en buena medida en la actividad agraria, agricultura y ganadería, y en la industria. En los últimos años ambos sectores padecen una crisis que pone en peligro el mantenimiento del empleo. La política agraria común de la Unión Europea se viene aplicando de modo que muchas explotaciones familiares se hallan en peligro de desaparición. Proponemos un apoyo mucho más activo especialmente hacia la ganadería, uno de los elementos fundamentales de desarrollo rural y que además de por su rentabilidad económica debe valorarse por su rentabilidad ambiental. Buena parte de la industria, sobre todo del sector del metal, padece de cierta obsolescencia, polígonos de urbanización y servicios deficientes, necesidad de inversión en renovación tecnológica, y está amenazada por la creciente presencia de multinacionales y la deslocalización. La falta de política industrial del Gobierno de Navarra no ayuda al desarrollo de nuevas actividades industriales y nuevos polígonos que palíen la desaparición de puestos de trabajo en este sector.


- 116 -

La actividad económica que más ha prosperado en los últimos años ha sido el turismo. Es necesario impulsar el apoyo público a la creación de infraestructuras turísticas (señalización de recorridos y lugares de interés, centros de información, etc.) con criterios de respeto del medio ambiente, y especialmente de las pequeñas empresas especializadas en el turismo rural con medidas técnicas y económicas. Es inexistente una auténtica red de transporte público que facilite los desplazamientos por la comarca, así como la conexión con Pamplona y Donostia-San Sebastián, con lo cual la dependencia del vehículo privado es total. Este es uno de los muchos servicios que justifican la creación de un ente comarcal. La integración comarcal de la zona ha sido ya emprendida con la creación de diversas mancomunidades que palían la insuficiencia de los ayuntamientos para prestar diversos servicios (es particularmente destacable el avance en Malerreka y Cinco Villas/Bortziriak), pero requeriría de una entidad supramunicipal con amplias competencias en materia de ordenación del territorio, transporte, vivienda, servicios sociales, turismo, etc. En Salud y Educación, servicios que corresponden mayoritariamente a la Administración Foral, son evidentes las carencias sobre todo en comparación con otras zonas de Navarra con comunicaciones menos complicadas. Es deficiente la dotación de diversos Centros de Salud (sobre todo en atención a la mujer, urgencias y transporte sanitario) y el acceso desde determinadas poblaciones. En Educación, además del mal estado de muchos centros, la carencia más notoria se da en la Formación Profesional (inexistente en euskera, pese a tratarse de zona vascófona), que debiera impulsarse en coordinación con las necesidades del sector empresarial de la zona. En dotaciones culturales, la zona carece de espacios escénicos adecuados y una buena oferta de espectáculos de teatro, música, etc.

En un servicio tan básico como el de protección civil, la atención también está infradotada y solo parcialmente se ha paliado con el esfuerzo de las agrupaciones de bomberos voluntarios. Es necesaria la construcción de un nuevo parque profesional de bomberos para la zona de Lesaka/Leitza.

PROGRAMA DE GOBIERNO ELECCIONES AL … 5.8. ZONA NOROESTE ANEXO: PROPUESTA DE REFORMA DEL...

Documents

Transcript of PROGRAMA DE GOBIERNO ELECCIONES AL … 5.8. ZONA NOROESTE ANEXO: PROPUESTA DE REFORMA DEL...