Procesos migratorios, integración de migrantes, derechos ... · escenario internacional de la...

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Procesos migratorios, integración de migrantes, derechos culturales e interculturalidad Noviembre de 2013 María José Chaves Groh Larraitz Lexartza Artza Ana Carcedo Cabañas

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Procesos migratorios, integración de migrantes, derechos culturales e

interculturalidad

Noviembre de 2013

María José Chaves Groh Larraitz Lexartza Artza

Ana Carcedo Cabañas

1

Siglas y abreviaturas ....................................................................................................................... 2

Introducción .................................................................................................................................. 3

1. Encuadre conceptual .............................................................................................................. 7

2. Normas internacionales ....................................................................................................... 11

3. La vigencia de la interculturalidad y la integración, vista desde el marco jurídico .................. 18

3.1 Normativa nacional y políticas migratorias ......................................................................... 18

3.2 Integración de la personas migrantes e interculturalidad .................................................... 27

4. La vigencia de la interculturalidad y la integración, vista desde el acumulado investigativo .. 43

5. La vigencia de la interculturalidad y la integración, vista desde las organizaciones sociales. Agendas de las organizaciones de migrantes o vinculadas al tema migratorio .............................. 68

6. Aportes y expresiones culturales de la inmigración en las sociedades receptoras ................. 80

7. Conclusiones ...................................................................................................................... 101

8. Bibliografía ......................................................................................................................... 104

8.1 Páginas web consultadas ............................................................................................ 118

9. Anexos ............................................................................................................................... 120

9.1 Lista de organizaciones entrevistadas ......................................................................... 120

9.2 Guía de entrevista realizada ........................................................................................ 121

2

Siglas y abreviaturas

CCPDE Consejos Consultivos de la Presidencia de los Dominicanos en el Exterior

CIEs Centros de Internamiento de Extranjeros

CNIg Consejo Nacional de Inmigración

CONDEX Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el Exterior

CPF Registro de Persona Física

EMSI Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración

IMEX Instituto de los Mexicanos en el Exterior

INCAA Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

OMCI Observatorio de las migraciones y la convivencia intercultural de la ciudad de Madrid

PEIBF Programa Escuela Intercultural Bilingüe de Frontera

PROBEM Programa Binacional de Educación Migrante México-EUA

RedMi Red Chilena de Migración e Interculturalidad

RFO Región Fronteriza Oriental

SENAMI Secretaría Nacional del Migrante

SUS Sistema Único de Salud

VOMADE Voluntariado de Madres Dominicanas

3

Introducción

En julio pasado el Centro Feminista de Información y Acción (CEFEMINA) asumió la tarea de

realizar el presente estudio para el Programa IBER-RUTAS, titulado Revisión de Políticas Públicas y

Proyectos de Investigación sobre procesos migratorios, integración de migrantes y derechos

culturales. Indagación de expresiones culturales de grupos migrantes.

Según lo establecido en los términos de referencia, esta investigación se enmarca en la Línea de

Acción N°1 del Programa IBER RUTAS

Revisión de políticas públicas y proyectos de investigación u otras actividades que analicen

y difundan los temas en cuestión centrándose en la integración del emigrante en los países

de destino en base al respeto mutuo y el diálogo intercultural y respeto de los derechos

culturales.

Y busca complementar la Línea de Acción N°2

Referida a recopilar y generar información confiable sobre diversos aspectos de la

dimensión cultural de los fenómenos migratorios en Iberoamérica.

Para responder con mayor precisión a los términos de referencia se definieron los siguientes

objetivos de investigación:

Objetivo general

Aportar a la concreción de las Líneas de Acción 1 y 2 del Programa IBER-RUTAS, mediante la

revisión de las políticas migratorias y proyectos de investigación, para ahondar en aspectos

culturales, de integración e interculturalidad en el contexto migratorio de Iberoamérica.

Objetivos específicos

- Realizar un análisis comparativo entre las políticas migratorias de los países iberoamericanos

considerados para el estudio.

- Recabar información que permita caracterizar la vigencia de los derechos culturales e

integración de migrantes en los países iberoamericanos.

4

- Recopilar información significativa de acciones impulsadas por grupos migrantes para

promover sus expresiones culturales y articulaciones con los países de origen.

La propuesta metodológica partió de la revisión del marco jurídico internacional y nacional,

vinculado con la interculturalidad y la migración en catorce países de Iberoamérica, a saber:

República Argentina, Estado Plurinacional de Bolivia, República Federativa del Brasil, República de

Colombia, República de Costa Rica, República de Chile, República Dominicana, República del

Ecuador, España, México, República del Paraguay, República del Perú, República Oriental del

Uruguay y República Bolivariana de Venezuela.

Los instrumentos internacionales considerados fueron:

- Convenio sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus

familiares (1990).

- Convenio Núm. 143 sobre los trabajadores migrantes (1978).

- Convenio Núm. 189 sobre las trabajadoras domésticas (2011).

- Convenio Promoción y Protección de la Diversidad de las Expresiones Culturales (2005).

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

- Declaración y Programa de Acción de Durban.

La normativa nacional revisada y analizada fue:

- Ley migratoria.

- Otra legislación relevante.

- Principales acuerdos multilaterales o bilaterales.

- Política migratoria.

- Política (iniciativas) no discriminación.

- Política (iniciativas) de promoción cultural.

También se identificaron programas de alcance nacional, regional o local, impulsados desde la

acción estatal, o bien, desde organizaciones sociales que apuntan a promover la interculturalidad y

la integración de las personas migrantes.

5

La revisión de las investigaciones se enfocó en los avances realizados en materia de integración de

las personas migrantes, el cumplimiento de los derechos culturales; así como aportes y

expresiones culturales de los grupos de inmigrantes. Las fuentes consultadas fueron las siguientes:

Académicas Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). Trabajos finales de graduación (Tesis).

Estatales Institutos de Migración

Organismos regionales

Conferencia Regional de Migraciones del Sistema de Integración Centroamericano (CRM-SICA). Mercado Común del Sur (MERCOSUR). Comisión Económica para América Latina (CEPAL).

Organismos internacionales

Organismo de las naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Organización Internacional del Trabajo (OIT). Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Organización de Estados Iberoamericanos (OEA).

Organizaciones sociales Con presencia en todos los países.

Las entrevistas realizadas se hicieron de forma telefónica a organizaciones conformadas por

inmigrantes que radican en los países de interés, o bien, a organizaciones sociales que trabajan en

la promoción y defensa de derechos de esta población.

El objetivo de estas entrevistas fue conocer sus agendas de trabajo y caracterizar expresiones

culturales que los colectivos de inmigrantes aportan a los países receptores.

Para esto se contó con el apoyo de las siguientes instancias:

Argentina Federación Paraguaya (FEPARA) Bolivia Pastoral de Movilidad Humana Bolivia Brasil Instituto Migraçoes e Direitos Humanos Chile Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados Colombia Fundación Esperanza Colombia Costa Rica Centro de Derechos Sociales del Migrante Ecuador Fundación Esperanza Ecuador

6

España Asoc. de chilenas y chilenos “Violeta Parra” México Centro de DDHH “Fray Matías de Córdova”

Instituto para las mujeres en la migración Perú Asoc. de familiares de Migrantes peruanos, peruanas y retornantes Uruguay Asociación Idas y vueltas Venezuela Marcha Patriótica capítulo Venezuela

A partir de este amplio proceso de recolección de información se ha construido este Informe Final

de investigación, que incorpora en el primer capítulo el encuadre conceptual a partir del cual se

definen los ejes de análisis de los capítulos subsiguientes. Para esto, CEFEMINA parte de que el

reconocimiento de la interculturalidad y la integración de las personas migrantes, es fundamental

para el ejercicio pleno de sus derechos.

El capítulo dos desarrolla el análisis del marco jurídico internacional supracitado, y el capítulo tres

el marco normativo nacional y los programas impulsados en cada país para promover la

interculturalidad e integración de las personas inmigrantes.

Los capítulos 4 y 5 analizan la vigencia de la interculturalidad y la integración a partir del

acumulado investigativo desarrollado en cada país, y desde la perspectiva de las organizaciones

sociales entrevistadas.

El capítulo 6 sistematiza los aportes y expresiones culturales que la inmigración comparte a las

sociedades receptoras. Este capítulo se construyó a partir de la información recolectada en la

revisión bibliográfica y las entrevistas a organizaciones sociales.

Por último, el capítulo 7 desarrolla las conclusiones derivadas del estudio.

7

1. Encuadre conceptual

La migración no es un fenómeno nuevo; por el contrario, ha sido parte de las vivencias humanas

durante toda la historia. Entender las dinámicas migratorias en la actualidad requiere observar y

analizar movimientos complejos, que tienen un importante impacto tanto en los países de origen

como los de destino.

En 2010 se estimaba que 214 millones de personas, el 3,1 de la población mundial, vivían en países

diferentes al que nacieron. Si adicionalmente se toma en cuenta a los 740 millones de personas

que migraron dentro de sus territorios nacionales, se puede concluir que la población migrante

representa más del 10% de la población mundial (PNUD 2009, citado por OIM, 2010).

En el caso de los países iberoamericanos las cifras relativas a la migración internacional son

particularmente altas. Concretamente, en América Latina y el Caribe se estima que 26,6 millones

de personas viven fuera de sus países de origen. A pesar de que la región cuenta con menos del

9% de la población mundial, aporta aproximadamente el 15% del total de la migración

internacional (PNUD 2009, citado por OIM, 2010). Esto evidencia una notable

sobrerrepresentación.

Asimismo, es de destacar la cada vez mayor participación de las mujeres en los flujos migratorios.

También en 2010, se estimaba que las mujeres representaban alrededor de la mitad de la

migración internacional, aumentando su participación con respecto a décadas pasadas. En 1960 la

migración de las mujeres fue el 44,2% y en 1980 de 48,1% (Departamento de Asuntos Económicos

y Sociales de NNUU, citado por OIM, 2010). Asimismo, las mujeres migran cada vez más de

manera autónoma y no como acompañantes de sus compañeros o para reunirse con ellos (OIM,

2008).

Como se ha señalado, los flujos migratorios actuales presentan un escenario complejo, en el que

todos los países iberoamericanos participan en la migración como países de origen de personas

que migran, como países de tránsito de personas migrantes que viajan hacia su destino final y

como países de destino.

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Asimismo, como bien se señala en los términos de referencia para esta consultoría, el nuevo

escenario internacional de la migración coloca a las personas migrantes en una situación de

desprotección y vulnerabilidad, en la que enfrentan numerosos riesgos y violaciones de sus

derechos humanos. En los países de destino las y los migrantes enfrentan con frecuencia la

discriminación y xenofobia que se expresan en situaciones de violencia, limitaciones para optar

por un empleo digno, para acceder a la justicia, etc.

En este sentido, como también señala esta convocatoria, es indispensable que los migrantes

cuenten con el respaldo de la comunidad iberoamericana resultando esencial la cooperación entre

países, siendo inevitable un trabajo coordinado entre gobiernos, sociedad civil, organizaciones y

migrantes (IBER-RUTAS, 2013). De esta manera, se busca contribuir a la visibilización de los

aportes al desarrollo de los países que brinda la población migrantes y a resguardar la diversidad

cultural, la interculturalidad, y los derechos culturales como parte esencial de los derechos de los

migrantes para su integración positiva (IBER-RUTAS, 2013).

Partiendo de estas premisas, es claro que el enfoque de interculturalidad es esencial para este

estudio, ya que permite identificar las normas, prácticas y acciones que promueven la integración

de la población migrante, así como aquellas que la discriminan.

La interculturalidad es definida por la UNESCO (2005) como

… la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la posibilidad de generar

expresiones culturales compartidas, adquiridas por medio del diálogo y de una actitud de

respeto mutuo.

En la misma línea que la UNESCO el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el

Racismo de Argentina (INADI, 2013) plantea que la interculturalidad

… tiene que ver con la comunicación y ésta con la comprensión y el entendimiento: no se

trata sólo de convivir o entrar en contacto, sino de establecer puentes comunicativos, de

encuentro y comprensión mutua (INADI, 2013).

La OIM (2012c) por su parte, señala que las relaciones interculturales se expresan en un escenario

socioculturalmente diverso y que estas relaciones se construyen a partir de propuestas políticas e

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ideológicas que de forma explícita o implícita, posicionan un mensaje acerca de cómo deben

interactuar los colectivos sociales que expresan prácticas culturales diferentes.

Éstas políticas pueden responder a distintas propuestas. Sin embargo OIM enfatiza en dos, por un

lado el modelo de corte liberal, que visibiliza la coexistencia de grupos sociales con prácticas

culturales diferentes y asocia estas diferencias con riqueza cultural y modernidad. Y otra de

carácter histórico expuesta por García Canclini (2006, citado en OIM, 2012c)

… la interculturalidad remite a la confrontación y el entrelazamiento, a lo que sucede

cuando los grupos entran en relaciones e intercambio (…) implica que los diferentes son lo

que son en relaciones de negociación, conflicto y préstamos recíprocos.

Desde esta propuesta, se reconoce la diferencia sociocultural como un factor que puede conducir

a la desigualdad cuando se expresa en el poder que ejerce un grupo social sobre otro. Es decir, un

colectivo inmigrante puede verse excluido de oportunidades laborales, de estudio y de

mejoramiento de sus condiciones de vida por sus prácticas culturales, por ejemplo su idioma, su

etnia o su religión (OIM, 2012c).

Por otra parte, Gómez (2013) plantea que el propósito de la interculturalidad es

… el desarrollo de condiciones de igualdad en el acceso de oportunidades políticas,

económicas y sociales para las diferentes culturas que comparten un territorio

determinado (Giménez, 2008 citado en Gómez, 2013).

Este autor agrupa en tres conjuntos las conceptualizaciones que se han desarrollado sobre este

enfoque:

- … entendida como un intercambio entre gente con identidades distintas (Albó & Galindo,

2012, citado por Gómez, 2013).

- … comprendida como una fase superior o posterior a la multiculturalidad.

- … concebida como un ideal, propósito, utopía o punto de llegada que necesita de un nivel

de proyección o de planificación en tanto no es una dinámica social que se da

“naturalmente” entre los grupos culturales, sino que es construida por los mismos.

10

Particularmente las dos últimas líneas planteadas apuntan a promover esfuerzos

complementarios. En este sentido, tanto Gómez (2013) como OIM (2012a) coinciden en la

importancia de construir políticas públicas que apuesten explícitamente por la interculturalidad,

buscando incidir especialmente en el ámbito educativo.

Si la interculturalidad es vista como aspiración, su objetivo final será la integración entendiéndola

como el reconocimiento de los derechos de las minorías culturales, asumiendo un trato igual para

todos sin hacer distinciones por su procedencia social o pertenencia a determinados grupos étnicos

o culturales (Gómez, 2013).

Por último, la multiculturalidad, propuesta antagónica de la interculturalidad, es definida como la

sola convivencia de personas identificadas con variadas culturas en un mismo espacio social, pero

que en la práctica social y política permanecen separados, divididos y opuestos (Gómez, 2013).

Una política formal o de facto encaminada hacia la multiculturalidad deviene en la asimilación,

entendiendo que se basa en los principios de la cultura mayoritaria que incorpora la cultura de

procedencia a sus prácticas sin adaptaciones y sin tomar en cuenta otras aportaciones (Gómez,

2013).

En este sentido, Palau (2005) plantea que la multiculturalidad encubre la desigualdad constitutiva

de los actores que determina relaciones de marginación, exclusión, discriminación de unos –

quienes disponen de poder– sobre otros, en este caso concreto, de migrantes sin poder en la

sociedad de recepción.

Este encuadre conceptual recupera las categorías más relevantes para el análisis de los hallazgos

que se han identificado en esta investigación.

11

2. Normas internacionales

La normativa internacional para la defensa y la promoción de los Derechos Humanos es un marco

fundamental para el impulso de la integración de las personas migrantes y para avanzar hacia la

interculturalidad. En este sentido, destacan varios instrumentos internacionales que incluyen

compromisos al respecto para los países que los han ratificado.

Los instrumentos internacionales vinculados a la interculturalidad tienen diferente carácter y

diferentes grados de vinculación. Así, algunos de ellos aluden específica y directamente a aspectos

vinculados con los derechos culturales y la interculturalidad. Este es el caso de la Convención sobre

la Promoción y Protección de la Diversidad de la Expresiones Culturales (2005).

Asimismo, instrumentos internacionales de carácter más general como el Pacto Internacional de

Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) (1966) también aportan elementos

importantes que pueden contribuir a promover la interculturalidad.

Además, resultan relevantes los convenios internacionales que buscan proteger los derechos de la

población migrante. Esta garantía y el ejercicio de la ciudadanía en los países de destino es una

condición sine qua non para la interculturalidad. En esta área son tres los instrumentos

internacionales más destacados: el Convención sobre la Protección de los Derechos de todos los

Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (1990), el Convenio núm. 143 sobre los Trabajadores

Migrantes (1978) y el Convenio núm. 189 sobre las Trabajadoras Domésticas (2011). Asimismo, la

Declaración y el Programa de Acción de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la

Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia (Conferencia de Durban)

también es un instrumento de referencia importante.

Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad de la Expresiones Culturales

La Convención sobre la Protección y la Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales es

la norma internacional de mayor relevancia para el respaldo de políticas que apunten a la

promoción de la diversidad cultural y la interculturalidad. Este instrumento busca garantizar que

todas las personas puedan crear, producir, difundir y disfrutar de una amplia gama de bienes,

servicios y actividades culturales (UNESCO, 2013).

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Así, este instrumento reconoce el carácter distintivo de los bienes, servicios y actividades culturales

como vectores de transmisión de identidad, valores y sentidos. Asimismo, plantea que los bienes,

servicios y actividades culturales no son mercancías o bienes de consumo que puedan ser

considerados únicamente como objetos de comercio, aunque tengan un valor económico

importante (UNESCO, 2013).

Entre los objetivos de la Convención destacan los siguientes:

c) fomentar el diálogo entre culturas a fin de garantizar intercambios culturales más

amplios y equilibrados en el mundo en pro del respeto intercultural y una cultura de paz;

d) fomentar la interculturalidad con el fin de desarrollar la interacción cultural, con el

espíritu de construir puentes entre los pueblos (Art. 1).

A través de la ratificación de este Convenio los Estados se comprometen a adoptar medidas para

proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales en sus respectivos territorios (Art.

6). Asimismo, los Estados parte procurarán también que se reconozca la importante contribución

delos artistas, de todas las personas que participan en el proceso creativo, de las comunidades

culturales y de las organizaciones que los apoyan en su trabajo, así como el papel fundamental que

desempeñan, que es alimentar la diversidad de las expresiones culturales (Art. 7).

Este Convenio ha sido ratificado por la mayoría de los países incluidos en este estudio. Los que aún

no lo han ratificado (Colombia, Ecuador, Perú y República Dominicana) ya han dado el primer paso

en este sentido dando su adhesión.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)

El PIDESC es parte fundamental del marco jurídico internacional para el reconocimiento y

protección de los derechos económicos, sociales y culturales. Fue adoptado por medio de la

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas en 1966. Junto con el Pacto Internacional

de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Declaración Universal de Derechos Humanos, conforman

la Carta Internacional de Derechos Humanos.

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En el PIDESC no se hace referencia explícita a la interculturalidad o los derechos de las personas

migrantes, sin embargo, se otorga carácter universal a algunos derechos fundamentales como la

educación o la salud (art. 9 y 14) y se reconoce el derecho de toda persona a (…) participar en la

vida cultural (art.15). Este mismo artículo destaca los aportes de la diversidad cultural cuando

señala que Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen los beneficios que derivan del

fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas

y culturales (Art. 15).

Todos los países incluidos en este estudio han ratificado el PIDESC. Los últimos en hacerlo fueron

Perú y República Dominicana (ambos en 1998), más de 30 años más tarde de su aprobación.

Convenio sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus

familiares

La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores

Migratorios y de sus Familiares es el instrumento de Naciones Unidas de mayor relevancia con

respecto a los derechos de las personas migrantes.

Esta Convención, que entró en vigor en 2003, amplía de manera considerable el marco legal de la

migración, de manera que reconoce para las y los trabajadores migrantes que ingresan o

permanecen en un país de manera irregular, derechos que antes les estaban limitados (OIT, 2010).

Este instrumento tiene como objetivo proteger los derechos fundamentales de las personas

migrantes durante el proceso de migración, reconociendo su situación de desprotección.

Así, plantea por primera vez una definición de trabajador o trabajadora migrante y establece

medidas para su protección, reitera la cobertura de derechos humanos fundamentales tanto a

personas en situación regular como irregular, entre otros. De esta forma, esta Convención busca

prevenir y eliminar la explotación de las personas migrantes.

Esta norma reconoce además a las trabajadoras y los trabajadores migrantes más allá de su rol

como mano de obra. Se reconoce que forman parte del tejido social, que cuentan con familias, y

en base a este reconocimiento se plantean derechos como la reunificación familiar (OIT, 2010).

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Esta Convención ha sido ratificada por buena parte de los países incluidos en este estudio. A la

fecha, los que aún no lo han hecho son: España, Brasil, República Dominicana y Costa Rica. Estos

cuatro países tienen un importante papel como receptores de personas migrantes, -aun cuando la

mayoría de ellos presentan un saldo migratorio negativo-, y probablemente esto haya dificultado

la ratificación del Convenio.

Convenio núm. 143 de la OIT sobre los trabajadores migrantes (1978)

Este Convenio es el primer intento de la comunidad internacional para garantizar el respeto de los

derechos humanos de las trabajadoras y los trabajadores migrantes independientemente de su

estatus migratorio.

El primer artículo de este Convenio establece obligaciones generales para el respeto de los

derechos humanos básicos de las y los trabajadores migrantes (Artículo 1). Los artículos 8 y 9

proveen una serie de medidas para proteger a quienes están en situación irregular o a quienes han

perdido su empleo. Asimismo, dispone la importancia de que las diferentes leyes y medidas

impulsadas por los Estados para la regulación migratoria, sean consultadas con las organizaciones

de empleadoras y empleadores y con los sindicatos, con el fin de prevenir y eliminar situaciones de

abuso.

Entre los instrumentos internacionales que se abordan en este capítulo, este es el que menos

ratificaciones ha recibido, ya que tan solo Venezuela lo ha hecho recientemente.

Convenio núm. 189 de la OIT sobre las trabajadoras domésticas

Con el objetivo de brindar mayor protección a las trabajadoras domésticas y garantizar que

desempeñen su trabajo en condiciones de trabajo decente, la Conferencia Internacional del

Trabajo aprobó en 2011 el Convenio núm. 189 sobre las trabajadoras domésticas y los

trabajadores domésticos.

Esta nueva norma internacional del trabajo busca reiterar los convenios fundamentales de la OIT

sobre trabajo forzoso, discriminación, trabajo infantil, libertad sindical y negociación colectiva,

haciendo énfasis en la responsabilidad de los Estados en brindar la protección que estos

instrumentos consignan a las trabajadoras domésticas.

15

Por otro lado, quienes ratifican este Convenio adquieren el compromiso de establecer una jornada

de trabajo mínima, garantizar el acceso a la seguridad social y la seguridad ocupacional para estas

trabajadoras. Asimismo, deberán prevenir el abuso, el acoso y la violencia contra las trabajadoras

y los trabajadores domésticos, entre otras medidas.

Si bien este Convenio no se refiere de manera específica a las trabajadoras migrantes, habida

cuenta de que el trabajo doméstico es una de las ocupaciones más frecuentes para las mujeres

que han migrado, resulta de vital importancia para la protección de los derechos de éstas. Según la

OIM, el trabajo doméstico es la actividad más frecuentemente de las migrantes mujeres de

América Latina en los países de destino (OIM, 2008).

Debido a la reciente aprobación de este Convenio, en 2011, son pocos aún los países que lo han

ratificado. Lo han hecho hasta el momento Uruguay, Bolivia, Colombia y Costa Rica.

Declaración y Programa de Acción de Durban

La Declaración y el Programa de Acción de Durban son reflejo del compromiso adquirido por la

comunidad internacional en la lucha contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y las

formas conexas de intolerancia.

Así, se parte de reconocer que ningún país puede afirmar que está exento de manifestaciones

racistas y que enfrentar esta situación requiere un esfuerzo mundial. Se deposita en los Estados la

responsabilidad principal en la lucha contra estas formas de discriminación, promueve la

participación de diferentes agentes sociales y de la sociedad civil en general.

Asimismo, se plantean recomendaciones concretas para combatir la discriminación contra

diferentes colectivos en situación de especial desprotección, entre los que se encuentran las

personas migrantes. Entre las numerosas medidas específicas que incluye el Programa de Acción

con respecto a las personas migrantes destacan algunas como la promoción y la protección de los

derechos humanos de todas las personas migrantes, la realización de campañas para la

sensibilización acerca de los aportes de la población migrante a la sociedad, la facilitación rápida y

eficaz de la reunificación familiar, la revisión y modificación de los marcos legales nacionales con el

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fin de evitar disposiciones discriminatorias, la aplicación de medidas concretas para fomentar el

respeto de la diversidad cultural, el reconocimiento de las credenciales educacionales,

profesionales y técnicas de las personas migrantes entre otros.

Como se evidencia en el cuadro 1, es de destacar que ninguno de los países considerados para

este estudio ha ratificado la totalidad de las normas internacionales mencionadas. Tan solo

Uruguay y Paraguay han ratificado todos salvo uno. Los países con menos ratificaciones, por su

parte, son Brasil, España y República Dominicana.

Se observa una tendencia generalizada a la ratificación de los instrumentos internacionales

cuando estos plantean medidas de carácter general sin mayor énfasis en la población migrante.

Sin embargo, cuando se trata de instrumentos específicos para atender la situación de esta

población el número de ratificaciones se reduce de manera significativa. En este sentido, en el

capítulo 3 se explorará si hay una relación entre la ratificación o no de estas normas y el desarrollo

de políticas migratorias y para la interculturalidad favorables para la población migrante.

Cuadro 1

Ratificación de instrumentos internacionales por los países seleccionados

PIDESC

C. sobre la protección de los derechos de

todos los trabajadores

migratorios y de sus familiares (1990)

C. núm. 143

C. núm. 189

C. Promoción y Protección de la Diversidad de la

Expresiones Culturales

(2005)

Declaración y Programa

de Acción de Durban

Argentina Si (1986) Si (2007) No No Si (2008) 2001 Bolivia Si (1982) Si (2000) No Si (2013) Si (2006) 2001 Brasil Si (1992) No No No Si (2007) 2001 Chile Si (1972) Si (2005) No No Si (2007) 2001 Colombia Si (1969) Si (2005) No No Adhesión (2013) 2001 Costa Rica Si (1968) No No Si (2013) Si (2011) 2001 Ecuador Si (1969) Si (2002) No No Adhesión (2006) 2001 España Si (1977) No No No Si (2006) 2001 México Si (1981) Si (1999) No No Si (2006) 2001 Paraguay Si (1992) Si (2008) No Si (2013) Si (2007) 2001 Perú Si (1998) Si (2005) No No Adhesión (2006) 2001 República Dominicana

Si (1998) No No No Adhesión (2009) 2001

Uruguay Si (1970) Si (2001) No Si (2012) Si (2007) 2001 Venezuela Si (1978) Firma 2011 Si (1983) No Si (2013) 2001 Fuente: Elaboración propia.

17

18

3. La vigencia de la interculturalidad y la integración, vista desde el marco jurídico

3.1 Normativa nacional y políticas migratorias Como ya se ha señalado, a la hora de analizar las políticas para la integración, la promoción y

garantía de los derechos culturales de las personas migrantes, es fundamental considerar las

políticas migratorias de los diferentes países. De hecho, la posibilidad de acceder a un estatus

migratorio regular es una condición a priori para que la población migrante pueda ejercer la

ciudadanía y por tanto, para acceder a derechos como los culturales.

Así, se puede señalar que marcos normativos migratorios más favorables para la población

migrante, y que aspiran a permitir la regularización de mayor número de personas, pueden

contribuir en sí mismos a la integración de la población migrante y a la interculturalidad.

Es de destacar que en las últimas dos décadas se observa una tendencia a la reforma de la

legislación migratoria en gran parte de los países estudiados. Esta ola reformadora sin embargo

resulta muy heterogénea, ya que tanto el carácter como los intereses que motivan las

modificaciones difieren en cada uno de los países. Mientras que algunos buscan actualizar marcos

normativos restrictivos previos y adecuarlos a un enfoque de derechos humanos en respuesta a

los mandatos de los instrumentos internacionales, otros realizan reformas que mantienen un

carácter basado en un enfoque utilitario de la mano de obra migrante o en un enfoque de

seguridad nacional.

En términos generales, los países estudiados podrían agruparse en tres categorías. En primer

lugar, aquellos que han realizado reformas migratorias desde un enfoque de derechos humanos.

En segundo lugar, aquellos países que han realizado reformas migratorias pero mantienen el

enfoque utilitarista o de seguridad. Y por último, aquellos que no han realizado ninguna reforma y

mantienen políticas migratorias muy restrictivas, que datan en algunos casos de periodos de

dictadura militar.

Derechos Humanos de las personas migrantes como eje de la normativa migratoria

19

Son cada vez más los países iberoamericanos que se suman a esta reciente tendencia que busca

realizar reformas de la legislación migratoria con un fuerte énfasis en la protección de los derechos

humanos de las personas migrantes. Hasta la fecha, este es el caso de Argentina, Uruguay, Bolivia

y Ecuador.

El primer país en adoptar una normativa de estas características fue Argentina en el año 2004, con

la aprobación de la Ley de Migraciones N. 25.871, y su reglamento en 2010. La norma Argentina

sin duda marcó un hito en el desarrollo de las políticas migratorias de los países de Iberoamérica

tanto por su carácter innovador y progresivo en materia de derechos humanos, como por sentar

las bases de un camino que después han seguido otros países.

Así, Argentina reorientó su política migratoria de un modelo basado en la seguridad nacional,

instalado en la época de la dictadura, a otro basado en los derechos humanos. De hecho, la ley

consagra en su artículo 4 el derecho a la migración como derecho humano y plantea su política

migratoria a partir de esta premisa.

La implementación de esta nueva ley migratoria ha permitido a muchas personas que se

encontraban en situación irregular acceder a la regularización. Concretamente, tras la aprobación

de esta norma se implementaron 2 planes de regulación con el objetivo de atacar la situación de

irregularidad que enfrentaban miles de personas migrantes, debido a lo restrictivo de la norma

anterior; así como a las dificultades administrativas existentes hasta ese momento para completar

los procesos de solicitud. El primer plan se implementó en 2004 y tuvo una duración de 180 días.

Estaba dirigido a población de países distintos a los del Mercosur y sus asociados. En este periodo

11.000 personas regularizaron su situación. Posteriormente, en 2006, se puso en marcha el plan

de regularización Patria Grande dirigido a personas migrantes originarias de países del Mercosur o

sus asociados. En el marco de este plan, entre 2006 y 2008, se regularizaron 568.319 personas.

(CELS-FIDH, 2011).

Uruguay se unió a esta tendencia en 2008, mediante la aprobación de la Ley N.18.250, Ley de

Migración. La nueva norma uruguaya buscó dejar atrás el enfoque utilitarista y de seguridad para

pasar a una visión centrada en los derechos humanos de las personas migrantes y la gestión

migratoria. Así, son de destacar, por ejemplo, los avances realizados con respecto a la

20

reunificación familiar, contemplando la residencia permanente hasta la tercera generación y

reconociendo las uniones libres (OIM, 2011). Asimismo, se pasa de la preocupación por la

inmigración, a prestar atención a la “diáspora” uruguaya y su vinculación con el estado y la

sociedad nacional (OIM, 2011).

Muy recientemente, en 2013, Bolivia ha aprobado la Ley N. 230, Ley de Migración. Esta nueva

normativa basada en los derechos humanos, hace referencia tanto a las personas extranjeras que

migran a Bolivia como a las personas bolivianas que migran a otros países. Con respecto a las

personas inmigrantes el texto señala que el Estado debe garantizar el derecho a la migración sobre

la base de los principios de igualdad, universalidad y reciprocidad, a la libertad de residencia,

permanencia y circulación en todo el territorio boliviano, en el marco del ordenamiento jurídico y

a la reunificación familiar con sus padres, cónyuges, hijos dependientes o hijos mayores con

discapacidad entre otros (art. 5). Debido a la reciente entrada en vigencia no se dispone de

información que permita evaluar la aplicación de la ley.

Finalmente, en Ecuador también se dispone de un marco para la migración avanzado. De hecho, el

propio texto constitucional (2008) incluye un eje relativo a la movilidad humana e incorpora este

aspecto de manera transversal. La Constitución parte de la premisa central del derecho a migrar

señalando que No se identificará ni se considerará a ningún ser humano como ilegal por su

condición migratoria (art. 40). Asimismo, reconoce a la familia transnacional entre los diferentes

tipos de familia.

En concordancia con este derecho a migrar, la nueva Constitución del Ecuador propugna el

principio de ciudadanía universal, la libre movilidad de todos los habitantes del planeta y el

progresivo fin de la condición de extranjero como elemento transformador de las relaciones

desiguales entre los países, especialmente en las relaciones Norte-Sur (art. 416.6).

A pesar de estos importantes avances, Ecuador no ha reformado hasta la fecha su legislación

migratoria que data de 1971. Esta ley migratoria guarda en su articulado un espíritu ligado al

enfoque de seguridad y control. En la época de su implantación predominaba un enfoque de

migración selectiva, considerada como estrategia para permitir el ingreso solo de aquellos

21

migrantes que puedan contribuir al desarrollo económico, social y cultural del país (párrafo 2, Ley

de 1971) (Ramírez Gallegos, 2013).

Es de destacar que los cuatro países mencionados han ratificado el Convenio sobre la protección

de los derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familiares. Todos menos Argentina

lo hicieron antes de modificar la normativa migratoria, por lo que podría sugerir que el hecho de

que los países se adhieran a la normativa internacional en materia de migración permite conseguir

avances tan importantes como los mencionados.

Políticas migratorias centradas en la utilidad de la mano de obra migrante y la seguridad nacional

El segundo grupo de países está conformado por aquellos que han realizado recientemente

reformas migratorias con el espíritu de actualizar la legislación a las nuevas realidades de sus

países, pero que sin embargo, aún mantienen enfoques utilitaristas o de seguridad nacional. Los

países que se encontrarían en este segundo grupo son Costa Rica, Colombia, México, Paraguay,

Perú, España y Venezuela. Como se verá, en algunos de los casos los principios que se señalan

como fundamentación de la norma refieren al enfoque de derechos humanos, sin embargo, las

disposiciones de ley siguen respondiendo a los enfoques ya mencionados.

Este es el caso por ejemplo de Costa Rica. Este país ha conocido dos reformas migratorias en

menos de 5 años. Su importante rol como país de destino de población migrante particularmente

nicaragüense, hace que los asuntos migratorios sean de primer orden en el país y que las

presiones, tanto de quienes piden mayores restricciones como quienes abogan por el respeto de

los derechos de esta población, sean muy fuertes. La primera de las reformas realizada en 2005

venía a sustituir la ley previa de carácter eminentemente administrativo. Sin embargo, la nueva ley

presentaba un carácter fuertemente represivo y era considerada como un instrumento de

seguridad nacional (Carcedo, et al., 2011). Esta ley fue duramente criticada desde diferentes

sectores y como resultado de la presión en 2009 se aprobó la Ley General de Migración y

Extranjería N. 8764.

Esta nueva norma, actualmente vigente, se plantea desde un marco que aspira a ser protector de

los derechos de las personas migrantes. Sin embargo, ha sido objeto de fuertes críticas, ya que se

considera que el discurso de defensa y respeto de los derechos humanos no se concreta en las

22

disposiciones prácticas establecidas para optar por un estatus migratorio regular. Aspectos como

los altos costos, la obligatoriedad de afiliación la seguridad social, las limitaciones para obtener

permisos de trabajo, entre otros, hacen en la práctica que la ley siga siendo muy restrictiva.

De hecho, las cifras evidencian que si bien desde las instituciones se afirma que la ley busca

propiciar la regularización y la integración de las personas migrantes, la solicitud de residencias

permanentes ha disminuido de manera notable desde su entrada en vigencia. Para 2009 la DGME

recibió 9.444 solicitudes de residencia permanente. Esta cifra se redujo a 9.270 en 2010 y a 4.782

en 2011 (Sandoval et al., 2012).

En el caso de Colombia, este país reformó su legislación migratoria en 1993 mediante la Ley 76

que fue modificada parcialmente con la Ley 991 de 2005. A pesar de que esta normativa

contribuye a avanzar en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes, aún dista de

incorporar un enfoque integral de derechos que parta del reconocimiento del derecho a migrar

como derecho humano, como sí lo han hecho otros países de la región.

De hecho el enfoque de la política colombiana más que del reconocimiento del derecho a migrar,

como en el caso de los países del primer grupo, parte de la promoción de una migración ordenada

y controlada a partir de la promoción de acuerdos y programas de regulación de flujos migratorios

laborales, el apoyo a los procesos de regularización de migrantes o la coordinación de acciones en

materia migratoria con las regiones con alta emisión de migrantes (Hinojosa, 2011). En esta

concepción de migración ordenada y regulada se asume en cierta manera elementos utilitaristas

ya que se centra en la utilización de las remesas en ahorro, inversión, vivienda y proyectos

productivos en las regiones de origen, o la facilitación de la migración laboral con beneficios para

el desarrollo de la región de origen.

En el caso de México, la normativa migratoria ha sido reformada en 2011. Esta reforma, responde

en cierta medida a la necesidad de contar con un marco normativo que reconozca el papel de

México como país de destino y de tránsito de las migraciones, y las importantes violaciones a los

derechos de las personas migrantes que vienen sucediendo en los últimos años en el país. Así, la

nueva Ley de Migración del 25 de mayo de 2011 sustituyó la anterior regulación migratoria

establecida mediante la Ley General de Población (1974) y sus diversas reformas. En ella, se

23

establecía un catálogo de las características y calidades migratorias y las autoridades que tendrían

facultades para realizar la verificación del estatus migratorio de las personas. Asimismo, dotaba de

legitimidad las detenciones ante la ausencia del permiso correspondiente para permanecer o

transitar por el país.

En cualquier caso, la nueva ley no cumple con las expectativas desde una visión de derechos

humanos, mucho menos de los derechos culturales y los procesos de integración, ya que el perfil

de control y gestión de los flujos migratorios se encuentra presente, aunque de forma matizada. Sí

menciona de alguna forma el enfoque de derechos humanos pero sin entrar al desarrollo de la

aplicación de los mismos.

Paraguay por su parte, cuenta con una ley migratoria que data de 1996, Ley No 978/96 de

Migraciones. En este caso, no responde de manera tan clara a los enfoques utilitarista o de

seguridad. El carácter de la legislación migratoria paraguaya es más bien marcadamente

reglamentista, particularmente con respecto a la inmigración y los procedimientos de gestión

administrativa de la misma. Así, no sienta principios que orienten las políticas públicas respectivas.

Por otro lado, tiene evidentes omisiones en materia de emigración, lo cual no coincide con las

tendencias históricas y la realidad de los procesos migratorios del país (López, 2009 citado por

OIM, 2012a)

A pesar de que la Ley 978 fue promulgada en el marco de la nueva Constitución Nacional de 1992,

que establece el derecho de todo paraguayo a residir en su Patria, la ley se limitó a reproducir la

lógica de la norma anterior de 1974, sin mención ni referencia alguna a la emigración,

privilegiando el ingreso de extranjeros y el retorno de paraguayos en calidad de recursos humanos

calificados, con capital monetario y capacidad de invertirlo, así como de incorporarse a proyectos

de colonización agrícola, en razón de necesidades demográficas, económicas y sociales (OIM,

2012a).

En Perú por su parte, la legislación migratoria vigente, Ley de Extranjería - Decreto Legislativo 703,

data de 1991. Esta ley es la de más vieja data entre los países del segundo grupo. Por ello, se

requeriría una modernización de la ley dirigida a garantizar los derechos de las personas

extranjeras en el país. La falta de definición en las disposiciones de la norma implica que haya

24

algunos aspectos de inseguridad jurídica, ya que se deja un gran espacio a la discrecionalidad del

aplicador. Asimismo, otro de los problemas que presenta esta ley tiene que ver con que no se

determina el plazo dentro del cual las instituciones competentes deberán resolver una apelación

(OIM, 2012b).

Así, la Defensoría del Pueblo de Perú ha señalado que es necesario avanzar hacia la consolidación

de una norma marco que establezca las pautas de la política de protección de los migrantes, en

cada etapa del proceso migratorio, que guíe el accionar del Estado en su conjunto involucrando a

todos los actores, incluida la sociedad civil (OIM, 2012).

En el caso de España, la Ley Orgánica 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en

España y su integración social es la norma que rige la política migratoria del país. La última

reforma a esta ley de extranjería se realizó en 2009.

A pesar de que el país ha aprobado programas integrales para el diseño de las políticas en materia

migratoria, en especial el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración, se carece de un modelo

consensuado que defina el tipo de sociedad que se pretende construir (que tipo integración,

gestión de la diversidad cultural), los medios para alcanzarla (derecho al voto, la política educativa)

y los instrumentos adecuados para ello.

Más allá del discurso oficial y los programas de escasa aplicación, en la práctica se constata la

primacía del enfoque de control de fronteras, gestión de los flujos y la prioridad de la seguridad

desde una óptica policial.

Finalmente, en el caso de Venezuela, la Ley Orgánica de Migración y Extranjería N. 38.458 data de

2006. Si bien esta normativa no llega a alcanzar los niveles de protección de los derechos de los

países del primer grupo, dista muy poco de hacerlo. Así su política migratoria, responde por un

lado a principios como No discriminar por raza, sexo, credo y nacionalidad o respeto a la diversidad

por ser nuestra sociedad multiétnica y pluricultural. También considera otros elementos como

responder a la demanda insatisfecha de mano de obra nacional en el mercado laboral y se orienta

hacia áreas prioritarias del desarrollo nacional (OIM-UNES, 2013).

25

Son de destacar algunas acciones realizadas en los últimos años para favorecer la regularización de

las personas inmigrantes en el país. Así, en 2004, se impulsó un proceso de regularización masiva,

en el cual 511.971 personas fueron naturalizadas y 417.409 fueron regularizadas con la condición

de residentes (OIM – UNES, 2013).

Normativa migratoria restrictiva

Entre los países estudiados, hay un pequeño grupo que aún tiene vigentes normativas migratorias

muy restrictivas e incluso represivas. Este es el caso de Brasil, Chile y República Dominicana.

En el caso de Brasil y Chile hay que señalar que la legislación vigente en los dos países fue creada

en periodos de dictaduras militares. Sin embargo, en ambos han existido y existen propuestas de

reforma que hasta la fecha no se han logrado concretar. Paralelamente a estas iniciativas, en

ambos casos se han aplicado además medidas dirigidas a paliar los efectos de la ley y a garantizar

un mayor respeto de los derechos de las personas migrantes.

En el caso de Brasil el Estatuto del Inmigrante, Ley No. 6 815, fue aprobado en 1980, época de la

dictadura militar. En consecuencia, esta ley no responde al enfoque de derechos humanos. En los

últimos años sin embargo, se ha trabajado en propuestas para la reformar el Estatuto. Según

fuentes de prensa, en 2012 el actual ejecutivo trabajaba en un proyecto de ley orientado a facilitar

el acceso de trabajadoras y trabajadores altamente calificados, por lo cual predominaría un

enfoque utilitarista1

.

El país ha implementado algunas medidas dirigidas a facilitar la regularización de las personas

inmigrantes. En 2009, se implementó una amnistía migratoria para conceder la residencia a

personas en situación migratoria irregular que ingresaron al país hasta el 01 de febrero de 2009.

Esto permitió la regularización de 45.000 personas provenientes principalmente de Bolivia, China,

Perú, Paraguay y Corea.

Asimismo, tras el terremoto en Haití en 2010 se adoptaron medidas específicas de carácter

humanitario para favorecer la regularización de personas de esta nacionalidad. En 2012, se publicó

en el Diario Oficial de la Unión la Resolución normativa Nº 97 del Consejo Nacional de Inmigración

1 http://internacional.elpais.com/internacional/2012/01/15/actualidad/1326649055_285648.html

26

que trata sobre visas permanentes a ciudadanos haitianos. Dicha resolución establece que a las

personas ciudadanas haitianas se les podrá conceder una visa permanente por razones

humanitarias, condicionada a un plazo de 5 años. En mayo del 2013, el Ministerio de Relaciones

Exteriores resolvió ampliar la concesión de visas a ciudadanos haitianos como una forma de

combatir el tráfico de personas detectado en la ruta de migración de Haití-Brasil.

En Chile por su parte, la legislación en relación a asuntos migratorios está regida por el Decreto

Ley 1094 de 1975 y su Reglamento (Decreto 597). Promulgada durante la dictadura, instala un

control policial, militar y de inteligencia, prohibiendo la entrada al país a cualquiera que se

sospecha pueda cuestionar el sistema de gobierno. La seguridad nacional es el paradigma explícito

sobre el que se basa. (Ley 1094. 1975: Título I, Párrafo 2, pág. 1; Artículo 15.1, págs. 3-4) (Stefoni,

2011).

Con la llegada de la democracia han sido varias las iniciativas dirigidas a reconducir este marco

legislativo, sin embargo se han concretado principalmente en acciones puntuales y fragmentadas.

El paso más significativo se da en 2008, cuando se promulgó el Instructivo Presidencial No. 9 sobre

Política Migratoria en Chile (Harboe, 2008).

Finalmente, República Dominica presenta la legislación migratoria más restrictiva entre todos los

países analizados, al menos en lo que a inmigración se refiere. De hecho, en años recientes el país

ha recibido fuertes cuestionamientos por parte tanto de Naciones Unidas como de la Corte

Interamericana de Derechos Humanos por negar el ius solí o el derecho a la nacionalidad a las

personas nacidas en el país hijas de padres extranjeros (Sentencia caso de las niñas Yean y Bosico

vs. República Dominicana, 2005 y Observaciones del Comité de los Derechos del Niño, 2008).

La legislación migratoria y una reforma constitucional realizada en 2010 limitan en este momento

el ius solí para niñas y niños nacidos en la República Dominica hijas e hijos de padres en situación

migratoria irregular. Según el reglamento de la Ley de migración estas niñas y niños reciben una

constancia de nacimiento diferente a la ordinaria que debe ser remitida a su embajada, de manera

que no les será reconocida la nacionalidad dominicana.

27

Esta situación además se ha agravado en los últimos meses a raíz de una sentencia emitida por el

Tribunal Constitucional el 23 de septiembre de 2013 mediante la cual se retira la nacionalidad

dominicana a las hijas e hijos de padres extranjeros en situación migratoria irregular, nacidos a

partir de 1929. Esto afecta de manera directa a varias generaciones de personas con ascendencia

haitiana. Según el último censo, este fallo podría afectar a 450.000 personas, generando cientos

de miles de apátridas.

3.2 Integración de la personas migrantes e interculturalidad En la mayoría de países analizados para este estudio se han identificado políticas o acciones, más

institucionalizadas o más puntuales, que desde diferentes ámbitos como la política migratoria, la

política cultural u otras políticas sectoriales buscan fomentar la integración de la población

migrante o la interculturalidad.

En los países que cuentan con una normativa migratoria más amigable para la población migrante,

también se identifican mayores iniciativas para la interculturalidad. En algunos países con marcos

legales más restrictivos, como República Dominicana, no se ha identificado ninguna actividad

relacionada con el aporte cultural de la población inmigrante.

Asimismo, en aquellos países con una notable diversidad cultural interna, con una alta presencia

de población indígena o afrodescendiente, se identifican numerosas iniciativas institucionales para

reconocer el aporte cultural de estos grupos. Sin embargo, no en todos ellos se incorpora el aporte

de la población migrante dentro del enfoque de diversidad cultural.

Acciones para la interculturalidad

Venezuela

El Estado Venezolano ha realizado importantes avances para el reconocimiento del aporte cultural

de las personas migrantes y la promoción de la interculturalidad. Entre las iniciativas más

importantes en este sentido, destaca que el Ministerio del Poder para la Cultura cuenta con la

figura de Viceministro o Viceministra de Identidad y Diversidad Cultural (Reglamento Orgánico del

Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Cap. III).

28

Asimismo, cuenta con una Dirección General de Diversidad Cultural. Entre las atribuciones de esta

dirección destacan las siguientes:

- Generar lineamientos tendientes a coordinar y supervisar el funcionamiento de los entes adscritos

al Ministerio y las direcciones de enlace con las comunidades indígenas, de afrodescendientes y de

inmigrantes, en el desarrollo de actividades concernientes a las expresiones culturales y la

diversidad cultural.

- Promover estrategias que fomenten la participación de las comunidades indígenas,

afrodescendientes e inmigrantes, en actividades relacionadas con la conservación, preservación y

valoración de sus manifestaciones y expresiones culturales.

- Coordinar con los órganos y entes públicos competentes, el desarrollo e inclusión de programas

de educación formal con contenidos de representación de las expresiones culturales y la diversidad

cultural.

- Apoyar e incentivar las iniciativas impulsadas por órganos y entes públicos, privados y por las

comunidades organizadas, relacionadas con el fortalecimiento de la diversidad cultural, como la

conservación de las tradiciones, procesos creativos y demás referentes simbólicos o materiales de

las identidades colectivas (Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Cultura,

art. 32).

La Dirección General de Diversidad Cultural cuenta con una Dirección de Enlace con las

Comunidades Inmigrantes (Reglamento Orgánico del Ministerio del Poder Popular para la Cultura,

art. 33). Entre las funciones de esta oficina está establecer contacto con las comunidades

inmigrantes en el país, canalizar sus propuestas y demandas, así como fortalecer sus vínculos con

las plataformas de este Ministerio para fomentar su participación en las políticas culturales del

Estado Venezolano.

Argentina

En el caso de Argentina, como ya se ha señalado, este país cuenta con una normativa migratoria

de avanzada en el reconocimiento de los derechos de las personas migrantes. Así, ha logrado

reorientar su política migratoria de un modelo basado en la seguridad nacional, instalado en la

época de la dictadura, a otro basado en los derechos humanos. A pesar de este muy notable

29

avance sin embargo, algunas fuentes señalan que aún persiste un carácter asimilacionista más que

de interculturalidad (Domenech, 2005).

En cualquier caso, la Secretaría de Cultura cuenta con la Dirección Nacional de promoción de los

Derechos Culturales y Diversidad Cultural. A pesar de que los objetivos de esta área no se refieren

de manera directa a las comunidades migrantes, son lo suficientemente amplios para que esta

población tenga cabida en ellos. En este sentido, destacan los siguientes:

- Fomentar la participación real y efectiva de las diversas minorías culturales en la reflexión sobre

la identidad nacional, a través de la cultura y el arte como herramientas de expresión.

- Promover los valores solidarios que posibilitan la inclusión social, suscitando el pleno ejercicio de

la identidad.

- Formalizar acciones culturales concertadas en torno a los diversos grupos sociales que por sus

características presentan particularidades que deben ser atendidas con políticas específicas que

garanticen un pleno ejercicio de la cultura e identidad, permitiéndoles relacionarse virtuosamente

en un plano de igualdad con el resto de la sociedad, dándose a conocer y de este modo generar el

marco para que se los valore y respete.

Por otro lado, también los lineamientos de la Dirección Nacional de Política Cultural y Cooperación

Internacional, indican que esta instancia puede ser importante para la promoción de la

interculturalidad. Entre sus objetivos destaca el siguiente:

Impulsar la integración y el respeto de la diversidad cultural en el marco de las estrategias

de desarrollo sostenible mediante programas y planes de estímulo a la producción y acceso

a los bienes culturales.

Asimismo, entre las acciones de la Secretaría de Cultura es de especial interés el Programa Puntos

de Cultura que tiene el objetivo de promover la organización popular a través de la cultura

comunitaria. Entre sus componentes ninguno se refiere de manera específica a la

interculturalidad. Sin embargo, es de destacar que entre las acciones concretas que se financian se

mencionan expresamente organizaciones que trabajan en la promoción de la integración dentro

de la categoría Puntos de Cultura de Frontera. Esta categoría se refiere a organizaciones sociales

emplazadas en territorios de frontera con Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay y Chile, cuyas acciones

apunten a la integración latinoamericana, a la reconstrucción del tejido social, la revalorización de

30

la identidad local y la expresión popular a través de la cultura. Las organizaciones que se postulan

pueden recibir ayudas económicas y apoyo en equipamiento.

Por otro lado, algunas políticas sectoriales como la de educación incorporan algunos elementos de

interés. Así, la Ley de Educación Nacional (N° 26.206/2007), establece que el Ministerio de

Educación, Ciencia y Tecnología, en acuerdo con el Consejo Federal de Educación, fijará y

desarrollará políticas de promoción de la igualdad educativa, destinadas a enfrentar situaciones de

injusticia, marginación, estigmatización y otras formas de discriminación, derivadas de factores

socioeconómicos, culturales, geográficos, étnicos, de género o de cualquier otra índole, que

afecten el ejercicio pleno del derecho a la educación (art. N° 79).

Por último, se debe mencionar el Plan Nacional contra la Discriminación (2005) del INADI,

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Presidencia de la Nación. Este Plan es producto de la

Conferencia Mundial contra la Discriminación, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia

realizada en Durban (Sudáfrica). Concretamente, el Plan incluye un capítulo sobre migrantes y

refugiados en general, y de manera particular sobre el racismo, el antisemitismo, la arabofobia,

islamofobia, la situación de comunidades gitanas y pueblos Romanies, colectividades

latinoamericanas, asiáticas y africanas.

Colombia

El Estado Colombiano ha logrado concretar algunas acciones para la promoción de la

interculturalidad, particularmente desde el Ministerio de Cultura. Así, entre las diversas políticas

culturales que rigen el accionar del Ministerio de Cultura colombiano destaca la Política de

Diversidad Cultural. La Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las

Expresiones Culturales de la UNESCO es uno de los referentes fundamentales de esta política que

incluye acciones de investigación, formación y gestión. La política incorpora en su justificación a las

personas migrantes, pero coloca mayor énfasis en las poblaciones indígenas y afrodescendientes.

Asimismo, con respecto al marco normativo para la migración es de destacar que la política

migratoria de 2009 incluye en su objetivo específico 2 una dimensión específica vinculada a los

derechos culturales:

31

Dimensión cultural: en concordancia con la Política de Internacionalización de la cultura,

impulsada por el Ministerio de Cultura, genera los instrumentos necesarios para que los

colombianos puedan difundir la cultura colombiana durante su estadía en el exterior y se

refuercen los lazos culturales con las nuevas generaciones de colombianos que nacen en el

exterior. Asimismo, se busca mantener, fortalecer o generar los vínculos de identidad de

los colombianos en el exterior con el país.

El Plan de Acción de la política incluye un producto específico en este sentido.

Uruguay

El Estado de Uruguay reconoce la importancia de la integración de las personas migrantes desde la

propia ley de migración. Esta ley señala en su Artículo 13 que el Estado implementará acciones

para favorecer la integración sociocultural de las personas migrantes en el territorio nacional y su

participación en las decisiones de la vida pública. Asimismo, el artículo 14 señala que el Estado

velará por el respeto de la identidad cultural de las personas migrantes y de sus familiares y

fomentará que éstas mantengan vínculos con sus Estados de origen.

Por otro lado, desde las políticas culturales, la Dirección Nacional de Cultura define entre sus áreas

estratégicas promover y garantizar los derechos culturales de la ciudadanía con énfasis en grupos

sociales en situación de vulnerabilidad y sectores no tradicionales. Asimismo fortalecer el

intercambio regional e internacional promoviendo la cultura uruguaya en el mundo así como el

intercambio y cooperación cultural internacional.

La institución cuenta desde 2009 con el área Ciudadanía Cultural que tiene el cometido de

promover los derechos culturales de toda la población a través de la plena participación de

personas y colectivos en el disfrute, producción y distribución de los bienes y servicios culturales.

Una de las funciones del Área es promover la participación a través de acciones de animación que

promuevan a diversos grupos sociales y los impliquen en el fortalecimiento de comunidades

culturalmente activas. Intervenciones de mediación cultural que permitan fortalecer las relaciones

interculturales e intergeneracionales.

32

Bolivia

El Estado Boliviano ha incorporado, al menos en términos formales, el enfoque de

interculturalidad en su nueva normativa migratoria.

Así, la ley se enmarca en la nueva concepción de Estado Plurinacional de Bolivia. La

Interculturalidad es uno de los principios rectores de esta ley (Ley n. 370. Art. 2). Asimismo, la ley

se basa en otros principios como la no discriminación, el vivir bien, la equidad de género, la

reciprocidad, la soberanía y la transparencia (Ley n.370. Art.2).

Debido a la reciente entrada en vigencia no se han identificado fuentes que valoren la aplicación

de la ley y la integración efectiva del enfoque de interculturalidad.

El Ministerio de Culturas de Bolivia incluye entre sus objetivos sustantivos Promocionar y

fortalecer la oferta turística con identidad y pluricultural. Es de destacar que el Ministerio cuenta

con tres Viceministerios, uno de los cuales es el Viceministerio de Interculturalidad. No se

identifican sin embargo, entre sus acciones iniciativas específicas dirigidas a población migrante,

ya que el énfasis de las acciones está principalmente dirigido a población indígena.

En esta misma línea, varias instituciones del Estado cuentan con áreas específicas dedicadas a la

transversalización del enfoque de interculturalidad, también dirigidas de manera principal a

pueblos indígenas. Este es el caso, por ejemplo, de la Unidad de Interculturalidad e Igualdad de

Oportunidades del Ministerio de Defensa o el Viceministerio de Medicina Tradicional e

Interculturalidad del Ministerio de Salud y Deportes.

Los mayores aportes formales identificados en el caso de Bolivia se encuentran en el Plan Nacional

de Acción de los Derechos Humanos Bolivia Para Vivir Bien 2009-2013 que incorpora un capítulo

específico sobre derechos de los migrantes.

Ecuador

33

Entre los avances identificados en Ecuador es importante mencionar que el país cuenta con Plan

Nacional de Desarrollo Humano para las Migraciones, que entre sus objetivos incluye los

siguientes:

- Desarrollar en el Ecuador e impulsar en el mundo una política migratoria basada en el respeto y

ejercicio de los derechos humanos, económicos, sociales y culturales de todas las personas.

- Promover procesos de interculturalidad y de construcción de ciudadanía universal (Secretaría

Nacional del Migrante, 2007).

Asimismo, el Ministerio de Cultura y Patrimonio tiene un importante énfasis en la

interculturalidad, dirigido principalmente hacia los pueblos indígenas. En su misión institucional

señala que ejerce la rectoría del Sistema Nacional de Cultura para fortalecer la identidad Nacional

y la Interculturalidad; proteger y promover la diversidad de las expresiones culturales; incentivar la

libre creación artística y la producción, difusión, distribución y disfrute de bienes y servicios

culturales; y salvaguarda de la memoria social y el patrimonio cultural, garantizando el ejercicio

pleno de los derechos culturales a partir de la descolonización del saber y del poder; y de una nueva

relación entre el ser humano y la naturaleza, contribuyendo a la materialización del Buen Vivir.

En este sentido destaca que el Ministerio cuenta con un programa llamado Desarrollo y Diversidad

Cultural que se dirige, entre otras, a incorporar el enfoque de interculturalidad en diversas áreas

como la salud o la justicia. Es de destacar que este programa impulsó la elaboración y aprobación

en 2011 de la Política Pública de Género e Interculturalidad del Sector de Patrimonio que permitió

la constitución de la Mesa de Interculturalidad coordinada por el Ministerio de Patrimonio. La

política, sin embargo, se refiere principalmente a las mujeres indígenas y afrodescendientes y no

realiza ninguna mención explícita a las migrantes, aunque si a las desplazadas.

Por otro lado, desde este programa se ha impulsado el Plan plurinacional para eliminar la

discriminación y el racismo (2009) que incluye entre sus acciones iniciativas específicas para el

fomento de la interculturalidad en ámbitos como la educación o la salud. Sin embargo, tampoco se

identifican en este caso medidas específicas dirigidas a la población migrante.

Paraguay

34

Las acciones en Paraguay para la integración y la interculturalidad son escasas. De hecho, solo se

ha identificado que la Secretaría de Cultura de Paraguay cuenta con una Dirección de Creación y

Diversidad Cultural. Sin embargo, entre las acciones que se impulsan desde esta Dirección no se

identifica ninguna específicamente dirigida a la población migrante. El principal énfasis de esta

dirección es hacia la población indígena.

Perú

El Ministerio de Cultura de Perú cuenta con un Viceministerio de Interculturalidad.

Tanto el enfoque de interculturalidad que define el Ministerio de Cultura como las funciones

asignadas a este Viceministerio, se refieren en mayor medida a la población indígena y a otros

grupos culturales minorizados. Sin embargo, aunque no se menciona de manera específica la

población migrante también tendría cabida dentro de este enfoque.

Algunos instrumentos normativos peruanos hacen referencia a la interculturalidad, pero de

manera muy general e imprecisa. Este es el caso de la Constitución Política (1993), que señala en

su artículo 2, numeral 19 las personas tienen derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado

reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Todo peruano tiene derecho a usar

su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este

mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. También la Ley General de Educación

(2004) y su Reglamento incluyen algunos aspectos vinculados a la interculturalidad.

Entre las iniciativas impulsadas desde gobiernos locales destaca que la Municipalidad distrital de

Sabandía (Arequipa) impulsó en 2003 el proyecto La población en acción para una ciudad mejor

con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población inmigrada del distrito, orientada a la

inserción de la comunidad inmigrada mediante su participación en el desarrollo del distrito de

Sabandía (Ballarte, 2007).

Los objetivos específicos de este proyecto fueron los siguientes:

1. Consolidar la participación activa de las comunidades inmigradas, especialmente de las mujeres,

en el desarrollo del distrito.

35

2. Fortalecimiento de las organizaciones sociales de base para el trabajo mancomunado, con visión

del desarrollo integral de la comunidad de Sabandía.

3. Contribuir a cambiar los hábitos de la población involucrada en el manejo de los residuos sólidos.

4. Sensibilizar a la comunidad de Sabandía de la responsabilidad social en la protección del

medioambiente.

5. Implementación de centros de compostaje (Ballart, 2007: 14).

Chile

Entre los aspectos relativos al fomento de la interculturalidad, se debe mencionar que el país

cuenta con una Política Cultural (2011-2016) que se articula en torno a tres ejes: creación artística,

patrimonio cultural y participación ciudadana.

Entre los principios que fundamentan esta política no se incluye el de la interculturalidad.

Sin embargo, se menciona la multiculturalidad como La multiculturalidad y el respeto a la

diversidad étnica y las expresiones culturales de los pueblos originarios (Consejo Nacional de la

Cultura y las Artes, 2011: 52).

Entre las acciones previstas, la 13.1 contempla el diseño de estrategias orientadas a salvaguardia

de las manifestaciones y expresiones culturales de los pueblos originarios y las tradiciones

culturales de los inmigrantes. Sin embargo, cuando se detallan las actividades concretas a realizar

solo se menciona a los pueblos indígenas.

Por otro lado, entre otras políticas sectoriales chilenas que de alguna manera contribuyen a la

interculturalidad deben mencionarse las de Educación. En 2003 dos Oficios Circulares emitidos por

la Secretaría de Gobernación, el 1179 y el 6232, se refieren al acuerdo suscrito con el Ministerio de

Educación para garantizar el acceso a las instituciones de educación primaria y secundaria a niñas

y niños cuyas madres o padres estuvieran en situación migratoria irregular, otorgándoles un

permiso de residencia como estudiantes titulares. En vista de los obstáculos que en muchos casos

impedían el cumplimiento de estos Oficios, se formó una mesa de trabajo en la que participaron

actores gubernamentales, el cónsul del Perú y organizaciones dedicadas a la defensa de los

36

derechos de la infancia como el Colectivo Sin Fronteras. Es así que se lanza una Campaña Por el

Derecho a la Educación. Cabe destacar la participación activa de la sociedad civil en este proceso

(Mardones, 2006).

Asimismo, en 2005 una Ordenanza del Ministerio de Educación instruye a directivos territoriales y

de institutos de todo el país que es su deber garantizar la aplicación de las disposiciones existentes

en favor del acceso de niñas y niños extranjeros, incluyendo a quienes estén en situación irregular.

Insiste en la obligación de las instituciones de hacer efectivo el ejercicio pleno del derecho a la

educación y a la no discriminación y la obligación de las autoridades de establecer procedimientos

para cumplir con estos objetivos.

A pesar de estos avances, personas vinculadas a la investigación y la docencia manifiestan

preocupación con respecto a la pertinencia de la educación, que debería ser intercultural. En este

sentido, se identifican varios problemas. Por una parte muchas escuelas lo rechazan, amparadas

en la existencia de un curriculum centralizado, único y fijo (Poblete & Galaz, 2007). Por otra parte

cuando se implementa un modelo intercultural con frecuencia se interpreta de manera muy

limitada, reconociendo la diferencia existente pero no reconociendo el valor de la otra cultura, por

lo que no hay disposición de un intercambio entre pares, terminando por poner en práctica un

enfoque casi asimilacionista (Pizarro, 2009). Además, no se entiende la necesidad de actuar en

todos los espacios educativos, operando un curriculum explícito y un curriculum oculto.

Finalmente, los obstáculos generados por valores y prejuicios arraigados son muy difíciles de

superar.

Entre las iniciativas impulsadas desde gobiernos locales, durante el mes de agosto de 2013, se

identifican algunas de interés. Así, en Santiago, la municipalidad en conjunto con la Subdirección

de Desarrollo Social inauguró la Unidad Migrantes en el Barrio Yungay. Este espacio ofrece música

y danza de países como Colombia, Ecuador, Haití y Perú. Se trata de uno de los barrios de mayor

presencia de migrantes en la capital. La Comuna de Providencia, a su vez, ha abierto la Oficina de

Diversidad y No Discriminación.

Costa Rica

37

En el caso de Costa Rica, la recientemente aprobada Política Migratoria (CNM, 2013) si incorpora,

al menos en términos formales, el enfoque de interculturalidad y lo define de la siguiente manera:

Este enfoque reconoce la diversidad como inherente a la condición humana y como una

característica que aporta al desarrollo humano de los países. Reconoce, además, que a

partir de la diversidad hay determinados grupos que están en desventaja social, debido a

construcciones y estereotipos creados a partir de sus realidades.

De esta forma, las acciones derivadas de la presente política, tendrán que velar por los

derechos de aquellas personas que sufren cualquier tipo de discriminación, debido a que

pertenecen a un grupo reconocido como diverso, sea en términos de sexo, género, cultura,

sociedad, de nacionalidad, étnico, político, etario o de identidad de género u orientación

sexual (CNM, 2013).

Entre las acciones de la política en el eje integración y desarrollo se incluye un subtema de cultura

y sociedad en el que se plantean diferentes líneas de trabajo dirigidas a promover la integración.

Costa Rica está elaborando asimismo una Política Nacional de Derechos Culturales (2014-2023). La

versión preliminar de esta política menciona que en su elaboración se integró un enfoque de

diversidad cultural, mencionando de manera explícita a las personas migrantes (pág. 7). Este

borrador enfatiza la necesidad de destacar el aporte cultural de las personas migrantes,

enfocándolo dentro de riqueza y patrimonio colectivo (pág. 27).

El Eje estratégico 1, Promoción del acceso, inclusión, participación y diversidad cultural, evalúa las

medidas de promoción cultural realizadas hasta la fecha desde el Estado y concluye que éstas no

han sido inclusivas, de manera que han privilegiado ciertas expresiones culturales por encima de

otras. En respuesta a este diagnóstico, el tema dos de este eje se formula como el reconocimiento

y promoción de la diversidad cultural. Así, se proponen acciones de gestión cultural que estimulen

la convivencia y el diálogo multicultural, intergeneracional, intergénero, con las personas

migrantes y personas con discapacidad. Las líneas de acción previstas para el desarrollo de este

tema incluyen el desarrollo de una estrategia que promueva y visibilice el aporte cultural de la

población migrante.

38

En el tema 3, promoción del acceso, la inclusión y la equidad cultural, se plantea la creación de un

Foro Nacional de Protección y Promoción de los Derechos Culturales, en coordinación con las

entidades que promueven los derechos de la niñez, adolescencia, juventud, mujeres, pueblos

indígenas, pueblos afro descendientes, personas migrantes, personas que tienen alguna

discapacidad, adultas mayores, de la diversidad sexual, etc., para generar acciones culturales

afirmativas e inclusivas (Pág. 45).

En el ámbito de las políticas sectoriales, el principal aporte se concreta en el Decreto N°35.513 del

Ministerio de Educación Pública, a través del cual se decide incorporar a las mallas curriculares y a

la formación de docentes, la visión intercultural de Costa Rica. Hasta el momento no se conocen

productos concretos resultados de esta disposición.

Entre las iniciativas locales, la Municipalidad de Escazú, por su parte, desde su Oficina para la

Igualdad y la Equidad de Género ha impulsado desde 2006 un proceso para la creación de un

grupo de promotoras de derechos de las mujeres migrantes. Este grupo ha enfocado su trabajo a

favor de los derechos de las personas migrantes que viven en el cantón de Escazú, reconociendo

las dificultades específicas que enfrentan las mujeres migrantes. El grupo está compuesto tanto

por mujeres migrantes como por costarricenses.

España

En el caso de España, destaca que el Ministerio de Trabajo e Inmigración cuenta con un Plan

Estratégico Ciudadanía e Integración 2011-2014 (2010). Este Plan tiene como principal objetivo

fortalecer la cohesión social, en un nuevo contexto migratorio caracterizado por la reducción de

flujos de entrada de inmigrantes.

El Estado ha tenido la competencia exclusiva para regular la situación jurídico-administrativa de las

personas inmigrantes, pero su integración social ha sido competencia, unas veces exclusiva y otras

compartida, de las Comunidades Autónomas con el Estado. Así es como se explica la existencia de

los siguientes planes de integración autonómica:

- Plan Integral para la Inmigración en Andalucía (2005).

39

- Plan Integral para la Convivencia Intercultural en Aragón (2008).

- Pla D'Acció per a la inclusió i la cohesió social a Catalunya 2010-2013.

- II Plan Canario para la inmigración 2006 – 2008.

- II Plan Integral de Inmigración de Castilla y León 2010-2013.

- Plan de Acción 2009 de Castilla-La Mancha para la acogida, la integración y el refuerzo

educativo de inmigrantes.

- II Plan para la integración social de los inmigrantes en Extremadura 2008-2011.

- II Plan Integral de atención a las personas inmigradas de las Illes Balears.

- Plan de integración de la comunidad de Madrid 2009 – 2012.

- Plan inmigrantes Región de Murcia 2006 – 2009.

- Plan para la integración social de la población inmigrante (Navarra).

- Plan de inmigración, ciudadanía y convivencia intercultural 2011-2013 (País Vasco).

- Plan director de inmigración y convivencia 2008 – 2011 (Generalitat de Valencia).

- II Plan Integral de Inmigración de La Rioja 2009 – 2012.

El carácter de estos planes pasa desde una óptica de integración a través de la interculturalidad, -

en varios casos de fondo asimilacionista-, hasta el recorte de los derechos sociales. Abona en este

último caso el hecho de que el racismo y la discriminación han crecido por utilizarse en diversos

discursos a las personas migrantes como chivos expiatorios, con el argumento de que los recursos

no alcanzan para todas las personas y se debe primar a las autóctonas, estableciendo una

competencia irreal entre unas y otras (Ver al respecto Relator Especial de las Naciones Unidas

sobre las formas contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y otras formas

conexas de intolerancia, OHCHR, 2013).

El enfoque de interculturalidad, sin embargo, no se traslada a las políticas culturales del Estado

español. De hecho, la Secretaria de Estado de Cultura cuenta con un Plan Estratégico General

(2012-2015), pero entre sus 5 objetivos generales no se identifica ninguno dirigido a promover la

interculturalidad o que reconozca la multiculturalidad. Incluso, en el objetivo 3, Impulsar la cultura

como elemento esencial de proyección exterior de la marca ESPAÑA, se evidencia una tendencia a

homogeneizar e invisibilizar la diversidad de expresiones culturales que existen en el Estado

español.

40

Tampoco las estrategias y proyectos planteados para alcanzar los objetivos incluyen aspectos

relevantes que apunten a la interculturalidad. De manera que se menciona una única vez en

Proyecto 1.8.2 Organización de exposiciones y actividades con temática social y medioambiental,

cuyo objetivo específico es Fomentar las artes visuales como herramienta para la cohesión, la

inclusión social y el diálogo intercultural, facilitando el acceso de todos los ciudadanos a la cultura.

Este proyecto responde a la Estrategia 1.8, Facilitar el acceso de todos los ciudadanos a las artes

visuales contemporáneas.

Brasil

En el caso de Brasil no se han identificado acciones o iniciativas de peso dirigidas a la promoción

de la interculturalidad. Con respecto a las políticas culturales el Ministerio de Cultura cuenta desde

2012 con una Secretaría de Ciudadanía y Diversidad Cultural. El objetivo de esta secretaría no es

claro en cuanto a lo que se refiere a las posibilidades de incorporar a la población migrante, ya que

se trata de fortalecer el protagonismo cultural de la sociedad brasileña, valorizando las iniciativas

culturales de grupos y comunidades excluidas y ampliando el acceso a bienes culturales.

El principal programa impulsado desde esta Secretaría, Cultura Viva, se desarrolla a partir de

puntos y puentes de cultura. Entre los objetivos de este programa en concreto destaca el de

promover intercambios estéticos e interculturales. Sin embargo, tampoco se han identificado

acciones específicas o líneas de trabajo dirigidas a la población migrante.

México

Al igual que en el caso anterior, no son muchas las acciones identificadas para la promoción de la

interculturalidad. Con respecto a las políticas culturales por ejemplo, entre los ejes de política

cultural que define el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA) no hay ninguno

vinculado a la interculturalidad. Así, el Programa Nacional de Cultura 2007-2012 acepta la

diversidad cultural al interior del país, pero todos sus ejes hacen referencia a las personas

mexicanas, reconociendo la diversidad únicamente vinculada a la diversidad de los pueblos

indígenas.

41

Algunas iniciativas puntuales realizadas desde instituciones del Estado han tratado

ocasionalmente de contribuir a la integración de la población migrante. Este es el caso del

Concurso de Mujer Migrante: Cuéntame tu historia, del INMUJERES. Este concurso nace con la

finalidad de impulsar el conocimiento y la difusión de las condiciones, problemáticas y

experiencias exitosas vividas por las mujeres migrantes e impulsar su participación a través de la

presentación de propuestas para la resolución de sus problemáticas específicas.

A nivel local destaca el Programa ACERCATE Chiapas. Este programa nace como estrategia para

brindar apoyo a las personas emigrantes que se encuentran fuera de la región y a sus familias en

comunidades de origen, contribuyendo así a consolidar una política social responsable, humana y

de fácil acceso, pensando en las personas que se encuentran en mayores condiciones de

vulnerabilidad. Las áreas de trabajo son: atención y vinculación de chiapanecos en el exterior,

apoyo a la repatriación de personas y traslados de cuerpos, asistencia legal y trámite de

documentos, y el traslado de personas enfermas.

Las medidas pretenden fortalecer los derechos culturales a través de asesoramiento y

conocimiento de estos derechos y otros, así como mantener la presencia de su cultura a través de

las casas de Chiapas, los clubes y otras organizaciones que sean proclives a ello.

República Dominicana

En concordancia con su restrictiva normativa migratoria, en República Dominicana no se identifica

ninguna actividad o iniciativa dirigida a visibilizar y reconocer los aportes de la población migrante.

Por lo tanto, el enfoque de interculturalidad no está presente en el marco legal dominicano.

Así, entre los valores que fundamentan el accionar del Ministerio de Cultura no se identifica

ninguno vinculado a la interculturalidad.

A pesar de que entre los ejes de la políticas sectoriales de la Secretaría de Cultura el quinto es

promover los valores de identidad, pluralismo y diversidad como fundamento de una ciudadanía

cultural, de acuerdo a las metas sectoriales definidas para la Política de Difusión y Promoción de la

Cultura Artística y Apoyo a los creadores y la Política de Promoción de Valores y construcción de

42

Ciudadanía Cultural, no se considera la inclusión de las personas inmigrantes. Entre las metas de la

Política de Promoción de Valores y construcción de Ciudadanía Cultural sí se considera el fomento

de la cultura dominicana a través de las personas emigrantes de la siguiente manera: diseñar

programas culturales que tomen en cuenta las comunidades dominicanas en el exterior y que

refuercen los valores nacionales y culturales en las comunidades fronterizas.

También el Plan Estratégico Institucional (2012-2016) apunta una tendencia a proteger la cultura

dominicana sin reconocer los aportes que podrían realizar las comunidades migrantes. Es este

sentido, el Plan se orienta a garantizar a todos los dominicanos y dominicanas el ejercicio pleno y

libre de sus derechos culturales tal como estos vienen consagrados por nuestra constitución

nacional y demás documentos complementarios, excluyendo así a la población migrante no

nacionalizada. Este espíritu se mantiene a los largo de los diferentes planteamientos, ejes y

acciones que conforman el PEI (Ministerio de Cultura de la República Dominicana, 2012).

43

4. La vigencia de la interculturalidad y la integración, vista desde el

acumulado investigativo

Las investigaciones realizadas en la región en la última década, dan cuenta de avances conseguidos

para promover la interculturalidad y la integración de migrantes, pero también identifican

obstáculos y limitaciones que enfrentan estas personas para ejercer plenamente sus derechos

sociales, económicos, laborales, culturales y políticos; y los riesgos a los cuales se exponen cuando

se encuentran en condición migratoria irregular (explotación laboral, trata con fines de

explotación laboral o sexual, tráfico de personas, etc.).

El primer denominador común identificado en los estudios, es la visibilización de todos los países

de la región como escenario de origen, tránsito, destino y retorno de población migrante. En cada

país se plantea que alguno de estos escenarios ha prevalecido en determinada época, pero

actualmente definir países como receptores o emisores de migración es bastante más complejo

que hace una década. El contexto migratorio de todos los países se ha transformado, pero en

países como Brasil o Argentina ha sido más notorio a partir de las acciones implementadas en el

marco del MERCOSUR que buscan facilitar el libre tránsito entre los países miembros.

Los estudios también dan cuenta de algunos factores que inciden en la decisión de migrar, por

ejemplo, la búsqueda de empleos mejor remunerados, oportunidades de estudio, huir de

conflictos armados o violencia social. Esto último es particularmente mencionado respecto a la

migración colombiana.

Venezuela

En Venezuela, el colectivo migratorio que más ha sido analizado es el de origen colombiano. Esto

ha impulsado que ambos países suscriban una serie de acuerdos y convenios bilaterales y

multilaterales con el propósito de normalizar y regularizar tanto la permanencia, como el tránsito

de personas de un país a otro. No obstante, estos acuerdos no han cumplido del todo las

expectativas previstas. (Álvarez, 2004).

44

Esta autora ahonda en la caracterización de las migraciones laborales, particularmente en el

contexto de desplazamiento forzado y refugio impulsados hacia Venezuela por las ventajas

comparativas y de atracción que, tradicionalmente, ha ofrecido este país como explotador de

petróleo.

En este sentido Velázquez (2011) y Pearson (2013) plantean que Venezuela históricamente ha sido

un país abierto a las migraciones, en las distintas etapas de su desarrollo, fomentando una

legislación amplia sobre esta materia.

Argentina

En Argentina, paulatinamente se ha superado el debate sobre las condiciones para facilitar la

documentación de las personas migrantes y la exigibilidad de derechos fundamentales como la

salud y el trabajo, enfrentando ahora nuevos retos para promover la integración y la

interculturalidad. En este sentido Eduardo Vior (2005), realiza un análisis intercultural,

superponiendo la construcción del Estado, la construcción de Nación y la construcción de la idea

de ciudadanía, al desarrollo del proceso migratorio que conformó la sociedad argentina. Propone

un recorrido histórico sobre los cambios de perspectiva que ha tenido el Estado con relación a la

inmigración, a partir de los cambios ocurridos en el marco jurídico, especialmente a partir de 1970,

transitando de un marco que reivindica una ciudadanía monocultural hacia una ciudadanía

pluricultural.

Por otra parte Natalia Gavazzo (2006), se aproxima al estudio de las identidades desde una

perspectiva antropológica e intercultural. Esta autora resalta el proceso de integración cultural de

las nuevas comunidades migrantes, diferenciándolo de la primera oleada de inmigración de

principios del siglo XX, y enmarcándolo en el proceso de unificación cultural que impone

actualmente la globalización. Plantea que si en un principio se buscaba unificar culturas,

fundiéndolas en una “argentinidad”, ahora la propuesta del Estado, y la propuesta de las mismas

comunidades, gira en torno a la interculturalidad, al establecimiento de lazos y relaciones entre las

diferentes culturas que confluyen en una sociedad mayoritaria que es la argentina. Gavazzo,

explica cómo desde la ciudadanía se encuentra la frontera entre la inclusión y la exclusión de la

persona inmigrante, y cómo esto constituye la “legalidad” de los mismos. Desde este punto de

45

vista, la autora señala que no existe un diálogo intercultural real sino que desde el Estado, a través

de la obtención de la ciudadanía, se cede una participación controlada a las y los inmigrantes.

Asimismo, hace hincapié en las respuestas que desde el Estado se le da a la integración,

enfocándose en las políticas culturales, utilizadas como herramienta para la incorporación de las

comunidades a una sociedad mayoritaria y que no respeta las particularidades de las mismas.

Por su parte, Domenech (2005) señala que si bien la ideología del pluralismo cultural ha penetrado

en el ámbito de las políticas estatales, es notable la persistencia de las ideas asimilacionistas. La

política de asimilación como política pública tuvo lugar a principios del siglo XX para argentinizar la

primera generación inmigrante nacida en el territorio luego del arribo masivo de inmigrantes de

ultramar.

Con el correr de las décadas, la legitimidad de las políticas de asimilación fue puesta en

entredicho. Especialmente, a fines del siglo XX, las políticas estatales se fueron reformando hacia

un enfoque de pluralismo cultural que reconoce la sociedad argentina como multicultural y

multiétnica.

Según este autor, mientras se proclama la aceptación de la diferencia cultural, se defiende la

identidad nacional y la unidad cultural. En este sentido, las demandas de grupos étnicos

minoritarios, relativas al reconocimiento de la identidad cultural, serían atendidas siempre y

cuando aquel reconocimiento no sea representado como una amenaza para la cultura nacional.

En este sentido, las actuales políticas de integración se fundan en un modelo orientado a la

gestión de la diversidad cultural y no logran dar respuesta a la desigualdad social, política y

cultural (Domenech, 2005).

Se valora la contribución de los distintos grupos étnicos y migrantes al crecimiento y

desarrollo del país y se promueve el respeto y tolerancia a la diversidad cultural para la

disminución de la discriminación y los prejuicios, se reconocen derechos de igualdad

formal, pero se mantiene inalterada la estructura de poder que reproduce las condiciones

materiales y simbólicas de desigualdad y exclusión sociales (Domenech, 2005).

46

Pacecca y Courtis (2008) por su parte plantean que los cambios implementados en el marco

jurídico han impulsado cambios sociales sobre lo que se considera "políticamente correcto”. Esto

se refleja en el tratamiento que los medios de comunicación, notas de prensa, discursos políticos,

etc. Hacen del tema migratorio y las personas migrantes.

Sin embargo, otros estudios como el de CIUF & UMSS (2012) llaman la atención sobre las

negociaciones identitarias que realizan colectivos de inmigrantes, como parte de sus estrategias

para insertarse en el país. Por ejemplo, se ha documentado que la población boliviana cambia su

forma de hablar como parte de estas negociaciones identitarias. Esto es común a toda edad, sobre

todo, entre hijas e hijos de migrantes que ya viven en el país

Por otra parte, estudios como Bialogorski (2004) y Bidaseca (2005) han profundizado en la

reconstrucción histórica e identitaria de diferentes colectividades, entre ellas, la coreana y las

poblaciones transfronterizas que se desplazan entre Argentina. Brasil y Paraguay.

Colombia

Con el fin de promover la interculturalidad e integración de la población refugiada, la ACNUR

realiza diferentes acciones en los países receptores de refugiadas, refugiados y solicitantes de

refugio, principalmente de origen colombiano, siendo éste el país con mayor población refugiada o

solicitante de refugio en América Latina (ACNUR, 2012). Entre sus acciones destaca:

- Acciones contra la xenofobia y discriminación.

- Atención especial a niños, niñas y adolescentes.

- Lucha contra la violencia de género.

- Atención especial a la diversidad étnica y cultural de la población migrante y refugiada.

- Proveerle al gobierno asistencia técnica para mejorar las respuestas en temas de protección a

refugiados y a migrantes.

- Genera alianzas con empresas locales para promover la empleabilidad de esta población y

financia programas de microcrédito para apoyar pequeños emprendimientos.

- Brinda asesoría legal y psicológica.

- Promueve convenios para que las personas puedan capacitarse y aprender oficios.

47

En contextos de conflicto, donde las personas buscan en primer lugar resguardar su vida y su

seguridad, las reivindicaciones culturales no necesariamente ocupan un lugar prioritario. La

pérdida de cohesión, las dificultades de integración al nuevo medio, la falta de referentes y las

rupturas en los vínculos familiares, aumentan las condiciones de riesgo especialmente para las

personas menores de edad (la exclusión del sistema educativo, la mendicidad, el delito, los

trabajos nocivos o inconvenientes, etc.) (Petit, 2003).

En este sentido, los estudios relacionados con los movimientos migratorios de Colombia, plantean

que no puede existir una integración plena de las personas migrantes, si no está reconocida

jurídicamente su situación y si no son vistas como sujetas de derechos. La actual criminalización de

la migración irregular es un factor de exclusión que permea todas las políticas, por lo tanto, si no

existe una visión integral de los derechos, solo será posible impulsar acciones aisladas y breves,

pero insostenibles en el tiempo.

Uruguay

Según Supervielle (1989, citado en Taks, 2006) las principales características que han definido las

políticas migratorias en Uruguay durante el siglo XX fueron:

- Su intención estuvo en promover, planificar, controlar o restringir la llegada de inmigrantes

extranjeros y, sólo a partir de 1972, toma en cuenta el retorno de uruguayos.

- Estimuló el aumento de la población como una meta mientras duró la prosperidad. Tan pronto

se manifestaron crisis productivas y desempleo, se vio la llegada de inmigrantes como “más

bocas para repartir la menguada torta”. Esto llevó, según el autor, a una vocación colectiva a

“ser pocos”.

- En cuanto al objetivo económico-desarrollista de las políticas inmigratorias hubo tres modelos:

intentos de colonización agrícola, incentivo a artesanos urbanos especializados y, la más

reciente, la inmigración de personas altamente calificadas. Ninguno de estos modelos puede

decirse exitoso.

- El objetivo político se enfocó en restringir el ingreso al país y/o expulsar a aquellas personas y

grupos contra-hegemónicos y de militancia revolucionaria o progresista. Esto especialmente

en las etapas de autoritarismo explícito (décadas del 30 y del 70).

48

Para Arocena (2007) la política migratoria uruguaya históricamente ha tratado a sus minorías

culturales desde una perspectiva asimilacionista. Al respecto plantea que una de las principales

dificultades que tienen las colectividades de inmigrantes está vinculada a las celebraciones de su

calendario festivo. Las fechas consideradas sagradas o aniversarios representativos de la historia

de los pueblos son un componente fundamental para conservar su identidad. Al respecto

propone:

- Las comunidades minoritarias deben poder celebrar sus festividades y sus propios feriados,

incluyendo la posibilidad de faltar a la escuela o al trabajo en los casos en que sus culturas

establezcan días no laborables. Por ejemplo, un estudiante o un trabajador judío deben tener

la posibilidad de no asistir a clase o a su lugar de trabajo en el día del año nuevo judío.

- Las minorías culturales deben poder practicar sus rituales libremente, por ejemplo enterrar a

sus muertos de la manera específica que su cultura lo establece. Un musulmán debe poder

enterrar a sus difuntos directamente en la tierra y sin ataúd.

- Deben existir garantías legales para que las minorías puedan desarrollar su propio idioma,

incluyendo el derecho a ser educados en su lengua nativa.

Taks (2006) por su parte, plantea que Uruguay no necesariamente impulsa políticas de integración

e interculturalidad, pero menciona la necesidad de abrir vías y facilitar procesos, priorizando en

cuatro áreas específicas:

- La extensión de los derechos políticos a los ciudadanos uruguayos en el exterior y a partir de

esta señal de integración más completa a la nacionalidad, promover la conformación de redes

de migrantes.

- Atender especialmente la vinculación con migrantes altamente calificados, posibilitando que

ese “capital humano” esté disponible para los procesos nacionales de innovación y aplicación

tecnológica en los sectores más dinámicos de la producción.

- Mejorar el envío de remesas por parte de los migrantes, garantizando mayor fluidez y una

reducción de costos.

- Evaluar científicamente el impacto familiar, social y cultural que producen las migraciones en

Uruguay como país emisor.

En el plano de la política migratoria regional, Uruguay ha suscrito convenios migratorios con

diferentes países, por ejemplo, en el año 2003 suscribió un acuerdo con el gobierno colombiano

49

que busca disminuir la vulnerabilidad de los colombianos en el exterior en materia laboral,

pensiones y salud; también se ha suscrito acuerdos para facilitar la movilidad de ciudadanos en el

marco del MERCOSUR (Taks, 2006).

Diconca (2012) por su parte, plantea que la perspectiva desde la cual se debe construir e

implementar la política migratoria es desde los Derechos Humanos, particularmente, desde la

accesibilidad a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) por parte de la población

migrante, cuyo punto de inflexión se encuentra marcado por la vulnerabilidad social que esta

podría encontrar como parte de su situación migratoria.

Bolivia

La Asociación de Migrantes Bolivianos en España y la Asociación y la Asociación de Cooperación

Bolivia-España (2008), analizó la situación de las familias que han quedado en las comunidades de

origen. Resultado de este trabajo se identifica que el vínculo más fuerte es con hijas e hijos,

principalmente quienes son menores de edad, se encuentran estudiando y están al cuidado de sus

madres o de sus padres; de sus abuelos, o de sus tíos/tías. Este vínculo se sostiene recurriendo a

las tecnologías de la información que facilitan una comunicación permanente (Asociación de

Migrantes Bolivianos en España y la Asociación y la Asociación de Cooperación Bolivia-España,

2008)

Además, señalan que en la experiencia migratoria de personas bolivianas, el idioma y la religión

juegan un papel fundamental como elemento de cohesión en el país de destino (Asociación de

Migrantes Bolivianos en España y la Asociación y la Asociación de Cooperación Bolivia-España,

2008).

El Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte, se ha enfocado en analizar la migración de

retorno, donde concluye que principalmente el retorno desde Europa, no se dirige a la comunidad

de origen sino, a las ciudades grandes lo cual representa un reto frente a las políticas de

reintegración que se han estado formulando desde el Estado (Ministerio de Relaciones Exteriores

de Bolivia, 2010).

50

Ecuador

En Ecuador las migraciones internacionales, primero hacia Estados Unidos y luego hacia España,

han jugado un papel fundamental en la disminución de la pobreza y la desigualdad (Acosta, 2008).

Mejía (2005) ha realizado una aproximación de la realidad de las personas migrantes ecuatorianas

en su interacción con las nuevas tecnologías de información y comunicación. En un intento por

comprender y definir el punto en el que la nostalgia -experimentada por grupos humanos

desplazados de su tierra natal- se encuentran con las tecnologías digitales para crear la posibilidad

de comunidades virtuales y transnacionales. Estas tecnologías entonces, contribuyen a la

integración y facilitan sostener vínculos con la comunidad de origen.

En este sentido, proyectos como los telecentros de la Pastoral Social en el Austro Ecuatoriano, han

jugado un papel relevante facilitando el contacto en tiempo real entre familiares, amigos, etc.,

contrarrestando la ausencia física por medio de la interacción multimedia continua y posibilitando

la formación de comunidades virtuales de migrantes (Ramírez (2006).

Por otra parte, Refugiados urbanos en el Ecuador, ha estudiado la experiencia organizativa de

colectivos de personas refugiadas que radican en una ciudad de Quito (de origen colombiano,

peruano y haitiano). Resultado de este trabajo se mapean las distintas organizaciones que a nivel

local se han constituido, las cuales tienen diversos orígenes, prácticas cotidianas y

simultáneamente otorgan una serie de beneficios a sus miembros.

Esta población a su vez, hace parte de centros comunitarios, juntas de vecinos, y organizaciones

de mujeres, aunque se aclara que el grado de participación en Quito es muy superior al registrado

en Guayaquil, concentrándose en grupos religiosos y organizaciones de refugiados.

En cuanto a la educación, es importante reconocer la importancia de las medidas impulsadas por

el Gobierno Nacional (desde el año 2008) para garantizar la cobertura e inclusión de personas en

situación de movilidad humana (nacionales y extranjeros), que en particular beneficia a niñas,

niños y adolescentes refugiados colombianos. No obstante, algunos testimonios dan cuenta de

que no todos los centros educativos acatan lo dispuesto, por desconocimiento o porque deciden

51

no hacerlo. En este sentido, Camacho (2005) coincide en la necesidad de lograr que la población

migrante de origen colombiano que llega desplazada a Ecuador pueda acceder a la educación, sin

obviar la importancia de contar con un currículo educativo que promueva la integración y un

marco jurídico que lo legitime.

Refugiados urbanos en el Ecuador (2011) enfatiza que la integración desde lo local es un elemento

clave, más aún cuando la población refugiada plantea que en la medida que se profundiza el

proceso de asentamiento, especialmente en la cotidianidad barrial, algunas percepciones

negativas se van superando. En este sentido, ligas barriales y otros escenarios de participación y

recreación a nivel local requieren ser concebidos como lugares propicios para la integración.

Otros estudios, como el realizado por Cruz (2008), Ruiz (2008) y Torres (2010) se han enfocado en

los movimientos migratorios de colectivos indígenas. Cruz (2008) ha estudiado la migración del

pueblo indígena Saraguro que se dirige a una pequeña localidad en Andalucía, España; donde

cambian su vestimenta, principalmente por las diferencias climáticas, pero también se registran

otras transformaciones, por ejemplo en los oficios que desempeñan. Mientras tanto, Ruiz (2008)

ha analizado los movimientos de los Kichwas hacia Europa, donde los hombres principalmente, se

dedican a la venta de artesanías y a interpretar música, mientras que las mujeres suelen retornar

más rápidamente por la falta de oportunidades laborales para ellas.

Torres (2010) por su parte, estudia la migración de los kichwa otavalos a Bogotá motivada por el

empobrecimiento, la violencia intrafamiliar y la búsqueda de mejores oportunidades de trabajo.

Además analiza la manera en que niñas y niños se vinculan con sus pares, a través de las ventas en

las calles, lo cual facilita que luego se conformen redes y/o colonias de personas inmigrantes

kichwas.

Por otra parte, Redobrán (2008) sistematizó una experiencia interesante de integración

desarrollada en el marco de un proyecto de codesarrollo ejecutado entre Ecuador y España, pero

también benefició a migrantes de origen colombiano y peruano que llegaron a Ecuador. Esta

sistematización da cuenta del trabajo realizado en España enfocado en indagar sobre las

percepciones que tenían niñas y niños españoles, incluyendo hijas e hijos de inmigrantes

52

ecuatorianos sobre migrantes recién llegados a ese país. Este diagnóstico pretendía aportar

elementos al sistema educativo formal, desde la perspectiva de la movilidad humana.

Resultado de este proceso se formaron mediadores comunitarios locales para que intervinieran en

conflictos vinculados al tema migratorio, o que pudieran hacer referencias a instituciones. En la

red de mediación comunitaria se consiguió formar a más mujeres que hombres, aunque ello no se

ha logrado superar estereotipos sexistas, si se ha conseguido visibilizar y dar un espacio mayor a

las mujeres dentro de este eje (Redobrán, 2008).

En esta experiencia, se creó también una Escuela Taller en Cuenca para capacitar a jóvenes en un

oficio y mejorar sus oportunidades de inserción laboral. Según el seguimiento realizado el 80% de

las personas que se capacitaron, están ejerciendo su oficio. Esto sin duda, ha tenido un impacto

directo en la decisión de migrar. También se abrió una bolsa de empleo y servicios conjuntamente

con el FEPP y la Escuela Taller; se crearon dos cajas de ahorro y crédito, una en la Escuela Taller y

otra en el Colegio Antonio Ávila para apoyar pequeños emprendimientos económicos. Se

formalizó también un convenio con el Servicio Jesuita para Migrantes para crear un programa de

liderazgos juveniles en centros educativos de Cuenca, Girón y Gualaceo. Por último, se realizó un

encuentro virtual entre asociaciones de jóvenes ecuatorianos, que radican en Ecuador y en

España, con asociaciones de jóvenes ecuatorianos migrantes en ese país (Redobrán, 2008).

Con respecto a las mujeres Ruiz (2008) recupera una serie de testimonios de mujeres inmigrantes,

principalmente de origen colombiano, que están vinculadas al comercio sexual. Estos testimonios

dan cuenta de sus dificultades para integrase, donde además de enfrentar la xenofobia, son

discriminadas por su trabajo y sienten que no tienen oportunidades de desempeñarse en otra

ocupación.

Carrasco (2009) por su parte, plantea una serie de recomendaciones generales, dirigidas a los

países andinos (Ecuador, Bolivia, Perú y Colombia) con relación a la promoción de la

multiculturalidad:

- Que los Estados contribuyan al desarrollo de los migrantes y sus familias, con políticas públicas

que favorezcan la más plena integración a la sociedad.

53

- Evitar la discriminación mediante un buen manejo de los medios de comunicación, donde se

promueva una cultura respetuosa de los derechos humanos, de integración y acogida de los

migrantes.

Paraguay

Paraguay es un país con gran cantidad de personas migrantes radicadas en países vecinos. Por esta

razón, los temas de investigación más estudiados están relacionados con las problemáticas que

enfrenta está población y las reivindicaciones que plantean en el ámbito laboral, político y cultural.

La colectividad emigrante paraguaya se caracteriza por su tradición organizativa especialmente en

Argentina, España y Estados Unidos. Las principales reivindicaciones de estas organizaciones ha

sido el derecho al voto en el exterior y la incorporación de las y los emigrantes en la vida política y

cívica del país.

Producto de estas demandas en el año 2011 se llevó a cabo un referendo que aprobó el derecho al

voto para las personas paraguayas que radican fuera del país. Como resultado del debate

suscitado Halpern (2003) plantea que se abrió también una discusión sobre el ejercicio de la

ciudadanía más allá de las fronteras, el derecho al voto, a la construcción de comunidades y

familias trasnacionales parten de la construcción de una ciudadanía y la recuperación de derechos

cívicos basados en la nacionalidad y no en la residencia (Halpern, 2003).

Este autor señala además, que los responsables de garantizar los derechos de la población

paraguaya que se encuentra fuera del país de origen son: el Estado Paraguayo y los Órganos

legislativos de este país. Esto también ha generado debates académicos y políticos sobre

comunidades trasnacionales, ciudadanía, nacionalidad y participación política de paraguayos en el

extranjero sea por desplazamiento, refugio político o migración (Halpern, 2003).

Al respecto la colectividad paraguaya en el exterior señaló que el voto es un derecho que les han

quitado, apelando permanentemente, a la noción de “exiliados” para dar cuenta de su proceso de

desplazamiento y permanencia en el extranjero. A pesar de que no se consideran expulsados

54

políticos, sostienen que las condiciones de vida que les ha impuesto el Estado paraguayo,

constituye una continuidad del “exilio”.

Otro ámbito de preocupación desde el Estado y las organizaciones ha sido la repatriación y

adhesión de migrantes a la vida productiva de su país, en particular de personas calificadas y de

aquellas que poseen un capital social o económico para invertir en pequeñas y medianas

empresas.

Para esto, desde el año 2003 se creó la Secretaría de desarrollo para repatriados y refugiados

connacionales (SEDERREC)2

, responsable de desarrollar acciones que promueven la reinserción

dignificante de connacionales y su inclusión en el proceso de desarrollo nacional, dando atención

especial a los casos de retorno forzoso en el marco del respeto a los derechos humanos,

contribuyendo al reencuentro de las personas repatriadas con su entorno familiar y social

(SEDERREC, 2013),

Respecto a la integración de inmigrantes y a la interculturalidad Nickson (2005) plantea que este

debate está pendiente en Paraguay. Las experiencias más visibilizadas en materia cultural desde el

accionar del gobierno están relacionadas justamente con la inmigración de personas brasileñas,

donde prevalece una situación de conflicto, en ocasiones alimentada por sectores políticos y la

prensa diaria que denuncian la presencia de personas migrantes como una amenaza a la soberanía

nacional (Nickson, 2005).

Esta colectividad se encuentra principalmente en la Región Fronteriza Oriental (RFO), descrita por

las investigaciones como una zona de mestizajes culturales trasnacionales, cuyos habitantes se

conocen como brasiguayos o guaraníes en territorio argentino. Sin embargo, esta discusión más

que apelar a la interculturalidad, se plantea como una problemática asociada a la colonización (en

el caso de las personas brasileras que llegan a la frontera Oriental) y a la explotación de los

recursos paraguayos.

Al respecto Albuquerque (2005) ha realizado un estudio sobre las modalidades y razones que

motivan estas tensiones ocasionadas por las disputas de tierra, que involucran a brasileños y

2 Ley 227/93.

55

paraguayos, posibilitando comprender mejor los discursos construidos por los grupos involucrados

y los inmigrantes, en las nuevas áreas de expansión del plantío de soja más al interior del país.

Por otra parte, la discriminación también ha sido un tema de preocupación en algunas

investigaciones. Sobre esto Amnistía Internacional (2009) recomienda a Paraguay en cumplimiento

de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores

Migrantes y sus Familias garantizar la seguridad de migrantes laborales, evitar la vulnerabilidad de

ellos y sus familias y combatir la desintegración provocada por la falta de oportunidades y respaldo

gubernamental (Amnistía Internacional, 2009).

Desde la sociedad civil y la academia se ha abierto un amplio debate respecto a la necesidad de

acortar brechas entre grupos sociales para promover la integración y la interculturalidad. En este

sentido se han identificado los siguientes retos:

- El acceso a la documentación migratoria tanto de las personas inmigrantes como de

emigrantes. Esto afecta la exigibilidad de derechos en materia laboral, a transitar libremente

por espacios públicos y a regresar al país de origen o destino cuando lo requiera.

- Problemas vinculados a la discriminación. Es frecuente la constatación de diferentes

expresiones de discriminación por razones étnicas, culturales (manejo del castellano) y

condición socioeconómica a las que se exponen las y los emigrantes paraguayos e inmigrantes

en Paraguay.

Respecto a la documentación de inmigrantes, cabe mencionar que Paraguay aprobó una Ley de

Amnistía migratoria en mayo del año 2011. Su Artículo 3° señala que las personas extranjeras que

se acojan les serán garantizados todos los derechos y libertades civiles, sociales, culturales y

económicas consagradas en la Constitución Nacional, con excepción de aquellos reservados en

forma exclusiva para las personas paraguayas. De igual forma, tendrán el derecho a trabajar y

ejercer toda actividad lícita; a peticionar a las autoridades; a entrar, permanecer, transitar y salir

del territorio del país; a asociarse con fines lícitos y profesar libremente su culto. Igualmente hijas

e hijos de inmigrantes que nacieron en Paraguay tendrán derecho a la identidad, al registro de su

nacimiento, a la nacionalidad paraguaya y al acceso a la educación primaria gratuita.

56

Perú

El estudio realizado por Nieto (2010) ha sido un referente que sistematiza la producción

académica del proceso migratorio internacional del Perú en el periodo 1990 y el 2010. Este estudio

describe la producción académica sobre migraciones internacionales peruanas recientes, registra

datos de investigadoras e investigadores y centros de investigación que se especializan en la

migración peruana y detalla una amplia bibliografía comentada.

Con el fin de mejorar el tratamiento que los medios informativos dan al tema migratorio, el

Proyecto “Perú Migrante” ha desarrollado talleres de capacitación a periodistas en Trujillo (La

Libertad), Huancayo (Junín) y Arequipa para mejorar su trabajo en este aspecto, marcado por un

claro enfoque de derechos (Mendiola, 2011).

Chile

Las transformaciones en las dinámicas migratorias de la región han tenido fuertes implicaciones en

los discursos y la forma en que se aborda este fenómeno en cada país. Consecuencia de los

cambios en los patrones migratorios en Chile la movilidad humana ha estado en el debate político

y social del país. En él se han involucrado instituciones estatales, organizaciones de la sociedad

civil, de derechos humanos, instituciones académicas y organismos que se ocupan de la migración

produciendo amplios análisis y alimentando el debate.

No obstante, Chile aún conserva la ley de migración que data de la dictadura militar (1973-1990),

desde entonces, con mayor o menor éxito todos los gobiernos democráticos han debido referirse

al tema migratorio. Resultado de esto se han suscrito decretos y medidas para paliar al menos de

forma temporal las implicaciones negativas de esta Ley, aunque sigue siendo un pendiente en el

proceso de democratización del país.

En este sentido, es importante visibilizar la diversidad de actores sociales que se han involucrado

en el análisis de los movimientos migratorios, que hasta hace pocas décadas estaba concentrado

en el accionar del Estado y en el aporte de organizaciones fundamentalmente de carácter

religioso. El cambio más significativo tiene que ver con la conformación de organizaciones de

personas migrantes que reivindican sus derechos en primera persona. También ha aumentado el

57

número de organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos y los

organismos de cooperación internacional que se han vinculado a esta corriente.

Estos diversos actores que se han involucrado en el tema migratorio, han formulado propuestas

también para enriquecer el debate sobre una nueva ley de migración, entre las cuales destaca la

incorporación de principios y derechos estipulados en tratados internacionales, especialmente la

Convención sobre Trabajadores Migratorios (OIT) y procesos consultivos a nivel regional

MERCOSUR, UNASUR y CSM que tienden a un proceso de integración, particularmente los

acuerdos de 2002 y 2009 del MERCOSUR sobre residencia para nacionales de los estados parte

(más Bolivia y Chile) (Donaire & Cubides, 2013).

Benadretti et al. (2013) plantean que la actual legislación discrimina a las y los inmigrantes que se

encuentran en situación irregular, lo cual repercute negativamente en la vida de sus hijas e hijos,

impidiéndoles el disfrute de derechos consagrados en los instrumentos internacionales y el marco

constitucional. Los autores hacen énfasis en la negación del derecho a la identidad, de las y los

inmigrantes en condición irregular, por lo tanto se limita su ejercicio de la ciudadanía y sus

derechos económicos, sociales y culturales. Esto además, afecta a sus hijas e hijos que no inscriben

en el registro civil por temor a ser identificados y sancionados. Sobre estas problemáticas se han

pronunciado el Comité de Protección del Niño en 2007, el Comité de Protección de los Derechos

de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, en 2011 y los tribunales de justicia

chilenos. Esta exclusión se basa en la interpretación del Art. 10 de la Constitución por parte de las

autoridades migratorias. En este artículo al definir quienes "son chilenos", excluye del ejercicio del

ius solí a los nacidos en el territorio de Chile... hijos de extranjeros transeúntes... (Constitución

Política, citada en Benadretti et al. 2013). Aquí el problema surge porque las autoridades de

migración han aplicado la categoría de "extranjero transeúnte" a hijos e hijas de migrantes en

situación irregular, convirtiéndoles en apátridas. (Benadretti et al. 2013).

En este contexto, los autores plantean como una necesidad urgente definir una política migratoria

basada en el respeto de los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de

derechos humanos. En particular, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención

Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familiares.

58

Tanto las restricciones de la normativa migratoria para reconocer derechos a las personas

migrantes, como la existencia de prejuicios, concepciones y actitudes discriminatorias hacia estas

personas, representan obstáculos importantes para el avance de la interculturalidad y la

integración social.

Al respecto Báez y García (2009) cuestionan la coherencia interna de los lineamientos para la

política migratoria y afirman que la forma en que se utiliza el concepto de integración desde la

oficialidad, oculta posturas de desvalorización y discriminación, que condicionan la integración

social, a la aceptación de los chilenos y la asimilación a su cultura. Es decir, desde el punto de vista

de las autoras, la sociedad chilena apuesta por una migración selectiva.

El Instituto Nacional de los Derechos Humanos (INDH, 2012) por su parte, ha denunciado casos de

racismo contra personas afrodescendientes de origen colombiano. Este tipo de expresiones de

violencia y discriminación también han sido expuestas en la literatura académica y en medios de

comunicación alternativos.

En el ámbito educativo, investigadoras e investigadores han trabajado en la problematización del

currículo educativo, partiendo de su centralidad para impulsar un proyecto de sociedad

intercultural, que juega un papel estratégico en la reproducción de una cierta idea de la identidad

chilena, de un ciudadano tipo construido en base a criterios económicos, de selección cultural e

incluso racial, excluyendo y normativizando otras autoidentificaciones que se alejaran de los

propósitos de la construcción nacional (Poblete & Galaz, 2007). Por lo tanto, esta educación

etnocéntrica, basada en un curriculum centralizado y homogéneo, ha cumplido una función

importante en la chilenización, contribuyendo a la consolidación de una estructura fuertemente

jerarquizada que margina o excluye a colectivos indígenas, proletarios, campesinos y mujeres, etc.

(Poblete & Galaz, 2007).

En esta misma línea, Alvites y Jiménez (2011) señalan que en los programas educativos públicos

impera la homogenización cultural, exaltando lo considerado nacional y menoscabando los valores

y prácticas culturales de las y los inmigrantes.

59

Mardones (2006) por su parte, plantea que el sistema educativo reproduce las desigualdades

existentes en los otros ámbitos de la sociedad chilena, una de las que tienen la peor distribución de

la riqueza en América del Sur y el mundo.

A pesar de esto, existen algunas experiencias sistematizadas de centros educativos que han

buscado promover la interculturalidad desde la educación, por ejemplo la experiencia de la

escuela República de Alemania, ubicada en el barrio Yungay, en la zona Centro de Santiago, que

tiene una alta densidad de población inmigrante, particularmente de origen peruano.

Costa Rica

En Costa Rica también se han realizado algunos esfuerzos para debatir sobre el currículo educativo

y la promoción de la interculturalidad, como el mencionado Decreto N° 35.513 del Ministerio de

Educación Pública que incorpora la visión intercultural en la malla curricular y la formación

docente. Para Frean (2011) este tipo de iniciativas buscan fortalecer la interculturalidad en los

centros educativos, a partir del respeto por la identidad y cultura de las poblaciones migrantes

(Frean, 2011).

No obstante, diversos estudios (Barquero, 2003; Mojica-Mendieta, 2009 y CNM, 2013) señalan

que el país enfrenta grandes retos en materia de integración e interculturalidad, entre los cuales

destacan:

- Erradicar las condiciones de vulnerabilidad de personas migrantes que viven en Costa Rica.

- Eliminar las significaciones simbólicas, culturales y prácticas sociales asociadas con la

discriminación, xenofobia y segregación étnica.

- Promover la participación de los gobiernos locales de las comunidades y ciudades de destino

de la población inmigrante, para que diseñen políticas que incentiven procesos interculturales

y de respeto a los derechos ciudadanos.

- Sensibilizar a funcionarias y funcionarios públicos, especialmente quienes laboran en

instituciones de salud, educativas y que atienden asuntos migratorios para evitar prácticas de

maltrato y discriminación.

- Visibilizar prácticas culturales de las y los inmigrantes que radican en el país.

- Brindar atención diferenciada a las poblaciones inmigrantes que requieren atención especial:

60

niños, niñas y adolescentes, mujeres e indígenas.

A pesar de este diagnóstico bastante consensuado entre diferentes actores sociales, a la fecha no

existen políticas o lineamientos que desde el accionar del Estado promuevan de forma activa y

sostenida la integración entre la población migrante y la nacional. Las acciones realizadas han sido

de carácter puntual y han contado con presupuestos muy limitados. En este sentido la Política

Nacional de Migración tiene el potencial de convertirse en una respuesta a esta demanda, pero su

reciente aprobación (septiembre del año 2013) no permite aún hacer valoraciones al respecto.

España

España, al igual que los demás países iberoamericanos, ha visto importantes transformaciones en

su contexto migratorio, pasando de ser un importante receptor de migración latinoamericana en

la década del noventa a ser un expulsor de estos movimientos migratorios y de sus propios

connacionales en tiempos más recientes.

Al respecto la OIM (2012e) analiza el impacto de la crisis en España en los movimientos de retorno

desde ese país hacia los países de origen, rompiendo con los procesos de integración que se

estaban construyendo de forma paulatina.

La falta de seguimiento y la crisis económica que atraviesa este país, ha debilitado sus acciones

para la interculturalidad y el resguardo de los derechos de las personas migrantes. Lo sucedido con

el Observatorio de las migraciones y la convivencia intercultural de la ciudad de Madrid (OMCI)

ilustra de manera clara cómo los recortes están afectando las acciones institucionales que existían

en este sentido. Este Observatorio tenía como misión conocer la realidad de la inmigración en la

ciudad de Madrid y potenciar el diálogo intercultural a través de la divulgación, la formación y la

participación ciudadana. A partir de 2008, fue desapareciendo y sus actividades se fueron

diluyendo, de manera que primero pasó a manos de una consultora privada y finalmente

desapareció en el año 2009.

Como ejemplo de acciones que apostaron por la interculturalidad e integración de las personas

migrantes que también han desaparecido en el contexto de crisis pueden citarse las siguientes:

61

- La Escuela de Mediadores Sociales para la Inmigración (EMSI) cuyo objetivo era contribuir a la

integración de las personas y colectivos de origen extranjero en la sociedad madrileña

mediante la formación en inmigración, la mediación intercultural y el desarrollo de actividades

que favorecían la convivencia entre diferentes culturas.

- La Escuela de Convivencia de la Comunidad de Madrid. Tenía como fin formar y apoyar

periodistas, personal de salud, trabajadores sociales y entidades sociales en materias

relacionadas con la inmigración, la convivencia y la diversidad cultural. Además, facilitó un

espacio adecuado para la educación y el encuentro. La formación estuvo destinada a todos

aquellos profesionales que trabajan en contacto directo con la población inmigrante.

En España también se han llevado a cabo estudios que profundizan en la caracterización de

movimientos migratorios históricos, tal es el caso de las colectividades argentina y marroquí

(Martín et al. 2003; Arango, 2004; Mijares, 2006 y 2007 y Merino et al. 2007).

Otros temas que en los cuales también se han desarrollado estudios han sido: el análisis de las

políticas migratorias en el estado español y la Unión Europea (Cachón 2008); la inserción laboral

de las y los inmigrantes (Cachón, 2003, 2004, 2006a y b, 2009); y la integración en el ámbito

educativo (Broeder, 2004 y Rahona (2007).

Brasil

A pesar de las debilidades en su marco normativo, Brasil ha impulsado cuatro amnistías

migratorias en los últimos 32 años (1981, 1988, 1998 y 2009) y garantiza derechos importantes en

materia de ciudadanía, derechos laborales y acceso a la salud.

En Brasil, el estado garantiza a través medidas administrativas que las personas migrantes -

independientemente de su condición migratoria- tengan acceso a servicios de salud, educación y a

la vivienda. No obstante, en materia de acceso a la vivienda la Relatoría Especial de las Naciones

Unidas sobre la Vivienda Adecuada, en su Informe Anual del año 2010, llama la atención sobre las

condiciones en las cuales la población que se encuentra en condición migratoria irregular enfrenta

elevados precios en los alquileres de las viviendas, no por una cuestión normativa, si no por

62

decisión de las y los propietarios de los inmuebles, sin que exista ningún control por parte del

Estado.

Aunado a lo anterior, Brasil es el único país de América del Sur que no reconoce ningún derecho

político para las personas nacionalizadas, incluyendo el derecho al voto. Asimismo, las y los

migrantes quedan excluidos de participar en la administración o representación de sindicatos o

asociaciones profesionales, pudiendo asociarse únicamente con fines culturales, religiosos,

recreativos o de beneficencia, entre otros (Baraldi et al., 2011).

Por otra parte, Milesi et al. (s.f.) y Lopes (2005) abordan la importancia social de los movimientos

migratorios, tanto hacia adentro como hacia afuera de Brasil colocando en un lugar central a los

grupos sociales que migran y las condiciones de vulnerabilidad de este fenómeno; haciendo

énfasis en la urgencia de reformular e implementar una política migratoria basada en el enfoque

en derechos humanos.

Con relación a la población brasilera emigrante, el Ministerio de Seguridad Social (Previdência

Social) ha suscrito diversos acuerdos internacionales que buscan garantizar la cobertura social de

las personas trabajadoras, el cumplimiento de sus derechos laborales, el acceso a servicios de

salud y a fondos de pensiones.

No obstante, el Estado carece de políticas que promuevan la interculturalidad y la integración de

las y los migrantes en la sociedad brasilera (Baraldi et al., 2011).

De forma paralela existen iniciativas que buscan promover un acercamiento intercultural entre

Brasil y países vecinos. Este es el caso del Programa Escuela Intercultural Bilingüe de Frontera

(PEIBF) creado en el año 2005 como una iniciativa bilateral entre Brasil y Argentina. Para 2009

contaba también con la participación de Venezuela y Uruguay (Baraldi et al., 2011).

Los esfuerzos en este sentido son impulsados por iniciativas de las mismas comunidades que

acogen a la población migrante. Un ejemplo positivo ha sido el colectivo boliviano que

tradicionalmente se ha instalado en algunos barrios de la región central de la ciudad de São Paulo,

donde cuentan con un espacio público para realizar la feria dominical, en la que además de

63

artesanías y comidas típicas, celebran fiestas y organizan encuentros para el debate cultural y

político. Esta Plaza fue rebautizada como Plaza Kantuta, nombre de una flor del altiplano boliviano

(Baraldi et al, 2011).

La comunidad paraguaya en Brasil ha recibido apoyo de sindicatos, partidos políticos y poderes

locales, para contar con una plaza donde realizan encuentros culturales. Esta plaza fue remodela

por la Municipalidad de São Paulo para asemejarse al paisaje paraguayo.

Por parte de las organizaciones sociales se han realizado diagnósticos sobre la situación de los

derechos humanos en Brasil, donde se ahonda en la situación de los derechos humanos de las

personas migrantes (Movimento Nacional de Direitos Humanos. et. al., 2012; Merlino et al., 2010).

México

México por su parte, representa un importante escenario de origen de migrantes que se

enrumban hacia Estados Unidos. Por tal razón el gobierno mexicano ha debido impulsar una serie

de programas que buscan mejorar los servicios públicos federales en las fronteras, puertos

marítimos y aeropuertos internacionales del país (Programa Paisano). Además ha mejorado los

servicios consulares y la representación política de las personas mexicanas que radican en el

exterior (Red de consular en Estados Unidos y el Instituto de los Mexicanos en el Exterior-IMEX).

Por otra parte, cuenta con programas para la población mexicana que retorna. El Programa de

Repatriación Humana brinda alimentación, atención médica, una llamada gratuita, subsidios para

transporte público interno, una bolsa de empleo y albergue para migrantes repatriados o

deportados; el Programa 3X1 para migrantes canaliza las remesas que llegan al país tratando de

potenciar su impacto social en las comunidades de origen; el Programa Binacional de Educación

Migrante México-EUA (PROBEM) facilita la matrícula escolar de niñas y niños que vienen

deportados de Estados Unidos, en cualquier momento del ciclo escolar, siempre y cuando sea

antes del último día hábil del mes de junio.

Respecto al Programa 3 X 1, Solís (2008) analiza la dimensión cultural de estas remesas colectivas

enviadas por colectivos de migrantes a sus comunidades de origen para realizar obras de

64

infraestructura social, buscando contribuir al desarrollo de sus localidades. En este sentido, la

autora plantea que la dimensión cultural se refiere al conjunto de valores, ideas y significados

compartidos por las y los migrantes como parte de una herencia cultural que los aglutina en el

lugar de destino y les permite mantener el vínculo con sus comunidades de origen. Por lo tanto,

este estudio se enfoca en los impactos de estas remesas en el desarrollo local de las comunidades

a partir del mejoramiento de la calidad de vida y del desarrollo de capacidades.

No obstante, en materia de interculturalidad, integración y reconocimiento de derechos culturales

México no ha impulsado ningún tipo de programa tanto a nivel estatal como federal, salvo algunos

esfuerzos que buscan el reconocimiento de derechos civiles y políticos para inmigrantes, lo cual

podría facilitar que posteriormente busquen reivindicar derechos culturales. Esto refleja una

deuda importante con su propia población y con migrantes en tránsito o que llegan al país como

destino final.

Principalmente las personas migrantes de origen centroamericano, enfrentan numerosas

dificultades para las cuales no existe una política pública integral y transversal a todas las

instancias de gobierno. Esto, sumado a la discriminación y las diferentes expresiones de violencia

que enfrentan les deja en una situación de gran vulnerabilidad.

En este contexto promover un debate sobre los derechos culturales, interculturalidad y procesos

de integración es complejo por diversas razones: el enfoque de control y gestión de flujos que

genera una criminalización de la población migrante; la ausencia de un trabajo sostenido en

prevención del racismo, la discriminación, la trata y el tráfico de personas; así como la ausencia de

organismos dentro de la administración pública que se encarguen de esta labor de forma

transversal más allá del Instituto Nacional de Migración.

Quizás la única excepción es el aporte del Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación

que promueve la sensibilización y emisión de recomendaciones a actores públicos y privados con

relación a la discriminación y el racismo.

En este contexto, existe una clara contradicción entre lo que el país ofrece para las personas

inmigrantes y lo que exige para sus emigrantes en el exterior. Un claro ejemplo es la promoción de

65

la cultura a través de la red consular, no desde una perspectiva de derechos e integración de sus

connacionales en el país de destino, en este caso Estados Unidos, sino desde una mirada folclórica

y despolitizada.

Estos vacíos también han sido denunciados por parte de organizaciones sociales, quienes han

esbozado propuestas para la integración y la desmitificación de la experiencia migratoria (Sin

Fronteras, 2011a).

Estas organizaciones también han llevado a cabo un trabajo sistemático de acompañamiento a los

colectivos migrantes que radican en el país, tal es el caso de Sin Fronteras I.A.P que acompaño a

población haitiana que vivía en México o que llegó posterior al terremoto ocurrido en el año 2010

(Sin Fronteras, 2011b).

Otros temas abordados en las investigaciones recientes han sido la construcción de identidades de

las familias transfronterizas en la región Tijuana-San Diego, a partir de sus prácticas culturales e

interacciones sociales. Estas interacciones permanentes les permite desarrollar conocimientos y

habilidades producto de la relación intensa con las dos sociedades (Utley, 2010). En este sentido,

Pedraza (2010) también ha trabajado en las formas de comunicación que prevalecen en la

cotidianidad, al interior de las familias transnacionales y papel que juega la tecnología y los medios

de comunicación en este proceso.

Fernández (2010) por su parte, analiza la relación entre la migración internacional, la ciudadanía y

la integración, desde los derechos, percepciones y las prácticas ciudadanas de peruanos y

argentinos que radicaban en la Ciudad de México entre 1970-2009. Entre los principales hallazgos

destaca: 1) la ausencia de una política migratoria basada en la integración ciudadana de las y los

inmigrantes; 2) se ejercen derechos con relación a una doble pertenencia (nacional-local); 3) existe

un transnacionalismo político y una ciudadanía transnacional incipiente, promovidos desde el

Estado de origen, en proceso de legitimación en las redes sociales y articulada a una comunidad

nacional imaginada; y 4) el ejercicio de la ciudadanía de peruanos y argentinos en la ciudad es

similar en las formas de participación y se expresa por medios legales y alternativos.

66

República Dominicana

La situación de República Dominicana es quizás la más dramática y compleja de la región, en

relación a la convivencia misma con las personas migrantes, especialmente de origen haitiano.

Márquez (2008) y Wooding (2011) plantean que la política migratoria del estado dominicano se ha

fundamentado en controles, detenciones y deportaciones, incumpliendo o violentando

deliberadamente los derechos humanos de las personas migrantes que radican en el país.

Consecuencia de esto se ha criminalizado la migración de la población haitiana por muchas vías,

incluso cuando son víctimas de delitos como la trata. Esto sin duda no abre ninguna oportunidad

para promover la interculturalidad y la integración.

La única excepción identificada por Márquez (2008) es con relación al acceso a la educación y a la

salud. En el sector educativo la Ley 136-03 señala que a ninguna persona menor de edad se le

podrá negar este derecho por carecer de documentos de identidad.

Wooding (2011) por su parte, analiza el aumento de la inmigración femenina, las condiciones de

riesgo en que se lleva a cabo y la precariedad de los trabajos que les ofrecen, principalmente a las

mujeres haitianas. La autora señala que existe en el país un Comité Interinstitucional para la

Protección de la Mujer Migrante (CIPROM/SEM) pero su mandato está dirigido a la defensa de la

mujer migrante dominicana (potencial, varada o retornada) y no desarrolla ninguna acción en

favor de las mujeres haitianas.

En este contexto, la autora enlista una serie de propuestas que apuntan a favorecer los derechos

de las mujeres haitianas, entre las que señala: establecer un Comité Interinstitucional para

potenciar la integración de las migrantes en el país, que trabaje con perspectiva de género;

fortalecer y aplicar leyes de protección a las mujeres haitianas y aplicar los convenios

internacionales, aumentar los niveles de formación y educación, orientarles acerca de los riesgos

de la migración ilegal, responder a las situaciones de violencia contra las mujeres, valorar

justamente el trabajo doméstico, crear otras oportunidades de empleo, incluir a la población

migrante femenina en las políticas públicas, acompañar procesos de regularización, fortalecer los

proyectos existentes de acompañamiento a las mujeres y crear nuevas iniciativas.

67

No obstante, con relación a la población dominicana que ha migrado, sí se han impulsado algunas

medidas desde el estado y organizaciones sociales para visibilizarles como actores sociales y

proteger sus derechos. Al respecto Verst (2012) señala la reforma constitucional aprobada en 1994

para reconocer la doble nacionalidad, posteriormente, en el año 2008 se aprobó la Ley 01-08

donde el gobierno dominicano crea el Consejo Nacional para las Comunidades Dominicanas en el

Exterior (CONDEX), organismo permanente donde se diseñan y ejecutan de forma participativa y

concertada, políticas, programas, proyectos y acciones que vinculen e integren a las comunidades

dominicanas que radican en el exterior con el desarrollo del país. Estas comunidades están

representadas por los Consejos Consultivos de la Presidencia de los Dominicanos en el Exterior

(CCPDE) presentes en distintas ciudades de Europa y Estados Unidos.

Más recientemente, en el año 2010 se llevó a cabo una reforma constitucional para que la

diáspora dominicana esté representada en la Cámara de Diputados con siete diputados3

. La

primera elección de diputados de ultramar se llevó a cabo con el proceso electoral del año 2012.

Paralelo a estas reivindicaciones políticas, se han impulsado acciones para proteger los derechos

laborales de las y los migrantes dominicanos, mediante convenios binacionales con embajadas y

consulados en el extranjero; y brindar facilidades para su retorno e inserción en el mercado

laboral.

3 Cada diputado representa un área geográfica con grandes colectivos de personas dominicanas, distribuida de la siguiente forma: tres diputados representan las comunidades de Estados Unidos y Canadá, dos representan Europa (España, Holanda, Italia y Suiza) y dos Centroamérica y el Caribe (Miami, Puerto Rico, Curazao, Panamá, San Martín y Venezuela).

68

5. La vigencia de la interculturalidad y la integración, vista desde las organizaciones sociales. Agendas de las organizaciones de migrantes o vinculadas al tema migratorio

A partir de una serie de entrevistas realizadas a organizaciones de personas migrantes, o bien,

organizaciones que trabajan en la promoción y defensa de los derechos de las personas

migrantes4

, se han identificado las principales líneas de acción de cada organización con relación al

tema migratorio y a la promoción de la interculturalidad, así como las oportunidades y dificultades

que identifican en el país para promover estos enfoques.

Como se ha planteado anteriormente, las agendas de las organizaciones de inmigrantes tienen

perfiles sumamente diversos. Algunas trabajan por la documentación de las personas migrantes,

otras difunden información sobre derechos y mecanismos de exigibilidad, otras promueven la

visibilización de su cultura a través de la gastronomía, bailes y conmemoraciones de fechas

importantes y otras establecen negociaciones con los gobiernos de sus países de origen para

reivindicar derechos culturales y políticos.

Venezuela

En Venezuela, la Marcha Patriótica trabaja por la visibilización de las personas migrantes que

radican en Venezuela, sus aportes a la construcción de la patria grande y su situación con relación

al ejercicio de los derechos humanos. Promueven coordinaciones con diferentes movimientos

sociales y organizaciones políticas afines y difunden información sobre la situación de las personas

colombianas.

Esta organización también destaca el trabajo que realizan colectivos independientes para

promover danzas tradicionales y música colombiana, lo cual permite que hijas e hijos de esa

población puedan acercarse a las expresiones culturales de este país.

4 Excepto Paraguay y República Dominicana.

69

Por último, en Venezuela, la Marcha Patriótica plantea que persisten retos importantes para que

las personas migrantes cuenten con su documentación, se organicen y se impulsen políticas

públicas bilaterales con Colombia, para beneficiar a la comunidad migrante.

Argentina

En Argentina, durante la década de 1990 las corrientes migratorias provenientes de países

latinoamericanos y de Asia Pacífico sufrieron duros embates periodísticos e institucionales,

fundamentados en prejuicios étnicos y raciales. Las acusaciones -que en la mayor parte de las

veces carecían de fundamentos- asociaban la condición migratoria irregular con la comisión de

delitos diversos: arrebatos en la vía pública, robo de líneas telefónicas, usurpación de propiedades,

narcotráfico, trata y tráfico de personas, y pertenencia a asociaciones delictivas.

Estos discursos, además, acusaban a las personas inmigrantes, sobre todo de los países limítrofes,

de ser competencia laboral desleal y de acaparar los servicios de los centros educativos y centros

de salud.

Lamentablemente, parte de estos discursos xenofóbicos siguen vigentes, pero paulatinamente

algunos medios han comenzado a valorar la inmigración contemporánea, o al menos evitar

mensajes y lenguaje discriminatorio por considerarlos políticamente incorrectos. En este sentido,

los cambios que se realizaron en el marco normativo incidieron de forma positiva para que los

medios de comunicación presenten de otra forma a las personas migrantes. Esto ha representado

una oportunidad valiosa para generar cambios en la opinión pública frente a las experiencias

migratorias.

La Federación de Paraguayos (FEPARA) identifica en este contexto oportunidades concretas para la

colectividad paraguaya. Por un lado, consideran abiertos los canales de comunicación con el

gobierno de su país de origen, lo que les ha valido el reconocimiento de sus derechos políticos.

Además ha aumentado la presencia de artistas de su país en Argentina y se han consolidado

oportunidades de negocio entre ambas naciones, como la construcción de puentes en puntos

fronterizos y la ampliación de represas.

70

Un reto que FEPARA se ha planteado para el corto plazo es conseguir que un banco paraguayo se

instale en Argentina. Esto les beneficiaría, ya que la diferencia cambiara está afectado el envío de

sus remesas y promovería también una mayor circulación de productos paraguayos en el país.

Colombia

En Colombia, la Fundación Esperanza centra su trabajo en cuatro ejes de trabajo alrededor de los

derechos humanos de las personas migrantes:

- Prevención y atención: donde cuentan con una línea nacional gratuita para brindar

información.

- Gestión del conocimiento desde donde realizan investigaciones y publicaciones.

- Incidencia en política pública y desarrollo humano y social donde promueven la participación

social.

- Trabajo en redes, como en la Plataforma Social Migratoria.

Esta Fundación identifica como una oportunidad importante, que en Colombia recientemente el

tema migratorio a nivel institucional se ha depositado en el Programa Migración Colombia, del

Ministerio de Relaciones Exteriores. Esto se ha traducido en un cambio de enfoque importante,

pasando de un enfoque de seguridad a un enfoque civilista y abierto a mayores oportunidades de

coordinación con organizaciones sociales y la academia, además de que se promueven actividades

culturales.

Como dificultades, señalan que Colombia no se reconoce a sí mismo como un país receptor, por lo

tanto la legislación y los servicios no están pensados para facilitar oportunidades. Al igual que

otras organizaciones sociales, esta Fundación plantea que el tema de la documentación no es un

asunto menor, si no se puede acceder a la documentación, tampoco se pueden exigir derechos

laborales, ni visibilizar ampliamente sus aportes a la vida social y cultural del país.

Asimismo, en la inmigración reciente, destaca la participación de profesionales, que están

vinculados a grandes transnacionales estadounidenses y canadienses. Por tratarse de una

migración que ocurre en condiciones privilegiadas, esto ha contribuido a la invisibilización de la

inmigración como tal, ya que estas personas no se ven en la necesidad de organizarse para

71

reivindicar derechos de forma colectiva, por ende, la inmigración como fenómeno social no

termina de posicionarse en la agenda de la política pública.

En este contexto, está pendiente la formulación de una política migratoria que reconozca a

Colombia como país de origen, de tránsito, destino y retorno de migrantes. Esta política debe,

además tener claridad en su enfoque, es decir ¿a qué le quiere apostar? ¿A la reivindicación de los

derechos laborales, derechos humanos, seguridad nacional, interculturalidad, desarrollo, etc.?

Uruguay

En Uruguay, el retorno de emigrantes es un tema prioritario en los debates sobre el tema

migratorio. Por esta razón el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, han conformado

una Junta Nacional de Migraciones, que a su vez tiene un Consejo conformado por la sociedad civil

presidido por la Asociación Idas y Vueltas.

Además de participar en este consejo, la Asociación Idas y Vueltas realiza talleres sobre ciudadanía

con personas migrantes, pero reconocen que este tipo de acciones no siempre logran los

resultados previstos porque las personas migrantes, especialmente quienes carecen de

documentación, sienten temor de acercarse a las instituciones y exigir el cumplimiento de sus

derechos.

Esta Asociación también hace parte de la Red de Apoyo al Migrante junto con organizaciones de

colectividades paraguayas y chilenas, la Asociación de Padres con Hijos en el Extranjero (APHIE), e

instancias estatales. Esta Red conmemora desde hace cuatro años el Día del patrimonio. Esta

actividad se extiende por dos días, y en el primer día realizan la Fiesta de las Migraciones. Para

esta Fiesta las instituciones estatales abren sus puertas al público y las diferentes colectividades de

familiares de emigrantes, familiares de personas retornadas y de inmigrantes presentes en el país,

visibilizan sus expresiones y aportes culturales.

La Asociación Idas y Vueltas plantea como una oportunidad que las colectividades de inmigrantes

y personas retornadas se organizan, aunque aún no se visibilizan hacia el resto de la sociedad

uruguaya. En este contexto la integración de las personas inmigrantes es muy compleja por el

72

temor que tienen ante su condición de indocumentación. También lo es para las personas

retornadas, especialmente cuando regresan expulsadas o deportadas. Frente a esta situación no

existe una política migratoria clara.

Desde lo expuesto por esta Asociación, Uruguay no es un país hostil con las personas inmigrantes,

pero permanece un doble discurso que oscila entre una cultura de respeto y apertura hacia la

diversidad étnica, la orientación sexual, las personas migrantes o retornadas, etc. Pero ante la

necesidad de un trámite o alguna gestión institucional siempre tendrán dificultades.

Por otra parte, desde el accionar estatal se impulsan algunas medidas importantes. Por ejemplo,

se brinda un año de asistencia sanitaria gratuita a las personas retornadas, se les apoya con la

garantía para los alquileres; mientras que para las personas inmigrantes se ha aprobado una

cédula provisional por un año.

Bolivia

En Bolivia, la Pastoral de Movilidad Humana trabaja en la difusión de la Ley de Migración entre

instancias estatales y en los diferentes puntos de frontera.

La Pastoral de Movilidad Humana plantea que los controles migratorios han aumentado, lo que

afecta directamente la dignidad de las personas. Esto además, abre portillos para extorsiones y

abusos, y sin duda afecta las oportunidades de integración.

La PMH plantea que además, los prejuicios y estereotipos que se han construido sobre la

población inmigrante la perjudican desde muchos ámbitos. Por ejemplo, las pensiones (cuarterías)

o las ventas de comida que son propiedad de inmigrantes de origen colombiano, o donde

trabajan, ya no son frecuentadas por personas bolivianas. Son vistos como lugares de problema,

en los que persiste la presencia policial. Esto perjudica económicamente los negocios, el derecho

al trabajo de quienes laboran ahí, el derecho de reunión y socialización de la comunidad

colombiana.

73

Por otra parte, la crisis económica y la disminución de la cooperación internacional, ha impactado

negativamente en acciones que se impulsaban desde el Estado y desde la sociedad civil para

promover la integración de las y los inmigrantes.

En este contexto, la PHM plantea que aunque la ley de migración (Ley 370) promueva la

interculturalidad y el MERCOSUR y la CAM apunten a la libre movilidad de las personas, facilitando

su acceso a la documentación y regularidad migratoria, si el enfoque de seguridad sigue presente

en las acciones del Estado, las medidas garantistas siempre tendrán bajo perfil.

Ecuador

En Ecuador, el centro de atención de las diferentes organizaciones vinculadas a las migraciones se

ha centrado en hacer incidencia política en favor del proyecto de Ley de Movilidad Humana que se

discute actualmente en el Congreso.

En particular, la Fundación Esperanza ha concentrado sus acciones en el tema migratorio, en el

Programa de Juventudes que busca generar capacidades para que las personas migrantes se

organicen a través de:

- Promover el acceso a la educación para que puedan retomar sus estudios hasta finalizarlos.

Para esto les ayudan a insertarse en el sistema educativo y median ante situaciones de

conflicto o tensión entre estudiantes inmigrantes y los centros educativos.

- Promover trabajo en equipo entre personas de diferentes nacionalidades. Por ejemplo, tienen

un programa en radio que se llama Muévete, muévete, donde participan jóvenes ecuatorianos

y migrantes de diferentes países.

- Promover festivales culturales con apoyo estatal, especialmente a nivel municipal.

La Fundación Esperanza plantea que en los últimos años han visto mayor participación del Estado

en acciones para apoyar a las personas inmigrantes, aunque sin conseguir resultados significativos,

ya que las instituciones no tienen experiencia en este tipo de trabajo, no tienen propuestas

metodológicas propias y no ha construido vínculos de confianza con la gente, especialmente con

quienes están en condición de refugio. Además, esto ha limitado notoriamente el trabajo de la

sociedad civil.

74

Con relación a retos y acciones en perspectiva, la Fundación Esperanza considera que aún hay

mucho trabajo para desarrollar con las y los inmigrantes que aún carecen de su documentación

migratoria, ya que son quienes enfrentan mayores riesgos de vulnerabilidad e incumplimiento de

sus derechos.

En el caso de las mujeres, la Fundación Esperanza señala que el país enfrenta grandes dificultades

para que las mujeres, principalmente de origen colombiano, se puedan integrar plenamente,

principalmente cuando se insertan en el trabajo doméstico o el trabajo sexual. Estas actividades

están cargadas de estereotipos, prejuicios, además de la xenofobia y discriminación que enfrentan

por su origen nacional.

España

En España, la Asociación de Chilenas y Chilenos Violeta Parra plantea que las articulaciones que el

gobierno central y los gobiernos municipales habían construido con las asociaciones de migrantes

se han debilitado seriamente a partir de la crisis, por lo tanto el único apoyo que les queda en este

momento se lo brindan sus embajadas.

En este sentido la colectividad ecuatoriana en España destaca por el nivel de coordinaciones que

han establecido con el país de origen, y que se refleja en los avances que han conseguido en

política exterior y en la construcción de programas de apoyo para el retorno.

Desde lo expuesto por esta Asociación, la crisis ha impulsado la organización de personas

latinoamericanos, principalmente de carácter laboral por el desempleo, el incumplimiento de sus

derechos y la vulnerabilidad frente a la indocumentación, pero también están quienes apuestan a

visibilizar lo folclórico, mostrando la diversidad cultural de América Latina.

Por otra parte, para las colectividades de inmigrantes en España, la presencia de comercios que les

abastecen de productos provenientes de su país de origen, principalmente de América Latina y

países musulmanes, contribuye a sostener y visibilizar su cultura gastronómica. También las

conmemoraciones, festividades y aniversarios importantes de cada país representan

75

oportunidades para que cada colectivo se reúna, se visibilice y para que la sociedad española les

reconozca como actores sociales.

Perú

Perú ha sido un país históricamente expulsor de migración hacia Estados Unidos, España, Italia y

más recientemente Argentina, Chile, Japón y Venezuela. Desde el punto de vista de la Asociación

de Familiares de Migrantes Peruanos en el Exterior (AFAMIPER) la gente migra no porque no tenga

empleo, sino porque buscar mejorar sus condiciones de vida y el país no le ofrece esas

oportunidades, por ejemplo las mujeres se van cuando sus hijas e hijos van creciendo, porque los

salarios no les permite financiar su educación superior. En esta situación, ellas emigran para

sufragar gastos cotidianos, salud, educación y vivienda.

Esta Asociación trabaja en exigir al gobierno local, regional y nacional que visibilice la emigración

peruana y brinde servicios que respondan a sus demandas, especialmente para aquellas personas

que están en condición migratoria irregular. La población emigrada que envía remesas contribuye

al desarrollo del país, sus aportes económicos anualmente superan el aporte de la cooperación

internacional.

AFAMIPER trabaja en la sensibilización de las autoridades y la comunidad peruana en general,

además impulsan la conformación de redes de trabajo según las diferentes zonas del país; y

coordinan la Mesa intersectorial de apoyo al migrante en Arequipa.

Actualmente, trabajan también en la conformación de Consejos de Consulta de Peruanos en el

Exterior, con el objetivo de que sean su contraparte en el exterior. Un obstáculo que han

encontrado para conformar estos Consejos ha sido la indisposición del personal de los consulados.

Chile

En Chile, el Servicio Jesuita para Migrantes (SJM) desarrolla actualmente dos líneas de trabajo:

76

- Realizan estudios y reflexiones que les permite hacer incidencia política para transformar la

cultura local que es xenófoba selectiva, clasista, racista y machista, por una cultura que abra

espacio y oportunidades de acogida y hospitalidad para las personas inmigrantes.

- Además, brindan servicios de acompañamiento a las y los migrantes a través de asesoría legal

y emocional, brindando información.

El SJM identifica como obstáculos para la interculturalidad: el discurso homogeneizador que

prevalece con relación a la identidad chilena, una sociedad civil pequeña y con acceso a pocos

recursos en contraposición con el tamaño del Estado y sus recursos. Esto se traduce en un trabajo

atomizado por parte de las organizaciones sociales, además, a las colectividades migrantes les ha

costado organizarse.

Otro aspecto importante es que en este contexto país, donde se ha ido posicionando la discusión

de una nueva ley de migración, se ha sobredimensionado los cambios que esta nueva ley podría

generar en términos culturales y sociales.

Sin embargo, también se identifican oportunidades relevantes. Las legislaciones migratorias de los

países vecinos se han ido acercando más hacia el respeto de los derechos humanos y a nivel

regional esa es la tónica también, por ejemplo, se ha ido posicionado la propuesta de impulsar una

ciudadanía sudamericana en espacios como el MERCOSUR y UNASUR; y Chile ha asumido

compromisos internacionales en esta materia.

Costa Rica

En Costa Rica el Centro de Derechos Sociales del Migrante (CENDEROS) trabaja por el

reconocimiento de la cultura nicaragüense, con el fin de que cada cultura pueda exponer lo mejor

de sí.

En Costa Rica la OPS (2003) plantea que a nivel psicosocial la población migrante nicaragüense

enfrenta grandes dificultades para conseguir su integración debido a la falta de arraigo al

territorio, la falta de oportunidades de participación e integración a los nuevos contextos y el

77

cúmulo de expresiones de violencia y xenofobia que genera una parte de la población

costarricense.

Tanto Frean (2011) como el Centro de Derechos Sociales del Migrante (CENDEROS) plantean que

la integración y el reconocimiento de la diversidad cultural representan grandes desafíos: Costa

Rica es un país tiende a homogenizar, le incomoda la diferencia, esto refleja su tendencia

asimilacionista (Entrevista, CENDEROS, 2013).

Consecuencia de esto, las personas migrantes desarrollan estrategias de sobrevivencia para

trabajar y evitar tener conflictos. Para esto, procuran no tener ningún contacto con nadie, salvo

cuando es estrictamente necesario, o bien, buscan mimetizarse y pasar desapercibidos en la

colectividad. Para responder a este tipo de situaciones desde la institucionalidad se han

desarrollado algunos esfuerzos puntuales, pero sin conseguir realmente una coordinación

interinstitucional, ni con las organizaciones sociales.

España

En España, la Asociación de Chilenas y Chilenos Violeta Parra realiza un trabajo permanente para

visibilizar a las mujeres como actores protagónicas de los procesos migratorios y para promover la

asociatividad entre las diferentes colectividades. Esto, con el fin de que puedan expresar mejor sus

demandas y ejercer mayor presión como colectividades a nivel local y estatal.

Brasil

En Brasil, el Instituto Migraçoes e Direitos Humanos plantea que las organizaciones sociales

vinculadas al fenómeno migratorio se han enfocado en apoyar la consolidación de las

organizaciones que conforman las colectividades de inmigrantes.

La principal línea de trabajo que este Instituto desarrolla actualmente es apoyar a las personas

migrantes en el periodo inicial de su llegada. Para esto, han impulsado la Red Solidaria para

Migrantes y Refugiados, que reúne 150 instituciones de todo el país y periódicamente se

encuentran para discutir e identificar los puntos más necesarios en la asistencia para inmigrantes.

78

En esta Red la documentación siempre es una prioridad, por lo que apoyan a las y los inmigrantes

en este proceso.

Este Instituto también trabaja en la incidencia para promover políticas públicas como la amnistía

migratoria que se llevó a cabo en el año 2009. Además asesora a las personas para garantizar su

derecho a una vivienda, para que niñas y niños puedan asistir a centros educativos, y realizan

actividades específicas para apoyar a la colectividad haitiana. Por ejemplo, les apoyan en el

aprendizaje del portugués y publican materiales en creole para que esta colectividad conozca la

institucionalidad brasilera y puedan exigir el cumplimiento de sus derechos laborales.

Al igual que otros países de la región, en Brasil la población inmigrante que carece de documentos

procura mimetizarse entre la población brasilera y esto plantea un escenario complejo para

promover la integración y la interculturalidad. En este sentido, desde la política pública que se

aplica de facto, se apuesta para que la integración cultural suceda con el transcurso del tiempo, de

forma natural, pero no se generan condiciones para que esto suceda realmente, existiendo

factores de exclusión como el idioma y el desconocimiento de las costumbres brasileras que

dificultan alcanzar ese resultado. En este sentido el país ofrece pocos espacios para que

inmigrantes latinoamericanos, haitianos o africanos puedan aprender el portugués.

México

En México, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova recalca que tanto la

emigración como la inmigración y las personas en tránsito viajan en condición migratoria irregular.

Esto limita gravemente sus oportunidades de integración y de ejercer sus derechos laborales y sus

derechos políticos, tanto el país de origen como en el país de destino.

Por tal razón, para conseguir transformaciones que apunten a mejorar las condiciones de esta

población, necesariamente se debe iniciar por resolver el problema de la documentación y que el

Estado reconozca a las personas migrantes como sujetas de derechos.

República Dominicana

79

En República Dominicana se vive quizás la situación más extrema de intolerancia y dificultades

para la integración de las personas migrantes, principalmente la colectividad haitiana. Según lo

expuesto anteriormente, es claro que el centro de las políticas migratorias en República

Dominicana es su tensa relación con Haití, en la que los conflictos son más frecuentes que los

encuentros y la exclusión tiene más peso que la integración.

Según los estudios analizados, la capacidad y ética de la institucionalidad dominicana para

impulsar procesos de integración es fuertemente cuestionada y dudan que su voluntad trascienda

los fines retóricos en los espacios internacionales. La población haitiana en República Dominicana,

pero fundamentalmente las mujeres, se enfrentan a un histórico estado de indefensión jurídica y

una censura sistemática y racista contra sus cuerpos, sus derechos y sus expresiones culturales.

De forma paralela, esta política xenófoba se expresa en contra de población dominicana en países

como España, donde las dominicanas al igual que las haitianas, se ubican en trabajos domésticos

invisibilizados, viven en condiciones de irregularidad, con mínimo acceso a derechos laborales y

son vistas, en cuanto colectivo, como amenaza a la cultura.

80

6. Aportes y expresiones culturales de la inmigración en las sociedades

receptoras

A partir de los estudios revisados para cada país y las entrevistas a organizaciones sociales de

migrantes o que trabajan con migrantes, se han identificado aportes y expresiones culturales que

se han ido transformando y enriqueciendo la vida cultural de los países de la región.

Así se han identificado aportes artísticos que se reflejan en la transnacionalización y fusión de

ritmos musicales y danzas. Aportes en la construcción de la intelectualidad expresada en el ámbito

académico, literario y en la vida política. Aportes en la gastronomía, elemento cultural que se

mueve con las personas donde quiera que vayan, y que es también un factor de visibilización de la

diversidad. Aportes en el fortalecimiento del tejido social, ya que las colectividades de inmigrantes

se organizan con el propósito de promover redes solidarias de información y apoyo entre

connacionales; otras buscan difundir sus expresiones culturales, o ejercer presión sobre el país

receptor para reivindicar derechos económicos, sociales, políticos y culturales; y otras se han

entrelazado con organizaciones sociales del país receptor buscando mejorar sus condiciones de

vida.

También se han identificado aportes en las conmemoraciones y festividades, siendo este el

principal motivo de encuentro de las colectividades de migrantes que radican en los diferentes

países.

Acerca de los aportes al desarrollo, si bien el énfasis suele estar centrado en el envío y recepción

de remesas, los estudios revisados y las entrevistas, visibilizan también aportes en la construcción

del desarrollo económico, social y cultural en los países.

Otras transformaciones culturales que han sido impulsadas por las experiencias migratorias, se

reflejan en el ámbito familiar. Un ejemplo claro de esto, es la conformación de familias

binacionales, donde los medios de comunicación, los intercambios virtuales y las redes de apoyo

juegan un papel fundamental para acortar distancias. Sin las redes de apoyo no se comprende el

vivir transnacional, pues las personas se articulan a ellas durante toda la experiencia migratoria.

81

Estas redes permanecen vivas entre ambos países y alimentan las aspiraciones de la o el migrante

entre dos espacios geográficos distantes (Farah, 2005).

Todos estos aportes a la vida cultural de los países, se difunden a través de diferentes estrategias

que las colectividades de migrantes han ideado. Estas estrategias van desde el uso de medios de

comunicación, -prensa escrita y radial principalmente-, hasta la conformación de grupos de bailes

tradicionales o la apropiación de espacios públicos para encontrarse, conmemorar fechas

importantes de su país y compartir.

Venezuela

En Venezuela migrantes de origen colombiano se han organizado con el fin de socializar sus

prácticas culturales y se han convertido en un referente de presión en el marco de los procesos de

paz en Colombia, en los movimientos sociales y en espacios públicos de ciudades importantes.

En el ámbito cultural la población inmigrante colombiana identifica la música como el elemento de

integración y acercamiento que más aproxima a los habitantes de los dos países (Bisbal, 2005).

Según Bisbal (2005) la circulación de programas televisivos, en especial las telenovelas, y la

música, son expresiones culturales de encuentro entre la población venezolana y la población

colombiana.

Para inmigrantes colombianos las telenovelas ocupan el primer lugar, seguido del joropo5 y el

béisbol. Mientras que las principales manifestaciones culturales que la población venezolana

valora de Colombia son el vallenato6

, el fútbol y las telenovelas.

La colectividad peruana por su parte, también ha logrado organizarse en la Comisión de Protección

de Derechos Humanos de Peruanos Migrantes en Venezuela. Su fin es garantizar el respeto de los

derechos de este colectivo en un país donde se estima que aproximadamente el 60% de la

población peruana se encuentra en situación migratoria irregular.

5 El joropo es un género musical folclórico autóctono de los llanos de Venezuela y Colombia. 6 El vallenato es un género musical autóctono de la Costa Caribe colombiana.

82

Argentina

Argentina, siendo uno de los principales países receptores de migración en América Latina, se

caracteriza por la amplia diversidad de colectivos de migrantes que provienen de diferentes

orígenes nacionales, que se han organizado y han logrado visibilizar de sus aportes culturales.

En materia organizativa, las colectividades boliviana, peruana, china y coreana cuentan con

numerosas asociaciones culturales, religiosas y deportivas; muchas de las cuales se han

involucrado tanto en cuestiones específicas de la propia comunidad, como en debates relativos al

ejercicio de sus derechos (Grimson y Jelin, 2005).

Además, las y los inmigrantes han logrado articularse y posicionar demandas donde confluyen con

las y los argentinos. Por ejemplo, la cooperativa ARPEBOCH7

inició a mediados del año 1994 como

un asentamiento a partir de una usurpación de tierras por parte de un grupo de familias, en la

zona sur de la ciudad de Córdoba. Vecinas y vecinos se fueron organizando para obtener la

propiedad legal de las tierras y la empresa propietaria aceptó vender sólo si se agrupaban en una

cooperativa. Así se conformó un Consejo de Administración o Comisión Directiva, que redactó un

estatuto y se definieron los cargos directivos. La delimitación de los lotes permitió entonces la

diagramación de un plano y cada persona vecina pasó a ser también socia de la entidad. A partir

de esto, iniciaron los pedidos formales de servicios públicos como agua potable y electricidad.

La colectividad paraguaya en particular, tiene gran experiencia en organizarse. Gracias a esto han

logrado conformar más de 100 asociaciones en todo el país y una Federación que las agrupa a

todas, denominada Federación de Paraguayos (FEPARA) (Entrevista, FEPARA, 2013).

Este colectivo, con el paso del tiempo han ubicado sus propias discotecas, han posicionado sus

gustos musicales, han dado a conocer a la sociedad argentina sus celebraciones y festividades más

relevantes, han inscrito en la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) un equipo de fútbol (Club

Atlético Deportivo Paraguayo)8

7 Su nombre son las siglas de las diferentes nacionalidades que convergen en la comunidad, Argentina, Perú, Bolivia y Chile.

que participa en los torneos argentinos y en torneos propios que

organizan con otros 150 equipos paraguayos que se han conformado en el país. Incluso han

8 Tienen su sede en Constitución.

83

realizado coordinaciones con el gobierno paraguayo para construir su propio estadio en González

Catán (Entrevista, FEPARA, 2013).

Esta colectividad se reúne anualmente para conmemorar la Independencia de su país, con música,

bailes tradicionales y comidas, en una concentración de aproximadamente 50.000 personas que se

convocan en la Avenida Paraguay, en la Ciudad de Buenos Aires (Entrevista, FEPARA, 2013). Otra

festividad relevante para la colectividad paraguaya es el 8 de diciembre, día de la Virgen de

Caacupé. Para esta ocasión se reúnen en sus comunidades y desde ahí hacen su celebración

(Entrevista, FEPARA, 2013).

FEPARA plantea la comunidad paraguaya ha conseguido el reconocimiento de la sociedad

argentina, hacia sus expresiones culturales, por ejemplo, argentinas y argentinos consumen

cultura paraguaya a través de su gastronomía, su música, sus expresiones artísticas, su literatura,

inclusive su idioma, cada vez más personas argentinas se interesan por aprender el idioma

guaraní, además, al haber familias binacionales, se impulsan acciones para que las nuevas

generaciones conozcan la gastronomía y el idioma guaraní (Entrevista, FEPARA, 2013).

De esta forma, esta colectividad se reconoce como un actor social y económico en Argentina,

siendo invitados con frecuencia por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para participar de

sus actividades y festivales.

En materia a de desarrollo, la población paraguaya y peruana se ha asentado en ámbitos urbanos

de Misiones y en la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires (Bruno, 2007a y b) desde donde trabajan

y envían remesas. Aquí estas poblaciones se emplean básicamente en dos tipos de actividades, los

hombres en la construcción y las mujeres en el trabajo doméstico y de cuidados. Mientras que en

las áreas rurales de las provincias limítrofes se dedican a actividades agrícolas (OIM, 2012d). Sin

embargo, de forma más reciente se ha visibilizado su incorporación en otras áreas como medicina

y arquitectura, participando también como propietarios de empresas y como estudiantes

(Entrevista FEPARA, 2013).

Desde la FEPARA existe una permanente preocupación por promover entre sus asociadas,

prácticas que representen puentes culturales con sus países y comunidades de origen. Por ejemplo

84

buscan mantener en la comunicación el uso del idioma guaraní. En este sentido, la colectividad

boliviana también procura mantener los diferentes idiomas de los grupos étnicos presentes en su

colectividad.

La inmigración boliviana por su parte, destaca por las danzas, la música y los trajes multicolores,

que expresan una diversidad cultural de origen profundamente americano (Prieto, 2007). Esta

migración en particular ha contribuido, y lo sigue haciendo, a reponer una diversidad cultural en la

cual las propias personas argentinas encuentran expresión.

En sus fiestas y celebraciones, la colectividad boliviana produce un fenómeno de intercambio e

integración cultural que convoca no sólo a su comunidad, sino también a miles de vecinas y

vecinos de la ciudad que concurren atraídos por la demostración de vida comunitaria, un aspecto

que se ha perdido en las grandes ciudades de Argentina (Prieto, 2007). De esta forma festividades

religiosas como la Virgen de Urkupiña y la Virgen de Copacabana son aprovechadas para

confraternizar, reencontrarse y reafirmar la pertenencia cultural. Es también una forma de

visibilizar sus expresiones identitarias que tienen raigambre ancestral precolombino (Prieto, 2007).

La colectividad uruguaya por su parte, se concentra en actividades profesionales, docentes y,

comerciales, de ahí que su principal asiento es en las áreas urbanas, particularmente en el Área

Metropolitana de Buenos Aires (OIM, 2012d). Pero también destaca por la influencia de su música

y aportes de actores y actrices que han alcanzado un alto grado de reconocimiento y aceptación,

al igual que periodistas en los medios de comunicación (Prieto, 2007).

Por otra parte, en las provincias fronterizas se concentra la comunidad chilena, donde desarrollan

actividades agrícolas, sobre todo relacionadas con la industria extractiva y la fruticultura (cosecha

y empaque), y en áreas urbanas donde desarrollan actividades profesionales y comerciales (OIM,

2012d).

La colectividad brasilera se dedica a dos tipos de actividades económicas. Por un lado, están

quienes trabajan en la pequeña producción agrícola o la producción arrocera muy tecnificada y

radican en las provincias fronterizas de Misiones y Corrientes; mientras que en las ciudades

85

capitales de provincias argentinas con mayor desarrollo económico, se ubican quienes trabajan en

actividades relacionadas con industrias especializadas y comercio (OIM, 2012d y Bidaseca, 2005).

En la vida cultural argentina, algunas colectividades, principalmente europeas, buscan mantener

sus tradiciones en las generaciones que nacen en este país y ensamblan sus costumbres con las

argentinas.

Para la difusión de sus aportes y expresiones culturales estos colectivos han desarrollado centros

culturales y edificios que les son propios. Tal es el caso de las comunidades de inmigrantes de

España, Alemania, Hungría e Israel. Diferente es el caso de las colectividades que llevan menos

tiempo de permanencia en el país, procedentes de países limítrofes, africanos y de ciertos países

del este de Europa.

Para las colectividades, el uso de la radio ha sido fundamental para comunicarse con sus

connacionales. Como resultado de esto existe gran cantidad de emisoras que transmiten

localmente en diferentes puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. En general ocupan

frecuencias que abarcan una limitada extensión territorial, algunas no están reglamentadas y se

sitúan en zonas cercanas donde residen gran cantidad de migrantes. En la zona noroeste, por

ejemplo, en el partido de General San Martín, en la localidad de José León Suárez, existe

multiplicidad de radios hechas por paraguayos, que informan sobre noticias de su lugar de origen,

sobre actividades culturales, transmiten música de grupos paraguayos, informan sobre servicios de

atención médica, temas laborales y todo tipo de asistencia que se ofrece para y desde el colectivo

paraguayo, generando así un vínculo directo con su comunidad9

.

La colectividad peruana, boliviana y brasilera también mantiene algunas frecuencias en el dial. En

el caso de la brasilera sus emisoras están más orientadas a difundir la religión que se agrupa en la

Iglesia Universal del Reino de Dios.

Por último, como se ha mencionado anteriormente, desde el Estado se han impulsado diferentes

programas para visibilizar y difundir las expresiones culturales de los colectivos de migrantes

9 Las frecuencias FM del dial son las siguientes: 103.9, 93.7, 107.5 y 104.1. Varían según la localidad en donde se sintonicen y la mayoría poseen páginas de Internet.

86

presentes en el país. Tal es el caso de la Expo-Feria de las Colectividades que se realiza con apoyo

de diferentes municipios.

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por su parte, ofrece un programa

intercultural donde periódicamente rinde homenaje a las distintas comunidades a través de su

agenda cultural. Ha constituido además el Observatorio de Colectividades que reúne información

de los 44 colectivos que se afincan en la Ciudad, destacándose los aportes de cada una éstas a la

cultura porteña en aspectos culturales, comerciales, artísticos (teatro, cine y música), gastronomía

y de personalidades destacadas.

Desde las Universidades también se promueve la difusión de la cultura latinoamericana. En

general, no se hace especial hincapié en la inmigración, pero se difunden películas y videos que

son producidos en los países limítrofes desde los cuales hay migración. Así también se difunden

producciones cinematográficas latinoamericanas en el canal estatal y en los festivales de cine.

Colombia

Colombia también es un país que ha conformado su identidad a partir de valiosos aportes

culturales de diferentes colectividades de inmigrantes. Por ejemplo, la influencia de periodistas

reconocidos descendientes de árabes que llegaron a finales del siglo XIX al caribe norte

colombiano, el aporte de la inmigración de origen venezolana y española al sector cultural, y el

aporte intelectual de profesionales que han llegado de Estados Unidos, Argentina, Venezuela y

África (Entrevista, Fundación Esperanza, 2013).

Uruguay

En Uruguay destaca el aporte de la cultura afrodescendiente a través de la danza, los tambores y

los ritmos musicales como el candombe, un ritmo africano distintivo y muy puro que se ha

convertido en un verdadero hito de la música y el carnaval uruguayo (Arocena, 2007).

En el origen del tango, la cultura afro también tuvo un peso decisivo, comenzando por la propia

denominación. Cualquiera de los tres significados de la palabra tango está asociado a esta cultura.

87

El afro también influyó en la construcción de regionalismos tales como batuque, mandinga,

matungo, quilombo, mucama, bombo, bujía, catinga, moleque y mondongo (Arocena, 2007).

En Uruguay, intelectuales de origen vasco influyeron en la vida política del país; varios presidentes

han sido de apellido vasco. La colectividad judía, por su parte, ha destacado en el ámbito

intelectual, artístico, de la literatura y el arte. Este colectivo siempre asignó gran importancia a la

educación formal, considerada un elemento esencial para lograr el bienestar económico (Arocena,

2009).

La inmigración italiana, al igual que la vasca, es fundadora del Uruguay. Influyó en la construcción

política del movimiento obrero; como consecuencia en Uruguay se difundió el ideario anarquista y

socialista. Así, fue el primer país en establecer legalmente las ocho horas de trabajo y legalizar los

sindicatos (Arocena, 2009 y OIM, 2011).

La gastronomía uruguaya por su parte, ha sido influenciada por las diversas culturas presentes en

el país. Por ejemplo, las y los migrantes de origen vasco incluyeron en la dieta uruguaya gran

cantidad de verduras y pescado, en un país donde la carne era y sigue siendo el alimento básico.

Inmigrantes de origen armenio promovieron una importante tradición de comida étnica,

incluyendo el popular lehmeyun, una tortilla con carne también llamada pizza armenia (Arocena,

2009).

La inmigración rusa por su parte, llevó el girasol y basó su alimentación en el consumo de verduras

baratas, altas en calorías y típicas de clima frío. Sus platos permanecen en celebraciones

importantes. Por ejemplo, en la celebración de la fundación de San Javier se degusta el shaslik

(trozos de cordero macerados en limón, cebolla y nuez moscada durante doce horas y luego

asados en pinchos como brochettes), el piroj (una torta con dulce de zapallo), las vanieriky

(empanadas típicas) y el kvas (bebida en base a miel fermentada y agua) (Arocena, 2009).

La migración suiza innovó en la producción de conservas, embutidos y cerveza (Arocena, 2009),

fomentaron la industria láctea y quesera, crearon la escuela de lechería y desarrollaron las

variedades de queso limburgo, parmesano, sbrinz, provolone, cuartirolo, pategrás y el clásico

88

queso colonia, entre otros. También introdujeron la agricultura, produciendo alimentos en

conserva según su tradición de abastecerse para los meses de invierno (Arocena, 2007).

Este colectivo fundó una de las primeras escuelas públicas del país y se organizaron social y

políticamente para tomar decisiones sobre los destinos de la comunidad de forma participativa

(Arocena, 2007). Mientras que la migración armenia, que llegó como consecuencia de conflictos

internos propios, han mantenido sus divisiones y sus rencillas. Esto se refleja en que a nivel

nacional existen dos emisoras de radio, dos colegios, varias iglesias, pero cada una de ellas

responde o a la Multiinstitucional Armenia del Uruguay o a el Club Vramian (Arocena, 2007).

La colectividad peruana se reúne anualmente para celebran el Día de la Independencia del Perú en

la parroquia Nuestra Señora de la Asunción y Madre de los Emigrantes (Diconca, 2012). Este

colectivo se suma a las celebraciones del santoral católico en Uruguay y promueve espacios para

difundir su gastronomía, sus bailes y polladas.

La comunidad suiza celebra en la primera quincena de diciembre la Bierfest (Fiesta de la cerveza),

donde se dan competiciones de corte de troncos, de resistencia para beber cerveza y de danzas

tradicionales (Arocena 2007 y 2009).

La colectividad rusa de San Javier celebra cada año su fundación con una gran fiesta en el teatro

local llamado Máximo Gorki, en honor al escritor ruso. Personas de pueblos vecinos asisten, junto

con autoridades locales, nacionales y diplomáticos rusos que viven en la capital (Arocena, 2009).

La comunidad vasca celebra la tradicional fiesta de San Juan el 24 de junio, mientras la colectividad

armenia conmemora el 24 de abril el primer genocidio del siglo XX (Arocena, 2007).

En el ámbito del desarrollo, entre las y los inmigrantes de origen europeo destacaron quienes

trabajaban la artesanía, y algunos grupos de élite —médicos, ingenieros, profesores universitarios—

participaron en el impulso de estas profesiones y la docencia en diversos niveles (Pellegrino, 2009

citado en OIM, 2011).

89

La colectividad libanesa contribuyó a extender el comercio a zonas rurales, donde era

prácticamente inaccesible, mientras que árabes musulmanes asentados en dos pequeñas

comunidades en Rivera y Chuy, han impulsado tiendas y supermercados que en su mayoría les

pertenecen. Son comerciantes activos y practican las tradiciones de su propia cultura (Arocena,

2007 y 2009).

La comunidad vasca se ha caracterizado por su capacidad de adaptación a la vida rural o urbana y su

facilidad para desempeñarse en múltiples tareas. Esto le ha permitido desempeñarse en actividades

económicas relacionadas al comercio, al puerto y a la construcción, así como en la cría y explotación

de ganado ovino y en lo relacionado a la lechería (Arocena, 2007 y 2009).

La colectividad rusa construyó los primeros molinos de aceite y harina del país, un cine, bodegas y

comercios, e inició la industria de la miel (Arocena, 2007 y 2009). En la agricultura innovaron con el

cultivo de trigo, lino, maíz, avena, cebollas, sandías, boniatos y el girasol (Arocena, 2007).

Las y los inmigrantes de origen judío se dedicaron sobre todo a las ventas en pequeñas tiendas,

sastrerías, mercerías y talleres de artesanías en piedras preciosas y oro. Muchas de estas personas

transformaron la forma de hacer negocios en el país, por ejemplo con la compra en cuotas a plazos

(Arocena, 2009).

La colectividad italiana estableció en los años setenta un auténtico monopolio de la

comercialización de la hortifruticultura del abasto de la capital (Arocena, 2007).

Bolivia

En Bolivia, los restaurantes de comida colombiana se han ido difundiendo, sobre todo en Santa

Cruz y en Cochabamba, donde la población colombiana se va habituando y generando una cierta

nucleación y fortaleciendo su propia cultura compartiendo con la boliviana. Lo mismo sucede con

la comida peruana, lo cual se refleja en la difusión de las cevicheras en la ciudad de La Paz (Gómez,

2013).

90

En el ámbito organizativo, la población peruana ha impulsado organizaciones que promueven

actividades económicas, el comercio, actividades culturales y deportivas (campeonatos de fútbol),

realizan presentaciones de danzas, venta de libros editados en Perú, organizan festividades

religiosas y buscan mejorar las condiciones de estudiantes universitarios, etc. (OIM, 2011b).

Además, han conformado organizaciones binacionales como la Asociación de Migrantes Bolivianos

en España y la Asociación de Cooperación Bolivia-España que buscan visibilizar la emigración de

Bolivia hacia otros países.

Ecuador

En Ecuador, diversos estudios analizan el uso de las tecnologías de información y comunicación

entre personas migrantes ecuatorianas que radican en España, y sus efectos en la reconfiguración

de los vínculos familiares y con las comunidades de origen (Mejía, 2005 y Ramírez, 2006).

A través de la Secretaría Nacional del Migrante (SENAMI) Ecuador impulsó el proyecto

Comunicación y Cultura: Fortaleciendo Vínculos, como parte del Plan Bienvenidos a Casa. El

objetivo de este proyecto ha sido mejorar y consolidar los mecanismos de participación y

comunicación de las personas migrantes con su familia, su comunidad, sus organizaciones y su

país, así como fortalecer su identidad, la interculturalidad, la inclusión y la convivencia plenas

(Innova Consulting, 2012).

En el marco de este proyecto se han realizado y difundido investigaciones y proyectos

cinematográficos vinculados a la temática de la movilidad humana10, se han organizado eventos

culturales de sensibilización11

10 Bienvenido a tu familia, Prometeo Deportado, Defensa 1464, y Migrante (largometraje de ficción sobre la migración).

y otras campañas dirigidas a emigrantes (Innova Consulting, 2012).

11 Difusión de la Campaña Todos Somos Migrantes (TSM). Exposición de la obra del pintor Jorge Chalco en Guayaquil. Teatro del Oprimido en el Comité del Pueblo. Escenarios del Mundo, un festival de teatro que se realiza anualmente en Cuenca. Quitu Raymi, un festival de música independiente en contra de la xenofobia. Entre máscara y más-caras, un festival que destaca la participación, vinculación y aporte de las mujeres afro-descendientes en los procesos de movilidad humana. Ecuador Bajo Tierra, un festival de cine que destaca producciones ecuatorianas de bajo presupuesto que circulan en copias denominadas piratas y que muchas de ellas abordan el tema migratorio.

91

Otros logros de este proyecto han sido la realización de festivales y eventos de gran relevancia

como el IV Foro Social Mundial de la Migraciones (Innova Consulting, 2012).

Por otra parte, un grupo de ciudadanos haitianos impulso el proyecto de radio Chita Tande con el

apoyo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Chita Tande es una expresión del idioma creole (que se

habla en Haití, San Salvador y Martinica) y significa sentarse y escuchar. Este programa se inspira

en la experiencia inmigrante de la comunidad haitiana en Ecuador y difunde información sobre sus

derechos y obligaciones.

Paraguay

Paraguay es un país con una trayectoria organizativa muy consolidada. Las numerosas

comunidades de emigrantes en el exterior han comenzado a tomar conciencia de su propio peso

como actores protagónicos en la vida social y política de su país, se han visibilizado y han

promovido asociaciones y federaciones de asociaciones que reivindican derechos y su

reconocimiento como actores sociales. Al respecto OIM (2012a) plantea que la emergencia de las

comunidades de migrantes como grupo de presión sobre los poderes del Estado y sobre la propia

sociedad, ha sido un estímulo para el mejoramiento de la gobernabilidad de los procesos

migratorios. Esto ocurrió, por ejemplo, en el proceso electoral 2007-2008, cuando el presidente

electo realizó una extensa gira por países donde se encuentran establecidas las principales

comunidades paraguayas del exterior, comprometiendo una política de atención privilegiada a la

cuestión jurídica, laboral y social de los emigrados y emigradas (OIM, 2012a).

Oddone (2010) señala que la diáspora representa una región virtual de Paraguay, que se expande

y cobra fuerza no sólo por su peso económico a través del envío de remesas; también porque

representa una importante reserva de capital humano que desea reintegrarse al país.

En Paraguay si bien los diferentes estudios analizados hacen énfasis en las tensiones que existen

con inmigrantes que proceden de Brasil, Albuquerque (2005) ha recuperado testimonios que

procuran visibilizar intercambios positivos entre brasileños y paraguayos que conviven en la

Región Fronteriza Oriental (RFO) por ejemplo:

92

Con ellos aprendí a trabajar en serio, también los domingos, los feriados, hasta Semana

Santa. Aprendí a trabajar en comunidad. Aprendí lo que es economía familiar. Ellos tienen

otra manera de ver las cosas y están haciendo mucho por el país. Creo que, en lugar de

atacarlos tanto, tenemos que conocerlos, dialogar. Hay muchas cosas que corregir, pero es

innegable que su presencia favorece al país (Balbino Benítez, intendente de Santa Rita,

Alto Paraná, Apud Gutiérrez, 23/09/2003).

Por su parte, Meliá (2004) visibiliza los aportes lingüísticos de diferentes colectivos de inmigrantes

que se han asentado en Paraguay y que conviven con las lenguas indígenas autóctonas. Tal es el

caso del castellano, el portugués brasileño, el alemán, el japonés, el coreano y en cierta medida el

inglés (Meliá, 2004).

Perú

Si bien Perú ha sido históricamente un país expulsor de migración, en tiempos recientes se ha ido

visibilizando la presencia de diferentes colectivos de inmigrantes en el país. Tal es el caso de

personas colombianas que llegan como consecuencia del desplazamiento forzado y españolas que

huyen de la crisis económica que hay en este país (Entrevista AFAMIPER, 2013).

Los aportes que realizan tanto inmigrantes, como emigrantes, se han centrado en contabilizar las

remesas que entran y salen del país, pero paulatinamente se empiezan a notar algunos cambios,

por ejemplo la inmigración europea está aportando gran cantidad de trabajo voluntario en las

comunidades(Entrevista AFAMIPER, 2013).

Con relación a los emigrantes peruanos, en los países de destino son conocidos porque buscan

agruparse. Factores como la religiosidad (veneración al Señor de los Milagros), la música “chicha”

(música de baile), la polladas (actividades para recaudar fondos en favor de alguna causa de

interés común) y la cultura, une mucho a la emigración peruana (Entrevista AFAMIPER, 2013).

Desde las organizaciones sociales que trabajan con población migrante, se ha trabajado en

elaborar materiales de sensibilización e información, dirigidos tanto a población migrante como a

la comunidad peruana en su conjunto. Entre estos materiales se incluye el documental

93

Compañeras de Viaje sobre la maternidad transnacional (director Oskar Tejedor) y el reportaje

fotográfico testimonial Ángeles de la Guarda, de Rosa Villafuerte, que retrata a familias cuidadoras

de los hijos e hijas de peruanas que viven en España (Ronquillo & Reimberg, 2013).

Chile

Chile cuenta con agrupaciones de inmigrantes de larga data, asociadas a las colectividades

alemanas, árabes, croatas, españolas, francesas, italianas, israelitas, entre otras. Tienen en común

la organización de numerosas iniciativas en torno a los clubes o estadios. Esto les ha hecho visibles

en la sociedad chilena, a la que, por lo demás, se han integrado y han contribuido decisivamente a

la cultura, la economía y la institucionalidad.

Organizaciones e instituciones que trabajan en la defensa de los derechos de las personas

migrantes han tenido un importante desarrollo, permanencia y capacidad de acción. Estas

organizaciones se pueden agrupar en instituciones de carácter eclesiástico, centros de estudio,

organizaciones no gubernamentales, organizaciones sociales de base, entidades conformadas por

migrantes y alianzas estratégicas de gran incidencia como la Red Chilena de Migración e

Interculturalidad (RedMI). No obstante, colectivos provenientes de países limítrofes como Perú, a

pesar de que también han logrado organizarse han sido invisibilizados como parte de la sociedad

civil que participa en la temática migratoria.

En Chile, el acceso a la radio también ha jugado un papel fundamental para que las colectividades

puedan visibilizar y compartir sus expresiones culturales. En este sentido la emisora de la

Universidad de Chile ha abierto el programa llamado Estación Aeropuerto con el fin de abrir un

espacio a la música salsa, donde se retratan los géneros musicales de América Latina que tienen

como componente principal al afro, y las historias de vida de sus músicos. En sus inicios,

programaban ritmos como el son y la salsa cubana. Luego se fueron ampliando a distintos

segmentos llegando a transmitir canciones originarias de Puerto Rico, Colombia y Venezuela, Brasil

y Perú, siempre teniendo en cuenta la raíz afro, que es la esencia del programa (Osorio, 2005).

94

En este programa, también abren espacios para que agrupaciones –en su mayoría conformadas

por inmigrantes- que interpretan salsa puedan realizar conciertos en su auditorio. A ellos asisten,

en gran parte personas inmigrantes que llegan a escuchar la música y a bailar (Osorio, 2005).

Costa Rica

En Costa Rica la presencia histórica de colectivos provenientes de China, Jamaica, Italia, Chile y

Alemania, ha marcado la construcción cultural del país, esto se refleja particularmente en la

música (Jiménez, 2009).

En el arte teatral es destacar que fueron inmigrantes quienes impulsaron el Taller Nacional de

Teatro y la Compañía Nacional de Teatro. También ha sido notorio el aporte de bailarinas,

coreógrafas, artistas plásticos, promotores culturales, escritores, escritoras, poetas, novelistas,

ensayistas, cuentacuentos y narradores orales (Jiménez, 2009).

En el desarrollo del periodismo, la locución, la creación y consolidación de medios de

comunicación su aporte ha sido innovador y determinante para la consolidación de estas áreas

(Jiménez, 2009).

En el ámbito gastronómico, la influencia de la inmigración china, afrodescendiente e italiana, ha

marcado claramente la construcción culinaria del país (Jiménez, 2009)

Sin embargo, Jiménez (2009) plantea que los innumerables aportes que han brindado las y los

inmigrantes al país aún no han sido recogidos y reconocidos en su totalidad, especialmente en el

campo artístico, cultural, educativo, científico, filosófico y de las ciencias sociales.

Respecto a la experiencia organizativa, las organizaciones conformadas por inmigrantes -

principalmente de origen nicaragüense- tienen larga trayectoria. En la conformación y

representación de estas organizaciones destaca la participación de las mujeres, quienes lideran el

Centro de Derechos Sociales del Migrante (CENDEROS) y la Red de Mujeres Nicaragüenses, dos de

las organizaciones con mayor presencia y nivel de representación en el país.

95

Estas organizaciones trabajan promoviendo la organización de inmigrantes, especialmente de las

mujeres, para la defensa y promoción de sus derechos sociales, económicos, laborales, políticos y

culturales. Actualmente CENDEROS ocupa un puesto (de dos) en representación de la sociedad

civil en el Consejo Nacional de Migración (ente colegiado responsable de definir las políticas

migratorias del país); mientras que la Red de Mujeres Nicaragüenses también ocupan un puesto

(de dos) representando a la sociedad civil en el Subcomité de Acceso a la Justicia para Personas

Migrantes y Refugiadas del Poder Judicial.

Experiencias como estas, dan cuenta de valiosas conquistas que organizaciones sociales

conformadas por inmigrantes han logrado para posicionarse como actores sociales que participan

del debate migratorio en el país.

Por otra parte, el colectivo de migrantes nicaragüenses ha construido sus propios espacios de

reproducción sociocultural en áreas urbanas de la ciudad de San José, donde se encuentran,

socializan y difunden sus expresiones culturales. Los más destacados son el Parque de La Merced

(principal sitio de reunión), el Parque Central, el Parque de la Paz, la Disco Salsa 54 y Zadidas

Discoteque. Para las mujeres nicaragüenses los parques son los espacios de encuentro más

frecuentados por considerarlos seguros y más accesibles (Patiño et al., 2008).

Este colectivo también ha impulsado sus propios espacios en medios de comunicación radiales,

tales como La Voz Nica y Mujeres Sin Fronteras (OPS, 2003). A éstos Jiménez (2009) agrega

periódicos como el Centroamericano y el Nicaragüense, el primero de carácter regional y el

segundo dirigido a la población proveniente de Nicaragua.

España

En España, diversos estudios destacan el aporte de deportes como el fútbol y el voleibol en la

agrupación de hombres migrantes ecuatorianos migrantes. El voleibol principalmente agrupa a los

hombres del pueblo indígena Saraguro (Llopis, 2005; Cruz, 2008).

Las expresiones organizativas que han creado los colectivos de migrantes en España son muy

diversas, así como sus objetivos y planes de trabajo. Por ejemplo:

96

- La Asociación de Trabajadoras del Hogar de Bizkaia reivindica trabajo digno para las mujeres.

- El colectivo Voluntariado de Madres Dominicanas (VOMADE) apoya a mujeres dominicanas

que llegan a realizar trabajo doméstico (Ronquillo & Reimberg, 2013).

- La Federación de Asociaciones Paraguayas en territorio español reivindica su carácter

representativo del colectivo paraguayo frente a los gobiernos de Paraguay, España, y ante

otros colectivos de inmigrantes (FAPRE, 2009).

Los colectivos de migrantes en España, han logrado impulsar profundas transformaciones en el

ámbito cultural, político y jurídico, entre las cuales Retis (2011) señala las siguientes:

- Han abogado por cambiar la visión utilitarista que ve a las personas inmigrantes solo como

fuerza de trabajo, para que sean reconocidas como personas con derechos plenos.

- Han impulsado la campaña Derecho a tener Derechos ligada al derecho al voto, pero en los

últimos tiempos han denunciado también los retrocesos en los derechos sociales y culturales

(educación y salud).

- Han promovido el intercambio en el conocimiento de las culturas, desde las acciones estatales

y desde sus organizaciones, a través de fiestas y celebraciones que son nacionales en sus

países de origen. Incluso celebraciones religiosas como el Ramadán.

- Han impulsado reformas para garantizar derechos laborales a las mujeres migrantes que

realizan trabajo doméstico. La participación activa de las mujeres migrantes organizadas, ha

tenido una evolución, de ser representadas por movimientos sociales a ser ellas mismas con su

voz las que reivindiquen sus derechos.

También se han conformado diferentes espacios de encuentro y socialización como los

restaurantes de comida típica, los comercios especializados, las asociaciones y los centros

culturales que promueven la convivencia entre los grupos de pertenencia, en este caso, más

relacionado con el consumo de productos y servicios, las prácticas deportivas y culturales, y la

importancia misma de involucrarse en actividades asociativas (Retis, 2011).

Los medios de comunicación por su parte, promocionan y dan seguimiento a prácticas culturales

de colectivos de inmigrantes que se desarrollan en espacios públicos, como los partidos de fútbol,

las celebraciones tradicionales, los eventos locales, los conciertos y demás fiestas que son

97

anunciados en las páginas de las revistas o periódicos, pero también promocionados en los

programas de radio y/o en sus anuncios publicitarios.

Además, tanto en España como en Estados Unidos se difunde la música bachata, merengue, salsa,

hip-hop, cumbia o músicas tradicionales en los medios latinos. Por ejemplo en el dial madrileño

entre 2004 y 2007 convivían 14 emisoras latinas, y se publicaban regularmente 29 periódicos y 35

revistas, además de sus correspondientes versiones en línea (Retis, 2009).

Brasil

En Brasil, frente a una política de país que prioriza asuntos de seguridad nacional y política

económica, las organizaciones sociales han dado la lucha para reivindicar derechos de la población

migrante. Éstas han conseguido establecer canales de diálogo con movimientos sociales y con

organizaciones sindicales para posicionar los derechos de las personas migrantes como parte de

los derechos humanos, y a las personas migrantes como sujetas políticas y de derechos. Estos

posicionamientos fueron afirmados internacionalmente en el Foro Social Mundial de las

Migraciones (Baraldi et al., 2011).

Baraldi et al. (2011) plantean que estos esfuerzos buscan orientar la lucha por los derechos y por la

integración de las y los inmigrantes en Brasil, impulsando una agenda conjunta entre

organizaciones y asociaciones de migrantes, sindicatos y movimientos sociales, enfocada en la

construcción de un plan nacional donde se promueva la ratificación de convenciones clave12

12 Convención de las Naciones Unidas para la Protección de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias de 1990, enviada al Congreso Nacional en diciembre del 2010; permanece en análisis. Convenio núm. 143 de la OIT sobre las Migraciones Efectuadas en Condiciones Abusivas y la Promoción de la Igualdad de Oportunidades y de Tratamiento de los Trabajadores Migrantes. Convenio núm. 151 de la OIT sobre la Igualdad de Oportunidades y de Tratamiento para Hombres y Mujeres Trabajadoras/es: Trabajadores con Encargos de Familia. Convenio núm. relativo a las Agencias Privadas de Empleo.

;

cambios en la actual ley de migraciones cuyo enfoque riñe con la protección de los derechos

humanos previsto en la constitución de 1988 y en diversos acuerdos internacionales ratificados

por Brasil; una enmienda en la Constitución para garantizar derechos políticos a las personas

nacionalizadas para que puedan elegir y ser elegidas; agilizar la aprobación e implementación de

una propuesta de Política Pública de Migración; y la creación de una Secretaria de Políticas

Migratorias vinculada a la Presidencia de la República que busque articular la implementación de

98

una política migratoria entre el Departamento de Extranjeros del Ministerio de Justicia, la División

de Inmigración del Ministerio de Relaciones Exteriores y el Consejo Nacional de Inmigración

(CNIg), del Ministerio de Trabajo y Empleo, junto con la Administración Pública.

En Brasil, la ciudad de São Paulo tiene gran relevancia por la concentración de población

extranjera, pero carece de acciones desde el poder público que promuevan la difusión de

expresiones culturales de los colectivos de inmigrantes. Existen apenas algunos espacios físicos

destinados a la valorización del legado cultural de la población migrante en Brasil. Uno de ellos es

el Memoria de América Latina con una extensión de 84.000 metros cuadrados que incluye una

biblioteca, un pabellón, auditorios, salas para eventos y una galería. Fue creado en 1989 por la

Secretaria de Estado de la Cultura con el fin de integrar a la comunidad latinoamericana con la

comunidad brasilera (Baraldi et al., 2011). En el Memoria de América Latina se presenta la

Muestra de Cine Latinoamericano, la comunidad boliviana festeja su independencia, y es donde se

recibe a expertas y expertos de la realidad social latinoamericana con el fin de promover el debate

crítico (Baraldi et al., 2011).

Este lugar funcionó en el pasado como un espacio conocido como Hospedaria dos Imigrantes, por

donde pasaron de manera temporal casi tres millones de personas que llegaron a la ciudad de São

Paulo para luego ser reubicadas en lavanderías, núcleos coloniales y en las industrias de la ciudad.

Este lugar mantiene un registro de todas las personas que desembarcaron en el Puerto de Santos,

cuando los movimientos humanos eran por vía marítima (Baraldi et al., 2011).

En São Paulo se encuentra también la Casa de la Cultura Boliviana, y en Curitiba el Centro Cultural

Boliviano do Paraná y la Casa Paraguaya. Ambas asociaciones tienen una importante convocatoria

comunitaria (OIM, 2012c).

En esta ciudad también se lleva a cabo la Fiesta Cultural de Carnaval Andino Peruano (YUNSA São

Paulo), el Festival de Música y Poesía de los Migrantes, la Fiesta de la Independencia de Bolivia, la

Fiesta del Inmigrante de Centro de Asesoría al Migrante-CAMI, la feria permanente de la cultura

boliviana en la Plaza de la Kantuta. Además se impulsa el proyecto Difusa Frontera y el Proyecto

Dúo-Finlandia (Souchaud, 2011).

99

Con relación a la colectividad haitiana que radica en Brasil, ésta rápidamente ha ido posicionando

sus expresiones culturales y religiosas a pesar de no contar con respaldo estatal e institucional. De

igual forma se ha sumado a las celebraciones propias de la cultura brasilera; por ejemplo, el

gobierno de la ciudad de Caxias do Sul ha invitado a la comunidad haitiana a participar de su

tradicional Fiesta de la Uva (Entrevista, IMDH, 2013.

México

En México, la comunidad colombiana celebra anualmente el festival Voz de Acordeones en la

ciudad de Monterrey, donde se reúnen miles de personas colombianas y gente local a disfrutar de

la música vallenata.

Las combinaciones de ritmos colombianos con música local, ha dado como resultado nuevos

ritmos que están presentes en las fiestas y celebraciones. Por ejemplo, del sincretismo del

vallenato colombiano con la cumbia y la música tradicional de Monterrey ha surgido el Chundaro

Style. En Oaxaca, la mezcla entre la cumbia con sones istmeños dio como resultado la Cumbia

Tehuana, que recuerda el ritmo afrocolombiano y el son indígena de los istmeños oaxaqueños.

México por su parte, cuenta con experiencias organizativas de emigrantes que buscan visibilizar su

cultura, a través de la gastronomía, el idioma y sus costumbres, sobre todo en Estados Unidos.

También contribuyen, mediante el envío de remesas, a la resolución de diversas necesidades que

han sido eludidas por el gobierno estatal y/o federal en las comunidades de origen (Trejo, 2010).

República Dominica

En el caso de República Dominicana, personas migrantes voluntarias, especialmente periodistas,

han impulsado el periódico virtual Diáspora dominicana13

13 www.diasporadominicana.com

que funciona desde el año 2011. En él se

difunde gran cantidad de información sobre actividades realizadas por personas dominicanas

fuera del país, ofrece noticias de actualidad de residentes en Puerto Rico, Europa, Canadá, Taiwán,

Estados Unidos (Boston, Washington, New Jersey, Los Ángeles, Atlanta, Florida, Providence, New

100

York) y América Latina (Panamá y Colombia). Además tiene una sección llamada Inmigración

donde se incluyen otros inmigrantes cercanos como puertorriqueños y haitianos (Diáspora, 2013).

Este periódico también brinda información necesaria para evitar estafas contra inmigrantes en los

Estados Unidos, formularios actualizados con instrucciones para llenarlos, e información sobre

cómo realizar trámites para la regularización migratoria y laboral evitando intermediarios

(Diáspora, 2013).

101

7. Conclusiones

Respecto al marco normativo internacional.

- Hay una clara relación entre la ratificación de instrumentos internacionales y la posibilidad de

generar marcos normativos nacionales respetuosos de los derechos de las personas

migrantes.

Respecto al marco normativo nacional

- La normativa migratoria es determinante para promover la interculturalidad y la integración

de las personas migrantes.

- Existe una clara relación entre el marco normativo nacional migratorio centrado en los

derechos de la población migrante, la institucionalización y la cobertura de las iniciativas para

la interculturalidad. Aquellos países que tienen leyes más garantistas de los derechos de las

personas migrantes, desarrollan más iniciativas en el campo de la interculturalidad.

- La aprobación de la Ley migratoria argentina en 2004 ha representado un hito a nivel regional,

lo cual ha facilitado el desarrollo de otras iniciativas similares en los demás países,

principalmente de América del Sur.

- Teniendo en cuenta que la legislación migratoria de la mayoría de los países se ha acercado a

un enfoque de derechos humanos -al menos desde el discurso- podría inferirse que esto

representa una oportunidad para que la institucionalidad existente se pueda acercar a las

personas migrantes y promover su integración.

- Los países analizados tienen diferentes niveles de regazo en materia de derechos humanos de

las personas migrantes, pero la situación de República Dominicana es particularmente

alarmante.

Respecto al acumulado investigativo

- Todos los países estudiados representan escenarios de origen, tránsito, destino y retorno

migratorio.

- En las últimas décadas se ha diversificado la participación de actores sociales vinculados a la

temática migratoria. En primer lugar existe mayor organización de las personas migrantes en

las sociedades receptoras y mayor visibilización de su trabajo; así también más organizaciones

sociales que trabajan en la promoción y defensa de los derechos humanos se han acercado a

102

las realidades migratorias, instancias estatales diferentes que los Ministerios del

Interior/Seguridad, e incluso la cooperación internacional.

- Desde lo expuesto por las organizaciones sociales entrevistadas, una preocupación recurrente

es la posición implícita de los Estados por considerar que la interculturalidad y la integración

de las personas inmigrantes ocurre de forma natural, con el paso del tiempo. Mientras que las

expresiones xenófobas y discriminatorias que enfrenta esta población, es una clara evidencia

de que esa integración natural no existe si no hay una voluntad política explícita para lograrlo.

Aportes y expresiones culturales en las sociedades receptoras

- Todos los países de Iberoamérica son resultados sincréticos de procesos históricos en los que

diversas comunidades étnicas y nacionales han participado, aunque no siempre se reconocen

estas raíces. Las manifestaciones explícitas de expresiones culturales de los diversos colectivos

en el arte, la cocina, las conmemoraciones y festividades, en los medios de comunicación,

entre otros; no solo favorece la identidad de cada colectividad, además abonan a la

construcción de una visión de país complejo, que sigue enriqueciéndose con los aportes de

diferentes orígenes. Más aún si se trata de actividades en que participan diferentes

comunidades.

- En la mayoría de los países existe una visión positiva de las migraciones de larga data, mientras

que las más recientes están en general estigmatizadas. Las primeras son consideradas aportes

a la constitución misma de su identidad, mientras que las segundas son vistas de forma

amenazante, como competencia laboral y desgaste de los servicios estatales.

- La mayoría de los países, están recién reconociendo su carácter diverso étnica y

culturalmente, tras una negación histórica de este carácter, o en todo caso, la visión ha sido de

asimilación, lo que dificulta el reconocimiento y la práctica de la interculturalidad en relación a

las poblaciones migrantes, vistas con la obligación de adaptarse a la sociedad receptora.

- Es necesario reconocer las relaciones desiguales de poder que existen entre las colectividades

de inmigrantes y las sociedades receptoras, de esta forma, las políticas y acciones que

apuestan por promover la interculturalidad y la integración, deben trabajar para eliminar esas

desigualdades, principalmente en el ámbito, social, político económico y cultural.

- La interculturalidad y la integración debe responder a la realidad inmigratoria pero también al

reconocimiento de la propia emigración y al retorno de sus connacionales.

103

Agendas de las organizaciones sociales.

- Las agendas de las organizaciones empiezan a visibilizar la interculturalidad como un paso

necesario para la integración de las y los migrantes; sin embargo, su trabajo se ha centrado

más en la documentación, la defensa de derechos laborales y la visibilización de la inmigración

como una realidad social en el país.

- Cuando las organizaciones sociales se han ido familiarizando con las realidades migratorias,

principalmente de la emigración y la inmigración, surge un nuevo reto, el retorno de sus

connacionales, como consecuencia principalmente de la crisis en España.

104

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Verst, F. (2012). Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas

Públicas (FIIAPP). Análisis descriptivo de las instituciones de gestión de las políticas

migratorias en la República Dominicana.

Vior, E. (2005). Inmigración y democracia: ¿hacia una ciudadanía argentina pluricultural? En 1º

Congreso Latinoamericano de Antropología, Asociación Latinoamericana de Antropología,

Rosario.

Wooding, B. (2011). Una cuestión de entendimiento. La presencia de las mujeres migrantes

Haitianas en el servicio doméstico en la República Dominicana. En F. p. FIES, Movimientos

migratorios desde y hacia República Dominicana, Tomo I (págs. 159-221). Santo Domingo,

República Dominicana: Editora Alfa y Omega.

118

8.1 Páginas web consultadas

Agenda Cultural del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

http://agendacultural.buenosaires.gob.ar/evento/buenos-aires-celebra-ecuador/8014

Blog de difusión de actividades culturales de distintas colectividades de Argentina

http://colectividadesargentinas.blogspot.com.ar/

Diáspora (2013). Periódico Virtual

www.diasporadominicana.com

Expo-Feria de las Colectividades

http://www.expo-colectividades.com.ar/organismos%20oficiales.html

Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Ministerio de

Justicia y Derechos Humanos, Presidencia de la Nación

http://inadi.gob.ar/

Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales

http://www.incaa.gov.ar/castellano/index.php

Ministerio de la Previdência Social

http://www.mpas.gov.br/arquivos/office/3_090409-085417-898.pdf

ACNUR (2012). Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados

http://www.acnur.org/t3/operaciones/situacion-colombia/

OHCHR (2013). Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos

http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12953&LangID=S

Organización de las Naciones Unidas para la educación, la ciencia y la cultura

http://www.unesco.org. Consultada el 20 de noviembre de 2013

119

Periódico “Renacer”

http://www.renacerbol.com.ar/

Revista “Suplemento del Inmigrante”

http://www.ciudadanosdelmundo.org/Suplemento.html

Sitio web Comunidad Boliviana en Argentina

http://www.comunidadboliviana.com.ar/

Universidad Nacional de San Martin (UNSAM) – Festival de Cine

http://www.festivaldecine.unsam.edu.ar/

120

9. Anexos

9.1 Lista de organizaciones entrevistadas

Argentina

Federación Paraguaya (FEPARA) http://www.fepara.org/

Bolivia

Pastoral de Movilidad Humana Bolivia http://www.pmhmigrantes.org.bo/

Brasil

Instituto Migraçoes e Direitos Humanos http://www.migrante.org.br/IMDH/

Chile

Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados www.ciudadanoglobal.cl

Colombia

Fundación Esperanza Colombia http://www.fundacionesperanza.org.co/

Costa Rica

Centro de Derechos Sociales del Migrante http://www.cenderos.org/

Ecuador

Fundación Esperanza Ecuador http://www.fundacionesperanza.org.co/

España

Asoc. de chilenas y chilenos “Violeta Parra” http://asociacionvioletaparra.wordpress.com/

México

Centro de DDHH “Fray Matías de Córdova” http://www.cdhfraymatias.org/index.html

Instituto para las mujeres en la migración http://imumi.org/

121

Perú

Asoc. de familiares de Migrantes peruanos, peruanas y retornantes

https://www.facebook.com/pages/AFAMIPER

Uruguay

Asociación Idas y vueltas http://www.idasyvueltas.com.uy/

Venezuela

Marcha Patriótica capítulo Venezuela http://www.marchapatriotica.org/

9.2 Guía de entrevista realizada

1) ¿Qué aporta la inmigración al país? 2) ¿Cuáles son sus aportes 3) ¿Qué actividades se promueven para dinamizar sus prácticas culturales? ¿Quién las

promueve? 4) ¿Identifica buenas prácticas que destaquen en este sentido? 5) ¿Conoce algún programa/acción que articule el trabajo que realizan las organizaciones en

el país de origen y el país de destino? 6) ¿Cuáles son las principales líneas de trabajo de la organización que usted representa? ¿Y

en materia cultural? 7) ¿Cuál es su valoración del ejercicio de los derechos culturales? 8) ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrentan para promover sus agendas en

materia cultural? 9) ¿Cuáles son las principales oportunidades que identifican para promover sus agendas en

materia cultural?