PROCESOS DE CIUDADANÍA ACTIVA ANTE LOS DESAHUCIOS

RESUMEN

Este trabajo trata de acercarnos a las consecuencias que tiene para las personas

participar de forma activa en la sociedad como ciudadanos, para reivindicar que se

materialice el derecho a una vivienda digna, presente en las diferentes leyes locales,

autonómicas, nacionales, europeas y mundiales, centrándonos en la localidad de

Salamanca.

Para ello contaremos con la participación de miembros de la plataforma de Stop

Desahucios, comprobando parte de su trayectoria vital: desde el aviso de desahucio hasta

el momento actual, siendo conscientes de todos los cambios en su contexto que han ido

vivenciando, tanto ellos como sus familiares. También contaremos con la participación

de ciudadanía en general y de trabajadores del sector bancario.

Por último, también se cuenta con diferentes opiniones de personas relevantes o

influyentes en esta temática en la ciudad de Salamanca, desde los organismos públicos

hasta organizaciones del Tercer Sector, agentes activos que deben dar respuesta a esta

necesidad de la población, finalizando con propuestas de intervención tras el análisis en

conjunto del trabajo.

JUSTIFICACIÓN

Debido a la dura situación socioeconómica que tenemos presente en nuestro

contexto más cercano, unido a la especulación bancaria e inmobiliaria que se ha venido

produciendo durante los años anteriores en el sector de la vivienda, el acceso a este bien,

que nos permite cubrir innumerables necesidades básicas, se ha convertido en un lujo que

muchas personas y familias no pueden cubrir por sí mismas.

La cantidad de viviendas sociales y de protección oficial es insuficiente para cubrir las

necesidades básicas de la población, algo que se suma a que muchas personas y familias

no pueden acceder a estas viviendas porque no cumplen los requisitos que se piden.

Ante la casi inexistente intervención pública para combatir esta problemática, el aumento

gradual de los desahucios en el año 2014 (incumpliendo legislación desde un nivel

internacional hasta local) y la realidad de que está situación continuará creciendo,

diferentes personas que se encontraban afectadas, directa o indirectamente por estas

situaciones, se han organizado para formar movimientos populares y sociales por todo el

país como forma de protesta y participación ciudadana, representadas en su mayoría bajo

la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca) para exigir que se cumplan las leyes

vigentes que establecen el derecho a una vivienda digna para las personas y otros tantos

derechos en juego.

Es por ello que resulta necesaria esta investigación, ya que pretende visibilizar que los

procesos de ciudadanía activa ejemplificados en este caso en la PAH, suponen un impulso

en la consecución práctica de la declaración teórica de los Derechos Humanos y de los

fines principales que busca la disciplina del Trabajo Social.

INTRODUCCIÓN

La vivienda es un factor de integración pero también de exclusión social,

destacándose que la causa esencial de la imposibilidad de acceder a una vivienda digna

es, casi siempre, económica (falta de recursos y/o dificultades de acceder a los préstamos

hipotecarios). En estos tiempos existe un número creciente de población excluida de la

participación en la riqueza y en el bienestar, que a su vez carece de vivienda digna. En la

lucha contra la exclusión social, la vivienda se convierte en un área principal pero no

única, ya que para conseguir bienestar una persona y/o familia también debe tener

cubiertos aspectos como educación, sanidad, empleo, acceso a servicios sociales... La

vivienda permite cubrir necesidades de abrigo, refugio, pertenencia, intimidad, seguridad

física... convirtiéndose en el espacio principal en el que se dan la mayoría de las

interacciones entre los miembros del núcleo familiar, es decir, con una vivienda una

persona tiene gran parte de sus necesidades básicas cubiertas (Aguerri, 2002).

La necesidad de tener un hogar digno se fundamenta en que la vivienda condiciona la

totalidad de la vida de las personas, es decir, el tipo de entorno que nos rodea afecta a los

comportamientos diarios, a las emociones, a las personas con las que nos relacionamos,

al bienestar... Asimismo, el hecho de poder disfrutar de una vivienda digna proporciona

estabilidad en cualquier núcleo familiar (Aguerri, 2002).

Centrándonos en la situación actual de España, la EPA certifica que en el año 2013 se

destruyeron casi 200.000 puestos de trabajo, y la tasa de paro subió por encima del 26%.

Vivimos en los años de la devaluación salarial, el crédito no llega a las familias, las clases

populares pagan más impuestos y reciben menos servicios (López, 2014), y así podríamos

continuar con un largo etcétera. Si se van destruyendo puestos de empleo y los que

quedan están mal remunerados sin que el Estado tome cartas en el asunto será

prácticamente imposible que las personas de a pie puedan comprar pisos o mantener los

que tienen, por lo que aumentarán los desahucios y las consecuencias sociales negativas

que repercuten en las personas y familias.

Para evidenciar este hecho contamos con los datos de que durante los 6 primeros meses

de 2013 se produjeron un total de 19.567 desahucios, casi tantos como en todo 2012,

periodo en el que se llevaron a cabo 23.774. A finales de 2012, según la PAH, el número

de desahucios llegaría a los 171.110 desde el comienzo de la crisis socioeconómica sobre

julio de 2008. Personas de todas las edades y todos los perfiles se han visto echados a la

fuerza de sus casas por culpa de créditos hipotecarios que no podían asumir (Lopez,

2014). Familias desahuciadas condenadas por la ley, que son el rostro humano de la

negación absoluta del reconocimiento del derecho a una vivienda digna por parte del

Estado. Respecto a esto, es importante destacar que el 14 de marzo de 2013 el Tribunal

de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las leyes españolas sobre

desahucios no garantizaban a los ciudadanos una protección suficiente frente a cláusulas

abusivas en las hipotecas y vulnera, por tanto, la normativa comunitaria. A pesar de esto,

poco o nada ha cambiado.

Por otro lado, podemos comprobar como en la Constitución de 1978 se explicita

que España es un Estado Social, además de un Estado democrático de Derecho,

reconociendo entre otras cosas el derecho que todas las personas tienen a una vivienda

digna. Como tal tiene una responsabilidad pública por la que debe trabajar para que el

mercado no tenga la oferta principal y exclusiva en la regulación del acceso a la vivienda.

Con leer periódicos, buscar noticias en Internet o simplemente salir a la calle, cualquier

persona puede comprobar que lo que debería ser no está siendo. Por ejemplo, para adquirir

una Vivienda de Protección Oficial se necesita contar con una renta mínima y una

seguridad laboral, requisitos que constituyen un lujo imposible de cumplir para las

personas realmente necesitadas de este recurso. Los colectivos sociales más

desfavorecidos de nuestro territorio han ido salvando el día a día bajo las prestaciones

económicas, el trabajo temporal, la economía sumergida… pero teniendo un hogar en el

que refugiarse, hogar que el contexto socioeconómico actual les ha robado,

condenándoles a una situación todavía más precaria que la que ya tenían.

En un país con más de 3,4 millones de viviendas vacías (un 10,8% más de las que había

hace una década), unas 23.000 personas sin hogar que utilizan albergues y servicios de

protección social (López, 2014) con un perfil muy distinto al que estaba estandarizado

hace unos años (más todas las personas que forman parte de este colectivo pero que no

utilizan estos servicios) y un número de desahucios (comentado anteriormente) que

resulta intolerable, nos encontramos con que la democracia como tal, está extinguida bajo

el poder de los mercados del sistema capitalista, por lo que muchos ciudadanos y

asociaciones han buscado respuestas alternativas a la intervención del Estado en materia

de vivienda.

Es en este contexto como aparecen las diferentes PAHs y plataformas de Stop

Desahucios, creadas tras la crisis socioeconómica por personas afectadas por la situación

de vulnerabilidad en cuanto a la vivienda, luchan a través de acciones no violentas para

que se respeten los derechos que defienden que las personas se merecen una vivienda

digna, e intentan acabar con las cláusulas abusivas de entidades bancarias que desahucian

a miles de ciudadanos dejándoles sin hogar, mientras que éstos deberán seguir pagando

una deuda económica de por vida con tales entidades, lo que les impedirá mejorar su

situación. Además, vemos como el desahucio se ha convertido en la primera causa de

muerte no natural en España (Gene, 2013) y es que por ejemplo a finales de 2012 se

habían suicidado 119 personas en todo el año con motivo de un desahucio (Delgado,

2012) Ante estas injusticias en materia de vivienda, estas plataformas proponen (ente

otras acciones) junto a otros organismos sociales la recuperación de viviendas vacías de

bancos para los desahuciados y la reclamación de alquiler social en función de las rentas

para las familias.

MARCO TEÓRICO

1. EXCLUSIÓN Y VIVIENDA

La vivienda resuelve distintos tipos de necesidades básicas como son la salud, la

conformación de procesos sociales o el desarrollo de la autonomía, repercutiendo

íntegramente en la organización de la vida social. La carencia de vivienda tiene

importantes consecuencias en la vida y desarrollo de las personas. La vivienda se

convierte así en una pieza clave del proceso de integración social, ya que en su interior

las personas manifiestan fenómenos sociales como la socialización, la adquisición de

hábitos sociales, desarrollo de la conciencia… (Carbonero, 2013).

Por otro lado vemos como la exclusión es un concepto multidimensional que hace

referencia a un proceso de pérdida de integración y/o participación de las personas que la

sufren en su realidad, en uno o varios de estos espacios (Plataforma de ONG, 2012):

• Económico (en la producción o el consumo). Ingresos insuficientes, inseguridad

en el empleo, desempleo, falta de acceso a los recursos.

• Político-legal. Carencia de poder, falta de participación en las decisiones que

afectan a su vida cotidiana, ausencia de participación política y escasa

representatividad.

• Social-relacional. Ruptura de los lazos sociales y familiares (fuente de mecanismo

de solidaridad comunitaria), marginación social, alteración de los

comportamientos sociales, falta de participación en actividades sociales y

políticas, deterioro de la salud.

La exclusión no es estática y en un contexto como el de nuestros días cualquier

persona puede ser vulnerable en determinados momentos de su vida, ya que los factores

de riesgo cambian a lo largo del tiempo. La parte económica-laboral, la educación, las

características demográficas, los prejuicios sociales, las prácticas empresariales y las

políticas públicas son otros de los elementos a considerar (Martin, 2011).

La exclusión viene provocada por elementos estructurales que afectan de diferentes

modos a las personas que la sufren suponiendo, entre otras cosas, una privación del

ejercicio de derechos sociales básicos, limitando la condición de ciudadano y pudiendo

convertirse en un estado permanente de la trayectoria vital de una persona (Martin, 2011).

Los factores que convergen en el origen de los procesos de exclusión (Martin, 2011) se

dividen en:

• Factores estructurales: Política laboral, de vivienda, educativa, fiscal, de

distribución de la renta, pensiones, política de inmigración, de bienestar social, de

integración de sectores vulnerables y grupos excluidos.

• Factores culturales: Individualismo, insolidaridad, competitividad.

• Factores familiares y relacionales: Debilidad y/o ausencia de vínculos familiares,

conflictos y rupturas familiares, pérdidas (viudedad, orfandad…), pérdida de las

redes de amigos, desarraigo social, aislamiento.

• Factores individuales: de personalidad, género, estado civil, estatus, raza,

nacionalidad, alcoholismo, drogadicción, ludopatías, salud física y mental,

antecedentes penales, experiencia de violencia y malos tratos.

La exclusión social es el desarrollo de la desintegración social que afecta a una

persona, desembocando en la progresiva ruptura de relaciones entre el individuo y el

contexto y/o medio que le rodea, siendo un proceso dinámico. Implica la insatisfacción

de necesidades humanas, de derechos sociales, políticos, civiles y culturales. La exclusión

social deriva de distintas disfuncionalidades en los principales sistemas que constituyen

una sociedad: un sistema legal y democrático que promueve la integración cívica, un

mercado de trabajo que promueve la integración económica, un sistema de protección

social que promueve la integración social… por lo que los errores en uno de estos

sistemas, el mercado laboral, repercuten en la falta de integración económica,

transformándose con el tiempo en un problema de exclusión social multidimensional,

produciéndose así un resultado de pobreza entre las clases populares de la ciudadanía

(Vergara, 2014).

La exclusión en vivienda es de naturaleza persistente, dándose primordialmente en

hogares con sustentadores principales parados, jubilados o en otra situación de

inactividad, mujeres, no tienen estudios, con bajos niveles de renta, viven en régimen de

alquiler, su fuente principal de ingresos son las prestaciones sociales y están compuestos

por adultos mayores de 65 años o son familias monoparentales. Además, encontrarse en

exclusión en vivienda incrementa un 22,4% la probabilidad de estar privado de salud

(Navarro, 2006).

En el acceso a ésta hemos de tener presente que tiene más importancia la evolución del

mercado de la misma y de las condiciones macroeconómicas que se den en el contexto,

que la capacidad y características de las personas y/o familias, por lo que la intervención

de los organismos públicos puede garantizar un mínimo de bienestar para todos los

ciudadanos. A través del Enfoque de Capacidades y Funcionamientos de Amartya Sen

extraemos la conclusión de que el bienestar de las personas se refleja a través de lo que

pueden conseguir como seres humanos (sus capacidades propias) y las oportunidades que

la realidad con la que interactúa le ofrece para su bienestar (Navarro, 2006).

2. LA VIVIENDA, SIGNIFICADO EN LA VIDA DE LAS PERSONAS

En la lucha contra la exclusión social la vivienda constituye un punto referencial

pero no único, ya que para que una persona o familia pueda conseguir bienestar debe tener

cubiertos otros aspectos como sanidad, educación, empleo, acceso a servicios sociales…

y es que la vivienda permite cubrir necesidades de refugio, abrigo, pertenencia, seguridad

física… siendo el escenario principal en el que se dan la mayoría de las interacciones de

los miembros de la familia (Aguerri, 2002). La vivienda es junto al trabajo uno de los

principales escenarios desde los que se inician procesos de exclusión social.

No solo acceder a una vivienda digna se convierte en un derecho que debe ser defendido

por los organismos públicos, sino también poder mantenerla para desarrollar otros

derechos como el derecho al libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la intimidad

y el derecho a la libertad. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para

los Derechos Humanos en su Observación General nº4 marca que la vivienda digna es en

la que las personas pueden vivir en seguridad, paz y dignidad. Cuando no se cumplen

unos requisitos mínimos en la vivienda, como en el acceso o en la habitabilidad, las

personas se encontrarán en exclusión residencial, fenómeno muy frecuente en nuestro

país.

Mejorar la calidad de la vivienda y favorecer el acceso a los colectivos que sufren

exclusión es uno de los fines del Trabajo Social, y es que la vivienda aporta (Barranco,

Delgado, Mellin y Quintana, 2010):

• Bienestar emocional

• Relaciones interpersonales

• Bienestar material

• Desarrollo personal

• Bienestar físico

• Autodeterminación

• Integración social

• Derechos

Entrando de lleno en la función social de la vivienda, vemos como ésta no se limita a

ser un tipo particular de refugio. Guarda connotaciones económicas, culturales,

funcionales, y por lo tanto sociales que guían los aspectos del vivir. La vivienda se

convierte conjuntamente en el espacio que contiene la privacidad y seguridad de los que

la habitan y en el punto desde el que las personas aprenden a integrarse en la sociedad y

comunidad. A través de habilitar la vivienda, la unidad de convivencia (individual o

colectiva) la transforman en su hogar, logrando un sentimiento de pertenencia e identidad

que es parte esencial de nuestro sustento de privacidad, llevando a cabo las actividades

básicas de la vida que nos hace desarrollarnos como personas. La vivienda se rodea de un

entorno social, en el que la participación de las personas repercutirá en su socialización y

en el acceso a instituciones educativas (Aguerri, 2002).

La necesidad de tener un hogar digno se basa en que la vivienda condiciona la totalidad

de la vida de las personas, ya que el entorno que nos rodea afecta a nuestros

comportamientos diarios, a las emociones, a las personas con las que nos relacionamos…

proporcionando estabilidad al núcleo familiar y poniéndose en marcha el proceso de

socialización primaria de los menores. En el caso de no contar con una vivienda adecuada,

el proceso de socialización se producirá de forma disfuncional, lo que acarreará futuros

problemas para esos menores (Aguerri, 2002).

La protección y la seguridad en la vivienda favorecen el descanso, la alimentación, el

trabajo y las relaciones de solidaridad en el hogar. Los criterios de producción,

reproducción, transmisión cultural y la autoridad permiten dar figura a diferentes

mecanismos adecuados a las necesidades y procesos sociales de las personas que habitan

la vivienda. Las condiciones de transmisión cultual permiten asegurar los valores entre

las generaciones venideras. Además, las experiencias subjetivas y afectivas que conlleva

la vida en el hogar son imprescindibles para el desarrollo de la madurez personal, teniendo

la oportunidad de desarrollar actividades sociales comunes y sentimientos humanos como

la intimidad y participación social con el grupo de pertenencia, lo que favorece que las

personas puedan formar su propia identidad y su forma de pensar (Carbonero, 2013).

En el interior de la vivienda se desarrollan actividades relacionadas con la producción de

aspectos materiales, pero también se realizan ritos sociales, aspectos relacionados con el

ocio y alimentación, descanso y formación familiar que estrecha los vínculos entre los

miembros del hogar y afecta a su relación con el exterior. El proceso socializador que se

da en su interior contribuye a la adquisición de habilidades cognitivas y al aprendizaje de

símbolos, valores y costumbres para desenvolverse de forma adecuada en la sociedad

(Carbonero, 2013), que de no contar con estabilidad en la vivienda se irán produciendo

valores relacionados con el desarraigo y la inestabilidad. Vivienda y familia son

inseparables, desarrollándose en esta primera las estructuras familiares en las que los

individuos se organizan dentro de sistemas esenciales de la estructura social (Cortés,

1995).

Por otro lado, hay que tener muy presentes los principios básicos de actuación sobre

vivienda y marginación de José M. Meisegeeier (Ander-Egg, 1985):

• La carencia de vivienda es parte de un problema estructural de marginación, que

parte de una marginalización social de las personas que se ha ido acumulando a

lo largo de los años, dejando ver como ciertas estructuras sociales las excluyen.

• Un programa de vivienda no puede ser paternalista ni asistencialista sin luchar de

lleno contra el sistema de marginación. Si el programa está fundamentado en

prestar la vivienda sin más se potenciará su dependencia hacia las instituciones.

No hay que dejar de lado el empoderamiento de las personas que desarrollará sus

mecanismos personales que les servirán para afrontar futuras complicaciones.

Por último queremos terminar enfatizando que la perspectiva del Trabajo Social ve la

vivienda como el espacio en el que se desarrollan diversas relaciones, redes informales,

diferentes momentos del ciclo vital… perteneciendo al barrio y al contexto en el que se

establecen relaciones con los demás, creando una forma de vida adecuada a su cultura y

experiencia, produciéndose un feed-back con el entorno (Malagón, 2008).

3. NORMATIVA LEGAL SOBRE VIVIENDA

Una vivienda digna implica algo más que disponer de un techo bajo el que

resguardarse, ya que significa disponer de un lugar de privacidad, con espacio suficiente,

accesibilidad física, seguridad adecuada y de tenencia, estabilidad y durabilidad

estructurales, infraestructura que garantice el acceso a servicios básicos de la ciudadanía,

y un emplazamiento adecuado con acceso al mundo laboral, la cual se pueda obtener por

un precio razonable (Mira, 2001).

Esta vivienda digna está protegida por diferentes normativas y tratados, entre los que

encontramos el Párrafo 1 del Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos

Humanos en el que se especifica que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida

adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la

alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales

necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad,

invalidez, viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por

circunstancias independientes de su voluntad."

Además de esto, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que ha sido

ratificado por 108 estados, entre ellos España, contiene el que quizás sea el fundamento

más importante del derecho a la vivienda enunciado en todos los principios jurídicos que

integran las normas internacionales sobre derechos humanos, ya que en este se reconoce

el papel del Estado como garante de este derecho "Los Estados Partes en el presente Pacto

reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia,

incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las

condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar

la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento." En particular en la

Observación General Nº 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

sobre el derecho a una vivienda adecuada se define este derecho como integrado por

diversos aspectos concretos, entre ellos van a estar la seguridad jurídica, gastos de

vivienda soportables o la disponibilidad de servicios básicos.

Dentro de los tratados internacionales, el derecho a la vivienda se considera uno de

los derechos humanos fundamentales. Se reconoce de distintas maneras en varias

Declaraciones, pactos, Convenciones y Cartas Internacionales de Derechos:

• Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 25 (1) reconoce:

“toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la

vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El artículo

11 (1) recoge “el derecho de toda persona a un nivel adecuado para sí y su familia,

incluyendo alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua

de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas

para asegurar la efectividad de este derecho…

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación Racial. El artículo 5(e) (iii) prohíbe la discriminación basada en

motivos de raza, color u origen nacional o étnico, y reconoce el derecho de toda

persona a la igualdad ante la ley en el goce del derecho a la vivienda.

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la

mujer. El articulo 14 (2)(h) obliga a los Estados Parte a eliminar la discriminación

contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar su derecho a gozar de

condiciones de vida adecuadas, particularmente con respecto a la vivienda.

• Convención sobre los Derechos del Niño. El artículo 27 (3) obliga a los Estados

Parte a proporcionar, en caso necesario, asistencia material y programas de apoyo

para el niño, particularmente con respecto a la vivienda.

• Convención sobre el Estatuto de los Refugiados. El artículo 21 estipula que se

conceda a los refugiados el trato más favorable posible en materia de vivienda.

• Convención sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios.

El artículo 43 (1)(d) dispone que “los trabajadores migratorios gozarán de

igualdad de trato respecto de los nacionales del Estado de empleo en relación

con… el acceso a al vivienda, con inclusión de los planes sociales de vivienda, y

la protección contra la explotación en materia de alquileres”.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El artículo 17 (1) protege a

las personas de injerencias arbitrarias o ilegales en su domicilio.

• Carta Social Europea Revisada. Artículo 31 que con miras a lograr el ejercicio

efectivo del derecho a la vivienda, las Partes Contratantes se comprometen a

adoptar medidas encaminadas a: promover el acceso a vivienda de calidad

adecuada; prevenir y reducir el sinhogarismo con miras a su eliminación gradual;

asegurar que el precio de la vivienda sea asequible para aquellos que no posean

recursos suficientes.

• Artículo 16 que con miras a lograr las condiciones de vida indispensables para un

pleno desarrollo de la familia, célula fundamental de la sociedad, las Partes

Contratantes se comprometen a fomentar la protección económica, jurídica y

social de la familia, especialmente mediante… el apoyo a la construcción de

viviendas adaptadas a las necesidades de las familias.

• Artículo 30 que con miras a lograr el ejercicio efectivo del derecho a la protección

contra la pobreza y la exclusión social, las Partes Contratantes se comprometen a

adoptar medidas encaminadas a… promover el acceso efectivo de toda persona

que esté en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo, así como de su

familia, a la vivienda.

• Organización Internacional del Trabajo. El derecho a la vivienda se recoge en

varios convenios, como los referentes a Pueblos indígenas y Tribales, Servicios

de Salud Ocupacional, Plantaciones y Garantías de Política Social.

• Carta de los derechos fundamentales de la UE. Artículo 34 (3) con el fin de

combatir la exclusión social y la pobreza, la Unión reconoce y respeta el derecho

a una ayuda social y a una ayuda de vivienda para garantizar una existencia digna

a todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes, según las modalidades

establecidas por el Derecho comunitario y las legislaciones y prácticas nacionales.

Asimismo en las legislaciones nacionales de la UE, la mayoría de los países europeos

(entre los que se encuentra España) incluye el derecho a la vivienda en sus Constituciones

o Leyes aceptándolo como principio y ratificando su compromiso con tratados

internacionales. No obstante, en los compromisos adquiridos por las distintas naciones se

evita hacer referencias concretas al sinhogarismo como tal, y a menudo no se especifica

si una persona puede invocar su derecho a una vivienda en caso de que no pueda obtener

una por sus propios medios, aunque la mayoría de las legislaciones contienen los

siguientes obstáculos:

• No se especifica claramente de quién es competencia

• No se especifica claramente cómo se puede invocar este derecho

• No se especifica claramente a quiénes ampara la ley

• No se da una definición clara de alojamiento

• La estrategia no se centra en conseguir unos resultados concretos

• Periodos de tramitación largos

Por último, en lo que se refiere a España, el artículo 47 de la Constitución establece

que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas

pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo

con el interés general para impedir la especulación”. Los desahucios se convierten en una

negación absoluta al reconocimiento de este derecho por parte del estado. El 14 de marzo

de 2013 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que las leyes

españolas sobre desahucios no garantizaba a los ciudadanos una protección suficiente

frente a cláusulas abusivas en las hipotecas y vulnera, por tanto, la normativa comunitaria.

4. POLÍTICAS DE VIVIENDA, UNA MIRADA SOCIAL

El Trabajo Social tiene mucho que decir en las políticas de vivienda (Juan, 2011):

• Puede conjugar la visión micro y macro a partir del análisis de la realidad e

interrelacionando los riesgos de procesos de exclusión residencial, favoreciendo

el conocimiento de los procesos vitales para descubrir las necesidades que se dan

en cada uno.

• Contribuir al significado de lo que se considera una vivienda digna y adecuada

que repercuta en las condiciones de vida de sus habitantes.

• Proyectar una visión transversal de la vivienda a través de la diversidad material

y simbólica que conlleva.

• Colaborar en el diseño de las condiciones y requisitos de acceso a los diferentes

recursos y ayudas públicas en relación al conocimiento de la realidad que tienen.

• Incorporar intervenciones de carácter técnico

• Trabajar desde la red

Tras ésto vemos como las políticas del Ministerio de Fomento en materia vivienda y

suelo se inspiran en tres principios básicos: la cohesión social y territorial, la

competitividad económica y la sostenibilidad. La vivienda se constituye como una

necesidad social de primer orden y exige acciones y decisiones políticas conforme a los

principios anteriores, en la que se aseguren como mínimo los siguientes aspectos:

seguridad en la tenencia; disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e

infraestructura; gastos soportables; habitabilidad; accesibilidad/asequibilidad; ubicación;

y adecuación cultural. Hay que tener en cuenta que los problemas estructurales principales

son la disponibilidad de vivienda, su calidad, la incidencia de hacinamiento y las

normativas que regulan el desahucio (Feantsa, 2008).

Las situaciones de independencia del hogar de origen, de cohabitación en pareja, de

formalización del matrimonio, de crianza de los hijos, de divorcio o de viudedad originan

distintos tipos de hogares como jóvenes solos, parejas jóvenes, familias con hijos

pequeños dependientes, parejas maduras o parejas mayores solas, estableciendo

necesidades dinámicas y cambiantes que tienen que estar presentes en dichas políticas

(Carbonero, 2013).

Las políticas de vivienda, al margen del color político que gobierne, deben

conjugarse con actuaciones sobre el empleo que contribuyan a que el derecho del acceso

a una vivienda digna persista a lo largo del tiempo. Será de vital importancia tener en

cuenta las particularidades de cada caso en los colectivos en situación de exclusión, unido

esto a una oferta segmentada que considere los diferentes estados de ciclo vital por los

que pasamos todas las personas. El detrimento del derecho a una vivienda adecuada

recogido en las políticas públicas recae con mayor presión sobre algunos colectivos

especialmente vulnerables de la sociedad como pueden ser: jóvenes, mujeres, personas

adultas mayores y con discapacidad, colectivos no familiares… (Carbonero, 2013).

Las políticas públicas que promueven y facilitan el acceso a la vivienda se presentan como

instrumentos básicos para favorecer la cohesión y la integración social. Estos aspectos

adquieren un especial atractivo en situaciones como la actual, de profunda crisis

socioeconómica, de deterioro del empleo, de caída de salarios y derechos laborales… en

la que la ausencia de una política coherente en materia de vivienda y regulación del suelo

ha conllevado a una grave dificultad de acceso a la vivienda de un buen contingente de

ciudadanos. El Estado español ha desintegrado la vivienda del Estado de Bienestar,

segregándola de la política social para convertirla en un eslabón más de materia

económica, siendo incapaz de adaptar la oferta efectiva a las necesidades de las nuevas

familias españolas. Además, en el caso de nuestro país, el papel atribuido a las familias

en el sistema mediterráneo ha repercutido negativamente en el papel de las políticas

públicas en materia de vivienda. La movilización de recursos y redes familiares, junto a

las ayudas públicas destinadas a la compra de vivienda, han permitido que en España

existan altos porcentajes de propiedad privada dejando de lado las viviendas en alquiler

y sobre todo la modalidad que más debería estar protegida para garantizar la igualdad de

oportunidades en este bien, la vivienda de alquiler social (Carbonero, 2013).

En los momentos actuales existen dos posibilidades de provisión residencial: una

basada en el mercado y otra basada en los sistemas públicos de vivienda.

La primera presenta dos grandes alternativas: el mercado de viviendas nuevas y el

mercado de viviendas usadas, con un predominio de acceso en propiedad. Los sistemas

de protección pública se caracterizan por estar organizados de manera mayoritaria sobre

la edificación de nuevas viviendas protegidas, las cuales supuestamente tienen precios

más asequibles para que puedan acceder determinados sectores sociales que tienen

escasos recursos económicos. Vemos que el mercado se ha convertido en el mecanismo

dominante de provisión de viviendas, mientras que el sistema público ha quedado

relegado a un papel secundario y subordinado. Se ha contribuido a la especulación en el

mercado, reduciendo la proporción de viviendas protegidas, dejando a los lobbys

económicos la regulación y provisión de este bien. La propiedad privada se ha convertido

en el sistema dominante consiguiendo la incorporación de agentes individuales que

defienden este sistema argumentando a través de la lógica de su propio beneficio, a pesar

de que la situación que vivimos aconseja un reforzamiento estructural del sistema de

alquiler junto a la intervención pública en esta materia ajustando el precio de la vivienda

a la renta individual y/o familiar. El cumplimiento de la condición económica que impone

el modelo dominante excluye a los colectivos que no pueden afrontar los requisitos por

falta de solvencia económica o, en el caso de que la tengan, por falta de poder garantizar

ésta a lo largo del tiempo ya que no poseen economías normalizadas, dando lugar a que

algunas personas sufran la primera manifestación del proceso de exclusión residencial

(Juan, 2012).

Contemplar la vivienda como un servicio social de interés general, superar la

visión segregada de la vivienda, dar cabida a la creciente demanda de viviendas sociales

y resolver modelos de gestión obsoletos y fracasados son algunos de los puntos que la

política de vivienda de nuestro Estado de Bienestar y nuestra democracia europea han de

resolver. Las situaciones que están concurriendo en las calles, nacidas del sistema

estructural, demandan la vivienda social como un servicio básico para los ciudadanos a

través de actuaciones que tengan en cuenta la visión de las plataformas y organizaciones

que forman el tercer sector así como las de los profesionales del Estado que más cerca

están de los ciudadanos, ya que son los que tienen contacto con los sucesos que provocan

la exclusión y segregación social en plena realidad (Juan, 2012).

Como se ha comentado anteriormente, la capacidad para alcanzar una vivienda

adecuada está íntimamente relacionada con el nivel de ingresos del hogar y con la

posición laboral del sustentador/a principal de la familia, y viviendo en esta España con

una tasa de desempleo superior al 25%, la única forma de poder asegurar que todos los

ciudadanos puedan acceder en condiciones de igualdad a una vivienda digna es

favoreciendo desde los organismos públicos la creación e intervención de verdaderas

viviendas sociales, o en su lugar la presión ciudadana a través de los diferentes

movimientos sociales para conseguir que sus necesidades básicas sean cubiertas.

Las políticas públicas deben aumentar la oportunidad de las personas para poder acceder

a una vivienda digna a través de diferentes actuaciones según el territorio en el que actúen.

El territorio constituye un agente activo y condiciona totalmente los procesos de

desarrollo de las capacidades humanas (Albina, 2007). Para no fomentar la exclusión hay

que construir viviendas de protección oficial en zonas que no estén alejadas del núcleo de

la ciudad y donde el suelo sea más barato, añadiendo que los requisitos para acceder a

estas viviendas deben revisarse inmediatamente, ya que entre ellos encontramos que es

necesario contar con una nómina mínima y una estabilidad laboral para poder disfrutar de

ellas, aspectos que quedan fuera de la cotidianeidad de la gran mayoría de los ciudadanos

que necesitan de la actuación pública en materia de vivienda para contar con una

verdadera igualdad de oportunidades de acceso a este bien. Y es que los avances en

materia de vivienda y otros como salud o nutrición, contribuyen a la estabilidad social, a

mejorar la productividad laboral, el estado social, y aumentar el crecimiento económico

del país en el que se fomenten dichos avances (Juan, 2012).

Para finalizar este apartado ponemos énfasis en que la libertad humana tiene

sentido y comienza a disfrutarse en el entorno personal y social con el que se interactúa.

El propio desarrollo de cada persona depende de los vínculos sociales en los que se

relacionan, del potencial productivo de las zonas en las que nacen y crecen, y de las

instituciones que les permiten conectar con su entorno, lo que resulta imposible de

conseguir sin una política acorde a las necesidades en vivienda de cada territorio (PNUD

México, 2004).

5. CIUDADANOS Y SU INTERACCIÓN EN LA PAH

Las personas que forman el movimiento social de la PAH son ciudadanos activos que

participan en la sociedad. El concepto de participación para el Trabajo Social se refiere

al acceso real de las personas a las decisiones que les afectan y son importantes para las

mismas. Las personas de una comunidad pueden influir en su medio asumiendo

responsabilidad (Raya, 2005), cuyos principios son:

• Conciencia sobre el problema

• Reconocer la posibilidad del cambio a través de determinadas acciones

participativas

• Búsqueda común de soluciones. Se suele necesitar una nueva forma de ver la

realidad, actuando a través de la solidaridad comunitaria.

• Dinamismo para trabajar con decisiones comunitarias. Suscitar nuevas

propuestas; conseguir relaciones de igualdad, afecto y pertenencia en la

comunidad; aceptación de las decisiones comunitarias…

La PAH como un movimiento horizontal, no violento, asambleario y apartidista,

que ante las situaciones de inexistente intervención estatal y asistencialismo

promovido en los Servicios Sociales en materia de vivienda, se encargan de

acompañar en los procesos de cambio a las personas, poniendo en común

problemáticas para conseguir apoyo mutuo y organizacional de los afectados. Esto

desencadena en movilizaciones populares para exigir que se cumplan sus derechos

como ciudadanos y mejorar la situación general de la población buscando una

verdadera equidad, ya que son conscientes de que todas las personas son iguales pero

no todas parten en condiciones de igualdad (Matea y Sánchez, 2014).

Solamente la movilización y la organización de la sociedad civil está siendo capaz de

afrontar los fallos del sistema, poniendo de manifiesto la existencia de una base

potencial para la creación de una forma de responder a los retos sociales a los que se

enfrenta la Humanidad en este periodo histórico, intentando construir un puente que

conecte las instituciones con la sociedad (Salinas, 2003). Así se fomentará esa

responsabilidad social de la ciudadanía para avanzar en la inteligencia compartida con

el fin de establecer una igualdad de posiciones, con la exigencia de restaurar la

redistribución progresiva de la renta como único medio de recuperar la cohesión

social, la confianza recíproca, la cooperación solidaria y la participación popular en

defensa del interés general (de la Red, 2014).

Los movimientos sociales promueven la visión de lo común, en la cual los ciudadanos

participan en el desarrollo de la protección social, clamando por la intervención del

Estado y pidiendo políticas participativas del tejido social como sujetos activos, en

las cuales el bienestar sea dominio de los ciudadanos (Della, 2013) haciendo

compatible el mecanismo del mercado con las exigencias de la justicia, ya que sin

justicia no hay libertad real.

Además, han favorecido un empoderamiento de las personas que forman parte de

ellos, impulsando la modificación de las políticas públicas en los procesos que Ander-

Egg (1985) denominaba como:

• Personalizador: los ciudadanos se han convertido en sujetos motores del

proceso de cambio.

• Concientizador: los ciudadanos han adquirido capacidades de ver todo lo que

pueden conseguir como personas y miembros de la comunidad, a través de la

unión, organización y movilización.

• Socializador: los ciudadanos colaboran entre todos para fomentar la igualdad

social.

Los integrantes de estos movimientos han pasado a ser actores y agentes de

cambio del medio que les rodea, dejando atrás visiones de inmovilismo y

conformismo que promueven la exclusión social, creando redes de apoyo y

movilizaciones auto-organizadas para intervenir sobre la situación actual. Las

acciones han contribuido a impulsar sentimientos de solidaridad entre los afectados,

rescatando principios colectivos y de comunidad con los que las personas dejan de

lado las características que los hacen diferentes para contribuir de una forma común

a la solución de sus propios problemas, lo que también influye en su capacidad

autónoma para tomar sus propias decisiones sobre problemáticas que afectan otras

áreas de su vida. Las personas que forman estos movimientos sociales son más críticas

con el mundo que les rodea, creando su propia opinión personal, desarrollando valores

de solidaridad, igualdad y justicia social, incidiendo en la capacidad de poner los

medios para transformar de forma positiva en la realidad (Matea y Sánchez, 2014).

OBJETIVOS E HIPÓTESIS

•Objetivos Generales

• Identificar y analizar las consecuencias personales de la participación en la PAH de Salamanca.

• Conocer los motivos que han llevado a personas a participar en la PAH de Salamanca.

• Conocer la opinión de personas relacionadas con el tema de vivienda en la ciudad de Salamanca.

•Objetivos Específicos

• Conocer el funcionamiento de la PAH de Salamanca. • Conocer la situación de las personas que forman la PAH de Salamanca. • Conocer la situación socioeconómica de España actual.

•Hipótesis

• Los procesos de ciudadanía activa ejemplificados en este caso en la PAH, suponen un impulso en la consecución práctica de la declaración teórica de los Derechos Humanos y de los fines principales que busca la disciplina del Trabajo Social.

METODOLOGÍA

El tipo de investigación será descriptiva ya que poseemos información y se irá describiendo según la investigación lo requiera. El enfoque será cualitativo y la investigación se fundamentará a través de grupos de discusión y la entrevista semi-estructurada en profundidad, pudiendo conocer de esta forma qué aspectos pueden considerarse comunes en las personas investigadas y cuáles específicos de cada una, pudiendo los investigados realizar aportaciones con total libertad. Para los modelos y técnicas se utilizará la documentación bibliográfica, la entrevista en profundidad y el grupo de discusión.

Los entrevistados en profundidad serán las personas relacionadas directamente con la temática de la vivienda en Salamanca:

• Concejala de Participación Social y Voluntariado de Salamanca. • Trabajadora social del Patronato de Vivienda de Salamanca. • Trabajadora social Cáritas Diocesana Salamanca perteneciente a la campaña

“Operación Vivienda 2014” • Usuario de un programa de vivienda social de Cáritas Diocesana Orihuela-

Alicante en el barrio Tómbola • Miembros políticos y activistas sociales y sindicales de Salamanca

Por otra parte, se realizarán tres grupos de discusión: dos formados por miembros de la plataforma Stop Desahucios Salamanca y otro formado por profesionales del sector bancario. Las aportaciones de las personas protagonistas son las más valiosas, ya que además de informar aportan hechos sobre sus valoraciones, actitudes, percepciones, opiniones, niveles de implicación, potencialidades…

La metodología se basará en:

• Lectura, análisis y relación de la bibliografía de referencia. • Contacto con miembros de la plataforma PAH Salamanca para recabar

información sobre todo lo relacionado con la investigación. • Contacto con trabajadores del sector bancario. • Contacto telefónico con las personas indicadas que formarán el grupo de

discusión. • Desarrollo y resultados de la información recogida y redacción de

conclusiones y propuestas del trabajo

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO

Nombre del recurso Tipo Unidad Abrev. Grupo Tasa mínima Tasa máxima

Investigador principal Trabajo horas I 1.- Personal 30,00 €Local Trabajo mes L 2.- Inmuebles 300,00 €Bibliografía Costo B 3.- InventariableOrdenador Trabajo año O 3.- Inventariable 500,00 €Software Trabajo año S 3.- Inventariable 20,00 € 5.000,00 €Grabadora Trabajo año Gr 3.- Inventariable 50,00Papelería Material paquete P 5.- Fungible 3,00 €Fotocopias Material copia F 5.- Fungible 0,03 €Impresiones Material hoja I 5.- Fungible 0,06 €Comunicaciones Costo C 5.- FungibleEntrevistados Material persona E 8.- Sujetos 23,60 €Participantes Material persona P 8.- Sujetos 23,60 €Entrevistas Material entrevista L-Ent 9.- Servicios 390,00 € 630,00 €Grupos de discusión Material grupo L-Gd 9.- Servicios 1.960,00 € 2.750,00 €Transcripción entrevistas Material minuto. L-TE 9.- Servicios 0,65 €Transcripción grupos Material minuto. L-TG 9.- Servicios 1,09 €Grabación Material hora. Gb 9.- Servicios 6,32 € 9,43 €Análisis entrevista Material entrevista L-Ae 9.- Servicios 118,00 € 200,00 €Análisis grupo Material grupo L-Ag 9.- Servicios 472,70 € 708,50 €Alquiler de sala Material día. A 9.- Servicios 170,00 € 250,00 €Otros Costo O 9.- Servicios

Actividad Comienzo Final Días 10

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30/07/2014PREPARACIÓN Lecturas previas 15/11/2014 20/12/2014 35 Redaccion del borrador 22/12/2014 30/12/2014 8 Redacción del proyecto 10/01/2015 25/01/2015 15CAMPO Participación en la plataforma Stop Desahucios Salamanca 10/10/2014 30/07/2015 293 Establecimiento de contactos 01/02/2015 05/02/2015 4 Elaboración de guiones 07/02/2015 10/02/2015 3 Realización de entrevistas 15/02/2015 01/03/2015 14 Realización de grupos de discusión 05/03/2015 23/03/2015 18ANALISIS De datos secundarios 21/12/2014 24/12/2014 3 De las entrevistas 02/03/2015 05/03/2015 3 Del grupo de discusión 24/03/2015 07/04/2015 14INFORMES Redacción de informes 10/04/2015 10/05/2015 30PRESENTACIONES Presentación al director 01/06/2015 06/06/2015 5 Presentación pública 02/07/2015 02/07/2015 0

Cronograma del desarrollo del Proyecto de Investigación

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