En su nuevo libro, Julio Scherer García utiliza las herramientas

esenciales del periodismo –testimonios, entrevistas, documen-

tos– para explorar el comportamiento público y la personalidad

de Felipe Calderón. Con base fundamental en una serie de escla-

recedoras conversaciones con el exdirigente panista Manuel Es-

pino, la investigación periodística del fundador de Proceso apor-

ta elementos clave para entender los rasgos sobresalientes del

hombre que carga sobre sus espaldas una guerra de más de cinco

años y más de 50,000 muertos: autoritario, ingrato, aficionado a

la bebida, intolerante... Adelantamos fragmentos representativos

de Calderón de cuerpo entero, el libro que en días próximos pon-

drá en circulación el sello Grijalbo de Random House Mondadori.

que podía acudir con el propósito de conocer la naturaleza y el valor de los papeles que habían caído en mis manos. Eje de la campaña electoral que tuvo a Felipe Calderón Hinojosa co-mo candidato, no habría secreto mayor que pudiera escapar a su conocimiento.

Nos reunimos una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez. Un día, de manera natural, Calderón fue el te-ma único. Espino me contó historias que lo llevaron a decir que el presidente se había convertido en un ser “inescrupu-loso y perverso”. Por mi parte, no alteré mi manera de pen-sar: en este sombrío 2012 Calderón pagará por los inocentes y desaparecidos de la guerra que inició un desventurado día de enero de 2007.

Sentí que avanzaba en la confianza de Espino. Su lengua-je ganaba en claridad y contundencia. Habló acerca de sus

Por último, la factura está marcada con fecha del 19 de abril de 2006, el número 022778, y señala un importe por 10 millones 434 mil pesos.

Las sumas de rigor se consignan en el documento:

Subtotal: 10 434 000 IVA: 1 565 100 Total: 11 999 100

La tercera página del documento muestra el logotipo del Co-mité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN en lugar preferente. La fecha: 26 de abril de 2006. Se trata de un oficio de la Direc-ción de Administración y Finanzas de Acción Nacional, don-de se suscribe al ingeniero Jorge Arturo Manzanera Quintana como solicitante de un cheque por la cantidad de 11 millones 999 mil 100 pesos, que se extendería a favor de Hildebrando, S.A, de C.V., por el concepto de “captura de datos”. Además, se especifica el número de la propia factura que habría emi-tido Hildebrando (022751), y en una línea se indica: “Con car-go a: DÍA ‘D’.” Al lado de la firma del ingeniero Manzanera, se advierte el nombre de Arturo García Portillo como el respon-sable de la autorización.

En la actualidad, el ingeniero Manzanera –quien fuera se-cretario de elecciones cuando Calderón fungió como presi-dente de su partido– conserva su calidad de consejero nacio-nal del PAN.

Decidí buscar a Manuel Espino, en aquel entonces presidente de Acción Nacional. Concertamos una cita en un café de es-casa concurrencia. Vi sus ojos, siempre hay que mirar los ojos de los desconocidos, y empezamos a conocernos.

Le hablé sobre los documentos en términos vagos, y en términos evasivos escuché explicaciones que no me llevaban a ningún lado. No obstante, Espino era la única persona a la

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Hildebrando. El cheque comprometedor

PRESIDENCIA

JULIO SCHERER GARCÍA

En la batalla electoral de 2006, los negocios al am-paro del poder, los pactos ominosos, la alteración y la falsificación de documentos, las intercepcio-nes telefónicas, las calumnias, la difamación, las reuniones semisecretas, las secretas, y los golpes bajos de la grilla, fueron temas que ocuparon has-ta los segundos de los medios electrónicos y los

espacios arrinconados de las publicaciones impresas.En los tiempos que corren se ha vuelto aún más apre-

miante ir al fondo de la personalidad de los hombres y las mujeres del poder. Vicente Fox fue desquiciante por su igno-rancia y su afán aberrante por adornar a su esposa con los atributos que podrían llevarla a la Presidencia de la Repúbli-ca. El país está hoy en juego y los imperativos por la verdad cobran el dramático acento de un desolador clamor.

Por estas razones no me sorprendió, pero me atrajo sobre-manera, que un día llegara a mi casa, silencioso, un documen-to insólito. Se trataba, en primer lugar, del comprobante de una transferencia realizada a través de Banorte, por el concep-to de “pago de factura”, al beneficiario Hildebrando, S.A. de C.V. La fecha: 28 de abril de 2006.

En otra hoja destaca, en letras de buen tamaño, el nom-bre Hildebrando, sin apellido. Se trata de una factura expedi-da por la compañía de Hildebrando Zavala, cuñado del licen-ciado Felipe Calderón Hinojosa. En aquella época trabajaba al frente de una empresa de informática.

A la derecha del llamativo nombre y en caracteres peque-ños consta la dirección de la empresa Hildebrando, S. A. de C. V., sus teléfonos y asuntos menores. En cuanto al uso que de-biera darse al dinero, el concepto que anota el documento es categórico y, en su brevedad, demoledor: “Captura de datos de simpatizantes de candidatos de Acción Nacional”.

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miembro del Comité Ejecutivo Nacional y actual candida-to a diputado por la vía plurinominal.

Como podrás entender –en tu calidad de presiden-te–, el presidente del PAN no puede ni debe estar sujeto a ningún tipo de amenaza, ya sea por parte de sus militan-tes o adversarios.

Respecto a la reunión que solicitas, te comento que con motivo de tu mensaje, el único encuentro posible en-tre nosotros se dará en las reuniones del CEN teniendo a los integrantes de ese comité como testigos de calidad.

Sin más por el momento,

Germán Martínez [rúbrica]

El tema del gusto del presidente de la República por la bebi-da lo llevaba en la mente y un día resolví abordarlo con Ma-nuel Espino en el único lenguaje posible: la franqueza. Antes, sin embargo, conversaríamos sobre la salud física y mental de los predecesores de Felipe Calderón en el Poder Ejecutivo. Pareciera que de todos ellos no se haría uno.

Adolfo López Mateos había padecido un aneurisma que a menudo lo apartaba de su trabajo, habitante único en un cuarto oscuro que mitigara el dolor de la migraña. Humberto Romero, su secretario y amigo incondicional, velaba el sigilo sobre asunto tan serio.

Gustavo Díaz Ordaz finalmente cayó vencido por la ma-tanza del 2 de octubre de 1968. Embajador en España varios años más tarde, no resistió a los periodistas que lo interroga-ron en Madrid y tocaron el punto de la tragedia. Díaz Ordaz huyó de la embajada, algún tiempo acéfala. Después fue hu-yendo de la vida.

A Luis Echeverría lo extravió su megalomanía. Preten-dió, en complicidad con el presidente de los Estados Uni-dos, Richard Nixon, sustituir a Fidel Castro como vocero de América Latina. Documentos desclasificados de la Ca-sa Blanca muestran sin retoque a un hombre hecho para la traición.

El 30 de junio de 1982, Día de la Marina, José López Porti-llo hizo burla de su condición de presidente de la República y, convertido en fauno, persiguió a Rosa Luz Alegría, toda de blanco y atractiva en el sudor que la bañaba. López Portillo, at-leta consumado, trataba su cuerpo como asunto de gobierno, alta prioridad en la agenda cotidiana.

Miguel de la Madrid gobernó con la flojedad de un hombre sin pasiones. Fue como el agua que se evapora al sol. Decía que, ya como ex presidente, querría asistir a los restaurantes como un sujeto bien visto, respetado.

A Carlos Salinas de Gortari lo perseguirán por siem-pre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, a estas altu-ras enigma sin solución, y la faraónica fortuna de Raúl, su hermano mayor. Por la fuerza de los hechos no po-drá decir que dejó la Presidencia con las manos limpias; tampoco olvidar que Colosio, efímero candidato a la su-cesión, dijo en su último discurso que México tenía ham-bre y sed de justicia.

De Ernesto Zedillo destaca su indiferencia por México.Vicente Fox, corrupto e impune, carga con el peso en

toneladas del Chapo Guzmán. Las puertas de la cárcel de Puente Grande le fueron abiertas al capo de par en par y sólo faltó que lo despidieran con la alfombra ro-ja que se estila en circunstancias solemnes. Fox admi-tió el silencio cómplice de los miembros de su gabine-te de seguridad.

–Y Felipe Calderón, don Manuel.–Platiquemos.

Me pesa el lenguaje y las escenas que describe Espino sobre la mesa del restaurante semivacío. Su relación con Calderón se fue degradando hasta el rompimiento definitivo. Dice:

“El gusto por la bebida es viejo en el presidente. Le ha he-cho daño a él en lo personal y al país. Voy a ocuparme con us-ted de hechos públicos. No se me ocurriría mentir o difamar; mucho menos calumniar.

”En mi condición de diputado federal [2002], se me pre-sentó la oportunidad de acceder a la secretaría general del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Al aceptar el nombra-miento, la diputada suplente tomó mi lugar. En ese enton-ces ya tropezaba mi relación con Calderón. Sin embargo, él la complicó aún más al divulgar falsas historias sobre mi per-sona. Un día decidí buscarlo en la Cámara de Diputados. Lo confrontaría:

”–Estás diciendo muchas pendejadas acerca de mi perso-na y eso no se vale –le dije–. No quisiera faltarte al respeto ni que llegara el día en que tuviera que darte un chingadazo.”

–¿De qué asuntos se trataba? –inquirí con Espino.“Calderón aseguraba que yo cobraba en la Cámara de

Dipu tados y también como secretario general del partido. Le reclamé. Se sostuvo en su dicho. Le expliqué, pausado hasta donde me fue posible.

”Mi suplente era originaria de Ciudad Obregón, yo vivía en Hermosillo. Contaba con una pequeña oficina y una se-cretaria. A mi suplente le pedí que le mantuviera un sueldo por el tiempo que restaba del periodo legislativo, unos me-ses. También le pedí que la ayudara con un boleto de avión al mes. Calderón llegó a decirme que a la diputada suplente le aceptaba dinero de su dieta.

”También decía que yo me promovía como posible coor-dinador parlamentario en la Cámara de Diputados, en el ca-so de que él se lanzara como candidato al gobierno del estado de Michoacán. El propósito me parecía claro: suscitar rece-los, agitar la grilla.

”Le propuse que platicáramos. Me invitó a cenar a la Ba-rraca Orraca, un restaurante ubicado en Insurgentes Sur y Eje 5. Era cliente del establecimiento al que asistía regularmen-te con sus amigos: Juan Camilo Mouriño, Alejandro Zapata, Francisco Blake, Cuauhtémoc Cardona y Jordy Herrera.

Con Mouriño. Complicidades

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PRESIDENCIA

sentimientos y convicciones. Había participado en una gi-gantesca operación para que Calderón ganara las elecciones. Tuvo la certeza de que así cumplía con su deber como mili-tante del partido al que había entregado su vida. Acción Na-cional era su casa, su pertenencia, un hogar. Además, consi-deraba que habría sido impensable otro presidente que no fuera Felipe Calderón Hinojosa. Como quisiera juzgársele, era hombre de doctrina, la misma de la inmensa mayoría de los mexicanos.

El tiempo, sin embargo, no creó alianza alguna con Espi-no. Al contrario, Calderón se construía con lo peor de sí mis-mo: “Mentía, manipulaba, traicionaba. En todos sentidos, empobrecía a la República”.

–Sí, don Julio –dijo Espino después de un largo silencio que me produjo expectación–, los documentos son auténticos.

A mis ojos, el asunto crecía. Andrés Manuel López Obrador había formulado una denuncia contra Hildebrando Zavala.

El 6 de septiembre de 2006, Proceso publicó:

Diego Hildebrando Zavala, cuñado de Felipe Calderón y socio con 18 por ciento de las acciones de la empre-sa de software Hildebrando, S. A. de C. V., anunció ano-che que hoy demandarán por lo civil a Andrés Manuel López Obrador.

La denuncia será presentada, argumentó Zavala, por el descrédito que el candidato de la Coalición Por el Bien de Todos le ocasionó merced a la acusación que és-te hizo durante el debate televisado del martes. López Obrador sostuvo ese día que, como secretario de Ener-gía, Felipe Calderón benefició a su cuñado con contratos por dos mil quinientos millones de pesos.

“Su dicho me ha dañado a mí, a mi familia, a mi empresa, las relaciones con clientes y con socios –ase-

guró Zavala–. A la fecha, el señor López Obrador no ha demostrado su dicho ni se ha disculpado. Por eso la de-manda será por daño moral.”

Algunos panistas salieron a la defensa de Hildebrando y des-pués el suceso aparentemente se fue para abajo. Sin embar-go, la herida nunca terminó de cerrar. El viernes 7 de octubre de 2011, el periódico Reforma publicó la siguiente información:

Un día después de que Andrés Manuel López Obrador se reunió con empresarios de Monterrey, el presidente Fe-lipe Calderón arremetió contra el tabasqueño.

Al participar en un foro de la revista The Economist, en tono irónico, Calderón insinuó que de cara a los co-micios de 2012 hay un candidato que se considera in-vencible, pero que a la postre ganará quien aparente-mente tiene menores posibilidades.

Luego de que la sesión de preguntas le hiciera notar el caso de corrupción que protagonizó su “cuñado incó-modo” en la campaña de 2006, Hildebrando Zavala, Cal-derón rechazó la “calumnia” que formuló entonces Ló-pez Obrador.

“Con absoluta transparencia –dijo Calderón– se ha demostrado que, apenas pasó la campaña, no hubo na-die quien presentara absolutamente ninguna evidencia de lo que fue una gran calumnia, absolutamente ningu-na. De hecho, la acusación que se me hacía es haber dado contratos, de manera indebida, a parientes míos, lo cual fue absolutamente falso”, apuntó.

La nota de Reforma también consigna que –en dicho del pre-sidente– “Hildebrando creó una pequeña empresa en su pro-pia habitación y 10 años después había crecido”.

El 20 de abril de 2009, Manuel Espino envió una carta a su re-levo en la jefatura nacional del PAN, Germán Martínez Cáza-res. En la brevedad de tres líneas lo conminaba a una reunión urgente. Se trataba de proteger la figura del presidente de la República, en el remolino de sus propios desatinos: el dine-ro entregado a Hildebrando Zavala y la violación a los princi-pios de la equidad electoral en 2006.

Escribió Manuel Espino a Germán Martínez:

Germán:

Es muy importante que platiquemos a más tardar maña-na, martes 21; después sería demasiado tarde para parar documentos originales que comprometen al presidente y dan la razón a Andrés Manuel.

Anexo copia de uno de los documentos en mención.

Manuel Espino

Tan sólo un día después, el 21 de abril de 2009, respondió Martínez Cázares:

Manuel:

Recibí tu mensaje del día de ayer en el que anexas copia de una factura acompañada de una amenaza. Como bien sa-bes, el gasto que ampara la factura se efectuó durante tu presidencia y está ejecutado por quien fuera tu tesorero,

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En la mira de Espino

Felipe Calderón Hinojosa tuvo la cercanía de dos personali-dades recias y sobresalientes: Luis Calderón Vega, el padre biológico, y Carlos Castillo Peraza, el padre político. En el ca-so de Castillo Peraza, Calderón fue un mal hijo.

Acerca de este tema, central en la vida del presidente de la República, converso con Luis Correa Mena, coordinador de la campaña de Castillo Peraza en la lucha política por el go-bierno del Distrito Federal en 1997. El encuentro tuvo lugar en su casa, en Mérida. Hablamos frente a un flamboyán, en-cendidos los pinceles del pintor, rojas las flores del árbol co-mo las nochebuenas que invaden la estancia, el comedor y un patio espacioso. Bebimos agua, diabético como es Correa Mena, de peso completo, fuerte y gordo como un campeón que ya no entrena.

Correa se refirió en primer lugar a la relación de Calderón Hinojosa con Castillo Peraza.

“El trato que finalmente le dio fue indigno, injusto, inme-recido y mucho más. Felipe debió haberle guardado respeto y agradecimiento por siempre. Tenía muchas razones para que así hubiera sido, en el mejor sentido de las palabras: la cerca-nía, el respaldo, la confianza, el apoyo, la promoción, la ense-ñanza, la orientación, la guía. No creo que se deba tratar con faltas de respeto a una persona que te da todo eso.

”Hubo un texto de Felipe donde se burlaba de Carlos. Re-cuerdo que me lastimó particularmente. Expresó que estaba haciendo un papelón por su manera de comportarse y que ésta no correspondía a la estatura de un expresidente panis-ta. Felipe pretendía que Carlos actuara como él, que se con-dujera exactamente igual que él.

”Tuve la oportunidad, más de una vez, de incitar a la cor-dura a uno y a otro. Me llevaba bien con los dos, les decía que eran amigos crecidos, y que si se empeñaban podrían arreglar sus diferencias. Quienes los rodeábamos, entre tan-to, debimos mantenernos al margen de sus diferencias. El re-sultado final terminó en el fracaso.”

–¿Por qué?–Carlos muere sin haberse reconciliado con Felipe. Por su

parte, Felipe, más allá de los errores cometidos por Carlos, no tuvo la valentía o la grandeza para dar y recibir un abrazo de reconciliación que le habría significado tranquilidad lue-go de su muerte. En última instancia, se trataba del presiden-te del partido.

“A la muerte de Carlos, todos atestiguamos la profunda tristeza que poseía a Felipe. Se veía deshecho y su pesar, para mí, obedecía en parte al remordimiento que lo calaba. En el funeral, a sabiendas de que algunos de nosotros apenas po-díamos hablar, nos pidió que, expuesto el féretro, montára-mos una guardia juntos. Me acerqué a Jesús Galván, su com-padre, y le transmití el deseo de Felipe. Montamos la guardia, hermanados de alguna manera con un padre común.”

Sigue Correa Mena, el tono bajo: “No me desdigo del mal trato que Calderón dio a Casti-

llo Peraza, desastrosos los resultados para él. Un hombre sin amigos es como un árbol sin hojas, sin ramas renovadas ni flores. En su momento, el resentimiento personal con Felipe fue tal que, habiendo sido yo uno de los promotores para que llegara a la presidencia del partido y después de quedar sin cartera, simplemente le deseé éxito y le dije adiós.

”–¿Cómo que adiós? –respondió Felipe–. Si tú fuiste uno de los que me buscó para que yo fuera candidato aquellos días en que los ojos estaban puestos en Ernesto Ruffo.

”Nada dije y las cosas simplemente quedaron ahí.”–Al paso de los años, ¿lamenta usted la época vivida?

paña. Y me dijo: ‘Piénsalo, hombre, puede ser esa embaja-da o puede ser otra. Felipe necesita la dirigencia del partido’.

”Seguí, con el énfasis ahora por mi cuenta:”–No es necesario que sigamos platicando. Yo ahora te di-

go que no, que voy a terminar en la presidencia del partido.”Espino puntualiza:“Las reuniones que llegué a tener con Felipe Calderón, ya

como presidente de la República en funciones, ocurrían los lunes por la tarde. Así había quedado establecido desde el tiempo de Fox. Su objetivo consistía en coordinar los trabajos del gobierno con el partido.

”Fox y Calderón tenían diferencias sustanciales. Fox planteaba las reuniones en términos de la coordinación. Cal-derón, no. Él determinaba lo que debería hacerse tanto en el gobierno como en el partido. Escuchaba poco.

”Supe desde entonces acerca del carácter autoritario de Calderón y de su temperamento hirviente. Solía regañar a al-gunos de sus colaboradores e imponer la agenda del partido. Tuve la impresión de que le dedicaba más tiempo a las rela-ciones personales que a los asuntos de Estado. Yo me acomo-daba a su manera de ser pero me resistía a la subordinación del PAN frente a Los Pinos.

”Ya rumbo a la elección de gobernador en Yucatán, en 2007, Felipe Calderón me dijo:

”–Hay que bajar a Ana Rosa Payán en su intención de ser candidata. Hay que pensar qué pudiera interesarle; a lo me-jor una subsecretaría de Estado o una dirección general.

”Como dirigente del partido, le dije que esa tarea a mí no me tocaba y no la iba a cumplir. Razoné con palabras que me parecieron sobradamente claras: si Ana Rosa Payán quería gobernar a su estado, estaba en pleno derecho de intentarlo y yo no tenía por qué disuadirla. Si ganaba, bien, y si no, que los panistas decidieran.”

Con Castillo Peraza. La traición

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PRESIDENCIA

”Instalados en la Barraca, solos, pedimos, a instancias de Calderón, la primera bebida. Y luego otra y otra. Yo le seguí el paso y le hice al valiente, pero no pude alcanzar el mismo ritmo.

”Ahí empecé con un reclamo: por qué hablaba de una no-via que nunca existió. Me dijo que había sido don Luis H. Ál-varez el autor de la versión. Y remató:

”–Y tú sabes que él tiene autoridad.”–Ah, lo dijo don Luis, pues ahora le reclamo por teléfono

–y le dije a Calderón que lo llamaría de inmediato.”No fue necesario. Me pidió disculpas y aseveró que un

grupo de panistas platicaba en una reunión donde partici-paba Luis H. Álvarez, pero que él nada había dicho a propó-sito del asunto.”

Continuaron los reclamos, apuntó Espino:“–Tú dijiste que yo pretendía ser coordinador parlamen-

tario, que ambicionaba mucho poder. Felipe, yo no dije eso.”–De buena fuente sé que lo dijiste.”Cuando la versión salió publicada en varios medios, has-

ta en Proceso, me parece, yo me sorprendí. Llamé a Jordy He-rrera, su agregado de prensa en el grupo parlamentario, para indagar de dónde provenía la versión de que yo me apunta-ba como relevo de Calderón en caso de que fuera candidato al gobierno de Michoacán. Herrera admitió que Felipe le ha-bía dicho que ‘soltaran’ la versión.

”–Fue Jordy el que me lo contó, Felipe.”–Yo no le tengo confianza. Es un muchacho mentiroso.”–¿Me crees?”Sin más, le hablé a Jordy y le dije que en esos momen-

tos me encontraba con Felipe, quien reclamaba mi autopro-moción en el PAN.

”–Jordy, tú me dijiste que él te lo dijo. ¿Es así o no? –Jordy asintió–. Te paso a Felipe por el teléfono.”

Continuaba la discusión esa noche larga. Cuenta Espino que Calderón le dijo:

“–Como secretario general del PAN has tratado muy mal a Margarita [Zavala].

”–¿En qué consiste el maltrato? Siempre le doy su lugar. Ella es la secretaria de Promoción Política de la Mujer. No tie-ne de qué quejarse.

”–La tratas muy mal, eres indiferente. No le das apoyo.”Discutíamos otros temas y no sé a qué hora o cuánto

tiempo después de nuestra última discrepancia, llegó Marga-rita Zavala. Yo le había dicho a Felipe que ya era hora de que nos fuéramos, pero él quería seguir bebiendo.

”Dijo Margarita:”–Felipe, te he estado buscando. No te reportas, tu chofer

me dice que no me puede decir dónde estás. Lo forcé a que me diera tu paradero y por eso estoy aquí. Ya habíamos que-dado en que no ibas a tomar.

”–Perdóname por haber venido a platicar con tu marido, Margarita. Ya hemos hablado. Te ofrezco una disculpa, no era ésa mi intención.

”–No te preocupes, Manuel.”–Discúlpame, pero ya estás aquí, Margarita. Felipe dice

que yo te trato mal en el comité ejecutivo del partido, que no te doy tu lugar, que no te apoyamos. ¿Te hemos faltado en al-go, Margarita?

”–¿De dónde sacas tú eso? –Margarita voltea hacia Felipe y le dice–: ¿cuándo me he quejado yo?

”Y abandona el local.”

”Ya en la transición de un gobierno a otro, me invitó a comer Juan Camilo Mouriño. Asistí a la cita con el doctor Enrique Navarro, secretario general de Fortalecimiento Interno de Ac-ción Nacional. El doctor Navarro formaba parte de mi equipo en la dirigencia del partido.

”Mouriño me dijo, sin esconder una sola palabra:”–Nos interesa la dirigencia del partido.”–¿A quiénes? –pregunté en el mismo tono.”–Al presidente, a nosotros, su equipo…”–¿A qué se refiere con eso de ‘nos interesa’?”Me explicó, claridoso:”–Queremos que el partido esté dirigido por una perso-

na de nuestra confianza y te proponemos que renuncies an-tes de la toma de posesión del presidente Calderón, el prime-ro de diciembre. Tú sabes que hay ciertas diferencias, no hay entendimiento ni mucha confianza. Lo más sano es que Felipe Calderón inicie su gestión con un presidente del partido de su confianza. Puedes irte como embajador a España.

”–Dile al presidente que no tienen de qué preocuparse. Yo les he mostrado el apoyo institucional y desde el partido ten-drán ese mismo apoyo en todo aquello que sea para bien del país. En lo que no estemos de acuerdo, pues lo platicamos. Ofrézcanme una embajada, si quieren, cuando yo termine mi periodo, pero no antes, no ahora.

”Recibí el primer ofrecimiento a través de Juan Camilo. A los pocos días vi a Calderón en su oficina. Le dije:

”–Estoy preocupado porque Juan Camilo me hizo un ofrecimiento e hizo explícito que era a nombre tuyo.

”–Mira, Manuel, entre tú y yo existe una relación co-mo la que se da en un matrimonio que ya no se entiende. Lo más saludable, llegado el caso, es el divorcio. Enton-ces, cada uno sigue su camino. Pero el partido tiene que mantenerse muy cerca del gobierno, plenamente coordi-nados los dos órganos.

”Calderón continuó, sobradamente enfático:”–Yo necesito un presidente diferente, con el que sí me

pueda entender, y tú y yo no nos entendemos, Manuel.”–No nos entendemos en asuntos que a veces no van

con la conducción democrática del partido ni con sus principios. En lo que sea para bien del país y honre la democracia del PAN, no vamos a tener problema algu-no, Felipe.

”–Yo necesito la dirigencia del partido y creo que va-le la pena que tomes en cuenta lo que te propuso Juan Camilo.

”–Juan Camilo me hablaba sobre la embajada de Es-

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Felipe y Margarita. Reclamos de esposa

harás cargo de la estrategia en la lucha contra el crimen organi-zado. Creo que como jefe de Estado tienes el deber de tratar por igual otros temas, como la educación, el rezago social, el creci-miento económico, la salud, y enfáticamente el de la seguridad.

” ’Por razones políticas, diplomáticas, sociales o coyuntu-rales, convendría que evitaras problemas que podrían sobre-venir en el futuro. Un día podría ser necesario que bajaras la intensidad de la guerra y si así lo decides podrías mostrarte débil frente a la opinión pública. En cambio, no te verás débil si le ordenas al general secretario de la Defensa o a la perso-na que hubieras designado para acometer la batida contra el narco que disminuyera su intensidad.’

”Deseaba verlo como jefe del Estado en plenitud.”–¿Cuál fue la respuesta del presidente a su planteamiento?–No me dijo nada.No se me ocurrió alguna pregunta pertinente, pero no ha-

cía falta. Espino prosiguió:“El presidente parece tener algún problema de audición.

En las ocasiones en que alguna persona le planteaba la revi-sión o la rectificación de su estrategia, solía responder: ‘Me están pidiendo dejar de combatir a los criminales, me propo-nen que cese en su persecución’.

”Hasta el día de hoy no he escuchado a un solo mexica-no que le pida dejar de combatir al crimen. Lo que sí he es-cuchado es la sugerencia de que revise la estrategia, pues és-ta ha sido fallida.”

–¿De qué manera se enteró usted del inicio de la batalla contra el narcotráfico?

–Leí la noticia en los periódicos y la vi por la televisión.

Estaba empeñado en conocer al Felipe Calderón de los años que antecedieron a la posición eminente que ocupa ahora. Recurrí a Alfonso Durazo, testigo en primera línea del asesi-nato de Luis Donaldo Colosio, como su secretario que fue, y autor de la carta pública que describió a Marta Sahagún co-mo un ser deleznable (5 de julio de 2004), lastimoso el desen-freno de su ambición personal.

La vida cotidiana había sido el punto de partida de nues-tra amistad. Con el tiempo llegamos a la confianza mutua. Me dijo que el día de la protesta de Colosio como candidato a la Presidencia, éste no permitió que Carlos Salinas de Gortari conociera con antelación su mensaje a la nación. Para lograr-lo, ordenó a Durazo que enviara el texto histórico simultá-neamente al Monumento a la Revolución –la tribuna de Co-losio– y a Los Pinos.

Para Salinas el momento debió de ha-ber sido terrible. Colosio, su hijo, así lo lla-maba Octavio Paz, sibilinamente hacía pú-blica su desconfianza al padre. No era para menos. Colosio habló contra el presidencia-lismo instaurado en el país. Fue categórico:

Sabemos que el origen de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder que da lu-gar a decisiones equivocadas, al mo-nopolio de iniciativas, a los abusos, a los excesos… Reformar el poder significa un presidencialismo suje-to estrictamente a los límites cons-titucionales de origen republicano y democrático.

Enseguida le propinó otro golpe a Salinas: “Yo veo un Méxi-co con hambre y sed de justicia, un México de gente agravia-da por las distorsiones que imponen a la ley quienes deberían servirla”.

Secretario particular y vocero del presidente Fox de 2000 a 2004, le pregunté a Durazo:

–¿Cómo era el Calderón que conoció usted, don Alfonso?Se detuvo un rato. Luego dijo:–Es coincidente la desmemoria de quienes lo tratamos

desde Los Pinos. Nadie recuerda un dato memorable de su paso por Banobras, la Secretaría de Energía y los distintos ga-binetes en que participó. Ni siquiera se recuerda su voz, algo digno de retener en la memoria, no obstante los álgidos te-mas del momento, como el desafuero de López Obrador. Se le recuerda más bien inactivo y silencioso. Llegaba, tomaba su lugar, distante siempre del presidente Fox, instalaba su compu tadora y empezaba a escribir, haciendo abstracción de la agenda que se desahogaba.

“Recuerdo con claridad un solo desencuentro.”A mediados de diciembre de 2003 recibí una llamada ur-

gente de Felipe Calderón, en ese entonces coordinador de la fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados. Deseaba saber si el presidente Fox asistiría a la cena de fin de año de los diputados panistas que se realizaría esa mis-ma noche.

”Le respondí que era la primera noticia que tenía sobre dicho evento y que en consecuencia no estaba en agenda.

”–Lo que pasa es que no le toma la llamada a mis colabo-radores –me reprochó Calderón con ánimo violento.

”–Mira –le dije–, aun cuando ése fuera el caso, que estoy seguro de que no lo es, no te permito el tono grosero.

”Un día cualquiera, después de una reunión informal que había tenido Fox con Calderón, me dijo el presidente:

”–Es un tipo muy pesado.”Pero no sólo eso. No es casual –agrega Durazo– que los

propios diputados que coordinó Felipe Calderón en la Cáma-ra Baja le hayan apodado el Erizo.”

Apenas hay espacio para los silencios en el encuentro con Durazo. Suelto, dice:

–La biografía política de Felipe Calderón lo ubica como un hombre desconfiado y arrogante que subordina su inteligencia a lo visceral y a lo inmediato. Contrario a la opinión pública de que es un hombre de “mecha corta”, siempre he tenido la im-presión de que no tiene mecha. Es un sujeto de temperamen-to primario, se conduce por impulsos, no por razonamientos.

–¿Incapacitado para el poder, don Alfonso?

–Ésa es, ahora, la más evidente de sus numerosas limitaciones. Así, el futuro del país quedaría atado a la capacidad de sus colaboradores. Pero los complejos de Cal-derón le impidieron rodearse del talento de otros. Su equipo cercano, íntimo, for-mado en la intriga, el cotilleo y el sensa-cionalismo político, ha vivido siempre inmerso en la política pequeña, en la polí-tica de pasillos y oídos… la ausencia abso-luta de grandeza.

Ya en la despedida, Alfonso Durazo se duele de sus propias palabras:

–Algo estamos haciendo mal en nues-tro país cuando un político intolerante, inexperto y explosivo se puede colar hasta la Presidencia de la República.Alfonso Durazo. Los complejos

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PRESIDENCIA

–Lamento algunos sucesos que se desencadenaron. Pien-so sobre todo en aquellos que tuvieron que ver con la candi-datura de Carlos para el gobierno del Distrito Federal. Carlos resultó electo por la convención nacional que votó abruma-doramente en su favor y 15 días después Calderón declaró: “Creo que nos hemos equivocado de candidato”.

Me limito a escuchar, detengo los ojos alternativamente en el rostro de Correa Mena y la grabadora, incesante:

“Ahí, en esa declaración, empezó el pesar de Carlos y el nuestro. A mí me sigue pareciendo insólito, por decir lo me-nos, que un presidente nacional emita semejante frase. Se trató de un error de kínder, elemental.”

–Corre la versión de que al equipo de campaña de Carlos Castillo Peraza, el Comité Ejecutivo Nacional del PAN lo de-jó sin dinero.

–No se trata de que le hubieran quitado el dinero, sino el control de los recursos más importantes, los que se invier-ten en medios de comunicación, en propaganda, en la ela-boración y difusión de los spots. Personalmente le reclamé a Calderón ese manejo, que me parecía equivocado. Le expre-sé que a nadie emocionaban los mensajes y señalé un con-traste: mientras la izquierda orientaba su campaña en torno a la candidatura de gobierno del Distrito Federal, el candida-to panista debía someterse a los criterios del PAN nacional.

–¿Hasta qué grado les afectó la declaración de Felipe Calderón?

–Si yo no la olvido, si todavía me duele, no me atrevo a imaginar lo que Castillo Peraza sentiría. Más aún, esos te-mas ni siquiera los tocábamos con él, conscientes todos de la hondura de su herida. Si así marchaban los asuntos en el or-den interno y si al exterior tu presidente te cuestiona y dice que no eres el candidato adecuado, de entrada te está dando un empujón, pero hacia un hoyo, no para adelante.

Hasta el fin de su vida, Carlos Castillo Peraza confió en Fran-cisco Barrio Terrazas. Sin conocer su eclipse en la embajada mexicana en Canadá, decía Castillo que le guardaba respe-to. Alguna vez le escuché: “Si Barrio asciende a la presidencia del PAN y toca el tam-tam, regreso al partido”.

Le pregunté a Espino si, en circunstancias parecidas u otras, estaría dispuesto a regresar a las huestes de su vida.

–No lo sé. Castillo Peraza decía que él tenía vocación de

político y no vocación de arqueólogo. Yo pienso igual y sé bien que a mí no me gusta reconstruir ruinas. Si se pre-sentara la oportunidad de regresar, que podría ocurrir dentro de dos años, a lo mejor ya sería demasiado tarde. Yo hice mi esfuerzo durante 33 años, y construí cuando me tocó construir.

“Ya en esta etapa de mi vida no quiero cambiar de pro-fesión ni de oficio. Seguiré siendo administrador y políti-co. Si en dos años existe la posibilidad de regresar al parti-do y participar en su reconstrucción, estaría dispuesto con el mejor ánimo. Pero lo que no haré será perder tiempo en quejas y lamentaciones.”

–¿Alguna vez usted fue llamado por el presidente Calderón para hablar acerca de la guerra contra el narco?

–Sí.–¿Antes de declararla?–Después. Felipe Calderón no es de los que consultan

antes de tomar decisiones. No es así. Es de los que piden opinión respecto a sus decisiones una vez que han sido implementadas.

“Calderón le declara la guerra al crimen organizado la primera quincena de diciembre de 2006. Así lo dijo, aun-que años después, ya padecidos sus estragos, quiso retrac-tarse afirmando que no era una guerra, aunque él la hubiera denominado de esa manera.

”En enero de 2007, siendo presidente de la Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA), hice una gira por Eu-ropa. Estuve en Madrid durante varios días. Ahí, en el periódi-co La Razón, me preguntaron mi opinión respecto a la declara-ción de guerra de Felipe Calderón contra los criminales. Dije lo mismo que había dicho antes en México y en otros países. Aseguré que me sentía orgulloso de tener un presidente vale-roso, resuelto, que había tomado la decisión de combatir con toda la fuerza del Estado a los criminales, y ejemplifiqué con una comparación: ‘No es el presidente de México como el de España, que aquí está negociando con los dirigentes de la ETA para dejar en libertad a algunos terroristas. Allá en México no se negocia con criminales, se les combate’. No dije más.

”A los 11 días llegó el presidente Calderón a Madrid y un reportero del periódico Reforma le dijo, malicioso: ‘Presiden-te, ¿ya se enteró usted de que Espino estuvo aquí y le dejó la víbora chillando, criticó la política de seguridad de Zapatero?’

”Cuando Calderón pronunció su discurso hizo una alu-sión a mi persona sin pronunciar mi nombre: ‘Yo no vengo aquí, como otros, a cuestionar la política de seguridad del presidente de este país, yo la respaldo, la avalo’.

”Busqué a César Nava, entonces secretario particular del presidente, le dije lo que yo había declarado en Madrid y que no era correcto que hubiera dejado correr una versión equivocada.

”El día que volvió Calderón a México lo vi en Los Pinos. De inmediato le hice la aclaración pertinente y me dijo que todo quedaba claro. Aproveché la oportunidad del encuentro y le comenté que había un suceso que me preocupaba. Hice hin-capié en la acción que había seguido a la lucha contra el nar-cotráfico. Así lo recuerdo:

“–Está bien que decidas la estrategia que quieras seguir –le dije a Calderón–. Eres el presidente de México. Es tu dere-cho. Pero deja que la implemente el secretario de la Defen-sa o el de Marina, el procurador General de la República o el secretario de Gobernación. Abre paso a tu gabinete de segu-ridad para que tome el asunto en sus manos y le declare la guerra a los narcos.

” ‘Me preocupa que seas tú y que te vistas de militar, más to-davía si envías una señal para subrayar que personalmente te

Arc

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Pro

ceso

Correa Mena. Resentimiento

La elección de la candidata presidencial del PAN fue su-

cia de principio a fin, tal como lo denunciaron y docu-

mentaron panistas de los equipos de campaña de los tres

precandidatos: espionaje, amenazas, agresiones, urnas

robadas o embarazadas, acarreos “majaderos”, compra

de votos... y sobre todo “traiciones”. Aun así, luego de los

berrinches y corajes los candidatos blanquiazules perde-

dores (Cordero y Creel) se disciplinan y cierran filas en

torno a la elegida Josefina Vázquez Mota, la candidata de

El Yunque y también –según Manuel Clouthier Carrillo–

de Felipe Calderón.

La elección interna del PAN exhibió no sólo los juegos de poder, desafíos a Calde-rón y traiciones, en particular de los gober-nadores y operadores identificados como militantes de la organización ultradere-chista El Yunque –cuyo nuevo jefe general, Guillermo Velasco Arzac, alias Jenofonte, es cercano amigo de Vázquez Mota–, sino el empleo extendido de mecanismos de de-fraudación electoral.

Los manejos sucios ocurrieron antes y durante la jornada, según los propios panistas de uno y otro equipo: Compra y coacción de votos con recursos públicos y privados; acarreo de electores afiliados corporativamente; entrega de dádivas, en-tre ellas miles de despensas a los afilia-dos pobres; robo de urnas y hasta balazos.

Pero la “operación” no le alcanzó a Cor-

dero: Identificado como el delfín de Calde-rón, por haber sido arropado no sólo por la estructura del gobierno federal sino por los familiares del mandatario –entre ellos Luisa María Calderón, Juan Ignacio Zava-la y Mariana Gómez del Campo–, dupli-có los votos que le atribuían las empresas encuestadoras pero no alcanzó a forzar si-quiera la segunda vuelta.

Éste era el escenario menos optimis-ta cuando, en diciembre, Francisco Conejo se hizo cargo de coordinar la campaña de Cordero, y aseguró al reportero que su mi-sión era remontar la desventaja, igual que su amigo Calderón lo hizo seis años antes ante Creel.

Cimbrado por la derrota, que allega-dos suyos atribuyen a traiciones, Conejo reconoce ahora que gobernadores y otros operadores electorales no cumplieron su palabra, pero es cauteloso. “Hubo quienes faltaron a sus compromisos pero también alguien tenía más capacidades de lo que en realidad demostró”.

–¿Hubo traición?–Yo no lo calificaría así. Hay resultados

que no se esperaban, pero no los llamaría traiciones.

El Yunque triunfador

Guanajuato es el emblema de la traición que, en voz baja, los corderistas aseguran que existió: El gobernador Juan Manuel Oliva, quien hizo ganar en las internas lo-cales a su candidato a sucederlo, Miguel Márquez Márquez, había ofrecido a Cor-dero arrasar, pero perdió dos a uno ante Vázquez Mota: 16 mil 500 contra 7 mil 700.

Y fue precisamente Guanajuato el es-tado con el que Vázquez Mota inauguró, el jueves 9, la gira de la unidad. En León, Oli-va le prometió 1 millón 200 mil votos pa-ra la elección presidencial y, en aparente

alusión a Cordero, se ufanó con un verso de la canción Camino de Guanajuato, de Jo-sé Alfredo Jiménez: “Aquí se apuesta la vi-da y se respeta al que gana”.

Otro dato: Carlos Medina Plascencia, amigo de Vázquez Mota y retirado de la política desde que fue derrotado por Ma-nuel Espino en sus aspiraciones de enca-bezar al blanquiazul, en marzo de 2005, emitió su público respaldo a Márquez Márquez, miembro de El Yunque y al que atribuye su desgracia.

En Jalisco ocurrió algo semejante: en las internas panistas locales, el goberna-dor Emilio González Márquez hizo triun-far a su secretario de Gobierno, Fernando Guzmán Pérez-Peláez, pero en esa entidad Cordero perdió tres a uno: Apenas 3 mil 900 por 12 mil 800 de Vázquez Mota.

Como los gobernadores de Guanajua-to y Jalisco, el de Morelos, Marco Antonio Adame, es otro prominente militante de El Yunque, pero él no se comprometió con Vázquez Mota o Codero, sino con los dos: Su esposa, Mayela Alemán, quien quiere ser senadora, respaldó a la primera, y su hijo Juan Pablo, al segundo.

Así, González Márquez y Oliva lograron hacer ganar a quienes desean que sean sus sucesores, mientras que Adame logró que su hijo sea diputado federal, como lo apro-bó el Comité Ejecutivo Nacional la noche del miércoles 8.

Hubo otros estados con los que Corde-ro apostaba a su triunfo: En Baja Califor-nia, el gobernador José Guadalupe Osuna, amigo de Calderón, le prometió la victo-ria, pero el exsecretario de Hacienda obtu-vo mil 900 votos, y la diputada con licen-cia, 6 mil 400.

En Coahuila –cuyo máximo líder pa-nista es el senador Guillermo Anaya, com-padre de Calderón–, la votación para Váz-quez Mota fue también contundente: 8

ELECCIONES 2012 / PAN

La tarde del domingo 5, antes aun de que cerraran los centros de vo-tación que instaló el Partido Ac-ción Nacional (PAN) en todo el país y cuando ya era irreversible la victoria de Josefina Vázquez Mota,

una palabra anidó en las cabezas de los ope-radores de Ernesto Cordero: “Traición”.

No había otra explicación a lo ocurri-do en varios estados estratégicos con los que contaba Cordero –Guanajuato, Jalisco, Baja California y el Distrito Federal– pa-ra vencer a Vázquez Mota en la primera vuelta, como el equipo de ésta temía aún la víspera de la jornada en la que el blan-quiazul eligió candidata presidencial.

La elección panista:

ÁLVARO DELGADO Las cifras ofrecidas a Cordero por los gobernadores Juan Manuel Oliva, Emi-lio González Márquez y José Guadalupe Osuna, así como por operadores como Mi-guel Ángel Yunes y Hernán Cortés Beru-men, eran completamente opuestas a la realidad.

Desde las 14:00 horas las cifras de las encuestas de salida eran rotundas: Váz-quez Mota tenía 53 puntos, Cordero 38 y Santiago Creel 9. Los mismos resultados los tenían uno y otro equipo.

El reportero consultó esos números con Maximiliano Cortázar, vocero de Cordero, hacia las 15:00 horas, pero él, como otros, enmudeció desde entonces. Lo que sí hu-bo fue cruce de llamadas entre los equipos.

Una de ellas fue la que Abraham Gon-zález Uyeda, operador de Cordero y de

Calderón en 2006, le hizo a Jorge Ramos Hernández, coordinador de la estrategia territorial de Vázquez Mota, para recono-cer la derrota de su jefe, que ya entonces estaba fuera de sí.

Cordero estaba encolerizado y recri-minó con palabras ásperas a varios de los operadores por no haber cumplido. Furio-so, se negaba a reconocer la victoria de Vázquez Mota, que pasadas las 19:00 ho-ras recibió la llamada de Felipe Calderón para felicitarla.

“Cordero no quiere salir a reconocer-la”, decía Alejandro Vázquez Cuevas, uno de los artífices del triunfo de Vázquez Mo-ta, a quien más tarde, en la sede del PAN, el exsecretario de Hacienda le levantó el brazo con un semblante que no era de tristeza, sino de rabia.

Oct

avio

Gó

mez

una historia de

traiciones

mil por apenas 2 mil para el exsecretario de Hacienda.

El expriista Miguel Ángel Yunes le pro-metió a Cordero arrasar en Veracruz, pe-ro sólo le consiguió 21 mil 700 votos, con-tra 28 mil 500 de Vázquez Mota, con 10 mil sufragios presuntamente fraudulentos en Tantoyuca, actualmente en litigio.

De los 32 estados Cordero sólo ganó en siete, entre ellos Puebla, donde tuvo el apoyo del gobernador Rafael Moreno Va-lle –aunque en la capital el alcalde yun-quista Eduardo Rivera Pérez hizo triunfar a Vázquez Mota–; Sonora, cuyo goberna-dor, Guillermo Padrés, cumplió su palabra de hacerlo ganar ahí y operó en otros 22 estados, y Nuevo León, aunque al alcalde de la capital, Fernando Larrazabal, casi lo iguala la votación de la legisladora.

En todos esos estados, sin embargo, hubo una inusitada movilización de mili-tantes –como se le denomina al acarreo de votantes, sobre todo los de condición hu-milde– y otras acciones que se han arrai-gado en las contiendas internas del PAN.

Josefina, la oficial

Este comportamiento fue justamente una de las razones por las que Manuel Clouthier Carrillo desistió de buscar la candidatura del PAN a senador por Sinaloa, luego de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón ante el veto del presidente de ese partido, Gustavo Madero.

“Parte de las razones para tomar esta decisión son las prácticas exageradas de compra y coacción del voto, que fue preci-samente contra las que luchábamos en el viejo régimen. Lo afirmo: Cuando el gobier-no se mete al partido, lo corrompe”, expo-ne en entrevista.

Declarado diputado federal indepen-diente, el hijo de Manuel Clouthier del Rin-

nuestros conocimientos de campaña y ese es el trabajo de él. Esa es la diferencia”, dijo Zavala a la reportera Claudia Herrera.

Solá, sin embargo, aparece en el equipo ganador de Vázquez Mota, al que se sumó después de que Javier Lozano declinó su aspiración presidencial, pe-ro, a diferencia de 2006, es ahora un ciu-dadano español naturalizado mexicano, gracias a las gestiones de Calderón.

En efecto, tal como lo publicó Proce-

so, en mayo de 2009, con el objetivo de evitar escándalos por participar en asun-tos mexicanos como extranjero, algo que prohíbe la Constitución, Solá se naturali-zó mexicano cuatro días después de que Calderón asumió el gobierno: el 4 de di-ciembre de 2006.

La reportera Jesusa Cervantes ob-tuvo un oficio, fechado el 5 de diciembre de 2006, que el subsecretario de Pobla-ción Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Lauro Ló-pez Sánchez, envió a César Nava Váz-quez, entonces secretario particular de Calderón.

En ese documento –con copia al se-cretario de Gobernación, Francisco Ra-mírez Acuña– le informa que el trámite concluyó de manera exitosa.

En el oficio se adjuntó la carta de na-turalización 0029065 con expediente de referencia ASI/5212/ESP1/0064553/06, en el que Solá manifiesta que nació el 14 de enero de 1972 en Terrassa, Barcelona, Reino de España, que su padre es Anto-nio Matías Solá Ortigosa y su madre Jo-sefina Reche Carricondo, y que su cón-yuge es Laura Gómez Padilla.

Ese mismo documento refiere que la carta se otorgó el 4 de diciembre de 2006, aunque fue un día después cuando se le notificó del trámite concluido al se-cretario particular de Calderón…

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2006. Calderón y sus asesores Morris y Solá

ELECCIONES 2012 / PAN

Alas 19 horas con 50 minutos del do-mingo 5, media hora después de que Felipe Calderón se comunicó telefóni-camente para felicitarla por su triunfo,

en la escalinata de la casa de campaña apa-reció, exultante, Josefina Vázquez Mota.

La flanqueaban Roberto Gil Zuarth, coordinador de su precampaña, y un perso-naje que hasta entonces no había aparecido públicamente: Antonio Solá Reche, el con-sultor político que, seis años antes, acom-pañó en esa misma casa de la colonia Del Valle a Calderón como ganador de la candi-datura, sólo que entonces era un descono-cido y no era todavía mexicano.

Solá Reche, con una sonrisa permanen-te, se colocó en la primera fila de los colabo-radores de Vázquez Mota, entre ellos Jorge Ramos Hernández, el coordinador de las re-des que movilizó la estructura para asegurar la victoria en la primera vuelta.

Y más tarde fue de los pocos acompa-ñantes de Vázquez Mota a la sede del CEN del PAN para la reunión privada que sostu-vieron ella y sus rivales, Ernesto Cordero y Santiago Creel, con Calderón, quien ya no participó en el festejo en el auditorio Manuel Gómez Morín, donde los josefinistas se re-godeaban de su triunfo.

Alto y barbado, sonriente y locuaz, So-lá Reche se movía entre los panistas con-gregados en el salón como lo hizo hace seis años y, como entonces, no tiene duda de que la candidata del Partido Acción Nacio-nal (PAN) ganará.

En una breve charla con Proceso, el es-pañol naturalizado mexicano asegura que, tras el proceso interno, Vázquez Mota se irá

Presente, Solá, el de la guerra suciaÁLVARO DELGADO

al alza en las encuestas, como cuando Cal-derón venció a Creel: “Ganaremos por lo menos por cinco puntos”.

Desdeñoso de las irregularidades en el proceso y la jornada electoral, en especial la entrega de despensas, Solá Reche só-lo piensa en que Vázquez Mota ganará: “La veo ganadora, sin lugar a dudas. Ahora hay que correr la campaña”.

–¿Va a recurrir, otra vez, a la estrategia de la guerra sucia?

–Las estrategias no se dicen. Eso se lo aprendí mucho a Calderón.

–No la descarta, entonces.–Las estrategias no se dicen. Simple-

mente se hacen.–Insisto: ¿va a recurrir a la guerra sucia?–Ya platicaremos. Solá Reche es uno de los colaboradores

más polémicos de Vázquez Mota, pero a él le debe las conexiones que al más alto nivel ha tejido ésta en España, en especial con el flamante jefe de gobierno, Mariano Rajoy, del derechista Partido Popular (PP).

Fue la única mexicana que, el domingo 20 de noviembre, felicitó personalmente a Rajoy por su triunfo en las elecciones de Es-paña, donde presentó su libro Nuestra opor-tunidad. Un México para todos, y se promo-vió en medios de ese país.

De hecho, en una entrevista con el dia-rio conservador El Mundo, publicada el 22 de noviembre, Vázquez Mota mostró su afi-nidad con el actual jefe de gobierno espa-ñol: “Me veo como Mariano Rajoy, pero en México”.

El símil es poco afortunado para Váz-quez Mota: Rajoy ganó el gobierno español

sólo hasta el tercer intento, y en el segundo, en las elecciones de 2008 ante Rodríguez Zapatero, el estratega fue Solá Reche.

Este consultor le hizo repetir al candida-to del PP frases como “Zapatero es un pe-ligro para la economía” o “Zapatero es un peligro para las familias”, el mismo mensaje catastrofista de “López Obrador es un peli-gro para México”.

El consultor español es el autor del lema de la campaña de Rajoy en 2008¸ “Con ca-beza y corazón”, una derivación de la frase “Mano dura, cabeza y corazón” que le reco-mendó usar al exgeneral Otto Pérez Molina en su campaña por la presidencia de Guate-mala, en 2007, que perdió en segunda vuelta.

Solá Reche volvió a ser asesor de Pérez Molina en la elección presidencial que ga-nó, el año pasado, ante Manuel Baldizón, a quien el exgeneral espetó: “Lo digo con mu-cho respeto, como el señor (Baldizón), un populista, un peligro para Guatemala. Eso lo digo a título personal”.

Viajero permanente por las asesorías que imparte a políticos de América Lati-na, sobre todo de derecha, Solá Reche está contento por estar en la campaña presiden-cial del PAN, aunque se queja de que se le asocie a las estrategias de guerra sucia.

“Tú me has hecho la fama”, le reclama al reportero, entre broma y en serio, pero ni en el equipo de Vázquez Mota goza de to-tal respeto, sobre todo porque fue quien le recomendó, en su primer discurso, lanzarse contra Enrique Peña Nieto.

Ni siquiera está aún definido su papel en el equipo de campaña de la candidata pre-sidencial del PAN, según el flamante coordi-nador de medios de comunicación, imagen y marketing político, Julio di Bella.

–¿Solá será un elemento clave en el equipo de campaña? –se le pregunta.

–No lo sé, es decisión de la candidata. Ella tendrá que definir. Mi responsabilidad es la coordinación de medios de comunica-ción, de imagen y marketing político, soy el coordinador general y a nosotros nos co-rresponde trazar las estrategias.

–¿Está pendiente definir cuál será la fun-ción de Solá?

–Tanto de él como de otros asesores ex-ternos que podemos llegar a considerar en su momento.

Hace apenas dos semanas, el 25 de enero, Juan Ignacio Zavala, coordinador de mensaje de Cordero, aseguró al diario La Jornada que Solá en realidad no fue el au-tor de la frase de “López Obrador, un peligro para México” en la campaña de 2006.

“Él se la apropió y se ha hecho un mito”, afirmó Zavala, quien dijo que la idea nació en el “cuarto de guerra” de su cuñado Cal-derón, en 2006, y se le encomendó a So-lá ejecutarla en los promocionales contra el candidato de izquierda.

“Él se apropió de eso. Quienes nos de-dicamos a la política no andamos vendiendo

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Gil Zuarth y Solá. El equipo

Sólo Sonora

cumplió con CorderoPara levantar a Ernesto Cordero en la elección interna

del PAN, Felipe Calderón recurrió a un equipo de opera-

dores electorales sonorenses ya probado –y denunciado

por sus irregularidades– en varios estados norteños. El

grupo, encabezado por el gobernador Guillermo Padrés,

se reunió el martes 7 en la Casa de Gobierno a celebrar

que Josefina Vázquez Mota, que será abanderada presi-

dencial panista, reconoció su eficacia y lo incorporó a su

campaña. Una grabación del acto revela que la “opera-

ción F-XXI” de Padrés consistió en hacer proselitismo y

gestionar apoyo desde puestos gubernamentales para el

candidato… que al final perdió.

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

El presidente Felipe Calderón y el dirigente nacional del PAN, Gus-tavo Madero, estuvieron detrás de una operación electoral para favorecer a Ernesto Cordero en la contienda interna para elegir

candidato a la Presidencia de la República.La maniobra fue orquestada en Sono-

ra, donde el gobernador Guillermo Padrés Elías ordenó el despliegue de operadores a 22 estados. El resultado fue, en palabras del propio Padrés, que Cordero creció de 6% de las preferencias en julio pasado a 38% de la votación en los comicios del domingo 5.

“Yo sé lo que costó… los resultados contundentes que retumbaron a la Ciu-dad de México, desde Baja California has-ta Yucatán. Yo sé lo que costó. No soy aje-no, y lo platicábamos en aquella reunión (el 3 de enero); no soy ajeno a lo que tuvi-mos que hacer para obtener ese resulta-do”, dijo el mandatario sonorense el mar-tes 7, reunido con su gente.

Alrededor de 250 operadores electo-rales, entre ellos alcaldes, diputados, fun-cionarios federales y estatales, e incluso la dirigencia del PAN en el estado, fueron convocados a esa reunión con el goberna-dor para explicar por qué le apostó a Er-nesto Cordero e informarles que, ya de-mostrada su capacidad de convocatoria electoral, la aspirante presidencial Josefi-na Vázquez Mota le pidió su apoyo.

La cita fue a las 6:30 de la tarde en la Casa de Gobierno de Sonora, ubicada en la colonia Pitic, la más exclusiva de Her-mosillo. Tras una espera de dos horas, el mandatario estatal y su equipo cercano salieron a comentar el “esfuerzo realiza-do” y a encomiar el liderazgo de Padrés, quien agradeció que hubieran resistido “la ola” de apoyo a Vázquez Mota:

“Yo lo sé. Sé que tuvo que haber mucho convencimiento, pedirles de favor apoyar y fortalecer (a los operadores sonorenses) un compromiso con nuestro presidente de la República y de partido. Fue difícil, pero en política y en la vida, la lealtad, el compro-miso y la palabra es (sic) sumamente impor-tante, y yo aquí les pedí de favor: ayúdenme a que Sonora cumpla su compromiso.

“Quiero decirles que el esfuerzo que ustedes hicieron nos llevaron (sic) mucho más allá… No se imaginan lo que se sien-te, y se los quiero transmitir, que nos ha-ya hablado la máxima autoridad y por mi conducto mandarles decir: gracias, ami-gos, por su esfuerzo, lealtad y compro-miso, por una misión cumplida. Se siente bien bonito podérselos decir.”

La reunión se celebró a puerta cerra-da, pero panistas asistentes proporciona-ron a Proceso la grabación de lo que ahí se dijo, como los pormenores de la operación electoral y la insistencia de Padrés en en-salzar su liderazgo:

“Quiero decirles también que ese lide-razgo (el del gobernador) y lo que hicimos vale mucho. Así como (la “máxima auto-ridad”) nos agradecieron lo que hicimos, inmediatamente nos comunicamos para felicitar a Josefina (…) Josefina me pidió que les diera el mensaje de agradecimien-to y me dijo: los necesito cerca, ayúdenme, formen parte de mi equipo.

“(Lo hizo) consciente del trabajo que se hizo aquí, pero también en los 22 esta-dos de la República… que no hicimos más que trabajar con orden, con estrategia, con lealtad, sudar la camiseta y pedir a los pa-nistas que sacaran la casta y defendieran los resultados, y que demostramos que de ocho puntos, ella me lo hacía ver y me lo reconocía, repuntamos a casi 40; que de las últimas encuestas que marcaban cuando mucho 16 puntos, la operación política y el trabajo que sabemos hacer nosotros, lo ca-tapultamos de 16 a 32%.”

Enseguida el gobernador sonorense anunció que ya se había puesto de acuer-

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Padrés. “Liderazgo”

ELECCIONES 2012 / PAN

cón, candidato presidencial del PAN en 1988, asegura que contra lo que la mayoría piensa, la verdadera candidata de Calderón fue siempre Vázquez Mota.

“Josefina siempre fue la candidata ofi-cial del presidente Calderón, siempre lo fue sin lugar a dudas, y eso lo vamos a ver. Así como se metió fuertemente al proceso interno (del PAN), lo vamos a ver no respe-tando el proceso constitucional”, advierte.

–¿Fue una simulación el apoyo de Cal-derón a Cordero?

–Fue una estrategia. Y le salió. Y ha de estar que no lo aguanta nadie de soberbio. Le salió todo bien.

–Cuesta trabajo entender que la candi-data siempre fue Josefina.

–Sigo sosteniendo esta posición. Ahí están los resultados. Y todo salió perfecto en el sentido de que ya hay unidad y todo.

Clouthier Carrillo se resiste a revelar la identidad del “grupo” que le ha hecho “una propuesta concreta que me entusiasma” para participar en las elecciones de julio, pero prefiere alertar sobre el choque polí-tico que se avecina.

“Va a ser una contienda bastante intere-sante: Vamos a ver, por un lado, al presiden-te metiéndose con todo para tratar de sacar a su delfín, y por otro lado vamos a ver en el PRI a los gobernadores metiéndose con todo tratando de sacar al suyo. Entonces vamos a ver una lucha de poderes: El poder federal contra los poderes estatales.”

Y agarra parejo en la lucha sin límites que anticipa: “Es un escenario donde las tres principales fuerzas políticas del país se animan a todo. Se animan el PAN, el PRI y el PRD a todo, a todo. No hay que descar-tar nada. Todo puede pasar”.

Cochinero impune

Aunque no es un fenómeno nuevo, en esta elección de candidato presidencial el PAN “se animó” a ejercer de manera extendida prácticas que prohíben el código de ética panista, la ley electoral y la Constitución, como acusaron los equipos de campaña de los tres contendientes.

Prácticas antidemocráticas y aun de-lincuenciales, como el espionaje, las ame-nazas a servidores públicos y la compra, coacción e inducción del voto con dinero en efectivo y despensas, fueron denunciadas ante la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), ante la Procuraduría General de la Re-pública y la Secretaría de la Función Pública.

De hecho, sólo el domingo 5, el equipo de defensa del voto de Vázquez Mota re-cibió en el número telefónico 01 800 más de 100 llamadas para denunciar prácticas de defraudación electoral, más de la mi-tad de las cuales eran relevantes.

Dos semanas antes de las elecciones, el 22 de enero, Jorge Manzanera Quinta-na, operador electoral de Calderón desde

los noventa y quien apoyó a Vázquez Mo-ta, denunció desde su cuenta de Twitter irregularidades para favorecer a Cordero y alertó a la CNE.

“Foco rojo Veracruz, rifa de refrigerado-res y electrodomésticos. ¿Existe la CNE?”, escribió y tres días después alertó: “En Huasteca, Hidalgo, 15,000 despensas listas. ¿Existe la CNE?”.

El mismo domingo de la elección, por ejemplo, en Puebla se presentaron casos en los que a los acarreados se les hacía entrega de despensas o una bolsa con “Frutsi, man-zana y torta”, lo que delataba que se reali-zaba acarreo a las urnas, como denunció el senador Humberto Aguilar Coronado, coor-dinador nacional de la campaña de Creel.

“Previo a los comicios, y ahora mismo, estamos viendo prácticas que nunca ha-bía visto en el PAN, que siempre las había considerado como los vicios del PRI, cosas que no corresponden con la forma de ex-presión democrática del PAN”, declaró.

El diputado local panista Julio Loren-zini, operador de Moreno Valle, fue acusa-do por el equipo josefinista de recibir dos tráileres de la Sedesol con despensas para comprar votos a favor de Cordero. Los deta-lles constan en un video incontrovertible.

En el municipio de Teopantlán tres su-jetos fueron detenidos por intentar robar una urna, que se les cayó cuando trataban de abordar un taxi.

El acto más grave, según el dirigente es-tatal del PAN en Puebla, Juan Carlos Mon-dragón, ocurrió en Ahuatlán, en la región mixteca: Presuntos simpatizantes de Cor-dero dispararon contra josefinistas que festejaban el triunfo, pero no hubo heridos ni muertos.

En Veracruz los equipos de Cordero, con la familia Yunes a la cabeza, y de Váz-quez Mota, con el apoyo de Julen Remen-tería y Alejandro Vázquez, se enfrentaron a punta de despensas y regalos.

Fue la diputada federal Gabriela Cuevas, del equipo de Cordero, la que inauguró el torneo de acusaciones a través de su cuenta de Twitter, antes de las 10:00 horas, con una supuesta urna embarazada en Teloloapan, Guerrero. “Aún no se abre la casilla y ya tie-ne votos. ¡Que se saquen todos esos votos falsos y sea el voto de la gente!”.

Y en otro mensaje acusó a Vázquez Mota: “¡Son los funcionarios de casilla los que están haciendo fraude en Teloloapan a favor de JVM!”.

Luego generalizó: “Las urnas las lle-naron desde ayer, la operación tamal ini-ció en la madrugada en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán”.

Tales denuncias de una prominente corderista desencadenaron una tormenta de denuncias en todo el país que no amai-naron durante el día, como la que hizo la diputada guanajuatense Elia Hernández, también corderista, quien aseguró que el

alcalde panista de Balancán, Tabasco, Mil-ton Lastra, dijo que presionaba para votar por Vázquez Mota.

El cruce de acusaciones llegó hasta el muy exclusivo barrio de Polanco de la Ciu-dad de México, en cuyo parque Uruguay se instaló el centro de votación de la delega-ción Miguel Hidalgo, una de las tres gober-nadas por el PAN.

Así como llegaban prominentes pa-nistas a votar, como Gustavo Madero, pre-sidente del partido, también lo hicieron multitudes de colonos de las zonas popu-lares a bordo de microbuses, en un festín de acarreos controlados con listas de ope-radores de Vázquez Mota y Cordero.

Ese centro de votación le correspondió al precandidato Creel, cuya esposa e hijo no pudieron emitir su voto porque no apa-recieron en la lista de electores. Lo mismo ocurrió en la muy panista delegación Benito Juárez, donde tiene su sede nacional el PAN.

“Lamentable el acarreo en la delega-ción Miguel Hidalgo, lo mismo en la BJ. Era de esperarse”, se dolió Carlos Gelista, ex-presidente del PAN en la capital, a quien secundó el exdiputado Jorge Triana: “Aca-rreo majadero”.

Pero todas estas conductas fraudulen-tas, incluidas las quejas que el equipo de cada precandidato presentó ante el órga-no electoral del PAN, quedarán impunes, porque ya se desistieron, según informó a Proceso Julio di Bella, coordinador de me-dios e imagen de Vázquez Mota.

“Habiendo candidato electo no tiene ningún sentido seguir peleando al interior y lo que la gente espera es que haya una acti-tud madura y propositiva”, explica, aunque aclara que se debe investigar si hay eviden-cias y atajarlo si se trata de sólo un rumor.

“Nosotros como equipo de Josefina que-remos ir adelante y continuar trabajando uniendo a todos los panistas que quieran participar en el nuevo proyecto, que se lla-ma ganar la Presidencia”, insiste.

–¿Borrón y cuenta nueva?–Sí, definitivamente sí.Francisco Conejo, coordinador de la

campaña de Cordero, piensa igual porque asegura que su equipo actuó limpio: “No-sotros no compramos despensas ni utiliza-mos la estructura gubernamental, federal o estatales, no lo hicimos como una estra-tegia o una instrucción del candidato o de la campaña”.

Tampoco dice saber si el equipo de Váz-quez Mota incurrió en prácticas antidemo-cráticas e ilegales, aunque dice que no ga-rantiza que algún operador lo haya hecho motu proprio. “Una vez que en una contien-da interna suena el silbatazo final, hay que preparase para el siguiente partido”.

–¿Borrón y cuenta nueva?–Yo creo que sí. Así debe ser. En una con-

tienda interna así sucede y lo importante es darle vuelta a la hoja y ver para adelante.

un asunto que Swanson y el propio Padrés abordaron: a todos los presentes les va a ir bien con empleos y candidaturas. E insistió:

“Muchos de los aquí presentes son go-bernantes y a veces esa situación nos pa-raliza, se nos olvida que dentro del mar-co legal vigente existe la plena posibilidad de que salgamos a defender nuestro lide-razgo por lo que creemos, que salgamos afuera, a la calle, a dar la cara por lo que la dábamos antes, que no estábamos donde estamos hoy.

“Y con más razón lo vamos a hacer ahora: por supuesto que la plataforma de todo esto es el buen ejercicio de gobier-no y quieren que lo ocultemos. ¡No, chin-gao! Vamos a ir a presumirlo, salgan a la calle, ejerzan su liderazgo en comunida-des y ámbitos de acción, no se detengan, la ley lo permite, no se dejen engañar, es una obligación. Y aquellos que son candi-datos, y que mañana van a ser gobierno, que tampoco se les olvide ese compromi-so que tenemos todos como mexicanos, sonorenses y panistas.”

El siguiente discurso fue de Espinoza, quien agradeció, entre otros, al dipu tado federal Enrique Torres, coordinador de la campaña de Cordero en Sonora; a Javier Dagnino, el responsable del Centro de Con-trol, Cómputo y Comando (C-4) de la Secre-

taría de Seguridad Pública estatal y primo de la esposa de Padrés, Iveth Dagnino.

“Muchas gracias también a una fuer-za que estuvo trabajando mucho y le di-mos una de las tareas más difíciles: gol-pear a la gente que estaba de aquel lado (el de Vázquez Mota): a Javier Dagnino, El Pipo. Gracias Javier, pónganse de pie, le-vanten la mano los que lo acompañaron de cerca”, pidió.

También pidió aplausos para los alcal-des, así como los diputados federales y lo-cales presentes en la reunión. Su lista se-guía y seguía:

“Hubo otra fuerza que nos acompañó. Luis Felipe Romero y la gente de Oportu-nidades –decía pidiendo aplausos–, tam-bién a la gente que nos apoyó de CreSer (inaudible) y a Celia López”... De acuerdo con su sitio electrónico, “CreSer es el pro-grama rector para el combate a la pobreza extrema” del gobierno estatal.

Tocó el turno a Padrés. “Ustedes saben que escoger al más fuerte, irse con la ola, es lo más sencillo del mundo, pero marcar el territorio y mandar este mensaje a todo el mapa… y en ese mensaje hay muchas cosas implícitas que hay que contar”, comenzó.

Para él, el resultado del domingo 5 de-jó claro que su equipo puede aportar mu-chos votos en procesos electorales como

el presidencial: “Demostramos que en So-nora lo que se tiene que hacer para con-tar con nuestro apoyo es platicarlo, bus-carnos, invitarnos, convencernos de que es por el objetivo y el bien superior, no el personal, colectivo, que nos va ir bien a to-dos y no nomás a unos cuantos”.

Su noción personal del “bien superior” se aclara cuando solicita el apoyo en bloque para Vázquez Mota: “Les quiero pedir de nuevo su lealtad, su compromiso, que ce-rremos filas, que mantengamos esa unidad que tenemos y nos ha dado tanto, para sa-car adelante lo mejor posible nuestros pro-cesos y que sigamos en la vía de los acuer-dos, que en esa vía a todos nos va a ir bien.

“Muchos de los aquí presentes tendrán duda: ¿qué sigue conmigo? Les aseguro que les va a ir bien y lo vamos a ir viendo uno por uno, porque de eso se trata: de cui-darnos los unos a los otros, de que a todos, no nomás a uno o dos o unos cuantos, les vaya bien, sino a todos.”

Y por si hubiera dudas Padrés enfati-za: “Les pido que cuidemos esa fortaleza y liderazgo, y que saquemos la casta, el va-lor y llevemos este mensaje. Así como les pedí apoyar a Cordero, quiero pedirles que me apoyen, que me sigan para lograr el sueño dorado del PAN y llevar a Josefina a la Presidencia de la República”.

ELECCIONES 2012 / PAN

do con Vázquez Mota, quien el miércoles 15 visitaría Sonora, donde le organizarían el acto de apoyo más grande que los pa-nistas hayan realizado en la entidad.

Operación F-XXI

En la reunión del martes 7, los colabora-dores del gobernador sonorense dieron cuenta de la operación F-XXI (Fuerza XXI), que han desplegado en varios estados pa-ra los comicios constitucionales.

La maniobra toma su nombre de la es-trategia creada por Padrés para las elec-ciones de julio de 2009, cuando obtuvo la gubernatura, y que consiste en la creación de una estructura en los 21 distritos de So-nora, donde operan directamente varios servidores públicos.

Ya han sido denunciadas varias F-XXI, aunque cambian de nombre según el nú-mero de distritos locales. Por ejemplo, en Sinaloa se llamó F-XXIV y sirvió de apoyo al hoy gobernador Mario López Valdez en 2010; en Baja California Sur, en 2011, se lla-mó F-XVI y fue fundamental en la elección de Marcos Covarrubias como gobernador.

F-XVI fue la misma clave que se utilizó en Coahuila, donde los sonorenses opera-ron en la elección de julio pasado, aunque no lograron la victoria. Sobre esos comi-cios Proceso dio a conocer en su número 1808 una conversación entre el coordina-dor de campaña del PAN, Luis Fernando Salazar, y el subsecretario de Hacienda sonorense, Gerardo Encinas Urquídez, en la que acordaron el envío de propaganda electoral de Sonora a Coahuila.

En la reunión del martes 7 en la Casa de Gobierno de Sonora, el dirigente estatal del PAN, Juan Valencia, mencionó que esos operadores habían participado en elec-ciones de otros estados, sin precisar cuá-les. No obstante, en Sinaloa, Baja California Sur y Coahuila se ha identificado en varios medios de comunicación a Adrián Espino-za Espinoza como el líder de operadores.

Entre los principales colaboradores de Espinoza están Lisseth López y Dalia Va-lencia, además del panista Héctor León Mendoza y el coordinador de Imagen del gobierno estatal, Javier Alcaraz (Columna Sobre Papel, 12 de febrero de 2011, en Her-mosillo, y Zócalo Saltillo, 1 de julio de 2011).

Adrián Espinoza, secretario general del PAN sonorense, fue quien más datos aportó sobre los F-XXI en la reunión del martes 7. Explicó que el gobernador lo ha-bía enviado a apoyar a Cordero.

“Ustedes saben que un servidor se fue a la Ciudad de México en julio, a petición, por supuesto, del gobernador del estado, para ser responsable en primer lugar de todo el tema central de Ernesto Cordero y de todo un grupo de compañeros sono-renses para el Distrito Federal.

“A nosotros nos pidió el gobernador que viniéramos a atender nuestro rancho, nuestro territorio acá en Sonora, pero se quedó al frente de esa coordinación a ni-vel nacional mi buen amigo Paco Bueno, y los chavos que estuvieron en 22 estados de la República”, dijo. Después aclaró que sólo había 18 operadores presentes, pues más de 100 estaban por regresar.

De acuerdo con el directorio oficial en línea, Francisco Bueno es director general de Bebidas Alcohólicas del gobierno esta-tal. Participó en la precampaña de Corde-ro desde agosto.

Espinoza continuó repartiendo agra-decimientos y destacó que la elección in-terna del PAN había demostrado la fuerza de su unidad:

“En Sonora todos ganamos en esta elec-ción, porque demostramos que cuando sa-bemos estar unidos y sabemos ser un gran bloque... ya lo decíamos aquí hace como un mes, el 3 de enero: somos una gran muralla y que no pasa nada por Sonora”, dijo en alu-sión al equipo de Vázquez Mota.

Finalmente arengó a los presentes con lo que llamó “un canto de guerra”, reto-mando la famosa expresión de La Pasiona-

ria en la Guerra Civil española, ante el ase-dio de Madrid:

“¡No pasarán!”, se desgañitaba Espi-noza sin que nadie lo siguiera, hasta que después de varios intentos logró que algu-nos presentes corearan. Y prosiguió: “No pasarán, somos un gran bloque, una gran muralla, y lo demostramos este domingo. Las próximas elecciones, les digo, hare-mos presidenta a Josefina Vázquez Mota”.

El estilo Sonora

Las intervenciones en la Casa de Gobier-no iniciaron con el jefe de la Oficina del Ejecutivo, John Swanson; siguió Juan Va-lencia, dirigente estatal del PAN; luego, el secretario de gobierno, Roberto Romero López, y finalmente Espinoza, quien hizo el preámbulo de Padrés.

Swanson hizo un recuento de notas en diarios nacionales que informaron del re-sultado obtenido por Cordero en Sonora, apoyado por el gobernador. De los siete es-tados que ganó Cordero, Sonora fue el ter-cero que más votos le aportó: 14 mil 790. Es decir que le ganó por 7 mil 379 a Váz-quez Mota, que obtuvo 7 mil 411.

En su turno, Juan Valencia también destacó la fuerza del equipo que opera fuera del estado y mantiene una relación permanente con el gobierno de Padrés:

“El partido está unido aquí en Sonora, no solamente con los panistas, está unido con su gobierno también, con su gobierno estatal y municipales, y así vamos a seguir porque es la única manera de seguir cose-chando frutos. Así unidos ganamos en lo que viene.”

Tocó el turno a Roberto Romero López, el secretario de Gobierno cuya voz fue ex-puesta en el portal de videos YouTube el 23 de enero cuando amenazó a emplea-dos gubernamentales con despedirlos si no apoyaban a Cordero. Aunque en decla-raciones posteriores trató de deslindarse, en esta ocasión bromeó al respecto:

“Ya pueden prender las grabadoras –inició Romero López, arrancando las car-cajadas de los panistas–. Yo no sé por qué Adrián (Espinoza, quien por lo visto fue el que organizó la reunión) me pidió que ha-blara de la relación, que contara la cercanía del gobierno en el partido… No sé por qué se te ocurrió, pero bueno: ¿quién soy yo pa-ra negarme?”. Más carcajadas.

Y se justificó: “A mí me deja muy cla-ro, esto que pasó, que es necesario tomar algunos riesgos para sacar las cosas ade-lante y que no debemos caer en la agen-da que nos quiera imponer el de enfrente, y que, para empezar, ya no son los de en-frente, son los de atrás”.

Romero subrayó que el PAN de su esta-do tiene “grandes valores”, como el agra-decimiento y la lealtad, y que es muy dife-rente al PAN nacional. De hecho, anticipó

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El precandidato. Apoyo insuficiente

Donata Robles López aparece en el pa-drón que en 2005 presentó la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros, AC (Fenpa), ante la Sedesol para tramitar, a través del dipu-tado panista José Luis Preciado, recursos del Programa de Vivienda Rural (PVR) que nunca llegaron.

Preciado no fue el único legislador tra-mitador; formaba parte de una camada de legisladores panistas de Sonora, Veracruz, Hidalgo, Oaxaca y Puebla que aprendieron a ordeñar los programas sociales.

Las reglas de operación de Vivienda Rural fueron modificadas justo un año an-tes de las elecciones de 2006, cuando Jo-sefina Vázquez Mota era titular de la Se-desol. Los cambios permitieron entregar recursos a las organizaciones campesinas que los legisladores de cualquier partido solicitaran.

A inicios de 2006 comenzaron a pu-blicarse pruebas contundentes según las cuales legisladores panistas habían crea-do empresas fachada –dirigidas por sus secretarias, choferes u operadores– para desviar el dinero del programa de vivien-da a sus campañas. Según el denunciante principal, Arnulfo Montes Cuen, titular de la Fenpa, esos recursos llegaron a la cam-paña del mismo Felipe Calderón, candida-to a la Presidencia de la República, cam-paña de la cual era coordinadora la propia Vázquez Mota.

Sin embargo, la denuncia penal 62/UEIDCSPCAJ/2006, presentada ante la PGR contra Vázquez Mota; contra su sucesora en la Sedesol, Ana Teresa Aranda; contra sus subalternos y un par de legisladores, fue desechada. La Fiscalía Especializa-da en Delitos Electorales tampoco con-sideró que hubiera delito en lo expuesto en los expedientes AP/FEPADE/048/2006 y 368/2006.

Al interior de la Sedesol tampoco pa-só nada. Y aun cuando la contraloría de la dependencia integró un expedien-te de seguimiento de responsabilidades (SI/035/06), no se aplicaron sanciones le-gales a ninguno de los involucrados.

Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación, al revisar la cuenta públi-ca de 2005, sólo encontró sancionables a dos agrupaciones campesinas que incum-plieron con los campesinos, pero exone-ró a los funcionarios que, aun cuando no cumplieron las reglas, les soltaron el di-nero. Algo más: el responsable del progra-ma en tiempos del fraude, Isaac Rojkind Orleans ky, actualmente trabaja en una di-rección de esa Auditoría.

Así se cerró la pinza del fraude más documentado que arrastra la virtual can-didata presidencial del PAN. El PVR fue considerado “la caja chica” de los panis-tas en campaña, aunque el fraude salpica a todos los partidos políticos.

Cola larga

La indígena Benita Sánchez Pérez era otra de las beneficiarias de vivienda en Quet-zaltepec. Su comunidad, de menos de 5 mil habitantes y considerada de altísima mar-ginación, cumplía con todas las condicio-nes para la recepción de apoyo. Según docu-mentos que conserva la reportera, debieron entregarle material para construir un cuar-to de 4x4 metros con techo de lámina.

Ante la Sedesol, la organización Hue-huetépetl Comunitaria documentó que a Benita le dieron 10 mil 791 pesos; en otro recibo se descubrió que pretendían darle sólo 5 mil 651 pesos.

Al igual que Benita, 5 mil 437 familias que habían tramitado paquetes de apoyo a través de Fenpa también fueron defrau-dadas. El monto de los recursos aproba-dos era de 50 millones de pesos, que fue-ron desviados a Huehuetépetl, integrada por el candidato a diputado panista Ben-jamín Chacón, quien fungió como enlace del diputado Preciado ante la Sedesol. En San Martín Texmelucan, Puebla, también hubo denuncias en su contra.

El fraude se descubrió a raíz de que Montes Cuen –representante legal de Fenpa y contratado por el PAN por ser un experto “tramitólogo” de programas para el PRI– presentó una acusación ante la Sede-sol por el despojo de 55 millones de pesos que debían haberle otorgado para vivien-das pero que, de última hora, se canaliza-ron a Huehuetépetl, una organización fan-tasma creada por los panistas.

Con oficios, copias de movimientos bancarios, fotografías y expedientes, el de-nunciante exhibió a un grupo de legislado-res federales y locales panistas de 17 es-tados  que se convirtieron en gestores  de recursos ante la Sedesol, dependencia que debió haber atendido 5 mil 437 solicitudes de casa. Incluso, comenta que días antes de que la secretaría abriera la competen-cia por los recursos para vivienda se creó Fenpa con el propósito de recibir el dinero.

Con cartas membretadas, Montes Cuen evidencia que los panistas Jorge Luis Precia-do Rodríguez y Armando Rangel Hernández mantenían un acuerdo con funcionarios de la Sedesol –entre ellos la propia Vázquez Mota– para que la institución atendiera las demandas de 35 diputados; incluso, dice, habían acordado un techo presupuestario.

De esto, según los documentos, esta-ba al tanto el entonces diputado José Gon-zález Morfín, coordinador del grupo parla-mentario del PAN, quien aparece incluso como uno de los destinatarios, así como funcionarios de Gobernación.

En una carta del 10 de noviembre de 2005, por ejemplo, Preciado solicitó al sub-secretario de Gobierno, Felipe González González, dar cumplimiento al acuerdo de Vázquez Mota con los legisladores pa-

ra “apoyar las poco más de 13 mil solicitu-des para el Programa de Vivienda Rural que se han hecho desde el año pasado a través de la Federación Nacional de Productores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros”.

Documentos similares fueron envia-dos a Rojkind Orleansky, director de Op-ciones Productivas, área encargada del programa.

Los panistas consultados señalaron que desviaron el dinero de Fenpa a Hue-huetépetl porque desconfiaron de Montes Cuen, quien al momento de que la Sede-sol liberó los recursos estaba encarcelado.

Montes Cuen, quien fue secretario téc-nico de la bancada del PAN, reveló enton-ces que en 2004 ese partido creó siete or-ganizaciones para que sus legisladores obtuvieran al menos 20 millones de pesos, en dos años, de los programas sociales de-dicados al campo y para allegarse votos. Lo hacían a través de la organización Plan-tar, la “CNC panista”, que tenía entre sus consejeros a los extitulares de la Sedesol, Agricultura, Reforma Agraria, Economía y Medio Ambiente, secretarías de las que obtenían recursos.

La mencionada central campesina servía de paraguas al Organismo de Pro-ductores Agropecuarios, Ganaderos y Acuícola Nacional (OPAGAN); la Asocia-ción Nacional de Productores Agropecua-rios (ANPAC); al Consejo de Productores Cañeros en Acción Rural (CPCAR), y a Uni-moss, entre otros.

OPAGAN y ANPAC, por ejemplo, eran li-derados por el diputado Javier Castelo Pa-rada; Unimoss, por el exfuncionario Javier López Macías, y el diputado panista Diego Palmero Andrade operaba a través del Con-sejo de Productores Cañeros en Acción Ru-ral (CPCAR), por mencionar algunos.

El documento interno denominado Programa de Capacitación en Programas Fede-rales del Consejo de Política Agropecuaria del Grupo Parlamentario del PAN, cuya copia ob-tuvo la reportera, indica que la estrategia electoral de 2006 comenzaría a partir de la creación de organizaciones que trami-taran recursos de programas federales pa-ra distribuirlos entre los beneficiarios que les redituaran en votos.

La meta era crear 10 organismos de la sociedad civil por cada oficina de enla-ce legislativo; “tener acceso a los padro-nes nacionales de Abasto Social de Leche, Abasto Rural, Adultos Mayores y Oportu-nidades” de la Sedesol, y crear una base de datos de funcionarios involucrados en la en-trega de apoyos y hacer acuerdos con ellos.

El documento mencionaba la necesi-dad de aprender a gestionar recursos de los programas sociales de mayor impacto e integrar a los campesinos a organizacio-nes identificadas con Acción Nacional para crear contrapesos al PRI y al PRD en el sec-tor agropecuario y rural.

ELECCIONES 2012 / PAN

En 2006, cuando Josefina Vázquez Mota estuvo al fren-

te de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se

cometió un millonario fraude con los fondos del Pro-

grama de Vivienda Rural, que beneficiaría a cerca de 5

mil 500 familias. Los partidos crearon al vapor organi-

zaciones fantasma y apuntaron a los presuntos benefi-

ciarios, pero lo cierto es que los recursos se destinaron

a las campañas electorales de ese año, incluyendo la

de Felipe Calderón. Y aun cuando diversas autoridades

detectaron las anomalías, que implicaban a la hoy vir-

tual candidata del PAN a la Presidencia de la República,

las indagatorias jamás prosperaron.

MARCELA TURATI

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fraudulenta de Josefina

en Sedesol“D

ijo el señor que vino hace cinco años que habrá que esperar a que nos den la casa porque dijeron que lo habían robado; quién sabe quién lo robó, pero aquí se-

guimos esperando”, explica, desde la ca-seta telefónica de su pueblo, el campesino mixe Fidel Rojas, sostén de una de las mi-les de familias damnificadas por el fraude del Programa de Vivienda Rural, de la Se-cretaría de Desarrollo Social, en 2005.

El programa, en vez de beneficiar a los sin techo más pobres, fue canalizado ha-cia las campañas políticas de 2006.

“Apenas construimos. La casa que te-nemos la hice con mis propias manos. Construimos así, a poquito, trabajando en el cafetal y de chalanes”, explica Fidel. En la línea apenas se distingue su voz. Atrás se escucha la discusión, en mixe, que sos-tienen los funcionarios municipales de Ix-huatlán de Madero sobre la faena comu-nitaria del día siguiente en los cafetales.

Fidel y su esposa Donata trabajaron seis años para construir el cuarto de ado-be donde viven con sus dos hijas, lo que les permitió deshacinarse de la casa del suegro. Fantasean con que algún día vol-verá el señor que les prometió una casa de material, de esas con cemento colado, gra-va y tabiques.

La huella

Con Tamez Guerra y Fox

Enemigas públicas

De acuerdo con Sergio Espinal, primer se-cretario nacional de la Coordinadora Na-cional de Trabajadores de la Educación, la primera diferencia entre las dos ocurrió en 2008, cuando Josefina firmó el ACE y es-talló el conflicto magisterial en Morelos, que habría de extenderse a Puebla, Mi-choacán, Quintana Roo y otros estados, movilizando a cerca de 400 mil trabajado-res de la educación.

Otro hecho que contribuyó a sus dis-crepancias, dice el dirigente magisterial, fue que mientras Vázquez Mota asume el ACE como se lo dicta la OCDE, bajo el supuesto de mejorar la calidad educativa, Elba Esther lo toma como su bandera para hacerse alia-da de Calderón.

“Pero también como un instrumento pa-ra reclamar los recursos millonarios de pro-gramas como Enciclomedia y Habilidades Digitales”, asegura Espinal.

Para el primer programa el gobierno fe-deral ha entregado de 2004 a la fecha más de 30 mil millones de pesos, pero la Audito-ria Superior de la Federación ha hecho ob-servaciones de irregularidades por más de 11 mil 333 millones. Al programa de Habili-dades Digitales, creación del gobierno cal-deronista, de 2009 a la fecha se le han desti-nado más de 5 mil millones de pesos.

Otro punto de discordia, comenta el maestro, se dio en la Cámara de Diputados porque mientras Vázquez Mota era la coor-dinadora del PAN, Elba Esther Gordillo a tra-vés de su partido, el Panal, aparecía como la principal promotora de las iniciativas del go-bierno y le ganaba la jugada.

Un elemento más de conflicto entre Jo-sefina y Elba Esther, añade, se relaciona con la supeditación de los secretarios de Edu-cación de los estados hacia la líder: “Era evidente que cada vez que se convocaba a

reu niones de autoridades educativas de los estados, el yerno de la maestra, Fernando González, como subsecretario de Educa-ción Básica era el encargado de transmitir las órdenes”.

–Es una larga historia de desencuentros…–Sí, han sido muchos. De hecho mucha

gente considera que a la hora de nombrar a Alonso Lujambio al frente de la SEP, lo que se hace es concederle a Elba Esther la de-cisión de cambiar de secretario, poniendo a uno más a modo y manipulable por ella.

Nuevos pactos

El 23 de marzo de 2011 Vázquez Mota se reu nió con estudiantes de la Universidad Iberoamericana. Uno de los jóvenes le pre-guntó cuál había sido su momento político más difícil y la panista no tardó mucho en responder: los roces con Elba Esther Gordi-llo en la SEP.

Tampoco dudó cuando otro estudiante le preguntó qué haría con la maestra si lle-gase a la Presidencia de la República. “Qui-tarle el poder”, dijo, para lo cual se requiere valor. “Créanme, yo sé por qué se los digo; se requiere valor y estar muy bien acompa-ñado”, enfatizó.

El pasado 26 de enero, todavía como precandidata presidencial, Vázquez Mo-ta descartó cualquier tipo de alianza con Gordillo, quien semanas antes había roto el acuerdo con el PRI de ir juntos a la contien-da electoral de julio próximo.

“Si yo llegara a realizar alianzas una vez que gane la contienda interna del PAN, sería con los maestros y no con sus líderes”, acla-ró en su gira por Reynosa.

Sin embargo, para Artemio Ortiz cuan-do el poder está de por medio no se puede descartar que las enemigas lleguen a nue-vos acuerdos y se olviden del pasado.

“Hay un viejo dicho: ‘Pelea entre muje-

da tanda de recursos por 50 millones de pesos se entregaron a agrupaciones que no habían reportado avances.

La Auditoría investigó sólo a dos or-ganizaciones: la panista Huehuetépetl y la priista Consejo Nacional de Empresas Campesinas (CNE), representada por Héc-tor Ortega de la Cruz, quien hoy es funcio-nario de la CNC. Comprobó también que no entregaron 707 mil pesos destinados a la compra de materiales; que no acredita-ron las transferencias bancarias y pagos a través de cheques por 18.4 millones de pe-sos, y que no se localizaron recibos de en-trega de paquetes de materiales por 3.8 mi-llones. En resumen, Huehuetépetl y la CNC eran un cochinero.

La Contraloría Interna de la Sedesol es-tableció responsabilidades por malos ma-nejos únicamente a la Unión General de

Obreros y Campesinos de México “Jacin-to López”, representada por José Luis Gon-zález Aguilera, miembro del Consejo Agra-rio Permanente. Sin embargo, nadie pisó la cárcel. Hoy, el director del programa, Roj-kind Orleansky, trabaja como director de área y auditor especial de desempeño.

El escándalo estalló en 2006, cuando Vázquez Mota ya había saltado a la cam-paña de Calderón. Para tapar habladurías, la Sedesol modificó otra vez las reglas del programa, con lo que cerró la llave a las organizaciones campesinas y abrió la puerta a organizaciones civiles y empre-sas privadas para que se encargaran de la construcción de viviendas para las comu-nidades más pobres.

Lo cierto es que Fidel, Donata, Benita y miles de campesinos más siguen espe-rando casa…

res, pelea para siempre’. Pero cuando es-tá de por medio el interés por el poder pre-sidencial y los negocios que pueden hacer las dos, pueden ponerse de acuerdo”, indi-ca el maestro, actual secretario general del Comité Ejecutivo Nacional Democrático del SNTE, que agrupa a profesores de 23 sec-ciones de 22 estados.

–¿No descarta que hagan una alianza?–No es descartable porque ya se dio la

ruptura entre Gordillo y Enrique Peña Nieto. La única opción que tiene para sobrevivir es hacerse socia de Josefina y apostarle nue-vamente al fraude electoral, como lo vimos en 2006.

–Pero las condiciones no son las mismas.–No son las mismas pero lo que sí pue-

den hacer Elba Esther y su equipo de ma-paches es trabajar a favor del fraude electo-ral para el PAN. Para ello tiene un equipo de más de 100 mil operadores electorales que se pueden desplegar en todos los estados.

Explica que este grupo “puede operar de muchas formas, no sólo a través del voto directo, de la compra o el acarreo en zonas marginadas”, precisa.

Espinal tampoco descarta que la maes-tra y la candidata presidencial del PAN pue-dan aliarse, aunque esto no se haga público y el Panal registre a alguien más como can-didato o candidata.

ELECCIONES 2012 / PAN

En la estrategia del PAN en San Lázaro se menciona la aplicación “inmediata” del Programa de Vivienda Rural, Liconsa, Di-consa y Adultos Mayores, y la necesidad de “diseñar cientos de microproyectos con el padrón de Oportunidades”.

El proyecto fue concebido, según el do-cumento, para “eventualmente tener un beneficio político a favor del partido en cada uno de los municipios y distritos en todo el país”.

Salpicadera común

Cuestionados en su momento en torno a este escándalo, los panistas señalaron que no tenía nada de malo tramitar recursos para los más pobres, y se justificaron: eso –aseguraron– lo hacen todos los partidos.

En 2005, cuando la reportera pidió una

explicación sobre el particular, la Sedesol entregó un documento interno que reve-la que los 438 millones de pesos de Vivien-da Rural de ese año fueron repartidos entre 58 organizaciones campesinas “presumible-mente” vinculadas al PAN, PRI, PRD, PAS y PT.

En la relación consta que las 15 agru-paciones vinculadas con el PRI fueron las más beneficiadas (41%), seguidas por 12 del PRD (28%) y por las siete panistas (18%); el PT obtuvo 6% de los recursos, el PAS 2.4% y el restante 3.3% se dividió entre 10 grupos sin filiación partidista.

El tramitador más mencionado en el documento fue el petista José Narro, quien hizo gestiones a través de 11 organizacio-nes, y el líder campesino priista Heladio Ramírez, entonces al frente de la Confede-ración Nacional Campesina (CNC).

En la lista también se mencionaba a

los senadores Gerardo Buganza, del PAN; Marcos Cruz, Víctor Suárez y Alfonso Ra-mírez Cuéllar, del PRD, y a Julián Orozco, del PRI, así como al líder agrario Rafael Ga-lindo Jaime. De manera extraña, los nom-bres de los diputados Trejo y Tirado fueron omitidos. Los únicos fiscalizados y denun-ciados penalmente fueron los panistas, por sus lazos con el partido en el poder.

En la revisión de la Cuenta Pública 2005, la Auditoría Superior de la Federación exo-neró a la Sedesol, aun cuando estableció que la Dirección General de Opciones Producti-vas otorgó recursos a una asociación civil por 9.4 millones de pesos que los desvió.

Asimismo, 15 organizaciones no ha-bían comprobado el destino de 42.6 millo-nes de pesos; nueve más habían incumpli-do la regla que les exigía abrir una cuenta bancaria para esos recursos, y una segun-

L as dos son mujeres poderosas y vi-ven de la política. En 2006 formaron parte del equipo de Felipe Calderón y desde sus trincheras lo ayudaron a

llegar a Los Pinos. Seis años después Jo-sefina Vázquez Mota y Elba Esther Gor-dillo no pueden ni verse pero, de acuerdo con dirigentes magisteriales, podrían ha-cer a un lado sus diferencias para formar una alianza. Para una se trata de un asun-to de sobrevivencia; para la otra signifi-ca ganar la Presidencia el próximo julio.

La historia de los desencuentros entre ambas es larga y pública. Algunos maes-tros consideran que sus enfrentamientos se deben al favoritismo de Calderón hacia la profesora, a quien desde el comienzo de su gobierno le otorgó posiciones privilegia-das. La preferencia del presidente hacia la lideresa se manifestó en 2008, cuando se negoció la aplicación del Acuerdo para la Calidad de la Educación (ACE).

“Al principio todos esperaban que fue-ran grandes amigas, porque ambas parti-ciparon en el triunfo de Calderón. Se supo-nía que si Josefina venía de la coordinación de la campaña y Elba Esther había ayudado con la mapachería electoral se iban a enten-der bien. Sin embargo ya estando ambas en el tema educativo, una como secretaria de Educación y la otra como representante sin-dical, se vio un fuerte desencuentro que se fue mostrando en varios momentos”, plan-tea Sergio Espinal, exdirigente de la sección 18 del SNTE en Michoacán.

La mañana del 20 de agosto de 2007, durante la inauguración del ciclo esco-lar, Gordillo explotó cuando la prensa re-unida en el patio de la primaria República de Costa Rica le preguntó acerca de los problemas que tenía con la secretaria de Educación.

“¡Yo no tengo que hacer las paces con nadie! ¡No tengo guerra contra nadie!”, di-

La alianza del odio

jo Gordillo al tiempo que Josefina llegaba a la escuela.

Los maestros michoacanos de la sec-ción 18 del SNTE Artemio Ortiz y Sergio Es-pinal, protagonistas de la rebelión magiste-rial de 2008 contra el ACE, recuerdan que el trato de Gordillo hacia Vázquez Mota era despótico y de menosprecio.

En entrevista con Proceso aseguran que era tal la animadversión de Gordillo que, aprovechando las movilizaciones de los maestros contra la ACE, presionó a Calderón para que destituyera a Vázquez Mota de la SEP y pusiera en su lugar a Alonso Lujambio.

“La impresión que se me quedó –dice Or-tiz– fue que Josefina era una persona débil frente a Elba Esther y sumisa ante Felipe Cal-derón; se sentía desdeñada por el trato di-ferenciado que les daba el presidente, quien tenía predilección por la maestra, por lo que ella significó en el proceso electoral de 2006, en especial como artífice del fraude electoral.

“Daba la impresión de que para Calde-rón fue más la aportación de Elba que la de Josefina, a pesar de que era su amiga y for-mó parte de la campaña. Incluso como se-cretaria de Desarrollo Social operó para comprar votos a favor de Calderón. Había un trato diferenciado.”

–¿Cómo era el trato entre Elba Esther y Josefina? –se le pregunta.

–Se veía que Josefina le tenía mucho te-mor a Elba Esther, quien tenía un control y un poder que ahora ya no tiene. Es un poder que viene desde la Presidencia con Salinas, Zedillo, Fox y Calderón, y que la ha converti-do en una déspota. Eso es lo que se veía en su trato hacia Josefina.

–¿No le tenía consideraciones a la secretaria?

–Elba Esther se refería a ella con pala-bras altisonantes porque no le gustaba có-mo llevaba las riendas de la SEP y no res-pondía a las expectativas de saqueo.

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JOSÉ GIL OLMOS

Calderón. Favoritismo hacia Gordillo

NARCOTRÁFICO

do por la DEA: El Chapo Guzmán. Según la agencia estadunidense existe un plan de acción para ubicar su paradero, aunque lo que llama notablemente la atención es que mientras más se le persigue, mayor es el crecimiento de su cártel.

Para la DEA, el de Sinaloa es el cártel más poderoso no sólo de México sino del mundo, en tanto que para la PF y la SSP la organización de Los Zetas es la que más territorio domina en el país.

Alianzas

La disputa territorial de los cárteles –y el in-cremento imparable de la violencia– no es el único problema que enfrenta el gobierno calderonista en su último año. Otro elemen-to que pone en entredicho la efectividad de la estrategia gubernamental de seguridad es que los cárteles han podido sellar alian-zas estratégicas aun en medio del combate que las autoridades libran contra ellos.

No es todo: también han logrado ex-tenderse más allá del territorio nacional, particularmente a Colombia, Perú, Costa Rica, Venezuela y Panamá, entre otros paí-ses, donde han tendido sus redes crimina-les para garantizar el suministro de dro-gas y para lavar sus ganancias.

En cuanto a las llamadas narcoalian-zas, el más reciente informe de la consul-tora estadunidense Stratfor establece que otros seis cárteles se han aliado a los gru-pos que actualmente dominan el mercado de las drogas en México.

Pese a la guerra contra el narco desatada por el gobierno calderonista, los

cárteles de la droga gozan de cabal salud. Un mapa de la criminalidad ela-

borado por la Policía Federal muestra cómo las organizaciones delictivas

se reorganizan y establecen nuevas alianzas. En ese contexto son preocu-

pantes las insólitas declaraciones del titular de la Sedena, quien reconoció

–después de cinco años de guerra y alrededor de 50 mil muertos– que “el

crimen organizado ya puso en grave riesgo la seguridad interna del país”.

Los cárteles,vivos y fortalecidos

Los Zetas están presentes en Cam-peche, Chiapas, Coahuila, Colima, Chi-huahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Po-tosí, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Vera-cruz, Yucatán y Zacatecas.

El Cártel de Sinaloa –que agrupa a tres organizaciones más: La Resistencia, el Cártel Guadalajara Nueva Generación y Los Matazetas– ocupa el segundo lugar en cuanto a dominio territorial. Está pre-sente en Aguascalientes, Baja California, Chihua hua, Coahuila, Chiapas, Colima, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nue-vo León, Oaxaca, Querétaro, Sonora, Sina-loa y Quintana Roo.

La Familia Michoacana –quizás el cár-tel que más ha crecido de 2005 a la fe-cha y que el gobierno federal ha decla-rado extinguido en dos ocasiones– está más que viva, de acuerdo con el diagnós-tico de la SSP. Con amplias redes de sica-rios y testaferros controla Chiapas, Baja California, Estado de México, Guanajuato, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Que-rétaro y Tamaulipas.

El Cártel de Juárez, uno de los más viejos del país y cuya fundación se remonta a los setenta –lo fundó Pablo Acosta Villarreal en Ojinaga, Chihuahua– tampoco ha sido mer-mado a pesar de la guerra que enfrenta con el Cártel de Sinaloa, el Ejército y la Marina. Bajo el liderazgo de El Viceroy, quien suele pasearse a la luz del día por la Comarca La-

gunera, también opera en Chiapas, Chihua-hua, Durango, Jalisco, Coahuila, Quintana Roo, Oaxaca y Zacatecas.

El crecimiento de estas organizaciones criminales ha sido vertiginoso, a pesar de que cientos de sus operadores han caído prisioneros o muertos en enfrentamien-tos con el Ejército, la Marina o grupos riva-les. Pese a ello, su capacidad de reemplazar a sus piezas “es sorprendente”, de acuerdo con el informe de la SSP, pues logran repo-sicionarse rápidamente.

En esta dinámica sobresalen Los Zetas y el Cártel de Sinaloa. Creados en 1997 con desertores del Ejército, Los Zetas comen-zaron a operar como escudo protector del capo Osiel Cárdenas. En 2009 la DEA los reconoció como un cártel bien organiza-do, violento y uno de los que mejor diver-sificó sus tareas criminales. La SSP estima que desde su fundación y a la fecha es-te grupo ha perdido a unos mil 600 miem-bros, pero se mantiene actualmente como el más numeroso en el país.

Por su parte el Cártel de Sinaloa ha re-cibido fuertes golpes en su estructura. El gobierno ha festinado la caída de varios de sus operadores y cerebros financieros tanto en México como en Sudamérica. Pe-se a ello la organización domina el trasie-go de droga desde Colombia, Perú y Vene-zuela hacia México y Estados Unidos.

En medio de la guerra contra el crimen organizado y en particular el narcotráfi-co, su expresión más violenta, sobresale la búsqueda del personaje más publicita-

RICARDO RAVELO

Los cárteles de la droga siguen ejerciendo su dominio en todo el país pese a la guerra emprendida por Felipe Calderón para desar-ticularlos y no obstante que la presencia militar y policiaca se

ha multiplicado.A poco más de cinco años de que el

Ejecutivo federal ordenó la militarización del país, la redes criminales de cinco cár-teles –Los Zetas, La Familia Michoacana y los de Sinaloa, Juárez y el Golfo– ya domi-nan más de la mitad del territorio nacio-nal. Tal expansión se ha dado pese a las bajas que esas organizaciones han sufrido por detenciones o muertes de sus líderes.

Un mapa delictivo elaborado por la Di-visión de Inteligencia e Investigación de la Policía Federal (PF), así como un análisis de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal y de la consultora estaduniden-se Stratfor dan cuenta de un reacomodo de cárteles en el último año. Ahí sobresa-le el creciente dominio de Los Zetas en 21 entidades, seguido por el Cártel de Sina-loa, afincado en 19 estados, algunos de los cuales viven baños de sangre por la pug-na territorial entre ambas organizaciones.

Según el análisis de la SSP, ambas orga-nizaciones “cuentan con apoyo político y policiaco” que les permite ejercer controles en la vida pública y comercial de regiones y municipios.

El segundo bloque de cárteles lo forman La Familia Michoacana –que controla 10 es-tados–, el de Juárez –encabezado por Vicen-

te Carrillo Fuentes, El Viceroy, y que domina 19 entidades– y el del Golfo, que tiene fuerte presencia en cinco estados más.

El mapa criminal elaborado por la PF muestra las zonas de mayor conflicto, co-mo los estados de Veracruz, Durango y Gue-rrero, donde tienen fuerte presencia hasta tres cárteles. De ahí se derivan los enfrenta-mientos por el control no sólo de las plazas y el trasiego de drogas, sino de las operacio-nes paralelas al narcotráfico: extorsiones, secuestros y el cobro de piso a los dueños de restaurantes, bares, prostíbulos y centros de apuestas.

El informe sostiene que Los Zetas –que apenas hace tres años alcanzaron el ran-go de cártel– dominan más estados que el Cártel de Sinaloa, aunque la organización encabezada por Joaquín El Chapo Guzmán es la que más ha crecido fuera de Méxi-co: su presencia se extiende a 52 países y su jefe es considerado por la agencia anti-drogas estadunidense (DEA) como el capo con más poder en el planeta.

En la información sobre el reparto te-rritorial –que Proceso pudo conocer– se indica que el narcotráfico ya ejerce un do-minio absoluto en todo el país y no hay ningún territorio libre de la presencia de sus células, que ocasionan violencia e inestabilidad social.

Los datos coinciden con las declara-ciones del jueves 9 hechas por el secre-tario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván Galván, en el 99 aniversario de la Marcha de la Lealtad, al afirmar que en

muchas latitudes del país el espacio de la seguridad está totalmente rebasado por el crimen organizado, cuyas redes mantie-nen bajo control a algunas instituciones del Estado y han colocado en grave riesgo la seguridad interna del país.

En el informe de la PF también se ob-serva que hay entidades como Nuevo León, Michoacán, Veracruz, Campeche y Quinta-na Roo –por citar sólo algunas– donde ope-ran hasta tres cárteles con la protección de las corporaciones policiacas y las autorida-des municipales y estatales, lo que ha ge-nerado altos niveles de violencia debido a las luchas de poder.

Geografía criminal

El mapa criminal detallado por la PF y los datos de la SSP detallan la manera en que se extienden las redes de los cárteles en la geografía nacional. También identifican a los grupos que ejercen mayor dominio en las entidades consideradas clave pa-ra el trasiego nacional e internacional de drogas: destacan Chihuahua, Michoacán, Chiapas y Yucatán.

De igual forma queda claro en la infor-mación de la SSP que las muertes y deten-ciones de narcotraficantes y sicarios no han sido suficientes –por más que el go-bierno pregone lo contrario en cientos de spots publicitarios– para detener el creci-miento de los cárteles en todo el país.

Estos son los datos duros del informe gubernamental:

Fotos: Archivo Proceso“El Chapo”

“El Lazca”

NARCOTRÁFICO

Armarse o no armarse… esa es la cuestión

“¿Por qué es necesario un deba-te sobre la portación de armas de fuego en México?”, plantean Va-lenzuela y Villanueva.

Ambos enumeran siete razo-nes básicas: porque se trata de un derecho fundamental previs-to en el artículo 10 de la Constitu-ción; porque México atraviesa por una gran crisis de inseguridad y desconfianza en las instituciones públicas; porque los índices de victimización, violencia y crimina-lidad son alarmantes; porque son pocas las personas armadas que realmente cuentan con las licen-cias correspondientes; porque hay una marcada insuficiencia e incapacidad de las institucio-nes encargadas de proporcio-nar justicia y seguridad pública; porque, además de la insegu-ridad interna, el país atraviesa por un problema transfronterizo de tráfico de armas; porque la ley reglamentaria del artículo 10 constitucional deja en estado de indefensión a la población para su legítima defensa por la complejidad y discrecionalidad de los requisitos que se exigen para la posesión y portación de ar-mas, y porque el tema ha sido silenciado y dejado fuera de la agenda de la discusión.

Siguiendo un patrón expositivo de pre-guntas y respuestas, los autores establecen: si las citadas leyes de posesión y portación de armas son menos estrictas, ¿qué pasa-ría entonces con el monopolio del uso de la fuerza que corresponde al Estado?

“Se trata –responden– de conceptos distintos. La posesión y portación de armas de fuego debe tener como principal propó-

sito la legítima defensa de la in-tegridad física y del patrimonio de las per-sonas, además, por supuesto, del uso con otros fines legales, como los cinegéticos o deportivos, así como de la tenencia por ra-zones de valor histórico.”

En lo que respecta al monopolio del uso de la fuerza del Estado, agregan, esta pre-rrogativa parte del supuesto de que la auto-ridad competente es la única facultada para hacer cumplir la ley y garantizar la conviven-cia de las personas en sociedad.

Así pues, puntualizan Valenzuela y Villa-nueva, “no existe contradicción entre estos

dos principios, sino complemen-tariedad, puesto que la posesión, y particularmente la portación de ar-mas de fuego, permite que la per-sona esté en condiciones de res-ponder frente a una amenaza real, nminente y que no admita demora

para preservar sus bienes más pre-ciados; por ejemplo, la vida y su pa-rimonio. Se trata de la excepción a a regla.

“Hay que recordar que nada es bsoluto, menos cuando la vida hu-

mana se encuentra amenazada. El monopolio del uso de la fuerza del stado debe permanecer para que la xistencia de las personas en socie-ad sea posible en los términos pre-stos en la Constitución y la ley.”

En su libro, del que la compañía ovumcomo e-book editará una ver-ón en inglés, los autores conside-

“muy efectivo” el uso de las ar-s para la legítima defensa porque,

acuerdo con estudios citados por os mismos, “cuando la víctima se uentra en posesión de un arma, las

sibilidades de un ataque en su con- son menores”. Además, indican, as investigaciones señalan que las mas de algún delito que no opu-

sieron resistencia fueron lesionadas en doble medida que las que se resistieron me-diante el uso de un arma de fuego.

Portación legal, crimen y seguridad

Valenzuela y Villanueva consideran que no existe relación alguna entre el crimen y la portación legal de armas de fuego, toda vez que el resultado de una acción delictiva no depende del arma utilizada para su comi-sión, sino más bien de las intenciones del agresor.

los embates del grupo encabezado por El Chapo Guzmán.

Según Stratfor, debido a fuertes dispu-tas con rivales y a las divisiones internas el Cártel de Juárez ha perdido muchos te-rritorios en el país. En ese sentido “es evi-dente que el bloqueo ejercido por el Cártel de Sinaloa ha sido efectivo para asfixiar a la organización de Carrillo Fuentes”.

Golpeado en su cimentación y en bue-na parte de su estructura, el Cártel de Ti-juana ya domina muy poco territorio y, de acuerdo con el estudio de referencia, “pa-rece empezar a subordinarse al Cártel de Sinaloa a cambio de poder traficar por la frontera con el estado de California, a pe-sar de que mantiene una alianza con Los Zetas, rivales del de Sinaloa”.

De reciente aparición, los cárteles del Pacífico Sur y el Independiente de Acapul-co –ambos formados con exmiembros de la organización de los Beltrán Leyva– lu-chan por el control de Acapulco y la zona turística de Zihuatanejo.

Graves riesgos

La Familia Michoacana, indica el documen-to de la consultora estadunidense, no está debilitada ni mucho menos extinguida, co-mo ha informado el gobierno federal. Buena parte de los miembros de este cártel –uno de los más sanguinarios– se transformó en lo que ahora se conoce como Los Caballeros Templarios, quienes han dado muestras de ser tan violentos como Los Zetas.

El análisis de la consultora abunda: “Después de lo que parecía la muerte re-pentina de La Familia Michoacana en ene-ro del año pasado (2011), ahora aparece una fracción de ese cártel que se ha re-nombrado Los Caballeros Templarios, los cuales aparecieron a la luz pública a me-diados de marzo. Otras partes de La Fami-lia siguen operando con el mismo nombre. Esta división es muy reciente y aún no se sabe cuántos son, qué relación tienen con sus excompañeros de La Familia Michoa-cana y qué relación, si es que la hay, guar-dan con el Cártel de Sinaloa. Cabe destacar que previo a estos sucesos, La Familia pa-recía ser un cártel cercano al sinaloense”.

De acuerdo con el diagnóstico de Strat-for y los datos del área de inteligencia de

ALEJANDRO PÉREZ UTRERA

En un país donde la violencia asociada al crimen organizado ha dejado más de 50 mil muertos, ¿ejercer el derecho ciudadano a poseer y portar armas de

fuego para la legítima defensa sería parte de la solución?; o, de lo contrario, ¿sería parte del problema de la inseguridad pública?

Antes de dar una respuesta terminante, los investigadores Ernesto Villanueva y Kar-la Valenzuela, autores de un estudio sobre el particular, reflexionan en torno a lo que con-sideran un hecho: la posesión y portación de armas de fuego es un tema que en Méxi-co oscila entre el silencio y la controversia debido a percepciones y valoraciones “nu-tridas por prejuicios, mitos y discursos cu-yo común denominador es la ausencia de ingredientes extraídos de la realidad”, aun cuando este derecho fundamental se reco-noció desde el siglo XIX, específicamente en la Constitución federal de 1857, como una prerrogativa de los gobernados.

En su artículo 10, la Constitución vigente de 1917 lo reconoce de igual forma, bajo el siguiente enunciado:

“Los habitantes de los Estados Unidos Mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio, para su seguridad y legíti-ma defensa, con excepción de las prohibi-das por la Ley Federal y de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Guardia Nacional. La ley fe-deral determinará los casos, condiciones, requisitos y lugares en que se podrá autori-

zar a los habitantes la portación de armas.” En su libro Seguridad, armas de fuego y

transparencia. Mitos y realidad sobre el de-recho de posesión de armas de fuego en México, que comenzará a circular dentro de algunas semanas bajo los sellos editoriales de Jus, el Instituto de Investigaciones Jurí-dicas de la UNAM y el Conacyt, Valenzuela y Villanueva señalan que el silencio que ha llegado a rodear a este derecho “ha gene-rado a lo largo de los años que tal prerroga-tiva permanezca en una discreta existencia con validez jurídica y una eficacia normativa apenas testimonial”.

Pero el derecho a la libertad, acotan am-bos académicos, “supone la posibilidad de decir lo que algunos no quieren escuchar”, so-bre todo cuando, dicen, la finalidad es romper prejuicios ya establecidos en el grueso de la sociedad acerca de temas como éste.

Lo que para Valenzuela y Villanueva re-sulta de entrada una consideración funda-mental es que el derecho referido cobra ma-yor importancia hoy en día debido a la grave y compleja situación que vive el país, lo que, afirman, obliga a discutir de nuevo el asun-to más allá de los espacios de reflexión aca-démica, con el propósito de integrarlo a la agenda pública.

Uno de los absurdos identificados por los autores es que los ciudadanos empiecen a protegerse de las medidas emprendidas por el Estado precisamente para “proteger-los”, o, en el caso extremo, que la comuni-

dad se encuentre inerme ante las fuerzas del orden, del crimen organizado y de la delin-cuencia común, que no sólo poseen cono-cimientos y armas sino la determinación de privar de la vida a las personas.

Así las cosas, advierten ambos acadé-micos, se ha llegado a un callejón sin salida, puesto que la sociedad “carece en la prácti-ca del derecho de poseer y portar armas de fuego para su legítima defensa, y quienes sí las tienen y saben cómo usarlas carecen, por una u otra razón, de la posibilidad de defender a la comunidad”.

Para los investigadores, sería más grave dejar las cosas como están que regular, con la Constitución en la mano, el ejercicio de un derecho fundamental “minimizado por la fuerza del prejuicio, de la costumbre y de las conveniencias del poder público al margen del interés comunitario”.

Maestra en derecho, Karla Valenzue-la es investigadora del proyecto Seguridad, Transparencia y Derechos Humanos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y se halla adscrita al área de derecho de la in-formación del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la UNAM.

Ernesto Villanueva, colaborador de Pro-

ceso, tiene dos doctorados: uno en dere-cho y otro en comunicación, y actualmente coordina el citado proyecto del Conacyt, así como el área de derecho de la información del IIJ. Es miembro (nivel III) del Sistema Na-cional de Investigadores.

Mexicanos de armas...

no tomar

Stratfor destaca que el Cártel de Sina-loa se alió con el del Golfo, con la Fami-lia Michoacana y mantiene negociaciones muy avanzadas para sumar a Los Caballe-ros Templarios.

Otra alianza poderosa –y a eso se debe su espectacular presencia en la geografía nacional– es la que lograron Los Zetas con los cárteles de Juárez, Tijuana, Pacífico Sur y el Independiente de Acapulco.

Al respecto, la consultora Stratfor in-dica: “El Cártel del Golfo se ha manteni-do con el control de Matamoros, aunque pelea la ciudad contra sus antiguos alia-dos, Los Zetas. Con ayuda del Cártel de Si-naloa, el Cártel del Golfo ha repelido las ofensivas de Los Zetas en Matamoros y Reynosa, pero no ha tenido la fuerza nece-

saria para sacar a sus rivales de otras ciu-dades, como Monterrey.

“Por su parte Los Zetas, con la pérdida de 11 mandos medios y altos en diferen-tes plazas, continúan su pelea principal con el Cártel del Golfo, mientras se preo-cupan por entrenar y ayudar a sus aliados, los cárteles de Juárez, de Tijuana y el Inde-pendiente de Acapulco.”

Incluso con las alianzas que han esta-blecido, algunos cárteles han perdido domi-nio territorial conforme otro grupo adquiere mayor poder mediante la protección oficial, destaca la consultora estadunidense.

Ejemplo de lo anterior es el Cártel de Juárez –el más poderoso de México en los noventa–, que se ha mantenido firme en la región fronteriza de Chihuahua pese a

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Galván. La seguridad pública, ausente

NARCOTRÁFICO

un total de 402 solicitudes para portar armas de fuego, de las cuales autorizó únicamente 241. Y hasta marzo de 2011 se encontraban vigentes en el país 3 mil 60 licencias particu-lares de portación. De los 3 millones 118 mil 592 unidades registradas hasta mayo, 1 mi-llón 309 mil 184 son armas cortas y 1 millón 809 mil 408 son armas largas.

En lo que toca a las armas que se utili-zan en la comisión de delitos, Valenzuela y Villanueva indican que provienen de tran-sacciones ilegales y del robo. Los investiga-dores reportan datos según los cuales la ob-tención ilegal se realiza mediante robo a los manufactureros o por medio de transferen-cias de armas no reportadas, e indican que el robo a comerciantes, casas habitación y entre criminales son la fuente más importan-te de armas de fuego utilizadas en la comi-sión de delitos. De hecho, afirman, sólo una de cada seis armas usadas en homicidios fue adquirida de manera legal.

Los autores recuerdan que el tráfico ile-gal de este tipo de materiales es un problema nacional debido a la vecindad del país con Estados Unidos, primer productor de armas a escala internacional, y asimismo consig-nan datos de la Agencia Federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos que

muestran que más de 90% de las armas ase-guradas en México provienen de aquel país.

Consideran además que las leyes na-cionales restrictivas en la materia tienen “al-guna relación” con la proliferación de agen-cias de seguridad privada. Explican: “Ante la complejidad prevista en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para que cual-quier persona pueda ejercer su derecho fun-damental a la posesión de armas de fuego, la alternativa en el caso de las personas de estratos medios y altos es identificar opcio-nes para su protección, las cuales son ofre-cidas por las agencias o empresas de segu-ridad privada.

“Este hecho, sin embargo, sólo benefi-cia a un sector muy reducido de la comuni-dad. La mayoría de las personas se encuen-tran indefensas porque el Estado no puede asegurar en todos los casos su protección, porque no tienen acceso a seguridad priva-da debido a los altos costos de un servicio como éste, y porque no existe una ley ami-gable de portación de armas de fuego para la legítima defensa de la integridad física, de la familia y del patrimonio.”

Entre las principales consideraciones y propuestas de Valenzuela y Villanueva des-tacan las siguientes:

-El derecho de posesión y portación de armas no tiene, en principio, una finalidad por sí misma; es una prerrogativa que habi-lita al gobernado para defenderse de toda acción potencial que pueda ponerlo en peli-gro actual, real e inminente.

-Hacer efectivo este derecho fundamen-tal tendrá que pasar por una serie de refor-mas a la legislación vigente, y en particular, pero no exclusivamente, a la Ley Federal de Armas de Fuego, toda vez que la ley actual tiene grandes problemas que habían perma-necido fuera del radar de la opinión pública porque no había habido necesidad de visibi-lizar esas inquietudes de manera puntual.

-La recuperación de este derecho en su vertiente de eficacia normativa por parte de las personas implica una reforma sustanti-va o, de plano, la abrogación de la ley regla-mentaria vigente y la adopción de una nue-va, acompañada de las mejores prácticas que la experiencia acompañada ofrece.

-El derecho de acceso a la información pública y la transparencia pueden servir co-mo espacios de visibilidad y de escrutinio social en este proceso de recuperación de derechos humanos, prerrogativa que, ade-más, no se ha utilizado en mayor medida para estos propósitos.

la SSP, el Cártel Independiente de Acapul-co podría desaparecer completamente en los próximos seis meses debido a que su estructura está en riesgo de dividirse. Por otro lado, el Cártel de Sinaloa pretende ocupar Guerrero y convertirse en la prin-cipal organización del Pacífico mexicano.

Y es que, de acuerdo con el estudio, el Cártel de Sinaloa “podría tomar la delan-tera” en la pelea por Acapulco y Durango, donde se pronostica una espiral de violen-cia más intensa que la sufrida en la actua-lidad por esas entidades.

Respecto de Los Zetas, Stratfor pro-nostica: “Mantendrán el control de Nue-vo León en los próximos meses y su cre-cimiento será aún mayor en el Golfo de México, si resisten los embates del gobier-

no y de los cárteles del Golfo y de Sinaloa”.Después de que el epicentro de la vio-

lencia se estableció en el norte del país, sobre todo en Nuevo León, Chihuahua y Durango, ahora la guerra entre los cárte-les se trasladó hacia la zona Caribe-Gol-fo de México, donde cinco organizaciones criminales buscan reacomodo en el co-rredor Quintana Roo-Campeche-Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

En Veracruz la pugna es entre Los Ze-tas y el Cártel de Sinaloa. Pese a que es-ta entidad está bajo el control de la Mari-na, el narco sigue intocado y activo, pues apenas el martes 7 fue descubierta una fosa clandestina con al menos 15 cadáve-res en el municipio de Acayucan.

Cuando faltan poco más de 10 meses

para que concluya el sexenio calderonista, el gobierno federal ha empezado a reco-nocer su fracaso en la lucha contra el cri-men organizado.

El jueves 9 el secretario de la Defensa admitió que el crimen organizado ya pu-so en grave riesgo la seguridad interna del país, pues en muchas latitudes del territo-rio nacional la seguridad pública está to-talmente ausente.

“En algunas regiones del país la de-lincuencia organizada se apropió de las instituciones del Estado, y en ese apode-ramiento diversificó sus poderosas acti-vidades para despojar a la sociedad de lo que por derecho le corresponde, generan-do un clima de violencia inusitado”, dijo el general Galván.

“En realidad –aclaran– el uso de un arma de fuego únicamente refleja que las intencio-nes del agresor eran muy violentas, mas no que el agresor tenía un arma de fuego dis-ponible para la comisión de un delito. Por el contrario, sucede que el delincuente primero pensó en la forma en que iba a cometer el de-lito y posteriormente obtuvo el arma.”

¿La posesión de armas de fuego causa los altos índices de criminalidad, o los altos índices de criminalidad provocan el interés de los ciudadanos por portar armas de fuego?

En respuesta a tal planteamiento, los in-vestigadores argumentan:

“Los altos índices de criminalidad provo-can el interés de los ciudadanos por portar armas de fuego. Gary Kleck (criminalista es-tadunidense que se desempeña como profe-sor en la Universidad Estatal de Florida) de-muestra que los civiles están recurriendo a la posesión de armas como una medida de au-todefensa en respuesta a los altos índices de criminalidad, es decir que estos altos índices causan que los ciudadanos quieran armarse, y no viceversa. De igual forma, estudios rea-lizados por Kleck demuestran que el uso de armas de fuego para repeler una agresión es tres veces más frecuente que su uso para co-meter un delito.”

–¿El número de muertes violentas au-menta en un ambiente social en el cual proli-feran las armas de fuego? –inquieren.

–No –advierten.Y explican: “En sociedades donde la

portación de armas de fuego es común, su uso es principalmente para defensa propia y prevención de delitos debido a que los cri-minales son más cautelosos respecto a las personas que eligen como víctimas, pues existe una mayor posibilidad de que éstas se encuentren armadas. La prevalencia en la posesión de armas de fuego no tiene efec-tos notorios en la tasa de delitos, ya que las armas de fuego pueden ser sustituidas por otro tipo de armas”.

Los autores citan un estudio realizado por la Universidad de Chicago en torno a la prevención del delito y la portación de ar-mas de fuego. Este trabajo reveló que si los estados de la Unión Americana que prohí-ben la portación de armas de fuego de ma-nera visible (right-to-carry concealed hand-guns) hubieran cambiado su legislación a una más permisiva, se habrían evitado mil 570 asesinatos anualmente.

También refieren una exitosa campaña mediática efectuada en Kennesaw, Georgia, relativa a la portación de armas entre los resi-dentes de esa ciudad: “En 1982 una ley local exigía que todos sus ciudadanos tuvieran ar-mas, lo cual contribuyó a que los índices de ro-bo disminuyeran 89%. Tanto los académicos que están a favor de las armas de fuego como aquellos que están en contra coinciden en que las armas de fuego no son el único factor que influye en la tasa de homicidios en Estados Unidos. Incluso si no hubiera violencia a mano armada en dicho país, éste aún tendría índices de violencia mayores que los de Japón, Gran Bretaña y Canadá proporcionalmente”.

A juzgar por el conjunto de sus argumen-taciones, resulta claro que Valenzuela y Vi-llanueva están proponiendo que el Estado mexicano siente las bases para garantizar un derecho ciudadano que eventualmente se constituya en un muro de contención contra los altos índices de violencia y criminalidad que desangran a la República.

“¿Por qué recurrir a la posesión de ar-mas si existen otros medios para controlar el crimen?”, se preguntan.

Y responden: “Porque se trata de un mecanismo complementario no sustitutivo de la regla general que reside en el mono-polio de la fuerza por el Estado. Y, además, porque los medios previstos como desea-bles desde los puntos de vista formal y teó-rico por el sistema legal no han funcionado adecuadamente”.

Ambos académicos afirman que desde

1972, cuando se publicó la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos en el Diario Ofi-cial de la Federación, “la legislación del país ha restringido a los ciudadanos la portación de armas de fuego”. Sin embargo, dicen, es-ta medida no ha dado los resultados espera-dos, y 40 años después de la publicación de dicha ley “observamos que nuestro país atra-viesa por uno de los periodos de inseguridad más críticos en su historia, en el que la vio-lencia se ha extendido a lo largo del territorio y se ha convertido en un problema nacional”.

Con más de 50 mil muertos en lo que va del sexenio de Felipe Calderón asociados a la situación de violencia que afecta al país, “los gobernados –dicen los investigadores– se encuentran a la expectativa de solucio-nes eficaces que no llegan, al mismo tiempo que los fracasos se contabilizan en la pérdi-da de vidas humanas”.

Valenzuela y Villanueva aclaran que “no se trata de fomentar en modo alguno la vio-lencia”, sino, por el contrario, “de combatirla con la Constitución en la mano y dando vida a un derecho humano cuyo ejercicio reclama, a su vez, una normativa secundaria que haga viable el núcleo esencial de este derecho pa-ra los fines exclusivos de la legítima defensa y de la seguridad de los gobernados”.

Registros nacionales y tráfico ilegal

Datos consignados por los autores en su libro Seguridad, armas de fuego y transparencia… señalan que en 2009 la entidad federativa con el menor número de armas de fuego registra-das era Baja California Sur, con 11 mil 706 uni-dades. El Distrito Federal contaba entonces con la cifra más alta: 253 mil 552. En ese mis-mo año el total de armas de fuego registradas a nivel nacional fue de 2 millones 33 mil 749, pero a mayo de 2011 el número se incrementó a 3 millones 118 mil 592.

Más datos: En 2011 la Secretaría de la Defensa Nacional recibió de personas físicas

sí existen, sostiene el secretario general de ASPA, Fernando Perfecto.

Según el comunicado difundido por la dependencia el miércoles 8, “para seguir avanzando en la verificación de la capa-cidad financiera de Mexicana de Aviación es necesario que los inversionistas inte-resados demuestren su solvencia econó-mica, la procedencia lícita de los recursos y que se suscriba el convenio de acreedo-res en términos de ley”.

Perfecto insiste: “La SCT, en especial Felipe Duarte, sólo recurre a sofismas pa-ra evitar que Mexicana vuelva a volar”.

El expediente del concurso mercantil 432/2010-B de Mexicana de Aviación in-cluye el recurso ante el juez Felipe Con-suelo Soto aun cuando establece que sólo se “liberará” cuando se cumplan esas tres condiciones, según las copias consulta-das por la reportera.

En el expediente del concurso mer-cantil 432/2010-B, radicado en el Décimo Primer Juzgado de circuito, se corrobo-ra la información publicada por Proce-so en su edición anterior, según la cual los integrantes de Med Atlántica están li-gados a la señora Gina Díez Barroso Az-cárraga, puesto que Margarita del Villar Alrich, Martín Alberto Madero López y Jo-sé Miguel Orozco Ortiz son miembros del Comité Técnico del fideicomiso núme-ro 1363/2011. Del Villar Alrich es directo-ra de Área Inmobiliaria y de Negocios del Grupo Diarq, cuya propietaria es Díez Ba-rroso Azcárraga.

El expediente también establece que ya se depositaron 415 millones de dóla-res. Y añade:

“En términos del referido documento, hacemos del conocimiento de su señoría que dicha cantidad únicamente se libe-rará hasta la cantidad de U$ 300,000,000 de dólares americanos para el proceso de restructuración del Nuevo Grupo Aero-náutico, S.A. de C.V., una vez que se haya cumplimentado lo siguiente”; es decir las tres condicionantes para que el dinero que está en “proceso de cobro” se libere.

Tal como lo fijaron Del Villar Alrich, Ma-dero López y Orozco Ortiz ello implica “que se lleve a cabo la firma del convenio con-cursal, a satisfacción de este H. Comité y por consiguiente el levantamiento del con-curso mercantil; que la SCT otorgue, expi-da, libere o refrende, según corresponda, la autorización para operar las líneas aéreas; se transfieran los derechos fideicomisarios de los fideicomisos CIB/212 y F/589 al patri-monio del fideicomiso número 1363/2011 constituido en Banca Mifel, S.A.”.

Hasta el jueves 9 el convenio concur-sal tenía un avance de 82.4%; incluso el juez mencionó que la firma era “inmi-nente”. Respecto del fideicomiso CIB/212, propiedad de Tenedora K y en el cual es-tán las acciones de Mexicana, Consuelo Soto informó que ya está el acuerdo pa-ra dicha transferencia; también expuso que la liberación para operar tiene que ver con la disponibilidad de las rutas de Mexicana, que hoy tiene Interjet, y men-cionó la entrega del Certificado Aéreo.

Por lo que concierne a las rutas y slots de Mexicana, Proceso obtuvo copia del oficio No 4.1,2209, formado por el director general de Aeronaútica Civil, Héctor Gon-zález Weeks, quien admite que solicitó al

David Deolarte

RABAJOTRABAJO

JESUSA CERVANTES

La última llamada para que Mexi-cana de Aviación retome el vuelo el próximo 17 de marzo está so-lamente en manos de la Secreta-ría de Hacienda y Crédito Públi-co, sostiene el diputado Mario di

Costanzo, encargado de dar seguimien-to al caso en el seno del Congreso de la Unión, aunque la dependencia se niega a certificar la legalidad de los fondos “exis-tentes” de la firma Med Atlántica, intere-sada en el rescate de la aerolínea.

De acuerdo con el expediente del con-curso mercantil, del que Proceso tiene co-pia, el dinero existe, pero sólo se aplica-rá cuando se firmen en forma paralela el “convenio concursal” y se “liberen” slots por parte de la Secretaría de Comunica-ciones y Transportes.

A partir del 31 de enero, día en que el titular del Décimo Primer Juzgado de cir-cuito, Felipe Consuelo Soto, anunció que Med Atlántica ya había depositado 300 millones de dólares para el rescate de la aerolínea, la SCT emitió varios comunica-dos en los que alegó que los recursos no estaban comprobados.

Lo cierto es que desde antes la depen-dencia relevó a Hacienda del trabajo de ve-rificación del dinero y determinó que es el juez quien debe hacerla, según el oficio nú-mero 97 fechado el 24 de noviembre de 2011.

Por ello, el jueves 9, cuando el juez de-cretó “suspensión indefinida” para con-cluir el concurso mercantil debido a que el conciliador de la aerolínea Gerardo Ba-dín tiene ya 82.4% de los acuerdos de pa-go con los acreedores, Hacienda lanzó la “amenaza” de que no habrá dinero de Med Atlántica, comenta el diputado Mario di Costanzo, quien fue designado por el Con-greso para dar seguimiento al caso.

Al mediodía del jueves 9, Di Costan-zo se comunicó con el subsecretario de In-gresos de Hacienda, José Antonio González Anaya, para preguntarle sobre la instancia encargada de establecer la existencia y lici-tud de los recursos financieros.

–¿Deben verificar ustedes? –preguntó el legislador a González Anaya.

–No; tampoco la Unidad de Inteligen-cia Financiera. Nosotros no tenemos por qué revisar el origen (de esos fondos). No lo hace Hacienda. Además, si (Mexicana) debe como mil millones en pasivos, mil 500 en impuestos… no le conviene a na-die; es mejor abrir una nueva aerolínea.

–La pregunta es: ¿participan en el pro-ceso de verificación de dinero o no? –in-sistió Di Costanzo.

–Pues, si no va a haber dinero...El subsecretario dejó entrever que el

cheque referido por el juez y el conciliador Gerardo Badín “fue un acuerdo de ellos”, in-dica el legislador, y explica: “Fue tanto como

haberme dicho que el juez y Badín mintie-ron sobre la existencia del dinero y que las autoridades bancarias –que son reguladas por Hacienda– no van a dar por bueno que hay los 300 millones de dólares”.

Fernando Perfecto, secretario gene-ral de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviadores (ASPA), llamó “irresponsable” al subsecretario de Ingresos y sostuvo que las amenazas de la dependencia siguen “con-figurando el escenario del gobierno para impedir que Mexicana vuelva a volar”.

Ese mismo día el conductor radiofóni-co José Cárdenas preguntó a Consuelo So-to si pensaba que el gobierno está ponien-do obstáculos en el caso de la aerolínea. El juez le respondió que por desgracia es así: “El gobierno es un obstáculo”.

No es la primera vez que el sistema fi-nanciero muestra resistencias a dar in-formación sobre la legalidad de los recur-sos, comentó el juez. “Si el gobierno quiere apoyar, como dice la SCT, que me apoye por ese lado”. Y agregó: “Le pediría a Ha-cienda y a la Comisión Nacional Bancaria que apoyen a Mexicana. Los inversionis-tas son gente seria y no se vale que pon-gan en tela de duda su reputación”, en alusión a la legalidad de los 300 millones de dólares de Med Atlántica.

Dinero y nombres

Los 414 millones de dólares que el grupo Med Atlántica depositó a un fideicomiso, el número 1363/2011 de Banca Mifel, S.A.,

El gobierno federal y el juez Felipe Consuelo Soto lle-nan de obstáculos las negociaciones sobre Mexicana de Aviación. En noviembre último la Secretaría de Comuni-caciones y Transportes determinó que Hacienda ya no era la encargada de certificar la validez de los fondos destinados al rescate de la aerolínea, sino el juez. Y ape-nas aparecieron los inversionistas –Med Atlántica e Iván Barona–, anunció que si los oferentes no demuestran que su dinero es lícito, el martes 14 la aerolínea será declarada en quiebra. Lo cierto es que Comunicaciones y Hacienda se están echando la bolita con un propósito bien definido: evitar que Mexicana vuelva a despegar.

el caso Mexicanaatascan

El juez, SCT y Hacienda

RABAJOTRABAJO

juez Consuelo Soto la autorización para prestar las rutas a otras líneas y “asegu-rar que los servicios aéreos se presten de manera permanente y uniforme, en con-diciones equitativas y no discriminato-rias en cuanto a la calidad, oportunidad y precio en beneficio de la economía”.

González Weeks menciona que, el 19 de mayo de 2011, Consuelo Soto “acordó que la autoridad aeronáutica debía de garantizar dichas condiciones pues está facultada para otorgar autori-zaciones extrabilaterales en forma tem-poral en tanto se resuelve la situación jurídica de las empresas de Grupo Mexi-cana, en el entendido que no se alteren los derechos y autorización otorgados a la misma. Las autorizaciones extrabila-terales han sido solicitadas y otorgadas de manera temporal”.

Asimismo informa al conciliador de Mexicana, Gerardo Badín, que “le haga sa-ber a los grupos de inversionistas que lle-guen a estar interesados en aportar re-cursos para restructurarlas, que la SCT ha autorizado rutas de manera extrabilate-ral… respetando los derechos de las em-presas de Grupo Mexicana”.

Según ese acuerdo, “no se restringirán los derechos y las autorizaciones otorga-das a la concursada (Mexicana)… la au-torización temporal para la operación de algunas rutas similares no conlleva-rá la cancelación de las rutas nacionales e internacionales… y la concursada po-drá tener acceso a las rutas concesiona-das cuando así lo requiera”.

En el último punto del escrito de Med Atlántica que entregó Margarita del Vi-llar Alrich se pide “guardar la más estric-ta confidencialidad… del fideicomiso nú-mero 1363/2011, así como de las personas que en él intervienen”.

La ratificación del dinero

El conflicto sobre quién debe comprobar la existencia del dinero se detonó cuando la SCT emitió su comunicado número 97 fe-chado el 24 de noviembre último, según el cual queda sujeta a la determinación del juez rector del concurso “la demostración de solvencia de los interesados puede rea-lizarse por cualquier medio previsto en la ley, como son billete de depósito, cheque certificado o de caja, carta de crédito firma-da, entre otros, o cualquier otro que emita una institución financiera nacional”.

De acuerdo con el expediente de Mexi-cana, radicado en el Décimo Primer Juzga-do de Circuito, se acreditó la existencia del recurso: “en estas condiciones, el que sus-cribe se pronuncia en el sentido de que el grupo de inversionistas denominado Ban-ca Mifel, S.A., institución de banca múlti-ple, grupo financiero Mifel, ha demostrado a entera satisfacción de este órgano juris-

diccional la existencia y disponibilidad de la suma de trescientos millones de dólares americanos, que se encuentran deposita-dos en el citado fideicomiso, para ser utili-zados en la adquisición de las acciones de Nuevo Grupo Aeronáutico y la restructura-ción operativa y financiera de Mexicana de Aviación, S.A. de C.V., y sus filiales”.

Consuelo Soto recuerda que “está en proceso de cobro” bajo las tres condiciones que demanda Med Atlántica, por lo que, di-ce, ordenó girar oficios para que la SCT, “en el ámbito de sus facultades, realice los trá-mites, verificaciones y certificaciones ne-cesarias para que la empresa pueda reini-ciar operaciones cuanto antes”.

Conforme al comunicado 97 de la SCT, el juez ya cumplió con su deber de veri-ficar; ahora corresponde a Hacienda ver la licitud o no del dinero, porque un juez no tiene las herramientas para investigar-lo. Eso sólo lo hace la Unidad Financiera de Hacienda, sostiene el legislador Di Cos-tanzo. Y reitera: “La decisión última está en Hacienda”.

Ante la “inminente firma” del conve-nio concursal y para acelerar los trámi-tes que faltan, el martes 7 el conciliador Badín envió un escrito al Congreso de la Unión “con miras a poder estar en posi-ción de iniciar operaciones el 17 de marzo de 2012”. La carta está dirigida a Guadalu-pe Acosta Naranjo, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

Entre sus peticiones, Badín menciona que el Aeropuerto Internacional de la Ciu-dad de México “deberá garantizar que se-rán restituidos y la empresa mantendrá disponibles los slots que venía operando”. En este punto recuerda que las propias autoridades de la SCT ya habían contraído dicho compromiso cuando se discutía con uno de los inversionistas.

Badín también pide al Congreso su apo-yo para que se agilice ante la Dirección de Aeronáutica Civil la entrega del Certificado de Operador Aéreo y para que intervenga

ante Nacional Financiera a fin de que és-ta facilite los nueve aviones de Mexicana para que con ellos se haga el proceso de verificación y vuelos de prueba.

Sobre Banorte, el conciliador de Mexicana informa al Legislativo que ya se tienen los puntos básicos para cerrar el acuerdo, aunque le pide su interven-ción para acelerar el proceso “para po-der iniciar operaciones el día 17 de mar-zo próximo”.

Al cierre de esta edición, el viernes 10, la agencia gubernamental Notimex difundió una entrevista con el juez Con-suelo Soto en la que se percibe un cam-bio de posición respecto de la del expe-diente. Según el cable, el juez dijo que “hasta el momento dicho grupo no ha podido acreditar los 300 millones de dó-lares, ni la procedencia de los recursos”.

Proceso intentó comunicarse con el juez, pero nadie respondió a la llamada.

Primer inversionista

Antes de que Consuelo Soto anunciara el 31 de enero el depósito de Med Atlántica, el inversionista Iván Barona, quien desde agosto pasado intenta adquirir Mexicana, había retomado las negociaciones. Cinco días antes exhibió al juez un cheque que, dijo, se haría válido si se respondían seis preguntas.

Una de ellas era saber en manos de quién están las acciones de Mexicana de Aviación y el regreso inmediato de las ru-tas y slots. Incluso estaba programada una entrevista para el 27 de enero en Los Pi-nos, pero la reunión “se cayó” porque su-puestamente Barona nunca había deposi-tado 1 millón de pesos en garantía como pedía la SCT.

Barona comenta que eso es falso. Dice que para evitar problemas recurrió a otro fondeador, quien mostró un pagaré por 5 mil millones de dólares, al tiempo que exhi-be a la reportera copia del documento. E in-siste en que el jueves 9 se reunió con el juez Consuelo Soto y con el conciliador Gerardo Badín para establecer el método de entrega del dinero y “bancarizarlo” a su nombre con tan sólo 500 millones de dólares para que Mexicana pueda volar de nuevo.

En la reunión del jueves 9, el juez anunció que la resolución final la dará dentro de cuatro o cinco días, con lo cual la aerolínea quedará en manos de Med Atlántica o de Barona, siempre y cuando Hacienda lo permita, sostiene el legisla-dor Mario di Costanzo. Refirió que si Baro-na no demuestra que los fondos del che-que de un tercero son suyos, declarará la quiebra de la compañía y se nombrará un síndico que se encargará de vender lo que ésta tiene y de pagar, en primer término, a los trabajadores, y después al resto de los acreedores.

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Consuelo. Ultimátum

ANNE MARIE MERGIER

PARÍS.- Philippe Bouchez El Gho-zi da rienda suelta a su exaspe-ración y su indignación. El abo-gado francés de Maude Versini denuncia:

“Hoy, 8 de febrero, más de un mes después de que los tres hijos de mi clienta hubieran debido ser presentados, seguimos sin recibir el expediente del juez de Toluca que otorgó la custodia provisional de los menores al señor Montiel, ni por su-puesto los elementos sobre los que se basó ese magistrado para tomar semejante deci-sión. Esa situación es humanamente escan-dalosa y además viola la Convención de La Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sus-tracción Internacional de Menores.”

Desde hace varias semanas el exgo-bernador mexiquense Arturo Montiel y su exesposa Maude Versini se disputan la cus-todia de sus tres hijos: Los gemelos Adrián y Sofía, de siete años, y Alexi, de seis.

Montiel se apoya en una decisión ju-dicial para no devolver los hijos a su ma-dre. El exgobernador del Estado de Méxi-co demandó a Maude Versini y a su actual esposo, Philippe Lancry, ante un juez de Toluca por “maltratos físicos y psíquicos” de los tres menores de edad, hechos que su exesposa denuncia como parte de “un complot” que Montiel ha “tramado desde hace años” para quitarle a sus hijos.

La corresponsal buscó a los abogados en Francia tanto de Versini como de Mon-tiel para precisar la situación jurídica del caso. El representante legal del exgober-nador mexiquense declinó conceder una entrevista.

Artimañas

A Bouchez El Ghozi se le pregunta si el tér-mino jurídico “presentados” significa que los hijos de su clienta debieron ser devuel-tos a su madre al final de sus vacaciones en México.

“Exactamente. Debieron regresar a Francia el 2 de enero”, contesta.

Y explica: “El señor Montiel exhibió el fallo provisional del juez de Toluca pa-ra no cumplir con sus obligaciones clara-mente definidas por el juicio de divorcio pronunciado el 29 de noviembre de 2007 por el Tribunal de Tenancingo y declara-do ejecutorio en Francia el 25 de septiem-bre de 2008.

“Conforme a la Convención de La Ha-ya, el señor Montiel tenía la obligación de hacer llegar el expediente del caso a mi clienta desde el primer día de la no pre-sentación de los hijos. No lo hizo.

–Tengo entendido que para hacerlo, Montiel tiene que pasar por canales diplo-máticos.

–El señor Montiel tiene dos posibilida-des para hacer llegar estos documentos a mi clienta. Una efectivamente es el canal diplomático: sus abogados en México en-tregan el expediente a una oficina espe-cializada de la Procuraduría (General de la República) de México. En la jerga de La Haya esa oficina se llama “Autoridad Cen-tral Mexicana”. Dicha autoridad remite a su vez el expediente a la oficina homólo-ga de Francia. Finalmente esta última pro-porciona los documentos a mi clienta. Na-da nos llegó por ese canal.

–¿Puede haber un retraso burocrático?–¿Un retraso de más de un mes? Impo-

sible. Una de las metas de la Convención de La Haya es justamente acelerar estos trámites. Fue precisamente por eso que los ministerios de justicia de los países que firmaron la Convención crearon ins-

tancias específicas para transmitir los ex-pedientes con velocidad.

“De todos modos los representantes le-gales del señor Montiel disponen de otro canal muy sencillo de comunicación con los de la señora Versini: pueden confiar ese expediente a un ujier oficial de justicia para que nos lo haga llegar. Los abogados mexicanos y el abogado francés del señor Montiel rehusaron proceder en esa forma. Le mandé ya varias cartas a mi colega de París exigiéndole la entrega de todos los documentos. No me hizo el menor caso.”

Bouchez lee a la reportera la última carta oficial que envió a su colega. Tiene fecha del 2 de febrero. Es mordaz y aca-ba con alusiones claras a “procedimientos reprensibles” de Arturo Montiel para obte-ner el fallo del juez de Toluca; habla inclu-sive de “eventual complicidad”, sin preci-sar de quién.

–¿El abogado francés de Arturo Mon-tiel tiene la obligación legal de entregarle ese expediente?

–Por supuesto. Al no hacerlo viola las disposiciones del orden público del código de procedimiento civil y se burla del códi-go deontológico de nuestra profesión. Las consecuencias de esa actitud son graves: paraliza la defensa de mi clienta tanto en México como en Francia.

–Usted se refiere a los dos procesos jurí-dicos que se llevan a cabo en ambos países.

–Así es. Al no tener el expediente que permitió al juez de Toluca otorgar la custo-dia provisional de sus hijos a su exesposo, los abogados mexicanos de la señora Versi-ni no pueden llevar ante ese mismo juez el debate contradictorio al que mi clienta tie-ne derecho para oponerse a ese juicio y ha-

JUSTICIA

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Bouchez. Incertidumbre

JUSTICIA

Arturo Montiel ha manipulado a la justicia y a la opinión públi-

ca mexicanas y francesas para salirse con la suya, afirma el

abogado de Maude Versini, exesposa del político mexiquen-

se acusado de secuestrar a sus tres hijos y cuyo abogado se

negó a hablar con Proceso. Pero Montiel, en su afán de fingir

que cumple y respeta la ley ha cometido una serie de errores,

dice el legista, que a la larga lo dañarán más. Ha hecho tantas

trampas, señala, que ya se enredó, se entrampó él mismo y

no hay posibilidad de que venza en este litigio y aun podría

enfrentar cargos en Francia.

de Montiel

Después de un breve silencio Bouchez afirma:

“En realidad el señor Montiel manipu-ló a la justicia mexicana y a la justicia fran-cesa para servir sus propios intereses. Me explico: cubrió de regalos a sus hijos des-de que llegaron a México el pasado 17 de diciembre, les calentó la cabeza contra su madre y su padrastro y 10 días después los llevó a rendir testimonio ante un juez. Tal como le contó la señora Versini en la entre-vista que tuvieron (Proceso 1839), el exgo-bernador del Estado de México le entre-gó también al juez testimonios de nanas mexicanas que él mismo seleccionó, pagó y controló.

“El magistrado mexicano sólo escuchó a los niños y sólo vio los documentos en-tregados por el exesposo de mi clienta. Se dejó impresionar. Fue manipulado.

“Luego el señor Montiel se apuró en pe-dir el exequátur de la decisión del juez de Toluca en Francia y aprovechó ese trámite para hacer creer a la opinión pública mexi-cana que actuaba conforme a la justicia de ambos países. Reiteró esa manipulación en la carta que mandó a su revista y que se publicó en la sección “Palabra del lector”.

“En esa carta, obviamente redactada por sus abogados, afirma: ‘Es ante las pro-pias autoridades francesas y mexicanas, a las que respeto y me acojo, instancias a las cuales debe responder mi contraparte.’

“Es el colmo de la desfachatez. Exige públicamente que la señora Versini res-ponda ante la justicia mexicana y fran-cesa al mismo tiempo que, en privado, le impide hacerlo al no entregarle el expe-diente que necesita y espera.

–A pesar de no tener ese expediente, tanto usted como la señora Versini tienen una idea de su contenido. Tengo entendi-

do que el licenciado Gómez Mont les hizo comentarios al respecto.

–Me gustaría poder hablar de estas pruebas teniéndolas en la mano y no par-tir de comentarios, por muy fidedignos que sean. Sin embargo quisiera recalcar algo que me parece sumamente grave. Sa-bemos que el juez de Toluca recogió colec-tivamente los testimonios de los tres me-nores, cuando hubiera debido escucharlos por separado. Así hubiera podido compa-rar lo que decía cada uno y hubiera evi-tado que uno de ellos tomara el liderazgo de la plática con el juez, induciendo a sus hermanos a imitarlo.

–Esta audiencia fue videograbada, ¿no es cierto?

–Tenía que serlo. Esa grabación es parte de las pruebas que, según el señor Montiel, demuestran la culpabilidad de mi clienta. Los testimonios de menores de edad son sumamente delicados de manejar. El dere-cho francés es muy exigente al respeto. Por lo general se requiere la presencia de un abogado especializado y se consulta a ex-pertos. Hasta donde sabemos, no se toma-ron estas medidas en Toluca.

“Peor aún: se recibió el testimonio de Alexi, que es un niño con problemas psí-quicos. Eso es sumamente irresponsable. Pero lo más atroz es que, según nos entera-mos, siempre de manera oficiosa, el señor Montiel buscó hacer creer al juez de Tolu-ca que el niño tenía trastornos psicológicos debido a los maltratos que supuestamente sufre. ¡Es una abyección! Mi clienta tiene el expediente médico completo de Alexi, de-cenas y decenas de testimonios de todos los médicos y terapeutas especializados que lo atendieron a lo largo de los últimos años. Sus testimonios son una parte im-portante de los múltiples elementos que

quiere presentar al juez de Toluca cuando por fin se pueda celebrar el debate contra-dictorio al que tiene derecho.

–¿Será después de ese debate contra-dictorio cuando el juez de Toluca podrá dictaminar de manera definitiva sobre la custodia de los niños?

–Así es. El debate de fondo tiene que darse en México.

–¿Ante el mismo juez?–En Francia se da ante el mismo juez.

No sé en México. Mi colega mexicana lo sabrá. En Francia sin embargo se puede pedir la “relocalización” del juicio, es de-cir que se celebre en otra región jurídica para evitar cualquier eventualidad de pre-sión sobre el juez. Tampoco sé si es posible en México. Si lo es, sería deseable tenien-do en cuenta las redes de influencia de las que dispone el señor Montiel.

Antes de dar por terminada la entre-vista Philippe Bouchez El Ghozi insiste:

“El señor Montiel sabe que sus prue-bas manipuladas se derrumbarán duran-te el debate contradictorio. Por eso busca aplazarlo. Pero sólo gana tiempo. De to-dos modos le tocará enfrentar a la defen-sa de su exesposa. Quizá pensó que podía seguir imponiendo su ley, tal como lo hi-zo en sus tiempos de gobernador. Pero ese tiempo ya se acabó. El señor Montiel es-tá en un callejón sin salida. Parece invero-símil que un hombre de su nivel se haya entrampado a sí mismo. La única expli-cación que encontramos es que lo mue-ve su deseo de venganza. No acepta que la señora Versini haya pedido el divorcio. En 2007 ya quiso castigarla secuestrando a sus hijos. La justicia francesa lo obligó a devolverlos. Ahora intentó el mismo gol-pe. Perdió el control y se dejó cegar por su rencor de hombre herido.”

JUSTICIA

cer valer su derecho de seguir con la custo-dia de los tres menores. Oficialmente, más de un mes después de esa decisión judicial no sabemos en qué se basó el juez para au-torizar esa custodia provisional.

–¿Qué pasa con el proceso judicial francés?

–El 19 de enero y luego el 31 de enero mi clienta recibió convocatorias para com-parecer ante un juez francés a petición del señor Montiel que pretende obtener el exe-quátur (procedimiento judicial en virtud del cual las sentencias dictadas en un Es-tado puedan ser ejecutadas en otro) de la decisión del magistrado de Toluca.

–¿Es decir que esa decisión provisional se aplique en Francia?

–Así es. Es absurdo. El señor Montiel exige que esa decisión sea ejecutoria en Francia pero rehúsa que mi clienta tenga el expediente que la justifica.

–Tengo entendido que los abogados mexicanos de Maude Versini pueden pe-dir directamente ese expediente al juez de Toluca. ¿Por qué no lo hicieron?

–Las pláticas que tuvimos con ellos nos permitieron entender que no es tan senci-llo como usted cree. No sabemos siquiera si ese expediente sigue todavía a disposición del juez de Toluca. La señora Versini aca-ba de contratar a una nueva abogada es-pecializada en derecho familiar, tal como se lo aconsejó el licenciado Gómez Mont, quien la representó en las primeras sema-na del conflicto. Sé que mi colega está ha-ciendo trámites para obtener el expedien-te. Vamos a ver lo que logra.

Contaminación política

–Esa nueva abogada radica en Baja Cali-fornia. ¿No le va a ser muy incómodo de-

fender a Maude Versini viviendo tan lejos del Estado de México y del DF?

–Usted es tan consciente como la se-ñora Versini de que la disputa legal con su exesposo se lleva a cabo en un contexto político muy tenso. El señor Montiel es un personaje político conocido, tiene lazos familiares con un candidato a la Presiden-cia de México. Mi clienta decidió ser muy cuidadosa en la selección de su nuevo re-presentante legal. Decidió que tenía que ser totalmente independiente y capaz de resistir cualquier presión.

“Exigió también que tuviera gran expe-riencia en materia de sustracción de meno-res. Yo pertenezco a un bufete internacio-nal de abogados. Eso nos ayudó mucho para seleccionar a varios colegas con los que mi clienta se entrevistó telefónicamente. Fi-nalmente fue esa abogada de Baja Califor-nia quien le pareció la más capacitada para defenderla. El hecho de que viva lejos del DF no intervino en su decisión. No es lo ideal, pero viajar al DF no es tan complicado.

–Volvamos a los procedimientos jurí-dicos en curso. ¿Cuando tendrá que pre-sentarse la señora Versini ante el juez francés?

–Es muy difícil saberlo con precisión. A mi juicio podríamos tener una prime-ra audiencia de procedimiento a principio del próximo mes.

–¿En qué consiste esa audiencia?–Si tenemos todo el expediente de To-

luca –el fallo del juez mexicano y todas las pruebas contra mi clienta entregadas por el señor Montiel–, podremos fijar con el juez francés una agenda de procedimien-to y sabremos cuándo se juzgará el caso. Si no tenemos el expediente, el juez fran-cés emitirá un mandato conminatorio, una orden terminante para obligar al se-

ñor Montiel a entregar el expediente com-pleto a mi clienta. Si no obedece, se des-echará su petición de exequátur.

“La justicia francesa no puede acatar una decisión tomada unilateralmente por un juez mexicano sin que haya habido un debate contradictorio. Lo mismo haría la justicia mexicana con una decisión unila-teral de un juez francés.”

–En caso de que Arturo Montiel acabe por entregar ese expediente, ¿cuándo se llevaría a cabo el juicio?

–Probablemente a finales de 2012. Si bien la transmisión de los expedientes en-tre los dos ministerios de justica es muy rá-pida, los procedimientos judiciales son lar-gos. Se trata de casos internacionales muy delicados y las autoridades judiciales mexi-canas y francesas se muestran muy caute-losas. Y lo mismo hacen las autoridades de Relaciones Exteriores de ambos países.

–¿Qué papel juegan estas últimas?–El papel principal le corresponde a la

Procuraduría (General de la República) de México y al Ministerio de Justicia de Fran-cia. Pero los ministerios de Relaciones Ex-teriores de los dos países siguen el caso con suma atención porque les correspon-de velar por sus nacionales. Estoy perso-nalmente en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de mi país que se muestra muy preocupado por ese asunto.

Caso inédito

–Me imagino que el parentesco del señor Montiel con el candidato presidencial del PRI debe ser tema de inquietud.

–Lo es. Pero lo que preocupa sobre todo a la Cancillería francesa es el hecho inédi-to de sustracción conjunta de tres meno-res de edad. Es un caso raro. Por lo gene-ral se sustrae a un solo niño y no a todos los hermanos. Peor aún, uno de los meno-res, Alexi, tiene problemas psíquicos. Es autista. Gracias a los esfuerzos de su ma-dre ha progresado mucho, pero es suma-mente vulnerable. Es muy grave sustraer a un menor de edad que requiere cuidados médicos específicos. Por todos estos moti-vos el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia está muy pendiente del caso.

–Por todo lo que acaba de explicar, re-sulta obvio que no le conviene a Arturo Montiel no entregar el expediente de To-luca a Maude Versini…

–Por supuesto que no le conviene. No sólo no obtendrá el exequátur sino que corre riesgos penales en Francia.

–¿Por qué?–Si no justifica la custodia provisio-

nal que le otorgó el juez mexicano y si no permite el debate contradictorio al que mi clienta tiene derecho, se le acusará de se-cuestro de menores, crimen se suma gra-vedad en Francia.

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Gómez Mont dejó el caso

ron al edificio de Marina Nacional y Cir-cuito Interior en la Ciudad de México y se apoderaron del Centro de Operación y Control de Luz y Fuerza. Tras desalojar a una veintena de trabajadores ocuparon las oficinas administrativas y desplega-ron un cerco ante una eventual embes-tida del Sindicato Mexicano de Electri-cistas (SME).

Dos días después, con base en datos de la Secretaría de Seguridad Pública, Re-forma informó que efectivos de la Unidad para el Reestablecimiento del Orden Pú-blico supervisados desde un helicóptero por el comisionado de la PF, Facundo Ro-sas, tomaron las instalaciones en sólo cin-co minutos. El funcionario reportó el ope-rativo a su jefe Genaro García Luna en tiempo real.

Sin embargo, de acuerdo con un expe-diente de justicia militar elaborado a par-tir de los testimonios de algunos solda-dos que participaron en aquel sabadazo, las unidades militares fueron concentra-das desde temprano en el Centro de Man-do de la PF en Iztapalapa. Ahí, precisa el documento, se les dotó de uniformes de la PF nuevos y equipos antimotines.

El teniente de zapadores Marcos Ge-rardo Espinosa Pérez, en ese tiempo co-mandante en el Tercer Batallón de Inge-nieros de Combate de Santa Lucía, Estado de México, expuso, por ejemplo, que él participó en las operaciones de resguar-do de instalaciones en el Valle de México e Hidalgo. La participación de tropas del Ejército disfrazadas de policías federales, dijo, se prolongó varios meses:

“Yo creía que eso era ilegal. Cuando me dijeron que iba como PF le pegunté a mi comandante si íbamos a reprimir una huelga. Y como somos un batallón de ar-mas, entonces exigí mi nombramiento y sólo recibí una respuesta verbal: es una orden.”

Misión cumplida

Las imágenes de la incursión policiaca fueron ampliamente difundidas, en espe-cial los videos entregados a El Universal, que los subió a su portal de internet un día después del operativo.

Los supuestos policías federales llega-ron a las oficinas centrales de la empresa, en la capital del país, a bordo de patrullas y autobuses particulares. La ocupación se diseñó por medio del monitoreo de las cá-maras de vigilancia urbana y se coordinó con sobrevuelos de helicópteros.

Tras su arribo al edificio de Luz y Fuer-za, las tropas cercaron el inmueble. Minu-tos después llevaron varios tráileres con mamparas metálicas y en tres horas mon-taron un muro de contención. Luego los

mil 500 elementos se desplegaron en el interior del inmueble y reforzaron la vigi-lancia en las zonas de acceso.

El testimonio del teniente Espinosa Pérez deja en claro que los supuestos po-licías federales en realidad eran soldados zapadores de combate entrenados en el uso de explosivos, apoyos logísticos, atrin-cheramientos y fortificaciones para en-frentamientos armados.

El despliegue militar se realizó del modo similar en las instalaciones de Luz y Fuer-za del Distrito Federal, el Estado de México, Puebla, Morelos e Hidalgo. En ninguno de esos puntos encontraron resistencia.

En la Ciudad de México los integrantes del SME optaron por concentrarse en su edificio gremial, en Insurgentes Sur. Des-de ahí los líderes llamaban a sus afiliados a no caer en provocaciones:

“La verdad, durante el tiempo que du-ré, lo único que hacían era que iban y co-locaban sus mantas. Yo nunca vi que hu-biera violencia ni agresiones como para enviarnos pues, aunque desarmados, so-mos soldados de armas. Ellos exigían lo que les correspondía, pues. Nunca nos agredieron”, según el reporte del tenien-te Espinosa.

–¿Usted ya estaba ahí como policía fe-deral? –pregunta el reportero al militar.

–Nada más disfrazado, sin ningún ofi-cio de comisión a la PF, con el mismo suel-do y 30 pesos (diarios) de raciones en che-que que teníamos que ir a cobrar a un banco (para adquirir alimentos).

–¿Cómo les pagaban la nómina?–A unos en depósito y a otros en che-

que, pero las raciones las manejaba un in-

tendente, que nos daba un cheque que te-níamos que cobrar en Banjército por ser comandantes de destacamento. Con el efectivo pagábamos a los soldados las ra-ciones. Era lo único que nos daban.

“Estábamos en condiciones infrahu-manas. Los muchachos dormían en el sue-lo, principalmente en los baños, junto a las tazas o en las regaderas. Podían llevar al-gún colchón o cobija comprados con su di-nero, pero no podíamos llevar ningún equi-po militar, porque la misión era que nadie se diera cuenta de que éramos militares.”

–¿Cuántos elementos eran? –Mi batallón estaba orgánico, desple-

gado. Unos 800 elementos, más otros regi-mientos. Por la zona militar había bastan-tes. Pero la orden era no dejarlos entrar (a los trabajadores) y que se mantuviera en secreto (que ellos eran soldados).

Sobre los 30 pesos de ración abunda:“Es una cantidad que nos corresponde,

pero como estábamos en esa situación, no sé si Luz y Fuerza o la CFE nos daban unos alimentos pagados; no sé de qué área del gobierno, y nos daban en especie.

“Fue de las cosas que nos daban en especie y eso también me obligó a exigir. Cuando es en especie, a veces faltan co-sas, hay que procurarnos más cosas. Tam-poco había sanidad, teníamos que conse-guir algún medicamento… había muchos motivos urgentes y necesarios para salir (de las instalaciones).”

Durante los meses que estuvo disfraza-do de policía federal, el teniente Espinosa fue removido a diferentes instalaciones: de Tultitlán y Ecatepec, en el Estado de Méxi-co, a Tizayuca, Hidalgo. En ese último desti-

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Luz y Fuerza. Operativo militar

REPRESIÓN

Los “policías federales” que tomaron las instalacio-

nes de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro la

noche del 10 de octubre de 2009 en realidad eran sol-

dados disfrazados, según se desprende del testimonio

de un teniente de zapadores que semanas después

fue sometido a la justicia militar por “abandono de

servicio de armas”. Marcos Gerardo Espinosa Pérez,

quien hoy se encuentra libre bajo caución, comenta

que así como esas mentiras del gobierno federal hay

otras: por ejemplo, hablar de policías federales caídos

cuando en realidad se trata de militares.

Eran soldados

ARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

Eran las 11 de la noche del 10 de octubre de 2009 cuando varios batallones militares disfrazados de policías federales tomaron las instalaciones de Luz y Fuer-za del Centro en la Ciudad de

México. Una hora después, justo a la me-dianoche, el gobierno calderonista anun-ció la extinción de la dependencia y ade-lantó su fusión operativa con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Los militares tomaron de manera si-multánea las instalaciones estratégicas de la compañía en varias entidades para evitar que los trabajadores boicotearan el suministro de energía eléctrica en el cen-tro del país.

La noche de ese sábado 10 de octu-bre cientos de militares disfrazados de agentes de la Policía Federal (PF) llega-

disfrazados

Germán Canseco

no sus superiores encontraron un pretexto para someterlo a la justicia militar.

Los “crímenes” del teniente

En marzo de 2010 el teniente Espinosa Pé-rez había hecho varias observaciones a sus superiores sobre las condiciones en que estaban los soldados a su cargo. Acos-tumbrado a invertir de su bolsa, como la mayoría de los comandantes del Ejérci-to, el teniente utilizaba su auto particular para desplazarse y se comunicaba única-mente con su teléfono celular.

Cuando explicaba las razones de sus sa-lidas para ir a Banjército, comprar víveres para sus hombres o medicamentos, siem-pre se ponía en contacto con el mando a tra-vés de su teléfono. Una vez, estando en Tiza-yuca, perdió la comunicación porque se le acabó el saldo. Eso motivó que lo acusaran de abandono de servicio de armas.

“Mi salida de las instalaciones fue una necesidad. Todo comandante tiene la obli-gación de cumplir la misión, pero viendo por su gente. Para cumplirla se requieren factores de alimentación, comunicación, buena moral. La comunicación, cuando es mala, pone en riesgo la misión y a la gen-te. Uno puede hablar de un teléfono y se pueden captar cosas, alguien puede escu-char. La comunicación militar debe ser rá-pida, directa y segura.

“Yo no tenía comunicación, porque era mi teléfono personal, era del Valle de México y no tenía saldo. Perdí comunica-ción con el mando en la Ciudad de México. Cuando pude recargué 20 pesos; al regre-sar, ya me estaban esperando para llevar-me a un Ministerio Público militar.”

Ante la fiscal castrense el teniente Es-pinosa explicó su situación y aprovechó para narrar el resto de las deficiencias, así como las condiciones en que él y sus su-bordinados se encontraban, en un intento por demostrar que no estaba en “un servi-cio de armas”, sino de disfraz. La fiscal re-criminó al teniente; le dijo que no parecía educado en el Colegio Militar.

“Se lo dije ahí, lo he repetido en los jui-cios y lo sostengo: están muy equivocados si creen que ser del Colegio Militar impli-ca estar callado, sumiso, aceptando injus-ticias. Debo ser disciplinado y honorable, por eso no puedo ser agachado”, advierte el entrevistado.

Por la falta de saldo, el teniente Espino-sa Pérez es procesado en el Juzgado Cuar-to Militar, donde se radicó el expediente 248/2010, en el que se hallan asentados do-cumentales y testimonios que confirman la presencia militar con disfraz de PF en las instalaciones de Luz y Fuerza.

En mayo de 2010, dice, se trasladó a una base militar de Irapuato a visitar a su hijo de tres años procreado con una capi-tana odontóloga del Ejército. Había acor-

dado con su pareja que visitaría al menor como cada semana, pero esa vez, cuando se aproximaba a la puerta de las instala-ciones, la mujer gritó que se quería robar al menor.

Dice que los policías militares le pidie-ron detenerse. Él aceptó. Recuerda que co-menzaron a llegar oficiales de más alto rango, hasta que el coronel José Raúl Cele-dón, juez militar, amenazó con procesarlo por insubordinación.

“Le dije que era una violación a mis de-rechos, pues en todo caso se trataba de un asunto familiar y yo tenía derecho de visita y convivencia con el niño. Pero así es en el Ejército, deciden hasta en derecho de fami-lia”. El pequeño estaba asustado y lloraba, comenta, por lo que se lo regresó a su ma-dre. La mujer no lo denunció.

Por esos días el teniente fue enviado a Miahuatlán, Oaxaca. Quedó bajo las órde-nes de un amigo de Celedón, hasta que éste lo acusó de insubordinación por el inciden-te de Irapuato. El coronel dijo que Espinosa Pérez lo había amenazado de muerte.

“Con el poder que tienen los generales y conociendo al Ejército, ¿usted cree que por más enojado que estuviera iba a ame-nazar de muerte a un oficial”?, cuestiona el teniente.

Una patrulla de Policía Militar llegó por él en mayo de 2010 a Miahuatlán. Fue trasladado a la Ciudad de México donde además del proceso por abandono de ser-vicio hoy enfrenta la causa 154/2010 en el Juzgado Sexto Militar. Desde el incidente en Irapuato no ha vuelto a ver a su hijo.

Montaje y negligencia

Disfrazar a militares de policías se ha vuelto una práctica común en el gobier-

no de Felipe Calderón, aun en los opera-tivos contra el narco. El teniente Espino-sa asegura que muchos de los muertos en esa guerra que se cuentan como ele-mentos de la PF, en realidad eran solda-dos disfrazados.

Egresado del Heroico Colegio Militar, con 19 años de servicio y una hoja inmacu-lada hasta antes de su detención, Espinosa Pérez asegura que jamás tuvo problemas de ningún tipo, mucho menos deserciones, heridos o muertos entre sus hombres. Todo comenzó, dice, cuando lo enviaron al servi-cio de la PF que no le correspondía.

Hoy forma parte del Agrupamiento de Militares Procesados Libres Bajo Caución de la Primera Región Militar, asentado en el Campo Militar Número Uno.

Se describe como zapador, ciento por ciento de armas. Y cuenta: “Soy operativo. Le voy a comentar algo: muchos de los ope-rativos, por falta de una cabeza lógica, sa-na y limpia, llegan a realizar asaltos. No se hace estudio de inteligencia. Matan y dicen que el muerto es narcotraficante. Todos sa-bemos que se debe hacer un estudio de in-teligencia antes de hacer una tontería.

“He sido instructor en el Colegio Mi-litar, también docente, siempre instruí lo mejor que pude. En el Ejército hay gente profesional, lo que falta es quitar lo arbi-trario, lo corrupto y muchos vicios.”

–¿Cómo piensan los generales?–Es una mentalidad muy negativa, ce-

rrada y posesiva. Ellos mandan y se ha-ce lo que dicen. Si un general se equivoca, vuelve a mandar; las consecuencias son siempre para los de abajo. Si uno es co-mandante y se te muere alguien, es tu cul-pa, no de quien dio la orden.

La situación de Espinosa Pérez es pe-culiar. Traído de Miahuatlán cuando se encontraba franco, no pudo recoger sus posesiones, pero le han exigido que porte uniforme, insignias y credenciales en las diligencias. No puede ir por ellas, pues si va más allá de 80 kilómetros se configura el delito de abandono de plaza. Si usa un uniforme ajeno, también es delito.

Asegura que en el caso de abandono de servicio, el juez ya se dio cuenta de que no era un destacamento de armas, que los documentos aportados por la fiscalía en su contra no tenían firmas ni sellos, que estaban hechos al vapor, incluso tenían fechas equivocadas.

“Yo, la verdad, sí pedí que me aclararan la situación (de la asignación a PF) porque creía que era una cosa ilegal. La huelga… la protesta es una cosa normal del trabaja-dor que quiere defender su trabajo, y en el Ejército estamos para garantizar la seguri-dad interna y externa de la nación, no para reprimir trabajadores. Pienso que por eso empecé a tener problemas con el mando, porque no me gustaba someterme a esas órdenes.”

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El teniente Espinosa. Acusaciones

REPRESIÓNREPRESIÓN

CORRUPCIÓN / TURISMO

la gobernadora priista de Yucatán Ivonne Ortega Pacheco.

Zetina, identificado en la isla como prestanombres de González Canto, de la noche a la mañana se convirtió en propie-tario de 12 lotes en Holbox, como consta en los folios 185115 y 185101 del Regis-tro Púbico de la Propiedad y del Comer-cio de Quintana Roo, y en la escritura pú-blica número 498 del notario número 33, José Francisco Peniche Segura, del muni-cipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo.

Hay otro interesado en la isla: el em-presario yucateco Arturo Millet, vincula-do con el diputado federal nuevoleonés Felipe Enríquez, compadre de Enrique Pe-ña Nieto y operador político de éste en los gobiernos de Ortega Pacheco en Yucatán y de González Canto en Quintana Roo. Al-

gunos habitantes de Holbox presumen una rivalidad entre Millet y Ponce García, pe-ro otros advierten que aun así pueden for-mar parte del mismo negocio.

Según el documento entregado a la Semarnat, titulado Península Maya Deve-lopments –cuya copia obtuvo Proceso– el plan es desarrollar para fines turísticos e inmobiliarios 980 hectáreas para la cons-trucción de tres “hoteles boutique”, 45 pa-ra 866 lotes residenciales exclusivos (vi-llas y condominios), 1.5 hectáreas para un área comercial, 69 para “lotes de pre-servación” y un Centro de Interpretación Ambiental.

Según las cifras del proyecto, hasta la fecha hay una inversión de 100 millones de dólares y se tienen programados 600 más en la segunda fase y 150 adicionales para la compra de bienes y servicios.

Sus promotores presumen que se tra-ta de un “desarrollo verde”, protector del medio ambiente, “que no sólo contempla la conservación a perpetuidad de 90% del predio y un manejo responsable de los re-cursos naturales de la isla y fuentes alter-nativas de energía, sino que está planeado bajo una filosofía de conservación de la ri-queza natural de Holbox”.

Además dicen que se necesita un pro-grama de manejo para el área natural prote-gida de Yum Balam –en la parte continental del municipio de Lázaro Cárdenas, al que pertenece Holbox, y donde se pretende edi-ficar una ciudad dormitorio para los traba-jadores del complejo turístico–, donde hay una enorme biodiversidad... aunque no in-dican cómo preservarla.

A la Semarnat le piden “respaldo insti-tucional” para “facilitar los procedimien-tos y reducir los obstáculos innecesarios”, pero no mencionan en el proyecto de más de 40 cuartillas los litigios pendientes en el Tribunal Unitario Agrario 44 de Che-tumal por el despojo de la tierra ejidal ni los juicios de amparo agrario TUA-44-474/2009 que están en trámite de revisión en la SCJN.

Sí argumentan, en cambio, la necesi-dad de ser los únicos desarrolladores en la isla, considerada una de las últimas joyas vírgenes del Caribe mexicano:

“Al tener la ventaja de tener (sic) un solo actor controlando una gran extensión de tierra en Isla de Holbox, resulta en una enorme ventaja que facilita la gestión con las autoridades y permite al desarrollador generar amplios espacios de conservación que además generarán importantes fuen-tes de empleo, negocio y un mejoramiento definitivo: el de las comunidades y las vi-das de sus habitantes.”

Una semana después de que se presen-tara el plan ante la Semarnat, el 16 de agos-to de 2011, Felipe Calderón se trasladó de Cozumel a Holbox, donde vacacionó unos

días. Su anfitrión fue Fernando Ponce.La columna Templo Mayor del periódi-

co Reforma publicó en aquella ocasión: “Quienes pasan los últimos días del

periodo vacacional en la isla yucateca Holbox se sorprendieron de ver mero-deando a un Puma.

“Pero no, no era un carnívoro de cua-tro patas y atemorizante rugido, ni uno de los integrantes del equipo campeón de fut-bol nacional.

“En realidad, era uno de los helicópte-ros de la flotilla presidencial que al parecer fue de avanzada, en preparación a la visita de Felipe Calderón, quien esta semana va-caciona en playas quintanarroenses.”

Como viejos hacendados

Para adueñarse de la isla los empresa-rios encabezados por Ponce “reproduje-ron los métodos de los viejos hacendados de Yucatán que acaparaban toda la tierra para volverse ellos los únicos propieta-rios”, advierte el abogado Carlos Odrio-zola Mariscal.

Odriozola asesora desde hace poco más de un año a la mayoría de los ejidata-rios que demandaron a Ponce y a su yerno Ermilo Castilla Roche por haberlos despo-jado de su tierra con engaños, comprándo-les a un precio mucho menor los 116 lo-tes originales, formando un fideicomiso fraudulento que maneja el concesionario de Coca Cola en el sureste y quedándose también con una extensa parte de terreno que era área natural protegida y llega has-ta Cabo Catoche, el extremo septentrional de la península de Yucatán.

“Existen más de mil parcelas, propie-dad de los Ponce en Holbox. El proble-ma es que en el Registro Agrario Nacional

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Ponce. Principal accionista

No obstante que 980 hectáreas de la isla Holbox se encuen-

tran en litigio en el Tribunal Agrario y en la Suprema Corte,

la Semarnat ya autorizó a un grupo empresarial el desarro-

llo de un proyecto turístico en esos terrenos en disputa. Los

ejidatarios que eran dueños de esas tierras denuncian las

trampas y engaños con que los despojaron de su patrimonio,

en tanto que los depredadores que impulsan el proyecto se

aprestan a levantar su infraestructura en esa isla del Caribe

mexicano, considerada área natural “protegida”.

JENARO VILLAMIL

ISLA HOLBOX, QR.- Sin importar el hecho de que en tribunales agrarios y en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se siga actualmen-te un litigio por los delitos de despo-jo y fraude en perjuicio de más de 65

ejidatarios de esta localidad, propietarios originales de un conjunto de tierras afec-tadas, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó ya la construcción de un proyecto turísti-co en esta isla.

El proyecto implicará la inversión de 850 millones de dólares en los próximos siete años y convertirá este santuario del tiburón ballena en propiedad de un consorcio enca-bezado por empresarios yucatecos, presun-tos prestanombres de un exgobernador quin-tanarroense, y consorcios inmobiliarios.

“Por órdenes de Felipe Calderón” –afir-ma Carlos Odriozola Mariscal, abogado de los ejidatarios– el proyecto llamado Penín-sula Maya Developments –cuyos accionis-tas principales son los empresarios Fernan-do Ponce García, embotellador de Coca Cola en la península de Yucatán, y Germán Ahumada Russek, presidente del Consejo de Administración y director general del Consorcio Ara– se presentó en una reunión privada con las autoridades de la Semarnat el 9 de agosto de 2011.

El director general del consorcio del mismo nombre –Península Maya Deve-lopments– es Jean Louis Guinchard, di-rector ejecutivo de Real Development Partners, especialista en la operación de grandes desarrollos turísticos y vinculado con la consultora Ernst & Young.

El director ambiental es Patricio Mar-tín Sánchez, quien antes fue abogado en Quintana Roo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental y fue cooptado por los empresarios después de haberlos cri-ticado duramente por el riesgo de devas-tación ecológica del proyecto; el director legal y de Relaciones Institucionales es José Menéndez Medina. También se in-corporó como segundo director general José Antonio Ortega, de la consultora Es-pecialistas Ambientales.

En la trama de inversiones y despojo de las tierras está implicado asimismo Jaime Manuel Zetina González, primo del exgo-bernador priista de Quintana Roo, Félix González Canto, exempleado de Fernan-do Ponce García y exsecretario de Fomen-to Económico y Desarrollo Empresarial de

El despojo de Holbox

CORRUPCIÓN / TURISMO

312/2010 del Tribunal Unitario Agrario, Distrito 44, en Chetumal.

El magistrado Benjamín Arellano Na-varro, del mismo Tribunal Agrario de Che-tumal, falló el 14 de julio de 2010 a favor de los nueve ejidatarios. Menos de dos me-ses después, el 1 de septiembre de 2010, el presidente del Tribunal Superior Agra-rio, Marco Vinicio Martínez Guerrero, re-

movió a Arellano Navarro y nombró en su lugar a Georg Rubén Silesky Mata, quien, al parecer, ha actuado a favor de los intere-ses empresariales que están tras el litigio de despojo y fraude en Holbox.

Martínez Guerrero es consuegro de Roberto Hernández, expresidente de Ba-namex, quien adquirió la mayoría de las haciendas henequeneras en Yucatán y que tiene intereses en otras zonas e islas de Quintana Roo.

“La doncella deseada”

Los empresarios que quieren estas tie-rras “saben que Holbox es una princesa que nació rica. Es la doncella deseada. Ellos deliberadamente nos engañaron”, afirmó don Edgardo Efraín Zapata Jimé-nez, uno de los ejidatarios que encabezan las demandas contra Ponce García.

“Son los grupos de poder económico de Yucatán los que están detrás. Aparentemen-te Arturo Millet y Fernando Ponce están pe-leados, pero ellos pueden ponerse de acuer-do y quedarse con grandes extensiones de estas tierras, como lo hicieron en la penín-sula”, respondió Zapata Jiménez, al pregun-tarle qué ha pasado con los principales gru-

pos empresariales que ambicionan las tierras.“Lo malo no está en el desarrollo, si-

no en la negociación sucia. Nosotros te-níamos el apoyo de Félix González Can-to, pero él fue quien nos dio la estocada final”, advierte.

El ejidatario relató el momento en que se llevó a cabo la asamblea donde los 65 cedieron sus derechos agrarios. “Pegamos el grito en el cielo cuando las parcelas fue-ron cedidas al banco JP Morgan. El go-bierno de Félix estaba comprado y colu-dido con Fernando Ponce. No hizo nada para defendernos”, afirmó.

“¿Cómo es posible que el Registro Agrario Nacional no nos haya dicho na-da, no nos haya advertido? Todo fue por debajo del agua. La entonces delegada del RAN calificó de inmediato la operación”, se quejó el ejidatario.

En el momento de la venta fraudulen-ta, la delegada del RAN era la exalcalde-sa panista de Isla Mujeres, Alicia Ricalde Magaña. La misma funcionaria a la que los pobladores de isla Blanca señalan como promotora del megaproyecto turístico pa-ra construir 9 mil 600 cuartos de hotel en un área natural protegida (Proceso 1837). Como en Holbox.

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Ahumada. Otro beneficiado

desaparecieron todo el expediente anterior de la isla”, advierte Odriozola.

La documentación obtenida por Pro-ceso indica que Ponce García les compró por 5 millones de pesos los títulos de pro-piedad a 65 de los 116 ejidatarios, pero también los derechos sobre tierras de uso común. Fueron 2.5 millones de pesos por las parcelas de 4.5 hectáreas, con 100 me-tros de playa y 400 metros de fondo, y 2.5 millones de pesos por la cesión de dere-chos ejidales en su totalidad.

De acuerdo con el Instituto de Admi-nistración y Avalúos de Bienes Naciona-les, el valor catastral de cada uno de estos 116 lotes es de 99 millones de pesos y no cinco. Es decir, Ponce García pagó 5% del valor mínimo de estas tierras.

Fernando Ponce, concesionario tam-bién de Vokswagen, Porsche, International Cummings, Toyota y otras grandes trasna-cionales en el sureste mexicano, logró con-vencer a los ejidatarios de que vendieran sus tierras con la celebración de un contra-to de “prestación de servicios” para reali-zar trabajos que normalmente hacen gratis instituciones como el INEGI, la Procura-duría Agraria o el Registro Agrario Nacio-nal (RAN): la modificación de los planos del ejido, la titulación de solares urbanos, la constitución de una sociedad mercantil para beneficio de los ejidatarios y la prepa-ración de un “plan maestro” y una “estrate-gia comercial”.

El 17 de enero de 2006 se constituyó en Mérida el Fideicomiso para la Promo-ción y Desarrollo Sustentable de la Isla de Holbox, en el que participaron como fidei-comitentes los ejidatarios y como fiducia-rio el banco JP Morgan.

El contrato se realizó ante el notario público número 68 de Yucatán, Víctor Ma-nuel Correa Mena. Fernando Ponce Gar-cía y Ermilo Castilla Roche convencie-ron a los ejidatarios para que aportaran sus parcelas de 4.5 hectáreas cada una al cita-

do fideicomiso para que fueran ofrecidas al “mejor postor”.

Resultó que el fiduciario (JP Morgan) ya tenía comprador para todas las tierras: era el propio Ponce a través de la empre-sa Península Maya Development en con-tubernio con Península Maya Group, pro-piedad de Castilla Roche, su yerno en ese momento.

El 1 de octubre de 2008, Ponce y Cas-tilla lograron que 65 de los 116 ejidatarios aceptaran vender sus parcelas de 4.5 hec-táreas. Según los testimonios recabados entre los propios ejidatarios, los traslada-ron a Yucatán, los pasearon por las zonas arqueológicas, los llevaron de compras y finalmente con el notario 33, José Francis-co Peniche Segura. Ahí les entregaron dos cheques de aproximadamente 2.5 millo-nes de pesos cada uno.

En diciembre de 2008 hubo una asam-blea general de ejidatarios que decidió ex-

pulsar a los 65 que vendieron. Acordaron que la cesión de derechos sobre el uso co-mún de tierras se hiciera a favor de Ger-mán Ahumada Alduncin, propietario de Casas Ara y padre de Germán Ahumada Russek, actual accionista del proyecto, junto con Ponce García.

Luego aparecieron nuevos “ejidatarios” que, asegura Odriozola Mariscal, en reali-dad son parte de las familias más pudientes de Yucatán y operadores políticos de Félix González Canto, entonces gobernador de Quintana Roo. La lista de éstos es larga, pero baste mencionar que todos esos nue-vos “ejidatarios” en realidad son empresa-rios exitosos que viven en algunos de los barrios más exclusivos de Mérida: las co-lonias Campestre y Club de Golf La Ceiba, y los fraccionamientos Montecristo y Pra-do Norte.

La trama de intereses se complicó des-de que, el 30 de junio de 2009, nueve fa-miliares de igual número de ejidatarios de-mandaron la nulidad de la aportación que hicieron al fideicomiso que formaron con Ponce García. La demanda se radicó en el juicio agrario 250/2010 en el Tribunal Unitario Agrario, distrito 44, con sede en Chetumal.

En Holbox se especula que detrás de estos nueve demandantes, a quienes lla-man “los talibanes”, están los intereses de Arturo Millet, vinculado con el diputado federal por Nuevo León, Felipe Enríquez, y cercano también al exmandatario Gon-zález Canto.

El 3 de junio de 2010, el comisariado ejidal presentó una demanda de nulidad de la asamblea de enajenación de bienes y de la asamblea del 28 de diciembre de 2008 en la que se separó a 65 ejidatarios. La demanda se radicó en el juicio agrario

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Holbox. Santuario en riesgo

Área protegida... y vendida

Josefina Primera

N A R A N J O

ANÁLISIS

la proliferación de actividades delictivas, mayor la violencia, la explotación y la mi-seria moral y económica de una gran par-te de la población.

La única manera de escapar de su im-perio es develar el fantasma de la servi-dumbre industrial, con el objeto de volver –dando la espalda a las producciones in-dustriales y al Estado– a formas modernas de lo que Illich llama la subsistencia y de las cuales el modelo más acabado es el de los caracoles zapatistas. Se podría hablar de una pobreza, como la definen Jean Ro-bert y Majid Rahnema, convivial, ajena al fantasma del trabajo, y cuyos principios son la autonomía, la simplicidad, la so-lidaridad, la frugalidad y el compartir, o lo que en árabe se denomina “quana’at: la virtud que expresa la satisfacción de lo que se produce como valor de uso y se percibe como la parte justa de cada uno en la abundancia del orden cósmico”. Al-go de lo que jamás hablarán los partidos políticos ni los economistas.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a to-dos los zapatistas presos, derruir el Cost-co-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

En los años ochenta, Iván Illich hizo un descubrimiento fundamental para com-prender parte de la crisis en la que hoy nos encontramos: “el trabajo fantasma”. Su nombre, que habla de una desencarna-ción del trabajo, se refiere “al trabajo no remunerado que una sociedad industrial exige como complemento indispensable de la producción de bienes y servicios”. Esta forma no retribuida de servidumbre, que día con día se hace más aguda, es la consecuencia de la destrucción de formas productivas autosuficientes que Illich de-nomina la “subsistencia”.

Mientras en las economías de subsis-tencia, como las que aún sobreviven en las comunidades indígenas, el trabajo familiar y común provee de lo necesario a la familia (el hombre y los hijos varo-nes obtienen la materia prima, misma que la mujer y las hijas procesan en ca-sa o trabajan en común), en la economía industrial el trabajo familiar se encierra en las fábricas, donde los hombres no sólo producen a cambio de un salario lo que en las economías de subsisten-cia se produce en familia, sino que a su vez usan ese salario para comprar mer-cancías que sirven para generar trabajo fantasma, como los trabajos domésti-cos que realizan las mujeres en sus ca-sas, las actividades vinculadas con las compras, la mayor parte del trabajo que hacen los estudiantes para cumplir los currículos escolares, el esfuerzo que se

realiza para ir al trabajo y regresar de él, “el estrés de un consumo forzado, la sumisión a los burócratas, los apremios para preparar el trabajo y un buen nú-mero de actividades etiquetadas como ‘vida familiar’”. Así, el trabajo asalaria-do, cada vez más escaso, y el trabajo fantasma, cada vez más demandado, se complementan no sólo para beneficio de esos cuantos, sino para agudizar cada vez más el malestar que las sociedades industriales producen.

Dominados por el consumo, incapa-citados a fuerza de desempleo para acce-der a las mercancías que hacen posible el trabajo fantasma, y necesitados de esas mercancías, los hombres, las mujeres y los niños de esta nación se mueven en una do-ble vía: 1. Quienes acceden al empleo viven en una enajenación que acumula, por un lado, instrumentos al servicio del trabajo asalariado; por el otro, bienes vinculados con el trabajo fantasma que se compran con el salario, sin que el salario alcance o baste para satisfacerlos –consumo de edu-cación (escuelas, útiles), de salud (servicios médicos, medicinas industriales), de tra-bajo doméstico (lavadoras, hornos, comida de supermercado), de empleo (transporte, servicios burocráticos, ropa adecuada), de diversión (videojuegos, televisores, antros), etcétera; 2. Quienes no pueden acceder al empleo, pero necesitan o desean las mer-cancías que hacen posible el trabajo fan-tasma, se mueven en otros dos niveles: a)

el del crimen que no sólo instrumentaliza, con fines económicos, a la gente mediante la extorsión, el secuestro, la prostitución, la esclavitud, etcétera, sino que permite también la generación de productos o em-pleos improductivos pero legales –policías, militares, armamento, cárceles–, o b) el del comercio informal que, en muchos senti-dos –es decir, cuando no produce valores de uso– es igual de improductivo porque es el fruto de los usos ilegales de las produc-ciones industriales, lo que aquí se conoce como “fayuca”.

En todos esos casos, el único benefi-ciario, a costos muy altos de vida, es el po-der y el capital que sólo usufructúan unos cuantos, con el único objeto de consumir enormes cantidades de mercancía y de trabajo fantasma.

Más allá de lo que Marx opinaba al decir que los beneficios del capitalista son el producto de la plusvalía –es decir, del valor que el dueño del capital le ro-ba a la fuerza de trabajo del asalariado–, en realidad, es el trabajo fantasma el que, en su crecimiento monopólico, refuerza los beneficios no sólo del capitalista, si-no del Estado y del crimen. Entre mayor es el crecimiento del trabajo fantasma, o, en otras palabras, entre mayor es la de-manda de bienes de capital vinculados con el trabajo fantasma que produce la industria, mayor es la riqueza de las élites económicas y estatales, mayor la genera-ción de empleos improductivos, mayor

El trabajo fantasma y la crisis económica

J A V I E R S I C I L I A

ANÁLISIS

Enemigos aguerridos o aliados coludidos

D E N I S S E D R E S S E R

Hay que dejar que se peleen entre sí, dicen unos. Hay que per-mitir la confrontación para así fomentar la competencia, dicen otros. Hay que permitir la creación del monstruo Televisa-Iusacell pa-ra enfrentar al monstruo Telmex-Telcel. Hay que otorgarle al Sr. Slim la posibilidad de que provea televisión para que haya una ter-cera opción. Esos suelen ser los argumentos de quienes defienden la alianza entre las dos televisoras en el ámbito de la telefonía celu-lar. Esos suelen ser los plantea-mientos de quienes promueven la presencia del ingeniero en la pantalla. Esa incluso es la posición de la prestigiada revista The Econo-mist, que titula su artículo sobre el tema: “Dejen que los magnates se enfrenten”.

Y hay razones urgentes para fomentar la competencia en sec-tores cuasi-monopólicos. Telmex todavía controla 80% de la telefo-nía fija y 75% de las conexiones de banda ancha. Telcel domina el 70% del mercado de la telefonía ce-lular. Gracias a ello, los márgenes de ganancia de las empresas del ingenie-ro se encuentran entre los más altos del mundo. Mientras tanto, la penetración de la telefonía celular en México se ubica entre las más bajas del continente. Según la OCDE, las altas tarifas de los mercados de telecomunicaciones en México le han costado al país alrededor de 26 mil millo-nes de dólares.

Ante esta situación, el gobierno ha per-manecido impávido, impasible, impotente. Y no resulta difícil entender por qué: Cier-tos reguladores simplemente han doblado las manos frente a uno de los hombres

más poderosos del país, mientras otros se enfrentan a los obstáculos legales que eri-ge en su contra. Entre 2005 y 2010 –según la OCDE– el sector de las telecomunicacio-nes generó más de 260 amparos y revisio-nes judiciales. Amparo mata intentos de regulación; amparo mata esfuerzos para fomentar la competencia; amparo mata mejores tarifas para los consumidores.

Quizás por ello tantos insistían en la alianza Televisa-Iusacell pensando que proveería un contrapeso al poder de Tel-mex-Telcel. Que inyectaría competencia a un mercado concentrado que la necesita.

Que ningún otro grupo tendría la capacidad de confrontar a Carlos Slim sin terminar arrollado por él. Pero el problema es que no debe combatirse un mal con otro mal. Aunque la idea de inyectar capital en Iusacell podría ser una medida procompetitiva en telefonía móvil, habría acarreado costos, y muy al-tos. Como lo señaló la Comisión Federal de Competencia, la alianza entre Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas Pliego podía dañar la com-petencia en televisión abierta y restringida.

¿En realidad iban a aliarse en un terreno y a pelearse en todos los demás? ¿Iban a ser amigos en el ámbito de la telefonía móvil y enemigos en la televisión? ¿La alianza no hubiera creado nuevos y poderosos incentivos económi-cos para la colusión en múltiples mercados compartidos? ¿Por qué Iusacell no busca recursos de una fuente distinta a su principal com-petidor en otros mercados? Dada la trayectoria de ambas empresas, probablemente hubieran tendido a la colusión, encareciendo la publi-

cidad, incrementando el costo de los bie-nes que usan esa publicidad. Y eso hubiera dañado a los consumidores.

Pero aún más grave. En television abier-ta, la alianza Televisa-Iusacell generaba riesgos importantes para la competencia. Hubiera creado nuevos y poderosos incen-tivos para la coordinación en lugar de la competencia; para la conciliación en lugar de la confrontación. Hubiera entrañado el surgimiento de un cordón umbilical entre dos empresas que representan el 95% de las concesiones totales de televisión abier-ta y el 100% de las cadenas nacionales.

Infructuosa manipulación en el PAN

J E S Ú S C A N T Ú

A l menos tres lecciones se pueden sacar del proceso interno del PAN para elegir a su candidato a la Presidencia de la República: una, las prácticas de ma-nipulación de la voluntad del electora-do están muy presentes en México; dos, dichas prácticas tienen efectos limita-dos, es decir, rinden frutos en contien-das muy reñidas y/o con un número reducido de votantes; y tres, hoy por hoy, los candidatos únicamente pueden aspirar a ganar si realizan una buena campaña y cuentan con una buena es-tructura electoral.

Aunque en el 2005, cuando eligieron a Felipe Calderón su abanderado para buscar la Presidencia, los panistas ya habían mostrado (como los perredis-tas y priistas en las elecciones de sus dirigencias en 1999 y 2002, respectiva-mente) que ellos también recurrían a las tradicionales prácticas de manipu-lación (compra y coacción de votantes, inflado de los padrones, acarreo de electores, etcétera), en esta ocasión di-versos medios recolectaron evidencias de las mismas que los dirigentes blan-quiazules ya no pudieron negar y sólo trataron de minimizar.

De acuerdo con dichas constan-cias, fueron los aparatos electorales de Ernesto Cordero (soportado funda-mentalmente en gobernadores y pre-sidentes municipales panistas) y de Josefina Vázquez Mota (finalmente la candidata ganadora, apoyada por aspi-rantes a otros puestos de elección, sus colegas dentro del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados o las redes que construyó a su paso por la Secretaría de Desarrollo Social) los que las implementaron. Lo cierto es que ninguno de los dos equipos esca-timó ningún recurso, legal o ilegal, para lograr la postulación.

Se llegó a pensar que Josefina Váz-quez Mota no tendría el triunfo, pese a que todas las encuestas le otorgaban una amplia ventaja, porque el apoyo presidencial sí podía torcer la voluntad de la mayoría blanquiazul. Sin embargo, esto no fue suficiente porque, a pesar

de de todo, hoy los márgenes del fraude electoral tienen límites, pues aunque los operadores electorales logran encontrar los resquicios para ejecutar sus operati-vos fraudulentos, los contrapesos exis-tentes (las nuevas reglas, la vigilancia de los medios de comunicación y los equi-pos de sus opositores, entre los más sig-nificativos) acotan sus alcances.

Así, en elecciones disputadas y con pocos electores, como las de Guanajua-to y Jalisco, los gobernadores lograron imponer su voluntad y sus delfines abanderarán al PAN el próximo 1 de ju-lio; o, en Nuevo León, la fuerza del lla-mado Grupo San Nicolás fue suficiente para que Cordero se impusiera por un ligero margen (10 puntos porcentuales) a Vázquez Mota. En el caso de Nuevo León y Guanajuato, el número total de votos de los militantes panistas osciló entre 18 mil y 25 mil; y en el caso de Jalisco, donde la elección se abrió a la ciudadanía en general, las diferencias entre el primero y el tercer lugares ape-nas fueron de 9 puntos porcentuales, equivalentes a unos 10 mil votos.

En estos escenarios la manipula-ción puede resultar exitosa, pero en la elección por la candidatura a la Presi-dencia, donde el universo de votantes potenciales era de casi 1 millón 800 mil y sólo votaron alrededor de 520 mil, con15 puntos porcentuales de diferen-cia entre los dos primeros lugares, los operativos resultaron insuficientes pa-ra modificar el sentido de la voluntad de los electores, a pesar del evidente y decidido apoyo de algunos de los gober-nantes blanquiazules (Sonora y Puebla, destacadamente) a favor de Cordero.

Finalmente, vale la pena reflexionar sobre el fracaso de Santiago Creel en su segundo intento por ser el abanderado blanquiazul, especialmente por el bají-simo porcentaje de sufragios que obtu-vo, escasamente el 6%, después de que hace apenas unos meses encabezaba las preferencias entre los simpatizan-tes blanquiazules, lo cual indica que para aspirar a ganar una elección (in-terna o constitucional) hay que contar

con una muy buena estructura electoral adicional a toda la estrategia de campa-ña y posicionamiento.

Es decir, en estos momentos en México se tienen que conjugar una bue-na campaña (lamentablemente no es indispensable tener un buen candidato) y una buena estructura electoral. Cual-quiera de las dos que falle impide que se obtenga un buen resultado y, en algunos casos (como en éste) puede rayar en el ridículo. De hecho, en la elección blan-quiazul ganó quien logró conjugar los dos factores; en cambio, los dos conten-dientes que se quedaron en el camino fallaron, al menos, en uno de los dos.

En esta ocasión es evidente que todos los candidatos presidenciales (Enrique Peña Nieto, de la coalición Compromiso por México; Andrés Manuel López Obra-dor, del Movimiento Progresista; Josefina Vázquez Mota, del PAN, e incluso el del Panal, que todavía no está designado y cuyo porcentaje de participación electo-ral seguramente será marginal) cuentan ya con su estructura electoral; así que ahora falta conocer su estrategia electo-ral y ver sus impactos en el escenario de la participación para poder pronosticar sus posibilidades de éxito.

En la medida en que las campa-ñas logren estrechar las diferencias en los porcentajes de preferencia que hoy muestran las encuestas, crecerá la importancia de la operación de las estructuras electorales, pues de ellas dependerá en buena medida el resulta-do. Una de las mayores debilidades de la Coalición por el Bien de Todos en la elección presidencial del 2006 fue que no cubrió con sus representantes más del 20% de las casillas, dejando el campo libre para la operación de la estructura electoral que apoyaba a Felipe Calderón.

La elección interna del blanquiazul evidencia que los avances en materia electoral acotaron las prácticas de ma-nipulación de la voluntad popular y li-mitaron los impactos de éstas en los resultados, pero siguen presentes, y en elecciones reñidas todavía pueden ser determinantes.

ANÁLISIS

régimen por fuerzas oposito-ras que están presentes en la vida política de Irán. No obs-tante, tales fuerzas no han si-do lo suficientemente fuertes para desencadenar ese derro-camiento ni es seguro que, en caso de ganar, estarían dis-puestas a abandonar el pro-grama nuclear. Éste goza, al parecer, de enorme apoyo por parte de la población iraní en su conjunto.

La situación se encuentra, así, en una encrucijada. Para algunos –sobre todo Is-rael, pero también algunos círculos repu-blicanos de Estados Unidos–, el uso de la fuerza es inevitable para detener a tiem-po un programa que pronto presentará riesgos mayores si se desea intervenir. Atacar ahora lograría, al menos, detener por varios años el objetivo final de fabri-car las bombas nucleares.

Por múltiples motivos, un ataque aé-reo sobre Irán no favorece a la actual po-lítica exterior de Obama. Va en contra de sus propósitos de limitar la participación de Estados Unidos en aventuras militares que, como queda claro en el caso de Irak y Afganistán, pueden resultar muy cos-tosas y muy difíciles de terminar. Cierto que no se prevé ningún tipo de desem-barco en Irán; se habla de bombardeos rápidos. Sin embargo, una vez iniciada la

agresión, ésta puede obligar a acciones imprevistas de costos muy altos.

En las últimas semanas, Estados Uni-dos y los países europeos han optado por las sanciones económicas, evitando pa-sar por el Consejo de Seguridad, en donde corren el peligro de enfrentar la oposición de China y Rusia. La Unión Europea ha decidido la suspensión de compras de petróleo a Irán, y Obama ha determinado intervenir más enérgicamente las cuen-tas de bancos iraníes en Estados Unidos.

Las medidas anteriores afectan seria-mente el comportamiento de la economía de Irán. Pero no disminuyen la agresividad de Ahmadinejad, quien amenaza con ce-rrar el estrecho de Ormuz y no detiene sus programas nucleares; por el contrario, son, cada vez más, una carta para darle popu-laridad interna a su régimen.

En ese contexto, cobran dimensiones más graves las afirmaciones de Israel en el sentido de que está decidido a actuar sobre Irán. El asunto llega en momentos

de lucha electoral en Estados Unidos y, a pesar de las resis-tencias de Obama, es claro que éste no podrá distanciarse de su mejor aliado en el Medio Oriente y de los grupos judíos con gran influencia sobre el electorado estadunidense.

Las consecuencias de un bombardeo de Israel sobre Irán son in-ciertas. Lo primero es el grado de eficien-cia que pueda tener, ya que la mayoría de las instalaciones iraníes se encuen-tran bajo tierra, están diseminadas a lo largo de su territorio y podrían recom-ponerse rápidamente. Lo segundo es la fuerte reacción nacionalista interna que podría producir, la cual favorecería a Ah-madinejad y haría más difícil cualquier intento posterior de negociación.

Desde otra perspectiva, la acción uni-lateral de Israel, sin la aprobación explíci-ta de Estados Unidos y la Unión Europea, aislaría aún más a ese país internacio-nalmente y acentuaría el sentimiento de que no existe actualmente quien tenga la última palabra para decidir sobre cues-tiones que afectan seriamente la paz y la seguridad internacionales. Se trata de una batalla en territorio incierto donde los actores no se definen con claridad y no se sabe con certitud quién gana o quién pierde.

O L G A P E L L I C E R

Además, en un mercado con altas barreras de entrada, como la denostación a Isaac Saba –por intentar remontarlas– lo demos-tró. La decisión de la Comisión Federal de Competencia al impedir la alianza busca prevenir estas formas de disminución, da-ño u obstaculización de la competencia en el futuro. Como bien argumenta: “Los be-neficios en un mercado no pueden servir para justificar los daños a la competencia en otros mercados”.

Ahora bien, hay quienes sugieren que esta decisión fue tomada para ayudar al Sr. Slim. Pero hace poco tiempo se critica-ba a la Cofeco por supuestamente bene-ficiar a Televisa con el intento de multa a Telcel (empresa que por cierto ya se am-paró). En México se ha vuelto práctica común entre las empresas matar al men-sajero, desacreditar al regulador, vilipen-diar al órgano encargado de imponer las reglas del juego y de asegurar que se cum-plan. Los procesos regulatorios se vuelven largos, complejos, tortuosos y política-mente candentes. Pero el resultado final lamentablemente sigue siendo el mismo: telefonía demasiado cara y televisoras de-masiado poderosas.

La solución ante esta concentración en terrenos tan críticos no es colocar a los oli-garcas a competir entre sí. Una y otra vez han demostrado que cuando sus intereses están en juego se tienden la mano en lu-gar de propinarse un puntapié. Aunque al-gunos quieran subirlos al ring, al final del día van a abrazarse en vez de noquearse allí. Por eso la mejor manera de lidiar con un sector televisivo y de telecomunicacio-nes tan disfuncional debe ser otra. Debe pasar por la licitación de una tercera cade-na de televisión, y por el cumplimiento de la multa a Telcel, la regulación asimétrica para el Sr. Slim, y por sanciones multimi-llonarias para quienes violen los términos de su concesión, incluyendo la revocación. La respuesta no debe ser una batalla en-tre colosos, como sugiere The Economist, porque como escribe Lewis Mumford: La guerra es “el producto de una corrupción previa y a la vez produce nuevas formas de corrupción”.

L a pregunta está en el aire desde ha-ce varios años: ¿Tendrá Irán una bomba nuclear? Cualquiera que sea la respues-ta traerá enormes consecuencias para la frágil estructura que sostiene la no proliferación de armas nucleares y pa-ra la profundización de movimientos caóticos en el orden internacional. Una respuesta afirmativa animaría de in-mediato a otros países de la zona, como Egipto o Arabia Saudita, a tener su pro-pia bomba. Confirmaría, asimismo, que los países de la Unión Europea y Estados Unidos perdieron la batalla en su inten-to de frenar a Irán a través de sanciones económicas.

La negativa supone que se toma la decisión de detener el programa nu-clear iraní a través del uso de la fuerza. Por lo pronto, es Israel el que amena-za con lanzar un bombardeo sobre las instalaciones de dicho programa antes del verano próximo. Los tambores de guerra suenan, pues, con mayor fuerza, mientras se multiplican las incertidum-bres sobre cuáles serán las consecuen-cias de ese ataque.

El programa nuclear de Irán ha pues-to en duda la credibilidad del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP), consi-derado la piedra angular para detener la multiplicación de Estados armados con bombas nucleares. Además, cuestiona

el papel del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), encargado de ve-rificar, a través de las actividades de sus inspectores, el cumplimiento de los com-promisos relativos a la no desviación de materiales nucleares para usos pacíficos hacia la fabricación de artefactos de tipo militar.

La tercera institución cuya eficiencia se encuentra en duda es el Consejo de Seguridad de la ONU. Hasta ahora, se han adoptado allí diversas resoluciones que, entre otras cosas, aplican sanciones eco-nómicas a Irán por su negativa a suspen-der actividades como el enriquecimiento de uranio. Tal enriquecimiento, más allá de ciertos niveles, es considerado el cami-no más evidente para avanzar hacia la po-sesión de armas nucleares. Sin embargo, ni los compromisos adquiridos a través del TNP ni las inspecciones ni las sancio-nes del Consejo de Seguridad han sido suficientes para convencer al régimen de Ahmadinejad de suspender su programa nuclear que, oficialmente, es sólo para usos pacíficos. La desconfianza respecto a tales aseveraciones es generalizada, y en la mayoría de los países occidentales priva la creencia de que Irán busca la fabrica-ción de bombas nucleares.

Otros caminos menos transparentes también se han intentado. Una apuesta ha sido favorecer el derrocamiento del

Tambores de guerra en territorio incierto

Opacidad en el Conacyt

En nuestro país hay procesos y avances desiguales en los más distintos rubros, y en ello influye el contenido de la ley y el grado de cumplimiento de la misma. Puede observarse esto en uno de los aspectos del más prestigia-do instrumento de evaluación de la calidad académica del país: el diseño normativo de la integración de las Comisiones Dictamina-doras del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-logía (Conacyt). Veamos por qué.

Primero. Una de las más plausibles inicia-tivas del Estado mexicano –sin mayores refe-rentes en el extranjero– es la creación del SIN de Conacyt por, al menos, tres razones: a) crea incentivos para los científicos y tecnólogos del país; b) establece un estructurado sistema de niveles de reconocimiento que se expresan en distinciones (del nombramiento de candidat@ a los niveles progresivos de I, II y III, constitu-yendo este último la máxima distinción) y en estímulos económicos previstos en el regla-mento respectivo, y c) alienta la formación de recursos humanos de alto nivel académico, así como la creación de conocimiento científico y/o tecnológico para el desarrollo del país.

El sistema descansa en la evaluación por pares bajo criterios objetivables que conoce la comunidad académica. Debo reconocer que es un “club” de élite. Por ello mismo es alta-mente selectivo, y privilegia la competencia, el esfuerzo y el quehacer de alta calidad aca-démica. Por supuesto, el sistema no es perfec-to, sino perfectible, como toda obra humana. De ahí que tiene urgentes oportunidades de mejora normativa.

Segundo. Las comisiones dictaminado-ras constituyen la columna vertebral del SNI porque sus miembros deciden de manera razonada quiénes pueden y quiénes no pue-den pertenecer al sistema, y con qué nivel de reconocimiento. Estoy de acuerdo en que los miembros de estas comisiones sean sólo quienes poseen el nivel III porque se presu-me que cuentan con la mayor experiencia y el mejor criterio para evaluar el trabajo de sus pares. Hasta aquí todo pareciera ir como miel sobre hojuelas. No es, por desgracia, el caso.

El derecho ciudadano a votar con las ga-rantías para hacer del “sufragio universal, li-bre, secreto y directo” –como prevé el artículo 42, fracción I de la Constitución– no se aplica en el SNI para elegir a los miembros de las comisiones dictaminadoras. En efecto, como

resabios del pasado priista existe el Foro Con-sultivo Científico y Tecnológico, que es una asociación civil independiente pero que des-pacha en las instalaciones del Conacyt. Tiene, entre otras atribuciones, organizar “auscul-taciones” anuales y el sistema electoral para elegir a los representantes de los miembros del SNI susceptibles de formar parte de las ci-tadas comisiones.

El problema reside en cuatro aspectos básicos: a) no hay voto secreto; b) no hay un formato que permita presentar el programa de los candidatos para decidir por quién vo-tar; c) no hay representantes de casilla, y d) no hay certeza legal del voto. Esto es gravísi-mo. Simple y sencillamente porque la mani-pulación de cifras es posible. Aclaro que no estoy en desacuerdo con las prendas profe-sionales de los candidatos en mi área: los distinguidos juristas Jorge Witker, José Ba-rragán y Leonel PérezNieto, todos ellos con un reconocimiento por sus contribuciones doctrinales al país. El quid del asunto es el diseño sistémico, no las personas físicas que están ahora como candidatos.

Tercero. El voto no es secreto en las elec-ciones (auscultaciones) organizadas por el Foro, a pesar de que se pregonan la “trans-parencia” y la participación ciudadana, ha-bida cuenta que a los miembros del sistema se nos envía una invitación y una clave para votar vía electrónica sin la garantía pública de la secrecía del voto. (Conquista ganada en México desde la “ley sobre elecciones de diputados para el Congreso General, y de los individuos que compongan las juntas depar-tamentales”, del 30 de noviembre de 1836, y mejorada desde la ley electoral de 1911.)

La secrecía del voto es un prerrequisito básico para el ejercicio del derecho al vo-to en libertad. Por supuesto, año con año la secrecía del voto ha adquirido carta de na-turalización como un requisito básico de la democracia electoral. No es, en modo algu-no, una ocurrencia. El voto a mano alzada o público ha sido (lo sigue siendo) un me-canismo de inhibición del ejercicio del voto practicado recurrentemente por los sindica-tos del viejo régimen. Hoy el Foro y Conacyt reproducen esa práctica superada en la ley desde hace ¡165 años!

Hay incluso dos problemas más: a) El sis-tema de cómputo y sus protecciones no pue-den ser consultados por candidatos ni por la

sociedad. El Tribunal Supremo de Brasil, en una reciente sentencia, afirmó que se con-sidera favorablemente “la realización de los tests externos, ante la transparencia en torno a los programas computacionales y al hard-ware de las urnas electrónicas, como así tam-bién a sus procedimientos de manipulación (…) se pone a disposición para la realización de tests públicos de seguridad, lo que permite que la seguridad del sistema electrónico de votación sea analizada por los partidos po-líticos, los candidatos y la sociedad civil en general”. (Petición 1.896. Jurisdicción: Brasil. Decisión judicial publicada en el diario de la Justicia electrónico de fecha 18/9/2009), y b) El Foro, al ser formalmente una persona de de-recho privado, está sujeto a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y con el sistema adoptado viola lo dispuesto en los artículos 14, 15, 16 y 17, entre otros, de la citada ley al tratarse de datos personales sensibles.

Cuarto. El Foro y Conacyt conculcan de-rechos humanos al evitar que haya repre-sentantes de casilla o, en este caso, expertos en seguridad computacional enviados por candidatos y expresiones de la sociedad para que los votos cuenten y se cuenten. De esta forma, la votación aquí se convierte en un dogma de fe, no en un sistema acor-de a la Constitución y al Cofipe. Es verdad que hay un Consejo de Aprobación y otro de Auscultación en el Foro, pero su integración recuerda la Comisión Federal de Vigilancia Electoral prevista en la extinta Ley Electoral de 1946, que ahora, con la legislación actual y con la creación del IFE, ha sido ampliamen-te superada desde la perspectiva de la vigi-lancia de los electores y de los candidatos sobre la certeza de los comicios.

¿Se imagina alguien mínimamente en-terado que cualquier partido político per-mitiera el modelo de Conacyt para elegir diputados, senadores o presidente de la Re-pública? ¿Por qué la comunidad académica debe tener menos derechos que los ciudada-nos mexicanos para votar por sus represen-tantes? El Conacyt y el Foro deben ajustar sus actuaciones al mandato constitucional y a las mejores prácticas internacionales. Sería lamentable que sea por la vía judicial como se resuelvan estas lamentables dispo-siciones reglamentarias que no están esta-blecidas expresamente en la ley.

E R N E S T O V I L L A N U E V A

ANÁLISISJ O H N M . A C K E R M A N

Ciudadanía anulada

A hora que las tres principales fuer-zas políticas han definido sus candidatos presidenciales, habría que preguntarnos si vale la pena votar por alguno de ellos o mejor abstenerse o anular nuestra boleta el próximo 1 de julio. Resulta evidente que ninguno de los tres candidatos po-drá por sí solo salvarnos del naufragio nacional. El poder del Estado nunca fue lo que algunos imaginaban que era, y hoy, después de 30 años de entreguis-tas políticas neoliberales, se encuentra más debilitado y vulnerable que nunca. Independientemente de quién sea el próximo mandatario, difícilmente podrá hacer grandes cambios por pura fuerza de voluntad.

El impulso para el cambio social tendrá que venir de otra parte. Tal y co-mo ha sido a lo largo de la historia, los ciudadanos, y no los políticos, enseña-rán el camino. A principios del siglo XX, fueron Emiliano Zapata y Pancho Villa, no Francisco I. Madero, los principales responsables de que la Revolución Mexi-cana hubiera desembocado en una de las Constituciones más avanzadas de su época en materia de derechos socia-les. Durante la “transición” actual, por más que sus panegiristas quieran vestir a Ernesto Zedillo, Vicente Fox o José Wol-denberg como los arquitectos del cambio político, en realidad han sido los comba-tivos movimientos estudiantiles, cam-pesinos, obreros e indígenas los que han obligado al sistema a transformarse.

Dicen que la historia la escriben los vencedores, y la nuestra no es ninguna excepción. Los pocos avances que tene-mos hoy en materia democrática se nos presentan como si fueran el resultado de la visión ilustrada de los hombres y mujeres del poder. Mientras, los verda-deros héroes que ofrendaron sus vidas, sudor e inteligencia son enviados al ba-surero de la historia.

Aun cuando algunos de los actuales candidatos cuentan con perfiles “ciuda-danos”, como Isabel Miranda de Walla-ce, Juan Manuel Márquez o Purificación Carpinteyro, en el momento en que aceptan ser candidatos para algún cargo de elección popular automáticamente tienen que jugar con las reglas de la po-

lítica. Y si llegan a conquistar el poder, deben devolver el favor no solamente a sus electores, sino también a sus res-pectivos padrinos.

Ante esta situación, la salida más fácil y cómoda es simplemente man-dar al diablo las elecciones en un acto de supuesta pureza ciudadana para no ensuciarse las manos con los juegos del poder. “Anulemos el voto para enviar un mensaje de repudio a la clase política nacional”, dicen algunos; “ni siquiera vale la pena salir a votar”, dicen otros.

El detalle es que, independiente-mente de lo que cualquiera de nosotros decida hacer en el terreno electoral el próximo 1 de julio, el gobierno seguirá existiendo, como bien lo ha señalado Octavio Rodríguez Araujo. Y mientras haya gobierno, siempre existirá el enor-me riesgo de que se abuse del poder estatal para reprimir a la población, en-riquecer a los funcionarios públicos y consolidar el control de los monopolios, el imperialismo y los poderes fácticos sobre la economía nacional.

La orientación y los compromisos del gobierno federal en estas materias tienen una gran relevancia para los movimien-tos sociales que nos tendrán que guiar durante el próximo sexenio. Tenemos la obligación de preguntarnos cuál de los tres candidatos presidenciables estará más dispuesto a tomar en cuenta y escu-char las demandas ciudadanas o, en su caso, simplemente será utilizado para re-primir a los inconformes, como en Aten-co, en Ciudad Juárez o en Chilpancingo. Para esta evaluación habría que tomar en cuenta tanto el talante autoritario y las trayectorias de cada candidato como los compromisos políticos que pesarán a la hora de tomar decisiones clave.

La gran pregunta no es entonces cuál de los tres candidatos es “mejor”, ni si-quiera cuál es el “menos peor”, sino cuál encabezará un gobierno más propicio para el florecimiento de una sociedad combativa y exigente. La mayor parte de los que anularán su voto, o simple-mente se abstendrán de participar en los comicios como acto de protesta, im-plícitamente mantienen la tesis de que las cosas tienen que empeorar antes de

que mejoren, de que lo mejor para el país sería seguir por el mismo camino de la ignominia neoliberal con el fin de que eventualmente detone un violento estallido social.

Otros “anulistas” más bien parecen ser derechistas “de clóset”. No se atre-ven a confesarlo públicamente, pero al final de cuentas prefieren la continui-dad del PRIAN a la llegada del “populis-mo” de izquierda. Llama la atención, por ejemplo, que muchos de los que promo-vían el voto nulo en las elecciones in-termedias de 2009 eran los mismos que defendían el “voto útil” a favor de Fox en el año 2000 bajo el argumento de que la alternancia podría ayudar a dinamizar el sistema político nacional.

¿Acaso no es tan importante hoy echar al PRIAN de Los Pinos como lo fue echar al PRI hace 12 años? Si la respuesta es negativa, entonces se evidenciaría un claro sesgo que, inspirado en una sen-tencia atribuida a Benito Juárez, daría pie a un nuevo dicho: “Para mis amigos, gra-cia y ‘voto útil’; para mis enemigos, ‘voto nulo’ a secas”.

Todavía existe una última oportuni-dad para enderezar el camino de nues-tra fallida transición democrática. No se trata de elegir a un nuevo salvador de la patria, sino simplemente de dar una oportunidad a la izquierda política para que pruebe su suerte al mando del país. Tanto la historia del PRD como la trayec-toria personal de Andrés Manuel López Obrador revelan una gran apertura hacia las más diversas expresiones sociales. En contraste, los perfiles de Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, así como la experiencia con el PAN y el PRI durante los últimos 30 años, garantizan una total continuidad de las políticas actuales.

Las elecciones presidenciales no son para escoger dioses ni emitir cheques en blanco, sino únicamente para decidir quién gobernará durante los próximos seis años. En lugar de anular nuestra ciudadanía deberíamos participar acti-vamente en esta decisión, así como, si-multáneamente, exigir a cada paso y en cada momento el cumplimiento de una agenda social de avanzada por el nuevo gobierno federal.