2009 D - Movimiento Juntista en Villa de La Plata y La Paz en 1809
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Proceso de Paz del Movimiento 19 de Abril (M-19) con el Gobierno de Virgilio Barco. “Subvertir la Paz, Negociar la Democracia” Liseth Andrea Lizarazo Bernal. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Facultad de Ciencias y Educación Bogotá, Colombia 2016
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Proceso de Paz del Movimiento 19 de Abril (M-19) con el
Gobierno de Virgilio Barco.
“Subvertir la Paz, Negociar la Democracia”
Liseth Andrea Lizarazo Bernal.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Facultad de Ciencias y Educación
Bogotá, Colombia
2016
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Proceso de Paz del Movimiento 19 de Abril (M-19) con el
Gobierno de Virgilio Barco.
“Subvertir la Paz, Negociar la Democracia”
Liseth Andrea Lizarazo Bernal
20101155040
Tesis presentada como requisito para optar al título de:
Licenciada en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales.
Director: Wilson Javier Torres Puentes.
Docente Universidad Distrital.
Línea de Investigación:
Historia de los Procesos de Paz en Colombia.
Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Facultad de Ciencias y Educación
Bogotá, Colombia
2016
3
Agradecimientos
Agradezco a todas aquellas personas que me apoyaron en el trascurso de esta investigación. De
manera especial al tutor de esta monografía, profesor Wilson Torres por compartir conmigo sus
observaciones académicas y ser un ejemplo profesional para mi futura vida docente.
Agradezco a mis amigos y compañeros de estudio por permitirme enriquecer el conocimiento y
experiencia que hoy me definen como persona.
Finalmente agradezco a mis padres y hermana por ser soporte y motor de este proceso
investigativo, a mi hijo por ser inspiración en la construcción de un mundo distinto; sin su apoyo
no hubiese podido culminar de manera exitosa este camino.
4
Resumen
En el presente trabajo se abordan aspectos determinantes en el Proceso de Paz entre el
Movimiento 19 de Abril y el gobierno de Virgilio Barco, proporcionando una perspectiva desde
el inicio del Conflicto Armado Colombiano a partir de procesos históricos como el bipartidismo
y el Frente Nacional. Se caracteriza el conflicto desde referentes teóricos como elemento
fundamental en la prolongación de la guerra insurreccional y la posibilidad de una salida
negociada en diferentes momentos de la historia. Se describen algunos aspectos que definen a la
guerrilla del M-19, su accionar y propuesta política. A raíz de este estudio se presenta un
panorama del contexto colombiano, haciendo énfasis en el periodo 1986-1990. Se concluye que
el proceso negociación tratado, es un referente de participación política de grupos alzados en
armas en la tradición democrática del país.
Palabras clave: M-19, proceso de paz, desmovilización, participación política, refrendación,
cultura política, constituyente.
5
Abstract
In this investigation are addressed determining aspects in the peace process between Movimiento
19 de Abril and the government of Virgilio Barco, providing a perspective since the beginning of
the Colombian armed conflict from historical facts like the bipartisanship and the National Front.
The conflict is characterized from theoretical references as a fundamental element in the
prolongation of the insurrectional war and its possibility of negotiated exit at different moments
of history. Describes some aspects that define the guerrilla of the M-19, its action and political
proposal. This investigation presents an overview of Colombian context with an emphasis on the
period 1986-1990. It is concluded the negotiation process is a reference for political participation
of armed groups in the democratic tradition of the country.
Key Words: M-19, peace process, demobilization, political participation, endorsement, political
culture, constituent.
6
Tabla de Contenidos
INTRODUCCIÓN…………………………………………………………………………………………………………………………………….7
CAPÍTULO I: COLOMBIA . LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA .............................................. 14
El Movimiento Guerrillero y el nacimiento del M-19……………………………………………………………………….14
La avanzada política y militar ........................................................................................................ 22
CAPÍTULO II: CONFLCITO ARMADO Y LUCHA POR LA PAZ .................................................................... 28
Los hechos en contexto y las iniciativas de Paz .............................................................................. 28
Gobierno Belisario Betancur. El intento fallido………………………………………………………………………………37
CAPÍTULO III: EL PROCESO DE PAZ Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA……………………………………………………….47
Contexto Nacional: El Gobierno Barco 1986-1990………………………………………………………………………….47
El Movimiento Guerrillero……………………………………………………………………………………………………………..52
Paz en Firme………………………………………………………………………………………………………………………………….55
Negociaciones……………………………………………………………………………………………………………………………….61
Lo Acordado…………………………………………………………………………………………………………………………………..80
Indulto, dejación de armas y refrendación…………………………………………………………………………………….86
La constituyente y ¿la Paz?.................................................................................................................93
CONCLUSIONES……………………………………………………………………………………………………………………………………..97
REFERENCIAS………………………………………………………………………………………………………………………………………101
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………………………………………………..105
RECURSOS WEB………………………………………………………………………………………………………………………………….106
7
Introducción
Leer la realidad desde una perspectiva histórica nos permite acercarnos a los orígenes y causas
del conflicto para comprender así sus huellas en la actualidad y generar relaciones entre los
sucesos históricos, sus implicaciones y efectos con el fin de permitir acciones concretas de
cambio; la lectura de los sucesos históricos a través de los ojos del presente, permite una
consideración significativa del pasado como constructo social. Tomando como punto de partida
pero también de llegada los actuales diálogos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, el
momento histórico exige de la labor académica campos de acción investigativo de carácter
analítico y crítico que permitan dilucidar el desarrollo no sólo de la guerra en Colombia sino
también de la Paz.
En consecuencia de ello el abordaje sobre el desarrollo histórico de los procesos de paz en
Colombia es objeto de estudio en la presente investigación, haciendo énfasis en el problema de la
participación política en marcos de legalidad por parte de los grupos insurgentes nacidos en la
izquierda colombiana. Se aborda el debate sobre participación política en el marco de la
legalidad de los grupos guerrilleros con el análisis del célebre proceso de paz entre el M-19 y la
administración de Virgilio Barco. Lo ocurrido con el proceso de paz más exitoso que ha tenido
el país (para la época), el cual se sumó a diversas manifestaciones de la sociedad civil en torno a
la apertura democrática y que acogió una parte del proceso constituyente, permite analizar la
realidad actual colombiana desde la observación histórica para de esta manera reconocer
elementos propios de la cultura política del país y poder generar a partir de ello un aporte
académico que permita acercar la paz como una realidad tangible. Para ello se traza como
objetivo fundamental el análisis de la condiciones de participación política en el proceso de
8
acercamiento, diálogo, acuerdo y refrendación del proceso de paz como contribución al pleno
entendimiento de una perspectiva distinta de solución al conflicto armado colombiano. En este
sentido, comprender que la paz no solo pasa por el silenciamiento de los fusiles sino por todo un
análisis de las condiciones sociales, económicas y estructurales del país conduce a trazar una
serie de objetivos concretos que posibilitan, a grandes rasgos, la comprensión del conflicto a
través accionar del M-19, sus banderas de lucha, la evolución de su propuesta de paz y también
del panorama nacional para la época de diálogo (1986-1990).
Para lograr la presente investigación se utiliza la Metodología Histórica referida por
(CARDOSO, 2000) la cual presenta los siguientes pasos: Planteamiento del problema: de
acuerdo con criterios de relevancia, viabilidad, originalidad e interés; Construcción del marco
teórico: abordando Violencia Política, Estado, Conflicto Armado, Proceso de Paz y Discurso
Político como categorías de análisis; Descripción del proyecto investigativo; Recolección de
datos: fuentes secundarias o indirectas, principalmente escritas; Análisis y procesamiento de la
información y por último Síntesis y redacción.
De esta manera, en un primer capítulo se aborda el estudio sobre el Movimiento Guerrillero y el
nacimiento del M-19 en el marco del Conflicto Armado en Colombia, así como los primeros
años de agitación y formación política. Seguido de ello, en el segundo capítulo se hace énfasis en
el accionar del M-19 de acuerdo al contexto nacional y la lucha por la paz referenciando
trascendentales sucesos en el desarrollo del conflicto y de las iniciativas de paz. Por último, en el
tercer capítulo se aborda el Proceso de Paz exitoso en tanto a su contexto social y político, el
momento de la insurgencia colombiana y las fases de diálogo, acuerdo y refrendación del mismo.
9
Sumado a lo anterior y con el objetivo de aportar elementos para la comprensión de la realidad
política colombiana en un tramo de su historia, se realiza un breve paneo de algunos sucesos que
se sitúan como esenciales en el desarrollo de la confrontación partidista y el surgimiento del
conflicto armado.
Con la instauración del Centralismo1 y la Constitución 1886, el país entra en un periodo de 44
años de Hegemonía Conservadora, la cual se caracteriza por la abolición de la Constitución
Federalista y la baja cuota burocrática de los liberales en los gobiernos; este acto marcó el
antecedente de un levantamiento armado del sector liberal inconforme, pues las vías
institucionales no le permitían mayor incidencia. Lo anterior desemboca en la Guerra de los Mil
Días (1899-1902), primer precedente de confrontación violenta partidista en el marco de un
Estado con características modernas.
Finalizada la guerra y a medida que la expansión del cultivo de café contribuía al desarrollo del
capitalismo en Colombia y a la actualización de las formas y condiciones del trabajo obrero, se
fueron estimulando los sectores particulares y extranjeros, generando de esta manera procesos
organizativos de los trabajadores en pro de la consecución de derechos laborales. El periodo de
Hegemonía Conservadora ya no puede responder a las exigencias de una economía en
crecimiento y un sector social y político en agitación. En consecuencia de ello y hacia mediados
de los años 30 (1934) el presidente Alfonso López Pumarejo (1934-1938) plantea un programa
de corte progresista y reformista que despertaría acérrima oposición en los sectores de la
1 Conformación de Estado Unitario, forma de administración y organización territorial que se basa en un poder ejecutivo fuerte que gobierna para todo el país; contrario al Federalismo, el centralismo se caracteriza por la toma de decisiones y control desde el centro hacia las periferias. La Constitución de 1886 abolió el Federalismo, dividió el poder en tres ramas (ejecutiva, legislativa y judicial)
10
burguesía tradicional, los conservadores, la iglesia y el sector terrateniente y latifundista2.
Posteriormente dos ciclos presidenciales más (1938-1942 y 1942-1946)3 delimitaron el periodo
de la “República Liberal”4, rápidamente tildada como la bolchevización del país a garras del
comunismo del Partido Liberal, el cual fue esencial en la comprensión de la transformación
política y económica del país en su constitución como Estado.
Al desmoronarse la República Liberal y los cambios que ella representaba, con un Partido
Liberal dividido, el conservador Mariano Ospina fue elegido presidente (1946-1950). Su objetivo
primordial es el de evitar a toda costa el acceso al poder de algún partido populista ya que esto
sería la antesala del comunismo en Colombia. En este periodo (1948) el asesinato del candidato a
la presidencia por el Partido Liberal Jorge Eliécer Gaitán reaviva los brotes de violencia
gestados desde el ascenso de los liberales al poder en 1930, desencadenando concentraciones
insurgentes en todo el país. Estas concentraciones insurgentes nacen desde la violencia como una
forma de defensa ante la dura represión por parte del gobierno conservador orquestada por las
fuerzas armadas y grupos de bandidos al servicio del Estado conocidos como Chulavitas 5.
En medio de esta confrontación, con un único candidato presidencial, el conservador Laureano
Gómez, (1950-1954)6 es elegido Presidente de la República. Férreo y radical conservador quien
2 El gobierno estaba sometido a los golpes venidos de los sectores de derecha: Los latifundistas disgustados por la legislación de tierras; el conservatismo ulcerado por la pérdida del poder; la A.P.E.N. (Acción Patriótica Económica Nacional) clamando contra los incipientes impuestos y el satanismo en espera de evitar toda solución presidencial que implicara continuidad con la Revolución en Marcha. (ARDILA, 2005)
3 Iniciada con Enrique Olaya Herrera (1930-1934), Eduardo Santos (1938-1942) y de Alberto Lleras Camargo (1945-1946; finaliza el segundo periodo de López) 4 Desde 1930 hasta 1946 gobiernos Liberales, luego de la caída de la Hegemonía Conservadora. 5 Grupo armado de origen campesino de ideología conservadora que fue conformado para defender el gobierno del conservador Mariano Ospina, debe su nombre a la vereda Chulavita del municipio de Boavita, Boyacá. Ésta clase de grupos se fueron expandiendo a medida que iba creciendo la violencia política, además de ellos surgieron los “Pájaros” patrocinados a su vez por grandes terratenientes con el objetivo fundamental de eliminar liberales. Podría decirse que son el equivalente de la época a lo que conocemos como grupos Paramilitares. 6 Por razones de salud se retiró del poder el 31 de octubre de 1951. Sustituido temporalmente por el Designado a la Presidencia de la República, Roberto Urdaneta Arbeláez, reasumió su cargo el 13 de junio de 1953. (JARAMILLO URIBE, 1970)
11
culpa de la desintegración de la sociedad colombiana tanto al liberalismo como al comunismo7 ,
la admiración que sentía el Presidente Gómez por el Estado de corte corporativo al estilo
franquista8 condujo al país a un estado de represión y regresión política en el cual se agudizaron
las condiciones para el desarrollo de un accionar armado mucho más organizado.
Como consecuencia a la proliferación de la violencia tanto popular como estatal, el 13 de junio
de 1953 bajo el lema “Paz, Justicia y Libertad” los militares en cabeza de Gustavo Rojas Pinilla
asumieron la presidencia del país. El periodo de Rojas Pinilla se caracterizó por la búsqueda de
apoyo popular, así se otorgan facultades constitucionales a la mujer para el reconocimiento y
ejercicio de su derecho al voto, entre otras muchas campañas de alfabetización y donaciones a
los más humildes lo cual lleva al General a distanciarse de las élites de los sectores tradicionales
que lo apoyaron en el Golpe, sentenciando su periodo y dando paso al Frente Nacional. La época
del Frente Nacional transcurre con una fuerte coyuntura marcada ya no por la violencia
meramente bipartidista, sino por la exclusión que estas élites burguesas tradicionales de la
política hacen de otras formas de organización de masas políticas; al menos 5 movimientos
guerrilleros de gran talante y envergadura nacen durante estos 16 años (FARC, ELN, EPL, M-19
y MAMQL)9. Esta situación agudiza el conflicto de carácter político facilitando la
7 Durante el gobierno de Laureano, miembros de la policía y de los cuerpos de seguridad, principalmente, organizaron una persecución sin precedentes contra los liberales: les arrebataron sus tierras, les incendiaron sus ranchos, les violaron sus mujeres… La violencia fue creciendo en crueldad [...] (ATEHORTÚA, 2010)
8 El régimen franquista (1936-1975) de características nacionalistas, anticomunistas y fascistas en España creó una tupida red represiva que tenía como objetivo eliminar físicamente e ideológicamente al enemigo republicano y aterrorizar al conjunto de la población. Por ello, la represión abarcó todos los campos posibles y fue un instrumento de dominación, de humillación y de consenso forzado. (ARNABAT, 2013) 9 FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. ELN: Ejército de Liberación Nacional. EPL: Ejército Popular de Liberación M-19: Movimiento 19 de Abril. MAMQL: Movimiento Armado Manuel Quintín Lame.
12
organización de guerrillas de izquierda en sus múltiples vertientes10 , lo que les permite adquirir
mayor grado de formación política y militar, guiar su capacitación política mediante
fundamentos ideológicos propios de dichas tendencias y encontrar respaldo (desde moral hasta
material) en diversos movimientos insurreccionales a nivel mundial.
En este sentido puedo afirmar que comprender las raíces del conflicto bipartidista en Colombia
permite generar herramientas para el análisis de la coyuntura política del país que desencadenó,
en la división del poder en dos únicas vertientes, la imposibilidad de otras fuerzas sociales y
políticas de sentar una posición alterna y la invisibilización de demandas generales del sector
obrero y campesino; lo anterior siendo demostrado en el tratamiento de los conflictos fuera de
los canales o vías institucionales que el Estado debería proporcionar para su solución. Así mismo
entender que el paso de un modelo pre capitalista a un capitalismo medianamente desarrollado
adquiere relevancia en el sentido en que éste fue cimiento de la realidad económica e
intervención estatal en ella de la cual hoy somos testigos, sumando a ello que la pugna por la
tierra y la reforma agraria son problemas que aún no se han podido solventar.
De forma paralela se puede afirmar que la “amenaza bolchevique” posibilita la radicalización de
la tradición conservadora colombiana apoyada en instituciones como la iglesia, fomentando y
legitimando expresiones violentas; por otro lado la naciente expansión del pensamiento marxista
posibilita la iniciación de proyectos insurreccionales armados. También, se puede hacer una
lectura de la institucionalización de la violencia desde el Estado a la luz de los planteamientos de
Ernesto Salamanca (SALAMANCA, s.f) y El Centro de Estudios Bertolt Brecht (CEBB); por su
parte Salamanca afirma que la violencia desde una dimensión política es la expresión de manera
10 Marxista-Leninista como las FARC, Guevarista como el ELN, Marxista-Leninista-Maoísta como el EPL y Nacionalista Popular como el M-19.
13
específica de la violencia social que se determina por diferentes factores resultantes del
intercambio político que genera conflicto, a su vez el CEBB contempla la violencia como
recurso inherente al ejercicio político desde los dos polos que la ejercen, el Estado y las
organizaciones de masas: por un lado se utiliza como instrumento para mantener la dominación y
garantizar el orden vigente mediante el monopolio absoluto de todas las formas de represión y
bajo un ámbito de legitimidad que se mantiene gracias a la ideología; por otro lado se utiliza
para subvertir, sabotear y transformar el orden vigente y evidenciar rechazo a la dominación.
14
CAPÍTULO I
EL MOVIMIENTO GUERRILLERO Y EL NACIMIENTO DEL M-19.
El Movimiento Guerrillero en el Conflicto Armado Colombiano
Para comprender lo que pasa con la organización de las masas que se salen de los moldes
bipartidistas, es necesario comprender el impacto de la tendencia de América Latina en dirección
al Socialismo. Hacia la segunda mitad del siglo XX, tres cuartas partes de Latinoamérica viven
bajo regímenes dictatoriales, la pugna por la liberación nacional y la Guerra de Guerrillas se
instauran como discurso de resistencia y dignidad del pueblo latinoamericano. Aunque muchas
guerrillas se ven derrotadas militarmente por los regímenes, en la gran mayoría de los casos la
derrota no tiene un carácter político, buena parte de éstos movimientos armados se reactivan con
el tiempo llegando a revolucionar las prácticas políticas en sus países instaurándose dentro de
gobiernos socialistas legítimos.
En este sentido se asevera que uno de los factores esenciales en la confrontación armada en
Colombia, es también el contexto de las Revoluciones Socialistas en el mundo,11 la poca
intervención de éstas tendencias modernas en el conservador 12 estilo de vida colombiano
acompañado además de la lucha por la distribución de la tierra, los derechos laborales, la
equitativa repartición de la riqueza y las características propias en la búsqueda de la toma del
poder, son elementos fundamentales en la conformación de movimientos armados que propendan
por la visibilización de la ilegitimidad del modelo político imperante, la segregación, la pobreza
y demás flagelos.
11 Rusia (Unión Soviética), China, Cuba, Nicaragua. 12 Hago referencia a la totalidad de la ideología conservadora y liberal, tradicional.
15
Además la izquierda en el país, satanizada por la representativa tradicionalidad política que
siempre la usó como fortín de combate posicionándola en contravía de los principios
republicanos de la nación colombiana, siempre invisibilizada en el espectro político encuentra en
la confrontación armada la posibilidad de develarse como organización de masas y opción
política. Lo anterior se puede ver a la luz de los planteamientos del profesor Carlos Medina
Gallego que en cuanto a la conceptualización del conflicto armado se refiere de la siguiente
manera:
Entiendo por Conflicto Armado el conjunto de circunstancias y acciones mediante las cuales se
contrastan y confrontan en una sociedad, las distintas concepciones de la vida, el hombre, la
sociedad y la cultura, a través del uso de la violencia y el ejercicio de la guerra con el propósito
de sostener o transformar un orden social y político determinado. Desde esta perspectiva el
conflicto armado sostiene el carácter político que le da la legitimidad que posibilita a sus actores
acceder al estatus político o de beligerancia, según sea el desarrollo del conflicto y el grado de
reconocimiento y poder alcanzado por el actor insurgente. (MEDINA GALLEGO C. , 2010)
En consecuencia de lo anterior puedo afirmar que el conflicto armado colombiano es un
conjunto de relaciones y acciones sociales de diferentes actores políticos que se confrontan
mediante el uso de la guerra para la obtención de fines políticos como el sostenimiento o la toma
del poder, asimismo y como lo plantea el profesor Medina, dicha confrontación adquiere una
connotación moderna en el sentido en que la guerra es un instrumento político, es decir la
continuación de las relaciones políticas por otros medios. (MEDINA GALLEGO C. , 2010)13
13 Cabe aclarar que Medina Gallego también afirma que “el conflicto armado es una “guerra” definida como la superposición (entrecruzamiento) de guerras en donde las dinámicas de la confrontación y las características de las fuerzas están definidas desde las especificidades, posibilidades e intereses de cada grupo” (MEDINA GALLEGO C. , 2010) y que por lo tanto no sectoriza la definición sólo para las guerrillas, incluye diversos focos de violencia como: La insurgencia, narcotraficantes, el Estado, el paramilitarismo, las bandas criminales.
16
Nace el M-19
Para comprender las características propias del M-19 como insurgencia resulta indispensable
entender que, hasta casi tres cuartas partes del siglo XX la guerrilla en América Latina se
encuentra caracterizada por el Foquismo 14(el ejército del pueblo era el elemento principal de la
lucha revolucionaria, muchas veces, incluso por encima del papel de las masas). Luego,
rondando los años 70’s una segunda generación de insurgentes se define por la fusión de la lucha
de masas y la político-militar. La categoría de “Guerrilla Urbana”15 toma dimensiones poderosas,
denota un carácter nacionalista de la revolución y su lucha por la democracia real, siendo
ejemplo de lo anterior el triunfo de la Revolución Popular Sandinista (Nicaragua) y los avances
en El Salvador.
En ésta generación se inscribe el M-19, el apoyo de la base popular en las principales
ciudades de Colombia y su constante apuesta por la instauración de una identidad nacional,
contradictoria del sectarismo divulgado por los partidos tradicionales y sobre todo la búsqueda
por una democracia directa, radical y participativa, otorgan a este movimiento una potencial
incidencia en la cotidianidad del país, no sólo por la realidad misma de la lucha armada, sino por
la representatividad de sus acciones en Colombia.
14 Este método fue propuesto por el Ché Guevara intentando generalizar y teorizar la experiencia de la revolución
cubana. Bajo este método se destacan unas características particulares que lo van a diferenciar dentro de los presupuestos clásicos de la lucha armada. En este método se propone la creación de las condiciones objetivas y subjetivas para el logro de la revolución. Parte de la necesidad de creación de un foco insurreccional (Guevara, 1974: 11), que debe crecer en el campo (Guevara, 1974: 11) y es en la lucha agraria en dónde radica la esencia de su disputa. Se debe contar con el campesinado como el respaldo a la lucha revolucionaria. El foquismo se aleja de la idea de concientizar a las masas. Apuesta por brotes insurreccionales localizados y por acciones concretas de desgaste del enemigo. Prima lo militar sobre lo político y se aleja substancialmente del trabajo de masas. (NARVAEZ, 2012) 15 La guerra urbana se basa en una fuerte actividad de propaganda armada con el fin de generar opinión.
Desarrolla la guerra de guerrillas en la ciudad, para lo cual debe ser audaz en la realización de los operativos y no disputarse ninguna zona, ya que el enemigo podría ubicarla fácilmente y su fortaleza estaría dada por la capacidad de sorpresa que posea y por el nivel de conspiración que se logre por parte de su dirigencia. (NARVAEZ, 2012)
17
Como se menciona anteriormente, la forma en que surge éste movimiento se encuentra ligada
a Gustavo Rojas Pinilla, quien luego de ser llamado a juicio por el Congreso y haber recobrado
sus facultades políticas, inicia un partido político con bases populares y en clara oposición al
Frente Nacional. De esta manera nace la Alianza Nacional Popular.16La ANAPO, recoge
disidencias tanto del conservatismo como del liberalismo y se instaura como el “tercer partido”.
En palabras de Rojas Pinilla “será la contraparte de la oligarquía bipartidista.”
(ATEHORTÚA, 2010). Es de destacar que a la tendencia disidente del liberalismo se le llamó
ANAPO-liberal y de manera correspondiente a la conservadora ANAPO-conservadora.
A las elecciones presidenciales de 1966 la ANAPO participa con José Jaramillo Giraldo
(disidente liberal, de tendencia izquierdista) quien obtiene el segundo lugar con una considerable
votación; 4 años más tarde todo cambiaría.
El 19 de Abril de 1970, los boletines informativos dan extraoficialmente como ganador de las
elecciones presidenciales al candidato por la ANAPO, el General Gustavo Rojas Pinilla por una
mayoría abrumadora, pasadas unas horas, se comunica la suspensión de la transmisión de los
escrutinios y el ambiente en las calles empieza a cambiar, el gobierno se compromete a respetar
el resultado de las elecciones. Al día siguiente los resultados cambian, la diferencia de casi
114000 votos no sólo ha disminuido, de hecho se ha superado; el candidato conservador (Frente
Nacional) Misael Pastrana Borrero, supera por casi 2600 votos a Rojas, el escrutinio final le
otorga al candidato del Frente Nacional una diferencia de más de 60000 votos y por tanto la
presidencia. Curioso es que, algunos de los datos que favorecían a Rojas el 19 Abril, los
16 En adelante ANAPO
18
siguientes días hubiesen disminuido, errores telegráficos y demás fueron justificaciones que muy
pocas personas creyeron. (ATEHORTÚA, 2010)
Según relata Carlos Toledo Plata, para ese entonces Representante a la Cámara por la
ANAPO-Liberal, en una entrevista concedida a la periodista Patricia Lara,17 la agitación en las
calles no se hace esperar. La gente se encuentra indignada, siente deseos de destruirlo todo, el
fraude electoral se consuma pero no pasa nada; el presidente Lleras decreta el toque de queda, la
respuesta del General Rojas, su hija María Eugenia, y la dirigencia de la ANAPO es inexistente,
la casa en la que se encuentran es rodeada por militares, el candidato de la ANAPO se reúne a
escondidas (según afirma Toledo Plata) con el presidente, acuerda aceptar la victoria de Pastrana.
(LARA, 1982)
Para el pueblo Anapista ésta reacción es el equivalente a una traición, pues no era de
esperarse dicha pasividad de aquel hombre que había sido capaz de fraguar un Golpe de Estado.
A la espera de armas para defender el resultado de las elecciones, para que se respete su derecho
soberano, Rojas no da luz verde. Inicia entonces la desbandada de Anapistas, algunos dirigentes
y candidatos de la ANAPO demuestran su inconformidad por tal actitud, postulan en la jefatura
única del partido a María Eugenia Rojas y efectivamente el partido se transforma, se organiza en
dependencias, distanciándose así de las facciones liberales y conservadoras, el partido es algo
distinto. Con María Eugenia en la jefatura, en 1971 se declara la Plataforma de Villa de Leyva,
donde la ANAPO se reconoce como nacionalista, revolucionaria y popular, fundamenta su lucha
en la defensa de la soberanía patria y la aplicación del socialismo dentro de las condiciones
particulares del país.
17 Parte del libro: “Siembra Vientos y recogerás tempestades”. 1982. Usar una sola forma de citación. O APA, o Icontec. Por otro lado, esta referencia está incompleta, en cualquiera de las dos formas.
19
El referente principal del discurso de proclamación fue la plataforma ideológica y política del
partido, documento a través del cual la Anapo condensó su proyecto de nación para el país. A
través del texto Rojas anunció como objetivo principal de la Anapo, establecer un estado
nacionalista, socialista y popular a fin de alcanzar el poder para el pueblo. Al proclamarse Rojas
como receptor del legado socialista del general Rafael Uribe Uribe, de Jorge Eliécer Gaitán y de
Camilo Torres, depuraba el discurso populista que venía pronunciando a lo largo de la década
del sesenta: “me gustaba y compartía las ideas de Jorge Eliécer Gaitán, las cuales fueron a
favor del pueblo”. Tres ejes constituyeron los fundamentos de la propuesta política del
anapismo: la defensa de la soberanía patria, la aplicación del socialismo dentro de las
condiciones y características del país, es decir, del “socialismo a la colombiana”, y la
transformación del sistema bipartidista en un sistema de partidos que promoviera “la libertad
plena de funcionamiento de todos los partidos políticos” 18 (BAEZ, 2004)
Para el año 1973 Carlos Toledo Plata junto a otros Anapistas radicales se encargan dentro del
partido de cumplir doble misión, a la luz son políticos, a escondidas empiezan a armarse, el
objetivo principal es hacer respetar los resultados de unas próximas elecciones. No es sino hasta
que Andrés Almarales quien también hace parte del partido lo contacta y le explica
Se trataba de crear un movimiento armado que trabajara dentro de la ANAPO, que fuera
cobrando fuerza y que, sin desconocer la dirección oficial, mantuviera su independencia como
grupo interno. Yo estuve en seguida de acuerdo con el proyecto: coincidía con lo que ya venía
haciendo sin obtener resultados significativos (LARA, 1982)
De forma casi que paralela Jaime Bateman, un hombre formado en el Partido Comunista,
siendo guerrillero de las FARC desde 1966 coordina junto con Luis Otero, desde las ciudades,
18 Consultar la Plataforma Ideológica y Política de Alianza Nacional Popular. Partido del Pueblo. Villa de Leyva, junio 13 de 1971.
20
acciones militares con el fin de afianzar la red urbana, expulsados de las FARC en 1972 por
defender que el punto de convergencia de la lucha armada debía ser la ciudad como escenario de
concentración del poder. Con esto, surge la idea de organizar un movimiento propio que
agrupase personas con intenciones de superar los dogmatismos de la izquierda junto con Álvaro
Fayad, Iván Marino Ospina y Carlos Pizarro Leongómez (todos desvinculados de las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia)
Bateman afianzó el control de la nueva estructura, y sigilosamente incorporó a muchos
inconformes provenientes del Partido y de otras organizaciones radicales; el común
denominador: estos jóvenes habían sido marginados de aquellos grupos por dirigentes
autoritarios. La maraña organizativa armada por Bateman fue de tal calibre que la dirección del
Partido Comunista se demoró tres años en expulsar a todos los integrantes de la red. Para 1972
la estructura estaba enteramente por su cuenta, y acerca de Bateman se contaban leyendas
negras. Las más pesimistas advertían sobre un “provocador policiaco” y un anarquista
siguiendo los pasos de los “terroristas rusos”. A finales de 1972 Comuneros, nombre que se dio
a sí misma la nueva organización, empezó a operar con los siguientes puntos programáticos:
defensa de las formas de lucha rural y urbana, apoyo al campo socialista, lucha por la liberación
nacional, unidad guerrillera, rescate de los valores nacionales y lucha contra el sectarismo y el
dogmatismo de la izquierda tradicional. (LARA, 1982)
De esta forma, la ANAPO cuenta con una base política y de masas considerable que busca
organización revolucionaria y de estructuras clandestinas; “Comuneros” brinda toda la estructura
organizativa y revolucionaria. Como la ANAPO engendra una unión de disidencias y superación
de sectarismos, comparten la apuesta por la construcción de una identidad nacional y la
alineación hacia el socialismo. Jaime Bateman se contacta con Toledo Plata y a partir de allí se
empieza a trabajar el empalme; Bateman plantea a Toledo la manera en que se debe organizar
21
clandestinamente la ANAPO y la necesidad de involucrar a María Eugenia en todo el plan,
Toledo previendo el desacuerdo de la dirigente y la posible infiltración de los militares involucra
a Hélmer Marín (más adelante dirigente del M-19). En la ciudad de Cali, transcurriendo el año
1973 se realiza la primera conferencia del M-19, donde aparte de consolidar el nombre del
movimiento, día y hecho que pasa a ser hito en la Historia contemporánea de Colombia, se
constituye la primera dirección, un buró directivo al que pertenecen grupos políticos y
operativos, donde todo se decide por consenso.
En 1974 y luego de semanas de una gran campaña de agitación publicitaria donde se “ofrece”
la llegada de un nuevo y milagroso “producto” para acabar con toda clase de males, el 17 de
enero de 1974, se sustrae la Espada del Libertador Simón Bolívar, hecho más que espectacular,
significativo con la consigna “Bolívar, tu espada vuelve a la lucha”, y de manera paralela la
toma del Concejo de Bogotá con la arenga “Con el pueblo, con las armas, con María Eugenia al
poder, Movimiento 19 de Abril M-19” el M-19 hace su primera aparición pública.
La hija del General Rojas, se encuentra igual de sorprendida a los demás, en reiteradas
ocasiones afirma no pertenecer a ningún grupo insurgente y que quienes usan su nombre lo
hacen de manera ilegítima. De esta manera, entra en escena pública el M-19, con su derroche de
irreverencia gana bastantes seguidores en cuestión de días.
El nacimiento de este movimiento insurgente, puede explicarse desde el contexto aquí
esbozado, pues la combinación de condiciones sociales y políticas que se contradicen y
complementan de manera dialéctica se configura como causa de la emergencia de la violencia
que se afirma como punto de convergencia entre la desazón, la represión y la expresión del
sentimiento de inconformismo con el orden vigente; ella que se institucionaliza en la memoria
colectiva y en la vida de todos los colombianos. Junto con lo anterior la avanzada de las
22
revoluciones alrededor de América Latina, brindan también un ambiente de confort para el
desarrollo de los postulados insurgentes. Aunque se dificulte reconocerlo, la acción violenta se
convierte entonces, en la forma de defensa efectiva y búsqueda de la conquista del poder. La
negativa de la participación política desde uno u otro accionar por parte de la clase dirigente
agudiza las contradicciones hasta el punto de fecundar uno o varios levantamientos armados.
(LARA, 1982)
En palabras del profesor Carlos Medina Gallego (MEDINA GALLEGO C. , 2010) es posible
considerar y reconocer el conflicto como una configuración histórica, política, social y
económica desarrollada en su máxima expresión a través de la confrontación armada; la
exacerbación de dichos elementos estructurales alimentan a diversos actores del conflicto
armado y proliferan su accionar.
LA AVANZADA POLÍTICA Y MILITAR
Según la investigadora Ginneth Narváez (2012) el accionar del M-19 puede entenderse
desde tres fases de guerra y que en este trabajo se usan como punto de partida para la
interpretación de las mismas, en este sentido la primera fase comprende desde 1974 hasta 1981
y se relaciona con el desarrollo urbano bajo la metodología de guerra urbana, la segunda fase se
entiende desde 1981 hasta 1984 y se caracteriza por las consecuencias de la persecución y
represión a los líderes del movimiento por parte de militares, lo que desemboca en el repliegue
de una gran parte de sus militantes hacia la ruralidad, aquí se comprende la metodología de
23
acción como la combinación del método foquista rural19 y el de guerra urbana. Por último, la
tercera fase comprende el periodo que va de 1985 a 1989 en el cual el accionar se enmarca en el
evidente agotamiento de los métodos, crisis estratégica que cuestiona el modelo insurreccional y
la constante presión para la instauración de una negociación formal. (NARVAEZ, 2012)
Primeros años, agitación sectorizada
El M-19 irrumpe en la escena de la nación con la toma de la espada de Bolívar el 17 de Enero
de 1974; acto que más que espectacular es simbólico puesto que le proporciona reconocimiento,
inscribiéndolo de esta manera en una corriente internacional de ideario bolivariano. Pocas horas
después de tener en su poder la espada, el M-19 se toma el concejo de Bogotá con el propósito de
dar a conocer su razón de ser y mostrar su fortaleza e irreverencia.
En éste sentido, la sustracción de la espada del Libertador puede entenderse desde lo que
concretamente es, la insignia de la liberación de la nación y la imagen de Bolívar reflejada en su
pensamiento junto con la invitación a todos los sectores de la sociedad a luchar por la
construcción de una identidad nacional que le permita engendrar un país diferente. Así mismo, el
M-19 se inscribe en el pensamiento de unidad latinoamericana promulgada por Simón Bolívar,20
definiéndolo a su vez en su estrategia de guerra urbana.21
19 Este método fue propuesto por el Ché Guevara intentando generalizar y teorizar la experiencia de la revolución
cubana. Bajo este método se destacan unas características particulares que lo van a diferenciar dentro de los presupuestos clásicos de la lucha armada. En este método se propone la creación de las condiciones objetivas y subjetivas para el logro de la revolución. Parte de la necesidad de creación de un foco insurreccional, que debe crecer en el campo y es en la lucha agraria en dónde radica la esencia de su disputa. Se debe contar con el campesinado como el respaldo a la lucha revolucionaria. (NARVAEZ, 2012)
20 El ideario bolivariano de búsqueda de la unión o confederación de los estados de América sobre la base de los anteriores virreinatos, se formula en el Congreso Anfictiónico o de Panamá convocado por Simón Bolívar en 1826. Para mayor información sobre el Congreso consultar (Fundación Biblioteca Ayacucho, 2010) 21 Entendiendo de igual manera la magnitud de lo que significa adentrarse en las dinámicas de la ciudad donde la cohesión social se experimenta en gran magnitud siendo caracterizada por el constante actuar de acuerdo a normas y la
24
Aunque los primeros meses transcurrieron sin mayor agitación, en un año el Movimiento
pasaba de 30 a 200 militantes aproximadamente, por tanto debe responder a una demanda
económica también en aumento. De esta manera recurren a la retención de rehenes por motivos
económicos (secuestro extorsivo) y en otras ocasiones por cuestiones de presión política (rehenes
políticos). Uno de los casos más representativos es el secuestro del presidente de la Central de
Trabajadores de Colombia CTC, José Raquel Mercado quién es retenido por ser, supuestamente,
agente de la Central de Inteligencia Norteamericana y traicionar a la clase obrera. El M-19
procede con una estrategia populista22 poniendo su suerte en manos del pueblo, el dirigente
sindical es condenado por parte de los insurgentes ante un país que poco a poco se involucra en
mayor grado con las nuevas expresiones del conflicto
Desde el inicio sus líderes se empezaron a congregar con el objetivo de crear una
guerrilla distinta, que fuera capaz de lograr la unidad de los grupos revolucionarios del
país; con un cuerpo armado que fuera capaz de generar una guerra irregular urbana, en
la que se desarrollaran diferentes hechos de hostigamiento, y se lograra posicionar el
enemigo a la defensiva. Las acciones las desarrollaría un grupo clandestino que buscaría
popularidad y con base en ella, crecimiento. Este grupo se proponía atacar la moral de las
fuerzas armadas institucionales, generar acciones de alto impacto para el país y promover
un ideario nacionalista y latinoamericanista (NARVAEZ, 2012).
Entre 1976 y 1977 el M-19 continúa con su desafío a la institucionalidad del país con un
accionar sin precedentes al extraer armamento de una importante firma de valores en el Valle del
fuerte estructura de seguridad, dado que es donde se concentra la mayor parte del poder económico y político y que el M-19 con gran audacia logró penetrar. 22 Desde el discurso populista se crean escenarios de radicalización política, en donde se define un nosotros (comprendido por los simpatizantes y militantes del movimiento) y un ellos integrado por la definición de aquello que se construya como enemigo, se construye un pueblo frente a un enemigo. (NARVAEZ, 2012)
25
Cauca (Thomas de la Rue) y el secuestro de Hugo Ferreira, gerente de Indupalma con el objetivo
de presionar el arreglo favorable de una huelga iniciada por los trabajadores de la empresa,
dichas operaciones son exitosas y se esgrimen como peldaño en la escalada de la nueva ola de la
insurgencia en Colombia.
Formación de cuadros
Para Septiembre de 1977 y luego de V Conferencia Nacional del M-19 se aprueba la primera
escuela político-militar rural que opera en los departamentos de Chocó y Caquetá. Esto como
respuesta al decreto de Estado de Sitio23 formulado el año anterior por el Presidente Alfonso
López Michelsen (1974-1978). Luego se puede entender el auge, expansión y prolongación de
tales escuelas con la continuación del Estado de Sitio en el gobierno de Julio César Turbay,
(1978-1982), lo cual se acompaña con la formulación y aplicación del Estatuto de Seguridad
Nacional, cuyo principio se define como la extensión de los mecanismos por los cuales las
Fuerzas Militares pueden ejercer continua represión a cualquier tipo de oposición. Esto permite
primero la sistemática violación de derechos humanos y segundo, que éstos recursos legales se
conviertan en un potente muro de contención a la avanzada guerrillera en todos los frentes. De
esta manera en Caquetá se inician las “guerrillas móviles” producto de las escuelas de formación
23 Decreto 1249 del 26 de junio de 1975. Que desde la expedición del Decreto 1136 de 1975, mediante la cual se
decretó el estado de sitio en los Departamentos de Antioquia y Valle del Cauca, han continuado hechos delictivos
contra los particulares, cuyas frecuencia y generalización alteran gravemente la paz pública y perturban o impiden
el ejercicio de las libertades o derechos ciudadanos, reconocidos por la Constitución y por las leyes y esenciales
para el funcionamiento y preservación del orden democrático, propio del Estado de derecho. Que el Consejo de
Estado dio concepto favorable para que el Gobierno, en el momento que lo estimare conducente, utilizara las
facultades establecidas en el artículo 121 de la Constitución. Artículo 1º Extiéndasea todo el territorio nacional las
declaratorias de turbación del orden público y de estado de sitio, hechas para los Departamentos de Antioquia,
Atlántico y Valle del Cauca, mediante Decreto 1136 de 1975. (JARAMILLO J. E., 2015)
26
político militar en los municipios Belén de los Andaquíes, Albania y Morelia; la móvil del
Caquetá se denomina Simón Bolívar.
La ciudad, escenario político
Con el objetivo de reivindicar la memoria del caudillo, en Abril de 1978 el M-19 se toma la
casa museo Jorge Eliécer Gaitán para realizar un homenaje. De igual forma en Mayo del mismo
año deciden tomarse la Embajada Nicaragüense en territorio bogotano, en señal de apoyo al
Frente Sandinista de Liberación Nacional, que libra una lucha insurreccional contra la dictadura
de Anastasio Somoza; de esta manera de evidencia la importancia del contexto latinoamericano
en la caracterización de su operar, pues la comandancia del M-19 comprende su relevancia en la
consecución de respaldo y propaganda, además le sirve como inspiración para lo que después se
configura en la Toma de la Embajada de República Dominicana.24
En el transcurso del año 1978 el M-19 destaca en su accionar la toma de revistas, periódicos y
emisoras con fines propagandísticos, busca transmitir mensajes al conjunto de la sociedad civil y
encarnar un tipo de contra-información que le permita llegar cada vez a más personas y
conquistar la opinión, además de demostrar de maneras repetitivas su nivel de alcance en
contextos urbanos.
El desarrollo de un foco urbano de guerrilla es la representación de la disidencia que lleva a
Jaime Bateman a alejarse de las FARC. Su concepción de trabajo popular representa la
consolidación de un proyecto insurreccional de renovadas características que facilite la
constitución de cuadros políticos y la toma del poder. Bateman comprende en su momento lo
24 Se inspiraron en la toma del Palacio de Gobierno Nicaragüense por parte de los Sandinistas, éstos exigieron garantías tales de liberación de presos políticos, aceptación de demandas laborales, dinero, asilo político en Panamá a las cuales el gobierno accedió. (VILLAMIZAR, Aquel 19 será: una historia del M-19, de sus hombres y sus gestas, un relato entre la guerra, la neogciación y la paz, 1995)
27
imperioso de involucrar diversos sectores de la sociedad civil en su clara contraposición a las
circunstancias colombianas, aprovechar unas condiciones sociales agudas con el objetivo de
cimentar estructuras políticas en busca de fines políticos.
28
CAPÍTULO II
CONFLICTO ARMADO Y LA LUCHA POR LA PAZ
Algunos de los hechos que llevan a la guerrilla del M-19 a convertirse en un movimiento de
vanguardia a nivel nacional e internacional se abordan en este capítulo, permitiendo además
comprender aspectos del contexto político y nacional de la época. De igual manera con ello se
reflejan elementos trascendentales en el posicionamiento del M-19 como movimiento abierto a
las vías de diálogo.
LOS HECHOS EN CONTEXTO Y LAS INICIATIVAS DE PAZ
El Gobierno Turbay, todo ciudadano debe armarse como pueda…
El mandato del presidente Julio César Turbay (1972-1982) se caracteriza por ser un periodo
de transición entre el fin del Frente Nacional y la crisis política enmarcada por una fuerte
incidencia de grupos insurgentes. El inicio del fenómeno del narcotráfico y las contradicciones
de los partidos políticos dominantes. Sumado a ello la férrea convicción de la implementación de
un Estatuto de Seguridad Nacional en donde se ampliase el concepto de enemigo interno,
transgrede la libertad de los ciudadanos y sus derechos. (NARVAEZ, 2012)
Ballena Azul
Transcurren los primeros meses de mandato y la “bienvenida del M” no se hace esperar. En
respuesta a la política militarista y al Estatuto de Seguridad Nacional, el 31 de Diciembre de
1978, un comando del movimiento asalta más de 5000 armas del “Cantón Norte”, base militar de
gran importancia para la capital del país por medio de un túnel subterráneo. En palabras de
Bateman:
29
Lo del Cantón obedeció a la necesidad de desarrollar un proyecto político. En ese momento el
M-19 era bastante grande y su realidad y su desarrollo le exigían mantener un alto grado de
armamento y de municiones. En ese momento iniciábamos el trabajo rural, aunque teníamos
fama de ser urbanos (BATEMAN, s.f.)
Siendo consecuente con el ideal inicial de armar al pueblo, el M-19 en publicación del 1 de
Enero de 1979 haciendo eco de su lema “Con el pueblo, con las armas ¡Al Poder!” titula: “Todo
ciudadano debe armarse como pueda… y lo hicimos!!! 5000 armas para el pueblo”. (M-19,
1979)25
El golpe del Cantón Norte (Operación Ballena Azul) es estruendoso tanto para el gobierno y
las fuerzas militares, como para el grupo, después de éste la dinámica contrainsurgente se
intensifica, prueba de ello la avanzada militar que logra recuperar casi la totalidad del arsenal
robado, la “cacería de brujas” deja como resultado más de 200 personas acusadas de pertenecer
al movimiento guerrillero; más de 100 juzgados en rebeldía en el consejo de guerra masivo que
se adelanta, muchos de los dirigentes del movimiento permanecían en la clandestinidad y no
estaban plenamente reconocidos como el caso de Carlos Toledo Plata ex congresista y fundador
del M-19, a raíz de la acción se identifican; en una entrevista sobre la detención masiva para el
diario “El País” de España afirma:
“Pregunta: ¿Y cuál es ahora la consigna sobre el juicio que será reanudado en pocos días?
25 Referenciando al General Camacho Leyva en Septiembre de 1978, el periódico El Tiempo lo dice de esta manera: “En el peculiar tono, entre mamagallista e irónico, que el M-19 empleaba en sus comunicados, encabezaba el boletín la frase que el ministro de Defensa Camacho Leyva utilizara 112 días antes, a propósito del atentado y muerte del ex ministro Pardo Buelvas: Todo ciudadano debe armarse como pueda. A lo cual agregan los subversivos: Y lo hicimos: 5.000 armas para el pueblo!” Por: Armando Caicedo G / 22 de enero de 1992
30
Respuesta: En general, nuestra consigna es ni rendirse, ni asilarse, ni callarse. Para los que
están detenidos y van a comparecer ante el tribunal militar la orden es que transformen el
consejo de guerra en una tribuna política. Además, allí hay mucha gente que no está
comprometida ni tiene nada que ver con la estructura direccional del M-19. Los hay que son
simpatizantes. Yo diría que sólo el 50% son oficiales del M -19.” (TOLEDO, 1979)
En este sentido y siguiendo a Darío Villamizar (1995) ex combatiente del M-19 e
investigador se puede afirmar que la “Operación Ballena Azul” (Toma a la base Cantón Norte)
se presenta por un lado como éxito rotundo por las razones expuestas más arriba, pero a su vez
adquiere efecto boomerang para la organización pues, se afirma que el momento de realizar una
acción de tales características no es el indicado debido a que el grupo no se encuentra dentro del
concepto plenamente militar y por tanto las represalias son estruendosas y difíciles de
contrarrestar.
Después de la “Operación Ballena Azul”, en la VII Conferencia Nacional del M-19 se
abordan experiencias, se entienden los errores que permiten la captura de gran parte de su
militancia y a partir de allí se encuentra la necesidad de conformar un ejército mejor
estructurado, armado y organizado para combatir a las Fuerzas Armadas, el cual propicie la lucha
armada por la democracia. (NARVAEZ, 2012)
Con lo anterior se afirma que la toma de armas del Cantón Norte es un hito en la historia del
M-19 pues, a partir de allí se estructura el aparato militar que en un futuro le propicia otro tipo de
accionar en la ruralidad. También, los presos políticos se convierten en bastión movilizador tanto
de la sociedad civil como de los insurgentes en la clandestinidad llegando a promover propuestas
de amnistía, indulto y diálogo nacional.
31
El año 1979 para el M-19 podría decirse que es un año de transición pues, al aumentar la
magnitud de sus operaciones, se incrementa de manera proporcional la persecución hacia sus
militantes. Así su despliegue parcial hacia la ruralidad y la puesta en marcha de las “móviles
guerrilleras” produce en el mes de mayo la primera toma de una población entera en Belén de
los Andaquíes, Caquetá y en la cual el movimiento asalta la estación de Policía y la Caja Agraria.
Toma de la Embajada
El miércoles 27 de Febrero de 1980, el Comando Jorge Marcos Zambrano liderado por el
“Comandante Uno” de forma armada asalta la Embajada de la República Dominicana (conocida
por el Movimiento como “Operación Democracia y Libertad”). En el grupo de rehenes tomados
en el asalto se encuentran embajadores, delegados diplomáticos, invitados y trabajadores. Las
condiciones del grupo armado para la liberación de los más de 50 rehenes incluyen el retiro del
cerco militar al sitio, la liberación de todos los presos políticos, la entrega de U$50 millones de
dólares y la publicación de un manifiesto de su autoría en la prensa nacional e internacional.
Bastante documentación investigativa y de prensa se encuentra sobre éste hito en la historia de
las guerrillas en Colombia, 26 fueron 61 días de toma y negociación donde el M-19 logra
posicionar algo más allá que una exigencia particular, entre diversos factores, la operación tiene
éxito gracias a que permite denunciar y evidenciar la violación de los Derechos Humanos y la
implementación de distintas formas de tortura, catalogadas por Naciones Unidas como tratos
crueles, inhumanos y degradantes. Según ex-combatientes27, la Toma de la Embajada es una
respuesta a la represión de la protesta social, evidenciando así la falacia de la democracia en
26 El estudio de (NARVAEZ, 2012), enfatiza en la documentación sobre la toma de la Embajada allí se anexa un análisis de prensa sobre el día a día de la operación. 27 Vera Grabe, Otty Patiño. (GRABE, 2015)
32
Colombia; luego del asalto el balance es positivo. El Movimiento afirma que se cumplen los
objetivos iniciales: salir en un avión destino a Cuba donde los acogen como exiliados, el pago de
un millón de dólares y el reconocimiento por parte del Gobierno colombiano de la violación a los
derechos humanos. Aunque no pudo lograr la libertad de los presos políticos, si obtiene sembrar
tres ideas fundamentales en la opinión nacional: la discusión sobre la situación real de la
democracia en Colombia, el interés del M-19 en la apertura de la misma y la posibilidad de la
salida negociada al conflicto mediante el “Diálogo Nacional”.
La Toma de la Embajada se configura sin lugar a dudas, como primer referente de
negociación con un grupo alzado en armas. La tradición política colombiana, reacia a dialogar
con grupos alzados en armas, encuentra a una guerrilla como interlocutora en la búsqueda de
concretos fines políticos; verdaderamente este hecho reconfigura el debate en el país.
La propuesta
En Junio de 1980 y después de los sucesos de la Embajada, con la iniciativa del M-19 de
diálogo abierto con el Gobierno Nacional, Jaime Bateman cita al Presidente de la República en
Panamá para realizar los primeros acercamientos en la construcción de una propuesta
democrática. El gobierno Turbay responde con órdenes de captura. Esto lleva a los guerrilleros a
huir hacia Costa Rica. Sumado a ello, se permite presentar un proyecto de amnistía condicional
ante el Congreso de la República, la cual es rechazada no sólo por el Movimiento, también por
algunos políticos y analistas pues, no imprime las garantías suficientes para la consecución de
objetivos de participación política claros, sino que más bien impone una entrega a las
autoridades, pues contempla prácticas antiguerrilla y mantenimiento del estado de sitio.
33
En respuesta de ello y al mejor estilo del M-19, en el mes de julio se toman una estación de
radio y en agosto secuestran al parlamentario ponente del proyecto de amnistía incondicional
Simón Bossa junto con algunos periodistas con el objetivo de expresar su inconformidad y
rechazo ante la ley de amnistía condicional. En septiembre del mismo año, en el municipio de
Potosí, Cundinamarca el ejército intercepta una cumbre de comandantes del M-19 de la cual
Jaime Bateman logra escapar. En noviembre, el grupo insurgente intercepta las señales de la
televisión nacional con su canal RTV-M19 donde anuncia el lanzamiento de Jaime Bateman
Cayón como candidato a la Presidencia de la República, sentando así también voz de rechazo a
la propuesta de amnistía del gobierno.
Lo ocurrido durante este año se presenta como un escenario de reconfiguración del
entendimiento del concepto de Paz, si bien el M-19 expresa desde un inicio una significación
integral de dicho término, en este contexto se entiende aún la Paz como la entrega de la guerrilla
y la cesación de acciones militares; la constante actividad de propaganda del M-19 se piensa
como mecanismo de formación política, su objetivo, revertir la cultura política colombiana.
(NARVAEZ, 2012)
De la ciudad al campo
Hacia 1981 se evidencia el inicio de un cambio de estrategia de guerra que incide en el futuro
de la organización tanto en el campo militar como en el político y democrático, pues se genera
una forma de estrategia “combinada” que integra el accionar urbano con el foquismo,
“Las acciones urbanas y rurales se integran cada vez más y la tendencia, por lo menos en
nuestro caso y en el de las FARC, es la de crear las condiciones reales para materializar lo que
tanto hemos insistido; una guerra COMBINADA en que el campo deje de ser el escenario
34
tradicional de lucha en Colombia y en el que las fuerzas armadas sean enfrentadas con un
criterio de guerra INTEGRAL” (M19, 1979: 22)28
Así, entre enero y febrero en el sur del país (Caquetá y Huila) se inician operaciones: toma de
Curillo (Caquetá) asalto al cuartel, emboscadas para detener la reacción del ejército y acciones
político militares en Chocó. En marzo se efectúa la toma de San Antonio de Getuchá, Caquetá
y por primera vez el M-19 al mando de Jaime Bateman logra tomarse una capital
departamental, Mocoa (Putumayo). Entre abril y julio continúan los combates con el ejército en
Caquetá y Putumayo, en conjunto con acciones armadas en Barranquilla, Manizales, Bogotá y
Santander de Quilichao. El terreno urbano para noviembre de ese año, el M-19 secuestra a
Martha Nieves Ochoa, hermana de los Ochoa miembros del cartel de Medellín exigiendo 12
millones de dólares por su liberación, hecho que culminaría sin obtener dicha exigencia y que
por el contrario daría inicio a férrea persecución entre narcos y guerrilla29.
Si bien el M-19 impone un estilo de vanguardia revolucionaria efectivamente urbana, desde el
año 1982 aproximadamente el accionar guerrillero se concentra en sus móviles rurales que para
1980 comprendía: Regional Bogotá (intermedia Boyacá), Regional Bucaramanga
(Barrancabermeja, Sur de Bolívar), Regional Ibagué (Tolima), Regional Valle (Cauca, Quindío,
Risaralda, Intermedia Popayán, Intermedia Nariño), Regional Medellín (Puerto Nare) y Regional
Sur (Huila, Caquetá, Putumayo. (FAJARDO, 2012)
“ Es preciso recordar que luego de la Ocupación a la Embajada de República Dominicana en
1980, se generaron unos acuerdos transitorios con el gobierno nacional, que demarcaron la ruta
28 M-19 (1979) Conclusiones Séptima Conferencia, junio en (NARVAEZ, 2012) 29 En respuesta al hecho en diciembre el Cartel de Medellín hizo circular un comunicado en el que rechazaba la acción y presentaba al grupo MAS (Muerte a Secuestradores) al servicio de la mafia colombiana, con este grupo se buscaba asesinar a los secuestradores delincuentes o guerrilleros que quisieran tacar a las familias de los narcotraficantes. (NARVAEZ, 2012)
35
hacia lo que pudo haberse concretado como una tregua efectiva con el M-19; sin embargo, el
gobierno no cedió en su posición, mantuvo el estado de sitio y no recogió los planteamientos
aportados por el grupo guerrillero, dentro del proyecto de Ley de Amnistía, con los que el grupo
guerrillero pretendía que se diera un acuerdo plural y acorde con la realidad nacional. Al
imponerse la negativa del gobierno y su presión por la rendición de las organizaciones
insurgentes, los enfrentamientos militares continuaron y de hecho se incrementaron durante los
primeros cinco años de la década de los ochenta. En el texto El Camino del Triunfo de autoría de
Jaime Bateman Cayón, se reconoce el cambio de método de guerra (Bateman, 1982: 2-3). Este
texto de Bateman fue el Informe Central presentado por el comandante de la organización en la
Octava Conferencia realizada en 1982. En este documento de balance, se identifica claramente
que la guerra urbana, iniciada por el M-19 en la década del setenta, la había llevado al campo
colombiano en 1981. Este viraje se daba por dos motivos. Primero, porque el M-19 debió
replegarse dada la represión y los diferentes golpes político-militares asestados a la
organización. Carlos Pizarro afirmaba que sí se hubieran quedado en las ciudades, los habrían
matado (Becassino, 1989: 36), se replegaron como “una única posibilidad de sobrevivir como
proyecto histórico y como opción política” (Becassino, 1989: 36). Pero también, porque uno de
los objetivos propuestos, que consistía en luchar contra el aparatismo, no había sido superado, y
por el contrario la organización se estaba encerrando en sí misma y para abrirse a la población
tuvo como salida cambiar de método de guerra. (NARVAEZ, 2012)
La propuesta del Gobierno: Comisiones de Paz
Aunque la política del presidente Turbay no se caracteriza justamente por una estructura
abierta a la posibilidad de una salida negociada al conflicto armado, la primer iniciativa de Paz
nace en su gobierno; entre un enorme inconformismo con el Estatuto de Seguridad guiado por la
limitación de las libertades sociales, la violación sistemática de los derechos humanos y la crisis
36
de legitimidad del gobierno, se implementan las Comisiones de Paz bajo la dirección del ex
presidente Carlos Lleras Restrepo:
Para que estudiara la situación de orden público y formulara recomendaciones con el fin de
aclimatar la paz y crear un ambiente favorable para que los guerrilleros se acogieran a la
constitución colombiana… El presidente Turbay rechazó las recomendaciones de esa comisión
argumentando que desmoralizarían al Ejército y, la comisión se desintegró con pena y sin
gloria. (PINZÓN, 2013)
Las comisiones de Paz son una iniciativa contradictoria con la propuesta de Diálogo Nacional
generada desde el M-19, pues éstas se caracterizan por ser unidireccionales y pensadas desde la
normativa de la amnistía restringida rechazada por el Movimiento. Aun así, luego de unos meses
de estudio y acercamiento, dichas comisiones aconsejan iniciar procesos de negociación con la
insurgencia colombiana a raíz de su primer informe, de ésta manera el ex presidente Lleras
Restrepo y su equipo realizan una propuesta que contempla entre otros puntos: amnistía
extensiva a delitos como extorsión y secuestro, la eliminación de la condición de entrega previa
de los combatientes a la liberación de presos del movimiento y la única exigencia de manifestar
de manera pública la voluntad de reintegrarse a la vida civil y democrática por parte de los
guerrilleros. (LARA, 1982)
Las recomendaciones y la propuesta se descartan por el gobierno Turbay, debido a que éstas
no se acomodan a los intereses reales del gobierno afirmando que van en contravía a la conducta
que el ejército ha observado y que claramente, resulta desmoralizante para ellos. Como
consecuencia de ello, el ex-presidente Lleras Restrepo renuncia a la Comisión, sentenciando de
esta manera la primera iniciativa de paz. De acuerdo a lo expresado, es este momento no se toma
de manera seria la negociación como salida a la confrontación, bien sea por un arraigo
37
militarista o por el deseo de eliminar al contrario, el campo de batalla no se transforma. (LARA,
1982)
En cuanto al gobierno Turbay, dos meses antes de terminar su mandato y por medio del
Decreto 1674 de Junio de 1982, se declara restablecido el orden público, se levanta el Estado de
Sitio vigente desde 1976 y se deroga el decreto 1923 que enmarca el Estatuto de Seguridad
Nacional. (JARAMILLO, Jorge. 2015)
GOBIERNO BELISARIO BETANCUR (1982-1986), EL INTENTO FALLIDO
Este periodo se encuentra caracterizado por un cambio en cuanto a la manera de abordar el
conflicto con los movimientos guerrilleros y la situación de orden público. El Presidente
Betancur le apuesta a la iniciativa de combinar diálogos directos con los alzados en armas e
impulsar reformas que den cuenta del problema social. La primera se concreta con el proyecto de
apertura política y la amnistía a los alzados en armas y la segunda en el Programa de
Rehabilitación Nacional, conexo con otros programas sociales. Se parte de reconocer el carácter
político de la guerrilla. (LÓPEZ GUTIÉRREZ, 1999)
Amnistía
En Julio de 1982 el ataque con morteros a la Casa de Nariño por parte del M-19, símbolo de
“despedida” al gobierno Turbay, expresa inquietud por parte del movimiento ante la negativa de
diálogo, en el comunicado guerrillero que acompaña el embate se hace un llamado al nuevo
Gobierno a ser partícipe de una propuesta de paz conjunta que permitiese la apertura democrática
y la contribución del pueblo colombiano en el gran Diálogo Nacional.
38
De forma paralela, el M-19 realiza su Octava Conferencia Guerrillera30 de la cual se puede
extraer que el objetivo estratégico del movimiento para ese entonces gira en torno a la
democracia, en consecuencia de ello su programa político se define en doble vía: primero en
lograr la democracia por la vía armada desencadenando una guerra de movimientos y segundo la
construcción del Comando Político Legal, figura política que orientaría el movimiento, teniendo
como referentes los aspectos: democracia real, democracia económica, democracia política y
justicia social. (NARVAEZ, 2012)
La apertura política como consigna del proyecto político del gobierno Betancur y el Plan de
Rehabilitación Nacional (PNR) son prueba de ello, se trata de una estrategia de Paz con la cual
se le pueda hacer frente a las causas objetivas31 de la violencia y establecer relaciones armónicas
entre Estado y sociedad. Tiene como objetivo aumentar la inversión social del Estado y su
presencia en las zonas rurales, para así disminuir el apoyo a la guerrilla. (ALTERNATIVAS A
LA GUERRA: INICIATIVAS DE PROCESOS DE PAZ EN COLOMBIA, S.F) En este marco
se referencia el decreto 2771 que crea la Comisión de Paz32 y de igual forma la Ley 35 de 1982
“Por la cual se decreta una amnistía y se dictan normas tendientes al restablecimiento y
preservación de la paz” que declara amnistía general y sin condición a sindicados por cometer
delitos políticos, además de ello ofrece a los amnistiados que se incorporen a la vida civil bajo el
30 Desarrollada en Caquetá, en el mes de Agosto de 1982 31 Se entiende por causas objetivas / subjetivas: “Una primera aproximación a las causas del conflicto lleva a distinguir las objetivas de las subjetivas,(nota aclaratoria el autor, hace referencia a que es una distinción leninista, que en nuestro medio fue aceptada como válida por Belisario Betancur en su periodo presidencial) estas últimas se explican más por la voluntad política de los actores en conflicto que por las circunstancias de orden social, económico o político que constituirían las primeras” (JAIME, 2003) 32 Cabe destacar que, de forma paralela se inician acercamientos con la guerrilla de las FARC. Consultar acuerdos de La Uribe.
39
amparo de las instituciones y programas de rehabilitación como: dotación de tierras, vivienda
rural, crédito, educación, salud y creación de empleos. (LEY 35 DE 1982, 1982)
Con lo anterior la reacción del M-19 no se hace esperar, los combatientes celebran la
sentencia de la ley y la reciben como una seria posición del Ejecutivo hacia la consolidación de
conversaciones que desencadenen en acuerdos, también precisan que dicha amnistía no es la paz
y que en virtud de ello debe hacerse extensivo un proyecto que involucre a todos los sectores de
la sociedad; con ella a comienzos de 1983, todos los presos políticos del M-19 recobran la
libertad y la gran mayoría retorna a sus actividades insurgentes. Respecto a ello el Segundo
Comandante del M-19, Álvaro Fayad afirma:
“A penas se pone en vigencia la amnistía, le decimos al presidente: “demos el segundo paso,
pero ya, de una”. Y Belisario, a diferencia de Turbay, que hizo una amnistía humillante por la
que mordió el polvo, sí se le mide a la paz y abre una inmensa expectativa que todos acogemos.
Pero además le manifestamos que estamos dispuestos a ir más allá, a colaborarle en un
movimiento nacional que rompa con el estado oligárquico, que rompa con la democracia
restringida y que conduzca a una paz verdadera” (FAYAD, 1985)
Sin embargo, ante la descifrable incredulidad el M-19 opta por mantener e incrementar las
acciones militares como mecanismo de presión para la consecución de diálogo, de esta manera es
como se inicia la “Campaña Jaime Bateman Cayón, por la tregua y el diálogo nacional”,
haciendo honor al Comandante caído el 28 de abril de 1983 en un accidente aéreo en las selvas
del Darién (límites con Panamá) y en la cual el Frente Occidental comandado por Carlos Pizarro
Leongómez protagoniza las tomas de Corinto y Miranda (Cauca), a su vez el Frente Sur
incursiona en Caquetá y Huila. (PIZARRO M. J., S.F)
40
Bienvenido el diálogo
Pese a que la posición de las Fuerzas Militares es de rechazo rotundo a la amnistía y al
diálogo nacional, en julio de 1984 se instala una nueva Comisión de Negociación y Diálogo
conformada por exponentes de la sociedad civil con la cual, finalmente el M-19 acepta dialogar
respaldándose en su avanzada.
A pesar de ello, difícil se presenta el camino para el diálogo pues, el 10 de agosto de 1984 es
asesinado la pieza política más notoria de la organización, el ex diputado de la ANAPO y
dirigente del M-19 Carlos Toledo Plata, un día más tarde el movimiento se toma el municipio de
Yumbo, Valle que se encuentra a sólo 11 kilómetros de Cali; de esto se puede interpretar que la
toma de Yumbo es un suceso que si bien se encuentra planificado con anterioridad por parte del
M-19, también responde al asesinato de Toledo Plata, con este hecho el M-19 manifiesta también
que la tregua se firmaría entre dos fuerzas armadas consolidadas, que ella no es la opción que
toma un movimiento insurgente derrotado y que, por el contrario, se encuentra en uno de sus
mejores momentos militares, el cual lo posiciona como fuerza beligerante a la que el Estado no
puede desconocer.
Estaba preparada Yumbo, pero no imaginábamos que los enemigos de la paz iban a llegar al
extremo de asesinar al compañero Carlos Toledo Plata. Si tenía legitimidad nuestro accionar en
ese momento, con la muerte de Toledo se nos requería dar una respuesta al dolor que sentíamos.
Teníamos el derecho, urgencia, el deber de responder. (PIZARRO LEONGÓMEZ, s.f.)
No obstante, se firma finalmente un acuerdo de tregua entre el gobierno y el M-19 en medio
de actos públicos en Corinto (Cauca) y el Hobo (Huila), a su vez se concentran las columnas
guerrilleras en campamentos para constituir comandos de diálogo y coordinar el proceso
participativo. En este sentido, el M-19 se acoge a una oportunidad de apertura democrática
41
desde el sistema político; fieles a su ideal de construcción de una identidad nacional que se
arraigue en los principios de la democracia, el M-19 al mando de Iván Marino Ospina inicia un
proceso de cese al fuego e instauración de mesas de diálogo nacional
“El Diálogo Nacional se realizaría en tres fases: iniciar con un cabildo abierto popular que
sirviera de escenario para identificar las problemáticas nacionales; luego, una fase de
elaboración de proyectos que planteara soluciones; y por último la aprobación y puesta en
marcha de la normatividad requerida por parte del congreso y el ejecutivo. (VILLAMIZAR,
Aquel 19 será: una historia del M-19, de sus hombres y sus gestas, un relato entre la guerra, la
neogciación y la paz, 1995)
Acercamientos de paz con el gobierno Betancur
En México se reúne el Presidente Betancur con los jefes del M-19 Iván Marino y Álvaro
Fayad, entretanto el 12 de diciembre de 1984 e1ejército hostiga el “Campamento de la Libertad”
del M-19 comandado por Carlos Pizarro en Yarumales, Cauca teniendo como consecuencia, el
rompimiento de la tregua y el desate de una batalla casi mítica en la historia de las guerrillas
colombianas: 26 días en estado de combate en un mismo lugar, la batalla termina el 7 de enero
de 1985. Miembros de las comisiones de paz y verificación adelantan conversaciones para el fin
del combate, al final se pacta cese al fuego y refrendación de los acuerdos de tregua del año
anterior.
De Yarumales podemos afirmar que representa no sólo una gesta militar bastante importante
para la época sino que además respalda la voluntad del M-19 en generar espacios para la
solución del conflicto de manera concertada y no militar, si bien el “M” respondió y resistió en el
combate sus niveles de aceptación en la sociedad civil se incrementan pues, se da por entendido
42
que el Ejército Nacional cerca al grupo guerrillero poniendo en riesgo la tregua y el diálogo
nacional de manera deliberada. (NARVAEZ, 2012)
El sueño truncado en el Palacio de Justicia:
El 6 de noviembre de 1985 la compañía Iván Marino Ospina del M-19 realiza la toma de las
instalaciones del Palacio de Justicia con el objetivo de instar a los Honorables Magistrados de la
Suprema Corte a realizar un juicio político en contra del presidente Belisario Betancur por lo que
consideran vehemente incumplimiento del acuerdo de tregua firmado el año anterior, en un
comunicado que contiene a su vez un derecho de petición33 redactado y firmado por el
Movimiento34 donde explican los hechos que los llevan a tal instancia.
En este documento se puede observar, claro está desde la perspectiva del M-19, la forma en
que no se respeta la tregua y de manera continua se hostiga la iniciativa de trabajo popular del
grupo insurgente en torno a los campamentos de paz teniendo en cuenta lo siguiente: en el mes
de febrero se lleva a cabo la Novena Conferencia Nacional del M-19 denominada “Congreso de
la Democracia”, la cual es prohibida y censurada por el Gobierno Nacional mediante el
estrechamiento los cercos militares al recinto, aun así cerca de 500 personas se reúnen en el
campamento, el movimiento afirma sus serias intenciones de superponer la toma del poder por la
vía política a la militar (NARVAEZ, 2012). De igual manera entre marzo y junio de ese año el
“M” instala los primeros campamentos urbanos de paz muchos de los cuales son asaltados,
hostigados e intervenidos por la fuerza pública con el argumento de ser focos de instrucción
33 Para ampliar la información y acceder al comunicado completo de la “Operación Antonio Nariño por los Derechos del Hombre” (como los guerrilleros llamaron a la toma del Palacio de Justicia) se puede visitar el siguiente enlace http://www.cedema.org/ver.php?id=408. 34 Como ciudadanos y nombre del M-19 el derecho de petición lo firman: Luis Otero, Andrés Almarales, Alfonso Jacquin, Guillermo Elvecio Ruíz y Ariel Sánchez. Fuente
43
militar, sumándosele a los constantes atentados hacia varios dirigentes del movimiento; a su vez
desde el Gobierno Nacional se decreta como ilegal el paro cívico convocado por diversos
sectores de la sociedad y se mantiene la ofensiva para combatir a la insurgencia. En respuesta de
ello en el mes de junio, el ahora comandante el M-19 Álvaro Fayad, declara el paso de una
actitud defensiva a una ofensiva y la ruptura definitiva de la tregua.
Con lo anterior el M-19 argumenta que, siendo ellos ciudadanos colombianos y en
consecuencia del reconocimiento de sus derechos35, ponen a disposición de los Magistrados de
la Corte Suprema de Justicia, a su ética profesional y reflexión la petición de juicio político. Lo
que sucede después se conoce en la historia de Colombia y el movimiento guerrillero como uno
de sus eventos más penosos y crueles: la retoma de Palacio por parte del ejército efectuada entre
los días 6 y 7 de noviembre, estudios recientes como el del profesor Renán Vega Cantor apuntan
a que la toma no se concibe como evento inesperado ya que inteligencia militar conoce con
anterioridad el plan y permite que se lleve a cabo para poder sitiar a los insurgentes, de igual
forma señala que alrededor de 11 personas, entre funcionarios y guerrilleros, salen con vida de la
incursión armada y hasta la actualidad no se tiene conocimiento de su paradero; de los
desaparecidos del Palacio de Justicia se dice que fueron conducidos junto con otros
sobrevivientes a la Casa del Florero, donde fueron objeto de interrogatorios y torturas. (VEGA
CANTOR, 2015)
La historia del Palacio de Justicia es una historia de encubrimiento oficial y de distorsión de la
memoria histórica; un tenebroso montaje que intenta ocultar toda una cadena de irregularidades
con las que se pretendía facilitar el crimen de Estado, la posterior impunidad con la absolución
35 En el comunicado los guerrilleros se acogen al derecho a la rebelión.
44
de los directos responsables del magnicidio y poner en marcha un perverso, pero no nuevo, plan
de suplantación y falseamiento de la memoria histórica. (MAYA, 2006)
Este episodio, posteriormente reconocido por desmovilizados del M-19 como estruendoso
fracaso, en primera instancia aleja a esta guerrilla de su favorabilidad en la opinión pública
debido a que el objetivo inicialmente propuesto no se corresponde con lo que realmente ocurre.
La imagen que perdura en la historia colombiana es la del Coronel del ejército, Alfonso Plazas
Vega “defendiendo la democracia, maestro”; en segundo momento inscribe el debilitamiento
del método armado al ser este atemporal con los requerimientos propios del contexto como se
afirma a continuación
(El M-19) Pensaba en forma ingenua que a la luz pública podría ser juzgado el gobierno de
Belisario y eso no iba a generar mayores reacciones, porque suponía que el régimen negociaría
de buenas a primeras. Tampoco entendió que la historia no se repite y no podía replicarse lo de
la Embajada de la República Dominicana, cuando luego de dos meses salieron triunfantes hacia
Cuba. Así mismo, olvidaron que no todos los rehenes tienen la misma importancia para el
Estado. Una cosa es tener en su poder a Embajadores como el de Estados Unidos, Israel o Suiza
y otra distinta a magistrados, que no tienen mayor interés para el Estado colombiano y menos
para las Fuerzas Armadas. Como no entendió esos asuntos, el M-19 se dejó arrastrar a la rampa
que se le había tendido e incursionó en el Palacio de Justicia, el lugar donde menos seguros
podían estar, porque allí se encontraba la sede, entre otras instancias judiciales, del Consejo de
Estado, una entidad que a comienzos de 1985 había recibido amenazas, que seguro procedían
del Ejército […] (VEGA CANTOR, 2015)
Finalmente como lo afirma Carlos Pizarro en una entrevista para Teleantioquia, la verdad que
deseaban proponer en el Palacio de Justicia les fue bloqueada y la manera cómo esta se da,
genera un gran traumatismo del cual el país empieza a reponerse con el proceso de paz de 1989.
45
(PIZARRO C. , 1989) Allí la importancia de entender este episodio como elemento trasgresor en
la vigencia de la lucha armada.
Adiós al gobierno Betancur
Luego del holocausto del Palacio de Justicia y finalizando el gobierno de Belisario Betancur,
el panorama político del país nos muestra a unas fuerzas armadas claramente inclinadas hacia el
asedio militar como salida al conflicto, al Poder Ejecutivo en deuda con los acuerdos de paz
debido el escaso avance en este sentido, siendo parte central del discurso y política. Dentro de los
logros se aprecia que la guerrilla de las FARC logra mantener el cese al fuego y se generan las
condiciones políticas para que el movimiento pueda guiar la constitución de un partido político
en el cual participen parte de sus militantes así como agremiaciones sindicales de izquierda y
simpatizantes conocido como la Unión Patriótica, pese a ello no se crean políticas integrales de
dejación de armas ni reinserción, sumado a ello la incidencia gubernamental para la solución de
las causas objetivas del conflicto se queda corta, siendo ejemplo de ello el progresivo
incremento en la tasa de desempleo y la grave crisis de producción agrícola; además el
infructuoso acuerdo de paz con el M-19, la ADO36, el EPL y una facción del ELN ponen en
evidencia la forma superficial con la cual se da tratamiento al problema de la paz.
Siguiendo con lo anterior y a la luz de los planteamientos de (RAMIREZ; RESTREPO, 1998)
en las condiciones colombianas es imposible pensar la paz sin que vaya acompañada de
profundas transformaciones sociales y políticas. Hoy en Colombia, paz, democracia y justicia, o
si se quiere, justicia, democracia y paz son inseparables. O se dan pasos adelante en todas ellas, o
se retrocede en las tres.
36 Auto Defensa Obrera
46
En este apartado se observa la manera en que el M-19 se caracteriza en el debate público del
país, su accionar propio le imprime favorabilidad de sectores tradicionalmente ajenos a la lucha
armada tales como intelectuales, población urbana y hasta políticos. La interpretación de sus
acciones en contexto me permite afirmar que este es uno de los momentos con mayor aceptación
de la insurgencia por parte de la sociedad civil, la manera en que se introduce en la cotidianidad
lo pone la paz y la guerra en boca de la población; sumado a ello el contexto latinoamericano
favorable con la revolución social respalda su proceder.
47
CAPÍTULO III
EL PROCESO DE PAZ Y LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA
La historia del M-19 como movimiento insurgente llega a su fin con los diálogos de paz y
desmovilización que se llevan a cabo con el gobierno de Virgilio Barco (1986-1990), a su vez el
M-19 se transforma en la Alianza Democrática M-19 (en adelante AD- M19) consolidándose
como fuerza política dentro de los marcos legales en Colombia. De esta forma dicho proceso de
paz configura una transformación de fondo en la política colombiana al ser impulsor de la
Asamblea Nacional Constituyente que tiene como resultado la Constitución Política de 1991.
CONTEXTO NACIONAL: GOBIERNO BARCO 1986-1990
Aspectos económicos
El presidente Virgilio Barco es elegido por algo más de cuatro millones de votos37,
perteneciente al partido liberal derrota en las elecciones al conservador Álvaro Gómez Hurtado y
a Jaime Pardo Leal por la Unión Patriótica38. Su propuesta gira en torno al Plan de Economía
Social cuya estrategia direcciona a una convergencia directa en el cambio económico y el cambio
social bajo una nueva orientación política según la cual el crecimiento cumple una clara función
social y, a su vez, dilucida el desarrollo social como factor fundamental de crecimiento.
(BARCO, Así estamos cumpliendo. Plan de Economía Social , 1987) Cabe señalar que para la
década de los 80’s el influjo del narcotráfico y su presencia en la economía colombiana trae
37 El presidente que mayor votación ha obtenido en toda la historia de Colombia es Virgilio Barco Vargas, con 4.214.510 votos, en las elecciones de 1986. NULVALUE, Periódico EL Tiempo. 1 junio de 1998. 38 Partido político de Izquierda fundado en 1985 como resultado de los acercamientos de paz de presidente Belisario Betancur y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)
48
consigo el aumento de la inflación y con ella la devaluación del peso frente al dólar; igualmente
el país es testigo del crecimiento de la inversión transnacional, lo cual acarrea grandes
extracciones de recursos naturales a cambio de muy poco beneficio para la economía
colombiana.
La crisis que trajo la entrada de políticas neoliberales en la década de los ochenta, generó
profundas crisis en los sistemas de educación, de salud y de seguridad social […] La
productividad industrial se deterioró profundamente, la producción del agro presentó retroceso
frente a los anteriores niveles de crecimiento, y el sector fortalecido fue el financiero, donde el
capital privado monopolista resultó ser de los pocos beneficiados, junto a las transnacionales de
inversión de capital extranjero. Con este panorama económico es comprensible el contexto de
agudizamiento de la protesta social, de emergencia de nuevos movimientos sociales y de
descontento entre la población colombiana. (NARVAEZ, 2012)
La lucha contra el narcotráfico
El fenómeno del narcotráfico se consolida como uno de los principales generadores de
conflicto en el país, la consolidación de la política antidroga producto de la presión ejercida por
parte de los Estados Unidos, lleva al Gobierno Nacional a endurecer las sanciones e implementar
estrategias como la extradición en procura de erradicar este problema.
Sin embargo, en la década de los ochenta, la presión de la política antidrogas de Estados
Unidos, y de sectores políticos internos que se oponían al narcotráfico encabezadas por el Nuevo
Liberalismo, fortalecieron la lucha del Estado contra los carteles de la droga. La Decisión
Directiva de Seguridad Nacional 221, declarada por el presidente Ronald Reagan (1981-1989)
en 1986, facilitó la militarización de la estrategia contra las drogas de este país, pues el
narcotráfico fue declarado amenaza letal contra la seguridad del país. A partir de entonces, con
49
variaciones menores, las administraciones de George Bush (1989-1993) y Bill Clinton (1993-
2001) mostraron posiciones acordes con la política de Ronald Reagan. (PUENTES, 2008)
A raíz de ello miembros de los grandes carteles de la droga en cabeza de Pablo Escobar,
conforman el grupo “Los Extraditables” con el cual emprenden un camino de acciones terroristas
contra el Estado y sometimiento al pueblo colombiano.
Bajo el gobierno Barco el país sufrió los más duros golpes de los extraditables, entre ellos: los
asesinatos del director de El Espectador Guillermo Cano, el procurador general Carlos Mauro
Hoyos, el gobernador de Antioquia Antonio Roldán Betancur, el candidato presidencial Luís
Carlos Galán y cerca de cien militantes de la Unión Patriótica, incluido el candidato Jaime
Pardo Leal. (PUENTES, 2008)
Aspectos políticos
En cuanto a los aspectos políticos del gobierno Barco, este busca la estrategia de transformar
la forma de gobernar Colombia llevando a cabo para ello iniciativas como el esquema “gobierno-
oposición” con el cual pretende establecer un mandato plenamente liberal aduciendo al derecho
del partido vencedor de las elecciones a ejercer el poder como lo deseara y a su vez permitir la
oposición democrática enmarcada en el sistema del Estado de Derecho por parte del partido
vencido; si bien es cierto que oficialmente el Frente Nacional terminó en 1974 con el mandato
del presidente Misael Pastrana, la cultura política quedaba empapada de este sistema con el
nombramiento de una cuota burocrática considerable del partido vencido en las esferas del poder
ejecutivo.39 El presidente Barco decide no nombrar ministros ni alcaldes del partido conservador,
luego de duras críticas ofrece algunas alcaldías que el partido finalmente rechaza
39 Disposiciones del Artículo 120 de la Constitución Política de 1886 con la cual se extiende el espíritu del Frente Nacional mediante la fórmula de la participación “adecuada y equitativa”. Revista Semana. 1987
50
Aunque el esquema gobierno-oposición para el gobierno Barco significa un paso para la
apertura democrática real y participativa como lo señala Gary Hoskin “fue una transición del
caos político casi total al surgimiento de una democracia equitativa, participativa y legítima”
(HOSKIN en SANTAMARÍA, Ricardo, 1998), este mecanismo de igual forma se basaba en
criterios bipartidistas en los cuales la oposición la ejerce el Partido Conservador40. Lo anterior,
visto a la luz de los planteamientos de Ernesto Laclau, permite afirmar que las prácticas sociales
se encuentran estructuradas bajo el discurso, al ser éste co-extensivo con lo social que inscribe
las identidades sociales como posiciones diferenciales dentro de un horizonte de significado y
acción, sin fundamento. (LACLAU, s.f) . Para Laclau la práctica discursiva se convierte en
hegemónica cuando logra subvertir las prácticas opositoras que compiten con ella por la
articulación de lo social.
En este sentido, interpreto que aún en un escenario de apertura democrática, el monopolio del
poder (y en este caso de oposición también) por parte de las dos fuerzas políticas tradicionales,
evidencia la hegemonía como intento de extender un conjunto unificado de discursos como
horizonte dominante de la experiencia social, lo anterior quiere decir que el fenómeno
frentenacionalista permea los escenarios de participación política aun siendo estos bajo esquemas
gobierno-oposición. La exclusión del contrario como interlocutor y constructor del discurso
(visto este como articulador de visión y experiencia social de país) permite la continuación del
conflicto social y político que se representa en el conflicto armado; siendo ejemplo de lo anterior
el exterminio de la Unión Patriótica, que tiene como punto de inicio este periodo y es realizado
40 Es necesario señalar que la Unión Patriótica como tercera fuerza política del país ejercía oposición, pero que ésta no se enmarcaba en un contexto de equivalencia de poder de la misma, para la opinión pública y el mismo gobierno el partido de oposición era el conservador, la cuota burocrática que se ofrecía era para ellos en especial; sumado a ello la Unión Patriótica debió afrontar desde este periodo el asesinato de miles de sus líderes políticos.
51
en gran parte por agentes estatales y paraestatales, el cual permite evidenciar este tipo de
discurso político como transmisor de identidades sociales unificadas.
Política de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación
Pese a lo anterior, en su discurso de posesión el Presidente Virgilio Barco, afirma que en su
mandato “abrir espacios democráticos para que quienes no comparten la ideología del
establecimiento puedan expresarse de manera legal, sin apelar a la violencia” (BARCO, 1986)
es una prioridad. En este sentido, la Política de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación
se posiciona como bastión del gobierno en la búsqueda de la paz, ella sería política de Estado.
De acuerdo con lo anterior se hace un balance de contexto, debido a que el único proceso de
negociación que sigue vigente es el iniciado en el gobierno anterior con las FARC, el cual se
presenta un tanto ambiguo y no ajusta plazos, fechas de dejación de armas ni reincorporación. En
vista de ello y con la experiencia del proceso roto con el M-19, la metodología de paz se
transforma a fondo.
La transformación de la metodología de paz se realiza a través de la institucionalización del
proceso con la creación del cargo, en calidad ministerial, de Consejería para la Reconciliación,
Normalización y Rehabilitación cuyo titular es Carlos Ossa Escobar, quien debe responder en sus
plenos poderes con sus plenas responsabilidades ante el congreso y el gobierno por el rediseño
de la Política de Paz integrando en ella el Plan Nacional de Rehabilitación con el cual se
pretende atender las demandas de las comunidades donde el Estado no hace presencia efectiva.
(SANTAMARÍA, 1998)
52
A su vez el Plan Nacional de Rehabilitación con Rafael Pardo41 debe reformularse (pues es
legado del gobierno anterior) para hacerlo parte integral de la política de reconciliación siendo
éste, estrategia de acercamiento del Estado con las comunidades excluidas. La
institucionalización de este proceso metodológico permite a los colombianos (no sólo a la
guerrilla), comprender que el diálogo se debe realizar con todos los sectores del país.
(SANTAMARÍA, 1998) Para tal fin se propone cerrar la brecha entre civiles (entiéndase por
Presidente, ministros, consejeros, etc) y militares llevando el proceso de paz y cada mecanismo
utilizado en el mismo al Consejo Nacional de Seguridad integrado por el Ejército Nacional, la
Policía Nacional, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), ministros y consejeros.
Cabe señalar que sólo hasta 1988 se genera desde el gobierno la “Iniciativa para la Paz”, un
viraje en la Política de Reconciliación, Normalización y Rehabilitación con el objetivo de
reconocer la negociación como aspecto fundamental en la búsqueda de la paz , admitiendo
nuevamente a los grupos armados como interlocutores válidos del gobierno; es decir que con esta
serie de políticas el gobierno Barco pretende acercar a la población civil hacia el Estado y
alejarla de la insurgencia, atendiendo las causas objetivas del conflicto colombiano.
EL MOVIMIENTO INSURGENTE
Momento militar M-19
Durante los primeros años de este periodo el M-19 vive uno de los más álgidos momentos en
su historia, los asesinatos de sus comandantes Iván Marino Ospina42 y Álvaro “El Turco”
41 Quien más tarde se convertiría en el jefe negociador por parte del gobierno en la firma del acuerdo de paz con el M-19 42 Muere el 28 de Agosto de 1985 resistiendo a una emboscada del ejército en su casa en Cali
53
Fayad43, el duro golpe de la toma y retoma del Palacio de Justicia junto con la eliminación
selectiva de sus líderes político-militares y miembros de la base social que logra conseguir,
llevan a la guerrilla a buscar alianzas con otros movimientos insurgentes que le permitiesen
presionar por la vía armada la consecución de diálogos de paz. (NARVAEZ, 2012). De esta
manera la incursión del Batallón América más que otro de los grandes episodios del M-19, se
arraiga como esperanza para sobrevivir al momento crítico del movimiento. Aunque si bien es
cierto el M-19 se encuentra reducido militar y políticamente y por ello busca aliarse con otras
guerrillas, no se debe desconocer el espíritu bolivariano y nacionalista que guía la iniciativa de la
integración de movimientos insurgentes latinoamericanos44, además de ello se posiciona como
cimiento de la conformación de la Coordinadora Nacional Guerrillera y la posterior
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.
La columna del Batallón América genera incursiones armadas sin precedentes con alrededor
de 500 guerrilleros en la campaña “Paso de Vencedores”, búsqueda infructuosa de tomar la
ciudad de Cali por asalto en 1986.
Por otro lado y como acción más destacada del M-19 en el marco de los acercamientos de paz
con la administración de Virgilio Barco, el grupo guerrillero secuestra al dirigente conservador
Álvaro Gómez Hurtado el 29 de mayo de 1988 como mecanismo de presión hacia el diálogo; las
exigencias del M-19 son la instalación de nuevos diálogos de paz y la creación de una Asamblea
Nacional Constituyente. Más allá de no conseguir los objetivos del secuestro, el M-19 posiciona
el diálogo como su carta para generar transformaciones de país.
43 Muere el 13 de Marzo de 1986 en un operativo de la policía en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. 44 El Batallón América era una columna guerrillera integrada por movimientos insurgentes latinoamericanos liderada por el M-19 y al cual pertenecían además: Movimiento Armado Manuel Quintín Lame (Colombia), Movimiento Revolucionario Túpac Amaru y Movimiento de Izquierda Revolucionaria-Voz Rebelde (Perú), Alfaro Vive ¡Carajo! y Organización Político Militar (Ecuador).
54
Integración guerrillera: La Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) y la
Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (CGSB)
La apuesta de unidad del M-19 con Carlos Pizarro Leongómez a la cabeza, se articula al
contexto local al conducir los esfuerzos hacia la CNG en la cual para 1986 confluyen el Ejército
Popular de Liberación, el Quintín Lame, el Ejército de Liberación Nacional, el Patria Libre y el
M-19 coincidiendo en la idea de crear un bloque militar que unificado, presione la realización de
una Asamblea Nacional Popular. (NARVAEZ, 2012) La CNG se plantea la urgencia de pasar de
ser oposición, a ser gobierno de una nueva nación pues actuar como gobierno implica también
sintetizar y entregarle al país un sistema de valores que canalice la voluntad de la nación
alrededor de ese gobierno. O en otras palabras, recoger de una sociedad que tiene descuartizados
sus valores, un sistema de valores que garantice que el gobierno expresa lo que la gente
realmente quiere. (PIZARRO LEONGÓMEZ, Fundación Carlos Pizarro Leongómez)
Sin embargo, en esta propuesta aún no se hace participe la guerrilla de las FARC, hecho que
finalmente se concreta entre el 23 y 26 de septiembre de 1987 cuando en el páramo del
Sumapaz, sede del Secretariado de esa guerrilla se anuncia el nacimiento de la CGSB integrada
además por el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, Quintín Lame, Unión
Camilista Ejército de Liberación Nacional y el Ejército Popular de Liberación. En su primera
cumbre, la Coordinadora exhorta la búsqueda de soluciones políticas a la crisis estructural
agudizada del país caracterizada por la guerra sucia (haciendo referencia al sistemático asesinato
de líderes de izquierda y guerrilleros), dejando claro también que dicha búsqueda no implica que
los movimientos guerrilleros no se preparen para la generalización de la guerra, haciendo énfasis
además en la necesidad de que les reconociese un estatus de beligerancia.
55
Duramente criticado por los demás grupos guerrilleros, el secuestro del líder conservador
Álvaro Gómez Hurtado aleja al M-19 de los propósitos de la CGSB, sumado a ello la insistencia
del M-19 de una salida negociada al conflicto lo lleva a acogerse a la propuesta de paz del
gobierno Barco separándose definitivamente de la CGSB; el Movimiento 19 de Abril desde su
nacimiento se caracteriza por ser una guerrilla diferente a las tradicionales,45 tanto su modo de
accionar como de concebir la democracia y el poder lo aísla en el diálogo con el Estado,
distanciado de las guerrillas de primera generación como el ELN y las FARC quienes son más
exigentes dentro de las mesas de negociación. (NARVAEZ, 2012)
PAZ EN FIRME
El Pacto Nacional, la propuesta del M-19
El 17 de septiembre de 1987 el M-19 se toma las instalaciones del “Diario 5 pm” en la ciudad
de Bogotá con el objetivo de presentar el “Pacto Nacional por un gobierno en paz” en el cual esa
guerrilla contempla necesarias tres etapas para la concertación de la paz según
Convenio por la vida: Esta primera etapa de ambientación define el compromiso entre
Fuerzas Armadas y M-19 para respetar el derecho de gentes. Se puede catalogar como un
acuerdo bilateral de cese al fuego y hostilidades.
Plan Democrático de Emergencia: Una vez generadas todas las garantías, se contempla
iniciar conversaciones entre distintas fuerzas para formular el Plan Democrático de
Emergencia con el cual se pretende una amplia consulta nacional mediante todos los
45 Para comprender de una manera más amplia la propuesta política del M-19, remitirse a la Evolución del Programa Político abordada en el presente trabajo.
56
mecanismos de hecho y de derecho. La unidad alcanzada entre los sectores populares
organizados permitiría una convergencia democrática por la paz y la vida como eje
articulador de la propuesta.
Nuevo Congreso Admirable46: Como último mecanismo se contempla la convocatoria a
un Nuevo Congreso Admirable que puede asumir la forma de Gran Asamblea
Constituyente, Asamblea Nacional Popular, plebiscito o referendo.
Sumado a ello el M-19 enfatiza en que el Pacto Nacional no es una propuesta totalizante y
que en cambio se puede percibir como un faro que guía el camino hacia la democracia, es decir
que a raíz del Pacto, todas las propuestas, modelos y programas de país se tomen como parte de
un proceso de interlocución válida. Así mismo recalca la necesidad de la nación de algo más que
simples planes de rehabilitación (haciendo referencia a la política de Estado) que tienen como
objetivo fundamental la contrainsurgencia, precisando en cambio, la necesidad de planes de
recuperación de derechos ciudadanos como núcleo de paz. (M-19, 1989)
La evolución de la propuesta de Paz del M-19
Como he mencionado a lo largo de este trabajo, la guerrilla del M-19 desde su nacimiento se
distancia de los demás grupos insurgentes en Colombia, sus particularidades se reflejan también
en la manera en que esta guerrilla concibe la paz. En este sentido la Paz para el M-19 a lo largo
de su existencia se ha definido de la siguiente manera:
Identidad nacional: Pilar transversal de la organización. El M-19 desde su origen ve en la
construcción de la Identidad Nacional la forma de superar los vestigios de la violencia
46 Este concepto se retoma de la Asamblea Constituyente en la Gran Colombia convocada por Simón Bolívar en 1830 para conciliar diferencias y evitar la disolución de la Gran Colombia.
57
política generada por el bipartidismo. Esta Identidad Nacional se representa en un
principio desde el socialismo ajustado a las características y necesidades colombianas,
más adelante se formula la necesidad de lograr un gobierno nacionalista, popular e
independiente que se oponga a todas las manifestaciones represivas por medio de la lucha
democrática que represente unos intereses de clase específicos sin que por ello se
considere el socialismo como presupuesto ideológico. Se promueve la liberación nacional
y social.
Democracia en armas: Desde 1982 con la VIII Conferencia el M-19 propone como
objetivo estratégico del programa político la democracia, la cual debe conquistarse por la
vía armada y desglosar sus aspectos: democracia real, democracia económica,
democracia política y justicia social, las cuales tengan como resultado la consecución de
la paz. El camino hacia la paz es el de la transformación de las costumbres políticas y
sociales (verdadera democracia) por medio de las armas.
Diálogo Nacional: Esta propuesta nace en la Toma a la Embajada de República
Dominicana, Jaime Bateman la presenta como salida a un conflicto concreto en tres
aspectos: amnistía, levantamiento del estado de sitio y diálogo nacional; pero a partir de
allí se articula como bandera política del M-19 en la cual se formula la posibilidad que
todos los sectores sociales y políticos acudan a un gran diálogo en el que se les permita
exteriorizar sus problemáticas, soluciones y visión de país para posibilitar la
construcción de políticas públicas en pro del beneficio popular, ser gobierno para la
obtención de la paz; el M-19 enfatiza en que la amnistía para los alzados en armas no es
la paz, ella no se firma entre la guerrilla y el gobierno, por el contrario la paz se construye
entre el pueblo y el gobierno, el movimiento armado es garante de dicha interlocución.
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Movimiento democrático: El futuro de la organización guerrillera se define en la IX
Conferencia Nacional que se desarrolla en el marco de los acercamientos de paz con el
gobierno de Belisario Betancur, el “Congreso de la Democracia” define que el objetivo
del M-19 no es ya la quiebra de las instituciones, por el contrario se plantea la imperiosa
necesidad de superarlas y ampliarlas para la construcción de una democracia participativa
real que integre además de los gremios y partidos tradicionales, los sectores populares
organizados, no organizados y armados. El propósito esencial se configura en la
consolidación de un movimiento democrático e incluyente que promueva la democracia y
la participación para la superación de la crisis política y edificación de un país distinto.
Este espíritu conciliador se mantiene a pesar del rompimiento del primer proceso de paz y
la articulación en la CGSB; sumado a ello orienta al M-19 hacia el proceso de paz en la
administración del presidente Virgilio Barco.
“Durante periodos anteriores el esfuerzo central fue la construcción del ejército; y gran
parte de los conductores de la organización tuvieron que asumir las tareas para que ese
ejército fuera posible; gran parte de las energías, los recursos, se destinaron hacia eso.
Hoy ya no es ésta la tarea básica, si bien el ejército, la confrontación militar, sigue
siendo el elemento neurálgico de todo cuanto pasa. Pero ya no podemos seguir hablando
de la creación de ejercito como actividad que materialice el esfuerzo de la mayoría de
nuestros cuadros” (M-19, 1989)
De lo anterior se puede abstraer que el M-19 como grupo guerrillero sufre transformaciones
marcadas por crisis internas y externas, fortalecimiento y debilitamiento de estructuras y un
accionar armado irreverente; pese a ello un rasgo propio de esta guerrilla es la búsqueda de la
democracia como cimiento de la construcción de la paz con justicia social materializado
mediante el agotamiento de diversos modelos insurreccionales tales como la guerra urbana, la
59
guerra de guerrillas, el trabajo de masas, etc. Sumado a lo anterior la pugna por la construcción
de una identidad nacional que busque la superación de la segregación política, permite entrever
el sentido de la paz como discurso subversivo: afirmar que se está en armas para lograr una
democracia real puede explicarse desde la alteración de la identidad colectiva emanada a partir
de la cohesión social posicionándola como alternativa contra hegemónica en el contexto
colombiano donde la identidad colectiva política se define desde la división bipartidista.
Iniciativa por la Paz, la carta del gobierno
El 1 de septiembre de 1988 el Presidente Virgilio Barco da a conocer la “Iniciativa para la
paz”, cuyo contenido son los objetivos fundamentales de los diálogos con grupos armados y la
manera en la cual estos deben realizarse, las siguientes son las condiciones:
Los alzados en armas deben mostrar su voluntad de paz, con disposición y hechos que la
respalden.
Suspender la violación a los Derechos Humanos y el terrorismo.
Llevar a cabo diálogo directo para acordar procesos de reincorporación con sus
particularidades.
Audiencias públicas de voceros guerrilleros ante el senado para opinar sobre las reformas
institucionales que se tramitan.
Conceder indulto a quienes de manera definitiva dejen las armas y no reincidan en la
actividad ilegal.
Llevar a cabo diálogos regionales como complemento al diálogo nacional con el
propósito de que cada comunidad genere soluciones a sus problemas particulares y que
tengan como causa la violencia.
60
Una vez culminados los puntos anteriores se levanta el Estado de Sitio.
No suspender la lucha contra el terrorismo hacia quienes persisten en la subversión.
Resulta indispensable señalar que la Iniciativa de Paz del presidente Virgilio Barco nace
como fruto de una serie de reformas constitucionales gestadas a partir de la necesidad de ampliar
y fortalecer la democracia como respuesta a la delicada situación de orden público que se vive en
el país; el Presidente realiza un acuerdo con el líder de la oposición (conservadora) Misael
Pastrana para convocar a un referendo de reforma constitucional materializando el “Acuerdo de
la Casa de Nariño” en el cual se habla de la integración de una Comisión de Reajuste
Institucional que tiene como propósito la elaboración de un texto de reforma que se aprobaría
popularmente mediante referendo. La Corte Constitucional deshecha esa propuesta con el
argumento de ser un simple acto administrativo del Ejecutivo más no una vía de reforma
constitucional. Luego del desplome del Acuerdo de la Casa de Nariño, el equipo del presidente
Barco plantea alternativas de política pública para su convergencia en una reforma estructural a
la política colombiana.
La Iniciativa responde también a la necesidad del Estado en “pasar a la ofensiva, pues en el
tema de la paz el gobierno había venido perdiendo terreno día a día y dejándolo casi como
enemigo de la paz y sin discurso alguno al respecto” (PARDO, 1996) . En este marco de
referencia se establecen también los diálogos regionales para la erradicación de la violencia
desarrollándose de manera directa con la sociedad civil, haciendo la salvedad que aun con el
discurso del gobierno que afirma que estos se dan con el objetivo de acercar el Estado a las
poblaciones que sufren el conflicto, dichos diálogos tienen como meta recuperar espacio político.
61
NEGOCIACIONES:
La iniciativa de paz del gobierno hace eco en las organizaciones guerrilleras convocadas en
torno a la CGSB desde la cual emiten una declaración reiterando su firmeza en la búsqueda de
soluciones políticas reales, pues consideran que esta propuesta contiene vacíos en cuanto a la
participación nacional, el espíritu de negociación y verdaderas alternativas de solución de orden
político. De igual forma la CGSB apoya la huelga general47 convocada por la Central Unitaria de
Trabajadores (CUT) que se enmarca en la lucha por logros económicos y políticos en la
administración estatal, la salud pública y magisterio; (VILLAMIZAR, Aquel 19 será: una
historia del M-19, de sus hombres y sus gestas, un relato entre la guerra, la neogciación y la paz,
1995) de esta manera se genera presión hacia el Ejecutivo pues, la coyuntura política y social le
exige amplitud en los escenarios de diálogo para la reorganización de políticas públicas que
vayan de la mano con las necesidades de los colombianos.
En este sentido, a mediados del mes de noviembre de 1988 se conoce la propuesta de paz del
senador del partido conservador Álvaro Leyva, la cual incluye un decreto de cese de hostilidades
como garantía de su voluntad de diálogo materializado en un informe elaborado por una
comisión integrada por cinco personas de especial significación nacional, en caso tal de ser
favorables las condiciones se iniciaría con la disposición de espacios y garantías para la
formalización e diálogos directos; la propuesta del senador Leyva determina plazos de no más de
treinta días entre sus fases para la definición del proceso, lo que atrajo la voluntad de las FARC
y el M-19, hecho que representa la premura tanto del inicio de conversaciones como de generar
47 Llevada a cabo el día 27 de octubre de 1988.
62
transformaciones estructurales a la política del país. Por su parte el Movimiento 19 de Abril lo
expresa de la siguiente manera:
El M-19 cree que fórmulas de paz como la que sugiere el senador Álvaro Leyva tienden un
puente entre las propuestas hechas por la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar y el
gobierno, hasta hoy bloqueadas. Consideramos positiva la discusión amplia y multilateral de esa
propuesta y aprovechamos el inicio de las festividades navideñas para manifestar nuestra
disposición a participar en un acuerdo de cese de hostilidades que pueda surgir ante la
cristalización de esa iniciativa. (M-19, 1988)
Por su parte, el Presidente Virgilio Barco en la clausura de sesiones del Congreso el 16 de
diciembre afirma que desde hace varias semanas, voceros de la Consejería para la Reconciliación
y el M-19 han iniciado contactos preliminares para concretar la posible agenda de
conversaciones como muestra de voluntad de diálogo y reconciliación. (VILLAMIZAR, Aquel
19 será: una historia del M-19, de sus hombres y sus gestas, un relato entre la guerra, la
neogciación y la paz, 1995).
Cabe señalar que en el proceso de negociación los interlocutores, aunque definidos: gobierno
representado por Rafael Pardo y M-19 representado por Calos Pizarro, se difuminan en este
sentido: por un lado para el gobierno el diálogo se hace diferenciado entre ciudadanos y guerrilla,
es decir que se sectoriza la conversación, los diálogos regionales con las comunidades afectadas
por la violencia (política integral) se alejan del proceso con la guerrilla (desmovilización y
reintegración); la comprensión del proceso de paz desde esta perspectiva va en doble vía, por
otro lado para el M-19 el proceso de paz con los alzados en armas significa el entablar una
comunicación entre pueblo y Estado en donde los alzados en armas se muestran como garantes y
representantes de la voluntad popular.
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Con lo anterior puedo decir que, aunque resulte en parte obvia, la división entre civiles y
combatientes simboliza algo más allá de lo evidente, en un principio desde la perspectiva
gubernamental el M-19 se presenta como interlocutor válido en la medida en que habla por sí
mismo y considera la posibilidad de desarmarse, más no desde el reconocimiento de su razón de
ser, la cual es política y responde a la institucionalización de la violencia; más adelante y con el
transcurrir de las fases se comprende la necesidad de entablar un proceso de negociación amplio
en el que se integren diversos sectores y fuerzas sociales.
De esta manera se inicia el Proceso de Paz entre el M-19 y la administración de Virgilio
Barco en tres fases: Distensión, Transición y Reincorporación durante un poco más de un año en
el departamento del Cauca.
Fases de diálogo
1. Distensión
El propósito de la fase de distensión responde a la necesidad de forjar un ambiente de
entendimiento y confianza con aquellos grupos que demuestran su voluntad de paz, esta fase
contiene los puntos:
Manifestación de voluntad de reconciliación de los grupos armados.
Diálogo directo con los alzados en armas.
Audiencias.
Designación de voceros para dialogar en torno a las propuestas de reajuste
institucional.
Proyecto de ley de indulto.
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El 10 de enero de 1989 se conoce la primera declaración conjunta de Gobierno y M-19 como
producto de la reunión entre los designados negociadores, por parte del gobierno nacional Rafael
Pardo acompañado de Reinaldo Gary y Ricardo Santamaría, Eduardo Díaz Uribe y como
invitada Diana Turbay, periodista e hija del ex presidente Julio Cesar Turbay, por parte del M-19
Carlos Pizarro acompañado de Afranio Parra, Gustavo Petro, Carlos Erazo, Carlos Alonso Lucio.
La declaración convoca a los grupos insurgentes y a la nación a un nuevo proceso de paz,
superando el esquema planteado en la iniciativa del presidente Barco gobierno-guerrilla. Las
directivas de los partidos políticos Liberal, Conservador y Unión Patriótica celebran el primer
contacto y muestran disposición para participar en el diálogo; por su parte la CGSB reprocha la
actitud parcial e “inconsecuente” del M-19, este realiza su última participación en la
Coordinadora en la IV Conferencia (julio de 1989), meses antes el comandante Carlos Pizarro
manifiesta su inconformidad por el estancamiento de la izquierda nacional en los conceptos de
los años sesenta y el cual no le permite su renovación, limitando así su respuesta a las
circunstancias históricas y particulares del momento. (VILLAMIZAR, 1995)
En el mes de febrero con la segunda declaración conjunta se amplía de manera estratégica la
convocatoria a los sectores sociales y fuerzas políticas en torno a una Mesa de Trabajo para la
definición de los temas de diálogo, sumado a ello se abordan los temas sobre mecanismos de
distensión, espacios de participación, diálogos regionales y justicia e impunidad en Colombia.
(GIRALDO, 2004) En esta declaración se precisa el panorama sobre el apoyo de los partidos
políticos al proceso; se señalan además los ejes en los cuales se orientan las condiciones de
diálogo: aspectos de favorabilidad política para el M-19 y reformas constitucionales,
mecanismos y garantías de reinserción a la vida civil de los militantes y la ley de amnistía o
indulto para todos los miembros.
65
En la fase de Distensión se caracteriza el cese al fuego y de hostilidades como gesto de
voluntad política y respeto por la vida, el M-19 lo decreta unilateralmente de manera pública, el
Gobierno Nacional no lo hace de manera oficial pero en la práctica se demuestra el apoyo a la
negociación desde los estamentos militares. Si bien las hostilidades entre gobierno y M-19 se
encuentran interrumpidas, esto no simboliza el cese de acciones violentas en el país, es
importante señalar que durante el periodo de diálogo se evidencia el incremento de la violencia
estatal y paraestatal contra líderes sociales y partidos políticos de izquierda, escenario del
exterminio escalonado de la Unión Patriótica y el auge del narcoterrorismo.
2. Transición
Con la cuarta declaración conjunta del Gobierno y el M-19 el 3 de marzo de 1989 teniendo
como sede del encuentro Ciudad de México, se informa el paso a la fase de Transición debido al
cumplimiento de los aspectos previstos en anteriores declaraciones, con esto se dan nuevos pasos
para la amplitud democrática y la normalización institucional de los combatientes. La ubicación
del grupo guerrillero se hace en la población de Santo Domingo, Cauca conocida desde entonces
como la “Ciudadela de la Paz”; el 17 de marzo en el encuentro entre Rafael Pardo y Carlos
Pizarro se establece la designación de trece voceros guerrilleros sin impedimentos legales para
que cumplan la función de interlocutores en el diálogo político48. Junto con ello se proponen las
mesas de trabajo con la función de buscar acuerdos políticos concertados para el tránsito hacia la
democracia plena. (Gobierno Nacional y M-19, 1989)
48 La comisión del M-19 se encontraba integrada por: Griserio Perdomo Vélez, René Ramos Suárez, Jaime Perea, Germán Ávila
Plazas, Alberto Caycedo, Rubén Carvajalino, Alfonso Cabrera, Ramiro Lucio Escobar, Iván Almarales, Héctor Pineda, José Buriticá, Adriana Velásquez y Edgar Molano.
66
Con lo anterior, el 1 de abril de 1989 se instala la Mesa de Trabajo por la Paz y la
Reconciliación Nacional en el Palacio de Nariño como fruto de lo pactado en los encuentros con
el M-19 contando con la participación de los partidos políticos49. “Ésta es un instrumento de
participación nacional para aportar en la construcción de un gran Pacto Social, escenario de
diálogo para concretar sobre asuntos particulares y generales, sobre cuestiones locales,
regionales y nacionales”. (PIZARRO LEONGÓMEZ, Centro de Memoria, Paz y
Reconciliación, 1989)
Junto con ello el Comandante General del Movimiento 19 de Abril plantea tres grandes
rectificaciones y perfiles de los temas a tratar según el momento histórico colombiano, ellos son:
Nueva Constitución que exprese en sus contenidos, sus formas y sus procedimientos,
un auténtico tratado de paz.
Se entiende como la iniciativa de reformar a profundidad la cultura política del país mediante
de la participación ciudadana y fuerzas políticas como constituyente primario. Esta propuesta se
encuentra con la invitación del gobierno nacional para la reforma política estructural.
Diseño de un Plan de Desarrollo Económico y Social concertado a nivel regional y
nacional que se erija como guía hacia la prosperidad con justicia.
Se puede entender como el mecanismo mediante el cual se respalde la nueva concepción de
país que moderniza sus estructuras políticas, entendiendo lo imperioso de generar condiciones
49 Particparon los partidos Liberal y Conservador, por su parte la Unión Patriótico desistió de su participación como respuesta al
exterminio del cual era víctima. Aun así apoyó la iniciativa y pidió acoger en ella la voluntad de diálogo expresad por FARC, ELN y EPL..
67
económicas y sociales para el despliegue de los derechos ciudadanos consignados en una nueva
carta política.
La formulación nacional de una filosofía de convivencia, unidad nacional y soberanía
que induzca un manejo democrático del orden público y restablezca la justicia. Sólo
en un marco de garantías reales a los derechos ciudadanos para superar el ciclo de
violencia.
Con esta invitación se promueven mínimos de protección y participación en el marco de
garantizar los derechos ciudadanos y políticos de los colombianos; salvaguardar el derecho a
participar activamente en la democracia sin declararse hostil frente al Estado.
Desde la Insurgencia, la propuesta para la mesa
Acorde con los puntos anteriores Carlos Pizarro aclama la necesidad de un debate nacional
incluyente que convoque el consenso satisfactorio, el cual sea aprobado por el pueblo mediante
un pacto social legitimado en un Plebiscito. Así mismo expresa una serie de hechos concretos e
inmediatos que requiere el país para poder ampliar el clima nacional de distensión, materializado
en garantías de participación, lo anterior permite comprender a profundidad las condiciones
políticas en este momento histórico así:
En materia de convivencia, justicia y orden público:
Establecimiento de un Tribunal Especial para investigar y juzgar delitos políticos,
genocidios y crímenes contra los derechos de opinión, organización y el libre
desarrollo de la justicia.
Disolución de grupos paramilitares mediante la identificación de aquellos que actúan
bajo el amparo de la Fuerza Pública, aplicación de los mecanismos que prevé la ley y
68
la reglamentación y diferenciación de un tipo de autodefensas que protejan la vida de
los ciudadanos pertenecientes juntas cívicas, agrupaciones políticas y sindicales
víctimas de amenazas.
Estudio de fórmulas para el establecimiento de diálogo directo con grupos armados de
derecha siempre y cuando demuestren que persiguen objetivos políticos y prueben
con hechos su voluntad de paz.
Derogación del Estatuto Antiterrorista. Esta norma se expide en 1988 en medio del
Estado de Sitio decretado por la administración Barco y que contempla la lucha
antiterrorista como elemento imperante frente a los derechos ciudadanos.50
Aplicación inmediata, por todas las partes del Derecho Internacional Humanitario que
vele por la aplicación del acuerdo. Podemos interpretar que la iniciativa de aplicar el
Derecho Internacional Humanitario responde al reconocimiento que debe hacerse del
caso colombiano como un claro conflicto interno armado, que implica además el
entender el rol de los alzados en armas como actores políticos en una confrontación
interna agudizada. (M-19, 1989)
En cuanto al tema económico y social, un Plan de Emergencia para la reconstrucción del país:
Ampliación del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) para
que se puedan incluir representantes de los gremios productivos, agremiaciones
campesinas y cívicas. Lo anterior debe contemplarse junto con un Plan Decenal que
50 Algunos de los puntos que incluye el Estatuto Antiterrorista violentan los derechos de presunción de inocencia y favorecen la criminalización del pensamiento crítico y la protesta. Ver más en http://www.semana.com/nacion/articulo/a-la-carga/9930-3
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modifique los consejos regionales concernientes a la Política Económica y Social,
que permitan reconstruir la política integral del país para un desarrollo justo.
Implementación de un programa para la producción y distribución de alimentos.
Dicho programa incrementa la oferta y economiza la vida, se materializa por medio
del desarrollo de una propuesta de infraestructura y favorable a la agricultura.
Plan de Vivienda de Urgencia. Con el cual se propone institucionalizar la iniciativa en
las zonas de desarrollo prioritario y la organización de mecanismos de autogestión
para la construcción de vivienda.
Aumento semestral del salario mínimo con previa disposición por parte de los
sectores productivos, también regulación concertada de los precios de artículos de
primera necesidad.
Fondo Nacional para la Paz como mecanismo de financiación del Plan de Emergencia
para la reconstrucción del país. Contempla el establecimiento de un impuesto de paz,
consecución de créditos públicos, destinación de recurso provenientes de ilícitos,
reorientación del 10% de los fondos para las Fuerzas Militares hacia la inversión
cívico-militar. (M-19, 1989)
Por su parte, en el Orden Constitucional y en Materia Electoral:
Devolución al pueblo de la soberanía, que le permita impulsar la reforma del
ordenamiento político del país, derogación del artículo 218 de la constitución
(prohibición de reformación de la constitución), el trámite de leyes que permitan
convocar a un Plebiscito y una Asamblea Nacional Constituyente.
Definición de procesos democráticos para la elaboración de una nueva constitución.
70
Convocatoria a un Plebiscito Nacional que reforme el sistema electoral que
contemple, elección presidencial a dos vueltas, sufragio universal secreto y
obligatorio, creación circunscripción electoral nacional, financiación estatal de
campañas electorales y destinación de espacios en medios de comunicación para las
campañas electorales. (M-19, 1989)
Estos planteamientos responden al entramado social y político que fundaron la violencia y el
conflicto armado; el reconocimiento de los múltiples actores (guerrilla, paramilitares, Estado) y
de las múltiples violencias admiten numerosas alternativas para la solución de las mismas que a
su vez permitan la construcción de un país más democrático.
En el mismo sentido, las propuestas consignadas en la declaración anterior nos permiten
dilucidar algunos aspectos del contexto social, político e histórico que atraviesa la nación para
entonces. En primera instancia se evidencia la innegable necesidad de actualizar la Constitución
Política vigente por algo más de cien años como eje articulador de una transformación
estructural; si bien es cierto el Ejecutivo buscaba mediante la ley reformar integralmente la
política, la insurgencia acaparó desde un principio dicha necesidad, la convirtió en bandera de
lucha y coaccionó su materialización.
De igual manera se demuestra la importancia del reconocimiento de los diversos actores del
conflicto debido a que en este momento de la historia colombiana poco o nada se identifica al
Estado y los agentes paraestatales como generadores de violencia y represión, lo cual permite
definir parámetros de verdad en medio de un conflicto armado que sostiene su carácter político
al ser resultante de un conjunto de acciones y relaciones de tipo bélico a partir de la alteridad
71
en la visión de la realidad, persiguiendo objetivos estrictamente políticos. (MEDINA
GALLEGO C. , 2010) Puede afirmarse de acuerdo con lo anterior que, se reconoce la existencia
de un conflicto interno armado que responde a unas causas objetivas y subjetivas, más no del
ejercicio de la violencia por parte de un sector rebelde que lleva consigo el rótulo “terrorista” y
en medio del cual se demanda la actuación mediada por el Derecho Internacional Humanitario;
así mismo se exige la protección de los derechos civiles y políticos de quienes difieren con el
orden establecido.
También mediante la propuesta del Plan de Emergencia podemos comprender las demandas
inmediatas del país en el ámbito económico y social, la necesidad de incluir sectores campesinos
y gremios productivos de pequeña y mediana incidencia en el establecimiento político de
progreso evidencia un proceso histórico de desarrollo injusto y desigual en materia agraria, la
deficiencia en las condiciones de protección al campesino y el agro, la reforma agraria que no se
materializa y la constante pugna por la tenencia y uso de la tierra que inciden en la vida nacional
ahora como hace casi 25 años cuando se inicia el conflicto armado. Sumado a ello la inclusión
de la población urbana perteneciente a clase media y baja se presenta como una interpretación
integral del conflicto en todas sus expresiones y de la paz en su multidimensionalidad.
Finalmente el desescalamiento del conflicto acompañado con el redireccionamiento de los
recursos para la guerra permite establecer las bases con las cuales se erige un país democrático
cuya soberanía reposa sobre sus ciudadanos, materializándose en la posibilidad de transformar
los lineamientos que enmarcan su política por medio de la construcción de una nueva
Constitución Política que admita la reunión del conjunto de la sociedad civil estableciendo una
clara identidad nacional.
72
Mesas de Trabajo
En un primer momento se plantea la Mesa de Trabajo por la Paz y la Reconciliación como
eje central y articulador del Proceso de Paz, de ella hacen parte el Gobierno Nacional, el Partido
Liberal, el Partido Social Conservador, la Unión Patriótica y el Movimiento 19 de Abril. En el
mes de mayo de 1989 esta Mesa de Trabajo en consenso aprueba la conformación de tres Mesas
de Análisis y Concertación coordinadas por esta y que abordan, según el esquema planteado por
Carlos Pizarro, los siguientes temas51:
Mesa 1: Hechos de convivencia, justicia y orden público.
Mesa 2: Hechos en materia socioeconómica.
Mesa 3: Hechos de orden constitucional y en materia electoral.
“Las Mesas de Análisis y Concertación son espacios para la discusión y formulación de
propuestas para la Mesa de Trabajo, como también espacios para lograr voluntad de
compromiso sobre temas económicos, sociales y otros, cuando la representatividad de los
participantes lo permita” (Mesa de Trabajo por la Paz y la Reconciliación Nacional, 1989)
Estas Mesas se instalan el 10 de mayo de 1989 y como plazo máximo para la presentación de
acuerdos, proyectos y propuestas de trámite legislativo se concreta la fecha del 10 de julio; sus
resultados se entregan a la Secretaría Ejecutiva quien los presenta a la principal Mesa de
Trabajo.
El 17 de julio de 1989 se divulga la quinta declaración conjunta entre el Gobierno Nacional y
el M-19, en ella se resalta el cumplimiento de los compromisos adquiridos en las etapas de
51 Se referencia que estos temas se han señalado y explicado en páginas anteriores; la propuesta de Carlos Pizarro de reformas inmediatas se acogió casi por completo para el desarrollo de estas mesas.
73
negociación y la participación activa de diferentes sectores políticos en las Mesas de Trabajo que
son clausuradas en días pasados y que se configuran como base y fundamento en el consenso de
un Pacto Político por la Paz y la Democracia. De igual manera se anuncia también el paso a una
fase que permita el perfeccionamiento de los resultados de este trabajo y el estudio de un plan de
reincorporación del M-19 a la vida civil y política. (Gobierno Nacional y M-19, 1989) En este
sentido se declara que a partir del 18 de julio del mismo año la Mesa de Trabajo estudie las
conclusiones de las mismas para la presentación de un documento final o Pacto Político que
evidencie fórmulas concretas para su implementación. Adicionalmente se concreta la
conformación de una comisión que tenga como tarea la definición de mecanismos y
procedimientos para la desmovilización, dejación de armas y reincorporación del M-19 teniendo
en cuenta los siguientes aspectos:
Garantías jurídicas y políticas para la reincorporación y mecanismos de seguridad
necesarios.
Aspectos técnicos y operativos de desmovilización.
Condiciones y plazos para el indulto y apoyo para la organización política del
Movimiento, una vez reincorporados a la vida civil. (Gobierno Nacional y M-19, 1989)
Conclusiones de las Mesas de Análisis y Concertación
Como se había especificado, el resultado de las tres Mesas de Análisis y Concertación se
encuentra consignado en el documento de propuesta de texto del Pacto Político por la Paz y la
Democracia divulgado por el Gobierno Nacional en conjunto con el M-19 en el mes de
septiembre y del cual se puede afirmar
Mesa 1, Asuntos de Convivencia, Justicia y Orden Público:
74
En esta materia se llega al consenso de crear una Comisión Asesora del Presidente con el
propósito de establecer estrategias para la reforma integral de la justicia en relación a la justa y
expedita aplicación de la misma en problemáticas puntuales,52 esta Comisión se compone de
siete miembros nombrados por el Presidente a un término de tres años. El objetivo transversal de
esta es el de posibilitar el correcto funcionamiento de la justicia puesto que, en este contexto, ella
se caracteriza por su inoperancia; la violencia que sufre el país propicia la vulneración de
derechos fundamentales y por tanto requiere la atención óptima por parte de las instituciones del
Estado. De otro lado declara la revisión del “Estatuto para la Defensa de la Democracia”
(Antiterrorista) puesto que sus disposiciones se presentan de manera imprecisa, ello no permite
la diferenciación entre conceptos como el terrorismo y los delitos políticos, de igual manera se
requiere la revisión de los elementos que criminalizan la protesta social, también la investigación
y divulgación de su resultado por parte del Estado de los grupos paramilitares que operan con el
favor de las Fuerzas Militares, sumado a ello se acuerda un tratamiento especial el fenómeno del
narcotráfico y por último se ratifican los Convenios de Ginebra en cuanto a la aplicación del
Derecho Internacional Humanitario. (M-19, 1989)
Mesa 2, Aspectos Socioeconómicos
Se acuerda intervención de las comunidades en la definición de planes de desarrollo y planes
de inversión a través de diversos instrumentos participativos, además la supervisión del
cumplimiento del régimen de transferencia de regalías junto con la elevación de la norma
constitucional en pro de la compatibilidad de desarrollo sostenible y la protección del medio
ambiente, se aclara también el manejo de los recursos naturales en condición de soberanía
52 Las problemáticas que se identificaron en materia de Justicia: La sustantiva, la de los procedimientos, la administrativa, la presupuestal, la de personal.
75
nacional. Sumado a lo anterior la Mesa de Aspectos Socioeconómicos impulsa la iniciativa de
una Reforma Agraria que promueva la producción campesina, hecho que ayude a garantizar la
seguridad alimentaria de los colombianos; en materia laboral la Mesa contempla necesario una
mayor democratización de las políticas laborales que garanticen la participación de los
trabajadores en el mejoramiento de sus condiciones incluyendo el aumento real de salarios.
Mesa 3, Aspectos Constitucionales y en Materia Electoral
La Mesa de Trabajo convoca a los estamentos legislativos a dotar de base constitucional
mecanismos de refrendación (en primera instancia se propone un referéndum) de los acuerdos
por la Paz y la Democracia,53 también contempla la Circunscripción Especial para la Paz por un
único periodo de 1990-1994 cuyo objetivo se enfoca en abrir espacios de participación política a
los grupos armados que se incorporen a la vida civil permitiendo que figuren en las listas de
Senadores y Representante quienes sean reconocidos como militantes del M-19. Disposiciones
como la protección a los derechos políticos de los ex guerrilleros, el acceso a los medios de
comunicación radio y televisión posibilitan el goce de las mismas garantías de cualquier otro
partido político.
Finalmente puedo agregar a lo anterior que si bien el proyecto político avanza generando
acuerdos y compromisos, la oleada de hostigamiento, violencia y desaparición de líderes
sociales pertenecientes a sectores liberales y de izquierda no da tregua;54 el Proceso se ve
53 El referéndum contemplaba: a) Ratificación del Acuerdo, b) Voto obligatorio, c) Circunscripción Nacional para agrupaciones políticas que sigan en votación a las dos mayoritarias, d) Circunscripción Nacional de Paz para las organizaciones guerrilleras que llegaran acuerdos con el gobierno, que se incorporaran a la vida civil y a la movilización política, reconocimiento político de estas organizaciones al momento de dejar las armas, e)Convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente de amplia representación social para 1990, f) Derecho a la paz, g) Fondo para la paz que asigne presupuestos para planes socioeconómicos de consolidación de la paz. (Gobierno Nacional y M-19, 1989) 54 Se destaca el asesinato del precandidato presidencial por el Partido Liberal Luis Carlos Galán el 18 de Agosto de 1989.
76
inmerso en un estancamiento que amenaza su materialización, el hecho de no contar con el
apoyo gubernamental necesario para salvaguardar y proteger lo acordado y a los guerrilleros en
proceso de reincorporación genera ambientes de tensión. Sin embargo, recaudando esfuerzos y
reconociendo la importancia de una transformación radical a la política del país, el comandante
del M-19, Carlos Pizarro convoca a la nación y víctimas del azote violento a aunar voluntades
con el objetivo de hacer un Pacto de Salvación Nacional.
3. Reincorporación
La tercera y última fase de este Proceso de Paz denota las características del procedimiento de
incorporación a la vida civil y política de los alzados en armas contemplando elementos como
Indulto, estímulo al ejercicio político, medidas de asistencia temporal, medidas de protección al
derecho a la vida.
De esta manera, la fase se destaca en un primer momento por la publicación de un documento
el día 27 de septiembre por parte de la comandancia del M-19 en el cual expresa su decisión de
desarmar sus estructuras militares, aclarando que ninguna de ellas se le entregará al gobierno,
pues las armas son la representación de su historia de lucha y merecen un destino más digno.
(PIZARRO LEONGOMEZ, Hemos decidido, 1995) Se entiende la manera en que se asume el
riesgo de aventurarse en la política sin armas en una coyuntura política tan representativa debido
a las condiciones políticas y sociales presentadas para entonces (dadas en contraposición, por un
lado auge narcoparamilitar y por el otro garantías de protección por parte del Estado); de igual
manera el fuerte mensaje de no entregar las armas al Estado cuenta una historia de no rendición,
por el contrario, de un acontecimiento político dignificado por la búsqueda de la paz en
condiciones de legalidad.
77
Comisión y Programa de Desmovilización
En la misma vía el 5 de octubre de 1989 y por una semana, el M-19 inicia su X Conferencia
Guerrillera en la cual, discute y aprueba el proceso por medio de un plebiscito interno (230
votos: 228 a favor de dejar las armas)
En el caso del M-19, movimiento político-militar, las líneas gruesas de la política se construían y
decidían en las Conferencias y se perfeccionaban en instancias colectivas más pequeñas: Dirección
Nacional, Comando Superior y Comandancia. En situaciones de difícil consulta, el poder guerrillero
se concentraba en el Comandante General. Esa decisión (la de la paz) fue progresivamente
refrendada, primero en una reunión de dirección nacional que se hizo a los pocos días de la firma
del acuerdo inicial y más tarde, en agosto de ese mismo año, en una Conferencia ampliada que
incluyó a toda la oficialidad guerrillera, es decir, direcciones regionales y mandos de escuadra o
tenientes, hacia arriba. 55 La decisión de paz en la conferencia de agosto de 1989 fue casi unánime.
Sólo dos oficiales, dos tenientes más exactamente, uno del ejército guerrillero y otro de las milicias,
se opusieron a la paz. Fueron desvinculados del M-19, de manera consentida y se vincularon al ELN.
(GRABE, Vera y PATIÑO, Otty, 2014)
Por su parte, la Comisión de Desmovilización inicia su operación luego de la declaración del
26 de septiembre en la cual se manifiesta que su misión es la de diseñar un plan general e
integral para la desmovilización y posterior reincorporación del grupo. Su primer acto es la
articulación de una iniciativa para preparar los siguientes pasos en el proceso de paz en la cual
55 Es necesario tener en cuenta que no todo el M-19 en 1989 se encontraba militarizado, había entonces cuadros
que estaban sólo en la política, otros que combinaban la política con el quehacer militar y cuadros clandestinos en
tareas especiales de inteligencia o logística que no estaban en una estructura nominal. Las Conferencias Nacionales
reunían a casi todos estos cuadros.
78
el M-19 abre una serie de sedes llamadas “Casas de la Paz” cuyo objetivo es el de iniciar la
edificación de un nuevo movimiento político.
De acuerdo con las directrices expuestas en las conclusiones de la Mesa de Trabajo por la Paz
y la Reconciliación Nacional el siguiente paso de la Comisión de Desmovilización se enfoca en
definir un programa para llevar a cabo dicho proceso. Algunos de los puntos que contempla el
programa:
Intervención del Presidente de la República con el objetivo de gestionar la
participación de la Internacional Socialista en la construcción de la Comisión
Internacional garante en el proceso de dejación de armas. Esta intervención
obtiene positiva respuesta.
Esta Comisión Internacional se adjunta a la construcción de un Comité Técnico
integrado por militares y ayudantes con la finalidad de contar con su protección y
cooperación para el desempeño de sus responsabilidades.
La Comisión Internacional se designa como observadora en todo proceso de
dejación de armas, desmovilización e incorporación a la vida política. En el Plan
de Desmovilización también se faculta a la Comisión Técnica para verificar la
existencia y recibir la totalidad de las armas en poder del M-19, el resultado del
informe de la entrega de armamento condiciona el otorgamiento del indulto;
además dispone los medios y procedimientos necesarios para garantizar la
protección e inutilización del material de guerra.
De lo anterior y con la experiencia de los ex-combatientes del M-19 Vera Grabe y Otty Patiño
es posible afirmar que el Proceso al interior del Movimiento se determina por la decisión
79
colectiva de construir nuevas formas de participación política, aunque aseveran la importancia de
comprender en cierto grado la estructura guerrillera en un elemento tan excepcional en la
confrontación como lo es una negociación, explicando la verticalidad y desigualdad existente en
ella como en cualquier tipo sistema militar, caracterizan la apuesta por la paz como estamento
del mandato popular.
También a la luz de los planteamientos de Vincec Visas (VISAS, 1987) de lo anterior se puede
comprender que la paz es un orden, un estado de cosas caracterizado por un elevado grado de
justicia social y una expresión mínima de la violencia que a su vez implica la ausencia de
violencia directa y estructural suponiendo la realización de la supervivencia, el bienestar, la
identidad y la libertad. De igual manera, Mauricio García (GARCÍA, 1992) plantea que existen
espacios de distopías sociales caracterizados por tener bajo nivel de justicia social y elevado
nivel de violencia, pero en el mismo sentido existen espacios que configuran utopías factibles y
entre los cuales se requiere un camino de transición que esté articulado con políticas que
permitan reducir al mínimo la violencia e incrementar al máximo la realización de las
necesidades humanas.
En este sentido el Proceso de Paz se configura como un escenario de construcción horizontal
de cultura política, soberanía e identidad nacional que se aleja de la concepción tradicional
adoptada desde un principio por los estamentos del Estado colombiano en la cual la Paz se
reduce a un proyecto de amnistía o indulto. Si bien el Gobierno Nacional, como ya se ha
mencionado, evidencia su intención por realizar reformas políticas estructurales, no reconoce la
existencia de un conflicto interno agudizado de carácter político producto de un proceso
sistemático de institucionalización de la violencia, en cambio da tratamiento diferenciado al
fenómeno violento desde la perspectiva de enemigo interno, foco de desestabilización
80
y terrorismo. De esta manera el reconocimiento de su carácter político permite reconfigurar el
significado de la Paz como camino y constructo social; el Proceso de Paz dilucida un panorama
de apertura democrática en el cual el desarrollo del país se puede dar en condiciones de equidad.
Sin embargo, este proceso no convoca ni la totalidad de grupos armados ni la totalidad de
sectores organizados y no organizados de Colombia, razón por la cual tampoco abarca la
totalidad de las demandas del país aunque intenta ser lo más amplio posible y genera
transformaciones necesarias, la Paz completa, estable y duradera no se concreta en este capítulo
de la historia de Colombia. Aún en un contexto distinto con normativas más amplias y
accesibles, un ambiente un poco más democrático, la cadena de violencia no se suprime, la
plenitud de los derechos humanos no se materializa y la cultura política del país no se
transforma.
Pese a ello los puntos expuestos en esta fase del Proceso de Paz evidencian lo relevante del
mismo siendo respuesta a unas demandas que para el momento histórico solventaron en alguna
medida las causas del conflicto permitiendo modernizar además la base estructural de la clase
política colombiana, visibilizando la necesidad de ejercer soberanía popular.
LO ACORDADO
Acuerdo Final
Tras nueve meses de intensas negociaciones, el 2 de noviembre de 1989 se suscribe el Pacto
Político por la Paz y la Democracia56 donde se abordan aspectos fundamentales para la
reconciliación del país como la inclusión de una Circunscripción Nacional Especial de Paz en un
56 Ver Conclusiones de las Mesas de Análisis y Concertación en la presente investigación.
81
“Referéndum extraordinario por la Paz y la Democracia”; este acuerdo pretende refrendarse
mediante reforma a la constitución desde el Congreso de la República, sin embargo el proyecto
de reforma se hunde en la legislatura empantanando el proceso.57
Con el objetivo de culminar exitosamente el proceso de paz y reconciliación con el M-19, se hace
necesario refrendar esos acuerdos e incorporar elementos adicionales que sustituyan aquellos
que formaban parte de la Reforma Constitucional que no culminó su trámite en 1989. (Gobierno
Nacional, M-19 y Garantes , 1990)
Por consiguiente, el Acuerdo Político final se firma el día 9 de Marzo de 1990 (Gobierno
Nacional, M-19 y Garantes , 1990) asumiendo estos compromisos, con el firme propósito de
implementar el Pacto Político
Mediante los mecanismos ordinarios de Reforma Constitucional o mediante
convocatoria del Constituyente Primario, Plebiscito, Referéndum o Asamblea
Constituyente fortalecer la legitimidad institucional y la aprobación de materias
necesarias para la consecución de la paz.
Promover la incorporación y tránsito de la lucha armada a la vida política de los ex -
guerrilleros a través de una Circunscripción Especial para la Paz, contempla participación
en Senado y Cámara de Representantes; lo anterior para aplicarse a más tardar en las
elecciones de 1992, sus características se definen en acuerdo posterior.
Fondo Nacional para la Paz con el objetivo de incidir en beneficio comunitario en zonas
de operación de la guerrilla desmovilizada, puede ser financiado por los diferentes
estamentos ya sean públicos, privados o sin ánimo de lucro.
57 Ver Indulto, Dejación de Armas y Reconciliación en la presente investigación y donde se amplía el proceso de finalización de negociaciones.
82
Compromiso de respaldar una Reforma Electoral con el propósito de ampliar las
oportunidades electorales y modernizar el proceso58, con ella se pretende también adoptar
medidas que lleven a extender la representación parlamentaria de las minorías.59
Expedición de Decreto desde el Ejecutivo para la creación de la Comisión Asesora para
la Reforma Integral de la Administración de Justicia en las condiciones señaladas por el
Pacto Político a un término de tres años.
Integración de una Comisión de carácter académico no gubernamental para la
investigación de todo aquello relacionado con la red de tráfico y consumo de
estupefacientes.
Aplicación y ejecución de los temas políticos, socioeconómicos y de convivencia, justicia
y orden público consignados en el Pacto Político.
Anuncio de desmovilización de la totalidad de frentes armados del M-19, dejación de las
mismas ante la comisión designada para ese fin. Se informa asimismo sobre la creación
del Consejo Nacional de Normalización60, también la aplicación del Indulto a los
miembros del M-19 junto con el inicio de programas de reinserción. Se reitera que el M-
19 como grupo armado deja de existir.
Conformación de una Comisión de Seguimiento con el objetivo de garantizar el
cumplimiento de los compromisos adquiridos.
Plan de Seguridad con el propósito de garantizar los derechos y proteger a los principales
dirigentes del M-19.
58 Establecimiento de tarjeta electoral, voto secreto en ambiente reservado. 59 Usando elementos como Circunscripción Nacional y Territorios Nacionales (garantizar la representación de determinados grupos étnicos, sociales y políticos en el Congreso de la República) 60 Para ampliar el tema consultar Decreto 314 de 1990. https://www.redjurista.com/documents/d0314_90.aspx#/viewer
83
Con este acuerdo el M-19 y el Gobierno Nacional ponen fin a un proceso de negociación
ocurrido por algo más de un año, pero más allá de sellar un evento inédito en la historia del país
este es el comienzo de la edificación de una nueva Colombia. Sin embargo, no puedo realizar
una lectura descontextualizada de la situación nacional durante este proceso; el auge de la guerra
sucia61 y el fortalecimiento del paramilitarismo deriva en el encuentro del narcotráfico con el
conflicto armado, financiándolo en pro de los intereses de las élites económicas (defender su
patrimonio), de los mismos narcotraficantes (buscan la expandir sus negocios, protegerse de la
guerrilla) y de los militares (atacar la guerrilla bajo la doctrina de enemigo interno). (Grupo de
Memoria Histórica, 2013) A su vez, el narcoparamilitarismo como fenómeno violento evidencia
una reconfiguración primero del problema agrario, significando un nuevo proceso de
concentración de la tierra 62 y segundo del contexto social y cultural pues, el protagonismo del
guerrillero tanto en el ámbito urbano como rural (muchas veces legitimado), se ve trastocado por
el del narcotraficante que de hecho se convierte en referente socialmente aceptado en amplios
sectores de la población.
A lo anterior se suma la gran capacidad del narcotráfico por adquirir respaldo de algunas
esferas militares e institucionales del Estado a través del ejercicio de la corrupción. Por un lado,
la lucha contrainsurgente y su incursión en el conflicto armado con el apoyo paramilitar, recalca
las características del mismo alejándolo claramente de la posibilidad de su resolución definitiva
por vías de diálogo, desdibujando además la frontera existente entre protesta social y accionar
61 Término utilizado para referirse a la sistemática desaparición de líderes sociales y políticos en la que, el Estado colombiano era protagonista. 62 El auge del fenómeno del narcotráfico se puede contemplar desde la transformación que hizo Colombia de país cafetero a minero y cocalero, el nuevo país minero irrumpió con el descubrimiento de los pozos petroleros de Caño Limón y se consolidó a comienzos de los años noventa con la explotación de los yacimientos de carbón y el creciente mercado internacional para las esmeraldas. VÁSQUEZ, Teófilo. “Recursos, política, territorios y conflicto armado”, en ¡Basta Ya!, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013.
84
político insurgente; por otro lado la avanzada del Estado en el marco de las políticas antidroga
genera acentuación del narcoterrorismo, en el que la sociedad civil permanece como principal
afectada.
Como consecuencia del Pacto Político el Movimiento Guerrillero se ve polarizado entre
quienes aceptan la oportunidad de participar en un Proceso de Paz que ya tiene referencias
positivas y que en cierta medida les concede reconocimiento y favorabilidad política legal, y
aquellos para quienes el Proceso, aunque celebrado, no representa solución sustancial y de fondo
a las problemáticas con las cuales se enfrenta la nación en este momento. Por un lado, el inicio
de negociaciones de paz con el Ejército Popular de Liberación, el Partido Revolucionario de los
Trabajadores y el Movimiento Armado Manuel Quintín Lame a raíz de la exitosa experiencia del
acuerdo permite generar ambiente de distensión nacional y favorabilidad política para la
refrendación de los acuerdos en un gran escenario constituyente.
En cambio, de forma paralela promueve también la reorganización y fortalecimiento de los
grupos guerrilleros concentrados en la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar.63 La formación
y reglamentación de Milicias Urbanas por parte de las FARC y el ELN, permite comprender la
reestructuración de una parte del Movimiento Guerrillero hacia la combinación de todas las
formas de lucha, el cambio de estrategia permite a estos movimientos armados el trabajo con
comunidades urbanas cuyo propósito es el de lograr apoyo logístico y organización de trabajo de
masas. (ACERO, 1995) Sumado a ello la continuación de la guerra de guerrillas permite a la
Coordinadora realizar el 70% de las acciones insurgentes en ese año (IEPRI, 1991) puede
afirmarse que como muestra de desconfianza ante un Estado permeado por la corrupción de
63 Para este momento solamente hacen parte de la CGSB las FARC, el ELN y un sector del EPL. (NARVAEZ, 2012)
85
algunos de sus estamentos, la proliferación del narcotráfico, su hibridación con el
paramilitarismo y la desaparición sistemática de la Unión Patriótica y demás líderes políticos y
sociales, las FARC y el ELN no se suman de manera inmediata a la negociación.64
La paz sigue siendo el mejor instrumento y bandera de las clases dominantes para mantener y
perpetuar la guerra en el país. En el siguiente artículo, se expone cómo en los últimos 20 años la
bandera por la paz, ha sido un instrumento eficaz de las clases dominantes para poner en
marcha una serie de cambios estructurales para que todo permanezca igual, pues si se observan
y analizan con atención, evidencian una serie de intereses económicos y políticos particulares
que han resultado favorecidos. Desde la cultura, y todo lo que esta esfera encierra, se ponen en
cuestión los distintos esfuerzos orientados a “pacificar el país” y los discursos que sobre la paz
se han impulsado en los últimos años. (Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia, 2011)
Si me remito a las condiciones coyunturales para que la vía negociada sea camino de la Paz
debo comprender que, por un lado la iniciativa popular y gubernamental de reformar o cambiar
por completo la constitución se presenta como avance en materia de legitimidad política tanto
para el Estado como para la insurgencia, quienes apuestan por ello, reconociendo así el
debilitamiento del modelo de lucha armada y sus agregados fracasos en la conquista del poder;
por otro lado se concibe que la posición de guerrillas como el ELN y las FARC de desconfiar en
un proceso que se realiza en medio de uno de los más grandes hostigamientos sobre la oposición
y la sociedad civil en la historia del país, responde a una actitud en un sentido defensiva, pero en
otro de manera ofensiva puesto que permite la agudización de las contradicciones, posibilitando
un escenario acorde con la lucha armada para la toma del poder.
64 En 1991, bajo el mandato del Presiente César Gaviria se inician conversaciones con la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar en Tlaxcala, México.
86
INDULTO, DEJACIÓN DE ARMAS Y REFRENDACIÓN
Tomando como referencia las negociaciones actuales de la Habana65 el debate nacional al
término de un Proceso de Paz se caracteriza por la contraposición de argumentos en cuanto al
tema de justicia; la dicotomía entre justicia y paz nos remite a asumir una mirada implacable
frente al conflicto, sus orígenes, actores y víctimas. En este sentido se encuentra relevante
comprender la dimensión del conflicto armado en su contexto referenciando el informe de la
Comisión de Estudios sobre la Violencia66 del año 1987 y con el cual es posible argumentar la
existencia de un conflicto interno que responde a unas causas objetivas materializadas través de
múltiples violencias; con estos argumentos se respalda la implementación de marcos jurídicos
legales en pro de garantizar el restablecimiento de los derechos políticos de los excombatientes
que reconocen de nuevo las instituciones del Estado defendiendo el indulto como garantía de
reincorporación y obtención de verdad.67
Indulto
Con lo anterior, el 22 de diciembre y por medio de la Ley 77 de 1989 se decreta el beneficio
de Indulto a autores o partícipes de delitos políticos (entendidos como o rebelión, sedición o
asonada) y los delitos conexos con ellos cometidos para facilitarlos, consumarlos u ocultarlos; se
añade que para ser favorecido con el indulto se requiere cumplir con la cesación definitiva de
65 Proceso de Paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC, Habana, Cuba. 2012-2016 66 El ministro de Gobierno de Virgilio Barco, Fernando Cepeda Ulloa dejó en manos de diez expertos la labor de diagnosticar la violencia en el país y formular una serie de recomendaciones. El resultado sería el informe “Colombia: violencia y democracia”, que propuso la existencia de múltiples violencias. Ya no era una sola ni tenía una única dimensión, como se había venido abordando en trabajos anteriores. De tal manera que los comisionados plantearon la violencia política, urbana, intrafamiliar, de crimen organizado, contra las minorías étnicas y la relación que este fenómeno guardaba con los medios de comunicación. http://pacifista.co/las-lecciones-de-los-violentologos-de-1987-para-los-de-la-habana/ . 67 “El indulto es una institución jurídica que impide que se sancione un hecho respecto del cual la justicia penal se ha pronunciado previamente. El indulto solo extingue la pena que haya sido impuesta al responsable del delito objeto de la gracia y es propiamente el perdón del delito” CHAPARRO, Natalia. Amnistía e Indulto en Colombia. Universidad Nacional de Colombia. 2013
87
actividades subversivas incluyendo la dejación de armas. Cabe señalar que el manejo de esta ley
se da de manera especial debido a la latente posibilidad de ampliarla con el propósito de incluir
delitos no políticos,68 ante el rechazo, las relaciones entre la rama ejecutiva y la legislativa se
agudizan, el debate se estanca y a pocos días de concluir las sesiones legislativas se aprueba el
indulto, la reforma constitucional no corre con la misma suerte.69
Buscando salvar lo que se podía, el gobierno logró acordar con los congresistas suprimir la
ampliación del alcance de la ley de indulto y, finalmente, después de varios aplazamientos por
falta de quórum, fue aprobada a pupitrazo en las últimas horas de las sesiones de esa traumática
legislatura. (GARCÍA-PEÑA, 1993)
En perspectiva, la ley de indulto es aquella que logra “salvar” este Proceso de Paz, la reforma
a la constitución no obtiene la aprobación deseada en el pleno de la legislatura, lo pactado se
encuentra en el limbo y requiere refrendación. Carlos Pizarro y Antonio Navarro Wolff de
manera voluntaria, son los primeros guerrilleros en acogerse al indulto, por tanto se suspenden
sus órdenes de captura y visitan la ciudad de Bogotá con el propósito de restablecer el acuerdo,
los dirigentes del M-19 escudriñan la clase política liberal para cimentar compromisos y
garantías que consientan la aplicación del acuerdo y sus reformas en el próximo periodo
constitucional.
68 “…a las fricciones que surgieron entre las ramas ejecutiva y legislativa. El principal temor del gobierno era que miembros del Congreso -algunos motivados por convicciones auténticas y otros aparentemente influidos por la intimidación y los dineros del narcotráfico- aprovecharían las circunstancias para ampliar los alcances de la ley con el propósito de incluir delitos no-políticos. La ponencia presentada el 10 de noviembre por el representante liberal César Pérez -quien viajó a Santo Domingo, Cauca para entrevistarse directamente con los dirigentes del M-19- fue precisamente en ese sentido, en clara contravía de las intenciones del ejecutivo.” GARCÍA PEÑA, Daniel. El viejo congreso y la paz. Una breve historia del papel de la rama legislativa en los procesos de paz de Betancur y Barco. 1993. https://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/119/index.php?id=119 69 ver apartado: Refrendación de este capítulo
88
Del indulto también se puede afirmar que se presenta conforme al propósito esencial de la
paz, es decir, el indulto no es un instrumento exclusivo para la desmovilización de guerrilleros
con garantías en pro de la pacificación, este debe suponerse en un marco de referencia en que
permita la administración de verdad y justicia en medio de un conflicto generalizado.70
[La administración de justicia es un] factor que puede convertirse en una dificultad para realizar
procesos de paz con grupos ilegales en los que se les ofrezca beneficios jurídicos, amnistías,
indultos y demás prebendas para que depongan las armas. La realidad es que las guerrillas
colombianas están lejos de ser derrotadas militarmente y mientras esa correlación de fuerzas no
cambie, lo más probables es que los combatientes de las guerrillas no dejen las armas para ser
juzgados y encarcelados. La paz por vía militar podrá demorar más de lo que presupuesta el
gobierno; mientras tanto las víctimas seguirán sumando. (GONZÁLEZ, s.f)
Dejación de armas
Contemplada en el Pacto Político, la dejación de armas por parte de la guerrilla del M-19 se
concibe más que como el cumplimiento de un compromiso, un “salto al vacío”, el acuerdo fruto
del consenso se encuentra sin mecanismo de refrendación; aun así el M-19 muestra compromiso
frente al tratado de paz, reafirma su voluntad y acepta abandonar las armas. La visita de los dos
primeros comandantes del movimiento a Bogotá en búsqueda de alianzas y garantías para la
consecución de una Asamblea Constituyente, brinda un ambiente de confianza y respaldo hacia
el proyecto político sin armas
La simpatía y el apoyo que generó la presencia en Bogotá de los dirigentes del M-19, expresada
en concentraciones multitudinarias, despejó las dudas: la decisión por la paz era lo correcto en
70 Elemento esencial de ello, la Comisión de Estudio del Conflicto Armado señalada en páginas anteriores. En ella se resalta el origen del conflicto armado como agregado en la construcción de una nueva historia colombiana.
89
ese momento, a pesar de todas los obstáculos que el proceso tenía, a pesar de que la
favorabilidad política pactada no se había concretado, a pesar de lo incierto que era aún el
proceso de reinserción. (Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, s.f)
El M-19 anteriormente declara su negativa de entregar las armas al Estado, con la convicción
de no haber traicionado los principios del movimiento y de divulgar lo que ellas habían
conseguido a lo largo de sus años de lucha armada, el grupo insurgente realiza la entrega
voluntaria del último material bélico en su poder. En el documento de propuesta para el evento
de Dejación de Armas, programado para el día 8 de marzo de 1990, se pueden encontrar
disposiciones técnicas en cuanto a concentración de integrantes de la comisión, inventario y
manera de recepción de las armas y municiones, destino final de las mismas e itinerario, además
garantía de seguridad por parte del ejército colombiano.
En cumplimiento de lo anterior y en la fecha acordada se lleva a cabo el evento, integrantes
de la Internacional Socialista y la Comisión Técnica desplegada para este fin realizan la
recepción, verificación, traslado y fundición del material de guerra. En un momento coyuntural,
sin respaldo palpable a su iniciativa, el M-19 como grupo armado, deja de existir: “Por
Colombia, por la Paz, ¡Dejad Armas!” es la última instrucción del General.
Esas armas que durante más de 16 años simbolizan el levantamiento popular por la conquista
de un modelo democrático alternativo, la edificación de una identidad nacional alejada de los
dogmas y la irreverencia de poner en jaque el escenario urbano retirado tradicionalmente del
conflicto, representadas en un momento por la espada de Simón Bolívar, son fundidas para
significar la claudicación de dicho modelo. EL M-19 al verse disminuido militar y políticamente
luego de la Toma y Retoma del Palacio Justicia, replantea su quehacer como guerrilla
entendiendo las posibilidades que se le presentan coyunturalmente, comprende que su proyecto
90
político históricamente ha girado en torno a la conceptualización de la paz en un sentido amplio;
su consigna de hacer un Gran Diálogo Nacional con una clase política acomodada en el poder le
exige en su momento ser consecuente y creer en los planteamientos de su primer Comandante,
Jaime Bateman quien formula para entonces la caducidad de las armas como proyecto
eternamente funcional. De esta manera el 8 de marzo de 1990 el M-19 inicia su proceso de
movilización política sin armas.
Refrendación
Como se ha señalado con antelación, el Pacto Político por la Democracia y la Reconciliación
requiere mecanismos de refrendación. Un acuerdo político de tal magnitud no puede
simplemente decretarse o desecharse; desde el mes de julio de 1989 y hasta diciembre del mismo
año se inicia en el Congreso de la República un proceso de reformas constitucionales que se
sintetiza con la declaración del documento político de acuerdo con la guerrilla del M-19, aunque
según estudios como el de Daniel García Peña (GARCÍA-PEÑA, 1993) el papel de la rama
legislativa no es tan protagónico y sí más bien desprendido, la legislatura evidencia su negativa
ante la desmovilización de un grupo insurgente.
Según el autor, dos factores que influyen en el hundimiento de las reformas se deben a
intereses promovidos a título personal por parte de los políticos, primero la Circunscripción
Nacional Especial de Paz se toma como situación de desventaja a causa del beneficio político
que esta representa y junto con la idea de compartir escenario público con “ex terroristas”,
malogran su favorabilidad política y segundo, la inclusión de aspectos concernientes al
desarrollo de la guerra contra el narcotráfico y de manera concreta la extradición, alerta a los
narcotraficantes quienes optan por usar la fuerza o la corrupción como mecanismo de persuasión
91
hacia algunos senadores y representantes que participan en estos actos legislativos. El único
elemento que se pudo aprobar en las sesiones del congreso fue el indulto.
Entre julio y diciembre de 1989, en las sesiones del Congreso, se presenta y se discute un
proyecto de reforma de la Constitución. En dicho proyecto, unos artículos transitorios dan cupos
en el senado y la cámara al M 19 y a otros grupos que eventualmente se desmovilicen, mediante
una Circunscripción Nacional Especial, según la cual, con 300.000 votos a nivel nacional dichos
movimientos podrían elegir 10 senadores y con 327.000 votos, 15 representantes a la Cámara. El
proyecto de reforma se hunde en el último momento, debido a un artículo, introducido por
algunos parlamentarios, que proscribía la extradición (favoreciendo a narcotraficantes); el
gobierno retiró el proyecto. (GIRALDO, 2004)
Más allá de los intereses conjuntos de política y narcotráfico este suceso revela el
cumplimiento de la vigencia de la carta política constitucional que rige para entonces, en
palabras de Carlos Pizarro, la Constitución de 1886 es ya una colcha de retazos que no cumple su
misión y en cambio, evidencia lo imperante de construir un nuevo marco político.
Se hace necesaria una gran Asamblea Nacional Constituyente con la participación de todas las
opiniones representativas de todos los estamentos, con poder decisorio para reformar el Estado y
la Constitución, y elaborar un mandato nacional que nos ampare y nos obligue a todos. […] Que
el parlamento no se preocupe hoy por la circunscripción especial para los alzados en armas, ni
por el proceso de paz con el M-19, lo retamos a convocar un referendo para el 21 de enero en el
cual el pueblo escoja entre el propio Congreso o la Asamblea Nacional Constituyente.
(Comandancia M-19, 1989)
La Constitución imposibilita la respuesta a una multiplicidad de condiciones, que en un poco
más de cien años, evolucionan en respuesta a la transformación global, regional y nacional. El
siglo XX presencia la agitación de un mundo tecnificado, revolucionado, caracterizado por la
92
confrontación, la polarización y la contracultura; la carta política de 1886 responde a un contexto
alejado de la realidad inmediata. Ante la iniciativa de una acción popular que respaldara una
constituyente en las elecciones del mes de marzo, el Gobierno Nacional presidido por Virgilio
Barco y amparado bajo las funciones que le imprime el estado de sitio vigente y la iniciativa
popular de la Séptima Papeleta,71 por acción de facto, decreta contabilizar los votos depositados
en las elecciones de mayo72 aunque esto se considera en contra vía de la Constitución de 1886, la
Corte Suprema de Justicia lo avala pues se considera imposibilitada para limitar el poder
constituyente primario (el pueblo).
Es posible afirmar entonces que la refrendación del Proceso de Paz se lleva a cabo por medio
de Asamblea Nacional Constituyente, el Pacto Político por la Paz y la Democracia se rescata
como insumo de debate y propuesta concreta de democratización de las múltiples esferas de la
vida, por tanto los mecanismos de refrendación son esenciales en los Procesos de Paz, pues
tienen como propósito legitimar su implementación. La experiencia abordada en este trabajo es
producto de la combinación de una serie de condiciones históricas que agudizan las
contradicciones sociales y políticas permitiendo la invención de nuevas estructuras en el Estado
que fuesen acordes con la realidad del país; el legado de la refrendación de este acuerdo es sin
duda el reconocimiento de un conflicto político de carácter armado y civil determinado por
condiciones de exclusión que encuentra sus límites en la lucha armada y que, al no prosperar,
posiciona a la sociedad civil como vigía soberana del derecho a la paz.
71 Conglomerado de militantes políticos, estudiantes y población en general organizados con el objetivo de impulsar de manera soberana, la formulación de una Asamblea Nacional Constituyente. Para las elecciones de Marzo de 1990 se fomenta la inclusión de una “séptima papeleta” en la que se evoque el mandato popular por la formulación de una nueva constitución. 72 Elecciones para la elección de Presidente para el periodo (1990-1994)
93
LA CONSTIUYENTE Y ¿LA PAZ?
Como ya se ha argumentado a lo largo de esta investigación, el sentido de la Paz se especifica
en un panorama amplio y contrapuesto a la definición reduccionista del fin de la guerra, claro
está sin desconocer su interdependencia. La Asamblea Nacional Constituyente y la Constitución
derivada de la misma son muestra de ello.
Sin embargo, en el mes de abril de 1990 y en plena campaña presidencial es asesinado en un
avión el ex-comandante Carlos Pizarro, su crimen se suma al de Bernardo Jaramillo integrante y
candidato presidencial por la Unión Patriótica. La desaparición de dos candidatos presidenciales
en medio de la refrendación de un proceso de paz y con una coyuntura política sin precedentes
como la convocatoria a una constituyente demuestra un doble sentido del conflicto ya que, por
un lado, el grupo insurgente escala un peldaño para transformar la estructura política y social del
país y por el otro esa misma estructura permeada por la mafia trunca el sueño; el legado de
eliminación del contendor visto como amenaza latente, es una contraposición a los principios
democráticos.
Aun así la desmovilización y reincorporación de los combatientes del M-19 les permite
participar en las elecciones para la Asamblea Constituyente (transformados en Alianza
Democrática M-19 “AD-M 19”) llevadas a cabo el 9 de diciembre73 obteniendo la segunda mejor
votación, solamente superados por el Partido Liberal, de 70 miembros cerca de 25 elegidos
hacían parte de movimientos políticos derivados de la lucha guerrillera representados en AD-
73 Para este fecha ya asumía el cargo de Presidente de la República de Colombia César Gaviria (1990-1994) heredero político de Virgilio Barco y cuyas propuestas giraban de igual manera a la modernización del Estado colombiano y la Paz.
94
M19: 19 elegidos, Unión Patriótica: 2, Desmovilizados del EPL, PRT y Quintín Lame: 4;
sumados a los 25 integrantes de la votación más alta conseguida (impulsora oficialista de
reforma constitucional y partido del Presidente Barco), el 71, 4% de la Constituyente se
representaba con antelación en el Pacto Político de Acuerdo de Paz. Lo anterior permite afirmar
que algunas garantías de participación política, en cierto sentido, se cumplen y el acuerdo puede
refrendarse.
Sin embargo, en contraposición a ello y conforme como transcurren las elecciones para la
Constituyente, se presenta el bombardeo a Casa Verde, lugar emblemático de concentración del
Secretariado de las FARC y cuyo propósito se define en impedir cualquier posibilidad a la
CGSB de ser partícipe en la Asamblea Nacional, aún en contravía con el constante llamamiento a
conversar y participar.
El golpe de mano preparado con mucha antelación, apuntaba a que cuando se instalara la
Constituyente, el 4 de febrero de 1991, el movimiento guerrillero agrupado en las FARC, el ELN
y una fracción minoritaria del EPL (el M19, el EPL y el Quintín Lame ya se habían reintegrado a
la vida civil tras acuerdos con el gobierno de Barco), debía estar derrotado o tan maltrecho que
no representara ningún obstáculo a un proceso que debía convertirse en un nuevo tratado de paz,
pero sin ellos. (ROMERO, 2015)
¿Y la Paz?
El contexto se presta para una visión dialéctica de la realidad, Colombia como un escenario
democrático en el cual la diferencia se elimina por medio de la fuerza; frente a ello puedo
afirmar que si bien a raíz de esta lucha de contrarios se obtiene algo nuevo, un contexto legal
más abierto e incluyente, no se logra una transformación radical de la política tradicional
colombiana puesto que la agudización de estas contradicciones no desemboca en una revolución
95
social generalizada; en cambio, se puede decir que sirve como argumento de respaldo a la
consolidación de grupos tradicionales en el poder. Por otro lado y en respuesta a la coyuntura
inmediata, las conclusiones de este proceso son un aporte invaluable en el pensamiento sobre la
paz, la política y la realidad colombiana entendiendo la necesidad de su transformación, en su
momento la apropiación de espacios de debate y participación fueron expresiones
revolucionarias de la lucha por abordar la historia desde la concepción materialista de la realidad.
En consecuencia de ello, este Proceso de Paz transforma considerablemente la historia de
Colombia, pues demuestra la legitimación histórica de la violencia política y también la
posibilidad de su transformación y visibilización. De igual manera, esta concepción de realidad
permite remitirse al Proceso de Paz de 1989-1990 como hecho histórico desde el cual se
analizan sucesos posteriores como es el caso de las negociaciones que transcurren en La Habana,
Cuba (2012-2016) al momento de escribir este trabajo.
Estas conversaciones se prolongan por algo más de 4 años, tienen como producto un Acuerdo
Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera
(Gobierno Nacional, M-19 y Garantes , 1990) en el cual se incluyen seis puntos referentes a:
Reforma Rural Integral.
Apertura Democrática para construir la Paz.
Fin del Conflicto.
Solución al Problema de las Drogas ilícitas.
Víctimas: Sistema Integral de Verdad, Justica, Reparación y No repetición.
Implementación, Verificación y Refrendación.
96
Al igual que el proceso con el M-19 este responde a las problemáticas de su momento, sin
embargo, a su vez expresa un legado histórico de no resolución de dificultades estructurales
como la reforma rural integral y la apertura democrática que, en el papel se hubiesen solucionado
mínimamente en la nueva Constitución. En el mismo sentido, se evidencia la mutación de
escenario de diversos fenómeno como el narcotráfico y el paramilitarismo incidiendo en esferas
tanto legales como insurgentes, la necesidad de la terminación definitiva del conflicto armado y
como agregado esencial el protagonismo de las víctimas del mismo como mecanismo de
construcción de memoria y legitimidad política para avalar la no repetición y garantizar el
derecho a la paz.
De nuevo el conflicto se centra en la refrendación del acuerdo, al finalizar la escritura de este
documento el mecanismo implementado para ratificar de manera legítima los puntos
consensuados es el Plebiscito, el día 2 de octubre de 2016 se impone la negativa frente a la
implementación de dicho acuerdo, muestra de un país polarizado entre el perdón y el
resentimiento, el entendimiento y la desinformación sobre el conflicto, sus causas y víctimas.
Adicional a lo anterior, tal vez una de las enseñanzas más grandes del proceso de 1989 es que la
principal contendora de la construcción de paz, es la misma clase política que, sea cual sea su
argumento, impide la consecución de garantías para la edificación de una sociedad colombiana
distinta; desde sus inicios, la Colombia con características económicas, sociales y políticas
modernas se ha tipificado como escenario del ejercicio indiscriminado de la acción violenta, el
despojo y la desigualdad, sumado a la proliferación de una cultura mafiosa exige cada día al
pueblo colombiano compromiso y educación política porque es en el pueblo en quien
sinceramente reposa la soberanía y la paz.
97
CONCLUSIONES
1. Remitirse a los orígenes mismos del conflicto no hace referencia a escudriñar en la Historia
para encontrar con exactitud el nacimiento de la violencia, más bien permite entender en
contexto las características propias del establecimiento de una tradición política violenta y
excluyente que se pretende cambiar; de esta manera se comprende también por qué motivo
se opta por la misma violencia como respuesta a ello.
2. La violencia, como recurso inherente al ejercicio político (ejercicio del poder) se utiliza
como instrumento para mantener la dominación o para subvertir el orden establecido. En el
caso colombiano la violencia se naturaliza, legitima e institucionaliza en su transcurrir
cotidiano.
3. El desafío a la clase política tradicional se especifica como suceso de relevancia histórica, su
afán por no perder las riendas del poder y evitar la ejecución de un gobierno diferente a su
tradición, desata un nuevo capítulo en el ejercicio de la violencia política en el país. El
enemigo no se determina ahora por color, se determina por condición. El Frente Nacional es
sin duda el proyecto político que legitima la exclusión y el uso de la violencia estatal en
Colombia, arraiga procesos sistemáticos de desaparición y supresión.
4. Cuando se habla de garantías políticas se entienden los mecanismos mediante los cuales se
garantiza la participación política de los grupos alzados en armas, primero a raíz de su
reconocimiento como interlocutores válidos efectuado a partir de la comprensión, tanto de
los objetivos políticos del movimiento alzado en armas como de la causalidad del conflicto;
segundo a través del mantenimiento de condiciones favorables que conlleven a un ejercicio
político en igualdad de condiciones.
98
5. El entendimiento de las causas del conflicto armado, permite la búsqueda de una solución
integral desde la vía institucional. Se afirma que por un lado son la continuación de
estrategias antisubversivas pero por otro, son escenario de concertación avalado por la
estatalidad como mecanismo de reconciliación y consecución de la paz.
6. La disputa por la apertura de espacios políticos que busquen la superación de la segregación
política, permite entrever el sentido de la paz como discurso subversivo: afirmar que se está
en armas para lograr una democracia real puede explicarse desde la alteración de la
identidad colectiva emanada a partir de la cohesión social posicionándola como alternativa
contrahegemónica en el contexto colombiano donde la identidad colectiva política se define
desde la división bipartidista.
7. La iniciativa de paz gestada en la administración de Virgilio Barco responde a la necesidad
de recuperar espacio político por parte del Estado, sumando a ello el reconocimiento de la
precariedad de respuesta de la constitución política a un contexto completamente
transformado. Se evidencia la forma en que el intento de referendo constitucional responde a
intereses meramente directivos de los partidos tradicionales, el sesgo político aplicado
contradice la confianza que se demanda por parte del estado y contrasta con una realidad llena
de violencia y aniquilamiento.
8. Las fases de negociación del Proceso de Paz responden a un ordenamiento político que se
caracteriza por la desconfianza mutua, aun así la primera fase de Distensión busca suprimir
tal susceptibilidad desde el escenario franco y abierto. La segunda fase, de Transición puede
interpretarse más allá de su sentido como momento crucial de negociación, esta también se
explica desde el reconocimiento político que se hace de la insurgencia por parte de organismos
estatales.
99
9. Las garantías políticas para la instalación de conversaciones, la refrendación del acuerdo y la
desmovilización de guerrilleros se cumplen parcialmente, quedándose la mayoría en el papel.
Si bien es cierto el acuerdo logra concretar un escenario de fortalecimiento de lazos de
confianza y un trato entre ciudadanos de derechos, la implementación del mismo y la garantía
de protección del ejercicio político no se concretan de manera sustancial, visible. Al realizar
un análisis contextual de las garantías políticas de diálogo, desmovilización y participación
política en el proceso de 1989-1990, se afirma que ellas se obtienen a raíz de actos de “buena
fe”, de no ser por la iniciativa popular, el acuerdo no se refrenda.
10. La negativa de refrendación, el asesinato de Carlos Pizarro y otros candidatos a las elecciones
presidenciales en el contexto de proliferación del narcoparamilitarismo, demuestran un claro
ejemplo de selectividad en cuanto al accionar mafioso se refiere, es decir, que se evidencia el
fortalecimiento de sus lazos políticos y económicos con sectores tradicionales en el poder.
11. Si bien desde el Estado se garantiza el indulto y el restablecimiento de derechos políticos a los
excombatientes y el aval popular al demostrarse un claro posicionamiento del debate sobre la
necesidad de transformar la Constitución nacional, se evidencia la inestabilidad política
generada por la descomposición de estamentos del poder. A lo largo de esta investigación se
ha demostrado cómo la institucionalización de la violencia, de los vestigios del Frente
Nacional y la corrupción han imposibilitado la apertura democrática real. Con lo anterior,
asevero que el principal contendor de la consecución real de la paz, es la clase política
colombiana.
12. Se evidencia que tanto en el proceso de 1989-1990 y en el de 2012-2016 existen semejanzas
en cuanto a la dificultad de concretar mecanismos de refrendación del acuerdo final. Puntos
álgidos como la implementación de justicia y la favorabilidad política demuestran un
100
desconocimiento sobre la naturaleza del conflicto armado; si bien el primer proceso evidencia
una experiencia “exitosa” el proceso actual pueda que no corra con la misma suerte.
13. El debate sobre participación política de excombatientes de grupos guerrilleros se debe
abordar desde el entendimiento de las condiciones del conflicto colombiano y el ambiente
político del país; es necesario comprender el proceso histórico que a través de ello se entreteje
y la relevancia de la participación de los grupos alzados en armas en ella.
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Documentos del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación sobre el acuerdo de Paz de 1989
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Otros documentos sobre el Proceso de Paz de 1989-1990
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http://pdba.georgetown.edu/CLAS%20RESEARCH/Library%20and%20Documents/Peace%20Pro
cesses/1990-1994/1990%20Mar_M19_Acuerdo.pdf
http://www.mbsuroccidentedecolombia.org/publicaciones/pdf/Identidad%2021.pdf
https://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/119/index.php?id=119
http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2012/09/Amnist%C3%ADa-para-la-paz.pdf
http://caracol.com.co/radio/2015/11/10/nacional/1447178455_367569.html
https://historiacritica.uniandes.edu.co/view.php/119/index.php?id=119
http://www.semana.com/nacion/articulo/a-la-carga/9930-3
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