JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Sigiloso, Jorge Eduardo Costi-lla Sánchez, El Coss, ha logrado mantenerse lejos de la “guerra al narcotráfico” de Felipe Cal-derón y, asentado en Tamauli-pas, en la frontera con Estados Unidos, ve cómo se derrumba

el clan de los Cárdenas Guillén.Traiciones y batallas internas acen-

dradas durante el año pasado en el cártel del Golfo (CDG) le han dejado poco a poco el control del grupo que ahora mantiene una alianza con Joaquín El Chapo Guzmán, del cártel de Sinaloa.

Informes de inteligencia de México aportados a este semanario por una fuente a la que se le otorga el beneficio del anoni-mato por razones de seguridad, y el reporte de la firma estadunidense Stratfor publica-do apenas el martes 24 de enero, dan cuen-ta del fortalecimiento de Costilla Sánchez en su papel de líder del CDG como resulta-do de la embestida del gobierno de Calde-rón contra los Cárdenas Guillén. Pero ad-vierten que la disputa no ha terminado.

Sus antiguos aliados acusan a El Coss de traición y de haber entregado a la Mari-na y al Ejército a los principales miembros y colaboradores de la familia que convir-tió al cártel del Golfo en una de las prin-cipales organizaciones delictivas del país; logro en el que tuvo un papel crucial la in-corporación como brazo armado de deser-tores de élite del Ejército que dieron vida a Los Zetas.

“Ha comprado la protección del go-bierno federal y ha puesto a los Cárdenas Guillén y sus más cercanos colaboradores con la Marina”, asegura la fuente.

En varios encuentros con el reportero, explicó que con la caída de Osiel Cárdenas Guillén –detenido en 2003 y extraditado

cuatro años más tarde–, el liderazgo del CDG recayó en su hermano Antonio Eze-quiel, Tony Tormenta, apoyado por Samuel Flores Borrego, El Metro 3, como segundo en la estructura delictiva y quien se que-dó como “jefe de plaza” en Reynosa. En ese esquema, aunque era hombre de con-fianza de los Cárdenas quedó tercero en el escalafón.

“El Coss traicionó a los Cárdenas Gui-llén y al Metro 3 con el fin de adueñarse del CDG. Pactó con mandos de la Marina y el Ejército a cambio de que no lo toquen y dejarles, como recompensa, casas con mucha lana”, dice. Y advierte que “viene una guerra” por el control de los territo-rios del CDG.

Costilla Sánchez, quien desde 2008 en-frenta dos procesos penales por narcotráfi-co en Estados Unidos bajo los alias del Coss, Doble X o Doble Equis, es ahora identifica-do por sus antiguos aliados como El Judas.

De acuerdo con la versión del testigo, el conflicto comenzó en 2010, cuando Cos-tilla Sánchez buscó un arreglo con Naza-rio El Chayo González, entonces jefe de La Familia Michoacana. El Coss mandó a su cu-ñado, Ezequiel Campos Ramos, El Chacho, y a su sobrino, El Pato Campos, a realizar la negociación.

El pacto consistió en que El Chayo –quien fue ejecutado por la Marina en diciembre de ese año en Apatzingán– mandara sicarios a Reynosa a combatir a Los Zetas a cambio de permitirle a La Familia Michoacana el paso de droga por la carretera conocida como la Ri-bereña. Tony Tormenta y El Metro 3 estuvieron en desacuerdo.

La Ribereña es fundamental en el tra-siego de drogas en el noreste de México. Conecta a Reynosa con Nuevo Laredo, a la entrada de Texas, y facilita la movilidad

hacia el sur y centro de México. Las comu-nidades que rodean a municipios como Díaz Ordaz, Miguel Alemán y Camargo, en el trazo de la Ribereña, se han convertido en enclaves de la delincuencia organiza-da; en particular la zona conocida como Brecha de Lucio, cerca de Díaz Ordaz, ca-mino a Monterrey.

“Metros” y “Rojos”

El desencuentro entre Tony Tormenta y El Coss devino confrontación. Las principa-les bajas han sido del lado de los Cárdenas Guillén y su entorno. La información en-tregada al gobierno de Calderón detalla la manera en que Costilla Sánchez se ha for-talecido dentro de la organización delicti-va: cuenta con más de mil sicarios y hal-cones –conocidos como Deltas y Oriones–, jefes operativos que se identifican como R1, R2, R3, etcétera, y jefes de plaza que se nombran Los Metros.

Ha traído hombres de Petén, Alta Vera-paz y Cobán, Guatemala, que le sirven de sicarios y cocineros para desaparecer con-trarios. Pero sobre todo, indica, cuenta con la colaboración de las Fuerzas Armadas, en especial la Marina, para deshacerse de los Cárdenas Guillén.

En uno de los encuentros, el testigo re-firió que en agosto pasado El Coss habría entregado 30 millones de pesos, el equiva-lente a un mes de pago a su estructura cri-minal, para que la Marina y el Ejército hi-cieran recorridos simulados y sus tropas evitaran pasar por los sitios donde se cru-za la droga al otro lado del Río Bravo.

Según esta versión, el supuesto pago fue también para que se informara al Coss sobre los operativos de soldados y mari-nos para evitar que sus hombres se topa-

Marina. El operativo contra “Tony Tormenta” en 2010

LA GUERRA DE CALDERÓN

El pacto

Fracturado a partir de la caída de Ezequiel Cárdenas Guillén el 5 de noviembre de 2010 y las subsecuentes ejecuciones de sus seguidores, el cártel del Golfo se dividió en dos fracciones: la de Los Rojos, fieles a la familia Cárdenas, y la de Los Metros, controlados por José Eduardo Costilla Sánchez, El Coss, quien hoy se erige como el principal jefe de esa organización crimi-nal. Buscado por la justicia de Estados Unidos, apoda-do El Judas por sus rivales, es uno de esos sigilosos capos que saben escabullirse a toda clase de fuerzas de seguridad... bajo el presunto cobijo de la Marina y el Ejército.

de “El Coss”

sino que sus propias divisiones incremen-tarán la violencia en la región, advierte.

Coincide en que la fractura en el seno del CDG comenzó en noviembre de 2010 cuando la Armada asesinó a Tony Tormen-ta. Costilla Sánchez asumió el control to-tal de la organización, pasando por enci-ma de Rafael Cárdenas Vela, el siguiente en la línea de la familia Cárdenas, lo que dio origen a las dos facciones, Los Metros y Los Rojos.

En la misma línea de la información en poder del gobierno de Calderón, Stratfor señala que las tensiones se exacerbaron a finales de 2011 a raíz de varios hechos vio-lentos. El primero, cuando fue “encontra-do” en Reynosa el cadáver del Metro 3.

Luego, en octubre, fue asesinado tam-bién en Reynosa César Dávila García, El Ga-ma, encargado de las finanzas de la organi-zación. Había sido el contador de Cárdenas Guillén. Poco después, el día 20, agentes de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) detuvieron al desplazado Rafael Cárdenas Vela en una calle de Puerto Isabel, Texas. Según Stratfor, Los Metros pudieron haber sido quienes in-formaron al ICE sobre la ubicación del inte-grante de la familia Cárdenas.

Una semana después fue detenido en Santa María, Texas, José Luis Zúñiga Her-

nández, a quien la firma estadunidense se-ñala como segundo de Cárdenas Vela y jefe de operaciones en Matamoros. Las deten-ciones siguieron y el 25 de noviembre, en Matamoros, fue el turno de Ezequiel Cárde-nas Rivera, El Junior, hijo de Tony Tormenta.

Según Stratfor, El Coss se ha recluido en ranchos solitarios. “Que no sea men-cionado en los reportes de prensa no sig-nifica que haya sido removido de su posi-ción”. Debido a que el otro hermano de los Cárdenas Guillén, Mario, se ha resistido a involucrarse en el negocio del narcotráfi-co, “parece improbable que Costilla Sán-chez pudiera ser remplazado”.

En sus escenarios, advierte: “Como apa-rentemente Los Metros le han ganado a Los Rojos, anticipamos que más adelante van a expandir su dominio al principio de 2012”. Sin embargo, las divisiones han debilitado a la organización y la han dejado vulnerable a ataques externos, sobre todo de sus anti-guos aliados, Los Zetas, que tratarán de asu-mir el control del territorio del CDG.

Pero El Coss parece tener de su lado a la Marina. De acuerdo con el testigo, “no só-lo tiene un entendimiento con algunos de los mandos de la Marina en Tamaulipas, que han permitido los golpes a los Cárde-nas Guillén, sino que ha aprovechado muy bien los agravios que tiene la Marina contra

Los Zetas, por el secuestro y desaparición de varios de sus elementos en Veracruz”.

Stratfor dice que si Los Zetas derrotan a Los Metros o ambos acuerdan una tregua, el cártel creado por exmiembros del Ejér-cito puede desplegar a sus elementos en otras ciudades, particularmente en Vera-cruz y Guadalajara. Los refuerzos en Vera-cruz le permitirían enfrentar al cártel Ja-lisco Nueva Generación, que se hace llamar Los Matazetas.

Desde 2008, Jorge Eduardo Costilla Sán-chez es requerido por la justicia de Esta-dos Unidos, acusado de tráfico de cocaína y mariguana y lavado de dinero. Su nombre figura en la causa criminal 57-CKK que se instruye en la Corte Federal del Distrito de Columbia, donde se le persigue por su parti-cipación en la organización que se conoció como La Compañía, que operó desde media-dos de 2006 en Tamaulipas y Veracruz para traficar cocaína y mariguana a Estados Uni-dos. La organización estaba integrada por el CDG y Los Zetas (Proceso 1736).

Junto con El Coss, en esa acusación fue-ron incluidos Tony Tormenta, Heriberto Laz-cano Lazcano, El Lazca; Miguel Ángel Tre-viño, El Z-40; Jaime González Durán, El Hummer, Samuel Flores Borrego, El Metro 3; Mario Ramírez Treviño, Mario Pelón o X-20; Alfredo Rangel Buendía, El Chicles; alguien

LA GUERRA DE CALDERÓN

ran con ellos. Cuando se hizo ese pago, añade el testigo, por los aparatos de ra-diotelecomunicación que provee la propia organización se escuchaba la inconformi-dad de los sicarios porque ese mes no re-cibieron su pago. Como consecuencia, se incrementaron los asaltos y levantones en la región.

Pagos de ese tipo permiten al capo mo-verse por Matamoros sin que nadie le ha-ga nada, según la información aportada por el testigo. En esa ciudad, El Coss fue policía ministerial (Proceso 1768).

La misma versión indica que Costilla Sánchez “fue quien puso” a Tony Tormenta con las fuerzas especiales de la Infantería de Marina, en noviembre de 2010. En Ta-maulipas, esa fuerza opera como personal civil bajo el mando de un capitán al que la información identifica como Talamantes o Sierra. En un operativo, estos elementos son los primeros en entrar, seguidos de los marinos uniformados.

Según esa versión, la Marina no actuó sola en la operación en la que murió Tony Tormenta. Junto con sicarios del Coss, los infantes de Marina atacaron la casa del entonces líder en Matamoros. El enfrenta-miento duró varias horas. Precisa que uno de los escoltas de Ezequiel Cárdenas, An-tonio Fuentes, El Tyson, fue detenido vivo y apareció asfixiado y con cuatro tiros, co-mo si hubiera caído en el enfrentamiento.

“Después vino el botín por parte de la Marina y los sicarios de Costilla Sánchez”. Detalla que un sobrino de Chacho Campos, el expolicía León Campos, presumió que ese día se quedó con dos escorpiones de diamantes que habían sido de Tony Tor-menta. Tres días antes de la ejecución de Tony Tormenta, cayó en manos de Talaman-tes o Sierra otro colaborador de Ezequiel identificado como El 5.

Casi un año después, el 3 de septiembre de 2011, fue asesinado El Metro 3, el segun-do al mando después de Tony Tormenta y “jefe de plaza” del CDG en Reynosa. El Ejér-cito y la PGR informaron que “se encontra-ron” el cuerpo de Samuel Flores Borrego en el kilómetro 21 de la carretera Reynosa-Monterrey. Junto con el jefe delictivo esta-ba el cadáver de Eloy Lerma García, agen-te de la Policía Ministerial de Tamaulipas.

La siguiente baja del clan Cárdenas fue la de Ezequiel Cárdenas Rivera, El Junior, hijo de Tony Tormenta, así como de anti-guos responsables en las operaciones del CDG. Ocurrió el 25 de noviembre pasado, durante una fiesta en una casa de la calle Álvaro Obregón, de Matamoros. La Marina informó que la detención de Cárdenas Ri-vera, de 23 años, fue gracias a “una denun-cia ciudadana”.

Junto con El Junior fueron detenidos Jo-sé de Jesús García Hernández, El Chuy, su-

puesto “jefe de plaza” en Matamoros; Re-né Alberto Munguía Elizondo, El Amable; Javier Enrique Farías García, El Contador, supuesto responsable financiero del CDG, y Erasmo García Galván, El Checo, proba-ble responsable del tráfico de drogas a Es-tados Unidos.

Además, dice esa información, El Coss ha logrado quedarse con el control de Rey-nosa, apoyado en un jefe al que la informa-ción identifica como Águila y el Comandante Lino. El primero fue asignado a ese munici-pio luego de que El Metro 3, que lideraba una gran fuerza que se desplazaba en más de 100 camionetas, sacó del municipio al en-tonces responsable de Los Zetas en la zona, Carlos Alberto Oliva Castillo, La Rana, luego de la ruptura de éstos con el CDG, a princi-pios de 2010.

En octubre pasado, Oliva fue detenido por el Ejército en Saltillo Coahuila, acusa-do de ser uno de los principales liderazgos regionales de Los Zetas y uno de los res-ponsables del incendio del casino Royale, en Monterrey, en agosto de 2011, y en el que murieron 52 personas.

El informe Stratfor

De acuerdo con la firma de inteligencia estadunidense Stratfor, que desde la dé-cada pasada ha dado seguimiento a la operación del narcotráfico en México, las divisiones al interior del CDG han dado lu-gar a enfrentamientos en Reynosa y Ma-tamoros. El resultado han sido numerosas detenciones en México y Estados Unidos.

En un reporte fechado apenas el 24 de enero, confirma que la facción conocida como Los Metros, controlada por Costilla Sánchez, se ha colocado por encima de Los Rojos, afectos a la familia Cárdenas, con lo que El Coss tendría el control de las opera-ciones del cártel.

Ahora esa organización no sólo se en-frenta a sus antiguos socios de Los Zetas,

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“El Junior”. Detenido en 2011

Ciudad Victoria. Operativo de la Sedena

Federal y que durante ese lapso protegió a Cárdenas Guillén.

Testigo protegido por autoridades de México y de Estados Unidos en el juicio que se realizó contra Cárdenas Guillén en el ve-cino país, Soto Parra expuso también que Cavazos, Yarrington y Hernández incluso realizaron varios viajes para encontrarse con el líder del cártel del Golfo.

Viejas querellas

El jueves 2, La Jornada destacó que a raíz de las declaraciones de Soto Parra se ini-ciaron tres indagatorias más que abrió la SIEDO. Una de ellas, radicada en Matamo-ros, en realidad se reinició, pues desde 2007 había denuncias sobre la presunta vinculación de funcionarios de la admi-nistración de Hernández Flores con el cri-men organizado.

La segunda está relacionada con el ase-sinato de Rodolfo Torre y la tercera es con-tra Cavazos Lerma por la designación, en 1993, de Raúl Morales como subprocura-dor, pese a que era abogado del mítico nar-cotraficante Juan Nepomuceno Guerra, tío de Juan García Ábrego, fundador del cártel del Golfo.

El viernes 3, Reforma informó que, se-gún la averiguación de la SIEDO, Cavazos, Yarrington y Hernández hicieron negocios millonarios con la construcción de casas a través de prestanombres pero con dinero de Los Zetas y del cártel del Golfo.

Los tratos, indica el documento, inicia-ron en 2002, durante la gestión de Yarring-ton, a través de Mohamed Farough Fatemi, un empresario de 35 años. El mandatario compró en Altamira una superficie de 250 hectáreas por las que sólo pagó 15 pesos por unidad para diseñar un complejo resi-dencial a la orilla del mar con el concurso de Constructora Santa Dolores y Grupo In-mobiliario Comon.

Mohamed Farough es ubicado como uno de los prestanombres de los tres exgo-bernadores; los otros son Fernando Cano Martínez y Óscar Gómez Guerra, cuñado de Hernández Flores.

Y pese a que en la indagatoria de la PGR (PGR/SIEDO/UEIDCS/012/2009) se ci-tan tres averiguaciones integradas en una sola, en varios momentos los tres exman-datarios han sido mencionados en otras investigaciones por denuncias diversas en las que se les acusa de haber permitido la incidencia de los cárteles del narcotráfi-co en procesos electorales de Tamaulipas.

En el caso de Yarrington, las denuncias en su contra datan incluso de 1998, cuan-do el abogado José Luis González Meza y el embajador de México en Nicaragua, José Puente León, presentaron una en su con-tra ante la PGR (expediente 146/DGMPE-EB/98), en la que lo acusaban de “tráfico de influencias y lavado de dinero provenien-te del cártel de Osiel Cárdenas Guillén”.

El 1 de febrero de 2005, inmerso Ta-maulipas en una ola de violencia crecien-te, Reforma publicó un desplegado en el que un presunto empresario tamaulipeco (Rogelio Villa García) acusaba a Yarrington de estar vinculado con Cárdenas Guillén:

“Durante el gobierno de Yarrington se reestructuró, creció y fortaleció a un nivel muy elevado el cártel de Osiel Cárdenas”. Y se cuestionaba: “¿financia al exgober-nante en su pretensión de ser considera-do uno de los prospectos del PRI a la can-didatura presidencial?”.

Yarrington, quien ya había termina-do su gestión, declaró que el documento era un infundio. El firmante del desplega-do, Villa García, nunca fue localizado (Pro-ceso 1475).

Al año siguiente, José Antonio Guajar-do Anzaldúa, candidato del PT al ayunta-miento de Río Bravo, denunció la intromi-sión del cártel del Golfo en el proceso de

Las acusaciones no son nuevas. Desde hace años se sabe de las veleidades de los exgobernadores de Tamau-lipas Manuel Cavazos, Tomás Yarrington y Eugenio Her-nández, de sus negocios y de sus presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico sin que nunca haya prosperado ninguna denuncia en su contra. Ahora, la “infidencia” de un empleado de la SCT que motivó al gobierno federal a admitir su tamaulipazo –es decir, que los tres están bajo investigación desde 2009–, ha servido para lo mismo: para nada y para poner en ridículo, una vez más, al go-bierno de Felipe Calderón.

El lunes 30 de enero por la mañana, varios medios informaron sobre un oficio que la PGR remitió el día 13 a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) para comunicarle que los tres exmandatarios priistas y alrededor de 50 allegados suyos y familiares no podían abandonar el país.

Jaime Carranza, comandante del aero-puerto de Tampico, adscrito a la Dirección General Adjunta de Seguridad Aérea, en-vió el 30 de enero un escrito al delegado del Instituto Nacional de Migración (INM) en el que solicitaba su apoyo “para no au-torizar la salida del país a los ciudadanos incluidos en el oficio de la PGR”.

Al día siguiente, Carranza fue destitui-do por el titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, por “extralimitarse en sus funcio-nes”, pues la orden no era impedirles la sa-lida del país, sino sólo reportar sus entra-das y salidas.

Horas después, la PGR confirmó que Cavazos, Yarrington y Hernández estaban siendo investigados por la Unidad Especia-lizada de Investigación de Delitos contra la Salud, en tanto que Reforma informó sobre una averiguación previa (PGR/SIEDO/UEI-DCS/012/2009) abierta en la Subprocuradu-ría de Investigación Especializada en Delin-cuencia Organizada (SIEDO) contra los tres exmandatarios.

Según el documento, la indagatoria se inició en enero de 2009, luego de la captu-ra en la Ciudad de México de Miguel Ángel Soto Parra, uno de los fundadores de Los Zetas. El detenido declaró que entre 1998 y 1999 trabajó en Tamaulipas como agente comisionado de la extinta Policía Judicial

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Cavazos Lerma

LA GUERRA DE CALDERÓN

Fue a raíz de una infidencia de funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Trans-portes (SCT) que el gobierno fe-deral terminó por admitir que desde 2009 comenzó a inves-

tigar a los exmandatarios tamaulipecos Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarring-ton Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flo-res por sus presuntas vinculaciones con el crimen organizado.

Las indagatorias que implican a los tres antecesores del gobernador Egidio Torre Cantú incluyen los delitos de lava-do de dinero, enriquecimiento ilícito, así como el asesinato de su hermano Rodol-fo Torre Cantú, el 28 de junio de 2010.

Apenas se conoció la noticia, la diri-gencia nacional del PRI y su precandida-to presidencial Enrique Peña Nieto de-clararon que se trata de una declaración de guerra. El propósito, dijeron, es mi-nar las posibilidades del partido de re-cuperar la Presidencia de la República;

incluso advirtieron que es posible que haya más denuncias de este tipo contra otros priistas.

Eugenio Hernández Flores insis-te en que se trata de golpes mediáticos que pueden poner en riesgo la elección presidencial. Asegura que no sólo en-rarecen el ambiente político, sino que buscan polarizar más a la sociedad y desestabilizar el país, afectado ya por la violencia exacerbada y el narcotráfico.

No obstante la reacción del PRI, la Pro-curaduría General de la República (PGR) investiga a los tres exmandatarios desde hace años por actos de corrupción, desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con el cártel del Golfo y Los Zetas.

Asimismo, reportes obtenidos por es-te semanario indican que en Estados Uni-dos se comenzó a investigar a Yarrington Ruvalcaba en 2002, cuando aún era gober-nador, por su presunta participación en un negocio con Osiel Cárdenas Guillén, lí-der del cártel del Golfo (Proceso 1397).

El

“tamaulipazo”, hacia otro ridículo

JOSÉ GIL OLMOS

identificado como Lino; Gilberto Barragán, Tocayo, y Juan Reyes Mejía González, R1 o Kike. Varios de ellos ya están detenidos y otros asesinados.

En otra causa criminal, la 08-507, abier-ta por tráfico de cocaína y mariguana entre Estados Unidos, México, Colombia, Guate-mala y Panamá, también como parte de La Compañía, Costilla Sánchez aparece ade-más con Omar Treviño Morales, El 42; Jesús Enrique Rejón Aguilar, El Mamito o Caballe-ro; Alfonso Lam Liu, Gordo Lam; Eleazar Me-dina Rojas, El Chelelo; Aurelio Cano Flores, Yankee o Yeyo; Carlos Cerda González Pu-ma o Carlitos; Hugo López Valdés, Jorge Her-nández Martínez, Chiri o Chiricuas; Sigifredo Nájera Talamantes, El Canicón, Chito o Chi-tón Canico, y Daniel Pérez Rojas, El Cachetes. También en este caso varios han sido ase-sinados o detenidos.

En esa causa, el Departamento de Jus-ticia aseguró que La Compañía estaba al mando de Ezequiel Cárdenas Guillén, He-riberto Lazcano y Jorge Eduardo Costilla Sánchez. El triunvirato, como los caracte-riza, tenía el control de cientos de kilóme-tros en el territorio mexicano y en la fron-tera con Texas.

Según la acusación, Tony Tormenta, El Coss y El Lazca dirigieron el transporte de cocaína y mariguana por mar, aire y tierra desde Colombia y Venezuela a Guatema-la y varias ciudades de México, conocidas como “plazas”, además de transportar la droga por vehículos en Texas para su dis-tribución en Estados Unidos.

Para ello se valían de radios de teleco-municación, sofisticados registros compu-tarizados, incluidas bases de datos con los embarques de cocaína, las identidades de los “jefes de plaza”, las nóminas y los pa-gos a las autoridades, así como el dinero que se le debía a la organización.

Sobre los roles de cada uno, indica que Tony Tormenta y El Coss estuvieron activa-mente involucrados en la administración de La Compañía en México, incluida la co-ordinación de los embarques de cocaína y mariguana a Estados Unidos, así como en la recepción de grandes embarques de di-nero de Estados Unidos a México. El Lazca participó en las mismas actividades, pero, además, como jefe de Los Zetas era el jefe de seguridad del CDG.

En ambas causas, el Departamento de Justicia ofrece a la Corte comunicaciones intervenidas a los integrantes de La Com-pañía. En una de ellas, en marzo de 2007, Costilla Sánchez le informaba al Metro 3 que desde 1996 había trabajado en Chia-pas, en la frontera con Guatemala.

En otra, fechada el 8 de mayo de 2007, El Metro 3 hacía referencia a la decisión de Costilla Sánchez de aprobar la entrega de 2 millones de dólares a distintas autoridades en México para facilitar la operación de La Compañía.

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Hernández Flores

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Recibió la noticia el 23 de ene-ro, sólo cuatro días después de que el gobierno de Estados Uni-dos aprobó su solicitud de asilo. Ahora Saúl Reyes Salazar, su es-posa y sus tres hijos tienen una

esperanza de vida. En México dejan media familia: sus

muertos, sepultados en el panteón del Va-lle de Guadalupe, en Ciudad Juárez, Chi-huahua. Fueron asesinados por el Ejército Mexicano a partir de 2008, cuando inva-dieron el pueblo escudados en la guerra contra el narcotráfico.

Una

pero en Estados Unidos

Un grupo de sobrevivientes de la familia juarense Reyes Salazar, algunos de cuyos miembros fueron asesinados por el Ejército, consiguieron asilo polí-tico en Estados Unidos. El gobierno de ese país fi-nalmente comprobó que corren peligro en México, ya que militares y policías pretenden silenciar sus críticas y sus exigencias de justicia para cada una de las víctimas de sus abusos.

PATRICIA DÁVILA Con su anuencia, el gobierno de Esta-dos Unidos reconoció que los Reyes Sala-zar han sido activistas sociales y defen-sores de los derechos humanos desde los años noventa. El asilo implica también que en México la vida de esta familia es amenazada por el gobierno en su afán de acallar sus críticas.

Entrevistado en San Francisco, Califor-nia, Saúl Reyes revela la mezcla de senti-mientos que lo invadió al enterarse: “No es el proyecto de vida que tenía planeado, pero insistir en quedarme significaba mo-rir, abandonar mis sueños. Es verdad que la vida te quita, pero también te da. Debía asumir la oportunidad que me estaba ofre-

ciendo de continuar, aunque fuera por un camino diferente. Abandoné todo. Hay que empezar, pero no importa ¡Estoy vivo!”.

Su esposa, sus tres hijos y él tenían vi-sas estadunidenses. El 4 de abril del año pa-sado decidieron abandonar México. En El Paso, Texas, se presentaron con el aboga-do experto en asilos políticos Carlos Spec-tor, quien meses antes obtuvo la aprobación de refugio para la activista Cipriana Jurado.

En la solicitud que envió a la oficina de asilo político del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del Departamento de Seguridad Nacional, el litigante expuso:

“Saúl Reyes y su familia tienen un miedo

LA GUERRA DE CALDERÓN

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elecciones municipales. Fue asesinado el 29 de noviembre de 2006. En esa ocasión el gobernador Hernández Flores logró que el PRI ganara la mayoría de las alcaldías y las diputaciones locales.

Es una campaña mediática

La semana pasada, cuando se supo que Cavazos, Hernández y Yarrington eran in-vestigados por la PGR, este último escribió en su cuenta de Twitter:

“Me entero de que mi nombre aparece en un alerta migratoria. Espero que la au-toridad aclare el motivo y los alcances de la misma”. El reportero intentó localizarlo para conocer su posición. Yarrington nun-ca contestó el teléfono.

Cavazos Lerma, candidato del PRI a se-nador, declaró el martes 31 que hasta el momento no había sido notificado de la investigación; aseguró que se trata de una estrategia del gobierno de Felipe Calderón “con intenciones político-electorales”.

“Los de enfrente –arguyó– están utili-zando la guerra sucia para subir en las en-cuestas. Si no les funciona, entonces van a dar el siguiente paso, que es la guerra negra; es decir, la crispación, el enfrenta-miento y la violencia.”

Según Cavazos, es sospechoso que ahora el gobierno panista saque a relu-cir esta investigación, sobre todo porque, aclaró, él dejó la gubernatura hace 13 años. Y retó: “El que nada debe, nada teme”.

Hernández Flores tiene reseca la boca y pide agua cuando empieza la entrevista con Proceso. Asegura que está tranquilo y, al igual que sus dos correligionarios, insis-te en que se trata de una medida mediáti-ca en contra del PRI: “Estoy limpio –dice–. No me voy a amparar, no voy a huir”.

Admite, sin embargo, que sabía que en 2009 fue denunciado junto con Yarrington y Cavazos por un panista que presentó la demanda ante la PGR vía internet, no por Soto Parra. Pero se trató de un escopetazo,

comenta, pues no aportó ningún elemento de prueba, ningún soporte jurídico o legal.

Mientras se realiza la entrevista, el pre-candidato presidencial de su partido, Enri-que Peña Nieto, estaba en Tamaulipas en un evento en el que refrendó su apoyo a Cavazos, aunque aclaró que no defenderá a nadie, pues cada uno de los acusados de-be defenderse conforme a la ley. Hernán-dez dice que su caso no impacta al PRI ni a Peña Nieto.

El exmandatario evita aludir de ma-nera directa al cártel del Golfo y a Los Ze-tas; sólo habla del “crimen organizado” y se refiere a sus dirigentes como “esas per-sonas”, “esos señores”.

Durante la entrevista Hernández Flo-res insiste en que es inocente. Dice tam-bién que antes de dejar la gubernatura habló con el procurador general de la Re-pública, Arturo Chávez Chávez, quien le confirmó que sí había una investigación en su contra. Desde entonces, asegura, no ha sido llamado a declarar.

Pero cuando el reportero le pregunta sobre los tres atentados que sufrió, de su supuesto encuentro con Heriberto Lazca-no, líder de Los Zetas, quien al parecer lo golpeó, de que su hermano Eduardo tam-bién fue golpeado por los narcos y de que habían matado a algunos de sus caballos, Hernández Flores toma más agua y demo-ra la respuesta. Al final dice.

–Todo eso es absolutamente falso. Nun-ca hubo un atentado contra mí ni contra miembros de mi familia; jamás tuve comu-nicación con esas personas. Fui muy cuida-doso en estos temas, me cuidé en extremo porque tenía claro que no debía hacerlo y que no me fueran a culpar por eso; fui in-tachable en mi sexenio y afortunadamen-te mis caballos están bien, nunca hubo un atentado o un ataque contra alguna de mis propiedades. Son falsas esas aseveraciones; totalmente falsas.

–¿Tampoco contra su familia, porque hay una versión de que su hermano Eduar-

do fue golpeado por uno de esos grupos cri-minales y usted lo llevó al hospital?

–No, para nada. Afortunadamente nun-ca tuvimos esos problemas. Hubo otras amenazas, pero las normales, en el ejerci-cio del poder; nada fuera de eso. A finales de 2008 mi esposa sufrió una balacera, fue atacada por la Policía Federal en Ciudad Vic-toria. Afortunadamente no pasó a mayores.

“Me llamó el presidente de la Repúbli-ca para atenuar las cosas, me mandaron a personal de la Policía Federal a disculpar-se. Yo entendí que fue una equivocación”..

–¿No teme que se agarren de aquellos mensajes del cártel del Golfo en los que lo acusaban de ser miembro de Los Zetas y le llamaban Z-1?

–Pues yo no sé de esos mensajes. A mí no me llegaron este tipo de acusacio-nes. ¿Quién dijo eso? –pregunta Hernán-dez Flores.

–Salieron en Tamaulipas hace unos años...

–No, no. A mí nunca me han involucra-do en ese tipo de acusaciones; jamás me han involucrado. Siempre actué dentro de la ley: como gobernador hice un gran es-fuerzo para combatir eso. Desgraciada-mente esos esfuerzos conjuntos con la fe-deración no han dado los resultados que todos quisiéramos.

–¿Es cierto que no quería declarar por el asesinato de Rodolfo Torre Cantú?

–Cuando mataron a nuestro candida-to en 2010, la procuraduría estatal inició la investigación. Días después la PGR atrajo la investigación. Yo les dije que quería decla-rar porque podría aportar algunos elemen-tos; era importante mi declaración. Así lo hice, siendo gobernador. Declaré por escrito a la PGR, así debe constar en el expediente.

–¿Está pensando en un amparo?–No. Vamos a ver primero de qué se tra-

ta. Yo estoy muy tranquilo y quiero que re-salte eso. Fui muy cuidadoso de hacer todo dentro de la legalidad. He sido empresario desde 1982. En ese ámbito soy exitoso y eso me ha permitido tener recursos. Tengo jus-tificados todos y cada uno de mis bienes; tengo plenamente apoyado cualquier tipo de situación financiera.

–¿Está usted limpio?–Estoy limpio y listo para ir a declarar.

Estoy listo para aclarar cualquier tipo de situación ante la PGR o cualquier institu-ción que así me lo requiera.

–¿No se va esconder, no se va amparar?–No, no me voy a esconder. Por el mo-

mento quiero saber cuál es mi situación jurídica. De qué se nos acusa (Yarrington, a Cavazos y a mí) o de qué se nos puede acusar.

E insiste: “No van a encontrar nada. Lo peligroso es que usen los dimes y diretes de los testigos protegidos, una figura des-gastada, desacreditada que nuestro siste-ma judicial debe revisar”.

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Rodolfo Torre. La ejecución

Recibió la noticia el 23 de ene-ro, sólo cuatro días después de que el gobierno de Estados Uni-dos aprobó su solicitud de asilo. Ahora Saúl Reyes Salazar, su es-posa y sus tres hijos tienen una esperanza de vida. En México dejan media familia: sus muertos, sepultados en el panteón del Va-lle de Guadalupe, en Ciudad Juárez, Chi-huahua. Fueron asesinados por el Ejército Mexicano a partir de 2008, cuando inva-dieron el pueblo escudados en la guerra contra el narcotráfico.dos Unidos reconoció que los Reyes Sala-zar han sido activistas sociales y defen-sores de los derechos humanos desde los años noventa. El asilo implica también que en México la vida de esta familia es amenazada por el gobierno en su afán de acallar sus críticas.Entrevistado en San Francisco, Califor-nia, Saúl Reyes revela la mezcla de senti-mientos que lo invadió al enterarse: ?No es el proyecto de vida que tenía planeado, pero insistir en quedarme significaba mo-rir, abandonar mis sueños. Es verdad que la vida te quita, pero también te da. Debía asumir la oportunidad que me estaba ofre-camino diferente. Abandoné todo. Hay que empezar, pero no importa ¡Estoy vivo!?.Su esposa, sus tres hijos y él tenían vi-sas estadunidenses. El 4 de abril del año pa-sado decidieron abandonar México. En El Paso, Texas, se presentaron con el aboga-do experto en asilos políticos Carlos Spec-tor, quien meses antes obtuvo la aprobación de refugio para la activista Cipriana Jurado.En la solicitud que envió a la oficina de asilo político del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), del Departamento de Seguridad Nacional, el litigante expuso:?Saúl Reyes y su familia tienen un miedo

La cita fue en el comedor de un batallón, a donde Ruiz había invitado también a un mayor y un capitán, que no se presentaron. Se mos-tró interesado en saber si la información publi-cada por este semanario era fidedigna o había sido una invención del reportero.

“Nos preguntó directamente si estábamos conscientes de lo que habíamos dicho y que si era verdad que lo habíamos dicho. Dijimos que nos habían entrevistado en la Cámara de Diputados y que habíamos externado todo eso a raíz de que llevamos un año con escritos al presidente, a los secretarios y a diferentes órganos y nadie nos mandaba llamar ni fuimos escuchados”, dice la teniente.

Después de pedirles más pormenores del encuentro, especialmente si Proceso había ingresado a la zona militar, el desayu-no terminó con la misma cortesía que tuvo el coronel desde la invitación.

Las respuestas a sus escritos nunca lle-garon, salvo por la incursión al domicilio de la teniente Eguileta en Tampico, que atribu-ye al EMP.

“Fue el mismo tipo de operativo de hace dos años, cuando me acababan de detener de manera arbitraria e irregular, y el EMP in-gresó a mi casa llevándose computadoras y otros aparatos.”

–¿Por qué dice que fue el EMP?–Porque así operan ellos. Sabemos có-

mo se conducen todas las unidades y estoy segura de que fueron ellos. Revuelven todo,

se llevan cosas así como el celular, pero no roban… van a buscar información pero sa-ben que ahí no hay nada, y yo temo que en una de esas me quieran sembrar algo.

“Es nada más para intimidar... un primer aviso”, añade.

Desde principios de 2010 la teniente vi-ve en una unidad de la Policía Militar. Se le han negado todos los permisos para regre-sar a su casa, pero ahora advierte que se mantendrá en el Campo Militar pues consi-dera que ahí estará segura.

La incursión en el domicilio de la tenien-te Eguileta se suma a la lista de agresiones contra integrantes del movimiento surgido en torno al poeta Javier Sicilia.

En las últimas semanas de 2011 fue-ron asesinados Nepomuceno Moreno, Julia Marichal y Trinidad de la Cruz, ade-más de que Norma Andrade sufrió un atentado en Ciudad Juárez (la misma activista padeció otro, en la Ciudad de México, el viernes 3). Ellos, como la te-niente Eguileta, habían desplegado su activismo como víctimas de la violencia y la impunidad.

La petición de Eguileta ahora es que el Estado garantice la seguridad de los inte-grantes del Agrupamiento y sus familias, así como entrevistarse con Felipe Calderón... y su desconfianza en el aparato militar la llevó a sacar a su hija del país horas después del allanamiento.

Espionaje y falso diálogo

En entrevista con Proceso, la noche del vier-nes 3, la teniente Eguileta recuerda diferentes hechos ocurridos a lo largo de la semana que pudieran estar poniendo en riesgo a los inte-grantes del AMPLBC que han manifestado su inconformidad y se han adherido al Movi-miento por la Paz con Justicia y Dignidad.

Por ejemplo, la noche del lunes 30 de enero, en el Teatro de la Ciudad de México, el colectivo de artistas El Grito más Fuerte presentó su video Ponte en los zapatos del otro, en el que actores reconocidos asumen la personalidad de las víctimas de la violen-cia y cuentan su historia.

Ahí estaban los integrantes del AMPLBC, cuyos testimonios habían sido publicados por este semanario. La teniente Eguileta, el teniente de corbeta Iván Gómez y el sargen-to segundo de materiales del Ejército Manuel Contreras conversaban con el activista Pietro Ameglio cuando notaron que “dos tenientes nos estaban tomando fotografías. Los vimos y los saludamos para que se dieran cuenta de que los habíamos visto. Eran del EMP”, narra.

Un día después, el martes 31 de enero, se presentó en la unidad habitacional de la Policía Militar, donde vive temporalmente la teniente Eguileta, un coronel de apellido Ruiz quien dijo ser enviado del general José Candelario Jaime Contreras López, comandante de la I Zona Mili-tar. Los invitó a desayunar para el día siguiente.

El exterminio

“Con el veredicto, Estados Unidos recono-ce que existen motivos suficientes para que yo reciba la protección de las leyes de su país, por el riesgo que corre mi vida en México. Ello, sustentado en todos los crí-menes cometidos en contra de mi fami-lia y el riesgo latente con que vivimos por las amenazas de muerte recibidas”, expli-ca Saúl Reyes.

En marzo de 2008, con el pretexto de combatir al narcotráfico, el Ejército empe-zó a cometer abusos, saqueos, desaparicio-nes forzadas y torturas en el Valle de Juárez.

“Ante las injusticias, apoyada por to-da la familia y cientos de personas más, mi hermana Josefina empezó un movimiento a favor de la desmilitarización –relata Re-yes–. Los soldados allanaron su casa en va-rias ocasiones. En una, en agosto de 2008, el Ejército se llevó a su hijo Miguel Ángel, acu-sado de pertenecer al cártel de Juárez. Lo tuvieron desaparecido y ella exigía que se le juzgara legalmente. Al final lo soltaron.

“Un mes después, en noviembre, su hi-jo Julio César fue asesinado durante una boda, a 50 metros de un vehículo militar. Los soldados declararon que no vieron ni escucharon nada, ¡era imposible!”

La familia exigió la aclaración del ca-

so y Josefina –quien durante años exigió que se castigaran los feminicidios de Ciu-dad Juárez– no dudó en denunciar el cri-men en instancias internacionales. El 4 de septiembre de 2009 su hijo Miguel Ángel, El Sapo, fue detenido nuevamente por mi-litares, junto con Rodolfo Escajeda, El Ri-quín, identificado como uno de los prin-cipales operadores de La Línea, brazo armado del cártel de Juárez.

Hasta la fecha no se le ha dictado sen-tencia a Miguel Ángel, preso en un penal de Tamaulipas. Saúl Reyes afirma que Jo-sefina no quiso saber más de él: “Está el registro del penal. No lo visitaba”.

Josefina empezó a recibir amenazas. Delincuentes del Valle de Juárez repartie-ron volantes para exigir que la activista abandonara el pueblo; le daban 24 horas o la asesinarían. Ella se mudó a Juárez y si-guió con su labor social hasta el 3 de enero de 2010, cuando fue asesinada: “Por la ca-rretera, en el ejido El Sauzal, se encontra-ba en su negocio de venta de barbacoa. Va-rios hombres trataron de secuestrarla, ella se resistió y le dispararon”.

Sus hermanos Saúl, Rubén, Elías, Ma-risela y Olga continuaban exigiendo al go-bierno del estado y al federal que atraje-ran el caso de Josefina y de su hijo Julio para castigar a los asesinos. Aún en due-

lo, el 18 de agosto del mismo año, la fami-lia recibió otro golpe. Un comando intentó levantar a Rubén, quien opuso resistencia. Lo ejecutaron.

“En los meses que siguieron –dice Saúl– continuamos exigiendo justicia. Elías dio una entrevista al programa Punto de Parti-da, fue muy duro en sus críticas al gobier-no. A los pocos días fue secuestrado junto con su esposa Luisa Ornelas y mi hermana María Magdalena. Ellas viajaban en una ca-mioneta junto con mi mamá (doña Sara). Cinco kilómetros antes de llegar a Guada-lupe, una camioneta bloqueaba la carrete-ra. Hombres encapuchados bajaron del ve-hículo a Luisa, a doña Sara y a su nieta.”

En la edición 1791 de Proceso doña Sa-ra narró que le pidió a los sujetos que de-jaran a Elías y quiso sacar de la camioneta a Madgalena, pero no pudo porque estaba desmayada. “Subieron a Luisa, cerraron la puerta y se subió uno a manejar. Nomás vimos mi niña y yo cómo arrancaron las camionetas”, contó.

Prosigue Saúl: “De ahí iniciamos un plantón frente a la Fiscalía del Estado en Ciudad Juárez y presentamos la denuncia por desaparición forzada, pero ahí se nega-ron, querían levantarla por extravío de per-sonas. Estuvimos hasta el día 15 sin que tu-viéramos ningún resultado por parte de las

LA GUERRA DE CALDERÓN

Hacia las tres de la mañana del vier-nes 3 un comando irrumpió en el domicilio de la teniente de fraga-ta y odontóloga Elvia Emilia Eguileta

Arias, integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad y quien ha denun-ciado los excesos del fuero de guerra.

En su casa, en la colonia Unidad Nacio-nal, de Tampico, Tamaulipas, sólo estaba su hija, Emely Castillo Eguileta, estudiante de medicina. A 500 kilómetros de ahí la teniente pasa los días y las noches en una unidad de la Policía Militar en la Ciudad de México.

El grupo de hombres que no se identifi-caron había brincado la barda de la vivien-da y tomó posiciones en la azotea después de inmovilizar a la mascota de la familia, un dóberman. Con habilidad, bajaron del te-cho y derribaron con estruendo una puer-ta de servicio. La joven Emely, aterrorizada, no quería salir de su habitación y escucha-ba cómo el comando destrozaba el menaje de la casa.

De pronto uno de los invasores entró a su recámara. Emily gritó lo más fuerte que pudo cuando vio entrar al hombre alto, forni-

do, con corte de cabello tipo militar que ca-minó en silencio por la habitación. Con paso seguro se aproximó a un buró, tomó un telé-fono celular y salió, dando la orden de retira-da a sus acompañantes.

“Gracias a Dios no tocaron a mi hija. Es-toy segura de que fueron del Estado Mayor Presidencial (EMP). Se lo dije antes y con mayor razón ahora: hago responsable al presidente Felipe Calderón, como coman-dante en jefe, así como a los secretarios de Marina y de Defensa, de lo que pasó, de lo que pueda pasarme a mí, a mi familia y a mis compañeros de agrupamiento, porque esto fue una reacción por la entrevista con Pro-ceso”, dice la teniente.

En su edición 1838, con fecha 21 de ene-ro, Proceso publicó los testimonios de milita-res y marinos del Agrupamiento de Militares Procesados Libres Bajo Caución (AMPLBC), que se consideran víctimas del fuero de gue-rra, entre ellos, la teniente Eguileta.

En entrevista con este semanario, la te-niente describió las acusaciones absurdas bajo las cuales se le sometió a Consejo de Honor, entre las que destacaba la de “ha-

Allanamiento ominosoARTURO RODRÍGUEZ GARCÍA

ber visto los calcetines de un superior”.Más allá de sus casos, la teniente y sus

compañeros expusieron las razones de fon-do de su inconformidad: un fuero de guerra que convierte a la Secretaría de la Defensa Nacional en legislador, juez y parte. A de-cir de los entrevistados, las violaciones a los derechos humanos en que incurren las fuer-zas armadas y la integración de procesos contra mandos medios y soldados dejan im-punes a los altos mandos.

Obligados a pasar lista cada mañana, sin ninguna otra asignación que una larga espera, decenas de militares y marinos pa-san el día en las inmediaciones del Campo Militar Número Uno en condiciones inhuma-nas: sin comida, muchos de ellos durmien-do en el piso, sin cobijas, imposibilitados de conseguir un trabajo pues deben estar ahí al menos hasta media mañana.

Además, entre los señalamientos de la teniente Eguileta destaca su crítica a la inca-pacidad disciplinaria de la Secretaría de Ma-rina, ya que casos como el de ella son pro-cesados en la justicia militar.

Los integrantes del AMPLBC inconfor-mes han denunciado las condiciones en que viven, el estancamiento de sus casos y la falta de transparencia en el manejo de los recursos que se les descuentan de su sa-lario, que queda reducido al 10% de lo que ganan, por lo que consideran la justicia mili-tar un gran negocio de los mandos.

fundado de persecución por ser miembros de un grupo social particular (defensores de derechos humanos). Específicamente, creen que existe una posibilidad razona-ble de ser perseguidos por el Ejército Mexi-cano y la Policía Federal mexicana como re-sultado de su activismo político desde 1998, cuando él y su familia participaban enérgi-camente en la organización de una serie de demostraciones y protestas en contra de la Policía y del Ejército por abusos recibidos (de estos cuerpos armados).”

Señala que ese mismo año, con otros miembros de su comunidad y activistas po-líticos de los dos países, participaron en el bloqueo del Puente de las Américas, locali-zado entre Ciudad Juárez y El Paso. Además, Saúl Reyes y su familia fueron miembros del grupo que con manifestaciones y pro-testas lograron que en octubre de 1998 el es-tado de Texas cancelara la construcción de un basurero nuclear en la Sierra Blanca.

Recuerda que “muchos de los miem-bros de su familia, amigos y colegas han si-do asesinados como consecuencia de su desenvolvimiento político: Julio César Re-yes Salazar (sobrino, asesinado en noviem-bre de 2008); así como sus hermanos: Jose-fina (muerta el 30 de enero de 2010), Rubén (muerto el 18 de agosto de 2010), María Mag-dalena y Elías (ejecutados el 7 de febrero de

2011) y Luisa Ornelas de Reyes (cuñada, muerta el 7 de febrero de 2011). También se-ñala a los activistas sociales Marisela Esco-bedo (asesinada el 16 de diciembre de 2010), Armando Villarreal Martha (muerto el 23 de marzo de 2008) y a Manuel Arroyo Galván (muerto el 29 de mayo de 2009)”.

En su parte final, la solicitud de asilo, cuya copia tiene Proceso, es contundente: “La familia Reyes y/o los defensores mexi-canos de derechos humanos y activistas

que el gobierno mexicano no hace (por) o no puede proteger, tienen un miedo bien fundado de persecución pasada y futura… La familia Reyes ha sido perseguida, ame-nazada y acosada por los militares mexi-canos por su opinión y activismo político. Miembros de la familia, colegas y amigos han sido brutalmente asesinados…”.

Finalmente, a finales de enero la USCIS le notificó que los Reyes Salazar son elegi-bles para recibir asilo en Estados Unidos.

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Sara Salazar. En el exilio

autoridades. Decidimos trasladar una par-te del plantón a la Ciudad de México, frente al Palacio de Minería. Haríamos una huelga como medida de presión. A las cuatro de la tarde anunciamos esa movilización y a las ocho incendiaron la casa de mi mamá, que se encuentra a 80 metros de un retén mili-tar en Guadalupe.

“Nosotros continuamos con el Plantón en Minería y acudimos a la Cámara de Se-nadores; ahí nos visitó el gobernador de Chihuahua, César Duarte, y le exigimos justicia. Dos días después, un sobrino en-contró los cuerpos de Elías, Luisa y María Magdalena. Estaban torturados. Habían sido sepultados entre cal. Cuando la pre-sión fue mucha en Chihuahua y en la Ciu-dad de México, las autoridades iniciaron un rastreo. Fue cuando los desenterraron para que pudiéramos encontrarlos.”

Después la amenaza se abatió sobre ellos: “Trasladamos los cuerpos a Ciudad Juárez, fui a identificarlos –relata Saúl–. Hicimos el servicio funerario frente a la fiscalía, los sepultamos en el panteón de Guadalupe y, a nuestro regreso a Juárez, recibimos llamadas a nuestros celulares, algunas provenientes del teléfono que lle-vaba mi hermano al ser secuestrado. Eran amenazas de muerte, nos decían que no entendíamos, que no nos callábamos la boca, que si continuábamos hablando se-guíamos nosotros, que nos cortarían la cabeza. Las llamadas duraron dos o tres días, pero no podíamos esperar mucho tiempo a entender el mensaje: era muy claro lo que nos estaba pasando como pa-ra no creerlo”.

La familia se refugió en la Ciudad de México. En dos meses que permanecieron ocultos no sintieron la protección del go-bierno federal: sólo les dieron un teléfono celular para que llamaran en caso de que se sintieran en peligro. Por eso se disper-saron. Algunos están exiliados en El Paso, otros en Oklahoma u otros lugares. “Fue

el exterminio de la familia”, afirma Saúl.En junio de ese año llegó a El Paso la

Caravana por la Paz con Justicia y Digni-dad, a la que se incorporó una de las her-manas Reyes. Días antes, el lunes 13, Saúl declaró que la movilización encabezada por el poeta Javier Sicilia era la “caravana de la esperanza”:

“Es el sueño de todos los asilados. Yo quiero volver a llevar flores a la tumba de mis hermanos”. Dos días después de su de-claración, las cruces de las tumbas de sus hermanos, su cuñada y su sobrino fueron arrancadas. Unas aparecieron tiradas cer-ca de un destacamento militar y otras en un cruce vial.

Ahora, dice Saúl, “estoy en una situa-ción en la que puedo empezar a hacer pla-nes. Mi vida va a cambiar totalmente. En México abandonamos las propiedades, los negocios, media familia en el panteón… pero ahora tenemos la oportunidad de se-guir adelante y de trabajar. De una espe-ranza de vida diferente, pero no signifi-ca que olvidemos lo que dejamos porque el gobierno mexicano tiene pendiente una deuda con nosotros: investigar qué suce-dió. Lo más probable es que sigan crimina-lizando a mi familia, conocemos al gobier-no mexicano y sabemos de lo que es capaz.

–¿De qué? –se le pregunta.–De ensuciar la memoria de las per-

sonas, de negarse a cumplir con su com-promiso de seguridad. Y es capaz de soltar asesinos confesos, como en el caso de Rubí Frayre Escobedo.

A diferencia de Saúl, su sobrino Jorge Reyes, el hijo de 19 años de María Magda-lena –su hermana asesinada el 7 de febrero de 2011– no tenía visa. Solicitó asilo al lle-gar al puente fronterizo, pero lo retuvieron varios días. Desde que fue liberado por el abogado Spector vive en Nuevo México a la espera de que lleguen su abuela Sara y uno de sus primos. Él dice a Proceso que para los Reyes Salazar “escapar significó vivir”.

Mexicanos en el exilio

En entrevista, se le pregunta al litigante Carlos Spector:

–Además de la aceptación de que co-rren un grave riesgo de quedarse en Méxi-co, ¿qué indica el que Estados Unidos le ha-ya concedido asilo a la familia Reyes?

–Con la victoria de Saúl tenemos ga-nados los casos de asilo más sonados de México: Cipriana, Mónica Arias (cuñada de Juan Manuel Escobedo, hijo de Marisela Escobedo) y Alejandro Hernández Pache-co (reportero de Televisa). Ello nos indi-ca que el gobierno estadunidense acepta lo que todo mundo sabe: que el gobierno mexicano trata de silenciar la disidencia o ignorar los ataques contra ellos, coordi-nándose con los cárteles.

–¿Con los cárteles?–¡Claro! Tenemos testimonio de 30 o 40

personas que vivían en Guadalupe, quie-nes saben perfectamente que el Ejército llegó a esa región para apoyar al cártel de Sinaloa, y que esta organización se quedó con el dominio de la plaza desde que atra-paron a El Riquín Escajeda.

El abogado, ante la imposibilidad de representar a todos los mexicanos que le han solicitado promover su asilo político, eligió llevar gratuitamente los casos de los defensores de derechos humanos y acti-vistas sociales. Tiene acreditados 23 casos de activistas asesinados en Ciudad Juárez, “coincidentemente” desde 2008, año en que llegó el Ejército.

“Lo vemos como una limpieza ideoló-gica o genocidio. Con el exilio, el gobier-no mexicano espera que su activismo se acabe, que se callen, pero ellos no están dispuestos a hacerlo. Formaron la agru-pación Mexicanos en el Exilio para iniciar un movimiento de conciencia en Estados Unidos. Estarán en Tucson y Phoenix, Ari-zona y Dallas.

“Saúl trabaja en California, Oregon y Washington. Posteriormente, junto con Ci-priana y Jorge Reyes, asistirán en la Uni-versidad de Austin y con la comunidad ju-día para decir lo que sucede en México, con testimonios directos de las familias afecta-das. Esto se repetirá en todo el país.”

Es contundente: “¿Cómo es posible que Estados Unidos siga financiando al Ejército Mexicano a través del Plan Méri-da? Éste debe cancelarse por el papel que la fuerza castrense ha jugado en la viola-ción a los derechos humanos: no han te-nido éxito en disminuir la venta ni el con-sumo de drogas.

“Además queremos atacar el mito de que los 60 mil muertos y toda esa violen-cia están relacionados con los narcotra-ficantes, que todos los involucrados son narcos. Ninguno de los casos que defen-demos está relacionado con la delincuen-cia, todos son crímenes de Estado.”

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Valle de Juárez. Protesta por los asesinatos

MARCELA TURATI

declaratoria de emergencia que atendiera a cientos de municipios.

“La iniciativa de los agricultores se lla-maba ‘El hambre no espera’, presenta-mos documentos, hicimos conferencias de prensa, tuvimos reuniones con legis-ladores y funcionarios. Y en una reunión en el Senado, el presidente de la Comisión de Agricultura, Alberto Cárdenas, dijo: ‘en México nadie se muere de hambre, a mí me dijeron que quien no trabaja no come’, minimizando el problema como hasta el día de hoy lo hacen los secretarios de Eco-nomía y Agricultura”, se queja Víctor Suá-rez, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo (Anec).

Las organizaciones campesinas pe-dían, desde entonces, que se constituyera una reserva de alimentos que amortigua-ra la crisis; el impulso de siembras en el altiplano, el bajo occidente y el sur-sures-te del país para compensar la pérdida de cosechas del norte; programas de empleo temporal para compensar el ingreso de los campesinos en desgracia; la extensión de los programas de abasto social de leche de Liconsa y de tiendas comunitarias Di-consa (que evitan el aumento de precios), así como el establecimiento de comedo-res populares.

Los documentos están fechados en fe-brero de 2011, un año antes de que el pre-sidente diera el banderazo de salida a los tráileres y helicópteros destinados a sal-var vidas.

“Se anticipó con suficiente tiempo y el gobierno hizo caso omiso de esas adver-tencias, de esas señales y las propuestas que permitían enfrentar la emergencia y sentar las bases de un cambio de modelo,

Las muertes por desnutrición que se registran en la Sierra Tarahu-mara son el epílogo de una larga cadena de errores cometidos por el gobierno federal que, a pesar de estar informado desde 2011 de

la escasez que se avecinaba, sólo hasta el último minuto y a base de presión social decretó un plan de emergencia humani-taria para los estados del noroeste del país afectados por la sequía sin precedente.

En la pasada gira de Felipe Calderón a Zacatecas, se enfrentó a rancheros furio-sos, secos como el paisaje, que le recla-maron por el olvido. Calmó los ánimos di-ciendo que “nadie va a morir por hambre o sed”. Hasta ese momento –un año des-pués de la advertencia de las organiza-ciones campesinas de la situación que se avecinaba– tomó en serio la necesidad de ayuda y decretó un plan de emergencia.

El jueves 2 Calderón viajó a la Sierra Tarahumara portando la gorra de jefe de las Fuerzas Armadas, descargó un heli-cóptero con víveres y garrafones de agua, y ordenó al Ejército y la Marina surtir a las comunidades necesitadas.

Sin embargo, una de las primeras accio-nes de su gobierno, al estrenar su sexenio, fue excluir a los rarámuris del programa de atención prioritaria a los 125 municipios más pobres, a pesar de que las mediciones de la ONU ubican a seis municipios habita-

dos por rarámuris entre los 10 donde más se concentra la miseria y que las emergencias por hambre son cíclicas.

Además, en el transcurso del sexe-nio, 20 mil rarámuris fueron dados de baja del padrón de Oportunidades, el programa asistencial más importan-te del país, según informó Milenio, como castigo por haber incumplido reglas de operación, pues no acudían a escuelas o centros de salud que les quedan a jorna-das enteras de caminata.

El gobierno de Chihuahua, a su vez, redujo este año en 24% el presupuesto de la ya de por sí disminuida Coordina-ción Estatal de la Tarahumara, la oficina que se encargaba de canalizar los apo-yos gubernamentales a los indígenas ra-rámuris, pimas y guarojíos serranos.

La negligencia e insensibilidad de los gobiernos tendrán consecuencias difíciles de contener. Por lo pronto, los niños siguen llegando a los hospitales de la sierra con distintos grados de des-nutrición, la escasez de agua originó la primera epidemia de hepatitis en un al-

bergue infantil, se han detectado brotes de sarna por carencia de lo más elemen-tal para la higiene, y los precios de los ali-mentos se duplican en esta y otras zonas golpeadas por la catástrofe.

“La gente va por agua cada vez más le-jos, toma agua estancada que no es buena para el consumo. En las comunidades me he encontrado gente con alergias e infec-ciones, excoriación en la cara por falta de agua para la higiene, tuberculosis y, obvia-mente, desnutrición. En un albergue de Si-soguichi con 63 niños, cuatro menores y la directora estaban incapacitados por hepa-titis, y un jardín de niños en Basaseáchic entró en cuarentena preventiva para evitar contagio. Preocupa que los niños no acu-den a las escuelas o que los adultos se estén enfermando y nadie se dé cuenta”, señala la diputada local Guadalupe Rodríguez.

Y el jesuita José Guadalupe Gasca, di-rector de la clínica Santa Teresita de Cre-el, que sirve como termómetro de la si-tuación serrana, informa: “Nos siguen llegando niños y niñas; estos días llega-ron 24 con diferentes grados de desnutri-ción y hospitalizamos a tres”. En noviem-bre falleció la primera. Antes, seis adultos habían muerto por esa causa en Carichí. (Proceso 1837)

Negligencia criminal

Desde febrero de 2011 –cuando una fuerte helada quebró la cubierta vegetal y se pro-nosticaba la falta de lluvias– las organiza-ciones campesinas del bloque El Campo no Aguanta Más acudieron a la Secretaría de Agricultura, la Cámara de Diputados y el Senado para pedir que se implementa-ran medidas preventivas y se lanzara una

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Rarámuris. Hambre centenaria

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Tarahumara: del presidente para abajo,

la negligencia

puesto que ya veíamos venir, además de la sequía y las heladas, la duplicación y tripli-cación de los precios internacionales de los alimentos”, dice Suárez.

La sequía golpeó a mil 213 municipios de 19 estados, aunque los más afectados fueron Chihuahua, Durango, San Luis Po-tosí y Zacatecas.

A la falta de planeación se sumó la lentitud para tomar decisiones y las lu-chas partidistas.

En enero el presidente vetó 10 mil mi-llones de pesos aprobados por el Congreso de la Unión para atender la emergencia, bajo el argumento de que se arriesgaba la estabilidad financiera. Apenas la sema-na pasada anunció el cambio de las reglas del Fondo Nacional de Desastres (Fonden), que permitirá a los estados disponer de recursos catastróficos también por causa de las sequías.

Aunque la Secretaría de Hacienda libe-ró en noviembre las indemnizaciones de los seguros de riesgo por pérdida de cose-chas, sólo Durango e Hidalgo han entrega-do a los productores los recursos y 17 ad-ministraciones estatales los han retenido.

Ni las críticas de los partidos políticos al veto. Ni las marchas de campesinos. Ni los reportes de las primeras muertes por desnutrición hicieron mella en el Ejecu-tivo. Fue hasta que las redes sociales di-fundieron el video en el que el productor chihuahuense Ramón Gardea señalaba que 50 rarámuris se habían suicidado por hambre (información que luego fue des-mentida por las autoridades), lo que pro-vocó una masiva solidaridad ciudadana y la apertura de centros de acopio de ali-mentos, cuando Calderón reaccionó.

El 25 de enero lanzó un “acuerdo de acciones para mitigar los efectos de la se-quía”, por el cual se destinan 33 mil mi-llones de pesos como ayuda a las zonas siniestradas, y ordenó las visitas de bri-gadas de salud, el surtido permanente de tambos con agua, la perforación de pozos y la aceleración de entrega de recursos de programas sociales. Posteriormente, la Se-desol anunció hasta la construcción de vi-viendas para indígenas en la Tarahumara.

“No basta el trabajo local ni basta el suministro de provisiones o agua potable. Se necesitan medidas de largo plazo que enfrenten estructuralmente y a nivel glo-bal la problemática del cambio climático”, dijo, cuando faltan 10 meses para concluir su sexenio.

La misma lentitud mostró el gobierno de Chihuahua.

El jesuita Javier El Pato Ávila, con ca-si cuatro décadas en la sierra, señaló que hace cuatro meses los miembros del Pro-grama Interinstitucional de Atención al Indígena de Chihuahua –donde él partici-pa– pidieron al gobernador César Duarte que solicitara la declaratoria de emergen-

cia para la Sierra Tarahumara, pero no los escuchó.

El sacerdote solicitó dos veces una entrevista con el mandatario estatal pa-ra plantearle la difícil situación que se vi-vía, pero nunca lo recibió. Posteriormente, el gobierno acordó con las organizaciones sociales repartir alimentos conjuntamen-te, pero no quiso quitar los logotipos de su gobierno, como se le pidió.

“De repente los gobiernos estatal y fe-deral comenzaron sus repartideros de despensas, porque hasta que brinca el in-dígena en el escenario se dan cuenta de que existe y que tiene hambre. Además, estamos en época electoral, estoy segu-ro de que Felipe Calderón vino porque el estado (gobernado por un priista) le esta-ba ganando y pintando la sierra, y Duar-te comenzó a repartir en regiones donde no hay emergencia alimentaria y, como se publicó, para tomarse la foto. Es lamenta-ble que en estos momentos la federación y el estado se peleen y entre las patas del caballo quede el pueblo, que se ponga en riesgo el hambre del pueblo a cambio de votos”, critica.

El también presidente de la Comisión para la Solidaridad y la Promoción de los Derechos Humanos (Cosyddhac) reprue-ba que la entrega se realice de una ma-nera asistencialista, no consensuada con los pueblos indígenas, aunque, dice, po-drían organizarse brigadas de mejora-miento de la tierra y captación de agua y cuidado de los bosques.

“Al indígena no lo han pelado cuando le instalan su proyecto minero y le sacan millones de sus tierras, ni cuando lo des-plazan con sus proyectos turísticos o fores-

tales ni durante los conflictos territoriales, o cuando pide autonomía. Ahora sí se dan cuenta que tiene hambre por una noticia falsa, entonces sí reaccionan”, dice.

Carlos Zarco, director de Oxfam-Méxi-co, organización internacional enfocada al derecho a la alimentación, señala que en la Tarahumara se conjuntó la falta de lluvias, la carencia de infraestructura para la captación de aguas (95% se filtra o escu-rre), la sobreexplotación de suelos y la de-forestación, y dice que aunque el gobierno conocía perfectamente la situación que se avecinaba, no echó a andar políticas pre-ventivas para atajar la crisis.

Menciona que es necesario, además de entregar despensas, realizar antes de julio proyectos de conservación de suelos y retención de agua mediante pequeñas infraestructuras comunitarias, así como sembrar huertos de autoconsumo para que la gente tenga una reserva de alimen-tos para el próximo ciclo. Cada proyecto costaría 300 mil pesos.

En un recorrido que hizo recientemen-te por la sierra para constatar la situa-ción, Zarco detectó las fallas en la reparti-ción de alimentos: “No están informando previamente a las comunidades que va a llegar la ayuda y los camiones llegan de pronto, normalmente al pie de carretera, y cuando la gente se entera y llega –tras ca-minar horas– ya no encuentra nada. Nos reportaron casos de funcionarios que ven-den las despensas a 30 pesos, pero no te-nemos pruebas. También se reparten dis-tintos tipos de despensas, las del gobierno federal, las estatales, las voluntarias, las que llegan a la diócesis, así que la distri-bución es poco eficaz”.

La diputada Rodríguez menciona que la ayuda está llegando a comunidades se-miurbanas, de fácil acceso, y no a las reti-radas que necesitan más apoyo.

El jesuita Gasca da un reporte similar: “La ayuda está llegando a los centros de población más grandes y ahí les toca a los vecinos, pero no a las personas que viven más lejos o a los que no se dieron cuenta o no se apuntaron; se dan casos de que al-gunos van pero no reciben porque no apa-recen en el censo o porque van sin iden-tificación. Algunos no pueden cargar sus 30 kilos y los terminan vendiendo barato a los coyotes. Nosotros, a diferencia de los gobiernos, confiamos en las estructuras comunitarias: entregamos las despensas a través de los gobernadores rarámuris, los capitanes y sus policías porque entre ellos se conocen, organizan y ayudan”.

La pregunta que queda en el aire es si los gobiernos federal y estatales se coor-dinarán para enfrentar la emergencia y sostendrán el apoyo (de víveres y agua) hasta octubre próximo, aun pasadas las elecciones. De ello depende la supervi-vencia de miles de familias.

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Ayuda tardía

PRESIDENCIA

era un ratero”. Aseguró también que fraca-só su intento de impedir la transmisión del programa de TV Azteca. Sobre el apoyo de René Bejarano, dijo que su difusión “era un servicio informativo, y no sé cómo se puede comprar un servicio informativo”.

El presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, manifestó su preocupación por las quejas. Dijo que aun cuando llegó a pensar que podría tratarse de un asunto “provocado desde afuera para provocar un pleito gratuito para quienes luego somos bastante dados a tomarlos”, tras escuchar a sus compañeros concluyó que la situa-ción “no deja de ponernos en foco amari-llo, porque lo peor que nos puede pasar a estas alturas es que se descomponga” el proceso interno.

En su turno, Martí Batres, actual res-ponsable de la vinculación de Mancera con movimientos sociales, también deplo-ró la “enorme desigualdad publicitaria”, pero fue conciliador: “A mí me interesaría respaldar el resultado, sea cual sea. Final-mente una crisis política derivada de un cuestionamiento puede ser letal para la elección constitucional. Realmente no es-taría inconforme con el resultado desigual, como está; nosotros somos responsables: ganó quien ganó y punto. Después, la pers-pectiva es de inclusión o de alejamiento”.

Fue más claro: “Mi perspectiva es: si me favorecen los resultados, creo que todo

mundo (los perdedores) se integra al proce-so político, esto es la integración de todos al gobierno, y si no fuera así (que no ganara la encuesta), yo creo que de todas maneras tenemos muchos derechos a formar par-te de este proceso, hemos luchado duran-te muchos años y no durante unas horas”.

Fernández Noroña, diputado fede-ral del PT, reclamó a los dirigentes de los partidos que se les diga a los aspirantes con menos publicidad: “Se aguantan aun-que ocurrió chingadera y media”. Les dijo a quienes inundaron la ciudad con propa-ganda: “¿Creen que nosotros no queremos avanzar, que no tenemos sangre en las ve-nas? No, seguimos teniendo expectativas del resultado final”.

De todas formas, ante la difusión de las presuntas irregularidades durante el fin de semana en que se levantaron las encuestas, el exvocero del PRD conminó a sus compañeros a que no hicieran decla-raciones, se apegaran “al resultado de la encuesta, y aquí discutimos cómo queda cada uno”.

Sólo pidió que los acuerdos a que lle-garan los precandidatos fueran avalados por los partidos que conforman el Mo-vimiento Progresista: “Es complicado, nunca fui palomeado en el PRD, nunca fui diputado. Sería muy desafortunado que hubiera un acuerdo sólo de los pre-candidatos, cuando las direcciones polí-

ticas de los partidos son las que tienen que cerrar los acuerdos”.

La negociación

Ricardo Monreal, senador por el PT, exgo-bernador de Zacatecas por el PRD y exdipu-tado federal por el PRI, explicó: “El DF es cla-ve para el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, si no se asume así, hay irrespon-sabilidad política (…) Estuve en comunica-ción con Manuel (Camacho), con Chucho Zambrano, con Luis Walton y Beto Ana-ya, y a todos nos preocupaba el desenla-ce (de la elección de candidato para el Dis-trito Federal). Por eso nuestra presencia en esta reunión con ustedes. Me gustaría un comentario de que podamos lograr un acuerdo de aceptar los resultados”.

El acapulqueño Luis Walton, de Movi-miento Ciudadano, retomó la idea de Ba-tres de que el aspirante ganador “incluye-ra” al resto, pues “no son fuerzas políticas individuales, debe haber un compromiso de incluir a todos porque todos son im-portantes y todos tienen voz”. Propuso que acordaran las formas de “inclusión” antes de que se dieran a conocer los resul-tados de las encuestas.

Manuel Camacho Solís, a quien Marce-lo Ebrard le confió la supervisión del proce-so de selección del candidato, dio respues-ta a los aspirantes. Sobre las quejas contra

Procesofoto

El precandidato y sus exrivalesGLORIA LETICIA DÍAZ

En la plancha del Zócalo capita-lino, con el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de fondo, la fría mañana del 28 de enero un son-riente Miguel Ángel Mancera po-só ante las cámaras con su equi-

po de campaña.Con él estaban cuatro de sus excom-

petidores por la candidatura de la izquier-da para la Jefatura de Gobierno del Distri-to Federal: Joel Ortega, Martí Batres, Carlos Navarrete y Laura Velázquez. Ante los pe-riodistas, todos llamaron a la unidad y dieron por concluida la contienda.

El triunfo de Mancera aún debe va-lidarse en el Consejo Estatal Electivo del PRD. Pero esos rostros de satisfacción en nada se parecían ya al gesto duro que por lo menos Ortega, Batres y Mancera tenían el 16 de enero, cuando se reunieron en las oficinas del DIA (Diálogo para la Recons-trucción de México) con el resto de los as-pirantes y con los dirigentes de los parti-dos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador para la elección presidencial.

Ortega, Batres, Mancera, Alejandra Ba-rrales y Gerardo Fernández Noroña se reu-nieron, entre otros, con Manuel Camacho Solís, coordinador del DIA, y con los dirigen-tes partidistas Adolfo Orive (PT), Jesús Zam-brano, Dolores Padierna, Manuel Oropeza (PRD) y Luis Walton (Movimiento Ciudada-no). También estuvieron presentes el sena-

dor del PT Ricardo Monreal, coordinador de la campaña de López Obrador, y René Cer-vera, presidente de la Fundación Equidad y Progreso, leal a Ebrard.

A partir de una grabación de audio a la que tuvo acceso este semanario, se logró reconstruir la mayor parte de esa reunión, cuyo propósito fue evaluar el desarrollo de las 9 mil encuestas encargadas a las empre-sas Nodo, Covarrubias y Asociados, y Buen-día y Loredo, que se realizaron del 14 al 16 de enero.

Desde el principio los aspirantes se quejaron del despojo de su propaganda, del excesivo despliegue de mantas, pen-dones y volantes por sus rivales, la trans-misión de un reportaje biográfico de Man-cera en TV Azteca el 14 de enero, la difusión de una declaración de René Bejarano (líder de Izquierda Democrática Nacional, IDN) a favor del exprocurador, y el uso de call cen-ter a favor de Mancera y de Barrales.

“Dimos una imagen de unos contra otros, de otros contra el gobierno y del gobierno contra mí, porque me quitaron prácticamente toda mi propaganda”, la-mentaba por ejemplo Joel Ortega, a quien Mancera nombró ya coordinador general para su campaña.

Quien fuera secretario de Seguridad Pública, destituido por el caso News Divi-ne, estimó que el call center realizó “cerca de 1 millón de llamadas”, en las que se es-

cuchaba la voz de López Obrador elogian-do a Mancera, lo que alteraría el resultado de las encuestas sin que el partido hiciera algo para evitarlo.

Ortega calculó que ese recurso, suma-do a la propaganda en “espectaculares, valet parking y transporte urbano” supera-ba el tope de gastos de precampaña fija-dos por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), de poco más de 7 millones de pesos: “Creo que se rebasaron y tengo la certeza que tanto el PRI como el PAN lo han tomado en cuenta”, advirtió.

Un informe de la Comisión de Asocia-ciones Políticas del IEDF reportaba que, hasta el viernes 3, de 100 denuncias for-muladas contra perredistas en el proceso electoral que arrancó en octubre pasado, cuatro fueron contra Mancera por actos anticipados de campaña (El Universal, 3 de febrero).

A su vez, Barrales y Fernández Noro-ña señalaron que en las redes sociales se alertó de un operativo en el que perso-nas afines a Mancera lo promovían en ca-sas que después eran visitadas por los en-cuestadores oficiales.

Mancera se defendió. Mostró actas le-vantadas ante el Ministerio Público para deslindarse de las llamadas en su favor y para denunciar otras, en las que “imitando la voz del licenciado López Obrador se decía que yo era un peligro para la ciudad y que

Excepto la diputada Alejandra Barrales, los precandidatos de la izquierda al Gobierno del Distrito Federal reconocieron con su me-jor sonrisa el triunfo de Miguel Ángel Mancera en las encuestas que se dieron a conocer el 19 de enero. Sin embargo, una graba-ción realizada el día 16, en la evaluación del desarrollo de dichas encuestas, revela cómo Manuel Camacho Solís y los partidos del Movimiento Progresista negociaron que los contendientes acep-taran los resultados a cambio de prebendas políticas.

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el triunfo de Mancera

TI A PRPOLÍTICA / PRD

ROSALÍA VERGARA

La coalición Movimiento Progre-sista –formada por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano (MC)– y el Movimien-to de Regeneración Nacional

(Morena) impulsan, como precandidatos a legisladores y jefes delegacionales, a em-presarios, actores, luchadores sociales, in-

telectuales, viejos militantes de izquierda y hasta unos cuantos expanistas.

Si bien no será sino a partir del próximo jueves 9 cuando se den a conocer oficial-mente los nombres de los precandidatos a diputados federales, senadores, asambleís-tas y jefes delegacionales, este semanario obtuvo copias de las listas de aspirantes.

Aún falta que el domingo 12 y el lunes 13 el Congreso Nacional Electivo del PRD defina, ahora sí, las candidaturas.

Rumbo a San Lázaro

Fernando Canales Stelzer, hijo del exgo-bernador nuevoleonés Fernando Cana-les Clariond, figura como aspirante a una curul en la Cámara de Diputados por el distrito 1 de Nuevo León (Santa Catarina).

En una conferencia de prensa el pasado 18 de diciembre Canales Stelzer calificó al precandidato presidencial del Movimiento Progresista, Andrés Manuel López Obrador,

El próximo jueves 9 el Movimiento Progresista dará a conocer los nombres de los precandidatos a puestos de elección popular que el domingo 12 y el lunes 13 serán definidos en el congreso electivo de la izquierda. Proceso obtuvo copia de las listas de aspirantes, entre quienes destacan personajes tan disímbolos como Cuauhtémoc Cár-denas, Purificación Carpinteyro, Laura Esquivel, Joel Ortega, María Rojo o Dolores Padierna... Muchos veteranos políticos están inclui-dos en varias relaciones: si no hay suerte en una, la habrá en otra.

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por las candidaturas...

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Cuauhtémoc Cárdenas Purificación Carpinteyro Laura Esquivel

Mancera y Barrales, dijo que la más delica-da era la referente a los call center, pero des-cartó que éstos influyeran en el resultado final. “Las llamadas que llegan a ser efecti-vas en una campaña son las llamadas ne-gativas, no las positivas”, expuso.

Al hablar de las denuncias, dijo: “Me pa-recen muy legítimos los comentarios. No to-do mundo hizo lo mismo, no todo mundo tiene que estar avalando esas cosas”.

Después urgió a elaborar un plan de acción política más allá de la resolución de estos problemas de la precampaña: “No es irnos punto por punto sino al fon-do... Pero no lo tenemos que hacer dentro de tres años o dentro de seis, sino que hay que hacer algo de inmediato”.

El que fuera regente del Distrito Fe-deral en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se explayó en su propuesta: “Una especie de gobierno de coalición política, en el que se pacta el programa y después la composición política, de tal manera que si alguien no sacó la suficiente mayo-ría (porque no creo que sea el caso de que alguien diga: ‘Yo aquí gané todo’) va a ne-cesitar de los demás. Entonces de una vez armemos un programa y una especie de

pacto de tal manera que todos vamos a quedar bien”.

Enseguida, Camacho Solís les encar-gó a los precandidatos que definieran sus aspiraciones de acuerdo “a sus posibilida-des” y “potencialidades”, para que las ex-pusieran ante los dirigentes de los parti-dos y el propio Camacho antes de que se conocieran las cifras de las encuestas, a fin de que aceptaran el triunfo de quien tuviera mayores preferencias.

Una vez que se declaró a Miguel Ángel Mancera como “el bueno”, la integración de los demás aspirantes fue casi un trámi-te. En esa labor fue determinante el jefe de gobierno, aunque los acuerdos fueron ra-tificados por Mancera.

De acuerdo con fuentes cercanas a la negociación, Joel Ortega pidió la coordina-ción de la campaña; Martí Batres apartó para su grupo la jefatura delegacional de Iztapalapa y se le ofreció salir bien libra-do de las investigaciones de la Contraloría del Distrito Federal sobre su gestión como secretario de Desarrollo Social.

De acuerdo con las mismas fuentes, el senador Carlos Navarrete –actual coordi-nador de vinculación con la sociedad ci-

vil en la campaña de Mancera–, consiguió la promesa de que su corriente, Nueva Iz-quierda (NI), tendrá el control en la Asam-blea Legislativa del Distrito Federal.

Navarrete pudo acomodarse pese a que el 11 de enero, tras el debate de los precandidatos, declinó a favor de Barra-les. Un dirigente de NI pidió el anonimato a cambio de confiar a la reportera que Na-varrete primero le ofreció a Ebrard su de-clinación y el apoyo a Mancera, pero que el jefe de gobierno lo “maltrató”.

El entrevistado añade que “en la deci-sión por Barrales también influyó que ha-ce seis años, a cambio de que Jesús Ortega le levantara la mano, Marcelo nos ofreció varios espacios en su gobierno. Para em-pezar, la Secretaría de Gobierno para Zam-brano. Pero no cumplió. Ahora el acuerdo es con Mancera, quien no tiene equipo y nos necesita”.

La “inclusión” también benefició a la exsecretaria de Desarrollo Económico, Laura Velázquez Alzúa, leal a René Bejara-no, ya nombrada coordinadora de gestión social de Mancera y registrada como aspi-rante a diputada local.

Velázquez quería ser candidata a la je-fatura de gobierno pero no pudo posicio-narse en las encuestas, por lo que al igual que Benito Mirón –también de IDN– de-sistió del intento como parte de un acuer-do entre “el profesor” Bejarano y el jefe de gobierno.

“Para aceptar a Mancera –narró un in-tegrante de IDN– el profesor le pidió a Mar-celo que se respetaran los puestos que la corriente tiene en el gabinete (tres secreta-rías) y respetar las candidaturas que alcan-záramos para diputados locales y federa-les, para jefes delegacionales y el Senado, que es la aspiración de Dolores Padierna.”

En cuanto a la diputada local Alejandra Barrales, su posición varió en la semana. De declarar que se reservaba su derecho a calificar las encuestas, pasó a aceptar de facto a Mancera al comprometerse a “aca-tar la resolución del Consejo Estatal Electi-vo” del PRD, que el 11 y 12 de febrero valida-rá la designación del exprocurador como su candidato a jefe de gobierno.

Hasta el cierre de edición, Barrales se abstuvo de hacer declaraciones. Proce-so solicitó una entrevista con ella, pero se negó. Únicamente porque el 25 de enero Ebrard dijo que “sería extraordinario” que Barrales fuera al Senado, se ha difundido que esta es la salida para que ella reconoz-ca la candidatura de Mancera.

Ese mismo día se le preguntó a la se-cretaria general del PRD, Dolores Padier-na, su opinión sobre esa supuesta oferta, a lo que respondió molesta que en el caso de Barrales “se necesita algo más que es-tar arriba en las encuestas”, y que en to-do caso “el jefe de gobierno tiene los votos (en el PRD) para meterla”.

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Camacho. Por el pacto

Barrales. Berrinche efímero

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der Judicial de la Federación José Fernan-do, quien podría ser candidato a senador por Morena.

La senadora Rosario Ibarra ahora bus-ca ser diputada por el distrito 18 del DF (Iz-tapalapa), pero también por el 11 de Nue-vo León (Cadereyta Jiménez).

Es el mismo caso de Alejandro Encinas Nájera, hijo del diputado federal y excan-didato a gobernador del Estado de México Alejandro Encinas Rodríguez, quien está registrado en las listas del PRD para dipu-tado local y federal.

La coordinadora de Morena en el Es-tado de México, Martha Pérez Bejarano, competirá por el distrito 32 del Estado de México (Xico). Rosario Esparza Flores compite por Morena para el distrito 7 de Coahuila (Saltillo) y comparte apellidos con el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza Flores.

Por la ALDF

Una vez que el exprocurador capitalino Miguel Ángel Mancera se convirtió en pre-candidato al Gobierno del Distrito Federal, las tribus perredistas se disputan las pre-candidaturas a la Asamblea Legislativa.

El exdiputado local Isaías Villa, de Nue-va Izquierda, quiere competir por el distri-to local 4, donde hay 11 aspirantes, entre ellos Elio Ramón Bejarano Martínez, her-mano de René Bejarano. Por el 7 compite Alejandro Rojas Díaz Durán, exsecretario de Turismo del DF a quien Ebrard despidió por enturbiar el proceso de selección del candidato a jefe de gobierno.

Otros aspirantes son: Verónica Juá-rez, vocera del PRD nacional; el exdipu-tado federal Alfonso Suárez del Real; Dione Anguiano Flores; David Eleazar Quiroga Anguiano, hermano de la dipu-tada local Karen Quiroga Anguiano; Alfre-do Hernández Raigosa; Armando Contre-ras Luna, secretario de Alianzas del PRD, y Eduardo Sánchez Camacho, hermano de Alejandro Sánchez Camacho, exdiputado federal.

Los aspirantes a diputados locales plurinominales son Rocío Sánchez Pérez, quien ha colaborado con Alejandro Enci-nas; Vladimir Aguilar García, secretario de Planeación del CEN perredista, y otra vez Armando Contreras Luna y Alejandro En-cinas Nájera.

Por el distrito 25 se perfila Polimnia Romana Sierra, quien durante nueve años fue asistente y coordinadora de giras de Andrés Manuel López Obrador y jefa del grupo de seguridad del tabasqueño, Las Gacelas, cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal.

En cuanto a las delegaciones destaca un nombre: el de Antonio Padierna Luna, hermano de la secretaria general del PRD y aspirante al Senado, Dolores Padierna

Luna, quien además busca la precandi-datura para la jefatura delegacional de Azcapotzalco.

Para Coyoacán se perfila el dipu tado federal Mauricio Toledo, de Nueva Iz-quierda, quien infructuosamente buscó la misma candidatura en 2010. Compite con Ariadna Montiel Reyes, que también quiere ser diputada.

La legisladora Leticia Quezada quiere ser jefa delegacional en Magdalena Con-treras, el asambleísta Víctor Hugo Romo Guerra busca la jefatura en Miguel Hidal-

go y Alejandro Sánchez Camacho en Mil-pa Alta. Tláhuac se la disputan cinco pe-rredistas, entre quienes destaca Maricela Contreras Julián. En Venustiano Carranza figura Esthela Damián, quien en enero pa-sado renunció a la precandidatura al Se-nado para sólo aspirar a este cargo. Ave-lino Méndez y Adolfo González compiten por Xochimilco.

Y hasta en tanto no se definan las candidaturas –el domingo 12 y el lunes 13– seguirán los “jaloneos” entre tribus y aspirantes.

como el único personaje que puede lograr un cambio verdadero en el país mediante el combate a la corrupción, la eliminación de la impunidad y una política industrial para generar empleos.

Otro precandidato es el actor de cine, televisión y doblaje Jorge Arvizu Martínez, El Tata. Éste declaró el 30 de diciembre a El Universal que estaba listo para ser dipu-tado y que ya estaba enlistado como pre-candidato de Morena-PT-MC por los dis-tritos 22 (Naucalpan) y 23 (Valle de Bravo) del Estado de México.

En la lista también está Rafael Bara-jas, El Fisgón, cartonista del periódico La Jornada, como representante de Morena en el distrito 11 del Distrito Federal, co-rrespondiente a la delegación Venustia-no Carranza.

Laura Esquivel, autora de la novela Como agua para chocolate, competirá por la candidatura del distrito 24 del Distrito Federal (Coyoacán).

Precandidata por el distrito 23 del DF (también en Coyoacán) es María Rojo, re-conocida por su carrera como actriz de teatro, cine y televisión y, en su calidad de senadora, como autora y promotora de iniciativas de ley de apoyo al cine y a la cultura. Exjefa delegacional en Coyoacán, Rojo fue registrada por todos los partidos de la coalición y competirá contra los pe-rredistas Mauricio Toledo, diputado fede-ral; Ariadna Montiel Reyes, directora de la Red de Transporte de Pasajeros del Distri-to Federal, y Rodolfo Amador Martín.

Purificación Carpinteyro, exsubse-cretaria de Comunicaciones y Transpor-tes del gobierno calderonista que el año pasado fue considerada como posible candidata del PRD al gobierno del Esta-do de México, abogada, empresaria y ex-perta en telecomunicaciones, está regis-trada en la lista de mayoría relativa del PRD para el distrito 17 (Cuajimalpa) y de Morena-PT-MC para el 10 (Miguel Hidal-go) del DF.

También está enlistado el regidor pe-tista en Acapulco y coordinador de More-na en ese municipio, Genaro Vázquez Flo-res, hijo del legendario guerrillero Genaro Vázquez Rojas.

Roberto Gallardo Gallardo aspira al distrito 9 de Chihuahua (Hidalgo del Pa-rral). Es vocero de Francisco Turner, coor-dinador de enlace con empresarios de Morena y propuesta de López Obrador pa-ra formar parte de su gabinete como se-cretario de Economía.

En todas las listas

Hay perredistas inscritos en todas las lis-tas: en la de su partido y en la de Morena, así como en la de aspirantes a una dipu-tación por mayoría relativa y también en la de representación proporcional.

Son los casos de Valentina Batres Guadarrama, exdiputada federal y lo-cal que compite por el distrito 2 (Gustavo A. Madero); Francisco Chíguil, por el dis-trito 6 (Gustavo A. Madero); Froylán Yes-cas, por el 8 (Cuauhtémoc); Benito Bahe-na, secretario de Fomento al Empleo del gobierno capitalino, por el 13 (Iztacalco), y Ernestina Godoy, por el 12 (Iztapalapa), todos en el DF.

Igual está Horacio Duarte Olivares, por el distrito 38 del Estado de México (Texco-co). Duarte fue el encargado de la defen-sa jurídica de López Obrador tras los co-micios de 2006. En este esquema también figura Fabiola Alanís, quien el año pasa-do fue precandidata del PRD al gobierno de Michoacán.

Al parecer Cuauhtémoc Cárdenas So-lórzano, fundador del PRD y quien estu-vo distanciado del lopezobradorismo du-rante casi 12 años, irá por una senaduría, lo mismo que Joel Ortega, exsecretario de Seguridad Pública del DF y quien fue des-tituido a raíz de la tragedia de la discote-ca News Divine.

La perredista Virginia Jaramillo Flores,

cercana a René Bejarano, aparece en la lis-ta de aspirantes a jefes delegacionales: quiere repetir mandato en Cuauhtémoc. Compite con David Razú y Agustín Gue-rrero Castillo, diputado federal. Pero esta trabajadora social también aparece en la lista de Morena para diputada federal por el distrito 8 en esa delegación. Ahí compi-te con Froylán Yescas.

Igual es el caso del perredista Pablo Trejo, quien aspira a una diputación lo-cal o, en su defecto, a la jefatura delega-cional de Iztapalapa, donde compite con los diputados locales Aleida Alavez y Víc-tor Varela, entre otros.

En las listas de Morena está inscri-to Nahum Medina como precandidato a diputado por el distrito 7 de Veracruz (Martínez de la Torre), pero como no se incluyó su segundo apellido, no es posi-ble saber si se trata de Nahum Medina García, exalcalde de Tlapacoya, acusado de daño patrimonial por unos 8 millones de pesos, o es un homónimo.

Morena

En las listas de precandidatos también están Arnaldo Córdova, fundador del PRD, profesor e investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y Julio Boltvinik, perredista, académico, exdiputado y también columnista del pe-riódico La Jornada. Ambos compiten por la precandidatura del distrito 5 (Tlalpan) del DF.

Otro militante de Morena es el juris-ta y escritor Bernardo Bátiz, expanista, ex-procurador general del DF, quien en 2006 fue candidato a jefe delegacional en Be-nito Juárez; ahora busca una curul en esa misma demarcación por el distrito 15, que disputará con la coordinadora nacio-nal del Movimiento de Mujeres del Mo-vimiento Ciudadano, María del Carmen Ojesto Martínez Porcado, hermana del ex-magistrado del Tribunal Electoral del Po-

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“El Fisgón” Dolores Padierna “El Tata”

TELECOMUNICACIONES

Montes Urales 460, en el Distrito Federal.El comunicado emitido por la CFC la

noche del pasado 24 de enero se limitó a informar: “El pleno resolvió hoy sobre la concentración Televisa-Iusacell, a la que corresponde el expediente CNT-031-2011”.

El mismo boletín advirtió que por mandato del último párrafo del artícu-lo 31-bis de la Ley Federal de Competen-cia, reformada recientemente por el Con-greso, “la CFC y sus comisionados están imposibilitados de pronunciarse pública-mente sobre el expediente hasta que la re-solución del pleno se notifique a los agen-tes económicos involucrados”.

Se trató de evitar un escenario similar al de la multa a Telcel, que derivó en un largo litigio de la empresa de Carlos Slim contra Pérez Motta por haber ventilado públicamente su posición sobre este te-ma, en pleno proceso jurídico.

“Ganar tiempo”

A pesar del hermetismo de los comisio-nados de la CFC, pronto se filtraron dis-tintas versiones en torno al sentido del voto. El Universal publicó el 25 de enero, como nota principal, que la fusión ha-bía sido rechazada por tres votos contra dos. Ese mismo día, la edición online de The Wall Street Journal citó a “un alto eje-cutivo” de Televisa afirmando que el or-ganismo regulador rechazó la solicitud de concentración.

Para los inversionistas de la televisora y, en especial, para De Angoitia, principal ar-tífice de esta operación, ventilar la negati-va tenía como objetivo aminorar el impacto negativo en el Bolsa Mexicana de Valores y en el mercado bursátil estadunidense, don-de cotiza el consorcio encabezado por Emi-lio Azcárraga Jean. Las acciones de Televisa disminuyeron 8% esa semana y registraron una baja de poco más de 3.4% el miércoles 1, cuando se confirmó el rechazo a la solici-tud de concentración.

Apenas el pasado 20 de enero, segu-ro de que iba a ser aprobada la concen-tración, Grupo Televisa cubrió la totalidad de los mil 602.5 millones de dólares acor-dados para la compra de acciones de Iu-sacell, según el reporte enviado por la em-presa a la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

El reporte del consorcio televisivo in-formó: “En relación con esta inversión, Grupo Televisa hizo pagos en efectivo du-rante el segundo y tercer trimestres de 2011 por un monto total de mil 152.5 mi-llones de dólares (13 mil 528 millones de pesos), y en octubre de 2011, por un monto de 450 millones de dólares (6 mil 249 mi-llones de pesos)”.

La negociación original fue reconoci-da por Televisa y Grupo Iusacell en abril de 2011, a pesar de que la negaron airada-mente cuando el columnista Miguel Ángel

Aunque la Comisión Federal de Competencia rechazó la fusión entre Televisa y Iusacell, no todo está escrito. Fal-ta conocer el dictamen final y es probable que el duopo-lio televisivo apele exitosamente la decisión del órgano regulador. En toda esta maraña de leyes, reglamentos y regulaciones se advierte un afán de gatopardismo: que todo cambie para que todo permanezca. Los mismos monopolios, las mismas prácticas que lesionan el inte-rés de los consumidores, los mismos abusos...

cesionadas, más de 65% de la publicidad de las otras compañías de telefonía móvil, así como el mercado de contenidos en te-levisión abierta y restringida.

Otro escenario planteado por uno de los comisionados fue que sólo se acepta-ría la fusión si Grupo Televisa se deshiciera de alguna de sus tres cadenas de televisión nacional abierta (Canal 2, Canal 5 o Canal 9) y se regularan el must offer y el must ca-rry, en los términos planteados por otras empresas de televisión restringida, como MVS, accionista de Grupo Dish, que ha cri-ticado duramente a Televisa y a TV Azteca por negarle el acceso a sus canales de tele-visión abierta y por bloquear la contrata-ción de publicidad en Canal 2 o Canal 13.

Tras una larga deliberación la fusión se rechazó por tres votos contra dos. Se acor-dó que no se daría a conocer la decisión hasta que se les notificara a los entes regu-lados; es decir, hasta completar el proceso de notificación de la resolución, en espe-cial a Grupo GSF Telecom Holdings, con-troladora de Grupo Iusacell, ubicado en

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Miguel Espinoza / “El Universal”

Pérez Motta. Presiones

JENARO VILLAMIL

La noche del pasado 24 de ene-ro, durante la reunión de los cin-co integrantes del pleno de la Co-misión Federal de Competencia (CFC), sólo se tenía claro que dos comisionados votarían contra la

solicitud de concentración de Televisa en Grupo Iusacell, y otros dos a favor.

Eduardo Pérez Motta, presidente de la CFC, y Rodrigo Morales Elcoro, integrantes de ese organismo desde el sexenio ante-rior y que han votado coincidentemente en otros asuntos polémicos –como la me-gamulta contra Telcel por mil millones de dólares–, no querían apoyar la solicitud de conversión de deuda por 50% de las accio-nes de Televisa en Grupo Iusacell, propie-dad de Ricardo Salinas Pliego, accionista principal de TV Azteca.

Pérez Motta había sido el centro de las presiones ejercidas en las pantallas de Te-levisa y TV Azteca y, en especial, de los dos principales operadores de la “megafu-

Operación fusión:

el revés de la tramasión”: Alfonso de Angoitia, vicepresiden-te de Televisa y estratega de la ampliación del consorcio de Emilio Azcárraga Jean en el área de telecomunicaciones, y Pedro Pa-dilla Longoria, director general de Grupo Salinas (Proceso 1838).

Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa Sánchez, los dos comisionados que se integraron a la CFC en el sexenio de Fe-lipe Calderón, ambos con vínculos estre-chos con Gerardo Ruiz Mateos, jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, argumentaron –a favor de la fusión– que se necesita un competidor fuerte en tele-fonía móvil para enfrentar al gigante for-mado por Telmex-Telcel, de Carlos Slim.

Curiosamente ambos también votaron contra la declaración de dominancia contra Telcel, Telefónica y Grupo Iusacell en la ter-minación de llamadas en su propia red de telefonía móvil, el 7 de noviembre de 2011.

En junio pasado Ibarra Pardo y Miguel Flores Bernés votaron a favor de que Pé-rez Motta se recusara en el caso de la mul-ta a Telcel, porque declaraciones suyas en

medios electrónicos ponían en duda su imparcialidad.

El voto del quinto comisionado, Flores Bernés, estaba en duda. Hasta esa sesión argumentó que estaba contra la concen-tración Televisa-Grupo Iusacell porque no se iba a combatir a un gigante como Tel-mex-Telcel con la creación de otro, forma-do por las dos televisoras dominantes.

Al igual que los otros cuatro comisio-nados, Flores Bernés fue objeto de inten-sas presiones, tanto de las televisoras im-plicadas en la fusión como de autoridades del gobierno federal que argumentaban a favor de esta operación para “combatir al monstruo” Telcel-Telmex.

Según testimonios recabados por Pro-ceso, el punto medular de la deliberación interna del organismo se orientó más ha-cia el otro escenario: la fusión no tendría problemas si Televisa comprara 100% de Grupo Iusacell y se eliminara el “incentivo para prácticas monopólicas” en materia de televisión abierta, donde ambos gru-pos controlan 95% de las frecuencias con-

TELECOMUNICACIONES

El conductor Javier Alatorre editoriali-zó el episodio de esta manera:

“Ya se lo comentábamos. Incomodan, desde luego, mucho las formas en que se llevó a cabo la notificación. Imagínen-se si esto le ocurre a una empresa del ta-maño de Iusacell, ahora piense cuál es el trato que recibiría un ciudadano común, un ciudadano de la calle que, por encima de todo, debe sufrir ante las posturas que monopolizan un sector, tal como lo volvió a demostrar la OCDE.”

Hechos dio paso a la nota de la OCDE en que responde a las críticas que Carlos Slim, dueño de Telmex-Telcel, lanzó un día antes contra el informe sobre Revisión de las políticas de telecomunicaciones y regu-lación en México emitido por el organismo internacional.

Contra la competencia

Durante dos días Grupo Iusacell pagó desplegados de prensa para acusar al pe-riódico Reforma de “esconder” informa-ción para favorecer a Telmex-Telcel, de estar “vendido a Carlos Slim” y de “ma-nipular la información” para proteger al magnate.

La empresa que en diciembre de 2002 protagonizó el asalto armado a las insta-laciones de Canal 40 en el Cerro del Chi-quihuite, ahora acusa a autoridades de la CFC de prácticas típicas de las empresas de Salinas Pliego.

El comunicado de Grupo Iusacell afir-mó que “revisaremos a detalle la extensa resolución” de la CFC y “haremos llegar a la comisión y/o a la instancia legal compe-tente los argumentos para que se analice a fondo la conversión de las obligaciones de Televisa en acciones de Iusacell”.

La empresa de Salinas Pliego cita un párrafo de la resolución, en la página 18, que considera favorable a su interés de fu-sionarse con Televisa: “Al existir competi-dores que cuentan con una presencia sig-nificativamente mayor, el fortalecimiento de Iusacell tendría efectos favorables so-bre la competencia”.

Hasta ahora ninguno de los comisio-nados de CFC ha hecho declaraciones pú-blicas en torno a este caso. El organismo sólo ha señalado que el proceso de noti-ficación “ha sido complejo, pero va por buen camino” y la comisión publicará su decisión “una vez que haya culminado con éxito este proceso”.

Dish México, propiedad de MVS, afir-mó en un comunicado que la decisión de la CFC “no resuelve los problemas de la alta concentración y prácticas anticom-petitivas que se tienen en la industria de la televisión. Por el contrario, mante-ner el statu quo sólo beneficia al duopo-lio televisivo”.

“Al no autorizar la concentración en

Iusacell del duopolio y no haber someti-do dicha operación a fuertes condicionan-tes en los mercados relacionados, se optó por mantener las cosas en el estado que se encuentran, beneficiando a los actores de siempre”, argumentó Dish.

La empresa dirigida por Ernesto Var-gas subrayó que Televisa y TV Azteca con-tinuarán impidiendo que Dish México se anuncie en sus canales de televisión abierta y “seguirán negándonos sus se-ñales abiertas para incluirlas en nuestra programación e insistirán en sus ventas atadas”.

Por su parte, Salomón Padilla, repre-sentante legal de la Asociación de Re-des de Telecomunicaciones de México (ARTM), organismo que agrupa a empre-

sas de televisión por cable independien-tes de Televisa, afirmó que falta conocer la versión pública de la CFC y que esta de-cisión “es una oportunidad para el regula-dor de enderezar el mercado sin filias ni fobias. Mis respetos al notificador que lo-gró hacer su trabajo”.

Desde el 9 de marzo de 2011 la ARTM presentó una queja contra el dominio que tiene Televisa en materia de contenidos de televisión restringida, a través de Cable-más, de TVI y su filial Telum, cuyos accio-nistas forman parte del Consejo de Admi-nistración de PCTV, generando “prácticas monopólicas absolutas y relativas” en el mercado de contenidos, como ocurrió con las ventas forzadas de la transmisión del Mundial de Futbol.

TELECOMUNICACIONES

Granados Chapa, autor de Plaza Pública, la dio a conocer el 23 de enero de ese año.

Desde ese momento el punto medular para ambos consorcios fue ganar tiempo, de tal manera que la autorización de esta operación se acercara a 2012, año de la su-cesión presidencial en México, y pudieran hacer valer su capacidad de presión, ad-virtieron analistas financieros consulta-dos por este semanario.

Grupo Televisa y Grupo Iusacell no no-tificaron de inmediato a la CFC, entidad reguladora que por ley debe autorizar este tipo de operaciones. A pesar de eso, desde abril de 2011 las compañías ya habían in-formado a la Bolsa Mexicana de Valores y a la SEC de Estados unidos.

El 6 de abril de 2011 The Wall Street Jour-nal publicó que Televisa “compraría 50% de Iusacell”. Citando a círculos financie-ros, el periódico especializado, señaló que la operación implicaría “la compra de una parte, o la totalidad, de la deuda restructu-rada de Iusacell, por parte del empresario regiomontano David Martínez y su fondo de inversión Fintech”.

Martínez fue adquiriendo deuda de Iusacell en los mercados bursátiles hasta

hacerse propietario de 98% del papel de la emisión 2011, de 92% de la de 2012 y de 76% de la correspondiente a 2013.

Este enigmático inversio-nista vive entre Nueva York y Londres, y mantiene una rivali-dad financiera muy fuerte con los ejecutivos de Televisa, en especial con De Angoitia. En un principio fue el principal apoyo para la demanda interpuesta por Paula Cussi, la última espo-sa de Emilio Azcárraga Milmo, El Tigre, quien acusó a Azcárra-ga Jean de incumplimiento en el reparto de la sexta parte de la herencia de su padre.

Televisa vio la oportunidad de que Martínez no se hiciera del control de la cuarta com-pañía de telefonía celular en México y le compró la deuda de Iusacell en poco más de mil 600 millones de dólares.

Apenas unos meses an-tes Televisa negoció con Gru-po Nextel la inversión de mil 440 millones de dólares para adquirir 30% de la compañía, una vez que tuviera los títulos de concesión del bloque de 30 Mhz, de la banda de 1.7Ghz, en la polémica Licitación 21. Fi-nalmente Televisa abandonó la sociedad con Nextel y co-menzó su negociación en se-creto con Grupo Iusacell.

Ante la negativa de la CFC, Iusacell y Televisa buscan ganar tiempo, en función de las elecciones de este año. Tienen 30 días hábiles para presentar un recurso de reconsideración ante el orga-nismo regulador y éste, a su vez, dispon-drá de 60 días hábiles para considerar los argumentos que le presenten ambas par-tes.

El contenido de la resolución se des-conoce, hasta ahora, porque el proceso de notificación culminará el martes 7. Si am-bos grupos aceptan las condiciones que incluye la resolución de la CFC, la fusión puede ser aprobada en junio de este año o irse a un litigio que se prolongaría más allá de julio próximo.

Tretas

Una de las maniobras para ganar tiempo fue obstaculizar el proceso de notificación de la CFC y presentar a Grupo Iusacell co-mo una “víctima de la arbitrariedad” de elementos de la Policía Federal que apoya-ron al personal del organismo regulador.

El 31 de enero, el abogado Fidel Sierra, notificador de la CFC, acudió por prime-ra vez al domicilio de Iusacell, en Montes

Urales 460, para entregar un primer cita-torio. Los abogados de la empresa de Sa-linas Pliego, en una triquiñuela jurídica, cambiaron el número exterior del edificio, ahora 409, para negar que ese fuera el do-micilio legal.

En paralelo, el director de Cumpli-miento Regulatorio de Iusacell, Eduardo Ruiz Vega, comentó en distintas entrevis-tas con la prensa que la CFC no había he-cho oficial la notificación y que el plazo perentorio seguiría siendo el 7 de febrero. También advirtió que acudirían a instan-cias judiciales si se rechazaba la alianza.

Ruiz Vega fue integrante de la Comi-sión Federal de Telecomunicaciones. Des-pués de un largo litigio interno abandonó ese organismo para trabajar al servicio de Ricardo Salinas Pliego. La estrategia de ju-dicializar las resoluciones desfavorables es común en el sector de telecomunica-ciones, pero, en especial, Grupo Salinas demanda y litiga prácticamente todo, co-mo sucedió con más de 60 juicios inter-puestos contra la Licitación 21.

Para evitar un conflicto en las instala-ciones de Iusacell, el miércoles 1 el notifi-cador Fidel Sierra y la Dirección General de Asuntos Jurídicos de CFC pidieron apo-yo a la Policía Federal para realizar el pro-ceso de notificación. En el vestíbulo de las oficinas de Iusacell hubo jaloneos y em-pujones, pero al final se completó el pro-ceso de notificación.

En su noticiario Hechos, de Canal 13, el reportero Marcos Morales, de Azteca Noti-cias, hizo una crónica pormenorizada de la llegada de los notificadores, acompañados por fotógrafos que “parecen que los invita-ron ex profeso para que tomaran fotos”.

La crónica de siete minutos, al estilo de los programas de nota roja de la tele-visora del Ajusco, relata el episodio como si fuera un acto de agravio de las autori-dades a Grupo Iusacell para simular una “trifulca”:

“12:12. Hay tensa calma en la recep-ción, pero las cosas poco a poco vuelven a la normalidad. Sin embargo, en las calles que rodean el edificio de Iusacell se man-tiene la presencia de los elementos de la Policía Federal. Una camioneta, incluso, se detiene frente al inmueble en actitud de intimidación.

“A las 13:37 reaparecen el notificador y sus testigos en la recepción. Los fotógrafos esperan del otro lado del umbral y de inme-diato lo rodean para captar el momento.

“Los reporteros lo mantienen rodeado y ahora se ve a policías federales armados en escena. Continúa dando declaraciones y dice que ya cumplió con parte de su tra-bajo. Detrás de él se ve a sus escoltas.

“Y lo de hoy podría repetirse otra vez. Rodeados de los hombres de negro, el ve-rificador vuelve tácitamente a ponerse de acuerdo con la prensa.”

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De Angoitia. Apoyo

AVIACIÓN

Las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes parecen empeñadas en impedir que la Com-pañía Mexicana de Aviación vuelva a volar. Ahora, cuan-do aparece otro grupo de inversionistas interesado en adquirir la empresa emblema de la aviación nacional, se ponen nuevas trabas al proceso de compra-venta. Se-gún legisladores que siguen el caso y el juez encargado del concurso mercantil, de lo que se trata es de otorgar las rutas y horarios de aquella a otras aerolíneas... una de las cuales pertenece a Miguel Alemán Velasco.

queador” del proceso de venta. De él se di-ce incluso que ya tiene asegurado un cargo en Interjet para cuando acabe el sexenio calderonista.

El miércoles 18 de enero un grupo de diputados federales, encabezado por el priista Adán Rubí Salazar y por Di Cos-tanzo, se entrevistó con Felipe Consuelo Soto, Badín y un grupo de funcionarios de la SCT.

Durante el encuentro –Proceso tiene copia de la videograbación–, Consuelo re-veló que los slots, rutas y horarios están en manos de Interjet y Aeroméxico, pero sólo en calidad de “préstamo”, pues la SCT ar-gumentó que el país no se podía quedar in-comunicado. “Accedí por el interés públi-co”, reveló el juez ante los legisladores y a quienes en privado ya les había comentado que fue “presionado”.

En el video se ve cómo el juez acusa a la SCT de mantener una actitud “delez-nable”: “La omisión (del gobierno) tam-bién es una forma de actuar (...) han teni-do poca cortesía con los inversionistas y el gobierno debiera estar buscándolos y no estarlos criticando o dándoles mala cara. ¡Es una postura deleznable! Es clara y pa-tente la posición del gobierno y contra to-do ello he luchado”.

Desde que Mexicana dejó de volar, el 20 de agosto de 2010, por lo menos 24 grupos han pretendido adquirirla; no obs-tante ha habido presiones del gobierno pa-ra que la adquisición no se concrete.

Apenas el lunes 30 de enero el juez Consuelo reveló que el interesado (Med Atlántica) ya había depositado 300 mi-llones de dólares en un fideicomiso, aun-que Felipe Duarte aclaró que fueron 415 millones.

El 31 de enero el juez envió a la SCT los datos y nombres del interesado y del fideicomiso en un sobre sellado. Esa in-formación apareció al día siguiente en una columna periodística. El miércoles 1 en el noticiario Segunda Emisión, de MVS, Consuelo denunció que alguien “de alto nivel” filtró los datos, “lo que pudiera ge-nerar malestar” en los inversionistas, que podrían “sentirse presionados”.

Enredo jurídico-financiero

El entramado jurídico y económico en que el gobierno federal convirtió el caso de Mexicana empezó el 20 de diciembre de 2005 cuando a través de Servicios Corpo-rativos Cintra vendió Mexicana al Grupo Posadas, de Gastón Azcárraga.

En la venta se incluían dos subsidia-rias: la Compañía Mexicana de Aviación y Aerovías del Caribe, empresas clave pues son las que poseen la concesión por 90 años de los slots y las rutas.

El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México, Fernando Perfecto, ha dicho que Mexica-na valía mil 456 millones de dólares y que el gobierno se la vendió al Grupo Posadas en 165 millones, con el compromiso de és-te de formar un fondo de 265 millones de dólares producto de los pasivos laborales de sus trabajadores.

En septiembre de 2006, en una carta en-tregada al entonces secretario de Comu-nicaciones y Transportes, Pedro Cerisola, el abogado y director del Instituto Nacio-nal de Investigaciones Jurídico-Aeronáuti-cas, Pablo Casas Lías, denunció que Grupo Posadas estaba en una situación económica crítica, lo que ponía en riesgo la prestación de los servicios aéreos y no garantizaba la seguridad de las operaciones y la integridad física de los usuarios. Demandó revisar y, de ser necesario, retirar la concesión.

El 2 de octubre de ese año, el enton-ces director general de Aeronáutica Civil, hoy director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, Gilberto López Meyer, recha-zó las imputaciones contra Posadas. Dijo que “no se justifica el inicio de una verifi-cación extraordinaria”.

Menos de dos años después, el 17 de abril de 2008, el Grupo Mexicana de Avia-ción firmó un crédito con Banorte por mil 700 millones de pesos para mantener en vuelo a Mexicana y Link (Aerovías del Caribe) y saldar sus millonarias deudas con el fisco. Gastón Azcárraga dejó en prenda las dos aerolíneas.

En octubre de 2009 Azcárraga le cam-bió el nombre a Grupo Mexicana de Avia-ción; lo llamó Nuevo Grupo Aeronáutico (NGA). El 2 de agosto de 2010 el Grupo Posadas solicitó a un juez que declarara el concurso mercantil por insolvencia finan-ciera; el 15 de ese mes se nombró un visi-tador para Mexicana de Aviación y el 20 de agosto la aerolínea dejó de volar.

A partir de entonces Banorte y Az-cárraga, ante la actitud omisa de la SCT, hicieron una serie de movimientos que in-cluyeron fraude y venta ilegal de accio-nes, a lo que se sumaron las “presiones” del gobierno federal contra los posibles in-versionistas. El gran mercado aéreo lo to-maron Aeroméxico –que dirige José Luis Barraza, expresidente del Consejo Coor-dinador Empresarial–, Volaris e Interjet.

Reveladoras reuniones

En la reunión del 18 de enero, el juez sin-tetizó así el caso de Mexicana: “El pro-blema es que el NGA fue vendido aparen-temente a Tenedora K, pero no consta en actas; Jorge Gastélum es el accionista de Tenedora y la SCT permitió que dejara de volar (Mexicana). Otro problema es que NGA se quedó sin cabeza (y) que hoy bus-ca un comprador”.

Más revelador aún, el juez refirió que Grupo Posadas, luego de cambiar de nom-

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Juez Consuelo Soto. Reuniones estériles

JESUSA CERVANTES

La disputa por las rutas, slots (reser-vaciones de espacio aéreo) y hora-rios de la Compañía Mexicana de Aviación que el gobierno federal “prestó” a Interjet y Aeroméxico, es lo que hoy impide que aquella

aerolínea vuelva a alzar el vuelo, a pesar de que el nuevo inversionista interesado en rescatarla, Med Atlántica, ya depositó los 415 millones de dólares que se le pedían en un fideicomiso de Banca Mifel.

Inversionistas, autoridades de la Se-cretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), el juez que lleva el caso del con-curso mercantil, Felipe Consuelo Soto, y el conciliador de Mexicana, Gerard Badín, tuvieron dos encuentros la semana pasada, pese a lo cual la venta de la aerolínea no ha podido concretarse.

El jueves 2 los inversionistas, el juez Consuelo y Badín tendrían una reunión en la que se conocería el plan de negocios de Med Atlántica y las autoridades de la SCT validarían la venta, previa verificación de los recursos ya depositados. Sin embargo la reunión duró pocos minutos pues el ti-tular de la SCT, Dionisio Pérez-Jácome, pidió posponerla un día, según reveló el diputado petista Mario di Costanzo, inte-grante de la comisión legislativa encarga-da de vigilar el proceso.

El viernes 3, en la segunda reunión, se corroboró que los 415 millones de dólares de Med Atlántica siguen depositados en el fideicomiso. Sin embargo las pláticas para revisar el plan de negocios no concluyeron debido a que el subsecretario de Comuni-caciones, Felipe Duarte, “está poniendo piedritas en el camino”, comentó Di Cos-tanzo sin dar más detalles.

El petista dijo que de seguir “la actitud obtusa de Felipe Duarte y su rechazo a que Mexicana vuele, la Cámara va a exhortar al juez a que congele el concurso, pida el regreso de los slots en un plazo de 72 ho-ras y que, de no cumplirse, se establezca el desacato de Duarte para posteriormen-te iniciar la demanda de juicio político”.

Los legisladores y los sindicatos de tie-rra y pilotos consideran a Duarte el “blo-

Nuevo comprador,nuevos obstáculos

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impuestos de Gastón Azcárraga. “Es cla-ro que los inversionistas se preguntan por qué ellos los tienen que pagar. Esa es una exigencia que se puso en el modelo: que había que pagar los impuestos y parte de lo que se le debe a los trabajadores (del fondo de pensiones)”.

Acerca de la venta de las acciones de NGA en “mil pesos” el conciliador dijo “no tener idea” de por qué se dieron en tal cantidad y menos aun quién fue el funcio-nario federal que autorizó dicha venta.

“Pero no sólo se vendieron a mil pesos, sino que se vendió algo que está dado en prenda, que está pignorado, ¿cómo es que se permitió?”, insistió Di Costanzo.

“El dueño de las acciones es Tenedora K y las tiene dadas en garantía a Banorte”, respondió Badín.

En su momento los representantes de la SCT, funcionarios de segundo ni-vel, aclararon que el 20 de agosto de 2010 la secretaría recibió la notificación de la transferencia de las acciones de NGA, pe-ro “es importante aclarar que ni la Ley de Aviación Civil ni su reglamento le otorgan facultades a la SCT para regular la com-pra-venta de acciones de sociedades con-cesionarias de transporte aéreo”.

Pero la respuesta oficial que la SCT le dio a Casas Lías –quien representa a un grupo de sobrecargos– fue diferente:

“Sobre el particular no existe la au-torización, fecha y razones por la que se autorizó por parte de la Dirección Gene-ral de Aeronáutica Civil, la adquisición por parte de Tenedora K, S.A. de C.V., de 95% de las acciones del Nuevo Grupo Ae-ronáutico, S.A. de C.V (...), no existe do-cumento en el que conste el acto admi-nistrativo mediante el cual la DGAC, en términos de la Ley de Vías Generales de Comunicación y Ley de Aviación Civil y su reglamento, autorizó a la empresa Te-nedora K la adquisición de 95% de las ac-ciones de NGA…”

En la reunión Gerard Badín reveló ade-más que, sin autorización, Banorte “tomó” 18 millones de dólares que Mexicana tenía en un fideicomiso en Estados Unidos, “por lo que hay una denuncia penal” contra esa institución bancaria.

Pleitos de familia

Detrás de Med Atlántica hay 25% de capi-tal español: el de los empresarios hotele-ros Christian Cadena y Jamal S. Iglesias. El restante 75% fue aportado por un grupo de inversionistas mexicanos.

De este grupo la accionista más fuer-te, según versiones aparecidas en diversos medios, es Gina Diez Barroso Azcárraga, directora de Grupo Diarq. Su participa-ción revive una vieja disputa de familias.

Interjet es propiedad de Miguel Ale-mán Velasco. La suya es la principal aero-

bre a NGA, la vendió a Fondo Advent en “mil pesos” y éste a su vez transfirió NGA a Tenedora K. Pero además lo que tiene NGA, que es Mexicana y Click, está en poder de Banorte, ya que se dieron en prenda bancaria.

“Esa situación provoca que los inver-sionistas digan: ‘¿Qué es lo que te estoy comprando, Mexicana o NGA? Primero me dices que deposite 250 millones de dó-lares, luego me dicen con quién me voy a sentar a negociar la venta. Es decir, prime-ro te tengo que garantizar a ti SCT que ten-go el dinero y luego me voy a sentar con el que tiene las acciones para ver cuánto me va a pedir y a ver si me arreglo con él’. To-do esto es tan anormal –sigue el juez– que ha generado la prórroga y la insistencia de que autorizara el préstamo de los slots. Pe-ro nunca se tuvo previsto que durara tanto ni menos que implicara una falta de ingre-sos para Mexicana.”

En la misma reunión Consuelo recla-mó duramente la actitud de las autorida-des: “Mexicana es una aerolínea de ban-dera y cualquier gobierno debería buscar salvarla; es un emblema, más allá de que es una línea aérea, es toda una institución a nivel mundial. Si yo decreto la quiebra, habrá que buscar la venta en partes o to-talmente y eso llevará tres años. Sería una situación de perder-perder. Pierden los acreedores, los pasajeros, los proveedores, los trabajadores. Pierde México”.

Cuando en la reunión se discutía qué se está vendiendo, Gerardo Badín, el con-ciliador, dijo: “Se vende la marca, la po-sibilidad de crecer a 45 aviones, los slots, rutas y horarios que tiene Mexicana, el personal como los pilotos certificados y terminales certificadas”.

Sobre el costo, que incluye el pago de impuestos, el conciliador dijo que cuando se vende también se adquiere la deuda de

línea de bajo costo del país y se vio bene-ficiada con la desaparición de Mexicana de Aviación.

Inversionista mayoritaria de Med Atlán tica, Gina Diez Barroso Azcárraga es hija de Laura Azcárraga Milmo, hermana del fallecido Emilio El Tigre Azcárraga.

En su libro El sexenio de Televisa, el periodista Jenaro Villamil detalla que Ale-mán Velasco era propietario de 8.3% de las acciones de la televisora, y su hijo, Mi-guel Alemán Magnani, de 6.1%. La fami-lia Diez Barroso Azcárraga poseía 21.1%, y Emilio Azcárraga Jean, 10%, además de otros accionistas. Tras la muerte de El Ti-gre, los Alemán y otros accionistas, entre ellos la familia Cañedo White, le vendie-ron sus acciones a Azcárraga Jean, quien sumó entonces 55%.

Si la familia Alemán hubiera vendi-do sus acciones a los Diez Barroso, éstos hubieran controlado desde 1997 el con-sorcio televisivo. En vez de eso se en-frentaron. El pleito que ha surgido aho-ra por los slots y rutas de Mexicana de Aviación revive aquel añejo enfrenta-miento, trasladado al ámbito aeronáuti-co. Proceso buscó a Gina Diez Barroso para una entrevista, pero en su oficina se negaron a informar de su participación en Mexicana.

Interjet explota 22 de las rutas, slots y horarios de Mexicana de Aviación en México, además de las de Guatemala, La Habana y San Antonio; pretende hacer-lo también a Miami y Nueva York. Aero-méxico a su vez utiliza rutas, slots y hora-rios de Mexicana hacia Caracas, Bogotá, Denver, Fresno, Panamá, Montreal, San José y los destinos nacionales de San Luis Potosí y Tuxtla Gutiérrez.

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Pérez Jácome. Obstáculos

Alemán. Ganón

Cuando el Papa Benedicto XVI, en su próxima visita a México, evoque a los mártires cristeros ante los católicos del Bajío, pocos echarán de menos la mención de José de León Toral. En las cartas que le dirigió a Roberto Pro en 1928, De León ensalza a sus hermanos Miguel Agustín y Humberto Pro, fusilados el año anterior, y le cuenta que va a emular su martirio. En efecto, fue condenado a muerte por asesinar al general Álvaro Obregón, pero la jerarquía católica mexicana nunca lo nombró mártir de la Iglesia. A él, que comparaba la guerra cristera con un reñido parti-do de futbol, finalmente le anularon el gol.

probablemente sí. Desde la última ves que te vi, ya no te he vuelto a ver y palabra que lo siento mucho.

Otra cosa que sentí mucho más (en serio) fue que no hayas hecho, o mejor dicho no hayas sido llamado a la acción que consumaron tus hermanos: uno centró, el otro remató; tú (en esta ocasión goal-keeper) imposible que mar-caras también tu goal. Pero ¿cuántas veces un portero es el héroe del partido? Ya paraste mu-cho, te falta todavía más; sólo Dios N.S. sabe si te cambiarán de delantero. Pido que no in-terpretes para mal mis figuras; solamente pa-ra tu bien. Hay señalados muy diferentes ca-minos para llegar a la patria bien adinerados.

La cartita que mandaste a tu hermana yo he tenido el gusto de leerla más adelante y el consuelo fue recibido no como procedente de Cuba, sino de mucho más allá. Ya han comen-zado a consolarse del todo.

Hubo una pobrísima sustitución, pero a no dudar con la ayuda de Dios N.S. y los mucha-chos se podrá cumplir. Esa ayuda ya la hemos visto patente.

Todos los de mi casa y los amigos te desea-mos especiales consuelos, y acabo rogándote me encomiendes en tus oraciones.

Espero tus letras y quedo tu seguro servi-dor y amigo.

Pepe.

La segunda misiva, también manuscrita y fechada el 8 de marzo de ese año, empieza con un “Viva Cristo Rey” y prosigue:

Sr. Roberto ProHabana, Cuba.Muy querido amigo:Espero que te encuentres muy bien de salud, tranquilo de espíritu y con una buena chamba.

Supongo que recibirías, mejor dicho sé que recibiste una carta mía medio rara. Lástima que no haya recibido contestación, pero tal ves se deba a falta de conductos u otra razón de pe-so (cubano).

No obstante, ya ves que te vuelvo a escri-bir aparte de mandarte multitud de saludos con Anita y tu papá.

Nuestro Señor tuvo que morir para sal-varnos. La sangre de los mártires es semilla de buenos cristianos. Yo necesité que murieran tus santos hermanos para decidirme a mover-me. Ahora estoy trabajando con empeño. Te consolará mucho saber que todo este rumbo está muy animado y que se ha logrado algo y esperamos alcanzar mucho más. Algunos mu-chachos han reaccionado también y otros han comenzado a trabajar.

No hemos dejado de pedirle a Dios N. S te ayude con tu carga; ya lo creo que deb ser pesada. Sin embargo todo depende del

do como se lleve: una petaca puede descoyuntar un brazo y sobre el hombro cargarse sin fati-ga. Dios N.S. todo lo dispone para nuestro bien, ¿por qué hemos de dudarlo? Y si no lo dudamos ¿por qué nos entristecemos? Calculo que tus hermanos han de tenernos santa envidia, están disfrutando de una gloria conquistada con sus trabajos, su santa muerte, y deben estar sor-prendidos del premio –inimaginable para noso-tros– que superó todos sus cálculos. Se de cada trabajo por insignificante que fuera, hecho por esta causa importante, nos proporcionó un gra-do más de gloria por toda la eternidad… ¿si hu-biéramos durado un día más, un año, diez años más? ¿cuánta mayor gloria no tendríamos? Sí, deben envidiarnos; nosotros estamos en posibi-lidad de almacenar méritos, santificándonos, y ¿por qué ha de ser imposible que lleguemos a morir de una manera tan gloriosa como ellos?

Un vaso de agua lo premiará Dios N.S, pero en todo hay distancias: no es lo mismo dar un vaso de agua al que siente deseos de beber que dar ese mismo vaso de agua al que sin él pere-cería de sed. Los trabajos en que tomamos par-te, no lo dudo, son todos por salvar a la Iglesia en México que muere por momentos. Con paga centuplicada ¿quién no trabaja contento? Pero sin la Fe no ganaríamos tanto o pronto decae-ría nuestro entusiasmo; pidamos a Nuestro Se-ñor nos dé y aumente la Fe. –He seguido jugan-do football y aún espero llegar a dar color. Sigo estudiando pintura y también tiro muy alto. Es-toy trabajando por la causa y ¿me voy a con-tentar con poco? Comprendo que en football y en pintura podría no convenirme llegar alto, y

Las cartas inéditas del cristero

RELIGIÓN

El “mártir”

asesinoRODRIGO VERA

El martirio de los hermanos Mi-guel Agustín y Humberto Pro Juá-rez –fusilados sin previo juicio en noviembre de 1927, en plena re-vuelta cristera – motivó al joven fanático José de León Toral a bus-

car su propio martirio, según le confesó a Roberto Pro, hermano de los “mártires” y a quien el gobierno callista le perdonó la vi-da pero lo exilió en La Habana, Cuba.

“La sangre de los mártires es semilla de buenos cristianos. Yo necesité que mu-rieran tus hermanos para decidirme a mo-verme. Ahora estoy trabajando con em-peño… ¿Por qué ha de ser imposible que lleguemos a morir de una manera tan glo-riosa como ellos?”, le comentó De León To-ral a Roberto Pro en dos misivas fechadas a principios de 1928 y que le envió a la ca-pital cubana.

En estas cartas, hasta hoy inéditas, De León le dice a Pro que lamenta el hecho de que “no hayas sido llamado a la acción que consumaron tus hermanos”. Además le informa sobre los buenos ánimos con que trabajan los católicos “por salvar a la Iglesia en México”. Le habla también sobre su vida privada, principalmente de su afi-ción por la pintura y el futbol.

Gracias a esta habilidad para la pintu-ra y el dibujo, a los pocos meses de escri-bir sus cartas De León logró acercarse al general Álvaro Obregón y balearlo en el restaurante La Bombilla, de San Ángel, en la Ciudad de México. Con este homicidio conseguiría su propósito de ser fusilado como los hermanos Pro.

La primera carta a Roberto, escrita a mano y fechada el 11 de enero de 1928, di-ce textualmente:

Sr. Roberto ProHabana, CubaBastante querido amigo:

Tal ves te acuerdes de mí, tal ves no; más 9 de febrero de 1929. La ejecución de José de León Toral

silamiento, quien le pregunta a De León Toral al momento de llevárselo:

–Y bien, ¿qué siente usted?–Nada.–¿Nada?–Sí, nada; no tengo ninguna impre-

sión, porque yo ya no estoy aquí.Ya frente al pelotón, con los potentes

máusers de fabricación rusa apuntándo-le, De León Toral pone los brazos en cruz y con los ojos abiertos va a gritar “¡Viva Cris-to Rey!”, pero sólo alcanza a exclamar: “¡Vi-va…!”, porque la voz de fuego se le adelanta.

Ocho balas atraviesan su pecho. Cae muerto. Aun así, el capitán Rodríguez Ra-biela se acerca a darle el tiro de gracia.

De León Toral mantuvo ante la muerte la misma serenidad que el sacerdote jesui-ta Miguel Agustín Pro, su fuente de inspira-ción y quien, en 1988, fue beatificado por el Papa Juan Pablo II por ser mártir de la fe, co-mo otros participantes de la Cristiada.

Para igualarlo con ellos, en 2001 un grupo de familiares y simpatizantes de Jo-sé de León Toral intentaron abrir su cau-sa de canonización en el Arzobispado de México. Para lograrlo inauguraron el Cen-tro de Estudios Históricos José de León To-ral en una vieja casona de la colonia Santa María la Ribera, muy cerca de donde vivió

el homicida de Obregón. Ahí exponían al-gunos de sus dibujos y escritos, acuñaron monedas de plata y elaboraron otros obje-tos conmemorativos.

La religiosa Esperanza de León, hija de José, comentaba entusiasmada a este se-

manario: “Mi padre es un santo, un már-tir, un héroe que ofreció su vida por la cau-sa de Cristo. Para mí y para mi familia está en lo más alto del cielo”. Y Jorge de León, sobrino, decía que “sacrificó su vida con fines religiosos” pero que el “tiranicidio” que cometió ha sido un “tema tabú dentro de la Iglesia” (Proceso 1275).

El arzobispado les dio el portazo. Ni siquiera aceptó abrir el proceso de cano-nización. “¡La Iglesia no canoniza asesi-nos! Uno de sus mandamientos es preci-samente: ‘¡No matarás!’. León Toral no es mártir porque asesinó. Si Obregón era pe-cador, tuvimos que buscar su conversión, no su muerte”, argumentaba el sacerdote Gerardo Sánchez, encargado de la Comi-sión para las Causas de los Santos del ar-zobispado (Proceso 1275).

En su viaje a México, programado para fines de marzo próximo, el Papa Benedic-to XVI estará solamente en el Bajío, epi-centro de la revuelta cristera. Presidirá la máxima concentración religiosa al pie del Cerro del Cubilete, lugar emblemático de los cristeros. Saldrán sin duda a relucir los nombres de sus mártires, pero no el de Jo-sé de León Toral. Su caso sigue siendo te-ma tabú para la jerarquía. Es el mártir in-cómodo de la Iglesia mexicana.

El sepulcro del asesino de Obregón

RELIGIÓN

Dios no me lo concedería, pero en lo tocante a la santificación de las almas Dios nunca falta, si-no que supera nuestras esperanzas— Si yo, que comienzo a trabajar ya estoy hablando de paga, tú que vas tan adelantado… deberías pedir a cuenta. Pidamos sin temor de abusar, pues nos tocará más de lo que nos imaginemos.

Hermano, animémonos mutuamente; no dejes de hacerlo con este tu algo viejo amigo.

José de León.

Cuatro meses después, el 17 de julio, De León Toral toma su cuaderno de dibujo y una pistola Star, calibre 35, y se dirige al res-taurante La Bombilla, donde se le ofrece una comida a Obregón, entonces presiden-te electo de la República. Se acerca al sitio de honor donde se encuentra el general y em-pieza a hacer su retrato a lápiz. Nadie sos-pecha del dibujante. Sorpresivamente sa-ca la pistola y dispara directo a la cara de Obregón. Después asesta varios tiros en el resto del cuerpo hasta vaciar la pistola.

El homicida es capturado ahí mis-mo, ante los aterrados comensales. Se le lleva a la penitenciaría de Mixcoac y, a diferencia de los hermanos Pro, se le somete a juicio junto con la religio-sa capuchina Concepción Acevedo –la madre Conchita–, a quien se le achaca la autoría intelectual del crimen.

La jerarquía eclesiástica de inme-diato se desmarca del asesino. El 6 de agosto monseñor Miguel M. de la Mo-ra, obispo de San Luis Potosí, declaró a la prensa que “no es el clero católi-co el autor del atentado”, sino “pobreci-tos exaltados que han llevado su exal-tación hasta dar muerte violenta a un prominente personaje político”.

Gol anulado

En prisión, De León Toral continúa di-bujando y escribiendo cartas. Da rien-

da suelta a su grafomanía, al grado de diri-girle una misiva manuscrita al director de la penitenciaría, Felipe Islas, donde le ofre-ce su opinión sobre el general Obregón. La carta, fechada el 22 de noviembre de 1928 y ahora perteneciente al archivo del Cen-tro de Estudios de Historia de México Car-so, dice:

Sr. D. Felipe Islas.La opinión que tenía del Sr. Obregón y la que ahora tengo.

Desde que el Sr. Obregón comenzó a figu-rar oía yo que le achacaban ser sumamente sanguinario e impulsivo, y enemigo de la re-ligión; que fue él o los suyos quienes en 1917 adicionaron los artículos persecutorios. Tam-bién se le atribuían las muertes de Carranza y las de Serrano y Gómez, más tarde. –Yo des-de 1915 trabajé en comercio y trataba con to-do género de personas. No tuve personalmen-

te pruebas de tanta cosa que oía en contra del Sr. Obregón, pero sí lo creía. —Circuló la es-pecie de que él iba a arreglar el asunto reli-gioso, pero no hubo ningún aviso oficial o se-rio, y mientras se reformaba en otras partes la Constitución, a su iniciativa de la cuestión religiosa no se hizo nada, no obstante la pú-blica ansiedad.

He sabido detalles hermosísimos de la vi-da del Sr. Obregón (su amabilidad, socorros a los necesitados, perdón a sus enemigos; pro-yectos e intenciones de arreglo, etc.), y, con ver-dad lo digo, si antes de julio he tenido estas pláticas con amigos del Sr. Obregón, nunca hu-biera intentado contra su vida; pues ya úni-camente no me explicaría ciertas cosas, pero imposible que buscara su muerte, ya que en un hombre de sus cualidades no cabe la mal-dad que suponía en él. Esto que ya conozco del Sr. Obregón, juzgo de urgente necesidad que se extienda, para deshacer tantas malas impre-siones en la gente; esto debería haberse hecho desde hace mucho tiempo.

Dentro de pocos momentos iré a la Vista de la Apelación. Me siento tranquilo pues me he abandonado en las manos de Dios, y sin ha-cerme la más mínima ilusión, no pierdo la es-peranza.

José de León Toral

El homicida finalmente consigue ser con-denado al paredón. La fecha marcada es el 9 de febrero de 1929. Antes del fusilamien-to todavía alcanza a escribirle estas últi-mas líneas a su madre:

Sra. María de la Paz Toral de De León.Mamacita querida:

¡Hágase la voluntad de Dios!¡Fuerte mamá por el Señor!¿Qué es la vida?, ¿qué es el cielo? Mama-

cita, por mí no tenga pena… cuídese usted. Vi-va aún lo que Dios quiera; recuerde que María

Santa sobrevivió muchísimos años a Jesús su hijo… Seguramente no dura-rá lo que Ella, pero ánimo mamá. Lo que dispongan de arriba.

Perdóneme todas mis faltas contra usted; Dios le dé una gran gloria por tanto que hizo por su hijito consentido.

El sacerdote Rafael Soto entra a la celda para aplicarle los últi-mos auxilios espirituales. Confiesa y absuelve al homicida que la jus-ticia humana condenó. Al salir de ahí se topa con los reporteros.

–¿Y cómo está José de León To-ral? –le preguntan.

–Tranquilo, asombrosamente tranquilo. Habla con facilidad de di-versas cosas. No le falta a su pen-samiento seguridad y aplomo –con-testa el sacerdote.

Después entra a la celda un ofi-cial moreno, de largos bigotes estilo káiser; es el capitán José Rodríguez Rabiela, al mando del pelotón de fu-

El fanático católico. Juicio

Obregón. El dibujo, el crimen

OpcionesN A R A N J O

ANÁLISIS

Despreciar, asesinar, contabilizar e ignorar, ese cuádruple acto en aparien-cia funcional, que recorre las lógicas del crimen, del Estado y de las campañas políticas, borra de los seres humanos el misterio del rostro. Al borrarlo, al desapa-recer esa realidad única e irrepetible que exige nuestro servicio, se degrada al ser humano a la condición de una pura ins-trumentalidad para uso del poder.

Las elecciones que nos aguardan se han convertido así en lo que no hemos de-jado de repetir: las elecciones de la igno-minia. El borramiento que han hecho del rostro de las víctimas y de la emergencia nacional ha reducido la vida de todos a tro-zos de piel cualquiera. “Sólo en un mundo sin rostros –escribe Finkielkraut– el nihi-lismo absoluto [como está sucediendo en México] puede establecer su ley”. Son los compasivos, aquellos cuyo ego está vulne-rado y reconocen, al margen del poder, el rostro de sus prójimos, quienes mantienen viva la humanidad del país.

Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a to-dos los zapatistas presos, derruir el Cost-co-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz, cambiar la estrategia de seguridad y resarcir a las víctimas de la guerra de Calderón.

E n su larga reflexión sobre el rostro y la revelación del prójimo, Emmanuel Le-vinas escribió una frase tan profunda co-mo conmovedora: “Sólo un yo vulnerable puede amar a su prójimo”. Sólo desde allí los seres humanos podemos abrirnos al otro que nos solicita en su presencia, en su dolor; sólo desde allí podemos recono-cer su rostro y conmovernos. Cuando se es vulnerable, el rostro del otro, que ex-presa la desnudez de un ser humano, “se me impone –dice Levinas– sin que yo pue-da permanecer sordo a su llamado, olvi-darlo, quiero decir, sin que yo pueda dejar de ser responsable de su miseria”.

El poder, sin embargo, no lo ve. Para el hombre y la mujer de poder, que sólo se miran a sí mismos, los otros no tienen rostro. Son una masa amorfa, una esta-dística, un expediente en los archiveros de la burocracia o una posibilidad para triunfar. Por ello Felipe Calderón borró a las víctimas de esta guerra criminalizán-dolas o reduciéndolas a “bajas colatera-les” que carecen de importancia para el Estado –simples cifras que se van acumu-lando y cuyo número es una abstracción que habla del poder–. Por ello también las campañas electorales en su inanidad, en su parálisis mental, en su ausencia de imaginación política y su corrupción, no han hecho otra cosa que continuar ese mismo borramiento. Obnubilados por el poder, lo que el ego vulnerable de la so-ciedad logró visibilizar: el rostro dolien-

te de las víctimas de la guerra, dejó de estar en su memoria y sus discursos. En la lógica de los partidos y de los candi-datos –magnificados por los medios–, las víctimas no son siquiera ya estadísticas, simplemente han dejado de existir. Pa-ra ellos, no hay emergencia nacional, no hay dolor, no hay víctimas ni un espan-toso estado de guerra que tiene postrada a la nación. Existen solamente los votos, la hermosa y dolorosa presencia de los seres humanos, reducidas a papeletas, a números, a instrumentos al servicio de la imbecilidad del poder.

Atrincherados en sus egos y sus inte-reses, la vulnerabilidad no forma parte ni de los partidos ni de los candidatos. Son el poder, y el poder no tolera el rostro de las víctimas. Por eso Gobernación y el Estado Mayor Presidencial, durante el segundo diálogo en el Alcázar del Castillo de Cha-pultepec, intentaron que las víctimas no entraran con las fotografías de sus muer-tos. Por ello, los partidos y los candidatos los han sacado de sus discursos. No quie-ren ver sus rostros porque no quieren ser vulnerados. Se niegan a la bondad que al responder a la interpelación de miles de rostros los obligaría a decir: “Aquí esta-mos ante sus miradas, obligados para con ustedes, siendo sus servidores”. Hacer-lo sería aceptar ser cuestionados por los ojos y las voces que hablan desde el dolor, sentirse obligados, acusados, requeridos, y ellos, al igual que Calderón, no quieren

aceptar esa responsabilidad tan humana como exorbitante. Es mejor entonces, pa-ra ellos, darles la espalda y endurecer el oído, aunque eso signifique también darle la espalda a la nación entera y a su clamor de paz y de justicia. Su lógica es la misma que la de los criminales: borrarlos, des-aparecerlos de la existencia, sacarlos de la intranquilidad de la conciencia que es, di-ce Finkielkraut, “la modalidad misma de la hospitalidad moral” y del acogimiento del otro.

Las víctimas son siempre molestas para los hombres y las mujeres del poder porque al irrumpir en sus egos turban su quietud y los desvían de sus intenciones egoístas. Sus rostros los despojan de su soberanía y los obligan a acciones humil-des. El amor que les reclaman los pone a prueba, los violenta, los desaloja, los per-sigue y hostiga hasta en los rincones más recónditos de sí mismos. De allí la cruel-dad con la que los criminales las destru-yen; de allí también el desprecio con el que el poder las trata; de allí el mal que se ha instalado en la vida de México.

Al reducir a las víctimas a una pura carne despreciable o al borrarlas bajo la lógica de la estadística o de la inexisten-cia, el poder del crimen y el poder del Estado han creado un universo en el que los seres humanos son nada, seres inter-cambiables, utilizables o desechables: “Si los mataron –dice esta lógica implaca-ble– es que algo han de haber hecho”.

El borramiento del dolor

J A V I E R S I C I L I A

ANÁLISIS

El regreso del ogro

E N R I Q U E S E M O

El ogro filantrópico, lo llamó Octavio Paz. Quizá el nombre de El ogro clientelar fuera más exacto. En todo caso, las en-cuestas tempranas le atribuyen todas las posibilidades para que regrese al poder. Ante esto, urge hacer una reflexión sobre lo que el regreso del PRI significaría para el proceso de democratización.

Hace sólo 12 años el PRI estaba sumi-do en una profunda crisis: 70 años de do-minio ilimitado se esfumaban en el aire. El electorado no sólo rechazó un partido, sino, en muchos sentidos, un régimen. Y para que no hubiera dudas, en 2006 repi-tió su dictamen. En el 2000, el PRI perdió la Presidencia, así como la mayoría constitu-cional en las cámaras de diputados y de senadores; seis años más tarde seguía en caída libre, con 22.6% en la elección presi-dencial frente a 35.9% del PAN y supuesta-mente 35.3% de la coalición de izquierda. En las cámaras se vio reducido al segundo puesto y sólo el número de sus goberna-dores se mantuvo. Esto representaba un rechazo contundente.

¿Qué ha permitido que una parte de la ciudadanía que impulsó con tanta esperan-za la alternancia y el pluripartidismo, ya sea hacia la derecha o la izquierda, haya vuelto a optar por el pasado? O bien, ¿el PRI de hoy ha cambiado tanto que la gente piensa que ya no tiene nada que ver con el autoritaris-mo que nos rigió durante el siglo XX?

Sin duda, el desempeño desastroso y angustiante del segundo gobierno del PAN tiene mucho que ver con el regreso del ogro. Y podrían citarse causas más técnicas, co-mo el apoyo de la televisión y los medios, así como los éxitos del exgobernador del Estado de México. Pero hurgando más pro-fundamente en las experiencias y la psico-logía del electorado, ¿por qué no opta por la izquierda, la otra fuerza de oposición histórica? Es verdad que sólo estamos en la pre-campaña y todo puede cambiar. Pero la izquierda debe plantearse esta pregunta con mucha preocupación porque el PRI es el principal adversario a vencer.

El PRI no es sólo un partido. Es, como dijo una vez Cosío Villegas, un estilo de

y reproduciéndolo para volverse una pie-za de él. La lealtad a ideas y partidos cede el lugar a las lealtades personales.

La “transa” llega a ser la regla no es-crita de un sistema de poder altamente centralizado. Al margen de lo legal y lo es-tablecido, contractual o públicamente, está siempre la posibilidad de llegar a un “arre-glo” en el cual se prescinde del pueblo, de los militantes o de la ley. En la cúspide todo es secrecía; los hilos de poder permanecen ocultos para la mayoría de la población, que se mueve en un ambiente de rumo-res en lugar de información. La jerarquía del poder se construye en la lealtad a las “transas” del jefe, en servilismo y lambis-conería. El poder puede usarse para bien o para mal, pero la capacidad de influencia de la ciudadanía es mínima; la cúpula, en cambio, vive en la impunidad y la arbitra-riedad. El poder del presidente o del jefe y sus subordinados no tiene contrapeso al-guno. La “transa” ilegal en nuestro partido es loable, y en el del enemigo, un crimen. Durante largo tiempo la mayoría de los mexicanos consideró que la estructura de poder creada por el PRI era deleznable

gobernar que, mantenido durante más de 70 años, se transforma en una cultura política. De ahí que algunos observadores confundan los hábitos aprendidos con una supuesta esencia del mexicano. La sustancia democrática que se despren-de de nuestras leyes fue transgredida por los gobiernos autoritarios, cuyas prácticas cotidianas eran frecuentemente ilegales, amorales y violentas. La infracción arbi-traria y sistemática de la ley deja como único terreno sólido de conducta la lealtad al jefe. En ese mundo, el oportunismo y la simulación son formas de sobrevivencia. Para citar otra vez a Octavio Paz: “El simu-lador pretende ser lo que no es. Su activi-dad reclama una constante improvisación, un ir hacia adelante siempre, entre arenas movedizas. A cada minuto hay que reha-cer, recrear, modificar el personaje que fin-gimos, hasta que llega un momento en que realidad y apariencia, mentira y verdad, se confunden…”.

En el juego de intereses personales y de grupo, pactos y alianzas turbias y se-cretas, el antiguo opositor que ahora pue-de pactar con el sistema acaba avalándolo

Candidatos y tendencias

J E S Ú S C A N T Ú

L o más probable es que este do-mingo 5 de febrero ya no haya ninguna duda sobre los candidatos presidencia-les: Josefina Vázquez Mota por el PAN; Andrés Manuel López Obrador por la coalición Movimiento Progresista, y por el PRI y la coalición Compromiso por México, Enrique Peña Nieto, quien, justamente como se pronosticó, tendría su mayor nivel de preferencia electoral tras dejar la gubernatura (encuestas de octubre de 2011) y, a partir de ese mo-mento, iniciaría su declive paulatino, al punto de que hasta ahora ha perdido casi ocho puntos porcentuales.

No hay ninguna razón objetiva para suponer que no se confirme la postu-lación de Josefina Vázquez Mota, pues aunque la legisladora con licencia no inició la contienda interna a la cabeza de las preferencias (como sí lo hicie-ron los otros dos candidatos), desde marzo del año pasado arrancó con un crecimiento sostenido, obtuvo la pri-mera posición en agosto y ahora supera en todas las encuestas a los otros dos precandidatos con una relación de casi dos a uno (sumando las preferencias de Santiago Creel y Ernesto Cordero).

Todas las encuestas coinciden en que entre los simpatizantes blanquia-zules Vázquez Mota lleva una amplia ventaja, pero además todas (con la única excepción de la realizada en di-ciembre por Reforma) muestran que si ella es la abanderada panista iniciará su campaña en el segundo lugar de las preferencias electorales, por encima del candidato de la coalición de izquier-da, lo que no sucede con ninguno de los otros dos precandidatos, particular-mente con Cordero, quien aparece en un lejano tercer lugar.

Además, de acuerdo con la encues-ta de Consulta Mitofsky dada a conocer el pasado 1 de febrero, de los tres pre-candidatos Vázquez Mota es la única que muestra un saldo de opinión posi-tiva (mayor porcentaje de ciudadanos

que los que tienen de ella una opinión negativa) y también la única que hace crecer la preferencia electoral por su partido. Prácticamente todos los aná-lisis posibles a partir de las encuestas muestran la conveniencia, para el PAN, de postular a Vázquez Mota.

A pesar de ello, son pocos los que se atreven a asegurar su triunfo, por el apoyo de Felipe Calderón y sus allega-dos a la candidatura de Ernesto Corde-ro, lo que coloca en el ambiente político la posibilidad de un fraude electoral a favor del favorito del presidente. Son varias las reflexiones que vale la pena hacer al respecto.

La primera es la permanencia de algunos rasgos de la cultura política mexicana que aparentemente es impo-sible erradicar, entre los que sobresalen los siguientes dos: la importante pre-sencia que todavía tiene entre la ciuda-danía la idea del fraude electoral, con la posibilidad de que no sea la voluntad de los votantes (en este caso los militantes panistas) la que decida la elección de la autoridad, sino la voluntad del podero-so que, por distintas vías, imponga la suya, o bien, que la influencia del pode-roso, superior jerárquico y/o autoridad pese demasiado a la hora de votar.

En cuanto al evidente compromiso de Felipe Calderón con Ernesto Cordero, a pesar de que no genera ningún entu-siasmo entre los panistas, se abren, al menos, tres variantes: una, el presiden-te definitivamente cree que Cordero es su mejor sucesor (ya sea porque su oposición a las otras dos opciones –Váz-quez Mota y Creel– es absoluta o porque piensa que Cordero es el único capaz de darle seguimiento a sus políticas) y, por lo mismo, está dispuesto a apostar todo su capital (o lo que le resta) para lograrlo; dos, es una muy hábil jugada política para distraer a todos los actores políticos y, en realidad, su apuesta es a favor de Vázquez Mota, pero para dar-le libertad de movimiento la posiciona

como alguien que llegó en contra de su voluntad; y tres, hay algún arreglo para favorecer al candidato tricolor, Enrique Peña Nieto, pues la candidatura de Cor-dero casi en automático asegura el des-plome en las preferencias electorales del PAN y, de acuerdo con la encuesta ya citada, casi la mitad de quienes opta-ron por el blanquiazul como su primera preferencia eligieron a Peña Nieto como la segunda (30% manifestó que nunca cambiaría su voto, 20% no quiso reve-larla y únicamente 1% eligió a AMLO). Así que, de acuerdo con dicha encuesta, el gran beneficiario de un desplome pa-nista sería Peña Nieto.

Es casi un hecho que los panistas ele-girán a Josefina Vázquez Mota como su abanderada y que ésta, conforme a las últimas encuestas (de Consulta Mitofsky y Parametría, dadas a conocer el miérco-les y el jueves pasados, y muy coinciden-tes con el resto), arrancará en el segundo lugar con 28% de las preferencias electo-rales, 22 puntos abajo de Peña Nieto y ape-nas 6 puntos arriba de AMLO, con lo cual el segundo lugar todavía está en disputa, pues esta última diferencia se sitúa den-tro de los márgenes de error.

De acuerdo con los resultados de Con-sulta Mitofsky, de la encuesta de octubre del año pasado a la de la primera quince-na de enero de 2012, Peña Nieto perdió 8 puntos de preferencia efectiva (sin contar a los que no respondieron), Vázquez Mota ganó 5 puntos, y AMLO, 2.5.

Hoy todavía parece muy lejana la po-sibilidad de que Peña Nieto pierda una ventaja tan amplia (por estas mismas fechas, en el año 2000, Francisco Labasti-da superaba a Vicente Fox por 12 puntos, y el guanajuatense finalmente ganó por 6 puntos de diferencia; en el 2006, AMLO superaba a Felipe Calderón por 8 puntos, y en los comicios éste lo superó por ape-nas medio punto porcentual).

No obstante, si se mantienen las tendencias a la baja y a la alza, la elec-ción será muy cerrada.

ANÁLISIS

tras mes” al SNTE, y después enfren-tar reclamos de que desatendía los acuerdos de la Alianza en la búsque-da de su candidatura por el PAN.

La denominada “evaluación uni-versal del magisterio”, que nunca fue discutida con expertos, secciones sindicales o algún grupo de maestros –ahora se ha limitado sólo a los afi-liados al SNTE–, se impuso sólo con el aval del grupo gordillista, pero ha tenido tan malos resultados que de ninguna manera puede aseverarse que ha impactado en la calidad de la educación, en ningún sentido. El mecanismo ha servido, otra vez, pa-ra el beneficio del grupo cerrado del SNTE, y no para los miles de maestros que con todas las buenas intenciones acuden a evaluarse. El hecho es que su rechazo crece y crece. Y el mismo destino ha tenido la supuesta refor-ma a la educación básica, que ha pre-tendido poner en marcha un modelo educativo basado en competencias, porque se tenía planeada su generali-zación en el ciclo escolar 2010-2011, y esto no ha ocurrido ni en la imagina-ción, pues ha quedado en puro rollo.

El grupo de Elba Esther ya no pue-de garantizar votos, pero sí marrulle-rías, y habrá que ver quién se atreve a recurrir a ellas para atraer sufragios. Tampoco da imagen política, sino to-do lo contrario, y lo peor es que, por donde se le vea, ha demostrado ser el obstáculo más grande para mejorar nuestra educación. Sin embargo, no olvidemos que este grupo y su diri-gente no van solitos, pues han sido arropados para evitar que ocurra una verdadera reforma educativa. Sería verdaderamente cínico quien adujera lo contrario.

La corrupción

S A B I N A B E R M A N

1. La corrupción existe en México. Hay que afirmarlo, así pa-rezca candoroso, porque de forma interesada los que tienen la voz pública, los políticos, quieren con-vencernos que es un tema menor o subsidiario. “Parte de una guerra sucia con fines electorales”, dice el presidente del PRI esta semana, cuando un funcionario de un go-bierno priista fue capturado con 25 millones de pesos en efectivo. Par-te de una voluntad envenenada de populistas de izquierda, dicen los panistas, cuando la gente se indig-na ante el costo desorbitado de la Estela de Luz.

2. Y es que la corrupción no empezó a erradicarse en el año 2000, cuando se inauguró la alter-nancia en México, como fabulan los políticos. Lo demuestran los últimos escándalos donde se han develado casos particulares, con montos extraordinarios de mal-versación de dinero público. Lo demostrarán los siguientes casos que el gobierno federal panista develará en esta guerra por la Presidencia.

Habría que preguntarles a los panis-tas: si ahora develan estos casos, ¿por qué ayer no?

3. Todos los mexicanos somos corrup-tos, supone uno de los mitos que nos pa-ralizan en su erradicación. Octavio Paz pensó en el siglo pasado que la enferme-dad nos venía de antiguo, lo que es cierto, y que los mexicanos la condonamos en otros porque la compartimos, lo que ha dejado de ser cierto. En realidad, la mayor parte de los mexicanos no podemos ser corruptos.

Aquellos que no trabajamos en el go-bierno o en el crimen organizado, esta-mos sujetos a la rendición de cuentas de la empresa privada. Ninguna organización productiva podría subsistir con el saqueo sistemático que padece el gobierno. Nin-guna organización laboral fuera del gobier-no disculparía desfalcos de sus empleados.

4. A propósito: ¿dónde está la ganancia billonaria de Pemex de este último sexe-nio? El senador Manlio Fabio Beltrones sue-

le aseverar que nunca en nuestra historia ha habido una ganancia mayor en Pemex, y suele luego afirmar que este gobierno debe dar cuenta de ella. Sorprende que lo declare en la prensa y no lleve el tema al Senado, donde tendría consecuencias legales.

5. Lo cierto es que sólo en nuestros tratos con el gobierno o el crimen los ciu-dadanos podemos, o estamos obligados, a transar. El Estado sigue siendo “el gran corruptor”. La expresión es del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que conoció desde adentro los engranajes del sistema político.

6. La corrupción es excepcional y su monto, sumados todos los casos particula-res, es despreciable. Este es otro mito que rodea a la corrupción y que nos cuentan también los políticos. En general, los ciuda-danos suponemos lo contrario, la corrupción en el gobierno es la norma, su monto tiene consecuencias para la economía del país y lo que es excepcional es su develación.

Como la corrupción es encubierta, no hay números que la cifren y decidan qué percepción es más justa. Pero cada que el sistema político elige a un corrupto para

Adiós, Elba Esther

A X E L D I D R I K S S O N

E l declive del grupo que encabe-za Elba Esther Gordillo está siendo aún más pronunciado ante la proxi-midad de la elección federal. Recha-zado por el PRI, desairado por dos de los precandidatos del PAN y vili-pendiado por Andrés Manuel López Obrador, este grupo compacto que lleva más de dos décadas enquista-do en el SNTE –dos sexenios gozando de las alianzas con los gobiernos del PAN, que le facilitaron y entregaron recursos millonarios, cargos de alto nivel a lo largo y ancho del país y la mitad de la SEP– está en sus peores momentos.

La dirigente de este grupo se ha convertido en el ícono de lo más abe-rrante y corrupto de la política mexi-cana –habiendo tanta tela de dónde cortar–, en objeto de rechazo multitu-dinario por parte de miles de maes-tros –como se pudo observar durante las manifestaciones que ocurrieron hace unos días–, y ahora en un per-sonaje despreciado por sus otrora aliados. La fortaleza que antes podía esgrimir para negociar puestos y ca-nonjías ha ido disminuyendo y ape-nas puede acomodarse a la sombra de su inefable protector, Felipe Calderón –al que le quedan pocos meses para continuar con su farsa de combate al crimen y a la delincuencia–, y de su precandidato que no levanta, Ernesto Cordero.

Y es que las cosas no le han sa-lido bien a ese grupo. Las denuncias por abuso ilegal del poder y de co-rrupción sindical y electoral se le han venido acumulando, y sus irregulari-dades son tan evidentes que se han convertido en una papa caliente para este régimen panista. El partido que

controla el grupo enquistado en el SNTE, el Panal, no pudo maniobrar electoral-mente a favor de la hermana de Calderón en Michoacán, y en el mismo sindicato los tiempos se están apretando peligro-samente, porque el próximo 16 de marzo se vence la toma de nota que de manera ilegal le entregó el presidente del Tribu-nal Federal de Conciliación y Arbitraje en 2008, y se tendrá que emitir la convoca-toria (que debería de haberse conocido desde diciembre de 2011) al congreso nacional para renovar el Comité Ejecuti-vo Nacional. Si todo se presenta formal y legalmente, este grupo tendría que dejar el poder que se ha adjudicado de manera fraudulenta durante tanto tiempo.

Desde sus puestos en la SEP, este grupo y su dirigente no han hecho sino refrendar la total incoherencia y burocra-tización que han mostrado los gobiernos panistas en el ámbito educativo, y en sus secretarías estatales, federales y del Dis-trito Federal han dado muestras de que operan para su beneficio particular, no para mejorar el de por sí desastroso sis-tema educativo que, como nunca antes, existe en el país.

Por ejemplo, con la suscripción de la denominada Alianza por la Calidad de la Educación (suscrita el 15 de mayo de 2008) se puso en marcha un mecanismo excluyente del resto de los maestros, justificado a partir de metas abstractas y deseos que no han redundado en nin-gún cambio a favor de la educación, y las evidencias son harto conocidas. Esta alianza entre Calderón y el grupo que co-manda Elba Esther Gordillo fue el motivo, además, de constantes desatinos de la entonces secretaria de Educación, Josefi-na Vázquez Mota, quien tuvo que sufrir la pena de su extravío cuando el mismo Calderón la llamó a rendir cuentas “mes

pero la única que aseguraba la estabilidad y la paz internas; de ahí que el cinismo se convierta en la otra cara del autoritarismo, muchas veces sangriento.

“No importa que el político robe, si de-ja también algo para los de abajo”. “Sólo el pendejo le cree al político; si quiere tu voto, que pague”. Estos dichos expresan la asimilación popular del autoritarismo y la corrupción de los de arriba para reprodu-cirla hasta en las capas más desfavoreci-das de la sociedad.

Una democracia no puede prescindir del estado de derecho, del respeto a los principios del gobierno representativo, de la solución pacífica de los conflictos sociales. Es verdad que no hay democracia perfec-ta, pero hay un punto en que las prácticas antidemocráticas se vuelven realidad auto-ritaria. Y a pesar de los avances evidentes, México no ha cruzado aún el límite que se-para autoritarismo de democracia.

La razón del regreso del ogro es que el PAN, partido de oposición de origen liberal, ya en el poder acabó utilizando sin reparos y en forma visible las prácticas del PRI. Ni siquiera llevó a juicio a los responsables de la guerra sucia y Miguel Nazar Haro murió tranquilamente de vejez. Por si esto no fue-ra suficiente, el PAN llegó incluso hasta un monumental fraude electoral.

El PRD, por su parte, no quiso quedar-se atrás y no ha podido hacer una elección interna medianamente satisfactoria ni em-poderar a la militancia frente a la cúpula. Lo cómico es pensar que el electorado mexica-no de hoy no se da cuenta de eso y acepta, al igual ayer, esa forma de hacer política como “natural”, como única posible. Si el PAN se mimetiza sin lograr la paz y la estabilidad, y el PRD se parece políticamente cada día más al PRI, aun cuando en lo social y lo eco-nómico difiere de él; si el regreso al estilo de gobernar tradicional parece ser inevitable, ¿por qué no poner al PRI en el gobierno, si es el que mejor sabe hacerlo?

La izquierda debe diferenciarse del PRI no sólo en su programa económico y so-cial, sino en el estilo de hacer política, en dar el paso de las prácticas autoritarias a la democracia. Sólo así podrá demostrar que otro México es posible. En nuestro país, la democracia no es sólo pluralidad de par-tidos y competencia entre los poderes; es también, y sobre todo, un cambio en los modos autoritarios de ejercer el poder. En la campaña que apenas comienza, la iz-quierda deberá dejar claro que está cons-ciente de este desafío. Su debilidad no está en las características personales de su can-didato a la Presidencia, sino en la cultura política que aún predomina en sus filas.

La labor del PEN club

M A R T H A L A M A S

municadores. Las siglas PEN aluden tanto a la “pluma” con la que se escribe como a las iniciales de Poetas, Ensayistas y Novelistas. Creado en Londres en 1912 con el objetivo de luchar por la libertad de expresión, la paz y la amistad, su labor se ha ido fortale-ciendo en la medida en que ha defendido a los escritores hostigados, perseguidos o en-carcelados por sus palabras. Por eso el PEN Club deja una silla vacía en todos sus actos públicos como un símbolo que recuerda a los escritores presos o asesinados.

Es tal vez la organización defensora de los derechos humanos más antigua del mundo, y cuenta hoy con 145 representa-ciones alrededor del planeta. México ha tenido varios presidentes de ella, y hoy la encabeza una escritora: Jennifer Clement. En su discurso, Clement recordó que Méxi-co fue uno de los primeros países en afi-liarse al PEN Internacional, y señaló: “En México estamos enfrentando un nuevo or-den en la censura: el acoso y la ejecución de periodistas por organizaciones crimina-les. La valentía de los periodistas locales e internacionales al cubrir estos asuntos es formidable”. Clement dio las gracias por la solidaridad de todos los centros PEN del mundo ante este grave problema.

Las cifras son realmente aterradoras: “Tan sólo en 2011 se registraron 17 homici-dios en el gremio: 13 periodistas, dos traba-jadores en áreas distintas a la Redacción, dos laborantes de talleres y aparte dos fa-miliares, lo que sumado en los años de go-bierno panista representa 101 asesinatos, que se desglosan así: 85 periodistas, ocho trabajadores de talleres, seis familiares de víctimas y dos amigos. Además, hay que sumar 14 desapariciones sin resolver”. La organización Artículo 19 reveló que del año 2000 al 2011 organizaciones criminales mataron violentamente a 77 periodistas en México. En meses recientes, estos gru-pos han asesinado a 15 reporteros, desapa-recido a tres y atacado con armas de fuego o explosivos a 19 periódicos.

La agenda de la delegación del PEN no se redujo al acto en Casa Lamm. Tuvo una entrevista con el jefe de Gobierno, Marce-lo Ebrard, y con representantes del Sena-do, de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República. El subprocurador Jurídico y de Asuntos In-ternacionales de la PGR, Alejandro Ramos Flores, le dijo que “no se escatimarán es-

fuerzos para lograr el esclarecimiento de los crímenes cometidos contra perio-distas en el país”. También comentó las medidas de protección a favor no sólo de periodistas y comunicadores, sino de to-das aquellas personas cuya actividad es-tá relacionada con la escritura en medios impresos y electrónicos.

El presidente del PEN Club Internacio-nal destacó que cuando comenzaron los

asesinatos y desapariciones de periodis-tas en nuestro país, en el PEN Club pen-saron: “Es México, es una democracia, es una gran civilización, esto no va a durar”. Pero cuando vieron que la ola seguía y crecía, consideraron que se trataba de un patrón de comportamiento y que había que hacer algo. Muchas gracias, PEN Club, por la preocupación y la solidaridad. Las necesitamos.

ANÁLISIS

El lenguaje es lo que nos constituye como seres humanos. Mediante la pa-labra nos comunicamos con los demás habitantes del planeta, y una forma su-prema de hacerlo es con la escritura. Sean poéticos o periodísticos, los escritos no sólo logran traspasar fronteras para transmitir ideas y sentimientos, sino que incluso, como lo ha demostrado el PEN Club, detienen injusticias y salvan vidas. Así sucedió con Arthur Koestler, arresta-do en la España fascista de Franco y sen-tenciado a muerte, pero liberado luego de que el PEN Club hiciera presión. Y tam-bién el PEN Club salvó a Wole Soyinka, marcado para una ejecución inmedia-ta, de una forma por demás chusca. En 1967 el PEN, que tenía como presidente al dramaturgo estadunidense Arthur Mi-ller, envió una carta al jefe de Estado de Nigeria, el general Yakubu Gowon, soli-citando el indulto para el poeta. Cuando el general vio quién firmaba, preguntó si era el mismo hombre que se había ca-sado con Marilyn Monroe. Al comprobar que sí, Gowon liberó al prisionero, quien luego abandonó el país, siguió escribien-do y ganó el Premio Nobel de Literatura en 1986. Estas son sólo dos anécdotas, pero el PEN Club ha realizado todo tipo de intermediaciones y defensas. Cuando en España el dictador Primo de Rivera encarceló a Miguel de Unamuno, el Con-greso del PEN creó el Comité para la De-fensa de los Escritores en Prisión.

Más recientemente el PEN se ha inte-resado por la suerte de los periodistas, y ahora le tocó a México recibir a una im-portante delegación, encabezada por el actual presidente del PEN Club Internacio-nal, John Ralston Saul, e integrada por Hori Takeaki, presidente del PEN Japón y secre-tario del PEN Internacional; Gillian Slovo, presidenta del PEN inglés; Emile Martel, presidente del PEN Quebec, y la exgober-nadora de Canadá Adrienne Clarkson, en-tre otros. Lo nutrido y relevante de dicha delegación habla de la gran preocupación que hay a nivel mundial por lo que está pa-sando en nuestro país.

El PEN Club México organizó un ac-to por nuestros periodistas asesinados o secuestrados. El pasado domingo 29, en Casa Lamm, se dieron cita multitud de escritores de todos los géneros: poetas, periodistas, dramaturgos, novelistas, co-

exhibirlo y para que sea destrozado por la indignación ciudadana, atisbamos, como por una puerta entreabierta, los tamaños de los hurtos.

Humberto Moreira tomó parte o todo el monto de 33 mil millones de pesos del era-rio de Coahuila. De la Estela de Luz no son explicables 375 millones de pesos, según el Colegio Mexicano de Ingenieros Civiles. Según los abogados de su exesposa, el go-bernador Arturo Montiel se enriqueció du-rante su mandato en el Estado de México con 600 millones de dólares.

7. El sistema político elige a corrup-tos para expulsarlos de su seno, no por razones legales o morales, sino siempre políticas, y luego no los juzga. Los señores del poder político, abren la puerta para ex-pulsar a uno de ellos y mirar con regocijo cómo la opinión pública lo despedaza. Y luego lo que sigue es nada. Nada. Nada. No hay juicios donde el expulsado pueda lim-piar su fama o ser condenado y castigado.

No es casual: la Justicia es el engranaje mayor que falta para que nuestro sistema político no sea corrupto.

8. La corrupción persiste hoy oculta bajo métodos sofisticadísimos. En su ex-celente libro, Los ricos del gobierno, recién editado, Luis Pazos describe parte del ar-senal que hoy emplean los funcionarios para hurtar y traficar influencias. Me de-tengo en uno. La creación de empresas ficticias. Agrego tres más. La inflación de los precios de los terrenos donde los fun-cionarios deciden construir obra pública. La inflación de los costos de esas cons-trucciones. La complicidad de funciona-rios de todos los órdenes de gobierno con los supuestos interventores de la Secreta-ría de Hacienda.

9. Pero el costo al país de la corrup-ción es más que pecuniario, para empezar implica la distorsión de las decisiones de gobierno. Se decide lo que conviene al que decide, no a los muchos. Se vende el futuro del bien común en aras del bien de uno o unos cuantos. Reflexiónese sobre lo que ha costado a una generación de niños la au-sencia de un proyecto educativo, dada la paralización del sector por un sindicato de maestros que pone y descarta secretarios de Educación. Reflexiónese otra vez sobre ese superávit petrolero. Tómese usted tres tequilas y siga reflexionando.

10. Para seguir, la corrupción tiene un costo al orden moral. Textualmente, la co-rrupción desmoraliza a la sociedad. Difumi-na los límites del bien y el mal. Vuelve a la ley negociable. Emborrona cualquier mérito

o valor. La corrupción es una neblina moral que envenena la convivencia y abre la op-ción del reino de la ley del más fuerte.

El crimen que asuela al país no es si-no el reclamo de otras clases, aparte de la clase política, de saquear lo ajeno y traficar con lo prohibido.

11. En todas partes del planeta hay co-rrupción, relata otro mito narrado para nuestro consuelo. Obligatoriamente lo cuen-tan quienes no han vivido en otras partes del planeta. La realidad es que una corrupción endémica, como la nuestra, solo ocurre en países no desarrollados. En países no desa-rrollados sí que sucede lo que en el nuestro. La corrupción impide la disolución de los monopolios, mantenidos a base de sobornos y extorsiones al gobierno. Impide los proyec-tos de educación verídicamente ambiciosos. Impide la inversión extranjera, ahuyentada por la falta de normatividad clara.

Vasos comunicantes, la corrupción y el no desarrollo suelen convivir.

12. En el tema de la corrupción, los políticos entre sí juegan damas chinas. Enrique Peña, candidato del PRI a la Presi-dencia, abraza a Mario Marín, exgoberna-dor señalado por la prensa como corruptor sexual de menores y protector de trafican-tes de niñas para uso sexual, y a la semana lo palomea para ocupar una senaduría, por vía automática, sin el trámite de una vota-ción pública, y donde gozará de fuero. Si se lo permite, es porque la infamia del acto se equilibra por otros actos infames de otros políticos. Por ejemplo, Andrés Manuel Ló-pez Obrador, candidato de las Izquierdas, palomea esa misma semana a René Beja-rano, asimismo exhibido por la prensa co-mo ladrón de ligas y portafolios con dinero ajeno, para otra senaduría plurinominal, donde igual será amparado por el fuero.

13. Los ciudadanos queremos una democracia digna y con porvenir. Acaso por ello rehuimos las historias de pillos de cuello blanco y nos disponemos a es-cuchar, en la liza por la Presidencia, deba-tes sobre ideas constructivas para el país. Nos engañamos sin embargo si ponemos el odioso, el sucio, el maloliente tema de la corrupción en una esquina de nuestra conciencia, y permitimos que los políticos lo omitan de la conversación democrática.

Ahí está esa suciedad, esa neblina mo-ral, ese viejo perro cojo, con los colmillos igual de mordelones que hace un siglo. No exigir a los políticos que respondan sobre su parte en la corrupción, implica aceptar que nos merecemos seguir otro siglo so-metidos a ella.

RICARD GONZÁLEZ /EL PAÍS*

EL CAIRO.- La tragedia del miér-coles 1 en el estadio de futbol de Port Said, donde tuvo lugar una violenta refriega que se saldó con 74 víctimas morta-les y más de mil heridos, re-

abrió las costuras de la turbulenta tran-sición egipcia.

En una caldeada sesión parlamenta-ria varios diputados pidieron el jueves 2 la dimisión del ministro del Interior, Mo-hamed Ibrahim, y responsabilizaron de los hechos a la Junta Militar. La tensión se palpaba esa noche en el centro de El Cairo, donde miles de manifestantes se enfrentaron a las fuerzas del orden, en lo que podría ser el anticipo de una nueva ola revolucionaria. El Ministerio de Sani-dad egipcio estimó en más de 388 los he-idos en los choques ocurridos esa noche.

El primer ministro, Kamal Ganzuri, intervino en el Parlamento para expresar su dolor por lo ocurrido y dar explicacio-nes de la actuación gubernamental. “Es-toy dispuesto a rendir cuentas ante cual-quier institución porque sé que tengo una responsabilidad política por los hechos”, dijo Ganzuri, quien acudió al hemiciclo acompañado por el ministro del Interior.

En su breve discurso, Ganzuri informó que el gobierno había actuado con celeri-dad la noche anterior y había aceptado las dimisiones del gobernador de Port Said, del responsable de las fuerzas de seguridad de la región, así como de toda la junta directi-va de la Asociación de Futbol Egipcia.

Como en otros episodios violentos de los meses anteriores, el gobierno culpó de la matanza a un misterioso complot “que pretende desestabilizar el país”, una he-rramienta discursiva que los actuales lí-deres del país parecen haber tomado pres-tada del manual del régimen anterior. La noche del miércoles 1, el mariscal Hussein Tantawi, presidente de la Junta Militar, ha-bía recurrido a la otra medida habitual: la apertura de una comisión de investiga-ción. “Los culpables serán castigados”, aseguró en declaraciones a la prensa.

Sin embargo, las promesas de Tantawi y Ganzuri no inspiran ya ninguna confian-za en la mayoría de los diputados electos en las primeras elecciones democráticas, por lo que la institución decidió realizar su propia investigación de los hechos. Va-rios legisladores lanzaron en sus discur-sos en la cámara afilados dardos contra la cúpula castrense.

“No es aceptable para el director de la seguridad de Port Said, al que no absuel-vo de ninguna responsabilidad, convertir-se en un chivo expiatorio. Queremos una limpieza a fondo del ministerio del Inte-

rior”, afirmó Hussein Mohamed Ibrahim, diputado del Partido de la Libertad y la Justicia, organización política con la que los Hermanos Musulmanes se presenta-ron en las recientes elecciones.

Precisamente, la restructuración del sistema de seguridad, al que las organiza-ciones de derechos humanos acusan de perpetrar numerosos abusos, es una de las principales demandas insatisfechas de la Revolución del 25 de enero.

El histórico movimiento islamista emi-tió un comunicado público en el que atri-buyó la violencia a “facciones internas con fuertes relaciones con el antiguo régimen”, y que tendrían como objetivo “bloquear una transición pacífica”.

Más directo y contundente fue Moha-med Abu Hamid, del partido laico Egip-cios Libres. “Lo que sucedió ayer (miérco-les 1) no lo podemos llamar un incidente. Es una conspiración de la que la Junta Mi-litar debe responder. La Junta debe caer. ¡La Junta debe caer!”, remachó el diputado ante las cámaras de televisión, que trans-mitieron en directo la sesión.

Los legisladores se hicieron eco en el hemiciclo de una indignación compartida por la mayoría de los egipcios, sobre todo por los miles de personas que se concen-traron el jueves 2 en la estación de tren de Ramsés para recibir a los aficionados del Ahly provenientes de Port Said.

En un país proclive a las teorías de la conspiración, no sólo algunos diputados ven la mano negra de la Junta Militar de-trás de una masacre inédita en la historia del futbol egipcio. “Los militares quieren crear el caos para justificar su permanen-cia en el poder. Es mucha casualidad que todo esto suceda justo después de levan-tar la ley de emergencia”, apuntaba Ah-med Ismail, un veterano ingeniero que se sumó a las marchas de protesta.

Una de las más multitudinarias pre-tendió culminar el jueves 2 frente a la se-de del Parlamento. Sin embargo, sus zo-nas aledañas, y buena parte del centro de El Cairo, estaban completamente selladas por la policía con alambradas y muros. Se desató una batalla campal con las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacri-mógenos para dispersar a los manifestan-tes, con un saldo de casi 400 heridos.

El mismo jueves un halo de incerti-dumbre envolvía los incidentes, que cons-tituyen el más violento de los espasmos que han sacudido al Egipto pos Mubarak.

Varios testigos aseguran que la presen-cia policial en el estadio de Port Said era mucho menor de lo habitual y que los agen-tes desplegados no hicieron nada para evi-tar que miles de personas invadieran el te-

INTERNACIONAL / EGIPTO

AP

La

“mano invisible” de la violencia

La violencia en el estadio de Port Said –cuyo saldo fue de 74 muertos y más de mil heridos– fue provocada, o al menos permitida, por las fuerzas de seguridad con el propósito de “castigar” a los seguidores del equipo de futbol Ahly, quienes han tenido una importante partici-pación en las manifestaciones en contra del depuesto régimen de Hosni Mubarak y de la actual junta militar que gobierna al país. Tal es la tesis de la organización Hermanos Musulmanes, que domina el Parlamento, y de activistas de la Plaza Tahrir. Pero la “provocación” resultó en apariencia contraproducente: reavivó las protestas antigubernamentales y desató una nueva crisis política.

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Estadio de Port Said. Tragedia

INTERNACIONAL / SIRIA

Miles de sirios se refugian en Líbano. Huyen de la repre-sión desatada por el régimen de Bashar al-Assad. Sin embargo, en este país son perseguidos por los aliados del dictador sirio, como Hezbolá. Activistas en el exilio coinciden en que la revuelta en Siria derivó ya en una guerra civil y que, pese a que el régimen de Damasco está herido, aún tiene la fuerza para resistir.

TRÍPOLI.- “Yo corría, tratando de es-capar de los tanques que nos ata-caban. Cuando llegué a un cru-cero recibí dos tiros en la pierna izquierda y caí. Un amigo se de-tuvo para ayudarme. Los franco-

tiradores le dispararon tres veces y una ba-la le dio en la cabeza. Murió en mis brazos. Su nombre era Hassan Matar.”

Abu Hamsa, un activista de 25 años (cuyo nombre real se mantiene en el ano-nimato por razones de seguridad, al igual que los de las personas entrevistadas en este texto), se afana en hacer un vívido re-

cuento de los acontecimientos del pasado 17 de diciembre, cuando fue herido duran-te los choques entre las fuerzas sirias de seguridad y los manifestantes en la ciu-dad de Qusayr, ubicada en la frontera de Siria con el norte de Líbano.

Junto a Abu Hamsa dos de sus com-patriotas guardan un respetuoso silencio mientras escuchan la historia: “Sucedió alrededor de las tres de la tarde. Yo per-manecí tirado en la calle durante cuatro horas, con mi ropa empapada en sangre y haciéndome pasar por muerto, para evi-tar que los francotiradores siguieran dis-parándome”.

Al oscurecer, su hermano tuvo la po-sibilidad de lanzarle una cuerda desde la esquina de la calle y arrastrarlo hasta sa-carlo del crucero. El hospital de la ciudad estaba ocupado por los shabbiha, las mili-cias sirias leales al régimen de Bashar al-Assad, por lo que la familia de Abu Hamsa decidió enviarlo a Líbano.

El largo

brazo de Assad

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MATTEO FAGOTTO

rreno de juego para linchar a los jugadores y aficionados del Ahly, el equipo visitante. En un comunicado en su página de Facebo-ok, las Águilas Verdes, el grupo de seguido-res fanáticos del club Masri, afirmaron “no tener nada que ver con lo sucedido” y de-nunciaron que “grupos de vándalos” se in-filtraron en sus filas.

“El mismo equipo”

Las banderas de los clubes de futbol Ahly y Zamalek, los dos más populares y lau-reados de Egipto, presidieron las diversas marchas de duelo y protesta que el jueves 2 organizaron en el centro de El Cairo “los ultras”, los aficionados más fanáticos del Ahly. A pesar de la tradicional inquina que existe entre los seguidores de ambos equi-pos cairotas, se hermanaron en sus sen-timientos de dolor y rabia por la tragedia del miércoles en Port Said.

“Estoy destrozado, ayer perdí a dos ami-gos en el estadio”, dijo con los ojos acuosos Atif Abdel Aziz, un joven de 19 años y cabe-za rasurada que se declara miembro de los ultras. “Pero hoy no estamos aquí como se-guidores del Ahly o del Zamalek. Todos so-mos de un mismo equipo: Egipto”, añadió, mientras señalaba la bandera de Egipto di-bujada en su frente.

La tarde del mismo jueves, frente a la sede de la Asociación Egipcia de Futbol, si-tuada en el exclusivo barrio de Zamalek, se concentraron a primera miles de perso-nas para pedirle cuentas a ese organismo. Los jóvenes gritaban consignas de home-naje a los caídos en Port Said, adereza-dos con referencias religiosas como “¡Dios ama a los mártires!” y “¡Con nuestra alma, con nuestra sangre, moriremos por voso-tros, mártires!”

“Yo soy un fan del Zamalek de toda la vida y me siento realmente conmociona-do. Todos somos hermanos. Todos somos egipcios”, aseguró Samih Alí, rodeado de

aficionados del Ahly que asentían con la cabeza. En el grupo había incluso un afi-cionado del Masri, el equipo en cuyo esta-dio tuvo lugar la masacre.

“Quienes asesinaron a más de 70 per-sonas no son seguidores del Masri. Vinie-ron de fuera, y se infiltraron entre nues-tros aficionados. Todo estaba planeado”, afirmó Ahmed Fathy, ataviado con una bufanda con los colores de Egipto.

A causa de su trabajo, Fathy tuvo que viajar el martes a El Cairo, y no pudo asistir al trágico encuentro que disputaba su club. Pero sí lo hicieron su tío y su primo. “Ellos me han dicho que vieron seis vehículos lle-gar al estadio. Aunque llevaban banderas del Masri, nadie los conocía. Ellos fueron los responsables”, asegura.

Todos los presentes coincidieron en que fue una carnicería planeada, y culpa-ron a la Junta Militar de ser la “mano ne-gra” que orquestó los incidentes. “Incluso

en las escaramuzas entre aficionados del Zamalek y del Ahly, es impensable algo así. Su excitación deportiva los lleva a pelearse, pero nunca hay la intención de asesinar al rival”, sostiene Alí.

Había numerosas pancartas que in-criminaban a la cúpula castrense. Una de ellas, sostenida por un veterano seguidor del Ahly, rezaba: “La Junta Militar y el caos van siempre unidos”.

De pronto, un adolescente con la cabe-za y la pierna izquierda vendadas se abrió paso entre la multitud. Vestido con una ca-zadora del Ahly, caminaba renqueando y se apoyaba en los hombros de dos compa-ñeros. Uno de ellos confirmó que el joven, tan débil que no quería realizar declara-ciones ni posar para los fotógrafos, resultó herido en el estadio de Port Said. Mientras se acercaba a la concentración, otro joven que caminaba a su lado, visiblemente exal-tado, intentó arrebatar una bandera del Za-malek a un seguidor de este equipo, pero el adolescente herido le sujetó el brazo y le indicó que no con el dedo. No necesitó ni abrir la boca para atajar de inmediato el único conato de enfrenamiento.

Nadie entre los asistentes lanzó crí-ticas contra los aficionados del Masri, el equipo de Port Said. Todo lo contrario: in-cluso en algunos cánticos, los seguidores del Ahly quisieron lanzar un guiño a sus adversarios para mostrar la unidad del mundo del futbol: “¡Dios es grande y ama a Port Said!”

Las consecuencias políticas de esta tra-gedia aún son inciertas, pero ya se ha con-seguido todo un hito en Egipto: hermanar bajo una misma enseña a antiguos enemi-gos irreconciliables.

*Fragmentos de textos publicados por el diario El País, con cuya autorización se reproducen.

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El Cairo. Nuevas protestas

Estación Ramsés. Recibimiento

acosaba constantemente, llegando a la ca-sa en busca de mi hermano”.

Junto con su hijo de dos años, su ma-dre y la familia de su hermana, ella vive ahora en una casa de los suburbios de Trí-poli donde batalla para adaptarse a una vida nueva.

“Nuestros vecinos dicen que los pre-cios han subido debido al flujo de refugia-dos, y que nos regresemos a Siria. A mí me gustaría regresar pronto, pero me temo que tendremos que quedarnos aquí por algún tiempo”, lamenta.

“Carta sectaria”

Otro sirio que está tratando de acoplarse a una nueva vida es Mohammed Ismail, un exsoldado de 23 años que desertó de las Fuerzas Armadas Sirias el 12 de octubre, a unas semanas de concluir su servicio mi-litar. En los meses previos, participó cua-tro veces como francotirador en las pro-testas de Homs.

“Éramos seis, y nuestra tarea era prote-ger a las fuerzas de seguridad que operaban sobre el terreno y aplicar el toque de queda impuesto a la ciudad. Estoy prácticamente seguro de que herimos y matamos a algu-nas personas, al disparar de manera indis-criminada en la oscuridad”, admite.

Ismail asegura que les dijeron que quie-nes protestaban eran agentes extranjeros provenientes de Arabia Saudita e Israel, y que sólo se dio cuenta de lo que realmente estaba pasando en la ciudad fronteriza de Tel Kalah, donde tuvo la posibilidad de en-trar en contacto con la gente.

“Durante las manifestaciones yo oía consignas de libertad normales, y escu-chaba que la gente nos preguntaba: ‘¿Por qué nos disparan? ¿Qué hemos hecho pa-ra merecer este trato?’”, explica Ismail. “Hablé con tres amigos míos del ejército, de plena confianza, y ellos compartieron conmigo la misma preocupación”.

Convencido finalmente de que es-taba disparando contra manifestantes inermes, trató de incorporarse al ESL, al tiempo que ayudaba a algunos civiles a escabullirse de Siria, desviando a las pa-trullas militares fronterizas que él mis-mo conducía. Atrapado in fraganti cuan-do ayudaba a dos sirios a atravesar el río que delimita la frontera entre Siria y Líba-no, recibió un tiro en el hombro izquierdo por parte de los soldados y tuvo que cru-zar hasta la otra orilla para salvar su vida. Ahora se recupera en Trípoli, donde vive junto con otros 12 sirios en una casa de cinco habitaciones proporcionada por una organización humanitaria.

En cuanto a su experiencia en el ejér-cito, de lo único que se arrepiente es de no haberlo abandonado antes. “Pero no po-día entender lo que estaba pasando. Tras el inicio del levantamiento, en los cuar-

teles se prohibieron los teléfonos celula-res, y las únicas noticias que podíamos es-cuchar eran las que transmitía la agencia nacional de prensa”, se justifica.

En Trípoli, Ismail estableció contacto con el ESL y ahora espera a que su hombro sane totalmente para incorporarse a las filas de los rebeldes. Como a muchos disi-dentes sirios, a este exsoldado también le gustaría que la comunidad internacional estableciera una zona de restricción aé-rea, que permitiera al ESL crear áreas de seguridad para albergar y entrenar a com-batientes como él. “La OTAN intervino en Libia al principio de la rebelión. Nosotros estamos ahora en el undécimo mes del le-vantamiento y, después de miles de muer-tes siguen contemplándonos”, apunta.

Muchos aquí comparten la urgencia de Ismail: en privado, los disidentes sirios reconocen que la lucha contra el régimen de Assad va a ser larga. Además, en varias ocasiones durante la revuelta, el gobierno ha jugado la “carta sectaria” advirtiendo que su caída podría conducir a una gue-rra civil entre las diferentes comunidades que habitan Siria. Siempre influido por los acontecimientos que ocurren del otro la-do de la frontera, Trípoli ya está sintiendo sus efectos.

El levantamiento sirio ha revivido vie-jas tensiones entre los sunitas y alauitas li-baneses, comunidad esta última de la que proviene la familia de Assad y que, por lo tanto, teme represalias de la mayoría suni-ta en caso de que caiga el régimen sirio.

Si bien los activistas intentan minimi-zar este riesgo atribuyéndolo a la propa-ganda gubernamental, en Siria hechos in-quietantes como los secuestros sectarios

entre los sunitas y alauitas de Homs em-piezan a crear preocupación.

“Si el régimen dimite rápidamente, no tendremos ninguna guerra civil”, replica Om Salim, tratando de conjurar sus pro-pios miedos. “Yo soy sunita y tengo ami-gos alauitas que se han sumado a las pro-testas y han ayudado a los heridos”.

No obstante estas historias indivi-duales, la mayoría de los alauitas y suni-tas sirios se ha alineado respectivamente con los bandos en pro y contra de Assad, lo que ha incrementado la posibilidad de que se desaten actos de venganza. Los di-sidentes sunitas dicen con amargura que los mejores puestos gubernamentales en Siria están reservados a los alauitas, lo que agrega una dimensión económica y social a la brecha ya existente entre las dos comunidades.

Sin embargo, por ahora este problema ha sido hecho a un lado ante el apremio de derribar al régimen, el objetivo explíci-to de todos los disidentes que se encuen-tran aquí. Conformarse con menos que la captura y el juicio de Assad no parece una opción para nadie. “Perdonaremos a As-sad si devuelve los 6 mil mártires que ha matado”, dice Abu Hamsa con ironía.

Pero ganar lo que rápidamente se es-tá convirtiendo en una guerra real puede constituir una enorme tarea para un ejér-cito rebelde, cuyas acciones militares to-davía se circunscriben a proteger civiles y mantener posiciones defensivas.

“Derrocar a Assad tomará tiempo”, con-cede Suleiman desde su cama de hospital. “El régimen es fuerte y todavía tiene apoyo. Pero al final habremos de imponernos, ins-hallah”. (Traducción: Lucía Luna)

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Ejército rebelde. Posiciones defensivas

Luego de cambiar seis veces de auto-móvil y nueve horas después de que fue herido, llegó a la ciudad libanesa de Halba, donde fue sometido a cirugía. Hoy es uno de los 30 sirios atendidos en Dar el Zahra, un hospital privado de Trípoli cuyo último piso es manejado por la Comisión Supe-rior de Apoyo a los Sirios (HCFSR, por sus siglas en inglés), una organización caritati-va vinculada con el Consejo Nacional Sirio (CNS), principal órgano político en el exi-lio que se opone al régimen de Damasco.

Los pacientes ahí son civiles, activis-tas y soldados del Ejército Sirio Libre (ESL), todos heridos durante los 11 meses del le-vantamiento popular que intenta derro-car al presidente Bashar al-Assad y que ha causado ya la muerte de más de 5 mil civiles.

Trabajo sucio

De acuerdo con la HCFSR, desde mediados de diciembre el hospital ha atendido a más de 142 sirios, todos heridos de bala. Uno de ellos es Abu Suleiman, un joven de 27 años originario de Bab Amr, el principal reduc-to de la oposición en Homs. Este decora-dor de interiores se unió al ESL en abril pa-sado, luego de que su barrio fue sometido a un intenso ataque por parte de fuerzas combinadas de los shabbiha, el ejército y el Mukhabarat, el servicio secreto sirio.

Tan pronto como se enroló en el mo-vimiento armado, Suleiman abandonó su hogar para proteger a su familia y fue a dormir con otros combatientes en casas de seguridad ubicadas en Bab Amr.

“Había algunos desertores del ejérci-to que nos entrenaban y nos enseñaban

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Civiles sirios. Éxodo

a usar armas”, explica. “Operábamos en pequeñas unidades de 30 personas, casi siempre manteniendo posiciones defen-sivas y emboscando algunos puestos mili-tares aislados”.

Herido en diciembre pasado, Suleiman fue operado en Bab Amr antes de ser trans-ferido a Trípoli por razones de seguridad.

Con una población mayoritariamente sunita, hostil al régimen de Damasco, es-ta ciudad se ha convertido en el reducto de la oposición siria en Líbano, pero sus activistas y combatientes siguen preocu-pados por la fuerte influencia que el go-bierno de Assad mantiene sobre las auto-ridades locales.

Hezbolá, un viejo aliado del régimen sirio, es parte de la coalición gobernante 8 de Marzo, y los disidentes se quejan de que ésta es la principal razón de que las

autoridades libanesas no se muestren muy entusiastas de recibir a quienes han escapado de Siria.

Más aún, los disidentes sostienen que en los últimos meses activistas sirios han sido secuestrados en Líbano y enviados de regreso a Siria, y acusan a Hezbolá y al Partido Social Nacionalista Sirio local de hacer el trabajo sucio para el régimen de Damasco.

Suleiman está muy consciente de esta situación. “Siempre trato de ser cuidadoso y evito salir del hospital”, explica. “Sí, esto nos preocupa. ¿Pero qué podemos hacer?”.

“A la gente que ha escapado de la re-presión del régimen sirio el gobierno liba-nés no le ha dado asistencia ni concedido el estatuto de refugiado. No hay comida, ni ropa, ni nada”, lamenta Abu Omar, un veterinario sirio que dejó su trabajo en Arabia Saudita para ayudar a sus compa-triotas. “La HCFSR está sosteniendo todos los gastos a través de donaciones privadas y con la ayuda de algunas ONG extranje-ras”, agrega.

Hasta ahora, la organización ha regis-trado en Líbano a poco más de mil 500 fa-milias, pero Abu Omar cree que el país alberga actualmente a unos 20 mil refu-giados. “Muchos de ellos temen mostrar-se en público. Temen por su seguridad. No quieren dar sus nombres, por miedo a acabar en manos del gobierno”, dice y añade que su familia, originaria de la lo-calidad de Baniyas, se encuentra ahora es-condida en Siria. “Me gustaría traerla aquí, pero temo que la puedan matar al inten-tar cruzar la frontera”.

Om Salim, una joven de 27 años pro-veniente de Homs y que ahora trabaja co-mo voluntaria en el hospital, no tuvo este problema. Se mudó a Líbano el 10 de octu-bre, después de que su marido fuera muer-to durante las protestas y su hermano, el famoso activista Abu Jaffar, entrara en la clandestinidad. “La situación –dice– se ha-bía vuelto insostenible. El Mukhabarat nos

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CUCULTURA

primera piedra sin contar con un proyec-to ejecutivo? ¿Por qué se cometieron “pe-queños errores” que implicaron pasar de un peso de 80 a mil 700 toneladas en la es-tructura, o no calcular los vientos y tener que aumentar la cimentación de 30 a 50 metros? Y claro, por consecuencia, ¿por qué se incrementó tan escandalosamen-te su costo? En las preguntas mismas, Ji-ménez Espriú, al ironizar daba indicios de las respuestas.2

Como sea, el primer monumento lo-gró crearse y atraer el afecto de los capi-talinos y su silueta se identifica hoy con la Ciudad de México, en tanto que la Es-tela de Luz, con su oscuro pasado, debe-rá luchar contra su mala fama para repre-sentar algo positivo.

Por ello es que creo pertinente hacer el siguiente ejercicio, a la espera de que se den a conocer los resultados de las audi-torias en curso sobre el costo e irregula-ridades de la Estela de Luz, por ejemplo, la asignación de la obra a GUTSA, estando dicha compañía inhabilitada.

La Columna de la Independencia, que proyectó el arquitecto Antonio Rivas Mer-cado, costó, según diversas fuentes de la época y de estudiosos contemporáneos, 2 millones 150 mil pesos.3 Esta cifra inclu-ye el corte y montaje de la cantera entre 1902 y 1906, el desmontaje que debió ha-cerse de la misma en 1906, su cimenta-ción, la estructura de concreto (pionera en aquel momento, con unas varillas desco-munales), los trabajos de cantería que fo-rran la estructura, los mármoles, la obra artística importada, el vaciado de la Vic-toria Alada (popularmente conocido co-mo El Ángel) que remata el monumento, el resto de las esculturas artísticas (bron-ces y mármoles), la cubierta de oro de ho-ja de 24 kilates, 6% del costo de la obra que se le pagó al arquitecto por el proyecto y dirección, y hasta el año que permane-ció en París seleccionando y supervisan-do las esculturas. Para que esta cifra diga algo es necesario recordar que la “raya” de un peón adulto, o de un artesano urbano, como los operarios que trabajaron ahí, era de 2 reales o 25 centavos por “una jorna-da laboral”.4 Eso quiere decir que un peón ganaba a la semana 1.25, y 5 pesos al mes. Las “rayas” de los peones urbanos y rura-les eran similares. No importa aquí que en las fronteras del México porfiriano, o por desarrollar trabajos riesgosos, las retribu-ciones llegaran a 30 y hasta 50 centavos, o que en ciertas zonas rurales, en cambio, fueran tan bajos como 18 centavos. Sí es importante tener presente que esas “ra-yas” eran sólo una parte de la retribución que un peón recibía, pues en el campo o la ciudad éstas se completaban con diversas prestaciones paternalistas.

Ahora bien, contrastando la informa-ción anterior, sorprende que la Estela de

Luz, proyectada por el arquitecto César Pérez Becerril, según diversas fuentes ha-ya costado mil, o mil 110 millones de pe-sos, no sabemos con claridad aún. Por su-puesto que aquellos pesos porfirianos y los actuales no son los mismos. Entre 1905 y 2012 el peso sufrió varias devaluaciones. Así, puesto que hacer los cálculos para comparar los costos de ambos monumen-tos, o hacer proyecciones para ver a cuán-to equivaldrían esos pesos de 1902-1910 a los de hoy, sería poco claro para el lector, es más fácil e ilustrativo empezar por re-cordar de nuevo los sueldos actuales: un albañil recibe hoy el salario mínimo, o mil 740 pesos al mes.

Llevaré el ejercicio más allá. Hago unas divisiones simples. Redondeando, a la baja, mil millones entre mil 740 pe-sos, da 574 mil 712 sueldos mensuales de igual número de albañiles. Si repito la misma operación con los 2 millones 150 mil pesos porfirianos, resultan 430 mil ra-yas mensuales a igual número de peones. Aquí no viene a cuento algún comentario cínico actual que argumentara un aumen-to de sólo 30% o 40%. En cambio, a lo an-terior hay que agregar dos factores más: la complejidad de uno y otro monumentos es importante, puesto que el antiguo fue un verdadero tour de force. Para resolverlo debió echarse mano de la ingeniería más avanzada. En tanto que, el monumento moderno, más parece haber sufrido por los errores de previsión. El tiempo inver-tido en levantarlos es otro factor que debe tomarse en cuenta y sí puede compararse. Entonces resulta que entre enero de 1902 y septiembre de 1910 (105 meses) no se pagaron 430 mil rayas en ese lapso, pues-to que no laboraron ahí igual número de peones y, repito, ese costo incluye lo enlis-tado atrás. Pero si esto es así, sin ser audi-tor, de igual forma puedo asegurar que en-tre agosto de 2009 y diciembre de 2011 (28, contando los meses que la obra se paró), no se pagaron 574 mil 712 salarios a igual número de albañiles que hubiesen traba-jado en la Estela de Luz.

No creo que la Estela de Luz pueda as-pirar a transformarse en un referente de la ciudad. Es de muy dudosa calidad, es sim-ple (son cuatro cilindros enormes que sos-tienen dos bastidores para montar las 500 placas de cuarzo), no se regeneró el espa-cio urbano circundante, lo cual sí preveía el proyecto original. Estoy seguro que se alte-ró gravemente la propuesta de Pérez Bece-rril, como él mismo lo ha explicado.5

Estos datos me parece que sí dan senti-do a la cifra del costo del nuevo monumen-to, a la vez que hacen evidente una despro-porción más escandalosa que la arrojada por la Columna de la Independencia. Hoy se gastó 30% o 40% más dinero, pero en menos tiempo, cuatro veces menos, para levantar un monumento menos complejo.

Pero entonces, ¿por qué fue tan caro?Para explicar el costo tan elevado,

aventuro un par de hipótesis abundan-do en lo explicado por el ingeniero Ji-ménez Espriú: debió ser muy oneroso comprar el cuarzo en Brasil y pulirlo en Italia, o caer en la cuenta de que la ci-mentación no debía ser a 30 sino a 50 metros, o arrancar sin un proyecto eje-cutivo, sí, pero no se ha señalado y pen-sado en las implicaciones de que la obra se detuviera en agosto de 2010, cuando fue evidente que no se terminaría, y se abandonaran las plumas y grúas en el terreno durante casi un año. Una obra que se arranca y se detiene es carísima, lo sabemos. ¿Cuánto costó la renta de ese equipo durante esos meses en que no se usó? No sólo, se dice, esto debe co-rroborarse, que la Estela de Luz, tal co-mo la vemos hoy, son en realidad dos, porque el acero que se utilizaría duran-te el periodo que estuvo parada la obra (puesto que se dudaba en terminarla) se vendió y, para concluirla, hubo que com-prarlo de nuevo. ¿Es cierto eso? La audi-toría que se realizará debiera darnos una explicación.

1 “1,036 millones, 460 mil pesos”, para ser exac-tos, según declaró el arquitecto César Pérez Becerril, autor del proyecto, a Columba Vértiz de la Fuente, en “La Estela de Luz, sin la plaza del Bicentenario”, Proceso, 1835, 1 de enero de 2012, p. 66. El 2 de febrero se dijo que se trata de “1,110 millones, 575 mil pesos”, según explicó Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública de la Cámara de Diputados, a Roberto Garduño y Enrique Méndez, en “De-nuncian que la Estela de Luz costó $65 millo-nes más de lo anunciado oficialmente”, La Jor-nada, 2 de febrero de 2012, p. 31.

2 Javier Jiménez Espriú, “El monumento…al bicen-tenario”, en La Jornada, 19 de agosto de 2010, p. 31. Y de él mismo, “La estela de luz del bicentena-rio”, en La Jornada, 25 de agosto de 2011, p. 31.

3 Archivo del Ex Ayuntamiento, GDF, Ramo: Mo-numento a la Independencia, Expedientes 26-56, folios 21 y 22. Ahí y en el Archivo General de la Nación se conserva la documentación de la obra. Véase también Secretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, Monumento a la In-dependencia, México, Compañía Editora Na-cional S. A., 1910, p. 32. En las pp. 16, 17, 24, 30, 32 y 37 hay un desglose del costo con cierto de-talle. Se trata de la memoria oficial publicada por el gobierno de Porfirio Díaz para dar cuen-tas de lo realizado y gastado. Asimismo véase: María Eugenia Olivares Obregón Abadiano, La obra arquitectónica de Antonio Rivas Mercado, te-sis para obtener el titulo de Licenciado en His-toria del Arte, México, UIA, 1986, p. 180. Y por último: Alicia Sánchez Mejorada de Gil, La Co-lumna de la Independencia, México, Editorial Jil-guero S. A., 1990, p. 66.

4 Estos montos provienen de una autoridad en la materia: Herbert J. Nickel, “Elementos de la economía moral en las relaciones laborales de las haciendas mexicanas”, en Herbert J. Nic-kel (editor), Paternalismo y economía moral en las haciendas mexicanas del Porfiriato, México, UIA, 1989, p. 36.

5 Columba Vértiz de la Fuente, “La estela…”, op. cit., pp. 66-67.

___________________* Historiador de la arquitectura

XAVIER GUZMÁN URBIOLA*

La Columna de la

Estela de Luz

Independencia

Me precio de conocer con cierto detalle la Columna de la Inde-pendencia, pues tuve la suerte de aplicar la normatividad federal

para su restauración entre febrero y sep-tiembre de 2006, al lado del arquitecto Je-sús Enrique Velázquez, quien por entonces era mi contraparte en el Gobierno del DF.

Traigo esto a colación por las revela-ciones y los incrementos inexplicables en el costo de la llamada Estela de Luz que

se han hecho públicos. Ambos son monu-mentos urbanos. Un par de gobiernos se-parados por el tiempo, el de Porfirio Díaz y el de Felipe Calderón con los Bicentena-rios. Al más antiguo le tocó sufrir una cri-sis constructiva que se solucionó con alar-des tecnológicos de la época (una vez que la obra arrancó en enero de 1902, se de-bió desmontar en 1906, cuando ya se alza-ba hasta el primer tercio de su altura, y se cimentó con pilotes de madera, algunos con cabeza de concreto), en tanto que un escándalo no aclarado envuelve al segun-

do. El ingeniero Javier Jiménez Espriú lo ha resumido bien. Él se preguntó en agos-to de 2010, cuando se anunció que no se terminaría a tiempo, y luego en agosto de 2011, frente a una serie de explicaciones baladíes: ¿por qué se pasó de un presu-puesto para su construcción de 200 a otro de 690 millones, para enseguida brincar a otro de mil millones?1 ¿Por qué se compró el acero en Finlandia y el cuarzo en Bra-sil, éste además se pulió en Italia, con al-gún incremento predecible de costo, só-lo por su transporte? ¿Por qué se colocó la

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