Martes 10 de junio de 2014

Privatización energética y trabajo

precario JOSÉ ANTONIO ALMAZÁN G.

A los privatizadores no les basta con la entrega del petróleo, la electricidad y el gas, quieren

también trabajadores sometidos para garantizar el nuevo ciclo de reproducción del capital, el

saqueo del petróleo, y su obsoleto mercado eléctrico mayorista, sin huelgas y carentes de

derechos laborales básicos. Con ese propósito y bajo el disfraz de unrégimen especial,

contenido en la adición de un título quinto bis a la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria para Pemex y CFE, se busca ubicar a los trabajadores petroleros

y electricistas en un modelo laboral muy cercano al apartado B del artículo 123

constitucional. Cuentan para ello con la nueva y esclavizante Ley Federal del Trabajo, la

complicidad de los dirigentes charros del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la

República Mexicana (SUTERM) y del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República

Mexicana (STPRM) y con el golpe, casi mortal, asestado en octubre de 2009 al Sindicato

Mexicano de Electricistas.

La agresión a los trabajadores de la energía se veía venir desde el segundo transitorio de

las contrarreformas a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, asegurando el respeto a los

derechos de los trabajadores petroleros y electricistas conforme a la ley, pero sin mencionar

los contratos colectivos de trabajo. Sin embargo, en la revisión del paquete de 21 iniciativas

privatizadoras enviadas al Congreso de la Unión encontramos una serie de consideraciones y

propuestas que anuncian una agresión sin precedente a los derechos de los trabajadores de la

energía y a sus respectivos contratos colectivos de trabajo.

Comencemos con las iniciativas de ley de Petróleos Mexicanos y ley de la Comisión

Federal de Electricidad, en cuya página 45 afirman que los trabajadores de las empresas

productivas del Estado son servidores públicos y no trabajadores privados, como sucede en

cualquier otra empresa. Asimismo, en ambas iniciativas de ley proponen un régimen especial

de remuneraciones, contrataciones y pago de servicios personales para todos los trabajadores

de Pemex y CFE y sus empresas subsidiarias, conforme a un techo presupuestal aprobado

(pág. 44 y artículos 1, 13, 40, 43, 71, 72, 73 de la ley de Pemex y artículos 1, 12, 39, 42, 74 y

75 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad). Además proponen que todos los

trabajadores queden sujetos a la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades

Administrativas de los Servidores Púbicos (artículo 84 de la ley de Petróleos Mexicanos y

artículo 87 de la ley de la Comisión Federal de Electricidad). Por supuesto, excluyéndolos

del reparto de utilidades (artículos 107 de la ley de la CFE y 104 de la ley de Pemex).

Por su parte, en la iniciativa de ley de la industria eléctrica en su artículo 99 el gobierno

propone que los trabajadores del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) sean

servidores públicos de confianza conforme la fracción XIV del apartado B del artículo 123

constitucional, inhibiendo con esta medida cualquier posibilidad técnica operativa de llevar a

cabo una huelga. Finalmente, para garantizar el control y sometimiento de todos los

trabajadores de Pemex y CFE, en ambas iniciativas se propone un código de ética aplicable a

todos los trabajadores de sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, en el que

se establecerán los principios y directrices de ética corporativa que les sean

aplicables(artículos 92 de la ley de la CFE y 89 de la ley de Pemex).

Como puede observarse, el conjunto de las propuestas y consideraciones contenidas en la

iniciativas privatizadoras del petróleo y la electricidad prefiguran un modelo laboral precario

y contrario a lo que se establece en los contratos colectivos de trabajo al eliminar un

principio básico de la contratación colectiva como es la bilateralidad y el acuerdo entre las

partes. De aprobarse estas iniciativas antiobreras, lo que se avecina son despidos masivos,

recortes de prestaciones, proliferación de la tercerización y demás formas esclavizantes

contenidas en la Ley Federal del Trabajo.

La intención de los vendepatrias para entregar al capital privado y a los designios

imperiales el petróleo y la electricidad, y la agresión mayúscula que se pretende contra los

trabajadores petroleros y electricistas, puede ser detenida con la participación organizada del

pueblo de México. Lo mismo promoviendo iniciativas y puntos de acuerdo en el Congreso

de la Unión para echar abajo el proyecto privatizador, que convocando a movilizaciones

obreras y populares, así como participando en la campaña de recolección de 2 millones de

firmas para realizar una Consulta Nacional en las elecciones federales de 2015 con la

siguiente pregunta: ¿Estás de acuerdo o no en que se otorguen contratos o concesiones a

particulares, nacionales o extranjeros, para la explotación del petróleo, el gas, la refinación,

la petroquímica y la industria eléctrica? No.