Privatizacion Del Gas en Diputados

Marzo 25 y 26 de 1992 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 6304

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN64ª REUNION – 3ª SESION EXTRAORDINARIA –MARZO 25 Y 26 DE 1992

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri, Mario Carlos Brook y Hugo Bartolomé Rodríguez Sañudo

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,Enrique Horacio Picado y Ariel

PueblaProsecretarios: doctores Juan Estrada y Norberto Bruno

y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:ACEÑOLAZA, Florencio GilbertoACEVEDO, Julio CésarACHEM, AntonioAGUADO, Jorge RubénAGUNDEZ, Jorge AlfredoALABI, Ernesto SalimALBAMONTE, Alberto GustavoALBERTI, Juan CarlosALCALA, Néstor RicardoALENDE, Oscar EduardoALGABA, Ernesto Pedro AndrésALSOGARAY, Alvaro CarlosALVAREZ, Carlos AlbertoALVAREZ, Héctor ClaudioALVAREZ ECHAGÜE, Raúl AngelALVAREZ GARCIA, Normando M.AMADEO, Eduardo PabloARGÛELLO, Jorge Martín ArturoARIAS, CésarARMENDARIZ, AlejandroARRECHEA, José SalvadorAYALA, Juan CarlosBAGLINI, Raúl EduardoBALESTRINI, Alberto EdgardoBALESTRINI, Miguel AlbertoBARBERA, EliseoBARBOTTI, Atilio ÉctorBASSANI, Angel MarceloBAUM, DanielBAYLAC, Juan PabloBECERRA, Carlos ArmandoBECERRA, Nicolás EduardoBELTRAN, Carlos RobertoBERHONGARAY, Antonio TomásBERICUA, JorgeBISCIOTTI, Victorio OsvaldoBISCHOF, Enrique AlbertoBLANCO, Oscar AlbertoBORDA, OsvaldoBORDIN CAROSIO, Hugo AntonioBRANDA, Carlos ErnestoBRAVO, Alfredo Pedro

BREARD, Noel EugenioBROOK, Mario CarlosBRUNATI, Luis PedroBRUZZO, Omar ObdulioCABRERA, GerardoCAIMMI, Fernando EnriqueCALLEJA, Ovidio AmílcarCAMAÑO, Dante AlbertoCAMAÑO, Eduardo OscarCAMAÑO, GracielaCANATA, José DomingoCAPUTO, Dante MarioCARRERAS, Porfirio MarioCASARI de ALARCIA, LeonorCASTILLO, José LuisCAVALLARI, Juan JoséCEBALLOS, Walter AlbertoCLERICI, FedericoCORCHUELO BLASCO, José ManuelCOSSOS PEREZ, Juan NicolásCRAMARO, Hugo ArnaldoCROSTELLI, Juan CarlosCRUZ, Washington JesúsD’ALESSANDRO, Miguel HumbertoDAUD, José CarlosDE LA RUA, FernandoDE MARTINO, Víctor AmadorDI TULIO, Héctor HoracioDURRIEU, Marcela MargaritaDUSSOL, Ramón AdolfoECHEVARRIA, Luis MaríaELIAS, Angel MarioENDEIZA, Eduardo AníbalESTEVEZ BOERO, Guillermo EmilioFALLETI, Julio César JoséFELGUERAS, Ricardo ErnestoFELLNER, Eduardo AlfredoFERNÁNDEZ, AníbalFERNANDEZ, Roberto EnriqueFERNANDEZ GILL, Guillermo C.FERREYRA,Eduardo MarioFESCINA, Andrés JuliánFIGUEROA, Pedro OctavioFLORES, Rafael Horacio


FOLLONI, Jorge OscarFONTELA, Moisés EduardoFRIGERIO, Octavio OscarGALLO, Orlando JuanGALVAN, Raúl AlfredoGAN, Fernando PascualGARAY, Nicolás AlfredoGARCIA, Pedro AlbertoGARCIA CUERVA, Ignacio SantiagoGAUNA, Juan Octavio


GERMANÓ, Alberto RaúlGIOJA, José LuisGOLPE MONTIEL, Néstor LinoGÓMEZ, José ErnestoGÓMEZ, Roque Julio CésarGOMEZ CENTURION, Carlos EnriqueGONZALEZ, Alberto IgnacioGONZALEZ, Luis MarioGONZALEZ, Oscar FélixGONZALEZ CABAÑAS, Tomás WaltherGONZALEZ GASS, Gabriela MartaGONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Horacio GREEN, Gustavo AdolfoGUERRERO, Antonio IsaacGUZMAN, María CristinaHARDY, Aníbal OsvaldoHERNANDEZ, Santos AbelHERRERA, Bernardo EligioHERRERA, Luis FernandoHERRERA ARIAS, Manuel HipólitoHUMADA, RaúlIBARRECHE, Julio CésarIGLESIAS, Evaristo ConstantinoITURRE, César Eusebio del ValleJALIL, Luis JuliánKOTH, CarlosLAMBERTO, Oscar SantiagoLARRABURU, DámasoLECONTE, Ricardo GuillermoLOPEZ, Alcides HumbertoLOPEZ ARIAS, Marcelo EduardoLOPEZ de ZAVALIA, Fernando JustoLOUTAIF, Julio CésarLYNCH, Carlos AlbertoMACAYA, Luis MaríaMACHICOTE, Jorge RaúlMAGGI, Juan AlbertoMANFREDOTTI, CarlosMANNY, José JuanMAQUEDA, Juan CarlosMARCÓ, Jorge RaúlMARCOLLI, Juan Miguel AngelMARCOS, Ricardo ErnestoMARELLI, Mabel G. deMARTIN de DE NARDO, MartaMARTINEZ RAYMONDA, RafaelMATZKIN, Jorge RubénMENDOZA, Claudio RamiroMENDOZA, MartínMENEGHINI, Javier ReynaldoMICHITTE, Salomón AntonioMOLARDO, Elvio FranciscoMOLINAS, Ricardo FranciscoMONTEVERDE, Carlos RobertoMOREAU, Leopoldo Raúl GuidoMOURE, Juan ManuelMUNIAGURRIA, Marcelo JulioMUÑOZ, Marcelo BernardoNATALE, Alberto AdolfoNIÑO, JorgeNOVAU, Pedro JoséOLIVERA, Enrique JoséORQUIN, Leopoldo ManuelORTIZ MALDONADO, Gastón H.ORTIZ PELLEGRINI, Miguel AngelPARADA, AlbertoPAROLA, José MaríaPARRILLI, Oscar Isidro JoséPEPE, Lorenzo AntonioPERALTA, Aníbal PedroPESCE, FélixPICCININI, Ana IdaPIERRI, Alberto ReinaldoPINTO, GuillermoPIOTTI, Alberto Daniel

PRAT, Alfredo ErnestoPROFILI, Gerardo PedroPRONE, Alberto JosuéPURICELLI, Arturo AntonioQUEZADA, Rodolfo HéctorRAIMUNDI, Carlos AlbertoRE, Ricardo HoracioRODRIGO, Esteban JoaquínRODRIGUEZ, Jorge AlbertoRODRÍGUEZ, JoséRODRIGUEZ, Raúl EduardoRODRIGUEZ SAÑUDO, Hugo BartoloméROIG, AngelROMERO, Carlos AlbertoROMERO, Humberto AntonioROY, IrmaRUCKAUF, Carlos FedericoRUIZ, Angel RafaelSAADI, Luis AlbertoSABIO, Juan CarlosSALUSSO, Horacio RamónSALVADOR, Daniel MarceloSAMID, Manuel JulioSANCHEZ GALDEANO, RoqueSANTIN, EduardoSCELZI, Carlos JoséSEGUI, Héctor MiguelSODERO NIEVAS, Víctor HugoSOLA, Felipe CarlosSORIA, Carlos ErnestoSPINOSA, Augusto JuanSTORANI, Conrado HugoSUCARIA, NeyefSUEIRO, Carlos AdolfoSUREDA, Angela GerónimaTACTA de ROMERO, Emma AndreaTOMA, Miguel ÁngelTOPA, Raúl RoqueTOTO, Francisco PatricioTROYANO, Silvia E.URIONDO, Luis Enrique VALCARCEL, Juan ManuelVANOSSI, Jorge ReinaldoVARELA, Néstor AngelVARELA CID, EduardoVAZQUEZ, Ricardo HéctorVAZQUEZ, RobertoVENESIA, Gualberto EdgardoVERDÚ, MarioVICCHI, Raúl HoracioYOMA, Jorge RaulZAMBIANCHI, CarlosZAMORA, FedericoZAMORA, Luis Fernando

AUSENTES EN MISIÓN OFICIAL:ARANDA, Saturnino DanttiESPECHE, Alberto LuisGARCIA DE NOVELLI, María C.MARTINEZ, Luis AlbertoSACKS, Rubén RodolfoSORIA ARCH, José María

AUSENTES CON LICENCIA:BALESTRA, René HelvecioBERMÚDEZ. Maria del PilarDURAÑONA Y VEDIA Francisco de

AUSENTES CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACIÓN DE LA HONORABLE CAMARA:ABDALA. Germán DarioADAIME. Felipe TeófiloAVELIN, AlfredoBRACCHI, Osvaldo Américo


CASTILLO, Oscar AnibalD’AMBROSIO Angel Mario


FERRADAS, Miguel EnriqueGATTI, Hector Angel GUERRERO, Luis SerafínHERNÁNDEZ, Antonio MaríaIBARBIA, José María IRIBARNE, Alberto Juan BaustistaLOPEZ, Jorge AntonioNACUL, Miguel CamelORGAZ, Carlos Alfredo PARENTE, Rodolfo Miguel

AUSENTES CON AVISO:

BENEDETTI, Jorge EnriqueCAFIERO, Juan PabloFERNANDEZ, Roberto CarlosGARAY, Nicolás AlfredoLOSADA, Luis EnriqueMACHADO, Oscar AlfredoSAADI, Ramón EduardoZARACHO, Evelio Argentino

SUMARIO(. . .)

18. Consideración del dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Obras Públicas, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre regulación del transporte y distribución del gas natural. (104-S.-91) (Pág. 6354)

(. . .)

20. Continúa la consideración del asunto al que se refiere el número 18 de este sumario. (Pág. 6411)

(. . .)

22. Continúa la consideración del asunto al que se refieren los números 18 y 20 de este sumario. (Página 6418)

23. Moción de orden del señor diputado Matzkin de que se cierre el debate, la que no puede ser votada por falta de quórum. Se pasa a cuarto intermedio por invitación de la Presidencia en uso de sus atribuciones reglamentarias (Pág. 6425).-

(. . .)

18REGULACIÓN DEL TRANSPORTE

Y DISTRIBUCION DEL GAS NATURAL(Orden del Día Nº 24)1

Aquí dictamen de las comisiones Página 6354 a 6375

1 Nota de la DIP ver texto en ODD Nº 24

Marzo 26 de 1992 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 6311


(. . .)Sr. Presidente (Pierri). - En consideración en general Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza. Sr. Bordín Carosio. — Señor presidente: tal como a fines del año pasado, cuando sancionamos el marco regulatorio eléctrico, dimos nuestros puntos de vista doctrinarios y pusimos de manifiesto nuestro total apoyo al plan económico del doctor Carlos Saúl Menem, hoy traemos a la consideración de esta Honorable Cámara de Diputados un proyecto de ley que fija otro marco regulatorio: el correspondiente al gas natural. Este proyecto de ley que cuenta con sanción del Honorable Senado, establece regulaciones para el transporte y la distribución de gas natural en el país. En las presentes circunstancias es más trascendental que una mera modificación porque estamos dando los primeros pasos para la privatización de la industria del gas en la Argentina.

—Ocupa la Presidencia el señor icepresi-dente 2º de la Honorable Cámara, doctor Mario Carlos Brook .

Sr. Bordín Carosio. —Por otra parte, este proyecto de ley es un complemento y una reafirmación de los principios que este Congreso sentara con la sanción de la ley 23.696, de reforma del Estado. Aquí queremos regular la industria del gas, que, por ser un monopolio natural, necesita de reglas claras que la orienten dentro de la competencia, donde ello sea posible. Asimismo, queremos dar pautas a aquellos que quieran invertir en el proceso de su privatización. Hasta hoy la distribución y el transporte del gas natural en el país estuvieron confiados a Gas del Estado, con las consecuencias por todos ya conocidas, que no son culpa de nadie pero de cuya rectificación todos somos responsables. Estas consecuencias nos llevaron paulatinamente a un Estado sobredimensionado, burocrático, pesado e ineficiente. Las empresas del Estado también se hicieron eco de estas cualidades, actuando... Sr. Matzkin. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?, Sr. Bordín Carosio. — Sí, señor diputado. Sr. Presidente (Brook).— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por La Pampa. Sr. Matzkin.- Señor presidente: la interrupción tiene por objeto sugerir un procedimiento que hemos utilizado en otras oportunidades para ordenar el trámite de la sesión. Consiste en solicitar a los distintos bloques que anoten a todos los señores diputados que, con total libertad, deseen hacer uso de la palabra. Posteriormente,


podríamos dar por cerrada la lista de oradores de tal forma que un acuerdo político entre los diferentes bloques nos permitiera estimar un horario para la votación en general. Sr. Presidente (Brook).— La Presidencia tomará en cuenta su sugerencia, señor diputado. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza. Sr. Bordín Carosio. - Estábamos diciendo que las empresas del Estado fueron llevadas a actuar dentro de ciertos parámetros, con la consecuente falta de un sinceramiento que les permitiera desarrollarse con la eficacia que todos los argentinos hubiésemos deseado, y que hubiera evitado que hoy estemos discutiendo este proyecto de ley. Esta ineficiencia la que hacemos referencia trajo como consecuencia una serie de irregularidades —en el buen sentido de la palabra— que en definitiva estamos pagando todos los argentinos. No escapará al elevado criterio de los señores diputados que la falta de sinceramiento del sector ha provocado una anarquía en todo el sistema gasífero, y yo diría, más aún, en todo el sistema energético argentino, donde las empresas del Estado se deben entre sí, al igual que la Nación y las provincias. Esta anarquía fue producto de un manejo político en los precios del gas natural para el consumo domiciliario e industrial que no refleja la realidad de los costos. Todas estas circunstancias se ven reflejadas en los subsidios no implícitos. que el Tesoro de la Nación debía dar a las empresas del Estado para hacer frente a los desfasajes producidos por esta falta de sinceramiento. Por otra parte, dichos subsidios no eran para atender el mayor y mejor desarrollo del sistema sino que estaban destinados a los gastos improductivos de las empresas. Por lógica consecuencia, esto daba como resultado la pérdida del valor de la moneda, que se reflejaba en la inflación, que fue carcomiendo los cimientos mismos del Estado y, castigando implacablemente el bolsillo de los más necesitados. La falta de planificación y ordenamiento - necesarios para el desarrollo sostenido— fue impidiendo, por las causas recién expuestas, que el aporte y la distribución fueran más equitativos, de modo tal de no concentrar todo el esfuerzo en las grandes urbes y zonas más pobladas Como es de conocimiento de los señores diputados, el 68 por ciento del total del consumo de gas natural corresponde a la zona comprendida entre la planta de General Cerri y la localidad de San Lorenzo. Esto pone de manifiesto que otros sectores de la Nación que están tanto o más necesitados que esta zona no pudieran contar con este elemental servicio, viéndose castigadas las clases sociales de más bajos recursos por tener la necesidad de proveerse las calorías necesarias a un costo mucho mayor a través del gas licuado. Es digno de hacer notar que la falta de inversión en el sector para la explotación de las nuevas cuencas gasíferas ha retrasado la sustitución de los combustibles líquidos —que son menos abundantes en el país— por los gasíferos. La falta de expansión del sistema ha impedido una mayor distribución del gas natural. ya que hoy sólo representa el 50 por ciento del total del consumo, correspondiendo el restante 50 por ciento al gas licuado. Pero esta limitación no es lo más importante, porque si a ello le agregamos que las zonas que cuentan con un mejor servicio son las más alejadas de los centros de producción con alto costo de mantenimiento en los gasoductos de transporte y carencia de infraestructura para el almacenamiento —lo que nos permitiría usar los pulmones en épocas de baja y picos de consumo—, advertimos que resulta aún más difícil atender con un costo razonable la prestación del servicio. Todas estas limitaciones provocadas por la falta de inversión en el sector del gas, que ya fueron explicitadas, han determinado que en la actualidad la empresa Gas del Estado —que en alguna época fuera modelo en el mundo— no


pueda prestar el servicio con la eficiencia con la que lo debería hacer. La privatización del sistema y paralelamente el reconocimiento de costos de producción, transporte y distribución resultan indispensables para que, basándose en la transparencia de las pautas económicas, el gas pueda llegar en forma accesible y no subsidiada a la mayoría de los argentinos. Por otro lado, esta privatización es una necesidad lógica frente a la de la producción de hidrocarburos, que está en marcha con pleno éxito desde hace dos años. Los precios anteriores subsidiados para el consumo pero insuficientes para mantener la producción, han determinado que en la Argentina, un país de fuerte potencial gasífero, encontrar petróleo fuese una bendición mientras que descubrir gas constituía una maldición.La consecuencia de ello ha sido la virtual inexistencia de exploración en busca de gas, mientras avanzaba la prospección petrolera. Peor era aun en aquellos yacimientos donde ambos hi-


drocarburos —petróleo y gas– se presentaban asociados, provocando un nefasto efecto en el sistema, al producir petróleo y ventear gas debido a las inconveniencias económicas de tratarlo transformarlo y distribuirlo. En el nuevo marco regulatorio se apunta a poner fin a esa indisciplina insostenible de este recurso no renovable, bajo dos premisas esenciales. La primera consiste en reconocer la realidad económica, porque de lo contrario termina imponiéndose con consecuencias catastróficas. Y la segunda es la de asegurar un régimen de competencia dentro de una industria que por sus características tiende a ser tecnológicamente monopólica. Esta tendencia resulta inevitable debido a la insuficiencia global y particular que implica la duplicación de inversiones para cumplir con la distribución. Este es un marco que propone dar libertad de acción a los protagonistas, pero con controles que impidan que alguno de ellos se convierta en el actor monopólico del sistema. Para lograrlo, la prestación se divide en dos ramas muy importantes, que son las únicas que realmente vamos a regular. Estamos hablando del transporte, ¿pero que es lo que se entiende como tal? El transporte son los gasoductos troncales con más de 35 bares de presión. Ese sector del transporte se va a dividir en más de una zona, y la distribución que comprende las cañerías secundarías y terciarias que llegan a los domicilios se dividirá en áreas que corresponden a la división política provincial. Cabe destacar que un estudio de factibilidades técnicas y económicas determina la conveniencia de fijar una región como área de distribución, pero la autoridad de aplicación así lo podrá disponer al convocar a la licitación. Asimismo, el Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación del proceso de privatización, determinará la factibilidad técnica y económica en caso de posibles divisiones en la Capital Federal y en el Gran Buenos Aires. Es importante y debemos destacar que las habilitaciones tendrán 35 años de duración y podrán ser renovadas por otro período similar. Decimos que es importante porque en este capítulo, y principalmente en el artículo 4º, hemos introducido una modificación al proyecto venido en revisión del Honorable Senado, dónde solo se tenía en cuenta la figura de la concesión. En este artículo, al igual que en el artículo 75 del presente proyecto, establecemos que el Estado nacional, a través la autoridad de aplicación también puede realizarla venta de acciones de Gas del Estado Sociedad del Estado. Por otra parte, es una de las formas con que la ley 23.696 permite llevar a cabo todos los procesos de privatización. De esta manera, estamos otorgando al Poder Ejecutivo una opción más, de acuerdo con la conveniencia y circunstancias que sean necesarias. Por otro lado, es preciso resaltar las ventajosas operaciones en la bolsa de las acciones de la empresa Telefónica de Argentina. Nosotros contamos con un marco regulatorio para tal fin. Además, queremos aventar las dudas acerca de la pérdida del control del Estado sobre el futuro del servido, ya que entendemos que el ente, mediante los artículos 16 a 37 del proyecto de ley —referidos a obligaciones y limitaciones para transportistas y distribuidores— puede retirar el permiso al concesionario propietario siempre y cuando éste no cumpla con lo establecido en el marco regulatorio y en los pliegos de la licitación. En otras palabras, el Estado puede, en cualquier momento de la vida del permiso de habilitación, recuperar las acciones para luego ser licitadas y vendidas a un nuevo operador. Además, a. través de esta reforma que hemos introducido al marco regulatorio facilitamos que los empleados y obreros de Gas del Estado tengan su participación con un 10 por ciento de las acciones, de acuerdo con el artículo 81 del proyecto de ley en consideración. En cambio, a través de las concesiones la figura de la propiedad participada es de difícil aplicación. Otro tema que ha sido objeto de preocupación en las distintas reuniones de las comisiones es el relacionado con el cuadro tarifario. En este aspecto podemos


decir que no existe posibilidad alguna de que las tarifas al consumidor vayan a tener un aumento considerable a partir de la privatización de Gas del Estado. Esto lo afirmamos por dos razones muy sencillas. La primera de ellas se vincula con el período de transición, donde podría existir la posibilidad de que para prestar un buen servicio los nuevos propietarios tuviesen que hacer grandes inversiones que podrían incidir en el precio final a raíz de su amortización. No olvidemos que durante este período y como lo especifica el marco regulatorio en el artículo 84, el precio del gas en boca de pozo tendrá un tope máximo por el término de un aun prorrogable por otro más y. será establecido por el Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. Por otra parte, el transporte y la distribución también tendrán un precio máximo que deberá ser el resultado del costo más la amortización, más una tasa de retorno razonable que está in-


cluida en los pliegos licitación y que, el ente regulador, revisará cada cinco años. La segunda razón se centra en el hecho de que pasado el período de transición y conseguida la eficiencia en la prestación del servicio, cuando se da una verdadera competencia en la producción a raíz de nuevas inversiones y la explotación de otras cuencas gasíferas —en donde la oferta puede ser mayor que la demanda—, entendemos que el precio del gas al consumidor domiciliario y a la industria debiera ser menor o aunque sea, estar a la altura de los precios internacionales para asegurar energía abundante y barata fin de competir con nuestros productos en los mercados interno y externo. Otro tema digno de destacar con respecto a este asunto es que tal como lo fijáramos en el marco regulatorio eléctrico se contará con un ente regulador integrado por cinco miembros, quienes deberán reunir las condiciones técnicas necesarias para desempeñarse con idoneidad en el cargo en el cual serán nombrados por el Poder Ejecutivo. Este organismo tiene la responsabilidad de ser el árbitro de todas las controversias que pudieran suscitarse en el sistema de transporte y distribución del gas natural. En los artículos 51 a 65 del proyecto en consideración se establecen las funciones de este organismo, entre las cuales el punto más relevante es la posibilidad que se brinda a todos los actores del sistema de poder ser oídos en audiencia pública. Otro dato importante que puedo citar es el referido a los fondos destinados al funcionamiento de este organismo, que surgen principalmente de una tasa de inspección y control como la mencionada en el artículo 64 del texto que estamos analizando. Asimismo es necesario destacar que el Ente Nacional Regulador del Gas tiene delegaciones provinciales y regionales con participación de los gobiernos provinciales para atender las relaciones de los usuarios con los distribuidores de la zona. Pero lo más importante de las funciones de este organismo es el control del buen servicio en defensa del derecho de los usuarios. Por el artículo 93, comprendido en el capítulo sobre disposiciones complementarias, se crea el Fondo Nacional del Gas Natural a partir del otorgamiento de la primera habilitación, que se constituirá con un recargo de 2,50 pesos por cada mil metros cúbicos de gas natural consumido, que se cargará sobre las tarifas que paguen todos los usuarios del país, como asimismo por los reembolsos más los intereses de los préstamos que se hagan con los recursos del fondo. El Ministerio de Economía y Obras y servicios Públicos podrá modificar basta un 20 por ciento en más o en menos, de acuerdo con las variaciones económicas que se operen en la industria con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de la ley. El fondo será administrado por la Secretaría de Hidrocarburos y Minería y será distribuido de la siguiente forma: el 80 por ciento para crear un fondo subsidiario para compensar las tarifas a usuarios domésticos y comerciales finales para las provincias patagónicas de acuerdo con el volumen consumido en cada jurisdicción provincial, y el 20 por ciento restante será destinado para la realización de proyectos y/o programas de investigación para un mejor aprovechamiento del gas natural. Por último, señor presidente, es digno de destacar que del total del producto de la venta o concesión de los activos de Gas del Estado el 10 por ciento será destinado a las provincias del siguiente modo: el 50 por ciento de acuerdo con los índices de coparticipación, y el 50 por ciento restante, según un índice que tiene en cuenta la relación inversamente proporcional a la temperatura media invernal promedio de cada provincia.Hoy propiciamos la sanción de un proyecto de ley que reúne las condiciones mínimas indispensables para regular esta industria que, como dijéramos


anteriormente, resulta ser un monopolio por naturaleza. Hemos desarrollado una ardua tarea en las comisiones hemos consultado a los distintos sectores que involucra la actividad, y hemos llegado a la conclusión de que con las modificaciones introducidas y a introducir en el proyecto de ley en revisión, daremos una mayor transparencia y legalidad a la privatización de Gas del Estado. Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén. Sr. Quezada — Señor presidente: hemos sido convocados a este recinto para tratar un proyecto de ley que a no dudar marcará de ahora en más la vida de los argentinos. Creo que a veces los habitantes de este país no tenemos una visión exacta de las cosas, razón por la cual valga quizá como reflexión propia el hecho de que si bien estamos considerando un proyecto de ley que seguramente se constituirá en el punto de inflexión para la vida de los argentinos, lamentablemente, por la poca presencia de diputados que tenemos en las ban-


cas, se observa la mínima importancia que se le asigna al tema, incluso en el seno mismo de nuestra sociedad. Sostengo -en una suerte de autocrítica al bloque al que pertenezco— que a veces perdemos la batalla cultural, porque no me cabe la menor duda de que en el supuesto caso de aprobarse este proyecto de ley, que reitero, terminará marcando la vida de los argentinos, aún quedará la sensación de que esto pasa sin arte ni parte. Se ha hecho mucho ruido, con justa razón, con las privatizaciones de Aerolíneas Argentinas y de ENTEL. No obstante, por el volumen del negocio que se está manejando - más de 2.500 millones de dólares en efectivo—, y por la implicancia social que esto encierra sobre el conjunto de la vida de los argentinos, es de lamentar que en esta cuestión del gas no exista el debido acompañamiento no sólo en vastos sectores del país, sino también en distinguidos colegas de esta Honorable Cámara que no están presentes en el recinto.Pero más allá de estas reflexiones, y antes de referirme al proyecto en sí, quiero hacer algunas consideraciones vinculadas al tema global de los hidrocarburos. Se ha dicho en reiteradas oportunidades - incluso por gente que no está en el tema- que somos un país importante en cuanto a sus reservas gasíferas pero no así en reservas de hidrocarburos líquidos. Esto es cierto. Nosotros somos un país con interesantes reservas en materia de gas. Pero hay que decir que en estos últimos tiempos, fundamentalmente a partir de la gestión del presidente Menem, muy poco se está haciendo —por no decir nada— con referencia a lo que puede significar el autoabastecimiento petrolero. Este elemento es tan crítico, que hace muy poco tiempo la opinión pública mundial fue sacudida por una confrontación como la guerra del Golfo Pérsico. Pero, nos equivoquemos: más allá de las cuestiones geopolíticas, religiosas o de cualquier otro tipo, allí estuvo en juego en el fondo quién se quedaba o manejaba los hidrocarburos que encierra esa región. Pero ésa no es la única cuestión: existe otra más importante o quizá tan trascendente como ésta. Una de las causas fundamentales que de alguna manera han llevado a la existencia de un dominador absoluto en el contexto mundial -con la desaparición de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas- y al término de la guerra fría ha sido precisamente la posibilidad de acceso de los recursos gasíferos por parte de Europa Occidental a través del gasoducto transiberiano. Con estos ejemplos se pretende demostrar la importancia que encierra la cuestión de los hidrocarburos y en nuestro país, como dije hace un rato, no estamos haciendo nada al respecto. Afirmo en este recinto que cuando en la Argentina se junte la curva de producción, que es ascendente, con la de reservas, que es descendente nos encontraremos con un punto crítico de allí que debamos analizar cómo vamos a ensanchar nuestro horizonte en materia de reservas de hidrocarburos. Esto me trae a 1a memoria lo que fue en su momento el Plan Houston, que llevó adelante el gobierno democrático del doctor Alfonsín. Vale la pena contestar aquí a aquellos que nos acusan de estatistas o cosas por el estilo. En esa oportunidad convocamos al capital privado para que, asumiendo el riesgo minero y empresario, en el supuesto caso de que encontrase reservas sean explotadas en conjunto con Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Frente a dicha experiencia, una simple resolución dictada en su momento, por el señor Luis Prol dejó sin efecto el Plan Houston, y hoy el país no está haciendo absolutamente nada con referencia a este horizonte de reservas Según mi modesto entender, tendremos para 8 o 10 años de explotación, tomando un consumo de 24 o 25 millones de metros cúbicos al año, en función de las


reservas que tenemos. Quizá los señores diputados se pregunten qué tiene que ver esto con el marco regulatorio del gas: tiene mucho que ver porque es sabido que ese combustible en calidad de hidrocarburo gaseoso precisamente se encuentra, se cubica y se extrae en función de hallarlo. De ahí esa mención. Estamos tratando un proyecto de ley que procura generar nuevas reglas sobre toda la cuestión de la industria del gas. Este es un tema de vital importancia, por lo que requiere prudencia y mesura, para apreciar cuáles son los beneficios y cuáles los perjuicios, si es que se aprueba el proyecto en tratamiento. Me animo a decir con toda honestidad y sinceridad que no encontramos un solo beneficio que haga suponer que la aprobación de este marco regulatorio va a provocar una mejor calidad de vida de los argentinos.Lo único que pretende este marco regulatorio es garantizar rentabilidad a los futuros adquirentes y conjugar sus eventuales efectos con políticas macroeconómicas.


Hace instantes mi buen amigo el señor diputado Bordín Carosio hacía referencia a la eficiencia y eficacia de este sistema y a la ineficiencia del sector estatal refiriéndose a lo que significa Gas del Estado Por vía de hipótesis, podría suponer que lo que se busca a través de la privatización es la eficiencia y eficacia de la empresa, pero cuando se conozcan los pliegos de licitación veremos que los activos se pagarán con papeles de la deuda externa, aunque no sé cuál será su porcentaje de cotización. Allí quedará al desnudo el verdadero objetivo que persigne esta medida que, por supuesto, no es la eficiencia ni eficacia de Gas del Estado. Por ello pido sinceridad a fin de que se diga al pueblo argentino cuáles son los objetivos que se persiguen en lugar de esconderse detrás de la eficiencia y la eficacia. Yendo al fondo de la cuestión, debo señalar que el proyecto trata sobre la regulación del transporte y distribución del gas natural. Pero con las medidas establecidas se condena en forma terminante a la desaparición de una empresa como Gas del Estado. En su momento brindaremos datos concretos que avalan la importancia que ha tenido esta empresa creada durante el primer gobierno del general Juan Domingo Perón. Gas del Estado posee una estructura que funciona correctamente, a pesar de estar afectada por problemas financieros derivados –y aquí hago una autocrítica- de una equivocada política tarifaria aplicada por la administración central. La misma política se aplicó en Agua y Energía Eléctrica en el período 1976/83. De todos modos se ha conseguido un desarrollo energético equilibrado que cuenta con una razonable equidad social. Aplicando el criterio de la obtención del menor costo global posible se pretende —mediante el asesoramiento del Banco Mundial— lograr la inserción de un sistema similar al empleado en los Estados Unidos, no obstante los innumerables perjuicios y contiendas que ello esta generando en esa nación. En términos económicos, la desintegración vertical del ciclo gasífero generará significativos incrementos en los costos, que se inician como reflejo contable de un hecho operativo y que terminan trasladándose inexorablemente a las tarifas, afectando así el nivel de ingresos del conjunto de los argentinos. Si analizamos el tema desde un punto de vista estrictamente gasífero, nuestro grado de incomprensión se acrecienta sustancialmente, porque resulta inexplicable que a pesar de la trascendencia que tiene la decisión a tomar no se hayan realizado aún estudios de factibilidad que demuestren la conveniencia de esta iniciativa. A través de los artículos 77 y 78 del proyecto en consideración se reconoce claramente la inexistencia de estudios que avalen la decisión que se tomará con referencia a las zonas y regiones a adjudicar. No hay ningún análisis al respecto; así lo reconoció en la ronda de conversaciones llevada a cabo al analizar el presente proyecto el ingeniero Perkins, cuando le preguntamos sobre qué base y estudios se planteaba la reconversión del sistema gasífero. Allí se dijo que no había estudios y también se reconoce dicha circunstancia en los artículos 77 y 78. Evidentemente, la deficiente gestión recaudatoria y la necesidad de cubrir el permanente déficit financiero de Tesorería obligan al gobierno nacional a malvender valiosos recursos y activos generados por la empresa estatal que representan el esfuerzo y trabajo de millones de argentinos durante varias décadas. A mi entender tal proceder se enlaza con una ideología económica neoliberal cuya persistencia en el tiempo requiere inexorablemente la destrucción del Estado. Gas del Estado representa la extensión del poder formal al campo de la aplicación efectiva de decisiones políticas en el marco energético. Extraña paradoja la de esta empresa que fuera creada —como dije hace unos momentos— por decisión del presidente Perón al inicio de su primer mandato.


Me permitiré citar algunas frases de Perón pronunciadas con tal motivo. Dijo: "Es que el racionalismo liberal, producto del gobierno de la burguesía que dominó el mundo durante más de un siglo, imagina haber alcanzado fórmulas invariables que sirven a la convivencia humana en todos los lugares y para todos los tiempos. Según ellos lo que fue bueno para el siglo XIX debe serlo para el actual y los venideros." Esta es una cita textual de Juan Domingo Perón extraída del libro Latinoamérica ahora o nunca, de 1973. Cabe preguntarse si Gas del Estado ha cumplido su rol histórico, ya sea como empresa de servicios públicos o desde una óptica energética global, teniendo en cuenta su performance técnica a lo largo de sus 47 años de existencia. La respuesta es que Gas del Estado ha cumplido más que satisfactoriamente con todos los fines para los que fue creada. Gracias a sus obras la Argentina es uno de los países que más gas incluye en su ecuación energética global.


Es líder en su especialidad en América latina, donde es considerada una empresa de vanguardia y tomada como modelo en el mundo. En cuanto a performance, experiencia y resultado supera a organizaciones similares de países con reservas gasíferas mayores. Incluso, estudios recientes la comparan con Gas de France. Me permitiré leer algunas cifras comparativas de estas dos empresas que han sido creadas en el mismo año. La revista "Proyecto energético", de diciembre de 1990, comparando Gas del Estado y Gas de France -creadas en 1946-, señala, que la empresa gasífera argentina es la tercera en ventas en el mundo, luego de Gas de France y de la empresa holandesa. Además, Gas del Estado tiene un 37 por ciento menos de personal que Gas de France. Sobre este último tópico podemos señalar que con respecto a las ventas, Gas del Estado tiene un 33 por ciento menos de personal que Gas de France; con relación a la longitud de redes y gasoductos, un 39 por ciento menos, y en cuanto a la variable usuarios, tiene un 25 por ciento menos de personal que Gas de France. Además, con relación a los gastos de operación, mantenimiento y comercialización, a igualdad de volumen de ventas o instalaciones, Gas del Estado hubiera gastado sólo el 40 por ciento de lo utilizado por Gas de France. Estos datos me relevan de mayores comentarios acerca de la utilización óptima —desde un punto de vista operativo— de lo que significa Gas del Estado. De todas formas, como no me gusta "esquivar el bulto" me referiré a la deuda de Gas del Estado. Dos especialistas en el tema, Carlos Suárez y Roberto Kozulj, en un trabajo publicado en la revista "Realidad económica" (número 102 del mes de agosto de 1991), titulado "Las propuestas de privatización de Gas del Estado y la eficiencia empresaria", comparan el desempeño en la distribución de gas por redes de las empresas extranjeras privadas, actuantes desde mediados del siglo pasado hasta 1943, con el desempeño de Gas del Estado desde ese año hasta la actualidad. Estos autores señalan que luego de noventa años de explotación en manos privadas, solamente el 6 por ciento de la población nacional recibía el servicio de gas, unos 190 mil usuarios, en el Gran Buenos Aires y en otras cuatro grandes ciudades: La Plata, Rosario, Bahía Blanca y Tucumán. En contraste, luego de cuarenta y cinco años de explotación estatal, el número de usuarios llegó a alrededor de 4 millones y representa poco más del 40 por ciento de la población del país, extendiéndose en un total de 260 localidades ubicadas en todo el país, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego. Los mismos autores analizan el tema tarifario y llegan a la conclusión de que entre 1967 y 1975 la tarifa llegó a representar sólo un 6 por ciento de lo que cobraba la empresa privada en 1943. Aquí tenemos un ejemplo claro de que significa dejar librada al sector privado - que se mueve exclusivamente por intereses de lucro— nada más ni nada menos que la provisión del fluido gasífero, que atañe a la calidad de vida de los argentinos. Luego me referiré concretamente a la categorización o no de esta provisión como servicio público. En cuanto a los resultados económicos de la explotación estatal, ellos han sido más que aceptables. Cuando se registraron déficit, ellos se debieron a que la empresa se vio obligada a reflejar en su estado de resultados las consecuencias de decisiones políticas, como en el caso de la compra de gas a la hermana República de Bolivia. En este sentido, con legítimo orgullo radical, quiero informar a esta cámara cuáles fueron los resultados que arrojó la gestión del gobierno democrático de Raúl. Alfonsín con referencia a esta empresa, por más que muchos de los señores diputados seguramente los conocen. Porque aquí se ha hecho una serie de consideraciones que no comparto sobre la eficiencia económica y el rol del Estado, pero es menester ir a los números para darnos cuenta de lo que ha significado esta empresa y de cuál ha sido en definitiva el mejoramiento de la


calidad de vida de los argentinos originado en su accionar. Entre 1984 y 1989 la participación del gas natural en la ecuación energética global pasó del 27 al 36 por ciento; la capacidad de transporte de la red troncal aumentó de 38 millones de metros cúbicos-día a 70 millones de metros cúbicos-día, teniendo especial importancia la construcción del gasoducto NEUBA II; los usuarios pasaron de 2 millones 800 mil a 4 millones 200 mil; los volúmenes de gas venteado se redujeron del 22 al 11 por ciento; la incorporación del gasoducto Centro-Oeste a la red troncal operada por Gas del Estado permitió mejoras en la administración del sistema en su conjunto, que pueden cuantificarse en un 4 por ciento; el gasoducto del Norte, fue ampliado para trasladar 4 millones más de metros cúbicos-día; los ramales y redes de distribución se incrementaron en más de un 50 por ciento, y la producción de gases ricos registró un aumento de consideración.


Dentro del programa de uso racional de la energía; conservación, sustitución y evaluación, desarrollo y aplicación de nuevas fuentes, aprobado por el decreto 2.247/85, se implementó un programa de sustitución de combustibles líquidos, lo cual permite que hoy mostremos más de 150 estaciones expendedoras, casi 140.000 vehículos convertidos, fábricas nacionales de equipos de conversión y compresoras y un consumo que llega al 0,8 por ciento del total nacional. Todo ello fue posible —y acá los números cantan- precisamente por el accionar de dos empresas como Gas del Estado y Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Estas consideraciones obligan a pensar que el sistema actual no debería ser cambiado, salvo por algo probadamente mejor, lo cuál significa que el nuevo ordenamiento tendría que permitir la construcción de más y mejores gasoductos y redes de distribución, así, como bajar los precios actuales posibilitando, en consecuencia, una mayor accesibilidad de los argentinos al goce de los beneficios que implica el gas natural. Lamentablemente —y lo digo con absoluta franqueza y sinceridad—, el proyecto en análisis no apunta precisamente a lograr esos objetivos. En efecto, la iniciativa se aparta de la actual ley de hidrocarburos 17.319, la que —dicho sea de paso, y me permito decírselo cariñosamente al oficialismo que nos criticaba en nuestra gestión porque utilizábamos la ley de Onganía-Krieger Vasena— hoy rige la actividad vinculada, con los hidrocarburos en lo que se refiere a la parte supletoria del proyecto de ley en consideración. Se elimina del mercado a Gas del Estado y se otorga a las empresas privadas el papel principal y prioritario ya que, por ejemplo, tanto en el Estado nacional como en las provincias —no se hace expresa mención de los municipios- se otorga preferencia al sector privado en lo que respecta a la etapa de distribución y transporte.El proyecto de ley también se aparta de lo que en su momento se firmó con bombos y platillos. Me refiero al acuerdo de reforma federal firmado en la ciudad de Luján en mayo de 1990 por el cual los poderes ejecutivos de las provincias y de la Nación establecieron la posibilidad de crear empresas nacionales en entidades públicas federativas con participación accionaria provincial. Todo esto desaparece de un plumazo en el proyecto que hoy estamos considerando.Al no proponerse expresamente la derogación del decreto 48/91 - que es parte integrante y ha sido uno de los pilares del proceso de desregulación que se encaró a partir de 1989- y coincidir con él en cuanto a la metodología a seguir para el cálculo de las tarifas, se deja vigente un nuevo cuadro tarifario que incluirá aumentos desproporcionados. Recién escuchaba a mi buen amigo Bordín Carosio expresar que no habrá incremento de tarifas. Creo que comete una tremenda equivocación al hacer esa afirmación porque si bien es cierto que hay un período de transición de un año con posibilidad de ampliarlo a otro más, no lo es menos que en la estructura de costos de la tarifa, que en términos económicos sería de costo acumulativo, se parte de la base de tarifar relativamente el precio del transporte y de la distribución, dejando abierta la tarifa vinculada con el productor. Pero más allá de esta circunstancia, si bien es cierto que se tarifa relativamente —después voy a decir por qué— el precio vinculado a la segunda etapa —de transporte— y a la tercera —de distribución-, se deja abierta la tarifa relativa a los costos de producción. Al respecto no se hace mención alguna justamente porque el precio está desregulado y, por ello, puede fijarse cualquier valor más allá de la etapa de transición que prevé el proyecto. Esto significa que el piso que tendría que establecer el productor puede llegar a ser un techo, de modo que no sabemos cómo puede llegar a terminar esta situación. Simplemente quiero manifestar que más allá de la relatividad que pueden tener los estudios de algunas consultoras - me viene a la memoria la consultora Mc


Kinsey—, se habla de incrementos que oscilan en el orden del 1.482 por ciento para algunas zonas de la Patagonia. Si bien no me atrevo a decir que ésa será la magnitud del aumento; a todas luces esto dato nos da un indicio de cómo va a impactar la tarifa en el bolsillo de los argentinos. Por el contrario me animo a afirmar, porque obran en mi poder números concretos, cuál será la estructura tarifaria, teniendo en cuenta cómo se ha venido desarrollando durante la gestión del gobierno del doctor Menem, que permitirá entregar al sector privado una tarifa blanqueada, que cobrarán precisamente los distribuidores y transportistas. Voy a citar datos oficiales de la estructura de Gas del Estado tomando como base el año 1960 igual a 100. Así por ejemplo, tenemos que en diciembre del año 1990 se aplicó una tarifa que equivalía a un 48,4 por ciento, mientras que en diciembre de 1991 se llegó a un 92,9 por ciento, lo cual implica que virtualmente se ha duplicado en un año dicha tarifa. Esto significa en buen romance que se le está preparando el campo al sector privado para que no tenga que pagar los


costos políticos que implica tener que aplicar incrementos sustanciales en las tarifas, más allá de la libertad que tendrá el productor para establecer un piso que en realidad terminará siendo un techo. Fíjense ustedes la importancia que tiene esta cuestión de la tarifa. Yo me pregunto quién va a ir a la Patagonia, a Infiernillo —en Tucumán—, o a las localidades de Andacollo, Las Ovejas o Varvarco para proveer gas a sus habitantes. Debemos partir de la base de que este es un insumo que no se vincula con una vida lujosa, y del cual no se puede prescindir. Se trata de un servicio elemental que hace a la calidad de vida de los argentinos ¿Quién se animará a trasladarse a dichos lugares cuando lo único que garantiza el marco regulatorio es rentabilidad a quienes resulten adjudicatarios? Nadie puede estar en desacuerdo con el artículo 2º, pero no se puede argumentar que prevé la protección del usuario. Fíjense que cuando se hace mención a los sujetos de esta norma en ningún momento se hace referencia al usuario doméstico, al pequeño industrial o al pequeño comerciante, salvo para aplicarles multas por contravenciones. El capítulo en el que se habla de las contravenciones se refiere a terceros no prestatarios. Nosotros hemos elucubrado qué significa esto. Llegamos a la conclusión, y no porque estemos de acuerdo, de que si esta figura de "doña Rosa”, de la que tanto habla un comunicador social, comete la travesura, para definirlo de alguna manera, de afectar el medidor de gas, tendrá la posibilidad de que le apliquen una multa de 100 mil dólares y que le suspendan la prestación durante 90 días: en definitiva toda una serie de sanciones a esos terceros no prestatarios. Allí aparece la figura del usuario doméstico y no en los artículos del proyecto de ley que definen a sus sujetos. Por ende, lo que se establece en el artículo 2º en cuanto a los objetivos para la regulación del transporte y distribución del gas natural es letra muerta, pues en ninguna parte del articulado surge la protección al usuario doméstico. Muy por el contrario; incluso se obliga a los prestadores del transporte o la distribución a que ni siquiera tengan que trabajar a pérdida, porque en algún artículo del proyecto se dice que tienen obligación de recuperar sus costos operativos. La propia ley los condena a que no puedan trabajar a pérdida y a que recuperen por lo menos su costo operativo. En definitiva, hay una malla o red de seguridad para quienes van a acceder a este fabuloso negocio, pero nos olvidarnos de aquellos que deben sor objeto de nuestras inquietudes y preocupaciones: los usuarios. El proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, que hoy consideramos, garantiza la realización de un negocio sin riesgo para los futuros adquirentes o concesionarios de los activos de Gas del Estado y la consolidación de situaciones monopólicas u oligopólicas para los actuales concesionarios de la explotación. Pero al mismo tiempo, al no contener disposiciones específicas que regulen u orienten las futuras políticas, lleva implícita la destrucción de sectores que han hecho realidad la política de sustitución -como era el caso del gas natural comprimido- o que han cubierto satisfactoriamente las necesidades de gran parte de la población, como aconteció con los fraccionadores y distribuidores de gas licuado. Mayor gravedad reviste la ausencia de disposiciones imperativas que establezcan prioridad en atención a los distintos tipos de consumidores. Teniendo presente que en los períodos de baja temperatura la capacidad de transporte resulta insuficiente y que Gas del Estado no estará presente para otorgar prioridad a la atención de los pequeños consumidores domésticos, comerciales e industriales; es lógico suponer que quienes no verán afectada su provisión serán los grandes consumidores, que directamente podrán contratar con los productores salteando así la etapa que prevé la ley.


Evidentemente, esa posibilidad no la tendrán los pequeños usuarios, quienes se verán condenados en épocas de baja temperatura. En consecuencia, de no existir capacidad de transporte, como sucedió el año pasado durante los períodos en que el país sufrió intensos fríos, veremos cómo se rompe el carácter de servicio público por más que se haga mención de él en los artículos 1º y 2º del proyecto de ley. Entonces, cabe preguntarse de qué forma solucionarán sus necesidades energéticas aquellos que ostentan una menor potencialidad económica. Las familias argentinas deberán disponer en su hogar de artefactos de energía eléctrica, además de los artefactos de gas. La desaprensión por la situación de los menos pudientes es tal que el proyecto de ley, en su artículo 9º no los considera —como dije— como sujetos de la industria del gas, ni siquiera los califica como sujetos de la ley. Por el contrario -reitero- se prevé en el ítem XII del capítulo I, artículos 72 a 74, la posibilidad de sancionarlos. La organización de Gas del Estado nos muestra que posee una estructura integrada que se

refleja en la dotación de su personal —alrededor de 9 mil personas—, que se mantiene inamovible desde hace muchos años. Esa estructura societaria integrada será reemplazada por otra compuesta por varias empresas, de las cuales no sabemos cuántas serán transportistas. Podemos imaginar una empresa transportista por gasoducto o conjunto de ellos, un número importante de empresas intermediarias y por lo menos una empresa distribuidora por cada ciudad importante o provincia.Resulta lógico pensar que este conglomerado funcionará con una dotación de personal bastante numerosa, cuyos mayores costos se trasladarán inexorablemente a las tarifas. Además, esta estructura, que nos imaginamos realmente elefantiásica, tendrá un inmenso poder y contará con una gran burocracia que no podrá dar cumplimiento a los objetivos que se le han previsto, como ocurrirá con el ente regulador que se va a crear, que tiene facultades legislativas, judiciales y operativas. En definitiva, un monstruo; y en este aspecto ya conocemos el ejemplo de lo que ha pasado y está ocurriendo en los Estados Unidos, comentado por un empresario con quien nos entrevistamos durante las rondas de conversación, quien reconoció tal circunstancia frente a una pregunta puntual que le formulamos.Sin embargo, ahora copiamos ese ejemplo y dejamos de lado el verdadero concepto de lo que significa una empresa estatal como Gas del Estado y abandonamos definitivamente el poder de policía que hoy ostenta la Subsecretaría de Energía, a pesar de que en los hechos no lo aplica ni siquiera para controlar el pago de las regalías a las provincias productoras tanto de petróleo como de gas.Haré una consideración pormenorizada del proyecto, siguiendo ordenadamente el contenido de cada capítulo a fin de hacer referencia a los conceptos que consagran cada uno de ellos. He dicho que con relación a este proyecto; la ratio del tema se vincula, a mi criterio, con la definición que debe tener la provisión de un fluido de estas características con referencia al Estado y también al sector privado. Es decir, esta antinomia es falsa si antes no definimos la ratio de este asunto cual es el carácter de servicio público que tiene. Al hacer referencia a servicio público inexorablemente tenemos que hablar de accesibilidad, de permanencia, de igualdad para todos, y de tarifas justas. Pero en el decurso del análisis de los diversos artículos del proyecto se va dejando de lado este concepto por más que en el artículo 1º se lo considere como un


servicio público nacional —como si no hubiera un servicio público municipal o provincial; este concepto no lo entiendo—, pues en ninguna disposición posterior se respeta y consolida este principio. Cuando en el primer artículo se hace referencia al gas natural aparece una primera alteración del concepto, porque se deja de lado la regulación de otros gases, como el propano o el butano, y todos sabemos que el gas natural es el metano. Al dejar de lado al propano y al butano, que son combustibles de uso familiar o también para la pequeña industria estamos afectando la posibilidad de proveer fluido gasífero a los sectores de menores recursos, porque no quedan comprendidos dentro del carácter de servicio público. Al no incluir otro concepto y dejar bajo las normas de la ley 17.319 a la producción, captación y tratamiento, se convierte a la caracterización del servicio público en una mera enunciación. En ese sentido, tenemos un ejemplo en lo que mencioné hace unos instantes referido a la cuestión de las tarifas. Más allá de la tarifación relativa del transporte y la distribución el productor está totalmente desregulado y abierto, salvo en la exportación, que requiere autorización. Este tema venía abierto en la sanción del Honorable Senado, y la mencionada excepción es una evidente mejora que se introdujo en la Cámara baja. Insisto, salvo esa cuestión, el productor puede hacer lo que quiere, ventear o hacer lo que se le ocurra. Entonces, ¿de qué vale caracterizar como servicio público al transporte y la distribución si la producción no está incluida dentro de la norma? En cuánto a la política general, por una cuestión de tipo natural resulta realmente imposible promover la competitividad de los mercados de oferta y demanda de gas natural cuando en las etapas que regula el proyecto, el transporte y la distribución, estamos frente a monopolios naturales. Es necesario decir la verdad a la sociedad: no habrá dos caños, el A y el B, que pasarán frente a la casa de doña Rosa para que ella elija el más barato. Aquí hay monopolios naturales; quien acceda a una zona tendrá la posibilidad de fijar el precio ciertamente con tarifas máximas, aunque cuando se menciona la rentabilidad razonable o los objetivos similares observamos que esto no se define y que en definitiva no hay competencia porque existen los monopolios naturales. De acuerdo con las normas regulatorias implementadas por el actual gobierno la competencia sólo puede darse en la primera etapa relativa, o sea, la producción. En este punto es necesario recordar que existen tres etapas: la producción, el transporte y la distribución. Es cierto que en el marco de la desregulación hay competencia en la primera etapa, en la producción; sin embargo, el artículo 1º del proyecto en consideración excluye de la aplicación de la norma a los productores.Otro de los objetivos que se dice persigue esta iniciativa es la protección de los consumidores, pero de su articulado surge que protege a todos los integrantes del ciclo con excepción de las pequeñas industrias, comercios y usuarios domés-ticos, que casualmente son los más débiles desde el punto de vista económico.Tampoco se protege a la mayoría de los consumidores creando eslabones innecesarios dentro del ciclo productivo económico. En ese sentido quisiera que los señores diputados advirtieran que existe una ley de defensa de la competencia que precisamente pena todo lo que signifique establecer eslabones innecesarios que encarezcan el producto final.Entonces, tampoco se protege a la mayoría de los consumidores creando eslabones innecesarios dentro del ciclo productivo económico porque ello significa generar costos innecesarios que ineludiblemente se trasladarán a los consumidores. Sólo podrán obviar parcialmente este perjuicio aquellos grandes consumidores que puedan contratar directamente con los productores, evitando toda la cadena intermedia. Dotar al sistema de una importante cuota de ineficiencia generará costos superfluos pues se destruirá la unidad de


concepción en el caso de Gas del Estado, especialmente lo que se ha dado en llamar despacho unificado de cargas. Todos los gasoductos que maneja Gas del Estado utilizan el despacho unificado de cargas. Allí se hace la gestión operativa y se elige tal o cual gasoducto según sean las conveniencias operativas, económicas y de necesidad que plantee la demanda en ese momento determinado.Con la privatización, destrozo y remate de Gas del Estado, desaparece este despacho unificado de cargas, por lo que me imagino que esto será un aquelarre, ya que nadie tendrá la posibilidad de manejar organizadamente toda la estructura de la red troncal. En una palabra, se rompe la integridad que tiene la empresa, con la consiguiente superposición de funciones entre los distintos intervinientes.Asimismo, quiero hacer algunas reflexiones desde el punto de vista gramatical sobre algunos conceptos recogidos del proyecto de ley. Se utiliza la palabra "promover", y de acuerdo con lo que nos enseña el Diccionario de la Real Academia Española, "promover" significa "iniciar o adelantar una cosa procurando su logro". Es decir, no se garantizan resultados ni se impone a los ejecutores la obligación de lograrlos.Resulta peor en el caso de "propender", cuyo significado es "inclinarse uno a una cosa por especial afición, índole u otro motivo". Como se puede apreciar, se carece de imperatividad. Similar apreciación aparece con la palabra "incentivar"; y cuando se dice que se deben alentar las inversiones para asegurar el suministro a largo plazo, cabe preguntarse qué deberá hacerse cuando el aliento se acabe o resulte insuficiente. ¿Tendremos que llamar a alguna barra brava para cumplir con los objetivos? El único objetivo imperativamente establecido por el proyecto de ley consiste —fíjense qué curiosidad— en proteger adecuadamente los derechos de los grandes consumidores. Lamentablemente, en el artículo 9º se establece —como dije hace un rato— que son sujetos de esta iniciativa los grandes consumidores.En consecuencia, los pequeños consumidores no podrán ser protegidos porque no son considerados sujetos en el concepto de la ley, más allá de los objetivos generales planteados en el artículo 2°.El título IV se refiere al transporte y distribución. Se dice que el transporte y distribución de gas natural deberán prioritariamente ser realizados por personas jurídicas de derecho privado. De esta forma se impide la intervención y la competencia —lo que es más grave si es que estamos de acuerdo con el objetivo de bajar los costos— de las empresas estatales, sean nacionales o provinciales; aunque cabría la duda con aquéllas constituidas en forma de socie-dad anónima, incluso con las que sin tener esta forma jurídica actúan en el ámbito del derecho privado provincial y municipal.Por la forma en que está prevista la privatización de Gas del Estado no tendrían cabida las cooperativas. Es decir que se deja de lado a aquel movimiento cooperativo inspirado por principios solidarios de ayuda mutua, con lo que, con esta privatización, tienen un término finito —si cabe la expresión— en su vida útil.Los productores que tengan el derecho de obtener una concesión de transporte de sus propios hidrocarburos, no quedarán comprendidos en las limitaciones establecidas en este mismo proyecto. De esta forma no se logrará la competencia que se dice promover.El texto regula los aspectos principales de las concesiones a otorgar, pero olvida la mención del más importante y que está implícito en la definición del servicio público: el conce-


sionario no asume la obligatoriedad de mantener los servicios existentes. Tampoco exige considerar, como una de las principales condiciones a tener en cuenta en la adjudicación, a la extensión de los servicios que el oferente debiera obligatoriamente proponer.Además, en ninguna parte del texto del proyecto de ley surge inequívocamente la protección de tres valores fundamentales: el usuario, la inversión y la planificación. Porque no podemos hablar de política energética si no pensamos cuál es el sujeto de la política energética -bajo nuestro punto de vista, es el usuario— y cuáles son las inversiones que hay que exigir a través de una adecuada y correcta planificación. En el proyecto que estamos tratando no surge ninguna mención hacia estos aspectos. Otro tema que nos merece reparos es la cuestión del plazo previsto para las concesiones, que llega a la friolera de 35 años, con la posibilidad de extenderlo por otro período igual. Si bien se toman los plazos establecidos por la ley 17.319, hay una pequeña gran diferencia, ya que esa ley hace mención a los concesionarios que realizaron inversiones de superficie, ductos y elementos varios que han construido durante estos años. Aquí no hay ninguna mención a algún tipo de construcción en la superficie; simplemente se otorga la concesión por este período, plagiando los plazos de la ley de hidrocarburos. Otra cuestión sobre la que tenemos reparos es la vinculada con el artículo 8º, que permite al Ente Nacional Regulador de Gas exigir al concesionario continuar con la prestación del servicio, para el caso de demora en el otorgamiento de otra concesión. Lamentablemente, en ninguna parte del proyecto se hace mención a la presentación de garantías. ¿Que pasa si el concesionario, o la sociedad, o quien fuera, se niega a la prestación? No hay ningún tipo de exigencia de garantías como en cualquier licitación o concesión, donde se exige la presentación de una garantía en el supuesto de que el concesionario no quiera continuar con la prestación. Al margen de que se le pueda exigir que siga, no hay ningún tipo de responsabilidad de su parte para que la termine o para tomar medidas si se quiere ir antes.Con referencia a los sujetos, el articulado de la ley distingue dos tipos: los sujetos activos de la industria del gas natural, donde están todos los que actúan en el ciclo económico, incluso aquellos cuya actividad no se regula en el proyecto; y aquellos sujetos que sí son objeto de la ley, a saber: los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, los almacenadores y los grandes consumidores. Como ya comentamos, los más desprotegidos económicamente —y lo reitero a fuerza de ser monotemático— los pequeños usuarios, los comerciantes y los pequeños industriales, que no son mencionados por el proyecto de ley. Sr. Presidente (Brook). La Presidencia advierte al orador que le restan dos minutos para concluir su exposición, por lo que le solicita proceda a redondear el discurso. Sr. Quezada.- Señor presidente: teniendo en cuenta que aún tengo bastante para exponer, solicito autorización para extender el término de mi discurso. Sr. Presidente (Brook).Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, así se hará.

-Asentimiento.Sr. Presidente (Brook).-El orador cuenta con 30 minutos más para exponer.Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Neuquén. Sr. Quezada. — Señor presidente: decía que los sujetos de esta ley son los transportistas, los distribuidores, los comercializadores, los almacenadores y los grandes consumidores; pero no son tenidos en cuenta quienes constituyen el eslabón más débil de todo este ciclo, como es el pequeño usuario a nivel doméstico, industrial o comercial. También, en forma inexplicable, la norma define al productor pero no lo


considera sujeto activo y no se ocupa de regular su actividad. Es la misma situación que se da con los catadores y procesadores. Una situación inversa se observa con los almacenadores, que son considerados activos pero no están caracterizados. Voy a entrar ahora en el terreno de las disposiciones comunes a los transportistas y distribuidores. Al contrario de la filosofía que informa el proyecto de desregulación que desde el comienzo del período presidencial de doctor Menem se ha dictado con respecto a la actividad de los hidrocarburos, en este proyecto se adoptan todas las previsiones necesarias para proteger las si-tuaciones monopólicas de los concesionarios del transporte y de la distribución: autorización previa del ente para iniciar obras nuevas de cierta importancia; obligatoriedad para las cooperativas de llegar a un acuerdo con los concesionarios, facultad del distribuidor para rechazar una solicitud de conexión alegando razones económicas, etcétera. Hace un par de años se encaró un plan de desregulación, pero por la presente iniciativa se


regula todo con el único objeto de proteger los intereses de los transportistas y distribuidores, dejando sin ningún tipo de resguardo a los pequeños usuarios.En relación con el abandono total o parcial de las instalaciones o la cesión de los servicios por parte del transportista o distribuidor, si bien se requiere la autorización previa de la autoridad, no existen disposiciones legales que garanticen que no se producirá ningún tipo de abandono o que, por lo menos, se resarcirá económicamente a los perjudicados por tal decisión; inclusive podemos llegar a la "parajoda” de que se desmantelen las instalaciones, porque no se prevé ningún tipo de exigencia que evite este supuesto. Nos merece reparos la falta de consideración que se ha tenido para con las provincias. La opinión de éstas en relación con nuevas obras que pudieran incluso provocar algún impacto en la situación ambiental no es tenida en cuenta y son simples convidadas de piedra. El capítulo referido a la prestación del servicio no impide que los concesionarios puedan hacer abandono de él. Se desvirtúa el concepto de servicio público por cuanto la satisfacción de la demanda así como también la ampliación de instalaciones se limitan a la posibilidad económica que tengan los concesionarios de recuperar las inversiones que realicen. Esto surge como consecuencia del establecimiento de tarifas diferenciales. Aquí claramente se ve cómo se desvirtúa el concepto de servicio público, porque se vincula la posibilidad de que habitantes que se encuentren alejados de grandes centros puedan acceder al servicio con la existencia de rentabilidad en la inversión que realice el adjudicatario de la concesión de distribución. El acceso indiscriminatorio a la capacidad de transporte y distribución que plantea el proyecto de ley tiene dos posibilidades: se convierte en un simple enunciado teórico o en una fuente inagotable de conflictos. En la provincia de Córdoba existe un movimiento importante de cooperativas que son dueñas de la red de distribución y que se han salvado de ceder la titularidad de esta red a Gas del Estado. Digo esto porque mediante la privatización de Gas del Estado se va a dar el caso de enriquecimiento sin causa en beneficio de terceros que accedan a estos bienes. Antes, quien poseía una red de distribución se la cedía a Gas del Estado, que le devolvía mil metros cúbicos de gas por las inversiones que hacía; pero a partir del gobierno del doctor Menem se deja sin efecto esta medida, con lo cual Gas del Estado se apropia de esos bienes. Por ello, los terceros que accedan a la red de distribución van a incurrir en un enriquecimiento sin causa. Pero en el caso de Córdoba, si algún transportista o distribuidor quiere acceder a esta capacidad de distribución porque no tiene red pero sí gas, y las cooperativas se niegan, se produciría un acceso indiscriminado que generaría conflictos tremendos. Lo que ocurre es que se rompe el concepto de integridad con el que la empresa Gas del Estado maneja en forma armónica esta cuestión. En cuanto a las limitaciones que se establecen en el proyecto con relación a los diversos sujetos —productores, transportistas o distribuidores- para evitar situaciones monopólicas u oligopólicas, no son más que un simple enunciado teórico sin fuerza de ley para ser exigido. Si bien es cierto que en el artículo 37 se habla de acciones nominativas no endosables o escriturales a fin de evitar actitudes monopólicas por parte de transportistas o distribuidores, en realidad hay dos razones que anulan tal limitación. En primer lugar, sabemos que hay grupos económicos que operan a través de empresas controlantes y controladas, con lo cual, se pierde la noción de la verdadera titularidad. De esta manera un mismo grupo puede manejar las dos etapas, es decir el transporte y la distribución. En segundo lugar, se da al ente regulador del gas —en este punto, y más allá de lo que pueda acordarse durante el tratamiento en particular, apelo a la sensibilidad y comprensión del oficialismo— una suerte de facultad extrema


según la cual puede autorizar la unión de grupos económicos de transportistas y distribuidores, lo que inexorablemente no sólo pondrá una lápida sobre los usuarios sino que también eliminará todo atisbo de competencia. Esto es algo que podemos apreciar en los artículos 33 y 34. En el artículo 36 se brinda la posibilidad de que el productor sea transportista, de lo cual surge claramente que se generará un poder económico de tal envergadura que impedirá que sectores más débiles puedan acceder a este servicio, salvo que paguen tarifas como aquellas a las que me referí al comienzo. Con relación a la estructura de tarifas -para seguir el ordenamiento del proyecto de ley-como observación general puede afirmarse que esta iniciativa está dedicada a la protección de la rentabilidad de los futuros concesionarios. No existe un solo párrafo destinado a la protección de los pequeños consumidores. A tanto llega esta protección a los transportistas y distribuidores que paradojalmente les prohíbe vender a pérdida. En efecto, en uno de los párrafos del articulo 42 se establece en términos


imperativos que los transportistas y distribuidores deben recuperar sus costos. A esta altura debo hacer un pequeño reproche al oficialismo, porque creo que se van a introducir algunas modificaciones que no conocemos y por tal motivo debo referirme estrictamente al proyecto que figura en el Orden del Día N° 24. Se habla allí de una tasa de retorno —creo que el término que ahora se emplearía sería el de rentabilidad— similar al de otras actividades de riesgo equiparable. Cabe aquí preguntarse cuál es el riesgo equiparable y con qué criterio se puede comparar esta actividad con otra similar. Estamos ante un grado de laxitud: y amplitud que no reconoce antecedentes porque —insisto— no sabemos con qué actividad de riesgo equiparable se puede llegar a hacer una comparación para establecer una tarifa rentable para el transportista o el distribuidor. Dejo fuera de la cuestión al productor, porque va por otro carril. El sistema que se aplicará para definir la cuestión de las tarifas es lo que se llama en términos económicos el costo acumulativo: tarifa del productor más tarifa del transportista más tarifa del distribuidor. En el gobierno democrático de Raúl Alfonsín nosotros utilizábamos el sistema del costo inverso —netback, como dicen los especialistas-, que apuntaba a que las tarifas sean fijadas por la Secretaría de Energía. En cambio, aquí partimos de la base de tarifar con relación a la tarifa del transportista-distribuidor, pero dejamos abierta la cuestión vinculada a la tarifa del productor. Por consiguiente, reafirmo lo que dije hace un rato en el sentido de que el pueblo argentino pagará tarifas mucho más elevadas que las actuales. Me remito simplemente a los estudios de algunas consultoras, pero el tiempo dirá si las palabras de este diputado eran acertadas o no. El incremento tarifario que estoy mencionando también resultará posibilitado por la eliminación de los subsidios cruzados. Así, a partir de la entrada en vigencia de esta ley, los consumidores que residan en zonas de clima templado -especialmente en los grandes centros urbanos- dejarán de subsidiar a aquellos que residan en zonas de frío intenso. Los diputados de la Patagonia sabemos que hoy realmente pagamos una tarifa subsidiada, debido a la combinación de un aspecto económico con un aspecto social, que se vincula al carácter de servicio público de la provisión de gas. Sin embargo, al eliminarse la posibilidad de los subsidios cruzados, pagaremos tarifas mucho más elevadas. Esta situación no mejorará en absoluto con el fondo al que hizo mención el señor diputado Bordín Carosio, que se constituirá con un recargo de dos pesos con cincuenta centavos por mil metros cúbicos de gas natural sobre las tarifas que paguen todos los usuarios del país. Tomando como base un consumo anual en todo el país de 20 mil millones de metros cúbicos, este recargo producirá un monto global de 50 millones de dólares, del cual el 80 por ciento se destinará a crear un fondo solidario para compensar las tarifas aplicadas en las provincias comprendidas en la ley 23.272. De esta manera, el fondo solidario tendrá 40 millones de dólares para una población de casi un millón de habitantes, una cifra de cuya exigüidad uno se da cuenta apenas repara en el hecho de que estamos hablando de La Pampa, Río Negro, Neuquén, Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego. Entonces, no será posible que los habitantes de la zona patagónica tengamos una tarifa que contemple aspectos sociales relativos al esfuerzo solidario que debemos hacer todos los argentinos. Tampoco vale mencionar en este contexto el artículo 49, que dice: ".. el Poder Ejecutivo propondrá al Congreso Nacional otorgar subsidios, los que deberán ser explícitos y contemplados en el presupuesto nacional". Ya sabemos cuál es la filosofía que informa el actual programa económico. Por lo tanto, ésa es una mera enunciación que no se traducirá en lo que podríamos llamar efectividades conducentes. Otra cuestión que quien analizar es la del Ente Nacional Regulador del Gas.


Parafraseando a un diputado amigo miembro de la Comisión de Energía y Combustibles, no quiero pensar en los lobbies que operarán en este ente. Estamos hablando de un negocio de más de 2.500 millones de dólares, y de un organismo que dirimirá conflictos entre pesos pesados, entre los estados pro-vinciales y el Estado nacional, y que tiene facultades legislativas, jurisdiccionales —por no decir judiciales— y las propias del Poder Ejecutivo. No encuentro razón o motivo alguno que justifique la existencia de este ente como tal, que alcanzará una envergadura tan significativa que se convertirá en una suerte de justicia federal a lo largo y a lo ancho del país, dado que establecerá delegaciones en todas las regiones o provincias. Debemos tener en cuenta cuál será su composición, porque aunque los estados provinciales pueden proponer dos integrantes por cada uno, en definitiva éstos serán designados por el Poder Ejecutivo nacional; en consecuencia, las provincias serán los convidados de pie-


dra, con total imposibilidad de incidir en la política que puede llegar a fijar este ente. Además, si nos remitimos a las experiencias que han tenido lugar en otros países del mundo y más concretamente en los Estados Unidos —cuyo modelo copiamos, y copiamos mal—, veremos la gran cantidad de conflictos y juicios que ha generado su actuación. Iré redondeando mi exposición a fin de no agotar la paciencia de la Honorable Cámara. El título XII del proyecto de ley en consideración se refiere a las contravenciones y sanciones. Esto se vincula con los terceros no prestatarios. Se aplica una serie de sanciones a diferentes contravenciones y allí aparece por única vez la figura del pequeño usuario, lo cual me releva de efectuar mayores comentarios al respecto. Llegamos así a un tema que para mí es central y vital: la privatización de Gas del Estado. A pesar del esfuerzo realizado y de haber hecho una ronda de conversaciones con los diversos sujetos relacionados con esta actividad, no hemos logrado apoyo a nuestra posición. A modo de confesión voy a comentar que en la ronda de conversaciones mantenida con representantes gremiales del sector de Gas del Estado que se encuentra en relación de dependencia, en un principio nos dijeron que su objetivo era que les garantizáramos en el proyecto de ley el 10 por ciento de la propiedad participada, tal como quedó establecido en la iniciativa. Pero recuerdo que cuando le pregunté a quien era el secretario general o adjunto del gremio, cuál era su opinión franca y leal con respecto a la privatización de Gas del Estado, luego de mucho "apriete" para llevarlo a que me diera una respuesta reconoció que no encontraba una explicación operativa para la privatización y desintegración de Gas del Estado. ¿Quién va a operar -como manifesté hace instantes— el despacho unificado de cargas? ¿Cuál será el carácter racional que se aplicará en la utilización conveniente de los gasoductos troncales? ¿Qué aquelarre estaremos creando con la aprobación de este marco regulatorio? Los propios empleados de Gas del Estado reconocían que el hecho de romper el concepto de integralidad de dicha empresa no tiene sentido. Si me pusieran un revólver en la cabeza para pronunciarme, sí o sí, en favor de la privatización, diría que preferiría vender la empresa a un solo ente privado para poder controlarla mejor y operar sus activos más eficientemente. Prefiero esto antes que partirla en mil pedazos, porque ésta es una forma de romper el carácter de integralidad y la aplicación racional de todos los recursos que maneja Gas del Estado. Se la vendería a uno solo, porque por lo menos res-petaría este concepto que se vincula con el negocio conveniente y la utilización racional de todos los recursos que tiene Gas del Estado. Hace un rato hice referencia a la inconveniencia que significaba la privatización de la empresa Gas del Estado. En este sentido, no encuentro ningún argumento de orden económico, financiero, técnico u operativo que justifique dicha privatización. También mencioné anteriormente algunos números que demuestran lo que ha significado Gas del Estado para millones de argentinos. Dichos datos reflejaban quiénes pudieron acceder al uso del gas natural desde el siglo pasado hasta el año 1943. He manifestado además qué significó incorporar dicho servicio, con el que mejoró la calidad de vida de nuestros habitantes, a partir de la genial creación que tuvo el general Perón cuando puso en marcha esta empresa. Por otra parte señalé lo que implicó para la ecuación energética nacional la sustitución de combustibles líquidos por gaseosos, lo que constituyó una ventaja comparativa en la utilización de este producto frente al uso del petróleo, pues todos sabemos que tenemos poco de este recurso y no estamos explorando para incorporar nuevas reservas.


En definitiva no hay motivo alguno para privatizar esta empresa salvo que se diga claramente al pueblo argentino que lo único que se busca con ello es dar cumplimiento a compromisos de política macroeconómica o para achicar el déficit fiscal, cuestión que a mi criterio constituye el problema de fondo y no por la eficiencia o eficacia que se dice perseguir con este marco regulatorio que se pretende sancionar. Por las razones expuestas y por las que seguramente señalarán los colegas de mi bancada, venimos a manifestar con toda la responsabilidad que ello implica —con la convicción de nuestros ideales y el objetivo de proteger al usuario y al más débil económicamente— nuestra frontal oposición a este proyecto. Finalmente voy a terminar mi exposición recordando un pensamiento de ese gran poeta que fue Pablo Neruda, quien dijo: "Podrán cortar todas las flores, pero no podrán frenar la llegada de la primavera". Yo agrego: "Podrán vender to-dos los activos; podrán vender todas las reservas; podrá liquidarse y privatizarse absolutamente todo; pero en algún momento el pueblo argentino recuperará el valor de la soberanía, y allí llegará la primavera". (Aplausos. Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)


Sr. Presidente (Brook). - Tiene la palabra el Señor diputado por Santa Fe. Sr. Natale. — Señor presidente: el señor diputado preopinante no nos ha hablado tan bellamente como sabía hacerlo Pablo Neruda, pero parece que ha incurrido en los mismos errores ideológicos del célebre poeta. (Risas.) En nombre de los bloques parlamentarios del Partido Renovador de Salta, los partidos Liberal y Autonomista de Corrientes, el Movimiento Popular Neuquino, el Movimiento Popular Jujeño, el Partido Bloquista de San Juan, el Partido Ac-ción Chaqueña, el Movimiento Popular Fueguino, el Partido Blanco de los jubilados y, naturalmente, el Partido Demócrata Progresista, expreso nuestro pensamiento. Hace aproximadamente tres años el Congreso sancionó la ley 23.696, que dispuso la privatización de los servicios de gas, pero recién ahora estamos discutiendo su marco regulatorio. A continuación haré una rápida referencia a las vicisitudes por las que atravesó el tema del gas desde la vigencia de la ley de reforma del Estado. Sabido es que hacia 1990 el Ministerio de Obras y Servicios Públicos impulsó la asignación de la distribución de los servicios de gas natural entre 23 o 24 empresas privadas que habían aprovechado los mecanismos previstos en esa norma para las iniciativas particulares. Como siempre señalamos, esos mecanismos estaban destinados a promover iniciativas singulares, diferentes de las habituales, pero que en razón de esta especial vía serían utilizados por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos para entregar en manos de empresas postulantes, sin licitación de ninguna naturaleza, la distribución de todo el gas natural en la República Argentina. En aquel momento fui el único diputado de la comisión bicameral encargada del seguimiento de la reforma del Estado que se opuso abiertamente a los procedimientos que quería llevar adelante el citado ministerio; y a pesar de que expliqué a mis colegas hasta el cansancio que no se podía seguir esa vía, los sectores representativos de quienes hoy se oponen frontalmente a esta privatización acompañaron aquella decisión. Esta llevó al Poder Ejecutivo a emitir equivocadamente el decreto número 4 el día 7 de enero de 1991, mediante el cual se aprobaba lo actuado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, se establecían los mecanismos de iniciativas de particulares y se disponía a la vez que en un plazo perentorio debían llevarse a cabo los concursos determinados por la ley. Felizmente el cambio de ministro propició que hiciésemos una gestión directa ante el nuevo ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, a quien señalamos la gravedad de los procedimientos que se pensaban aplicar. Inclusive, en el mes de febrero del año pasado la cuestión se ventiló en este recinto; así fue que tiempo después el Poder Ejecutivo emitió un nuevo decreto congelando todo lo actuado. Luego se envió al Congreso un proyecto de ley sobre marco regulatorio, que con una serie de sucesivas modificaciones es el que hoy está a consideración de la Honorable Cámara. Aquí se acaba de hacer la apología de Gas del Estado. Es cierto que para los usuarios esa empresa brinda un servicio eficiente y económico; es decir que no es como Ferrocarriles Argentinos u otros entes estatales que además de ser altamente deficitarios prestan servicios despreciables. Pero no se han dicho ciertas cosas sobre Gas del Estado, que entiendo deberían decirse para que nos ubiquemos en el contexto adecuado de esta privatización que hoy se quiere implementar. Desde 1984 hasta 1989 Gas del Estado acumuló una deuda con Yacimientos Petrolíferos Fiscales superior a mil millones de dólares. Ello, porque Gas del Estado no le pagaba a YPF el gas que le compraba. Esa cifra llegaría a 1.800 millones de dólares si tenemos en cuenta los criterios de actualización que emplea Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Quiero decir que gracias a esa falta de


pago, Gas del Estado pudo subsistir con una caja equilibrada durante esos años. El servicio de gas requiere una inversión inmediata de alrededor de mil millones de dólares. En la provincia del Neuquén hay que invertir en nuevos pozos petroleros en la medida en que el consumo de gas aumente. También hay que invertir en el mantenimiento de los gasoductos porque hay algunos que tienen varias décadas de vida. Del mismo modo hay que atender con urgencia el mantenimiento y la reparación de las redes de distribución en importantes ciudades de la República Argentina. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, las primeras construcciones de gas se llevaron a cabo hace más de un siglo para atender el alumbrado público a gas y hago notar que por esas tuberías que corren por calles céntricas de la ciudad todavía circula el gas que utilizamos. Desde luego que el mineral de hierro se ha esfumado y el gas circula por los conductos formados en la tierra; algún día tendremos un desastre


y ahí nos anoticiaremos del riesgo al que está sometida la ciudad en cuanto al servicio de gas. Ciudades como Rosario, de las más viejas en tener provisión de gas en nuestro país, afrontan situaciones análogas. Cabe la pregunta entonces sobre qué hizo Gas del. Estado en los últimos 20, 25 o 30 años respecto a la expansión de las redes: ¿que inversiones genuinas hizo, cuando se hace en este recinto el panegírico de esta empresa?. Todos los gasoductos que existen en el país han sido construidos no con recursos propios da Gas del Estado sino con los provenientes de Rentas Generales. Incluso las provincias y muchos municipios han tenido que hacer sus propias redes de expansión de gas, es decir, han debido asumir cometidos que no les correspondían, que debía haberlos afrontado Gas del Estado. Sin embargo, las provincias y los municipios, con los recursos propios y con el esfuerzo de los usuarios y los gobiernos locales, han venido a suplir le inacción de esta empresa, a pesar de lo cual Gas del Estado les ha exigido la transferencia en propiedad de esas inversiones; por ese motivo propondré un artículo que contemple dichas inversiones realizadas por las provincias y los municipios. Se ha mencionado como uno de los logros del incremento del transporte de Gas del Estado la construcción del gasoducto Neuquén- Bahía BlancaBuenos Aires, conocido como NEUBA II. En este sentido sería interesante que abriéramos el debate sobre la construcción de este segundo gasoducto, que comenzó a ejecutarse en 1986 como producto de una contratación directa entre el gobierno argentino, Gas del Estado y un consorcio integrado en un 70 por ciento por Techint, SADE y Sideco, y un 30 por ciento por dos empresas mexicanas.El decreto del presidente Alfonsín que avaló ese acuerdo se fundó en un convenio de cooperación con México, que por cierto no habilitaba de ninguna manera la celebración de contratos directos entre una empresa del Estado argentino con compañías argentinas y mexicanas. Esa obra se llevó a cabo con financiamiento de la República Argentina, directamente a través del Banco Central o por medio de avales, cuando se estaba programando la realización de una licitación para hacerla sobre la base de un financiamiento que debían procurar los licenciatarios.Pero allá por 1986, de la noche a la mañana en la Secretaría de Energía y en Gas del Estado se cambiaron los planes y se llevó adelante el convenio con el consorcio argentino-mexicano, autorizándose la contratación directa por una obra que ha costado alrededor de 500 millones de dólares. Los bloques mayoritarios nos prometieron muchas veces efectuar un debate sobre el Neuba II pero nunca se llevó a cabo. Sr. Baylac. — ¿Me permito una interrupción, señor diputado, con permiso de la Presidencia? Sr. Natale. — Sí, señor diputado. Sr. Presidente (Brook). —Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Baylac. - Señor presidente: quiero solicitar por su intermedio al señor diputado Natale que no deje dudas en este debate acerca de una inversión que se realizó en el país, que se terminó en once meses y por la cual hoy en el Gran Buenos Aires hay mucha gente que cuenta con gas natural. Fue una inversión que tuvo una finalidad social, y por eso quisiera que el señor diputado Natale no dejase dudas respecto de lo que debemos discutir los bloques mayoritarios. Si hubo corrupción, escándalos o inversiones clandestinas, que los denuncie y no deje interrogantes. Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso la palabra el señor diputado por Santa Fe. Sr. Natale. — Es evidente que tenemos dos concepciones diferentes pues


algunos creemos que las obras públicas deben otorgarse por licitación pública y otros, que se pueden realizar con contratación directa. Creo que nunca nos vamos a entender con el señor diputado Baylac. Por supuesto que si se hubiera el efectuado una licitación pública el resultado hubiera sido otro. Ya escuché en otras ocasiones la crítica a la licitación pública, pero dentro del derecho administrativo es el mejor mecanismo para la contratación de bienes del Estado. Nosotros vamos a apoyar en general este proyecto de ley sobre marco regulatorio para el transporte y distribución del gas natural, aunque vamos a efectuar algunas observaciones. Creo que el señor diputado Quezada entró en el meollo del asunto al final de su exposición cuando dijo que si tuviera un revólver a la cabeza y tuviera que optar entre este mecanismo y la concesión global, él elegía esta última. Ese es el debate que se debió haber planteado en el Congreso de la Nación y no este que se está dando en este momento. En oportunidad de considerar el marco regulatorio eléctrico ya señalé que ésa era la cuestión de fondo que se debía analizar y que ameritaba que el Parlamento opinase a fondo sobre este asunto. Es evidente que no lo hicimos y que tampoco lo haremos esta noche.


Existe una decisión tomada por el Poder Ejecutivo nacional que nosotros acompañaremos, con las enmiendas que oportunamente propondremos; pero nos queda la sensación de que debemos efectuar un análisis más a fondo a fin de determinar qué sistema es mejor: el tradicional de la concesión total o parcial, porque no necesariamente tiene que abarcar toda la República Argentina, o este mecanismo que supone libertad de generación o producción, como asimismo libertad en el transporte y en la distribución. Ese era el gran debate que debíamos encarar y que quizá por la premura en el análisis soslaye el cuerpo esta noche. La discusión que queremos plantear se refiere a cuál es el mejor sistema. Ambos tienen experiencia universal y han dado buenos y malos resultados según las circunstancias, las autoridades de aplicación y una serie de factores. El Poder Ejecutivo nacional ha optado por éste. Yo creo que en modo alguno —quiero hacer un anticipo en una breve digresión— se puede afirmar que de este marco regulatorio resultarán tarifas superiores a las actualmente vigentes, como no acepto tampoco que se pueda decir que las tarifas no se van a modificar para los usuarios. En este marco regulatorio no hay una sola norma que permita inferir que las tarifas van a aumentar o a mantenerse iguales: eso surgirá de los términos de las concesiones que se otorguen, y ello dependerá de los pliegos licitatorios que elaboren los organismos respectivos. Las normas tarifarias no son otras que las que normalmente puede tener un proyecto de esta naturaleza. Lo que deberá merecer el cuidado especial de los funcionarios administrativos y de los órganos parlamentarios que a ellos controlan, son las normas establecidas en los pliegos relacionadas con la conformación concreta del cuadro tarifario. Por eso descarto las tremendas conmociones a que alude el señor diputado Quezada cuando dice que las tarifas van a tener aumentos astronómicos, aunque —repito una vez más— de aquí no surge que ellas se mantendrán y no creo que sea palabra final la de los funcionarios que dicen que ellas no se modificarán: habrá que ver qué pasa con los pliegos licitatorios. Por una cuestión de principios, todos los bloques provinciales objetamos la ley 17.319, en cuanto afirma el dominio nacional sobre las fuentes de hidrocarburos. Nuestra posición es reiterativa en cuanto a que el dominio es provincial y no federal sobre las fuentes de hidrocarburos sólidos, líquidos gaseosos. Esto es algo que queremos dejar a salvo. En cuanto al marco regulatorio nos oponemos al artículo 35. Esta norma contradice totalmente el esquema del proyecto de ley. Si hubiésemos optado por el sistema de la concesión global, el artículo 35 se imponía por sí solo; es decir, el concesionario tomaría con exclusividad el transporte y la distribución. Pero como hemos optado por el sistema de la libre concurrencia de los factores de la producción, del transporte y de la distribución no podemos permitir la posibilidad de que el ente regulador admita que dos o más distribuidores, y dos o más transportistas, lleguen a asociarse, porque por esta vía podría establecerse un monopolio, casualmente no querido en el esquema de este proyecto de ley. Lo mismo ocurrió con el sistema eléctrico, donde planteamos dudas análogas. De entrada, para asegurar la venta de las usinas de SEGBA de Puerto Nuevo y Nuevo Puerto, se hicieron contratos a ocho años con tarifas predeterminadas, que naturalmente los futuros compradores tendrán que asumir, porque de lo contrario no había interesados en comprar esas usinas. No cometamos el error de traicionar el espíritu de la ley —donde se busca un sistema de libre concurrencia de los factores productivos— admitiendo que el ente regulador pueda llegar a aceptar la existencia de monopolios en el transporte y la distribución. A propósito de la discrepancia que tenemos con el señor diputado Baylac, cuestionamos el segundo párrafo del artículo 4º, donde se prevé la posibilidad


de que si fracasa una licitación, el Poder Ejecutivo arbitre cualquier medio para otorgar esa concesión. No es lo que corresponde, señor presidente. Si fracasa una licitación habrá que hacer una segunda; y si hubiesen razones de urgencia, el caso ya está previsto expresamente por la ley de contabilidad, por lo que no queremos salirnos de lo que en ella se establece. No queremos dar un cheque en blanco al Poder Ejecutivo para que, tentado por alguna razón, pueda terminar haciendo alguna contratación directa después del fracaso de alguna licitación. También nos oponemos al artículo 6º en cuanto admite la renovación por 35 años del plazo de duración de las concesiones. Admitimos la razonabilidad del plazo de 35 años fijado por el artículo, pero una renovación por ese plazo resuelta por el organismo administrativo es muy peligrosa. Estamos tratando de cuidar la moral pública del año 2020 —para ser más precisos, del año


2027-; pero tratamos de cuidarla ahora para que en el 2027 quienes nos sucedan y quienes sucedan a los actuales funcionarios en estos cometidos no se vean obligados a soportar las enormes presiones de los concesionarios que deseen obtener una prórroga de 35 años en el servicio que están prestando. Un plazo mínimo razonable para asegurar la continuidad del servicio podría admitirse, pero no un plazo de esta magnitud. Vamos a plantear dos cuestiones como referencia final para nuestra posición; entendemos que estas cuestiones son muy importantes. La primera es la fijación de metas de expansión, tema del que hemos conversado largamente con los funcionarios del Poder Ejecutivo. Una de las razones de la privatización de Gas del Estado es que esta empresa no está en condiciones siquiera de mantener las redes que hoy existen. Y otra de las motivaciones de la privatización debe ser la expansión del servicio. El tema es complejo y lo sabemos. Hay provincias donde resulta muy caro llevar gas natural. Hay provincias que aún esperan gasoductos troncales que hoy no tienen. Es el caso especial de la Mesopotamia. Pero en una concesión a 35 años nosotros entendemos que deben fijarse metas de cumplimiento obligatorio para el concesionario, particularmente en lo que respecta a los del área de distribución de servicios, es decir, a aquellos que van a tener a cargo la distribución en provincias o ciudades importantes o en un grupo de provincias. Es cierto que la ley prevé algunos mecanismos de participación de terceros si los concesionarios no lo hicieran, pero parece más atendible que sea la misma ley la que fije metas de cumplimiento. Por eso estamos propiciando un artículo cuyo texto sería el siguiente: "Las concesiones de transporte y distribución establecerán expresamente cuáles son las metas que deberán alcanzar los concesionarios en el mantenimiento y expansión de los servicios. Se fijarán plazos para lograrlas y se determinarán mecanismos que hicieren al efectivo cumplimiento del objetivo", Sr. Ortiz Pellegrini. -¿ Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia? Sr. Natale.— Sí, señor diputado. Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Córdoba. Sr. Ortíz Pellegrini. Señor presidente: escuché que el señor diputado Natale decía que uno de los objetivos de la nueva ley es la expansión de los servicios. Entonces me permití interrumpir su importante exposición para leerle algunos renglones de la declaración del señor subsecretario de Combustibles de la Nación, Raúl García, publicadas en el diario “Clarín". Ahí se dice textualmente: " No resulta conveniente pensar en promocionar el uso del gas"; el sistema se ampliará allí donde resulte rentable." Unicamente la rentabilidad será la clave del sistema. Y concluye este artículo, al que me referiré en su oportunidad cuando me ocupe del tema, diciendo lo siguiente: "... la producción de gas no está contemplada como un servicio público, característica que sí regirá el transporte y la distribución. El gas -resumió- es una fuente de energía más que compite con cualquier otra, y el objetivo general no es que llegue a todos los usuarios porque el servicio se ampliará sólo si resulta atractivo en términos económicos." Con esto quiero hacer ver al señor diputado que el proyecto del oficialismo de ninguna manera propende a la expansión a la que él alude. Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe. Sr. Natale.— Señor presidente: casualmente como no coincido con el criterio de los funcionarios del Poder Ejecutivo, propicio este agregado al artículo mencionado para que los pliegos incluyan determinadas metas a cubrir por los concesionarios. Si coincidiésemos con la posición del señor subsecretario de


Energía, nuestra postura sería otra. Sr. Parrilli. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia Sr. Natale. — Sí, señor diputado. Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Neuquén. Sr. Parrilli - Señor presidente: el objetivo que el gobierno persigue a través de este marco regulatorio es mantener el actual nivel de las tarifas y evitar que la expansión de los servicios dependan de él. La historia de Gas del Estado demuestra que ni los gasoductos troncales ni las redes de distribución fueron realizadas con el producido de las tarifas sino por medio de otros mecanismos a los que el Estado puede acceder, por ejemplo préstamos internacionales o dinero que los gobiernos nacional, provincial o municipal, deciden invertir o con el aporte de los propios usuarios de los servicios. Sin perjuicio de que en la consideración en particular analicemos detenidamente la propues-


ta formulada por el señor diputado por Santa Fe, quiero destacar que el objetivo que el gobierno persigue a través de la privatización no es el de garantizar la ampliación del servicio a costa de un aumento de la tarifa. Aquí se le exige al gobierno que no aumente la tarifa pero que garantice a través de ella una ampliación del servicio. Esos puntos son contrapuestos, por lo que el gobierno se ve obligado a tomar una decisión. Por ello el Poder Ejecutivo hará lo que tenga que hacer y nosotros, como Poder Legislativo, mediante un artículo de la ley destinamos parte de un subsidio a la ampliación de obras y redes. En el artículo 49 del proyecto en consideración establecemos claramente que el gobierno otorgará subsidios a través de partidas que específicamente se fijarán en el presupuesto nacional. Pero el Poder Ejecutivo no quiere que existan subsidios cruzados y que en definitiva no se sepa quiénes terminan pagando la ampliación del servicio. Por este motivo quiero dejar perfectamente aclarada la postura del Poder Ejecutivo y la nuestra como representantes del pueblo a fin de que, si el día de mañana existe una zona que no es económicamente rentable para que el capital privado invierta, seremos nosotros —y no el Poder Ejecutivo— los que mediante el dictado de partidas especiales en la ley de presupuesto tomemos la decisión política de llevar el servicio a una determinada zona. Sr. Presidente (Brook) - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe. Sr. Natale. — Señor presidente: el señor diputado Parrilli ha puesto las cosas en su lugar. Es evidente que para lograr una mayor inversión se requiere de mayor recaudación, y la fuente recaudatoria es la tarifa; no existe otra posibilidad. De todos modos, la decisión del Poder Ejecutivo es no aumentar las tarifas; por ello nuestra preocupación reside en asegurar los mecanismos que permitan la expansión de las redes. Es cierto que los productores harán esfuerzos para lograr este objetivo, pero si tenemos un país gasífero —como creemos tener— existen posibilidades de vender más gas en lugar de ventearlo en la medida en que haya mayor consumo. Nos parece estrecha la preocupación -aunque es legítima- de que la privatización sirva sólo para hacer aquello que hoy Gas del Estado no está haciendo, es decir, el mantenimiento de los gasoductos y las redes. Quisiéramos que también se previera la expansión de éstas, no como fruto espontáneo de las demandas del mercado sino como consecuencia del impulso que las normas regulatorias impongan a los concesionarios. De allí la propuesta que dejamos planteada. Esta preocupación que transmitimos también podría superarse modificando de alguna manera los porcentajes del artículo 93, en el que se asigna un 80 y un 20 por ciento, respectivamente, a la creación de un fondo de subsidios y a la realización de proyectos, programas de investigación y obras. Tal vez se podría contribuir al objetivo que hemos propuesto aumentando la participación de los proyectos de realización de obra. Queremos también plantear otra cuestión a la que ya he hecho referencia y que apunta a brindar un trato equitativo a las provincias y municipios que han hecho ingentes esfuerzos financieros para ejecutar a su costo obras de expansión de las redes de gas. Estas obras serán entregadas a particulares por vía de la venta o la locación. Gas del Estado obtendrá un precio, si hay venta, o un canon si hay locación y es legítimo que las provincias o los municipios que durante 20 o 30 años han hecho inversiones con las que se benefició el Estado durante muchísimo tiempo al proveer el servicio a muchos usuarios cobrando la tarifa, obtengan la restitución de las inversiones efectuadas. Por tal motivo proponemos un nuevo artículo con la siguiente redacción: "La Nación restituirá a las provincias y municipios que hubiesen construido redes


troncales o de distribución luego transferidas en propiedad a Gas del Estado, los valores actualizados de esas inversiones". De esta manera las provincias y municipios recuperarían lo que tuvieron que invertir porque Gas del Estado no destinó fondos para la ampliación de redes y servicios. Finalmente, quiero señalar que de alguna manera hemos soslayado el debate de fondo -tomada la decisión de privatizar Gas del Estado en la ley 23.696- en cuanto a la forma en que debía llevarse a cabo el proceso de privatización. Puede hacerse mediante el sistema tradicional de concesiones globales por medio de un mecanismo como el que aquí se propicia, de libre concurrencia de factores de la producción, el transporte y la distribución. Estamos optando por uno de ellos y pretendemos que la opción ejercida sea la mejor. Para ello es necesario que se tengan en cuenta algunas propuestas como las que hemos hecho, que apuntan a mejorar el sistema y a creer en la posibilidad de que esta empresa, que aparentemente prestó un buen servicio pero que dejó


déficit enormes a lo largo de su trayectoria, pase a ser explotada por otras manos y a brindar un servicio eficiente y económico a la sociedad argentina. (Aplausos.) Sr. Presidente (Brook). —Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Zamora (F.). — Señor presidente: el debate del marco regulatorio para la producción, transporte y distribución del gas natural me ha deparado dos sorpresas. La primera agradable, y la segunda simplemente sorpresa. De acuerdo con la práctica de esta Cámara, el orden de los expositores siempre estuvo ligado al número de miembros de los bloques que representan. Y la sorpresa agradable es que desde hoy tenemos un nuevo bloque en la Cámara. Además, los hombres del liberalismo nos esforzarnos por disminuir gastos y ser eficientes, de modo que mañana vamos a celebrar que el nuevo bloque eliminará el exceso de personal que hoy tiene como consecuencia de estar dividido en varios bloques. La segunda sorpresa es que por primera vez estamos hoy en blanco y negro. Venía dispuesto a escuchar a mi amigo, el diputado Bordín Carosio, pero no venía dispuesto a escuchar un discurso como el que hizo un también amigo, el señor diputado Quezada. Por primera vez estamos ante la alternativa de votar la privatización o dejar las cosas como están, en manos del Estado. Esto no sucedió cuando tratamos el marco regulatorio de la energía eléctrica. Este es un "pasa o no pasa". Por eso hoy vamos a marcar un nuevo hito. Estamos quienes queremos una Argentina distinta y moderna y están quienes quieren vivir en la Argentina de más o menos cuarenta y seis años atrás, cuando se creó Gas del Estado. Aquellos que defienden la permanencia de Gas del Estado en el sector estatal se han olvidado de comentar que durante cinco años no muy lejanos esta empresa acumuló una deuda de 800 millones de dólares solamente con YPF. Se han olvidado de comentar que en este momento el 20 por ciento de la red de gas de Capital Federal y Gran Buenos Aires no ofrece condiciones mínimas de seguridad. Tampoco mencionaron que tenemos tarifas subsidiadas y no reales. Y ningún país que quiera desarrollarse puede desconocer la verdadera estructura de costos de cada actividad económica. Igualmente parece olvidarse que con las tarifas de Gas del Estado no podríamos haber hecho un solo gasoducto. Se ha afirmado correctamente que en la Argentina los gasoductos fueron construidos con aportes del Tesoro o con préstamos internacionales. Se ha mencionado el gasoducto NEUBA II. No quiero recordar los 2 mil millones de dólares que le costó a la Argentina su construcción, que quizás podría haberse hecho a menor costo con una metodología diferente.Todo esto lo ha hecho el Estado. El privado no arriesgaba nada pero ganaba millones con estas obras. Tampoco se recordó que el Estado no es capaz de controlar los hurtos de gas natural, que ascienden por año a 20 o 25 millones de dólares. El Estado es ineficiente hasta para controlar estas cosas. Si a los distribuidores les robaran el gas, una vez concluida la privatización, las pérdidas las sufrirían ellos mismos y no las pagaríamos nosotros. Tampoco quiero olvidar los quebrantos crónicos de esta empresa del Estado y los auxilios financieros que hubo que darle, a través del Tesoro o la emisión, con la consecuente inflación que acarrea. Aunque hoy queramos rescatarlas diciendo que son buenas empresas del Estado, sabemos que no lo son. Podemos decir que Gas del Estado hubiera sido una buena empresa -me refiero a los últimos 5 años, porque al principio cumplió alguna función útil— si no hubiese ocurrido la situación que tuvo lugar en las zonas más necesitadas de nuestro país. En la actualidad los barrios marginales no tienen gas natural. La empresa Gas del Estado fue incapaz de proporcionarlo porque siempre trabajó a pérdida, porque como no generó ganancias, no pudo reinvertir y no suministró a


los barrios más humildes un fluido más barato que el que hoy tienen a través del gas licuado. Esta es la máxima demostración: Gas del Estado ni siquiera cumplió su función social porque hoy tenemos 15 millones de argentinos —curiosamente, los más marginados— que pagan más por tener calefacción o contar con la posibilidad de cocinar utilizando gas envasado. Es frente a esto que debemos preguntarnos si seguimos con el Estado, que nos atrasó, o vamos al desafío de pasar la empresa a manos privadas. Sr, Ortiz Pellegrini.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia? Sr. Zamora (F.). - Sí señor diputado. Sr. Presidente (Brook). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Córdoba. Sr. Ortiz Pellegrini. - Señor presidente: he pedido la palabra al solo efecto de informar al señor diputado que en los últimos ocho años se extendió en la ciudad de Córdoba la red de


distribución en más de dos millones de metros lineales precisamente para abarcar las zonas más desprotegidas. Simplemente quería hacerle conocer este dato y de esta manera informarle que no es correcta su afirmación. Sr. Di Tulio. — Solicito que el señor diputado Federico Zamora me conceda una interrupción, con el permiso de la Presidencia. Sr. Zamora (F.). -. Se la concedo con mucho gusto, señor diputado. Sr. Presidente. (Brook). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz. Sr. Di Tulio.— Señor presidente: yo también quería decir que no es cierto lo que se está afirmando porque en las localidades de Perito Moreno, Gobernador Gregores y El Calafate, provincia de Santa Cruz, si no estuviera Gas del Estado seguramente no tendríamos las redes que hoy existen en zonas donde la más poblada tiene 3 mil habitantes. Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Zamora (F.). — Señor presidente: recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí en el colegio fue que la excepción hace a la regla. Por otra parte, me gustaría saber si las extensiones mencionadas, que son la excepción a la regla, fueron pagadas por los vecinos o solventadas con las utilidades que generó Gas del Estado. Pasando al proyecto en consideración debo decir que presentamos algunas diferencias, aunque no tantas como las que teníamos respecto del marco regulatorio eléctrico, iniciativa esta última que votamos negativamente en general por considerar que no estaba a la altura de las circunstancias. Nosotros decíamos —y ojalá fuera un error— que sin duda tendremos en la Argentina tarifas eléctricas más caras con ese marco y que no queda para nada en claro la metodología tarifaria ni el sistema de costo determinado en la norma. Pero este marco relativo al gas es mejor, y es mejor porque es más simple y abre la posibilidad de la competencia. Quizás tiene la falla de que no fija claramente la tarifa y crea este ente regulador, este monstruo -como bien lo definió el señor diputado Quezada- que va a ser todopoderoso. Para comprobarlo basta leer el título correspondiente, donde casi no alcanzan las letras del abecedario para enumerar las atribuciones que tiene porque termina —si no me equivoco— en la letra equis. Hace poco tiempo el señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos tomó la decisión de bajar los aranceles al 22, al 11 y al cero por ciento, pero no le dio la posibilidad a la industria nacional de adecuarse a las nuevas reglas de juego. De esto podemos discutir mucho aquellos liberales ortodoxos que siempre hemos sostenido las ventajas de una apertura rápida, aunque también es cierto que hay situaciones que deben contemplarse. Me parece bien que abramos nuestra economía hacia el exterior, pero las reglas de juego de nuestros industriales tienen que ser exactamente las mismas de aquellos que vienen a competir con nosotros. En función de la desaparición de las barreras arancelarias, quienes vienen a competir con nosotros tienen bajo costo de gas, bajos costos financieros, bajo costo laboral y costos propios también inferiores a los que poseen los industriales argentinos; si no les damos la posibilidad a nuestros industriales de acceder a eso tipo de costos, evidentemente el juego es desigual y no estamos peleando con las mismas armas. Por eso nos opusimos al marco regulatorio eléctrico, porque justamente no les dábamos a nuestros industriales las mismas armas. Aquí aparece una figura que se denomina gran consumidor, que también existió en el marco regulatorio eléctrico. Pero hoy es distinto. ¿Por qué? Porque a través del by pass yo, gran consumidor, puedo contratar directamente con el productor. ¿Qué traerá aparejada la creación de las figuras del productor, transportista, distribuidor y gran consumidor? Evidentemente, los grandes consumidores de


gas -que son los distintos sectores industriales— podrán discutir el precio con el productor, que solamente pagará un costo por peaje por el transporte del gas y además puede tener la posibilidad de contar con su propio gasoducto. Los parques industriales harán sus cuentas y veremos que por medio de la iniciativa privada y de la liberación de las energías que brinda la libertad en todos sus órdenes, vamos a encontrarnos en un corto o mediano plazo con un costo industrial de gas sensiblemente bajo, o por lo menos tan bajo como el de aquellos países a los que hice referencia anteriormente, cuyos productores nos envían sus mercaderías. Uno de los grandes secretos de este marco regulatorio es que el gran consumidor pueda comprarle al gran productor. Estamos de acuerdo con la definición de productor y la liberación de la producción de gas en la Argentina. También estamos de acuerdo con la definición de transportista, pero no coincidimos con la


aparición de la figura del comercializador. Creo que esta nueva figura no agrega nada y sin ninguna duda puede encarecer el costo final del gas. Este es un error del proyecto. Si bien se ha tratado de buscar la competencia debemos hacer algunas reflexiones en forma puntual que se vinculan con el contexto general de la norma. Cuando se habla de las tarifas se incurre en un error ya que, según el proyecto, la tarifa de gas a los consumidores será el resultado de la suma del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, la tarifa de transporte y la tarifa de distribución. ¿Pero qué tarifas de transporte y distribución? Tendría que ser la tarifa estándar, con un modelo que establezca cuál es la mejor forma operativa de transporte y de distribución según lo que se haya adjudicado. Esto evitaría las injerencias de un ente regulador. No quiero ni pensar en las presiones y los distintos lobbies que habrá en ese ente cuando deban discutirse las tarifas a aplicar. Esto se resolvería con una tarifa estándar, pues la conoceríamos con certeza. Así, no ocurriría, como señaló el señor diputado Natale, que no conoceremos ni una cosa ni la otra. Ahora no sabremos si la tarifa puede aumentar o disminuir. La excepción sería en el caso del costo del gas industrial, con las explicaciones que di anteriormente. También creo que las limitaciones no son del todo felices. El artículo 34 dice lo siguiente: "Ningún productor, almacenador, distribuidor, consumidor que contrate directamente con el productor, o grupo de ellos, ni empresa controlada o controlante de los mismos podrán tener una participación controlante, de acuerdo a lo definido en el artículo 33 de la ley 19.550, en una sociedad habilitante como transportista. . .” ¿Por qué no permitimos que cuatro, cinco o diez productores se junten y ofrezcan? Creo que esto debería ser revisado a los efectos de aumentar realmente la competencia en las ofertas de privatización. En relación con el ente regulador, creo que ya se ha dicho todo. Anteriormente yo decía que llegábamos hasta la letra equis; evidentemente, los poderes son totales y absolutos, a la vez que ridículos, porque terminamos con la gran burocracia de Gas del Estado pero creamos la gran burocracia del ente regulador. Quizá con una pequeña comisión dependiente de la Secretaría de Energía esto sería perfectamente resuelto, máxime que se han definido distintos aspectos de los entes reguladores provinciales. No vamos a ahondar en este tema porque ya lo hemos referido con amplitud en ocasión del tratamiento del marco regulatorio eléctrico, y de hacerlo nuevamente, dado lo avanzado de la hora y el número de oradores que aún resta, agotaríamos a la Cámara. Mientras avanzamos en el proyecto de ley nos encontramos con algo a lo que sí le damos mucha importancia en cuanto a la competitividad. En el artículo 78 se habla de las divisiones que tendría la distribución de gas natural, que serían tantas como provincias existen. Pero hay un párrafo expreso referente a la Capital Federal y al Gran Buenos Aires. Los usuarios comunes de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires —no los grandes usuarios— corren serio peligro de caer en manos de un monopolio del cual queremos salir. Ello, porque el último párrafo del citado artículo dice lo siguiente: "El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación del proceso de privatización, determinará la factibilidad técnico-económica en caso de posibles divisiones en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires". Creo que le estamos dando demasiado poder de decisión al Poder Ejecutivo. Además, le estamos brindando a los lobbies la posibilidad de que trabajen y estamos arriesgando demasiado para que un monopolio se quede con la Capital y el Gran Buenos Aires. ¿Por qué tenemos miedo de dividir esa región en 6 u 8 secciones? Técnicamente es posible. Algunos me dirán que es caro, ¿pero esto es más caro que tener un monopolio? ¿Estamos seguros de que hicimos el balance correspondiente? ¿Estamos seguros de que vamos a poder comparar, si


no dividimos la Capital y el Gran Buenos Aires en varias secciones? ¿Por qué no hablamos de dividir la Capital y el Gran Buenos Aires en tantas regiones como técnicamente sea posible, aunque como mínimo sean dos a fin de poder comparar? Ahora estamos corriendo el riesgo de caer en el monopolio nada más y nada menos que de aproximadamente el 50 por ciento de los usuarios de gas que hay. Existen algunos olvidos que realmente son preocupantes. Así, en el capítulo III, que se refiere a la transición, artículo 83, se han olvidado de los jubilados y de aplicar la ley 23.966. ¿Cómo puede ser que el oficialismo se haya olvidado de los jubilados y de esta ley? Por eso vamos a solicitar oportunamente que en el artículo 83 se contemple este aspecto. A su vez, con respecto al artículo 88 lamento que el miembro informante del oficialismo no se haya referido a la importancia que reviste el gas licuado para los sectores más pobres y mar-


ginados, ya que Gas del Estado fue incapaz de llevar a ellos la red de gas natural. Este artículo dispone que: "El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso de la Nación un proyecto de ley de marco regulatorio de la actividad del gas licuado, en un plazo de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de esta ley”. Pero, ¿cuándo entrará en vigencia esta ley? ¿Dentro de 15 días? Hemos oído reproches del Ejecutivo, injustos por cierto, respecto de la actuación de este Parlamento. Nos hemos defendido hasta el cansancio de esos reproches, y ahora le estamos diciendo al Ejecutivo que nos envíe un proyecto de ley. ¿Es que nosotros somos incapaces de elaborar una iniciativa de esta naturaleza, en pleno período ordinario de sesiones, que es cuando este plazo empieza a regir? Creo que no; por eso vamos a solicitar que este artículo sea eliminado. También cabe una reflexión con relación al Capítulo V, por el que se crea el Fondo Nacional del Gas Natural, que en definitiva apunta a brindar un subsidio en compensación a aquellas provincias que no se vean beneficiadas por una baja del costo del gas —esto es cierto— y que además son las de peores condiciones climáticas y las que curiosamente producen más gas natural en la Argentina. No sé si este proyecto marco es suficiente, pero a mi criterio le falta algo importante que es dejar taxativamente aclarado que ese subsidio deberá alcanzar para que las provincias patagónicas, que son aquellas a las que me estoy refiriendo, no paguen un solo centavo más de lo que abone aquel usuario que compra el gas más barato en el resto del país. Creo que eso sería justicia, porque quizás sólo con el subsidio no alcance para que quienes habitan la Patagonia tengan un gas barato; es algo que tenemos que contemplar quienes no vivimos en esa zona. Es decir, eso tendría que expresarse con claridad y pido al oficialismo que lo tenga en cuenta. Finalmente, entendemos que se van a dar hechos impensados. Cuando los privados tengan la posibilidad de hacer gasoductos, cuando un parque industrial advierta la posibilidad de generar su propio gas, evidentemente las disputas por ofrecer gas barato serán una constante. Pero también vamos a encontrarnos con una sorpresa que va a contramano de lo que se ha expresado en este recinto. Se dijo que la curva de producción asciende mientras que la de reservas desciende, pero claro está, eso sucede con el esquema de la Argentina vieja, porque con el esquema nuevo ocurrirá todo lo contrario. Obviamente habrá más exploración, porque seguramente lo primero que pensarán los privados es en hacer un gasoducto a Brasil. No me cabe duda de que esto va a ser así. Este gasoducto a Brasil requerirá la producción de más metros cúbicos, pero además de divisas para la Argentina traerá algo que era imposible de pensar un tiempo atrás: el gas para la Mesopotamia. Si no es por medio de una derivación de eso gasoducto a Brasil es imposible pensar en el gas para la Mesopotamia. Este es uno de los ejemplos que seguramente en poco tiempo más observaremos los argentinos. A pesar de los errores y de las fallas estoy seguro de que este proyecto nos desata las manos y nos libera para producir y tener riqueza, y para que nuestros industriales puedan competir y por ende nuestra sociedad pueda comprar los productos más baratos. Este proyecto nos libera de la burocracia, la ineficiencia, la ineficacia y de cuarenta años de frustraciones de los argentinos. Con las diferencias que hemos marcado, éste es el proyecto que nosotros hubiéramos querido presentar, y el que indudablemente está señalando hoy quiénes son los que quieren una Argentina moderna y quienes desean quedarse en la Argentina del pasado. (Aplausos.) Sr. Presidente (Brook). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Fontela. -Señor presidente: para poder entrar de modo adecuado a la consideración en general de este asunto quisiera que nos ubicáramos en el marco en el que se propone esta privatización, que no es otro que la política


socioeconómica de este gobierno. En una primera etapa este gobierno privilegiaba por encima de todo otro objetivo nacional, el pago de la deuda externa, el arreglo de las cuentas con los acreedores externos. Fue una época en la que el gobierno por medio de los ministros Rapanelli y Erman González con sus siete o diez planes económicos completó un trienio donde un excedente comercial de la Nación Argentina de 17 mil millones de dólares se empleó en más de los dos tercios en pagar la deuda externa. Pero en la nueva etapa de este ministro de Economía que estatizó la deuda externa existen otras preocupaciones, como por ejemplo el prurito de clavar y declarar convertible el signo monetario argentino. Entonces, el excedente comercial molesta, perturba y arruina el cumplimiento de sus planes. Por eso está en plena campaña para anular ese excedente generando importaciones que recuerdan las mejores épocas del proceso de Martínez de Hoz; paraguas de


Taiwán, apósitos, anticonceptivos de algún otro país y algunas otras importaciones que no constituyen precisamente bienes de capital. Este ministro de Economía ya nos ha lanzado a otra situación: el déficit comercial, que se está estimando para este año en alrededor de 200 millones de dólares. Es evidente que si no se abandonaba el objetivo central: la obsesión del pago de la deuda externa, era necesario encarar esto con otros recursos. Es entonces que se recurre a los activos a las famosas "joyas de la abuela", es decir, la venta de los activos físicos del Estado argentino, o si se prefiere, de sus empresas estructurales. Allí jugó la picardía de este ministro que engañó al Banco Mundial y al Fondo Monetario la Internacional con astucia diciéndoles que lograría en este año 2.300 millones de dólares de superávit fiscal, y su brillante gestión va a culminar vendiendo, consiguiendo en efectivo, 5.000 millones de dólares. Es decir que este proyecto se inscribe en esa otra estrategia que reemplaza a la de los ministros y gobiernos anteriores. Es allí donde empieza a explicarse el porqué de esta privatización a la cual no le encontramos otros motivos. Aparte del dogma de la privatización existe el dogma de la jibarización del Estado, para achicarlo y quitarle todas sus funciones, reduciéndolo a las esenciales, que al fin y al cabo cada vez son menos. Ese Estado no puede tener empresas de servicios públicos para controlar lo que se ha dado en llamar los monopolios naturales, para que subsidiariamente haga aquello que durante décadas fueron incapaces de hacer los capitales argentinos o la iniciativa privada. Seguramente, el motivo decisivo responde a una apreciación hecha por un funcionario que se acaba de retirar, en cuanto a que esta subasta reportará al plan económico 1.000 o 1.500 millones de dólares para redondear arreglos con los acreedores externos. Habrá que seguir el modelo y preguntarse cómo seguirá la historia cuando se acabe este tipo de realizaciones; y nos lo han dicho: esperan inversiones. Se dice que ya están viniendo, pero hay que hacer una distinción: cuando se trae dinero al país para comprar una empresa que ya está en funcionamiento, se cambia el dueño de cosas ya hechas, La privatización de Aerolíneas Argentinas no agregó ningún equipo nuevo a los que ya tenía la empresa, y dudamos seriamente de que algún día aparezca alguno. La privatización de ENTEL tampoco agregó nuevos equipos; apenas se alcanzó a colocar una parte del excedente de Megatel, que no se valuó dentro de los activos que se entregaron. Entonces, ¿de qué inversión hablamos? Hablemos de aquellas que cambian de título, de propiedad. No hemos visto todavía —y esto es parte del ingenuo optimismo del ministro— que aquí vengan capitales de riesgo para hacer algo nuevo, para construir una central más de teléfonos, para incorporar nuevos aviones en Aerolíneas Argentinas o realizar otros caminos. Lo que se está haciendo -bajo el lema de privatizar- es entregar el dominio, el uso y el usufructo de bienes creados por el Estado argentino. De esta forma no hemos llevado a cabo ningún hecho que aliente a esperanza de la tan mentada revolución productiva. No se ha visto una muestra de real inversión o de capitalización para la producción. Entonces, dentro de ese marco nos preguntamos por qué privatizar justamente Gas del Estado. Se le ha hecho creer a la gente que la privatización va a mejorar la prestación del servicio. Yo me pregunto: ¿cómo? ¿Con un menor precio? ¿Ocurre eso en los vuelos de cabotaje de Aerolíneas Argentinas o con los teléfonos? ¿Va a ocurrir eso con el gas donde para mejorar la ecuación económica al futuro concesionario ya se aumentó la tarifa? ¿Tendremos un mejor servicio en el gas? Seguramente como el que se presta a través de Aerolíneas Argentinas. ¿Tendrá más calorías el metro cúbico? ¿Habrá mayor cantidad, mayor cobertura territorial? ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está puesto como finalidad de esta ley? ¿Dónde está la promesa de incluirlo en los pliegos?


En cuanto a la mayor inversión, el nuevo asesor de Gas del Estado, el señor Perkins, nos aclaró que dentro de los pliegos no habrá una cláusula de esta naturaleza. Se fijaron pautas de calidad de servicio pero de inversión, no. Tampoco habrá topes para las tarifas. ¿Tal vez haya mayor competencia? Tenemos un ejemplo claro dentro del mismo sector. El hecho de que se divida la titularidad de la prestación en el caso del gas licuado, la existencia de cuatro o cinco empresas formadoras de precios, como se dice en forma eufemística, y un montón de fraccionadores y distribuidores, incluidas las cooperativas, no ha determinado que haya compensación por el precio del gas en garrafa o cilindros. No hay tal competencia sino un club que tiene la capacidad de formación de precios. Me pregunto para qué es esta privatización. Asimismo no comparto el optimismo de un señor diputado quien señaló en comisión, cuando discutíamos el tema, que habría libertad en la


elección del consumidor. Resulta profunda su ingenuidad, ya que ignora que en la vereda del señor diputado, en la mía y en la de todos sólo cabe un caño de gas, uno de agua, uno de cloacas, tal vez dos cables de viodeocable, uno de electricidad, y que no existe para el usuario esa libertad para conectarse o no, o como lo aclaramos en la reunión de la comisión, la alternativa del gas será la leña, o como algún chusco diputado dijo la "bosta seca", pero no hay libertad como en forma ingenua ha repetido un diputado que me precedió en el uso de la palabra. ¿Habrá mayor eficiencia? Tenemos una empresa integrada, que tiene menos de 10 mil empleados que se dividirá, según lo que se menciona, entre 14, 20 y hasta 30 empresas. Es decir, de 20 a 30 empresas que van a tener su propia administración y su propia dispersión territorial. ¿El conjunto de todo esto puede ser más eficiente que una empresa integral del tamaño de Gas del Estado y con el número de agentes que ella tiene? Realmente, será un milagro en materia de administración de empresas. Aquí se habló, alegremente, del déficit de Gas del Estado. Recordando a un maestro, profesor de filosofía, el hombre decía que él no sabía hacer cuentas, pero sí sabía que si se pone a hacer cuentas debe realizarlas bien, y todas, porque ocurre que aquí se habló, repito, muy alegremente, de que faltan inversiones, de que Gas del Estado no tiene recursos y de que tiene déficit. Pero se omiten algunos datos fundamentales. La deuda de Gas del Estado supera los mil millones de dólares. Se omite decir que tras un intento privatizador de un gasoducto pensado para cobrar peaje, 700 millones de ese monto se generaron como consecuencia de la deuda de la empresa Cogasco. El jueves 19 de marzo y a través de lo publicado en un diario nos enteramos de que la compra de gas realizada a Bolivia significó un sobreprecio de 2.300 millones de dólares. No voy a discutir si esto es un gasto o una inversión; seguramente a Bolivia le debamos apoyo y solidaridad por mucho más de esa suma, pero los 2.300 millones de dólares fueron cargados a la cuenta de Gas del Estado y no a la del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto. Se olvidan también de mencionar que el decreto 435/90 dispuso extraer el 5 por ciento de todos los ingresos de Gas del Estado lo que, considerando una facturación de 1.800 o 2.000 millones de dólares, asciende a 100 millones de dólares. No olvido lo que le costó a la Nación Argentina el seguro de cambio del negocio Cogasco, que algunos estiman en 1.200 millones de dólares. La deuda directa de Cogasco más el seguro de cambio asciende a la suma mencionada por el señor diputado Federico Zamora. La deuda de 1.000 millones de dólares, menos los 700 millones que le adjudicaron por Cogasco, menos los 2.300 millones pagados a Bolivia, menos los 100 millones del decreto 435/90, dan un saldo positivo de 2.000 millones, que supera ampliamente la inversión atrasada de la que hablaba un señor diputado. Corresponde además hacer otra cuenta. Se dijo que en el período 1984-89 Gas del Estado acumuló una deuda con YPF de 1.000 millones de dólares, pero se olvida mencionar que en el mismo período debió pagar 700 millones de dólares en exceso a Bolivia por una operación geopolítica, de solidaridad latinoamericana o como quiera llamársela. De manera que las argumentaciones que se pueden volcar en este debate deben ser completas. Por ejemplo, habría que hablar del aporte realizado por Gas del Estado para el desarrollo del país, y no juzgar el resultado de su gestión simplemente con reglas de microeconomía. El efecto que hay que medir es cómo fue la Argentina a partir de Gas del Estado y cómo era con La Primitiva de Gas. Esas son las cuentas que hay que hacer, porque si no es una "chantada", como se dice popularmente. Este es el debate que debió darse. Tendríamos que habernos preguntado si era


necesario privatizar Gas del Estado en lugar de ver cómo se privatizaba, y si ganábamos o perdíamos con esta operación. No he escuchado cuentas bien hechas sino todo lo contrario, porque las que se han dado están profundamente equivocadas. Reconocemos que se trata de una empresa que cubrió hasta ahora un monopolio natural. Pero, ¿qué es este proyecto? Es un "OGNI", es decir, un objeto gasífero no identificado, porque si bien -tal como ocurrió con el IEPE, una innovación universal en materia impositiva- aquí se dijo que hay experiencia en todos los aspectos, no es así, señor presidente. Sólo hay dos países que tienen una experiencia de estructura como la que aquí se propone, y casualmente se trata de dos potencias mundiales. En efecto, sólo dos países centrales, del primer mundo, Estados Unidos y el Reino Unido, tienen tal experiencia y el resultado no ha sido precisamente feliz. No se logró la competencia de la que hablan los señores diputados ni tampoco


la teórica desregulación. La consecuencia fue una maraña de pleitos, conflictos y regulaciones que llevaron a que el instituto creado por los americanos como policía de este sector tuviera que manejarse con normas contenidas en 600 páginas en las que puntualmente se debieron regular las relaciones entre los agentes intervinientes. Ante la legítima especulación acerca de por qué se está llevando a cabo este proceso de privatización, no encuentro más razones que las ya mencionadas. Fundamentalmente, conseguir otros 1.000 o 1.500 millones de dólares para que cierre este plan de origen económico, y para cumplir con solicitudes, imposiciones, o como quieran llamarse, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Aquí se habló de una decisión del príncipe, de una decisión tomada que evidentemente los aliados del oficialismo no quieren discutir. Se trata de la decisión tomada de privatizar por privatizar, porque en los argumentos del oficialismo y sus aliados no pude encontrar otras razones. Sin embargo, hay una carta del 4 de junio de 1991 dirigida al secretario de Combustibles, Raúl García, a su despacho de Julio A. Roca 651, que es bueno que se dé a conocer. Se trata de una carta sumamente corta, como las órdenes que se deben cumplir. Dice así: "Señor doctor García: tengo el agrado de dirigirme a usted con el objeto de hacerle llegar la versión final del proyecto de ley de suministro, transporte y distribución de gas natural." Son dos renglones y, luego de un amable saludo, firma Mirna Alexander, representante del Banco Mundial. Esto fue el 4 de junio de 1991; al día 6, seguramente estaba todo leído, y el 14 ingresa el texto en castellano a la Cámara de Senadores. Sr. González (E. M.). - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con autorización de la Presidencia? Sr. Fontela. — Sí, señor diputado, Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe. Sr. González (L.M.) — Señor presidente: deseo preguntar al señor diputado Fontela si quiere insinuar que el ministro Cavallo no sabe hablar en inglés. Esto daría pie a una cuestión de honor en esta Honorable Cámara. Sr. Presidente (Brook). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Fontela. - No me atrevería a decirlo. Tengo entendido que el ránking de correcta pronunciación de los funcionarios argentinos no está encabezado por el señor ministro Cavallo, sino por el secretario o subsecretario Redrado, que fue especialmente entrenado. Para que los nativos no se equivoquen el Banco Mundial ya no manda los textos en inglés, sino en castellano; es mucho más sencillo. Eso es el texto que entró al Senado como obra del Poder Ejecutivo. Creo que así las cosas quedan más claras. Con esta contundencia de dos renglones vemos a qué responde este proyecto. Dejemos estas especulaciones y precisiones, y tratemos de ver cuáles serán las consecuencias. Veamos si serán las que con todo optimismo —ingenuo optimismo- detalló algún diputado preopinante. En primer lugar, se está desestructurando una empresa integrada, una empresa que a partir de un monopolio natural -como aquí se dijo- funciona como una única estructura de explotación.Se tiende a una división que el diputado preopinante de la UCEDE quiere llevar a los barrios de Buenos Aires, a tantas unidades como se pueda, a cada barrio con su planta. Se quiere reemplazar esa estructura —que tiene carácter público en Francia y en casi todos los países del Primer Mundo— por la división que antes se mencionó por esa innovación de la administración de empresas.


Se habla de la desregulación, pero la experiencia norteamericana —casi la única que tenemos y aquella que se está imitando— llevó a una superregulación, a esa casuística de tratar de resolver todos los conflictos que se plantean con el derecho a la energía, con el acceso a la energía. Tranquilamente se puede prever la formación natural de un oligopolio, como lo muestra el ejemplo del gas licuado en la Argentina, que es el más próximo que tenemos. La desestructuración de costos tiene que ser compensada con márgenes mayores, con ingresos mayores. Esto es vieja historia. Los posibles interesados argentinos son aquellas empresas de la patria contratista de la que tanto gustaba hablar el señor presidente de la República. Pero el oligopolio no va a terminar con la formación de empresas en un sector. Cuando se discutió el marco regulatorio del servicio eléctrico ya dije que el verdadero negocio en la Argentina será manejar la energía en la forma de gas y en la forma de electricidad. Además, ambas formas están relacionadas porque —eliminada casi absolutamente Yacimientos Carboníferos Fiscales— el gas es precisamente el combustible más importante en la generación termoeléctrica.


Entonces el planteo liberal del mercado asignador de recursos y de la adecuación a la realidad económica será contrariado por la práctica de un oligopolio que ya está vinculado a ciertos sectores industriales de nuestro país. En otras palabras, el modelo industrial de la Argentina no lo fijará su pueblo o sus representantes, no será objeto de un debate como el que hoy estamos haciendo, sino que se resolverá por un acuerdo en un club de detentadores de este recurso. Es lógico suponer que la desestructuración del sistema integrado llevará a un mayor costo. No tenemos que decirlo nosotros porque ya lo ha afirmado la consultora McKinsey, que ha propuesto pasar de un promedio de 2 dólares por millón de BTU a un promedio de 4,30 y hasta de 6 dólares para la Capital Federal. Esto le preocupa a la Unión Industrial Argentina. Los probables usuarios mayoristas de este recurso se apresuraron a advertirnos que no hay razón para que se supere un dólar y medio o 2 dólares por millón de BTU. Esto está bastante alejado de lo que nos dijeron en comisión los administradores actuales de Gas del Estado, y bastante alejado de lo que dice la consultora contratada por esos mismos funcionarios. Otro factor que ya se ha dado en todas las otras privatizaciones es que esta privatización esconde una extranjerización. Aquí no ha ocurrido lo que pudo suceder en la Inglaterra de Thatcher o en México —ejemplos que tanto se citan—, donde se reservó la privatización para los inversores, para la iniciativa de los nacionales. El último episodio son dos centrales eléctricas de esa ley que votamos hace poco con una argumentación nuestra parecida a la actual y con el resultado de dos empresas chilenas como adquirentes. En Río Turbio me preguntaron qué pasa si los compradores de YCF resultan ser chilenos. No tuve respuesta para eso, pero ellos sí; dijeron que vamos a ir aprendiendo el himno chileno y a izar la bandera de ese país. ¿A quién beneficia todo esto? Los beneficiarios no parecen ser los industriales ni el consumo doméstico. Las provincias que necesitan el recurso por su clima son precisamente las que están reclamando alguna cobertura en este mismo proyecto de ley. De todas maneras, sabemos que no vamos a tener respuesta a estas preguntas. Tanto en el trabajo en comisión como en el recinto cada una de las explicaciones de los funcionarios siempre partió de una decisión previa que nunca se revisó: era la decisión del príncipe, esa decisión tomada de privatizar por privatizar. Por lo tanto, las preguntas quedan pendientes, y lamento que no estén aquí los funcionarios. ¿Por qué, en pleno proceso de inminente privatización, se formalizan contratos de compraventa de gas entre YPF y Gas del Estado como el de la Cuenca Austral, firmado por el vicepresidente de YPF y socio del señor Estenssoro, y Marisa, el subordinado del señor Estenssoro? Esto es algo que existe. Dos funcionarios que responden a un único jefe -es decir, a una única voluntad de contratar- se apresuran a tener atado y fijo el precio de la producción de la Cuenca Austral antes de la privatización. Entonces, las ilusiones de que habrá un furor de promisión de parte de los productores aparentemente no se van a concretar. Si se confía tanto en la iniciativa privada y, en la creatividad, ¿por qué se elimina el riesgo empresario garantizando una rentabilidad? Si bien es bastante indeterminada, es una rentabilidad. Hasta se ha llegado a decir que no se podrá vender a pérdida. Me pregunto por qué no se fijan tarifas tope, si la eficiencia privada y el beneficio de la privatización tienen un resultado concreto en lo que se refiero a bajar los terribles costos de esta tan ineficiente empresa estatal. ¿Por qué se elimina en el artículo 94 la comisión bicameral de control? Esta es una modificación que ya nos adelantaron que van a proponer. Esa comisión bicameral de legisladores se creaba para poder conocer acabadamente la


evolución de todo este proceso de privatizaciones. Evidentemente, no se quiere el control legislativo. Quizás no tengan una experiencia feliz respecto de su actuación, a pesar de que fue escasa en los casos de Aerolíneas Argentinas y de ENTEL. Se excluye al Estado de transporte y la distribución y se le reservan dos brillantes oportunidades. Una es el fracaso de la licitación; es decir, si nadie la quiere, si nadie asume el riesgo, si nadie se anima, entonces, que lo haga el Estado. La otra es la rescisión; o sea que si alguien se metió y perdió, si alguien se fundió haciéndolo o bien si fue abandonando la concesión, entonces está allí el Estado ya no gendarme sino bombero que va a apagar el incendio asumiendo lo que quede del desastre. Es decir, el que hizo todo en este sector es el que no puede hacer conforme a esta ley: otro de los pequeños contrasentidos que advertimos.¿Por qué no se incluye el transporte como servicio público o, por lo menos, como de interés público? Tal como se dijo anteriormente —y es oportuno repetirlo resulta ilusorio de-


clarar el transporte y la distribución del gas como servicio público cuando en la punta del caño donde tiene que entrar el gas no se da tal característica.¿Por qué no se constituye un despacho unificado de gas? En este sentido ya existe una experiencia en el país y es el despacho unificado de carga que opera en el sector eléctrico y que tiene por finalidad balancear, compensar y optimizar el uso de la energía eléctrica. ¿Por qué no se hace algo similar? ¿Por qué se crean comisiones y no se establece la posibilidad de este tipo de despacho? ¿Por qué no son sujetos de la ley las cooperativas y los consumi-dores? ¿Por qué estos no pueden contratar con el productor? En definitiva, los destinatarios de este suministro no son sujetos de la ley; es decir, lo son quienes hacen el negocio y no los que se supone beneficiarios del sistema.Por otra parte este proyecto tiene un adorno de toque progresista que, es el Programa de Propiedad Participada. Aquí se establece que el 10 por ciento de las acciones son para los trabajadores. Pero también se determina que los concesionarios o productores podrán emitir bonos de participación en las ganancias. Ocurre que en la ley 23.696 una de las dos únicas posibilidades que tienen los trabajadores para adquirir estas acciones es precisamente a través de los bonos de participación en las utilidades de la empresa. La desgraciada experiencia en el caso de los servicios telefónicos demuestra que esta posibilidad ha sido desnaturalizada. Por el decreto 778 del 9 de mayo de 1991, ante la circunstancia concreta de que esas acciones no valían "chaucha y palito "

sino 4 dólares por cada 10, y en consecuencia ese 10 por ciento de las empresas telefónicas alcanzaban 400 millones de dólares en un caso y 330 en el otro, se ha retrotraído el valor de esas acciones a otra base.Se autoriza a los concesionarios telefónicos a que no emitan bonos de participación. De allí se supone que lo que se está intentando —en un diario de hoy se señaló que el secretario Bouer realizará una encuesta— es lograr un mínimo de suscripciones de dichas acciones por parte de los trabajadores para disponer de un máximo de esos valores y liquidarlos en otro circuito. Lo que sucedió con la propiedad participada telefónica y con la de Aerolíneas que nunca se implementó puede volver a pasar. Creo que éste es un adorno de chafalonía, un fuego de artificio.No puedo compartir tanto optimismo o ingenuidad como la que han manifestado los diputados preopinantes. He escuchado decir que vamos a tener la posibilidad de contratar directamente con el productor que está a 1.600 o 3.000 kilómetros de distancia; que los privados se van a pelear por ofrecer gas barato y que habrá mucha gente que querrá tener su gasoducto propio. Creo que el señor diputado Zamora tiene razón en cuanto a que este debate sirve para dividir entre los que quieren privatizar de cualquier manera y los que queremos que no se privatice lo que no se debe privatizar y se nos explique qué es lo que se debe privatizar y a quién beneficia. Quizá no nos convenzamos. Como los griegos dijeron a San Pablo, "de esto vamos a volver a hablar". De esta magnífica iniciativa que va a solucionar el problema de muchos argentinos, que va a mejorar la eficiencia y enmendar el error vamos a volver a hablar cuando la gente se dé cuenta de que no es cierto que tengan mejor servicio y que sea más barato, y no se da ninguno de los supuestos y promesas que esta política de privatizaciones a ultranza les hizo creer.

Finalmente, hay algo que no me queda claro. Rastreando el proyecto de ley y sus modificaciones, en ningún lado se dice si se venden activos, acciones o si se concesiona. Esto no está dicho, pero no es un error casual. No creo que la señora Myrna Alexander, del Banco Mundial, sea tan ingenua o cometa errores tan simples. Esta determinación se está dejando a lo que convenga en el momento de la venta; pero no nos hagamos ilusiones. No se trata de lo que convenga a los argentinos usuarios o distribuidores de este servicio sino de lo que convenga a quien va a ser concesionario, comprador o locador -como dijo


aquí un diputado— de estos servicios.Por eso consideramos este caso como un teorema, como pudo ser en su momento el de Aerolíneas Argentinas y que al final quedó demostrado. Este es un teorema de lo que no se debe privatizar y de cómo no se debe privatizar. El tiempo dirá si teníamos razón. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Brook). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. Molinas. — Señor presidente: hemos firmado en disidencia total el

dictamen sometido a consideración de esta Honorable Cámara porque discrepamos con el criterio que domina el despacho. Se trata de un nuevo caso de liquidación del patrimonio nacional como consecuencia de una decisión externa y de sometimiento del poder político.

No creemos que sea lícito enajenar el patrimonio nacional para juntar sumas de dinero destinadas al pago de la deuda externa a costa de los exorbitantes y cada vez más graves ajustes que recaen sobre los sectores de menores re-


cursos. Se trata de una. deuda externa que en gran parte es ilegítima y prefabricada, y que en gran medida ya está cancelada.

Cuando se señaló que la política del equipo económico importaba vender las "joyas de la abuela" para seguir viviendo, y que luego habría que ir agregando a la lista otras cosas, y hasta el propio techo, el ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos quiso ridiculizar el tema diciendo que lo que se estaba haciendo era saldar las hipotecas de la abuela. Pero no dijo que la hipoteca se cancelaba entregando los bienes. Con el mismo criterio podríamos sostener el absurdo de que matando a los enfermos de cólera se termina la epidemia. Si no existen enfermos, ya no hay enfermedad: entregando los bienes, no hay forma de hacer efectiva la deuda. A estos extremos se puede llegar cuando se argumenta con tanta ligereza y desaprensión.

Esta epidemia de liquidación de bienes y privatizaciones parte de afirmaciones que no son exactas. No es verdad que la empresa privada sea eficiente y honesta y la pública, ineficaz y corrupta. Si uno se detiene a ver las causas que existen en los tribunales sobre los abusos, estafas y atracos que cometen las entidades privadas entre sí y en detrimento del erario advertiríamos que las que se atribuyen a la administración parecen un juego de niños.

Existe otra falacia más. Se sostiene que cuando hay corrupción en la actividad estatal las consecuencias las paga el pueblo y en el caso de la actividad privada es ésta la que se perjudica..

Nadie ignora que las irregularidades y comisiones que afronta la actividad privada son transferidas irremediablemente a los precios y son soportadas por el consumidor, cuando no son asumidas por el Estado a través de licuaciones, redescuentos, subsidios, moratorias, etcétera.

No creemos que se pueda ser privatista o estatista por hobby o por deporte. Pero lo menos que se puede requerir si se privatiza algo es que se asegure mejor servicio, mayor extensión de beneficiarios y disminución de los costos. Lamentablemente, en el proyecto en discusión nada de esto sucede. La experiencia argentina reciente demuestra que los casos en que se han privatizado servicios, como ENTEL o Aerolíneas Argentinas, han devenido en servicios de inferior nivel y con un considerable aumento de precios.

Hace poco tiempo –días- esta Honorable Cámara, sancionó el marco regulatorio eléctrico por insistencia de la mayoría, con nuestra oposición, fijándose pautas de tarifas que determinaron un aumento inmediato. Podríamos citar, por ejemplo, el caso de la empresa provincial de energía de Santa Fe, cuyo interventor ha dicho -en presencia del gobernador de la provincia-, que a partir de mayo el kilovatio se cobrará 61 centavos de peso, con lo que las tarifas al público tendrán que ser aumentadas en forma con-siderable.

Es que en el proyecto que estamos tratando como en el marco regulatorio eléctrico, el de ENTEL y el de Aerolíneas Argentinas, la única preocupación ha sido asegurar las tarifas de los presuntos inversores, que hacen un gran negocio sin que nadie se acuerde del usuario que es en definitiva quien paga.

Entendemos que no es necesario privatizar Gas del Estado. Si a esta empresa se le dieran las ventajas, franquicias y privilegios que se acordarán a quienes resulten beneficiarios con esta nueva enajenación del patrimonio nacional, podría funcionar perfectamente y servir al país y a la comunidad toda. En estas condiciones, Gas del Estado sería una empresa no sólo ne-cesaria sino rentable.

Si a Gas del Estado se le hubiese permitido aumentar sus tarifas como se facultará a los futuros concesionarios, no habría soportado su actual desequilibrio financiero provocado en gran parte por un endeudamiento innecesario y abusivo y una administración que, llegada de la actividad


privada vinculada al sector, tenía como objetivo el deterioro de la empresa nacional.

Ahora que se va a entregar a la actividad privada sí se pueden incrementar las tarifas y el informe de la consultora así lo señala. Este incremento deberá ir haciéndose en el futuro para beneficiar a los nuevos titulares que además recibirán una empresa sin ningún pasivo, el que será cargado sobre las espaldas de los contribuyentes.En el inciso a) del artículo 2º se señala como objetivo fundamental proteger adecuadamente los derechos de los consumidores. En realidad, la mayor preocupación del despacho es garantizar la seguridad jurídica y la rentabilidad del eventual concesionario, pero muy poco dice sobre la protección al consumidor. No es verdad que se vayan a transferir al consumidor los ahorros del sistema, pues del proyecto no surge ahorro alguno, sino aumentos de precios y éstos sí serán transferidos al consumidor.

A todo ello agregamos que se va a producir un perjuicio a los usuarios un enriquecimiento ilícito a los ganadores de la licitación o beneficiarios de la venta de parte del activo de


Gas del Estado. Decimos beneficiarios de la licitación o de la venta porque si bien estamos discutiendo un proyecto referido al marco regulatorio sobre la base de la concesión, ya aparece solapadamente la posibilidad de que esto se transforme en una venta.Los usuarios de gas han financiado la red de distribución en muchas partes del país. Han aportado sumas importantes y las transfirieron a la empresa estatal cuando consideraron que era del Estado, pero no están dispuestos a que esos aportes sean transferidos gratuitamente a quienes resulten beneficiarios de esta nueva entrega del patrimonio nacional. Sucede lo mismo con algunos estados provinciales, como por ejemplo Santa Fe, que construyó un gasoducto.¿Ahora esas obras, esa infraestructura, se transferirán, se entregarán de modo gratuito a los que resulten adjudicatarios? Yo me pregunto qué explicación darán a sus mandantes los diputados de provincia que acepten este enriquecimiento lícito, ¿O van a repetir lo sucedido recientemente con el sistema impositivo, cuando por pequeñas migajas legisladores de distintos distritos aceptaron una distribución injusta que determina que Buenos Aires pueda recibir 400 millones de pesos y Santa Fe, por ejemplo, sólo 16 millones?

Los diputados somos de la Nación, pero tenemos compromisos con quienes nos han designado sus representantes. ¿Cómo podrán explicar los legisladores de las provincias patagónicas que el costo de un elemento que es vital en la zona aumentará desproporcionada o injustamente?

El régimen propuesto elimina la intervención de las provincias y las municipalidades, lo que importa una verdadera violación del pacto federal que dio origen a la Nación. Por medio del IEPE se pretendía obligarlas a limitar impuestos y gravámenes o no aumentar las alícuotas de otros. Ante este manejo del gas las provincias son terceros ausentes, sin ninguna intervención seria, ni siquiera con la modificación propuesta al ente regulador, ya que la mayoría está integrada por representantes del Estado Nacional.

Del mismo modo se excluye del sistema a las cooperativas, no obstante la experiencia y la obra realizada que queda para que el inversor privado haga su negocio. Por eso la gran preocupación es asegurar una "tarifa razonable" y bien sabemos lo que es razonable para estos inversores. En ese sentido, hay que señalar también la ausencia del beneficio de los jubilados a la que se refirió el señor diputado Zamora

Las provincias y municipios, como así también las cooperativas, podrán tener intervención en la actividad o lugares que no sean redituables para los inversores privados, y por lo tanto impliquen una pérdida.

No puedo aceptar que se cree la ilusión de que la empresa privada sólo movida por el lucro va a llegar a lugares distantes o poco redituables, con lo que se consolidará la división del país en zonas rentables de gran concentración, y zonas alejadas con grandes perjuicios.

Nada se establece sobre la forma de pago del canon o precio de compra, y de ese modo es muy probable que se termine entregando bienes y rentas varias veces millonarias a cambio de títulos desvalorizados de la deuda externa, como viene sucediendo en otros casos precedentes. El propio ministro de Economía anunció ayer que los títulos de la deuda externa serán utilizados para las privatizaciones.

En la Comisión de Energía y Combustibles se ha dicho que no existen cálculos realizados —se estarían confeccionando— que determinen la fijación de condiciones, y se pretende que el Congreso de la Nación apruebe este proyecto que según los propios funcionarias oficiales no está estudiado de modo definitivo, existiendo sólo la decisión política de privatizar. Es tal la improvisación que se va a votar sin saber si se efectuará una concesión o una venta parcial.

Se regala la empresa a los futuros adquirentes sin hacerles asumir


obligaciones de inversión y de eficiencia en el servicio. En el debate llevado a cabo en el seno de la comisión se sostuvo que aquéllas surgirán seguramente de los respectivos pliegos de condiciones. Esto es prácticamente inviable, señor presidente. Los pliegos de condiciones no podrán imponer obligación alguna que no surja del marco regulatorio legal. Si se tratara de incluir en los pliegos obligaciones no previstas en la ley sin duda serían cuestionadas por los beneficiarios. Este es un país donde todo se discute y en el que existe una gran proclividad a los pleitos, en especial contra el Estado, que además normalmente son perdidos por éste en nuestros tribunales. Entonces, ¿qué duda cabe de que lloverán los pleitos y las reclamaciones? Para muestra del futuro de esta privatización no hace falta hacer futurología; basta ver el tortuoso trámite de las privatizaciones de ENTEL o Aerolíneas Argentinas o la reciente adjudicación directa de la segunda banda de telefonía celular móvil.Lo lógico y elemental es que las obligaciones —al menos las de efectuar

inversiones—


surjan de la ley y no de disposiciones contractuales del Poder Ejecutivo nacional.La experiencia y el costo de pleitos perdidos por el Estado en manos de estas empresas privadas contratistas deben alentarnos a cortar de raíz esta posibilidad.Con respecto el ente regulador, se ha analizado ya la amplitud y vaguedad de sus facultades que lo colocan a merced de todo tipo de presión. A ello debemos agregar que el ente estará manejado por una mayoría que designa el Poder Ejecutivo nacional, mientras que los delegados provinciales estarán siempre en minoría.Desde luego que compartimos el criterio del artículo 95 en cuanto determina la constitución de una comisión bicameral para el seguimiento del proceso privatizador. Pero no vaya a ser que suceda lo mismo que ocurrió con la ley del marco regulatorio eléctrico, que creó un organismo similar, y el Poder Ejecutivo nacional vetó justamente este órgano de control. Si el bloque oficialista no se compromete desde ahora a mantener su criterio e insistir en el caso de un hipotético veto del Poder Ejecutivo, esta norma no pasará de un pretexto para justificar la votación del proyecto, que de antemano se sabe no tendrá vigencia. Sería importante que sobre esto se pronunciara la bancada que responde al oficialismo, para que los legisladores y el país sepan a qué atenerse.Tal como hemos sostenido, la sanción de este proyecto determinará la eliminación de Gas del Estado. De persistirse en esta política de liquidación y entrega de los servicios públicos, sólo tendrán gas aquellos lugares donde la actividad sea rentable y en breve plazo esta Cámara tendrá que volver a tomar decisiones para crear una nueva empresa estatal, a fin de que el gas llegue a lugares no redituables, que no por ello pueden quedar marginados de los más elementales servicios. Por eso nos oponemos al proyecto en consideración.Se va a votar una norma que sólo contempla y asegura los beneficios de los futuros adquirentes, que va a regalar bienes que fueron pagados por los estados provinciales y por los propios usuarios, que va a elevar notablemente las tarifas sin siquiera exigir que el beneficiario haga inversión alguna. Bastará que use las redes durante el tiempo de la concesión y que las devuelva en el estado en que se encuentran para cumplir, pues no existe ninguna garantía de servicio eficiente ni de aumento del área de servicio.Entendemos que no se puede pedir al Congreso autorización para aplicar una normativa tan poco clara y específica, que puede prestarse a toda clase de abusos. Reivindiquemos los atributos del Parlamento, tan cuestionado desde diversos sectores -en muchos casos con razón- y ejerzamos nuestras responsabilidades. Nadie va a negarse a votar leyes que sean beneficiosas para el país, pero que sea el Congreso quien lo determine y que no se siga con esta práctica de delegaciones genéricas al Poder Ejecutivo, que frente a la escasa actividad del Poder Judicial resulta ser el dueño del país. (Aplausos.)Sr. Presidente (Brook).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Gallo. - Señor presidente: la Providencia ha querido que el mismo día de mi incorporación, a esta Cámara tenga que hacer uso de la palabra para fundamentar la posición adversa de nuestro bloque a esta norma que en forma eufemística se llama marco regulatorio del gas.En efecto, ocupo la banca que hasta hace poco perteneciera a mi amigo y maestro, el doctor Horacio Aragón, quien había efectuado un estudio de este proyecto de ley y con quien, como secretario parlamentario de nuestra bancada, tuve el honor de colaborar en este estudio.Como dije, la Providencia dispuso que él no pudiera hablar hoy. Por lo tanto, ayudado por sus notas —las últimas de las cuales las redactara en su lecho de enfermo- voy a brindar los fundamentos de nuestro bloque, pero lo voy a hacer en forma somera por cuanto aquí prácticamente se han agotado los


argumentos.Decía que esta ley se denomina en forma eufemística el marco regulatorio del gas, puesto que encuadra bajo esta denominación la desnacionalización y extranjerización de la segunda empresa del país en orden a facturación; recordemos que la primera es Yacimientos Petrolíferos Fiscales.La empresa Gas del Estado atiende a 4,5 millones de usuarios y ocupa el 40 por ciento de la ecuación energética nacional, cosa sólo igualada en el mundo por Holanda y la ex Unión Soviética. El 50 por ciento de sus consumidores son industriales, el 27 por ciento son usinas, y el 20 por ciento domésticos. Gas del Estado tiene aproximadamente 13 mil kilómetros de gasoductos, 7.900 kilómetros de gasoductos secundarios y 1.500 kilómetros de redes de captación. A su vez, tiene cerca de 10.000 kilómetros de redes de cañerías que se distribuyen en 19 provincias y 270 ciudades.


Esta es la empresa que con esta ley de marco regulatorio del gas se va a desnacionalizar. En 1991 su facturación ascendió a 1.600 millones de dólares, constituyéndose, como dije recién, en la segunda empresa en orden a la facturación. Tiene 9.500 empleados, de los cuales 500 son funcionarios, 3.200 empleados calificados y 5.600 profesionales, lo cual da una empresa donde la ecuación financiera y su relación con su personal, lejos de ser exagerada, es ejemplar en el orden mundial.El balance a diciembre de 1990 indica que tenía un capital de 6.600 millones de dólares, el cual, sumado a la facturación de caja, hace un total de 8.200 millones de dólares a ser computados como valor de venta.Quisiéramos saber cuál va a ser el valor al que se va a cotizar la empresa cuando se rematen sus bienes.Analicemos algunos puntos de este proyecto de ley que eufemísticamente se denomina marco regulatorio. Como se dijo hace unos instantes, en este momento es una sola la empresa que tiene a su cargo la explotación del servicio, y por lo tanto existe una única ecuación económico-financiera. ¿Qué ocurrirá después de la división?

Gas del Estado cuenta con una razonable cantidad de empleados, pero cuando se divida en 10, 20 o 30 empresas se incrementarán los gastos fijos. Además, en lugar de existir una sola ecuación económico-financiera habrá 10, 20 o 30.

Por otra parte, no comparto el optimismo de algunos señores diputados que alegremente concluyen en que inevitablemente se producirá una disminución de la tarifa. ¿Qué parámetro se toma en cuenta para decir esto cuando hace pocos días -y para posibilitar la privatización- la tarifa del consumo domiciliario sufrió un incremento del 42 por ciento?

¿Acaso no tenemos demasiado fresca en nuestra memoria la privatización de ENTEL, gracias a la cual hoy contamos con las tarifas telefónicas más caras del mundo? De todos modos, en relación con el servicio telefónico existen criterios de comparación, pero no ocurre lo mismo en el caso del gas, porque no tiene un precio internacional prefijado, o sea que las transferencias internacionales de gas que se realizan tienen un valor político. Si alguna duda teníamos con respecto a esta cuestión la acabamos de clarificar en estos días a través de la renegociación que se está haciendo con Bolivia. Es sabido por todos que el gas que le compramos a Bolivia tiene un precio político; la misma situación se da en Europa y en el resto del mundo, donde los contratos globales que se efectúan de gobierno a gobierno establecen precios que están conformados por varios ingredientes. Entonces, ¿a dónde irán a parar las tarifas cuando no existen parámetros serios de comparación?

Si nos circunscribimos a hablar de las tarifas actuales vemos que las domiciliarias son inferiores a las establecidas en Estados Unidos y Europa porque pueden subsidiarse con el 53 por ciento del consumo industrial; sin embargo, se han visto incrementadas en un 42 por ciento a los efectos de mejorar —entre comillas— la privatización.

En nuestro país el costo del gas industrial es inferior al de Europa y Estados Unidos y similar al promedio de México. Además, cabe destacar el alto componente impositivo que tienen las actuales tarifas; naturalmente, de algún lado tendrá que transferirse ese componente después de la privatización.

Conforme al proyecto en análisis se va a fraccionar la red de gasoductos troncales. La organización industrial y operativa del sistema de gasoductos troncales obedece a una filosofía integrada de manejo centralizado. Esto es, operación interactiva de los conductos vinculados entre sí con comando único que elabora y ordena la ejecución de maniobras cuya sumatoria define una estrategia que abastece en calidad y cantidad cada punto de demanda.En otros países con similares porcentajes de utilización de gas se ha


organizado el sistema sobre la misma premisa; tal es el caso de British Gas y Gaz de France. Lo mismo ocurre con otros países europeos. Esta estructura ha servido en nuestro país durante 47 años con toda eficiencia a través del despacho nacional de gas.

La demanda de gas natural representa un factor esencial de condicionamiento en la estrategia de operación del actual despacho nacional de gas, en base a la siguiente clasificación: Capital Federal y Gran Buenos Aires suman el 42 por ciento, mientras que la demanda del denominado sistema de tramos finales alcanza un promedio del 58 por ciento.La concentración y modulación de la demanda ejerce una influencia gravitante en la operación del sistema troncal de gasoductos, que se va a fraccionar en 10 o 20 empresas. Es decir que el sistema aquí propuesto hará más ineficiente al sistema.En consecuencia, la propuesta de subdividir la red troncal integrada crea incertidumbre sobre la efectividad y calidad de la protección a los usuarios, ante la diversidad de actores y de intereses económicos que deberán ser congregados a la hora de proveer el fluido a los sectores domésticos hasta hoy privilegiados por la concepción vital del suministro.La experiencia de nuestro país sobre condiciones empresarias y su concepción de servicio a la comunidad, referida a los potenciales adjudicatarios, abre un cono de sombras que sólo el tiempo podrá develar.El sistema a instrumentar es más complicado, y no asegura un comando centralizado entre la producción petrolera y la generación termoeléctrica, que son los dos extremos de la estructura energética nacional.En consecuencia, abre un enigma sobre las tarifas de transporte y distribución para ser dilucidado entre los prestatarios y los usuarios, contando entre estos últimos a domésticos e industriales.Otro aspecto que ya ha sido criticado es el plazo de las eventuales concesiones. Las reservas estimadas en nuestro país, equivalentes a toneladas de petróleo, son exactamente el doble de nuestras reservas petrolíferas y están calculadas para 40 años. Dado que el plazo de concesión previsto en el proyecto para quienes resulten adjudicatarios es de 35 años, prácticamente se están liquidando las reservas de gas conocidas.En cuanto a la calificación de los operadores internacionales, cabe señalar que en el país no existe ninguna empresa que pueda operar este sistema fuera de Gas del Estado. Entonces ¿a dónde irán a parar las adjudicaciones? Naturalmente, a empresas extranjeras. Sin embargo, este proyecto de ley no contempla condiciones o requisitos que deban reunir los operadores inter-nacionales para acreditar solvencia económica, experiencia y antigüedad. Es decir, no existen parámetros que aseguren la seriedad de las empresas a las que serán entregadas las redes troncales de gas.En la sección XII del Capítulo I, referente a contravenciones y sanciones, el artículo 72 impone las sanciones de multa, inhabilitación y suspensión, copiando en su conjunto la norma similar norteamericana. Sin embargo, omite copiar la disposición norteamericana que permite el encarcelamiento, no redimible por multa, de los adjudicatarios que transgredan las normas vigentes. Es una lamentable omisión.En definitiva, desaprobamos totalmente esta privatización por ser Gas del Estado una empresa modelo en el campo internacional gasífero. Si esta empresa exhibió algún déficit —como lo expuso con singular brillantez el señor diputado Fontela-, el mismo fue prefabricado, tal vez para asegurar más impunemente esta desnacionalización. Esta empresa tiene alta rentabilidad. Es eficiente, tiene poco personal, se encuentra bien estructurada y presenta bajo costo operativo. La privatización de Gas del Estado luego de su creación hace 47 años, se parece, más que a una verdadera privatización, al empeño de un


bien que es patrimonio de todos los argentinos,Se nos dice que mediante esta política terminaremos de integrarnos a Primer Mundo. Para integrarnos al Primer Mundo es necesario establecer un sistema económico nacional conformado por regiones, que oriente la producción hacia nuestra integración continental —tomando como ejemplo el Mercosur— y ante todo hacia la integración con todos los países limítrofes.

No es concebible que se hable de mantener relaciones carnales con los Estados Unidos cuando estamos regalando un patrimonio que es el ahorro de varias generaciones; cuando nos invaden los flagelos del cólera, de la marginalidad, de la falta de agua potable y todas las endemias propias de los países atrasados, flagelos que se pretende ignorar y que constituyen algo así como contagios venéreos producto de esas relaciones carnales.Lejos de ser utópicos, nos basamos en las enseñanzas de Hamilton y de Federico Liszt, quienes lograron, respectivamente, la unión de los Estados Unidos y de Alemania. Con estos fundamentos rechazamos un proyecto como éste, que nos llevará a la desintegración nacional.La privatización y la desregulación, de las cuales este proyecto es un digno ejemplo, representan otro capítulo de nuestra bochornosa deuda externa. Este capítulo implica la entrega del mercado interno a aquellos grupos económicos que iniciaron el proceso de nuestro endeudamiento externo, se convirtieron en proveedores del Estado y hoy pretenden hacerse cargo -previo pago con papeles de la misma deuda que ellos crearon- de las empresas públicas que más facturan en la República o que son estratégicas desde el punto de vista de la cadena productiva. Este es el caso de Gas del Estado y por eso nos oponemos a esta norma que eufemísticamente se llama marco regulatorio del gas y que entraña tan sólo la desnacionalizaión de nuestra riqueza. (Aplausos.)

Sr. Presidente (Brook). Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Frigerio. — Señor presidente: al comienzo de esta sesión escuchamos por

parte del bloque al que pertenece el señor diputado Bordín Carosio una fundamentación del proyecto en consideración que considero correcta y que fue desenvuelta con precisión y contundencia.

El bloque del MID comparte esa argumentación, lo que me libera –para evitar ser reiterativo- de la necesidad de efectuar una exposición integral y detallada. Me propongo, en cambio, hacer referencia brevemente a algunos aspectos referidos a la política gasífera propuesta. Quiero anticipar, además, nuestra decisión de votar afirmativamente el proyecto que estamos considerando. . Si algo puede rescatarse de las discusiones en el seno de la comisión y de las que hemos escuchado esta noche, es que de ninguna manera es un valor entendido la necesidad de privatizar Gas del Estado. Es obvio que existen al respecto criterios muy distintos. Se han emitido argumentos dignos de ser considerados en el sentido de la inconveniencia de avanzar en esta privatización. Quizás esto tenga que ver con un historial de la empresa estatal, fértil en realizaciones, desde que en 1946 surge como empresa del Estado como resultado final de la expropiación de la Compañía Primitiva de Gas, expropiación que pone fin a un largo período que comienza en. 1856 y en el que el servicio de provisión de gas fue prestado por compañías privadas. Esta rica trayectoria permitió a la empresa soslayar en buena medida la burocratización generalizada que presenta el resto de las empresas del Estado y posibilitó conservar un nivel de calificación en su personal seguramente destacable. No obstante lo expuesto, la tendencia general a la degradación de la aptitud operativa del Estado, la desinversión del conjunto del sector público y de sus empresas estatales y la aplicación de tarifas políticas que no contemplaban los


costos de producción han llevado hoy a Gas del Estado a una situación de extrema postración y crisis, de graves implicaciones incluso en aspectos de seguridad, como se ha puesto de manifiesto reiteradamente en este recinto. Esa crisis es integral. Tiene que ver, por ejemplo, con el desmantelamiento de su capital humano, o con la no realización de tareas elementales de mantenimiento. Hoy, en Gas del Estado no se puede hacer lo que se llama gerenciamiento de fugas, lo que determina que sea cada vez mayor lo que eufemísticamente se denomina gas no contabilizado, es decir, la diferencia entre lo que ingresa y lo que se factura, que mide precisamente las pérdidas no detectadas. No existe tampoco un seguimiento del in-cumplimiento domiciliario, lo que a su vez gravita pesadamente en el incremento del déficit de la empresa. Hablamos de una crisis que se expresa también en la no realización de inversiones indispensables, que hoy obligarían a la sustitución de grandes tramos de gasoductos troncales y de miles de kilómetros de redes de distribución. Es una crisis que se evidencia en su situación económico-financiera donde -como señalaba el señor diputado Natale hace unos momentos— Gas del Estado ha sobrevivido sobre la base de no pagar el fluido que le que le compra a YPF —su deuda es del orden de los 1.800 millones de dólares— y de no invertir lo necesario para prestar el servicio con un mínimo de eficiencia, lo que implica que, para llegar a los niveles tecnológicos que están de acuerdo con los propios códigos de Gas del Estado, sería necesario realizar una inversión estimada en unos 450 millones de dólares anuales durante los próximos cinco años, esto es, un total de más de 2.000 millones de dólares. Estoy hablando, finalmente, de una crisis que se traduce en la presencia generalizada de algo que impregna al conjunto de la administración pública y las empresas estatales, incluyendo la de Gas del Estado: la corrupción. Me refiero a una corrupción que todos conocemos —y que algunos hemos tenido la oportunidad de conocer más de cerca— y que resulta casi imposible de detectar y desterrar por vía de la justicia.La privatización de esta empresa si bien no puede eliminar las consecuencias de la corrupción puede evitar que ellas se descarguen sobre el conjunto del cuerpo social como ocurre cuando se produce en el ámbito del aparato estatal.Por todo esto, sostenemos que es insoslayable e impostergable avanzar con celeridad en la privatización de Gas del Estado. Esta es la manera de que concurran a la prestación del servicio capitales que en este momento el sector público no puede aportar. Sin embargo quiero manifestar que aun en la hipótesis de que esta situación no fuera así; aún cuando la inversión pública en términos del producto bruto no estuviera en los niveles históricos más bajos del país; aun cuando la empresa no estuviera en situación de tener que afrontar emergencias inmanejables en cualquier momento, sería preciso avanzar en la privatización porque el Estado argentino tiene hoy otras prioridades de asignación de sus recursos de inversión, que deben destinarse a tareas que sí son indelegables como, por caso, tantas demoradas iniciativas en materia de infraestructura social, en lugar de utilizarlos en áreas en las que el capital privado puede asumir funciones que has-


ta ahora han sido estatales como es, precisamente, el caso del transporte y la distribución del gas natural.Existe otro argumento que no he escuchado aquí y que aconseja la rápida privatización de Gas del Estado. Me refiero a la necesaria coherencia que debe darse con lo que está ocurriendo en materia petrolera, donde se permitió el acceso de capitales privados a tareas que hasta hace poco eran patrimonio exclusivo de YPF y se implementó una desregulación que tiene como un aspecto principal la libre disponibilidad de gas y petróleo por parte de los productores privados. La participación de los privados en la actividad petrolera y la libre disponibilidad están determinando una pujante dinamización del sector petrolero y una multiplicación de las inversiones, que se traducirán en un gran crecimiento a lo largo de los próximos años. Para que esto se haga extensivo al área gasífera es menester que, por ejemplo, la libre disponibilidad del gas, que autoriza a quien lo produce a venderlo no a la empresa estatal —como hasta ahora— sino a cualquiera, no sea mera letra muerta o norma jurídica sin contenido concreto como ocurre en el caso de que frente a los productores de gas de libre disponibilidad hubiera un ente estatal monopólico como adquirente exclusivo. En cambio, lo que el marco regulatorio plantea es un conjunto de productores independientes que compitan entre sí para proveer gas a un grupo de adquirentes también independientes entre los que se encuentran las termousinas, los grandes consumidores industriales y las redes de distribución. Esta posibilidad de competencia entre productores permitirá la baja de los precios del gas natural y estimulará la inversión privada destinada a incrementar niveles de productividad y, de ese modo, tratar de obtener mayor participación en el mercado. En un país como la Argentina una política gasífera nacional debe tener como meta potenciar el aprovechamiento de estructuras geológicas ricas en gas, posibilitando que la utilización del gas natural... Sr. Presidente (Brook). - Señor diputado Frigerio: el señor diputado Luis Saadi le solicita una interrupción.Sr. Frigerio. - La concedo, señor presidente.

(. . .)


(. . .)20

REGULACIÓN DEL TRANSPORTEY DISTRIBUCION DEL GAS NATURAL

(Continuación) Sr. Presidente (Brook). - Prosigue la consideración del Orden del Día número 24. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Frigerio. — Decía, señor presidente, que los objetivos de una política gasífera deben consistir, en primer término, en una reducción de aquellas tarifas que hoy son las más caras, que son soportadas por los sectores sociales más desprotegidos como resultado de que no tienen acceso a la distribución de gas natural, y deben comprar el gas en garrafas a un precio tres veces más caro. Esto se atiende ampliando la red de distribución con inversiones que el Estado hoy no puede hacer. En segundo lugar, en un país de las características geológicas que tiene la Argentina el objetivo de una política gasífera debe consistir en otorgar a los consumidores industriales ventajas respecto a la competencia externa y, en particular, en el Mercosur, donde no hay otro país con las características gasíferas del nuestro, para que logren una posición competitiva prevalente. Para ello lo que se necesita se sintetiza en una sola palabra: inversión. Esa inversión, que necesariamente debe ser privada, encuentra en el marco regulatorio que analizamos, un instrumento adecuado. Esto es así porque introduce nacionalidad económica, eliminando los precios políticos y subsidios encubiertos o cruzados, en primer término, como por ejemplo el subsidio al consumo minorista extraído del consumo mayorista, el subsidio al consumo domiciliario extraído del consumo industrial o el subsidio del área metropolitana a expensas de una Patagonia donde no se premia con precios suficientemente reducidos la proximidad a los yacimientos de gas. Se trata de un entramado de irracionalidades económicas. Esto en modo alguno se opone a la necesidad de los subsidios, que son un recurso absolutamente necesario en cualquier política económica social de transformación, pero que debe operarse a través de subsidios explícitos, claros y cuantificables, susceptibles de ser discutidos y re-


sueltos democráticamente y dirigidos hacia aquellos sectores que más requieren de estos subsidios.El marco regulatorio estimula la inversión porque genera condiciones de racionalidad eco- nómica, donde por ejemplo los precios del gas se van a corresponder con los costos de producción, a diferencia de lo que sucedió a lo largo de muchos años en Gas del Estado, que tenía precios regulados que llevaron la empresa a la crisis actual. En segundo lugar, el marco estimula la competencia de los productores de gas respecto de otros productores de gas. Esa competencia es la que multiplicará la inversión en el sector, la que estimulará la exploración y la extracción de más fluido y la que naturalmente elevará los niveles de productividad promedio de la economía del sector. Sr. Di Tulio. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia? Sr. Frigerio. Si, señor diputado. Sr. Presidente (Brook). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz. Sr. Di Tulio.- Señor presidente: solicito por su intermedio al señor diputado por Buenos Aires que precise como será la competencia que menciona. Sr. Presidente (Brook). —Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Frigerio. —Señor presidente: al existir diversos proveedores del fluido titulares de distintos yacimientos que pagando una tarifa de transporte y otra de distribución pueden llegar a otros diferentes adquirentes del gas, —como los sistemas de distribución, los grandes consumidores industriales o las usinas termoeléctricas — se establecerá una competencia no sólo para proveer gas a menor precio sino también para compensar la estacionalidad de la oferta, creando condiciones que permitan superar las estrecheces invernales. Reitero que esta posibilidad se genera en la circunstancia de que ya no habrá un solo adquirente monopólico sino múltiples oferentes enfrentados a múltiples demandantes. Esta es una de las características que estimula el proceso de inversión en un sector donde las posibilidades potenciales van mucho más allá de la actual realidad, precisamente castigada por la desinversión. Como decía, señor presidente, el Estado tiene asimismo la posibilidad de adecuación de la tarifa para inducir este proceso de inversión que he mencionado. Naturalmente tal adecuación no es materia de este cuerpo legal y, como lo expresara el señor diputado Natale en su intervención, debe ser objeto de elaboración en los pliegos de licitación. El proyecto de ley en consideración contiene pautas conceptuales, como por ejemplo que el régimen a sancionar debe promover el consumo y la actividad industrial, al mismo tiempo, estimular la exploración y la extracción de gas. Este es un compromiso difícil y delicado porque las tarifas deben ser suficientes para permitir márgenes de rentabilidad a los adjudicatarios, y por otra parte debidamente bajas para tenga que esta posibilidad gasífera del país tenga plena concreción tanto en el consumo interno como en la competencia exportadora. Hay una serie de instrumentos de política que el Estado deberá utilizar para que pueda alcanzarse el objetivo declarado de que las tarifas no excedan a las actuales. Esos instrumentos de política tienen que ver, por ejemplo, con el diseño de áreas de distribución que sean óptimas en su tamaño, que garanticen economías de escala y que hagan atractiva la inversión del privado aun con tarifas más bajas; o el instrumento de cargar con los pasivos de Gas del Estado en forma solo parcial a las distintas unidades de negocios en que la privatización divida la actual empresa estatal; o el instrumento de licitar un mayor o menor porcentaje accionario, jugando esto contra la tarifa; o el más importante de todos los instrumentos: el impositivo, donde la tendencia -según nuestro


criterio- debe ser la de reducir la alícuota del impuesto, como una forma de que la tarifa sea el precio del servicio y no un instrumento racaudatorio. De esta forma se da mayor confianza y competitividad a la estructura de los costos industriales. Para, terminar deseo referirme a tres temas frecuentemente considerados tanto en las reuniones de comisión como en este recinto. En primer lugar, aludiré al tema de las inversiones, esto es, si son o no obligadas por el texto de la ley, y si el proceso de privatización de Gas del Estado garantiza que ellas se realicen. En segundo término, está el tema del federalismo, es decir, si los intereses de las provincias están adecuadamente resguardados en la actual redacción del marco regulatorio. Por ultimo, señalo el tema del después, o sea, qué es lo que pasará cuando la privatización


de Gas del Estado transfiera a manos privadas la actual red de distribución, sobre todo en aquellos lugares que actualmente no están siendo cubiertos por ella. En cuanto al tema de las inversiones -sobre el cual se han formulado reiterados interrogantes- deseo destacar que el proyecto que se discute es claro al exigir inversiones a los habilitados. Por eso en el inciso a) del artículo 16 se menciona el cronograma de inversiones de la habilitación, en el artículo 32 se dice que las habilitaciones podrán obligar a los transportistas y distribuidores a extender o ampliar las instalaciones cuando ello resulte conveniente a las necesidades del servicio público, siempre que puedan recuperar, mediante tarifas, el monto de sus inversiones. Pero más allá de esto es inimaginable —lo que sería política, técnica y económicamente indefendible— que los pliegos de licitación, que es donde corresponde que estos requisitos estén, no fuesen claros en la necesidad de inversiones a producir por el adjudicatario, sin perjuicio de que en modo alguno es necesario que exista un listado taxativo de estas inversiones, por cuanto eventualmente podría recurrirse al hecho de enumerar de una manera inequívoca cuáles serían las características y requisitos técnicos que el servicio debe exhibir. Lo cual, es obvio, no podría satisfacerse sin realizar las necesarias inversiones. En cuanto al federalismo se han introducido algunas modificaciones tendientes a que las provincias tengan una mayor participación tanto en el seguimiento de la actividad de los adjudicatarios como en el diseño de las áreas de distribución. En este sentido el único, auténtico y cabal federalismo se dará -lo cual, precisamente, es el previsible resultado del marco regulatorio y la propuesta de privatización- como consecuencia de la movilización de las riquezas de las provincias productoras y del resultado de la dinamización de la actividad exploratoria y extractiva que va a tener lugar indudablemente. Ese federalismo económico es lo único que se contrapone en los hechos con la tendencia centralizadora del área metropolitana, que se traduce en el empobrecimiento del interior marginado. Frente a esta realidad me parece que puede ser comprensible y sin duda legítima la preocupación de precisiones de tipo técnico, administrativo o legal, siempre que no obstaculicen o interfieran en el mejor logro de privatizaciones óptimas. Así es menester formular una prevención y una preocupación: si por ejemplo en el diseño de las áreas de privatización no han de prevalecer criterios técnicos que optimicen las economías de escala y presenten condiciones de atractivo máximo a los eventuales oferentes sino las discusiones y las negociaciones con los gobernadores y con las asambleas legislativas se corre el riesgo de que la privatización no sólo se demore sino que deba llevarse a cabo en condiciones muy lejos de las óptimas. Termino aludiendo al tema del sector del país y de la población argentina que en estos momentos no tiene acceso a la red de distribución. En esta materia se ha incurrido en reiterados equívocos al olvidar que el eje del proyecto en consideración es la privatización de la actual red troncal y la de distribución. Uno de los resultados previsibles de la privatización será que se den condiciones económicas objetivas que hagan rentable para el adjudicatario extender la red de distribución a mayor número de consumidores, porque va a haber más gas, gas más barato y, naturalmente, incentivos para extender la oferta de gas a mayor número de adquirentes y ampliar así el giro de negocios. Todo esto de ninguna manera excluye sino que, por el contrario, obliga a políticas estatales energéticas y específicamente gasíferas que den al país aquello que no es materia directa de este marco regulatorio y de este proceso de privatización; que den al país condiciones para extender a la totalidad del territorio y 15 millones de compatriotas, que aún no tienen acceso al gas


natural, los beneficios de vivir en una nación con una geografía tan pródiga en este recurso natural como es la nuestra. (Aplausos.) Sr. Presidente (Brook). —Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza. Sr. González (A. I.). — Señor presidente: serán breves las consideraciones para fundamentar mi voto por la negativa con relación al proyecto en consideración. Mis expresiones estarán referidas a un aspecto de orden conceptual. Siempre sostuve, como lo prueban los proyectos presentados oportunamente, que previo a cualquier proceso de privatización o descentralización es necesario analizar el problema referido al dominio y jurisdicción sobre los hidrocarburos líquidos y gaseosos, como asimismo lo relativo a las fuentes generadoras de energía, especialmente la hidroeléctrica, es decir, los regímenes regulados por las leyes 17.319 y 15.336. Coincido plenamente con la política de apertura económica y de privatizaciones que lleva


adelante el gobierno nacional, pero no olvido las palabras pronunciadas por el primer mandatario cuando al hacerse cargo de sus funciones anunció ante la Asamblea Legislativa la refederalización del país. En materia de privatizaciones los sujetos activos deben ser los estados argentinos una vez restituido el dominio y la jurisdicción sobre los recursos naturales. Esto es así no sólo por razones históricas y constitucionales sino también porque cuando en 1958 se nacionalizó el petróleo -con posterioridad a la reforma constitucional de 1949 (artículo 40)- ninguna legislación otorgó la autorización para que se dispusiera una suerte de desmembramiento del subsuelo de sus respectivos territorios. Además, las facultades provinciales sobre esta materia no han sido delegadas en forma expresa. Esta es una postura de orden político y constitucional porque considero que se puede dar el desarrollo armónico y sostenido del país si se respetan las ventajas comparativas y los recursos naturales son manejados por los auténticos y verdaderos propietarios, es decir, los estados federales. De todos modos, no constituye un obstáculo para que tanto en materia eléctrica como gasífera se puedan organizar los instrumentos de coordinación necesarios, tal como lo contempla la ley de energía, número 15.336, con respecto al sistema interconectado nacional o al despacho unificador de cargas y el propio Consejo Federal de Energía. Estos organismos de coordinación permitirán que el fluido eléctrico y también el gasífero, que son producidos por determinadas regiones, sean utilizados en condiciones equitativas y razonables por los habitantes de todo el país. Este planteo debe ser tenido en cuenta en el proyecto en consideración porque es perfectamente factible.Soy consciente de que en este sistema de privatización que encierra el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo influye de manera determinante la posición de los acreedores externos, porque es más fácil para el Estado argentino afrontar sus compromisos externos si tiene centralizado y unificado el negocio gasífero, tal como ocurrió antes con el eléctrico. Pero deben hacerse los esfuerzos necesarios para que la relación económica internacional se maneje teniendo en cuenta la participación de las provincias y no se limite simplemente al tema de las regalías petroleras, gasíferas o eléctricas sino que atienda al verdadero derecho de dominio que histórica y constitucionalmente les corresponde a los estados argentinos. Este proyecto de ley deja incólume la vigencia de la ley 17.319 en todos aquellos aspectos que no modifican el transporte la comercialización del fluido. De esta forma sentamos un precedente que va a ser nefasto el día de mañana, porque será muy difícil evitar las consecuencias de los hechos consumados en el orden institucional y económico. Lo mismo habrá que sostener sobre la política de privatización de hidrocarburos, donde por anticipado se han vendido y transferido áreas centrales. Las áreas principales están fuera de la jurisdicción y dominio de las provincias. Estas sólo podrán participar a través de acciones de la futura sociedad en la que será transformada Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Todas estas cuestiones no guardan relación con el mensaje que en su momento nos dirigió el doctor Menem. En su oportunidad señaló en forma enfática y terminante que se iba a federalizar el país y que se restituirían los recursos naturales a los estados provinciales. Con estas breves consideraciones adelantamos nuestro voto negativo. Sr. Presidente (Brook). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital. Sr. Fescina. — Señor presidente: he venido sosteniendo, y lo reitero esta noche, que el país está intentando cambiar su escenario con esfuerzo y con sacrificio. Seguramente la historia ubicará el inicio de esta transformación nacional el 10 de diciembre de 1983. La democracia siempre lleva de la mano a la libertad. Ya lo decía Octavio Paz


en Tiempo nublado: imaginar la libertad sin la democracia es una quimera. Estos dos valores insustituibles -democracia y libertad- son los precursores necesarios de todo cambio. Hoy estamos tratando de superar una mentalidad de tapera que nos tuvo atrapados durante décadas. Y esto es realmente bueno. En la Argentina ya no se discute la necesidad de modificar el rol del Estado. Quizás lo que aún no esté en claro sean las razones esenciales que impulsan tal modificación. Desde mi punta de vista, en esta necesidad de modificar el rol del Estado ha ido ganando adeptos una concepción economicista que se funda en el objetivo de eliminar los déficit de las empresas del Estado. Personalmente considero que los que adhieren a esta tesis son los vendedores de los activos del Estado nacional cuyos fines esenciales son dos: desprenderse de las empresas del Estado y de las responsabilidades consiguientes y que apa-


rezca el Estado recaudador para tapar los agujeros del barril sin fondo de las cuentas fiscales.Entonces, la transformación consiste en convertir al Estado en vendedor y recaudador. De allí surgen las consecuencias que estamos advirtiendo con la venta de Aerolíneas y con las altas tarifas de ENTEL, que en su momento se fijaron para facilitar la venta.Por otro lado, está la tesis que sostiene la necesidad de modificar el rol del Estado, sustentada en principios políticos esenciales a los que adherimos. ¿Por qué no debemos consentir el Estado empresario? Porque el Estado empresario deviene inexorablemente en un Estado mandón, autoritario, corruptor, que transforma la relación del habitante con el Estado en una de súbdito a dependiente del Estado, violando el derecho de ciudadanía plena y libre y aglutinando un gran poder económico.

En esos lineamientos se origina el Estado privatizador, que impide que el poder omnímodo y monopólico en manos del Estado se transfiera al capital privado. Estado privatizador es el que tiene la convicción arraigada de que la energía y las comunicaciones son las arterias vitales de un país, necesarias para su desarrollo y su integración, y que cuando tales arterias se transfieren al sector privado, él debe conservar celosamente el contralor para que se cumplan estrictamente sus políticas.El Estado privatizador no es el Estado vendedor. El Estado privatizador protege el bolsillo de los usuarios, En cambio, el Estado vendedor o recaudador aumenta groseramente las tarifas antes de vender una empresa para conseguir el mejor precio y garantizar de arranque la rentabilidad del capital privado. Lo hemos visto en el caso de ENTEL y también en el de Gas del Estado, que en enero pasado aumentó sus tarifas en un 42 por ciento.

Estado vendedor es el que vende todo, y en forma integral. No selecciona ni distingue. El único parámetro que tiene el Estado vendedor es cuánto recauda. En cambio, el Estado privatizador, es el que transfiere sus empresas total o parcialmente, conforme a las características del servicio y a las circunstancias particulares de cada caso. No confía ni se entrega totalmente, ni de entrada, al capital privado. Es posible que el Estado privatizador transfiera la mayoría accionaria de la empresa, inclusive es posible que otorgue la conducción de la empresa, pero en ningún caso se ausenta de la responsabilidad. El Estado privatizador se queda, vigila al capital privado para marcarle los rumbos y corregirlo cuando éste toma por senderos equívocos.En definitiva, el Estado privatizador es el que confía de a poco, a medida que se acredita el merecimiento del capital privado.

Esto es así y debe ser porque se trata nada más y nada menos que de servicios públicos esenciales y porque se transfiere al capital privado un mercado cautivo.

En resumen, el Estado verdadero tiene desarrollado su olfato por el dinero que va a recaudar y por la coyuntura que debe superar. En cambio, el Estado privatizador avanza con firmeza una vez que tiene puesto el pie para luego desplazar el otro, y su olfato no se concentra en el dinero ni en la coyuntura sino en divisar la seguridad del servicio y a su vez el futuro nacional. Insisto en esto porque creo que estamos asistiendo en este tema a una-presencia que privilegia la recaudación frente a la privatización.

Cuando desde el poder se afirma y se consolida la tendencia del Estado vendedor y recaudador, también se está gestando simultáneamente un Estado ausente, un Estado desertor que rechazamos categóricamente. Así, en una rápida recorrida nuestro país ha extendido varios certificados de defunción. Hemos enterrado al Estado patrón en el campo de los servicios telefónicos y del servicio aéreo. Estamos de acuerdo con la decisión aunque rechazamos la me-todología utilizada, que ya está generando en el país efectos altamente


negativos. De igual manera hemos rechazado las privatizaciones de las empresas del área de defensa en el campo de los armamentos —ésta fue nuestra posición en el debate—, así como rechazamos la ausencia del Estado nacional en los entes que administrarán otras arterias vitales del país, que es por donde entra y sale la riqueza nacional. Me refiero a los puertos de Bahía Blanca, Quequén, Buenos Aires y Rosario. En esos entes, donde van a estar todos los intereses económicos —los de la exportación, los de la producción, los de la importación, los propios y los ajenos—, no contaremos con la presencia del Estado nacional, que es el único responsable del interés nacional. Esta fue una decisión que es responsabilidad de la mayoría, porque nosotros insistimos junto con el radicalismo para que el Estado nacional tuviera presencia en esos entes.

Advertimos con claridad cómo el Estado recaudador, el Estado vendedor, deviene en desertor cuando por un problema de la caja chica o grande del ministro de Economía nos sacamos de encima la responsabilidad de la educación secundaria diciendo que es un acto


de federalización de la educación dándole esa carga a las provincias y resignando al Estado nacional la posibilidad de una educación integradora a nivel nacional, que fue la que nos prestigió ante Latinoamérica y el mundo. Dije al comienzo de mi exposición que estábamos intentando realizar un cambio, y es cierto. Estamos pisando el umbral del cambio, y a veces allí se sufren heridas y magulladuras y queda en nuestra obligación ayudar a cauterizarlas y cicatrizarlas.

Debemos tener cuidado porque, junto al pie que está pisando el umbral del cambio, está el otro puesto en el Estado desertor, en ese Estado que declina de sus responsabilidades esenciales, en el que las cicatrices que se están produciendo agreden a lo que ha distinguido el país y le ha permitido conservar, a partir de sus crisis, la convivencia pacífica, que es la armonía social. Cuidémonos entonces de no incurrir en el Estado desertor.

Con absoluta lealtad debo decir que este proyecto de privatización de Gas del Estado se encuadra en un Estado vendedor, recaudador y desertor. Así como mayoritariamente hemos escuchado la necesidad de privatizar ENTEL y Ferrocarriles Argentinos, no escuché que nadie levantara su voz para que se privatice Gas del Estado debido a la ineficiencia de sus servicios y el costo de sus tarifas. Ni siquiera Bernardo Neustadt, que es el augur de las privati-

zaciones nacionales, ha hablado de Gas del Estado. Este señor ha pasado meses refiriéndose a ENTEL y a Ferrocarriles Argentinos; lo digo porque he visto casi todas sus audiciones —no sé si por masoquismo o para aprender— y en ninguna do ellas se ha pronunciado respecto de la empresa Gas del Estado. ¿Por qué será? Con respecto a ENTEL y a Ferrocarriles Argentinos existe una opinión mayoritaria que nos está indicando que en la búsqueda de lograr mayor eficiencia en los servicios ambas empresas debían privatizarse. ¿Por qué será que no escuchamos lo mismo con referencia a Gas del Estado? ¿Cuál es la respuesta a este interrogante? ¿Quién la conoce? ¿El Poder Ejecutivo, la mayoría, nosotros? ¿Estamos apurando los términos del cambio y precipitando nuestra manera de actuar?

¿Acaso hemos escuchado decir que las tarifas de Gas del Estado son altas? ¿Alguien ha dicho que Gas del Estado fue el receptáculo del festival del empleo público, tal como ocurrió en otras áreas del Estado? ¿Alguien escuchó decir que Gas del Estado no contribuyó con la petroquímica y con el desarrollo nacional? ¿Acaso Gas del Estado no ha vertebrado el país a través de la energía? ¿Alguien ha escuchado decir que esta empresa tiene a su cargo el 37 por ciento de la energía nacional o que es ineficiente? ¿Cuál es la urgencia en aprobar este marco regulatorio que lleva al desmembramiento de Gas del Estado? Ya ha sido señalado; según he escuchado en este mismo recinto al señor ministro de Economía y Obras y Servicios Públicos, los recursos genuinos le sirven al gobierno para pagar los gastos corrientes, mientras que los no corrientes son afrontados con el producido de la venta de los activos nacionales.

Estamos trabajando para la coyuntura. No estamos mirando por encima de la punta de los zapatos ni estamos imaginando el futuro nacional. Yo soy privatizador; no estoy en contra de las privatizaciones, pero hay que hacerlas como corresponde. Debemos echar mano a una metodología que permita utilizar el capital privado, pero con la presencia del Estado. Ello, hasta que el capital privado nos gane la confianza en el sentido de que está incorporado en el país y consustanciado con él, y que viene a ganar plata para hacer el país junto con los argentinos y no para usufructuarlo o aprovecharlo.

Esto es el concepto de las privatizaciones: esta es la metodología que reclamo del gobierno y del oficialismo. Pero reitero que no estoy en contra de las privatizaciones. Sólo quiero que se hagan bien para evitar que pasado mañana tengamos que volver a fojas cero como ha ocurrido en otra etapa de la historia


argentina.Pero hay más para decir. Por ejemplo, que Gas del Estado tiene un egreso nada

más que del 8 por ciento para los gatos operativos de funcionamiento. Además, su plantel está integrado por 10 mil personas, computando a todos los profesionales, personal de maestranza, trabajadores e incluso a los médicos de su obra social. También hay para decir que tiene 4.300.000 usuarios y que por familia tipo -como señaló el señor diputado Quesada -representa el 40 o 50 por ciento de la población argentina.

Pero hay más para decir. Gas del Estado tuvo tarifas políticas; la política económica le impuso pagar un contrato relacionado con la provisión de gas boliviano, que lo paga la empresa y no el Estado. También hay para decir que otra conducción económica le impuso réditos a 10 y 15 años para las grandes inversiones y grandes obras, cuando éstos se pactan a 25 años.


Para finalizar, repetiré lo que dijo alguien que desde mi punto de vista está registrado como uno de los dos grandes administradores que tuvo Gas del Estado. Me refiero al ingeniero Esteban Pérez, quien dice: "Gas del Estado es una empresa que ha sido diseñada y desarrollada como una unidad funcional. Actuó bien y aún sus servicios son eficientes y si no fuera por la necesidad de urgentes inversiones, podría continuar igual sin inconvenientes, con ligeros ajustes de tarifas, asegurando así la continuidad del servicio.

"El desmembramiento de Gas del Estado es un riesgo grande, que puede esperarse su fracaso, a menos, claro está, que ese fracaso lo pague el usuario con tarifas más que elevadas",

Como una exhortación quiero señalar a los amigos del justicialismo que el cambio no exige apuros ni reclama velocidades que siempre anidan inseguridades. Los cambios pausados pero firmes, si los hacemos convencidamente, son los que transportan a un país de coyuntura de tapera a otro con un futuro promisorio.

También quiero concluir con una opinión de Octavio Paz, registrada en su obra Pequeñas crónicas de grandes días, referida a su México de estos días, a ese México que, según registra la información periodística, es admirado por el ministro de Economía. Dice Octavio Paz: "No sé si la modernidad es una bendición, una maldición o las dos cosas. Sé que es un destino: si México quiere ser, tendrá que ser moderno. Nunca he creído que la modernidad consista en renegar de la tradición sino en usarla de un modo creador. Modernizar no es copiar —dice Paz— sino adaptar, injertar y no trasplantar. Es una operación creadora, hecha de conservación, imitación e invención".

Concluyo esta exposición haciendo moción para que este proyecto vuelva a comisión, aunque solicito que se difiera la votación para el momento en que se vote en general. (Aplausos.)

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CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Marcó. - Pido la palabra para plantear una cuestión de privilegio,

Sr. Presidente (Brook). - Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.

Sr. Marcó.— Señor presidente: he pedido la palabra para plantear una cuestión de privilegio con motivo de expresiones que un miembro de este cuerpo vertiera públicamente y que afectan el prestigio de este Parlamento y por consiguiente los privilegios colectivos de sus integrantes.

No formulé esta cuestión de privilegio al inicio de la sesión a la espera de que se hallara presente el legislador a quien imputo estas expresiones; y ahora que he solicitado la palabra se acaba de retirar.

En la tarde de ayer, en un programa que trasmite Radio América conducido por el periodista Carlos Varela, el señor diputado Toma intentó justificar la necesidad de llevar a cabo la reforma constitucional. Para ello echó mano, entre otros argumentos, de la conveniencia de modificar el régimen de las sesiones de este Congreso señalando con razón la brevedad del periodo ordinario de sesiones. Agregó además que constituía un verdadero desperdicio de medios y de dinero tener a 257 diputados y 48 senadores trabajando solamente durante seis meses del año. Por ello señalaba que se hacía imprescindible la reforma de la Constitución de modo que los legisladores tuvieran las mismas vacaciones que cualquier hijo de vecino.

Es institucionalmente inadmisible que un miembro de este cuerpo confunda el concepto de receso parlamentario con el período de vacaciones y mucho más que lo haga personalizando, como si el receso parlamentario fuera un tiempo de


vacaciones para los diputados, usando esta expresión como si gozáramos de un privilegio de trabajar sólo cinco meses al año y disfrutar de siete meses de vacaciones.

El señor diputado Toma no puede desconocer esta diferencia institucional, mucho más cuando ha permanecido tantos años en esta Cámara. No puede desconocer que nunca en los tiempos modernos han existido vacaciones que puedan semejarse a meses. Si nosotros no cuidamos el prestigio del cuerpo mal podemos pedir que otros operadores de la comunicación lo hagan o que el pueblo argentino en general valore el trabajo y el esfuerzo de los diputados.

Si siguiéramos el hilo del pensamiento que sostuvo el señor diputado Toma en la audición de ayer, hoy sería un día de vacaciones para nosotros, sólo que por una suerte de masoquismo estaríamos gozándolas en este recinto, no muy cómodo ni ventilado por cierto. Sobre esta base dejo planteada la cuestión de privilegio y para no alterar el desarrollo de la sesión solicito el pase a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Sr. Presidente (Brook), - En atención a lo solicitado por el señor diputado por Entre Ríos, la cuestión de privilegio planteada pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.


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REGULAGION DEL TRANSPORTEY DISTRIBUCION DEL GAS NATURAL

(Continuación)

Sr. Presidente (Brook). — Continúa la consideración en general del dictamen contenido en el Orden del Día Nº 24.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Zamora (L. F.). - Señor presidente: conviene señalar que estamos discutiendo un proyecto que sólo formalmente pertenece al gobierno nacional. Como lo evidencia la actitud constantemente servil del Poder Ejecutivo nacional, el proyecto que se ha enviado a esta Cámara ha sido redactado según los consejos del Banco Mundial, Este proyecto no surge de las necesidades o de los reclamos del pueblo ni de los requerimientos de desarrollo del país, sino de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, que en gran parte han sido establecidas en sus lineamientos principales por imposiciones imperiales, que en este caso llevan el nombre de consultora McKinsey.

Con este proyecto no se busca reorganizar el transporte y la distribución del gas ni extender aún más este servicio; tampoco se crea el ente regulador para asegurar que se cumplan estos fines. El centro de esta iniciativa es la privatización de Gas del Estado, que como lo dijo un experto en la materia —en realidad es mucho más que un experto, porque expertos hay muchos; es un defensor del patrimonio nacional—, el señor Silenzi de Stagni, es una entrega más de nuestras riquezas nacionales por moneditas.

En el escasísimo debate previo a esta discusión y también en este recinto se han utilizado diversas expresiones: competencia, eficiencia, corrupción, falta de recursos, o sea, una seguidilla de frases y de maquillaje a los que se acude cada vez que se trae a la discusión el despilfarro de nuestras riquezas. En verdad no hay mucha variedad ni originalidad en la argumentación.

Se ha dicho que la privatización traerá mayor eficiencia. Ya tenemos experiencia en ese sentido con las privatizaciones que llevó a cabo este mismo gobierno. Aerolíneas Argentinas es un ejemplo harto conocido de la eficiencia que acarrean las privatizaciones.

Pero en el caso específico de la fuente energética que involucra este debate hay una historia y un presente que demuestran la falsedad de esta afirmación.

Un estudio del Instituto de Economía Energética asociado a la Fundación Bariloche y suscrito por dos expertos en la materia, Suárez y Kosulj, nos recuerda que la República Argentina tiene una experiencia muy importante en materia de gas en manos privadas, experiencia de la cual se suelen sacar conclusiones. A mediados del siglo pasado las primeras empresas de distribución de gas que se formaron en la Argentina utilizaban carbón importado. Se trataba de empresas privadas de capital extranjero.

Digamos que para los fanáticos de este tipo de proyectos, las tenían todas, las que eran privadas y multinacionales.

El Instituto dice que en 1943, luego de 90 años de explotación del servicio de gas distribuido por redes en manos privadas, sólo el 6 por ciento de la población nacional recibía el servicio, lo que representaba alrededor de 190 mil usuarios en el Gran Buenos Aires, incluida la Capital Federal y otras cuatro grandes ciudades del país: La Plata, Rosario, Bahía Blanca y Tucumán. El estudio fue publicado en la revista "Realidad económica", número 102, página 63.

En 90 años habían logrado "esta extraordinaria eficiencia" de abastecer de gas al 6 por ciento de la población. Un hecho realmente notable.


Como es sabido, en 1944 se produjo la nacionalización del sistema, y luego de 48 años de explotación estatal se llegó a cuatro millones de usuarios o 18 millones de personas tomando en cuenta el grupo familiar. Reitero: del 6 por ciento se pasó al 50 por ciento de la población, repartida en 260 localidades y por medio de la construcción de gasoductos y redes de distribución de alrededor de 80.000 kilómetros extendidos a lo largo del país.

Según este estudio, las compañías privadas que distribuían el gas en ningún momento intentaron utilizar —en aquel entonces— los recursos energéticos del país —en particular, el gas natural— y continuaron abasteciendo el sistema con carbón importado lo cual hicieron durante 90 años. Por el contrario, YPF primero y luego Gas del Estado en sólo cinco años inauguraron el primer gasoducto de 1.700 kilómetros de longitud, que permitió utilizar el gas natural de Comodoro Rivadavia en la provincia de Buenos Aires y en esta Capital. En diez años más se inauguró un nuevo gasoducto desde la provincia de Salta -1.600 kilómetros— que permitió la sustitución total del gas manufacturado, eliminándose así la importación de carbón que tuvo lugar durante 90 años "gracias a la eficiencia de las empresas privadas”.


En cuanto a las tarifas -teniendo en cuenta que dos elementos para juzgar eficiencia o ineficiencia están dados por la cobertura de servicios y el nivel de tarifas-, digamos que cuando la explotación gasífera estaba en manos privadas, el valor era 6 veces mayor al actual, aun tomando los últimos tarifazos del presidente Menem y su ministro Cavallo. A partir de 1944, en menos de 10 años se redujo la tarifa a la quinta parte. En década del 60 hubo una reducción adicional del 40 %. Entre 1967 y 1975 se produce una nueva mejora del 50 %.¿Esta fue la eficiencia privada? Aun con un nivel tarifario muy inferior, a partir de la nacionalización, la cobertura se expandió mucho más, lo cual favoreció a vastas zonas del país que comenzaron a ser abastecidas.Aquí se ha dicho que se discute entre quienes quieren una Argentina moderna y quienes quieren retroceder a la década del 40. Sacando lo de la Argentina moderna, que es una apreciación subjetiva y abierta a discusión, algunos tienen razón: se quiere volver a la década del 40; se quiere volver a las empresas energéticas en manos privadas abasteciendo a un 6 por ciento de la población y con tarifas 6 veces más caras.Hoy el gobierno propone reprivatizar; oculta que su propuesta de privatización significa volver a hacer lo que ya se hizo una vez y no durante pocos meses sino 90 años. Por eso se plantea la amenaza de retroceder medio siglo, hasta los años 1943 o 1944, en relación con los beneficios conquistados con la estatización, los que además pudieron ser mayores si la empresa hubiese contado con el control de los trabajadores, de sus profesionales y técnicos, además del control de sus inversiones, de su administración, de su gestión y de su funcionamiento de conjunto. Si hubiese existido ese control de los trabajadores se hubieran evitado los contratos leoninos, algunos mencionados aquí, por ejemplo el del gasoducto Centro-Oeste de Cogasco, bajo la dictadura militar, o el de NEUBA II con el alfonsinismo, que hoy forman parte del paquete de deuda externa que tiene el país con el "Club de París".Sólo el control de los trabajadores hubiera podido evitar los sobreprecios. No compartimos el calificativo de Estado corruptor; nosotros creemos más en grandes empresarios que corrompen a los funcionarios del Estado, porque tienen acceso y dominio del Estado. Y no creemos que esa corrupción se termine dándole a los corruptos ya no influencia sobre los funcionarios sino directamente la propiedad de la empresa.

Si hubiese habido control de los trabajadores de la empresa, también se hubiera evitado la impunidad de los grandes deudores privados, y en materia de deudas con Gas del Estado existen interesantes datos que no se mencionan a la hora de hablar de la corrupción, de la ineficiencia o del déficit de la empresa.En 1989, Celulosa Argentina —digo Celulosa Argentina y no Juan Pérez— le debía a Gas del Estado 5.000 millones de australes. Otros deudores son Papel del Tucumán, Ingenio Concepción, CAPSA, Ingenio San Martín del Tabacal, la Papelera Massuh -no el almacén de Corrientes y Canning-, Palmar, Cristalux, etcétera. Quizá alguno de éstos se proponga ahora como aspirante a la adjudicación de Gas del Estado.

Como lo señaló en la Comisión de Energía y Combustibles de esta Cámara, Silenzi de Stagni —seguramente el bloque de la mayoría que propone este proyecto no se enteró de sus posiciones, porque sus representantes se retiraron y no lo escucharon—, desde que se comenzó a hablar de privatización el precio del gas para el usuario doméstico aumentó en valores constantes un 250 por ciento, en 1990 solamente.

La Unión Industrial Argentina -para hacer referencia a otro sector- ha hablado de un aumento de las tarifas entre 1990 y 1991 de un 180 por ciento. Además —todos lo saben y muchos lo sufrimos—, este año se dispuso un incremento brutal de la tarifa para todo aquel que tenga su salario congelado, del orden del 42 por


ciento. Esto fue reclamado por el Banco Mundial a través del informe de esa consultora imperialista que fuera publicado en el Boletín Oficial como anexo al decreto 48/91. Allí se dice que es necesario disponer un fuerte aumento en las tarifas para que haya empresas privadas interesadas en la privatización. Y en este informe también se señala que los servicios que no sean rentables deberán ser suprimidos, haciéndose una mención especial a los gasoductos del Norte y del Sur.

Silenzi de Stagni señaló en la Comisión de Energía y Combustibles que el 4 de junio de 1991 el gobierno recibió el informe del Banco Mundial, y una semana después, traducido al castellano y bajo la forma de un proyecto de ley los reclamos del imperialismo llegaron al Congreso Nacional aparentemente como una iniciativa del gobierno que, en realidad, actuó de mensajero.

Las características que rodean al presente proyecto de ley reflejan un criterio confesado por el subsecretario de Combustibles. "La producción del gas... —decía este funcionario– ... no está


contemplada como un servicio público. El gas es una fuente de energía más que compite como cualquier otra, y el objetivo general no es el de llegar a todos los habitantes ya que el servicio se ampliará si resulta atractivo en términos económicos", según expresiones del subsecretario García recogidas por el diario "Clarín" el 1º de agosto de 1991.

El criterio del gobierno es reducir el servicio a todos aquellos usuarios que no puedan pagar por no contar con los recursos necesarios para afrontar las tarifas cada vez más altas. Además, se contempla la supresión del servicio en los casos en que no sea rentable, con lo cual se retrocede varias décadas.

A partir de ahora el servicio será sólo para aquellos que puedan pagarlo y se limitará a las zonas superpobladas, lo que representa un gigantesco negociado —uno más— para las empresas que resulten beneficiarias de la adjudicación. Además, tal como ocurrió con ENTEL, y como está previsto que suceda en el campo eléctrico, las empresas se quedarán con el actual componente impositivo que tienen las tarifas, lo que representa un negocio redondo para las ad-judicatarias.

La presencia de Silenzi de Stagni en la Cámara fue boicoteada en la Comisión de Energía y Combustibles por el bloque Justicialista y por otros bloques que defienden este proyecto y que sólo aceptan el debate cuando cuentan con la mayoría para imponerlo o con el tiempo suficiente en los medios de comunicación, pero cuando se encuentran en igualdad de condiciones no pueden refutar argumentos irrebatibles. Silenzi de Stagni calculaba que con las actuales tarifas fijadas para Gas del Estado esta empresa podía realizar inversiones por más de 2.000 millones de dólares en los próximos años. Con esto se destruye el mito de que hay que privatizarla porque no cuenta con recursos para invertir.Este proyecto encierra una amenaza para el país, para los usuarios y para los trabajadores de la empresa. Estos últimos ven amenazadas sus conquistas. Diga lo que se diga, los convenios se van a modificar; tal como sucedió con ENTEL, Telecom y Telefónica de Argentina han modificado los convenios, y SEGBA y Agua y Energía están en vías de hacerlo.Además, los trabajadores se ven amenazados con despidos porque los usuarios que pierden los servicios por no poder pagar las tarifas serán fuentes de trabajo que desaparecerán, al igual que aquellos servicios que dejen de ser rentables serán cerrados y ocasionarán despidos.Esto no es nuevo; hay experiencia sobre el particular. Gas del Estado empezó con privatizaciones periféricas en épocas de la dictadura militar, cuando Martínez de Hoz era ministro de Economía, Por medio del decreto 690/81 se quitó a la empresa la facultad de comercializar y transportar garrafas de gas licuado. A ese despojo se agregó el desmantelamiento y venta de las plantas que se utilizaban para el envasado del gas.Menciono todo esto no sólo para fundamentar la continuidad que el plan Cavallo representa de los intentos de la dictadura militar con Martínez de Hoz, sino también para señalar que —según lo denunció con los correspondientes ar-gumentos la Federación de Trabajadores de Gas del Estado— esa maniobra de despojo ocasionó a la empresa y al país una pérdida de más de mil millones de dólares.

En este punto surge otra pregunta: ¿cuánto perderá el país con esta privatización total, si perdió más de mil millones de dólares con una privatización periférica?

Se va a privatizar una empresa cuyo valor real es de alrededor de 20 mil millones de dólares. El país ha hecho inversiones de por lo menos 12 mil millones de dólares y la empresa no se va a privatizar por más de 1.500 millones de dólares, recibiendo además papelitos depreciados de la deuda externa


fraudulenta.En cuanto a la competencia, mejor ni hablar. En las privatizaciones que lleva a cabo este gobierno la competencia no existe. ENTEL fue dividida por una calle y quedaron dos monopolios, uno a cada lado de dicha calle, con el agravante de que se han puesto de acuerdo. En el caso de SEGBA la división se realiza por un cable; ya hemos aportado los datos cuando se discutió el marco regulatorio del sector energético.Entonces, ¿cuál es la competencia? ¿El caso de la leche, con Mastellone, es el ejemplo a seguir? ¿0 el de la nafta, por ser más caro a este gobierno, ya que el monopolio de la leche viene de antes? ¿Las estaciones de servicio de ESS0 y Shell son el ejemplo de la competencia? Yo las veo acordando y no compitiendo. No abundaré sobre este tema de la competencia porque no tiene visos de seriedad.Las verdaderas razones no son las que se han dado aquí en defensa de este proyecto. Aunque hayamos sido los primeros en señalarlas hace muchos años, hoy la enunciación de esas razones no resulta novedosa. Hay que encontrarlas en el actual plan económico, basado en la exigencia del FMI de reducir todo gasto o inversión estatal, sea en hospitales, en escuelas


o en gasoductos, para cumplir con los pagos de los intereses de la deuda externa, para cumplir aún más con el servicio de la deuda, para poder entrar al Plan Brady, para asegurar que la banca acreedora reciba mayores pagos.Las verdaderas razones por las cuales hoy estamos discutiendo en esta Cámara este proyecto residen en esa exigencia del pago de la deuda externa con el superávit de las cuentas del Estado y con el patrimonio nacional, transferido a cambio de papeles de la deuda externa, favoreciendo el enriquecimiento ilícito de las grandes empresas. Por eso decimos que éste es el gobierno de los grandes empresarios y del FMI. Es una frase que expresa los intereses que defiende y los impulsos a los que obedece. Sólo se podría aplicar un plan económico distinto partiendo no de pagar esa deuda fraudulenta, sino de desconocerla, así como de otras medidas que atiendan a las necesidades del pueblo trabajador. Este debate sería distinto si en lugar de un gobierno de grandes empresarios y del FMI, cuyas campañas electorales financian los Bunge y Born, tuviéramos un gobierno de los trabajadores y del pueblo. Este proyecto abre aun más el camino de la corrupción por el enorme poder que transfiere a las empresas que resulten adjudicatarias. Se trata de la transferencia de la primera empresa gasífera de América latina que, junto con YPF, representan el 10 por ciento del producto bruto interno. Ahí se ve la irresponsabilidad y el aventurerismo de este gobierno.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, doctor Hugo Bartolomé Rodríguez Sañudo.

Sr. Zamora (L. F.). - Moneditas son las que se pagan por estas empresas, pero no estamos discutiendo de moneditas. No sólo se abre aun más el camino a la corrupción. Más importante que eso: se avanza en el camino de transformación en una colonia. El problema de la soberanía, la colonización y la independencia está profundamente vinculado con este debate. Ya están o pronto estarán en manos de empresas extranjeras privadas —gran parte de ellas multinacionales— las comunicaciones, los servicios aéreos, los teléfonos, los caminos con peaje, los ríos con peaje, los puertos privados, las fuentes energéticas, los servicios eléctricos, el gas, los ferrocarriles, el petróleo y demás. Podríamos pasar toda la noche hablando de esto. ¿Qué independencia puede tener en sus decisiones un gobierno que no controla nada de eso? ¿Qué es una colonia si no es aquello hacia donde vamos o donde ya estamos? Este es el punto central del debate, es decir, qué es lo que se está tratando de aprobar acá. La responsabilidad del gobierno ha quedado clara, pero también lo ha quedado la responsabilidad del Congreso que ha permitido que uno a uno estos proyectos pudieran avanzar, habiendo podido impedirlo, para no hablar de la responsabilidad de la Justicia cuando algún ingenuo recurrió a ella para impugnar alguna de estas medidas del gobierno. Debemos señalar también que existe una responsabilidad de igual o peor magnitud que la indicada, que es la de los dirigentes nacionales del gremio —en este caso, del gremio de Gas del Estado—, que han avalado esta gigantesca entrega, este ataque al país y esta amenaza para los derechos de los trabajadores, es decir, sus propios representados. Pero no actuaron de modo diferente a FOETRA, cuando se privatizó ENTEL, o a SEGBA. En la huelga ferroviaria de estos días podemos advertir que los dirigentes del gremio están transformados en voceros de la parte patronal y no de los trabajadores agredidos por el gobierno. Pero en el caso de Gas del Estado los que hemos conocido la trayectoria de los empleados, profesionales y técnicos de esa empresa depositamos en ellos nuestra confianza. Los llamamos a luchar sobre la base de la combatividad que les conocemos y no para que el proyecto no se apruebe hoy aquí sino para impedir su aplicación.


Se ha mencionado que habrá un ente nacional regulador que supuestamente tendrá a su cargo tareas de control cuyos integrantes se prevé que serán nombrados en su mayoría por el Poder Ejecutivo. Se habla de que se elegirán técnicos y especialistas, pero tenemos muchos ejemplos de qué es lo que el gobierno considera como tales, siempre pensando en la función de contralor que les asignaría este proyecto de ley. Por ejemplo, Estenssoro sería para el gobierno un especialista que defendería el patrimonio de los argentinos. Ese ente va a estar lleno de Estenssoros —como lo está el gobierno—, cuya preocupación no será precisamente defender los intereses de YCF sino los de la multinacional Shell, que es de donde proviene Estenssoro. De estos intereses van a provenir los especialistas del ente regulador. Podemos preguntar a alguien por la calle si cree que una comisión nombrada por este presidente podrá controlar la defensa del interés nacional frente al de las empresas privadas multinacionales Si alguien tenía alguna duda, la


perdió después de haber leído en el diario que Todman dijo: "Quiero la Federal Reserve en el aeropuerto de Ezeiza." La única garantía -como lo dije antes— sería una empresa estatal controlada por los trabajadores; ellos serían los que sacarían a la luz -como lo hacen ahora, como pueden, sin tener acceso a las fuentes de información- todos los hechos de corrupción, controlarían en qué se dispone el dinero y donde hubiera desviación lo harían saber a la opinión pública para que nos enteráramos todos. Esto sería una garantía para el país, pero con este proyecto no se busca una garantía para el país y el pueblo sino para SADE, Bridas, los Bulgheroni los Pérez Companc y el Fondo Monetario Internacional. Consideramos que para el pueblo argentino es una cuestión de vida o muerte impedir que avance este plan económico y estas expresiones del mismo que hoy estamos discutiendo aquí. En este caso concreto estamos hablando de impedir que, después de los negociados de los pozos petroleros de las áreas centrales, éste sea el ejemplo más escandaloso de liquidación de una empresa estatal, ya que prácticamente habrá sido regalada a manos privadas.Alguien ha dicho que se está discutiendo un modelo de país. Es verdad, una Argentina en la que puede regir la ley de la selva de las grandes empresas, la del embajador Todman haciendo y deshaciendo u otra distinta donde decidan los trabajadores y el pueblo. Si lo que se pretende es volver a la Argentina de los años 40, con la aprobación de esta iniciativa se está regresando a esa década que la historia reconoció con total justicia con el nombre de infame. (Aplausos.)Sr. Presidente (Rodríguez Sañudo). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan,Sr. Achem. — Señor presidente: en nombre del bloque de la Cruzada Renovadora de San Juan voy a fundamentar nuestra posición con respecto al proyecto que se está considerando. Creemos que todos los servicios del país deben ser ordenados por el Poder Ejecutivo en aras del bien común. Esta iniciativa privilegia el negocio y la utilidad; es una nueva forma de cercenar los derechos del hombre colocando por encima de ellos el derecho de las empresas. El núcleo central de nuestra defensa es el hombre y no la utilidad. El equilibrio sólo lo puede el político, que es elegido para tal fin; se trata de una misión indelegable que se vincula con la esencia de su función. Si se le da un papel preponderante y excluyente a las empresas, ¿qué queda del poder del Estado? Si privatizamos una empresa que en su rubro es la tercera en el mundo, que no aumentó su personal desde 1980 y es eficiente y rentable, ¿qué nos quedará del país? Nada justifica su privatización. Se aumentará la tarifa de los usuarios, cuya defensa ejercemos como poder del Estado. El proyecto prevé la destrucción del actual sistema mediante el desmantelamiento de la empresa. Esto es inexplicable desde cualquier punto de vista. Gas del Estado atiende a más de 4.300.000 usuarios y se considera la tercera empresa gasífera del mundo. El gas natural, que en 1983 significaba el 29 por ciento del total del consumo energético, ascendió en el año 1989 al 41 por ciento. Sin embargo, la dotación de personal prácticamente no ha aumentado. El proyecto elimina a Gas el Estado del mercado, otorgando un papel excluyente a las empresas privadas y modificando la actual ley de hidrocarburos. También es contrario a la ley 23.696 de reforma del Estado al incluir como privatizables a los gasoductos que están expresamente excluidos de aquélla. Lo que es absolutamente inaceptable es que impide en forma expresa la participación de las provincias, empresas públicas provinciales y municipales en cualquier forma que pretendan intervenir.Los únicos beneficiarios de esto serán los destinatarios de la privatización, que van a generar, en forma excluyente, un mercado oligopólico en perjuicio de la gran masa de consumidores domésticos y de la pequeña y mediana empresa. Hemos renunciado con esto a la ley cuyo principio determina que cada provincia


es dueña de sus recursos. Es decir que la iniciativa es totalmente antifederal.No es aceptable que se pretenda mejorar las finanzas empresariales castigando exclusivamente a los usuarios de menor capacidad económica. Así se pierde la característica del servicio público propia de la prestación de gas que debe ser accesible a todos, sin importar la condición social o económica. Por tratarse de una propuesta claramente antifederal que limita totalmente a las provincias al no permitirles la prestación del servicio, así como creemos que es necesaria la privatización en distintas áreas sostenemos que el Estado no puede nunca delegar el poder de administrador del bien común y la decisión de dónde y en qué lugar se va a prestar el servicio. Sr. Presidente (Rodríguez Saludo) — Tiene la palabra el señor diputado por San Luis. Sr. Ceballos. Señor presidente realmente a la una de la mañana con la predisposición que


se pueda tener en torno de esta decisión que va a tomar la Cámara de Diputados de la Nación sobre el futuro de un recurso energético no renovable como el gas -el proyecto del oficialismo habla de 35 años prorrogables por un periodo similar-, creo que en función de nuestras propias responsabilidades no debería haber liviandad en un debate de tamaña naturaleza. Pero fundamentalmente éste es un debate de una profunda responsabilidad en que debemos decidir pensando en un sentido y obrando en consecuencia. Hoy estamos discutiendo una más de las privatizaciones que nos plantea el actual modelo socioeconómico del gobierno. Podemos mencionar a Aerolíneas Argentinas, a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones, la concesión de peaje de las rutas argentinas, y también podemos recordar la discusión que hace poco tiempo tuvo esta Cámara sobre el marco regulatorio para la privatización del sistema de energía eléctrica en nuestro país. Algunas de estas privatizaciones fueron ya ejecutadas, todas con un denominador común en sus objetivos: supuestamente buscar la eficiencia, la eficacia, la inversión genuina de capital privado, pero fundamentalmente lograr un mejoramiento en la calidad del servicio. En un rápido racconto de lo que ha pasado, de la diferencia entre los objetivos perseguidos y los resultados obtenidos, creo que lo más claro que esta Cámara puede analizar como lo que no debe hacerse en un sistema de privatizaciones es lo que ha ocurrido con la empresa Aerolíneas Argentinas. Pero también ha sido coincidente la preocupación de muchos legisladores por la falta de inversión genuina en los sistemas de peaje de las rutas nacionales, del mismo modo que ha sido coincidente nuestra preocupación por lo que ha ocurrido con el aumento desmedido de las tarifas telefónicas, ya que hoy cuesta un 40 por ciento más caro hablar desde la Argentina a cualquier país de la tierra que desde los países del primer mundo, que tan supuestamente se toman como ejemplo, hacia el nuestro. Son objetivos que en definitiva no concuerdan con los resultados porque no ha habido una mayor eficiencia en la prestación del servicio ni se ha avanzado en su calidad y mucho menos ha accedido mayoritariamente a él la sociedad argentina. Se plantea una falsa ideología de la privatización que se ha inaugurado en la Argentina con este gobierno. Esto que es una herramienta económica de transformación del Estado es presentado como la panacea para la solución de todos los problemas. Creo que este gobierno ha inaugurado en realidad el manual de lo que no debe hacerse en lo que se refiere a las privatizaciones para la reforma del Estado. Estamos haciendo referencia ahora a este intento de marco regulatorio para la privatización del gas natural en la Argentina. Cabe aquí entonces formular algunas preguntas: ¿qué es lo que avala la propuesta del oficialismo? ¿Hay algún estudio serio que garantice estos objetivos que se enuncian? No existe, y si lo hay, tiene un carácter solapado y en ese caso no existen las garantías que nos den tranquilidad a los efectos del mejoramiento del servicio, Por otro lado creo que se ha abundado en detalles sobre el asunto que nos ocupa y lo avanzado de la hora no permite que hagamos hincapié en ciertas particularidades como pretendíamos en lo que se refiere al funcionamiento de Gas del Estado, una empresa que como ya se dijo, intentó la expansión de la red, acompañando de esa forma la prestación del servicio a muchos hogares argentinos que gozan de esa manera de la ventaja comparativa de un servicio más barato, como ocurre con el gas licuado. Una empresa que fundamentalmente posibilitó la prestación del servicio a más de veintidós mil empresas en la República Argentina. Estas empresas por un lado tienen una ventaja comparativa en este nuevo modelo que se enuncia de inserción de la industria argentina en el mundo; pero por el otro lado hay que tener en cuenta


que se está tirando por la borda un programa de reconversión energética por el que se pasa del consumo de combustibles líquidos a combustibles gaseosos. Es necesario recalcar que ni siquiera los propios funcionarios del oficialismo que participaron del debate en comisión pudieron esbozar los argumentos necesarios para demostrar que esta desintegración que se pretende efectuar garantiza una mejor prestación del servicio. Muy por el contrario, es nuestra convicción que la integralidad de la empresa Gas del Estado es lo que permite en definitiva la distribución del desarrollo en forma equitativa en la República Argentina, Ya dijimos —tal como lo hizo con total solvencia el miembro informante de nuestro bloque, diputado Quezada— que no se ha presentado ninguna alternativa de propuesta superadora. El oficialismo pretende discutir una propuesta energética que todavía no se divisa ni se puede palpar, y convertir los diversos aspectos de esa propuesta en compartimentos estancos, lo que no es posible.


Ya se ha debatido el marco regulatorio para la energía eléctrica y hoy se pretende aprobar el marco regulatorio para la privatización del gas natural, cuando existe una ley federal de hidrocarburos que es la que engloba la política energética. Cuando este Congreso de la Nación discuta esa ley federal de hidrocarburos estará condicionado porque ha aceptado este tipo de trámite que en esencia muchos señores legisladores saben -aunque voten de distinto modo- que no es posible realizar. El miembro informante de la mayoría lanzó un desafío que yo quiero aceptar para el futuro, y sostuvo que no habrá aumento tarifario. Con todo respeto debo decir, señor presidente, que esto no será así en modo alguno y lo afirmo sobre la base de la racionalidad de los datos de que se dispone y de los estudios realizados por las propias compañías asesoras del gobierno. Una cosa es decir que se va a tratar de mantener el precio tope en boca de pozo por dos años, y otra diferente es asegurar que no habrá aumento de precios, cuando en realidad primero se habló de la concesión y después de la venta, que es lo que le interesa al Poder Ejecutivo. Sé que muchos legisladores no están de acuerdo con este precepto aunque voten de manera diferente; me parece que su posición es respetable; ellos sabrán por qué lo hacen. Deseo dejar perfectamente aclarado que Gas del Estado se desarrolló sobre la base del esfuerzo concurrente del Estado nacional, de muchos estados provinciales y de casi todos los 260 municipios que hoy poseen ese servicio. Esta empresa estatal utilizó el financiamiento del capital privado comunitario argentino para el desarrollo de las redes de distribución. Cada uno de los usuarios domiciliarios que hoy disponen del servicio financiaron esta extensión de la red. En muchas comunidades de nuestro país existen hoy planes de ahorro que están planteando la posibilidad de acceder a este servicio más adelante. En definitiva, creo que esto no se tiene en cuenta cuando se pretende hacer aparecer una alternativa que no tiene fundamentos técnicos ni políticos de desarrollo, como superadora de lo que ya existe. Pero hay algo que nos preocupa mucho a quienes habitamos los estados argentinos que no tienen grandes concentraciones poblacionales: la falta de una política de planificación del desarrollo industrial argentino. Como dije antes, la industria argentina dispone de una ventaja comparativa que le permite competir en este mercado internacional que se le impone como desafío. Pero lo cierto es que hoy se está asestando un duro golpe a la pequeña y mediana industria argentina. Tenemos la convicción de que con este modelo de privatización lo único que se está defendiendo —y así lo expresa el proyecto son los intereses de los grandes consumidores, que indudablemente son los menos, dejándose fuera de la defensa que debería prever un marco regulatorio a la pequeña y mediana empresa argentina, que son las que en esencia han permitido el desarrollo de mano de obra en todo el territorio de nuestra República. Existe también un programa que se deja sin efecto. Esto hace a los cambios de rumbo, que hablan de la improvisación o de la conveniencia coyuntural. Es todo un programa de reconversión del paso de combustibles líquidos a gaseosos, tanto para la utilización industrial como para el transporte. Hay una política que lo fundamenta, que mucho se enuncia, pero que para nada se tiene en cuenta en este hecho: la política de defensa del medio ambiente. A mi entender, este marco regulatorio no garantiza inversiones para extensión de redes; por el contrario, garantiza que las empresas concesionarias, licitatorias o habilitadas por el ente regulador —de acuerdo con el nuevo término incorporado en el proyecto— no deban hacer nuevas inversiones en la materia; no será obligación que lo hagan.

-Ocupa la Presidencia el señor presidente de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo


Pierri.

Sr. Ceballos. Esto trae consecuencias directas; consecuencias que indudablemente hacen a la responsabilidad del Estado -que no tiene por qué tener la empresa privada, si el Estado no se la delega-, como ser la política de planificación integral de un país, porque tengo la convicción de que tanto al Sur como el Norte argentino —que son los productores de este recurso natural que hoy se coloca en peligro de dilapidación—, como no tienen grandes usuarios no van a ser la tentación de los lobbies, que ya se están peleando para ver quién se queda con la Capital y el Gran Buenos Aires, para ver si la dividen o no. Porque en definitiva la garantía del usuario de una política planificada en la integridad del país debe hacerse desde el Estado. Lo dice el propio Jacques Attaly, responsable del Banco Internacional para el Desarrollo de la Confederad de Estados Independientes. Se está planteando que un mercado sin Estado es un mercado negro; y yo entiendo que este marco regulatorio tiende al mercado negro, donde se defiende sólo a los grandes usuarios, donde la


producción —que es el comienzo de la cadena de precios— no queda como servicio público; donde en definitiva las provincias argentinas que no son tentadoras para las grandes inversiones a tener que ser asistidas por el Estado. Pienso que sería importante que este debate se hubiese dado en otras condiciones, que se hubiese dado en la comisión, donde realmente podríamos haber escuchado las voces representativas de los distintos sectores, los que en definitiva tienen formada una concepción sobre este marco regulatorio. Por otra parle, nos faltó tiempo para el debate entre los legisladores. Parece que estamos haciendo de esta Cámara de Diputados el escenario de un mero trámite administrativo, donde el debate en comisión -que es la esencia del Parlamento- no puede darse porque el Poder Ejecutivo impone celeridad. Ese Poder Ejecutivo se reserva dos años para poner en marcha la privatización de la empresa; asimismo, se reserva derechos parlamentarios que se le están concediendo. Ese Poder Ejecutivo, en definitiva, no ha traído aquí los estudios que garanticen una decisión como la que se propone. Entonces, éste es el marco que tenemos que aceptar. Ayer escuchaba la declaración de un legislador del oficialismo que pretendía, haciendo uso de un sofismo "de alta performance", poner al radicalismo en una posición obstruccionista sobre la base de que no presentaba un proyecto alternativo. Creo que nadie podrá imputar al radicalismo el transitar por los extremos de las decisiones o de los modelos económicos. Jamás hicimos la panacea del estatismo, pero tampoco haremos jamás la panacea del ultraliberalismo deshumanizado. Decimos que para poder hablar de alternativas, deberíamos disponer de estos estudios que, si existen, al menos no se exhiben. Me pregunto si la propuesta es mejor y la respuesta es, sencillamente, no. Estamos convencidos de que Gas del Estado es una empresa que está por encima de la irresponsabilidad que se propone, ya que este régimen va a condicionar el desarrollo del interior y del conjunto de las provincias argentinas que no son tentadoras para las inversiones privadas. Para terminar quiero solicitar al oficialismo, si le queda tiempo, que reflexione sobre este modelo que dice copiar de los que nos aplauden pero no nos imitan. Pero es necesario que hagamos una breve reseña acerca de cómo se fue conformando el ente regulador de los Estados Unidos de América, que nació de entes reguladores estatales, con prestación de servicios por inversión de capitales privados, que cuenta con más de 16 tomos que regulan la prestación del servicio y que tiene mucha más decisión -incluso sobre las tarifas- que las que aquí se plantea. Quiero dar lectura del texto de un párrafo y luego mencionar a su autor para ver si queda espacio para la reflexión en el tema que aquí se está considerando. Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia advierte al señor diputado que le restan 3 minutos para que concluya el término del que dispone para hacer uso de la palabra, Sr. Ceballos. — Le agradezco por la advertencia, señor presidente, pero voy a finalizar mi exposición en menos tiempo. La cita dice: "¿Cuáles son los requerimientos de capital que se exige, que compromete un operador privado para llevar a la práctica la estrategia de la privatización?" La respuesta es la siguiente: “Esto debe incluir todas las asignaciones para cubrir costos de operación, mantenimiento y reparaciones, construcciones nuevas, mercadeo, adiestramiento, inventario de abastecimiento, reservas de capital para emergencias por servicio de la deuda y reintegro al público o concesión de licencias.” Esto es lo que se señala en el Boletín del Servicio Informativo y Cultural de los Estados Unidas de América con sede en nuestro país. De esta manera se demuestra que se pretende ser más papista que el Papa y se cae en la irresponsabilidad de tirar los recursos naturales por la borda. Esto


significa tomar una alternativa que no tenemos, porque nuestra convicción nos indica que se dilapidan recursos pero también se hipoteca el futuro del desarrollo industrial argentino. (Aplausos.)

23MOCION DE ORDEN

Sr. Matzkin. — Pido la palabra para plantear una moción de orden Sr. Presidente (Pierri), — Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por La Pampa. Sr. Matzkin. — Señor presidente: todos los bloques que integran el cuerpo han expresado su posición e inclusive algunos, por razones de tiempo, han unificado su representación, tal como ocurrió con los partidos provinciales; pero el bloque radical ha hecho uso de la palabra en dos oportunidades y aún en la lista de oradores se encuentran anotados ocho señores diputados pertenecientes a dicho sector.


Por otra parte, es vox populi -aunque yo me enteré de esta novedad en la sala de periodistas- que es intención del bloque radical retirarse del recinto antes de la votación. De todos modos esto debemos tomarlo sólo como una conjetura que no hace al fondo de la cuestión que quiero plantear. En virtud de que todos los bloques han manifestado sus puntos de vista y no tenemos dudas sobre el sentido del voto de cada uno, formulo moción de orden en el sentido de que se cierre el debate sin lista de oradores. Según lo previsto en el reglamento, esta moción no puede ser discutida. Por ello solicito a la Presidencia que la ponga de inmediato a votación. Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar la moción formulada por el señor diputado por La Pampa.

—Resulta afirmativa.—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri). - Corresponde votar en general el proyecto de ley. No habiendo número en el recinto se va a llamar para votar.

—Se llama para votar.—Mientras se llama para votar.

Sr. Moreau. - Pido la palabra para una cuestión de privilegio. Sr. Presidente (Pierri). - Se está llamando para votar, señor diputado. Sr. Moreau. - ¿Para votar qué señor presidente? Sr. Presidente (Pierri). - La Cámara aprobó una moción de cierre de debate y se está llamando para votar en general el proyecto de ley. Recuerdo a los señores diputados que luego, a las 10, se realizará una asamblea legislativa con la presencia de la señora presidenta de la República de Nicaragua.

—Luego de unos instantes: Sr. Presidente (Pierri). - En uso de las atribuciones que le otorga el artículo 157 del reglamento, la Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar a cuarto intermedio hasta las 15 horas.

-Se pasa a cuarto intermedio a la 1 y 42 del día 26.

FULVIO F. RAMOSSubdirector a/c del

Cuerpo de Taquígrafos Subdirector

a/c del Cuerpo de

Taquígrafos


REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN65ª REUNION – COBNTINUACION DE LA 3ª SESION EXTRAORDINARIA

MARZO 26 DE 1992

Presidencia del señor diputado Alberto Reinaldo Pierri

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctores Juan Estrada y Norberto Brunoy señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEÑOLAZA, Florencio GilbertoACEVEDO, Julio CésarAGUADO, Jorge RubénALABI, Ernesto SalimALBAMONTE, Alberto GustavoALCALA, Néstor RicardoALENDE, Oscar EduardoALSOGARAY, Álvaro CarlosALVAREZ, Carlos AlbertoALVAREZ, Héctor ClaudioAMADEO, Eduardo PabloARGÛELLO, Jorge Martín ArturoARIAS, CésarARRECHEA, José SalvadorAYALA, Juan CarlosBALESTRINI, Alberto EdgardoBALESTRINI, Miguel AlbertoBARBERA, EliseoBARBOTTI, Atilio ÉctorBASSANI, Angel MarceloBAUM, DanielBECERRA, Nicolás EduardoBELTRAN, Carlos RobertoBISCIOTTI, Victorio OsvaldoBISCHOF, Enrique AlbertoBLANCO, Oscar AlbertoBORDIN CAROSIO, Hugo AntonioBRANDA, Carlos ErnestoBREARD, Noel EugenioCAIMMI, Fernando EnriqueCALLEJA, Ovidio AmílcarCAMAÑO, Dante AlbertoCAMAÑO, Eduardo OscarCAMAÑO, GracielaCASARI de ALARCIA, María LeonorCLERICI, FedericoCORCHUELO BLASCO, José ManuelCRAMARO, Hugo ArnaldoCROSTELLI, Juan CarlosCRUZ, Washington Jesús

D’ALESSANDRO, Miguel HumbertoDAUD, José CarlosDI TULIO, Héctor HoracioDURRIEU, Marcela MargaritaECHEVARRIA, Luis MaríaENDEIZA, Eduardo AníbalESTEVEZ BOERO, Guillermo EmilioFALLETI, Julio César JoséFELLNER, Eduardo AlfredoFERNANDEZ, Roberto CarlosFERNANDEZ, Roberto EnriqueFERNANDEZ GILL, Guillermo C.FERREYRA, Eduardo MarioFESCINA, Andrés JuliánFIGUEROA, Pedro OctavioFLORES, Rafael HoracioFOLLONI, Jorge OscarFRIGERIO, Octavio OscarGALLO, Orlando JuanGAN, Fernando PascualGARCIA, Pedro AlbertoGARCIA CUERVA, Ignacio SantiagoGERMANÓ, Alberto RaúlGIOJA, José LuisGÓMEZ, José ErnestoGÓMEZ, Roque Julio CésarGOMEZ CENTURION, Carlos EnriqueGONZALEZ, Oscar FélixGONZALEZ CABAÑAS, Tomás WaltherGONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Horacio GREEN, Gustavo AdolfoGUERRERO, Antonio IsaacGUZMAN, María CristinaHARDY, Aníbal OsvaldoHERNANDEZ, Santos AbelHERRERA, Bernardo EligioHERRERA, Luis FernandoHERRERA ARIAS, Manuel HipólitoHUMADA, RaúlIBARBIA, José MaríaIBARRECHE, Julio CésarITURRE, César Eucebio JALIL, Luis Julián


LAMBERTO, Oscar SantiagoLARRABURU, DámasoLECONTE, Ricardo GuillermoLOPEZ ARIAS, Marcelo EduardoLOPEZ de ZAVALIA, Fernando JustoLOUTAIF, Julio CésarMACHICOTE, Jorge RaúlMAGGI, Juan AlbertoMANFREDOTTI, CarlosMANNY, José JuanMAQUEDA, Juan CarlosMARCOLLI, Juan Miguel A.MARCOS, Ricardo ErnestoMARTIN de DE NARDO, MartaMARTINEZ RAYMONDA, RafaelMATZKIN, Jorge RubénMENDOZA, Claudio RamiroMENDOZA, MartínMICHITTE, Salomón AntonioMUNIAGURRIA, Marcelo Julio


NATALE, Alberto AdolfoNIÑO, JorgeORTIZ PELLEGRINI, Miguel AngelPARADA, AlbertoPARRILLI, Oscar Isidro JoséPEPE, Lorenzo AntonioPESCE, FélixPIERRI, Alberto ReinaldoPIOTTI, Alberto DanielPURICELLI, Arturo AntonioRE, Ricardo HoracioRODRIGUEZ, Jorge AlbertoRODRIGUEZ, Raúl EduardoRODRIGUEZ SAÑUDO, Hugo BartoloméROMERO, Carlos AlbertoROMERO, Humberto AntonioROY, IrmaRUCKAUF, Carlos FedericoRUIZ, Ángel RafaelSAADI, Luis AlbertoSAADI, Ramón EduardoSABIO, Juan CarlosSAMID, Manuel JulioSANCHEZ GALDEANO, RoqueSCELZI, Carlos JoséSODERO NIEVAS, Víctor HugoSOLA, Felipe CarlosSORIA, Carlos ErnestoSUCARIA, NeyefTACTA de ROMERO, Emma AndreaTOMA, Miguel ÁngelTOPA, Raúl RoqueTOTO, Francisco PatricioTROYANO, Silvia ElenaURIONDO, Luis Enrique VALCARCEL, Juan ManuelVARELA, Néstor AngelVARELA CID, EduardoVENESIA, Gualberto EdgardoVERDU, MarioYOMA, Jorge RaúlZAMORA, Federico

AUSENTES, EN MISIÓN OFICIAL:ALVAREZ ECHAGÜE, Raúl ÁngelARANDA, Saturnino DanttiESPECHE, Alberto LuisGARCIA DE NOVELLI, María CristinaMARTINEZ, Luis AlbertoSACKS, Rubén RodolfoSORIA ARCH, José Maria

AUSENTES CON LICENCIA:BALESTRA, René HelvecioBERMÚDEZ, Maria del PilarDURAÑONA Y VEDIA, Francisco de

AUSENTES, CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE

DE APROBACIÓN DE LA HONORABLE CAMARA:

ABDALA, Germán DarioADAIME, Felipe TeófiloAVELIN, AlfredoBRACCHI, Osvaldo AméricoD’AMBROSIO, Ángel MarioGATTI, Héctor Ángel GUERRERO, Luis SerafínHERNÁNDEZ, Antonio MaríaIRIBARNE, Alberto Juan BaustistaLOPEZ, Jorge AntonioNACUL, Miguel CamelORGAZ, Carlos Alfredo PARENTE, Rodolfo Miguel

AUSENTES CON AVISO:

ACHEM, AntonioAGUNDEZ, Jorge AlfredoALBERTI, Juan CarlosALGABA, Ernesto Pedro AndrésALVAREZ GARCIA, Normando M.ARMENDARIZ, AlejandroBAGLINI, Raúl EduardoBAYLAC, Juan PabloBECERRA, Carlos ArmandoBENEDETTI, Jorge EnriqueBERHONGARAY, Antonio TomásBERICUA, JorgeBORDA, OsvaldoBRAVO, Alfredo PedroBROOK, Mario CarlosBRUNATI, Luis PedroBRUZZO, Omar ObdulioCABRERA, GerardoCAFIERO, Juan PabloCANATA, José DomingoCAPUTO, Dante MarioCARRERAS, Porfirio MarioCASTILLO, José LuisCASTILLO, Oscar AníbalCAVALLARI, Juan JoséCEBALLOS, Walter AlbertoCOSSOS PEREZ, Juan NicolásDE LA RUA, FernandoDE MARTINO, Víctor AmadorDUSSOL, Ramón AdolfoELIAS, Angel MarioFELGUERAS, Ricardo ErnestoFERNÁNDEZ, AníbalFERRADAS, Miguel EnriqueFONTELA, Moisés EduardoGALVAN, Raúl AlfredoGARAY, Nicolás AlfredoGAUNA, Juan OctavioGOLPE MONTIEL, Néstor LinoGONZALEZ, Alberto IgnacioGONZALEZ, Luis MarioGONZALEZ GASS, Gabriela IGLESIAS, Evaristo ConstantinoKOTH, CarlosLOPEZ, Alcides HumbertoLOSADA, Luis EnriqueLYNCH, Carlos AlbertoMACAYA, Luis MaríaMACHADO, Oscar AlfredoMARCÓ, Jorge RaúlMARELLI, Mabel G. DeMENEGHINI, Javier ReynaldoMOLARDO, Elvio FranciscoMOLINAS, Ricardo FranciscoMONTEVERDE, Carlos RobertoMOREAU, Leopoldo Raúl GuidoMOURE, Juan ManuelMUÑOZ, Marcelo BernardoNOVAU, Pedro JoséOLIVERA, Enrique JoséORQUIN, Leopoldo Manuel ORTIZ MALDONADO, Gastón HPAROLA, José MaríaPERALTA, Aníbal PedroPICCININI, Ana IdaPINTO, GuillermoPRAT, Alfredo ErnestoPROFILI, Gerardo PedroPRONE, Alberto JosuéQUEZADA, Rodolfo HéctorRAIMUNDI, Carlos AlbertoRODRIGO, Esteban JoaquínRODRÍGUEZ, JoséROIG, AngelSALUSSO, Horacio Ramón


SALVADOR, Daniel MarceloSANTIN, EduardoSEGUI, Héctor MiguelSPINOSA, Augusto JuanSTORANI, Conrado HugoSUEIRO, Carlos Adolfo


SUREDA, Angela GerónimaVANOSSI, Jorge ReinaldoVAZQUEZ, Ricardo HéctorVAZQUEZ, Roberto

VICCHI, Raúl HoracioZAMBIANCHI, CarlosZAMORA, Luis FernandoZARACHO, Evelio Argentino

SUMARIO

(. . .)

2. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Obras Públicas, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre regulación del transporte y distribución del gas natural ( 104-S.-91). (Pág. 6462)

3. Manifestaciones relacionadas con una versión según la cual una persona que, no siendo diputado de la Nación habría ocupado una banca en el recinto de la Honorable Cámara. (Pág. 6466)

4. Continúa la consideración del asunto al que se refieren el número 2 de este sumario. (Pág. 6467)

5. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Ortiz Pellegrini con motivo de la existencia de una denuncia relacionada con el hecho al que se refiere el número 3 de este sumario, e invitación de la presidencia a pasar a cuarto intermedio (Página 6468).

-En Buenos Aires, a los veintiséis días del mes de marzo de 1992, a la hora 16 y 9;

(. . .)

(. . .)

2REGULACIÓN DEL TRANSPORTE Y

DISTRIBUCIÓN DEL GAS NATURAL(Continuación)

-A la hora 16 y 39 Sr. Presidente (Pierri).- Continúa la sesión.

Prosigue la consideración del dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Obras Públicas, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley en revisión sobre regulación del transporte y distribución del gas natural (expediente 104-S.-91). Se va a votar en general.

-Resulta afirmativa (Aplausos) Sr. Presidente (Pierri).- En consideración en particular el artículo 1º. Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén. Sr. Parrilli.- Señor presidente: solicito que la consideración en particular se efectúe por capítulos, indicándose los artículos en los que se introducirán modificaciones, de acuerdo con lo pactado entre los distintos bloques que apoyan este proyecto. Sr. Presidente (Pierri).- Si hay asentimiento de la Honorable Cámara se procederá conforme con lo solicitado por el señor diputado por Neuquén.

-Asentimiento. Sr. Presidente (Pierri).- En consideración en particular el capítulo I, que comprende los artículos 1º a 74. Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén. Sr. Parrilli.- Señor presidente: el artículo 1º no tiene observaciones. En el artículo 2º proponemos agregar un inciso, el g), que dice lo siguiente “Propender a que el suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen internacional-

mente en países con similares dotaciones de recursos y condiciones."

En el artículo 39 no hay observaciones, y en el 4º proponemos suprimir la palabra "prioritariamente", colocada en el primer párrafo. Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia observa que un gran número de señores diputados se ha retirado del recinto, por lo que advierte que no admitirá que deba demorarse la sesión para la obtención del quórum cada vez que haya que votar los artículos del proyecto en consideración. En consecuencia, si es que hay voluntad de que la sesión no fracase, exhorto a los asistentes de los bloques a que convoquen a los señores diputados a regresar al recinto. Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Neuquén. Sr. Parrilli. - Señor presidente: en el artículo 4º proponemos eliminar el siguiente párrafo: "De no obtenerse resultados a través del proceso de licitación pública señalado en el primer párrafo de este artículo, el Poder Ejecutivo deberá instrumentar los medios que considere más convenientes para adjudicar los servicios”. En el artículo 6º proponemos modificar la expresión "por un período igual al inicial", que quedará redactado de la siguiente forma: "por un período adicional de 10 años". Asimismo, solicitamos suprimir el último párrafo del artículo, que dice: "Igual procedimiento se seguirá al vencimiento de cada renovación." Sugerimos que el artículo 9º quede redactado de la siguiente forma: "Son sujetos activos de la industria del gas natural los productores, captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores que contraten directamente con el productor de gas natural. "Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor."

En el artículo 32 proponemos reemplazar la expresión "tasa del retorno" por "rentabilidad". Los artículos 33 y 34 permanecerían sin modificaciones. El artículo 35 se suprimiría, con lo cual sería necesario hacer un corrimiento en la numeración de los artículos siguientes y modificar la de las referencias hechas en ellos. Los artículos 36 al 38 continuarían sin modificaciones. El artículo 39 sufriría dos modificaciones. En el inciso a) se reemplazará la expresión "tasa de retorno" por "rentabilidad", y en el inciso b) se agregaría la palabra "mayor" antes de "distancia". En cuanto al artículo 40, también debe reemplazarse —en su inciso a) — la "tasa de retorno" por "rentabilidad". El artículo 41 permanecería sin variaciones. En el artículo 42 también proponemos modificaciones. La nueva redacción comenzaría de la siguiente manera: "En el curso de la habilitación las tarifas se ajustarán de acuerdo a una metodología elaborada en base a indicadores de mercado internacional que reflejen los cambios. . . ," y continúa en la forma prevista en el proyecto aprobado en general. Además, en el segundo párrafo debe reemplazarse la palabra "tasa de retorno" por "rentabilidad". Los artículos 43 a 52 permanecerían sin modificaciones.

En el artículo 53 se suprime la última parte del inciso u), con lo cual quedaría redactado de la siguiente manera: "Delegar en sus funcionarios las atribuciones que considere adecuadas para una eficiente y económica aplicación de la presente ley." El artículo 54 no se modifica. En el artículo 55 introducimos una modificación en la primera parte, que quedaría redactada así: "Los miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo nacional, dos (2) de ellos a propuesta de los gobernadores de las provincias". El resto continúa sin variantes. En el artículo 56 introducimos una modificación en el segundo párrafo. Quedaría redactado de la siguiente manera: "Previo a la elección y/o

remoción el Poder Ejecutivo nacional deberá comunicar los fundamentos de tal decisión a una comisión del Congreso de la Nación integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados. Dicha comisión deberá emitir una opinión dentro del plazo de treinta (30) días corridos de recibidas las actuaciones. Emitida la misma o transcurrido el plazo establecido para ello, el Poder Ejecutivo nacional quedará habilitado para el dictado del acto respectivo" Con respecto al artículo 71, proponemos la siguiente redacción: "Las resoluciones del ente podrán recurrirse por vía de alzada, en los términos de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos y sus disposiciones reglamentarias. Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal”.En cuanto al artículo 73, proponemos que quede redactado de la siguiente manera: "En las acciones de prevención y constatación de contravenciones, así como para lograr el cumplimiento de las medidas de secuestro y otras que pudieren corresponder, el Ente Nacional Regulador del Gas estará facultado para requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública con jurisdicción en el lugar del hecho. A tal fin bastará con que el funcionario competente para la instrucción de las correspondientes actuaciones administrativas expida un requerimiento escrito a la autoridad que corresponda."Si el hecho objeto de prevención o comprobación constituyera un delito de acción pública, deberá dar inmediata intervención a la justicia federal con jurisdicción en el lugar."Con relación al artículo 74, proponemos que su redacción definitiva sea la siguiente: "El Ente Nacional Regulador del Gas dictará las normas de procedimiento con sujeción a las cuales s realizarán las audiencias públicas y se aplicarán las sanciones previstas en este capítulo, debiéndose asegurar en todos los casos el cumplimiento de los principios del debido proceso. "Las sanciones aplicadas por el ente podrán impugnarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación."En el artículo 74 termina el capítulo I, respecto del cual ha quedado pendiente una observación que formulará el señor diputado Bordín Carosio.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio. — Señor presidente: el señor diputado por Neuquén omitió la lectura de la modificación propuesta al artículo 34, que consiste en eliminar la expresión "o grupo de ellos". Por consiguiente, el primer párrafo de artículo 34 quedará redactado del siguiente modo: "Ningún productor, almacenados, distribuidor, consumidor que contrate directamente con el productor, ni empresa controlada o controlante de los mismos podrán tener una participación controlante, de acuerdo a lo decidido en el artículo 33 de la ley 19.550, en una sociedad habilitada como transportista".Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.Sr. Parrilli. — Señor presidente: en razón de que estamos sesionando sin quórum estricto solicito que se me permita formular en nombre de la comisión todas las propuestas de modificación al proyecto de ley aprobado en general, y recién después pasar a la votación en particular.Sr. Presidente (Pierri). — Si hay asentimiento de la Honorable Cámara, se procederá en la forma indicada por el señor diputado por Neuquén.

-Asentimiento.Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén

Sr. Parrilli. — Señor presidente: proponemos que el artículo 78 quede redactado del siguiente modo: "La privatización de los bienes de Gas del Estado Sociedad del Estado afectados a los servicios de distribución de gas natural se llevará a cabo sobre la base de adjudicación de áreas que se corresponderán con las divisiones políticas provinciales. Si un estudio de factibilidad técnico-económico, con participación del Poder Ejecutivo nacional y de los Poderes Ejecutivos de las provincias involucradas, determinase la conveniencia de fijar una región como área de distribución, la autoridad de aplicación así lo podrá disponer al convocar la licitación, tanto para la fusión como para la división de jurisdicciones."El Poder Ejecutivo nacional a través de la autoridad de aplicación del proceso de privatización, deberá dividir la Capital Federal y el Gran Buenos Aires en la máxima cantidad de áreas como técnicamente sea posible, no pudiendo ser esta cantidad menor a dos".Para el artículo 81 proponemos la siguiente redacción: "El régimen del Programa de Propiedad Participada y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696 y las normas reglamentarias aplicables.

"La emisión de acciones para los trabajadores en el régimen del Programa de Propiedad Participada será en un porcentaje del 10 por ciento del total de bienes a privatizar.” Con respecto al artículo 83, proponemos que quede redactado del siguiente modo: "Del resultado de la privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado, el 10 por ciento (10 %) de las ventas de los activos o acciones y/o del canon obtenido cuando se trate de la concesión de bienes o zonas será destinado a las provincias y a la Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires de la siguiente forma: el 50 por ciento (50 %) de acuerdo a los índices de coparticipación y el 50 por ciento (50 %) restante de acuerdo a un índice a ser elaborado por el Mi-nisterio de Economía y Obras y Servicios Pú-blicos que tome en cuenta la relación inversamente proporcional a la temperatura media invernal promedio de cada provincia según registros del Instituto Meteorológico Nacional". Con respecto al artículo 89, propongo que se modifique el segundo párrafo, que quedaría redactado de la siguiente manera: "Los titulares de los contratos y las concesiones de explotación aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional con anterioridad a la fecha de la presente ley, en virtud de lo cual existan compromisos de capacidad de transporte o de recepción de gas contractualmente comprometidos, mantendrán sus derechos de ingresar a la capacidad de transporte y distribución por un plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la finalización del período de transición establecido en el artículo 83 de esta ley."

En relación al artículo 93, en el capítulo V, propiciamos que quede redactado de la siguiente manera: "Créase el Fondo Nacional del Gas Natural a partir del otorgamiento de la primera habilitación, que se constituirá con un recargo de pesos dos con cincuenta centavos por mil metros cúbicos ($2,50/100 m3) de gas natural sobre las tarifas que paguen todos los usuarios del país, como asimismo por los reembolsos más sus intereses de los préstamos que se hagan con los recursos del Fondo. El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos tendrá la facultad de modificar el monto del referido recargo, hasta un veinte por ciento (20 %) en más o menos, de acuerdo a las variaciones económicas que se operen en la industria con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley."El Fondo será administrado por la Secretaría de Hidrocarburos y Minería y se destinará a: a) El ochenta por ciento (80%) para crear un fondo subsidiario para

compensar las tarifas a usuarios domésticos y comerciales finales para las provincias comprendidas en la ley 23.272, de acuerdo al volumen de consumo anual promedio por habitante de cada jurisdicción provincial. En caso de insuficiencia será de aplicación el artículo 48 de la presente ley; b) El veinte por ciento (20%) restante será destinado para la realización de obras y proyectos de inversión y/o programas de investigación, en zonas como por ejemplo del nordeste argentino (Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa) para un mejor aprovechamiento del gas natural, para la sustitución de otros combustibles del gas natural; etcétera”. El artículo 94 se suprime. Con respecto al artículo 97 propongo el siguiente texto " La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos con excepción de los convenios preexistentes entre Gas del Estado Sociedad del Estado y las provincias. Sin perjuicio de ello la Nación acordará con las provincias que hayan realizado redes troncales y de distribución un reintegro especial en acciones de las sociedades privatizadas que se mantengan en poder del Estado u otro medio de pago destinado a compensar las erogaciones efectuadas por las provincias o los municipios."Los artículos 98 y 99 quedarían tal cual están y el artículo 100 es de forma. Hay que realizar el corrimiento de la numeración. Estas son las supresiones que he mencionado. Estas son las observaciones y aclaraciones que deseaba hacer con respecto a estos artículos.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores. — Señor presidente: el capítulo I es tan largo y son tantas las modificaciones que ha leído el señor diputado Parrilli que creo que es muy difícil que algún señor diputado las pueda retener. Además se va a complicar mucho el tratamiento en particular si vamos a considerar en forma conjunta todo el paquete de modificaciones. Por eso propongo que la votación se haga por títulos, ya que ello nos va a permitir participar mejor del debate y hacer las observaciones y las propuestas de modificación que cada título merezca. En caso contrario va a ser materialmente imposible, por lo complicado y extenso del tema, que un señor diputado pueda sintetizar en el plazo que le corresponde su posición en forma tal de hacerla comprensible. Hay que tener en cuenta que los señores legisladores tienen que explicar sus propuestas de modificación y observaciones a más de 70 artículos, cuyos contenidos se relacionan con temas totalmente distintos, ya que las materias que trata el marco regulatorio del gas son muy dispares. No quisiera molestar a los señores miembros informantes de la comisión, pero considero que la votación por títulos sería mucho más seria. Sr. Presidente (Pierri): .- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.Sr. Bischof.- Señor presidente: deseo que también se pongan a consideración de la Cámara las modificaciones a los artículos 54 y 55, que obran en poder de la Secretaría.Esto tiene que ver con la integración del Ente Nacional Regulador del Gas y la necesaria participación a nuestro entender deberían tener

las provincias productoras. Si bien es cierto que podría argumentarse que ese ente controla la acción del transporte y la distribución, debe tenerse en cuenta que lo que se transporta y distribuye es el gas que se produce en las provincias.Atendiendo a esta apreciación, solicito que por Secretaría se dé lectura del texto de las modificaciones que proponemos a los artículos 54 y 55 del proyecto de ley.Sr. Presidente (Pierri).- Por Secretaría se dará lectura de los artículos mencionados con las modificaciones propuestas por el señor diputado por Tierra del Fuego.Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — El texto propuesto para el artículo 54 dice así: "El Ente Nacional Regulador del Gas será dirigido y administrado por un directorio de siete (7) miembros, uno de los cuales será el presidente, otro el vicepresidente y los restantes los vocales, designados todos ellos por el Poder Ejecutivo".La redacción que propone el señor diputado por Tierra del Fuego para el artículo 55 es la siguiente: "Los miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas, serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia, cuatro (4) a propuesta de los gobernadores de provincia, de los cuales dos (2) de ellos representando a los estados productores. Durarán un período de cinco (5) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida. Cesarán en forma escalonada cada año. Al designar el primer directorio, el Poder Ejecutivo establecerá la fecha de finalización de cada uno para permitir el escalonamiento".Sr. Presidente (Pierri). - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.Sr. Bischof. — Agradezco a la Presidencia la lectura de estos artículos, cuyo texto solicito sea puesto a consideración de la Cámara en el momento que corresponda.Sr. Presidente (Pierri). —Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Clérici.- Señor presidente: antes de proponer modificaciones al proyecto de ley aprobado en general, entiendo que debería definirse la cuestión planteada por el señor diputado Flores. En tal sentido, sugiero que a los efectos de la discusión, aunque no de la votación, avancemos título por título en el capítulo I, a fin de que los señores diputados tengan una mejor comprensión del asunto.Sr. Presidente (Pierri). — Si hubiere asentimiento, se procederá de acuerdo con lo propuesto por el señor diputado por Buenos Aires.

-Asentimiento.Sr. Presidente (Pierri). — Se procederá en consecuencia.Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (F.). — Señor presidente: en la consideración en general había solicitado la supresión del artículo 88. Ahora reitero este pedido a fin de que el señor miembro informante de la comisión lo tome en cuenta.

3MANIFESTACIONES

Sr. Ortiz Pellegrini.- Pido la palabra.Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: solicité el uso de la palabra para hacer conocer al cuerpo algunos trascendidos que están circulando y que indicarían que una persona que no es diputado de la Nación habría ocupado una banca para dar quórum en la última votación realizada.Teniendo en cuenta la gravedad del hecho, considero que la Presidencia debería iniciar una investigación al respecto y, de comprobarse esa situación, resultaría

imposible continuar con la sesión porque estaríamos en presencia de un hecho delictivo que anularía este acto legislativo.Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia aclara al señor diputado que es la primera versión que recibe en relación con este tema. Cuando haya una solicitud oficial de algún legislador referida al planteo que el señor diputado está haciendo, con mucho gusto y como corresponde se iniciará la correspondiente investigación.Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: que yo sepa, sigo siendo diputado de la Nación y en ese carácter solicito la investigación del acto que he denunciado. Además, aclaro que el nombre de la persona que estaría involucrada en esa situación es Juan Kenan. Adelanto también que la policía del palacio se encuentra en conocimiento del hecho, con lo cual la Presidencia podrá realizar la investigación con facilidad.Sr. Presidente (Pierri).- Se procederá de esa manera, señor diputado.Sr. Ortiz Pellegrini.- ¿Cuál es la manera, señor presidente?Sr. Presidente (Pierri).- Investigar el hecho que denuncia el señor diputado, y que está circulando como versión. De todos modos, aclaro que es la primera información que la Presiden-

cia recibe y que hasta ahora ningún señor diputado hizo reclamo alguno en las votaciones realizadas.Sr. Herrera Arias.- ¡Continuemos con la sesión, señor presidente!Sr. Presidente (Pierri). — Todos los legisladores tienen derecho a hacer uso de la palabra, señor diputado.

4REGULACION DEL TRANSPORTE

Y DISTRIBUCIÓN DEL, GAS NATURAL,(Continuación)

Sr. Presidente (Pierri), —Continúa la consideración del asunto que estaba en tratamiento.Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores.— Señor presidente: debido a que permanecí ausente del recinto durante unos minutos, quisiera que se me informara si se ha decidido que la votación se haga por títulos.Sr. Presidente (Pierri), - Se ha solicitado que se discutiera por títulos y luego se votara por capítulos, lo que así se ha dispuesto.Sr. Flores.— Entiendo que sería razonable que se votara por títulos, y que cada uno de ellos comprende un tema específico.Sr. Presidente (Pierri). - El cuerpo ya se ha pronunciado en el sentido anteriormente mencionado, señor diputado.Sr. Flores. — De acuerdo, señor presidente. En consecuencia, con relación al artículo 1º que es el único artículo del título I, voy a proponer el agregado de un párrafo que diría lo siguiente: “La actividad de producción de gas en cualquiera de sus modalidades destinadas total o parcialmente a abastecer de gas a un servicio público será considerada de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada en las formas legales y reglamentarias que aseguren el normal funcionamiento del mismo”Este proyecto pretende regular el transporte y la distribución del gas natural...Sr. Clérici. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?Sr. Flores. — Sí, señor diputado.Sr. Presidente (Pierri).—Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Clérici. — Señor presidente: quisiera que se informara al cuerpo qué diputado está actuando en calidad de miembro informante de la comisión, ya que el señor diputado Flores está proponiendo una modificación al proyecto. Sr. Presidente (Pierri).— Quien reviste esa calidad es el señor diputado Parrilli, el que ha debido ausentarse del recinto por unos instantes. Sr. Venesia.- Hago saber a la Presidencia que mientras dure la ausencia del señor diputado por Neuquén, voy a actuar como miembro informante de la comisión.Sr. Presidente (Pierri).— Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores. — Señor presidente: rogaría que en caso que el señor diputado Venesia se retire, se me informe quién lo suplantará. El agregado que propongo guarda coherencia con la iniciativa sancionada hace poco por la Honorable Cámara con relación al marco regulatorio del sector eléctrico, caracterizando así a los generadores cuya actividad fue considerada de interés general. La idea es crear un vínculo de mayor fortaleza entre los productores y el resto de los actores del negocio para que el objeto...

-Manifestaciones en las bancas.Sr. Flores.— Ruego a la Presidencia que llame al cuerpo a guardar silencio para que se comprenda el alcance de mi propuesta.Sr. Presidente (Pierri). - Ruego a los señores diputados que respeten al orador que está haciendo uso de la palabra.Sr. Flores. - Decía, señor presidente, que la idea es generar un vínculo de mayor fortaleza entre los productores, que en principio quedarán fuera de esta normativa que regula la distribución y el transporte de gas natural, con los diferentes actores que intervienen en este negocio.De esta manera se podrá cumplir con el espíritu de la norma que, al caracterizar al transporte y a la distribución como un servicio público, está buscando que haya continuidad en la prestación, obligatoriedad, generalidad, o sea, que no se establezcan diferencias entre quienes van a ser usuarios de este servicio, y condiciones normalizadas de la prestación, es decir, igualdad, lo que quiere significar igual trato entre iguales.En consecuencia, propongo que se agregue el párrafo que propuse en el cual se considera de interés general la actividad de la producción, porque de esta manera se va a cumplimentar el fin que se persigue al declarar como de interés público el transporte y la distribución.

Sr. Presidente (Pierri). —La Presidencia exhorta a los señores diputados a tomar asiento. De lo contrario será muy difícil continuar con el trámite de la sesión.

—Varios señores diputados hablan a la vez.Sr. Echevarría. — Si los señores diputados radicales no estuvieron en el momento de la discusión en general, no puedo ser que ahora lleguen al recinto para generar hipótesis de conflicto, a fin de que la sesión se quiebre.Sr. Presidente (Pierri). —Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores.— Señor presidente: para que el desarrollo de la sesión sea más ordenado, y de acuerdo con lo que así se ha resuelto, solicito a la Presidencia que el tratamiento del proyecto se haga por títulos.El primero de ellos, denominado “Objeto”, ya fue tratado, por lo que corresponde que la comisión se expida sobre el particular u otros señores diputados se refieran a dicho título.Sr. Presidente. (Pierri).- No hay diputados anotados para hacer uso de la palabra.Sr. Flores. - ¿Pero la Presidencia quiere que me refiera a todas las modificaciones que propongo desde el artículo 1º hasta el 74? Me parece poco serio y se contrapone con lo que acabo de solicitar. Tratemos el proyecto título por titulo. Ya terminé lo que tenía que decir respecto del título denominado "Objeto". Además, me parece una falta de respeto que se continúe tratando este proyecto de ley con reuniones multitudinarias en el centro del recinto. Es una pésima imagen y una falta de consideración para los que quieran referirse al tema.Me gustaría conocer la opinión de la comisión respecto de este título,Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe,Sr. Venesia. — Señor presidente: la comisión no acepta las modificaciones sugeridas.Sr. Presidente (Pierri). —En consideración el título II, que contiene al artículo 2º.Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores. - Creo haber sido claro, señor presidente no es una actitud caprichosa.Cuando hable del artículo 4° trataré de defender lo que considero es la posición de las provincias. En particular, voy a defender los intereses de mi provincia, Santa Cruz.Mínimamente exijo una elemental cuota de respeto por parte del resto de los legisladores, fue están en cualquier cosa menos en seguir el tema en discusión.Sr. Presidente (Pierri), —La Presidencia comparte su observación.Ruego a los señores diputados que tomen asiento y respeten al orador, de lo contrario me veré obligado a pasar a cuarto intermedio.

5

CUESTIÓN DE PRIVILEGIO

Sr. Ortiz Pellegrini.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio.Sr. Presidente (Pierri).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.Sr. Ortiz Pellegrini.- Señor presidente: muchas veces se ha interrumpido una sesión para plantear cuestiones de privilegio por distintos motivos.Considero que lo que ocurrió hace unos momentos –o lo que pensamos que

ocurrió- podría constituir una de las situaciones más claras de violación a los fueros parlamentarios, y no de un diputado en particular sino del cuerpo en su conjunto.La Honorable Cámara de Diputados de la Nación no puede seguir sesionando como si nada pasara cuando se acaba de hacer una denuncia en la que se manifiesta que un ciudadano se ha sentado en una banca de este recinto, lo cual pone en duda la existencia del quórum.Deseo aclarar que no estoy haciendo aseveraciones; simplemente digo que se trata de un hecho que puede comprobarse por medio de una breve investigación. Si se verificara lo denunciado se habría producido una afrenta a esta Cámara de Diputados porque una persona común habría ejercido las funciones y potestades de un diputado de la Nación.No podemos seguir funcionando como si nada pasara, como si el mundo estuviera en una campana de cristal. No hay ninguna razón para no investigar este hecho, que pone en tela de juicio nada menos que la validez de la votación de una ley de la Nación.Dada la gravedad de lo ocurrido, dejo planteada la cuestión de privilegio y solicito que se suspenda el trámite de esta sesión hasta tanto se efectúe la investigación correspondiente.Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.

Sr. Matzkin. Señor presidente: en el día de hoy ha ocurrido un hecho extraordinario. El señor diputado preopinante tiene toda la razón del mundo en cuanto a la calificación de extraordinario. Hemos logrado demostrar que a pesar de la actitud irracional del bloque radical de no querer venir a trabajar cuando es su deber hacerlo y de tratar de impedir la sanción de leyes, el resto de los bloques que componen esta Cámara estuvimos presentes trabajando. (Aplausos.) Ahora quieren impugnar lo actuado.

-Varios señores diputados hablan a la vez.Sr. Matzkin. — ¡Vengan a debatir, señores diputados! Hemos sancionado una ley sin la presencia de los radicales. Este es el hecho extraordinario.

—Varios señores diputados hablan a la vez.Sr. Presidente (Pierri). - En estas condiciones no podemos continuar sesionando.En uso de las atribuciones conferidas por el artículo 157 del reglamento, la Presidencia invita a la Honorable Cámara a pasar. a cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 15 horas

-Se pasa a cuarto intermedio a la hora 17 y 26.

FULVIO F. RAMOS.Subdirector a/c del Cuerpo de Taquígrafos.

REPUBLICA ARGENTINA

DIARIO DE SESIONES

CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACIÓN66ª REUNION – CONTINUACIÓN DE LA 3ª SESION EXTRAORDINARIA –

ABRIL 1 y 2 de 1992

Presidencia de los señores diputados Alberto Reinaldo Pierri y

Luis Alberto Martínez

Secretarios: doctores Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo,Enrique Horacio Picado y Ariel Puebla

Prosecretarios: doctores Juan Estrada y Norberto Bruno y señor Juan Carlos Stavale

DIPUTADOS PRESENTES:

ACEÑOLAZA, Florencio GilbertoACEVEDO, Julio CésarACHEM, AntonioADAIME, Felipe TeófiloAGUADO, Jorge RubénAGUNDEZ, Jorge AlfredoALABI, Ernesto SalimALBAMONTE, Alberto GustavoALBERTI, Juan CarlosALCALA, Néstor RicardoALENDE, Oscar EduardoALGABA, Ernesto Pedro AndrésALSOGARAY, Álvaro CarlosALVAREZ, Carlos AlbertoALVAREZ, Héctor ClaudioALVAREZ ECHAGÜE, Raúl ÁngelALVAREZ GARCIA, Normando Miguel.AMADEO, Eduardo PabloARANDA, Saturnino DanttiARGÛELLO, Jorge Martín ArturoARIAS, CésarARMENDARIZ, AlejandroARRECHEA, José SalvadorAVELIN, AlfredoAYALA, Juan CarlosBAGLINI, Raúl EduardoBALESTRA, René HelvecioBALESTRINI, Alberto EdgardoBALESTRINI, Miguel AlbertoBARBERA, EliseoBARBOTTI, Atilio ÉctorBASSANI, Ángel MarceloBAUM, DanielBAYLAC, Juan PabloBECERRA, Carlos ArmandoBECERRA, Nicolás EduardoBELTRAN, Carlos RobertoBENEDETTI, Jorge EnriqueBERHONGARAY, Antonio TomásBERICUA, JorgeBERMÚDEZ, Maria del PilarBISCIOTTI, Victorio OsvaldoBISCHOF, Enrique AlbertoBLANCO, Oscar AlbertoBORDA, OsvaldoBORDIN CAROSIO, Hugo AntonioBRANDA, Carlos ErnestoBRAVO, Alfredo PedroBREARD, Noel EugenioBROOK, Mario CarlosBRUNATI, Luis PedroBRUZZO, Omar ObdulioCABRERA, GerardoCAFIERO, Juan PabloCAIMMI, Fernando Enrique

CALLEJA, Ovidio AmílcarCAMAÑO, Dante AlbertoCAMAÑO, Eduardo OscarCAMAÑO, GracielaCANATA, José DomingoCAPUTO, Dante MarioCARRERAS, Porfirio MarioCASARI de ALARCIA, LeonorCASTILLO, José LuisCASTILLO, Oscar AníbalCAVALLARI, Juan JoséCEBALLOS, Walter AlbertoCLERICI, FedericoCORCHUELO BLASCO, José ManuelCOSSOS PEREZ, Juan NicolásCRAMARO, Hugo ArnaldoCROSTELLI, Juan CarlosCRUZ, Washington JesúsD’ALESSANDRO, Miguel HumbertoDAUD, Jorge CarlosDE LA RUA, FernandoDE MARTINO, Víctor AmadorDI TULIO, Héctor HoracioDURRIEU, Marcela MargaritaDUSSOL, Ramón AdolfoECHEVARRIA, Luis MaríaELIAS, Ángel MarioENDEIZA, Eduardo AníbalESPECHE, Alberto LuisESTEVEZ BOERO, Guillermo EmilioFALLETI, Julio César JoséFELGUERAS, Ricardo ErnestoFELLNER, Eduardo AlfredoFERNÁNDEZ, AníbalFERNANDEZ, Roberto CarlosFERNANDEZ, Roberto EnriqueFERNANDEZ GILL, Guillermo C.FERRADAS, Miguel EnriqueFERREYRA, Eduardo MarioFESCINA, Andrés JuliánFIGUEROA, Pedro Julián Octavio

FLORES, Rafael HoracioFOLLONI, Jorge OscarFONTELA, Moisés EduardoFRIGERIO, Octavio OscarGALVAN, Raúl AlfredoGALLO, Orlando JuanGAN, Fernando PascualGARAY, Nicolás AlfredoGARCIA, Pedro AlbertoGARCIA de NOVELLI, María CristinaGARCIA CUERVA, Ignacio SantiagoGATTI, Héctor ÁngelGAUNA, Juan OctavioGERMANÓ, Alberto RaúlGIOJA, José LuisGOLPE MONTIEL, Néstor LinoGÓMEZ, José ErnestoGÓMEZ, Roque Julio CésarGOMEZ CENTURION, Carlos EnriqueGONZALEZ, Alberto IgnacioGONZALEZ, Luis MarioGONZALEZ, Oscar FélixGONZALEZ CABAÑAS, Tomás WaltherGONZALEZ GASS, Gabriela GONZÁLEZ GAVIOLA, Juan Horacio GREEN, Gustavo AdolfoGUERRERO, Antonio IsaacGUZMAN, María CristinaHARDY, Aníbal OsvaldoHERNÁNDEZ, Antonio MaríaHERNANDEZ, Santos AbelHERRERA, Bernardo EligioHERRERA, Luis FernandoHERRERA ARIAS, Manuel HipólitoHUMADA, RaúlIBARBIA, José MaríaIBARRECHE, Julio CésarIGLESIAS, Evaristo ConstantinoIRIBARNE, Alberto Juan BautistaITURRE, César Eusebio JALIL, Luis JuliánKOTH, CarlosLAMBERTO, Oscar SantiagoLARRABURU, DámasoLECONTE, Ricardo GuillermoLOPEZ, Alcides HumbertoLOPEZ, Jorge AntonioLOPEZ ARIAS, Marcelo EduardoLOPEZ de ZAVALIA, Fernando LOSADA, Luis EnriqueLOUTAIF, Julio CésarLYNCH, Carlos AlbertoMACAYA, Luis MaríaMACHADO, Oscar AlfredoMACHICOTE, Jorge MAGGI, Juan AlbertoMANFREDOTTI, CarlosMANNY, José JuanMAQUEDA, Juan CarlosM.ARCÓ, Jorge RaúlMARCOLLI, Juan Miguel ÁngelMARCOS, RicardoMARELLI, Mabel G. deMARTIN de DE NARDO, MartaMARTINEZ, Luis AlbertoMARTINEZ RAYMONDA, RafaelMATZKIN, Jorge RubénMENDOZA, Claudio RamiroMENDOZA, MartínMENEGHINI, Javier ReynaldoMICHITTE, Salomón AntonioMOLARDO, Elvio FranciscoMOLINAS, Ricardo FranciscoMONTEVERDE, Carlos RobertoMOREAU, Leopoldo Raúl Guido

MOURE, Juan ManuelMUNIAGURRIA, Marcelo JulioNACUL, Miguel CamelNATALE, Alberto AdolfoNIÑO, JorgeNOVAU, Pedro JoséOLIVERA, Enrique JoséORGAZ, Carlos AlfredoORTIZ MALDONADO, Gastón HeribertoORTIZ PELLEGRINI, Miguel ÁngelPARADA, AlbertoPARRILLI, Oscar Isidro JoséPEPE, Lorenzo AntonioPERALTA, Aníbal PedroPESCE, FélixPICCININI, Ana IdaPIERRI, Alberto ReinaldoPINTO, GuillermoPIOTTI, Alberto DanielPRAT, Alfredo ErnestoPROFILI, Gerardo PedroPRONE, Alberto JosuéPURICELLI, Arturo QUEZADA, Rodolfo HéctorRAIMUNDI, Carlos AlbertoRÉ, Ricardo HoracioRODRIGO, Esteban JoaquínRODRIGUEZ, Jorge AlbertoRODRÍGUEZ, JoséRODRIGUEZ SAÑUDO, Hugo BartoloméROIG, ÁngelROMERO, Carlos AlbertoROMERO, Humberto AntonioROY, IrmaRUCKAUF, Carlos FedericoRUIZ, ÁngelSAADI, Luis AlbertoSABIO, Juan CarlosSACKS, Rubén RodolfoSALUSSO, Horacio RamónSALVADOR, Daniel MarceloSAMID, Manuel JulioSANCHEZ GALDEANO, RoqueSANTIN, EduardoSCELZI, Carlos JoséSEGUI, Héctor MiguelSODERO NIEVAS, Víctor HugoSOLA, Felipe CarlosSORIA, Carlos ErnestoSORIA ARCH, José MaríaSPINOSA, Augusto JuanSTORANI, Conrado HugoSUCARIA, NeyefSUEIRO, Carlos AdolfoSUREDA, Ángela GerónimaTACTA de ROMERO, Emma AndreaTOMA, Miguel ÁngelTOPA, Raúl RoqueTOTO, Francisco PatricioTROYANO, Silvia Elena.URIONDO, Luis Enrique VALCARCEL, Juan ManuelVANOSSI, Jorge ReinaldoVARELA, Néstor ÁngelVAZQUEZ, Ricardo HéctorVAZQUEZ, RobertoVENESIA, Gualberto EdgardoVERDU, MarioYOMA, Jorge RaúlZAMBIANCHI, CarlosZAMORA, FedericoZAMORA, Luis FernandoZARACHO, Evelio Argentino

AUSENTE, EN MISIÓN OFICIAL.VARELA CID, Eduardo

AUSENTES CON LICENCIA:

Abril 1 y 2 de 1992 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION 6472

DURAÑONA Y VEDIA, Francisco de AUSENTES CON SOLICITUD DE LICENCIA PENDIENTE DE APROBACIÓN DE LA HONORABLE CAMARA:ABDALA. Germán DaríoBRACCHI, Osvaldo AméricoD’AMBROSIO Ángel Mario

GUERRERO, Luis SerafínMUÑOZ, Marcelo BernardoORQUIN, Leopoldo ManuelPARENTE, Rodolfo MiguelPAROLA, José MaríaRODRÍGUEZ, Raúl EduardoSAADI, Ramón EduardoVICCHI, Raúl Horacio

SUMARIO

1 Mociones: del señor diputado Matzkin, de reconsideración de la sanción en general del proyecto de ley sobre regulación del transporte y distribución del gas natural; del señor diputado de la Rúa, de que la Honorable Cámara se constituya en comisión para considerar el proyecto de resolución del que es coautor por el cual se condenan los hechos ocurridos en la sesión del 26-3-92, se declara la nulidad de la votación realizada en esa sesión y se constituye una comisión investigadora (5.634-D.-91); del señor diputado Zamora (L.F.) de que la Honorable Cámara se

aparte de las prescripciones del reglamento a fin de que se dé entrada y se trate sobre tablas un proyecto de resolución de su autoría por el cual se condena la actitud del bloque Justicialista y se declara inexistente la votación realizada en la sesión del 26-3-92 (5.662-D.-91); del señor diputado Zamora (F.), de rectificación de la votación realizada en la sesión del 26-3-92. (Pág. 6474).

2 . Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Leconte con motivo de expresiones vertidas en el debate por el señor diputado Breard. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales (5.648-D.-91). (Pág 6495.)

3. Continúa la consideración de las mociones a que se refiere el número 1 de este sumario, a las que se agregan las siguientes: del señor diputado Ibarbia, de que se deje sin efecto la votación realizada en la sesión del 26-3-92, se condenen los hechos ocurridos en dicha sesión y se constituya una comisión investigadora; del señor diputado Fescina, de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de que se dé entrada y se trate sobre tablas un proyecto de resolución de su autoría por el cual se deja sin efecto la votación realizada en la sesión del 26-3-92 y se constituya una comisión investigadora de los hechos ocurridos en dicha sesión (5.915-D.-91); del señor diputado de la Rúa de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de que se dé entrada y se trate sobre tablas el proyecto de resolución del que es coautor al que se refiere el número 1 de este sumario (5.634-D.-91). (Pág. 6496).


4. Cuestión de privilegio planteada por el señor diputado Baglini con motivo de expresiones vertidas en el debate por el señor diputado Albamonte. Pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales (5.658-D.-91). (Pág 6523)

5. Continúa la consideración de las mociones a que se refieren los números 1 y 3 de este sumario, a las que se agrega la transformación de la del señor diputado Ibarbia en un proyecto de resolución (5.659-D.-91), para cuya entrada y tratamiento sobre tablas solicita que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento. Se rechaza la moción de reconsideración formulada por el señor diputado Matzkin y se resuelve dar entrada al mencionado proyecto del señor diputado Ibarbia y a los de los señores diputados Zamora (L.F.), de la Rúa y otros, y Fescina, a que se refieren los números 1 y 3 de este sumario, y que la Cámara se constituya en comisión para considerar dichos proyectos. (Pág. 6524.)


6. La Honorable Cámara constituida en comisión, se pronuncia sobre los proyectos a los que se refiere el número 5 de este sumario. (Pág. 6532).

7. Consideración de los dictámenes producidos por la Honorable Cámara constituida en comisión en los proyectos de resolución a los que se refiere el número 5 de este sumario. Se sanciona el dictamen de mayoría, que contiene el proyecto de resolución del señor diputado Ibarbia (5.659-D.-91). (Pág 6534).

8. Continúa la consideración del dictamen de las comisiones de Energía y Combustibles, de Obras Públicas, de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de la ley en revisión sobre regulación del transporte y distribución del gas natural (104-S.-91). (Pág 6535).

(. . .)

10. Continúa la Consideración del asunto al que se refiere el número 8 de este sumario. Se sanciona con modificaciones. (Pág. 6537.)

11. Apéndice:A. Sanciones de la Honorable Cámara

(Pág. 6563)

(. . .)

C. Inserciones (Pág. 6574)

-En Buenos Aires, a un día del mes de abril de 1992, a la hora 15 y 50:

1

MOCIONESSr. Presidente (Pierri). - Con la presencia de 211 señores diputados continúa la sesión.

Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Matzkin - Señor presidente: he pedido la palabra con el objeto de formular una moción de reconsideración.Quiero recordar rápidamente a los señores diputados que el artículo 116 del reglamento de la Honorable Cámara dice lo siguiente: "Es moción de reconsideración toda proposición que tenga por objeto rever una sanción de la Cámara, sea en general o en particular."Las mociones de reconsideración sólo podrán formularse mientras el asunto se encuentre pendiente o en la sesión en que quede terminado, y requerirán para su aceptación las dos terceras partes de los votos emitidos no pudiendo repetirse en ningún caso."Las mociones de reconsideración se tratarán inmediatamente de formuladas."Requeriré la atención de la Cámara un breve tiempo con el objeto de fundar las razones que han movido a nuestro bloque a formular esta petición.El jueves pasado, día en que tratamos el proyecto de ley sobre marco regulatorio para la privatización de Gas del Estado, luego de haber votado en general se produjo dentro del recinto un hecho insólito, irregular y grave. Digo insólito porque se trata de un acto no habitual, distinto, diferente; irregular porque no correspondía, y grave por las circunstancias en que aconteció y las consecuencias que acarreó. Me estoy refiriendo a la presencia en este recinto de una persona que no reviste la calidad de diputado.Creo que estas tres características -insólito, irregular y grave- se han verificado, y con la mayor seriedad posible pretendo comentar y explicar aquellas circunstancias sobre las que efectivamente nosotros estamos en condiciones de dar cierto grado de certeza.Sostengo que la presencia de un extraño en el recinto constituye un


hecho grave, pero también creo que el hecho sería mucho más grave si esta persona con su presencia, por ejemplo, hubiera contribuido a conformar quórum. Digo también que el hecho hubiera sido igualmente grave si un extraño hubiera levantado la mano para votar. Esos dos hechos sí hubieran entrañado evidentemente una gravedad muy importante. Sin embargo, señor presidente, afirmo que ninguna de esas dos circunstancias están definitivamente acreditadas hasta el momento, y que no existen pruebas fehacientes de que las cosas sean así.Yo me apresuro a desmentir la posibilidad de que algún señor diputado pudiera pensar que con mi explicación intento minimizar los hechos. No es ésta la intención de nuestra bancada. Esto debe quedar definitivamente claro.Fundamentalmente, tuvimos conocimiento de esta circunstancia por el periodismo, que señaló a la Cámara dicho suceso. En este sentido, debo hacer un reconocimiento al periodismo sobre todo a quienes tuvieron la oportunidad de observar y dar a conocer la irregularidad.Dentro de la labor informativa, seguramente había periodistas muy buenos, mientras que


otros, quizás, no lo sean tanto. Tal vez suceda lo mismo que con los diputados: deben existir legisladores excelentes y otros que no lo son tanto. Digo esto porque este hecho tuvo una gran difusión periodística. No critico esta extensa difusión; no estoy haciendo un juicio valorativo al respecto. Sólo estoy relatando objetivamente lo que, incluso, está sucediendo en estos momentos.Se difunden hechos que -insisto- no fueron verificados con exactitud, Se trata de circunstancias que tienen canales en la justicia. Hay un juez federal que ha tomado participación en el hecho y está actuando. El mismo señor presidente de este cuerpo ha informado que en esta Honorable Cámara se ha abierto un sumario administrativo que busca deslindar y encontrar responsables en esta cuestión.Sería muy prudente que actuáramos con la máxima cautela y con la cabeza muy fría. Debemos despojarnos de preconceptos y, entre todos, encontrar un camino vinculado con la verdad, porque no todo lo que brilla seguramente es oro.Luego de haber puesto de manifiesto que reconocemos a los periodistas una gran profesionalidad y que tenemos por ellos un gran respeto, también quiero señalar que en la tapa de algunos medios informativos aparecieron dudas generalizadas sobre si la totalidad de las leyes dictadas en el país no están viciadas de algún grado de nulidad. Realmente todas las cuestiones que se exageran no tienen mucho sentido. He observado, por ejemplo, el siguiente título en la primera página de un diario: “Cuatro diputados truchos deciden una votación". Luego se reproduce un artículo firmado por un señor periodista, donde relata los hechos. Obviamente, lo que allí debería trasuntar es la objetividad en la información pública para que todos podamos reputarla creíble. Pero me encuentro con que quien firma ese

artículo pareciera ser lo misma persona que en el día de ayer cobró un sueldo aquí, en la Cámara de Diputados, y es un empleado de un diputado radical. Estos elementos que tengo en la mano están a disposición del sumario, del juez federal y de la comisión investigadora si es que nosotros logramos que ella avance. Entonces, yo con esto no podría sacar conclusiones. Si a alguien se le ocurriera decir que con estos elementos. . .

—Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Matzkin. —Yo debería ser el primero en ser muy cauto cuando pedí cautela recién. Por eso también me apuro a decir que seguramente si alguien tuviera algún interés de un uso particular de esta situación, podría hacer todo un discurso vinculado a que hay una confabulación de los radicales con el periodismo, y hacer de esto todo un escándalo.


Sr. Matzkin — Yo no lo creo. Si alguien lo piensa, me parece absurdo.


Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia in forma al señor diputado que faltan tres minutos para que concluya el tiempo de que dispone para hacer uso de la palabra.Sr. Matzkin. - Como decía, señor presidente, creo que aquello es absurdo y no tiene sentido. Una golondrina no hace verano.Solamente quiero señalar que por el respeto que tengo por la mayoría de los señores periodistas que están trabajando aquí —habrá alguno que no lo es tanto—, yo no diría -como dijo ese periodista- que hay cuatro periodistas "truchos" pagados por los radicales. No lo diría porque no lo pienso. (Risas.) Y si alguien piensa que hay periodistas "truchos" pagados por los radicales, me parece una barbaridad. Pero todo esto lo digo con un solo sentido: tenemos que ir buscando cautela y ser muy


prudentes en todas aquellas cuestiones que estamos comentando.No quiero dejar pasar la oportunidad —lo haré en cuanta ocasión tenga— para insistir en un tema acerca del cual ya discutí con el señor presidente de la Cámara y estoy dispuesto a seguir haciéndolo. El bloque Justicialista dice y reitera que la cantidad de diputados para que esta Cámara sesione en forma legítima es 129 y no 130 como el señor presidente pretende. Esto, que seguramente será motivo de un estudio mucho más profundo y de una decisión de la Cámara, lo seguiremos diciendo en cada oportunidad, porque se nos está exigiendo una cantidad de diputados presentes que no se corresponde con la Constitución Nacional. Nuestra posición está avalada por nuestra Constitución y seguramente por la mayoría de los tratadistas que estudian este tema.

Nosotros creemos que la moción que estamos presentando es la que corresponde de conformidad con el artículo 116 del reglamento. Hasta ahora he expresado que no existen mayores dudas dentro del bloque justicialista, pero tenemos que reconocer que sí existen dudas en otros bloques o sectores, y también en la opinión pública. Nosotros tenemos la intención


y el deseo de satisfacer esas dudas, de avanzar decididamente en la sanción de una ley y de separar perfectamente su discusión de lo que signifique el tratamiento, la forma, los modos, los tiempos, la actuación de la Justicia, el sumario administrativo, la eventual creación de una comisión investigadora de todas las cuestiones vinculadas a este hecho; pero la forma de dar seguridad jurídica respecto de algo en lo que todos estamos interesados, es que por medio de esta moción volvamos a votar para de esa forma sanear las eventuales dudas que pudieran existir en relación a esta cuestión.La interpretación que le damos a la moción que dejo formulada es la siguiente. La misma requiere de los dos tercios de los votos que se emitan para prosperar. En la eventualidad de que la votación tenga este curso, podremos avanzar en el sentido de pronunciarnos sobre el dictamen. En caso de que la propuesta que formulo no sea apoyada, de hecho quedará confirmado sin más lo realizado por esta Cámara el jueves de la semana pasada y será legítimo. (Risas y aplausos.)Señor presidente: la clara actividad provocativa del bloque radical, que no es de esta sesión sino que proviene ya de las reuniones celebradas los días miércoles y jueves de la semana pasada, no va a lograr modificar la firme decisión del bloque justicialista en el sentido de que se continúe investigando y que dejemos a la Justicia trabajar o sea, que prosiga el sumario administrativo y que se conforme una comisión investigadora. Además, votaremos una, diez o cien veces, las que resulten necesarias para dar absoluta seguridad jurídica a esta norma que si a alguien interesa es, en primer término, al país, y luego a nosotros. Esa es nuestra posición. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Agradezco su intervención, señor diputado, pero la Presidencia mantiene el criterio de que el quórum es de 130 diputado,

conforme lo fija el reglamento, mientras la Cámara no decida lo contrario.Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.


Sr. Presidente. (Pierri).- Señores diputados: hay una lista de oradores que la Presidencia está respetando.Sr. Breard. — La lista se hace respetando la cantidad de diputados que tiene cada bloque.Sr. Presidente (Pierri). - ¡Cómo calidad de diputados! Aquí no hay diputados de primera y de y de terceraSr. Breard. - Dije "cantidad" señor presidente. Sr. Garay. — Señor presidente: seguramente por lo que dice el reglamento sobre el orden de la sesión, se interpreta que frente al planteo de una moción se debe seguir el mismo orden, pero no es así.Cuando se formula una moción se otorga la palabra de acuerdo con el turno que tiene asignado cada legislador. De esto no hay ninguna duda.El interbloque ha presentado un proyecto de resolución que ayer se anunció en la Comisión de Labor Parlamentaria destinado a dejar sin efecto, es decir, a quitarle validez a la votación que se celebrara la semana pasada. Pero la moción de reconsideración tiene una mayor amplitud que lo que podría significar la mera invalidez del acto de la votación. La moción de reconsideración tiene su correlato, en el orden del Derecho Procesal, en lo que significa el recurso de revocatoria, y en la administrativo, en el recurso de reconsideración, que implica requerir del mismo organismo que por contrario imperio, resuelva algo distinto que agravia al recurrente.Por lo tanto, la moción de reconsideración en su justa dimensión no pretende meramente una nueva votación. Ese remedio está consagrado en la rectificación, que


persigue meramente otra votación; en cambio, como su nombre lo expresa, la reconsideración reabre el debate y permite que la Cámara entre o continúe con una discusión que se dio antes de 1a votación. De tal modo que la moción del señor diputado Matzkin está abriendo un camino más amplio y mejor que el que había escogido el interbloque con el provecto, que dejaba sin efecto la votación y sólo apuntaba a dar certeza al quórum del momento, expresado nuevamente en la voluntad política de todos los sectores representados en esta CámaraCreo que con la amplitud que significa volver a valorar y a ponderar, discutir y evaluar el proyecto que estuvo en tratamiento, se han de aventar en la sociedad argentina y en los sectores políticos todo tipo de dudas y habrá de convalidarse esta ley o invalidarse en el caso de que no logre el número suficiente para ser votada nuevamente, siempre y cuando se consigan los dos tercios para la reconsideración.Pienso que la Cámara debe dar una señal clarísima a la ciudadanía argentina, sobre todo ante el descreimiento natural que tiene la gente en los cuerpos legislativos, en algunos casos -y debemos reconocerlo- porque tal vez generamos alguna conducta política y

arduas discusiones en


defensa de intereses sectoriales, lo que puede ser comprensible pero que difícilmente entienda la sociedad argentina.En el mundo entero se descree del Parlamento porque este cuerpo tiene sus tiempos; y a diferencia de otros organismos unipersonales o colegiados, pero más reducidos, de la administración central o descentralizada, el Parlamento tiene inmerso e inserto en su seno el pluralismo político, la discusión y la controversia, Por eso, los tiempos políticos tienen que superar estas controversias para que se instale el acuerdo y una mayoría que logre dar génesis a las leyes que están impregnadas de esas opiniones y de la doctrina que sostiene cada uno de los sectores integrantes del Parlamento.Debemos dar una señal clara a la sociedad para que no entienda que se está encubriendo algo. Pienso que alguna de estas señales las está dando el Parlamento.La investigación en el proceso penal no es efecto del Parlamento; corre en forma paralela a través de otro poder. Pero si la Presidencia ha ordenado un sumario administrativo; y si a su vez, los bloques, en una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, acordaron formar una comisión integrada por cinco miembros, de los cuales sólo uno pertenece al bloque Justicialista, quiere decir que la comisión investigadora va a estar compuesta por diputados de la oposición en un 80 por ciento y sólo en un 20 por ciento por el oficialismo. Si esa comisión se integra y comienza a trabajar, sin duda vamos a mostrar a la sociedad argentina claras señales de que queremos esclarecer el hecho, establecer quiénes son sus responsables e imponer las sanciones correspondientes.También se advierte que se han tomado medidas en el sentido de que hoy, a diferencia de otras sesiones, no haya en los pasillos o en las puertas de acceso al recinto una

multitud de hombres y mujeres que no son legisladores sino nuestros asistentes. Estamos de acuerdo en que se haya adoptado esta medida restrictiva, porque es la forma de evitar que alguien pueda sentarse impunemente en una banca sin ser diputado, hecho que no debe volver a suceder jamás.Finalmente y para no prolongar mi exposición, creo que esta apertura que se propone a través de la reconsideración significa un bautismo para el pecado original que tenía este proceso legislativo que concluyó con una votación hoy discutida y cuya nulidad o invalidez se está pidiendo. De esta forma habremos de pasar por el purgatorio y ningún ciudadano argentino tendrá dudas--después de que se vuelva a debatir el tema y de que se vuelva a votar- de que la ley contiene todos los elementos necesarios en lo que concierne a su formación y sanción para su plena validez. Creo que la Cámara de Diputados tiene que dar esta muestra para que el pueblo argentino vuelva a tener fe en sus representantes. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. — Señor presidente: éste es un debate particularmente grave porque la Cámara de Diputados tiene que afrontar el bochorno da su cuestionamiento en todo el país por la forma en que se ha producido la votación en un proyecto de ley de trascendencia.En este acto nuestro bloque plantea moción de orden para que la Cámara se constituya en comisión con el fin de debatir esta cuestión y esta moción de orden es preferente con respecto a las formuladas con anterioridad.Este debate tiene que ser amplio y esclarecedor. No se puede dar la sensación de que luego de lo ocurrido la Cámara se refugia en argumentos formales o en artículos del reglamento para ocultar una realidad que se ha presentado claramente a la


faz de la República. Es necesario que esta Cámara produzca desde su propio seno los actos que contribuyan a rescatar la credibilidad cuestionada.El jueves pasado tuvo lugar una reunión de diputados en este recinto, reunión que no contaba con quórum legal y que no constituía una sesión de la Cámara. Sin embargo, se llevó adelante una votación y ahora el bloque de la mayoría dice que es válida y apenas si sugiere una reconsideración. Y lleva el argumento jurídico al asombro cuando el señor diputado por La Pampa afirma que si no se obtienen los dos tercios para aprobar la reconsideración, la votación del jueves pasado quedará plena, tan válida y esplendente como si fuera legítima.Aquí no se trata de una reconsideración ni de una rectificación: se trata de una nulidad absoluta y total, de un acto inexistente que debe ser proclamado como tal por esta Cámara. (Aplausos.)Se trata de un acto viciado por falsedad y por dolo, debido a la presencia en una banca de un señor que no es diputado nacional, de un falso diputado que, al marcar con el peso de su cuerpo el número indicador del quórum legal y sentado en una banca que pertenece al pueblo, se permitió invocar la condición de representante de ese pueblo para posibilitar una votación cuyo resultado es artificioso y falso. (Aplausos.)



Sr. Presidente (Pierri), — Señores diputados: respeten al orador así como se respetó al señor diputado por La Pampa cuando hizo uso de la palabra.Todos los señores diputados podrán hablar a su debido tiempo.


Sr. Presidente (Pierri). — Diputado Puricelli: ¿queremos tener una sesión en orden o buscamos otra cosa?Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. — Si esta Cámara le responde al país que la está mirando y juzgando, que pese a lo ocurrido la votación es válida, será entonces difícil aventar la vergüenza que pesará sobre los precedentes de este cuerpo. ¿Cómo va a ser válida una votación que la propia sociedad ha condenado con su rechazo porque había un diputado falso en estas bancas?Se trata de una votación en la que usted mismo, señor presidente, consideró que había existido una grave anomalía; y resulta ser que ahora el presidente de la bancada mayoritaria dice que es cierto, que había un señor que no era diputado, pero quiere salvar aquella votación afirmando que el quórum es de 129 y no de 130 diputados.¿Cómo explicar al pueblo de la República un acto que constituye un precedente vergonzoso para este cuerpo, en el que una persona que no es diputado ocupa una banca y en el límite del quórum posibilita que se vote una ley que dispone de parte de nuestro patrimonio nacional?La prensa libre fue la que señaló este hecho. Nuestro bloque no estaba en el recinto porque una "moción mordaza" había mutilado el debate que venía realizándose del proyecto de ley. . .


Sr.de la Rúa.- . . .Ustedes deben

escuchar las razones que legítimamente queremos formular. No pueden pretender llevarse todo por delante. La democracia supone la convivencia y el respeto; no murallas ni sordinas.Esto se origina porque el bloque oficialista, asumiendo la actitud de muchos fundamentalistas que tienen en el gobierno. . .


Sr. Presidente (Pierri). — Recuerdo a la Cámara que los señores diputados deben escuchary respetar al orador, les guste o no lo que está diciendo. Estas son las normas que tenemos que establecer en este recinto si es que queremos tener un debate serio.

Sr. Alvarez Echagüe. — ¡Que empiece el orador por respetarse a sí mismo como diputado! Sr. Presidente (Pierri), — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. - Dice bien el señor presidente que hay que escuchar las razones. Esto hace al fundamento de la vida democrática: escuchar las razones de los demás, nos gusten o no. Pero en este caso no me preocupa que escuchen las razones que esta dando mi bloque les pido que escuchen las razones que da la calle, la gente y el pueblo, que no puede comprender cómo se puede falsificar la representación parlamentaria con la presencia de desconocidos en las bancas.Por eso tenemos que hacer un pronunciamiento claro, como es declarar la nulidad del acto. Debemos asumir con humildad que fue una reunión falsificada; que no hubo quórum.¿Cómo se puede afirmar que la votación fue válida y que sólo por un gesto de complacencia se admite su reconsideración, pero que si no se acepta la reconsideración quedará sustentado el acto válido?

No existe en el reglamento una


norma relativa a la nulidad ¿Cómo podía imaginarse este cuerpo, al dictar el reglamento, que estas cosas podrían ocurrir? Pero es una nulidad que está inserta en el propio sistema jurídico argentino, que proviene de la Constitución, de los fundamentos éticos del derecho. Es lo que expresa el artículo 953 del Código Civil, cuando sanciona con nulidad los actos inmorales viciados por dolo, error o violencia.Eso es lo que ha ocurrido y si no se reconoce, si no se admite el hecho, ¿cómo vamos a hacerle creer al país que la investigación que se quiere llevar adelante se hará honradamente?

Hay que investigar los hechos para que se descubra todo cuanto ha ocurrido en el ámbito del bloque oficialista en circunstancia que objetivamente eran favorables para la posición que sustentaba. Este bloque debe asumir la presunción que sobre él pesa y dar las explicaciones correspondientes a la Cámara y al país. Tiene que aparecer el responsable; la República exige que se sepa la verdad.No vamos a rescatar el prestigio de la Cámara con declaraciones sonoras condenando el hecho, y menos con artilugios reglamentarios tratando de demostrar que es válido lo inexis-


tente. Si queremos que el pueblo crea en sus representantes es necesario que se asuma esta situación dramática y aparezcan los responsables.Para que una votación sea válida tiene que haber quórum; los actos celebrados sin este requisito son absolutamente nulos. Por otra parte, el quórum se conforma con el requisito de la competencia; no cualquier persona tiene la competencia necesaria. Sólo los miembros de la Cámara son competentes para constituir el quórum. Este señor Kenan, que apareció sentado en una banca del sector opuesto al que ocupamos, carece en absoluto de competencia y capacidad para formar quórum. Por lo tanto, en esa oportunidad no hubo quórum y lo allí resuelto está viciado de nulidad absoluta y manifiesta. El mismo caso lo encontramos en una sesión en minoría, en la que se hacen manifestaciones reglamentariamente inválidas.En este caso no correspondo la moción de reconsideración prevista en el artículo 116 del reglamento, porque ésta supone rever una sanción; y aquí no hubo sanción. Tampoco corresponde la moción de rectificación prevista en el artículo 179, porque no hay dudas acerca del resultado de la votación; por el contrario, hay certeza de que la votación es inválida.El bloque oficialista ha querido demostrar que puede prescindir de la oposición. En la madrugada del jueves volvió a las "mociones mordaza" solicitando el cierre del debate. Al retirarnos, en gesto de protesta, quisieron avanzar en la votación y se debió pasar a cuarto intermedio por falta de quórum. Por la tarde quisieron presionar la realización de la sesión y tuvo lugar el caso del falso diputado.No encontraron mejor argumento que colear a. la Unión Cívica Radical y a los periodistas por lo ocurrido.

Aún no se ve el gesto de humildad de asumir el error. El presidente de la República culpó al radicalismo por no estar presente en la sesión y él mismo estaba reunido con quince diputados justicialistas en Parque Norte, discutiendo la unidad sindical y la devolución de las obras sociales. (Aplausos.)Es necesario que en estos debates estén presentes todos los diputados del oficialismo, para que no se diga que algunos no lo están para evitar votar leyes indignas que impulsa el gobierno.

Debemos establecer claras reglas de convivencia democrática y parlamentaria. Todos somos necesarios por ser parte de la República y, nos gusten o no, todos los temas deben ser debatidos con claridad porque hay una opinión pública expectante de la actitud de todos sus representantes. Por todo ello hemos presentado un proyecto, en el que solicitamos la nulidad absoluta de la votación y que se constituya una comisión investigadora de la que no debe formar parte el justicialismo, como un gesto que contribuya a la objetividad de la investigación que se realice.Señor presidente: usted tuvo el gesto de asumir la responsabilidad que le cabe, pero el bloque del partido al que usted pertenece delega toda la responsabilidad en su persona y no adopta la actitud que corresponde en estas circunstanciasProponemos, entonces, que la Cámara se constituya en Comisión para profundizar este debate y propiciamos la aprobación del proyecto por el que se declara la nulidad de lo actuado y se constituye una comisión investigadora en las condiciones antes señaladas para que en breve plazo realice las investigaciones correspondientes a fin de brindar las respuestas y la información que se reclaman.Hay una causa judicial, cuyo contenido esta Cámara no conoce, existe un sumario administrativo que


ignoramos y ya ha pasado una semana de estos bochornosos sucesos.Los representantes del pueblo deben ser informados de todo lo que ocurra y se debe avanzar en una investigación objetiva e imparcial, sin prevenciones, para llegar a la verdad de este episodio. Así lo reclama la salud de la República. (Aplausos.)Sr. Presidente. (Pierri). La Presidencia aclara a los señores diputados que quienes se encuentren anotados para hacer uso de la palabra cuentan con cinco minutos para hacerlo. Al señor diputado de la Rúa se le concedieron diez minutos en razón de que ha formulado una moción de manera que en tanto y en cuanto los señores diputados se quieran referir a alguna de las mociones les corresponderán cinco minutos.Tiene la palabra el señor diputado por la Capital..Sr. Alvarez (C. A.). Señor presidente: creo que estarnos volviendo a protagonizar hechos que son muy desgraciados para la salud y credibilidad del Parlamento.Siempre escuchamos discursos que hablan de nuestra crisis de credibilidad y legitimidad ante la sociedad, pero seguimos produciendo hechos que agravan dicha crisis y de alguna manera


continúan hiriendo a la institución parlamentaria. A veces hasta nos parece que es útil para algunos degradar al Parlamento, porque según la doctrina de que el fin justifica los medios quizás convenga tener un Congreso que cada dos o tres meses debe discutir hechos que lo avergüenzan Quizás sea funcional a este proyecto hegemonista y mesiánico degradar a la imagen de este Parlamento.Por eso habría que concretar qué significa restituir la credibilidad del Parlamento y dejar de lado los discursos vacíos de contenido, hipócritas o dobles. Significa que cuando se producen hechos que nos avergüenzan a todos tendríamos que establecer de quién es la responsabilidad y no decir que estamos todos salpicados o que todos somos responsables, porque esto activa el reflejo más primario que tiene la sociedad y que se expresa a través del "todos son iguales" con que hoy nos juzga la mayoría del pueblo. Entonces, cuando ocurren estos hechos no tenemos que convertirnos en Sherlock Holmes o transformar al Parlamento en el Palacio de los Tribunales, porque éste es un recinto básicamente político y acá hay que delimitar responsabilidades antes que crear comisiones investigadoras.Todos los que trabajan en esta casa y todos los que estamos aquí sabemos que es imposible que una persona que no es diputado se siente en una banca sin el consentimiento de los que están al lado o cerca de él, o de quienes están conduciendo una bancada en este momento. (Aplausos.)Eso todos lo sabemos. Algunos podrán silbar, pero este es el momento de terminar de una vez por todas con los dobles discursos.Es mucho más honesto explicar a la sociedad qué pasó. Es mucho más honesto de parte del bloque oficialista decir: "Sí, nos pasó esto y nos comprometemos a que nunca más tenga lugar en el Parlamento

argentino este fraude y esta vergüenza". Resulta mucho más honesto y transparente -a la vez que defiende la credibilidad del Parlamento- dar una explicación a la sociedad que seguir buscando atajos o artilugios para esquivar o generalizar la responsabilidad, porque muchísimos diputados del bloque oficialista, ex compañeros nuestros, seguramente no estaban al tanto de que se sentarían en las bancas personas que no eran diputados para que fuera posible ganar una votación.Es un error abroquelarse en el concepto del espíritu de cuerpo y mostrar esa solidaridad tramposa que frente a la gente es solidaridad de mafia y no democrática. (Aplausos) Existe una solidaridad farsante, una farsa de espíritu de cuerpo cuando algunos diputados nos dicen que estamos todos salpicados. Esto es algo que no vamos a aceptar. Hay diputados a los que nunca se nos hubiera ocurrido sentar en una banca a una persona que no es legislador para contribuir a formar quórum o para ganar una votación. No es cierto entonces que todos estamos involucrados, como tampoco lo es que toda la justicia está corrompida o que todos los periodistas están pagados como insinuó el diputado Matzkin. Eso no es cierto y no tenemos que legalizar o aceptar el sentido de la generalización; no debemos permitir que se active en la sociedad ese reflejo primario de decir: doy vuelta la espalda a este cuerpo porque está contaminado.Lo que nosotros planteamos es una actitud más autocrítica, pero no para capitalizar la derrota política de un bloque en un sentido mezquino. Aquí es necesario que nos sinceremos y digamos si queremos que esta Cámara recupere o no la credibilidad. Entonces, si deseamos que esto cuerpo recupere su credibilidad hay que delimitar la responsabilidad. En ese sentido, sabemos que ello no se conseguirá por medio de una comisión investigadora, que


seguramente terminará descubriendo que una ordenanza, un asesor u otra persona —la más débil— permitió que se sentara en una banca alguien que no era diputado.Sr. Presidente (Pierri). - La presidencia solicita al señor diputado que redondee su exposición porque ha vencido su término.Sr. Alvarez (C. A.). — Señor presidente: aquí no se discuten problemas jurídicos sino responsabilidades políticas. Creo que todos saldríamos muy complacidos y vigorizados como miembros de este Parlamento si en esta sesión existiera algún nivel digno de reconocimiento y explicación frente a la sociedad, porque no nos mintamos entre nosotros y no le mintamos a la gente: alguien que no es diputado no se pude sentar en nuestras bancas si no tiene cierto reconocimiento o autorización.Aquí deben diferenciarse dos niveles: la legalidad parlamentaria y la legitimidad social. La sesión del jueves pasado es nula de nulidad absoluta porque -haya habido o no quórum- la sociedad consideró que fue ilegal y fraudulenta.Esa opinión está instalada en la sociedad, y no a causa de tres o cuatro periodistas perversos que tienen "una rosca" con la oposición, porque todos sabemos aquí que algunos de ellos son las personas más dignas que tiene la sala de periodistas de esta Cámara de Diputados. (Aplausos.)


Por eso sostengo que no se puede apelar a la tesis de la conspiración o de la generalización. Esa sesión fue nula de nulidad absoluta, y constituiría un importante gesto para recuperar la credibilidad de este cuerpo, que el bloque oficialista diera la explicación que la sociedad se merece. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado López de Zavalía.Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: voy a analizar las dos mociones presentadas por su orden. En primer lugar, tenemos la moción formulada por el señor diputado Matzkin, que sugiere una reconsideración. En nombre del derecho yo le pediría que postergue esa moción porque si no, será prejuzgante. . . (Aplausos). Se reconsidera un acto que se concibe como válido, y el tema real de fondo que aquí se está debatiendo es si fue válido o no.A continuación paso como un intermezzo a evaluar la advertencia efectuada por el señor presidente, que me ha concedido cinco minutos para exponer. En ese lapso no puedo entrar al fondo del asunto, lo que necesariamente me obliga en nombre del bloque Fuerza Republicana a adherir a la moción presentada por el señor senador . . . digo diputado de la Rúa. . . (Aplausos). . . en el sentido de que el cuerpo se constituya en comisión a efectos de que todos podamos escucharnos y que no se diga que esta Cámara ha rehusado actuar con transparencia o que se oculta bajo lo que a mi juicio sería una vergonzosa reconsideración prejuzgante.Tal actitud nos colocaría ante una alternativa de imposible decisión y nos obligaría a levantarnos de nuestras bancas, porque si no votamos por la reconsideración y no se consiguieran por nuestra culpa los dos tercios de los votos que se requieren, quedaría firme lo que en el debate interno de bloque nosotros

estimamos que es nulo de nulidad absoluta y manifiesta. (Aplausos.)Si apoyáramos la reconsideración, piensen los señores del oficialismo en qué situación injusta se está colocando a los señores diputados desde el punto de vista de los debates parlamentarios. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (L. F.). - Señor presidente: si el pueblo argentino hubiera escuchado al jefe del bloque justicialista, estaría atónito; no podría creer que de su boca salieran las palabras que hemos escuchado recién. No ha pronunciado ni una expresión de condena a la anomalía que nos ocupa. La palabra anomalía es un eufemismo utilizado por la Presidencia de esta Cámara para referirse al hecho gravísimo que ocurrió el jueves pasado.No ha dicho una sola palabra para asumir responsabilidades que caben en forma exclusiva a la bancada justicialista. En cambio, sí se escucharon expresiones y tonos fuertes para cuestionar a los periodistas o a otros sectores. Se ha intentado endilgar a otros la responsabilidad que no se asume. Se ha hablado de falta de seriedad en los titulares de los diarios, cuando debería haberse mencionado la falta de seriedad en el titular de la bancada justicialista.¿En qué marco está inserta esta discusión? El personaje extraño o el diputado "trucho", corno lo conoce la calle, no es un hecho aislado. Lo hemos venido denunciando desde hace mucho tiempo, que se puede expresar en meses y años. Cada vez hay un funcionamiento más antidemocrático en esta Cámara, producto de la actitud cada vez más desesperada del bloque justicialista por imponer como sea la aprobación de los proyectos que envía el gobierno.Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia conmina a los señores diputados a que ocupen sus bancas y


no permanezcan de pie en el recinto.Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires. Sr. Zamora (L. F.). — Señor presidente: no existe seriedad en este debate si no se parte de lo que he expresado. El gobierno presiona públicamente para que en el más breve lapso se aprueben los proyectos que envía.Hoy, incluso, encontramos declaraciones del ministro del Interior, doctor Manzano, poniendo un plazo al Congreso para que vote el descuartizamiento de YPF. Nos imaginamos lo que hará el bloque oficialista para lograr que se apruebe ese proyecto. Se intentó votar la privatización de SEGBA en diciembre del año pasado sin contar con un dictamen de comisión. Toda la Cámara conoce este hecho. Se cierra la lista de oradores en forma arbitraria, imponiendo el número necesario para ello. También se altera esa lista de oradores, porque cuando nos acercamos a la Presidencia observamos una lista, y después ella no se respeta. El reglamento se violenta en forma constante, quitando el uso de la palabra a los señores legisladores.Cuando el año pasado se discutió el paquete impositivo —uno de los tantos que hemos tratado— se formuló una moción de cierre del debate. Era una "moción mordaza", como dice el señor diputado de la Rúa, pero la avaló toda la Cámara, incluso lo hizo el bloque radical, impidiendo que habláramos todos los bloques.


Cuando se concretó la votación, el señor diputado Pugliese la impugnó porque no había observado la mayoría necesaria. Muy pocos diputados votaron el cierre del debate, pero finalmente, se avaló y se aceptó esa moción; el único bloque que se puso de pie y se retiró repudiando esa metodología antidemocrática fue el mío. Todos los demás, los de centroizquierda los radicales, los de derecha, los bloques provinciales, etcétera, avalaron el procedimiento.El último paquetazo impositivo se debatió aquí sin que conociéramos los textos, porque la presión del gobierno urgía a aprobarlo como fuera. Nosotros no sabíamos cuál era la redacción definitiva de los artículos porque el bloque oficialista estaba presionando sobre los partidos provinciales para obtener su aval Este es el funcionamiento que han callado todos los bloques, menos el mío.Hace quince o veinte días enviamos una carta a la Presidencia de la Cámara, la cuarta o quinta, señalando. . .Sr. Presidente (Pierri). - Con todo respeto, la Presidencia informa al señor diputado que ha vencido el tiempo del que disponía para hacer uso de la palabra.Sr. Zamora (L. F.). —Voy a redondear, señor presidente.Le prensa sabe que hemos denunciado este funcionamiento antidemocrático, porque le hemos dado copia de la carta que enviamos a la Presidencia y a todos los bloques.Nosotros rechazamos la moción de reconsideración de la votación formulada por el bloque oficialista, porque constituye una burla y un chantaje. Dejen la votación como está. Habremos obtenido un triunfo: Gas del Estado seguirá siendo estatal para el pueblo, que repudia lo que aquí sucedió el jueves pasado. Déjenlo así; no me preocupan los inversores que les preocupan a ustedes. Me preocupa lo que va a

pensar el pueblo que sabe que no se aprobó el remate de Gas del Estado.Por todo lo que he manifestado, formularé una propuesta distinta a las del bloque radical. En primer lugar, condenar la actitud del bloque justicialista. Sin perjuicio de que el conocimiento de nuevos hechos nos haga adoptar nuevas actitudes, los que conocemos son suficientes para que esta Cámara condene la actitud del bloque oficialista, sin ninguna duda responsable de la irregularidad que estamos discutiendo. En segundo término, sin entrar a discutir lo que significa nulo o no nulo, declarar inexistentes -porque no existieron- la votación y la sesión del jueves pasado.Sr. Presidente - (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (F.). —Señor presidente: seguramente utilizaré un poco más de cinco minutos en mi exposición porque creo haber entendido que en el caso de la formulación de una moción —que es lo que intentaré hacer— se dispone de diez minutos.Entiendo que es importante recordar rápidamente los hechos ocurridos el jueves pasado, y aquellos que estuvimos en ese momento en el recinto podemos relatarlos con bastante aproximación. Si recordamos cómo sucedió todo, quizá podamos ir deslindando algunas responsabilidades.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia ruega a los señores diputados que están parados en los pasillos que tomen asiento en sus bancas, y a la vez solicita al cuerpo guardar el debido silencio.Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (F.). - Señor presidente: decía que sería importante recordar rápidamente como sucedieron los hechos, porque quizá ello nos pueda ayudar a deslindar algunas responsabilidades y también a crearlas,Recuerdo claramente —y lo hemos manifestado en una declaración


hecha pública por nuestro bloque— que al momento de iniciarse la sesión el señor presidente dijo con total claridad, como lo hace habitualmente: "con 130 señores diputados presentes damos comienzo a la sesión”.Incluso, momentos antes se produjo una discusión entre el señor presidente del bloque justicialista, que decía que el quórum lo conformaban 129 diputados, y el presidente de la Cámara, que sostenía que debían ser 130 diputados. Este solo hecho me lleva a desvirtuar la posibilidad de una conjura -como se quiso hacer aparecer en algún lado- por parte del bloque Justicialista en cuanto a su presidencia y al propio presidente de la Cámara que forma parte de ese bloque. Posteriormente, se pasó a votar.El hecho de no haber votado con llave no nos permite determinar si los que se pronunciaron fueron 130 o 132, como algún legislador me comentó que constaba en el tablero electrónico. Incluso, creo haber escuchado a través de alguna declaración radial, tanto al presidente de este cuerpo como algún otro legislador, que había 132 diputados al momento de la votación.Pero de lo que no cabe duda —en este aspecto a lo mejor existen otras responsabilidades— es de que aquí hubo una persona extraña


al cuerpo que se sentó en una banca y que, como dijo ayer en la Comisión de Labor Parlamentaria uno de sus miembros, estaba ubicado en el sector correspondiente al bloque Justicialista.Evidentemente, esto no lo podemos dejar pasar. Caben algunas responsabilidades. No sé quién es el responsable, si el diputado que miró y no observó, si alguien que no controló que una persona extraña se estaba sentando justo en ese extremo del recinto, o algún empleado del bloque lo permitió; no los sé. Deslindo, sí, la responsabilidad de las autoridades, porque no me caben dudas de que no tienen absolutamente nada que ver en esto.De manera que nos hallamos frente a una votación dudosa. Entonces, no podemos reconsiderarla, sino que tenemos que rectificarla. Este es el camino adecuado. Cabe la rectificación porque la cuestión se enmarca en el artículo 179 del reglamento, que se refiere específicamente a la votación dudosa.Claro está que el reglamento no prevé de ninguna manera semejante disparate como el ocurrido en este recinto y que nos afecta a todos, aunque haya responsables. Entonces, tal como lo hizo en alguna oportunidad, cuando con claridad ningún artículo del reglamento lo prevé, la Presidencia tendrá que hacer una interrupción, porque no cabe duda de que la votación fue dudosa.Sin embargo, hay dos hechos dignos de mención, aparte de lo relativo al artículo 179 del reglamento. En primer término, nadie observó esto ni lo manifestó, salvo un diputado del bloque radical con posterioridad, durante la discusión en particular del proyecto. O sea, no se produjo lo que determina el artículo 179 del reglamento en el sentido de que la cuestión debe plantearse inmediatamente después de proclamada la votación. Por supuesto, nadie había notado algo

anormal. Estamos frente a un hecho nuevo. También se me podrá argumentar que al no votarse con llave, no se podría pedir la rectificación de la votación, ya que no se sabría quiénes eran los diputados presentes, a pesar de que no estoy seguro de que esto sea así, porque sabemos que por Secretaría se toma cuenta de la presencia de los diputados que ingresan al recinto y creo que muy pocas veces o casi nunca nos hemos quejado de algún error. La planilla que se lleva al efecto nos serviría para salvar la situación y llevarla al estado de poder pedir la rectificación. Esto nos conduce a fijar la posición de nuestro bloque en el sentido de que pretendemos una nueva votación -porque no podemos soportar un minuto más el bochorno ante la opinión pública e incluso ante los que miran con interés privatización—, para que no haya dudas con respecto a la votación de una ley sancionada por el Parlamento.También queremos que se constituya la comisión investigadora y que actúe a fondo para que sepamos quién es el responsable, caiga quien caiga. La comisión investigadora debe actuar hasta sus últimas consecuencias. Incluso he visto que hoy la Presidencia adoptó una medida, que aplaudo, respecto de la presencia de personal en el recinto. Pareciera que hoy estoy amigo del señor presidente, a pesar de que algunas veces nos hemos peleado. De todas maneras, aplaudo esa decisión de la Presidencia, pero le solicito que aplicando similar rigurosidad parlamentaria, adopte las disposiciones del artículo 163 del reglamento, teniendo en cuenta que luego de esta discusión tendremos que pasar a votar un proyecto de ley de fundamental importancia para la Argentina. Le reitero que sin ningún tipo de miramientos aplique los preceptos de este artículo 163, porque de esa forma no habrá pretextos posibles.El artículo 163 del reglamento dice


que ningún diputado podrá ausentarse durante la sesión sin permiso del presidente, quien no lo otorgará sin consentimiento de la Cámara en el caso que ésta debiese quedar sin quórum legal.De esa manera, se evitará el viejo artilugio de retirarse del recinto a fin de trabar o de poner un palito en la rueda para lo que quieren unos y no quieren otros.Por eso, celebro las medidas adoptadas por la Presidencia, pero las voy a celebrar mucho más si cumple con lo prescrito por el artículo 163. Creo que también habrá que dar oportunamente un debate sobre el quórum, para que no se repita jamás lo ocurrido el jueves pasado.Pienso que la posición a adoptar por esta Cámara es la de aplicar el artículo 179 del reglamento, que se refiere a la rectificación de la votación, de acuerdo con lo que acabo de expresar.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Baglini. — Señor presidente: el tema que estamos tratando ingresa ni más ni menos que en el riesgo en el que la Argentina ha incursionado desde hace tiempo, el de la crisis de la juridicidad del sistema y de sus instituciones.Para evitar los diferendos no hay otro mecanismo, como se ha señalado aquí, que asumir plenamente las responsabilidades, la verdad y realizar una investigación a fondo. Lo ocurrido


aquí, en la Cámara de Diputados de la Nación no puede ser presentado —so pena de distorsionar alevosamente la verdad— como un accidente ni mucho menos como una confabulación.Se ha dicho aquí que nadie advertía lo que pasaba, pero curiosamente la versión taquigráfica de la sesión registra que, apenas producida la votación en la cual está incorporado el diputado "trucho", el presidente advierte que numerosos diputados se retiraban del recinto. ¿Adónde fueron estos diputados que se retiraban? A la sala de la Presidencia donde estaba siendo atendido el diputado "trucho"; y a partir de ahí pasan largas páginas donde se discute en conjunto, y ni siquiera por títulos sino por capítulos el proyecto, porque no había número para votar. Y allí desfilaban los señores diputados que no sabían qué pasaba en el recinto y pasaban por la sala de periodistas para decir que habían visto a un pobre viejo asfixiado por radicales y periodistas.Entonces, no puede decirse que escondiéndose en los repliegues del reglamento se va a hallar una solución para un tema de esta gravedad. Ni siquiera se puede hacer una reconsideración porque es claro que esto significará rever una sanción que se presupone existente y válida. Tampoco se puede hacer una rectificación, la que tiene que realizarse de inmediato y por los mismos que se encontraban presentes en la votación original.¡Cómo le vamos a explicar a la sociedad que vamos a reconstituir el quórum, incluso con el eventual diputado "trucho" participando de la votación de rectificación! (Aplausos.)La conciencia de la sociedad allá afuera no es que hubo un accidente o una confabulación sino que estamos frente a una forma grave de fraude político que tiene incidencia en la votación de un proyecto de ley.Ahora se habla del quórum del

diputado "trucho"; existen sospechas fundadas, no sólo de un detenido sino de más nombres, de llaves que pasaron de mano en mano; hay sospechas fundadas incluso no en base a lo que ocurrió en la sesión sino en base a que se intenta delimitar las responsabilidades políticas, que son las que interesan aquí. Esas responsabilidades políticas empiezan a surgir cuando se advierte que esto no ha sido algo aislado.

Recuerdo hace algunos años que el señor diputado Clérici preguntaba quiénes son los que leen los diarios en la última fila de este recinto. Cualquier diputado puede tomar el Diario de Sesiones correspondiente a la consideración de la ley penal tributaria, que tuvo lugar el año pasado, y advertir que, en la votación del último artículo, el señor diputado Jaroslavsky pregunta al señor diputado Manzano quiénes son los señores que están por ahí y que, luego de una breve discusión, dice: "Aquí no hay ningún pavote". Cualquiera puede advertir en los diarios de hoy que todavía estamos debatiendo consecuencias más o menos similares respecto de la votación del proyecto de aumento del número de miembros de la Corte Suprema, y que un ex diputado afirma que los expedientes penales no avanzan porque no se pueden contestar los oficios. ¿En qué investigación vamos a confiar? ¿Exclusivamente en la investigación judicial, que para avanzar tendrá que llegar a plantear eventualmente el levantamiento de los fueros de un diputado? ¿En el sumario que la Presidencia puede ordenar y ha ordenado, no teniendo ella tampoco facultades para indagar diputados y menos para determinar las responsabilidades políticas? Esas responsabilidades políticas se conectan con quienes son los beneficiarios políticos de la maniobra, con los ámbitos geográficos en los que se producen los hechos, con la desesperación por obtener leyes a cualquier costo, entre


otras cosas. Cuando no avanzan las responsabilidades políticas, tenemos que ingresar en el terreno de las responsabilidades funcionales. De esta manera, el "balurdo" va creciendo, porque en el terreno de las responsabilidades funcionales aparece el juego de los artículos del reglamento y el hecho de que la propia Presidencia ha iniciado sumario administrativo y ha advertido la anomalía —por lo menos la ha confesado a través de un periódico—, pero se encuentra sola frente a la alternativa de que no hay quién asuma la responsabilidad política, habiendo sí responsabilidades funcionales emergentes de los artículos 195, 196 y 14 del reglamento.Lo que estamos proponiendo es sencillamente que haya una discusión profunda para organizar una investigación a fondo con toda la asepsia necesaria. Por eso estamos proponiendo que el bloque del justicialismo no integre la comisión investigadora. Preferiríamos que la actitud de la Presidencia de derivar el sumario a una dirección de la casa existente desde hace tiempo tenga como correlato el hecho de que la comisión investigadora esté integrada exclusivamente por diputados y que no formen parte de ella quienes eventualmente pueden ser vistos como beneficiarios de la maniobra. No queremos las limitaciones que tiene la justicia o que tendrá el sumario.


Estamos condenando un hecho gravísimo. La intervención del periodista ha posibilitado que estemos hoy tratando el tema, pero no busquemos el subterfugio, porque en el reglamento no hay subterfugio frente a la nulidad ni existe la posibilidad de revestir esto de ningún tipo de validez, si no queremos que realmente los mecanismos parlamentarios queden sospechados y la crisis de las instituciones nos alcance definitivamente. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Clérici. - Señor presidente: tengo que decir que estoy con la boca seca, no solamente por la gravedad del tema, sino porque parecería que por una nueva disposición la Presidencia y los secretarios pueden tomar agua, pero los diputados no. (Aplausos.)Si yo hubiera necesitado una razón concreta y profunda para no considerarme en ningún momento aliado del oficialismo, hoy tendría esa razón concreta y profunda. Lo digo como diputado que estuvo aquí presente el miércoles y el jueves para debatir y votar favorablemente el proyecto de ley del marco regulatorio para la privatización de Gas del Estado, y hoy me encuentro con que el presidente del bloque Justicialista califica la situación vivida como de insólita, irregular y grave. Asimismo, añade que no hay pruebas fehacientes, y lo único que ofrece al conjunto de esta Cámara es reconsiderar la votación.Por importante. que sea el proyecto de ley que estaba en tratamiento, aquí hay una cuestión mucho más fundamental, de consideración previa; por eso apoyo la moción del señor di-putado de la Rúa para que esta Cámara se constituya en comisión.Nosotros no podemos permitir que la solución de esta cuestión pase por el hecho de que un ciudadano, que no es diputado, se constituya en "cabeza

de turco" de este problema que es-tamos viviendo. Aquí hay responsabilidades políticas, y la primera de ellas es del bloque oficialista, donde se cometió esta irregularidad. Esta es la razón por la cual disiento a la vez con la propuesta del señor diputado de la Rúa, en cuanto a que el justicialismo no debería integrar la comisión investigadora.Creo que esta responsabilidad política debe concluir en una decisión unánime de esta Cá-mara, llevada hasta las últimas consecuencias. Y aunque comparto muchas de los razonamientos del señor diputado Alvarez, estoy en total desacuerdo con su conclusión. Si la conclusión fuera que no es posible llegar a la verdad en la Cámara de Diputados, entonces aquí hay 257 diputados que están de más, porque hoy más que nunca tenernos una grave responsabilidad frente al conjunto de la sociedad argentina.De ninguna manera podemos dar la más mínima excusa a aquellos que piensan que la Argentina puede ser conducida sin la participación del Congreso Nacional. Nuestra responsabilidad está dada por el hecho de que la gente vuelva a creer en nosotros, y la única forma de que ello ocurra es que no sea el juez o un sumario administrativo quien llegue a la verdad, sino nosotros mismos. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Vanossi. — Señor presidente: se ha dicho alguna vez —por supuesto, en un marco muy distinto y distante del actual— que no hay nada más práctico que una buena teoría, y la buena teoría nos indica que para que el Estado funcione y el gobierno representativo sea tal, tiene que haber un mínimo de ética en el Estado; y un mínimo de ética en el Estado tiene que abarcar también el procedimiento y comportamiento de los órganos, empezando por el órgano que más directamente


expresa la soberanía popular, como es la Cámara de Diputados de la Nación.Por eso no voy a repetir aquí lo que ya se ha dicho por voces más autorizadas que la mía, en cuanto a la lesión que este hecho que hoy ventilamos causa a los deberes de transparencia y fair play de los actos parlamentarios.Podríamos hacer mención y uso de las facultades reglamentarias para denunciar la violación reiterada de privilegios parlamentarios, colectivos del cuerpo e individuales de sus miembros. La aparición de un diputado llamado "trucho" no sólo lesiona la honorabilidad del cuerpo, sino que también afecta individualmente -particularmente en nuestra función oficial- a todos y cada uno de los miembros que componemos esta Cámara.

Podríamos prolongar indefinidamente el desarrollo de esta sesión porque todos tendrían una cuestión de privilegio para formular. Todo esto arranca con una sesión a la que debemos dar una denominación. La sesión en la que se está tratando este bendito proyecto de ley, a esta altura de su desarrollo, parece ser una sesión mal parida. En ella se presentó una moción mordaza de cierre de debate con la que se excluyó a los legisladores de la oposición que quedaban por hablar y luego se cometió un delito en el recinto con la presencia de un falso


diputado. Si bien por un lado este hecho será sancionado en lo penal por la justicia, también están en juego las funciones disciplinarias de la Cámara, a fin de eliminar la ofensa y agra-vio que tal episodio significa para el desenvolvimiento del cuerpo.Por otro lado, la moción prevista en el artículo 146 del reglamento conlleva una finalidad coercitiva y un propósito de convalidación esto es lo más grave que afecta a todos los miembros de la Cámara.¿Qué queda de la imagen de este cuerpo ante el mundo? Queremos decir que pertenecemos al Primer Mundo, y en él, por supuesto, estas cosas no se toleran. La sociedad argentina está atenta -con la agudeza que la caracteriza- y observa a través de los medios lo que sucede a fin de resaltar todo aquello que significa una mácula a las reglas de juego de la vida parlamentaria.¿Qué podemos decir ante la opinión en general, cuando nos preguntan desde el exterior o desde nuestro país cuál es la seguridad jurídica que ofrece el sistema de legalidad en la Argentina? ¿Hay posibilidad de confiabilidad en el estado de derecho y de credibilidad en que los actos de los poderes del Estado respetan el principio de la buena fe, cuando surgen hechos de este tipo con obvia participación y convalidación de algunos miembros de la Cámara?Sr. Saadi. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la autorización de la Presidencia? Sr. Vanossi. — Señor presidente: en ocho años y medio de actuación en esta Cámara me he caracterizado por acceder a todas las interrupciones que me solicitaron, pero dado que en este caso sólo se me conceden cinco minutos, voy a ser un usurero con mi tiempo. De todas formas, tal como es mi costumbre, quedo a disposición del señor diputado Saadi para evacuar sus inquietudes.Prosigo, señor presidente. Me pregunto si esto es algo aislado, si es casualidad que ocurra en días en que el presidente de la República ofende

al Parlamento tratándonos como a niños bajo curatela. Se refiere a la Corte Suprema como perfecta e inmaculada y señala que todos los vicios son de los miembros de la Cámara, diciendo que son “ñoquis”, "truchos", que no trabajan, y que sólo se reúnen entre el 19 de mayo y el 30 de septiembre, con lo cual se trata de confundir a la opinión pública. ¿No se ha advertido, que estamos en sesiones extraordinarias y que desde 1983 hasta la fecha hemos sesionado prácticamente, diez u once meses al año y no sólo durante el período ordinario establecido por la Constitución?De esa manera se pretende confundir a la opinión pública no sólo en ese aspecto sino también en cuanto a la presencia de los diputados en el recinto. Si en algún momento no estamos presentes no es debido a una actitud obstruccionista —tal como se hacía en otras épocas—, sino por aplicación del derecho que nos da el reglamento a fin de ejercer de manera más soberana y legítima el mandato que el pueblo nos ha dado y al que debemos representar en la sanción de determinadas leyes.Mi conclusión es que este hecho no es aislado, sino que forma parte de una campaña dirigida a amordazar a la oposición. Me permito recordar, de todas las definiciones que se han dado sobre la democracia -que son centenares-, una de un profesor español que me ha quedado grabada: "Donde hay oposición y se respeta la oposición, allí y sólo allí hay democracia”. No nos apartemos de esta advertencia. Podemos discrepar en las ideas, tener disidencias políticas sobre los distintos temas, come el de las privatizaciones, que se ventila en esta Cámara, podemos diferenciarnos en los sentimientos, que a veces nos aproximan y otras nos alejan, pero no puede haber disenso en los procedimientos, porque el gran valor de la democracia es el metodológico y el gran valor del Parlamento es el


procedimental, donde precisamente la necesidad de transparencia se trasluce en que en definitiva se producirá una resolución ajustada a. la equidad y a lo que la representación soberana del pueblo ha fijado.Existe un deber de lealtad de todo el cuerpo: es el deber de lealtad para con la buena fe. Por eso no podemos votar la moción formulada por el señor diputado Matzkin, sino que debemos declarar —como ha dicho el señor diputado de la Rúa- la nulidad de todo lo actuado hasta el momento porque ofende a la buena fe. Si no, ¿dónde estamos? ¿Es lo mismo un diputado "trucho" que uno válido?En la década del 30 alguien escribió el tango Cambalache y dijo que era lo mismo ser sabio que reo, o atorrante que honesto. Aquí, ¿será lo mismo ser diputado legítimo, haber sido elegido por 160 mil votos que ser diputado "trucho"; si al final en la votación vale lo mismo? ¿No estaremos volviendo a la década del 30? Y aquí me permito recordar lo que dijera un brasileño muy ocurrente y eminente cuando al ser interrogado sobre una reforma constitucional que estaba en ciernes en su país replicó: "Pongan un solo artículo que diga: ‘Debernos tener – vergüenza’.Pienso que en este caso en particular "debemos tener vergüenza" de lo que ha acontecido


Por lo tanto, ante la moción de reconsideración formulada por el señor diputado Matzkin —que es evidentemente una moción "chicanera"— me permito recordar un proverbio a fin de que no se insista en el asunto: "No hables a menos que puedas mejorar el silencio". (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Moreau. - Señor presidente: felizmente la historia parlamentaria argentina no registra demasiados casos como el que hoy estamos discutiendo, pero los pocos que reconoce están vinculados en una relación de naturaleza causal con los temas que estaban en debate en esos momentos o bien con la esencia del régimen político que imperaba en dichas circunstancias. Eso es lo que tienen en común. Incluso hubo hechos más graves que el que hoy discutimos. Por ejemplo, una vez cayó asesinado en el propio recinto un legislador de la Nación, pero paradójicamente con tratarse de un hecho de mayor gravedad, como fue el asesinato del senador Bordabehere, aquello no ensució al Parlamento; fue casi un mártir que le dio aún más jerarquía a la función de los legisladores. En cambio, este otro hecho que hoy estamos tratando —que algunos banalmente quieren inscribir en la picaresca política o criolla— nos está llenando de vergüenza y provocando natural indignación, pero no porque —como se ha dicho aquí— asumamos colectivamente la responsabilidad, sino porque tampoco podemos desligarnos de la opinión que está fomentando esta circunstancia gravísima en la sociedad, en el pueblo y en quienes son los votantes de unos y de otros. Por eso me resulta muy difícil escindir lo que sucedió de lo que estábamos hablando y separarlo de un modelo que tiene como objetivo disciplinar, un término que se ha incorporado al

diccionario de la política.Por eso es imposible separar el proyecto de ley que se estaba tratando de esta circunstancia, porque además, apenas observamos cómo se desenvolvieron los acontecimientos establecemos esta relación causal.Como bien lo recordaba el señor diputado Vanossi, la sesión para considerar la privatización de Gas del Estado tuvo un desarrollo irregular cuando de manera sorpresiva se planteó una moción mordaza que impidió que un conjunto de diputados —no sólo de este bloque sino de otras bancadas, incluso del propio oficialismo— que estaban anotados para formular observaciones pudieran hacerlo.Frente al primer escándalo que esto implicó -todavía está en discusión si esa decisión se adoptó con quórum suficiente—, cuando la Cámara quedó sin número el señor presidente la invitó a pasar a cuarto intermedio en uso de sus atribuciones reglamentarias. Pero la situación no quedó allí estática porque en las primeras horas de la mañana siguiente el ministro de Economía estuvo presente en todas las radios y todos los medios señalando, tal como lo registra la crónica periodística, que si este Parlamento no sancionaba ese proyecto de ley la privatización se efectuaría por decreto, amenazando otra vez en el léxico oficial con la intención de disciplinar a la Cámara de Diputados en el cumplimiento de sus obligaciones.Pero hubo otro hecho que también registró la crónica periodística y que no fue desmentido: los mismos señores que estaban sentados en un palco bandeja de este recinto en representación de los lobbies petroleros mientras se debatía el proyecto de ley en cuestión, se dirigieron al señor ministro de Economía para anunciarle que no invertirían si la privatización se efectuaba por decreto. Fue así que cambió la orientación y cuando se reanudó la sesión luego del cuarto


intermedio era necesario aprobar el proyecto de ley de cualquier manera, no porque haya apego a las formas republicanas sino porque aquí se trata de hacer las cosas de cualquier modo. Así se han llevado a cabo privatizaciones remate, privatizaciones por decreto y privatizaciones "curro" en las que los usuarios pagan por transitar por rutas que antes ya pagaron y que además estaban subsidiadas por el Estado. Ahora se pretendía efectuar una privatización "timba", a lo que resultara, pero como los interesados advirtieron que necesitaban el respaldo jurídico esa tarde había que llevar a la práctica esta voluntad política del Poder Ejecutivo atada a la imposición de los lobbies, y entonces ocurrió lo que ocurrió.Hace tiempo que no hay límites para los excesos porque se sigue pensando que gobernar un país es disciplinar sectores. Por supuesto es legítimo que un gobierno democrático trate de disciplinar las corporaciones, pero lo que no puede hacer es intentar disciplinar lo que es su fundamento y su razón de existencia, como ocurrió con la ampliación del número de integrantes de la Corte Suprema de justicia de la Nación, o como se pretende ahora con estas maniobras parlamentarias o con el periodismo libre, al que hoy debemos dar un testimonio, para que nadie suponga que en el futuro existirá impunidad y para que ellos se puedan seguir expresando en representación de la opi-


nión pública como nosotros lo hacemos representando a quienes nos votaron. Este es el fondo de la cuestión.Cada tiempo histórico tuvo su estigma. Con respecto a los modelos que pretendieron ser autoritarios y excluyentes, alguna vez se habló de la década infame y otra de que el golpe de Estado perpetrado el 6 de septiembre de 1930 tenía olor a petróleo. Este proyecto de ley, también tiene olor, pero no precisamente a gas, y esto es lo que se está debatiendo en el fondo.Adhiero a las expresiones vertidas por el señor diputado Alvarez en el sentido de que sería mejor si hubiera un reconocimiento espontáneo y voluntario de quienes tienen esta responsabilidad. Sin embargo, me parece que hay cierto grado de ingenuidad en esos conceptos, porque el reconocimiento tendría que ser con efecto retroactivo con relación al fondo de este modelo que necesita de esta metodología política para desenvolverse, porque si las instituciones funcionasen como deberían, el modelo no podría hacerlo. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Puricelli. — Señor presidente: el motivo de mi intervención se vincula con el espíritu de nuestro bloque, consistente en que no queremos convalidar irregularidades que no compartimos.

Nuestro bloque consideró importante que la Cámara de Diputados de la Nación no dejase que el proyecto de ley que se aprobó el jueves pasado quedase convalidado como si nada hubiera pasado. Más allá de las comisiones investigadoras que se creen y más allá de la investigación que pueda realizar la propia justicia, no venimos con una moción chicanera a este recinto.Ni siquiera venimos a convalidar la llamada moción mordaza del miércoles pasado. Todos conocemos

que el bloque de la Unión Cívica Radical había hecho uso de la palabra en más de tres oportunidades y había anotado en la lista a más de ocho oradores. A su vez, de acuerdo con manifestaciones hechas en la sala de periodistas, luego de las intervenciones el bloque se iba a retirar del recinto.Nuestra bancada adhiere a todas las manifestaciones democráticas. No tenemos miedo al debate. Prueba de ello es la moción de reconsideración que realizara el presidente de nuestro bloque, que no está dirigida sólo al tema de la votación, sino al ingreso en la profundidad del debate, a fin de que la bancada radical siga diciendo que se opone la transformación de país. Nosotros estamos dispuestos a escuchar pero ellos también deben comprender que el resultado de los votos de esta bancada mayoritaria debe respetarse. (Aplausos.)La moción de reconsideración que proponemos al conjunto de esta Cámara no pretende convalidar la votación realizada en la sesión pasada. Nuestra intención, está muy lejos de ello. Pretendemos que esta iniciativa se apruebe con la voluntad mayoritaria de los legisladores, que legítimamente y por voluntad de pueblo ocupamos estas bancas.En la sociedad debe quedar claro que cuando no se permite en un cuerpo colegiado como el Parlamento que se exprese la mayoría —mediante prácticas de restar quórum o de no prestar colaboración, más allá de que se escuchen los argumentos vertidos-, lo que se quiere, por contrario imperio, es coartar la decisión de la voluntad popular, que nos colocó en estas bancas para transformar la realidad que encontramos cuando finalizó su mandato el gobierno radical. (Aplausos.)Tenemos urgencia en transformar estas leyes, porque queremos hacer lo mismo con el país. Aquí no sólo existen dudas respecto del Parlamento con motivo de las


desgraciadas e injustificables circunstancias del jueves pasado. Aquí también hay duda porque no resultamos operativos al momento de la sanción de las leyes.

El pueblo argentino ha dicho, y lo ha convalidado en las últimas elecciones del 6 de septiembre, que este modelo puede y debe necesariamente funcionar en el marco de las instituciones democráticas. Esto es lo que perseguimos con esta reconsideración: no sólo que se vuelva a votar sino que también se reabra la discusión del proyecto. Así lo hacemos porque nuestro objetivo es cumplir con la razón de ser por la cual fuimos puestos por el pueblo en este recinto: sancionar leyes. Nosotros queremos sancionar la ley de privatización de. Gas del Estado. Podrá no estarse de acuerdo con nuestro planteo y con nuestra propuesta, pero lo cierto es que debe admitirse que tenemos el derecho legítimo de impulsar este proyecto con esas características porque tenemos la mayoría adecuada.Nosotros no nos podemos hacer cargo de la responsabilidad absoluta de lo que sucediera el jueves pasado. Al respecto, han sido claras las manifestaciones del señor presidente de nuestro bloque en relación con la condena de ese hecho. No ponemos en duda ni cuestionamos a la prensa a raíz de la denuncia que formuló


creemos que es oportuna y quizá tuvo que hacerla porque numerosos diputados de otros bloques en lugar de estar aquí se hallaban en otra parte. . . Sr. Breard. - ¿Por qué no la hicieron ustedes?Sr. Puricelli.— Solicito que se adopte el procedimiento reglamentario del artículo 116. No busquemos nulidades que no están previstas en el reglamento, porque por esa vía incluso podríamos convalidar un procedimiento que quite seguridad jurídica a las leyes. Por la vía de las nulidades podríamos llegar a dejar sin efecto la sanción de una ley sobre la que la Cámara se hubiera pronunciado con absoluta legitimidad y sin ningún tipo de cuestionamiento.Nosotros contamos con un reglamento que nos posibilita discutir nuevamente la ley y sancionarla. Los que quieran hacer campaña electoral para la candidatura a senador tienen las tribunas fuera de este recinto. (Aplausos.)No podemos hacer un reconocimiento de culpabilidad, aun cuando nos pueda caber por razones geográficas —como se ha dicho—, de ubicación de este personaje en las bancas, por el interés que persiguen esta bancada que es sancionar leyes y no obstruir el desarrollo y crecimiento de la Nación. No podemos, sin un juicio previo, venir aquí a constituir a la Cámara de Diputados de la Nación en un tribunal popular para que hoy salgamos con la cabeza de algún responsable Esto es lo que nos plantea la Unión Cívica Radical pero es lo que nosotros no queremos.

Lo que queda en claro es que queremos discutir esta ley. Queremos que nos repitan por enésima vez la falta de argumentos para transformación de Gas del Estado; también queremos que nos digan cuál es el sentido de su voto en este recinto.Por estas razones solicitamos que se ponga a consideración del cuerpo el

único remedio reglamentario posible, que es la moción de reconsideración, para que se vuelva a discutir el fondo de la cuestión y para que se sancione con una nueva votación lo que la mayoría legítimamente tiene derecho a sancionar. (Aplausos . Varios señores diputados rodean y felicitan al orador.)Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Breard. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?Sr. Alvarez Echagüe. — Todavía no he empezado a hablar; de todas formas, la concedo.Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.Sr. Breard. — Señor presidente: he solicitado esta interrupción en nombre de la bancada de la Unión Cívica Radical para clarificar y dejar debida constancia en la versión taquigráfica de que el planteo que hacemos respecto a la creación de la comisión investigadora no es para lesionar o condenar por medio de una sentencia penal a alguien, porque no tenemos funciones jurisdiccionales.Lo que estamos discutiendo hoy es la responsabilidad política del Partido Justicialista, que quiso hacer un fraude político. Eso no implica la cabeza de nadie en particular, sino que cabe una responsabilidad en conjunto. Pero también aclaro que si el señor diputado Fernando de la Rúa, presidente del bloque, es candidato a senador, ello se debe a que la bancada del justicialismo no permitió que fuera senador en su oportunidad. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos AiresSr. Alvarez Echagüe.— Señor presidente: porque vivimos en democracia escuchamos las palabras que se acaban de pronunciar y porque vivimos en democracia se ha podido expresar todo lo que se dijo en este recinto hoy.


Hay una cuestión común a todos nosotros. Como decía el señor diputado Puricelli, quizá porque el hecho vergonzante ocurrió de este lado del recinto podrán decir que los justicialistas somos los responsables, pero quisiera recordar al señor diputado Breard que no ha sido voluntad del bloque al que pertenezco hacer fraude para sancionar un proyecto de ley, porque contamos con los votos suficientes para ello, aunque debo aclarar que no me hallaba presente en el recinto en aquella oportunidad porque me encontraba en misión oficial. (Risas.)Como dije, hay algo que es común a todos nosotros y que es la expresión de todos los bloques en repudio a este hecho vergonzante —reitero— que pone una nota negativa más al Parlamento. argentinoTambién es cierto que la democracia nos ha permitido cumplir con lo que el radicalismo pretende: constituir la Cámara en comisión para manifestar todo lo que han dicho. Se oponen al modelo, al proyecto de transformación nacional que encabeza Carlos Menem.

Asimismo, hemos expresado nuestro pensamiento y entiendo que hay una cuestión que existió y que ha merecido el repudio social: hubo


quien se sentó en una banca que no le correspondía y hubo quienes no se sentaron en las bancas cuando era un imperativo que les correspondía. Esto nos debe llevar a reconocer que aquí hubo un hecho inexistente. Todos coincidimos en que una persona extraña al cuerpo estaba sentada en una banca, lo cual significa que la Honorable Cámara no estaba constituida reglamentaria y constitucionalmente. Por lo tanto, cualquier acto ocurrido en esas circunstancias es inexistente y no se rectifica ni se reconsidera un acto inexistente. De manera que lo que corresponde es votar nuevamente.Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. Estévez Boero.— Señor presidente: nadie puede negar que la opinión pública del país, la gente más inquieta de la Argentina, está observando a esta Cámara para ver qué es lo que hace, qué resuelve. Pero la opinión pública no está preocupada por la legitimidad o no de la privatización de Gas del Estado ni acerca de que el quórum del cuerpo sea de 129 o 130 señores diputados —nosotros advertimos que es correcta la interpretación del reglamento que hace el señor presidente—, sino que la preocupación de la República es ver cómo reaccionan los diputados de la Nación ante un hecho de una incorrección gigante, que ha tenido lugar dentro de nuestro recinto y en nuestras bancas. Eso es lo que está mirando la opinión pública del país y nosotros no podemos eludir esa realidad con dialéctica ni con chicanas en ping pong porque lo que está en juego son cosas mucho más serias para nuestro país que ha sufrido tanto en las noches de las dictaduras, desde 1930 hasta la fecha.Miremos a Venezuela, observemos qué pasa cuando no se calculan los costos sociales e institucionales del ajuste. El problema del ajuste —lo hemos dicho infinidad de veces— no

pasa sobre si es necesario o no pero no lo pueden decidir los tecnócratas sin tener en cuenta las condiciones sociales, políticas y humanas de la República. Esta realidad es la que no tiene en cuenta el equipo económico, que está tan urgido por la sanción de las leyes.¿Qué pasa cuando se rompe la legitimidad de la economía? ¿La legitimidad del sistema, la va a venir a reconstruir el Fondo Monetario Internacional? De esto es de lo que tenemos que hacernos cargo los argentinos; día a día es innegable esta necesidad, no es que existan en los gobiernos personas transgresoras de las instituciones por naturaleza, sino porque las políticas que se adoptan van lesionando día a día el sistema institucional.Se lesiona el sistema cuando se abusa permanentemente de los decretos de necesidad y urgencia, también cuando se aumenta sin argumentaciones sólidas el número de miembros de la Corte Suprema de la Nación, lo mismo cuando se cambia la integración del Tribunal de Cuentas de la Nación. Asimismo se lesiona el sistema cuando se despoja a la Fiscalía Nacional de Investigaciones Administrativas del rango y la jerarquía que debiera tener.Se avanza y se presiona al Parlamento exigiendo la sanción de leyes. En primer lugar, esa presión la sufre el bloque de la mayoría. En la sesión anterior, en honor a la verdad y en virtud de los hechos planteamos durante la densa espera la necesidad de levantar la sesión. El señor presidente en dos oportunidades buscó con la mirada el consenso para levantar la sesión, pero era necesario seguir adelante; era imperioso aprobar esa ley cuya fecha de sanción no pone en juego nada y que de igual manera hubiese sido aprobada esta semana o en su defecto en la próxima.De todas maneras, mucho mayor ha sido el precio que pagó la República por querer apurar la sanción cuando


no estaban dadas las condiciones para ello y este precio lo paga todo el país también el plan económico que quieren imponer.Resulta necesario que pensemos en el país; aquí no está en juego la sanción de una ley. Día a día vamos aproximándonos a poner en juego la vida institucional del país, eso es lo que nosotros queremos defender. No nos interesa defender una decisión, a varios oradores o la aprobación o no de una ley. Nuestro bloque ha fijado su oposición a este régimen del gas, hemos votado en contra y volveremos a hacerlo, pero debemos velar por el mantenimiento de nuestras instituciones. Asumimos esa responsabilidad, que es más grande de lo que podemos imaginar en este momento por el que atraviesa el país.Si recurrimos al Diario de Sesiones, advertiremos que cuando la Presidencia planteó el quórum con 130 señores diputados inmediatamente se produjo la votación en general. Si nosotros, tenemos la semiplena prueba de que esos 130 señores diputados presentes incluyen al intruso. . .Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia advierte al orador que ha vencido el tiempo del que dispone para hacer uso de la palabra.Sr. Estévez Boero.- Si se ha logrado el quórum a través de un intruso, es necesario no desconocer que esta sesión es nula.Por eso, por lo que está esperando la gente, decidamos nosotros -porque no creo de-


ba decidir la gente sino sus representantes en el Parlamento, aplicando las normas-, pero no avancemos en otra cosa que no sea jerarquizar el tratamiento de lo que pasó y después tratemos el proyecto de ley que debemos considerar con la presencia de todo el mundo. Por las razones expuestas, apoyamos que la Cámara se constituya en comisión.

Sr. Presidente (Pierri.). — Tiene la palabra la señora diputada por Corrientes.Sra. Tacta de Romero. - Señor presidente: he escuchado con muchísima atención las palabras de todos los señores diputados que me han precedido. Se habló de varios temas, pero principalmente de tres: de un falso diputado, de un quórum que puede ser de 129 o de 130 diputados y de una votación cuyo resultado puede ser o es discutido.También se han propuesto varias soluciones, como la reconsideración que prevé el artículo 116 del reglamento. Aquí voy a disentir con mi distinguido par, el doctor López de Zavalía. Él sostiene que la reconsideración no es posible porque solamente puede darse cuando ha habido una sanción válida de la Cámara, pero quisiera preguntarle por qué se revé algo. Se revé algo cuando no está bien. Además, si hubiera sido posible la reconsideración, debió haberse dado en la misma sesión. En eso le doy la razón. No sucedió en la misma sesión; la reconsideración quizás no sea posible.Se habló asimismo de la nulidad, pero quiero recordar que la nulidad es un hecho jurídico. La nulidad no existe si no es declarada por ley. La nulidad es un hecho cuya existencia no se puede afirmar con sólo admitirlo, o con sólo asumir alguna responsabilidad, como aquí se dijo. La nulidad debe ser declarada por ley, y eso es algo que aquí no corresponde.Por último, se habló de un pedido de rectificación que está previsto en el

artículo 179 del reglamento. La rectificación es inadminisble cuando hay dudas con respecto a la votación Pero aquí se votó; nadie impugnó; nadie hizo ningún cuestionamiento. Recién después de terminada la votación, surgieron dudas al respecto, dudas que considero legítimas. No digo absolutamente nada sobre el particular porque cuando está en la conciencia del público y en el pensamiento del pueblo la necesidad de que la Cámara revea algo, creo que tenemos el deber de hacerlo. Y está en la conciencia de todos los señores diputados, peronistas y no peronistas, el deseo de encontrar una solución, pero no con un desplante, con apariciones televisivas, radiales o verbales en general, sino atendiendo a la exigencia de que este recinto sea serio y correcto, como todos lo merecemos.Propondría entonces que apelemos al artículo 39 del reglamento que, entre otras atribuciones y deberes de la Presidencia, establece la de proponer una nueva votación. Pediría que busquemos entre nosotros el camino más apto o el mecanismo más apropiado para tratar de encontrar un remedio jurídico y político que nos complazca a todos. En consecuencia, debería votarse de nuevo para que queden claras las conciencias y se aclare también el deseo del justicialismo de cumplir con su deber; dejándole al pueblo bien establecido que jamás se quiso estafar a alguien y que jamás se quiso violar una ley; si algo ocurrió ese algo no nos compete; no obstante, deseamos tratar de solucionarlo. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri), -- Tiene -la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Albamonte. — Señor presidente: estar en esta zona del recinto produce cosas positivas y otras negativas. Entre las negativas está tener que esperar cuatro o cinco horas sentados en nuestras bancas que los bloques mayoritarios


terminen con las arduas negociaciones y bajen al recinto: y entre las positivas está poder observar muchas veces duelos verbales y dar una opinión independiente, por lo que en reiteradas oportunidades depende de nosotros, los bloques minoritarios, si traemos o no agua para nuestro molino y máxime en un debate como éste.En este momento creo que sería una gran irresponsabilidad adoptar una actitud de esa naturaleza, porque lo que aquí está en juego es el prestigio de una de las instituciones más importantes del país: la Cámara de Diputados de la Nación.La totalidad de mi bloque estuvo presente los días miércoles y jueves de la semana pasada. Fuimos nueve cuando tendríamos que haber sido diez, porque lamentablemente todavía no sabemos por qué esta Cámara no trato la incorporación del diputado suplente, como lo establece nuestro reglamento. En consecuencia, nadie puede hacerse el distraído porque todos en este recinto sabíamos que la técnica del bloque radical era alargar el debate al máximo y luego retirarse. Esta técnica que se escuchaba en los pasillos fue incluso claramente señalada por algunos legisladores de esa bancada ante los medios de comunicación. Yo escuché un reportaje en Radio América, donde un diputado decía: "no vamos a acompañar con nuestro voto y probablemente tampoco con


nuestra presencia". Quiere decir que anotarse en la lista de oradores —algo absolutamente legítimo que nunca cercenaremos con una moción mordaza— era utilizado para alargar el debate.Lo cierto es que cuando se reanuda la sesión —el día jueves- no se necesitaba quórum, porque veníamos de un cuarto intermedio. Sin embargo, el acto inicial de esa reunión era votar en general el proyecto de ley que teníamos en discusión. Y aquí tengo que señalar mi satisfacción, a pesar de que es una contradicción con la actitud del presidente de la Cámara. A gritos le pedí la palabra y no me la dio. Creo que el señor diputado Matzkin hizo algo similar, porque entendíamos que el quórum de la Cámara es 129 y no 130 señores diputados.

Así opinan entre otros los prestigiosos constitucionalistas Pablo Ramella, en su obra Derecho Constitucional, página 518; Rafael Bielsa, Derecho Constitucional, página 407.Sr. Presidente (Pierri). - El señor diputado Seguí le solicita una interrupción, señor diputado.Sr. Albamonte. — Pido disculpas al señor diputado por no concederle la interrupción, pero dispongo de tan pocos minutos que quisiera agotar mi tiempo.Sr. Presidente (Pierri). — Le quedan dos minutos, señor diputado.Sr. Albamonte. - De todas formas haré una moción.En sentido similar opinan el constitucionalista González Calderón, Derecho Constitucional, página 486; Linares Quintana, Derecho Constitucional, tomo VIII, página 302; y Montes de Oca, Derecho Constitucional, tomo II, página 141.Todos ellos coinciden en que el quórum debe lograrse de acuerdo con lo establecido en el artículo 56 de la Constitución Nacional, según el cual la sesión no puede iniciarse sin la mayoría absoluta de los miembros del cuerpo. Nuestro reglamento habla de la mitad más uno porque fue

elaborado cuando la cantidad de miembros de la Cámara terminaba en número par.En realidad, el término mitad más uno es aplicable exclusivamente en el caso de que un cuerpo tenga un número de integrantes que termine en cifra par. Rescatando la opinión de uno de los más prestigiosos constitucionalistas americanos —el mexicano Félix Ramírez— en uno de sus trabajos Linares Quintana señaló que la mayoría absoluta está integrada por más de la mitad de los votantes.Es impropio decir que la mayoría es la mitad más uno, ya que cuando el número es impar no existe la mitad. Yo preguntaría, señor presidente —ya que usted acepta la teoría de la mitad más uno—, cuál es en este momento la mitad de la Cámara. Un número impar no permite que existe tal mitad.Pertenezco a un bloque que jamás ha restado quórum. Para sorpresa de algunos hace pocos días varios integrantes de nuestro bloque votaron en contra de la nueva reforma tributaria.Tenemos libertad de conciencia para apoyar lo que consideramos correcto —como la privatización de Gas del Estado— y para señalar lo que consideramos erróneo. Pero nunca apelamos a la práctica de restar quórum porque consideramos que es una política inaceptable.

La sociedad nos votó para que estemos aquí, para que demos quórum, para que expresemos nuestra opinión, para interpretarla, para que votemos a favor o en contra, pero de ninguna manera para que restemos quórum en forma —a mi modo de ver— absolutamente antiparlamentaria.Deseo formular una moción de orden porque considero que la situación planteada el jueves pasado adquiere graves ribetes que afectan el prestigio de esta Cámara, aunque no es la primera vez que sucede un hecho de similares características. Debemos dejar de lado la hipocresía


y no rasgarnos las vestiduras porque los que hace tiempo trabajamos en esta Cámara sabemos que en esos largos debates de madrugada a veces algunos asesores vienen a hablar con algunos diputados –ocurre en todas las bancadas- y se sientan en bancas libres para poder hablar con ellos. Sin duda tal proceder es incorrecto, pero hasta ahora no he escuchado ninguna observación en tal sentido.Lo que aquí ha ocurrido es que un señor, ajeno a este cuerpo, se sentó en una banca en el preciso momento en que el tablero marcaba 130 diputados presentes y de acuerdo con el criterio —a mi modo de ver equivocado, por exceso de celo- del señor presidente de esta Cámara, ése es el número que indica el quórum.Por todo lo expuesto, apoyaré la rectificación de la votación. La voluntad política es la de privatizar Gas del Estado. Además, la oposición no presentó una alternativa; lo único que hicieron fue pararse e irse. No sería un buen político —igual creo que no lo soy —. . . (Aplausos.)... si no pusiera de manifiesto que están con la sangre en el ojo. El radicalismo sabe muy bien que si se convalida el quórum sin su presencia, su poder político se reduce a cero; eso es lo que no aceptan, señor presidente. (Aplausos.)Tal como lo ha expresa o el señor diputado Breard —es posible que con lo que diré se enojen mis amigos radicales y mis amigos justicia-


listas—, mediante el acuerdo de las dos principales fuerzas políticas se impidió que el Pacto Autonomista Liberal asumiera luego de las elecciones que ganara y es así que se desembocó en la intervención a. la provincia de Corrientes.Son esas cosas que tiene la política.No estamos aquí para hacer amigos ni para que nos miren bien de un lado o de otro; estamos para representar a la ciudadanía que nos votó y nos sentó en estas bancas, para que demos quórum, para que señalemos con energía los errores y para que apoyemos las sanas medidas que benefician a la sociedad, sin pensar si ello suma o resta votos.Formulo moción de que se constituya una comisión de tres miembros de esta Cámara -porque bien dice la Constitución que nosotros mismos somos los jueces de nuestros propios actos—, los que deben ser elegidos excluyendo a quienes estuvieron ausentes en la sesión anterior y al bloque Justicialista.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Breard. - Pido la palabra por haber sido aludido, señor presidente.Sr. Presidente(Pierri). — Señor diputado Flores: el señor diputado Breard solicita la palabra por haber sido aludido. ¿Le concede la interrupción?Sr. Flores. — Señor presidente: no puedo decir que le concedo la interrupción porque al señor diputado Breard le corresponde hacer uso de la palabra en razón de haber sido aludido, de manera que no tengo inconveniente en que le conceda la palabra.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene palabra el señor diputado por Corrientes.Sr. Breard. — Señor presidente: recién escuchaba cómo el señor diputado Albamonte justificaba su libertad de conciencia para votar a veces en el mismo sentido en que lo hace el peronismo y eventualmente en contra. Esto me hace recordar lo

que ocurre en las Naciones Unidas: cuando Estados Unidos —país dominante— necesita imprescindiblemente votos, históricamente México ha acompañado todas sus decisiones, pero cuando le sobran votos, México quizá sea el país que más haya gritado en su contra. Es lo que hace Albamonte en forma permanente respecto del peronismo.Se observan en el señor diputado Albamonte actitudes dubitativas y duales en las que le da lo mismo que lo voten o no en la Capital Federal, porque cuando pierde se va a la provincia

de Buenos Aires...." 2 "... o, como ocurrió en e1 último plenario de la UCEDE cuando Durañona y Vedia denunció a Albamonte y le dijo que le ocurrirá lo mismo que al conservador Hardoy, quien después de 50 años reconoció el fraude que se hizo en la década del 30. En este caso, dentro de 50 años quizás Albamonte reconozca el fraude que le hizo a Durañona y Vedia: cuando estaba perdiendo se fue y así no permitió que se lograra el quórum porque no le convenía. No le gusta perder; por eso siempre está con los oficialistas de turno.Con respecto al tema de Corrientes quiero decir que es algo muy caro a los sentimientos de los correntinos, y no vamos a permitir que ningún diputado "chusma" critique la lucha que estamos dando los correntinos contra un régimen al que nos oponemos en nuestra provincia.En nuestra campaña electoral hemos dicho públicamente a todos los correntinos lo que íbamos a hacer los partidos de la oposición, siendo la nuestra la única provincia del país que tiene sistema de colegio electoral. Hablamos de la ética de la oposición y dijimos que el partido de

2 Acto seguido el orador formula expresiones que han sido suprimidas de la versión taquigráfica a raíz del pronunciamiento adoptado por la Honorable Cámara. - (Véase Página 6508.)


la oposición que más votos obtuviera tendría que asumir el gobierno, porque debíamos terminar definitivamente con el Pacto Autonomista Liberal en Corrientes, que quería. andar bien con el proceso y con Alfonsín, con los dos senadores en el Congreso, y que cuando cayó Alfonsín fue su primer detractor. Ahora quieren andar bien con Menem. Debemos terminar con todas estas cosas.No tengo nada que ver con los justicialistas -como bien saben—; lo que hicimos fue cumplir nuestro compromiso expresado en la campaña.En el último informe económico del interventor Durañona y Vedia, nos habla del desastre económico que nos dejaron en la provincia. Corrientes debe mil millones de dólares —más que Bolivia y la mitad que Paraguay— y exportamos sólo 30 millones de dólares.Estamos cansados, señores diputados, de lo que ocurre en Corrientes. La Federación Argentina de Colegios de Abogados pidió la intervención al Poder judicial . . .


Sr. Breard. - La Federación Argentina de Colegios de Abogados reunida en San Luis facultó a la mesa...



Sr. Breard. — ¡Son autoritarios, y por eso van perder!La Federación Argentina de Colegios de Abogados delegó el día domingo a la mesa que vaya a Corrientes a hablar con la federación load, y que si lo cree necesario también pida la intervención al Poder Judicial.La Convención de la Unión Cívica Radical solicitó 15 días atrás la intervención al Poder Judicial.-Varios señores diputados hablan a la

vez.Sr. Breard.— Pero en definitiva, señor diputado Albamonte lo que vamos a permitir es que con sus artilugios pretenda ridiculizar a los correntinos.

—Varios señores diputados hablan a la vez1.

Sr. Albamonte. — Pido la palabra por haber sido aludido.Sr. Leconte. - Pido la palabra. —Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. Presidente (Pierri).— La Presidencia advierte a los señores diputados que este no es el ámbito para dirimir los problemas que se suscitan en las distintas provincias y les solicita que se circunscriban al tema en consideración.Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Albamonte. — Señor presidente, quiero llamar a la reflexión al señor diputado Breard, por quien tengo un gran afecto porque sé que es una persona honesta. Así lo he dicho públicamente, como él sabe. Tenemos fuertes diferencias políticas, pero creo que él no es de aquellos de los que se escudan en las suposiciones para lanzar infundios que no le constan.Pienso que el señor diputado Breard,

1 Acto seguido se produce un intercambio de opiniones entre el señor presidente y el señor diputado Breard acera de expresiones que fueron suprimidas de la versión taquigráfica raíz del pronunciamiento adoptado por la Honorable Cámara, (Véase página 6508.)

como otros colegas y como yo, cuando hacemos una denuncia a la debemos respaldar con una presentación ante la Justicia. Manifestar que se dice tal cosa por los pasillos no resulta serio ni está a la altura de una persona como el señor diputado Breard.Por otro lado, me sorprende y me llena de satisfacción saber lo enterado que está del acontecer del Comité Nacional y de todo lo relacionado con la vida partidaria de la UCEDE.No quiero distraer a la Cámara con esta cuestión. Las internas a veces se ganan y en otras oportunidades se pierden. Tuvimos la suerte de ganar la interna con el 75 por ciento de los votos; mañana podemos perderla por el mismo margen. Principalmente quiero agradecer al señor diputado de la Unión Cívica Radical Noel Breard, quien ha defendido casi mejor que cualquiera de nosotros a un hombre importante, cuya falta se siente en este Parlamento, que es el doctor Francisco de Durañona y Vedia.Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores. - Señor presidente: hace algunos días leía reflexiones de un funcionario del gobierno quien expresaba -refiriéndose a temas más generales que el que hoy nos ocupa- que la actividad política nos colocaba en una lucha constante y permanente contra la repugnancia.Siguiendo con esa reflexión, quiero agregar que cada vez que bajamos los brazos en esa pelea contra la vergüenza, cada vez que nos escudamos en argumentos de medios que justifican algún fin y cada vez que nos plantemos abandonar ese combate contra la repugnancia, los enemigos de la democracia gana una de las batallas del combate permanente que libran contra ella.En base a este principio debemos analizar 1o que tratamos de resolver hoy en este recinto. Seamos honestos: ya sabemos que la gente


que está fuera del Congreso ha dirigido una mirada de reproche hacia el Parlamento argentino. Tiene formada su opinión, independientemente de lo que digamos; cuenta con elementos para ello. Hay un hombre que dice que en el momento de la votación estaba sentado en una banca. ¿Qué puede pensar la sociedad al respecto?Si no somos capaces de mirar desde la propia vergüenza la forma de solucionar este tema, será muy difícil convencer a la gente de que somos capaces de exorcizar nuestros propios demonios. No debemos instalar la lógica de la política deportiva. Desde la bancada de la oposición se busca exprimir el tema hasta alcanzar la saña Así, el señor diputado de la Rúa plantea el tema de la comisión investigadora y solicita que de ella se excluya al Justicialismo, como si este bloque no integrase esta Cámara. También está el reconocimiento explícito que hace el propio señor diputado Moreau, afirmando que existe una relación causa-efecto y pretendiendo instalar en el debate el tema de Gas del Estado. No


tiene ningún sentido practico mezclar una discusión con otra para resolver la cuestión que nos compromete a todos.Tenemos que decir a la gente que estamos dispuestos a votar de nuevo. Todos hemos expresado aquí, en forma más atemperada o más explícita, que la votación que se realizó la semana pasada no es válida, porque está bajo la sospecha de que el quórum no existía en ese momento, con motivo de una persona sentada irregularmente. Creo interpretar lo dicho por el señor diputado Alvarez Echagüe, que también pertenece a esta bancada: no tiene sentido la discusión del artículo 116. No es el mejor remedio, porque se daría de cabeza con lo que se está diciendo. No se puede reconsiderar algo que, como todos sabemos y reconocemos, no tuvo validez al momento de producirse. Pero no creo que la forma sea buscar una nulidad completa para volver a discutir los argumentos que en abundancia se esgrimieron. Yo soy uno de los que quedó “afuera" cuando el diputado Matzkin planteó el cierre de la lista de oradores, pero no me siento agraviado por ello. Tendré posibilidades de explicitar mis diferencias durante la discusión en particular. Además, las opiniones generales -digámoslo también con honestidad--- habían sido profusamente planteadas.Tenemos que emitir un mensaje que sea lo más transparente posible, que no deje dudas, y que consiste en reconocer —porque no puede estar contemplada en el reglamento una situación tan absurda como la que aquí se vivió— que la votación del jueves pasado no fue regular, que sucedió un hecho que la transforma en irregular y que por lo tanto es necesario que se produzca nuevamente. Ello, sin entrar a plantear si desde este lado podemos obtener los mayores réditos políticos, porque naturalmente eso genera los mecanismos de defensa y la sociedad recibo mensajes confusos. De un lado

y del otro conseguiremos los aplausos de los propios, pero entonces vamos a estar ratificando que esto es nada más que una escenificación, una especie de teatro en donde los únicos que creen lo que está sucediendo son los propios actores, a quienes nadie mira.Si queremos que la sociedad y la gente nos mire con más respeto y pretendemos no hacerle el juego a los que se prenden en todo este sainete para desvirtuar y bastardear el mecanismo más importante de vinculación ente el poder y la sociedad, hagamos un gesto rápido y contundente. Definamos con claridad que es necesario volver a votar y punto. Pongamos en marcha una comisión investigadora que llegue hasta el hueso y no tengamos el menor temor de lo que de allí pueda surgir. Así es posible que nuestras acciones se coticen un poco mejor en una sociedad que está descreída. (Aplausos.)

2CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Leconte.- Pido la palabra para una cuestión de privilegio.Sr. Presidente (Pierri).- Dado que la Cámara está considerando una moción, el señor diputado debería solicitar permiso al diputado por Buenos Aires a efectos de hacer uso de la palabra.Sr. Baylac.- No tengo inconveniente en que el señor diputado haga uso de la palabra, señor presidente.Sr. Presidente (Pierri).- Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.Sr. Leconte.- Señor presidente: el señor diputado Breard, a quien he respetado en toda circunstancia al igual que a todos mis pares, me ha agraviado en este recinto imputándose actitudes dolosas en mi vida pública, como que fui senador debido al doctor Alfonsín, a quien después habría agraviado, o que


desgoberné mi provincia cuando me tocó ser gobernador de ella. Además, citó cifras que son falsas, algunas de ellas desmentidas en un pronunciamiento público de mi partido, que no fue rechazado por el oficialismo que hoy gobierna Corriente. Por ello, me siento herido.Además, el señor senador de la Rúa y el entonces senador Berhongaray saben cuál ha sido mi conducta y mi tarea en el gobierno de Corrientes. Aquí hay ex funcionarios del Poder Ejecutivo del doctor Alfonsín, y conocían la realidad de Corrientes así como también la seriedad y honestidad con que administré los dineros públicos.El señor diputado Breard ha tenido una actitud desmedida al plantear estas cosas, que seguramente no constituyen la interpretación del bloque radical ni de su partido, que conoce con qué lealtad hemos actuado siempre en la vida pública y en todos los demás actos de nuestra vida. Las expresiones fuera de lugar del señor diputado Breard y otras del señor diputado González Cabañas ayudan a comprender cuál es la realidad de Corrientes, por qué su pueblo nos


da el respaldo mayoritario de manera reiterada y por qué algunos partidos venden los votos y los pierden al decaer la confianza popular.Sr. Presidente (Pierri).- Se va a votar si se acuerda trato preferente a la cuestión de privilegio planteada por el señor diputado por Corrientes.

- Resulta negativa

Sr. Presidente (Pierri).- La cuestión de privilegio pasa a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

3

MOCIONES (Continuación)

Sr. Presidente (Pierri).- Prosigue la consideración del asunto en discusión.Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Baylac. — Señor presidente: quisiera llamar a una reflexión a la Honorable Cámara. . . Sr. González Cabañas. — Pido la palabra porque he sido aludido, señor presidente.Sr. Presidente (Pierri), La Presidencia estima que debe pedir la interrupción al señor diputado en uso de la palabra.Sr. González Cabañas. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?Sr. Baylac. — Sí, señor diputado.Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.Sr. González Cabañas. - Señor presidente, señores diputados: las expresiones formuladas por el señor diputado Leconte reflejan la síntesis más acabada de lo que voy a manifestar.A los radicales y a los peronistas en Corrientes, nos une el espanto que significa y significó el Pacto Liberal Autonomista, socios directos del proceso, que destruyó a la provincia no sólo en el aspecto cultural sino en el económico, y ahora vienen a hablar en este recinto de la democracia, de

la soberanía popular, del federalismo, cuando en Corrientes sufrimos exactamente por lo contrario.Lo que debe quedar en claro es que los peronistas siempre nos jugamos por la democracia, por la soberanía del pueblo, por las cosas que han representado al pueblo argentino. Por eso mismo tampoco avalamos lo ocurrido el jueves pasado o, porque las bancas las conseguimos en la lucha en contra de la proscripción y de todos los sistemas opresores. Por ello queremos claridad total sobre este asunto, porque no concurrimos aquí para avalar esto. En Corrientes no sólo con un diputado "trucho" sino con tres electores "truchos" firmaron y quisieron robar la gobernación, y tuvo que dictarse un fallo claro para evitar que los correntinos sufriéramos un régimen ilegítimo.Por eso, queremos dejar bien claro que aquí no se trata de venir a hacer "cuello duro" cuando en Corrientes sabemos perfectamente lo que han hecho.Sr. Leconte. — Las palabras del señor diputado son mi mejor defensa.Sr. Presidente (Pierri).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Baylac. — Señor presidente: luego de está discusión legítima entre los representantes de la provincia de Corrientes no es difícil rememorar el debate central que estuvimos protagonizando. Por momentos, al escuchar a los responsables de la bancada oficialista parecería que estamos inmersos en una ruta mirando un espejismo, es decir algo que aparece a la distancia pero que en la medida en que se va llegando nunca se alcanza, una cosa inexistente. Traté de buscar, en lo que manifestaron los señores diputados Matzkin, el representante por Santa Cruz diputado Puricelli y también en lo señalado por otro representante de esa provincia, el señor diputado Flores; en qué consiste este espejismo. El señor diputado Matzkin decía que había una conspiración entre el periodismo


y el radicalismo; yo no lo creo. Decía el señor diputado Puricelli que no busquemos artilugios —aunque más precisamente él hablaba de nulidades— que no están previstos por este reglamento.Por decisión de esta Honorable Cámara he sido designado presidente de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. Es obvio que no tengo los niveles académicos de prestigiosos hombres, de ilustres profesionales e incluso profesores universitarios, pero en estos días debí buscar argumentos -por si se nos consultaba sobre esta cuestión- para dar respuestas que de alguna manera interpretaran lo ocurrido el jueves pasado.Lo que pasa, señor diputado Puricelli, representante de la provincia de Santa Cruz, es que no podemos buscar nulidades donde no están, porque el reglamento no prevé el fraude. Esta es la realidad. El espejismo es el artilugio para ver de qué manera inventamos una forma para que se limen las responsabilidades, que es lo que no queremos los radicales para que no se generen complicidades en un hecho de fraude.


Aquí hubo maquinaciones tendientes a violar lo que no existía; se pretendió procurar un espejismo en el marco de esta Cámara. Es cierto; no podemos encontrar en el reglamento algo que no prevé, como es la nulidad del fraude, porque es un conjunto de normas a las que nos sometemos todos para convivir en un orden, que es el orden de la Cámara; para que no haya anarquía.No es cierto que se necesite una ley para anular un acto propio de la Cámara. Aquí no se declara la nulidad de una ley sino la nulidad de algo que no existió; es nulo porque no existió. No lo podernos generar.La "derecha" nos presenta aquí al señor diputado Albamonte, quien, sorprendiendo a todos, se ha vuelto constitucionalista. El señor diputado Albamonte ha sido de todo en esta etapa democrática, y ahora también es constitucionalista; pero como no entiende, confunde. Albamonte y la derecha quieren justificar el fraude.Por eso rescato al liberal Clérici, quien dice que es claro que aquí hay que poner las cosas en su lugar: blanco sobre blanco y negro sobre negro. Aquí ha existido un fraude y el radicalismo no quiere ser cómplice de él, como tampoco lo quieren ser los señores diputados que no están involucrados en el ardid.No buscamos que rueden cabezas sino qué haya responsables que limpien del fraude este recinto. Buscamos que no haya capataces . . .Sr. Zaracho. — ¡Venga a la Cámara, señor diputado!Sr. Baylac. — . . .que nos pretendan convertir en obreros de leyes. Somos representantes del pueblo y venimos aquí a reflexionar. . .-Varios señores diputados hablan a la

vez.Sr. Baylac.- . . . a pelearnos, a confrontar, a dialogar y a buscar la unidad nacional. . .


Sr. Baylac. - No se busca con espejismo, con imputaciones

irresponsables de un presidente de la Nación que pretende generar en la sociedad el sentimiento de que hay diputados “ñoquis”.-Varios señores diputados hablan a la

vez.Sr. Presidente (Pierri). — Señores diputados: guarden el orden y respeten al orador. Si algún señor diputado quiere hacer uso de la palabra, lo debe solicitar.Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Baylac. - El señor diputado Puricelli dejó en este recinto el interrogante de si los justicialistas eran o no responsables de este -para ellos- espejismo y fraude para nosotros.Dejó la duda, como si un OVNI hubiera depositado esa tarde a un señor anciano en una banca. Seguramente, como no hay asientos en la Cámara y no hay salas —acá cerquita hay una—, y se sentía descompuesto, ese señor quiso sentarse en la banca más cómoda. Nadie le indicó -los empleados del bloque tampoco-: "señor, si se siente mal, ¿por qué no va al sanatorio o un hospital?". Teníamos en la puerta una ambulancia; quizás fue una previsión frente a este espejismo que se nos iba a presentar.El fraude tiene que ser combatido enérgicamente con una decisión de nulidad, no de rechazo; no con sobreactuación, ni con la búsqueda de artilugios, ni con el intento de que ruede alguna cabeza. Me pregunto si es el viento de Santa Cruz el que hace que un diputado de esa provincia, Flores, pida la nulidad, y otro, Puricelli, solicite la reconsideración. Y el señor diputado Matzkin avanzó más en el espejismo: si no se consiguieran los dos tercios, quedaría convalidada la sanción.

Quisiera reiterar los conceptos expresados por nuestro presidente de bloque, no porque me sienta docente de nadie sino porque me siento responsable del puesto que ocupo en esta Cámara. Interpretando el reglamento, acá hay que declarar


nulo, de nulidad absoluta, lo ocurrido el día jueves. En primer lugar, porque la reconsideración no procede al no haber habido sanción. En segundo lugar, porque no hubo quórum legal. Y en tercer lugar, porque hubo un individuo que, para Puricelli y Matzkin lo trajo un OVNI, y para nosotros, un ardid, se sentó indebidamente en una banca para ejercer la representatividad popular en este Congreso. Esto torna nula, de nulidad absoluta, la sanción.Me permito discrepar con la señora diputada Tacta de Romero, vicepresidenta de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento. No es necesario declarar la nulidad por ley. Es necesario que esta Cámara se constituya en comisión y que luego vote un proyecto de resolución que determine la nulidad. Así, quedará nuevamente habilitado el debate y se podrá aprobar el proyecto de ley como corresponde. No hagamos artilugios. No entremos en el espejismo.No encontraremos la realidad de la transformación argentina, Puricelli, contando el cuento de los ilusionistas. La única verdad es la realidad, decía Juan Domingo Perón. (Aplausos.) Y la realidad y la verdad es que el jueves pasado en esta Cámara hubo fraude, y Perón lo habría sancionado con estas palabras. Hagan


alguna vez algo de peronismo, ya que los imbuye tanto el sentimiento antirradical (Aplausos.)Sr. Puricelli.- Pido la palabra por haber sido aludido.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Puricelli. - Señor presidente: con la confianza que le dispenso al señor diputado Baylac por haberme llamado familiarmente, por mi apellido, deseo aclarar que yo nunca dije que aquí vino un ovni a poner a alguien en las bancas.Nosotros podemos válidamente decir quién tiene la responsabilidad objetiva, es decir, si fue un hecho casual, culposo o doloso. Muchos de los colegas de mi bancada —como fue reconocido- se sienten afectados por este hecho y quieren una sanción. Lo que nosotros no podemos es asumir una responsabilidad que no tenemos. No podemos proceder como quiere la bancada radical, esto es, que asumamos una culpabilidad que no tenemos; responsabilidad que por cierto está muy lejos de nuestra conducta. Lo único que queda es convertir a esta Cámara de Diputados en un tribunal popular para empezar a buscar al responsable; y en este sentido creo que equivocaríamos el método.También se dice que el remedio es la nulidad, porque se sostiene que no existió la votación. Mal se puede declarar la nulidad de un acto inexistente; si no existió, no puede ser nulo. En ese caso será un acto ineficaz. Por eso, reitero que el camino que nos da el reglamento —lo cual no es ninguna chicana- es la moción de reconsideración, para que se trate el fondo de la cuestión y se vuelva a votar.No queremos convalidar la votación del jueves. Queremos que la bancada radical y el conjunto de esta Cámara nos permitan tratar el proyecto de ley que teníamos en consideración. La existencia del diputado "trucho", la investigación de lo ocurrido y la

sanción consecuente —a la que adheriré cuando se encuentren los responsables—, es otro tema. Mezclar todo es pretender no encontrar la verdad; es tratar de hacer responsables a todos, cuando no todos lo somos. Y principalmente, es obstaculizar el fin primordial de esta Cámara, que es sancionar leyes, y yo quiero ser un obrero de las leyes.Nuestras reflexiones deben terminar con la sanción de una ley y no en discursos, agravios o campañas electorales fuera de lugar; tampoco obstaculizando la transformación de la Argentina en la que estamos empeñados, y la vamos a lograr para felicidad de todo el pueblo argentino y también de los radicales. (Aplausos).Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Santa FeSr. Natale. — Señor presidente: estamos ante un hecho político muy grave que todos hemos censurado decididamente. Algunos lo hicimos en forma inmediata cuando el hecho se planteó, apenas tuvimos noticias de que había acontecido. De allí que nuestro planteo en particular está absolutamente despojado de toda connotación de oportunidad política, habida cuenta del rechazo categórico que desde el primer momento hicimos de ese episodio.Por eso la necesidad de encuadrar jurídicamente la decisión que tiene que tomar este cuerpo para resolver el problema planteado. Hay acuerdo generalizado en cuanto a que el régimen legal de administración del gas recién tendrá eficacia jurídica a partir de una nueva votación favorable por parte de la Cámara de Diputados. En eso estamos todos de acuerdo; nadie quiere reconocer la eficacia del acto de la semana pasada.A pesar de coincidir con el fondo del problema, ayer hemos estado cuatro horas reunidos en la Comisión de Labor Parlamentaria y hoy ya llevamos tres horas debatiendo el


tema sin que al parecer se hubiera encontrado un punto de solución jurídica a esta cuestión que nos concierne a todos por igual. Hay dos posturas: la del justicialismo, que ha pedido la reconsideración, y la de la Unión Cívica Radical, que ha pedido la nulidad de la sanción.El argumento de la nulidad suena en forma más rotunda, parece una expresión más categórica. Sin embargo, padece de una endeblez jurídica sustancial. Lo voy a explicar en breves palabras, señor presidente.Se invocan los artículos del Código Civil referidos a la nulidad de los actos jurídicos, cuando en realidad éstos versan obre la nulidad de los actos de los particulares, la que debe ser declarada por los jueces. Otro es el ámbito de la eficacia o no de los actos de los órganos del Estado; cada uno tiene un tratamiento especial.Los actos del Poder judicial pueden ser anulados por el mismo Poder judicial en una instancia especial. Los actos vinculados con el derecho administrativo tienen también un tratamiento específico, y los actos del Poder Legislativo. . .Sr. de la Rúa. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la autorización de la Presidencia?Sr. Natale. - Sí, señor diputado.Sr. Presidente (Pierri), - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.


Sr. de la Rúa. —La invocación del artículo 953 del Código Civil fue hecha en referencia a una regla ética vinculada con el fundamento del derecho. No se señaló que el Código Civil fuera el que regula los actos públicos sino que dicho artículo es la síntesis del fundamento moral del orden jurídico.Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. Natale. — Comprendo el sentido ético mencionado por el señor diputado de la Rúa, pero continuaré con mi argumento jurídico.Los actos del Poder Legislativo tienen una forma de crearse y una forma de extinguirse, Ello está regulado por la Constitución y el reglamento que cada una de las Cámaras dicte. Si una de ella pudiese anular un acto adoptado por sí misma con anterioridad, podría darse la singular paradoja de que estaría abrogando una norma que ya tuviera entidad; ello ocurriría por decisión unilateral de una de las Cámaras. Ahora se pide la nulidad de un acto reciente, de la semana pasada, pero si se descubriera que hace cuatro meses ocurrió un episodio similar, con esta misma línea argumental se podría solicitar la nulidad de la sanción ocurrida en aquella oportunidad y posiblemente se trate de una sanción ratificada por el Senado, promulgada por el Poder Ejecutivo, publicada y en vigencia. Nos encontraríamos entonces con que una de las Cámaras descubre un vicio de procedimiento en uno de sus actos ocurrido tiempo atrás y a partir de allí, pretende invalidar una norma que es ley de la Nación, que no puede ser invalidada por otra que no sea la derogación, tal como la Constitución establece.Por supuesto que todos los actos administrativos y legislativos pueden ser inaplicados por el Poder judicial en virtud del recurso que nuestro sistema de control ha establecido.El acto legislativo solamente puede ser revocado en la forma

especialísima que el reglamento prevé, que es en el mismo momento en que se adoptó, es decir, en la sesión en que fue considerado o en la inmediata siguiente. Aquí se proclamó la sanción en general de la norma; podrá discutirse si estuvo bien o mal, pero la decisión que se tomó fue formal. Y ahora, cuando la voluntad política de todo el cuerpo es restar eficacia a esa sanción, no puede existir otro camino que el de la reconsideración, previsto en el reglamento. No podríamos utilizar el recurso de la anulación, porque si lo hiciéramos estaríamos habilitándonos a anular por una mera decisión universal cuantas resoluciones legislativas se adoptaron el Congreso de la Nación desde 1853 hasta nuestros días. Por esta vía —que no es absurda ni hipotética— sí podríamos llegar a un absurdo que no tiene sustancia.Por todo lo dicho, apoyamos la moción de reconsideración.

Sr. Presidente (Pierri). —La Presidencia aclara que hay 23 señores diputados anotados para hacer uso de la palabra, por lo cual solicita que en sus exposiciones se ciñan al tiempo establecido, que es de cinco minutos,Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.

Sr. Mendoza (M.). - Señor presidente: seré muy breve en mi exposición. Debo aclarar que no tengo demasiada experiencia parlamentaria, ya que el MODlN se ha incorporado a esta Honorable Cámara hace relativamente poco tiempo. Sin embargo, por lo que he podido apreciar y, por lo manifestado por los diversos diputados que hicieron uso de la palabra, creo que este problema no tiene arreglo.No sé si el amor o el espanto -como ha dicho un señor diputado— nos va a unir en esta patriada. En este momento el Parlamento está en la mira de todo el pueblo argentino. En la actualidad el Congreso está representado por un grupo de


hombres de buena voluntad que han venido aquí con el fin de favorecer a su comunidad; con el objetivo quo tiene todo legislador de apoyar todo lo que sea en beneficio de la patria y sus habitantes.El miércoles por la noche el miembro informante de nuestro bloque adelantó su voto negativo a la propuesta del Poder Ejecutivo, la que, junto con la reforma impositiva y la privatización del área energética, consideramos una entrega total de nuestro patrimonio. Esto me duele como argentino y como justicialista, postura política que llevo en mi corazón aunque adherí a otro movimiento por cuestiones que ahora no vienen al caso. ¿Cómo es posible que en este momento un gobierno popular y un partido conservador que nos ha combatido toda la vida, hagan una alianza para entregar el patrimonio nacional?En el día de ayer asistí a la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria en representación del presidente de mi bloque, el doctor Fernández Gil. Allí dije que no se puede repetir el fraude, como en la década infame, como dijeron otros oradores, y que la responsabilidad no es de la Cámara de Diputados en pleno ni de todos los bloques. Si el hecho ocurrió en el sector del justicialismo, la responsabilidad recae en el señor presidente del bloque oficialista, porque la investidura del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados y del resto de los legisladores nada tiene que ver. Tengo diferencias ideológicas y políticas con el señor presidente Pierri, pero debo reconocerle el gesto con que aquella noche, a las dos de la madrugada, en una actitud democrática, pasó a cuarto intermedio la sesión, quizá perjudicando la posibilidad de que se aprobara el proyecto de ley. Por eso me duele mucho que el señor diputado Matzkin haya hecho un cargo a la Presidencia respecto de que debía haber aprobado el

proyecto con 129 diputados. ¿Hay una desinteligencia? No sé, es un interrogante.A efectos de no extenderme en demasía en perjuicio del tiempo de otros oradores, propongo concretamente que se reanude el debate sobre el proyecto de ley referido al marco regulatorio para la privatización de Gas del Estado terminando con la lista de oradores que aún no han podido expresarse -entre ellos- algunos diputados de la Unión Cívica Radical y luego de escuchar la opinión de todos, pasar a la votación,Reitero que el señor presidente de la bancada oficialista tenía la obligación de saber a quién pertenecía esa banca y quiénes estaban al lado de ese diputado "trucho"; él y no el señor presidente de la Cámara de Diputados era el encargadoSr. Presidente (Pierri). La Presidencia informa al señor diputado que ha vencido su tiempo.Sr. Mendoza (M.). - Termino afirmando que el señor presidente de la Cámara no cuenta con el tiempo necesario para visualizar e identificar a todos los diputados presentes, pero el presidente de la bancada oficialista tiene la obligación de hacerlo.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Córdoba.Sr. Ortiz Pellegrini. — Señor presidente: creo que aquí se han mezclado dos cuestiones y por eso trataré de hacer una simple división didáctica. Un tema es la ley viciada y la discusión sobre el llamado despacho saneador, en términos procesales; otro diferente es el caso del diputado "trucho" y la actitud que debemos adoptar con relación a este hecho.Me parece necesario efectuar esta división porque aquí se ha hablado del quórum con 129 o 130 diputados, del problema de la provincia de Corrientes, de la presencia de los bloques, de las actitudes de los asesores que se sientan en las bancas, etcétera; pero el hecho que


nos ocupa tiene simplemente dos derivaciones claras: una ley viciada que se discute cómo sanear y un acto delictivo que ha generado otro tipo de consecuencias.Tras esta aclaración digamos que el señor diputado Natale cae en un error al hablar de creación del acto legislativo; porque no estamos ante un acto legislativo que se ha creado y que necesitamos revocar, sino precisamente ante un acto que no ha nacido porque los actos legislativos no se crean con la intervención de diputados "truchos. Fíjese, señor presidente, que la doctrina de la inexistencia a la que aquí se ha hecho mención no se desarrolló al calor del derecho privado, como sostuvo el señor diputado Natale, sino justamente al amparo del derecho público. Antiguamente, en 1as universidades se citaba en clase el ejemplo de una sentencia judicial suscrita por alguien que no es juez. Un papelito con un sello y un garabato no constituye una sentencia judicial; porque no la firmó un juez sino un señor disfrazado de tal adentro de un despacho,Otro ejemplo que recuerdo se citaba en ese sentido era el del acto jurídico del matrimonio. Se necesita un oficial público que case. Si el señor que declara a una pareja como casada no es el indicado por la ley, el acta de matrimonio podrá ser cualquier cosa menos un acta. Este es el nacimiento de la doctrina de la inexistencia.Sr. Natale.- ¿Me permite una interrupción señor diputado, con el permiso de la Presidencia?Sr. Ortiz Pellegrini. —Retribuyendo al señor diputado su actitud anterior, deberá esperar a que termine mi exposición.Podría agregar otro ejemplo de libro. Para su existencia, un acto legislativo o requiere que sea sancionado por quienes están investidos por la ley para ello. En consecuencia, el "trucho” no puede crear un acto legislativo que luego debería revocarse. Es decir que un acto no nato no puede tener revocación, ya

que presenta una nulidad manifiesta.

En la exposición de mi amigo Natale existe otro error, pues se refirió a un lapso de cuatro meses. El vicio fue denunciado por mí en la misma sesión y a los pocos minutos de haberse cometido, como bien expresó el señor diputado Pierri a los señores presidentes de los distintos bloques en la Comisión de Labor Parlamentaria donde el señor diputado Natale estaba presente. De manera que el tema de los cuatro meses es para la tribuna, habida cuenta de que existe un vicio denunciado oportunamente. Así, surge con claridad que no hay consentimiento.No podemos plantear la consideración de una sentencia que no es tal. Es como si las partes enfrentadas en un litigio conocieran la sentencia del juez, entrasen a su despacho, se enterasen de que no fue dictada por el juez y en vez de de-


nunciarlo a la fiscalía, deciden apelar la resolución o solicitar una reconsideración. ¿En qué se va a basar tal reconsideración, si el que firmó la sentencia fue un delincuente que usurpaba la función del juez?Existe una persona que está sometida a un proceso por usurpación de funciones, que no tiene la virtualidad mágica de legitimar a los otros señores diputados que estaban a su lado, pues justamente lo necesitaban para cumplir con el requisito esencial del quórum, que es el que permite otorgar validez a un acto.Con esto quiero decir que en lo que se refiere al vicio de este proyecto, al remedio o al despacho "saneador", no existe otra propuesta adecuada más que la que ha planteado nuestra bancada en el sentido de declarar la nulidad del procedimiento, tal como propusimos el propio día jueves en este recinto.Me gustaría que el señor presidente consultase a la bancada oficialista cuál es su propuesta definitiva, porque tengo anotadas cuatro posiciones distintas. . .Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia informa al señor diputado que ha vencido su tiempo reglamentario. Sr. Ortiz Pellegrini. — Entonces, ya concluyo, señor presidente.Como se dijo en la Comisión de juicio Político, hay que relatar los hechos en forma concreta. En primer lugar, nadie ha discutido que en este recinto haya existido un diputado "trucho". En segundo término, ese diputado "trucho" estaba sentado en aquella banca. Lo que hay que investigar es cómo llegó a ese lugar. Tenemos que evitar que exista un enorme divorcio entre la opinión de nuestra gente y el comportamiento de las instituciones argentinas.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.Sr. Avelín. — Señor presidente: trataré de ser breve. La calle está conmocionada. Los que convivimos

con la sociedad sabemos que este hecho ha impactado profundamente en todos los sectores de la vida argentina y, sobre todo, en este Congreso, que ha sido salpicado por acusaciones de falta de transparencia y de responsabilidad.Me alegra que el señor presidente de la Cámara a se haya hecho cargo con gran responsabilidad y ética política de lo que ha sucedido en este cuerpo. Quisiera sugerir al señor presidente de la bancada justicialista que también asuma esta responsabilidad política; así va a acortar camino. Sé que va a encontrar la verdad y que descubrirá dónde está la mentira y quiénes fueron los instigadores y responsables de este atropello. De esta manera acortaremos el camino para esclarecer la cuestión y dar respuestas vigorosas a la sociedad. Esto va a fortalecer no sólo al bloque mayoritario sino también a toda la Cámara de Diputados, cuando salgamos dando la cara y diciendo quién fue el responsable de este desliz político ocurrido en el Congreso.Esta es la sugerencia que formulo con humildad, sin petulancia ni soberbia, como un argentino que vive comulgando con la sociedad y que recibe estos impactos al igual que muchos de los legisladores aquí presentes.Concluyo mi exposición solicitando que el bloque mayoritario se haga cargo de este desliz. Así vamos a encontrar una respuesta que va a vigorizar y fortalecer a todos los sectores de nuestra sociedad.Sr. Presidente (Pierri).. — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: a esta altura de la deliberación creo que se podría intentar la búsqueda de una conciliación de posiciones.Entiendo que uno de los propósitos del bloque radical está en gran medida cumplido. Se solicitó que la Cámara se constituyera en comisión, y me atrevería a decir que ya lo está;


digo esto porque, de acuerdo al reglamento, una moción en tal sentido debe discutirse durante treinta minutos, y ya llevamos tres horas, haciéndolo. En consecuencia, el primer objetivo estaría logrado.En segundo lugar, existe una coincidencia total y unánime en cuanto a que esta votación "trucha" —para hacer más fácil su explicación— no vale, no existe, es nula, hay que borrarla, hay que reconsiderarla. La calificamos de distinta manera, pero el objetivo es el mismo. Hay que borrar esto que se llamó votación para poder poner en marcha los mecanismos de sanción de la ley mediante una votación legítima. Sin duda, en relación con este segundo punto creo que hay total coincidencia. Pero viene otra cuestión.Según entiende el bloque de la Unión Cívica Radical, mediante la reconsideración de la votación estaríamos admitiendo la existencia del hecho jurídico que es la sanción, que para quienes propician esta posición nunca ha existido. En consecuencia, no podría haber reconsideración. Tendríamos que declararla nula de nulidad absoluta. Por lo tanto, frente al objetivo político que compartimos y a lo manifestado por el señor diputado de la Rúa en cuanto a las calificaciones éticas y morales del hecho, tenemos que encontrar el encuadre jurídico para borrar esto


que se llamó votación, y practicar luego una nueva votación a continuación del respectivo debate, que a mi entender también debería llevarse a cabo. Pero pasemos a analizar lo que dicen quienes entienden de la cuestión. Para ello, fui a la Biblioteca en busca de una obra de Marienhoff. Él nos dice que los actos de la administración pública que tienen regularidad y que han producido efectos hacia terceros sólo los puede anular la administración de justicia, o sea, el poder jurisdiccional. En la página 636, tomo II, de su Tratado de Derecho Administrativo, nos dice lo siguiente: "Cuando del acto administrativo no han nacido derechos subjetivos en favor del administrado, su extinción puede realizarla la propia Administración Pública, actuando por sí y ante sí, recurriendo a la revocación por razones de ilegitimidad". El acto es más que inexistente, porque de lo contrario no estaríamos perdiendo el tiempo aquí. El acto es ilegítimo porque no estuvo revestido de las normas y las reglas que la Constitución y el reglamento de la Cámara prevén para poder constituir el acto legislativo que se llama aprobación en general de un proyecto de ley. En consecuencia, si el juez puede declararlo nulo, la Cámara de Diputados puede revocarlo por ilegitimidad.Esto lo repite en varias partes del texto. Así, en la página 624 expresa: "La revocación por razones de ‘ilegitimidad’ constituye un medio idóneo de observar la ley y cumplir con ésta, acomodando el acto al derecho vigente en el momento de la emanación, con lo que, como bien dijo un autor, la administración pública ejerce una potestad de policía sobre sus propios actos, reestableciendo así, el orden jurídico violado". Y no cabe ninguna duda de que en nuestro caso se ha violado el orden jurídico.Vale decir que los tratadistas de

derecho administrativo reservan la figura de la nulidad al poder jurisdiccional, o sea a la Justicia, y la administración la revocación del acto cuando no ha producido efectos o beneficio para terceros. Estamos logrando el mismo objetivo, pero con figuras jurídicas diferentes: la Justicia anula, la administración revoca por ilegitimidad. También puede revocar por otras causales, como la falta de oportunidad; pero en este caso nos hallamos frente a la ilegitimidad del acto, es decir, el acto que carece de legitimidad para ser tal.De manera que es correcto lo que afirma la bancada radical en el sentido de que se trata de un acto nulo de nulidad absoluta. Es ilegitimo y por ese motivo debe procurarse un acto para borrarlo.Cuando el señor diputado Ortiz Pellegrini plantea el tema de la sentencia firmada por el juez "trucho" si bien es un papel que no sirve para nada, mientras alguien no alegue su nulidad, sigue siendo un papel. Si no se produce un acto concreto de eliminación, que es la revocación. por ilegitimidad, las palabras del presidente de la Cámara cuando dice: "Queda aprobado en general" —seguirán existiendo.Cabe la pregunta entonces -dirigida a la bancada de la Unión Cívica Radical, que es la que tiene la posición más firme al respecto- de si en la búsqueda de la forma no estamos perdiendo el objetivo común a todos, a que por vía del absurdo y en virtud de las mayorías que el reglamento establece, podría ocurrir que la moción de reconsideración no alcanzara los dos tercios de los votos para ser aprobada y que el bloque radical tampoco lograra que la Cámara se constituya en comisión. De tal manera el acto "trucho" quedaría convalidado y el diputado "trucho" habría conseguido su objetivo: la sanción de un acto ilegitimo. Es decir, caeríamos en el absurdo de querer pero no poder borrarlo por enredarnos en las


palabras del reglamento.Quisiera decir algunas palabras más en beneficio del bloque radical, ya que comparto el fundamento ético de su posición, porque lo que ocurrió el jueves de la semana pasada no es más que una chiquilinada que podría llegar a ocurrir hasta en un tercer grado del nivel primario; ni siquiera en un cuarto grado. En este aspecto señalo, que el acto de revocación debe ser motivado En ese sentido Marienhoff dice, en la página 597 de su obra: " . . .ha de tenerse presente que el acto de revocación, dada la índole de su contenido u objeto, requiere ser motivado, es decir debe contener lo que en derecho denomínase motivación. La revocación es uno de los actos administrativos que, de acuerdo a la doctrina predominante, por su 'naturaleza' requiere ser motivado."Esa es la calificación que debe tener el acto y al hablar de "motivación" hacemos alusión a la revocación por ilegitimidad. Es decir, la votación del jueves, porque fue "trucha", porque hubo un personero que se sentó en la banca, porque se violó el principio de la representación popular y por todos los argumentos orales que se quieran buscar, da motivación al acto de revocación para eliminar este acto ilegítimo.En una palabra —no hay petulancia en lo que voy a decir— todos estamos de acuerdo pero no sabemos cómo encontrar el camino. Creo que hay que buscar la verdad en el reglamento, que


utiliza la palabra "reconsideración", que se parece bastante a revocatoria.

El Derecho Procesal Civil habla de revocatoria y reposición, pero algunos también hablan de reconsideración,Sr. de la Rúa. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?Sr. Martínez Raymonda. - Sí, señor diputado.Sr. Presidente (Pierri.) — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. - Señor presidente: valoro el esfuerzo que realiza el señor diputado Martínez Raymonda para darle forma jurídica a la cuestión, aunque le aclaro que revocación no es reconsideración, sin embargo, hay una diferencia: no estamos todos de acuerdo. El bloque oficialista en la palabra de su presidente sostiene la validez del acto: para ellos el acto existió.De modo que hay una diferencia moral. Hay un problema de fondo que nos separa: ellos sostienen la validez del acto y, como una concesión, proponen su reconsideración; nosotros decimos que la cuestión es inválida parque se ha vulnerado todo lo vulnerable.Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital, aclarándole que casi ha vencido el tiempo del que dispone.Sr. Martínez Raymonda. - Concluyo, señor presidente.Precisamente apunté el argumento del señor diputado preopinante de que el acto no existió y fue ilegítimo.Al bloque de la mayoría le digo que tiene que aceptar este hecho, ateniéndose a lo que después surja en cuanto a las responsabilidades parlamentarias. El señor diputado Moreau nos recordó la muerte del senador Bordabehere; en aquella oportunidad se formó una comisión investigadora que, para escarnio de la República, terminó diciendo que no había habido responsabilidad

parlamentaria alguna en la muerte de un senador en el recinto. Espero que la comisión que se integre pueda encontrar las responsabilidades parlamentarias pertinentes y entonces cumpliremos doblemente con la revocación del acto por ilegítimo y con sanción moral y política emergente.De esa forma habremos salvado en alguna medida la vergüenza ajena que todos tuvimos que asumir el día jueves.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra la señora diputada por Jujuy,Sr. Yoma. — ¿Me permite una interrupción, señora diputada, con la venia de la Presidencia? Sra. Guzmán. — Sí, señor diputado.Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.Sr. Yoma. — Señor presidente: simplemente deseo establecer en forma clara el sentido de la posición manifestada por nuestro bloque a través de su presidente, del compañero diputado Puricelli. y de los demás señores diputados que se sucedieron en el uso de la palabra. De ninguna manera estamos aceptando la validez de una votación viciada, pero sí que existió una votación; no fue un invento de los diarios. Pero resultó viciada por la presencia de un elemento extraño. Esto es lo que nosotros decimos y en eso estamos de acuerdo con el conjunto de la Cámara. No podemos negar la existencia de algo que ocurrió, pues en la Cámara estuvimos reunidos y hubo un elemento extraño que vició el acto de votación.La posición del señor diputado de la Rúa y del bloque radical es absolutamente respetable, pero desgraciadamente éste es un cuerpo colegiado que se ajusta a un reglamento, que para eso está.Nuestra propuesta de reconsideración se basa en las disposiciones del reglamento cuando un elemento vicia un acto de la Cámara. La posición de nulidad del bloque radical puede llegar a ser


absolutamente válida y legítima en términos políticos, pero desgraciadamente no se ajusta al reglamento. Esto es lo que planteamos: debe quedar claro que coincidimos políticamente con el conjunto de los bloques de la Cámara en la necesidad de rever la sanción de una ley viciada. Coincidimos absolutamente, pero también debe quedar claro que debemos ajustamos al reglamento.Somos proclives a aceptar la propuesta de los distintos bloques de acordar una mecánica, pero no desearnos una especulación política que tergiverse la posición del oficialismo.Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra la señora diputada por Jujuy; la presidencia le advierte que le quedan sólo tres minutos, porque los restantes los utilizó el señor diputado preopinante.Sra. Guzmán. — Señor presidente: creo que resulta tremendamente claro el repudio unánime a esta situación no puede ser otra la posición de esta Cámara. Pero en un momento en el que hay sospechas sobre la culpabilidad de algunos legisladores, tenemos que ser muy rigurosos. Se ha dicho aquí cómo los que estábamos en el recinto no vimos.


Y sí, no lo vimos. Quienes desde la oposición concurrimos al recinto, lo hicimos en un acto de buena fe, buena fe burlada; lo hicimos en un acto de buena fe para posibilitar el tratamiento de un proyecto de ley.Así como nosotros no somos culpables, creo que tampoco es culpable la Presidencia, que estuvo anunciando permanentemente que estaba faltando el quórum e incluso mencionó la posibilidad de levantar la sesión. Además, exigió un quórum de 130 diputados cuando había disparidad en el bloque Justicialista y algunos se daban por satisfechos, tomando una interpretación, con el quórum de 129. Quiero dejar muy en claro esto con respecto a la Presidencia, porque el señor presidente nos representa a todos, y ésta es una cuestión muy delicada.

Tenemos que determinar las responsabilidades, y para ello tampoco es suficiente la investigación que se empezó en el nivel administrativo. Es necesario que resolvamos la conformación de una comisión investigadora. Digo que no es suficiente la investigación administrativa porque los empleados de la casa ni la propia Presidencia tienen las facultades propias de una comisión investigadora. De esta manera, debe constituirse una comisión investigadora representativa de la Cámara y con participación —también quiero ser muy clara en esto— de los señores diputados justicialistas. La comisión no debe ser presidida por el señor presidente de la Cámara, pero sí tiene que estar constituida con diputados justicialistas, porque la bancada justicialista no puede ser excluida, ni queremos que mañana nos digan que los bloques de la oposición no hemos actuado con objetividad.Debemos tener una explicación clara de los hechos y tomar luego las sanciones correspondientes. Pero se discute si hay nulidad o si es necesaria a la reconsideración. En

cuanto a la reconsideración, hay dos variantes: una es la reconsideración que propone el señor diputado Matzkin, y otra, la sugerida por el señor diputado Garay. La reconsideración que propone el señor diputado Garay implica, de acuerdo con lo que él mismo expresó, volver al principio. En esto, difiere de la reconsideración propuesta por el señor diputado Matzkin, que sólo implica reiterar la votación. La reconsideración del señor diputado Garay implica reiterar el trámite de la sesión. Entiendo que también esto es lo que propone de alguna manera el radicalismo, o lo que quiere como fin último, pero habla de la nulidad. Y sobre esto quiero manifestar que si lo que ellos quieren como fin último es volver al principio, no lo lograremos a través de la nulidad de la votación, porque esa nulidad no hace nulo el acto anterior a la votación. En efecto, el acto de la discusión no produce por sí solo efectos jurídicos; lo que produce efectos jurídicos es la votación.Sr. Presidente (Pierri), — Ha vencido su término, señora diputada.Sra. Guzmán. — Estoy tratando de acercar las posiciones, señor presidente.En definitiva, están queriendo lo mismo pero planteándolo desde distintos puntos de vista. La nulidad no alcanzaría al acto de la discusión. Esta, por sí, no acarrea ningún efecto. Tanto así es que hoy podemos estar discutiendo sin número —aun durante seis reuniones-, y ello no produce ningún efecto jurídico mientras no lleguemos a la votación.Pero estas son cuestiones jurídicas y aquí estamos también frente a un problema político muy serio, y creo que de este problema político no podemos salir con situaciones controvertidas entre los miembros de la Cámara. La Cámara no se divide entre los más morales y los menos morales. La moral no tiene gradaciones medias. Esto no puede salir como una cuestión de los unos y los otros. Por eso apelo políticamente


a los bloques que integran esta Cámara. Tenemos que sacar una resolución por consenso. Si ello no lo logramos, será un quiebre muy duro el que tengamos que afrontar frente a la sociedad, y nuestro prestigio -el de esta Cámara de Diputados- se verá seriamente lesionado.

De manera que debemos tratar de acercar las posiciones; y como será muy difícil que alguien pueda lograr los dos tercios, sería conveniente que antes de la votación la Presidencia invitara a pasar a un cuarto intermedio para que los presidentes de los distintos bloques puedan arribar a esa solución por consenso que esta Cámara necesita para no verse lesionada en su prestigio.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la, palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Pepe.- Señor presidente: sería interesante que el presidente del bloque radical escuchase, al igual que los compañeros del bloque justicialista.Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia exhorta a los señores diputados Romero y Alvarez Echagüe a que tomen asiento en sus bancas.Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Pepe. - Señor presidente: el amigo y colega señor diputado Vanossi habló de la vergüenza, y después, el señor diputado Flores repitió el mismo término.


Tengo que confesar que a mí me alcanza —como al conjunto del bloque oficialista— algún dejo de vergüenza por lo que ocurrió el jueves pasado.No sé cuál va a ser el camino: si la comisión investigadora, el sumario administrativo o la justicia. Esta es una cuestión que estoy lejos de poder definir. Como decía el señor diputado Baylac, no tengo sobre mis espaldas la carga de intelectualidad que tienen otros hombres que conforman esta Cámara. Pero soy un hombre que desde hace mucho tiempo viene haciendo política en la República, y debo confesar que con mucho dolor he escuchado decir —creo que en forma gratuita, porque ninguno de nosotros se merece ese comentario— que los justicialistas somos autoritarios, prepotentes y antidemocráticos, lo cual provino de la bancada opositora.Puedo dar fe, sobre mi piel y sobre mi propio cuero, de que le hemos puesto mucho esfuerzo a la República para regresar al Estado de derecho, para volver a las instituciones de la democracia, utilizando la clase obrera y el movimiento político al cual pertenecemos como ariete para luchar contra las dictaduras militares de siempre, acompañadas éstas a veces por algunos sectores de la oposición, con embajadores, intendentes y hombres importantes en el gobierno de facto.No estamos echando esto en cara, sino que simplemente pedimos que nos respetemos en nuestros compromisos con las instituciones de la República. Todos pugnamos por lo mismo, pero no nos quiten un lugar de privilegio en esta pelea. Estamos comprometidos en la tarea de que este Parlamento crezca, pero para ello todos tenemos que estar acá.Alguna vez también nosotros utilizamos el método de irnos cuando el gobierno era radical; alguna vez cometimos un error o una gaffe que hoy repite el radicalismo creyendo que es la mejor forma de hacerse

sentir. No les quito el derecho pero sí les solicito, les exijo, les reclamo, les ruego una acción conjunta —no sólo del oficialismo— para que crezca el Parlamento. El oficialismo tiene parte de responsabilidad, yo diría que la mitad, pero la otra mitad la tiene la oposición.Algunos vienen siempre como los integrantes de la UCEDE -a quienes he visto poner las asentaderas sobre las bancas durante estos últimos ocho años-, pero otros juegan con el quórum cuando el proyecto en tratamiento no les interesa.Nosotros tenemos la obligación de gobernar. A lo mejor estamos equivocados o quizás hayamos acertado el camino; los tiempos venideros lo dirán. Pero esto es un esfuerzo de todos; estoy seguro de que de la Rúa también se siente comprometido. Lo he escuchado fuera del discurso político, en la mesa amena, con los jubilados, con los comunicadores sociales, asumiendo el compromiso en el esfuerzo que nos une.Hubo dos grandes líderes, ya muertos, que lo entendieron antes que nosotros: Balbín y Perón, Perón y Balbín, aquel abrazo que valió para que, muchos lo tomaran en solfa el haber saltado la tapia y todo aquello que forma parte del anecdotario histórico de los argentinos. Hoy los hechos le dan la razón a esos dos grandes repúblicos que tuvo la Nación Argentina.No nos golpeen tanto, no sean tan injustos con nosotros. Miles de hombres han perdido su libertad, hubo mujeres vejadas, hombres desaparecidos; cuantos hombres del trabajo, del campo laboral, han entregado sus vidas en defensa de los derechos sociales de sus representados. No sean injustos.Queremos y defendemos las instituciones democráticas. Si hubo un error, una gaffe, nadie se enteró. Estábamos sentados aquí como dijo la diputada María Cristina Guzmán, de absoluta buena fe. No conozco a ese señor ni siquiera sé si alguien lo


puso en esa banca. Confieso que esto me avergüenza.La única forma para que la gente nos respete es que seamos muy transparentes, que seamos como un cristal. Sé que es muy difícil; pero esa debe ser la actitud de los hombres que hacen política en la Nación Argentina.Hay comunicadores que se encargan de descalificar. Algunos diputados acceden todos los días a los medios masivos mientras que la mayoría de los legisladores nunca puede llegar a ellos. Algunos pueden decir sus propias verdades, que son las de ellos, pero no las del conjunto. Otros no podemos salir todos los días a decir nuestras propias verdades.Cuando entendamos todo esto el Parlamento comenzará a crecer para bien de todas las instituciones. Cuando trastabille seriamente su prestigio, cuando la gente piense que en el Parlamento hemos dejado de representarlos, ¡cuidado!, porque vientos malos soplarán sobre la República.Debemos hacer un juramento y comprometernos a discutir todos juntos. No es cierto que los hemos amordazado, esto no se condice con la realidad. Sé que en su fuero intimo están convencidos de no es cierto.Les pido que tengan respeto y consideración hacia un movimiento que podrá haber acertado


o no en sus decisiones políticas de este momento, pero que tiene la responsabilidad de cambiar la historia presente de los argentinos. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado par Corrientes.Sr. Garay. - Señor presidente: como bien lo expresara el señor diputado Rafael Martínez Raymonda, la moción del diputado de la Rúa ha triunfado indudablemente al peticionar que esta Cámara se constituyera en comisión. Le faltó decir para qué; no conocemos el proyecto porque no estaba sobre nuestras bancas ni tampoco se leyó por Secretaría. Sin embargo, parece obvio que se trata de discutir y atribuir responsabilidades a un determinado sector por la presencia del pseudo diputado.Lo cierto es que debemos llegar a una solución. La discusión anterior en la que hicieron uso de la palabra ocho diputados del radicalismo les habrá permitido desfogar su pasión política. Es razonable, que quisieran hacerlo, pero a esta altura el tema ha sido harto vapuleado y no merece mayores consideraciones. Tampoco pueden pretender -nosotros no lo hacemos- que se repudie el hecho. Queremos una reivindicación por la vía del descubrimiento de la verdad y el castigo de los responsables, es decir, autores, coautores, cómplices y encubridores si los hubiere. No podemos pretender más de lo que se ha hecho: la imputación, la respuesta y el reconocimiento parcial de los hechos —a veces mezquino y en ocasiones más generoso— del sector al que se le puede atribuir alguna responsabilidad o que seguramente tendrá cierto compromiso en la cuestión.¿Qué es lo que pretendemos: que el supuesto responsable o el presidente de la bancada oficialista o el de la Cámara se suba a su banca se corte la yugular? No podemos exigirle el suicidio; creo que la discusión en

torno de este asunto ha sido suficiente. Si continuamos con ella el debate se tornará absolutamente estéril. ¿Qué pretendemos que respondan los señores del justicialismo: que nos traerán al responsable? Ya nos han dicho que hay una comisión investigadora administrativa que está instruyendo el sumario, que hay una investigación judicial y que se propició la creación de una comisión investigadora integrada por señores diputados a tales efectos.¿Adónde vamos con esta discusión? Tengamos cuidado, porque no vaya a ser que de la estéril discusión surja un estéril resultado, que es lo que se avizora a esta altura del debate y que es algo demasiado peligroso para el Parlamento y su prestigio. ¿Qué va a pasar si se somete a votación la moción formulada por el señor diputado de la Rúa, por el radicalismo, y es rechazada?, ¿Y qué va a pasar si se vota la moción de reconsideración formulada por el señor diputado Matzkin y también es rechazada? ¿Qué vamos a proyectar hacia la sociedad? En el fondo las partes están plenamente de acuerdo con que el acto es inválido, pero uno pretende que lo sea por la vía de la reconsideración y el otro por la de la nulidad, y en esta discusión estéril va a naufragar, el resultado que esperamos, que es precisamente que el acto no tenga efectos jurídicos. Existe un acuerdo en este sentido y se avizora que las dos votaciones van a fracasar.En definitiva, la proclamación de la votación por parte de la Presidencia dando por aprobado el proyecto, va a significar la subsistencia de un acto que todos estamos de acuerdo no debe tener efecto jurídico.Sr. Marcó. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?Sr. Garay. — Si, señor diputado.Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.Sr. Marcó. — Señor presidente: creo


que cuando el señor diputado Garay afirma que todos estamos de acuerdo respecto de la invalidez del acto, no recoge las versiones de los distintos legisladores que hicieron uso de la palabra en esta discusión. En ese sentido, el presidente del bloque oficialista al fundamentar su moción de reconsideración dijo que si ésta no prosperaba el acto tenía plena validez. Es decir que reiteró lo que anticipó a los periodistas respecto de que el acto de sanción en general del proyecto de ley de marco regulatorio para la privatización de Gas del Estado era plenamente válido.Esto significa que no estamos considerando dos formas distintas de llegar a un mismo resultado sino dos situaciones totalmente diferentes.Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.Sr. Garay. —Señor presidente: aclaro que en el momento en que el presidente de la bancada justicialista habló de la reconsideración, era la única moción que precisamente pretendía quitar efecto jurídico al acto. Si nos producía ningún acto, es decir, si no se lograba la aprobación de cualquier moción, es evidente que el acto subsistía. Para algunos tiene la gravedad del hecho inexistente y para otros se trata de un acto de nulidad absoluta. Esa es una sutileza jurídica. No se puede llegar a la ficción de que se cierren los ojos y entonces el resto del mundo no existe porque uno no lo ve; el hecho o existe, está vi-


ciado, es nulo y carece de eficacia jurídica.Lo que ocurre es que los legisladores no tenemos la facultad de declarar la nulidad, y como bien lo señalaron los señores diputados Natale, Martínez Raymonda y otros, esa es una función eminentemente jurisdiccional. La nulidad tiene una específica connotación jurídica porque es la que priva de efecto al acto que está agredido o viciado por el error, el dolo o la violencia. Hay un vicio de la voluntad, y para esto hay que hilar fino y discriminar que la voluntad está compuesta por discernimiento; intención y libertad. Estos tres elementos son precisamente los que vician la voluntad; por eso esa facultad es eminentemente jurisdiccional y requiere una tipificación que nosotros no estamos en condiciones de hacer, Además, como también se ha expresado aquí, resulta peligroso que nosotros aprobemos una ley y al otro día sancionemos su nulidad.Nadie está diciendo que existen términos como en el ámbito del derecho procesal, civil o penal -particularmente el civil-, en donde la nulidad puede requerirse dentro de cierto tiempo. Es decir que al utilizar el concepto de nulidad, que no está reglado, estamos introduciendo un arma que puede significar un gravísimo precedente. ¿Por qué conformarse con pedir la nulidad de la votación, que es el acto viciado, cuando la reconsideración logra un objetivo superior más profundo? De hecho, de aprobarse la reconsideración, cae la votación, pero además se reabre la discusión.Es cierto lo que expresaba el señor diputado Martínez Raymonda con respecto a la revocatoria. Como lo señalé en mi primera intervención, aquí cabe la revocatoria porque esta es precisamente el correlato de la reconsideración. La reconsideración es típica de los actos administrativos, es una revocatoria, es el pedido para que la misma autoridad por contrario

imperio invalide un acto. En el derecho procesal civil, eso se denomina reposición o revocatoria; se plantea ante la misma autoridad para que por contrario imperio revoque el acto, lo impida o le quite validez jurídica. Entonces, estamos haciendo una disquisición jurídica, que para colmo es errada cuando pretende sentar el precedente de la nulidad. Es equivocada y peligrosa sobre todo cuando podemos lograr la nulidad —utilicemos el mismo término— mediante la aprobación de la moción de reconsideración, que abriría nuevamente la discusión.Tanto el planteo del radicalismo como el del justicialismo —que propuso la reconsideración-, nos llevan a un camino común, que consiste en invalidar los efectos de aquella votación. Sin embargo, la reconsideración es mejor, porque además de anular la votación, reabre la discusión y está de acuerdo con nuestro reglamento, que es nuestro código de procedimientos y nuestra norma de conducta.Por una vía oblicua no puede introducirse una inmisión perniciosa, inficionando a la Cámara con nulidades que serán consideradas en el futuro como un mal precedente. Seguramente se dirá que la Cámara jamás debió haber utilizado el recurso de la nulidad. Por eso reclamo que el sector que planteó que la Cámara se constituya en comisión reflexione sobre este aspecto.Se están por perder las dos votaciones y estamos por mostrar a la sociedad argentina que por discutir las formas, no hemos logrado debatir el fondo de la cuestión, lo que haríamos con la moción de reconsideración, que nos permitiría anular los efectos de la votación y reabrir la discusión, (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri.). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Fernández (R. E.). — Señor presidente: de todo lo expuesto se desprenden dos cuestiones


importantes, que surgen del planteo de la bancada del radicalismo.En primer lugar, este partido ha tratado de eludir la responsabilidad que nos compete a todos. Es posible que en un análisis más profundo, el oficialismo tenga una mayor cuota de re responsabilidad, pero que nadie suponga que va a eludir la responsabilidad que le cabe. Mucho menos pueden hacerlo aquellos que no estuvieron en el recinto, porque del análisis podría surgir que su responsabilidad fuese doble.Además, el radicalismo pretende tomar el recinto como una tribuna política, con planteos duros, con agresiones y, en algunos casos, hasta con agravios, que venimos soportando estoicamente los justicialistas desde hace varias sesiones. Nunca estuvimos de acuerdo con la política llevada adelante por el gobierno radical que encabezaba el doctor Raúl Alfonsín y sus ministros. Sin embargo, jamás se nos ocurrió plantear que el doctor Alfonsín o alguno de sus ministros fuese un traidor.

Estos son agravios gratuitos. Se puede estar de acuerdo o no con la política del oficialismo de turno, pero bajo ningún concepto puede dudarse de la integridad de una persona que llegó a ocupar uno de los más altos cargos en el gobierno de la Nación.El señor diputado de la Rúa decía ayer en un programa de televisión que entre los aspectos que no coincidía con el gobierno nacional


figuraba el hecho de que el oficialismo instaló la corrupción como método. Se equivoca el doctor de la Rúa.Ni nosotros la instalamos ni ustedes lo hicieron. La corrupción está inserta desgraciadamente desde hace unos cuantos años en la sociedad argentina, y también en el gobierno de ustedes hubo hechos lamentables de corrupción. Pretender culpar a nuestro gobierno de este tipo de hechos es mentir a la sociedad y mentirnos a nosotros mismos.Cuando ayer en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria el radicalismo planteaba la posibilidad de la reapertura del debate e incluso se decía que el justicialismo tenía miedo a ese debate, nosotros dijimos que la discusión ya se había dado. De cualquier manera, hoy estamos ofreciendo la posibilidad de la reapertura del debate, y lo hemos hecho en muchas oportunidades en relación con infinidad de leyes acerca de las cuales no coincidíamos. Nosotros hemos tenido que soportar, por ejemplo, que el señor diputado Baglini nos diera clases magistrales de economía y nos dijera cómo tenemos que manejar la economía del país. Lo hemos escuchado cuestionar profundamente el proyecto económico de nuestro gobierno cuando el mismo diputado Baglini en este recinto sostenía a rajatabla la política económica de Sourrouille, que llevó al país a una de sus más profundas crisis. Sin embargo, cuando le tocó la oportunidad de hablar lo hemos escuchado con respeto. El señor diputado Moreau hizo referencia, en un mensaje subliminal, a sus dudas con respecto a la Corte Suprema de Justicia y a la incorporación de sus miembros. El diario "Clarín" del día 22 de marzo dice en uno de sus artículos que el doctor Alfonsín habló ayer en la Universidad de Miami haciendo duras críticas a la Corte de justicia de su país". Indudablemente, el doctor

Alfonsín equivocó el rumbo y el ámbito para las críticas, y fue a los Estados Unidos a llorar lo que no supo ganar aquí. También podría decir en este recinto que la Corte. . .Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia informa al señor diputado que ha vencido el tiempo de que disponía para hacer uso de la palabra.Sr. Fernández (R. E.). -Voy a redondear, señor presidente.Podría decir aquí que cuando nuestro gobierno comenzó con la reforma del Estado, la Corte anterior inmediatamente puso obstáculos, y rara casualidad, empezó a resolver respecto de juicios contra el Estado que hacía varios meses estaban durmiendo. Sin embargo, nosotros no decimos que la Corte radical fue corrupta o poco seria.Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia reitera al señor diputado que ha vencido su tiempo.Sr. Fernández (R. E.). - Podríamos decir muchas cosas más, pero lamentablemente el señor presidente está insistiendo en que ha vencido mi tiempo.

Creo que la bancada radical tiene que entender que más allá de las diferencias que pueden existir en cuanto a un proyecto o modelo de país, e incluso en relación con temas concretos como lo es esta ley tan importante, el señor diputado Matzkin ha logrado realizar en este recinto una propuesta intermedia que de alguna manera nos permite a todos paliar la grave anomalía que hemos sufrido el jueves de la semana pasada. Esa proposición nos posibilita asumir las responsabilidades en su plenitud y volver a considerar el proyecto de ley. Pediría que con la responsabilidad que han mostrado muchos históricos hombres del radicalismo, acepten nuestra propuesta para que el conjunto de la Cámara asuma en cada uno de nosotros la responsabilidad que sin duda nos compete.Sr. Breard.- Pido la palabra


para una aclaración. Sr. Presidente (Pierri). Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.Sr. Breard. - Señor presidente: solicito que se testo de la versión taquigráfica lo que manifesté en relación con una versión de pasillo. Creo que es de hombre de bien reconocer en la misma sesión esta situación. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). - Si hubiera asentimiento, se procederá de acuerdo a lo solicitado por el señor diputado por Corrientes.

-Asentimiento.Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por Catamarca.Sr. Saadi (L. A.). — Señor presidente: he escuchado con atención a los señores diputados de la Rúa, Vanossi y López de Zavalía hablar de la democracia, de los diputados "truchos" y de los actos nulos, y me siento orgulloso de esas palabras. Pero esto me trae a la memoria que ya en otras oportunidades comenté con algunos legisladores pertenecientes a esta Cámara lo que estaba sucediendo en mi provincia y les advertí que ello iba a crear un precedente muy grave para la República.En mi provincia se hicieron jurar “truchos". No hubo quórum y un hombre, que era ministro de gobierno, tomó el juramento a gente elegida por el pueblo de Catamarca, como son


el gobernador Castillo el vicegobernador Hernández. En esa oportunidad, porque la voluntad del pueblo así lo planteaba —respecto a que el señor Castillo fuera candidato— hicimos caso omiso a la reforma de la Constitución de la provincia que establecía que quienes habían participado de procesos militares no podían ser candidatos, pero nosotros creíamos y creemos en la democracia y estamos convencidos de que la República debe ser representada en todos sus estamentos, más en estos momentos tan graves por los que está atravesando.Cabe entonces una pregunta a los hombres de sapiencia como el señor diputado Vanossi, que presentó un proyecto en virtud del cual no debemos meternos en los asuntos provinciales, donde no funciona la Justicia; porque vale la pena señalar que ayer la Cámara de Senadores de mi provincia no prestó acuerdo a los jueces y hoy en represalia se echó a un juez electoral que fue elegido por los representantes del pueblo en 1985 y que de acuerdo con la Constitución Nacional —vuelta la democracia y la representación popular- tenía sus fueros, pero no fue removido como corresponde, sino que fue echado por un decreto del Poder Ejecutivo.Decía que cabe una pregunta, entonces, porque como hombre joven de la República que ha visto a hombres como Balbín, Perón y muchos políticos grandes de la Argentina, que también han ocupado bancas en este recinto, merezco una respuesta. ¿No estaremos en la peor crisis de putrefacción de esta sociedad política que no asume el momento histórico en el que estamos viviendo, haciéndose eco de la realidad de los hechos?Si hubo un hecho en este recinto que ha merecido que hombres de mi bancada y también del bloque opositor hayan dicho que no es válido, me pregunto ¿qué es lo que está sucediendo en mi provincia y en

muchas otras? ¿Qué estamos haciendo con la democracia que tanta sangre y tantas vidas argentinas costó? ¿Qué es lo que estamos haciendo? La estarnos dilapidando por soberbia, por un lado, y por política, por otro.Seremos representantes del pueblo de distritos humildes o de distritos grandes, pero tenemos un compromiso ético y moral con la República. No puedo permitir que se diga que los diputados somos corruptos, que en esa bandeja había gente haciendo lobby para pagarnos a los diputados si sancionábamos la ley. Eso no es cierto. Como representante del pueblo no puedo permitir este tipo de cosas. Si bien no comparto el proyecto que motiva este debate, no voy a permitir que con ciertas actitudes, que no vienen al caso, se diga una cosa y se haga otra.Lo he escuchado con respeto al señor diputado Vanossi, a quien considero un maestro en derecho; pero cuando hablaba me hacía acordar de aquel viejo debate en el que se pedía juicio político al doctor Belluscio. Esa vez le pregunté al doctor Vanossi qué hubiera hecho en caso de haber estado en esa situación y me respondió que habría renunciado. Pero era más importante la decisión del partido y no una cuestión moral como la que hoy nos estamos planteando en este recinto.Por estas razones que no podía callar he pedido la palabra, cuando en realidad no pensaba hacer uso de ella.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Ibarbia. — Señor presidente: siguiendo lo que ha sido una regla en las distintas intervenciones, quisiera hacer una primera digresión. Ea alguna intervención previa algún legislador se refirió al fraude que se habría cometido en alguna elección de la Unión de Centro Democrático.Debo aclarar que soy diputado desde 1987, habiendo sido reelecto en


1991. He sido postulado por mi partido, tras haber ganado dos elecciones internas en las que confronté —vaya casualidad— con el doctor Durañona y Vedia. En ambas ocasiones lo vencí, con el 62 por ciento de los votos en una oportunidad y con el 75 por ciento de los votos en la otra, junto con el señor diputado Albamonte; y en ninguna de las dos oportunidades hubo impugnación alguna a cada acto electoral por parte de dirigentes partidarios y mucho menos del doctor Durañona y Vedia por hechos de fraude.Quiero que estos hechos queden suficientemente aclarados porque en el espíritu o en el entendimiento de algún legislador quizá haya quedado la impresión de procedimientos no conformes a derecho en el seno de mi partido.En cuanto a la cuestión en consideración, esencialmente hay tres propuestas para resolverla: la moción de reconsideración, según lo establecido por el artículo 116 del reglamento, propuesta por el bloque peronista; el planteo de nulidad formulado por el bloque radical, y el pedido de rectificación de la votación en los términos del artículo 179 del reglamento, expuesto por el señor diputado Zamora.Creo que ninguno de los tres caminos es adecuado para resolver la situación; los tres se re-


fieren a una votación, que para haberse dado debió haber existido una sesión. Sin embargo, por el reconocimiento de los hechos que en forma casi unánime se manifestó desde las distintas bancadas en esta sesión hay certeza de que el jueves pasado no hubo sesión. Hubo señores diputados en este recinto, con la presencia del señor presidente y en un número un poco superior al que en este momento tenemos. En un momento en que no podíamos saber si todos los que estaban sentados en las bancas eran diputados o no, el señor presidente y los diputados observamos que el tablero indicaba la presencia de 130 diputados. Engañado, como los demás diputados presentes, por esta combinación de una persona que no tenía la calidad de diputado y que estaba sentada en una banca, y por el sistema electrónico que nos indica el número para sesionar, el señor presidente dijo: "Continúa la sesión". El asunto se puso en consideración, se votó y se proclamó un resultado. Más tarde se advirtió que ese número equivocado que nos había indicado el tablero electrónico se había alcanzando con una persona que no tenía la calidad de diputado.Por lo tanto, no hubo votación que pueda ser reconsiderada de acuerdo con el artículo 116. Este artículo concretamente dice: “Es moción de reconsideración toda proposición que tenga por objeto rever una sanción de la Cámara, sea en general o en particular". Pero la Cámara en minoría no podía sancionar nada.Tampoco existe la posibilidad de rectificación a la que se refiere el señor diputado Federico Zamora. El artículo 179 dice: "Si se suscitaren dudas respecto del resultado de la votación, inmediatamente después de proclamada, cualquier diputado podrá pedir rectificación. . . ". No pudo haber votación en una sesión en minoría. No hay tampoco nulidad, porque no puede haber ningún tipo de acto válido, ningún tipo de acto

eficaz en una sesión, en minoría. En una sesión en minoría —reconocida como tal hoy por prácticamente todos los bloques políticos, al aceptarse la existencia de un ciudadano no diputado sentado en una banca, que llevó a error a la Presidencia y a los diputados presentes—, lo único que pueden hacer los diputados es acordar los medios para compeler la concurrencia de los inasistentes. Todo lo demás es absolutamente inválido.De esta manera, al comienzo de la reunión de hoy, el señor presidente debió haber dicho: "Continúa la sesión. En consideración el asunto tal o cual.” En rigor de verdad, debe votarse, el Orden del Día Nº 24 ya que en la sesión del miércoles pasado se había votado, en los términos del artículo 108, inciso 4º) el reglamento, una moción de orden de cierre del debate. Propongo entonces que este asunto se resuelva de ese modo. (Aplausos.) La Presidencia debe proponer la votación, que es lo que quedaba pendiente después del cuarto intermedio del miércoles pasado. Supletoriamente, debería resolverse la investigación de lo ocurrido el día jueves mediante la designación de una comisión, de acuerdo con las distintas propuestas que se han hecho.Si antes de la votación algún diputado solicitara que se revise el cierre del debate votado el miércoles 25, tendría que presentar una moción de reconsideración de aquel pronunciamiento. En el caso de prosperar, debería reabrirse la lista de oradores y sólo pasare a la votación de la cuestión de fondo una vez agotada aquélla.Quisiera aclarar que en la instancia de aceptarse la sugerencia que realizo, pediría la palabra precisamente para plantear una moción de reconsideración del cierre del debate resuelto el miércoles pasado conforme a una moción de orden presentada en los términos del artículo 108, inciso 4º) del reglamento.


Reitero que el día jueves pasado hubo solamente una sesión en minoría, donde no pudo haber ningún tipo de votación. Lo único que se podía hacer era compeler a los diputados inasistentes a concurrir al recinto. De manera que no puede haber ni reconsideración ni rectificación ni nulidad. (Aplausos.) Sr. Presidente (Pierri).. -¿Usted propone como moción concreta el cierre del debate?Sr. Ibarbia. —No, señor presidente. Aclaremos. El día jueves pasado no hubo sesión válida; y no la hubo por los hechos que son reconocidos por todos los bloques políticos.De manera que lo que tenemos es la moción de cierre de debate del día miércoles 25, y como consecuencia de eso el presidente debe poner a votación el Orden del Día Nº 24, salvo que se formulase una moción de reconsideración de esa moción de cierre de debate del día miércoles 25, lo que desde ahora dejo planteado, a menos que la Presidencia me dé luego la palabra para formularla formalmente.De todas formas, a fin de que mi moción sea discutida por los presidentes de bloque, solicito a la Presidencia que la Cámara pase a un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas.Sr. Presidente (Pierri).- Si usted mantiene su moción debo llamar para votar.Sr. López Arias. —Hay consenso de los bloques, señor presidente.



Sr. Presidente (Pierri). — Hay una moción concreta para que la Cámara pase a cuarto intermedio. . .Sr. Ibarbia. — ¿Por qué no hace uso de sus facultades y pasa directamente a un cuarto intermedio en las bancas?Sr. Presidente (Pierri). — Entonces retire su moción, señor diputado.Sr. Ibarbia. —Retiro la moción, señor presidente.Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia considerará cuál es el momento propicio para proceder tal cual usted sugiere, señor diputado.—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. González (L. M.). — Señor presidente: creo que el microclima de la Cámara nos está invadiendo.El señor diputado Ibarbia ha puesto de nuevo el eje en la cuestión central, pero debemos analizar de qué se trata esta sesión. Cuando empezó tenía cuerpo, patas y cabeza de vaca, y el presidente del bloque Justicialista nos dijo que era un elefante.

En el transcurso de esta reunión se han escuchado sesudos análisis jurídicos a partir de la teoría de la nulidad o de la inexistencia del acto. También se escucharon discursos plañideros que nada tienen que ver con la cuestión que se plantea. Se escuchó al diputado Fernández ratificar lo positivo que fue el justicialismo en su oposición al gobierno de Raúl Alfonsín, y una serie de cosas más que lo que buscan es desviar el eje del debate.Esta desviación reconoce un objetivo: decir que aquí somos todos responsables de que se haya generado el quórum en fraude a la ley y a la Constitución Nacional. Ello se realiza en un contexto mucho más grave.El señor diputado Pepe, en sus exhortaciones a la unión nacional, que por momentos parecen provenir

de un nostálgico del 46 y no de un posmoderno privatizador de ferrocarriles, dice que la Argentina necesita un Parlamento unido.Acepto el convite de la convocatoria a la unidad de este cuerpo y propongo al diputado Lorenzo Pepe que su capacidad de lucha —de la que nunca podré dudar— la ponga en práctica frente a las manifestaciones realizadas anoche por el presidente de la Nación Argentina, que nos quiere hacer aparecer como engranajes de una maquinaria fabril que solamente debe aprobar lo que le mandan.Tal como señaló el señor Moreau, de nuestro bloque, no nos hemos puesto a analizar la jornada laboral del presidente de la Nación. Lo que sí sabemos es que la gran mayoría de nuestros diputados no gasta dos horas en la peluquería, no cena en Fechoría, ni tantas otras cosas, como aprender a jugar al golf y practicar tenis.


Sr. González (L.M.). —No sea que este afán termine modificando la marcha para transformarse en los muchachos menemistas gritando de corazón "viva el truchón".Lo que reclamo es que se asuma el error político y se diga que hubo un desliz o una falta; que digan cualquier cosa, pero -¡por Dios!- no sigamos tratando de esconder al elefante. Ya quedó demostrado cómo esconder un elefante en este recinto. Lo que ahora tratan de hacer es llenar esta sala de elefantes.

Esta noche se debe determinar en forma contundente que hubo fraude. La Cámara lo debe decir porque es la realidad, y después investigar quién es el responsable del fraude. Si no reconocemos tal circunstancia seguiremos entre la nulidad absoluta, la relativa, el diputado Garay nos dará una clase fenomenal, pero no habrá respuesta al reclamo de la sociedad argentina.Por ello es indispensable que se apruebe la iniciativa propuesta y que


se investigue con seriedad. Todos los diputados exigiremos en forma permanente que se esclarezca lo que ocurrió en la infausta tarde del jueves pasado, de la que no nos vamos a olvidar ni vamos a indultar.Sr. Pepe. — Pido la palabra por haber sido aludido.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Pepe. — Parafraseando una cita del Evangelio debo decir al señor diputado Luis González: "Señor, perdónalo, no sabe lo que dice". (Risas y aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Fescina. — Señor presidente: he pedido la palabra para proponer un proyecto de resolución a la Honorable Cámara en el ánimo exclusivo de contribuir a la solución del tema que estamos debatiendo.Después de cinco horas de debate nos encontramos en el mismo brete que teníamos a las 15 y 30, cuando reanudamos la sesión. Hubo catarsis de todos los señores diputados: legítimas, causadas, algunas fundadas con trascendencia jurídica y otras con trascendencia política, pero lo cierto es que estamos como cuando llegamos,


La propuesta que haré sólo tiende a la solución del tema pero con la preservación de tres valores que no estamos dispuestos a resignar: el primero es la seguridad jurídica —responsabilidad esencial del Congreso de la Nación—, el segundo es la búsqueda y el encuentro de la verdad política de lo acontecido, y el tercero es el respeto y la convivencia parlamentaria.Formulo moción de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones, del reglamento a fin de proponer que se dé entrada y se trate sobre tablas el siguiente proyecto de resolución:1º - Dejar sin efecto, por inexistente, la sesión y la votación registrada en la sesión del día 26 de marzo último.2º.- Integrar una comisión compuesta por cinco diputados nacionales para investigar lo acontecido en las deliberaciones del día mencionado en un lapso no superior a los cinco días a partir de la fecha.3º — Reabrir el debate en general con la lista de oradores anotados en la Presidencia de la Cámara.No es necesario fundar esta propuesta; sólo se requiere tener en claro que la cuestión es institucionalmente política o políticamente institucional y debemos encontrar una solución dentro de este parámetro.Concluyo mis palabras diciendo que hoy como nunca la Cámara de Diputados tiene la oportunidad de terminar con la mentira para que la mentira no termine con nosotros.Sr. Presidente (Pierri). — En uso de las atribuciones que el artículo 157 del reglamento confiere a la Presidencia, invito al cuerpo a pasar a un cuarto intermedio en las bancas, convocando a los señores presidentes de las distintas bancadas a acercarse a este estrado.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora 20 y 18.

—A la hora 21 y 5:

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión.Corresponde que la Honorable Cámara se pronuncie acerca de la moción de apartamiento de las prescripciones del reglamento a fin de dar entrada y tratar sobre tablas el proyecto de resolución presentado por el señor diputado Fescina.

Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Canata. — Señor presidente: solicito que la Cámara espere cinco minutos antes de decidir sobre este asunto. El bloque de la Unión Cívica Radical se encuentra reunido en otra dependencia del cuerpo y me parece importante que esté presente en el recinto para tomar una decisión de esta naturaleza.—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. Canata. - Hoy se ha debatido mucho sobre este tema.Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Alvarez (C. A.). — Señor presidente: hubo un acuerdo en el sentido de que los señores diputados o los bloques que no estuviésemos contestes en formar parte de la comisión investigadora íbamos a plantear la cuestión. No forcemos votaciones. Dejemos que los distintos bloques puedan expresarse.—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia aclara que en primer término la Cámara debe pronunciarse respecto del apartamiento del reglamento a fin de dar entrada al proyecto presentado por el señor diputado Fescina y resolver si se lo trata sobre tablas. Luego de ello, el cuerpo recién iniciaría la consideración del proyecto de resolución.Sr. Bassani. — Solicito que la votación se practique en forma nominal.Sr. Presidente (Pierri). — La


Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal es suficientemente apoyado.—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Canata. - Pido la palabra para una aclaración.Sr. Presidente (Pierri). — Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por la Capital,Sr. Canata. — Cuando se reanudó la sesión, la Presidencia se refirió específicamente al proyecto de resolución del señor diputado Fescina, pero quiero aclarar que previamente hubo manifestaciones de diputados pertenecientes a distintos bloques que presentaron proyectos alternativos. Por lo tanto, creo que lo correcto sería apartarse del reglamento a fin de formular proposiciones en relación con los demás proyectos.Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia ha hecho alusión sólo al proyecto del señor diputado Fescina porque ningún otro diputado solicitó el apartamiento del reglamento.-Varios señores diputados hablan a la

vez.

Sr. Presidente (Pierri). - Lo que el señor diputado de la Rúa solicitó fue que la Cámara


se constituyera en comisión, y no que se apartara de las prescripciones reglamentarias. Son dos cosas totalmente distintas.Sr. de la Rúa. — Pero ese pedido lo formulé con anterioridad a la moción que se va a votar.Sr. Presidente (Pierri). — De todas formas, la Cámara considerará todas las cuestiones y las votaciones se practicarán nominalmente para que no haya ningún tipo de dudas. En relación con la moción de apartamiento del reglamento, la Presidencia aclara que para su aprobación se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. - Señor presidente: luego de este largo debate creo que es conveniente que se vote sabiendo de qué se trata. Descuento que la Presidencia no quiere cercenar a ningún bloque la posibilidad de sostener sus proyectos. No se desea una votación confusa sino clara, sobre algo que precisamente debe ser aclarado.Nuestro bloque había propuesto que la Cámara se constituyera en comisión. Después de la amplitud del debate esto parecería innecesario. Entonces, hay que adecuar las mociones para que puedan votarse apropiadamente los proyectos existentes. Nuestro bloque ha presentado uno que se halla en Secretaría. A su vez, el señor diputado Fescina ha presentado otro. Por su lado, se han formulado mociones que no se han traducido en proyectos, pero que también deben ser votadas, incluso hay una del señor diputado Matzkin, que no sé si la ha retirado o la mantiene.No alcanzo a comprender que podamos pronunciarnos sobre un apartamiento del reglamento para votar un solo proyecto, el del señor diputado por la Capital. Podríamos apartarnos del reglamento para votar cada uno de los proyectos que se han

presentado, pero, ¿en qué orden se van a votar? ¿Por qué se elige un orden y no otro?Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia aclara que la única moción de apartamiento del reglamento de la que se ha tomado debida nota es la formulada por el señor diputado Fescina, que será sometida a votación y para la cual se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan. De resultar aprobada dicha moción el mismo señor diputado deberá formular una moción de que se dé entrada al proyecto y se lo trate sobre tablas para lo cual se requieren los dos tercios de los votos que se emitan. De resultar favorable dicha votación, se pasaría a debatir la iniciativa de referencia.Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa.— En consecuencia, señor presidente, formulo también moción de apartamiento del reglamento para proponer que se dé entrada y se trate sobre tablas el proyecto que ha presentado nuestra bancada sobre esta cuestión.Sr. Presidente (Pierri).— Señores diputados: estoy escuchando el sonido de un teléfono celular. No es ésta la primera vez que ello ocurre, por lo que solicito que se termine con esta práctica de utilizar teléfonos celulares en el recinto. (Aplausos.)Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Fescina. — Señor presidente: por razones de economía procesal y reglamentaria creo que lo más conveniente sería votar un solo apartamiento del reglamento para dar entrada y considerar tanto el proyecto propuesto por la bancada radical como el presentado por quien habla. De esa forma, con una única votación se abriría la posibilidad de debatir ambos proyectos.Sr. Presidente (Pierri). — Esa es la forma en que se va a proceder, señor diputado.Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.


Sr. Matzkin. — Señor presidente: quisiera que aclarara qué es lo que se va a votar.Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia lo ha explicado, señor diputado, pero no tiene inconveniente en volver a hacerlo. En primer término, corresponde votar la moción que formuló el señor diputado Fescina de que la Honorable Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento a fin de dar entrada y considerar sobre tablas el proyecto de su autoría.Sr. Matzkin.— Señor presidente: es evidente que el cuerpo tiene que votar algo, y al respecto nuestro bloque interpreta que ese algo implica una secuencia. Existe una moción de orden planteada por la bancada de la Unión Cívica Radical para que la Cámara se constituya en comisión. Esto no ha sido votado y debe someterse al pronunciamiento del cuerpo, para lo cual hace falta una determinada mayoría.Posteriormente se debe votar la moción del señor diputado Fescina, según sea la suerte que tenga la primera votación porque así fue el orden de presentación. Creo que éste es el orden lógico de la votación, tal cual lo establece el reglamento.Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia no comparte esa apreciación porque la moción que formuló el señor diputado Fescina es de las que no admite discusión y debe ponerse a votación sin más trámite.


Sr. Matzkin. — ¿Qué características tiene la moción presentada por el radicalismo en el sentido de declarar a la Cámara en comisión?. ¿Cuál es la prioridad que le asiste dentro del reglamento?Sr. Presidente (Pierri). —La Presidencia entiende que según la propuesta formulada por el señor diputado de la Rúa, la Cámara debería constituirse en comisión para tratar el proyecto que ha presentado. Ahora parece que el señor diputado de la Rúa ha cambiado su posición, transformando su anterior propuesta en un pedido de apartamiento del reglamento para que la Cámara se constituya en comisión.Sr. Matzkin. — ¿La Cámara debe apartarse del reglamento para constituirse en comisión?Sr. Presidente (Pierri).. — Para tratar el proyecto que mencionó el señor diputado por la Capital.Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.

Sr. Fescina . — Señor presidente: a los efectos de no entorpecer la mecánica de la Cámara, no tengo inconvenientes en que se vote en un solo acto el apartamiento de las prescripciones del reglamento para dar entrada y considerar sobre tablas los dos proyectos. Tras ello, se procedería a votar, en primer lugar, 1a moción del señor diputado de la Rúa y luego la que yo he formulado. Tampoco tengo inconvenientes en que se vote en primer lugar la moción del señor diputado de la Rúa de apartamiento del reglamento.Sr. Presidente (Pierri). -¿Lo que plantea el señor diputado es considerar las dos mociones en una sola votación?Sr. Fescina. — Lo que propongo es que la Cámara se aparte del reglamento a los efectos de darle entrada al proyecto.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.Sr. Folloni.- Señor presidente: creo que la moción del señor diputado de la Rúa tiene preferencia en la

votación por sobre la moción del señor diputado Fescina por la sencilla razón de que está en noveno lugar la propuesta de constituir la Cámara en comisión y en décimo, el apartamiento del reglamento, siempre dentro de las mociones contempladas por el artículo 108 del reglamento.Pero posteriormente interpreto que el señor diputado de la Rúa, desde su moción que está en el noveno lugar, implícitamente está solicitando también un apartamiento del reglamento para introducir como proyecto de resolución posteriormente lo que estaba peticionando.En consecuencia, me parece razonable que votemos de una sola vez la moción del inciso 10 del artículo 108 —apartamiento del reglamento— para dar ingreso a los dos proyectos: el del señor diputado Fescina y el del señor diputado de la Rúa. Luego, como dijo el señor diputado Fescina, votaremos cada uno en forma separada, sin que haya inconvenientes en el orden que se establezca.Sr. Presidente (Pierri) — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Baglini.— Señor presidente: sería conveniente que no induzcamos a confusión y que cada una de las mociones se vote separadamente, ya que precisamente a raíz del problema originado en las votaciones hemos terminado con este procedimiento en la Cámara.Independicemos ambas mociones; existe una moción de apartamiento del reglamento para tratar el proyecto del diputado Fescina y otra similar para el proyecto del señor diputado de la Rúa. Vamos a ir votando cada una de las mociones y luego se resuelve; de lo contrario, habremos incorporado la confusión.—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Capital.


Sr. Canata.- Vamos a serenarnos, señor presidente. Creo que usted ha estado desviando e! eje de la discusión. El señor diputado de la Rúa fue muy claro cuando inició su exposición. Pidió que se constituyera la Cámara en comisión ¿Por qué? Porque seguramente iba a haber muchos proyectos y, entonces, en el debate se iban a plantear las distintas propuestas. Esto permita que a lo mejor podamos discutir todos los proyectos a la vez, y después buscaríamos la forma de votación.Presionado por el hecho de que usted está llamando ya a votar, el señor diputado De la Rúa tuvo que modificar su moción, pero la Presidencia no cumplió con el reglamento cuando el señor diputado de la Rúa solicitó que la Cámara se constituyese en comisión, moción que debería haber puesto a votación en tiempo y forma. La aprobación de esa moción habría posibilitado que los señores diputados expusiesen sus diferentes posiciones y que se discutiesen todos los proyectos presentados. Este hubiera sido el camino correcto, pero la Presidencia manifestó que iba a poner a votación la moción del señor diputado Fescina, que no fue formulada en primer término sino en uno bien ulterior.Lo primero que hay que votar reglamentaria-


mente es que se declare a la Cámara constituida en comisión.Sr. Presidente (Pierri). — Es una apreciación muy particular la que hace el señor diputado.Sr. Canata. — Es una evasión al reglamento, a la que la Presidencia nos tiene acostumbrados.Sr. Presidente (Pierri). — El inciso 9º del artículo 108 del reglamento dice lo siguiente: “Que la Cámara se constituya en comisión". Esa es la moción que formuló el señor diputado de la Rúa. Esta moción se discute, que es lo que la Cámara ha estado haciendo hasta ahora. Por eso, todavía la Presidencia no la puso a votación. En cambio, la moción de apartamiento del reglamento es de las que se ponen a votación sin discusión.Repito: la moción del señor diputado de la Rúa se ha estado discutiendo. Incluso todavía queda pendiente una larga lista de oradores, en la que figuran otros 15 diputados. Pero ahora corresponde poner a votación la moción de apartamiento del reglamento, contemplada en el inciso 10 del artículo 108, la que, reitero, se debe votar sin discusión de acuerdo con el artículo 109.

Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Albamonte. — Creo que el inciso 10 del artículo 108 del reglamento es suficientemente claro en el sentido de que el apartamiento del reglamento es para la consideración de un asunto de urgencia o especial. Creo que todos coincidimos en que éste es el caso.Tanto la moción del señor diputado de la Rúa como la del señor diputado Fescina tratan exactamente el mismo tema, con distintas perspectivas de solución. Por lo tanto, pienso que debemos votar la moción de apartamiento de reglamento para habilitar el tratamiento del asunto.


Sr. Albamonte. — No se pongan nerviosos, señores diputados, porque igual hace falta una mayoría especial. Esta es la interpretación correcta de la moción de apartamiento del reglamento.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Matzkin. — Señor presidente: es correcta la interpretación del señor diputado Albamonte, porque de otro modo no existe posibilidad, no hay salida, no hay forma de que avancemos. Si tenemos que hacer dos votaciones separadas de la moción de apartamiento del reglamento —cada una relativa a una propuesta posterior diferente- no podremos avanzar. La aprobación de la moción de apartamiento del reglamento requiere la mayoría más alta que contempla el reglamento. Si los bloques no tienen un acuerdo previo, no hay forma de que se pueda llevar adelante.La mejor forma de trabar esta sesión pasa por insistir en que hay dos mociones de aparta-miento del reglamento. Nosotros queremos salir de esto, volver al principio y no perdernos en la maraña reglamentaria. Por eso, la totalidad de los diputados aquí presentes tiene que enterarse de qué es lo que conversamos los presidentes de bloque en el cuarto intermedio. Llegamos con una propuesta que pretendía ser una especie de síntesis superadora de las posiciones iniciales; algo muy cercano a lo que dice el señor diputado Fescina. Nosotros flexibilizamos nuestra posición para poder avanzar y votar, que es lo que queremos. Pero nos encontramos ante la inflexibilidad del radicalismo, quien pretende que esta sesión continúe en el día de mañana y no hoy.

Con 230. señores diputados_ presentes en el recinto, esta Cámara tiene que continuar sesionando. Esto es prestigio. ¡A trabajar, señores diputados, porque si no, no hay forma de avanzar! (Aplausos.) ¡Queremos


votar!. ¡Queremos ratificar las votaciones! Este es el deseo de la mayoría de los bloques políticos representados en esta Cámara. Basta de trabas reglamentarias.—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. Matzkin. — La única forma de salir de todo esto es hacer una sola votación de aparta-miento del reglamento, para que luego cada uno de los bloques —con la cantidad de diputados que tenga disponibles— adopte la posición que decida.No existe mejor forma de trabar esta sesión que insistir cada uno en su propia postura de apartarse del reglamento. Hemos flexibilizado nuestra posición inicial con un claro objetivo, y lo repetimos delante de todos los que no estuvieron presentes en esa reunión. Si no se hace una sola votación —o dicho de otra forma, si no se retira una de las posiciones—, no hay forma de avanzar. Hace varias horas que estamos con aspectos reglamentarios y la voluntad mayoritaria de este cuerpo es poder votar. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. - Señor presidente: la moción de apartamiento del reglamento formulada por el señor diputado Fescina significa cancelar la lista de oradores anotados para la discusión que


se estaba llevando a cabo, salvo que se me aclare lo contrario. No puedo creer que después de la votación continuará la lista de oradores, con lo que el pronunciamiento de la Cámara sería provisorio y anticipado. Esto último es algo quo me parece rarísimo, por lo que debe entenderse que la idea era agotar el debate y votar el proyecto de ley.Hay que terminar con el tema. Al bloque justicialista siempre le parece que la cuestión de hablar es un mero formalismo. Es decir que si ya hablaron dos o tres sobre el tema, se puede pasar a votar. No saben que cuando se habla, se dan razones que a veces pueden servir para modificar criterios o ideas.Sr. Martínez Raymonda.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?Sr. de la Rúa. —Sí, señor diputado.Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Martínez Raymonda.- Señor presidente: creo que hay que clarificar el tema en debate.El señor diputado de la Rúa formuló una moción de constituir la Cámara en comisión, que debió haberse votado en treinta minutos. De todas formas, el señor diputado de la Rúa retiró su moción. En consecuencia, la lista de oradores cae ante el retiro de la moción de constituir la Cámara en comisión. Lo que viene ahora, señor presidente. . .Sr. Presidente (Pierri). - Quiero aclarar algo que usted parece obviar, señor diputado. La Cámara estaba discutiendo dos mociones. La primera de ellas fue formulada por el señor diputado Matzkin y la otra por el señor diputado de la Rúa.Sr. Martínez Raymonda. — Esta última tiene preferencia porque el artículo 108 del reglamento no considera la del diputado Matzkin y ubica en el noveno lugar a la formulada por el diputado de la Rúa.El debate se prolongó más allá de los

treinta minutos previstos y el señor diputado de la Rúa retiró la moción, con lo cual la lista de oradores desaparece.Por otra parte el señor diputado Fascina mociona un apartamiento del reglamento para tratar un proyecto que declara nula la votación anterior. El señor diputado de la Rúa señala que su bloque también preparó un proyecto en tal sentido. Por lo tanto la Cámara debe votar el apartamiento del reglamento para tratar el tema de la votación nula. A partir de allí debe aprobar con dos tercios de los votos el ingreso de los proyectos, que deberán ser tratados sobre tablas y contar también con los dos tercios de los votos emitidos. Ese es el procedimiento, señor presidente; no hay otro.Sr. Presidente (Pierri.). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. — Deseo responder al encendido discurso del señor diputado Matzkin en elque señaló que la Cámara debe trabajar.Estoy de acuerdo en que la Cámara debe trabajar, pero lo que hemos discutido en el día de hoy no es un hecho baladí o intrascendente, sino que se trata de un tema fundamental para esta Cámara. Y el país nos está mirando.—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. de la Rúa. — Dejemos esta cuestión y avancemos sobre los otros temas.Hemos dicho al señor diputado Matzkin que nuestra bancada considera que ahora debe votarse lo relativo a la sesión falsificada del jueves pasado y la presencia de un intruso en las bancas, y dejar para mañana, como corresponde, el tratamiento del marco regulatorio del gas.—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. de la Rúa. - Salvo que piensen que hoy han hecho un gran esfuerzo para reunirse y que mañana no


podrán asistir a la Cámara.Lo que ocurre es: que luego de los graves cuestionamientos a lo ocurrido en este recinto hay que asignar a la cuestión la trascendencia que merece a fin de que se diga que la Cámara de Diputados dedicó el día de hoy para tratar el tema.Por otra parte, el trámite de un proyecto tan importante como el marco regulatorio del gas,sobre el que han aparecido sospechas, no debe ser tratado de noche sino a la luz del día.—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. de la Rúa. - Este es el sentido de nuestro planteo. Actuar como si no pasara nada es engañarse. El bloque justicialista debe asumir el problema político que tiene.—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. de la Rúa. — Lo que ocurre es que dada la precipitación con que se planteó el tema, se ha creado alguna confusión. Hay una lista de oradores anotados para este asunto y debe ser agotada, salvo que los diputados se borren y desistan de hacerlo. Luego hay que votar las mociones existentes: la nuestra, de constituir la Cámara en comisión, que en rigor debería hacer-


se para convalidar lo que de hecho se ha dado, y la moción relativa al apartamiento del reglamento, que formuló el señor diputado Fescina. Porque más allá de lo reglamentario, lo que nos importa es que quede clara nuestra posición, que está reflejada en el proyecto presentado, cuya lectura solicité oportunamente.No queremos que prevalezca la forma sobre el fondo ni que argucias reglamentarias confundan la posición política que sustentamos. Por eso digo, claramente y de una vez por todas, que ése es el texto que sostenemos, porque no queremos ninguna fórmula ambigua ni calificar la sesión del jueves de modo tal que unos puedan entenderla como válida y otros como inválida. Para nosotros es nula de nulidad absoluta. No se trata de una votación válida que pueda dejarse sin efecto por una concesión graciosa sino que es nula por los graves vicios que la afectan, y queremos que eso se diga con rigor jurídico y precisión política.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Corrientes.Sr. Echevarría. — Solicito que el señor diputado Garay me conceda una interrupción para hacer una aclaración.Sr. Garay. Le concedo la interrupción, señor presidente.Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Echevarría. — Señor presidente: quisiera preguntar al señor diputado de la Rúa si ha sido levantada la moción que formuló al principio en el sentido de que la Cámara se constituya en comisión, porque si no lo fue, la lista de oradores no tiene ningún sentido, ha caído.Si retiró la moción, no puede seguir hablando sobre ella; él lo debe saber muy bien ya quetiene más años que yo como legislador. Por lo tanto, le pediría que no siga frenando el debate. Tendríamos quo votar la moción de

apartamiento del reglamento y tratar los dos proyectos presentados, respecto de los cuales se podrían anotar para hacer uso de la palabra todos los oradores quo lo deseen.Sr. Baylac. - Solicito que el señor diputado Garay me conceda una interrupción para hacer una aclaración.Sr. Albamonte. — También solicito una interrupción al señor diputado Garay.Sr. Garay. — Señor presidente: si los señores diputados van a generar un nuevo debate no me están interrumpiendo sino que se están intercalando en el orden de quienes pedimos hacer uso de la palabra; para ello tendrían que anotarse, como corresponde. Si lo que solicitan es realmente una interrupción, la concedo con mucho gusto, pero tendrían que referirse a mis expresiones, y todavía no he dicho nada. (Risas y aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). —Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Baylac. — Señor presidente: en la versión taquigráfica debe constar que hice propia la moción formulada por el señor diputado Fernando de la Rúa y mi solicitud de que la Cámara se constituyera en comisión, de modo tal que la moción no ha sido retirada en ningún momento ni ha desaparecido.-Varios señores diputados hablan a la

vez.Sr. Presidente (Pierri), -- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Corrientes.Sr. Garay. - Señor presidente la moción formulada por el señor diputado de la Rúa en el sentido de que la Cámara se constituya en comisión es de cumplimiento imposible y no debimos considerarla en ningún momento, porque la Cámara se constituye en comisión para tratar un proyecto, para lo cual primero es necesario que la iniciativa tenga entrada en la Cámara y sea conocida. Por ello debió pedir en primer lugar el apartamiento de las


prescripciones reglamentarias. Lo que sucede es que, no diría por picardía reglamentaria sino por recurso reglamentario, el señor diputado se amparó en lo que establece el inciso 9º del artículo 108 del. reglamento —que se refiere a la moción de orden de que la Cámara se constituya en comisión— porque permite la discusión, mientras que la alternativa del inciso 10) -que la Cámara se aparte de las prescripciones reglamentarias- no admite el debate.Entiendo que ya se ha logrado el efecto de poder discutir el tema, inclusive sobradamente, y con violación del reglamento, porque éste es clarísimo al establecer en 30 minutos el término para discutir las mociones enunciadas en los incisos 7º, 8° y 9º del artículo 108 del reglamento, entre las cuales está involucrada la formulada por el señor diputado de la Rúa, y ya llevamos debatiendo alrededor de seis horas.

Como se advierte, hay dos mociones de apartamiento de las prescripciones del reglamento, que como es sabido no se discuten y requieren el voto de las tres cuartas partes de los diputados presentes. En consecuencia, no será posible lograr un resultado positivo si no es por medio del acuerdo entre las bancadas. Afirmo esto porque si sometemos primero a votación


una de ellas y resulta rechazada, seguramente también ocurrirá lo mismo con la otra. Por ese motivo, si queremos destrabar esta cuestión, aunque no sea muy ortodoxo desde el punto de vista reglamentario habría que poner en consideración el apartamiento de las prescripciones del reglamento fundiendo los dos proyectos: el del señor diputado Fescina y el del señor diputado de la Rúa. De ese modo, se podrán reunir las tres cuartas partes de los votos, pues de tomarse ambos asuntos por separado se advierte con seguridad que se producirá una frustración, y así será inútil todo el esfuerzo que hagamos dialogando. Vamos a volver a sacrificar el fondo de la cuestión por imponer la forma.Lo que no podemos repetir es la discusión sobre la moción enunciada en el inciso 9º) del artículo 108, que nunca debimos haber debatido. Pusimos primero el carro y después los caballos. Tendríamos que haber ingresado el proyecto en primer término y recién después formular la moción de que la Cámara se constituya en comisión.Concretamente, señor presidente, a efectos de reunir las tres cuartas partes de los votos, sugiero que se acuerde el apartamiento de las prescripciones del reglamento para dar entrada a los proyectos de los señores diputados Fescina y de la Rúa. A posteriori será necesario formular una moción de tratamiento sobre tablas, que requiere sólo las dos terceras partes de los votos que se emitan.Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Baglini. — Señor presidente: cuando planteamos la necesidad de tratar en forma separada las dos mociones de apartamiento de las prescripciones del reglamento lo hicimos partiendo de la base de que no estamos discutiendo exclusivamente acerca de las formas, porque éstas encubren en definitiva

un análisis diferente de la situación que ocurrió el jueves pasado y de sus consecuencias.No es lo mismo que se declare la falta de validez de un acto —llevando a la duda si lo que ocurrió la semana pasada es legítimo o ilegítimo- que la nulidad. No es lo mismo que se hable de una comisión integrada por determinados miembros que de otra cuyos miembros sean diferentes. Tampoco es lo mismo que exista o no un punto dentro de un proyecto, como en el nuestro, que hable del repudio al hecho, de la necesidad de que se den informes y además de la solidaridad con los periodistas que ejercieron acabadamente su obligación.Lo que expresó el señor diputado de la Rúa fue que el tema de su moción estaba en realidad suficientemente debatido, pero no recuerdo que la haya retirado. Por eso debe mantenerse un tratamiento distinto y, separado para cada una de las mociones porque, aunque se apunte al mismo objetivo, no es igual el contenido de los proyectos.Durante la reunión que se ha celebrado nosotros manifestamos nuestra voluntad de dar por terminados estos asuntos, pero bajo una postura absolutamente clara que posibilite reconducir la situación irregular planteada en esta Cámara la semana pasada. Otra cosa diferente es el tema de la consideración del proyecto de ley de marco regulatorio para la privatización de gas del Estado.Si no se separan las dos mociones de apartamiento de las prescripciones del reglamento, en definitiva estaremos mezclando cosas que no son exactamente iguales, no son homogéneas ni constituyen un problema de fondo sino situaciones diferenciales en cuanto a la apreciación que debe hacer la Cámara de los hechos acaecidos la semana pasada. Nosotros sostenemos que es de nulidad y hemos fundamentado extensamente en ese sentido porque creemos que estamos


frente a la existencia de una irregularidad de carácter político, más allá del hecho de que haya aparecido un señor que no era diputado sentado en una banca del recinto. También existen otras interpretaciones. Lo mismo ocurre con respecto a la comisión. Por eso deberían votarse las dos mociones de apartamiento del reglamento, en forma separada.Sr. Presidente (Pierri). Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (F.). — Señor presidente: no es exacta la interpretación que se realiza el señor diputado por Mendoza. No nos apartamos del reglamento para considerar dos cuestiones, sino una. El inciso 10) del artículo 108 del reglamento es claro y se refiere a la consideración de un asunto de urgencia.El asunto de urgencia es el tema que hemos discutido toda la tarde en este recinto. Entonces, nos apartamos del reglamento para ello. Todos coincidimos en el asunto de urgencia. Por eso no encuentro inconvenientes para votar el apartamiento del reglamento. Posteriormente, si se presentaran dos mociones distintas, las discutiríamos y votaríamos en forma separada.Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Alvarez Echagüe. - Señor presidente: creíamos que habíamos llegado a un acuerdo. Debemos realizar una sola votación, porque las


dos mociones de apartamiento del reglamento se refieren a un solo tema.Desde nuestro bloque coincidimos con lo que propone el señor diputado Baglini, en el sentido do expresar nuestro repudio por los hechos y brindar reconocimiento a los periodistas. No estamos de acuerdo en que después de haber debatido con altura sobre esta cuestión -donde todos los señores diputados coincidimos en repudiar un hecho vergonzante-, el rechazo al acto producido por el intruso se constituya en una especulación política, que tendrá el mismo repudio social que tuvo el hecho que nos ha convocado esta tarde.Podemos seguir discutiendo para hacer viable el apartamiento del reglamento mediante una sola votación. Desde el justicialismo no especulamos, porque en este momento la votación de la reconsideración sería favorable al bloque Justicialista, dada la actual presencia de legisladores en el recinto. No se trata de que exista flexibilidad de nuestra parte, sino de demostrar que la única base de la democracia es la convivencia política, que comienza en la casa de la democracia, que es el Parlamento. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). -- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Bisciotti. — Señor presidente: el señor diputado Baglini se refirió a varios puntos, con los cuales coincido. Hace muchos años que estamos trabajando en esta Cámara, pero nos estamos manejando como principiantes. Debe distinguirse una moción para que la Cámara se constituya en comisión en este caso concurren masivamente los distintos proyectos que se proponen, se debaten y luego se ponen a votación según los dictámenes que emita la Cámara constituida en comisión, cerrándose la conferencia de una proposición de apartamiento del

reglamento, que es para tratar un proyecto determinado.El diputado Alvarez Echagüe puede tratar otro proyecto similar, pero no concurre con las tres cuartas partes de los votos con que se canalizó nuestra moción de apartamiento del reglamento. Si procediéramos de una manera distinta a la que señalo, quedaría abierto el camino para que el día de mañana cualquiera pueda ingresar proyectos cada vez que se formule una moción de apartamiento del reglamento en relación con iniciativas de carácter impositivo, de defensa, de comercio, etcétera. Pero no debe ser así. Formulo esta aclaración para colaborar y no para obstruir.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la

palabra señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (L.F.). — Señor presidente: aquí se está hablando de dos proyectos pero se omite la propuesta concreta que durante mi anterior exposición formulara a la Cámara que ésta se expidiera en consecuencia. Me refiero a mi proposición que consiste en dos puntos. Primero, declarar la inexistencia de la sesión y de la votación del jueves pasado, y segundo, condenar la actitud del bloque Justicialista por haber introducido a la votación a una persona extraña al cuerpo. A los efectos de la consideración de este proyecto también solicito el apartamiento del reglamento.Teniendo en cuenta que estas tres iniciativas no tratan sobre un asunto único sino sobre tres cuestiones diferentes, porque el proyecto del señor diputado Fescina, el del bloque radical y el mío son muy distintos, entiendo que deben practicarse tres votaciones o más, si es que hubiera otros proyectos, referentes al apartamiento del reglamento. Esas votaciones tendrían que ser en forma separada y consecutiva.Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia va a poner a consideración de la Cámara la


interpretación del reglamento para que esta moción se vote en conjunto o individualmente. Primero se va a votar si la Cámara interpreta si se debe votar en forma conjunta.Sr. de la Rúa. — Pido la palabra para una aclaración.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. de la Rúa. —Ruego al señor diputado Matzkin que me atienda para ver si resolvemos bien el tema.Nuestra confusión surge de que aparece un pedido de apartamiento del reglamento para un proyecto. Lógicamente, no queremos. que nuestro proyecto quede afuera; pero la confusión tal vez la introduje al decir que de hecho habíamos obrado como si estuviéramos constituidos en comisión, dada la amplitud con que se dio el debate. Lo que en realidad falta es la formalidad; que constituida la Cámara en comisión se formalicen esos despachos se vote sobre ellos y luego puedan ser puestos en consideración. Tiene razón el señor diputado Bisciotti al señalar que otro procedimiento puede llevarnos a una situación sin salida. . . Sr. Presidente (Pierri)- La Presidencia aclara al señor diputado que la Cámara aún no ha decidido introducir ningún proyecto, porque para eso se debe resolver acerca del apartamiento del reglamento. El proyecto todavía no está in-


troducido, sino que simplemente se lo ha enunciado.Lo que se va a votar es si la Cámara interpreta que el apartamiento del reglamento se hará mediante una sola votación para todas las mociones formuladas hasta el momento. Si la votación resultara negativa, haríamos votaciones individuales. Además, al votarse negativamente, ya quedaría interpretado el sentido de la votación.Sr. Matzkin. —Pido la palabra.Sr. Presidente (Pierri), — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Matzkin. - Señor presidente: he solicitado la palabra a los efectos de ayudar a la Presidencia. Esta es una votación que se resuelve por simple mayoría, y el pronunciamiento afirmativo de la Cámara significa que en una sola votación se introducen todos los proyectos.Sr. Presidente (Pierri). — Así, es señor diputado.

-Varios señores diputados solicitan que la

votación se practique en forma nominal.

Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia entiende que el pedido de votación nominal, resulta suficientemente apoyado.En consecuencia se va a votar en forma nominal.

—Se practica la votación nominal.Sra. Secretaria (Pérez Pardo). —Sobre 233 diputados presentes han votado 147 por la afirmativa y 81 por la negativa. No se ha registrado el voto de 4 señores diputados que no han hecho uso de sus respectivas llaves.

-Votan por la afirmativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Adaime, Aguado, Alabi, Albamonte, Alcala, Alende, Alsogaray, Alvarez (H.C.), Alvarez Echagüe, Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (A.E.), Barberá, Barbotti, Baum, Becerra (N. E.), Beltrán, Bermúdez, Bischof, Blanco,

Borda, Bordín Carosio, Branda, Cabrera, Caimmi, Calleja, Camaño (D. A.), Camaño (E. O.),Camaño (G.), Casari de Alarcia, Castillo ( J. L.), Clérici, Corchuelo Blasco, Cramaro, Crostelli, Cruz, D´Alessandro, Daud, Durrieu, Echevarría Endeiza, Falleti, Fellner, Fernández (R.C.), Fernández (R.E.) Ferradás, Fescina, Figueroa, Flores, Folloni, Frigerio, Gan, Garay, García, García Cuerva, Germanó, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.). Gómez Centurión, González (A, I.), González (J.H.), González (O. F. ), González Cabañas, Green, Guerrero (A.I.) Hardy, Hernández (S. A.), Herrera (B. E.), Herrera (L. F.) Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Ibarreche, Iribarne, Iturre, Jalil, Lamberto, Leconte, López (J. A.), López Arias, López de Zavalía, Loutaif, Macaya, Machicote, Maggi, Manfredotti, Manny, Maqueda, Marcoli, Martín de De Nardo, Martínez, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza. (C. R.), Michitte, Monteverde, Muniagurria, Nacul, Natale, Niño, Parada, Parrilli, Pepe, Pesce, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J. A.), Rodríguez (J.), Rodríguez Sañudo, Romero (C.A.), Romero (H. A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Saadi (L.A.), Sabio, Sacks, Salusso, Samid, Sánchez Galdeano, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Sucaría, Sueiro, Tacta de Romero, Toma, Topa, Toto, Troyano, Uriondo, Valcárcel, Varela, Venesia, Verdú, Yoma, Zamora (F.) y Zaracho.

-Votan por la negativa los señores diputados Achem, Agúndez, Alberti, Algaba, Alvarez (C. A.), Alvarez García, Armendáriz, Avelín, Baglini, Balestra, Bassani, Baylac, Becerra (C.A.), Berhongaray, Bericua, Bisciotti, Bravo, Breard, Brook, Brunati, Bruzzo, Cafiero, Canata, Carreras, Ceballos, Cossos Pérez, de la Rúa, De Martino, Di Tulio, Elías, Espeche, Estévez Boero, Felgueras, Fernández Gill, Fontela, Gallo, Galván, Gatti, Gauna, González (L.M.), González Gass, Hérnández (A.M.), Iglesias, Koth, López (A.H.), Losada; Lynch, Machado, Marcó, Marcos, Marelli, Mendoza, Meneghini, Molardo, Molinas, Moreau, Moure, Novau, Olivera, Orgaz, Ortiz Maldonado, Ortiz Pellegrini, Peralta, Piccinini, Pinto,


Prat, Profili, Quezada, Raimundi, Rodrigo, Roig, Salvador, Santín, Seguí, Soria Arch, Spinoza, Storani, Sureda, Vanossi, Vázquez (R. H.) y Zamora (L.F.).

Sr. Presidente (Pierri). — En consecuencia, corresponde que la Cámara se pronuncie en una sola votación acerca de las distintas mociones de apartamiento del reglamento formuladas.Dado que el pedido de votación nominal incluía ambas votaciones, se va a votar nominalmente las mociones de apartamiento del reglamento. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

—Se practica la votación nominal.Sra. Secretaria (Pérez Pardo). —Sobre 233 diputados presentes han votado 149 por la afirmativa y 77 por la negativa, registrándose además dos abstenciones. No se ha registrado el voto de 4 señores diputados que no han hecho uso de sus respectivas llaves.

-Votan por la afirmativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Achem, Adaime, Aguado, Alabi, Albamonte, Alcala, Alende, Alsogaray, Alvarez (H.C.), Alvarez Echagüe, Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Avelín, Ayala, Balestrini (A.E.), Barberá, Barbot-


ti, Baum, Becerra (N. E.), Beltrán, Bermúdez, Bischof, Blanco, Borda, Bordín Carosio, Branda, Cabrera, Caimmi, Calleja, Camaño (D. A.), Camaño (E. O.),Camaño (G.), Casari de Alarcia, Castillo ( J. L.), Clérici, Corchuelo Blasco, Cramaro, Crostelli, Cruz, D´Alessandro, Daud, Durrieu, Echevarría Endeiza, Falleti, Fellner, Fernández (R.C.), Fernández (R.E.), FernánDez Gill, Ferradás, Fescina, Figueroa, Flores, Folloni, Frigerio, Gan, Garay, García, García Cuerva, Germanó, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.). Gómez Centurión, González (A, I.), González (J.H.), González (O. F. ), González Cabañas, Green, Guerrero (A.I.), Hardy, Hernández (S. A.), Herrera (B. E.), Herrera (L. F.) Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Ibarreche, Iribarne, Iturre, Jalil, Lamberto, Leconte, López (J. A.), López Arias, López de Zavalía, Loutaif, Macaya, Machicote, Maggi, Manfredotti, Manny, Maqueda, Marcoli, Martín de De Nardo, Martínez, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza (C. R.), Michitte, Monteverde, Muniagurria, Nacul, Natale, Niño, Parada, Parrilli, Pepe, Pesce, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J. A.), Rodríguez (J.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Saadi (L.A.), Sabio, Sacks, Salusso, Samid, Sánchez Galdeano, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Sucaría, Sueiro, Tacta de Romero, Toma, Topa, Toto, Troyano, Uriondo, Valcárcel, Varela, Venesia, Verdú, Yoma, Zamora (F.) y Zaracho.

-Votan por la negativa los señores diputados Agúndez, Alberti, Algaba, Alvarez (C.A.), Alvarez García, Armendáriz, Baglini, Balestra, Bassani, Baylac, Becerra (C.A.), Berhongaray, Bericua, Bisciotti, Bravo, Breard, Brook, Brunati, Bruzzo, Cafiero, Canata, Carreras, Ceballos, Cossos Pérez, de la Rúa, De Martino, Di Tulio, Elías, Espeche, Estévez Boero, Felgueras, Fontela, Gallo, Galván, Gatti, Gauna, González (L.M.), González Gass, Hérnández (A.M.), Iglesias, Koth, López (A.H.), Losada; Lynch, Machado, Marcó, Marcos, Marelli, Mendoza (M.), Meneghini, Molardo, Molinas, Moreau, Moure, Novau, Olivera,

Orgaz, Ortiz Maldonado, Ortiz Pellegrini, Peralta, Piccinini, Pinto, Prat, Profili, Quezada, Raimundi, Rodrigo, Roig, Salvador, Santín, Seguí, Soria Arch, Spinoza, Storani, Sureda, Vanossi, Vázquez (R.H.) y Zamora (L.F.).

Se abstienen de votar los señores diputados Loutaif y Sodero Nievas.

Sr. Presidente (Pierri). - Quedan rechazadas las mociones. Tiene la palabra el señor diputado por Buenos AiresSr. Ibarbia. - Señor presidente: estaba anotado en la lista de oradores y soy uno de los diputados que no hicimos uso de la palabra antes de que se sometieran a votación las mociones sobre las que acaba de pronunciarse el cuerpo.De facto estábamos apartados del reglamento porque la sesión debió comenzar con el tratamiento del Orden del Día Nº 24. Si la sesión del jueves de la semana pasada no existió, si se llevó a cabo en minoría, quiere decir que la última sesión en la que se adoptó una resolución válida fue la realizada el día miércoles 25, en que se formuló una moción de cierre de debate y quedó pendiente la consideración del Orden del Día N° 24. De manera que estamos de facto apartados del reglamento al tratar lo ocurrido en este recinto el día jueves 26 de marzo.Para concluir la consideración de ese asunto correspondía una sola moción, que creo recogía las apreciaciones de todos los bloques que opinaron esta noche y que formulé durante mi intervención anterior al sostener que la Cámara debía resolver que la reunión del día 26 de marzo fue en minoría. Por lo tanto, en una reunión en minoría no hay decisiones válidas y no hay nada que reconsiderar, rectificar o anular.Además, la Cámara debía condenar el hecho de que una persona que no pertenece al cuerpose sentara en una banca, y disponer la creación de una comisión investigadora, decisión que se adopta


por simple mayoría.Con respecto al Orden del Día Nº 24 caben, a su vez, dos mociones, de conformidad con lo que ha sido opinión de varios bloques y exigencia de la bancada radical. En primer término, corresponde la reconsideración de la moción de cierre de debate, que requiere los dos tercios de los votos que se emitan; en segundo lugar—de no resultar aprobada aquella— la votación en general del dictamen contenido en el Orden del Día N9 24, se requiere simple mayoría. Creo que la votación debería realizarse dividida, como lo propongo, y no como lo propicia el señor diputado Fescina, que engloba en tres cuestiones dos que requieren simple mayoría, es decir, la opinión de que la reunión del día jueves 26 de marzo fue inexistente por ser en minoría y la condena de ese hecho, con la reconsideración de la moción de cierre de debate, que requiere dos tercios de los votos. De manera que lo prudente sería considerar por un lado que la reunión del 26 de marzo de 1992 fue una sesión en minoría, de la que no puede resultar ninguna decisión válida; por el otro, condenar el hecho de que una persona no perteneciente a. esta Cámara ocupara una banca en este recinto. A su vez, habría que crear una comisión investigadora sobre esta cuestión, para lo que se requiere simple mayoría. Y a continuación pasamos al orden del día. Para ello, pueden hacerse las siguientes mociones: reconsideración de la moción de cierre de debate, para lo que hacen falta los dos tercios de los votos. Si eso no se consigue, la Presidencia debe poner en consideración el Orden del Día Nº 24, cuya votación requiere simple mayoríaSr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. - Señor presidente: respeto lo expresado por el señor

diputado preopinante, pero a nuestro juicio, tras el resultado de la votación anterior debe formalizarse la constitución de la Cámara en comisión y posteriormente se consensuarán los despachos que adoptará la Cámara en esa situación a los efectos de someterlos a votación.Por eso nuestro bloque votó en contra del apartamiento del reglamento, a los efectos de no sentar malos precedentes.Sr. Presidente (Pierri). - El señor diputado de la Rúa pretende que se constituya la Cámara en comisión, pero eso no es posible porque no existe ningún proyecto a considerar ya que la Cámara votó en forma negativa el apartamiento del reglamento para incorporar los proyectos.Sr. de la Rúa. - No interesa que la Presidencia considere que los proyectos no han ingresado. . .Sr. Presidente (Pierri). — Es que no han ingresado, señor diputado.Sr. de la Rúa. Señor presidente: cada uno va a adoptar un despacho. . .


Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Ibarbia. - Señor presidente: si bien se insiste en la necesidad de la entrada de un proyecto, la moción que formulé ha sido concreta. Consiste en que después de la discusión de esta tarde, la Cámara resuelve considerar en primer lugar que la sesión del pasado 26 de marzo fue en minoría; en segundo lugar, condenar el hecho de que un sujeto no perteneciente a esta Cámara se sentara en una banca y, en tercer lugar; crear una comisión investigadora. Para esto no se necesita ningún proyecto y se vota por simple mayoría.A posteriori podemos tratar otras mociones como reconsideración de la moción de cierre de debate y, si eso


fracasa, consideración del Orden del Día número 24.Sr. Presidente (Pierri). — En consecuencia, hay varias mociones. La primera es la de considerar que la reunión del 26 de marzo queda sin efecto; a su vez, analizar el hecho de la entrada del intruso al recinto como un suceso lamentable. . .

-Varios señores diputados hablan a la vez.

Sr. Presidente (Pierri).- Es una moción simple que la Cámara puede apoyar o rechazar.—Varios señores diputados hablan a

la vez.

Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia solicita tranquilidad al señor diputado Matzkin. . .Sr. Matzkin. — Señor presidente: lo que pasa es que la oposición pone piedras en el camino.Sr. Presidente (Pierri). -La Presidencia está dando facilidades a la Cámara para que todo el mundo tenga la oportunidad de hablar.


Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por San Luis.Sr. Ceballos. - Señor presidente: se acaba de votar negativamente una moción de apartamiento del reglamento, en una interpretación que no compartimos. Es necesario dejar aclarado que la exigencia de mayorías especiales tiende a evitar que se vulneren los derechos de las minorías. No es una cuestión formal. La votación del apartamiento del reglamento se hizo sobre la base de la intención manifestada por la Presidencia de que, si resultaba favorable, iba a permitir el debate de los proyectos en cuestión, que algunos interpretaban como concernientes al tema y otros interpretaban como concernientes a temas diferentes.Antes de la votación se aclaró perfectamente que el camino reglamentario a utilizar era constituir

la Cámara en comisión, pero no se escuchó y se votó igual, erróneamente a nuestro juicio, para destrabar esta situación. Y ahora, después de que se manifestó que no pueden discutirse los proyectos porque no tienen estado parlamentario, entiendo respetuosamente que es erróneo y equivocado decir que se puede aprobar con simple mayoría una moción de contenido análogo a los proyectos que se pretendía discutir.Por otro lado, quiero dejar aclarado que aquí el quórum no se constituye con el último diputado ni con el primero. La invalidez del acta queda constituida por la presencia de un diputado falso, así estén presentes 129, 130 o 257. Porque es ese diputado falso el que está dando ilegitimidad a la reunión de la Cámara.Apelando a las palabras del señor diputado Pepe, creemos que no es justo que se nos acuse


de no querer destrabar esta cuestión. Pero tampoco estamos dispuestos, como primera minoría, a que, dejando de lado las exigencias de las mayorías especiales, se vulneren los derechos de las minorías. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos AiresSr. Albamonte. - Señor presidente: a partir de las 16 y 15, cuando el señor diputado de la Rúa solicitó que la Cámara se constituyera en comisión y se empezó a discutir este asunto, hemos estado violando el reglamento. Creo que ningún diputado quiso plantear esta situación porque todos estábamos dispuestos a abrir el debate sobre un hecho lamentable que ocurrió el jueves pasado; y digo lamentable porque había un intruso en la Cámara y porque todo un bloque se negaba a ingresar al recinto y a participar del debate.Pero ahora el hecho lamentable -vamos a hablar con toda claridad- es que algunos diputados deseen terminar la discusión en la cuestión del jueves pasado para que mañana los titulares de los diarios digan que lo único que trató la Cámara es el tema del diputado "trucho". Eso es lo que quiere la Unión Cívica Radical, pero eso no es lo que quiere la gente. Lo que quiere la gente es que tomemos una decisión concreta, que seamos nuestros propios jueces, que condenemos lo que ocurrió el jueves, que declaremos inválido lo actuado, pero al mismo tiempo que sigamos trabajando y que demos de una vez por todas a la Argentina un ejemplo de que los representantes del pueblo no especulamos para ver lo que sale mañana en los diarios. Lo que pretende la Unión Cívica Radical es que esta sesión se termine ahora.Estamos trabados porque la mayoría especial que requieren las mociones hace imposible lograr una definición. Vamos a seguir votando de aquí a la eternidad y siempre obtendremos un resultado negativo, porque nunca conseguiremos los dos tercios requeridos.

La propuesta del señor diputado Ibarbia es absolutamente legítima y destraba todo esto. Además, responde a todos los reclamos que hasta este momento se escucharon en el recinto, porque condena claramente el hecho en cuestión, solicita la formación de una comisión investigadora y declara que se trató de una sesión en minoría. Por lo tanto, resulta inválida cualquier resolución que se haya tomado en esa sesión, A partir de ese momento podemos votar el retiro de la moción del señor diputado Matzkin. Podemos seguir debatiendo todo lo que sea necesario; la privatización de Gas del Estado, por ejemplo. Pero no nos habremos quedado en la anécdota. Habremos demostrado que sabemos buscar responsables y tomar determinaciones, pero también trabajar.No rehuimos el debate. Estamos aquí presentes para discutir la privatización de Gas del Estado. Abramos de vuelta el debate. Discutamos todo lo que sea necesario. Pero hagámoslo esta noche, para demostrar a la ciudadanía que el Congreso está vivo, que está trabajando. Sancionemos el proyecto de ley o rechacémoslo, si así lo decide la mayoría. Pero tratémoslo esta noche. (Aplausos.)—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. Matzkin. — ¡Votemos, señor presidente!Sr. Presidente.- (Pierri). - La Presidencia registra anotados para hacer uso de la palabra a los señores diputados Espeche, Gallo y López Arias. También el señor diputado Baglini, pero para una cuestión de privilegio. .—Varios señores diputados hablan a

la vez.

4CUESTION DE PRIVILEGIO

Sr. Presidente (Pierri). — Para una cuestión de privilegio tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Baglini. — Señor presidente de


ningún modo puedo aceptar —porque se violan los privilegios de este cuerpo y el ánimo con que este bloque ha venido al recinto— que se nos impute que nos hicimos presentes en esta sesión para salir en los diarios, minimizando un episodio de suficiente gravedad para que cualquier Parlamento del mundo se tome el tiempo necesario de una sesión para resolverlo.Aquí no estamos hablando de una pavada. Esto no es una anécdota más. Estamos hablando del funcionamiento de las instituciones democráticas.Entonces, imputar aviesas intenciones -como lo ha hecho el señor diputado Albamonte- en cuanto a que nosotros estamos buscando un titular en los diarios, cuando lo que estamos tratando es de borrar los titulares de los diarios del mundo que han hablado de un diputado “trucho", es violar el funcionamiento de esta Cámara.Pido que la cuestión pase directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri).— Si hay asentimiento la cuestión pasará directamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

-Asentimiento


Sr. Presidente (Pierri). - Se procederá en la forma indicada.

5MOCIONES

(Continuación)Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Salta.Sr. Espeche. - Señor presidente: simplemente deseo hacer una aclaración, porque por más buenas que sean las intenciones del señor diputado Ibarbia, evidentemente no corresponden.Lo que el señor diputado Ibarbia plantea no es una moción. El reglamento especifica claramente qué significa una moción. No se la puede considerar una moción de orden y tampoco una de preferencia. Así que lo que él pretende es que esta Cámara trate un proyecto como si fuera una moción; y esto no es una cuestión de interpretación.La Presidencia ha tenido buena voluntad porque estamos tratando, precisamente, un hecho grave. No podemos empañarlo simplemente aplicando un número mayoritario para tomar... Sr. Ibarbia. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la autorización de la Presidencia?Sr. Espeche.- Sí, señor diputado.Sr. Presidente (Pierri). — Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Ibarbia. - Me permitiré leer, para conocimiento del señor diputado Espeche, el artículo 107 del reglamento. Dice así: "Toda proposición hecha de viva voz desde su banca por un diputado, es una moción.”. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri).- Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Salta.Sr. Yoma. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la autorización de la PresidenciaSr. Espeche. — Con todo gusto se la concederé luego de responder al señor diputado Ibarbia.Es cierto lo que señala el señor

diputado con relación al artículo 107, pero no es menos cierto que dicho artículo está encerrado en el capítulo XII del reglamento, en el que se aclara qué son las mociones. No cualquier cosa es una moción; eso está taxativamente enumerado.El señor diputado pretende hacernos pasar gato por liebre, y no somos tontos, señor presidente. Una cosa es tener buena voluntad y la intención de aclarar las cosas y otra, muy distinta, es que se pretenda hacernos pasar por tontosConcedo ahora la interrupción solicitada por el señor diputado Yoma.

Sr. Presidente (Pierri), - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por La Rioja.Sr. Yoma. —Señor presidente: veo que la bancada radical está sumamente reglamentarista y me alegro; realmente, me alegro.En ese marco, si por una cuestión de formalismo no podemos llegar a buen puerto en esta sesión, ya sea en el trámite de la lamentable sesión del jueves o del proyecto de ley que interesa a la sociedad, haré uso del derecho que me acuerda el artículo 179 del reglamento y en esos términos solicitaré la rectificación de la votación del jueves pasado. Pido a la Presidencia que informe acerca de los diputados presentes en esa votación.Sr. Presidente (Pierri). ¿Usted formulará tal moción en caso de que no se llegue a un acuerdo, señor diputado?Sr. Yoma — Así es, señor presidente.Sr. Presidente (Pierri). — Por Secretaría se prepara la lista de diputados presentes en la votación del jueves pasado, tal como lo solicitara. el señor diputado por La Rioja.Continúa en uso de la palabra el señor diputado por Salta.

Sr. Espeche. - Señor presidente: evidentemente ésta no ha sido una interrupción concreta.-Varios señores diputados hablan a la


vez.Sr. Marcó. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?Sr. Espeche.- Sí, señor diputado.Sr. Presidente.- Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Entre Ríos.Sr. Marcó. — Señor presidente: debe ser la tercera vez que solicito una interrupción, ya que antes no he sido advertido por la Presidencia ni por sus asistentes. Por lo tanto, ruego que esta situación sea rectificada en el futuro.Con respecto al problema suscitado por la sugerencia formulada por el señor diputado Ibarbia, más allá de que sea o no considerada una moción dentro de los términos reglamentarios, lo trascendente es que para que una iniciativa, moción o proyecto sean tratados y aprobados por simple mayoría, deben estar incorporados en el orden del día. Como éste no es el caso, el proyecto, moción o como quiera llamárselo no puede ser considerado incorporado de facto ni ser votado por simple mayoría.

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Salta.


Sr. Espeche. - Señor presidente: en lo que respecta a la moción formulada por el señor diputado Yoma, debo aclarar que ya se pretendió introducirla en otro momento del debate, cuando claramente se especificó que si se suscitaren dudas respecto del resultado de la votación, inmediatamente después de proclamada habría que solicitar su reconsideración. Pero este no es el caso, ya que los propios legisladores advirtieron la existencia del diputado "trucho" que provocó la discusión del día de la fecha.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Gallo.- Señor presidente: están seriamente cuestionados el prestigio y la dignidad de esta Honorable Cámara. Por lo tanto, no debemos en modo alguno correr el riesgo de entrar nuevamente en la votación de una cuestión que resulte nula por deficiencias reglamentarias.Es intención de nuestro bloque —y consideramos que contribuye al prestigio de la Honorable Cámara— que esta misma noche se solucione el problema que nos ocupa. Pero también contribuye al prestigio de esta Cámara que se sea muy cuidadoso con todas las cuestiones reglamentarias, sobre todo cuando el funcionamiento del Parlamento se encuentra en juego.Sr. Matzkin. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?Sr. Gallo. — Señor presidente: creo que tengo la solución reglamentaria, de modo que solicito que me la dejen exponer. Pido disculpas al señor diputado Matzkin, quien podrá hacer uso de la palabra inmediatamente después, pues terminaré en un par de minutos.Decía que, estando en juego el prestigio público de las deliberaciones de esta Honorable Cámara, en modo alguno podemos correr el riesgo de que la votación

resulte nula. La moción formulada por el señor diputado Ibarbia supuestamente soluciona la cuestión, pero sólo en apariencia, porque en realidad, por medio de un circunloquio, está presentando una moción de tratamiento sobre tablas respecto de la interpretación del reglamento. Por lo tanto, aquí debe ser aplicado el juego de los artículos 82 y 115 del reglamento. Como es sabido, la moción de tratamiento sobre tablas requiere las dos terceras partes de los votos para ser aprobada; en cambio, para que un asunto se remita a la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento sólo se requiere simple mayoría.

Sr. Uriondo. - ¿Cuál es la propuesta?Sr. Gallo. - Sostengo que la aprobación del pase a comisión requiere simple mayoría y lade la moción de tratamiento sobre tablas del señor diputado Ibarbia las dos terceras partes de los votos que se emitan.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Salta.Sr. López Arias. - Cedo mi lugar en la lista do oradores al señor presidente de mi bancada, diputado Matzkin.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Matzkin. — Señor presidente: ya no sé cuántas horas llevamos debatiendo esta cuestión y parece que cada vez estemos más empantanados. Algunos pensamos que otros tienen la culpa y otros creerán que los culpables somos nosotros, pero lo cierto es que esto no avanza.Tenemos plena conciencia de que hemos planteado una posición original que hemos defendido y explicado y que luego la hemos flexibilizado en varias y reiteradas oportunidades. Asimismo, en las dos ocasiones que en el día de hoy la Cámara tuvo que votar, la decisión resultó amplia y abrumadoramente mayoritaria en el sentido de votar este proyecto de ley. El resultado fue


149 votos por la afirmativa y 77 por la negativa; sin embargo, todavía no hemos podido destrabar esta situación para imponer el deseo de la mayoría, que es votar el proyecto de ley.No tenemos más fórmulas, señor presidente, las hemos ensayado todas; hemos flexibilizado nuestra posición y hemos intentado acordar. En este momento estoy convencido de que hoy en este recinto hay algún sector muy poco interesado en avanzar en esta cuestión. Nosotros queremos hacerlo; por ello, como no hay más alternativas disponibles, solicitamos que se proceda a votar en forma nominal la moción de reconsideración presentada por el bloque justicialista en los términos del artículo 116 del reglamento.Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal resulta suficientemente apoyado.—Resulta suficientemente apoyado.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. - Señor presidente: el rechazo de la propuesta del señor diputado Matzkin convalidaría la votación anterior.Sr.Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Martínez Raymonda. — Señor presidente: quiero transmitir a la Cámara una preocupación que ya expresé en mi primera intervención. Lo


que presumíamos que iba a ocurrir puede suceder, según lo acaba de anunciar el señor diputado de la Rúa.Por eso intenté -pienso que en vano— hacer comprender al bloque radical que votar el apartamiento del reglamento era habilitar el tema del diputado "trucho". El tema estaba incluido en los dos proyectos. Al no habilitarse, no queda otro camino, porque no se puede constituir la Cámara en comisión —ésta era la moción inicial del señor diputado de la Rúa— porque no existe un proyecto. Debería votarse el apartamiento del reglamento para incorporar el proyecto a la sesión.No me coloco en sectario con respecto a este tema. Desgraciadamente, estamos en una mecánica que nos ha enredado a todos. No podemos tratar en comisión un proyecto que todavía no existe, porque no se ha presentado por mesa de entradas y no se ha incorporado a la Cámara. Para habilitar el tema se requerirían las tres cuartas partes de los votos que se emitan. Como ello no ha sido posible, nos encontramos con el artículo 116 del reglamento, que no nos gusta porque no queremos reconsiderar el tema sino declarar que la Cámara lo revoca por ilegítimo.Sin embargo, queda una salida. Tengo conmigo el libro que ya cité de Marienhoff, que en la página 597 expresa: "Por último, ha de tenerse presente que el acto de revocación, dada la índole de su contenido u objeto, requiere ser motivado, es decir debe contener lo que en derecho denomínase ‘motivación’. La revocación es uno de los actos administrativos que, de acuerdo a la doctrina predominante, por su ‘naturaleza’ requiere ser ‘motivado’”.Lo que en derecho procesal se llama "reposición" o "revocatoria", en derecho parlamentario se denomina por analogía "reconsideración". Es decir que el propio cuerpo vuelve a considerar lo que hizo mal y que en

este caso es ilegítimo, irregular y nulo. Entonces, el bloque radical tiene razón cuando expresa que le molesta la reconsideración, porque importaría reconocer que existió algo que no existió. Vamos a aplicar esta doctrina del derecho administrativo. Aquí hubo un acto ilegítimo y un diputado "trucho"; se agravió a la Cámara y hay una nulidad absoluta, Por eso la reconsideramos, para dejarla sin efecto. Tomémonos de esto porque no nos queda otra cosa.El artículo 116 del reglamento dice que las mociones de reconsideración sólo podrán formularse mientras el asunto se encuentre pendiente o en la sesión en que quede terminado, no pudiendo repetirse en ningún caso. Entonces, si no podemos reconsiderar ni hacer tratamientos sobre tablas ni apartarnos del reglamento le damos validez al diputado "trucho". ¿El bloque mayoritario lo entiende así? Pongámosle todos los calificativos a la reconsideración, pero votémosla.Sr. López de Zavalía.- Pido la palabra:Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado señor diputado por Tucumán.-Varios señores diputados hablan a

la vez

Sr. Presidente (Pierri). La Presidencia sólo trata de satisfacer a todo los señores diputados que quieren colaborar.Sr. López de Zavalía. - Creo que tengo derecho a ser escuchado, sin que se prejuzgue sobre lo que voy a decir.Al iniciarse el debate anunció que si se nos obligaba a votar en el sentido de la reconsideración, los integrantes de este bloque nos retiraríamos del recinto. Las horas han pasado, se han debatido los temas, y podríamos llegar a la conclusión de que las seis horas de debate también han sido inválidas. Todo está en discusión, pero lo que debe salvarse es el prestigio de la Cámara.He conversado nuevamente con los


miembros de mi bloque, y me han pedido un sacrificio, Es el más grande que pueda hacer: quedarme para votar. Pensaré que la política es el arte de lo posible y trataré de olvidarme de lo que estudié de derecho.Aquí ha sucedido algo muy grave, y nosotros también nos sentimos molestos porque estuvimos presentes en aquella reunión. Podemos dar nuestra palabra de honor en cuanto a que no sabíamos qué era lo extraño que estaba sucediendo. ¿Pero es esa una respuesta satisfactoria para los diputados ausentes? ¿Es esa una respuesta satisfactoria para la ciudad mía? ¿No quedará alguna sospecha? ¿Será suficiente decir que hemos confiado en todos los colegas y en la Presidencia de la Cámara en cuanto a que ésta funcionaba con quórum? No basta con decir que hemos confiado, porque entonces recibiremos el conocido apóstrofe según el cual wo du deinen glauben gelassen hast, da sollst du ihn suchen, es decir, allí donde has depositado tu confianza, has de recuperarla.Nosotros, los diputados del bloque Fuerza Republicana, pedimos a todos nuestros pares la recuperación de esa confianza. Por eso necesitamos que por cualquier método que sea utilice los términos jurídicos, trastroque todos los conceptos. . .


Sr. Presidente (Pierri). — Ruego al señor diputado que se refiera a la cuestión en debate.Sr. López de Zavalía. — En consecuencia, vamos a dar nuestro voto en favor de la moción de reconsideración, con todas las salvedades que he expresado.Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de reconsideración en forma nominal, Se requieren las dos, terceras partes de los votos que se emitan.

-Se practica la votación nominalSra. Secretaria (Pérez Pardo), — Sobre 232 diputados presentes han votado 139 por la afirmativa y 82 por la negativa, registrándose además 7 abstenciones. No se ha registrado el voto de 3 señores diputados que no han hecho uso de sus respectivas llaves.

-Votan por la afirmativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Adaime, Aguado, Alabi, Albamonte, Alcala, Alvarez (H.C.), Alvarez Echagüe, Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (A.E.), Balestrini (M.A.), Barberá, Barbotti, Baum, Becerra (N. E.), Bermúdez, Bischof, Blanco, Borda, Bordín Carosio, Branda, Cabrera, Caimmi, Calleja, Camaño (D. A.), Camaño (C. O.), Camaño (C. ), Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Corchuelo Blasco, Cramaro, Crostelli, Cruz, D´Alessandro, Daud, Durrieu, Echeverría Endeiza, Falleti, Fellner, Fernández (R.C.), Fernández (R.E.) Ferradás, Fescina, Figueroa, Folloni, Frigerio, Gan, Garay, García Cuerva, Germanó, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.). Gómez Centurión, González (A. I.), González (J.H.), González (O. F. ), González Cabañas, Green, Guerrero (A.I.) Hardy, Hernández (S. A.), Herrera (B.E.), Herrera (L. F.) Herrera Arias, Humada, Ibarreche, Iribarne, Iturre, Jalil, Lamberto, Larraburu, Leconte, López (J. A.), López Arias, López de Zavalía, Loutaif, Macaya, Machicote, Maggi, Manfredotti, Manny, Maqueda, Marcoli, Martínez, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza. (C. R.), Michitte, Molinas, Monteverde, Nacul, Natale, Niño, Parada, Parrilli,

Pepe, Pesce, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J. A.), Rodríguez (J.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Sabio, Sacks, Salusso, Samid, Sánchez Galdeano, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Sucaría, Sueiro, Tacta de Romero, Toma, Topa,Toto, Troyano, Uriondo, Valcárcel, Venesia, Verdú, Yoma, Zamora (F.) y Zaracho.-

Votan por la negativa los señores diputados Achem, Alberti, Algaba, Alvarez García, Armendáriz, Avelín, Baglini, Balestra, Bassani, Baylac, Becerra (C.A.), Berhongaray, Bericua, Bisciotti, Bravo, Breard, Brook, Brunati, Bruzzo, Cafiero, Canata, Carreras, Castillo (O.A.), Ceballos, Cossos Pérez, de la Rúa, De Martino, Di Tulio, Dussol, Elías, Espeche, Estévez Boero, Felgueras, Fernández Gill, Ferreyra, Fontela, Gallo, Galván, Gatti, Gauna, González (L.M.), González Gass, Ibarbia, Iglesias, Koth, López (A.H.), Losada; Lynch, Machado, Marcó, Marcos, Marelli, Martín de De Nardo, Mendoza (M.), Meneghini, Molardo, Moreau, Moure, Novau, Olivera, Orgaz, Ortiz Pellegrini, Peralta, Piccinini, Pinto, Prat, Profili, Quezada, Raimundi, Rodrigo, Roig, Saadi, Salvador, Santín, Seguí, Soria Arch, Spinoza, Storani, Sureda, Vanossi, Vázquez (R. H.) y Zamora (L.F.).

—Se abstienen de votar los señores diputados Agúndez, Alende, Clérici, Flores, García, García de Novelli y Muniagurria.

Sr. Presidente (Pierri), — Queda rechazada la moción.Con el mayor respeto a todos los diputados que me han solicitado la palabra antes de la votación e incluso después, debo señalar que la Presidencia entiende que el planteo formulado por el señor diputado Ibarbia con relación al artículo 107 del reglamento es una moción, porque fue hecha de viva voz. Sin embargo, en virtud de que hay dudas sobre este particular, primero se someterá a votación el sentido de la aplicación del artículo 107 del reglamento.

-Varios señores diputados hablan a la


vez.Sr. Presidente (Pierri). —Reitero que la Presidencia considera que el planteo hecho por el señor diputado Ibarbia a los fines de que la sesión anterior quede sin efecto es una moción pues no ha presentado un proyecto. Como ha sido hecho de viva voz y hay dudas, la Presidencia desea poner a votación el sentido referido a si es válida la aplicación del artículo 107 del reglamento.Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. — Señor presidente: se ha formulado una moción, pero nosotros también hemos formulado otra. No es el procedimiento que debe seguirse. El artículo 98 del reglamento dice que cualquier moción de ese tipo debe tener forma de proyecto. Se está buscando un camino indirecto para evitar la forma natural y sencilla de resolver la cuestión, que es la de constituir a la Cámara en comisión, producir los despachos correspondientes, votarlos y resolver cuál es el de mayoría, y cuál el de minoría. Tras ello, se procederá a la votación respectiva.Para evitar cualquier postergación o discriminación de nuestra posición, voy a dar lectu-


ra del proyecto de nuestra bancada. Si se le quiere dar tratamiento de moción simple, así será; entiendo que se está equivocando el camino, pero en forma figurada podríamos decir que lo vamos a adoptar como si la Cámara se constituyera en comisión. Si se acepta que el señor diputado Ibarbia presente una moción simple, el mismo criterio debe adoptarse para el resto de los diputados.Desde hace dos horas venimos bregando para que la Cámara se constituya en comisión, y si se hubiese adoptado ese criterio habríamos evitado esta discusión interminable.A continuación paso a dar lectura del proyecto de la bancada radical. Dice así: "La Cámara Diputados de la Nación resuelve:"1º—Expresar su absoluto repudio a los hechos denunciados por el periodismo parlamentario, que han dado lugar a una fraudulenta composición del quórum legal en la votación del jueves 26 de marzo último. Su repudio también a todos aquellos que con argumentos falaces pretendieron justificar, ante la opinión pública, lo injustificable."2º— Declarar la nulidad de la votación en general de la Ley del Marco Regulatorio del Gas, por violación de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación."3º— Reclamar del bloque Justicialista que informe con veracidad y precisión sobre los hechos denunciados, con expresa determinación de las responsabilidades políticas e institucionales, presentación de los autores, cómplices, instigadores y encubridores."Sin perjuicio de ello, crear una comisión investigadora, sin la participación del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, formada por un representante de cada uno de los cinco bloques con mayor representación parlamentaria,

excluido el Justicialista, para que lleve adelante en el improrrogable plazo de quince días, una investigación a fondo y sin prevenciones de los hechos que ocurrieron en el ámbito del bloque del oficialismo. Independientemente, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados deberá asumir las responsabilidades legales que le asignan los artículos 195 y 196 del reglamento de la misma.“4º— Manifestar su reconocimiento al periodismo acreditado en el Congreso de la Nación, que con valentía y responsabilidad denunció estos gravísimos hechos, ratificando la importancia que para el sistema democrático tiene la prensa libre."Si la Presidencia constituye a la Cámara, en comisión, se producen los despachos, se cierra la conferencia y luego se votan esos despachos. De lo contrario, la votación seguirá trabada, siendo interminable esta discusión.-Varios señores diputados hablan a la

vez.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. lbarbia. - Señor presidente: deseo reiterar la moción en los términos del artículo 107 del reglamento, y simplificarla a los efectos de que sea fácilmente entendible para los diputados al momento de realizar la votación. Después de la discusión, la Cámara considera que la reunión del pasado 26 de marzo fue en minoría y condena el hecho de que una persona no perteneciente al cuerpo se hubiera sentado en una banca. Dejo para un posterior proyecto la creación de una comisión que investigue el hecho.-Varios señores diputados hablan a la

vez.Sr. Presidente (Pierri).— Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Fescina. — Señor presidente: dentro de 1a tesis planteada por el


señor diputado de la Rúa para el tratamiento sucesivo de los proyectos y para que éstos sean puestos a votación, de manera que el que obtenga más votos será el aprobado, voy a leer la propuesta formulada anteriormente que dice así:"1º — Dejar sin efecto la votación realizada en la sesión del día 26 del mes de marzo último en razón de las anomalías registradas en la sesión de ese día."2º— Integrar una comisión compuesta por cinco diputados nacionales para investigar los hechos acontecidos el día 26 de marzo la que deberá expedirse dentro de los diez días de constituida."3º— Reabrir el debate en general con la lista de oradores registrada en la Presidencia de la Cámara para el tratamiento del Orden del Día número 24."4º - Repudiar el episodio ocurrido el día precitado y destacar la acción del periodismo en el episodio señalado.” Sr. González Gaviola. —Pido la palabra para una moción de orden.Sr. Presidente (Pierri). - Para una moción de orden tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. González Gaviola. - Señor presidente después de más de siete horas de discusión, encontramos un absoluto consenso sobre el hecho de


que en la reunión del jueves pasado no se había constituido quórum legal o no había sesionado la Cámara en forma legal por la presencia de personas ajenas a la misma. He escuchado a varios diputados del bloque radical y de los otros bloques pronunciarse sobre la invalidez de lo realizado en esa sesión.Dada la invalidez de lo realizado el día jueves, quiero hacer una moción de orden para que en el día de hoy se pase al orden del día, puesto que la Cámara está perfectamente constituida. Esta es una moción que no debe ser sometida a discusión y que propongo que se vote en forma inmediata.Sr. Presidente (Pierri). - La verdad es que la Presidencia no ubica su proposición como moción de orden.Sr. González Gaviola. - Según lo determina el reglamento, una de las mociones de orden es que se pase al orden del día. Hace siete horas que estamos debatiendo, pero todavía no se ha discutido el Orden del Día N° 24 en esta sesión. Propongo que se pase al orden del día, sin perjuicio de que podamos incorporar al temario, en la forma reglamentaria correspondiente, otras cuestiones que también han ocupado nuestra atención en el día de la fecha.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Baglini. - Señor presidente: me parece que la Presidencia debería invitar a un cuarto intermedio para resolver la cuestión. Quiero advertir a la Cámara que estamos dando vueltas alrededor de la misma cuestión y no encontramos la salida. Por eso, solicito a la Presidencia que en uso de las atribuciones que le confiere el reglamento, invite al cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio para ver si hallamos la solución. Adviértase que muchas de las cosas que aquí estamos diciendo contrarían ampliamente el reglamento.El señor diputado Ibarbia ha dicho

que su proposición es una moción de viva voz, y si uno lee los artículos 98 y 99 del reglamento observará en qué casos las cuestiones se presentan en forma de proyectos de resolución y en cuáles en forma de proyectos de declaración.No podemos seguir alterando el reglamento. Es imprescindible que no volvamos a cometer más violaciones. No estamos hablando solamente de la ley; también hablamos del prestigio del cuerpo.En consecuencia exhorto a la Presidencia a que haga uso de las atribuciones reglamentarias e invite al cuerpo a pasar a un breve cuarto intermedio para dilucidar esta cuestión. Por más que la Presidencia someta a la consideración de la Cámara una cuestión de interpretación, no puede existir tal interpretación cuando el reglamento es bien claro.Sr. Presidente (Pierri). -- La Presidencia ya expresó su punto de vista respecto de la moción del señor diputado Ibarbia. Como su intención no es que todo se agote en su interpretación -que puede estar bien o mal-, la idea es que sea el cuerpo quien finalmente se expida sobre el particular.La Presidencia no puede decidir por sí. Es el cuerpo el que finalmente decidirá. En este sentido, nadie puede negar que desde este estrado se han hecho todos los esfuerzos posibles para lograr el camino del entendimiento. Se le ha dado la palabra a todos los que la han pedido. Ahora es la Cámara la que debe expedirse.Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Baylac. — Señor presidente: el señor diputado Ibarbia, al abroquelarse en el concepto del artículo 107, que establece que toda proposición hecha de viva voz desde su banca por un diputado es una moción, está desconsiderando. . .-Varios señores diputados hablan a la

vez.Sr. Baylac. - El reglamento no se


puede interpretar analizando los artículos en forma aislada. Hay una intencionalidad de quien legisló que marca las características de las mociones.Vamos a dejar sin efecto una sesión por medio de una simple mayoría, pero nótese la incoherencia de una decisión en este sentido. El artículo 108 establece cuáles son las mociones de orden. Que se levante la sesión también es una moción de orden. Es decir, son tan simples que buscan un aporte. . .-Varios señores diputados hablan a la

vez.

Sr. Presidente (Pierri). El señor diputado Matzkin le solicita una interrupción, señor diputado.Sr. Baylac. - Me gustaría continuar para no perder la ilación.-Varios señores diputados hablan a la

vez.Sr. Baylac. — Pido al diputado Matzkin que ayude.Sr. Uriondo. — ¡Usted es quien debe ayudar señor diputado!-Varios señores diputados hablan a la

vez.Sr. Baylac. — Si por el uso legítimo de la mayoría se admitiera una interpretación que re-


sultara incoherente, se estaría cometiendo una arbitrariedad, aun cuando estuviera legitimada con la mayoría.


Sr. Baylac. — ¡Griten, griten! ¡Sáquense la bronca!Quiero ayudarlo a usted, señor presidente, para que no se cometa una arbitrariedad, aunque haya mayoría.Ya que no hay voluntad para pasar a un cuarto intermedio, nuestra propuesta consiste en que la Cámara se constituya en comisión para tratar -como dijo el diputado de la Rúa- los dos proyectos. Y si se requieren los dos tercios, votamos el presentado por el diputado Fescina si es necesario.No podemos salir de esta situación con el planteo de una moción simple destinada a un problema puntual en un proyecto determinado y no a resolver acerca del resultado de una sesión.Es necesario interpretar correctamente todo esto, porque de lo contrario no tiene sentido que el reglamento distinga entre las mociones de preferencia, las mociones de orden y las mociones de reconsideración. No tendría sentido que se hubieran previsto distintas propuestas reglamentarias. Por decisión mayoritaria, de todas formas, se podría distorsionar lo establecido reglamentariamente. No podemos permitir que esto ocurra, señor presidente No cometa este error, sobre todo teniendo en cuenta los tiempos que vienen.Sr. Presidente (Pierri). - Se ha agotado el tiempo.Se va a votar la interpretación del artículo 107 del reglamento.


Sr. Matzkin. - Pido la palabra.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por La

Pampa.Sr. Matzkin. — Señor presidente: ya hemos dicho que se han agotado las posibilidades para continuar la discusión. Varias veces hemos flexibilizado nuestra posición en busca de un acuerdo; son las once de la noche y el acuerdo no ha aparecido.Esta Cámara votó en forma negativa la reconsideración prevista en el artículo 116 del reglamento, y este hecho tiene una interpretación única. La Cámara negó la posibilidad de volver a tratar el tema. Este es el sentido único e inequívoco de la votación. Por otra parte se ha formulado una moción a fin de continuar con el orden del día con lo cual habría que proseguir con el tratamiento del marco regulatorio para la privatización de Gas del Estado. Esto es lo que se debe hacer. (Aplausos.)


Sr. Martínez Raymonda.- Pido la palabra.

Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Martínez Raymonda.- Señor presidente: hace un minuto hemos conversado con el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y si el resto de la Cámara da su consentimiento existiría la disposición del poner en práctica el siguiente procedimiento. En primer lugar, volveríamos a plantear la moción de apartamiento del reglamento -que según la parte final del artículo 110 puede repetirse en la misma sesión sin que ello importe reconsideración-; en segundo término, votaríamos inmediatamente el ingreso de los tres proyectos, es decir, los de los señores diputados de la Rúa, Fescina e Ibarbia respectivamente; seguidamente e la Cámara se pronunciaría sobre si se constituye en comisión y produciría dictamen sobre las tres iniciativas en mayoría, en minoría y con


disidencias, y correspondería votar sin más. ¿Existe acuerdo en proceder conforme este plan?


Sr. Martínez Raymonda. - ¡Pero eso había quedado en claro; era lo que querían!Sr. Matzkin. — No hay ninguna garantía.-Varios señores diputados hablan a la

vez.Sr. Presidente (Pierri). - Es imposible continuar la sesión en estas condiciones.Sr. Martínez Raymonda. - No levante la sesión, señor presidente, porque eso terminaría de afectar nuestra imagen.Sr. Presidente (Pierri). - Señores diputados: debemos tener en cuenta que son las 23 y 10, lo cual no es óbice para que la Cámara continúe sesionando; durante muchos años ha trabajado hasta altas horas de la madrugada. Habría que agotar la forma y los procedimientos para buscar un camino de entendimiento.Con el mayor respeto a todos los presidentes de bloque, y fundamentalmente al de la bancada justicialista, la Presidencia invita al cuerpo a pasar a un cuarto intermedio de cinco minutos en las bancas, conforme con las facultades


que le otorga el reglamento, convocando a los presidentes de bloque a acercarse a este estrado.

—Se pasa a cuarto intermedio a la hora

23 y 9.

—A la hora 23 y 44:

Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. González Gaviola. — Señor presidente: la moción de orden que había presentado tenía el objetivo de ordenar la sesión y destrabar la situación a la que se había llegado, pero según me ha informado el señor presidente de mi bancada durante el cuarto intermedio se llegó a un acuerdo entre los diversos bloques que componen esta Cámara, razón por la cual retiro la moción.Sr. Presidente (Pierri). - La Presidencia ve con beneplácito que se haya encontrado un punto de entendimiento entre los presidentes de las diferentes bancadas para avanzar en esta sesión por medio de una metodología por la cual la Cámara se expedirá respecto de los diversos proyectos enunciados por los señores diputados de la Rúa, Luis Fernando Zamora y Fescina, para cuya entrada y tratamiento se ha formulado moción de orden a efectos de que la Cámara se aparte del reglamento. En cuanto a la moción formulada por el señor diputado Ibarbia, se transforma en una moción de orden de apartamiento del reglamento para dar entrada y tratar sobre tablas un proyecto de resolución que ha presentado.Se ha acordado que ningún representante de bloque hará uso de la palabra con respecto a esos proyectos. En primer término, corresponde que la Cámara se aparte de las prescripciones del reglamento, luego que se pronuncie sobre la entrada en esta sesión de los distintos proyectos, y por último que

se constituya en comisión para proceder a votar sin debate los diversos asuntos. Por lo tanto el primer proyecto es el del señor diputado Ibarbia y otros señores diputados. La segunda iniciativa sería la presentada por el señor diputado de la Rúa, la tercera la elaborada por el señor diputado Luis Zamora, y la cuarta por el señor diputado Fescina. Esa sería la secuencia.Se va a votar si la Cámara decide apartarse del reglamento para dar entrada a todos los proyectos que, se han, mencionado. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan.

-Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). - Para que no quede ningún tipo de dudas sobre el contenido de losproyectos en consideración, la Presidencia procederá a darles lectura.La iniciativa presentada por el señor diputado Ibarbia dice: "l) Dejar sin efecto la votación realizada en la sesión del día 26 de marzo de 1992. 2) Condenar enérgicamente el hecho que un sujeto ajeno a este cuerpo se hubiese sentado en una banca. 3) Crear una comisión investigadora compuesta por cinco (5) diputados para dilucidar lo acontecido en dicha sesión, la que deberá expedirse dentro de los 10 días de su constitución".El segundo proyecto, presentado por el señor diputado de la Rúa y otros, expresa: "1º) Expresar su absoluto repudio a los hechos denunciados por el periodismo parlamentario, que han dado lugar a una fraudulenta composición del quórum legal en la votación del jueves 26 de marzo último. Su repudio también a todos aquellos que con argumentos falaces pretendieron justificar, ante la opinión pública, lo injustificable. 2º) Declarar la nulidad de la votación en general de la ley del marco regulatorio del gas, por violación de lo establecido en el artículo 14 del Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación. 39)


Reclamar del bloque justicialista que informe con veracidad y precisión sobre los hechos denunciados, con expresa determinación de las responsabilidades políticas e institucionales, presentación de los autores, cómplices, instigadores y encubridores. Sin perjuicio de ello, crear una comisión investigadora, sin la participación del señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados, formada por un representante de cada uno de los cinco bloques con mayor representación parlamentaria, excluido el justicialista, para que lleve adelante en el improrrogable plazo de quince días, una investigación a fondo y sin prevenciones de los hechos que ocurrieron en el ámbito del bloque del oficialismo. Independientemente, el presidente de la Honorable Cámara de Diputados deberá asumir las responsabilidades legales que le asignan los artículos 195 y 196 del reglamento de la misma. 4º) Manifestar su reconocimiento al periodismo acreditado en el Congreso de la Nación, que con valentía y responsabilidad denunció estos gravísimos hechos ratificando la importancia que para el sistema democrático tiene la prensa libre":Sr. de la Rúa. - Pido la palabra.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. - Señor presidente: se ha incorporado como punto 5, el siguiente: "Dejar sin efecto la resolución del cierre de debate de la


ley del marco regulatorio del gas y en consecuencia reabrir su discusión".Sr. Presidente (Pierri). — El proyecto presentado por el señor diputado Luis Zamora, dice así: "1º) Declarar inexistente la sesión y la votación realizada el jueves próximo pasado con quórum ilegítimamente, obtenido. 2º) Repudiar la actitud del bloque justicialista al introducir una persona extraña al recinto para obtener quórum"El proyecto presentado por el señor diputado Fescina, dice así: "1º) Dejar sin efecto la votación realizada en la sesión del día 26 de marzo último en razón de las graves anomalías registradas en la reunión de ese día. 2º) Integrar una comisión compuesta por cinco diputados nacionales para investigar los hechos acontecidos el día 26 de marzo, la que deberá expedirse dentro de los diez días de constituida. 3°) Reabrir el debate en general con la lista de oradores registrada en la Presidencia de la Cámara para el tratamiento del Orden del Día Nº 24. 4º) Repudiar el hecho ocurrido el día precitado y destacar la acción del periodismo en el episodio señalado".Se va a votar si se aprueba la entrada en esta sesión de los proyectos leídos precedentemente.

—Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). — Queda aprobada la entrada de los respectivos proyectos.Se va a votar si la Cámara se constituye en comisión a fin de considerar los proyectos a los que se acaba de dar entrada. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan.

-Resulta afirmativa.

6CONFERENCIA

Sr. Presidente (Pierri). - Queda abierta la conferencia.Corresponde votar si la Honorable Cámara constituida en comisión

adopta como dictamen el texto del proyecto de resolución presentado por el señor diputado Ibarbia y otros.Sr. Baylac. - Solicito que las votaciones de los diferentes proyectos se practiquen en forma nominal.Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal es suficientemente apoyado.

—Resulta suficientemente apoyado.Sr. Presidente (Pierri), — Se va a votar nominalmente si la Cámara constituida en comisión: adopta como dictamen el texto del proyecto de resolución presentado por el señor diputado Ibarbia y otros.

—Se practica a votación nominal.Sra. Secretaria (Pérez Pérez ). — Sobre un total de 217 señores diputados presentes en el recinto, han votado 141 señores diputados por la afirmativa y 72 por la negativa. No se ha registrado el voto de 3 señores diputados que no han hecho uso de sus respectivas llaves.

-Votan por la afirmativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Adaime, Aguado, Alabi, Albamonte, Alcala, Alende, Alsogaray, Alvarez (H.C.), Alvarez Echagüe, Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (A.E.), Barberá, Barbotti, Baum, Becerra (N. E.), Beltrán, Bermúdez, Blanco, Borda, Bordín Carosio, Branda, Cabrera, Caimmi, Calleja, Camaño (D. A.), Camaño (E. O.), Camaño (C. ), Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Corchuelo Blasco, Cramaro, Crostelli,Cruz, D´Alessandro, Daud, Durrieu, Echevarría Endeiza, Falleti, Fellner, Fernández (R.C.), Ferradás, Ferreyra, Flores, Folloni, Gan, Garay, García, García Cuerva, Germanó, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.). Gómez Centurión, González (A. I.), González (J.H.), González (O. F. ), González Cabañas, Green, Guerrero (A.I.) Hardy, Hernández (S. A.), Herrera (B.E.), Herrera (L. F.) Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Ibarreche, Iribarne, Iturre, Jalil, Lamberto, Larraburu, Leconte, López


(J. A.), López Arias, López de Zavalía, Loutaif, Machicote, Maggi, Manfredotti, Manny, Maqueda, Marcoli, Martín de De Nardo, Martínez, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza. (C. R.), Mendoza (M.), Michitte, Monteverde, Muniagurria, Nacul, Natale, Niño, Parada, Parrilli, Pepe, Pesce, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J. A.), Rodríguez (J.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Saadi (L.A.), Sacks, Salusso, Samid, Sánchez Galdeano, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Sucaría, Sueiro, Tacta de Romero, Toma, Topa, Toto, Troyano, Uriondo, Valcárcel, Venesia, Verdú, Yoma, Zamora (F.) y Zaracho.

-Votan por la negativa los señores diputados Achem, Agúndez, Algaba, Alvarez (C.A.) Alvarez García, Armendáriz, Avelín, Baglini, Balestra, Bassani, Baylac, Becerra (C.A.), Berhongaray, Bisciotti, Bravo, Breard, Brook, Bruzzo, Cafiero, Canata, Caputo, Carreras, Ceballos, Cossos Pérez, de la Rúa, De Martino, Di Tulio, Dussol, Elías, Espeche, Estévez Boero, Felgueras, Fescina, Fontela, Gallo, Galván, García de Novelli, Gatti, Gauna, González


(L.M.), González Gass, Iglesias, Koth, Lynch, Marcó, Marcos, Marelli, Meneghini, Molardo, Molinas, Moreau, Moure, Novau, Olivera, Orgaz, Ortiz Maldonado, Ortiz Pellegrini, Peralta, Pinto, Prat, Profili, Raimundi, Roig, Salvador, Santín, Seguí, Soria Arch, Spinosa, Storani, Sureda, Vanossi, y Zamora (L.F.).

Sr. de la Rúa. — Si me permite, señor presidente, entiendo que a continuación corresponde que la Cámara se pronuncie en relación con el segundo de los proyectos leídos, que pasaría a ser un despacho de minoría. Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar en forma nominal si la Cámara adopta como despacho el proyecto del señor diputado de la Rúa y otros.

-Se practica la votación nominal.Sra. Secretaria (Pérez Pardo). - Sobre 218 diputados presentes han votado 72 por la afirmativa y 138 por la negativa, registrándose además 4 abstenciones. No se ha registrado el voto de señores diputados que no han hecho uso de sus respectivas llaves.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Achem, Agúndez, Alende, Algaba, Alvarez (C.A.), Alvarez García, Armendáriz, Avelín, Baglini, Balestra, Bassani, Baylac, Becerra (C.A.), Berhongaray, Bisciotti, Bravo, Brook, Bruzzo, Cafiero, Canata, Caputo, Carreras, Ceballos, Cossos Pérez, de la Rúa, De Martino, Di Tullio, Dussol, Elías, Espeche, Estévez Boero, Felgueras, Fescina, Fontela, Gallo, Galván, García de Novelli, Gauna, González (L.M.), González Gass, Iglesias, Koth, Losada, Lynch, Marcó, Marcos, Marelli, Mendoza (M.), Meneghini, Molando, Molinas, Moreau, Moure, Novau, Olivera, Orgaz, Ortiz Maldonado, Ortiz Pellegrini, Peralta, Pinto, Prat, Profili, Raimundi, Roig, Salvador, Santín, Seguí, Soria Arch, Spinosa, Storani, Sureda y Vanossi

-Votan por la negativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Adaime, Aguado, Alabi, Albamonte, Alcala, Alsogaray, Alvarez (H.C.), Alvarez Echagüe, Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala,

Balestrini (A. E.), Barberá, Barbotti, Baum, Becerra (N. E.), Beltrán, Bermúdez, Blanco, Borda, , Bordín Carosio, Branda, Cabrera, Caimmi, Calleja, Camaño (D. A.), Camaño (E. O.), Casari de Alarcia, Castillo(J. L.), Clérici, Corchuelo Blasco, Cramaro, Crostelli, Cruz, D´Alessandro, Daud, Durrieu, Echevarría Endeiza, Falleti, Fellner, Fernández (R.C.), Ferradás, Ferreyra, Flores, Folloni, Frigerio, Gan, Garay, García, García Cuerva, Germanó, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.). Gómez Centurión, González (A. I.), González (J.H.), González (O. F. ), González Cabañas, Green, Guerrero (A.I.), Hardy, Hernández (S. A.), Herrera (B.E.), Herrera (L. F.), Humada, Ibarbia, Ibarreche, Iribarne, Iturre, Jalil, Lamberto, Larraburu, Leconte, López (J. A.), López Arias, Loutaif, Machicote, Maggi, Manfredotti, Manny, Maqueda, Marcoli, Martínez de De Nardo, Martínez, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza (C. R.), Michitte, Monteverde, Muniagurria, Nacul, Natale, Niño, Parada, Parrilli, Pepe, Pesce, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J.A.), Rodríguez (J.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H.A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Saadi (L.A.), Sacks, Salusso, Samid, Sánchez Galdeano, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Sucaría, Sueiro, Tacta de Romero, Toma, Topa, Toto, Troyano, Uriondo, Valcárcel, Venesia, Verdú, Yoma, Zamora (F.) y Zaracho.—Se abstienen de votar los señores diputa-dos Gatti, Herrera Arias, Lopez de Zavalía y Zamora (L.F.)

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en forma nominal si la Cámara adopta como despacho el proyecto del señor diputado Luis Fernando Zamora.—Se practica la votación nominal.Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 221 diputados presentes han votado 11 por la afirmativa y 165 por la negativa, registrándose además 43 abstenciones. No se ha registrado el voto de un señor diputado que no ha hecho uso de su llave

—Votan por la afirmativa los señores diputados Achem, Agúndez, Alvarez García, Armendáriz, Avelín, Bisciotti,


Di Tulio, Felgueras, González (L.M.), Losada y Zamora(L.F.)

—Votan por la negativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Adaime, Aguado, Alabi, Albamonte, Alcala, Alende, Alsogaray, Alvarez (H.C.), Alvarez Echagüe, Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (A.E.), Balestrini (M.A.), Barberá, Barbotti, Bassani, Baum, Becerra (N. E.), Beltrán, Bericúa, Bermúdez, Blanco, Borda, Bordín Carosio, Branda, Bravo, Bruzzo, Cabrera, Caimmi, Calleja, Camaño (D. A.), Camaño (E. O.), Camaño (G.), Caputo, Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Clérici, Corchuelo Blasco, Cramaro, Crostelli, Cruz, D´Alessandro, Daud, Durrieu, Dussol, Echevarría, Endeiza, Estévez Boero, Falleti, Fellner, Fernández , Ferradás, Ferreyra, Fescina, Flores, Folloni, Frigerio, Gan, Garay, García, García Cuerva, Germanó, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.). Gónzalez (A.I.), González (J.H.), González (O.F. ), González Cabañas, Green, Guerrero (A.I.), Hardy, Hernández (S. A.), Herrera (B.E.), Herrera (L. F.), Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Ibarreche,


Iribarne, Iturre, Jalil, Koth, Lamberto, Larraburu, Leconte, López (J. A.), López Arias, López de Zavalía, Loutaif, Macaya, Machicote, Maggi, Manfredotti, Manny, Maqueda, Marcoli, Martínez de De Nardo, Martínez, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza (C. R.), Michitte, Molinas, Monteverde, Moure, Muniagurria, Nacul, Natale, Niño, Parada, Parrilli, Pepe, Peralta, Pesce, Pinto, Piotti, Prat, Profili, Puricelli, Ré, Rodríguez (J.A.), Rodríguez (J.), Rodríguez Sañudo, Roig, Romero (C. A.), Romero (H.A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Saadi (L.A.), Sacks, Salusso, Salvador, Samid, Sánchez Galdeano, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Soria Arch, Spinosa, Sucaría, Sueiro, Sureda, Tacta de Romero, Toma, Topa, Toto, Troyano, Uriondo, Valcárcel, Venesia, Verdú, Yoma, Zamora (F.) y Zaracho.

—Se abstienen de votar los señores diputados Algaba, Alvarez (C.A.), Balestra, Baylac, Becerra (C.A.), Berhongaray, Breard,Brook, Cafiero, Canata, Carreras, Ceballos Cossos Pérez, de la Rúa, De Martino, Elías, Espeche, Fontela, Gallo, Galván, García de Novelli, Gatti, Gauna, Gómez Centurión, González Gass, Iglesias, Lynch, Marcó, Marcos, Mendoza, Meneghini, Molardo, Moreau, Novau, Olivera, Orgaz, Ortiz Maldonado, OrtizPellegrini, Raimundi, Santín, Seguí, Storaniy Vanossi

Sr. Presidente (Pierri).— Se va a votar en forma nominal si la Cámara adopta como despacho el proyecto del señor diputado Fescina.

—Se practica la votación nominal.Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 221 diputados presentes han votado 23 por la afirmativa y 142 por la negativa, registrándose además 34 abstenciones. No se ha registrado el voto de un señor diputado que no ha hecho uso de su llave.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Achem, Armandáriz, Avelín, Baylac, Berhongaray, Bravo, Caputo, Estévez Boero, Felgueras, Fescina, Garay, García, Gatti, Gómez Centurión, González (L.M.), Leconte,

Marcó, Molinas, Ortiz Maldonado, Profili, Sánchez Galdeano, Soria Arch y Sureda

—Votan por la negativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Adaime, Aguado, Alabi, Albamonte, Alcala, Alende, Alsogaray, Alvarez (C.A.), Alvarez (H.C.), Alvarez Echagüe, Alvarez García, Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (A.E.), Balestrini (M.A.), Barberá, Baum, Becerra (C.A.), Becerra (N.E.), Beltrán, Bermúdez, Blanco, Borda, Bordín Carosio, Branda, Bruzzo, Cabrera, Cafiero, Caimmi, Calleja, Camaño (D. A.), Camaño (E. O.), Camaño (G.), Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Clérici, Corchuelo Blasco, Cramaro, Crostelli, Cruz, D´Alessandro, Daud, Durrieu, Echevarría, Endeiza, Espeche, Fellner, Fernández (R.C.), Ferradás, Ferreyra, Flores, Folloni, Frigerio, Gan, García Cuerva, Germanó, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J.), Gónzalez (A.I.), González J.H.), González (O.F. ), González Cabañas, Green, Guerrero (A.I.), Hardy, Hernández (S. A.), Herrera (B.E.), Herrera (L. F.), Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Ibarreche, Iribarne, Iturre, Jalil, Koth, Lamberto, Larraburu, López (J. A.), López Arias, Loutaif, Macaya, Machicote, Maggi, Manfredotti, Manny, Maqueda, Marcoli, Marelli, Martín de De Nardo, Martínez, Matzkin, Mendoza (C. R.), Michitte, Monteverde, Moureau, Muniagurria, Nacul, Niño, Novau, Parada, Parrilli, Pepe, Pesce, Pinto, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J.A.), Rodríguez (J.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H.A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Saadi (L.A.), Sacks, Salusso, Samid, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Sucaría, Sueiro, Toma, Topa, Toto, Troyano, Uriondo, Valcárcel, Venesia, Yoma, Zamora (F.), Zamora (L.F.) y Zaracho.

—Se abstienen de votar los señores diputados Agúndez, Algaba, Baglini, Balestra, Barbotti, Bassani, Bericúa, Bisciotti, Breard, Brook, Canata, Carreras, Ceballos, Cossos Pérez, de la Rúa, De Martino, Di Tullio, Dussol, Elías, Falleti, Fontela, Gallo, Galván, García de Novelli, Gauna, González Gass, Iglesias, Jalil, Koth, López de


Zavalía, Losada, Lynch, Marcos, Martínez Raymonda, Mendoza (M.), Meneghini, Molardo, Moure, Natale, Olivera, Orgaz, Ortiz Pellegrini, Peralta, Prat, Raimundi, Roig, Salvador, Santín, Seguí, Spinosa, Storani, Tacta de Romero, Vanossi y Verdú.

Sr. Presidente (Pierri). — La Honorable Cámara constituida en comisión adopta como despacho el texto del proyecto de resolución presentado por el señor diputado Ibarbia y otros (expediente 5.659-D.-91)1

7

RESOLUCION SOBRE LA VOTACION REALIZADA EN LA SESION DEL 26 DE MARZO DE 1992 SOBRE LOS HECHOS OCURRIDOS EN DICHA SESIONSr. Presidente (Pierri). — Corresponde a continuación votar el despacho de mayoría de la Cámara constituida en comisión.Sr. Baylac. - Solicito que la votación se haga en forma nominal.Sr. Presidente (Pierri).- La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal formulado por el señor diputado por Buenos Aires resulta suficientemente apoyado.

- Resulta suficientemente apoyado..

1 Véase el texto del proyecto en la página 6.531


Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar nominalmente el proyecto de resolución.

-Se practica la votación nominal.Sra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 221 diputados presentes han votado 141 por la afirmativa y 74 por la negativa, registrándose además 3 abstenciones. No se ha registrado el voto de 2 señores diputados que no han hecho uso de sus respectivas llaves.

-Votan por la afirmativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Adaime, Aguado, Alabi, Albamonte, Alcala, Alsogaray Alvarez (H.C.), Alvarez Echagüe, Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (A.E.), Barberá, Barbotti, Baum, Becerra (N. E.), Beltrán, Bermúdez, Blanco, Borda, Bordín Carosio, Branda, Cabrera, Caimmi,Calleja, Camaño (D. A.), Camaño (E. O.), Camaño (G. ), Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Clérici, Corchuelo Blasco, Cramaro, Crostelli, Cruz, D´Alessandro, Daud, Durrieu, Echevarría Endeiza, Falleti, Fellner, Fernández (R.C.), Ferradás, Ferreyra, Flores, Folloni, Frigerio, Gallo, Gan, Garay, García Cuerva, Germanó, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.). Gómez Centurión, González (A. I.), González (J.H.), González (O. F. ), González Cabañas, Green, Guerrero (A.I.) Hardy, Hernández (S. A.), Herrera (B.E.), Herrera (L. F.) Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Ibarreche, Iribarne, Iturre, Jalil, Lamberto, Larraburu, Leconte, López (J. A.), López Arias, López de Zavalía, Loutaif, Macaya, Machicote, Maggi, Manfredotti, Manny, Maqueda, Marcoli, Martínez, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza. (C. R.), Mendoza (M.), Michitte, Monteverde, Muniagurria, Nacul, Natale, Niño, Parada, Parrilli, Pepe, Pesce, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J. A.), Rodríguez (J.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Saadi, Sacks, Salusso, Samid, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Sucaría, Sueiro, Tacta de Romero, Toma, Topa, Toto, Troyano, Uriondo, Valcárcel, Venesia, Verdú, Yoma, Zamora (F.) y Zaracho.

Votan por la negativa los señores diputados Agúndez, Alende, Algaba, Alvarez (C.A.), Alvarez García, Armendáriz, Baglini, Balestra, Bassani, Baylac, Becerra (C.A.), Verhongaray, Bericua, Bisciotti, Bravo, Breard, Brook, Bruzzo, Cafiero, Canata, Caputo, Carreras, Ceballos, Cossos Pérez, de la Rúa, De Martino, Di Tulio, Dussol, Elías, Espeche, Estévez Boero, Felgueras, Fescina, Fontela, Galván, García, García de Novelli, Gatti, Gauna, González (L.M.), González Gass, Iglesias,Koth, Losada; Lynch, Marcó, Marcos, Marelli, Meneghini, Molardo, Molinas, Moreau, Moure, Novau, Olivera, Orgaz, Ortiz Maldonado, Ortiz Pellegrini, Peralta, Pinto, Prat, Profili, Raimundi, Roig, Salvador, Sánchez Galdeano, Santín, Seguí, Soria Arch, Spinosa, Storani, Sureda, Vanossi, y Zamora (L.F.).

—Se abstienen de votar los señores diputados Achem, Avelín y Martín de De Nardo.

Sr. Presidente (Pierri). — Queda sancionado el proyecto de resolución1.


Y DISTRIBUCION DEL GAS NATURAL

(Continuación)Sr. Presidente (Pierri). — Corresponde votar en general el proyecto de ley en revisión contenido en el Orden del Día Nº 24 sobre regulación del transporte y distribución del gas natural (expediente 104-S.-91)2.Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa.— Señor presidente: interpreto que el sentido de la votación significa que el bloque oficialista niega la reapertura del

1 Véase el texto de la sanción en el Apéndice, (Página 6573.)2 Véase el texto del dictamen en el Diario de Sesiones del 25/26 de marzo de 1992, pagina 6.354.


debate, al rehusarse a dejar sin efecto la declaración de cierre del debate resuelto en la madrugada del jueves de la semana pasada. Al menos se ha llegado a anular la votación anterior cuestionada en derecho y ante la opinión pública. Pero el mantenimiento de esa moción mordaza, que impide a nuestro bloque exponer sus razones...—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. de la Rúa-. . .determina que la bancada radical se retire de este recinto. . .—Varios señores diputados hablan a

la vez.Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia solicita calma a los señores diputados.Sr. de la Rúa— . . .y nos retiramos del recinto sin escándalo y con dolor, con el dolor republicano por la falta de comprensión de la mayoría sobre la necesidad de respetar a la minoría para que la vida de la República no se vea perturbada.Las repetidas experiencias de estas votaciones fallidas de este enfrentamiento inútil que se está generando, deben llamarnos a la reflexión para que en el porvenir se reconstruyan las bases de


la convivencia en la Cámara. Nos vamos y nadie podrá decir que este bloque ha estado ausente de la tarea legislativa para culminar con la nulidad de una votación como la que se consumó el jueves pasado. Nos vamos con la convicción de haber trabajado con intensidad, pero de sentirnos también desconsiderados en la libertad del ejercicio de nuestra tarea parlamentaria. (Aplausos.)—Varios señores diputados se retiran

del recinto. Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Matzkin. - Señor diputado de la Rúa, señores diputados radicales: respetuosamente les pedimos un instante de atención.Somos respetuosos de las decisiones del bloque radical.Hemos estado trabajando bastante durante todos estos días, no sólo hoy tratando de ofrecer nuestros puntos de vista. Nosotros tenemos diferencias y también consensos. Pero creo que tenemos intereses comunes superiores, más allá de los discursos parciales. Todos queremos un país mejor un mayor bienestar y todas aquellas cuestiones que interesan a la totalidad de los argentinos.También decimos con toda humildad, con todo respeto y con toda honestidad que deseamos que el bloque radical se quede aquí esta noche para continuar con el debate y para expresar sus puntos de vista con absoluta libertad.

No creemos que haya habido una actitud mordaza; en todo caso fue una actitud vinculadacon usos reglamentarios.La República necesita de la acción de la totalidad de sus fuerzas políticas. Si bien creo que igualmente tendremos quórum para sancionar este proyecto, sería mucho mejor para todos si el bloque radical, defendiendo sus puntos de vista, sus inquietudes y sus preocupaciones, esta noche se quedara con nosotros.Respetuosamente les pedimos que

revean su decisión y continúen trabajando. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri), - Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. de la Rúa. — Señor presidente: la reacción llega tarde, pues el bloque ya ha iniciado la retirada. Debieran haber reflexionado en su momento cuando planteamos estas cosas, para no dar la sensación de una fractura de la Cámara.Hemos estado todo el tiempo aquí pugnando para que no sea así y demostrar al país lo que es un debate ordenado, prolijo, que no se realice a altas horas de la noche y que se desenvuelva con los argumentos y las razones constructivas que cada parte tiene para sustentar las respectivas posiciones.Me alegro de que haya una reacción sobre el final, aunque sea tardía. Debió formar parte de esta coincidencia en que zanjábamos la cuestión y no de la obstinación que al presidente del bloque de la mayoría y también su bancada mantenían en este tema.Les deseamos aciertos en sus deliberaciones. De nuestra parte creemos estar haciendo con lealtad lo que corresponde, de acuerdo con nuestra responsabilidad y tarea políticas.

Sr. Estévez Boero.- Pido a palabra para una aclaración.Sr. Presidente (Pierri)— Para una aclaración tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Estévez Boero. —Deseo formular un pedido de aclaración dirigido al señor diputado Matzkin. ¿De sus palabras se puede desprender que se reabre el debate en general?Varios Señores Diputados. — No.Sr. Matzkin. - Solicito que la votación se practique en forma nominal.Sr. Presidente (Pierri). - La residencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

-Resulta suficientemente apoyado.


Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar en general en forma nominal el proyecto de ley, contenido en el Orden del Día Nº 24.

—Se practica la votación nominalSra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 155 señores diputados presentes, han votado 138 por la afirmativa y 12 por la negativa, registrándose además 2 abstenciones. No se ha computado el voto de dos señores diputados que no han hecho uso de sus respectivas llaves.

-Votan por la afirmativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Adaime, Aguado, Alabi, Albamonte, Alcala, Alsogaray Alvarez (H.C.), Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (A.E.), Balestrini (M.A.), Barberá, Barbotti, Baum, Becerra (N. E.), Bermúdez, Bischof, Blanco, Borda, Bordín Carosio, Branda, Cabrera, Caimmi, Calleja, Camaño (E. O.), Camaño (G.I. ), Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Clérici, Corchuelo Blasco, Cramaro, Crostelli, Cruz, D´Alessandro, Daud, Durrieu, Echevarría. En-


deiza, Falleti, Fellner, Fernández (R.C.), Ferradás, Figueroa, Flores, Folloni, Frigerio, Gan, Garay, García Cuerva, Germanó, Gioja, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.). Gómez Centurión, González (J.H.), González (O. F. ), González Cabañas, Green, Guerrero (A.I.), Hardy, Hernández (S. A.), Herrera (B.E.), Herrera (L. F.) Herrera Arias, Humada, Ibarbia, Ibarreche, Iribarne, Iturre, Jalil, Lamberto, Larraburu, Leconte, López (J. A.), López Arias, López de Zavalía, Loutaif, Macaya, Machicote, Maggi, Manfredotti, Manny, Maqueda, Marcoli, Martínez, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza. (C. R.), Michitte, Monteverde, Muniagurria, Nacul, Natale, Niño, Parada, Parrilli, Pepe, Pesce, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J. A.), Rodríguez (J.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Romero (H. A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Saadi (L. A.), Sacks, Salusso, Samid, Sánchez Galdeano, Scelzi, Sodero Nievas, Solá, Soria, Sucaría, Sueiro, Tacta de Romero, Toma, Topa, Toto, Troyano, Uriondo, Valcárcel, Venesia, Verdú, Yoma, Zamora (F.) y Zaracho.

-Votan por la negativa los señores diputados Achem, Alende, Avelín, Camaño (D.A.), Ferreyra, Fescina, Gallo, García, Gatti, González (A.I.), Martín de De Nardo y Mendoza (M.).

—Se abstienen de votar los señores diputados Alvarez Echagüe y Sabio.

Sr. Presidente (Pierri). - En consideración en particular el proyecto de ley aprobado en general.La Presidencia recuerda que se había acordado que la consideración en particular se hiciera por títulos.

(. . .)


Y DISTRIBUCION DEL GAS NATURAL

(Continuación)Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la consideración en particular del proyecto de ley aprobada en general sobre regulación del transporte y distribución del gas natural.En consideración el capítulo I, que comprende los artículos 1º a 74.

Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio. — Señor presidente: sería conveniente que el tratamiento en particular de este proyecto de ley se haga por capítulos y que la votación se efectúe por títulos.Salvo mejor opinión, me voy a permitir leer las observaciones que en forma consensuada con la mayoría de los bloques presentes en el recinto se hiciera del proyecto en discusión.

El artículo 1º queda tal cual está redactado. En el artículo 2º, donde dice "artículo 51", debo decir "artículo 50". Esta modificación se debe al hecho de que se elimina el artículo 35, por lo que hay un corrimiento en la numeración del articulado.Por otra parte, se agrega un inciso g) al artículo 2º, que va a ser leído por el señor diputado Parrilli.

-Ocupa la Presidencia el señor


vicepresi-dente 1º de la Honorable Cámara,

don Luis Alberto Martínez.

Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.Sr. Parrilli. - Señor presidente: el inciso g) que se agrega al artículo 2º dice lo siguiente: "Propender a que el precio de suministro de gas natural a la industria sea equivalente a los que rigen internacionalmente en países con similar dotación de recursos y condiciones."Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio. —Ya en el título IV proponemos dos modificaciones al artículo 4º. Propiciamos eliminar la palabra "prioritariamente"


en el primer párrafo, de tal manera que quedará redactado de la siguiente manera: "El transporte y distribución de gas natural deberán ser realizados por personas jurídicas de derecho privado a las que el Poder Ejecutivo . . . " y continúa tal cual estaba previsto. En el segundo párrafo se mantiene: "El Poder Ejecutivo determinará, en cada caso, la modalidad a adoptar", y se elimina la parte final, que paso a leer: "De obtenerse resultados a través del proceso de licitación pública señalado en el primer párrafo de este artículo, el Poder Ejecutivo deberá instrumentar los medios que considere más convenientes para abjudicar los servicios." El tercer párrafo sigue igual. El artículo 5º no tiene modificaciones.En el artículo 6º, incluido este mismo título, se modifica el plazo del período adicional, reduciéndoselo de treinta y cinco a diez años, y se elimina la parte final que dice: "Igual procedimiento se seguirá al vencimiento de cada renovación." La redacción final sería la siguiente: "Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de finalización de una habilitación, el Ente Nacional Regulador de Gas, a pedido del prestatario respectivo, llevará a cabo una evaluación de la prestación del servicio por el mismo a los efectos de proponer al Poder Ejecutivo nacional la renovación de la habilitación por un período adicional de diez (10) años. A tal efecto se convocará a Audiencia Pública. En los textos de las habilitaciones se establecerán los recaudos que deberán cumplir los prestatarios para tener derecho a la renovación. El Poder Ejecutivo nacional resolverá dentro de los ciento veinte (120) días de recibida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas."Los artículos 7º y 8º permanecen sin modificaciones.Pasamos al título V. El señor diputado Parrilli se referirá a la modificación propuesta en el artículo

9º.Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.Sr. Parrilli. — La redacción propuesta para el artículo 9º es la siguiente: "Son sujetos activos e la industria del gas natural los productores, captadores, procesadores, transportistas, almacenadores, distribuidores, comercializadores y consumidores que contraten directamente con el productor de gas natural.""Son sujetos de esta ley los transportistas, distribuidores, comercializadores, almacenadores y consumidores que contraten directamente con el productor."Sr. Presidente (Martínez). Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio.— Señor presidente: los artículos 10 a 15 no sufren modificaciones.El título VI, que comprende los artículos 10 a 24, no tiene modificaciones.

En el título VII, los artículos 25 a 31 tampoco sufren modificaciones. En cuanto al artículo 32, proponemos dos modificaciones: donde dice "tasa de retorno" debe decir "rentabilidad" y donde dice "artículo 40" debe figurar "artículo 39".En el título VIII, los artículos 33 y 34 quedan redactados de la misma manera. Proponemos que el artículo 35 sea eliminado. Los artículos 36 y 37, que pasan a ser 35 y 36, no sufren modificaciones.En el título IX, el artículo 38, que pasa a ser 37, queda igual. En el artículo 39, que pasa a ser 38, proponemos dos cambios: donde dice "tasa de retorno" debe figurar el término "rentabilidad" y en el inciso b), donde dice "forma de prestación, ubicación geográfica, distancia a los yacimientos y cualquier otra modalidad que el ente califique como relevante", a continuación de "ubicación geográfica" debe agregarse la palabra "mayor".Sr. Ibarbia.— ¿Me permite una


interrupción señor diputado, con el permiso de la Presidencia?Sr. Bordín Carosio. — Sí, señor diputado.Sr. Presidente (Martínez).— Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. lbarbia. —Señor presidente: sugiero que en lugar de agregar la palabra "mayor" antes de distancia a los yacimientos" se utilice la expresión "distancia relativa a los yacimientos", porque la distancia puede ser mayor o menor.Sr. Presidente (Martínez). - A fin de mantener el orden del debate, la Presidencia solicita a los señores diputados que permitan que el señor miembro informante de la comisión termine de proponer las modificaciones al articulado. El señor diputado Ibarbia está anotado para intervenir respecto de diferentes artículos, de manera que podrá hacer uso de la palabra en el momento oportuno.Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio. - En artículo 40, que pasa a ser 39, donde dice "tasa de retorno" debe decir "rentabilidad". La misma modificación hay que introducir en el inciso a) del actual artículo 39 y en todo el articulado, de tal forma que cada vez que aparezca la expresión "tasa de retorno" deberá reemplazarse por rentabilidad".


En el artículo 41, que pasa a ser 40, donde dice "artículos 39 y 40" debe decir "artículos 38 y 39".En el artículo 42, que pasa a ser 41, se introducen las siguientes modificaciones. Donde dice "...se ajustarán de acuerdo con una fórmula ," se reemplaza ello por la expresión "...se ajustarán de acuerdo con una metodología elaborada en base a indicadores de mercado internacional, que reflejen los cambios de valor de bienes y servicios representativos de las actividades de los prestatarios." Asimismo, en el segundo párrafo, como ya lo adelanté, la expresión "tasa de retorno" es reemplazada por "rentabilidad".En el artículo 43, que pasa a ser 42, hay dos modificaciones: donde dice "artículos 39 y 40" debe decir "artículos 38 y 39", y donde dice "artículo 40”debe decir "artículo 39".Los artículos 44, 45, 46 y 47, que pasan a ser 43, 44, 45 y 46, no tienen modificaciones.El artículo 48, que pasa a ser 47, tiene un cambio: donde dice "artículo 47" debe decir "artículo 46". En el artículo 49, que pasa a ser 48, donde dice "artículos 39 y 40" debe decir "artículos 38 y 39". En el artículo 49, que pasa a ser 48, se introducen dos cambios. Donde dice "artículo 42" debe decir “artículo 41" y la expresión "Dichos consumidores" debe reemplazarse para una mayor clarificación, por la siguiente frase: “Los consumidores que contraten directamente con el productor."En el Título X los artículos 51 y 52, que pasan a ser 50 y 51, no tienen modificaciones.En el inciso u) del artículo 53, que sería 52, se propone la eliminación de la siguiente expresión: “... estableciendo delegaciones regionales cuando las circunstancias así lo justifiquen".El artículo 54, que pasa a ser 53, no tiene modificaciones.Sr. Presidente (Martínez). — La Presidencia sugiere al señor diputado

que sólo mencione los artículos que presentan observaciones. Así los señores diputados podrán seguir más ordenadamente la exposición.Tiene la palabra el señor diputado por Neuquen.Sr. Parrilli— Señor presidente: el artículo 55, que pasaría a ser 54, quedaría redactado de la siguiente forma: "Los miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas, serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia y designados por el Poder Ejecutivo nacional. Dos (2) de ellos a propuesta de los gobernadores de las provincias. Durarán un período de cinco (5) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida. Cesarán en forma escalonada cada año. Al designar el primer directorio, el Poder Ejecutivo nacional establecerá la fecha de finalización de cada uno, para permitir el escalonamiento."Sr. Presidente (Martínez).— Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio. — Señor presidente: en el artículo 56, que pasa a ser 55, donde se expresa "la comisión del Congreso de la Nación, creada en el artículo 94 de esta ley", se debe decir: "... una comisión del Congreso de la Nación integrada por los presidentes y vicepresidentes de las comisiones que cada una de las Cámaras determinen en función de su incumbencia, garantizando una representación igualitaria de senadores y diputados." Luego el artículo continuaría tal cual se halla redactado.Los artículos 57, 58, 59, 60, 61 y 62 del proyecto de ley, que pasarían a ser artículos 56, 57, 58, 59, 60 y 61, respectivamente, no tienen modificaciones.El artículo 63 del proyecto de ley, que pasaría a ser 62, tiene la siguiente modificación: su inciso a) debe hacer referencia al artículo 63 y no al 64.Los artículos 64 y 65 del proyecto de


ley, que pasarían a ser 63 y 64, respectivamente, no tienen modificaciones.Pasamos ahora al título XI. Los artículos 66, 67, 68, 69 y 70 del proyecto de ley, que pasarían a ser artículos 65, 66, 67, 68 y 69, respectivamente no tienen modificaciones.En el artículo 71 del proyecto de ley, que pasaría a ser 70, proponemos el siguiente agregado a continuación de su único párrafo: “Agotada la vía administrativa procederá el recurso en sede judicial directamente ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal".El artículo 72 del proyecto, que pasaría a ser 71, no tiene modificaciones.En el artículo 73, que pasaría a ser 72, proponemos dos modificaciones. Con ellas el artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "En las acciones de prevención y constatación de contravenciones, así como para lograr el cumplimiento de las medidas de secuestro y otras que pudieren corresponder, el Ente Nacional Regulador del Gas estará facultado para requerir al juez competente el auxilio de la fuerza pública con jurisdicción en el lugar del hecho. A tal fin bastará con que el funcionario competente para


la instrucción de las correspondientes actuaciones administrativas expida un requerimiento escrito a la autoridad que corresponda."Si el hecho objeto de prevención o comprobación constituyera un delito de acción pública deberá dar inmediata intervención a la justicia federal con jurisdicción en el lugar."El artículo 74 del proyecto, que pasaría a ser 73, tiene una modificación. Proponemos la eliminación del último párrafo, que dice: "Las sanciones aplicadas por el ente serán recurribles ante la Cámara Federal que resulte competente en razón del lugar de comisión del hecho", y en su reemplazo solicitamos la inclusión del siguiente párrafo, que dice: “Las sanciones aplicadas por el ente podrán impugnarse ante la Cámara Nacional de Apelaciones en la Contencioso Administrativo Federal mediante un recurso directo a interponerse dentro de los treinta (30) días hábiles judiciales posteriores a su notificación”.Allí concluye el capítulo I y los títulos que han sido objeto de modificación.Señor Presidente (Martínez).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: con relación al artículo que originalmente llevaría el número 42 y que no sé si ha cambiado de numeración no comprendo el alcance del segundo párrafo que dice: “Los transportistas y distribuidores podrán reducir total o parcialmente la tasa de retorno contemplada en sus tarifas máximas, pero en ningún caso podrán dejar de recuperar sus costos.” Es decir, quisiera saber cómo opera la tasa de retorno y cuál es la financiación..Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. Venesia.— Señor presidente: quiero señalar al señor diputado Castillo que el artículo 42 pasa a

llevar el número 41 y contiene modificaciones que por un error involuntario no fueran debidamente explicitadas por el señor diputado Bordín Carosio. En este sentido, hemos reemplazado la palabra "fórmula" por “metodología”, y la expresión "tasa de retorno” por “rentabilidad”. De tal modo que el artículo quedaría redactado de la siguiente manera: "En el curso de la habilitación las tarifas se ajustarán de acuerdo a una metodología elaborada en base a indicadores de mercado internacional que reflejen los cambios de valor de bienes y servicios representativos de las actividades de los prestatarios. Dichos indicadores serán a su vez ajustados, en más a en menos, por un factor destinado a estimular la eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones en construcción, operación y mantenimiento de instalaciones. La metodología reflejará cualquier cambio en los impuestos sobre las tarifas. “Los transportistas y distribuidores podrán reducir total o parcialmente la rentabilidad contemplada en sus tarifas máximas, pero en ningún caso podrán dejar de recuperar sus costos.” El último párrafo se mantiene sin modificaciones. Sr. Presidente (Martínez).- La Presidencia advierte que están anotados distintos oradores en diferentes artículos de este capítulo. Pero la comisión ha tomado como metodología la de informar absolutamente todo en una sola oportunidad. A cada diputado anotado vamos a dar la posibilidad para que realice toda la exposición correspondiente al informe producido por la comisión.En primer término, corresponde que se refiera a este capítulo el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores.— Señor presidente: previamente deseaba saber si era posible lograr una receptividad de la comisión para tratar de que esto sea lo más ordenadamente comprensible y por lo tanto, serio,


independientemente de que la comisión no acepte ninguna modificación. Esto sería algo secundario.Si vamos a discutir por capítulo, nos encontraremos con que el primer capítulo tiene más de 70 artículos. Si tenemos en cuenta que la votación será para todo el capítulo y nos vamos a referir a todas las modificaciones que los diputados propongamos en este capítulo, el resultado final será, luego de cada exposición, una gran cantidad de modificaciones sobre temas que, más allá de que se trate del marco regulador del gas, tiene poco que ver entre sí.La idea es que todo se realice en forma ordenada, permitiendo que quienes deseamos hacer observaciones al dictamen de mayoría podamos expresarlas en un clima donde se entienda que la discusión se circunscribe a cada título y que además se vota por título. Porque votar de una sola vez más de 70 artículos en un capítulo me parece exagerado y no creo que la posición de la comisión sea entorpecer el debate sino enriquecerlo.De ahí sugiero a la presidencia de la comisión que la discusión y la votación sean por títulos para facilitar así un debate más ordenado y preciso. Si esta cuestión no está aclarada, es inútil empezar a discutir los artículos.Sr. Presidente (Martínez).- La Presidencia está respetando la metodología propuesta por el miembro informante de la comisión en el


sentido de que la votación se haga por títulos, es decir tal como lo está señalando el señor diputado. A su vez, la Presidencia respeta el procedimiento adoptado, pacíficamente hasta el momento, por la comisión, que ha informado las modificaciones que corresponden al primer capítulo.Sr. Flores. — Señor presidente: lo siento pero sigo sin entender.Sr. Presidente (Martínez). — Le informo que para el título I el único anotado es el señor diputado Flores; en cuanto al título IV, está anotado el señor diputado López de Zavalía.Quiere decir que en estos momentos el señor diputado Flores tiene la posibilidad de exponer las modificaciones que a su juicio deben realizarse en el capítulo I.Sr. Flores.— Me voy a referir al artículo único del título I, capítulo I. Al respecto propongo la siguiente redacción: "La actividad de producción del gas en cualquiera de sus modalidades, destinada total o parcialmente a abastecer de gas a un servicio público será considerada de interés general, afectada a dicho servicio y encuadrada, en las normas legales y reglamentarias que aseguran el normal funcionamiento del mismo.”La propuesta es que ese párrafo funcione como un agregado al artículo 1º. No se me escapa que el proyecto que tratamos no se refiere a la producción de gas natural sino al transporte y la distribución; pero no es menos cierto que estos últimos de nada servirían si no existiese una normativa que fortaleciese la etapa principal del proceso, que es la producción. La ley de marco regulador eléctrico, que este Congreso sancionó ha tres meses, contenía una definición similar con respecto a los generadores. Tampoco se me escapa que los generadores estaban incluidos en el marco eléctrico, en tanto que la producción de gas no se encuentra en el régimen en consideración. Pero creo que esta

incorporación no desvirtúa en lo más mínimo el sentido que la comisión ha expresado tan claramente y que da mayor seguridad en cuanto a las normas que deben regir la actividad de los productores de gas.Sr. Presidente (Martínez), —Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.Sr. Parrilli. — No aceptamos la propuesta del señor diputado Flores porque en definitiva está planteando un modelo diferente al del proyecto.En lo que atañe a la producción de gas, este proyecto se remite expresamente a la ley 17.319, de hidrocarburos. El momento de analizar cuál es el criterio con el que regularemos la producción de gas se dará cuando tratemos una nueva ley de hidrocarburos. Además, el artículo 3º del proyecto establece que es libre la importación de gas, precisamente porque todo lo que concierne a la producción de gas en la Argentina quiere ser dejado en manos de la libre oferta y de la libre competencia. Por esta razón, se califica como servicio público sólo el transporte y la distribución, y no la producción.Creemos que no es aplicable a este caso lo que tratamos en el marco regulatorio para la electricidad, porque la producción de gas es diferente a la producción de electricidad. De ahí que la comisión no acepte la propuesta del señor diputado Flores.Sr. Presidente (Martínez), — La Presidencia invita a los presidentes de los bloques presentes a que convoquen a los señores diputados para que podamos iniciar la votación.Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (F.). —Señor presidente es cierto que se había propuesto votar el proyecto título, por título, pero creo que la Presidencia se encontrará con inconvenientes cada cinco o diez minutos para reunir quórum. Con el fin de agilizar el trámite, podríamos acordar que se hagan todas las observaciones y que la comisión las vaya contestando,


para luego votar en una sola vez todo el conjunto.Sr. Presidente (Martínez). — Esa era la opinión de la Presidencia, pero se encontró con la imposibilidad de tomarla como una decisión habida cuenta de que el señor diputado Flores, en uso de un legítimo derecho, planteó otra metodología.Si la Cámara se expide nuevamente sobre la cuestión, la Presidencia no tendrá ningún inconveniente en seguir este método, porque todos sabemos que va a producir un mejor resultado.Se va a votar el título I del capítulo I, que comprende el artículo 1º del despacho, con las modificaciones propuestas por la comisión.

—Resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Martínez). — Si hay asentimiento de la Honorable Cámara la Presidencia procederá en conforme lo indicado por el señor diputado por Buenos Aires, en el sentido de permitir que los oradores expresen todas las observaciones al capítulo en consideración para luego realizar una sola votación.

-Asentimiento.Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.


Sr. Flores. —Señor presidente: sólo quiero que se registre mi voto negativo respecto del título I, así como de este asentimiento que se acaba de otorgar.No obstante, trataré de sintetizar mis observaciones al capítulo I. En primer lugar, creo que el artículo 4º expresa de alguna manera lo que es una actitud general de todo el proyecto de ley, refractaria a la participación de los estados provinciales respecto de un tema tan importante como es la política energética y el marco regulatorio del transporte y distribución de gasEn este artículo se está cristalizando una injustificada y obligatoria exclusión del Estado, en particular de los Estados provinciales, tanto en el transporte como en la distribución. No es tanto el interés de las provincias en materia de transporte, pero sí en el caso de la distribución. No se entiende por qué provincias como la mía -Santa Cruz-, que ha construido el 95 por ciento de sus redes de distribución y que actualmente tiene a su cargo a través de importantes sociedades todo el sistema de distribución, se verán privadas y excluidas por ley de competir con empresas de capital privado para participar en esta actividad que se pretende regular.Mi provincia ha cambiado todo el sistema de distribución en localidades tales como Caleta Olivia, que es la segunda ciudad en importancia de Santa Cruz, donde hace años, cuando llovía, se veían burbujas de gas que se perdían atravesando la capa de agua. Se contrataron empresas provinciales para solucionar el problema y fueron capaces de administrar en forma racional, eficiente y segura el servicio de distribución de gas.Es la vieja historia que todos conocemos señor presidente. Las provincias son buenas para administrar sus cárceles, sirven para que se les tiren encima las escuelas y para hacerse cargo obligatoriamente

de los hospitales que maneja la Nación, Cuando se trata de participar en los negocios, en aquellas actividades que dejan plata, permanente e invariablemente quedan afuera. No encuentro justificativo alguno para la explicación que dan los funcionarios de Gas del Estado, que han seguido como una atención y dedicación destacables todas estas sesiones como si estuvieran vendiendo un negocio propio. Se ha dicho que se pretende contratar con empresas que puedan quebrar.A quienes estuvimos en la Comisión de Energía escuchando las explicaciones, nos parece un capricho la negativa a que participen estas empresas provinciales, que pueden manejar con eficiencia lo que han construido y pagado. Dado que no pueden quebrar, no pueden participar. Parece un verdadero capricho.Propongo la modificación del artículo 4º del título IV para que se excluya a las provincias en cuanto al planteo que ninguna podrá intervenir sino cuando no existieran oferentes a quienes adjudicársele la prestación de los servicios.Las provincias no merecen este trato discriminatorio porque son las que han pagado las redes de distribución, cuando no las han pagado los propios particulares. Ahora vemos cómo se entrega a empresas privadas lo que nosotros hemos construido con el trabajo de nuestra gente y con lo que como provincia hemos pagado.Lo expresado se refiere a transporte y distribución contemplados en el artículo 4º. La observación obra en poder de la Secretaría.En cuanto al título V, referido a los sujetos, propongo que se excluya como tales a los comercializadores y a los consumidores que contratan directamente con el productor.En un mercado del que se nos dice que va a ser totalmente transparente, donde la política general consiste en avanzar hacia un proceso de desregulación, donde los contratos


van a ser publicados y van a tener que ser aprobados por el Ente Regulador del Gas, resulta casi obvio que no existirá un solo comprador de gas que no tenga conocimiento de las diferentes alternativas que ofrece el mercado. Quiero decir que todo comprador de gas va conocer los precios de otros vendedores de gas. No se comprende la razón, por la cual tienen que aparecer estos bolseros que van a hacer un buen negocio, pero cuya actividad, si resulta, estará revelando la ineficiencia del propio sistema, porque si un distribuidor no sabe cuáles son los precios, no conoce el mercado ni cuáles son las diferentes alternativas que se le pueden presentar en tanto comercializador y distribuidor de gas, obviamente no es competente. Esta norma presume que la transparencia será tal que no podrá existir la posibilidad de que quienes estén en el negocio no conozcan las diferentes alternativas sobre lo que se ofrece.Quedaba pendiente una observación que no quiero olvidar, con respecto al artículo 4º que se refiere a la participación de los estados provinciales. En este punto particular creo que estamos borrando con el codo lo que la propia Cámara sancionó al aprobar la ley 23.696, en donde se planteó que entre los bienes de Gas del Estado para ser traspasados por convenio


a las provincias —anexo I, título II— están las propias redes de distribución de gas.En cuanto a los grandes consumidores de gas o a los que contratan directamente con el productor, la observación que se hace es que en el caso del distribuidor que tenga que ofertar para poder presentarse a la licitación, se está desnaturalizando el cuadro tarifario o el cuadro de posibles adquirentes que tendría al momento de presentarse a la licitación. Entiendo que esto encarecerá injustificadamente la tarifa de la distribución y los costos y el precio que va a pagar fundamentalmente quien se presente a una licitación.En consecuencia, y vinculado con lo expuesto, propongo la supresión de estos términos del artículo 9º, la eliminación de los artículos 13 y 14, y la modificación del artículo 50, que pasaría a ser 49, en cuanto a que los consumidores, a título de excepción, sólo podrán construir a su exclusivo costo sus propios ramales de alimentación para satisfacer sus necesidades de consumo, en cuyo caso podrán hacer uso del derecho de adquirir el gas; naturalmente cuando no exista un distribuidor que esté en condiciones de atender razonablemente el requerimiento. Esta salvedad permite resolver la posibilidad de que exista algún consumidor que no esté alcanzado por una red de distribución y necesite acceder al servicio, pero tiene que ser a título de excepción y no estar planteado —a mi juicio— en una ley que lo pone en un pie de igualdad con los demás sujetos que contempla.Con respecto al título X, artículo 51, que pasaría a ser 50, referido al Ente Nacional Regulador del Gas, sin perjuicio de la modificación que propondré seguidamente, debo manifestar nuestro agrado por la redacción definitiva, porque, la descentralización del ente permitirá una atención más eficaz de los

problemas que se presenten en las diferentes jurisdicciones para que la participación de los estados provinciales sea algo más que letra muerta en la ley. Por lo expuesto, propongo que el último párrafo del artículo quede redactado del siguiente modo: “Dicha delegación del Ente Nacional Regulador del Gas se constituirá con la participación igualitaria de representantes de las provincias que correspondan al área en cuestión."No creo que la comisión presente mayores objeciones a esta propuesta, que garantiza una efectiva participación de los estados provinciales y evita que sean considerados cómo convidados de piedra en un ente donde el poder central tendrá una mayoría tal que le permitirá resolver absolutamente todas las cuestiones sin una comprensión cabal de las particularidades que se pueden llegar a presentar en cada región. Me parece que la participación igualitaria de las provincias en las delegaciones del ente no constituye una violación del espíritu planteado en el marco regulador eléctrico, y es una modificación que la comisión bien podría aceptar.El artículo 55 plantea que los miembros del directorio del ente serán designados por los gobernadores de las provincias. Aquí nos encontramos con algo que es una constante bastante interesante de esta norma: una declamación de federalismo en la letra pero una imposibilidad práctica y concreta de realizarla. Parece difícil pensar en una reunión de gobernadores para designar dos representantes al ente regulador.En el análisis en comisión se había acordado efectuar esa designación por medio del Consejo de Ministros de Obras Públicas, lo que permitía una mayor eficiencia y una posibilidad de participación efectiva de los gobiernos de cada provincia. Esto es así porque los ministros reciben instrucciones de sus


gobernadores, y además se trata de un organismo que existe concretamente, se reúne con cierta periodicidad y tiene una mecánica para tomar sus decisiones.Con respecto a la modificación introducida en el artículo 78 a propuesta de la Secretaría de Energía y Combustibles, me parece que debe mantenerse el criterio consensuado en la comisión porque es una de las cuestiones claves de esta norma...Sr. Presidente (Martínez). — La Presidencia advierte al señor diputado por Santa Cruz que el Capítulo I abarca hasta el artículo 74, de manera que con su última observación ya estaría ingresando al análisis del Capítulo II.Sr. Flores. — Es verdad, señor presidente pido disculpas.Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor miembro informante.Sr. Bordín Carosio.- Señor presidente: la comisión no acepta las modificaciones propuestas por el señor diputado Flores. Hemos estado estudiando que los pequeños distribuidores pueden agruparse para comprar a los almacenadores y conseguir un mejor precio. Además, en este marco regulatorio hemos eliminado la figura del gran consumidor por entender que debía ser el productor quien tenía que determinar si realmente valía la pena que fuera considerado gran consumidor de acuerdo al monto de gas que se le comprase.Con respecto a las modificaciones vinculadas con los miembros del ente regulador. . .


Sr. Presidente (Martínez).- La Presidencia sugiere al señor miembro informante que se escuchen todas las propuestas de modificaciones que deseen hacer los señores diputados y luego responda la comisión.Sr. Bordín Carosio. —No aceptamos ninguna de las modificaciones propuestas por el señor diputado Flores.Sr. Presidente (Martínez). - Tiene la palabra el señor diputado por Salta.Sr. Loutaif.- Señor presidente el segundo párrafo del artículo 3º expresa: “Las exportaciones de gas natural deberán, en cada caso, ser autorizadas por el Poder Ejecutivo, dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la solicitud." Propongo que al final de este párrafo se agregue la siguiente expresión: "...en la medida que no se afecte el abastecimiento interno."Asimismo, proponemos ampliar el plazo de 60 a 90 días y eliminar el tercer párrafo del artículo, que expresa: "El silencio, en tal caso, implicará conformidad." Tal como está redactado el artículo, existiría una autorización tácita del Poder Ejecutivo si no toma ninguna decisión en un plazo de 60 días con respecto a las solicitudes de exportación.Nuestro agregado al segundo párrafo es fundamental para asegurar el abastecimiento del mercado interno. La eliminación del tercer párrafo tiene como objetivo obligar a que el Poder Ejecutivo se expida. Por ello aumentamos el plazo de 60 a 90 días.Sr. Presidente (Martínez).— Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: con el debido respeto a la decisión tomada por el cuerpo, debo confesar que he perdido el hilo de la exposición del señor miembro informante. Tampoco he podido seguir las propuestas del señor diputado Flores.Los diputados jóvenes de esta Cámara, quizás puedan prestar atención al tratamiento en conjunto

que se ha decidido, pero debo atribuir a mis neuronas fatigadas por la edad y el tiempo transcurrido el que me sea sinceramente imposible seguir los razonamientos vertidos. De todos modos, debo acatar lo dispuesto por el cuerpo y, en consecuencia, voy a exponer las observaciones que Fuerza Republicana ha formulado a los 74 artículos del Capítulo I.Hay un aspecto que me preocupa. Antes de la sesión del 26 de marzo hice llegar un memorándum a la comisión y obtuve una respuesta de carácter político la que aseguraba una serie de modificaciones de acuerdo con nuestras inquietudes. En función de lo decidido por esta Cámara, sé bien que la sesión del 26 de marzo debe ser borrada del mapa jurídico, pero también me pregunto si quedarán en la misma condición los compromisos políticos que fueron asumidos fuera de la sesión.No voy a colocar a los señores diputados del bloque oficialista ante la violencia de contestarme. Simplemente me dirijo a la conciencia de cada uno de ellos para que por lo menos escuchen con atención lo que tenemos que decir. Resulta evidente que el quórum está corriendo peligro. No teman los señores diputados del oficialismo que ese quórum sea roto por nosotros. Aunque recibiéramos la respuesta negativa y sistemática que parece haber adoptado la comisión, seguiríamos aquí firmes tratando de cumplir en lo posible con nuestro deber. Luego de estas manifestaciones, comenzaré a señalar mis observaciones al proyecto.Pensaba proponer una modificación al artículo 4º pero he decidido dejarla de lado dado que se trata de una cuestión puramente formal. Se trataba de una protesta, por así decirlo, en nombre de la Real Academia, pues el vocablo "prestatario" se utiliza en un sentido que no aparece en el idioma de nuestros padres. El término correcto


para designar a quien presta el servicio es "prestador " y no "prestatario". Pero como durante tantos años he enseñado como profesor universitario a mis alumnos que el legislador, al igual que el poeta, podía crear nuevos términos, que quede la palabra “prestatario” como una nueva invención de esta Cámara y no como una improlijidad del léxico. De tal manera que sobre el artículo 4º no formularemos propuesta alguna, y la comisión no tendrá que tomarse el trabajo de decir que se niega a aceptar la modificación.Llegamos al artículo 6º, y entonces nos encontramos con algo mucho más grave. Debo advertir que lo grave está en que se quiere modificar la sanción del Senado, y en mi humilde opinión ese texto era muy superior al que estamos considerando. Digo esto porque tal como preveía la sanción del Honorable Senado, estas concesiones -como quieran llamarlas- eran por 35 años, con una única prórroga por 10 años, que además era facultativa para el Estado. Por otra parte, existía la previsión de que vencido el término inicial, si no había prórroga del Estado, o vencido el término de la prórroga, los bienes pasaban al Estado sin cargo o gravamen alguno. Aquí se ha cambiado toda la filosofía del artículo.


Sinceramente no sé si se ha advertido lo trascendente del cambio. Se ha modificado el término de la prórroga, que en lugar de 10 años ahora será de 35, así como también la limitación de que esa prórroga fuera por única vez. De acuerdo con el actual texto, puede ser indefinida. Quien haya dado una hojeada a la obra de los hermanos Marzeaud sobre lecciones de derecho, recordará que ésta es una forma indirecta de decir que se trata de concesiones o habilitaciones perpetuas que pueden ser rescindidas unilateralmente cada 35 años. Por otra parte, la prórroga ha dejado de ser facultativa del Estado para pasar a ser imperativa, pues se erige en un derecho del habilitado.Sr. Venesia. - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?Sr. López de Zavalía. — Si, señor diputado.Sr. Presidente (Martínez). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. Venesia.- Señor presidente: daré lectura de la redacción definitiva del artículo 6 del proyecto de ley, cuyo texto seguramente el señor diputado no pudo seguir adecuadamente en la oportunidad en que se formularon las proposiciones de modificación. La redacción definitiva de ese artículo es la siguiente: "Con una anterioridad no menor de dieciocho (18) meses a la fecha de finalización de una habilitación, el Ente Nacional Regulador del Gas, a pedido del prestatario respectivo. . ." —adelanto que en aquellos artículos donde aparezca la palabra "prestatario" deberá ser reemplazada por la palabra "prestador", enmendando así el error gramatical que hemos cometido— "...llevará a cabo una evaluación de la prestación del servicio por el mismo a los efectos de proponer al Poder Ejecutivo nacional la renovación de la habilitación por un período adicional de diez (10) años."La anterior redacción decía "... por

un período igual al inicial", y por eso el señor diputado López de Zavalía nos indicaba que no era correcto esto de colocar 35 años más otros 35. De manera que ahora se admite un adicional de sólo diez años, que tampoco se prorroga con posterioridad.Luego prosigue el artículo 6º diciendo: "A tal efecto se convocará a audiencia pública. En los textos de las habilitaciones se establecerán los recaudos que deberán cumplir los prestatarios para tener derecho a la renovación. El Poder Ejecutivo resolverá dentro de los ciento veinte (120) días de recibida la propuesta del Ente Nacional Regulador del Gas." Se suprime la última parte que dice: "igual procedimiento se seguirá al vencimiento de cada renovación." Ello se hace para que quede firme el hecho de que la habilitación es por un período de 35 años con un adicional de sólo 10 años.Sr. Bordín Carosio. — Y después se llama a licitación.Sr. Presidente (Martínez). - Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Tucumán.Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: comprenderá la Cámara qué bien hice -para emplear los términos de nuestra Cancillería- en proteger mi exposición con un paraguas, invocando el estado de mis neuronas.Pero con todo ello, hay algo que no cuadra, algo que no han visto y que está en la filosofía impuesta por el Senado. Es la remisión al artículo 41 de la ley 17.319, porque esta última disposición dice algo más que no advierto en esta nueva redacción que sugiere la comisión. Ese artículo 41 determina en su párrafo final: "Vencidos dichos plazos, las instalaciones pasarán al dominio del Estado nacional sin cargo ni gravamen alguno y de pleno derecho."Me gustaría conocer el pensamiento de la comisión acerca de si esto es deliberado o no, porque evidentemente cambia todo el


panorama, cambia lo que podríamos llamar la ecuación económica final. Oportunamente me contestarán, pero mientras tanto les agradezco mucho que acepten las modificaciones de orden gramatical que no propuse y rechacen las de fondo, que son las que me interesan.Ahora haré referencia al artículo 8º. No recuerdo exactamente lo que dijo el miembro informante. Sin embargo, con respecto a este artículo 8º se me había dicho que se aceptaba la supresión de la palabra "última", porque el artículo de referencia dice al final: "Esta última ampliación revestirá carácter obligatorio para el prestatario." Quien habla de una última, supone una penúltima y en todos los artículos anteriores no encuentro una penúltima ampliación.Con relación al artículo 9º tenía entendido que la comisión había aceptado una modificación -ojalá sea así— porque en el texto originario del Senado se hablaba en ambos apartados de esta disposición de grandes consumidores, pero en el texto que se observa en el Orden del Día N9 24 se conserva la referencia a los grandes consumidores en la primera parta del artículo, suprimiéndosela en la segunda, de manera que queda el problema de definir cuáles son los grandes con-


sumidores. Pero habiendo suprimido el despacho el artículo 13 del proyecto que venía del Senado y que cumplía esa función, hay que llenar ese vacío. En aquella oportunidad sugerí, y fue aceptado por el vocero, digamos, del bloque Justicialista, la supresión de los grandes consumidores en la primera parte, diciéndose en ambos casos "consumidores que contraten directamente con el productor". Pienso que esto está en el espíritu de la comisión y advierto un gesto de asentimiento en sus miembros, lo que me complace.En cuanto al artículo 14, no es fundamental la observación que voy a hacer. Es una cuestión simplemente de visual, porque este artículo también presenta una modificación respecto al de la sanción del Senado. En el actual se considera comercializador a quien compra y vende gas natural por cuenta de terceros. Literalmente, para que cumpla lo establecido por el artículo debe tratarse de quien compra y vende por cuenta de terceros. Me pregunto qué pasará con el que compró por cuenta propia, y vende luego a terceros. Es algo que debiera tenerse en cuenta para que no quede una incongruencia con lo dispuesto por el artículo 12.Recuerdo muy bien —porque a partir de ese momento concentré mis energías para atender la exposición del señor miembro informante—, que cuando se habló del artículo 22 se señaló que no tenía modificaciones. Ocurre que en este artículo también hubo un acuerdo político, que no exijo que se mantenga, pero quien me dio esta información afirmó que ése era el real pensamiento y que jamás se había querido lo que surgía de la letra del artículo. Según el artículo 22, tal como viene redactado, el ente es quien fija la indemnización. Eso sería violatorio de la Constitución. Lo más que puede decirse es que fije una indemnización provisoria a todos los efectos de la

ley de expropiación.Incluso en la propuesta que hice llegar a la comisión sugería una redacción que fue acepta-da en aquella oportunidad. En cuanto al artículo 34 también quisiera que la comisión fijara una posición. Pero esto no debe quedar inadvertido porque se emplea la expresión sociedades vinculadas, que tiene un sentido técnico preciso; establecido por la ley de sociedades, y me parece que no ha sido el que ha querido manejar la comisión. Esto también fue encontrado razonable en aquel acuerdo previo.En cuanto al inciso e) del artículo 60, también se dijo que se aceptaba el criterio, sugerido por Fuerza Republicana. En este inciso se da como facultad del ente formular el presupuesto anual para su aprobación por el Poder Ejecutivo y para su inclusión en la Ley Nacional de Presupuesto. La inclusión no puede ser automática; lo que debió haberse querido decir es para su inclusión en el proyecto de ley.Con lo señalado, y esperando que me hayan escuchado mejor que lo que por lo visto he escuchado al señor miembro informante, doy por concluido lo relativo a las observaciones.Sr. Presidente (Martínez) . — Tiene la palabra: el señor diputado por Tucumán.Sr. Ibarreche.- Señor presidente: con menor pesimismo que el manifestado por el presidente de mi bancada, pues creo en la comprensión y en la voluntad de la comisión, voy a proponer agregar al final del inciso b) del artículo 38 del proyecto, nuevo ordenamiento, el siguiente texto: "El costo unitario del transporte de gas estará relacionado en forma directa con la distancia a recorrer, e inversa con el volumen transportado."Estudios técnicos determinan que el costo final del gas refleja una incidencia del transporte en una proporción aproximada a los dos tercios. A partir del año 1978, cuando


se regionalizan o zonifican las tarifas, se han producido algunas discriminaciones que superan el 35 por ciento en algunas zonas de consumo. En consecuencia, dejar librado a criterio del ente esto, sin que se determinen algunas precisiones objetivas en la ley, va a resultar sumamente peligroso. Estas situaciones crean discriminaciones que inciden fundamentalmente en los costos industriales.Por eso sugiero a la comisión el agregado antes expuesto al artículo 38, inciso b), aclarando que esto ya fue solicitado por representantes de mi bancada al señor secretario de Hidrocarburos y Minería.Sr. Presidente (Martínez) .- Tiene la palabra el señor diputado por Tierra del Fuego.Sr. Bischof.- Señor presidente: antes de pasar a las observaciones que considero oportunas sobre el capítulo I, quiero plantear una moción. A efectos de salvaguardar la energía y la lucidez con las que los señores diputados debemos actuar en el tratamiento de un tema tan importante, propongo que una vez realizadas todas las observaciones al capítulo I, y practicada la respectiva votación, se pase a un cuarto intermedio.En cuanto a las observaciones, antes de introducirme en ellas, quisiera hacer algunas reflexiones que tienen que ver con la expectativa, el orgullo y la responsabilidad que trajimos a este Congreso cuando fuimos electos diputados nacionales. Son las mismas expectativas, el mismo


orgullo y la misma responsabilidad que deben haber traído todos los integrantes de este cuerpo, pero en nuestro caso adquieren un carácter doble, ya que nos constituimos en los primeros diputados representantes del pueblo de la provincia de Tierra del Fuego, una provincia que acaba de nacer como tal, con obstáculos, con inconvenientes y con dificultades propias de su aislamiento.EL aislamiento de Tierra del Fuego no es sólo consecuencia de su ubicación geográfica, sino producto del desinterés y de la dejadez —si se me permite el término—, con los que sistemática o históricamente el poder central ha tratado los temas de dicha región. Si la provincia de Tierra del Fuego no puede encarar un proceso económico autosostenido, ello no sucede porque no sea una provincia rica en recursos, sino justamente por ese avasallamiento en el que históricamente ha incurrido el gobierno nacional sobre los intereses y derechos de la población fueguina. Cuando llegamos a este recinto nos planteamos —además de cumplir con las expectativas que nuestra gestión ha generado en el pueblo. . .Sr. Presidente (Martínez), — La Presidencia solicita al señor diputado que tenga en cuenta que se está debatiendo en particular un capítulo específico, por lo que corresponde que ajuste su exposición al tema en debate.Sr. Bischof. — De todas formas, entiendo que es oportuna la introducción que estoy haciendo, señor presidente; aunque en vista de lo solicitado, propongo concretamente una nueva redacción para los artículos 54 y 55, teniendo siempre en mente otorgar a las provincias productoras de hidrocarburos una participación mucho más activa en la toma de decisiones,"Artículo 54. — El Ente Nacional Regulador del Gas será dirigido y administrado por un directorio de siete (7) miembros, uno de los cuales

será el presidente, otro el vicepresidente y los restantes los vocales, designados todos ellos por el Poder Ejecutivo."Artículo 55. — Los miembros del directorio del Ente Nacional Regulador del Gas serán seleccionados entre personas con antecedentes técnicos y profesionales en la materia, cuatro (4) a propuesta de los gobernadores de provincia de los cuales dos (2) de ellos representando a los estados productores. Durarán un período de cinco, (5) años en sus cargos, el que podrá ser renovado en forma indefinida. Cesarán en forma escalonada cada año. Al designar el primer directorio, el Poder Ejecutivo establecerá la fecha de finalización de cada uno para permitir el escalonamiento."Sr. Presidente (Martínez). —Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Ibarbia. — Señor presidente: el artículo 3º, en su actual redacción, autoriza las importaciones de gas natural sin necesidad de aprobación previa; en cambio, se requiere autorización para las exportaciones. En consecuencia, propongo que se eliminen los párrafos segundo y tercero de este artículo.Fundamento mi solicitud en el hecho de que el artículo 10 del proyecto en discusión establece que el productor tendrá derecho a disponer libremente del producido del yacimiento. Mal puede disponer libremente si tiene una restricción para exportar el gas; que es uno de los derechos con que cuenta quien tiene la libre disposición de un determinado producto.A mayor abundamiento, entiendo que las restricciones extra arancelarias de tipo cuantitativo, tanto a las importaciones como a las exportaciones; son contrarias a los criterios sostenidos en negociaciones multilaterales, como el Acuerdo General de Aranceles y Comercio del que el país forma parte. De manera que resultaría poco prudente que a


pocos meses de celebrarse un nuevo convenio en la ronda Uruguay, establezcamos limitaciones extra arancelarias a la exportación de gas.Por otra parte, y en cuanto al artículo 4º, al eliminarse la palabra "prioritariamente" del primer párrafo éste resulta incompatible con el tercero, que señala: "El Estado, y las provincias, por sí, o a través de cualquiera de sus organismos o empresas dependientes, sólo podrían proveer servicios de transporte y distribución en el caso de que, cumplidos los procedimientos de licitación previstos en la presente ley no existieren oferentes a los que pudiere adjudicarse la prestación de los mismos. . ." Si el transporte y la distribución de gas natural deberán ser realizados por personas jurídicas de derecho privado, las licitaciones no habrán de fracasar nunca; se repetirán hasta que haya una persona jurídica privada que pueda hacerse cargo. De lo contrario, habría que mantener la palabra "prioritariamente", con lo cual, agotada la búsqueda de un interesado del sector privado, al Estado nacional o a las provincias les correspondería prestar el servicio.Esta palabra tenía sentido teniendo en encela el tercer párrafo. En caso de ser eliminada, siempre habrá que buscar un licenciatario en el sector privado.


La tercera observación que formulamos se refiere al artículo 38, antes 39. Este artículo comienza así:"Los servicios prestados por los transportistas y distribuidores serán ofrecidos a tarifas que se ajustarán a los siguientes principios . . .”.La comisión propuso agregar en el inciso b) entre "ubicación geográfica", y "distancia"; la palabra "mayor"; yo propongo agregar a continuación de "distancia" el término "relativa", ya que puede ser mayor o menor esa distancia.Por el gesto del diputado Bordín Carosio, veo que esta de acuerdo con esta modificación,La cuarta reforma que proponemos se refiere al artículo 42, ahora 41. En el primer párrafo incorporaríamos un agregado y quedaría redactado así: “En el curso de la habilitación prevista en el artículo 4º las tarifas se ajustarán de acuerdo con una metodología elaborada. . . .”. De esta forma será más sencilla la interpretación de este artículo.En el segundo párrafo, a continuación de "los transportistas y distribuidores" proponemos agregar “oferentes en la licitación". Y continuaría de la siguiente manera: "podrán reducir total o parcialmente la rentabilidad contemplada en sus tarifas máximas, pero en ningún caso podrán dejar de recuperar sus costos."En tanto los transportistas y distribuidores no hayan obtenido la habilitación no son transportistas y distribuidores sino simplemente oferentes. Mientras ello ocurre, pueden estar ofreciendo una tarifa máxima que disminuya o haga desaparecer la rentabilidad prevista en los artículos 38 y 39. Podrán reducir total o parcialmente la rentabilidad contemplada en sus tarifas máximas durante el proceso de oferta en la licitación. Por esa razón propongo que se agregue la expresión "oferentes en la licitación" a fin de que quede más clara la redacción del actual artículo 41,

anteriormente 42.Finalmente, con respecto al artículo 55 -antes 56—, que hace referencia a la comisión del Congreso de la Nación creada en virtud del artículo 93, la comisión introdujo una modificación para definir el modo en que aquélla habrá de integrarse. Lo adecuado sería dejar ese modo de integración de la comisión en el artículo 93 —antes 94—y sólo en el artículo 55 —antes 56— hacer referencia a la comisión del Congreso de la Nación creada por el artículo 93 de este proyecto de ley. Cualquier aspecto relacionado con el funcionamiento de esa comisión debe quedar —por una razón de orden— en el artículo específico referido a su creación.Sr. Presidente (Martinez). - Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires,Sr. Frigerio. — Señor presidente: deseo fundar mi objeción a un agregado que se ha propuesto al artículo 2º. Me refiero al inciso g), cuyo texto —que copié de la lectura que se acaba de hacer– habla de propender a que el precio del suministro al usuario industrial sea equivalente con valores internacionales. No conocía este agregado, que no fue analizado en el seno de la Comisión de Energía y Combustibles, de la cual soy secretario.Naturalmente me parece una plausible expresión de deseos pretender que el precio del gas al consumidor industrial se ubique a niveles internacionales. En todo caso diría que se trata de una expresión de deseos modesta, retaceada o —si se quiere— poco ambiciosa, porque la tendencia previsible para cuando el marco regulatorio esté en pleno funcionamiento y la privatización de Gas del Estado ya ejecutada, es que haya mucho gas y más barato y que los precios a los usuarios industriales se ubiquen por debajo de los niveles internacionales habida cuenta de la potencialidad gasífera de las estructuras geológicas argentinas.


Podría decírseme que no tiene mayor sentido oponerse a algo que es, como dije, una expresión de deseos, una aspiración genérica que no tendrá mayores efectos prácticos, esto es cierto, salvo por el hecho de que el texto es -a mi juicio- esencialmente contradictorio con el espíritu o esencia del proyecto de marco regulatorio y consecuentemente puede llegar a inducir decisiones equivocadas en el funcionamiento del futuro ente regulador.¿Por qué digo que es esencialmente contradictorio? Por dos razones, la primera es que el agregado daría pie al establecimiento de un precio tope para una categoría de usuarios. Estos pueden ser residenciales, industriales o termousinas. En este caso se tiende a establecer un precio tope para los usuarios industriales, y la existencia de un precio tope al consumo —repito— es esencialmente contradictoria con lo que el marco regulatorio se propone.El precio final del gas es el resultado de la suma de un precio regulado -el del transporte mayorista y minorista, o sea la tarifa del gasoducto más la distribución- más un precio libre, que es el del gas en yacimiento. Ese precio debe ser libre para que los productores de gas vendan su producto a los distintos usuarios y se establezca entre ellos una competencia, que es la base para que se hagan inversiones, se aumente la productividad y consecuentemente se induzca una tendencia a la baja del precio del gas consumido. Y el texto que objetamos al abrir


la posibilidad de establecer un precio regulado, crea asimismo la de reducir o eliminar esta competencia. La segunda razón es que habría fundamento para la adopción de un precio tope para una de las varias categorías de usuarios finales: los consumidores industriales. De modo que, en la hipótesis de que efectivamente este precio se subsidiara regulándolo, lo previsible es que ese subsidio fuere extraído de la tarifa de otras categorías de usuarios, básicamente los residenciales, que es la categoría donde se ubican los consumidores de menor poder adquisitivo. De ese modo se daría el curioso caso de un subsidio al revés, de los pobres a favor de los ricos, de los consumidores de menores recursos a favor de los grandes empresarios, o sea, un subsidio de contenido social muy reaccionario.Naturalmente yo no estoy en contra de los subsidios; por el contrario, estimo que constituyen un instrumento de política, esencial en el marco de un proyecto de transformación de la economía, pero no creo en este tipo de subsidios encubiertos, cruzados, a los que propendería este texto, sino en todo caso en los subsidios explícitos, claros, cuantificables e idealmente incorporables a la ley de presupuesto.Por lo expuesto objeto este agregado y ruego a la Presidencia que ilustre mi inexperiencia parlamentaria explicándome cómo puedo votar este inciso por la negativa y el resto de las modificaciones propuestas por el miembro informante, por la afirmativa.Sr. Presidente (Martínez). — La Presidencia informa al señor diputado que ya ha quedado constancia en la versión taquigráfica de su voto negativo a este inciso.Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (F.). - Señor presidente: deseo plantear una observación en el

mismo sentido que la que formuló el señor diputado Frigerio.Al fundamentar nuestro apoyo a la aprobación en general de este proyecto de ley manifestamos que una de nuestras preocupaciones era el costo del gas industrial, aunque creíamos que en el mediano plazo se iba a dar una tarifa de gas industrial acorde a las necesidades de los industriales argentinos.Ciertamente teníamos algunas dudas para el corto plazo con referencia a la conformación de las tarifas de transporte y de distribución, pero esas dudas fueron evacuadas por medio de algunas gestiones. Evidentemente, está contemplada la posibilidad de una tarifa acorde a las necesidades del sector industrial. En consecuencia, no encuentro justificación alguna a este agregado al inciso g) del artículo 2º, máxime que la redacción es exactamente igual a la que un grupo de lobbistas hizo circular en algunas carpetas. Por eso no tiene mucho sentido esta modificación. Es una expresión de deseos.En segundo lugar, dadas las tarifas de transporte y distribución, el sector está protegido. Sólo quiero señalar que cuando se introduzca un agregado, se tenga por lo menos la virtud de que sea resultante de una iniciativa propia distintos lados.y no de la copia de carpetas que circulan por*

Sr. Presidente (Pierri). Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. Venesia. — Señor presidente: contestaremos a cada uno de los diputados que formularon observaciones al capítulo I.El señor diputado Loutaif propuso modificaciones al artículo 3º. La primera propuesta que formuló consistió en el siguiente agregado al segundo párrafo: "en la medida que no se afectó el abastecimiento interno". La comisión acepta este temperamento. También está de acuerdo con su propuesta de cambiar

*Nota DIP: Texto según lo publicado en el DSD


60 días por 90 días. Su tercera sugerencia era suprimir el tercer párrafo, que expresa: "El silencio, en tal caso, implicará conformidad": la comisión no acepta esta eliminación.El señor diputado López de Zavalía hizo una observación de carácter gramatical, en el sentido de sugerir el cambio de la palabra "prestatario” por "prestador" en todos los casos en que la ex presión aparece en el texto del proyecto. La comisión acepta este criterio.Con respecto al artículo 5°, ya en una intervención anterior nuestra quedó perfectamente aclarado que se descartaban los derechos a renovación por 35 años en forma recurrente. Se ha producido una modificación sustancial propuesta por la comisión en el sentido de que el plazo de habilitación es de 35 años y existiría un único plazo de renovación por 10 años.En el artículo 8º el señor diputado López de Zavalía propuso en el último parágrafo de la supresión de la palabra "última". Esta postura es correcta porque con las modificaciones introducidas al artículo 6º, directamente bastará que se hable de ampliación; no hay necesidad de que figure "última ampliación".Con respecto a sus indicaciones sobre el artículo 9º, ya fueron receptadas por la propia comisión al eliminar la referencia a los grandes consumidores de gas natural. Unicamente queda la


mención de los consumidores que contraten. directamente con el productor.Con referencia al artículo 22, la modificación propuesta se vinculaba a que no se podía suprimir la intervención de los jueces con relación al monto de las indemnizaciones pagaderas en caso de existir servidumbres de paso. La comisión va a aceptar la modificación al segundo parágrafo de ese artículo, que quedará redactado de la siguiente manera: "En caso de que los transportistas o distribuidores no llegaran a un acuerdo con los propietarios para fijar el monto de las indemnizaciones que pudieran corresponder, deberán acudir al ente quien, por el procedimiento oral y sumario que previamente haya fijado por vía reglamentaria, fijará el monto provisorio a todos los efectos de la ley de expropiación..

—Ocupa la Presidencia el señor presidente

de la Honorable Cámara, don Alberto Reinaldo

Pierri.Sr. Venesia. — Con respecto a la interpretación que la comisión daba al artículo 14, ésta acepta el criterio de que aquélla debe ser para ambos casos. En relación con las modificaciones propuestas por el señor diputado Ibarreche al inciso b) del artículo 39, que pasa a ser 38, debo recordar que en la discusión previa que sostuvimos conjuntamente con el señor subsecretario García, aceptamos el criterio de que la tarifa tuviera incidencia en cuanto a la distancia, pero no así con respecto a los volúmenes. En igual sentido formuló una propuesta el señor diputado Ibarbia. La comisión acepta el criterio de que las palabras "mayor distancia" sean reemplazadas por "distancia relativa".La comisión contesta al señor diputado Bischof que no acepta ninguna de las dos modificaciones que propuso a los artículos 54 y 55

del proyecto de ley, que pasan a ser 53 y 54, respectivamente. En consecuencia, rechazamos la propuesta de incrementar de cinco a siete el número de miembros del directorio del ente, así como también la incorporación de los estados productores. No aceptamos la propuesta del señor diputado Ibarbia en el sentido de que se autoricen les exportaciones sin el permiso previo del Poder Ejecutivo. No vamos a aceptar las sugerencias con respecto a la reducción extraarancelaria. Tampoco aceptamos su sugerencia en cuanto a mantener el término "prioritariamente" en el artículo 4º.La comisión no va a aceptar las modificaciones propuestas al artículo 42 del proyecto, que pasaría a ser 41, así como tampoco las proposiciones formuladas por el señor diputado Ibarbia en relación con el artículo 56, que pasaría a ser 55.No puedo recordar quien sugirió que vuelva a ser el CIMOP quien determine a los dos representantes provinciales en el ente de contralor.De todas formas, aclaro sobre el particular que no vamos a aceptar ese criterio, manteniendo la tesitura de que deben ser los propios gobiernos de provincia los que designen a los dos representantes mencionados.Sr. Presidente (Pierri), Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se van a votar los títulos que restan del capítulo I aprobado en general.Se va a votar el título II que comprende el artículo 2º.

—Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título III, que comprende el artículo 3º,

—Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). -- Se va a votar el título IV, que comprende los artículos 4º a 8º.

—Resulta afirmativa..

Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título V, que comprende los


artículos 9º a 15.—Resulta afirmativa.

.Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar el título VI, que comprende los artículos 16 a 24.

—Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri).- Se va a votar el título VII, que comprende los artículos 25 a 32.

—Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título VIII, que comprende los artículos 33 a 37.

—Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar el título IX, que comprende los artículos 38 a 50, ahora 37 a 49.

—Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri).- Se va a votar el título X, que comprende los artículos 51 a 65, ahora 50 a 64.

—Resulta afirmativa.


Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar el título XI, que comprende los artículos 66 a 71, ahora 65 a 70.

-Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el título XII, que comprende los artículos 72 a 74, ahora 71 a 73.

-Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores. — Señor presidente deseo que quede constancia de mi voto por la negativa con relación a los títulos II, IV, V, IX y X.Sr. Presidente (Pierri). - Se tomará debida nota, señor diputado. En consideración el capítulo II, comprensivo de los artículos 75 a 82 del dictamen original, que pasan a ser 74 a 81.Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza,Sr. Bordín Carosio. — Señor presidente: con relación al artículo 75, que ahora pasa a ser el número 74, no hay modificaciones. Asimismo, en cuanto al artículo 76 —ahora 75— tampoco hay modificaciones. Respecto al artículo 77 —ahora 76— sigue sin modificaciones. El artículo 78, que pasa a ser el 77, queda redactado de la siguiente manera: "La privatización de los bienes de Gas del Estado Sociedad del Estado afectados a los servicios de distribución de gas natural, se llevará a cabo sobre la base de adjudicación de áreas que se corresponderán con las divisiones políticas provinciales. Si un estudio factibilidad técnico-económico, con participación del Poder Ejecutivo nacional y de los poderes ejecutivos de las provincias involucradas, determinase la conveniencia de fijar una región como área de distribución, la autoridad de aplicación así lo podrá disponer al convocar la licitación, tanto para la fusión como para la división de jurisdicciones."El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación del

proceso de privatización determinará la factibilidad técnico-económica en caso de posibles divisiones en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires."En el artículo 79, que pasa a ser 78, no hay modificaciones. En el artículo 80, que pasa a ser 79, tampoco hay modificaciones. El artículo 81, que ahora es 80, tiene una nueva redacción que es la siguiente: "El régimen del Programa de Propiedad Participada y bonos de participación correspondiente a los empleados de las unidades a privatizar de Gas del Estado Sociedad del Estado se instrumentará conforme a lo dispuesto en la ley 23.696 y las normas reglamentarias aplicables."La emisión de acciones para los empleados en el régimen del Programa de Propiedad Participada será en un porcentaje del 10 por ciento total de bienes a privatizar."En el artículo 82, que ahora pasa a ser 81, con el que finaliza el capítulo II, no hay modificaciones.Sr. Presidente. (Pierri).— La Presidencia informa que se encuentran anotados para hacer uso de la palabra los señores diputados Matzkin, Flores, Pesce, Federico Zamora y López de Zavalía.Sr. Matzkin.- Señor presidente: solicito que se me borre de la lista.Sr. Presidente (Pierri).— Así se hará, señor diputado.Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores. — Señor presidente: en este capítulo quiero referirme al artículo 78, que es un notable caso de mutación de ideas, un caso interesante también para ver cómo funcionan los reflejos de los funcionarios del Poder Ejecutivo y, en definitiva, cómo se consolida aquí una feroz estafa a las provincias a las que se les vende una participación que en los hechos no se traducirá. La comisión había. consensuado, con la participación de diputados de las provincias, el texto del artículo 78 que figura en el Orden del Día Nº 24, diferente del que había venido del


Senado. Ese texto dice: "La privatización de los bienes de Gas del Estado Sociedad del Estado afectados a los servicios de distribución de gas natural se llevarán a cabo sobre la base de adjudicación de áreas que se corresponderán con las divisiones políticas provinciales. Si un estudio de factibilidad técnico-económico determinase la conveniencia de fijar una región como área de distribución, la autoridad de aplicación así lo podrá disponer al convocar la licitación con el acuerdo de los gobernadores de las provincias involucradas...".Es decir, de acuerdo con lo que habíamos consensuado en la comisión, se otorgaba a las provincias un poder de decisión que realmente empezaba a expresar un federalismo genuino, pero efímero. En efecto, apenas se enteró de esto el señor Prol a través de sus aplicados funcionarios —que estaban permanentemente en la comisión-, puso el grito en el cielo y mandó inmediatamente su reforma, que evidentemente fue aceptada, en la que se plantea que los go-


bernadores van a participar pero no tanto. Las provincias van a estar representadas en la elaboración del estudio técnico-financiero, pero fuera de eso, los gobernadores no decidirán si las áreas deben ser más grandes o más chicas, sino que eso será del resorte de la autoridad de aplicación.Esto es muy lindo para vender. Podemos decir que las provincias van a participar, pero para los que conocemos cómo se maneja esto en los hechos concretos, la realidad es que nuevamente las provincias seguirán siendo espectadoras de piedra de un festín en el que no podrán participar en lo más mínimo. Por eso es que insisto en que se mantenga la redacción que había sido consensuada. Esto ha generado expectativas en los estados provinciales y una cierta esperanza de que se modificara un sistema de centralismo histórico. Pero la calidad que aparecerá ahora es que esa participación era para ser difundida cuando se discutía el proyecto; en el momento de concretar las cosas, las provincias quedan afuera.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Pesce. — Es para formular una observación. Recientemente, con buen criterio, el señor diputado Martínez había sugerido, estando a cargo de la Presidencia, que el señor miembro informante no repitiese aquellos artículos que no habían sido objeto de modificación. Quiero reiterar este pedido con el fin de agilizar el trámite y de evitar que la repetición confunda a aquellos diputados que están siguiendo en detalle el análisis.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (F.). — Señor presidente: propongo a la comisión que el artículo 78, en su último párrafo, quede redactado de la siguiente manera: "El Poder

Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación del proceso de privatización, dividirá la Capital Federal y el Gran Buenos Aires en la máxima cantidad de zonas como técnicamente sea posible. Estas zonas no podrán ser menos de dos."Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán,Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: de acuerdo con lo que dijo el señor diputado Martínez, que hace instantes ocupaba el sitial de la Presidencia, debe sobreentenderse que aquellos que formularon observaciones no aceptadas por la comisión votarían negativamente.Debido a la actitud asumida por la comisión me veo en la obligación de hacer esta aclaración, sobre todo porque usted no estaba presente en esos instantes, señor presidente,El defecto del cual padecía mi memoria ha sido contagioso porque también la comisión ha incurrido exactamente en el mismo error, fruto del método que se está utilizando, de amontonar todas las observaciones. En este sentido formulé observaciones a dos artículos y no obtuve ningún tipo de respuesta. Lo mismo ha ocurrido respecto del artículo 6º, sobre el que quiero que conste mi voto negativo. Esto puede sintetizarse con la conocida frase ¡eppur si muove! La cosa sigue estando allí y sin embargo no ha sido aclarada, como tampoco lo ha sido la referencia hecha artículo 60, inciso e), ni tampoco la relativa al artículo 34.Para no obstaculizar el desarrollo de la sesión, simplemente quiero dejar constancia de que no apoyé esos artículos.Sr. Presidente. (Pierri). -- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio. - Señor presidente: la comisión no acepta las modificaciones sugeridas por el señor diputado Flores, pero sí la del señor diputado Federico Zamora.Sr. Presidente (Pierri). — Para


evitar cualquier tipo de dudas, la Presidencia sugiere a la comisión que dé lectura a la propuesta formulada por el señor diputado Federico Zamora, la cual ya fue aceptada.Sr. Bordín Carosio. - "Artículo 78 . . . El Poder Ejecutivo, a través de la autoridad de aplicación del proceso de privatización, . . ."Sr. Zamora (F.). — Esa no es la modificación que he propuesto, señor presidente.Sr. Presidente (Pierri).- Léala usted, señor diputado.Sr. Zamora (F.). — Leeré nuevamente la redacción propuesta para el último párrafo del artículo 78, ahora 77; "El Poder Ejecutivo nacional, a través de la autoridad de aplicación del proceso de privatización dividirá la Capital Federal y el Gran Buenos Aires en la máxima cantidad de zonas como técnicamente sea posible. Estas zonas no podrá ser menos de dos."Sr. Presidente (Pierri).- ¿La comisión acepta la modificación propuesta?.Sr. Bordín Carosio. - La comisión acepta, señor presidente.Sr. Presidente (Pierri). Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Puricelli. — Señor presidente: estuve presente en forma permanente durante el tratamien-


to en particular del capítulo anterior; no me moví ni un solo minuto.Lamentablemente, mi capacidad de resistencia ante un acto personalísimo me impidió estar presente durante la votación. Por tal motivo deseo dejar constancia de mi voto afirmativo para la propuesta de la comisión con las modificaciones introducidas por el diputado Flores en los artículos 4º y 51, que pasó a ser 50.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. Venesia. — Señor presidente: el señor diputado López de Zavalia dice que formuló una propuesta que no fue contestada, y tiene razón. Me refiero al inciso e) del artículo. 60, ahora 59, que desgraciadamente ya ha sido votado. Desearía subsanar esta omisión por vía de la reconsideración de la votación efectuada.La redacción propuesta para este inciso sería la siguiente: "Formular el presupuesto anual de gastos y cálculo de recursos, que se elevará a aprobación del Poder Ejecutivo nacional para su inclusión en el proyecto de ley nacional de presupuesto del ejercicio correspondiente."Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar la moción de reconsideración de la votación del artículo 60, ahora 59, formulada por el señor diputado Venesia. Se requieren las dos terceras partes de los votos que se emitan,

-Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). - Se va a votar nuevamente el artículo 60, que pasó a ser 59.

-Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri).- Se va a votar el capítulo II, que comprende los artículos 75 a 82 del dictamen original, ahora 74 a 81,

-Resulta afirmativa.Sr. Flores. — Señor presidente: quiero dejar constancia de mi voto negativo al artículo 78.

Sr. Presidente (Pierri). — Quedará constancia, señor diputado.En consideración el capítulo III, que comprende los artículos 83 a 85, ahora 82 a 84.Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio. — La redacción propuesta para el artículo 83, ahora 82, es la siguiente: "Del resultado de la privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado, el diez por ciento (10%) de las ventas de los activos o acciones y/o del canon obtenido cuando se trate de la concesión de bienes o zonas será destinado a las provincias y a la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. El resto mantiene su redacción original,Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Clérici. — Señor presidente: quiero proponer un segundo párrafo al artículo 83, actual 82, según lo adelanté en su momento al presidente de la respectiva comisión, quien la recibió con amplitud. Mi inquietud se refiere a una cuestión relacionada con un problema fundamental que vivimos los argentinos, con un marco jurídico, que está vigente y con la concepción de la reforma del Estado. El primer aspecto se vincula con el financiamiento del sistema previsional argentino, y está ligado al segundo punto que quiero plantear, que es el marco jurídico que existe en este momento, a cuyos efectos daré lectura del artículo 31 de la ley 23.966, que dice lo siguiente: "Destinase al Régimen Nacional de Previsión Social el 30 por ciento (30 %) de los recursos brutos que se obtengan de las privatizaciones realizadas conforme a los mecanismos de la ley 23.696 o normas especiales, ya sea por venta de activos, concesión, transferencia de bienes muebles, acciones o servicios, venta demuebles, tanto del Estado nacional como de las empresas del Estado y


organismos descentralizados." Esta ley ha sido reglamentada por el decreto 437/92, y aunque en lo personal estoy en disidencia con algunos términos de dicho decreto que, por ejemplo, excluye del treinta por ciento a todos los bonos de deuda externa e interna involucrados en las privatizaciones—, lo cierto es que la ley tiene plena vigencia.Finalmente digo que esto tiene que ver con la concepción de la reforma del Estado porque auspiciamos que el gobierno de la Nación se desprenda de los intereses empresarios a los efectos de poder dedicarse a las obligaciones ineludibles del Estado, entre las cuales se encuentra el sistema nacional de previsión.Por lo tanto, propongo corno segundo párrafo del artículo 83, actual 82, el siguiente texto: "El 30 por ciento de las ventas de los activos o acciones y/o del canon obtenido quedarán afectadas al régimen nacional de previsión social, de acuerdo con el artículo 31 de la ley 23.966 y el decreto 437/92"Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el-señor diputado por Mendoza..Sr. Bordín Carosio. — Señor presidente: aceptamos el agregado dado que efectivamente esa ley está vigente; inclusive es algo que habíamos


conversado con el Poder Ejecutivo y estaba de acuerdo. Por otra parte, lo que abunda no daña.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores. - Señor presidente: debo efectuar el reconocimiento de un error. En realidad debería haber canalizado mis propuestas por medio de los señores diputados del bloque de la Unión del Centro Democrático respecto de los cuales la comisión es más receptiva, pero voy a continuar así.Mi propuesta es que se incorpore al final del artículo 83 un párrafo que diga que las sumas resultantes -obviamente estamos hablando de la privatización- serán transferidas en forma automática a las provincias, tomando como base el valor declarado de venta de los activos o acciones.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor miembro informante.Sr. Bordín Carosio.— La comisión no acepta la modificación propuesta por el señor diputado Flores.Sr. Presidente (Pierri), — Con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión, se va a votar el capítulo III, que comprende los artículos 83 a 85, ahora 82 a 84,

-Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). - En consideración el capítulo IV, que comprende los artículos 86 a 92, ahora 85 a 91.Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio. - Señor presidente: en primer lugar, proponemos la eliminación del artículo 88, ahora 87.A su vez, el artículo 89, que pasaría a ser 87, quedaría redactado de la siguiente forma: "Quienes a la fecha de entrada en vigencia de una concesión otorgada de conformidad con las disposiciones de la ley 17.319 o de una habilitación otorgada de conformidad con las disposiciones de

la presente ley, sean usuarios de los servicios prestados por Gas del Estado Sociedad del Estado, tendrán derecho a ingresar a la capacidad de transporte del transportista o distribución que suceda a Gas del Estado en dichas funciones. En esos casos los transportistas o distribuidores estarán obligados a continuar prestando servicios a dichos usuarios en las mismas condiciones resultantes de los contratos existentes durante un período de dos (2) años contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de esta ley o cualquier otro período menor que las partes puedan convenir."Los titulares de los contratos y las concesiones de explotación aprobadas por el Poder Ejecutivo nacional con anterioridad a la fecha de la presente ley, en virtud de lo cual existan compromisos de capacidad de transporte o de recepción de gas contractualmente comprometidos, mantendrán sus derechos de ingresar a la capacidad de transporte y distribución por un plazo máximo de cuatro (4) años contados a partir de la finalización del período de transición establecido en el artículo 83 de esta ley."En todos estos casos las tarifas que se apliquen a dicha extensión de tales servicios serán determinadas de acuerdo con las disposiciones de la presente ley."Sr. Presidente (Pierri), Tiene la palabra el señor diputado por Bueno Aires.Sr. Castillo (J. L.). — Señor presidente: solicito al miembro informante que lea el artículo que propone suprimir en este capítulo y que hubiese llevado el número 87,Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio.- El artículo 88 del proyecto de ley -ahora 87- dice lo siguiente: "El Poder Ejecutivo remitirá al Congreso de la Nación un proyecto de ley y de marco regulatorio de la actividad del gas


licuado, en un plazo de sesenta (60) días a partir de la entrada en vigencia de esta ley." Nosotros proponemos la eliminación de este artículo porque pensamos elaborar desde la Comisión de Energía y Combustibles un proyecto regulatorio de la actividad del gas licuado, como corresponde. Además, en el marco regulatorio del gas natural no podemos mezclar el tema del gas licuado, así como tampoco debemos dar al Poder Ejecutivo una atribución que corresponde al Poder Legislativo. Estas son las razones por las cuales hemos eliminado el artículo en cuestión,Sr. Presidente (Pierri). - Corresponde que la Cámara se pronuncie en relación con el capítulo IV del proyecto de ley aprobado en general.Sr. Matzkin. — Antes de que se pase a votar el capítulo IV voy a solicitar la reconsideración del capítulo III a los efectos de que el artículo 82 —que antes llevaba el número 83— sea modificado. Es, en efecto, una breve modificación que tiende a favorecer a las provincias en cuanto a la recepción automática de los fondos. La propuesta tiene racionalidad y hay consenso entre los señores diputados con relación a esta cuestión. En definitiva, lo que se pretende es


incorporar la expresión "y transferido automáticamente" en el primer párrafo de este artículo, de modo que la redacción quedará de la siguiente manera: "Del resultado de la privatización de Gas del Estado Sociedad del Estado, el diez por ciento (10 %) de las ventas de los activos y acciones y/o del canon obtenido cuando se trate de la concesión de bienes o zonas será destinado y transferido automáticamente a las provincias. . .”, y luego continúa el artículo como está redactado, es decir que lo que se incorpora es la expresión "y transferido automáticamente". (Aplausos.)Sr.Presidente (Pierri), — En consideración la moción de reconsideración formulada por el señor diputado por La Pampa.Se va a votar, Se requieren los dos tercios de los votos que se emitan,

-Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). — En consideración nuevamente el capítulo III, con la modificación al artículo 83, ahora 82, propuesta por el señor diputado Matzkin y aceptada por la comisión,Se va a votar.

-Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri). — Continúa la consideración en particular del capítulo IV.Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Matzkin. - Señor presidente: el artículo 87, antes 88; se refiere a que el Poder Ejecutivo remitirá al Congreso un proyecto de ley sobre el marco regulatorio del gas licuado, lo que debe llevar a cabo en un plazo de sesenta días,En realidad pensamos que esta disposición es ociosa porque cualquier diputado podría el día de mañana presentar un proyecto similar al que por esta norma se compromete el Poder Ejecutivo, sin necesidad de esperar aquel plazo. Si

algún legislador solicita que la disposición permanezca; pero no habrá inconveniente en acceder al pedido no cabe duda de que el artículo es ocioso porque ¿qué sucede si el Poder Ejecutivo no envía el proyecto dentro de los 60 días que se fijan? Simplemente no sucede nada.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Chubut,Sr. Corchuelo Blasco. — Señor presidente: nuestra intención es que quede plasmado en el articulado de la norma el intenso trabajo que se llevó a cabo, en particular sobre este punto, dentro del seno de la comisión, Sobre esto insistimos mucho, más allá de que parezca superfluo, porque se produjo una extensa discusión sobre la posibilidad de un marco regulatorio vinculado al gas licuado.Entonces, en base a lo planteado por el señor presidente de mi bloque, creemos que si hay un solo diputado que lo reclama —y somos muchos— el artículo debe quedar, y así lo proponemos formalmente, tal como está redactado en el proyecto aprobado por la comisión en conjunto.Sr. Presidente (Pierri), - Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. Lamberto. — Señor presidente: si este artículo fuera absolutamente inocente, podríamos decir que sería lo mismo que se lo incluya o no. Pero no lo es porque aquí hay una situación concreta, que es el negocio del gas licuado. Esto quiere significar que si no se dice nada, si se sigue manejando por resoluciones como hasta ahora, sin legislar, en este tema del gas licuado se mantendrá una clara intencionalidad de perjudicar al sector cooperativo.Como en su momento no se pudo llegar a un acuerdo para arreglar la cuestión, se zanjó con la necesidad de traer al recinto una ley para discutir el marco regulatorio del gas licuado.


Lo que me preocupa, si se suprime el artículo, es que esta cuestión quede sine die sujeta a algún proyecto de los señores diputados, que puede o no ser aprobado, y que no quede el compromiso de la Secretaría de Energía y Combustible, de traer al Congreso este debate sobre el gas licuado, Pienso que ésa fue la intención para la inclusión de este artículo que significaba un compromiso de postergación pero a la vez de realización de un debate para el que hoy no están dadas las condiciones.Si eliminamos el artículo, significa que autorizamos que se sigan realizando esas deducciones. Por eso es preferible que el artículo se mantenga porque no es lo mismo decir que habrá una ley, que va a tratar el problema a no decir nada, lo que indirectamente implica decirle a la Secretaría de Energía y Combustibles que continúe dictando resoluciones cuando se le ocurra. (Aplausos.)Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán.Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: en este artículo 87, antes 88, coincido en un punto y discrepo en otro con el señor diputado Matzkin. Coincido en que si se lo suprime, nada impide que un legislador presente un proyecto; discrepo en cuanto a que pueda aceptarse que se lo incluya, y anticipo desde ya mi voto negativo.


Siempre me preocupó que el Poder Ejecutivo asumiera facultades de las que carece, mediante decretos leyes, y en ese sentido tenemos presentado un proyecto regulatorio. No incurramos en el defecto inverso pretendiendo imponer al Poder Ejecutivo algo que es propio de él. Nosotros no podemos ordenarle que presente un proyecto de ley y creo que esto hace también al respeto mutuo de los poderes.En ese sentido, si la comisión acepta que se incluya este artículo, anticipo mi voto en contra.Sr. Presidente (Pierri).- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (F.). - Señor presidente: primeramente quiero dejar aclarado que nuestro bloque solicitó cuatro o cinco modificaciones, algunas de las cuales fueron aceptadas, entre ellas la eliminación de este artículo, Así precisamente lo señaló la comisión en su momento y lo reiteró el señor miembro informante hace pocos minutos.¿Por qué pedimos esta eliminación? Porque hemos recibido de parte del Poder Ejecutivo una serie de crítica en el sentido de que esta Cámara trabaja poco o no trabaja. Nos han tapado de proyectos durante los últimos meses, y estoy dejando de lado las sesiones extraordinarias. De alguna manera querían significar que lo que decían era cierto. Y aquí, en este recinto, todos sin exclusión los integrantes del bloque justicialista, los del sector radical y los de los demás bloques nos quejamos de algunas actitudes del Poder Ejecutivo en este sentido. Hoy nosotros mismos, porque no somos capaces de legislar o por alguna otra razón que desconozco, pedimos al Poder Ejecutivo que nos envíe un proyecto.Queremos terminar con el Estado patrón y creamos el Ejecutivo patrón: el patrón de esta Honorable Cámara. No lo puedo aceptar. Estamos para legislar, no para pedir al Ejecutivo que nos remita un proyecto de ley en sesenta días, Si el Ejecutivo quiere

mandarlo, está en su derecho, pero no lo pidamos nosotros. No nos rebajemos ante otro poder. Este cuerpo tiene hombres capaces, lo suficientemente capaces como para legislar en el sentido que la comunidad requiera, sin que actúen los lobbies, por usar las palabras del señor diputado Lamberto, porque sabemos muy bien cómo se está trabajando en el tema del gas licuado. No podemos pedir al Ejecutivo que haga por mí lo que aparentemente no soy capaz de hacer. Entonces, no podemos mantener este artículo.Sr. Presidente (Martínez). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Ibarbia.- Señor presidente: quiero abundar en los argumentos que se están dando en favor de la eliminación de este artículo. La ley de defensa contempla la sanción de una serie de normas encuadradas en ella, entre las que se encuentra la ley de seguridad interior. Ya ha pasado bastante tiempo desde que se previó la sanción de esa ley, pero todavía no se ha enviado ningún proyecto. El artículo 3º de la ley 23.967 contemplaba que en el plazo de noventa días el Poder Ejecutivo iba a remitir un proyecto de ley de Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Lo envió con un año y medio de demora y todavía no ha sido considerado. Hace tres o cuatro años el Congreso aprobó el traslado de la Capital de Buenos Aires a Viedma, y jamás se ha hecho efectivo.Los ejemplos dados muestran que las previsiones de una ley que expresan un deseo o una voluntad, siendo imposible materializarlo con coerción en el otro poder, son absolutamente superfluas. En función de los antecedentes expuestos es conveniente suprimir este artículo y que el Congreso mantenga su potestad de poder iniciador en materia legislativa.Sr. Presidente (Pierri), — Tiene la palabra el señor diputado por


Tucumán.Sr. Guerrero (A. I).- Señor presidente: voy a adscribir a la teoría de que este artículo debe ser eliminado. Ya se ha ahondado en los fundamentos. Creo que no podemos transferir responsabilidades que nos son inherentes. Si somos defensores de nuestras atribuciones, debemos proceder a la eliminación del artículo.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.Sr. Martínez. - Señor presidente: coincido plenamente con lo que se está manifestando, incluso de parte del señor diputado Guerrero.¿Qué pasa si este Parlamento dice al Poder Ejecutivo que envíe una norma en 60 días? ¿Qué pasa si algún legislador presenta un proyecto de ley antes de los 60 días? Sería una flagrante contradicción. Habría puesto en tela de juicio su capacidad legislativa.De todas formas, si queremos prevenirnos de algo que no nos gusta del Poder Ejecutivo, asumamos la responsabilidad y pongámoslo esta noche. Si pensamos que puede haber algún tipo de lobby, pongámonos los pantalones y dejémoslo por escrito esta noche, pero sin decir al Poder Ejecutivo que haga lo que nosotros no somos capaces de hacer.Por lo tanto, suscribo la no delegación en el Poder Ejecutivo de esta prerrogativa que es exclusiva responsabilidad de los legisladores.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Rodríguez (J. A.) — Señor presidente: hago mías las palabras del señor diputado Lamberto, y en ese sentido propongo la siguiente redacción para el artículo 88: "El marco regulatorio de la actividad del gas licuado será motivo de una ley especial."Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. Natale. - Señor presidente:

políticamente tienen razón los diputados que están pidiendo que se incluya alguna disposición de este tipo dentro del proyecto. Quieren recordar al Poder Ejecutivo que esta materia del gas licuado merece una legislación específica. Pero jurídicamente tienen razón los diputados que sostienen que carece de toda entidad una norma de este tipo, que no va a producir efectos de ninguna naturaleza, porque existen numerosos antecedentes de encomiendas de esta índole al Poder Ejecutivo que nunca se han cumplido. No hay forma alguna de que se pueda cumplir.Por esta razón, creo que debemos asumir el compromiso político de abocarnos con prontitud a legislar sobre esta materia. Pero lo cierto es que no podemos votar favorablemente un artículo que carece de toda entidad normativa.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. López (J. A.) — Señor presidente: se dice que carece de toda eficacia legislativa el hecho de que el Poder Ejecutivo, a través de una ley, sea de alguna manera obligado a enviar un proyecto de ley a este Parlamento; y creo que es una equivocación,Aquí se involucran dos cuestiones. En primer lugar, el hecho concreto de que el marco regulatorio del gas licuado hasta ahora ha tenido diversas posiciones o actitudes que muchas veces han sido favorables a los oligopolios que ejercen la actividad.En segundo término, debe entenderse que no se puede hacer un marco regulador sin contarse con la opinión del Poder Ejecutivo. Los legisladores no delegamos la capacidad de presentar proyectos de ley. Lo que sí queremos es comprometer la opinión del Poder Ejecutivo en un tema tan delicado que ha significado posiciones tan opuestas. Si el tema no fuera tan delicado, seguramente hubiéramos


convenido en la delegación y las dos partes hubiésemos buscado una solución recíproca.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Becerra (N. E.). — Señor presidente: seguramente saldrá hoy de esta Cámara de Diputados la sanción del provecto de ley de marco regulatorio de gas en la República Argentina conteniendo una grave deficiencia. Dejará sin amparo legislativo a cerca de cuatro millones de personas, y en su inmensa mayoría pertenecientes a los sectores más carenciados.Un proyecto sobre marco regulatorio del gas debió necesariamente incluir tanto al gas natural como al gas licuado. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo vino incompleto y nosotros evidenciamos una incapacidad concreta y real al no saber completarlo. Sancionaremos un proyecto que no da amparo legislativo a los sectores más carenciados que usan el gas licuado.Hay inquietudes que es necesario armonizar: aquellos que quieren la eliminación, los que quieren que en un plazo perentorio el Poder Ejecutivo envíe un proyecto que regule el gas licuado, y también está la propuesta del señor diputado Jorge Alberto Rodríguez, quien sostiene que el gas licuado en la Argentina deben estar contemplado en una ley especial.Al final del artículo 88, ahora 87, en el que se establece un plazo de 60 días para que el Poder Ejecutivo envíe un proyecto, habrá que agregar lo siguiente: "sin perjuicio de las iniciativas parlamentarias que sobre el particular se presenten." De esta manera quedan contempladas las dos propuestas aquí presentadas.Sr. Presidente (Pierri), Tiene la palabra el señor diputado por San Juan.Sr. Martínez. — Deseo expresar mi apoyo a la moción formulada por el señor diputado Jorge Rodríguez.Sr. Presidente (Pierri), — Tiene la

palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Matzkin, - Señor presidente: yo creo que la síntesis de las propuestas no consiste en discutir quién va a hacer el proyecto, sino en la decisión fundamental de este cuerpo de que la actividad sea regulada por ley. Este es el punto central y por eso nos parece inteligente y superadora la solución que se debería incluir en este artículo.El diputado Jorge Rodríguez tiene en su poder el texto de la redacción propuesta.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Rodríguez (J. A.). — El texto es el siguiente: "El marco regulatorio de la actividad de gas licuado será motivo de una ley especial."Sr. Presidente (Pierri). — ¿La comisión acepta?Sr. Bordín Carosio. — Sí, señor presidente.Sr. Presidente (Pierri). — Se va a votar el capítulo IV que comprende los artículos 86 a 92,


ahora 85 a 91, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

-Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri), — En consideración el capítulo V que comprende los artículos 93 a 99, ahora 92 a 98.Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores. — Señor presidente: con la reserva que cuadra entre caballeros, quiero compartir un secreto tanto con la Presidencia de la Cámara como con la de la comisión: creo sinceramente que los diputados de la UCEDE estarán de acuerdo con lo que voy a proponer.El artículo 93 originario -ahora 92- tiene su historia: contemplaba la creación de un Fondo Nacional de Gas, constituido con un recargo, para hablar en la moneda anterior, de 25 australes por metro cúbico, que se iba a repartir de la siguiente manera —y esto lo iban a pagar todos los usuarios del país, incluyendo los de la región patagónica—: el 80 por ciento para subsidiar las tarifas para usuarios domésticos y comerciales de las provincias comprendidas en la ley 23.272, es decir desde La Pampa hacia el sur, y el 20 por ciento para proyectos y programas de investigación. Así fue redactado en el Senado y el subsidio se estableció por cinco años.Después de muchas discusiones con personas influyentes de la Subsecretaría de Combustibles y de la Secretaría de Hidrocarburos y Minería —entre ellos, el doctor Prol-, quienes estuvieron en la bandeja de alguna consultora, que no sabemos en realidad si era consultora o una gerencia de Gas del Estado porque no está claro, se planteó la necesidad de que este subsidio fuese efectuado en forma permanente. Ahora bien, está redactado en el dictamen, pero tiene el inconveniente de que desde el momento en que establece una suma fija. . .Sr. Bordín Carosio.- Señor presidente: tengo sobre mi banca las

modificaciones que vamos a proponer, que tienen relación con lo que está manifestando el señor diputado Floras.Sr. Presidente (Pierri). — Señor diputado Flores: el señor diputado Bordín Carosio me está informando de viva voz que tiene modificaciones para proponer relacionadas con lo que usted está diciendo,Sr. Flores. — Si me lo decía antes, con todo gusto le hubiera cedido la palabra. No tengo inconveniente alguno en que el señor diputado Bordín Carosio plantee ahora las modificaciones que propone.Sr. Presidente (Pierri). Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Bordín Carosio. - Señor presidente: propongo modificaciones a los incisos a) y b) del artículo 92, antes 93, de modo tal que el inciso a) diga, después de "volumen de", lo siguiente "...consumo anual promedio por habitante de cada jurisdicción provincial. En caso de insuficiencia, será de aplicación el artículo 48 de la presente ley;". El inciso b) diría lo siguiente: "El veinte por ciento (20%) restante será destinado para la realización de obras y proyectos de inversión y/o programas de investigación, en zonas como por ejemplo el Nordeste argentino (Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa);".Por lo tanto, el artículo 92, antes 93, queda redactado del siguiente modo: "Créase el Fondo Nacional del Gas Natural a partir del otorgamiento de la primera habilitación, que se constituirá con un recargo de pesos dos con cincuenta centavos por mil metros cúbicos ($ 2,50/1000 m3) de gas natural sobre 1as tarifas que paguen todos los usuarios del país como asimismo por los reembolsos más sus intereses de los préstamos que se hagan con los recursos del Fondo. El Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos tendrá la facultad de modificar el monto del referido recargo, hasta un 20 por ciento (20 %) en más o menos, de


acuerdo a las variaciones económicas que se operen en la industria con posterioridad a la fecha de entrada en vigencia de esta ley."El fondo será administrado por la Secretaría de Hidrocarburos y Minería y se destinará a:"a) El 80 por ciento para crear un fondo subsidiario para compensar las tarifas a usuarios domésticos y comerciales finales para las provincias comprendidas en la ley 23.272, de acuerdo al volumen de consumo anual promedio por habitante de cada jurisdicción provincial. En caso de insuficiencia, será de aplicación el artículo 48 de la presente ley." El artículo 48 dispone que el Estado nacional por medio del Congreso de la Nación podrá aprobar una partida para determinar el subsidio necesario si no alcanzase.El inciso b) del artículo 92 dice así: "El 20 por ciento (20 %) restante será destinado para la realización de obras y proyectos de inversión y/o programas de investigación, en zonas como por ejemplo, el Noreste argentino (Misiones, Chaco, Corrientes y Formosa) para un mejor aprovechamiento del gas natural; para la sustitución de otros combustible por el gas natural."El artículo 94 también se elimina. Por él se creaba una subcomisión para el seguimiento del


proceso de privatización de Gas del Estado, pero fue rechazado por el Poder Ejecutivo porque ya existe una comisión bicameral que entiende en esa materia.Sr. Zamora (F.) - ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con el permiso de la Presidencia?Sr. Bordín Carosio. — Sí, señor diputado,Sr. Presidente (Pierri). - Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Sr. Zamora (F.). — Señor presidente: creo haber escuchado que el señor miembro informante dijo que un artículo fue rechazado por el Poder Ejecutivo. Quisiera saber si ésta es una ley que devuelve el Poder Ejecutivo, porque no sé a qué, se ha referido el señor diputado Bordín Carosio.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor miembro informante.Sr. Bordín Carosio. — Señor presidente: por el artículo 94, que se propicia eliminar, se creaba una subcomisión para el seguimiento de la privatización de Gas del Estado, pero ya existía en este Parlamento una comisión bicameral. Por esa sencilla razón y considerando que se produciría una superposición, se suprimió dicho artículo.Los artículos 95 a 99, que pasarían a ser 93 a 97, no presentan modificaciones. El artículo 100, que pasaría a ser 98, es de forma.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Matzkin. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia? Sr. Flores. — No, señor diputado.Sr. Alvarez Echagüe. — ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia?Sr. Flores. - No, señor diputado.Sr. Venesia.- ¿Me permite una interrupción, señor diputado, con la venia de la Presidencia, a fin de proponer una modificación?

Sr. Flores. — Dada esa causa, le concedo la interrupción, señor diputado.Sr. Presidente (Pierri). —Para una interrupción tiene la palabra el señor diputado por Santa Fe.Sr. Venesia. —El artículo 97, que pasaría a ser 95, quedaría redactado de la siguiente manera: "La presente ley es de orden público. Ninguna persona puede alegar en su contra derechos irrevocablemente adquiridos con excepción de los convenios preexistentes entre Gas del Estado Sociedad del Estado y las provincias. Sin perjuicio de ello la Nación acordará con las provincias que hayan realizado redes troncales y de distribución un reintegro especial en acciones de las sociedades privatizadas que se mantengan en poder del Estado u otro medio de pago destinado a compensar las erogaciones efectuadas por las provincias o sus municipios."Sr. Presidente (Pierri). — Continúa en el uso de la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Flores. - Señor presidente: en esta iniciativa se mantiene el criterio adoptado en la Comisión de Energía y Combustibles con respecto al recargo de 2,5 pesos por mil metros cúbicos de gas natural sobre las tarifas que paguen todos los usuarios del país. Así se va a constituir el subsidio para la región patagónica.De acuerdo con lo establecido en este proyecto, las concesiones se otorgarán por 35 años. Aun al más despistado de los legisladores no se le puede escapar que por mayor estabilidad de precios que exista en la economía, el valor de este subsidio será licuado en poco tiempo por la inflación.En prevención de este hecho, el texto de le ley establece para algunos casos determinados criterios de actualización. En el artículo 42, por ejemplo, se establece un ajuste de las tarifas de acuerdo con una fórmula elaborada en base a indicadores de mercado que reflejen los cambios de valor de bienes y servicios


representativos de las actividades de los prestatarios. En otras partes del texto también se prevé la posibilidad de actualización, tanto de las tarifas como de las multas.La redacción que obra en poder de la Presidencia, en la que se establece un porcentaje en vez de una suma fija, es mucho más representativa del verdadero espíritu que primó en la comisión cuando se discutió este tema. Las autoridades económicas fueron en realidad bastante reacias a esto, toda vez que explícitamente sostuvieron que la filosofía que sustentaban era contraria al otorgamiento de subsidios.Me interesa que se reflexione acerca de la situación de la Patagonia austral, que jamás podrá desarrollarse si no es con subsidios explícitos. Todos los países del mundo desarrollaron sus zonas más alejadas y menos pobladas a partir del otorgamiento de subsidios, que por supuesto fueron pagados por los demás ciudadanos de esos países. Así deben ser las cosas y no hay que tener el menor rubor en aceptarlas.A fin de que esto no se transforme en algo así como contarle a la tribuna que el partido va bien pero en la cancha vamos perdiendo por


goleada, propongo que este artículo quede redactado de la siguiente manera: "Créase el Fondo Nacional del Gas Natural a partir del otorgamiento de la primera habilitación, que seconstituirá con un recargo del 7 por ciento sobre el valor de venta del metro cúbico de gas de cada productor a otro actor previsto en la presente ley. Tal concepto será facturado y recaudado por los productores y será considerado como un costo adicional para los distribuidores o usuarios, según corresponda.” El artículo continuaría con su redacción actual. Quiero aclarar que esto está tomado sobre la base de los 2,5 pesos por mil metros cúbicos, teniéndose en cuenta el valor de transferencia en boca de pozo que actualmente paga Gas del Estado.Se podrá argüir que a partir de la desregulación no va a existir más ese valor de transferencia; por ello el texto que propongo a la comisión habla del valor de venta del metro cúbico de gas de cada productor a otro actor. De esta manera el subsidio va a ser permanente y justo, pues cuando suba el valor de venta el subsidio también se incrementará, y cuando aquél se reduzca éste también disminuirá, Así, la región patagónica no va a tener que cruzar los dedos para ver si en cada presupuesto le aprueban o no la renovación de los subsidios. Además, la Patagonia tendrá la certeza de que podrá desarrollarse gracias a la conciencia que existe en el Congreso de la Nación en cuanto a que el resto del país debe contribuir al cimiento la región.Finalmente, aclaro que no insistiré en la propuesta que formulara con respecto a la incorporación de un nuevo capítulo que contemple un despacho nacional de gas, similar a lo que en el marco regulador eléctrico se ha dado en llamar despacho único de cargas. Como ya conozco la posición de los integrantes de la

comisión me parece absolutamente inútil insistir sobre este punto, porque el rechazo va a ser la única respuesta. Por lo tanto, insisto en la necesidad de modificar el artículo 93 del texto que figura en el Orden del Día Nº 24, para crear certeza el cuanto a la estabilidad del subsidio que prevé la ley 23.272.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires.Zamora (F.). — Señor presidente: en la misma línea de pensamiento del señor diputado Flores —con quien me une una banca vacía por algún tiempo—, quisiera que la comisión prestara atención a una cuestión que surge de por sí como ilógica, dado que el espíritu y en parte la letra de ese artículo -después explicará por qué hago alusión la letra- apunta a subsidiar a los consumidores de gas de la Patagonia. Pero adviértase que también se les cobra a esos consumidores de la Patagonia los 2,5 pesos por mil metros cúbicos de gas natural, o sea que ellos se están subsidiando a sí mismos.La norma determina que "... se constituirá con un recargo de pesos dos con cincuenta centavos por mil metros cúbicos ($ 2,50/1000 m3) de gas natural sobre las tarifas que paguen todos los usuarios del país...”. Vale decir que la Patagonia paga y después le devolvemos un "pedazo". Pero lo correcto sería que dijera "...de gas natural sobre las tarifas que paguen todos los usuarios del país, a excepción de aquellos pertenecientes a las provincias comprendidas en la ley 23.272. . . ". En cuanto a la solución parcial que se establece en el inciso a) de este artículo 93, que pasaría a ser 92, creo que resulta insuficiente porque en definitiva no aseguramos qué tarifas vamos a subsidiar en la Patagonia. En consecuencia propongo que a continuación de la expresión "jurisdicción provincial" del inciso a) se agreguen dos párrafos. El primero diría: "Las tarifas que paguen los usuarios de dichas


provincias deberán ser iguales a las de menor valor que se cobren en el resto del país", porque de otro modo, ¿qué vamos a subsidiar? Y mucho me temo que los pobladores de la Patagonia terminen pagando la tarifa más cara del país.El segundo párrafo que propicio tiende a cubrir la casi segura pérdida del valor de la moneda en los años venideros. Por eso propiciamos que se establezca: “En el caso que este fondo no fuera suficiente para tal objetivo ...” -o sea, para subsidiar la tarifa- “. . . se incorporará en el presupuesto nacional un subsidio explícito a tal fin."Creo que con el primer agregado referido a la exclusión de los usuarios de la Patagonia en el sentido de que ellos no paguen este aporte al fondo, y con los otros dos que también he propuesto incorporar los pobladores de la región quedarán a salvo del pago de un gas cuyo precio será más elevado que el que paga el más pequeño usuario del país, asegurándole también a la Patagonia un fluido a m precio razonable para que los argentinos se instalen allí.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. Pesce. — Señor presidente: en un intento por propender a la mejor técnica legislativa sugiero que el inciso b) del artículo 93, que pasaría a ser el 91, quede redactado de la siguiente


manera: "El veinte por ciento (20%) restante será destinado para la realización de obras y proyectos de inversión y/o programas de investigación donde no existan redes de distribución para su mejor aprovechamiento y para la sustitución de otros combustibles por el gas natural."Sr. Presidente (Pierri), — Tiene la palabra el señor diputado por Tucumán,Sr. López de Zavalía. — Señor presidente: sugiero que en el inciso b) del artículo 93, que pasaría a ser 91, se suprima la palabra "etcétera", porque dentro de esa palabra pueden ir hasta los gastos reservados.Sr. Presidente (Pierri). -- Tiene la palabra el señor diputado por Buenos Aires,Sr. Ibarbia.- Señor presidente: deseo manifestar nuestra oposición a la creación del Fondo Nacional del Gas Natural. Los artículos 1º y 2º de la ley 23.697 eliminaron todo subsidio y subvención en la economía, para terminar con este tipo de distorsiones que se venían arrastrando durante muchos años. Un fondo de estas características rompe dos principios elementales de manejo presupuestario, que son el de la universalidad del gasto y el de la unidad de caja. Además, el objetivo de este impuesto que se crea con destino al Fondo Nacional del Gas Natural, que es un 80 por ciento para subsidiar el consumo de gas doméstico y comercial en las provincias comprendidas en la ley 23.272, difícilmente se alcance con esta carga de 2,50 pesos por mil metros cúbicos de gas.Si no conozco mal la geografía de mi país, las provincias patagónicas son mayoritariamente provincias donde se obtiene el gas natural, y el artículo 37 de este proyecto de ley establece que las tarifas de gas a los consumidores serán el resultado de la suma del precio del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte, la tarifa del transporte y la tarifa de

distribución, siendo estas dos tarifas determinadas entre otras cosas por la forma de prestación, la ubicación geográfica, la distancia relativa a los yacimientos y cualquier otra modalidad que el ente califique como relevante.Evidentemente las provincias patagónicas tienen una ventaja relativa respecto de otras porque están mucho más cerca de los yacimientos y tendrán una tarifa de distribución mucho más baja que la de la provincia de Misiones, por ejemplo, que está decididamente alejada de los centros de producción del gas. De allí el incentivo que habrán de recibir estas provincias y la baja de la tarifa para el consumo del gas domiciliario,Un impuesto de 2,50 pesos por mil metros cúbicos sobre una tarifa más baja incide mucho más que un impuesto similar sobre una tarifa más alta. Este impuesto que tiende a beneficiar a las provincias patagónicas actuará como un bumerán, porque razonablemente el precio del metro cúbico de gas en las provincias patagónicas debiera ser más bajo, pues al estar más cerca de los centros de producción tienen un costo de transporte y de distribución más bajo que el costo del metro cúbico del gas en Misiones, que está más lejos de los centros de producción, Con ello 2,50 pesos por mil metros cúbicos es mucho menos gravoso para las provincias patagónicas. Así, lo quo se presenta como un beneficio a través de este fondo especifico, implica una gravosa carga para las provincias patagónicas. Este es el tercer fundamento para oponerme a la creación del Fondo Nacional del Gas Natural.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Chubut.Sr. Corchuelo Blasco. - Parecería que al final de esta larga sesión un diputado de la Patagonia tiene que callarse, pero no lo voy a hacer. Quiero enriquecer el debate diciendo


algunas cosas. La Patagonia debe fortalecerse con un desarrollo sustentable. Quien no piense que la Patagonia posee dos ventajas comparativas y que es también nuestra obligación ponerla a niveles competitivos con el resto del país, no piensa en una Argentina integrada; y una Argentina no integrada hipoteca las posibilidades de desarrollo, complementación e integración que plantea el presidente de la Nación.La creación del Fondo Nacional del Gas Natural es un acto de justicia para que las tarifas sean colocadas a niveles que sirvan al desarrollo. Con el fin de asegurar ese objetivo, propongo que el inciso a) del artículo 92, antes 93, establezca que las tarifas se asegurarán a valores constantes similares a los que regían al 31 de diciembre de 1991. De esta manera daríamos una cifra de referencia.Sr. Presidente (Pierri). Tiene la palabra el señor miembro informante.Sr. Bordín Carosio. — Señor presidente: la comisión no acepta ninguna modificación excepto la que formuló el señor diputado López de Zavalía con respecto a la eliminación de la palabra "etcétera" en el artículo 91.Sr. Varela. Señor presidente: la expresión "por ejemplo" no se puede aprobar.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Neuquén.


Sr. Parrilli. — Señor presidente: quiero solicitar a la Cámara que me atienda unos breves instantes para aclarar lo relacionado con el subsidio a la Patagonia, porque de alguna manera pareciera ser que quienes vamos a votar favorablemente este proyecto somos insensibles, vivimos en Marte o estamos haciendo algo en contra de los intereses que decimos querer beneficiar.De acuerdo con cálculos que he realizado, el monto que se va a destinar para la Patagonia es de 40 millones de dólares anuales Si ese monto lo dividimos por el consumo total de gas domiciliario y comercial, obtenemos un dólar por metro cúbico de gas consumido, lo que es el equivalente al precio actual del gas. Esto significa que en la Patagonia el precio del gas estará subsidiado —como producción— en su monto original.El transporte en la Patagonia incide muy poco, porque en la mayoría de los casos los yacimientos de gas están prácticamente en nuestras provincias. De manera que será muy ínfimo el costo de transporte que tendremos que pagar. Lo que en definitiva pagaremos es el costo de distribución.Si lo que se quiere plantear es que el precio debe ser como mínimo el que rige en otros lugares del país, entonces nos perjudicaremos, porque en la Patagonia hoy en día tenemos el precio del gas muy por debajo del precio mínimo de otras zonas del país,De manera que nuestra decisión es crear este impuesto para promocionar y facilitar el consumo de gas en la Patagonia. Pero además existe el compromiso explícito en el texto del proyecto de que en caso de insuficiencia de este subsidio será de aplicación el artículo 49, con lo cual, cuando analicemos el presupuesto para 1993 tendremos que incluir una partida especial, pues allí sí vamos a saber cuál es el monto que en realidad se necesita para mantener

los niveles actuales de tarifa de gas en la Patagonia.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa Cruz.Sr. Puricelli.— Señor presidente: deseo aclarar el sentido de mi voto. Tenía una propuesta para este artículo, pero en homenaje a la brevedad del debate votaré afirmativamente este capítulo. En cuanto al artículo 92, antes 93, adhiero a la propuesta del señor diputado Flores, de la provincia de Santa Cruz.Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por Mendoza.Sr. González Gaviola. - Deseo proponer una modificación al artículo 97 del dictamen.Sr. Presidente (Pierri).- La comisión ya se expidió, señor diputado. Estamos por proceder a la votación.Sr. González Gaviola. - Entonces quisiera que la comisión me aclarara si en el artículo 97, quo pasaría a ser 95, cuando se habla de las características, alcances y excepciones de la presente ley, se dejaron desamparados a los miles de ciudadanos argentinos que han hecho inversiones mediante convenios particulares. con Gas del Estado para la instalación de la red domiciliaria y que tienen pendiente el pago de la infraestructura realizada.¿Con este artículo caducarían los derechos que tienen estos vecinos para reclamar ante el ente privado que se hará cargo de la distribución y transporte del gas?Sr. Presidente (Pierri). - Tiene la palabra el señor diputado por La Pampa.Sr. Matzkin. — Señor presidente: el bloque Justicialista entiende que esos derechos no caducan. Existe voluntad por parte del legislador para que aquellos pequeños usuarios que hubieran hecho aportes y tengan convenios cuya ejecución no ha finalizado totalmente, reciban el mismo tratamiento que tenían en su relación con Gas del Estado. Debe


quedar en claro la intención del legislador en ese sentido.Sr. Presidente (Pierri). — Tiene la palabra el señor diputado por Santa CruzSr. Flores, — Señor presidente: dado que hay diferentes alternativas para la redacción del artículo 93, ahora 92, propongo. . .Sr. Presidente (Pierri). - Ya no se pueden proponer modificaciones, señor diputado.Sr. Flores. - Simplemente propongo una modalidad para la votación.Propongo que se vote el artículo 93, ahora 92, en forma separada del resto el capítulo ya que hay diferentes propuestas para este artículo.Puede presentarse una situación confusa ya que si este capítulo no es aprobado posiblemente se deba a que la Cámara desea otra redacción para el artículo 93, ahora 92.Por lo tanto, propongo que se vote por separado el artículo 93, ahora 92, y luego el resto del capítulo.Sr. Presidente (Pierri). — Si hay asentamiento de la Honorable Cámara así se hará.

—No hay asentimiento.Sr. Flores. — Solicito que la votación se practique en forma nominal.


Sr. Presidente (Pierri). — La Presidencia desea saber si el pedido de votación nominal está suficientemente apoyado.

- Resulta suficientemente apoyadoSr. Presidente (Pierri). - Se va a votar en forma nominal el capítulo V, que comprende los artículos 93 a 99 del dictamen, que pasaron a ser 92 a 98, con las modificaciones propuestas y aceptadas por la comisión.

—Se practica la votación nominalSra. Secretaria (Pérez Pardo). — Sobre 135 señores diputados presentes, han votado 102 por la afirmativa y 21 por la negativa, registrándose además 10 abstenciones. No se ha computado el voto de un señor diputado que no ha hecho uso de su llave.

—Votan por la afirmativa los señores diputados Acevedo, Aceñolaza, Alabi, Alvarez (H. C.), Alvarez Echagüe, Amadeo, Aranda, Argüello, Arias, Arrechea, Ayala, Balestrini (A. E), Balestrini (M. A.), Barbotti, Baum, Beltrán, Bermúdez, Borda, Bordín Carosio, Cabrera, Caimmi, Camaño (E.O.), Casari de Alarcia, Castillo (J. L.), Corchuelo Blasco, Crostelli, Cruz, Daud, Durrieu, Echevarría, Endeiza, Falleti, Fellner, Fernández (R. E.), Ferradás, Figueroa, Folloni, Frigerio, Gan, Germanó, Gómez (J. E.), Gómez (R. J. C.), Gómez Centurión, González (J. H.), González (O. F.), González Cabañas, Green, Hardy, Herrera (B. E.), Herrera Arias, Ibarreche, Iribarne, Iturre, Lamberto, Larraburu, Leconte, López (J. A.), López Arias, López de Zavalía, Loutaif, Macaya, Machicote, Maggi, Maqueda, Marcoli, Martínez, Martínez Raymonda, Matzkin, Mendoza (C. R. ), Michitte, Monteverde, Muniagurria, Nacul, Natale, Niño, Parrilli, Piotti, Puricelli, Ré, Rodríguez (J. A.), Rodríguez Sañudo, Romero (C. A.), Roy, Ruckauf, Ruiz, Sabio, Sacks, Salusso, Samid, Sánchez Galdeano, Scelzi; Solá, Sucaria, Sueiro, Toma, Topa, Uriondo, Valcarcel, Venesia, Verdú, Yoma y Zaracho.

—Votan por la negativa los señores diputados Aguado, Barberá, Branda, Calleja, Clérici, Cramaro, Fernández

(R. C.), Flores, García Cuerva, Humada, Ibarbia, Manfredotti, Manny, Parada, Romero (H.A.), Saadi (L.A.), Sodero Nievas, Soria, Toto, Troyano y Zamora (F.).

—Se abstienen de votar los señores diputados Alcala, Becerra (N.E.), D’Alessandro, Gioja, Guerrero (A.I.), Hernández (S. A.), Pesce, Rodríguez (J.), Tacta de Romero y Varela.

Sr. Presidente (Pierri). — El artículo 97 es de forma.Queda sancionado el proyecto de ley1

Se comunicará al Honorable Senado.Tiene la palabra el señor diputado por la Capital.Sr. Manny. — Señor presidente: pese a haberme anotado hace horas para hacer uso de la palabra he sido siempre víctima de las mociones de cierre de debate. Por lo tanto, solicito que la Cámara autorice la inserción en el Diario de Sesiones de un texto que contiene mi opinión sobre el tema que hemos considerado, relacionado con los hechos ocurridos en la sesión del 26 de marzo pasado.Sr. Presidente (Pierri) — Se va a votar si se efectúa la inserción solicitada.2

-Resulta afirmativa.Sr. Presidente (Pierri).- Se hará la inserción solicitada .No habiendo más asuntos que tratar, queda levantada la sesión.

—Es la hora 4 y 6 del dia 2.

Fulvio F. RamosSubdirector a/c del

Cuerpo deTaquígrafos

1 Véase el texto de la sanción en el Apéndice. (Página 6563.)2 Véase el texto de la inserción en el Apéndice. (Página 6574.)

6354 CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION Reunión 64

IIAPENDICE

(. . .)

C. INSERCIONESINSERCIÓN SOLICITADA POR EL

SEÑOR DIPUTADO MANNY

Opinión del señor diputado acerca de los hechos ocurridos en la sesión del 26 de marzo de 19921. Desde poco después de que comenzase a sonar el timbre llamando a sesión el jueves pasado, estuve presente en el recinto; como es imaginable, cuando gracias al periodismo se señala la presencia de personas que no eran diputados sentados en las bancas, tuve una reacción de fastidio. En primer lugar porque yo no había notado ninguna anormalidad; sentado en el sector central frente al señor presidente, no se me ocurrió en los momentos previos a reiniciarse la sesión después del cuarto intermedio desde la semana anterior, mirar quiénes ocupaban las bancas a mis espaldas. Además, con toda franqueza, la Honorable Cámara acaba de renovar la mitad de sus miembros y no estoy todavía familiarizado con tantas caras nuevas. Lo que sí recuerdo bien, debido a su anunciada decisión de no asistir a la sesión, es la ausencia total del bloque radical. Esta se mantuvo hasta que algunos de sus miembros se hicieron presentes para denunciar la anomalía, comentada en la sala de periodistas, y a ese solo efecto. Me pareció indignante para nuestro bloque; siempre asistimos e intervenimos activamente en todas las sesiones y debates de total buena fe; nunca nos prestaríamos a sesionar sin quórum y menos aún con un quórum que pudiésemos sospechar de ilegal. Por ello, señor presidente, apoyo las mociones de que se investigue basta las últimas consecuencias y se tomen las medidas correspondientes.2. Por otra parte, no comparto las manifestaciones del daño irreparable

infligido al prestigio del Parlamento, precisamente porque la anomalía no quedó como tal gracias al celo del periodismo y, como es evidente en el presente debate, a la coincidencia de todos los bloques en condenar el hecho rectificando lo que fuese necesario. Asistimos a un debate que a su término demostrará que no hubo ningún daño irreparable, pues el Poder Legislativo dispone de todos los medios necesarios para reafirmar la Honorabilidad del Parlamento, cuidando además que una ley votada por la Honorable Cámara no sea atacada de nulidad. A este respecto, parece lógico volver atrás hasta el último momento indiscutiblemente legítimo, quo fue cuando en la madrugada del jueves de la semana anterior se pasó a cuarto intermedio en la práctica hasta el día de hoy, dado que lo acontecido en el recinto el 26 de marzo pasado no puede tener efectos por estar sospechado el quórum.3. En otras palabras, esta grieta quedará saneada; pero brindándole una innecesaria página adicional a quienes siempre encuentran motivo de crítica a la institución parlamentaria, hecho grave en un país que ya sufrió en este siglo injustificados colapsos de su ordenamiento constitucional. Por ello son casi obligadas algunas reflexiones adicionales: ¿frentes actuales del ataque al Parlamento? Son bien conocidos y los veremos también en otros países; desde que los legisladores fijan sus dietas hasta -en la Argentina- el período ordinario de 5 meses establecido por la Constitución, hay motivos para desacreditar la labor parlamentaria. Sería fácil buscar una forma diferente de fijar remuneraciones, y aun más fácil demostrar cómo desde el 10 de diciembre de 1983 el Honorable Congreso ha estado prácticamente en sesión permanente ¿Que muchos temas se discuten largamente y aparenta haber grandes demoras y hasta postergaciones? Es cierto, pero no olvidemos que es ésa


justamente una de las características del sistema democrático, con su división de poderes y la forzosa búsqueda de consenso o de una mayoría para los proyectos que lleguen a ser ley. Recordemos la pérdida de las libertades individuales, de vidas y el daño sufrido por varias generaciones cuando triunfaron los ataques al Paramento. Por ello, señor presidente, mal servicio le hace al fortalecimiento democrático este, episodio del llamado diputado "trucho". En otro orden, también es de lamentar la actitud de bloques que no asisten a las sesiones, como en este caso el radicalismo, ausente total en el momento de necesitarse el quórum para votar, contrastando con el lleno de sus bancas en el momento de "rasgarse las vestiduras". Sin que pretenda ser un consuelo, tal vez sea el caso recordar aquí el famoso concepto de Winston Churchill sobre la democracia: "El peor sistema, excepto todos los demás"3.4. Finalmente, debe girarse a la

Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento el análisis de este triste episodio, para que se incorporen al reglamento las modificaciones indispensables. Ante el lógico temor político del actual debate, destaco que por nuestra parte seguiremos impulsando la actual transformación en mar-

3 La cita textual dice: "Democracy is the worst form of goverment except for all those other forms that have been tried"; en una traducción libre: "La democracia es la peor forma de gobierno excepto por todas aquellas formas que han sido ensayadas". Robert Rhodes James, ed.: Winston, S. Churchill: His complete Speeches, vol. 7, 1943, 1949, London Chelsea, Home 1974, p. 7566.


cha en nuestro país después de décadas de políticas erróneas que lo han sumido en una injustificada y vergonzosa pobreza. Hoy más que nunca gobierno y oposición necesitan lograr el consenso mínimo que transmita a la ciudadanía confianza y entusiasmo para acortar el todavía costoso esfuerzo que resta realizar.

Opinión del señor diputado acerca del proyecto de ley

sobre regulación del transporte y distribución del gas

natural1. Hemos asistido a un debate por momentos intenso y con posiciones encontradas bien perfiladas. Una de ellas ha defendido la continuación del statu quo, o sea dejando toda la actividad materia del actual proyecto de marco regulatorio del gas, en manos del Estado.La opuesta se inscribe dentro del proceso de privatización implementado por el gobierno nacional, y apoyado desde su inicio por la bancada de la UCEDE de acuerdo con su conocida lucha en tal sentido, defendida por muchas de sus principales figuras desde hace más de 30 años.Con estas posiciones, vuelve a la superficie el tema de fondo sobre la naturaleza y las causas de la decadencia Argentina de tantos años.2. Y es, como aquí ha sido dicho —si bien en un sentido erróneo-, justamente pensando en los sectores sociales postergados que es imprescindible recorrer al máximo el camino de las privatizaciones, incluyendo la que hoy estamos analizando. Los sectores más pobres -para vergüenza de todos— viven de a millones en lugares de la República que carecen de luz, de caminos, de seguridad, de atención de su salud, de comodidades, de educación, de jubilaciones y pensiones decentes, de teléfono, de viviendas dignas —y como recién nos damos cuenta ante la irrupción del cólera- también carecen de agua potable y de cloacas.

Por supuesto que los pobres tampoco tienen gas. Todas estas carencias se manifiestan después de décadas de "encandilamiento" estatista que hoy con tanto esfuerzo la actual generación de argentinos nos vemos en la necesidad de superar urgentemente y que diversos sectores políticos insisten incomprensiblemente en mantener. ¿Será que se piensa que los sectores de menores recursos todavía no se han dado cuenta de la causa real de su pobreza? Transfiramos el debate a las próximas campañas electorales, pero lo cierto es que cada día son más las personas de todos los sectores que, como lo demuestran las encuestas, están en claro sobre el trágico daño de las ideas estatistas. También están en claro, señor presidente, que la soberanía no pasa por la propiedad de ninguna empresa, pues es un valor superior mucho más importante que los engañosos contenidos de las ideologías socialistas y socialdemócratas, fracasadas en todos los países que tuvieron la desgracia de ensayarlas.3. Cuando se promulgue la ley por el Poder Ejecutivo podremos ver pliegos más o menos acertados; se han escuchado opiniones sobre garantías, mínimos de inversión, duración de los contratos, zonificación mínima, etcétera, que comparto. Finalmente, las necesidades de inversión para superar las carencias en los servicios públicos aquí enumeradas exceden la capacidad del sector estatal por años; si vamos a ser francos con los pobres, dejar las cosas como están es condenarlos a décadas adicionales de pobreza. Por las razones expuestas manifiesto mi voto favorable -con modificaciones en el articulado— al proyecto de ley de marco regulatorio del gas.

Privatizacion Del Gas en Diputados

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