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Piura

lSe oponen a reactivación de Proyecto Río Blanco.lRío Blanco Copper S.A. (Majaz S.A.)

lIndustria pesquera se opone a la actividad minera. l Savia Perú

Puno lSe exige frenar la minería informal. lMinería informal

CajamarCa lExigen que el gobierno declare inviable el proyecto minero Conga y Galeno, La Zanja y Tantahuatay.l Yanacocha, China Minmetals, Buenaventura, Southern Copper de Tantahuatay

amazonas lRecuperación de la Cordillera del Cóndor y Parque Nacional Ichigkat Muja. lAfrodita

lSe oponen al Lote 116 hasta realizarse consulta previa. lMaurel Et Prom Perú SAC

arequiPa lSe resisten a la reelaboración del EIA de Proyecto Tía María. lSouthern Peru Copper Corporation

moquegua lSe resisten al proyecto minero Quellaveco.

lAnglo American y Mitsubishi Corp

TaCnalSe oponen a proyectos Toquepala, Quajone y Fundación Ilo.lSouthern Perú Copper Corporation

límiTe de CusCo y madre de dios lPueblos en aislamiento se oponen a la ampliación de la frontera de exploración y explotación de gas en lote 88. lPetroperú y Pluspetrol

límiTe de CusCo-Puno y madre de dios lSe oponen a reapertura de proyecto Inambari. lAmazonas Sur (generadora de electricidad)

san marTínlSobreposición del Lote 103 en el área de Conservación Regional Cordillera Escalera. lTalismán Petrolera del Perú

loreTo lDenuncian la contaminación en Lote 8 y 1 AB lPluspetrol Norte S.A.

lRechazan los lotes 123 y 129 por contaminación de cuenca de Nanay. lConocoPhillips

límiTe CajamarCa y amazonas lProyecto Chadín 2 amenaza con afectar pueblo Awajún Wampis. lAC Energía S.A. Odebrecht

ÁnCash lReclaman cumplimiento de compromisos y redistribución de beneficios.

lAntamina

demandas de la poblaciónempresas involucradas minería informalProyecto de mineríaProyecto de hidrocarburoProyecto de hidroeléctrica

junín lPueblo asháninka se opone a reapertura de proyecto Pakitzapango.lPaquitzapango Energía SAC.

l Pueblo Kakinte se resiste a la ampliación de Lote 57. lRepsol

lSe espera la liquidación de la empresa minera.lDoe Run Perú.

Una mina de conflictos

escribe maría paula brito

CajamarCaCarlos Monge, investigador

del Centro de Estudios y Pro-moción del Desarrollo (DESCO), identifica 7 grandes zonas de conflicto. La primera, Cajamar-ca, región que alberga no sólo al proyecto Conga, sino a otros em-prendimientos mineros como El Galeno, La Zanja y Tantahuatay. La elevada inversión en la planta de procesamiento de minerales de Conga pretende procesar el mineral extraído de las demás empresas en la zona. Cajamarca se ha convertido en un distrito minero de vital importancia mo-tivo por el cual se ha propuesto la construcción de una represa en el río Marañón –Proyecto Cha-dín 2– que le proporcionará a la industria extractiva la energía que sus actividades requieren. Según Monge, Chadín 2 será sujeto de grandes cuestiona-mientos por parte de los pue-blos Awajún Wampis, siendo el conflicto “Conga” tan sólo una pequeña parte de un enjambre de inversiones que traerán con-sigo una larga cola de conflictos.

Xstrata ¿Las BamBas?Xstrata afronta no sólo la pa-

ralización de Tintaya, sino ade-más la toma de su ampliación, Antapaccay. Giselle Huamaní, experta en conflictos sociales, explica que Antapaccay es un proyecto dos veces el tamaño de Tintaya. Si bien técnicamente es tan sólo la extensión del proyecto original, la población lo ve como un proyecto nuevo y exige que se negocie otro convenio marco. La población pide la oportunidad de negociar mejores condicio-nes con la empresa (con exi-gencias nuevas que no existían cuando se negoció el Convenio Marco de Tintaya). ¿Temerá la empresa un mejoramiento en la capacidad de negociación de las comunidades? A su vez, un

conflicto en potencia y aún poco visibilizado es el mineroducto que se extiende desde Las Bam-bas a Tintaya-Antapaccay. Este proyecto, que transportará el mi-neral extraído de las alturas de la región de Apurímac a las bases de Xstrata en Cusco, impactará en su ruta a decenas de comuni-dades, particularmente sus ríos y lagunas, pues la tubería utili-zará grandes cantidades de agua para bombear el mineral. Como bien coinciden los diversos ex-

pertos consultados, el agua es el principal motivo de conflicto en el país. ¿Y por qué entonces el primer ministro Valdés insiste en una próxima confrontación en Las Bambas? De acuerdo con Javier Torres, “Las Bambas es un conflicto que el gobierno pare-ce que quisiera hacer estallar”. Torres, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Ser-vicios Educativos Rurales (SER), dice que el foco de conflicto no es Las Bambas –un proyecto que

opera con un fondo social avan-zado– sino el mineroducto antes mencionado.

Costa sUr Un tercer foco de conflicto se

encuentra en las regiones Tac-na y Moquegua. Aquí la disputa también tiene al agua de prota-gonista y los gobiernos regio-nales lideran las negociaciones. En Moquegua se negocia con la Minera Anglo American y Mit-subishi Corporation el nuevo

proyecto Quellaveco, por me-dio de una Mesa de Diálogo que tiene como principal objetivo realizar el análisis hidrológico e hidrogeológico del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Por otro lado, en Tacna y Moquegua la extensión de diversos proyec-tos de la Southern Perú Copper Corporation, como son las con-centradoras de Toquepala (Tac-na), Cuajone (Moquegua) y la Refinería de Ilo, ha propulsado la creación de una mesa multi-sectorial de trabajo donde se exi-ge la prohibición del uso de las cabeceras de cuenca y el resar-cimiento económico de los pasi-vos ambientales. SegúnTorres, la intención del primer ministro Valdés de participar de las ne-gociaciones fue un fracaso pues se le cuestionó los vínculos que sostiene su familia en Tacna con la Empresa Southern. Las auto-ridades locales y sociedad civil sienten que ya no pueden seguir proveyendo de agua a la indus-tria minera y la empresa se resis-te a aplicar alternativas como la desalinización del agua del mar, algo que bajaría sustancialmente la rentabilidad de sus proyectos. Los conflictos involucran a po-blaciones acostumbradas a la industria extractiva (datan de más de 40 años en la región) que aterrizan en demandas concretas con respecto a la sostenibilidad medioambiental y social de los proyectos.

PUnoEn esta zona sur del país, los

conflictos giran en torno a la minería informal. Torres señala que la población demanda me-didas como aquellas tomadas en Madre de Dios, pidiendo inclu-so la presencia del Ejército en la zona; reclamos que vienen prin-cipalmente de los agricultores afectados por la contaminación del río Ramis. Como hemos visto en otros casos, la minería infor-mal tiene una gran capacidad de

Bombas de tiempo

1Carlos Monge, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo: "Hay 7 grandes zonas de conflicto".

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243 conflictos sociales asoman el plumero por encima de la maleza. de ellos, la gran mayoría (59.7%) corresponde a problemas relacionados con el medio ambiente. las cifras son de la defensoría del Pueblo, que parece mucho más dispuesta que el ministerio del ambiente en alertar al país respecto de lo que puede pasar en regiones como Cajamarca, loreto, Piura, san martín, Áncash, Cusco, madre de dios, junín, arequipa, moquegua o Tacna. nada menos. esta es la lista de lo más preocupante.

foto edwin julca

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movilización de recursos, por lo que enfrentarse a este sector es ganarse un pleito con mediáticas consecuencias. Así, Torres tipi-fica este caso como un conflicto entre pobladores.

PiUraEn esta región, el caso de

Sechura se diferencia por ser una confrontación entre dos ac-tores económicos: pescadores y mineros. Los maricultores arte-sanales y el Frente de las Aso-ciaciones de Maricultores Arte-sanales de Parachique rechazan las concesiones de la empresa Savia Perú, pues sostienen que los movimientos sísmicos gene-rados por las actividades de ex-ploración perjudican la pesca en la zona. Las protestas violentas se dieron a raíz de una reunión convocada el 7 marzo de este año para revisar y aprobar el EIA, pues algunos pobladores recla-maron no haber sido admitidos a la misma y exigieron que esta se declare inválida. Después de que la Defensoría del Pueblo le

pidió al Estado que se manifieste en torno al tema, el Ministerio de la Producción reafirmó la validez de la audiencia pública y creó Mesas Técnicas de Diálogo con la población, para encontrar una salida al conflicto.

amazonas ¿Y qué sucede en la Ama-

zonía? En una entrevista con Mario Zúñiga, de “Vigilante Amazónico-Red de Vigilancia Amazónica para los Conflictos Socioambientales”, un proyecto liderado por Catholic Relief Ser-vice, la Comisión Episcopal de Acción Social, el Centro Ama-zónico de Antropología Apli-cada y Acción Solidaria para el Desarrollo CooperAcción, en las regiones de Amazonas, Junín, Loreto y San Martín existen 22 conflictos latentes.

De este grupo, Zúñiga, Mon-ge y Torres coinciden en resaltar dos grandes conflictos específi-camente situados en la región Amazonas. El primero, una histórica confrontación entre el pueblo Awajún-Wampis y la minería Afrodita con respecto al recorte del Parque Nacional Ichigkat Muja, cuya extensión fue mutilada para beneficiar a la minera en el 2004 al otorgarle concesiones en plena Cordillera del Cóndor. Cabe recalcar que esa región fue nominada por la UNESCO como una zona de re-serva de biósfera por su riqueza ambiental. El pueblo Awajún-Wampis reclama la recuperación de la extensión total del Parque Nacional y está pendiente de los resultados la Comisión de Pueblos Andinos, Amazóni-cos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso de la República (CPAAAAE), que ha conformado un subgrupo de trabajo encargado de investigar el problema del parque nacional. Como si no fuese suficiente, los ánimos en esta zona norte de la Amazonía están tensos, además, por la relación sospechosa entre la Empresa Afrodita y la Sexta Brigada de Selva del Ejército y la concesión del Lote Lahaina 8, sin realizarse un adecuado pro-ceso de consulta social.

Ahora bien, en la misma re-gión de Amazonas, la Empre-sa Maurel Et Prom Peru SAC afronta un fuerte rechazo de los pueblos indígenas Awajún-Wampis, quienes exigen la reali-zación de un proceso de consulta

previa. Las comunidades temen la contaminación de sus territo-rios pues el lote se superpone al 36.6% de la Reserva Santiago-Comaina y al 48.5% de la Reser-va Comunal Tuntanain.

“Toda la zona de Amazonas está en potencial conflicto, este es un conflicto que está en es-calada. Si bien la empresa ha aceptado una pausa para dia-logar un poco, las comunidades le han informado que no pueden hacer nada hasta que no haya una consulta previa e informa-da”, nos dijo Mario Zúñiga.

san martínOtro caso emblemático lo

hayamos en San Martín, con la superposición del lote 103 de

Talismán Petrolera Perú en el Área de Conservación Regional (ACR) Cordillera Escalera. Esta superposición genera un choque de intereses entre las comunida-des indígenas de la zona, que so-licitan la cogestión de la ACR así como el reconocimiento de sus títulos de propiedad, la Empre-sa Minera, que está a la espera del Plan Maestro de la ACR, para saber qué puede y qué no puede hacer dentro del área, y el gobierno regional, cuya inacción no hace sino empeorar las cosas. Mientras tanto, la ausencia de reglas claras genera conflictos a diario, pues 8 pobladores indí-genas han sido denunciados por hacer uso de chacras dentro del área de la conservación.

jUnínAquí identificamos dos con-

flictos bastante disímiles entre sí: el de Doe Run, que arrastra un pasivo ambiental con la po-blación local desde hace muchos años, y el del pueblo Kakinte, cuya relación con la empresa Repsol se tensa a raíz de intere-ses sobre la tierra. El primer caso es descrito por Torres como un conflicto principalmente sindical que, por el momento, está con-trolado. El segundo caso está en un punto crítico, pues la Orga-nización para el Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK) sostiene que la compañía Repsol ha in-cumplido con una serie de con-venios, como por ejemplo el que comprometió la construcción de

un colegio. Aún no se ha llegado a ningún acuerdo con respecto a la compensación económica que debe pagar la empresa por el uso del territorio de estos pueblos.

LoretoSi nos movemos hacia Lore-

to, otras son las historias dignas de este inventario de estallidos inminentes. Para tener un mapa aproximado del asunto entre-vistamos al grupo técnico del Observatorio Petrolero Amazo-nía Norte (PUINAMUDT), una plataforma de sistematización de información que trabaja con organizaciones indígenas de las cuencas del río Pastaza, Ti-gre, Corrientes, Marañón. Hace exactamente 40 años que los pueblos de la región de Loreto (Achuar, Quichua, Quechua, Kukama) conviven con la acti-vidad petrolera, y cada cuenca guarda su propio historial de incidentes de contaminación. Entre el 2007 y 2011 las comu-nidades de la zona han regis-trado 70 derrames de petróleo. Estas cuencas se encuentran en el lote 1AB y 8 de Pluspetrol. Un caso emblemático, entre mu-chos otros, es el de la cuenca del Pastaza. Como producto de la permanente insistencia de las comunidades indígenas de sen-tarse a dialogar con la empresa, el 25 de mayo del 2011 se firma el Acta de Pastaza por la cual el Gobierno Regional de Loreto se compromete a intermediar en el diálogo y negociaciones. Habiendo pasado casi un año desde la firma de este acuerdo, el gobierno regional ha con-vocado a más de 6 reuniones. Todas ellas se han frustrado o porque el presidente regional ha enviado a representantes no aceptados por las comunidades o por inasistencia de la empre-sa. Entre el 10 y 16 de marzo se llevó a cabo una asamblea de las comunidades del Pastaza, don-de se decidió darle 40 días al gobierno regional para que con-voque y ejecute al fin un encuen-tro. Dicha reunión se programó para el 11 y 12 de mayo y luego se reprogramó para el 15 y 16, fechas en las que nuevamente el presidente regional desiste de presentarse. Así, tras numerosos esfuerzos estropeados el 25 de mayo se recibe la noticia de que, por primera vez, el Congreso de la República visitará la zona. El arribo de una delegación parla-mentaria en los próximos días

apaciguará temporalmente las aguas de las comunidades burla-das por el gobierno regional y la empresa Pluspetrol, pero el con-flicto sigue latente. Recordemos que esta zona provee de gas al Oleoducto Norperuano.

Otro caso loretano es el de los lotes 129 y 123, dados en conce-sión a la empresa ConocoPhilips, ubicados en el distrito de Alto Na-nay. Estas concesiones son recha-zadas por la población local que teme la contaminación de esta zona considerada cabecera de cuenca y que, además, provee de agua a la ciudad e Iquitos. El gobierno regional de Loreto ha expedido ya una ordenanza regio-nal mediante la cual se declara de interés público la protección de los ríos del Alto Nanay.

CamiseaVayamos ahora a la selva de

Cusco y Madre de Dios. Monge señala un cuarto foco de con-flicto: el gas de Camisea. El Lote Fitzcarrald (extensión del lote 88), que el gobierno ha recupe-rado para cumplir con las pro-mesas electorales de “gas para todos”, se superpone a la Reserva Nahua Kugapakori Nanti, creada en 1990 para proteger a los pue-blos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial. El 70% del lote 88 lo compone la Reserva, y, así, el lote se super-pone al 23% de la Reserva.

“Ellos dicen que todo se puede hacer al mismo tiempo, expor-tar, darle a las empresas petro-químicas y darle al sur andino y a Lima. Pero para eso tienes

que sacar más gas de lo que sa-cas ahora, y eso implica ampliar la frontera de exploración y ex-tracción de gas en una zona que es hipersensible por presencia de pueblos indígenas”, dice Carlos Monge.

aCUerdo energétiCo Con BrasiL

Vayamos a Junín, Madre de Dios, Cusco y Puno y encontrare-mos los grandes proyectos hidro-energéticos que son producto del Acuerdo Energético con Brasil, siendo los más emblemáticos (y problemáticos): Inambari y Pa-kitzapango. A pesar de ser casos momentáneamente silenciosos, Monge, Torres y Zúñiga coinci-den en que legalmente pueden ser reactivados. Monge da una señal de alerta pues es probable que la próxima visita de Dilma Rousseff tenga como objetivo presionar a favor del acuerdo bilateral.

Ahora bien, si hablamos de posibles reactivaciones, Monge señala dos proyectos con his-torias altamente problemáticas que podrían reactivarse: Tía Ma-ría, en Arequipa; y Río Blanco, en Piura.

ÁnCashPor último, no olvidemos Án-

cash. Según el reporte de abril de la Defensoría del Pueblo esta región es la que mayor cantidad de con-flictos mineros tiene. Torres resalta que los problemas relacionados a Antamina son principalmente de redistribución. De la mano de esta afirmación, Huamaní explica que tanto en Áncash como en Cusco se está generando una nueva modali-dad de redistribución de recursos. Ahora, las poblaciones locales no quieren que las empresas compen-sen a las comunidades con proyec-tos de desarrollo. Por el contrario, exigen que el pago de beneficios se dé bajo una lógica de una renta social que las autoridades puedan destinar a su gusto. Eso significa la entrega individual de dinero. Hua-maní sostiene que esto trae una serie de nuevos conflictos como corrupción, incremento de la po-breza, encarecimiento de la tierra, incremento de la delincuencia. “La apuesta deja de ser por un desarro-llo sostenible de la comunidad y se vuelve individual”, dice Huamaní.

Ese es un tipo de alarma que resulta importante aunque no figure en el mapa que presen-tamos para ilustrar esta nota. n

 

1Giselle Huamaní, experta en conflictos sociales: "El agua es el principal motivo de desencuentros".

1Mario Zúñiga, de Acción Solidaria para el Desarrollo: "El conflicto originado por la minera Afrodita está en plena escalada".

1Mineroducto de Xstrata, desde Las Bambas hasta Tintaya-Antapaccay. Será fuente de nuevos enfrentamientos.

1En cuatro años, 70 derrames han sufrido las comunidades de las cuencas del Corrientes, Pastaza y Marañón. El lote 8, como se ve, está encima de la Reserva Pacaya Samiria.

1El lote 88 promete más gas pero anuncia, al mismo tiempo, otros niveles de conflictividad. Al expandir la frontera de exploración, Pluspetrol enfrenta intereses específicos de la población originaria.

1Javier Torres Seoane, de Servicios Educativos Rurales: "Parece que el gobierno quisiera hacer estallar el conflicto de Las Bambas".

el gobierno regional de Loreto y la empresa Pluspetrol se están burlando peligrosamente de las comunidades

3viene de la página 34foto edwin julca foto edwin julca

foto jessica vicente