Presentación_Sesión 5

8/10/2019 Presentacin_Sesin 5

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Participacin Histrica en Elecciones Ciudadanas/Vecinales

PARTICIPACIN COMPARADAEN ELECCIONES VECINALES

Porcentaje de Lista Nominal Porcentale de Poblacin

Eleccin 1995 21.24% 14%Eleccin 1999 9.80% 7%

Eleccin 2010 8.87% 7.5%Eleccin 2013 12.03% 10.24%


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Temas Perdidos y Aparecidosde la Iniciativa 2000 a la Ley de 2004-2014

PROPUESTA INICIAL INICIATIVA FORMAL REACCIN DE LOSASAMBLEISTAS 2000

REFORMA 2004

Seccin de

PrincipiosClarificada

Igual Desconfianza Eliminada

Reducir losporcentajes

necesarios paraactivar los

mecanismos departicipacin

ciudadana

Igual Desconfianza Aprobada

Volvervinculatorios

Referndum y

Plebiscito

Igual Desconfianza Aprobada

Revocacin deMandato para

Jefe de Gobiernoy Delegados

Slo para Jefe deGobierno

Desconfianza Desapareci

AsambleasCiudadana

Igual| DesconfianzaMayor

Aprobadas

Tequio Desapareci --- ---Comits deVigilancia

---Contralora

Vecinal

Igual DesconfianzaMayor

Desapareci juntocon Revocacin

ContraloraCiudadana

(experiencia de CGDF)Comits

CiudadanosIgual Desconfianza Se desarrollan

atribuciones,comisiones y

funcionamientoConsejo

CiudadanoDelegacional

Consejos de losPueblos

[Papel de laSubsecretara de

PC]


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JEFATURA DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.CIUDAD DE MXICO

Bando Informativo Nmero 12

Sobre el derecho a la informacin y a la participacin ciudadana dentrode la actuacin pblica

Con fundamento en las facultades que me confieren la Constitucin Poltica delos Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno y la Ley de ParticipacinCiudadana, A LOS HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL HAGO SABER:

Que la sociedad exige mayor y mejor participacin de los ciudadanos, en losinstrumentos que dispone la Ley para la consecucin de los fines de participaciny corresponsabilidad en las decisiones pblicas.

Que para gobernar se requiere el fundamento filosfico de mandar obedeciendo,como elemento esencial de un gobierno democrtico.

Que la democracia no se limita nicamente a garantizar el derecho de losciudadanos a elegir sus autoridades, ni a consolidar instituciones representativas.La democracia exige la constante participacin de los ciudadanos. Es, como loestablece nuestra Constitucin, una forma de vida.

Que es prioritario y natural, dados los cambios democrticos producidos ennuestra sociedad, impulsar la evolucin de las instituciones de participacin yrepresentacin ciudadana, actualizando dichas instituciones a los requerimientos

de una sociedad participativa y corresponsable en la conduccin de la vidapblica.

Que la legitimidad de un gobierno se sustenta en el permanente conocimiento delas necesidades y aspiraciones colectivas de las ciudadanas y ciudadanos,requiriendo mecanismos eficientes de participacin ciudadana que logren laconsecucin de este fin.

Que una ciudadana informada es ms participativa y responsable de loscontroles que debe tener la actuacin pblica, y que por ello es necesariomejorar y ampliar su derecho a la informacin.

Que los principales actos del Jefe de Gobierno deben contar con el respaldociudadano.

Que las leyes y decretos discutibles, polmicas y de mayor trascendencia, debenser finalmente aprobadas por los ciudadanos.


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Que la transparencia en la conduccin y rendicin de cuentas es compromisoineludible de este gobierno democrtico y, por tanto, las instituciones debencontar con la regulacin correspondiente en la Ley de Participacin Ciudadana.

Que los ciudadanos cuenten con rganos de representacin y deliberacin en losque se discutan y evalen los programas de gobierno.

En razn de lo anterior, he decidido:

I. Cumplir con mi obligacin de mejorar las instituciones de participacinciudadana, sabiendo que las relaciones entre gobernados y gobernantesconducirn a estadios de mayor libertad, democracia, justicia, solidaridad ycorresponsabilidad en la conduccin de esta gran ciudad.

II. Suscribir ante ustedes la propuesta de nueva Ley de Participacin Ciudadanadel Distrito Federal, que enviar de inmediato a la Asamblea Legislativa, y que

pongo a consideracin de la ciudadana.

Mxico, Ciudad de la Esperanza, 18 de diciembre del ao 2000Atentamente

Andrs Manuel Lpez ObradorJefe de Gobierno del Distrito Federal


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INICIATIVA AMLO DE NUEVA LEY DE PARTICIPACIN CIUDADANA (2000)

EXPOSICIN DE MOTIVOS...Los mecanismos de participacin ciudadana previstos en la Ley se han mejorado.

Destaca en la propuesta la inclusin del Derecho a la Informacin, la Rendicinde Cuentas y la Revocacin de Mandato para que la ciudadana participeactivamente en la conduccin de las polticas pblicas.

...

Con estas propuestas se establecen el principio democrtico de mandarobedeciendo, rendicin de cuentas y revocacin de mandato. Estas ideas buscangarantizar que las ciudadanas y los ciudadanos intervengan en la elaboracin,ejecucin y supervisin de los actos de gobierno. Slo as podr cumplirsecabalmente con el sentido profundo de la Democracia: que el Pueblo se gobierne

a s mismo.

...

Sobr e la Rendi cin de Cuent as y la Revocaci n de Mandat os.

Se presenta a la consideracin de esta Legislatura un cambio de terminologa,fundamentacin y objetivo de la actual seccin dedicada a las quejas ydenuncias. Esta idea se sustituye con la de Rendicin de Cuentas, en la que losciudadanos pueden evaluar la actuacin de las autoridades, dejando de lado larestriccin actual a pasivas quejas y denuncias ante rganos de control de la

propia autoridad.

El proceso de rendicin de cuentas que se propone en esta iniciativa crea losespacios en los que debern actuar los Comits Vecinales de Vigilancia, y abretambin la posibilidad de que diversos sectores organizados de la sociedadcontribuyan con sus evaluaciones a mejorar la actuacin de las autoridades.

La idea de rendicin de cuentas hace efectivo, a nivel colectivo, el Derecho a laInformacin y lo entrelaza con el otro nuevo mecanismo de participacinciudadana que se propone, la Revocacin de Mandato. Esta institucin debe serentendida como el resultado de un proceso permanente de evaluacin que hace

la sociedad sobre sus autoridades. Por ello es que en los procedimientos ydeliberaciones que esta Ley propone, se subraya la necesidad de analizar laactuacin efectiva del Jefe de Gobierno a quien se pretende aplicar laRevocacin del Mandato. Primero los rganos de vigilancia vecinales, luego laAsamblea Legislativa y finalmente el electorado, evaluarn la actuacin del Jefede Gobierno.

...


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CAPITULO VII: DE LA TRANSPARENCIA Y DE LA RENDICIN DE CUENTAS

Artculo 60. Los habitantes de la Ciudad tienen el derecho de recibir de susautoridades informes generales y especficos acerca de la gestin de estas y, a

partir de ellos, evaluar la actuacin de sus servidores pblicos.

Artculo 61. Las Asambleas Vecinales, los Comits Vecinales, y los Comits deVigilancia vecinal tienen derecho a que el Jefe de Gobierno les rinda cuentasacerca de las polticas, programas, servicios, obras y cualquier otro acto queafecte su Ciudad, Unidad Territorial, colonia, barrio, pueblo o unidadhabitacional.

.Artculo 62.Las Asambleas Vecinales evaluarn las acciones de sus respectivosComits Vecinales, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, hacindolo pblicoen su Unidad Territorial para conocimiento y debate en la respectiva Asamblea

Vecinal.Artculo 63. Las ciudadanas y ciudadanos podrn participar con derecho a voz enlos comits de obras y adquisiciones de todos los niveles de gobierno de la Ciudady como miembros de pleno derecho en los patronatos, consejos deadministracin y juntas de gobierno de los organismos pblicos descentralizadosy empresas paraestatales, de acuerdo a lo sealado en las leyescorrespondientes.

Artculo 64. Las ciudadanas y ciudadanos; las Asambleas, Comits y Comits deVigilancia Vecinales; en caso de inconformidad, remitirn la evaluacin de la

rendicin de cuentas ante la Asamblea Legislativa; ante la Contralora Generaldel Distrito Federal, para su anlisis correspondiente.

En los trminos de la presente Ley, tambin podrn solicitar a la AsambleaLegislativa que inicie el procedimiento de revocacin de mandato.

CAPITULO VIII: DE LA REVOCACIN DEL MANDATO

Artculo 65. Una vez realizada la evaluacin del desempeo del Jefe de

Gobierno, podr remitirse a la Asamblea Legislativa una solicitud de Revocacindel Mandato.

Esta solicitud proceder, a juicio de las dos terceras partes de los integrantes dela Asamblea Legislativa, si est debidamente fundada y estn documentadoshechos graves que ameriten sanciones administrativas de inhabilitacin paraejercer cargos pblicos; o conductas ilcitas de carcter penal; siempre deacuerdo a lo establecido por la Ley Federal de Servidores Pblicos y por el Cdigo


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Penal del Distrito Federal. La solicitud deber ser avalada por el 30% de losciudadanos inscritos en el padrn electoral del Distrito Federal.

Artculo 66. La Asamblea Legislativa revisar la solicitud de Revocacin deMandato, con base en las documentales aportadas por los solicitantes. El Jefe de

Gobierno, por s o por representante, tendr derecho a argumentar en su defensadurante las sesiones de Comisiones y del Pleno en que se debata este asunto.

Aprobado por las dos terceras partes de sus miembros el Proceso de Revocacinde Mandato, la Asamblea Legislativa dar aviso al Instituto Electoral para queste inicie los trabajos de convocatoria, difusin y preparacin correspondientes.

No podr haber Proceso de Revocacin de Mandato en el ao en que el Jefe deGobierno deba ser sustituido en elecciones ordinarias.

El Instituto Electoral se asegurar que las opciones que se presenten al

electorado en el Proceso de Revocacin de Mandato reciban equitativa difusin.

Artculo 67. Se requerir de la votacin afirmativa de las dos terceras partes delos inscritos en el padrn electoral correspondiente para que se consume laRevocacin del Mandato. El funcionario revocado dejar su puesto en un plazono mayor a dos meses, fecha en que el substituto nombrado de acuerdo a la Leytomar su lugar.


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relacionar a los habitantes del entorno en que hayan sido electoscon los rganos poltico administrativos de las demarcacionesterritoriales para la supervisin, evaluacin, y gestin de las demandasciudadanas en temas relativos a servicios pblicos, modificaciones aluso de suelo, aprovechamiento de la va pblica, verificacin deprogramas de seguridad pblica, verificacin de giros mercantiles, enel mbito y competencia de los rganos poltico administrativos de lasdemarcaciones territoriales.(artculo 80,LPCDF 1998)

(Mis subrayados.)

Como puede observarse, la representacin que se conceda a los comitsvecinales de 1998 era la de relacionar a los habitantes con los gobiernos delegacionales(que eso es lo que significa el crptico trmino rgano poltico administrativo de lademarcacin territorial3). El objeto de la relacin estaba muy acotado: supervisar,evaluar, y gestionar las demandas ciudadanas que se presentasen ante las autoridadesdel muncipio/delegacin. La temtica de lo que poda demandarse a las delegaciones

estaba an ms restringida: servicios pblicos, modificaciones al uso de suelo,aprovechamiento de la va pblica, verificacin de programas de seguridad pblica,verificacin de giros mercantiles. Es decir, los comits vecinales se conceban comoventanillas de gestin y queja que ligaran supuestamente en democracia a laciudadana con sus gobiernos municipales/delegacionales.

Para subrayar que los comits vecinalesNO eran rganos de gobierno, el artculo81de la Ley de 1998 expresamente sealaba que Estos rganos sern independientesy tendrn atribuciones distintas de las funciones y responsabilidades de los rganosde gobierno.

Sin embargo, desde la Ley de 1998, la regulacin de la eleccin de los comitsvecinales los empataba conceptualmente con los rganos de gobierno democrticos.Su periodo era de tres aos, igual al de los gobiernos municipales/delegacionales y lasdiputaciones en la Asamblea Legislativa. (artculo 83, LPCDF 1998) Su eleccin estabaorganizada por el organismo pblico autnomo encargado de las elecciones de todoslos rganos de gobierno, el INSTITUTO ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL; el cual deberaaplicar la norma electoral general con slo algunas salvedades que la Ley deParticipacin Ciudadana detallaba. (artculo 90, LPCDF 1998) Las conroversias que sedieran en la eleccin se dirimiran ante el TRIBUNAL ELECTORAL DEL DISTRITO FEDERAL.(artculo 95, LPCDF 1998) La protesta de los comits se daba ante la autoridad

3Las razones por las cuales se prefieren, an hoy en da, trminos tan complejos para designar cosas tan simples es un inusitado (ydemocrticamente inexplicable) temor reverencial a violar la norma al hablar de las instituciones del Distrito Federal. Pese a losconstantes incrementales triunfos demcrticos que la ciudadana ha tenido en nuestra entidad federativa desde el plebiscito de1993, los abogados que han escrito las normas de los gobiernos democrticos han sido medrosos y miedosos en sus definiciones.Mientras la ciudadana avanza reclamando participacin ciudadana y electoral equivalente a la que gozan sus vecinos mexiquensesen los municipios; mientras la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIN reconoce que las delegaciones tienen derechos deinterposicin de controversia constitucional iguales a los de los municipios de otras entidades federativas; esos abogadosformalistas no se atreven a llamar municipios a las delegaciones y, como se puede ver, ni siquiera se atreven a decir delegacin,prefiriendo el abstracto rgano poltico-administrativo de la demarcacin territorial que no es un nombresino una definicin.


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electoral. (artculo 97, LPCDF 1998) Es decir, en todo su proceso de gestacin, loscomits eran iguales a los rganos de gobierno, pero ellos mismos no lo eran.

Como parte de la confusin conceptual respecto de la naturaleza de los comitsvecinalesestaba la pretensin purista de que los mismos no deban ser contaminados

por la accin de los partidos polticos. As, las planillas que contendiesen en la eleccinde los comits en ningn caso se podrn identificar a travs de colores o nombres. Suidentificacin ser solamente por nmero y ste corresponder al orden en que seaninscritas. Los Partidos Polticos ni funcionarios del gobierno del Distrito Federalpodrn participar en el proceso de integracin de los Comits Vecinales. (artculo94,LPCDF 1998)

En este punto vale la pena hacer una primera incursin terica para explicarnosel modo en que estn construidas las instituciones de la participacin ciudadana en elDF.

1.1. Reflexin sobre el papel de los partidos polticos en una democracia partidipativa.-

A partir de mi experiencia en la dicesis catlica de San Cristbal de Las Casas y enorganizaciones derivadas del movimiento navista en San Luis Potos, puedo afirmar quela an vigente pretensin de excluir a los partidos polticos de las elecciones de comitsciudadanos vecinales proviene de una desconfianza con un doble origen. Por unaparte, nace de una narrativa antropolgica idealizada que supone que las comunidadesindgenas mexicanas representan una supervivencia de una comunidad humana ideal,cara-a-cara, en la cual no es necesaria la representacin poltica de las divisiones deopinin porque esas divisiones, facciones, no existen. De acuerdo a esta narrativa,

estas comunidades idealizadas, por supuesto, son un ejemplo a seguir para todos losmexicanos. En la lgica de esta narrativa, la accin de los partidos polticos en lascomunidades indgenas se entiende como divisionismoy contraria a la creacin de losconsensos indispensables para la vida comunitaria.

Otra fuente de la pretensin anti-partidista proviene de la experiencia de lasorganizaciones de la sociedad civil en la ltima etapa del rgimen autoritario mexicano(1982-1997), en la cual insertarse en el sistema de partidos polticos significaba unatraicin a los ideales de autonoma de la sociedad civil. Esta raz de la desconfianza,paradjicamente, es comn a las Derechas Izquierdas mexicanas: el viejo sinarquismo

mexicano (1940-1960) siempre vio la participacin del PAN en el sistema de partidoscomo una concesin indebida al impo rgimen postrevolucionario4 y lasorganizaciones maostas5 que desarrollaron cientos de organizaciones en colonias

4Sobre el sinarquismo, vense, de Jean Meyer El Sinarquismo Un fascismo mexicano? 1937-1947(Mxico: JOAQUN MORTIZ, 1979) ElSinarquismo, el cardenismo y la Iglesia (1937-1947)(Mxico:TUSQUETS,2003).

5 El apartidismo de las organizaciones maoistas est menos documentado, pero sobre su fundamento puede consultarse larecopilacin de textos realizada por el PARTIDO DEL TRABAJO bajo el ttulo Paradigmas y Utopas: Lnea de Masas (Mxico: 2001),especialmente los ensayos de Adolfo Orive Berlinguer (Poltica Popular) Por una Lnea de Masas (pp. 161-210), Alberto Anaya El


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urbanas populares y ejidos (1970-1988) abiertamente rechazaban la participacinelectoral.6

La tragedia de la sociedad civil es que, en un rgimen republicano, slo a travsde partidos polticos es como se puede acceder plenamente a los espacios de decisin

democrtica.

Esta dura realidad puede probarse al analizar la experiencia del navismopotosino (1958-1998). Este movimiento ha sido idealizado como el ejemplo ms puro dela movilizacin ciudadana no partidista. Lo cierto es que el navismo se articul desde unprincipio (1958) dentro del sistema de partidos.7Nava y el primer navismo de los 1950sformaron un movimiento cvico en armona con la lucha que entonces pretendi dar laFederacin (Presidente Lpez Mateos) en contra de los cacicazgos regionales quehaban sobrevivido a la centralizacin cardenista de 1934-1940, como el de Gonzalo N.Santos. El navismo, ms que anti-pristaera anti-santistay por ello no tuvo problema enadaptarse a los regmenes potosinos reformistas que siguieron a la represin contra elprimer navismo en 1961.8Aos ms tarde, intelectuales como Carlos Monsivis explicaronel periodo 1961-1983 como una acumulacin de fuerzascivilista, un destierro interior deresistencia anti-caciquil del navismo. Lo que pas en realidad fue un acomodo razonable,en el que gobernadores pristas como Manuel Lpez Dvila (1961-1967) y Antonio RochaCordero (1967-1973) adoptaron muchos elementos del programa y estilo de gobiernonavista. En estas condiciones, los electores ciudadanos formados por el primer navismono tenan problema en votar PRI abstenerse, pues el tipo de poltica que ellos proponanestaba aplicndose de facto. Slo cuando la imposicin de Carlos Jonguitud Barrios (1979-1985) rompi ese arreglo es que el navismo volvi a enfrentarse en las elecciones al PRI.Ciertamente, si el Dr. Nava mismo no era originalmente anti-prista ni anti-partidista,

muchas personas y comunidades en el movimiento que se forj alrededor de su figuras lo eran.9Para esos elementos, la mayor parte de los cuales eran de raz catlica, el

Partido Lnea de Masas Post-Revolucin Cultural (pp. 211-215), Classe e Stato, La Dialctica Partido-Masas en la Teora China (pp. 113-122) y Robert Guilln, Un Partido sin Mandarines, (pp. 147-154). De Orive Berlinguer vale la pena tambin consultar su libro La difcilconstruccin de una utopa(Mxico: UNAM/MS ACTUAL MEXICANA DE EDICIONES, 2003). Sin ambargo, cmo operaba el anti-partidosmo en laprctica es ms fcilmente observable en Mara del Crmen Legorreta Daz, Religin, poltica y guerrilla en Las Caadas de la SelvaLacandona(Mxico: CAL Y ARENA, 1998).

6Estas dos races de la desconfianza ante los partidos polticosse puede apreciar en los dilogos entre el Subcomandante Marcosy laSeora Sociedad Civil en los comunicados del EJRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIN NACIONAL (EZLN) en la segunda mitad de los aos1990s.

7Carlos Martnez Assad recupera las ligas originales de Salvador Nava son el P ARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONALen un muy buen

artculo de divulgacin : Las mil y una luchas de Salvador Nava, en Relatos e Historias en Mxico (Mxico: INAH) Ao 6 72(Agosto 2014): pp. 60-69 (63). Para ms detalles vase, del mismo autor, Nava: de la rebelin de los coheteros al juicio poltico,en Carlos Martnez Assad (Coord.) Municipios en conflicto(Mxico: IIS-UNAM/GVEDITORES, 1985): pp. 55-74.

8Sobre esta adaptacin, consltese Javier Padrn Moncada, Los Bombazos de 1975 en SLP: Terrorismo de Estado (el Rochismo y laGuerra Sucia), (San Luis Potos: 2005) Publicacin en internet difundida por el C ENTRO DE ESTUDIOS SOBRE LOS MOVIMIENTOS ARMADOS(CEDEMA) (http://www.cedema.org).

9Vase el texto clsico del primer navismo (1958-1961): Antonio Estrada M., La grieta en el yugo. El libro asesinado en San Luis Potos.(San Luis Potos/Mxico: EDICIN PRIVADA/JUS?, Junio 1963).


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navismo de la lucha contra el cacique Santos deba evolucionar naturalmente en unalucha contra el rgimen prista en lo general (1958-1961) y contra la partidocracia enparticular (1980-1998). Esta aspiracin era muy clara en el segundo navismo de los1980s, aunque para entonces la raigambre catlica estaba atemperada por el discursopost-conciliar (comunidades eclesiales de base, teologa de la liberacin). Con todo, la

tragedia del navismo-movimiento es que no pudo construir una institucin permanenteque le permitiese acceder al poder.10En la inmensa zona urbana de la capital potosina,que concentra dos terceras partes de la poblacin total del Estado, la movilizacinnavista fue canalizada electoralmente por el PARTIDO ACCIN NACIONAL (PAN) desde1989. En la Huasteca Potosina esa misma movilizacin deriv en la constitucin deorganizaciones sociales indgenas y campesinas que han tenido una deriva electoral afavor del PARTIDO DE LA REVOLUCIN DEMOCRTICA (PRD).11Luego de la muerte del DoctorNava, y ante la institucionalizacin de la accin electoral de los navistas de Derechas enel PAN, se constituy NAVAPARTIDO POLTICOcomo organizacin estadual. Este partidopotosino tuvo una muy corta vida, pues sus potenciales votantes urbanos vean mseficaz votar PAN y los rurales (en la Huasteca) votar PRD.12

10No existe, que yo sepa, un estudio que ahonde en la complejidad sociolgica del segundo navismo. Sugiero aqu una gua delectura para entender este movimiento : (1) Frente Cvico Potosino (FCP), Anlisis y Balance del as Elecciones. San Luis Potos, 1991(SanLuis Potos: FCP, 1991). Este volmen contiene el recuento inmediato de la eleccin para gobernador de 1991 y sirve tanto paradocumentar el fraude cometido en contra del navismo ese ao (su objetivo explcito), como para establecer el territorio en el cual elsegundo navismo tena realmente impacto (la mayoritaria zona urbana del Estado).- (2) Manuel Nava Calvillo (el hijo ms radical del Dr.Nava) y Claudia Ostegun presentaron en un seminario de la UNAM, en 1996, un relato de primera mano respecto de los dosmomentos del movimiento en una ponencia titulada El Navismo, historia y lucha de un pueblo, publicada ms tarde en DanielCazs (Coord.) Creacin de alternativas en Mxico(Mxico: CIICH-UNAM, 1999), pp. 305-334. Paradjicamente, pese a que Manuel Nava esuno de los crticos ms duros de la partidocracia actual, su relato seala la inevitable necesidad de los partidos polticos para laorganizacin de alternativas viables en la poltica republicana.- (3) Alejandro Caballero, Salvador Nava: las ltimas batallas (Mxico: LAJORNADA, 1992). Este libro, prologado por Carlos Monsivis, es hoy da el cnon de la leyenda navista. Tiene los defectos y bellezas de toda

hagiografa.- (4) Rafael Puente; scar Rodrguez y Alejandro Nava, Nava vive, la lucha sigue (San Luis Potos: FRENTE CVICO POSTOSINO,1993). Este libro es un recuento de la emergencia del segundo navismo, que permite entenderlo como parte del gran movimientodemocratizador del fin de siglo pues los autores rescatan las solidaridades y apoyos de diversas organizaciones y personajes nopotosinos.- (5) El Ayuntamiento 1991-1993 de Saltillo y el Instituto Mexicano de Estudios Polticos (IMEP) publicaron las ponencias delForo Democracia Ya realizado en Octubre-Noviembre de 1992 (Saltillo, Abril de 1993), en el cual se puede apreciar cmo era visto elsegundo navismo por el resto del movimiento democrtico mexicano en el fin de siglo y cmo los navistas supieron movilizar a su favorlos espacios de gobierno conquistados por sus aliados.- (6) En 1998, la Escuela de Capacitacin Cvica (ECC) una de las organizacionesherederas del movimiento navista, convoc al Seminario Una sociedad que se construyeen la ciudad de San Luis Potos para debatiracerca de los modelos de educacin apropiados para una nueva sociedad democrtica. La memoria de este evento (San Luis Potos,Enero 1998) es una muestra clara de cmo el ltimo navismo se separ poco a poco de la lucha electoral y se afili a los crticoscomunitaristas de los partidos polticos.-

11 Sobre este caso particular, vase el magnfico libro de Mara Artemisa Lpez Len, El Frente Ciudadano Doctor Salvador NavaMartnez: Democracia y cultura poltica en el sur de la Huasteca Potosina (Mxico: CIESAS/COLSAN/UASLP, 2008).

12En este punto suele enredarse otro tema actual de la democracia mexicana: la cuestin de la partidocraciay su supuesta solucin,las candidaturas ciudadanas. El autor de este texto cree que se deben permitir estas ltimas, pero que debe reconocerse elgravsimo riesgo de que a travs de ellas empresarios polticos individuales colonicen sin control y sin lmites institucionales ideolgicos el sistema electoral. Ciertamente, nuestra Repblica no ha presenciado ejemplos extremos como el de Berlusconi enItalia el de Putin en Rusia; pero la fantochada representada por el Dr. Simi hace una dcada debera advertirnos sobre losinconvenientes de liberar a la sociedad civil del formato republicano de los partidos polticos. Si se analiza la trayectoria polticadel otro gran candidato independiente de los aos recientes, Jorge G. Castaeda, se ver cmo son necesarios los controlesideolgicos ( al menos discursivos) que los partidos polticos imponen a sus candidatos. Es confiable un candidato presidencialque por una parte se ala abiertamente con Elba Esther Gordillo y el ms recalcitrante corporativismo sindical de viejo rgimen y porla otra pregona una librecambista reforma petrolera? La suma de las contradicciones indica que el nico comn denominador es elservir a intereses materiales creados, que es precisamente lo que hace un political entreprenueurcomo agente libre.


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La situacin de Chiapas luego de 1994 es otra experiencia que demuestra elcallejn sin salida al que lleva prescindir de los partidos polticos en una democraciaparticipativa. All tenemos, por una parte, una organizacin popular increblementedensa (el EJRCITO ZAPATISTA DE LIBERACIN NACIONAL, EZLN) que en la mitad oriental delEstado pudo construir una organizacin poltica alterna al Estado Mexicano, desde

abajo, prescindiendo de los partidos polticos. (Municipios Autnomos agrupadosregionalmente en Juntas de Buen Gobierno.) Por otra parte, el occidente y sur delEstado, en donde la hegemona del EZLN no se dio, han debido organizarse a travs delos partidos polticos tradicionales. Este arreglo fue muy funcional en 2000, cuando uncandidato trnsfuga del PRI (Pablo Salazar Mendigucha) logr forjar una coalicin queinclua al PRD, al PAN y a los disidentes del PRI al tiempo que negoci con el EZLN unacuerdo de respeto mutuo. La eleccin chiapaneca de 2000, en este sentido, fue unaeleccin fundante. Desde entonces, ningn gobernador en su sano juicio se podraposicionar pblicamente como enemigo de los zapatistas (lo que s hicieron los dosltimos gobernadores del viejo rgimen, Ruiz Ferro y Albores Guilln). El problema esque la mezcla del modelo de gubernatura salazarista con la hegemona zapatista (queideolgicamente penetra a toda la comunidad poltica del Estado) ha vaciado lasplataformas ideolgicas de los partidos polticos. Mientras el candidato a gobernadorasegure el statu quode respeto mutuo con los zapatistas, la bandera poltica conquecompita es irrelevante. As, Salazar Mendigucha gan con una coalicin multipartidistaen 2000; Juan Sabines Guerrero triunf en 2006 con la candidatura del PRD; y en 2012Manuel Velazco Coello triunf con la candidatura del PVEM-PRI (en ese orden, pues elPRI an est demasiado deslegitimado en Chiapas). Por ms que ha durado mucho(tres lustros), este arreglo es inestable. Permite, entre otras cosas, que el EjrcitoFederal mantenga una estrategia contrainsurgente anti-zapatista y que los grupos msconservadores del Estado se fortalezcan poco a poco. El EZLN, por su parte, no tiene

modo de incidir, y mucho menos de controlar, el aparato de gobierno chiapaneco. Elarreglo salazarista le permite al EZLN poner lmites a los gobernadores en el oriente delEstado, pero no influir en quin gobierna en el occidente y sur. Mientras los gobiernosautnomos zapatistas prosperan en la regin indgena; en las zonas no-zapatistas, lasorganizaciones ciudadanas languidecen y florece lo peor de la corrupcinpartidocrtica. El caso demuestra, en este sentido, las terribles consecuencias de unsistema de partidos polticos no ligado a las organizaciones populares. La solucinobvia al problema chiapaneco es un anatemapara todos: una alianza entre el EZLN y laizquierda electoral (ayer el PRD, hoy MORENA) en la cual la direccin ideolgica quedeen el campo zapatista. Slo as se ligaran organizacin de base y sistema de partidos

polticos.

Luego de esta reflexin general acerca de la liga entre participacin ciudadana ypartidos polticos, regreso al Distrito Federal.


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1.2. La suspensin de las elecciones vecinales de 2002.-

De acuerdo con Sergio Zermeo, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM,en la eleccin de comits vecinales de 1999 (primera y nica realizada bajo la Ley de1998) hubo una participacin mnima, inferior al 10%.13 En ella participaron apenas

575,000 personas de una lista nominal de 5889,985 en una entidad con 8214,286habitantes. Es decir, particip 9.8% de los votantes registrados y menos del 7% de losvotantes potenciales. Esta baja participacin es ms grave si se le compara con la decomicios previos. En la eleccin constitucional de 1997 (la primera de la era democrticaen el DF, cuando Cuauhtmoc Crdenas gan la Jefatura de Gobierno) participaron3866,943 votantes efectivos, es decir, 65.65% de la lista nominal y 47.10% de lapoblacin.

Incluso cuando se compara la eleccin vecinal de 1999 con su equivalente bajo elagonizante viejo rgimenen el DF (la eleccin de 365 Consejeros Vecinalesen Noviembrede 1995) sus resultados son desastrosos. En 1995, la lista nominal era de 5439,687

votantes y participaron 1155,455, es decir el 21.24% de los votantes inscritos yaproximadamente 14% de la poblacin total del DF.14En resumen, la ltima eleccin deviejo rgimen tuvo el doble (!) de participacin que la primera del nuevo rgimen.

PARTICIPACIN COMPARADAEN ELECCIONES VECINALES

Porcentaje de Lista Nominal Porcentale de Poblacin

Eleccin 1995 21.24% 14%Eleccin 1999 9.80% 7%Eleccin 2010 8.87% 7.5%Eleccin 2013 12.03% 10.24%

Esta situacin merece un anlisis ms detallado. Manuel Larrosa Haro,investigador de la Universidad Autnoma Metropolitana Iztapalapa, seala que en ellargo camino de la democratizacin poltica del Distrito Federal, la dcada de losochenta es un tiempo fundamental para entender los cambios de los aos noventa. Para Larrosa Haro,los efectos polticos de los sismos de 1985, en los que se acentu ladiscrecionalidad en el uso del poder gubernamental evidenciaron la ausencia deespacios en la comunicacin y la organizacin entre ste (el poder gubernamental) y la

13Sergio Zermeo, La participacin ciudadana bajo los gobiernos perredistas del Distrito Federal (1997-2003) en Alicia Ziccardi,

Participacin Ciudadana y Polticas Sociales del mbito Local, op.cit., pp. 145-166 (153).

14La comparacin que sugiere Zermeo entre las elecciones vecinales de 1995 y 1999 es relevante porque, pese a la gran confusinque reinaba en el pas y en Distrito Federal luego de la Rebelin del Ao Nuevo de 1994 y de la reforma electoral federalsubsiguiente que entre otras cosas ciudadaniz el IFE la ciudadana mostr ms inters en ese ejercicio que en el realizado ya entiempos de Democracia. Sobre el contexto y los confusos detalles de la eleccin de 1995, vase Manuel Larrosa Haro, El DistritoFederal en 1995: Las elecciones de Consejeros Ciudadanos del 12 de Noviembre, en Manuel Larrosa Haro & Leonardo Valds,Elecciones y Partidos Polticos en Mxico, 1995, (Mxico: UAM-IZTAPALAPA/CENTRO DE ESTADSTICA Y DOCUEMNTACIN ELECTORAL/FUNDACINRAFAEL PRECIADO HERNNDEZ, 1998), pp. 83-91. Visible en http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=1762 (obra completa)yhttp://biblio.juridicas.unam.mx/libros/4/1762/11.pdf(ensayo citado).


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Haro & ValdsISBN 970-654-331-7

85% menos que Paradjicamentees 37% menos que el total de votantes en la eleccin vecinal de 1995 y


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PRINCIPIOS

Iniciativa de 2000

Artculo 2.-La participacin ciudadana debe regirse por los siguientes principios:

I. Democracia sustentada en la igualdad de todos las ciudadanas, ciudadanos yhabitantes, sin distincin de clase econmica y/o social, credo, origen tnico o nacional,gnero o preferencia sexual, edad, condicin fsica o de salud, posicin poltica oideolgica, o cualquiera otra causa de diferenciacin social. La Democracia de losiguales implica la bsqueda perpetua de la igualdad de oportunidades para todas lasciudadanas, ciudadanos y habitantes, bsqueda que compete a todos ellos comomiembros de la comunidad poltica que sustenta a la sociedad civil y al Estado.Especficamente, la Democracia busca que las ciudadanas, ciudadanos y habitantesejerzan de modo permanente y ordenado el poder que la Constitucin y las Leyes lesotorgan, sea de modo directo en sus comunidades inmediatas, o por medio de lainfluencia en la toma de decisiones pblicas que la Ley establece;

II. Corresponsabilidad, entendida como el compromiso compartido de acatar, porparte de la ciudadana y el gobierno, los resultados de las decisiones mutuamenteconvenidas. La autoridad debe reconocer y garantizar los derechos de los ciudadanos adecidir y proponer sobre los asuntos pblicos. Por otra parte, la ciudadana debeapoyar a las autoridades legtimamente electas y designadas, obedeciendo losmandatos legalmente fundados y motivados y exigiendo de las autoridadestransparencia y honestidad por los medios que la Ley provea. La participacinciudadana es condicin indispensable para un buen gobierno y no sustitucin de lasresponsabilidades del mismo;

III. Inclusin, entendida esta como el nico fundamento de una sociedad democrtica yde una gestin pblica socialmente responsable. Todas las ciudadanas, ciudadanos yhabitantes de la entidad tienen el deber de practicar la inclusin, entendida sta comola aceptacin doble del Otro y del dilogo con el diferente. Por su parte, los actos deautoridad deben procurar englobar, comprehender y sopesar en igualdad todas lasopiniones de quienes participan en el debate de la cosa pblica. La autoridad quemanda obedeciendo reconoce las diferencias y desigualdades en el cuerpo poltico ypromueve, por medio de la inclusin de todos, el desarrollo equitativo de la sociedad yde los individuos que la conforman;

IV. Solidaridad, entendida sta como la disposicin de toda persona para asumir losproblemas de los otros como propios; procurando eliminar todo egosmo o intersparticular ilegtimo; propiciando el desarrollo de relaciones fraternales entreciudadanas, ciudadanos y habitantes desde las comunidades inmediatas hasta el nivelnacional; elevando y perfeccionando la sensibilidad personal y colectiva acerca de lanaturaleza de los problemas individuales, comunitarios y polticos; nutriendo y


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motivando acciones para enfrentar colectivamente los problemas comunes; yasegurando a cada individuo el apoyo irrestricto de su comunidad poltica;

V. Legalidad, entendida sta como la garanta de que los actos de gobierno sernsiempre apegadas a lo que marquen la Constitucin general, las Leyes federales y

estatales, y la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nacin;

VI. Informacin plena y oportuna, entendido como el deber de la autoridad deasegurar siempre a la ciudadana el acceso a la informacin necesaria, tanto paraparticipar en la toma de decisiones como para evaluar las decisiones de losgobernantes. El gobierno tiene la obligacin expresa de informar, difundir, capacitar yeducar polticamente a la ciudadana

VII. Respeto, entendido como la obligacin de reconocer la dignidad intrnseca de todapersona humana y de toda asociacin de personas, sin discriminacin alguna por causade clase econmica y/o social, credo, origen tnico o nacional, gnero o preferenciasexual, edad, condicin fsica o de salud, posicin poltica o ideolgica, o cualquieraotra causa de diferenciacin social. El respeto deber manifestarse, antes que nada,ante la libertad individual de elegir cundo y cmo se participa en la vida pblica ypoltica del Distrito Federal;

VIII. Tolerancia, entendida como el reconocimiento y respeto a la diferencia y a ladiversidad de visiones y posturas sustentadas libremente por cada individuo, o grupode individuos, que formen parte del cuerpo poltico y social. Este reconocimiento debeconsiderarse elemento esencial en la construccin de consensos entre la ciudadana yentre ciudadanos y gobernantes.

IX. Sustentabilidad, entendida esta como la responsabilidad de que las decisionesasumidas en el presente aseguren a las generaciones futuras el control y disfrute de (a)los recursos naturales del entorno; (b) las culturas propias de las diversas comunidadesque forman Mxico; y (c) los ecosistemas culturales creados por dichas comunidades;y

X. Pervivencia Democrtica, entendida como la responsabilidad compartida porciudadana y gobierno de garantizar que las prcticas democrticas se generalicen yreproduzcan; de modo tal, que aseguren el desarrollo, ahora y en el futuro, de una

cultura ciudadana crtica, activa, responsable y propositiva.


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PRINCIPIOS

Texto de 2004-2014

Artculo 3.- Son principios de la Participacin Ciudadana, los siguientes:

I. Democracia.

II. Corresponsabilidad.

III. Pluralidad.

IV. Solidaridad.

V. Responsabilidad Social.

VI. Respeto.

VII. Tolerancia.

VIII. Autonoma.

IX. Capacitacin para la ciudadana plena.

X. Cultura de la Transparencia y Rendicin de Cuentas.

XI. Derechos Humanos.

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