PRESENTA FUNDAMENTOS EN CALIDAD DE ... - Poder...
Transcript of PRESENTA FUNDAMENTOS EN CALIDAD DE ... - Poder...
P R E S E N T A F U N D A M E N T O S EN C A L I D A D DE A M I C U S C UR IA E
Señores Jueces,
Fundación P o d e r C iu d a d a n o , Capítulo Arge n tin o de T ra n s p a re n cy
International, representada en este acto p o r Pablo Secchi, en su carácter
de D ire c to r E je cu tivo , tal c o m o surge de la copia simple del p o d e r y
estatuto de la fundación que se a co m p a ñ a n ; con el patrocinio letrado del
D r. H u g o W o r tm a n , abo gado, inscripto bajo el T e 104 F9 597 C .F .A .S .M , con
dom icilio ele ctrónico usuario 20162 8 7 8 7 7 9 , con sede en la Fu n d a ció n
P o d e r C iu d a d a n o , con domicilio legal constituido en la Av. Illia 175, Ciudad
de San Luis, de la Ciudad A u t ó n o m a de Buenos Aires, en los autos:
" Z A V A L A M A R IO ED G A R Y FREIXES SERGIO G U S T A V O s/ A V .IN F . A R T 149
BIS P ÁR RA FO 29 y 149 TER AP. 2 9 S U P U E S T O A " , EXPTE. N°: 1 7 4-Z -05, a V.E.
digo:
I. O B JE T O
Q u e c o n fo rm e lo resuelto p o r este tribunal con fecha 14 de junio dél
corriente año en el cual se tu vo por constituida a la Fundación Poder
C iu d a d a n o bajo la figura de A m ic u s Curiae, v engo a presentar escrito form al
d e n tro del plazo establecido, con el objeto de acercar al Tr ib u n a l
consideraciones jurídicas relativas a diversos principios y a rg u m e n to s de
d e re ch o constitucional, nacional e internacional de relevancia para la
resolución del caso de referencia, sobre to d o en lo qu e respecta a la
protección de las form as republicanas de g o b ie rn o c o m o pilar básico para
un Estado d e m o c rá tico de derecho, haciendo énfasis en la independencia
del Pode r Judicial y el d erecho h u m a n o de acceso a la justicia.
II. B R EV E R ES E Ñ A DE LOS H E C H O S
En el m es de junio del año 2004, c o m o consecuencia de una
modificación en la Ley Orgánica de Administración Judicial, la provincia de
San Luis amplió la estructura del poder judicial. Como consecuencia de esta
ampliación, el Consejo de la Magistratura local convocó a concursos
públicos, y de manera simultánea también se convocó a concursos para
cargos preexistentes.
El proceso de selección de jueces estaba a cargo de los ministros
Sergio Freixes y Dr. Zavala quienes presidían el Ministerio de Legalidad y
Relaciones Institucionales de la Provincia de San Luis, órgano de la
administración provincial encargado de “proponer" al senado de la
provincia la terna de aspirantes para los cargos de jueces.
La Dra. Gretel D iam ante —A gente Fiscal N§ 3 de Villa M e rce d e s- , fue
una de las funcionarías que, al igual que otros tantos postulantes, se
presentó a concursar para varios de los cargos convocados. Fue en ese
con texto que t o m ó c o n ocim iento de que a lre d e d o r de 11 (on ce) de las
personas que integraban las ternas seleccionadas y que habían sido las
propuestas ante el Senado por el Pode r Ejecutivo Provincial, para o cupa r
los respectivos cargos, habían sido com pelidos, p o r parte de los ministros
citados, a f irm ar antic ipadam ente, de form a coactiva, la carta de su
renuncia a los cargos para los cuales se les había req uerido y o to rg a d o el
acuerdo del Senado Provincial.
P u n tualm en te, en el transcurso del mes de m arzo del a ño 2005 el
m e n c io n a d o M inistro Freixes inform a en conferencia de prensa qu e tres
juezas han presentado su renuncia. Una de ellas es la Dra. M arina Ziliotto,
quien habría co n firm a d o a la Dra. D iam ante en com unicación telefónica
qu e la habían " re n u n cia d o " . Le habría c o m e n ta d o con m a y o r detalle que
2
países desarrollados. El sentido específico de la teoría de la división de
pod eres se e n c am ina a asegurar el goce efectivo de la libertad del
individuo, a través de la fragm entac ión del p o d e r del Estado y de la
existencia y fu n cio n a m ie n to de diversos órganos que, al d e s e m p e ñ a r
se p a ra d a m e n te y co o rd in a d a m e n te las funciones estatales, se con tro la n y
frenan recíprocam ente , im p id ie n d o qu e cada uno de ellos exceda su
com p e te n cia constitucional con el consiguiente d e tr im e n to de la libertad
de los habitantes.
De esta m anera, nuestra Constitución Nacional establece en su Art.
1 la fo rm a de g o bierno "representativa, republicana y federal"
estableciendo c o m o base fu n d a m e n ta l la división de poderes para el
desarrollo correcto de un estado de derecho. Esta división de poderes
implica no sólo una colaboración funcional entre todos los órganos del
estado respetando un m ín im o de a u to n o m ía para el ejercicio de las
funciones que se les reconocen p o r m a n d a to constitucional, sino ta m b ié n
la necesidad de la indepen dencia del Poder Judicial, un p o d e r qu e sea
capaz de establecer los límites y alcances de las facultades del resto de los
p od eres del Estado.
La indepen dencia tanto externa c o m o interna del P oder Judicial,
principio fu n d a m e n ta l del estado de derecho, se encuentra garantizada p o r
nuestra Constitución Nacional a través de diferentes m ecanism os tales
c o m o , los pro cedim ien to s de designación y re m o c ió n de los jueces, la
garantía de inam ovil idad, la administración de sus recursos, la potestad
disciplinaria, entre otros.
En el in fo rm e de P oder C iu d a d a n o "co rrupción y tra n sp a re n cia :
In fo rm e 2 0 1 5 " sostenem os que la independencia del P ode r Judicial a lo
5
largo de nuestra historia ha tenido un lento y difícil desarrollo. E n te n d e m o s
en el inform e qu e "El P od er Jud icia l a rg e n tin o n o ha sido a jeno a los
desafíos que ha en fre n ta d o nuestro sistem a po lítico en el m a rc o de l proceso
de consolidación d e m o crá tica iniciado en 1983, una vez a ca b a d a la ú ltim a
D icta d u ra C ívico -M ilita r. En tal sentido , ha sufrido los vaivenes políticos
p ro d u c to de las crisis y en p o co m ás de tres décadas la C orte S u p re m a ha
e xp e rim en ta d o cam b ios en el n ú m e ro de sus integrantes. La a m p lia ció n del
m á x im o trib u n a l en 1990, la m a n ip u la ció n po lítica en la designació n de
m a g istra d os y la fa lta de independencia ju d ic ia l fu e ro n las principales
preocupaciones en las discusiones sobre re form a s al sistem a de ju s tic ia ."1
Resulta im p o rta n te destacar en este p u n to que este síntom a de
"fragil idad" en la que se encuentra la institución judicial es pro d u cid o , en
su m a y o r parte, p o r un proceso de d eterio ro histórico. Estas problem áticas
exceden el m arco de un caso puntual, t ienen su origen y están arraigadas
en m o d o s de o p e ra r abusivos de los diferentes agentes que han pasado por
el Estado, afectando de esta m a nera a todo s y cada uno de los estratos de
los o p eradores y usuarios del sistema judicial argentino.
El contexto de inestabilidad política que siguió a la crisis del 2001
estuvo marcado por la falta de credibilidad en las instituciones. Así, el
descrédito en el sistema de justicia motivó la demanda ciudadana de
instituciones más transparentes e independientes. Durante 2003,
organizaciones de la sociedad civil se reunieron en la coalición "Una Corte
para la Democracia" con el objetivo de promover reformas para mejorar el
funcionamiento del Poder Judicial y, en particular, de la Corte Suprema.
Este proceso culminó con la aprobación de los decretos N° 222/03 y
588/03, que indican el mecanismo para el nombramiento de los
1 Poder Ciudadano; Informe 2015 "corrupción y trasparencia". http://poderciudadano.org/libros/PoderCiudadano-lnforme2015.pdf
6
magistrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el proceso de
selección del Procurador General de la Nación y el Defensor General de la
Nación -órganos principales del Ministerio Público- respectivamente,
ambos con el fin de dar transparencia a la selección de agentes del Estado.
Este sistema posibilita que la selección de candidatos satisfaga los
requisitos de idoneidad, experiencia técnica y compromiso con los valores
democráticos. Estos nuevos mecanismos surgen como necesidad de un
poder judicial independiente, que tenga como máximo objetivo el control
de la legalidad de los actos de los otros poderes.
El sistema republicano de gobierno exige un mecanismo de frenos
y contrapesos, donde el poder judicial es el órgano estatal encargado de
"controlar" el respeto a los mecanismos constitucionales. Es decir, es el
poder que determina si los actos estatales avasallan o no las garantías y
procesos constitucionales, diseñado específicamente por los
constituyentes para limitar el poder del gobernante. Un poder judicial
incapaz de controlar los actos de gobierno es un poder judicial estéril,
ineficiente y sumiso a los fines de un gobierno específico. A Pascal se le
atribuye haber dicho; "La justic ia sin fu e rza es im potencia . ( ... ) La fu e rza
sin ju stic ia : t ira n ía ".2 Es por esto que la forma republicana de gobierno
tiene como finalidad no sólo la desconcentración del poder en una sola
persona o entidad para que el ejercicio gubernamental del Estado no sea
tirano y autoritario, sino que implica y busca también que los Poderes se
controlen entre sí para marcar los límites y alcances de sus propias
facultades. Un Poder Judicial que carezca de la capacidad de controlar los
actos emanados por el Poder Ejecutivo, es un Poder Judicial totalmente
obsoleto, que no hace más que agrandar el descrédito que existe sobre el
2 Derrida (1992: 137).
7
sistema. Es p o r esto que la independencia y a u to n o m ía de los o p eradores
de justicia resulta vital.
Es im p o rta n te destacar qu e el principio de independencia del Poder
Judicial ha sido reconocido c o m o "costum bre internacional y principio
general de derecho",1 y ha sido consagrado en nu m e ro so s tratados
internacionales incluidos hoy en nuestra Constitución Nacional a través de
su art. 75.22."
En el plano regional, el Sistema Interam ericano refiere
específicamente a la garantía de independencia judicial c o m o una de las
bases del sistema sobre el cual se estructuran los derechos h u m a n o s. En
este sentido se ha m anifestado la Corte Interam ericana de Derechos
H u m a n o s en el caso "C ho c ró n C h o cró n c/ V e n e zu e la " al decir que : "... los
jueces, a diferencia de los demás funcionarios públicos, cuentan con
garantías debido a la independencia necesaria del Poder Judicial, lo cual la
Corte ha entendido como 'esencial para el ejercicio de la función judicial'
(...) El objetivo de la protección radica en evitar que el sistema judicial se
vea sometido a posibles restricciones indebidas en el ejercicio de su función
por parte de órganos ajenos al Poder Judicial o incluso por parte de
aquellos m agistrados que ejercen funciones de revisión o apelación."
A d e m á s , agrega que "...el acceso en condiciones de igualdad constituiría
uno g a ra n tió insuficiente si n o está a c o m p a ñ a d o p o r la prote cció n efectiva
3(Naciones Unidas. Asam blea General. Consejo de Derechos Hum anos. Inform e del Relator Especial sobre la independencia de los m agistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24 de m arzo de 2009, párr. 14.4)4 Declaración Universal de los Derechos H um anos (A rtículo 10), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (A rtículo 14), la Declaración y Program a de Acción de Viena de 1993 (Párrafo 27), la Convención Am ericana sobre Derechos Hum anos (A rtícu lo 8 .1 ), la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas (A rtículo 11.3), entre otros
8
de la p e rm a n e n c ia en a quello a lo que se accede, m ás a ún si se tiene en
cu e n ta la esta b ilid a d co m o c o m p o n e n te de la independencia ju d ic ia l." .
Siguiendo con esta línea de pensam iento , en el in fo rm e "Situación
de la Inde p en d en cia Ju d icia l en A rg e n tin a "5 se sostiene que del principio de
indepen dencia judicial se derivan tres garantías fundam en tales, a saber:
"un adecuado proceso de nom bram iento , la inam ovilidad en el cargo y la
ga ra ntía contra presiones externas."6 Como consecuencia, si alguna de
estas garantías se ve afectada, entonces el principio de independencia
judicial se ve vulnerado. Específicamente, la garantía de inamovilidad
significa que los jueces nombrados conforme al procedimiento establecidos
por la Constitución no pueden ser separados de sus cargos mientras dure
su buena conducta. Dicha garantía de inamovilidad de los jueces mientras
dure su buena conducta y la designación de los magistrados judiciales sin
límite temporal son principios rectores impuestos por nuestra Constitución
Nacional para la organización del Poder Judicial. Conforman los principios
elementales a los cuales hace referencia el art. 5 de la Ley Fundamental y_
que se proyectan obligatoriamente sobre las provincias.
En relación con la garantía de inam ovil idad y estabilidad en el cargo,
la C o rte puntualizó qu e busca garantizar la libertad frente a toda injerencia
o presión política y qu e constituye una garantía para el juez c u a n d o se ve
afectado p o r una decisión estatal q ue altera arb itrariam ente su p eríod o de
n o m b r a m ie n to . Al respecto, se sostuvo que "el ejercicio a u tó n o m o de la
fu n c ió n ju d ic ia l debe ser g a ra n tiza d o p o r el Estado ta n to en su fa c e ta
institucional, esto es, en relación con el P o d e r Ju d icia l c o m o sistem a, así
c o m o ta m b ié n en conexión con su vertiente individual, es decir, con relación
5 http://p ode rciud ada no .org/w p -conten t/upload s/20 13/06/in de p-5 .pdf6 Corte IDH. Caso Reverón Tru jillo Vs. Venezuela. O p. Cit. Párr. 70
9
a la person a del ju e z específico. (...) Existe una relación directa entre la
d im ensión institu cion a l de la independencia ju d ic ia l y el derecho de los
jueces a acceder y p e rm a n e c e r en sus cargos en condiciones generales de
igu a ld a d , co m o expresión de su g a ra n tía de e sta b ilid a d ".
En el m is m o sentido, los Principios Básicos de Naciones Unidas
establecen que "la ley ga ra n tiza rá la p e rm a n e n c ia en el ca rg o de los jueces
p o r los períod os establecidos, su independencia y su se g u rid a d ” (principio
11), así c o m o qu e "se g a ra n tiza rá la in a m o vilid a d de los jueces, ta n to de los
n o m b ra d o s m e d ia n te decisión a d m inistra tiva c o m o de los elegidos, hasta
que cu m p la n la e d a d p a ra la ju b ila c ió n fo rzo sa o expire el p e río d o p a ra el
q ue h a ya n sido n o m b ra d o s o elegidos, cua ndo existan n o rm a s a l respecto"
(pr incipio 12).
Por su parte, el C o m ité de Derechos H u m a n o s de la m isma
organización expresó que "la destitución de jueces p o r el p o d e r e jecutivo,
p o r e jem plo antes de la expiración del m a n d a to p a ra el que fu e ro n
n o m b ra d o s, sin que se les dé n in g u n a razón concreta y sin que d isp on ga n
de una p rotección ju d ic ia l efectiva p a ra im p u g n a r la destitución, es
in co m p a tib le con la independencia del p o d e r ju d ic ia l"7.
Por lo expuesto, es fu n d a m e n ta l reconocer las garantías básicas
para asegurar la independencia de los magistrados, u no de los pilares
básicos del d e b id o proceso para todas las personas som etidas a su
jurisdicción y para la sociedad en general, e vitando así qu e los o p eradores
sean som etidos a posibles restricciones a la hora de actuar p o r órganos
ajenos al Poder Judicial. Una sociedad dem ocrática, basada en las garantías
7 Co m ité de Derechos H um anos. O bservación General No. 32, Artículo 14: El D erecho a un Juicio Im parcial y a la Igualdad ante los Tribunales y Cortes de Justicia, CCPR/C/GC/32, 23 de agosto de 2007, párr. 20.
10
propias del Estado de derecho, deb e d o ta r al Poder Judicial de la
legitim idad suficiente para g e nerar confianza entre las partes de los
procesos, así c o m o frente a la sociedad en su con junto .
Dicho esto, es im p o rta n te record ar el nivel de relevancia
institucional y social que reviste este caso. Las decisiones to m a d a s en la
causa te n d rá n un im pa cto directo en la ciudadanía, ya qu e los hechos
d en unciados no solo atentan de m a n e ra directa contra las garantías antes
m encionad as, sino que trastocan las bases fu n d a m e n ta le s del Estado de
d e re c h o y la fo rm a de organización de la república.
Por todo s estos m otivos , es im p o rta n te reiterar y sostener qu e La
CSJN en la sentencia de "Colegio de A b o g a d o s de Tu cu m á n c / H o n o ra b le
C on ven ción C on stitu ye n te de Tu cu m á n y o tro s / in co n stitu c io n a lid a d "
e n te n d ió que en "situaciones excepcionalísim as, en las que se a lega el
d e sco n ocim ie n to de los p roc ed im ie n to s constituciona les de re fo rm a y el
a va sa lla m ie n to de las reglas fu n d a m e n ta le s de fu n c io n a m ie n to
republicano, la in te rven ción del p o d e r ju d ic ia l busca g a ra n tiza r la eficacia
de los derechos y del sistem a de g o b ie rn o qu e debe esta r especia lm ente
p ro te g id o p o r su trascend ente n a tu ra le za . (...) to d a vez que es el p o d e r
ju d ic ia l el lla m a d o p o r la ley p a ra sostener la ob servancia de la Constitución
N a c io n a l" .8 Es decir, la corte dispuso que cuan do existan situaciones
excepcionales qu e a m e n a za n las form as Republicanas de g o bierno , el
p o d e r judicial de b e d e fe n d e r la constitución y el fu n c io n a m ie n to del Estado
8CSJN; "Colegio de A b o ga d o s de Tucum á n c / H onorable Convención C onstituyente de Tucum á n y otro s / inconstitucionalidad", 14 de abril del 2015. ( h ttp ://w w w .cii.g o v .a r/n o ta -1 5 6 1 2 -L a -C o rte -re co n o c i-e l-d e re ch o -d e -to d a s -la s -p e rs o n a s -a - d e m a n d a r-en -de fen sa -de -d isp osicione s-con stitucion ale s-q ue -h acen -a -la -ese ncia -d e -la - fo rm a -re p u b lica n a -d e -K o b ie rn o .h tm l )
11
de derecho, haciendo lo qu e esté a su alcance para p o d e r corregir esos
hechos qu e p o n e n en peligro la división de poderes.
Resulta imperioso, entonces, reiterar que el requisito de la firma de
la renuncia anticipada c o m o condición necesaria para acceder al cargo de
juez implicaría un s o m e tim ie n to evidente del Poder Judicial al P oder
Ejecutivo, y p o r lo tanto , u na vu ln e ra c ió n in a d m isib le al sistem a
R e p u b lica n o . C o m o habría o currido en el caso, cuan do un juez actúa de
fo rm a contraria a los Intereses del gobierno , éste to m a la decisión de
re m o v e r lo y "ca m b ia rlo " p o r o tro que sea dócil y a fin a sus propósitos,
p e rd ie n d o toda garantía de a u to n o m ía , inam ovilidad e imparcialidad, ta n to
p o r posibles rem ocion es c o m o p o r presiones constantes que,
indefectiblem ente, condicionarán su de s e m p e ñ o .
Es p o r to d o esto q u e resulta necesario ser s u m a m e n te im p la ca b le s
a la h o ra de d e c id ir la c u lp a b ilid a d de cada im p u ta d o . Nos e n c o n tra m o s
frente a la posibilidad de a portar los prim eros pasos para c a m b ia r la visión
social qu e existe del Poder Judicial y d e m o s tra r que c o n ta m o s con las
herram ienta s para p o d e r frenar y sancionar los abusos del p o d e r político.
Si el Pode r Judicial carece de a u to n o m ía y de capacidad de control
o de diálogo con los otros poderes, entonces no nos e n c o n tra m o s frente a
un m o d e lo estatal republicano dem ocrático , sino más bien frente a una
tiranía presidencialista. Sin división de poderes, se vulnera la dem ocracia;
el accionar de los operadores de justicia será p ro d u c to de la coerción que
sufre p o r el t ipo de n o m b r a m ie n to , a b s olutam ente contraria a los
estándares qu e d eb en regir la independencia y libertad de estos sujetos.
En conclusión, la dem ocracia exige estándares m ín im o s de
indepen dencia del Pode r Judicial y en la m edida que esta sea m ayor.
12
prospera la calidad democrática. En tal sentido, para poder afianzar la
justicia en nuestro país, la independencia de los jueces es un requisito
indispensable y por ella tenemos el deber de oponernos con actitudes
concretas a toda intromisión de los demás poderes, ya que en definitiva,
dichas decisiones impactan de manera directa en nuestra sociedad.
III.2. El d e re c h o h u m a n o de acceso a la justic ia . R espon sa b ilid a d
in te rn a c io n a l del Estado
El acceso a la justicia es un d erecho h u m a n o fu n d a m e n ta l que
garantiza que las personas puedan acudir ante los tribunales a reclam ar
q ue se protejan sus derechos, indistintam ente de su estatus eco nó m ic o ,
social, político, m igratorio, racial, étnico, etc. reconocido p o r nuestra
Constitución Nacional (arts. 18 y 109) y diversos tratados internacionales
con jerarquía constitucional incorporad os en su art. 7 5 .229. Es obligación
del Estado garantizar a todos los c iudadanos y ciudadanas c o m o derivación
lógica del ré g im e n dem ocrático , q u e implica igualdad real ante la ley y para
la defensa de los derechos. En este sentido, "E l re con o cim ie n to de la
ju stic ia co m o fin indelegable del esta do supone concebir que el co n ce p to de
ju stic ia es inseparable del de acceso a la justic ia , e n te n d id o este ú ltim o
c o m o d erecho y ga ra n tía . P o r lo ta nto, es re sponsabilid ad del estado
9 Como se ha dicho, este derecho se encuentra reconocido por instrumentos que gozan de
jerarquía constitucional en nuestro sistema: la Declaración Americana de Derechos y Deberes del
hombre (Art 18 y 24), Declaración Universal de Derechos Humanos (Art 2,8 y 10), la Convención
Americana de Derechos Humanos (Art 8, 24 y 25) y el Pacto de Derechos Civiles y Políticos (Art 14 y
26) garantizan el derecho de todo ser humano a acceder a la justicia y reclamar a un tribunal la
violación de sus derechos en igualdad con los demás y sin ser objeto de discriminación por cualquier
condición.
13
organizar un sistema de acceso a la justicia que garantice el pleno ejercicio
del derecho."10.
La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
establece que los Estados tienen el deber de "o rg a n iza r tod o el a p a ra to
g u b e rn a m e n ta l y, en general, todas las estructura s a través de las cuales se
m a nifiesta el ejercicio del p o d e r público, de m a n e ra tal que sean capaces de
a se g u ra r ju ríd ic a m e n te el libre y p le n o ejercicio de los derechos h u m a n o s "11.
En ese o rd e n de ideas, el Instituto interam ericano de Derechos
H u m a n o s han e lab orad o c o n ju n ta m e n te con el Ministerio Público de
Defensa de Argen tin a el " M ó d u l o de acceso a la justicia y derechos
h u m a n o s en A rge n tin a ", c e n tra n d o su análisis en " ...la e x ig e n c ia de
m e c a n is m o s id ó n e o s d e tu te la d e los d e re c h o s h u m a n o s , q u e g a r a n t ic e n su
p le n a o p e r a t iv id a d y q u e a c e rq u e n a las p e rs o n a s h e rra m ie n ta s e fica ce s de
p ro te c c ió n . Es a q u í d o n d e to m a p r o ta g o n is m o la e x ig e n c ia d e
r e c o n o c im ie n to re a l y e fe c tiv o d e l a cce so a la ju s tic ia , es d e cir, "la
p o s ib ilid a d d e q u e c u a lq u ie r p e rs o n a , in d e p e n d ie n te m e n te d e su c o n d ic ió n ,
te n g a la p u e r ta a b ie r ta p a r a a c u d ir a los s is te m a s d e ju s tic ia si a s i lo d e se a
[ . . . ] a s is te m a s , m e c a n is m o s e in s ta n c ia s p a ra la d e te rm in a c ió n d e d e re c h o s
y la re s o lu c ió n d e c o n flic to s "12.
En d i c h o m ó d u l o e n t i e n d e q u e la n o c ió n d e acceso a la justic ia " . . .s e
s o s tie n e s o b re p ila re s in s t itu c io n a le s y h u m a n o s in d is p e n s a b le s p a ra su
r e c o n o c im ie n t o e f e c t iv o . En p r i m e r lug a r, las p a u ta s y exig e n cia s
in t e r n a c io n a le s y n a c io n a le s r e q u i e r e n de i n d i v i d u o s q u e a c t ú e n c o m o
10 Instituto de estudios e investigaciones - Defensoría del Pueblo de la CABA, informe "Servicios de patrocinio y asesoramiento jurídico gratuito en la Ciudad de Buenos Aires", 03/2000.11 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Excepciones al agotamiento de los recursos internos (arts. 46.1, 46.2.a) y 46.2.b) Convención Americana sobre Derechos Humanos), Opinión Consultiva OC-11/90 del 14 de agosto de 1990.12 Instituto interamericano de Derechos Humanos, "Módulo de acceso a la justicia y derechos humanos en Argentina" 2010, pág. 10.
14
artífices cotidianos de los principios y directrices fu n d a m e n ta le s del
sistema de derechos h u m a n o s. En segundo té rm in o , es necesario
garantizar qu e el proceso articulado en v irtud del acceso a la justicia,
responda a las exigencias debidas del o rd e n regional de los derechos
h u m a n o s ." 13
Así, el acceso de la justicia, entonces, p u e d e ser con sid erad o desde
tres aspectos diferenciados a u n q u e co m p le m e n ta rio s e ntre sí: el acceso
p ro p ia m e n te dicho, es decir, la posibilidad de llegar al sistema judicial; la
posibilidad de lograr un buen servicio de justicia, es decir, no sólo llegar al
sistema sino que éste brinde la posibilidad de lograr un p ro n u n c ia m ie n to
judicial justo en un t ie m p o prudencial; y p o r último, c o m p le m e n ta rio
nec esariam ente, es el c o n o cim ie n to de los derechos p o r parte de los
c iudadan os, de los m edios para p o d e r ejercer y hacer rec o no c er esos
dere ch o s y específicam ente la conciencia del acceso a la justicia c o m o un
de re c h o y la consiguiente obligación del Estado de brindarlo y a d o p ta r
m ed id a s concretas para asegurarlo y abstenerse de actos qu e resulten
violatorios de este derecho.
En este sentido, la situación fáctica del caso concreto evidenciaría el
in c u m p lim ie n to de la obligación en a m b o s sentidos. N o sólo no se habría
asegura do a ctiva m e n te la a u to n o m ía del P ode r Judicial c o m o fo rm a de
asegura r respuestas indepen dientes de los intereses de otros poderes, sino
qu e el P oder Ejecutivo habría violado de form a directa esta separación de
pod eres, ne g a n d o en consecuencia el d erecho de todos los c iudadanos de
p o d e r acceder a tr ibunales imparciales. Parte de las obligaciones
p re s u n ta m e n te incum plidas t iene qu e ver, justam ente, con garantías de
Instituto interamericano de Derechos Humanos, "Módulo de acceso a la justicia y derechos humanos en Argentina" 2010, pág. 16.
15
imparcialidad e independencia a los operadores judiciales para qu e puedan
actuar sin t e m o r a represalias y garanticen así una respuesta id ó n e a .
La Com isión Interam ericana de Derechos H u m a n o s dejó clara la
relación entre falta de independencia judicial y trabas en el acceso a la
justicia: "La independencia de tod o ó rg a n o qu e realice fu n cio n e s de
c a rá cte r jurisd iccio n a l es un p resupuesto indispensable p a ra el
cu m p lim ie n to de las n orm a s de l debid o proceso en ta nto derecho h u m a n o y
su ausencia afecta el ejercicio del derecho de acceder a la justicia , ap a rte de
g e n e ra r desconfianza y hasta tem or, que orille a las personas a n o re cu rrir
a la los trib u n a le s"14. Lo que genera, entonces, es no sólo una obstrucción
en la tutela judicial efectiva de quienes recurren al sistema de justicia, sino
ta m b ié n un claro desaliento en acceder a él para aquellos cuyos derechos
resultan violados.
Si bien se refiere a casos de n o m b r a m ie n to s provisionales pero
desprend ido s de norm as que así lo establecen - y no de fo rm a ilegal y
secreta c o m o sucede en este caso- el m is m o inform e sostiene qu e "U n o los
p rob le m a s m ás frecuentes en la región que m en osca b a la in d ependencia de
las y los op era d ores de justic ia son los n o m b ra m ie n to s en p ro vis io n a lid a d
sin p la zo d e te rm in a d o o condición establecida, de ta l m a n e ra que p u e d a n
ser lib rem e n te re m ovid o s en cua lq uier m o m e n to , incluso, sin m o tiva ció n
algu n a . La C om isión considera que la p ro vis ion a lid a d indefinida y en
ausencia de ga ra ntía s de e sta bilid ad p a ra un o p e ra d o r de ju stic ia conlleva
el riesgo de que to m e sus decisiones sólo con el ob jeto de co m p la ce r a la
a u to rid a d de la cual depende la reno va ció n de su n o m b ra m ie n to o
pe rm a n en c ia en el cargo, gen e ra n d o p o r lo ta nto, u na du d a o b je tiva sobre
la posib ilida d efectiva de que p u e d a n p a rtic ip a r de m a n e ra inde p e n d ie n te
14 CIDH, “Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el fortalecimiento del acceso a la justicia y el estado de derecho en las Américas,", 2013, párr. 30.
16
en los procesos, sin te m o r a represalias.(...) Los Estados están ob liga d o s a
a se g u ra r una a ctua ción inde p e n d ie n te y, p o r ello, deben otorg a rle s
esta b ilid a d y p e rm a n e n c ia en el cargo."'*.
En este m is m o sentido, el C o m ité de Derechos H u m a n o s de las
Naciones Unidas ha subrayado qu e toda situación en que las funciones y
co m peten cias del p o d e r judicial y del p o d e r ejecutivo no fueran c la ram ente
distinguibles o en la que este últim o pudiera con tro la r o dirigir al p rim e ro
resulta incom patib le con el co n ce p to de un tribunal in d e p e n d ie n te 16.
Asim ism o , la Com isión Internacional de Juristas en su inform e deja
asen tado que "U n p o d e r ju d ic ia l in d ependiente es un p rincip io básico del
esta do de derecho. En los sistem as nacionales, las n o rm a s y los
p ro c e d im ie n to s p a ra la selección y el n o m b ra m ie n to de jueces/za s se
e n cu e n tra n entre los pilares sobre los cuales se construye la independencia
ju d ic ia l y de los cuales d epende la confianza p ú b lica en el p o d e r ju d ic ia l."1’’
Dicho inform e, a su vez expresa que "El C om ité de Derechos
H u m a n o s de la O N U ha e n fa tiza d o que el requisito de independencia
ju d ic ia l inherente al derecho a un ju ic io ju s to se refiere no solo a la ausencia
real de interferencia po lítica sino que ta m b ié n a "el p ro c e d im ie n to y las
calificaciones p a ra el n o m b ra m ie n to de los/as jueces/zas y las ga ra ntía s
re lacionada s con su se g u rid a d de tenencia en el cargo hasta la ed a d de
ju b ila c ió n ob lig a to ria o la expiración de su m a n d a to , cu a n d o existan, las
16 CID H , "Garantías para la independencia de las y los operadores de justicia: Hacia el
fortalecim iento del acceso a la justicia y el estado de de recho en las A m é ricas,", 2013, párrs. 78 y 93.
16 Naciones Unidas. Comité de Derechos Humanos. CCPR/C/GC/32 (nota a pie de página 1), párr. 19 citado en Naciones Unidas. Asamblea General. Consejo de Derechos Humanos. Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy, A/HRC/11/41, 24
de marzo de 2009, párr. 18.
17 Comisión Internacional de Juristas, "Fortaleciendo desde adentro -Marco legal y práctica en la selección de Jueces/zas y Comisionados/as de Derechos Humanos", 16 de noviembre de 2017, pág. 13.
17
condiciones que rigen la prom oción, la transferencia, la suspensión y el cese
de sus funciones"^
En este marco de ¡deas, queda de manifiesto que los hechos
den unciados en autos violarían el d erecho h u m a n o de acceso a la justicia
reconocido ta n to p o r nuestra constitución nacional c o m o p o r varios
tratados internacionales de derechos hum a nos, ya que se estaría afectando
la garantía a ser juzgad o p o r un juez imparcial, el cual esté libre de
coacciones y presiones, para qu e pueda decidir de la m anera más legítima
y justa posible.
Es p o r lo e x p u e s t o hasta a q u í q u e s o s t e n e m o s , q u e este T r i b u n a l
t i e n e la o b l ig a c ió n d e v e la r p o r el c u m p l i m i e n t o d e este d e r e c h o h u m a n o ,
q u e es n e c e s a r io p ara el f u n c i o n a m i e n t o de l m i s m o E s ta d o , ya q u e
g a r a n t iz a un E s ta d o t r a n s p a r e n t e e im p a r c ia l . A d e m á s , c o m o el d e r e c h o al
a cce s o a la justic ia se e n c u e n t r a c o n t e n i d o e n i n s t r u m e n t o s in t e r n a c io n a le s
d e d e r e c h o s h u m a n o s — tal c o m o se e x p u s o p r e c e d e n t e m e n t e - su
i n c u m p l i m i e n t o p o d r í a a c a r r e a r r e s p o n s a b i l i d a d i n t e r n a c io n a l p o r la
v io la c ió n d e e sos T r a t a d o s In te rn a c io n a le s .
III .3 . C o n c lu s ió n
P o r t o d o lo hasta a q u í d e s a r r o l l a d o , resulta e v i d e n t e la g r a v e
v u l n e r a c i ó n a la i n d e p e n d e n c i a e n t r e los p o d e r e s , p ilar in d is p e n s a b le d e la
f o r m a r e p u b l ic a n a d e g o b ie r n o , y la v u l n e r a c i ó n d e d e r e c h o s b á sicos q u e
t r a e c o n sig o , n o só lo p a ra los f u n c i o n a r io s s in o para la s o c ie d a d e n su
c o n j u n t o , c o m o c o n t r a c a r a d e la fa lta d e i n d e p e n d e n c i a d e a q u e l lo s .
18 Comisión Internacional de Juristas, "Fortaleciendo desde adentro -Marco legal y práctica en la selección de Jueces/zas y Comisionados/as de Derechos Humanos" informe fecha 16 de noviembre de 2017, pág. 31.
18
Q u e r e m o s resaltar q u e la re s o lu ció n del p re s e n te caso t r a s c ie n d e a
las pa rte s in v o lu c ra d a s en el p re s e n te . La se n te n cia q u e e v e n t u a l m e n t e se
dicte en a u to s t e n d r á efectos en el s istem a institucional estatal, en to d a s
sus áreas, y p o r lo t a n t o en la vida m is m a de los c iu d a d a n o s , d e b id o a la
im p o r t a n c ia de los d e r e c h o s y garan tías q u e están en con flic to . Los
p re s u n to s delitos q u e se d e s p r e n d e n de los h e c h o s a q u í in ve stiga d o s
t ie n e n q u e v e r co n p rincip ios básicos de divis ión de p o d e r e s y
t r a n s p a r e n c ia institucional, q u e son bases f u n d a m e n t a le s del E sta d o de
d e r e c h o . C u a lq u ie r p ro c e s o q u e gire en t o r n o a t ip o s p e n a le s re lativo s a
estas c u e stio n e s, d e b e ser a n a l iza d o t e n i e n d o en c u e n ta la re le va n cia para
la cal ida d d e m o c r á t ic a e institucional q u e n e c e s a r ia m e n te reviste.
P o r estos m o t iv o s , c o n f ia m o s en q u e este tr ib u n a l a la h o ra de
d icta r se n te n cia t e n d r á en c u e n ta la re levancia social e institucional q u e
im p lic a la c o n d e n a o a b s o lu ció n de los im p u t a d o s . Este caso nos b r in d a la
p osibil idad de c o m e n z a r un p ro c e s o de d e m o c r a t iz a c ió n y legalización del
e s ta d o , s e n t a n d o las bases para el c o m ie n z o de una re c o n s tr u c c ió n judicial,
un a r e c o n s tr u c c ió n q u e m o d if iq u e la justicia m a n ip u la b le y s u m isa "al
p o d e r polít ico d e t u r n o " y p r o y e c t e un sistem a judic ial fu e rte , c e r c a n o a la
c iu d a d a n ía , le g ít im o , in d e p e n d ie n t e e im p a rcia l, c o m o lo exige el sistem a
c o n s t itu c io n a l y social q u e t o d o s q u e r e m o s .
P o r ú l t im o , nos v e m o s en la o b l ig a ció n d e p r o n u n c ia r n o s re s p e c to
al p e d id o d e n u lid a d a rt icu la d o p o r los im p u t a d o s c o n tra el rol de P o d e r
C iu d a d a n o c o m o A m ic u s C uria e . A l re s p e c to d e b e m o s se ñ a la r q u e el
p e d id o carece de p ro c e d e n c ia ya q u e o m i t e n q u e el rol de P o d e r
C iu d a d a n o c o m o A m ic u s C uria e , solo t ie n e c o m o o b je t iv o d e s ta c a r la
n e c e sid a d d e q u e los jueces del caso a d v ie rta n la re levancia institucional de
19
su decisión, cualquiera sea el sentido de la misma, con la finalidad de lograr
que se tutelen de forma adecuada los derechos vulnerados.
IV. PETITORIO
En v i r tu d d e t o d o lo e x p u e s to , e s p e r a n d o q u e el a p o r te realizado en
este litigio sea útil para una justa resolución del m is m o , a V.E. r e q u e r im o s :
1. Se in c o r p o re dicha p re s e n ta c ió n al e x p e d ie n te de referencia.
2. Se tengan en consideración los argum entos de derecho
expresados, a fin de resolver la cuestión de fondo esgrimida en Is presentí,
acción.
P ro v e e r de C o n f o r m id a d ,
SERÁ JUSTICIA