PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA · LA TRANSFORMACIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO EN VENEZUELA UNA...
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vi PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES MAESTRÍA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS LA TRANSFORMACIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO EN VENEZUELA UNA MIRADA CRÍTICA DESDE LA (NUEVA) GUBERNAMENTALIDAD DEL “SOCIALISMO DEL SIGLO XXI” Presentado por: Lic. Jimena Alexandra Rueda Rincón Tutora: M.A. Martha Lucía Márquez Bogotá D.C., julio de 2010
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PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALES
MAESTRÍA EN ESTUDIOS LATINOAMERICANOS
LA TRANSFORMACIÓN DEL RÉGIMEN POLÍTICO EN VENEZUELA
UNA MIRADA CRÍTICA DESDE LA (NUEVA) GUBERNAMENTALIDAD DEL
“SOCIALISMO DEL SIGLO XXI”
Presentado por: Lic. Jimena Alexandra Rueda Rincón
Tutora: M.A. Martha Lucía Márquez
Bogotá D.C., julio de 2010
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ÍNDICE
INTRODUCCIÓN…………………………..……………………………………..... 1. EL CAMBIO: De cómo se transforma el régimen político venezolano (1998-2006)…………………………...…………...………...………………….……. 1.1. Definición de régimen político. El cambio: sus niveles y sus
dimensiones…………...……………………………………………………… 1.2. La constitución bolivariana: Un cambio de carácter
refundacional…………………………...….…………………………….…… 1.2.1. ¿En qué momento sucede?...................................................................... 1.2.2. ¿En dónde tiene lugar?............................................................................ 1.2.3. ¿Qué límites alcanza?.............................................................................. 1.2.4. ¿Cómo se produce?................................................................................. 1.2.5. ¿Qué mecanismos emplea?..................................................................... 1.2.6. ¿Qué cambia?.......................................................................................... 1.2.7. ¿De qué manera se produce?.................................................................. 2. LA GUBERNAMENTALIDAD: Estrategia general del poder y su aplicación en el régimen político liderado por Hugo Chávez (2007-2010)………………………………………...……………………..…………….…… 2.1. Del estudio de la gubernamentalidad en el naciente “espíritu
constituyente”……………………………...……………………………..… 2.2. De una alternativa histórica de cambio político a la refundación del
orden a través de la gubernamentalidad “socialista del siglo XXI”……………………..………….…………………………....………….…
2.3. Reflexión sobre la construcción de una “nueva subjetividad”…………….…………..…………………………………….…
3. EL PODER COMUNAL: Surgimiento de los Consejos Comunales (CoCos) como dispositivos de gobierno para la producción de un “nuevo sujeto” histórico, ético y de cambio…...…………………………………………………………………...……….. 3.1. Una democracia “participativa y protagónica” para la Venezuela
socialista dirige el cambio…..................................…..……………….… 3.2. La experiencia “comunal” como forma de soberanía
popular……………..…………..………………….……..………………..….. 3.3. El cambio de las relaciones cívico-militares y su impacto en la
constitución de la forma “comunal”……............................……………..
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4. CONCLUSIONES………….…………………………………………..…….. Bibliografía y referencias………………………………………..….……………… Publicaciones institucionales………………………………….………………….. Anexos……………………………………………………………....……………….. A. Modelos de acción presidencial………………………….….…………….. B. Los referendos andinos. Periodo: (1985-2009)…..…….….…………….. C. Índices sobre la gestión del gobierno liderado por Hugo Chávez. Periodo: (1998-2007)………………………………………………………… D. Integrantes del Consejo Comunal (CoCo)……………………………….... E. Proceso de conformación del Consejo Comunal (CoCo)………………...
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INTRODUCCIÓN
La crisis de la representación política en la región andina, cuya configuración
se deriva de la década de los noventa, originó el desplome de los sistemas de
partidos tradicionales y con ello el problema de la identificación entre
representantes y representados. De esta forma, los principios del gobierno
representativo quedaron atrapados en complejas líneas de transición hacia
“nuevos regímenes” de gobierno que debían atender a los desafíos del cambio
político. Una reconstrucción a nivel de régimen político (de los valores, las normas
y las autoridades) que pusiera límites a la praxis política, sería entonces necesaria
para producir una transformación significativa del “modo de gobernar” en los
países andinos.
Los antecedentes de esta crisis de la representación democrática en la
región andina se pueden ubicar entre 1980 y 2000 cuando los presidentes fieles a
las políticas económicas de ajuste estructural devenidas del Consenso de
Washington (1989) aplicaron en distinta forma y con distinta efectividad varias
medidas de la política neoliberal, sumándose a un buen número de los gobiernos
suramericanos en vías de desarrollo que eligieron este modelo económico para
sus naciones.1 Así las medidas “salvadoras” fueron ejecutadas en Venezuela, por
Carlos Andrés Pérez; en Colombia, con el liderazgo de César Gaviria y muchos
más; en Perú, de la mano de Alberto Fujimori; en Ecuador, por Jamil Mahuad y; en
Bolivia, durante el mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada.
La erupción de la crisis de la representación democrática en las cinco
repúblicas independizadas por Simón Bolívar se explica en tanto estas medidas
1 A saber: México: Carlos Salinas de Gortari y Felipe Calderón, Costa Rica: Oscar Arias, Brasil:
Fernando Collor de Mello y Fernando Henrique Cardoso, Paraguay: Juan Carlos Wasmosy, Uruguay: Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti, Argentina: Carlos Menem y Fernando de la Rúa y; Chile: Augusto Pinochet.
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“salvadoras” acudieron a radicales políticas estructurales en el ámbito no sólo
económico, también político y social. Según los trabajos realizados por René
Mayorga y Scott Mainwaring el problema de la crisis de la representación
democrática fundamentalmente “surge de la capacidad para gobernar” y, por otro
lado, de “las deficiencias estatales”. En este sentido se entiende que las
decisiones de los gobernantes resultaron claves en el presente y futuro de estos
países. (citados en Mainwaring, Bejarano y Pizarro (edits.), 2008: 27).
La insatisfacción con el desempeño de la democracia de acuerdo a Mayorga
subyace a la crisis de la representación democrática y el ascenso de políticos
outsiders. En opinión de Mainwaring, la causa principal de la crisis política en los
países andinos “debe buscarse en las deficiencias estatales patentes en muchos
ámbitos, desde la seguridad de los ciudadanos hasta la corrupción y el
desempeño económico”. En sí, tanto para Mayorga como para Mainwaring el
ascenso de los llamados outsiders políticos, la caída de la confianza en los
partidos, la elevada volatilidad electoral y las restantes manifestaciones de una
crisis de la representación democrática “[…] son producto del mal desempeño de
los regímenes democráticos”. (Ibíd.).
Ni los sistemas de partidos ni los políticos les ofrecieron a los ciudadanos lo
que esperaban. En consecuencia, el desprestigio de la representación
democrática no tardó en llegar tras las aparentes deficiencias de los mecanismos
representativos tradicionales y el derrumbe de los viejos sistemas de partidos. Es
en este escenario crítico en el cual llegaron al poder algunos outsiders políticos –
así sucedió con Hugo Chávez en Venezuela– caracterizados por Martín Tanaka
como “[…] líderes personalistas con discursos neopopulistas y antisistémicos que
dieron expresión a la insatisfacción popular con los actores tradicionales”.
(Tanaka, 2008: 90). El abordaje del caso venezolano será objeto de las siguientes
argumentaciones.
La década de los noventa ha sido crucial para la Venezuela petrolera, dado
que a causa del agotamiento de las políticas económicas estatistas y de la
implementación de reformas de mercado de primera generación este país andino
ha tenido que sufrir una transición política –según Tanaka– hacia un régimen
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autoritario, aunque democrático desde un punto de vista formal, tras la victoria de
Chávez en las elecciones del 6 de diciembre de 1998. (Ibíd., 89). A diferencia del
resto de los países de la región, el “nuevo régimen” liderado por el primer
mandatario Hugo Chávez no demoró en apuntalar el “Socialismo del siglo XXI” en
Venezuela y en proclamarlo como una alternativa política viable que se mostró
nacionalista, democrática y popular.
Aunque el “nuevo régimen” ha demostrado una evolución gradual de su
sistema de partidos debido a que los partidos tradicionales declinantes
coexistieron con nuevas agrupaciones, la convivencia no ha sido fácil en medio de
una crisis de la representación aún no superada y que parece tener como principal
causa, las decisiones de los agentes políticos que han liderado el proceso de
formación de la democracia en Venezuela.
Según un reciente estudio publicado por Scott Mainwaring, Ana María
Bejarano y Eduardo Pizarro “la desafección con la democracia, los partidos
políticos y las legislaturas se ha propagado en un grado alarmante”. En su opinión,
la avalancha popular de una nueva izquierda en el poder andino [Venezuela: Hugo
Chávez (1999), Bolivia: Evo Morales (2005) y Ecuador: Rafael Correa (2006)] –
todos candidatos “antisistema”– en vez de fortalecer los vínculos entre el delegado
a quien se le encomienda la tarea de velar por los derechos ciudadanos y quienes
le han elegido para tal fin, ha debilitado los mecanismos de la representación
democrática. (Mainwaring, Bejarano y Pizarro (edits.); 2008: 23).
Hasta aquí se ha planteado el problema de la representación en los países
andinos –específicamente en Venezuela– y la problemática que trajo consigo: la
transición hacia una “nueva forma de gobernar”. En adelante se hablará de este
fenómeno acudiendo al concepto de gubernamentalidad, entendida ésta como una
“mentalidad de gobernar” y de ejecutar un conjunto complejo de prácticas que
permitan regir la conducta de las poblaciones a través de ciertas “técnicas” y
estrategias de gobierno. Las específicas acciones, articulaciones de “juegos de
poderes” y escenarios en los que se ha configurado una “nueva mentalidad” en el
poder tras el fallo del régimen anterior, es ahora el tema que se desea
problematizar en el presente análisis.
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En concreto se puede decir que una nueva construcción de
gubernamentalidad en Venezuela parece alentar la idea de la transformación del
régimen político, promoviendo la sucesión progresiva de mecanismos de
representación más participativos y democráticos garantes de los derechos de las
mayorías. Al menos ésta es la aspiración de los pueblos de la región que
cansados de las ya desgastadas “formas de gobierno”, sus mecanismos de
representación ineficientes y sistemas corruptos, exigen una profunda renovación
en el plano político, económico, social y cultural. Sin embargo,
contradictoriamente, entrado el siglo XXI la brecha entre la dupla: gobierno y
sociedad –cada vez más amplia– y la formación de gobiernos populares en
ascenso de la mano de nuevos líderes políticos con marcados valores “socialistas”
han puesto una vez más en tela de juicio la relación entre gobernantes y
gobernados.
Por eso vale la pena preguntarse: ¿De qué manera se ha construido en
Venezuela una “nueva mentalidad” de gobernar para contener la crisis de la
representación política? Responder a este interrogante es un desafío para quienes
siguen de cerca el estudio del cambio político en Venezuela y han de poner su
mirada crítica en la génesis de una “nueva forma” gubernamental en el país
andino: el “Socialismo del siglo XXI”. Las cuestiones de: ¿cómo se gobierna?,
¿con qué mentalidad? y, ¿a través de qué mecanismos? –a la luz de la
generalidad de nuestro interrogante anterior– obligan a los intelectuales de hoy a
realizar un análisis interdisciplinario de cara a los distintos fenómenos que ha
introducido el cambio en el interior del sistema político venezolano y a asumir la
llegada de un nuevo paradigma (el cambio político) que ha puesto a prueba la
legitimidad, estabilidad y eficacia de la representación democrática en Venezuela.
La llamada V República ha surgido; pero, también ha sido constantemente
cuestionada dando lugar a un régimen político que hoy es fuertemente criticado
por sus opositores y en gran medida por la comunidad internacional. Desde el
2006, fecha en que Hugo Chávez tomó como bandera el “Socialismo del siglo XXI”
se ha hecho aún más evidente el propósito de construir “otra Venezuela”. Una
Venezuela que en la actualidad parece estar poniendo a prueba la resistencia del
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mandatario en la silla presidencial pues el cambio político indudablemente ha sido
notable, como notables son también las prácticas de gobierno que han conducido
al país andino –según los analistas políticos– a críticas oscilaciones entre
populismo y autoritarismo. Es claro que el manejo de la presidencia de Venezuela
y una política de tradición nacionalista, populista y radical volcada hacia la imagen
de Hugo Chávez, ha traído como consecuencia una gestión del Estado rentista;
controvertida, tambaleante y que ya no parece gozar de la confianza popular de su
auge inicial.
El deterioro de este proyecto de “nueva sociedad” ha de ser un hecho que se
puede leer en algunos síntomas ya familiares para el pueblo venezolano: primero,
en el auge del hiperpresidencialismo; segundo, en la escalada de corrupción y
clientelismo de las élites en el poder; tercero, en el débil sostenimiento de las
políticas macroeconómicas y las políticas sociales; cuarto, en la incapacidad de
las instituciones de cumplir eficazmente con sus responsabilidades y; por último,
en el desgaste del discurso bolivariano. Cinco signos que hablan de las
incompetencias de la gestión del comandante Hugo Chávez en el marco de las
exigencias de un mundo “globalizado” y de la crisis financiera que ha azotado a las
economías del continente.
El trabajo de articular la dupla analítica: transformación política y constitución
de una gubernamentalidad “socialista” es un intento –aunque reconozco
minúsculo– por contribuir en el análisis de este nuevo paradigma que representa
el cambio del sistema político en nuestras repúblicas de la región andina. Dicho
esto, daré comienzo a lo que arriesgadamente llamaré: La transformación del
régimen político en Venezuela. Una mirada crítica desde la (nueva)
gubernamentalidad del “Socialismo del siglo XXI”.
La hipótesis del análisis crítico que se presenta sobre el caso venezolano se
configura a partir de la sospecha de que esta forma política “socialista” de
marcada tradición militar consolida ciertas reglas de dominación en Venezuela. Y
esto es posible, dado que las decisiones y medidas tomadas por el gobierno
liderado por el presidente Hugo Chávez posiblemente atienden a los intereses de
una minoría élite en el poder que utiliza como tecnología de gobierno la
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participación y el protagonismo popular para promover nuevas relaciones Estado-
Sociedad en la compleja dinámica de los “juegos de poder”.
Con la intención de desarrollar este trabajo analítico a continuación se
puntualizan tres objetivos fundamentales que permitirán ofrecer respuestas a las
cuestiones antes planteadas. Primero, examinar el cambio de régimen político en
Venezuela como manifestación de la crisis de la representación ocurrida en la
región andina a finales de la década de los noventa; segundo, caracterizar la
“nueva mentalidad” en el poder y la “nueva forma de gobierno” que surgió como
consecuencia de la crisis de la representación democrática en Venezuela y; por
último, analizar el surgimiento de los Consejos Comunales (CoCos) como
dispositivos de gobierno para promover otro tipo de organización: la “comunal” y,
con ello la creación de un “nuevo sujeto” histórico.
Este es un trabajo hermenéutico (de interpretación) que pretende a través del
ejercicio genealógico utilizado por Michel Foucault –como procedimiento de
análisis e investigación–, rastrear las discontinuidades y recurrencias presentes en
la gubernamentalidad “socialista” liderada por el presidente Chávez y así fijar un
sentido crítico al respecto esperando que al observar los aspectos más relevantes
del cambio político, se pueda explicar cómo se han configurado en Venezuela
nuevas relaciones de poder a la vez que avanza una nueva historia política con el
“chavismo” y sus específicas formas de gobernar. Perfilar una propuesta crítica en
aras de observar este fenómeno como una ontología del caso venezolano obliga a
revisar las unidades de análisis: a) Cambio b) Gubernamentalidad y c) Poder
Comunal. Las tres unidades operacionalizadas a través de las siguientes
variables: tiempo histórico, régimen político y organización comunal,
respectivamente.
Para abordar la construcción de una “nueva mentalidad de gobernar” en los
apartados consecuentes se utilizarán las aproximaciones y postulados de dos
destacados pensadores, a saber: Leonardo Morlino y Michel Foucault. Con el lente
de Morlino se observará el régimen político como objeto de la transformación. Es
propio señalar que únicamente se estudiará el cambio en las “normas” o “reglas
del juego” que rigen a la nación, pues se considera que éstas conforman la parte
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esencial del sistema político. A través de las herramientas conceptuales que nos
brinda el retomar la gubernamentalidad en Foucault, se podrá mirar la posibilidad
de existencia de dinámicas de decolonización, de desujeción como resultado de
procesos de liberación de cara a las “técnicas” y estrategias de gobierno
ejecutadas por el presidente Hugo Chávez.
El desarrollo de la primera parte: De cómo se transforma el régimen político
venezolano (1998-2006), es clave para explicar los procesos de cambio que tienen
lugar en el sistema político de Venezuela. Al abordar el análisis desde esta
perspectiva se podrá demostrar que el cambio de la “norma” condiciona la
comunidad política, el régimen y la autoridad de una nación y habla de la asunción
de un nuevo tiempo desde las élites en el poder y, por consiguiente, de otras
formas de “hacer la política”.
Así se entenderá en lo siguiente que el “Socialismo del siglo XXI”, como
“nueva mentalidad de gobernar”, no representa la mentalidad de gobierno de Hugo
Chávez, sino la emergencia de una nueva racionalidad de gobierno debida a la
contingencia de la crisis del partidismo tradicionalista y en general a la crisis social
y económica que atraviesa Venezuela. Chávez, el chavismo y las nuevas élites en
el poder han aprovechado esta emergencia para gobernar mediante un discurso
nacionalista, popular y antisistémico.
Seguidamente en la segunda parte: La gubernamentalidad como estrategia
general del poder y su aplicación en el régimen político de Hugo Chávez (2007-
2010), se observará los modos de existencia del “Sujeto” a nivel molecular que
revela Foucault pues las advertencias del filósofo nos permiten considerar la
posibilidad de hallar en las transformaciones políticas de hoy (sujetas –quería
decir sometidas– a la lógica del mercado), la emergencia del nacimiento de un
“nuevo sujeto”, producto también de una “nueva racionalidad de gobernar”
entendida como una multiplicidad de tecnologías de ordenamiento, disciplina y bio-
política –en términos foucaultianos– que han asegurado su subsistencia en una
posible mutación, desarrollo y funcionamiento de lo que se podría denominar:
“tecnología general del poder” o “gubernamentalidad” de Estado.
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Finalmente, la tercera parte: El surgimiento de los Consejos Comunales
(CoCos) como dispositivos de gobierno para la producción de un “nuevo sujeto”
histórico, pretende estudiar cómo se concibe la democracia en el actual régimen
de gobierno pues es a partir de ésta que se ha ido configurado en Venezuela una
nueva conciencia ciudadana como fuerza fundamental de la revolución. Además,
busca poner el énfasis en que a través de este catalizador o dispositivo de
gobierno que representa el Poder Comunal, el pueblo venezolano podrá
protagonizar una nueva etapa de transición, esta vez –luego de una fase paulatina
de cambios en el sistema político– hacia una democracia “participativa y
protagónica” representada en el proyecto “socialista del siglo XXI”.
Esta suerte de complementariedad entre el Poder Constituyente y el Poder
Popular o constituido, busca que la sociedad elabore una forma propia de
organización social que le permita establecer dentro de los complejos “juegos de
poder” –que funcionan a nivel molecular y que tienen sus correspondencias en la
institucionalidad del Estado– una igualdad sustantiva que a través de nuevas
relaciones de “micropoder” construya otra forma alternativa de asociación y
gestión local, y ésta, habrá de ser la forma “comunal”.
Por otro lado, y con especial énfasis se alertará del peligro latente de que
esta nueva forma de participación comunitaria, resulte ser cooptada por las
autoridades militares para lograr la participación masiva de la ciudadanía en la
defensa de la soberanía territorial y, en consecuencia, se convierta en un
mecanismo de control –más allá de dominación– por parte del régimen “chavista”
y no, en la creación y desarrollo de espacios de cooperación e integración en los
cuales los miembros de las comunidades puedan identificar sus demandas más
apremiantes, sin someterse a medidas especiales tomadas por las autoridades
que representan sus derechos desde el gobierno de turno.
En la actualidad ha de ser un ejercicio de gran valía estudiar la complejidad
del proceso político venezolano y la manera en que el “Socialismo del siglo XXI”
se ha originado como alternativa de gobierno dado los medios a los que ha tenido
que acudir para su sostenimiento y para la ejecución de las formas políticas que
son garantes de su supervivencia.
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De cara al proyecto “socialista” venezolano, el desarrollo de este trabajo
analítico permitirá ofrecer una ruta de análisis para posteriores acercamientos
críticos sobre este espinoso tema y, advertirá sobre el riesgo que corre Venezuela
de ensanchar las fisuras que ya empiezan a ser más visibles en la trayectoria de
transformación política que protagoniza la Venezuela liderada por el presidente
Hugo Chávez.
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1. EL CAMBIO: De cómo se transforma el régimen político venezolano (1998-2006).
A manera de presentación.
“Un trabajo de este género se impone […] por la necesidad de salir de la confusión conceptual en la que ha caído la ciencia política en estos años de crecimiento teórico, acelerado pero a menudo contradictorio. En realidad, salir de la actual ´torre de Babel´, muy acentuada, por lo demás, en el caso de los temas aquí tratados, significa poder salir también de la ´torre de marfil´ en la que se ha confinado actualmente una parte de la disciplina, justamente por esa escasa claridad de algunos de sus instrumentos conceptuales”. Leonardo Morlino
La dinámica de crisis y transformaciones que ha sufrido el régimen político en
la región andina se ha convertido en una característica de nuestro tiempo. Un
nuevo tiempo histórico que exige el cambio y el reconocimiento de los hechos
pasados para así, a partir de los errores cometidos trazar una nueva ruta hacia un
proyecto político que represente a las mayorías y se aleje de las prácticas de
gobierno que en las dos últimas décadas del siglo pasado muy acentuadamente
sólo han favorecido a una élite en el poder.
En esta primera parte lo que se pretende es utilizar el cambio como unidad
de análisis y categoría más general que permite visualizar un cambio de época.
Una herramienta que metodológicamente posibilita el ejercicio de considerar la
transformación del régimen venezolano a partir de diferentes dimensiones. En este
estudio se explicará que principalmente el cambio político en Venezuela se ha
producido de forma continua, pacífica y fundamental.
Un gobierno representativo de tipo democrático liberal de tradición militar-
caudillista, motor de las prácticas nacionalistas y populares para la refundación de
una “nueva república”, la bolivariana, ha sido el modelo de gobierno que ha
acompañado al también “nuevo régimen político” en Venezuela que tuvo su origen
con la instalación del presidente Hugo Chávez en el Palacio de Miraflores en los
albores de un nuevo siglo. La victoria del candidato a la presidencia con un 56%
de la votación durante las elecciones del 06 de diciembre de 1998, fue crucial en
momentos en que el país registró para finales de año una deuda externa de
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23.440 millones de dólares y; por otro lado, la crisis asiática y el consecuente
exceso de suministro de hidrocarburos llevaron los precios del petróleo a sus
niveles más bajos pues para 1998 se cotizó a 10.57 dólares el barril. Ambos
aspectos, indicadores de un Estado debilitado en cuanto a su política
macroeconómica.2
A propósito de la necesidad de estudiar el fenómeno del cambio, en el
epígrafe se han tomado las palabras de Leonardo Morlino para señalar que la
escasa claridad de algunos de los instrumentos conceptuales creados por unos
pocos especialistas, empleados hasta ahora en el estudio de los temas políticos y
que se han considerado como saberes universales, es uno de los más grandes
problemas que tiene que enfrentar el investigador de nuestro tiempo. Por esto, es
imprescindible reconocer que la Ciencia Política debe calibrar su análisis ante el
proceso de transformaciones –en la actualidad el escenario de los gobiernos
representativos–, y advertirse a sí misma, de la necesidad de dirigir su interés
hacia el estudio de nuevos conceptos desde los cuales se pueda explicar el
fenómeno de la transición que están sufriendo nuestras repúblicas
latinoamericanas. Y, el cambio político es esencialmente uno de ellos.
El tiempo se configura como lapsos (no de líneas rectas sino de líneas
quebradas) en los que se pueden registrar acontecimientos producto de fracturas
o desplazamientos de poderes, en gran medida significativos porque promueven el
cambio y conducen al régimen político a resignificar los antiguos mecanismos de
representación y con ello a renombrar saberes. Entonces se deberá ver si la
transformación en el régimen actual tiene efectos de verdad sobre el tipo de
democracia, la dinámica social, la participación no electoral y la organización,
límites y vigilancia del poder.
Los conceptos de representación y cambio político, en este sentido, juegan
como dimensiones aparentemente inseparables en el proceso de transformación.
Bernard Manin repara en el tema del cambio político, al considerar la
transformación como una especie de “metamorfosis” de los principios
2 GIUSTI, Luis. (2010), “Periodo (1994-1999)”, en: Venezuela petrolera [en línea], disponible en:
http://www.tacarigua.com.ve/venezuela.htm, recuperado: 22 de mayo de 2010.
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fundamentales del gobierno representativo (la elección de representantes a
intervalos regulares, la independencia parcial de los representantes, la libertad de
la opinión pública y la toma de decisiones tras el proceso de la discusión). Cambio
que algunos críticos interpretaron a finales del siglo XIX y principios del XX como
una prueba de la crisis de la representación que tal vez pueda que tenga una
curiosa simetría con la situación actual.
Este paralelismo entre la transición de un siglo a otro inspira a Manin a pensar
que la caducidad de una élite y el surgimiento de otra, más que señalar una crisis
de la representación política, pudiera estar poniendo de relieve una forma concreta
de representación. El pronóstico de este investigador en todo caso apunta a dar
luces para comprender el cambio como una manera de visibilizar otras formas de
“hacer política” en un tiempo histórico que parece siempre estar experimentando
una constante renovación. De allí la importancia para el presente análisis de
rescatar las reflexiones de Manin sobre los “modos de la representación” y el
cambio que supone nuevas alternativas de gobierno, pues finalmente, “ni las
diferencias en sus formas ni la persistencia de la estructura captan la verdad de la
representación”. (Manin, 1998: 286).
1.1. Definición de régimen político. El cambio: sus niveles y sus dimensiones.
Para examinar en esta primera parte el cambio de régimen político en
Venezuela como manifiesto de la crisis de la representación en la región andina
derivada desde finales del siglo XX y que se ha extendido a la primera década del
siglo XXI, se tomará como sustento teórico el trabajo analítico de Leonardo
Morlino publicado en la obra Cómo cambian los regímenes políticos (1985).
Se parte de la idea de que el problema entre las decisiones de los
gobernantes y las demandas de los gobernados puso en el debate las cuestiones
de ¿cómo se gobierna?, ¿con qué mentalidad? y, ¿a través de qué mecanismos?
Estos interrogantes revelan la preocupación por estudiar el fenómeno del cambio
ya que es determinante para explicar la manifestación de un modo distinto de
“pensar” y conducir la praxis política; la renovación de las “técnicas” o del
despliegue de las mismas prácticas de gobierno, desde un escenario global en el
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que los actores políticos se reapropian de viejos términos en el complejo “juego de
poderes”.
Es preciso señalar que se ha elegido el estudio de este politólogo italiano
para analizar lo que ha ocurrido en Venezuela, dada su preocupación teórica por
responder a las cuestiones señaladas en el párrafo anterior, pero a su juicio
acudiendo a una esfera de aplicación muy singular, pues Morlino está consciente
de que el campo denotativo del cambio puede ser vasto y; en consecuencia,
propone que hay que reducirlo a su mínima expresión para lograr comprender
cómo es que se configura este fenómeno. Por tanto, es necesario partir de su
concepción más general: “la política”.
Desde esta perspectiva se puede justificar la insistencia de Morlino en sugerir
que los investigadores extraigan los instrumentos más idóneos de las teorías ya
existentes para superar la confusión conceptual que se tiene del término: sistema
político, pues con ello se logrará delimitar los temas de análisis en cuanto al
cambio político se refiere.
Este ejercicio metodológico trata de distinguir los componentes principales,
presentes siempre en un sistema político: primero, la comunidad política (un
número de personas agrupadas por una cierta división del trabajo político);
segundo, el régimen (conjunto de valores, normas y estructuras de autoridad que
condicionan la conducta de los individuos pertenecientes a una determinada
sociedad) y; por último, las autoridades (representadas por los sujetos de los
roles) y así, resolver el problema de la noción muy general del concepto.
Morlino reconoce que el cambio es un referente propio en la actualidad, por
esto debe ser estudiado dejando a un lado la antítesis entre “cambio” y
“continuidad” pues finalmente resultan ser caras de una misma moneda. Además,
explica que el cambio político fundamentalmente debe examinarse también –y se
quiere poner el acento en esto– en un margen de estudio limitado dentro del
sistema político, éste último particularmente definido por Morlino como “un
conjunto de partes”.
De acuerdo a esto, es el régimen el componente que se debe privilegiar del
sistema político dada su importancia como pieza angular del conjunto. Por esta
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razón interesa centrar el análisis en la cuestión de: ¿cómo cambia el régimen
político? Siguiendo los pasos de Morlino, para dar respuesta a esta cuestión hay
que conocer específicamente: ¿qué es el cambio del régimen político?, ¿a través
de qué modalidades se produce? y, ¿asistiendo a qué procesos? Y, para ello, se
hace necesario definir una serie de enunciados.
En primer lugar, ¿qué es el régimen político? el régimen –segundo nivel del
sistema político–, se entenderá como un conjunto vital de: valores (ideologías, los
principios o las creencias, dominantes o en competencia); normas (aquellas
“reglas del juego" formalizadas que sirven para la resolución pacífica de los
conflictos políticos; o no formalizadas y admitidas tácitamente) y; estructuras de
autoridad (titulares de los roles) que hacen posible la relación de representación
política entre gobierno y sociedad, una dupla hasta hoy necesaria para garantizar
el ordenamiento y el desarrollo equilibrado de la nación.3
Se debe precisar, además, que el estudio del cambio de un cierto régimen
político debe enfocarse en dos aspectos centrales. Primero, en “las normas
operativas o ´reglas del juego´ que especifican los modos en que los miembros del
sistema pueden participar en el proceso político y resolver los conflictos” y;
segundo, en las estructuras de autoridad, es decir, “el conjunto de los roles o
modelos regularizados de comportamiento y de expectativas acerca del modo en
que habrán de comportarse los que ocupan posiciones especiales en la sociedad
y el modo en que los demás deben obrar frente a ellos”. (Morlino, 1985: 38 y 39).
De lo anterior se deriva que tanto las creencias como las ideologías y las
doctrinas (también componentes del régimen) no resultan un valor esencial para la
constitución del régimen, puesto que –estos principios como conjunto de valores–
se pueden hallar intrínsecos en la conformación de las normas o “reglas del juego”
y en las estructuras de autoridad. Por tanto se podrán tomar en consideración
“cuando condicionen las normas o estructuras de autoridad o sean deducibles de
las mismas o bien cuando sean observables en base a datos disponibles”. (Ibíd.,
83).
3 Esta definición de régimen político constituye una interpretación propia basada en los
planteamientos de Morlino.
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Es evidente que el régimen tiene lugar dentro del sistema político como
“objeto de apoyo”, de allí que Leonardo Morlino insista constantemente en su obra
en que se deban individualizar los tres elementos típicos del sistema como “partes
de un todo” en el propósito de observar su comportamiento particular. Lo que
interesa al politólogo italiano, en suma, es realzar el carácter singular que
adquieren los componentes del sistema político que desempeñan de manera más
o menos formalizada y eficaz todas las competencias del gobierno.
Según lo señalado, efectivamente, –y es necesario explicar esto por razones
metodológicas– parece que Morlino invita a un estudio más “molecular” que
“molar” sobre el cambio de régimen político (en términos foucaultianos); aunque,
hay que decir que no logra apartarse del todo de la idea biológica eastoniana del
sistema político entendida como “organismo vivo” en el momento en que acude a
la construcción de una propia acepción, nuevamente: el sistema político es “una
suma de partes” que hacen posible el equilibrio del sistema. (Morlino, 1985: 32).
Entonces el cambio político como unidad de análisis desde la perspectiva de este
autor, debe ser observado a partir de la premisa de que es más sencillo describir
la realidad política a través de los sujetos que la hacen posible que reconstruir su
dinámica en el conjunto.
En segundo lugar, ¿qué es el cambio? El cambio según Morlino se refiere a
“cualquier transformación que acontezca en el sistema político y/o en sus
componentes. […] El cambio se deduce siempre, por diferencia, de la
comparación entre un estado precedente y otro sucesivo del sistema o de sus
partes”. (Morlino, 1985: 47).
Otra consideración que hay que tener presente cuando se está estudiando
este fenómeno es que el cambio “aun en sus formas más específicas […] no es
irreversible o unilineal. Es decir, no está constituido, en una imaginaria
representación gráfica, por una única línea recta que avanza siempre hacia
adelante, sino más bien por un conjunto de líneas curvas o quebradas que pueden
volver hacia atrás o sobre sí mismas”. (Ibíd., 56).
En tercer lugar, ¿cuáles son los niveles del cambio? o, mejor dicho, a través
de qué modalidades se produce. Éstos son los siguientes: a) cambio de todos los
16
componentes del sistema (cambio sistémico); b) de uno o algunos componentes
del sistema (cambio intrasistémico o componencial); c) de uno sólo o de algunos
de los elementos o factores en el interior de los componentes mismos (cambio
intracomponencial o factorial); finalmente, d) cambio debido a las
interdependencias recíprocas entre componentes y entre factores (cambio
intercomponencial e interfactorial). Descrito esto hay que señalar que el nivel de
cambio que se desea estudiar en este análisis es de tipo “intracomponencial o
factorial”, pues específicamente se limita al análisis de uno de los elementos del
régimen, las “normas” o “reglas del juego”.
Por último, para lograr identificar las formas que asume el cambio en el
régimen o dentro de uno de sus componentes, nuestro autor sugiere preguntarse:
¿Cuáles son las dimensiones del cambio? o, a qué procesos asiste para tomar
forma. Morlino, acude a ciertas categorías de análisis de acuerdo a siete aspectos
específicos. A continuación, se precisan: Según su situación histórica: (cambio
históricamente definido/históricamente indefinido o atemporal); su lugar de origen:
(cambio interno/externo); su profundidad: (cambio fundamental/marginal); su
modo: (cambio continuo/discontinuo, cambio pacífico/violento, cambio
compensado/descompensado); su dirección: (cambio normativo/no normativo,
cambio en expansión/en contracción); su contenido: (cambio innovador/no
innovador) y; por último, su tiempo: (cambio acelerado/lento).4
Aunado a estas categorías que sirven como una herramienta metodológica
para explicar cómo ha tenido lugar el cambio en el caso venezolano, es importante
decir que éste –en un sentido de abstracción más amplio– también puede ubicarse
en una “zona de paso” o “umbral” dependiendo del nivel de cambio que se origine.
Esto significa que es posible observar que el régimen político venezolano
está experimentando una transición hacia un Estado político distinto al que se
esperaba construir desde la asunción de Hugo Chávez a la presidencia de
Venezuela en 1999. Así un cambio continuo y pacífico según su “modo” podría
4 En (Morlino, 1985: 49) se encontrarán expuestas las dimensiones que según el autor puede llegar
a adoptar el cambio en un orden distinto de presentación al que se ha señalado en este texto.
17
experimentar la transformación a uno de tipo discontinuo y violento. Y por otro
lado, un cambio fundamental según su “forma” pasaría a ser de tipo marginal.
Sobre este aspecto del cambio político, Morlino señala que ha dado el
nombre de: umbral “de transformación” para identificar cuando un tipo de cambio
pasa de un polo a otro manifestando oposición a su concepción inicial. Al respecto
de este tema el autor explica que “en estas direcciones han trabajado o están
trabajando otros autores en diferentes países, sobre todo, como es natural, en los
pertenecientes a las dos áreas geopolíticas que en estos años han vivido el
fenómeno: Europa mediterránea y América Latina”. (Morlino, 1985: 10).
Así se entiende que la cuestión de la “transformación” es clave para
comprender lo que está sucediendo o podría suceder con el fenómeno del
surgimiento de ciertas alternativas gubernamentales como fórmulas para
reacondicionar el orden político en los países de la región andina. Y el estudio del
“Socialismo del siglo XXI”, en este orden de ideas, podría ser un primer paso para
comprender el cambio de régimen político en tiempos de una crisis generalizada
de la representación.
1.2. La constitución bolivariana: Un cambio de carácter refundacional.
La Quinta República nació con el cambio político y es la cuna de una también
“Nueva Constitución”, la “soberanísima” –calificada por Hugo Chávez– o Carta
Magna normativa de la nación venezolana desde la cual se pretende analizar
cómo “piensa” el régimen liderado por Chávez a una nación guiada por los ideales
bolivarianos.
En las páginas siguientes se mostrará –a partir de las siete dimensiones del
cambio ofrecidas por Morlino– de qué manera ha sido posible la transición del
régimen político pactado en Punto Fijo al proyecto bolivariano, haciendo énfasis en
la implementación de un nuevo texto constitucional, para finalmente, aseverar que
la transformación en Venezuela en su concepción más general ha sido una de
tipo, si se quiere, refundacional.
18
1.2.1. ¿En qué momento sucede?
La situación histórica es una dimensión desde la cual se puede reconocer la
transformación del régimen político venezolano, quizá una de las dimensiones de
mayor relevancia para este análisis por cuanto refiere a una “nueva época”. El tipo
de cambio político en Venezuela conforme a la tipificación de Morlino, es definido:
a finales de la década de los cincuenta y en los primeros años del siglo XXI.
El ordenamiento sociopolítico venezolano tiene sus antecedentes en las
“reglas del juego” pautadas a mediados de los años 40, una serie de “normas” que
fueron nuevamente ratificadas tras algunas modificaciones de importancia de
acuerdo a cambios específicos, a partir de 1958. Lo cierto, es que entre 1945 y
1948 la idea del sostenimiento de un Estado central tomó fuerza tanto en los
aspectos políticos como económicos del país. Este tiempo histórico, sirvió también
para determinar un orden pluralista en lo político; lo que quedó asentado en la
Constitución de 1947 y con ello la garantía de que los partidos políticos
funcionaran, de hecho, como instituciones legítimas de agregación y
representación de los intereses de todos los sectores que componen la sociedad
sin distinción de clases.
Luego el Pacto de Punto Fijo firmado el 31 de octubre de 1958 acordó tomar
la senda democrática que tuvo lugar en las décadas de los sesenta y setenta,
gracias a la participación y coalición de Acción Democrática (AD), del Partido
Social Cristiano (COPEI) y la Unión Republicana Democrática (URD), en pro de
sostener la democracia venezolana dejando atrás la larga dictadura de Marcos
Pérez Jiménez. Aunque cuestionada la forma en que se comprendió este
momento de quiebre, el Pacto de Punto Fijo supuso nuevas “reglas del juego”
(formales e informales) para ese momento esenciales en el surgimiento de otro
orden, uno que pusiera a la renta petrolera como el factor primordial y dinamizador
de la estructura económica nacional.
El Estado tomó el timón del cambio político, intervino en las leyes para
asegurar que fuera posible la regulación del mercado, el proteccionismo y un
amplio sistema de subsidios estatales. Este cambio en las “reglas del juego” o
normatividad del régimen político del país, se mantuvo e incluso se profundizó en
19
la Constitución de 1961. Esto se evidenció, primero, en el rol que asumieron los ya
fortalecidos partidos políticos tradicionales que empezaron a servir de canales de
representación política y; segundo, en la garantía de la plena competencia político-
electoral que el Estado ofreció al pueblo venezolano.
De acuerdo a lo estudiado por Miriam Kornblith, las principales “reglas del
juego” a partir del régimen político que inició en 1958 se pueden sintetizar en
cuatro principales: primero: la monopolización de la actividad política por los
partidos políticos; segundo, el acuerdo para disentir y aceptar la diferencia entre
partes que se reconocían como legítimas dentro del orden democrático; tercero, la
libertad de acción para el liderazgo partidista y de otras organizaciones claves; y,
cuarto, la centralización y el papel dominante del gobierno central. (Kornblith,
1996: 4).
Lo que interesa destacar de estas “reglas del juego” antes mencionadas, es
que mientras, por un lado, el modelo de régimen político que nació del Pacto de
Punto Fijo otorgaba confianza al pueblo venezolano al defender el respeto por la
regla de que la mayoría debía elegir las autoridades gubernamentales a través del
voto y, que finalmente permitió la dinámica semicorporativa de las relaciones de
poder, las formas de participación y representación política; del otro, la aparente
“estabilidad política” ceñida a un consenso entre élites, trajo como consecuencia el
clientelismo; la corrupción administrativa; el centralismo en la toma de decisiones;
el aprovechamiento irregular de los recursos de la nación y; en suma, la
politización de las actividades del Estado.
Conveniencia y negociación entre los distintos sectores que integraban la
estructura de autoridades del régimen, fueron de hecho los dos elementos que
acompañaron la vida política venezolana en los siguientes años. Así, la exclusión
de las masas populares y las fuertes políticas de ajuste estructural a las que se
sometió la economía del país durante el reinado de los partidos tradicionales de
derecha, especialmente en la década de los noventa, hizo más evidente el fracaso
de los imaginarios políticos socialdemocráticos de la época, sujetos a las reglas de
una minoría poderosa que terminó afectando los intereses de la Iglesia, las
Fuerzas Armadas, los sindicatos, las asociaciones gremiales y a los empresarios
20
aún cuando se les había prometido que las decisiones unánimes de la élite
dominante no incidirían en las políticas públicas de estos sectores, motores de la
sociedad venezolana.
Algunos investigadores coinciden en afirmar que la transformación de
régimen político en Venezuela se ha dado a expensas no de una, sino de varias
crisis que ha atravesado el país originadas a inicios de la década de los 80 hasta
finales de los noventa, antes de la elección de Hugo Chávez.
Por ejemplo, Martha Lucía Márquez sugiere que el liderazgo populista de
Chávez encuentra su origen en un aspecto central: la crisis. Esta idea la desarrolla
en el apartado titulado: La crisis que lleva a Chávez al poder y la refundación del
orden que presenta como parte de su análisis sobre el populismo chavista. En
palabras de la autora:
Chávez llega al poder en medio de una profunda crisis económica, social y política. La primera, como producto de la caída de los precios del petróleo que obligó a Carlos Andrés Pérez a aplicar el ajuste fiscal para corregir el déficit, agravado desde inicios de los años 80. La segunda, como consecuencia de la inflación acelerada desde inicios de esa misma década, y agravada por la aplicación del ajuste, y en particular, por la disminución de los subsidios estatales a la importación de alimentos, a los servicios públicos, al transporte y a los servicios sociales. En el ámbito político, por su parte, tuvo lugar… la crisis de los partidos y los mitos políticos: el mito de que el Estado era paternalista y podía ayudar a los ciudadanos; de que Venezuela era pacífica, el cual fue desmentido tras el Caracazo; del mito de la funcionalidad de la democracia puntofijista. (Márquez, 2008: 209).
Continuando con el orden cronológico de los acontecimientos expuestos
hasta ahora, hay que decir que abordar la trayectoria política de Venezuela ya en
las últimas décadas del siglo XX implica asumir el riesgo que se corre al estudiar
este fenómeno del cambio político en momentos de quiebres, confrontaciones y
tensiones desde que en 1989 el conocido “Caracazo” echara por tierra la
legitimidad del sistema político venezolano y el sistema de partidos y, produjera
con ello una ola de protestas y enfrentamientos que sin duda dieron inicio a una
nueva trayectoria política para el país andino.
El “Caracazo” ha sido considerado por buena parte de los analistas como un
punto de inflexión en la historia venezolana, entre ellos hay quienes piensan que
las protestas populares masivas fueron manifestación de la oposición del pueblo a
la firma de la Carta de Intención entre el gobierno venezolano y el Fondo
21
Monetario Internacional (FMI). Un acuerdo que finalmente benefició a una
reducida élite en el poder y no a las mayorías, y que trajo como consecuencia la
represión del Estado para ese entonces liderado por segunda vez por Carlos
Andrés Pérez (1989-1993). A partir de este hecho, Venezuela comenzó a escribir
una “nueva historia”.
El intento de golpe de Estado liderado por Hugo Chávez dado a conocer
como dirigente del movimiento de militares bolivarianos (MBR 200) efectuado el 04
de febrero y el perpetrado por otro grupo de militares que se sublevaron
infructuosamente contra el gobierno el 27 de noviembre de 1992, se pueden
observar también como un elemento más de descontento de la comunidad
política, en especial de esta nueva izquierda que se sublevó y quebró la relación
de los sectores minoritarios con el régimen neoliberal. Aunque estos hechos no
tuvieron éxito político pues les faltó el respaldo de la mayoría de la población –aún
incrédula y desconfiada de la idea de que “otro mundo” era posible en el país–
fueron acontecimientos que fortalecieron la alternativa revolucionaria pregonada
por Hugo Chávez.
Posteriormente, la caída de las políticas neoliberales de Carlos Andrés
Pérez, del fracasado intento de la llamada “Agenda Venezuela” del presidente
Rafael Caldera (1994-1999) que terminó afianzando los lineamientos del
Consenso de Washington a través de convenios con las máximas instituciones
financieras mundiales Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial
(BM), sin duda señalan el camino y explican la forma en que Hugo Chávez ha
lidiado con las viejas instituciones del Estado para dirigir el cambio político en un
escenario de contracciones económicas, contradicciones políticas y
desplazamientos de élites en el poder.
Desterradas del panorama político y con muy poca credibilidad entre los
venezolanos las prácticas políticas neoliberales ya no encontraron respaldo en la
opinión pública y muestra de ello fue que el 06 de diciembre de 1998, Hugo
22
Chávez logró una victoria electoral de más de la mitad de la votación total apoyado
por el Polo Patriótico –coalición electoral formada para apoyar su candidatura–.5
Entrado el siglo XXI un nuevo pensamiento político ocupó la silla presidencial
venezolana. Desde entonces, la victoria de Hugo Chávez ha representado para el
país suramericano el surgimiento de una “nueva mentalidad” para gobernar que
defiende el derecho del pueblo venezolano a la inclusión social de las capas más
bajas de la sociedad, pero también y; por otro lado, ha significado la confrontación
pública entre las élites en el poder y la oposición interna y externa al “nuevo
régimen” de gobierno.
La esperanza del cambio político más que la promesa del desarrollo
económico y social de la nación, de la democratización de las vías de acceso al
gobierno y al Estado, de la “felicidad” para todos los venezolanos, se constituye en
una realidad que ha polarizado a Venezuela en dos aguas. Por un lado, el cambio
es percibido como una amenaza para los grupos opositores que ven en el
proyecto de gobierno de Hugo Chávez el camino equivocado; pero del otro, para
los oficialistas, muy contradictoriamente, se ha entendido como el camino hacia la
transformación social. Los primeros, parecen identificarse aún con los viejos
programas gubernamentales que; aunque, imperfectos y desiguales cubrían parte
de sus demandas. Los segundos, con una Quinta República hija de la Revolución
Bolivariana liderada por Hugo Chávez y el “chavismo”, una interpretación de un
“nuevo régimen político”.
Éste ha sido el momento histórico que da cuenta del agotamiento del modelo
económico y político sostenido en Venezuela por largos años y, en consecuencia,
de los desafíos que tiene que enfrentar el “nuevo régimen político” liderado por
Hugo Chávez. Lo que hay que considerar en este sentido es que el régimen
“alternativo” que surgió de la crisis de la representación y de un momento de
inflexión en la economía política del país –como experiencia inédita de acuerdo a
5 El Movimiento Quinta República (MVR) representó a Hugo Chávez en el proceso electoral de
1998, fue inscrito como partido el 21 de octubre del año anterior. En cifras: “El MVR, identificado popularmente como el partido de Chávez, se constituyó en la primera fuerza política de Venezuela con el 41,06% de los votos. Le siguieron el Movimiento Al Socialismo (MAS), con 8,48%, y el partido Patria Para Todos (PPT), con 2,15%. HARNECKER, Martha. (2004), Venezuela una revolución sui géneris, España, El Viejo Topo, pág. 21.
23
lo afirmado por Alfredo Ramos– es “portadora de promesas de cambio y de
incorporación de la masa popular a la decisión política”, por lo que ha de ser una
forma de transformación política “un tanto contagiosa para unos cuantos
movimientos políticos” y un también buen número de países latinoamericanos.
(Ramos, 2002:1). De aquí que el juicio positivo o negativo de tal experiencia ha
entrado significativamente en el debate actual sobre el futuro de la democracia en
nuestros países o mejor de la consolidación de las neodemocracias en la región.
Ahora el trabajo del “nuevo régimen”, de la “Nueva República” –como lo diría
José Martí– será “[…] conocer los elementos esenciales del país, derivar de ellos
la forma de gobierno y gobernar con ellos. […] El gobierno ha de nacer del país. El
espíritu del gobierno ha de ser del país. La forma de gobierno ha de avenirse a la
constitución propia del país. El gobierno no es más que el equilibrio de los
elementos naturales del país”.6
En síntesis, este régimen de gobierno “alternativo” fue producto del cambio
político; sucedió a otro régimen; hizo ruptura con el anterior y promovió nuevos
valores, normas y formas de autoridad acordes al momento histórico de coyuntura
política, económica y social que se hicieron visibles como los deslindes más
devastadores de la Venezuela de fin del siglo XX.
1.2.2. ¿En dónde tiene lugar?
En lo interno del régimen político venezolano, éste se puede decir que es el
lugar de origen del cambio. Pese a que las medidas tomadas por el gobierno
liderado por Chávez tengan repercusiones en el exterior, su proyecto está volcado
a una forma particular de conducción de la nación, uno de tipo normativo; por esto
Venezuela hoy es una especie de laboratorio en el que se pueden encontrar muy
variados ensayos de leyes o normas y; más aún, diferentes prácticas políticas
orientadas hacia la promoción de un “hacer política” desde las masas.
Una transformación de tipo factorial, es decir, únicamente producida en un
elemento del régimen (por ejemplo, en las normas) como en la que se ha querido
6 MARTÍ, José. (1977), “Nuestra América” en: Política de Nuestra América, México, Siglo Veintiuno,
2005, pág. 39.
24
hacer énfasis en esta primera parte del texto, resulta harto importante para
determinar el lugar específico en donde se ha producido el cambio político en
Venezuela.
Sin embargo, no hay que dejar de lado o en un rango menor que el cambio
en las “normas” supone a su vez un cambio profundo en los valores (doctrinas o
principios) distintos a los empleados por el gobierno anterior que conduzcan el
pensamiento político del régimen vigente. Esta maquinaria de pensamiento se
entiende que constituye la base ideológica de la “nueva política. Tal como lo
expresa Dario Azzellini:
En sus discursos actuales Chávez se refiere a amplias influencias políticas que van desde Jesús pasando por Bolívar, Gramsci, Trotski y Mao llegando hasta Antonio Negri. Lo que a primera vista puede parecer un cóctel ideológico absurdo representa la amplitud de influencias políticas, sociales, culturales y hasta religiosas que nutren el bolivarianismo. Con el pasar del tiempo el bolivarianismo se inclinó cada vez más hacia la izquierda y a partir del año 2005 fue abiertamente socialista”. (Azzellini, 2008: 9).
Roland Denis (citado en Azzellini, 2008: 7), ofrece una sistematización de las
corrientes que influyen en el “bolivarianismo” democrático venezolano que sería
oportuno citar. Estas fuentes resultan de interés para el presente análisis debido a
que demuestran a manera genealógica cómo se construye el pensamiento
socialista que sostiene el proceso revolucionario. Tres categorías plantea Denis: el
ramal de las corrientes histórico-sociales (incluye las corrientes del marxismo
crítico, la teología de la liberación, el nacionalismo revolucionario, la resistencia
indígena y negra); el ramal insurreccional (expresada a través de la Rebelión
estudiantil de 1987, la sublevación popular del 27 de febrero de 1989, la Rebelión
del 4 de febrero y 27 de noviembre de 1992) y; el ramal profético (marcado por
una variedad de acontecimientos, entre ellos: el nacimiento del Movimiento
insurgente y guerrillero de los años 60 y 70, la realización del Congreso Cultural
de Cabimas de 1973, las primeras expresiones del consejismo obrero y
sindicalismo revolucionario de los años 80, el encuentro masivo de estudiantes en
el Congreso Nacional Estudiantil de 1985, el renacimiento del Movimiento
Campesino con las tomas de tierra en Yaracuy en 1987, el surgimiento de la forma
de organización política: Asamblea de Barrios que tuvo como pionera a la ciudad
25
de Caracas durante los años 1991-1993, el inicio del asambleísmo popular y la
promoción de los principios de la democracia de calle, el inicio de una pedagogía
libertaria con el Movimiento pedagógico de los años 90 y que tuvo su punto clímax
en la Constituyente Educativa de 2000-2001, el arranque del Proceso Popular
Constituyente desde 1995 hasta la fecha, la Campaña y victoria electoral de Hugo
Chávez en 1998 en el que se rompe el hilo histórico puntofijista y, por último, la
primera concreción constitucional de una democracia “participativa” y
“protagónica” en 1999 con la instauración de la Asamblea Constituyente que
marca el nacimiento de la Quinta República).7
1.2.3. ¿Qué límites alcanza?
Cuando se habla de normas entendidas como un factor constitutivo del
régimen, necesariamente se hace referencia a una tercera dimensión que implica
el cambio: su profundidad. Si la transformación tiene lugar en la constitucionalidad
del país, lo que Morlino denominaría como un cambio de tipo fundamental
entonces esto lleva a pensar que una serie de acciones deben ser tomadas desde
el gobierno para paulatinamente construir una nueva “norma suprema”; una
Constitución a partir de la cual legislar y hacer posible la transformación política,
en todo caso la revolución bolivariana como un proyecto sui géneris.
El proyecto bolivariano de “refundar la nación”, y con ello de promover un
“nuevo orden” se fundamentó en cuatro ejes centrales. Primero, los valores de la
República; segundo, la conformación y establecimiento del Estado; tercero, el tipo
de democracia y representación política y; cuarto, la norma suprema que dirige el
régimen y todos los componentes del sistema político: la Constitución. Estas
premisas quedaron bien descritas en los siguientes artículos de la Constitución de
1999:
Artículo 1°. La República Bolivariana de Venezuela es irrevocablemente libre e independiente y fundamenta su patrimonio moral y sus valores de libertad, igualdad, justicia y paz internacional en la doctrina de Simón Bolívar, el Libertador. Son derechos
7 AZZELLINI, Darío. (2008), “La Revolución Bolivariana: “o inventamos o erramos”. Claves para
leer el proceso de transformación social venezolano”, en Revista Bajo el volcán [en línea], vol. 7, núm 12, disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/286/28671202.pdf, recuperado: 10 de mayo de 2010.
26
irrenunciables de la Nación la independencia, la libertad, la soberanía, la inmunidad, la integridad territorial y la autodeterminación nacional. Artículo 2°. Venezuela se constituye en un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y, en general, la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Artículo 5°. La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en esta Constitución y en la ley, e indirectamente, mediante el sufragio, por los órganos que ejercen el Poder Público. Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos. Artículo 6°. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables. Artículo 7°. La Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a esta Constitución.
8
Como es sabido y siguiendo lo propuesto en los artículos anteriores, la
primera acción que Hugo Chávez llevó a cabo tras asumir el poder fue la
derogatoria de la Constitución de 1961 a la que en repetidas ocasiones calificó de
“moribunda”, refiriéndose con ello al fracaso rotundo de la oligarquía venezolana y
a un papel normativo que no logró estar a la altura de las necesidades de su
pueblo. Construir un instrumento político normativo ajustado al ideario bolivariano
que no traicionara los ideales de nación libre y soberana fue entonces el primer
paso de este “nuevo régimen” y la punta de lanza de la revolución del victorioso
candidato de 43 años que habría logrado demostrar el agotamiento del
bipartidismo adeco-copeyano impuesto a este país durante cuatro décadas.
El cambio de este tipo: fundamental, se puede observar específicamente a
través de las siguientes reformas en el régimen político.9
Primero: “La afirmación de nuevos ideales de distribución con las
consecuencias previsibles en la distribución de los recursos”. En los artículos 11 y
12 de la Constitución de 1999, se expresa que la República Bolivariana de
Venezuela es soberana de los espacios terrestres, marinos, aéreos e históricos y
vitales. Lo que supone el control público de estos dominios, pero también y de
8 Venezuela (1999), “Título I. Principios Fundamentales” en: Constitución Bolivariana de
Venezuela, Caracas, [en línea] disponible en: http://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/index.pag, pág. 1 y 2, recuperado: 19 de marzo de 2010. 9 Estos enunciados que se enumeran a continuación se tomaron literalmente del texto de Leonardo
Morlino para el análisis. (Morlino, 1985: 54).
27
manera prioritaria de los recursos naturales que en ellos se encuentren, tangibles
e intangibles.
El Estado refundado en 1999 con la promulgación de una nueva Carta
Magna, se compromete a promover la iniciativa privada –y referente al tema de la
equidad en cuanto a la distribución de los recursos– garantiza la creación y justa
distribución de la riqueza; también, la producción de bienes y servicios que
satisfagan las necesidades de la población, la libertad de trabajo, empresa,
comercio, industria, sin perjuicio de su facultad para dictar medidas para planificar,
racionalizar y regular la economía e impulsar el desarrollo integral del país.
Segundo: “En el paso de un sistema competitivo a otro semicompetitivo o no
competitivo, o a la inversa”: el Estado bolivariano buscará con la revolución de la
economía social promover y proteger las relaciones sociales y asociaciones
destinadas a mejorar la economía popular y alternativa. En los siguientes artículos
se realza la importancia y el peso que tiene para el desarrollo económico y social
de la nación la participación de los venezolanos en el sector productivo como
entes comprometidos con su propio desarrollo y bienestar económico:
Artículo 112°. “Todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que las previstas en esta Constitución y las que establezcan las leyes, por razones de desarrollo humano, seguridad, sanidad, protección del ambiente u otras de interés social […]”.Artículo 118°. Se reconoce el derecho de los trabajadores y trabajadoras, así como de la comunidad para desarrollar asociaciones de carácter social y participativo, como las cooperativas, cajas de ahorro, mutuales y otras formas asociativas. Estas asociaciones podrán desarrollar cualquier tipo de actividad económica, de conformidad con la ley. La ley reconocerá las especificidades de estas organizaciones, en especial, las relativas al acto cooperativo, al trabajo asociado y su carácter generador de beneficios colectivos.
10
Tercero: “En el cambio de las competencias del gobierno respecto de la
actividad socioeconómica”: en todos los casos referidos al dominio monopólico de
la riqueza del país mediante cualquier tipo o “modelo” de actividad económica para
el desarrollo del país, el Estado:
Artículo 113°. […] adoptará las medidas que fueren necesarias para evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio, del abuso de la posición de dominio y de las demandas
10
Venezuela (1999), “Capítulo VII De los Derechos Económicos” en: Constitución Bolivariana de Venezuela, Caracas, [en línea] disponible en: http://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/index.pag, pág. 29, recuperado: 21 de abril de 2010.
28
concentradas, teniendo como finalidad la protección del público consumidor, de los productores y productoras, y el aseguramiento de condiciones efectivas de competencia en la economía. Cuando se trate de explotación de recursos naturales propiedad de la Nación o de la prestación de servicios de naturaleza pública con exclusividad o sin ella, el Estado podrá otorgar concesiones por tiempo determinado, asegurando siempre la existencia de contraprestaciones o contrapartidas adecuadas al interés público.
11
Cuarto: “En el cambio de las relaciones y de las atribuciones de poder entre
las instancias legislativas y ejecutivas”: se debe tener en cuenta que hasta 1998
los poderes según lo establecido en la Constitución de 1961 se dividían en: Poder
Público, Poder Nacional, Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial. En la
actual Constitución de 1999, inicialmente el Poder Público Nacional ha quedado
distribuido así, léase:
Artículo 136°. El Poder Público se distribuye entre el Poder Municipal, el Poder Estadal y el Poder Nacional. El Poder Público Nacional se divide en: Legislativo (Asamblea Nacional); Ejecutivo (Presidente o Presidenta, Vicepresidente o Vicepresidenta); Judicial (Tribunal Supremo de Justicia, Tribunales y Juzgados), Ciudadano (Fiscalía General de la República, Contraloría General de la República y Defensoría del Pueblo) y Electoral (Consejo Nacional Electoral). Cada una de las ramas del Poder Público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejercicio colaborarán entre sí en la realización de los fines del Estado.
12
Este cambio en la distribución de los poderes ha dado mayor fuerza al
llamado Poder Popular, cuyo canal de alimentación son los Consejos Comunales
como órganos populares de decisión y acción comunitaria. Específicamente en el
sector socioeconómico, el mandatario Hugo Chávez explica que “la renta petrolera
ya no es un beneficio de pocos, los venezolanos sienten, por fin, que Venezuela
es de todos”.13 Lo que se traduce no únicamente en la democratización de los
recursos sino en el otorgamiento de la soberanía política y social de todos los
bienes del país que ahora podrán ser administrados por el pueblo venezolano por
medio de la producción cooperativista, las empresas de producción social
cogestionadas y autogestionadas.
11
(Ibíd., 28). 12 Venezuela (1999), “Capítulo I De las Disposiciones Fundamentales” en: Constitución Bolivariana
de Venezuela, Caracas, [en línea] disponible en: http://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/index.pag, pág. 29, recuperado: 21 de abril de 2010. 13
Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información. (2005), “Un socialismo, sano, fuerte y con futuro”, págs. 31 y 32 En: Socialismo del siglo XXI La fuerza de los pequeños, [en línea], disponible en: http://alopresidente.gob.ve/material_alo/12/1763/?visual=socialismo-del-siglo-xxi.pdf, recuperado: 22 de abril de 2010.
29
No obstante, a una década de gestión de Hugo Chávez se puede decir que
esta nueva perspectiva del poder que parece reorganizarse y replantearse a favor
del pueblo, tal como lo plantea Ramón Aveledo, esta “[…] institucionalidad
deseable es reemplazada por una suerte de instrumentalidad deseada, en la cual
los órganos del Poder Público deben ser dóciles herramientas de la voluntad del
líder, y la Constitución y la ley dispositivos en extremo flexibles cuando se trata de
los designios presidenciales y de la más estrecha rigidez cuando pretende avanzar
por su cauce la expresión de discrepancia o la oferta de una alternativa”. (Aveledo,
2009: 50).
Quinto: “En la transformación de la forma de Estado”: de un Estado de tipo
“democrático, representativo, responsable y alternativo” a uno “democrático y
social de Derecho y de Justicia”. 14 En la Constitución de 1999 lo que se defiende
es la capacidad del Estado de garantizar a los venezolanos “la vida” y todo lo que
ello implica. Así, la libertad de culto, la justicia, la igualdad de condiciones, la
solidaridad sin distinción racial, la democracia participativa, la responsabilidad
social y, todo cuanto respete los derechos humanos, la ética y el pluralismo
político son una garantía ineludible e irreemplazable, no negociable en el “nuevo
régimen político” del país.
Estos cambios tal y como se ha descrito a excepción del que refiere al
cambio de la forma de Estado –puesto que los poderes mantuvieron las viejas
formas de organización de la tradición liberal del siglo XIX con una mínima pero
importante modificación con la creación del Poder Ciudadano y Electoral–, se
pueden identificar plenamente en el nuevo texto constitucional que la Asamblea
Nacional Constituyente presentó al Estado venezolano luego de sesionar durante
seis meses y que finalmente encontró un apoyo masivo del electorado venezolano
en el referéndum del 25 de abril de 1999. Este acto indudablemente dotó de
legitimidad al proceso de activación del llamado poder constituyente.
14
Ver esta distinción en el Artículo 3°. de la Constitución de 1961 y Artículo 2°. de la Constitución de 1999.
30
La idea de una “Nueva Constitución” obedeció al principio bolivariano de
traerle dignidad al pueblo de Venezuela de la mano de la revolución15 dado que
detrás del concepto de constituyente originaria está toda una concepción del
“poder constituyente”. Esa fue la perspectiva Bolivariana al convocar en 1999, la
refundación social, la construcción del marco jurídico, institucional y paradigmático
de una nueva república en la cual pudiera ampliamente desarrollarse el modelo de
democracia participativa.
1.2.4. ¿Cómo se produce?
Es importante preguntarse por el modo cómo se realizan las acciones de
cambio y los medios utilizados para producirlo. En Venezuela, el tipo de cambio es
continuo pues se produce “de acuerdo con las normas o procedimientos de
transformación previstos por el sistema o por sus componentes”, no por una
ruptura respecto a las normas de autotransformación y la introducción de criterios
nuevos, no establecidos”. (Morlino, 1985: 50).
Otra modalidad de cambio que refiere a la forma en que se experimenta la
transformación y que explica –según Morlino– que un cambio pueda ser de tipo
continuo y a la vez se provea de ciertos mecanismos legítimos (al menos en el
principio de la transición) es el de tipo pacífico, dado que la transformación se lleva
a cabo por medio o a través de un mecanismo de consulta popular.
Pero hay que decir que de todas formas “en todos los niveles de cambio, y
respecto a todos los componentes, es imaginable la utilización de medios pacíficos
o violentos” (Ibíd., 51). Así lo entiende también Hugo Chávez al anunciar lo
siguiente: A la constituyente se debe llegar “por la vía de la presión popular
pacífica o por la vía violenta […]” (Blanco, 1998: s.d.). Esta afirmación del primer
mandatario, por un lado, enuncia el respeto por los canales legítimos para
promover el cambio, pero del otro, demuestra que de ser necesario para salvar la
15
La idea revolucionaria que lidera Hugo Chávez acuñó una variedad de conceptos. Así lo afirma el mismo presidente venezolano al decir: “Debemos tomar elementos del pensamiento universal y del actual, de la ciencia, del marxismo, del capitalismo, del comunismo, de la experiencia del militarismo que va surgiendo como nuevo signo, hay que alimentarse con todos esos elementos [...] nuestro proyecto es revolucionario y alejado del pragmatismo”. Véase en: Blanco, A. (1998), Habla el comandante Hugo Chávez Frías, Caracas, Cátedra Pío Tamayo, Universidad Central de Venezuela.
31
propuesta política se podrán tomar acciones no pacíficas, o dicho de otra forma,
acudir a otros modos que garanticen la reforma del Estado y sus instituciones en
nombre de la revolución.
Que el cambio se realice de forma continua y pacífica en cuanto a su modo,
no significa que durante su trayectoria política el “nuevo régimen” no busque a
través de otros medios (que podrían llegar a ser discontinuos y violentos) su
transformación, no únicamente en las normas, sino en los demás factores que le
constituyen, como se ha dicho antes: valores y estructuras de autoridad.
En el caso de Venezuela lo que siguió al paso de mando presidencial fue el
impulso acelerado hacia la construcción de una “nueva nación”. Así quedaron
evidentes las contradicciones y distanciamientos entre las prácticas políticas de
las antiguas élites en el poder y la naciente ideología, “reglas del juego” y
autoridades políticas que actualmente han propuesto una “nueva mentalidad” para
gobernar.
Según Ramos, el ascenso de un “nuevo régimen” en Venezuela ha sido
producto de “un deslinde entre un pasado político, ´partidocrático´ o de ´duopolio
partidista´, y una nueva época que arranca con el nuevo siglo, portadora de una
promesa de refundación de la democracia”. (Ramos, 2002: 1). Sin embargo, a diez
años de existencia ya está evidenciando hondas contradicciones, lo que explica la
segunda fase que ha transitado el régimen conducido por Hugo Chávez desde su
proclama de la revolución bolivariana en 1999, el camino hacia el “Socialismo del
siglo XXI” o “nuevo socialismo” que promueve un proyecto de “nueva sociedad”.
Es natural que el cambio a nivel del régimen político se origine –en primera
instancia– como resultado de la elección de un nuevo representante en el marco
de las normas o procesos de participación legítima, es decir, de la transición de un
mandato a otro por vía del sufragio amparado en el texto constitucional de 1961
(por esto continuo y pacífico). Así lo hizo la República de Venezuela, un Estado
que consagrado –como se ha dicho– de tipo federal, democrático, representativo y
alternativo permitió la transición de manera legítima del gobierno de Rafael
Caldera (en su segundo mandato) al de Hugo Chávez.
32
1.2.5. ¿Qué mecanismos emplea?
La forma en que el régimen político actual ha conducido la transformación
revela una nueva dimensión: la dirección del cambio. De acuerdo a las
dimensiones propuestas por Morlino, el mecanismo ha sido de tipo orientado, en
efecto, hacia las siguientes premisas:
Primero, la justicia social: posible sólo con la refundación de una república
bajo el principio de establecer una sociedad democrática, “participativa y
protagónica”, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y
descentralizado.
Segundo, la libertad y participación política: consolidada a través de los
valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la
integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras
generaciones; la garantía del derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la
educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación
alguna.
Tercero, la defensa del patrimonio y de la soberanía nacional venezolana: a
través de la promoción de la cooperación pacífica entre las naciones y de una
política de relaciones internacionales que garantice la promoción de los pueblos
de la región y, en consecuencia, la consolidación de la integración latinoamericana
de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos
que tiene que ver con las medidas de seguridad tomadas desde el Estado para
velar por la garantía universal e indivisible de los derechos humanos; la
democratización de la sociedad internacional; el desarme nuclear; el equilibrio
ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e
irrenunciable de la humanidad.16
De lo anterior se infiere que la reforma de la Constitución –como “norma de
normas”– era necesaria para el régimen dirigido por Hugo Chávez, pues sólo a
través de este mecanismo se podría entender:
16
Venezuela (1999), “preámbulo” en: Constitución Bolivariana de Venezuela, Caracas, [en línea] disponible en: http://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/index, pág. 1, recuperado: 19 de marzo de 2010.
33
Primero, la construcción de una “nueva historia indefinida” en la Venezuela
de la V República. Siguiendo los apuntes de la clase del 15 de marzo de 1978 que
dictó Michel Foucault en el Collège de France en su periodo lectivo (1977-1978)”,
al respecto de “indefinida” el filósofo francés acotó: “ahora, […] nos encontramos
en una perspectiva en que el tiempo de la historia es indefinido. Es lo indefinido de
una gubernamentalidad para la cual no se prevé término ni fin. Estamos en la
historicidad abierta, a causa del carácter indefinido del arte político”. (Foucault,
2006: 300); segundo, el “hacer” una verdadera revolución en lo político, en lo
económico, en lo social, en lo cultural y moral y; tercero, que el tránsito de un
régimen a otro tenga lugar a través de procesos de transformación pacíficos y
democráticos.
En la práctica, el cambio de las normas ha venido acompañado por medidas
de reformas amparadas en el poder constituyente. En el 2001 el Presidente
decretó una serie de nuevas leyes a través de un poder especial otorgado por la
Ley Habilitante cuyo objetivo fue dar cumplimiento a la Constitución Bolivariana en
lo referente a los siguientes aspectos: acelerar la modernización jurídica del país,
facilitar la creación de condiciones para un eficaz y eficiente funcionamiento de la
Administración Pública y crear condiciones para el desarrollo competitivo de
actividades productivas.
Un ejemplo claro de lo anterior es la promulgación de la Ley de Tierras y
Desarrollo Agrario, dado que:
“[…] la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace énfasis en la agricultura como base estratégica de un desarrollo rural sustentable. En comparación con la ley de tierras de 1960, la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario se hizo con el fin de erigir las bases de una estructura que permitiera el desarrollo sostenido de las actividades agrícolas, lo que garantiza la seguridad agroalimentaria del país y el mejoramiento de la calidad de vida en el campo. De allí que dicha ley establezca un replanteamiento de la tenencia y el uso de la tierra para contrarrestar el régimen latifundista, que se contrapone a algunos valores básicos y estratégicos del proceso bolivariano, como la solidaridad y justicia social”.
17
17
Ministerio de Planificación y Desarrollo (MPD) (2001), “Exposición de Motivos” en: Ley de Tierras y Desarrollo Agrario [en línea], disponible en: http://www.mpd.gob.ve/decretos_leyes/Leyes/ley_de_tierras.pdf, recuperado: 28 de marzo de 2010.
34
Adicional a esto según el texto promulgado por la Ley Orgánica de
Hidrocarburos se considera como un asunto de seguridad nacional la sustentación
de los recursos de hidrocarburos y con ello, se garantiza la optimización de la
industria petrolera. Dentro de los parámetros de explotación racional, el Estado
garantiza: justos ingresos fiscales, conservación del recurso, contribución al
desarrollo social y protección del ambiente.18 Con el anuncio de estas leyes –en
ambos casos– estas medidas levantaron gran polémica especialmente en los
círculos empresariales pues representaban una fuerte amenaza a la propiedad
privada. Para algunos opositores significó la confirmación de las verdaderas
intenciones del gobierno, cada vez más cerca a un régimen político de tipo
“estatista” o comunista.
La inestabilidad y la decadencia es el precio que ha tenido que pagar el
sistema político por la división de la nación –en algunos casos se cree incluso–
que Venezuela puede correr el riesgo de profundizar la crisis del sistema político
en su totalidad. Y así de hecho ya se ha evidenciado. El golpe de Estado del 11 de
abril de 2002 y el paro petrolero de finales de este mismo año que condujo la
férrea oposición al régimen liderado por Chávez comandada por el sector
empresarial (apoyado por el gobierno de EEUU, algunos militares opuestos al
régimen, las cúpulas de PDVSA y los medios de comunicación en estos años
cooptados por la oligarquía) en un escenario de descontento frente al paradigma
revolucionario puso de relieve sin duda, las incisiones que el cambio fue dejando
en este grupo de la comunidad política que se resistió a la transformación desde el
proyecto bolivariano.
Avanzado el proyecto revolucionario se podría reflexionar que las secuelas
de estos síntomas además de imposibilitar el progreso del mismo –más tarde con
una variante “socialista”– han demostrado que aunque estén claras las metas y
propósitos del régimen, las medidas implementadas desde el gobierno han
generado rechazo y parecen no estar direccionadas a representar a todos los
sectores de la sociedad venezolana.
18
Ministerio del Poder Popular para la Energía y Petróleo. (2001), “Artículos 3°., 8°., 22°. y 44°.” en Ley Orgánica de Hidrocarburos [en línea], disponible en: http://www.pdvsa.com, recuperado: 19 de abril de 2010.
35
Este cambio de las “reglas del juego” profundamente ideológico y social (tal
como se ha expuesto) se sostiene en la Constitución de la República Bolivariana
de Venezuela publicada en Gaceta Oficial del jueves 30 de diciembre de 1999, así
como también se describen en ella los lineamientos más que de un “nuevo Estado
popular-nacional”, de una nueva sociedad signada por la marca revolucionaria y
bolivariana que propuso la organización de “todos los ciudadanos” para reconstruir
el tejido social y avanzar hacia una verdadera transformación.
Así lo plantea Edgardo Lander en su ensayo: Venezuela: logros y tensiones
en los primeros años del proceso de cambio:
Más que un modelo o un programa para la nueva sociedad, aparecen enunciadas las orientaciones normativas que deben guiar la construcción de dicha sociedad: la prioridad de lo popular, la soberanía nacional, la igualdad, la inclusión, la solidaridad, superación de las limitaciones propias de la democracia representativa, la unión de los pueblos del continente y la lucha por un mundo multipolar, opuesto al mundo de la hegemonía imperial de los Estados Unidos. El pueblo, categoría que sintetiza lo nacional y lo popular, es la palabra clave de este discurso. (Lander, 2007: 42).
Por otro lado, en la trayectoria del régimen político venezolano que
actualmente se lee como una versión democrática del “chavismo” al poder, se
puede advertir otra dirección de cambio político, denominada por Morlino como
régimen en expansión. Indica “la posibilidad de que el cambio, a todos sus niveles,
pueda consistir en una expansión del sistema y, en particular, por ejemplo, en una
expansión de sus estructuras, que logran dirigir e interpretar las transformaciones
sociales, culturales, económicas que tienen lugar fuera del sistema político”.
(Morlino, 1985: 56).
En este sentido, se conoce que a partir de 2006 Hugo Chávez anunció una
fuerte promoción del “Socialismo del siglo XXI”, entendido como una forma de
organización y desarrollo social autónomo que elimina las contradicciones del
capitalismo19 y promueve la construcción de una nueva sociedad, basada en los
valores de solidaridad y cooperación mutua.
19
En la siguiente cita el presidente Hugo Chávez declara cuáles son las características de este proyecto de régimen político: “Sólo con un modelo que estamos inventando de un socialismo del siglo XXI, habrá democracia de verdad, producción económica, distribución igualitaria de los recursos, lograremos equilibrar las cargas que todavía están peligrosamente desequilibradas. Ahí está la pobreza todavía, producto de doscientos años de desigualdades”. Ministerio del Poder
36
Aunque esta dimensión del cambio político (en expansión) indique que las
medidas que se han debido tomar, las reformas (prioritariamente en el orden
socioeconómico) han debido experimentar el “umbral de transformación”
evidenciando en todo caso mejoras en los resultados de sus políticas de gobierno,
se podría entender que pasar de un régimen a otro, de un tipo de Estado a otro, o
“mentalidad de gobierno” distinta a la anterior, es finalmente un proceso que tiene
lugar no en línea recta sino que se va construyendo producto de avances y
retrasos.
De forma general el cambio político en Venezuela ha originado acciones a
contramarcha con respecto a los distintos procesos que viven los otros países de
la región. En nuestro caso de estudio, si se lee esto desde la perspectiva
bolivariana entonces se dirá que ha ocasionado reformas en el régimen de corte
político y económico de manera acelerada para asegurar que los derechos
económicos, sociales y culturales se expandan significativamente. Y, esta
responsabilidad en la V República es deber mayoritariamente del Estado que
deberá prever el acceso universal a la educación, la salud y la seguridad social.20
También la transformación en dirección normativa u orientada y en expansión, se
puede leer en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas (un
cambio novísimo en la historia del país) y en el plan de desarrollo económico de la
nación para revertir el trabajo de las políticas petroleras neoliberales de años
anteriores.
1.2.6. ¿Qué cambia?
Seguidamente, en cuanto a la dimensión que invita a revisar el contenido del
cambio se observa que éste es de tipo innovador; es decir, el régimen conducido
por Hugo Chávez se propuso como único objetivo “refundar la nación” y avanzar
hacia la “revolución pacífica”. Un propósito que sólo era posible con la redacción
Popular para la Comunicación y la Información. (2005), “Epígrafe” en: Socialismo del siglo XXI La fuerza de los pequeños, [en línea], disponible en: http://alopresidente.gob.ve/material_alo/12/1763/?visual=socialismo-del-siglo-xxi.pdf, recuperado: 22 de abril de 2010. 20
Venezuela (1999), “Artículos 76°. y 79°., 83°.-86°., 102°. y 103°.” en: Constitución Bolivariana de Venezuela, Caracas, [en línea] disponible en: http://www.gobiernoenlinea.ve/misc-view/index, recuperado: 28 de marzo de 2010.
37
de un nuevo conjunto de leyes y reglamentos notablemente diferentes a los
empleados por el anterior régimen político. Lo que se trata de poner de relieve es
que el mandatario desde su elección tomó las riendas de un gobierno que se
presentó al pueblo venezolano como novedoso, una apuesta de representación
basada en la renovación y el cambio político revolucionario.
Es a partir del nuevo texto constitucional concebido como instrumento
jurídico-político que Venezuela comienza a experimentar la transformación. Las
acciones registradas por el régimen –en sus primeros años de gobierno– hablan
de un antes y después en el país caribeño, en resumen, según lo que se ha visto
hasta ahora, en cuatro aspectos fundamentales: los valores patrios, las formas de
legislar, el modelo económico y los mecanismos y modalidades de participación
social.
Primero, el régimen dirigido por la revolución bolivariana logró la modificación
del nombre del país por el de “República Bolivariana de Venezuela”; segundo,
decretó la extensión del periodo presidencial a seis años e introdujo la reelección
inmediata; tercero, anunció el modelo económico con base en el capital, de
carácter mixto, con un fuerte papel del Estado pero garantizando la propiedad y la
iniciativa privada, sin embargo, se reserva para sí la explotación del recurso más
importante, el petróleo y las actividades claves para el desarrollo de la nación a
nivel industrial, de explotación, de servicios y bienes de interés público y de orden
estratégico. Por último en lo político, promovió los círculos bolivarianos,
concebidos como instrumentos garantes de la participación ciudadana.
Lo que vino luego del alza del núcleo empresarial en contra de las reformas
dictadas por el régimen, fue entonces la llamada “democratización del ingreso
petrolero” –si se quiere la tabla de salvación del Presidente–. Pero, los resultados
obtenidos en su gestión en materia de educación, salud, empleo y seguridad,
contrario a lo que se esperaba, fueron muy negativos. Después de la mitad de su
periodo de gobierno amparado en la Constitución de 1999, dio inicio a un largo
38
camino hacia lo que denominó “las misiones”; una “nueva política social” que se
difundió sorprendentemente en todo el territorio nacional.21
La equidad social es la base de estos programas de legislación del Poder
Social, del propósito del régimen de que se destierre la desigualdad en el país. No
obstante, a juicio del analista Edgardo Lander “en todas estas misiones hay mucho
de improvisación e ineficacia. Como consecuencia de la rapidez con que se
impulsan estas políticas y de su baja institucionalización, son deficientes los
mecanismos de control y se hace difícil la posibilidad de la contraloría social”. A
pesar de todo esto, el impacto de estas políticas es posible encontrarlo tanto en
una mejoría de las condiciones de vida de sectores mayoritarios de la población,
como en los ricos, diversos, heterogéneos procesos organizativos. (Lander, 2007:
57-58).
Para este momento es cierto que Hugo Chávez como líder de la revolución
bolivariana se fortaleció con la expansión de los programas sociales a pesar de las
duras críticas de la oposición y de la coyuntura política que nunca le ha
abandonado en su gestión. Sin embargo, el paso del tiempo sirvió para demostrar
la debilidad del sistema político venezolano pues las viejas instituciones aún
revestidas de burocracia y corrupción, no respondieron a la necesidad del cambio
como se esperaba.
Se puede afirmar a manera de síntesis que un régimen robustecido en su
dirección política no ha de ser suficiente para alcanzar el ideal de transformación
del conjunto. Las primeras repercusiones en este periodo que se ha abordado,
especialmente en la comunidad política y en la ejecución de los nuevos roles de
las autoridades han sufrido un impacto no esperado. Pese a que el pueblo
venezolano deseaba nuevos mecanismos de representación, en la práctica, se
puede decir que la resistencia al cambio político no dejó de ser una variable
determinante en el proceso.
21
Para consultar el objetivo de estos programas de desarrollo social y gestión pública ver en: LANDER, Edgardo. (2007), “Venezuela: logros y tensiones en los primeros ocho años del proceso de cambio” En: STOLOWICZ, Beatriz. (2008), Gobiernos de izquierda en América latina un balance político, Ediciones Aurora, Bogotá, págs. 55-57.
39
1.2.7. ¿De qué manera se produce?
Esta cuestión se refiere al ritmo del cambio, es decir, “el tiempo que tarda en
producirse una transformación”. (Morlino, 1985: 57). Una dimensión determinante
en la aplicación de las medidas que el régimen ha tenido que tomar para hacer
posible su revolución. Así se verá que la aceleración histórica en el viraje del
régimen político venezolano es un hecho consumado, bien por el camino legítimo
del referéndum o, gracias al Poder Constituyente que ha habilitado al mandatario
para anunciar una serie de decretos con fuerza de ley. Adicionalmente, el
concierto de reformas emprendidas por el motor socialista desde 2006 demuestra
que la transformación del régimen político obedece a una forma de cambio de tipo
acelerada.
De cara a las limitantes del proceso de transformación política en Venezuela,
Hugo Chávez como líder de la revolución bolivariana ha tomado atajos, ha
anunciado decretos, ha asegurado estar convencido de que levantar una nueva
patria es un trabajo de todos; sus prácticas políticas evidencian que el tiempo no
corre lento sino todo lo contrario, transcurre rápido. Parece que la idea
revolucionaria ha alcanzado su máxima expresión en el proyecto socialista y que,
en lo adelante, el rumbo a seguir se definirá únicamente a partir de las decisiones
y acciones de las mayorías populares.
40
2. LA GUBERNAMENTALIDAD: Estrategia general del poder y su aplicación en el régimen político liderado por Hugo Chávez (2007-2010).
2.1. Del estudio de la gubernamentalidad en el naciente “espíritu constituyente”.
Las cuestiones sobre el cambio político y un tiempo histórico siempre en
transformación ha sido el interés específico hasta lo que se ha abordado en el
presente análisis. En lo siguiente se articulará a esta dupla la cuestión de la
gubernamentalidad en cuanto a las medidas prácticas o “técnicas de gobierno”
guiadas por un tipo de régimen que ha acomodado en su “modo” o “forma”
normativa un “hacer política” que articula diversas formas o “tecnologías del
poder”.
Para explicar cómo surge una “nueva gubernamentalidad” en Venezuela es
necesario destacar que en la actualidad, al menos dos líneas de debate se han
abierto sobre este fenómeno: La primera, plantea la reinvención de la política en
América Latina y; la segunda, –en consecuencia a la primera– pretende
determinar por cuanto auténtica racionalidad para regir a nuestros pueblos, los
nuevos imaginarios, conceptos, escenarios y procesos vitales que deberán
inventar los regímenes políticos en respuesta a un nuevo poder, al naciente
“espíritu constituyente”.
Los programas de gobierno de los mandatarios latinoamericanos22 entrado el
siglo XXI han apostado a recuperar la autonomía, soberanía, diversidad y
multiculturalidad de nuestras repúblicas. Específicamente los regímenes políticos
liderados por: Hugo Chávez (1999), Evo Morales (2005) y Rafael Correa (2006) en
la región andina, en este sentido se puede decir que han dado paso al surgimiento
de las llamadas por Manin:23 democracias de audiencias. Un tipo de gobierno
representativo que se identifica con los regímenes “neodemocráticos” que han
22
Al hablar de América Latina también guardan apego a estos principios los gobiernos dirigidos actualmente en el Cono Sur por Luis Inácio Lula Da Silva (Brasil), Cristina Fernández (Argentina), Tabaré Vázquez (Uruguay), Michelle Bachelet (Chile) y; en Centro América, tras la elección de Daniel Ortega (Nicaragua) y Mauricio Funes (El Salvador). 23
A juicio de Manin “en los últimos años se ha producido un giro notable en el análisis de los resultados electorales […] la forma de gobierno representativo que ahora está emergiendo se caracteriza, por lo tanto, por tener un nuevo protagonista en la discusión pública, el votante flotante, y un nuevo foro, los medios de comunicación”. (Manin, 1998: 283). En este sentido en lo que se quiere poner énfasis es en la figura del individuo, la importancia que tiene para los “gobiernos emergentes” la participación de ciertos actores sociales en el ejercicio político.
41
nacido a la par de un nuevo siglo de cambios en Suramérica y de la configuración
de un patrón de poder “globalizado” resultado de un largo proceso.
De acuerdo a Aníbal Quijano, el patrón de poder así, “globalizado”
corresponde a un “nuevo orden político mundial”, que globaliza el imperialismo y
erosiona la autonomía, la identidad y la democracia de la mayoría de los países
del “globo”. “Se constituyó con América desde el final del siglo XV, amalgamando
en la colonialidad del poder, un nuevo sistema básico de dominación mundial
fundado en la idea de raza y un nuevo sistema de explotación mundial, el
capitalismo. Se fue configurando en todo lo fundamental hasta fines del siglo XVIII,
culminando con su eurocentramiento”. (Quijano, 2009: 59).
La actual conquista por el poder ya no ha de ser por la cruz y la espada, sino
a través de la tecnificación: del “gobierno de las técnicas”. En este sentido, el
“nuevo orden político" o “nuevo orden mundial” ha de ser el resultado de la
convergencia, “por un lado, de la derrota política del ´campo socialista´, de los
´nacionalistas´ y de los antagonistas del patrón mismo de poder, y del otro, de la
crisis del capitalismo”. (Ibíd., 64).
A partir de la naciente praxis política que ya cuenta con una trayectoria y que
ha sido promovida con mayor énfasis en Venezuela, Bolivia y Ecuador –una de
tipo “democrática” popular-socialista de marcada tendencia de izquierda– que está
avanzado bajo diferentes modelos presidenciales en los países de América Latina,
se puede visibilizar el cambio político y comprender cómo ha respondido el
régimen venezolano a los desafíos que el contexto del mercado mundial supone, a
partir de una determinada “mentalidad de gobierno” que pretende, en primer
orden, garantizar el sostenimiento del sistema político en su conjunto; y en
segundo lugar, refundar los principios que habrán de regir al país en este “nuevo
tiempo”.
De forma crítica al respecto de los modelos presidenciales que actualmente
pueden distinguirse, Marcelo Cavarozzi, desarrolla una investigación sobre los
“Modelos de acción presidencial contemporáneos”. En su análisis propone mirar
estas nuevas formas de liderazgo político clasificándolas en tres tipos:
presidencialismos coalicionistas (entre los que incluye a los gobiernos de Brasil,
42
Chile y Uruguay); presidencialismos débiles (para calificar a los liderazgos
adelantados por Argentina, México y Perú) y; por último, presidencialismos
hegemónicos.
En la citada contribución del politólogo argentino, se ubica a Colombia,
Venezuela y Bolivia en este tercer tipo de presidencialismo caracterizando así el
régimen político de Hugo Chávez como un gobierno:
“[…] establecido en sistemas de partido (coalición) dominante en un contexto de debilidad generalizada de los partidos. Oficialismo y oposición (es) se inclinan a favorecer modalidades antagónicas de organización del juego político. Vinculadas a liderazgos personales fuertes que tienden a colonizar a los poderes legislativo y judicial. Predominan tendencias a la manipulación de las reglas y procedimientos electorales”.
24
Las acciones de gobierno guiadas por el proyecto bolivariano han tenido
como corolario una gran polémica, discusión que tiene que ver con que la
Venezuela petrolera experimenta la construcción de una “nueva mentalidad de
gobernar” en este nuevo siglo, una que podría estar representando los derechos
de los países de la región –incluso del continente– mostrando al mundo un modelo
de sociedad guiado por el denominado “Socialismo del siglo XXI” que en la
actualidad, intenta producir cambios profundos en la naturaleza del “sujeto
histórico” de la revolución como actor social llamado a participar en los procesos
de transformación contemporáneos.
De acuerdo a Miguel Pérez Pirela, la historia reciente de Venezuela “se mide
en caracazos, golpes y contragolpes, Universidades Bolivarianas, Misiones,
Constituciones, Poderes Comunales, Soberanías […] una realidad popular que
corre más rápido que el pensamiento mismo. A su juicio, resulta claro que El
humanismo socialista venezolano del siglo XXI “se presenta bajo la forma de un
sistema coherente y compacto, pero evidentemente en construcción”. (Pérez-
Pirela, 2007: 8).
Para el 2006 según algunos analistas el desafío que debía enfrentar el
presidente venezolano era mayúsculo. La República Bolivariana de Venezuela
debía, entre otros aspectos: “primero, diversificar sus exportaciones; segundo,
24
Revisar anexo A/Modelos de acción presidencial tomado de: CAVAROZZI, Marcelo. (2010, 15 de febrero), “Estilos presidenciales en América Latina”, [Conferencia], Bogotá.
43
disminuir el volumen de las importaciones con una dinámica productiva interna
diversificada y adaptada a sus potencialidades y población” para así lograr una
integración regional que sea capaz de garantizar el pleno desarrollo de las
capacidades y ventajas del país y de su potencial productivo; tercero, avanzar
junto al proyecto de país compartido (“socialista del siglo XXI”); cuarto, desarrollar
nuevos valores de solidaridad y comunidad social; quinto, conformar instituciones
funcionales y eficientes; sexto, sostener coherencia y consistencia en la política
económica; séptimo, mostrar señales visibles y positivas de un proyecto social
integrado; octavo, incorporar progresivamente tecnología de punta; noveno,
posibilitar negociaciones comerciales en un mundo multipolar y; décimo,
profundizar la democratización de la propiedad.25 (Pérez Mancebo, 2009: 283-
285).
En Michel Foucault de quien se ha tomado el concepto de
gubernamentalidad el ejercicio de analizar las prácticas políticas presentes en la
población desde la genealogía de su constitución, tiene el propósito de procurar
“explicar la existencia y transformación de los saberes disponiéndolos como
piezas de poder e incluyéndolos en un dispositivo político”. (Albano, 2006: 88).
La pregunta específica de este apartado está centrada en reflexionar ¿por
qué estudiar la gubernamentalidad? Foucault responde a la cuestión explicando
que es necesario abordar el problema del Estado y la población pero desde una
perspectiva que en vez de poner el énfasis en los conceptos, identifique en ellos
las “prácticas o tecnologías de poder” que son parte fundamental de una cierta
racionalidad para gobernar.
Un método como éste consiste en buscar detrás de la institución para tratar
de encontrar, en términos más globales, lo que podemos denominar una
“tecnología del poder”. Por eso mismo, este análisis permite sustituir el análisis
genético de filiación por un análisis genealógico –no hay que confundir la génesis
y la filiación con la genealogía– que reconstituye toda una red de alianza,
comunicaciones, puntos de apoyo. (Foucault, 2006: 141).
25
Estos diez desafíos se tomaron de los resultados de un debate en el que participó José Pérez Mancebo sobre los eventuales escenarios nacionales que a partir de 2006 podrían visibilizar la voluntad de cambio del nuevo gobierno.
44
Con el ánimo de explicar el uso del concepto acuñado por Foucault y que se
ha tomado para este análisis, se debe prioritariamente comprender su
composición. La palabra gubernamentalidad lleva consigo dos elementos. El
primero, el “gobierno” y; el segundo, la “forma” en que se piensa al gobierno, es
decir, la mentalidad. Visto de esta manera se observa que la formación del
concepto tiene necesariamente una carga intencional en lo que respecta a la
acción de “gobernar”, pues tiene que ver con un acto deliberado, consensuado y
estratégico por parte de una determinada élite en poder que a través del régimen
político (modo de gobernar, regir, dirigir o conducir) introduce en la población
ciertas “normas” y “reglas del juego” que garantizan el vínculo o relación del Sujeto
con el Estado y sus instituciones como estructuras de autoridad.
Foucault se arriesga a decir que esta nueva etapa de su trayectoria analítica
en la que ha introducido la “Subjetivación” como unidad de análisis y a la que ha
titulado en su obra: Seguridad, territorio y población hubiese preferido llamarla:
una “historia de la gubernamentalidad”. Con lo que explícitamente desea referirse
a tres cosas:
Primero: al “[…] conjunto constituido por las instituciones, los procedimientos,
análisis y reflexiones, los cálculos y las tácticas que permiten ejercer esa forma
bien específica, aunque muy compleja, de poder que tiene por blanco principal la
población, por forma mayor de saber la economía política y por instrumento
técnico esencial los dispositivos de seguridad”. (Foucault, 2006: 136).
Segundo, a “[…] la tendencia, la línea de fuerza que, en todo Occidente, no
dejó de conducir, y desde hace mucho, hacia la preeminencia del tipo de poder
que podemos llamar ´gobierno´ sobre todos los demás: soberanía, disciplina, y
que condujo, por un lado, el desarrollo de toda una serie de aparatos específicos
de gobierno, [y por otro] el desarrollo de toda una serie de saberes”. (Ibíd.).
Por último, el filósofo añade que cree entender la gubernamentalidad “[…]
como el proceso o, mejor, el resultado del proceso en virtud del cual el Estado de
justicia de la Edad Media, convertido en Estado administrativo durante los siglos
XV y XVI, se ´gubernamentalizó´ poco a poco”. (Ibíd.).
45
Estas acepciones en Foucault podrían trasladarse –con una suerte de
simetría en relación a las formas políticas de la Edad Media– a las actuales
interpretaciones que se han hecho sobre la autonomía del Estado. Una de ellas,
quizá la de mayor relevancia la ha realizado el sociólogo británico Michel Mann.26
La postura de Mann tiene que ver con que el Estado es capaz de penetrar
tan profundamente a la sociedad a través de su poder infraestructural que podría
dirigir un cambio hacia el interior de sus estructuras, pero también, utilizar
mecanismos para reprimir o comprometer la lucha, regularizando y totalizando así
todos los procesos de la vida social que a su interior emerjan o sean necesarios
que se instauren para sostener su equilibrio. Se debe considerar que desde la
perspectiva gubernamental, el Estado como institución, tiene cierta singularidad e
independencia dado que está –si se quiere– cooptado por las “tecnologías del
poder o de gobierno”.
De esta forma el Estado, no es entonces una institución de poder que tiene
“vida propia” sino un “medio” más, un campo de intervención. En Foucault, “es lo
necesario para explicar la acción a distancia de un cuerpo sobre otro”. (Foucault,
2006: 40-41). Un “medio” –en última instancia– es desde donde se pone en
ejecución un dispositivo27 el cual debe tener un campo de despliegue, un lugar en
donde las prácticas políticas sean finalmente atravesadas por los “juegos de
poder”. Contraria a la postura de la idea clásica que el Estado es el “todo” en el
sistema político como figura de poder absoluto que dirige las poblaciones.
En resumen el Estado no es nada en sí mismo, es en su abstracción una
construcción en constante movimiento, por tanto, no tiene capacidad de
conducción. Las “tecnologías de gobierno” son en todo caso y, hasta lo que se ha
dicho, las que hacen la vida –privada y pública– de los individuos en sociedad. Se
refiere a ciertas “tácticas” y procedimientos que dirigen la vida de las poblaciones.
26
Ver en: MANN, Michael. (2007), “El poder autónomo del Estado: sus orígenes, mecanismos y resultados” En ACUÑA, Carlos (Comp.) Lecturas sobre el Estado y las políticas públicas: Retomando el debate de ayer para fortalecer el actual. PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO, Jefatura de Gabinete de ministros de la Nación, Buenos Aires, 2007, págs. 55-77. 27
“[…] se refiere al conjunto de todas aquellas instancias extra-discursivas que emergen a partir de un cierto régimen de concomitancia y proximidad con el discurso que las condiciona y de las cuales depende su funcionamiento. […] El dispositivo puede ser asimilado al concepto de mecanismo, […] al concepto de “aparato”, en el sentido de una mediación instrumental necesaria que hace posible la práctica y el ejercicio de un discurso determinado”. (Albano, 2006: 83-84).
46
Ya lo advertiría el mismo Foucault al señalar:
[…] el Estado no tuvo, ni en la actualidad ni, sin duda, en el transcurso de su historia, esa unidad, esa individualidad, esa funcionalidad rigurosa, y me atrevería a decir que ni siquiera tuvo esa importancia. Después de todo, tal vez no sea más que una realidad compuesta y una abstracción mitificada cuya importancia es mucho más reducida de lo que se supone. Tal vez. Lo importante para nuestra modernidad, es decir, para nuestra actualidad, no es entonces la estatización de la sociedad sino más bien lo que yo llamaría “gubernamentalización” del Estado. (Foucault, 2006: 136-137).
Entendido esto, hacer un análisis sobre los Estados modernos según lo que
se ha planteado sería más bien entrar en el terreno de las “tecnologías de la
subjetividad”, en sí, de cómo se “conduce al Sujeto”. La idea propuesta es
desmarcar al Estado de su omnipotencia y bajarlo a un nivel más específico, en
todo caso el de establecerse como “medio” que le sirve a una élite en poder.
En ese particular pasará a tomar relevancia un estudio de esta naturaleza,
pues lo que queda en el debate actual ya no será la pregunta por el Estado, sino
eventualmente, por el régimen político como objeto de la gubernamentalidad
compuesto por una multiplicidad de prácticas que hacen posible las relaciones de
poder en un específico territorio y que alcanza al dominio de toda la población y no
a un único sector de la sociedad.
2.2. De una alternativa histórica de cambio político a la refundación del orden a
través de la gubernamentalidad “socialista del siglo XXI”.
El debate sobre la cuestión central de la gubernamentalidad que Foucault
introdujo específicamente en la clase del “08 de febrero de 1978” dictada en el
Curso en el Collège de France (1977-1978) –sin ánimo de forzar su metodología y
análisis para ser aplicado al presente estudio– podría resultar de interés en la
tarea de abordar el problema de la representación política en América Latina. Un
tema hasta ahora incipiente desde la perspectiva de la gubernamentalidad, de las
relaciones políticas que se configuran en los complejos “juegos de poderes” y, por
tanto, escaso de análisis.
De allí que se considere fundamental seguir esta línea de investigación y que
en consecuencia cada vez sea más apremiante para los contemporáneos de
diversas disciplinas pensar en cuestiones específicas como las que se mencionan
47
a continuación: ¿qué significa gobernar?; ¿con qué mirada se gobierna?; ¿qué se
gobierna?; ¿a quién se gobierna? y; finalmente, ¿a través de qué tecnologías de
gobierno? Un acierto aparentemente sencillo de la reflexión crítica sobre el cambio
político. No obstante, ya los análisis que ha dejado Foucault –refiriéndose a la
experiencia Occidental en los siglos XIII al XVI y más acentuadamente en el XVIII;
aunque, con un dominio semántico vasto– advierten a la luz de este estudio de la
complejidad del fenómeno de la gubernamentalidad como una estrategia general
del poder.
Siguiendo este planteamiento entonces ya no se hablará sino de una “era de
la gubernamentalidad” en palabras de Foucault. Un tiempo histórico que data en
sus orígenes quizá del siglo XVIII en el que sólo se impuso una forma de
gobernar: la del Estado. Como reducto hermenéutico, sólo queda decir que en el
presente son las “tácticas de gobierno” las que hacen posible la existencia del
Estado, “lo que debe y no debe estar en la órbita del Estado, lo que es público y lo
que es privado, lo que es estatal y lo que no lo es. Por tanto, el Estado en su
supervivencia y el Estado en sus límites sólo deben comprenderse sobre la base
de las tácticas generales de la gubernamentalidad”. (Foucault, 2006: 137).
La reflexión sobre la gubernamentalidad que está impulsando el “Socialismo
del siglo XXI” obliga a acudir a las definiciones para a partir de ellas pensar lo que
está sucediendo en Venezuela en un momento histórico de transición y cambio,
por las exigencias del “nuevo orden mundial” y los efectos de la “globalización”
pero también dados los regímenes de gobierno que se están “construyendo”
(entiéndase esto como un proceso en transición) en América Latina. Y, el caso
venezolano, con mayor preeminencia, ha respondido a la “contingencia histórica”
en tanto resultado y no, como una forma espontánea que ha surgido naturalmente
desde la base de la población venezolana.
Ahora bien, a la luz de lo expuesto concretamente y atendiendo a los
interrogantes antes planteados: ¿qué es gobernar?; más bien, ¿qué significa
gobernar en este nuevo siglo de cambios? se podría simplemente partir de la idea
de que la acción de “gobernar” refiere a la forma de actuar, al régimen político de
un país, a la manera de administrar o hacer funcionar los diferentes componentes
48
que conforman el sistema político (lo que ya se ha visto en detalle en la primera
parte del análisis). Sin embargo, entendiendo cómo ha aparecido una nueva forma
de “hacer política”, la del Poder Constituyente o Poder Popular de las mayorías, se
podría leer al gobierno que rige esa “nueva racionalidad” desde otras miradas –en
este caso la foucaultina–, unas que permitan explicar cómo es que en Venezuela
se puede identificar un proceso gubernamental, a partir de la manera en que se
gobierna, de un determinado régimen que utiliza las “relaciones de poder” para
activar una compleja red de “tecnologías de gobierno” y gobernar con ellas al
pueblo.
Para Foucault, la acción de gobernar “[…] se refiere al desplazamiento en el
espacio, al movimiento, que se refiere a la subsistencia material, la alimentación,
que se refiere a los cuidados que pueden proporcionarse a un individuo y la
salvación que se le puede asegurar, que se refiere asimismo al ejercicio de un
mando, de una actividad prescriptiva, a la vez incesante, afanosa, activa y siempre
benévola”. (Foucault, 2006: 149).
Según lo que se ha dicho gobernar en este nuevo siglo, en una época en la
que todo está en movimiento, parece que es homónimo de transformación, de
cambio, de creatividad, de habilidad y formas políticas que apegadas a la ley
introducen nuevas “formas de hacer” en sociedad pero desde las relaciones que
tienen lugar en los “juegos de poder”. En el caso venezolano se ha producido una
“nueva mentalidad de gobernar” por vía de la “tecnología gubernamental” del
Poder Constituyente.
En síntesis se puede interpretar a todas luces y a manera de situar la
definición de gobierno ante este análisis que gobernar, es a “dirigir” como régimen
a “normar” la conducta de los otros. Entonces “dirigir la norma” implica en
consecuencia “pensar” una determinada “tecnología de gobierno” para garantizar
el acercamiento de las relaciones entre el Estado y la población –cada vez más
distantes– a través de nuevos mecanismos de representación, dado el actual
distanciamiento entre votantes y partidos políticos tradicionales que han originado
una cierta apatía política.
49
Dirigir, normar, pensar y salvar son verbos que conducen sin duda a
comprender la forma gubernamental en Foucault que –en lo ulterior– se entenderá
como el arte de gobernar la conducta de las poblaciones desde una multiplicidad
de escenarios, de enunciados y “técnicas” políticas (aleatorias, eventuales o
circunstanciales) que permite disponer oportunamente de los recursos y el
potencial humano de una determinada sociedad para un fin.28
El “espíritu constituyente” como forma política alternativa (o tipo de
gubernamentalidad del régimen socialista que se opone a la dinámica del “poder
globalizado”) –según lo señalado por Alberto Adrianzén– “se percibe y hasta se
siente más en los países andinos” que en el resto de naciones de la región. Así se
explica el surgimiento de las llamadas Asambleas Constituyentes29 especialmente
en las experiencias de Venezuela (1999); Bolivia (2007) y Ecuador (2008). Pero
este fenómeno parece no ser exclusivo de esta triada de países. De acuerdo al
autor:
[…] este proceso constituyente comenzó en Colombia en 1991 con la instalación de una Asamblea que buscaba, por un lado, reformar un sistema político bipartidista que hasta ese momento se mostraba poco permeable para incluir a nuevos partidos, como lo demostró el proceso de apertura de los años ochenta; y, por el otro, encontrar salidas al conflicto armado que se vivía en ese país. Al año siguiente, en 1992, Alberto Fujimori convoca en el Perú una Asamblea Constituyente para legitimar el golpe de Estado del 5 de abril de ese mismo año. (Adrianzén, 2009: 75).
Adrianzén propone al menos dos formas constituyentes que son útiles para
comprender cómo puede surgir una “gubernamentalidad constituyente”, producto
de un proceso de cambio político en el régimen. Una es la de tipo originaria y la
otra denominada derivada. Para ello el autor toma las definiciones de César
Alarcón quien explica que el poder constituyente originario “se ejerce la primera
vez que la comunidad se organiza jurídicamente, en el momento de la primera
Constitución (Asamblea Constituyente Fundacional) o cuando mediante un hecho
revolucionario se constituye un nuevo ordenamiento jurídico en contravención de
28
Planteamiento que corresponde a una interpretación propia de lo que Michel Foucault ha denominado: gubernamentalidad. 29
Consultar anexo B/Los referendos andinos. Periodo: (1985-2009).
50
las disposiciones constitucionales establecidas para la reforma de la norma
fundamental”. Alarcón (citado en Adrianzén, 2009: 77).
Por otro lado, Alarcón señala que el poder constituyente derivado (Asamblea
Constitucional) y el que ha tenido lugar en la Venezuela socialista, “´[…] se ejerce
en el momento de llevar a cabo una reforma constitucional´ (parcial o total) y se
respetan ´[…] los órganos o procedimientos establecidos en la constitución vigente
para su reforma´. Por ello, este tipo de poder produce lo que se llama ´[…] un
hecho jurídico y político con consecuencias jurídicas´; es también una noción
jurídica normativa, además, es pasible de control constitucional y, por lo tanto, es
limitado, ´[…] pues está condicionado por una Constitución vigente objeto de la
reforma´”. (Ibíd.).
Aunado a esto, Gutiérrez y Acuña en su ensayo titulado: La política de los
referendos en los países andinos: apelación al pueblo y democracia (1985-2010),
manifiestan su interés en estudiar el fantasma que recorre al mundo andino: el
referendo como mecanismo por excelencia de consulta utilizado por el Poder
Constituyente. Afirman que “en todos los países del área éste se ha convertido en
una importante herramienta de convocatoria, movilización y debate político.
Ciertamente, en este terreno los países andinos están sintonizados con una
tendencia continental, incluso global”. (Gutiérrez y Acuña, 2009: 22).
Para una cabal comprensión del fenómeno que representó el cambio político
y la avalancha plebiscitaria que se originó desde 1985 en la región andina, los
autores señalan con especial énfasis que dieciocho de los veinte referendos
registrados se concentraron en tres países específicamente: Ecuador (siete),
Venezuela (seis) –todos durante el gobierno de Hugo Chávez– y Bolivia (cinco) en
los últimos diez años. En suma con los señalamientos anteriores lo que se quiere
destacar es que éstos han sido regímenes políticos que han elegido Asambleas
Constituyentes con la esperanza de poder construir un nuevo país por vía de la
“madre de todas las normas”, la Carta Magna y que han buscado la
transformación de la sociedad a través del apoyo popular, de las nuevas formas
de empoderamiento del pueblo que supone el ejercicio de relaciones de poder y
51
“juegos de poderes”, aún más complejos que los que han tenido lugar en décadas
anteriores.
Aunque hay que señalar que los regímenes de Ecuador, Venezuela y Bolivia
han tenido particulares procesos de cambio político, dada la complejidad de cada
gobierno y del contexto mundial en que se han propuesto, la característica común
ha de ser la “forma constituyente” que sin duda debilita la fuerza de los sistemas
de partidos y centra la tensión entre democracia y liberalismo (Gutiérrez y Acuña,
2009: 21). De acuerdo a Mario Sanoja en el caso venezolano, “[…] debido a su
carácter originario, participativo y plural, la Constitución Bolivariana culminó
siendo, más que una simple Constitución, el proyecto socialista de la nación y el
Estado bolivariano”. (Sanoja, 2008: 49).
Esta idea de conducir los “nuevos regímenes políticos” de la región hacia una
propuesta que se opusiera a la “globalización” y prometiera la refundación de las
repúblicas –en términos generales– tuvo su origen en el Foro Social Mundial de
Porto Alegre (FSM) realizado en 2001 que contó con la asistencia de 12 mil
personas de todo el mundo quienes respaldaron la propuesta de buscar la
democratización y humanización de las Instituciones Financieras Internacionales
(IFI), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la
Organización de Naciones Unidas (ONU), entre otras. Esta iniciativa ha fortalecido
el surgimiento de un nuevo bloque de poder en la región, un nuevo grupo
antiimperialista que entre sus líderes más destacados ha tenido a Hugo Chávez y
que se opone abiertamente a la influencia de Estados Unidos. Así el triunfalismo
de la “globalización” se ha puesto en tela de juicio y una “nueva racionalidad de
gobernar” impulsada por regímenes de izquierda ha cobrado fuerza en la escena
mundial.
El 11 de diciembre de 2006, fue un momento crucial para el actual régimen.
En esta fecha los venezolanos, además de reelegir a Chávez en la presidencia de
la república, le otorgaron el mayor respaldo que haya obtenido desde su llegada a
Miraflores en 1998, victoria que se suma a los diferentes procesos de consulta
democrática que se han realizado en el país para legitimar el proceso de cambio
52
político dirigido hacia la refundación del orden, los modos de producción, relación
y participación ciudadana.
Desde entonces la emergencia del surgimiento de un proyecto alternativo de
régimen político abrió paso al primer mandatario Hugo Chávez quien continúo
utilizando –aún con más fuerza– “lo bolivariano” como forma de representarse.
Pero para refundar el orden democrático en el país, el régimen necesitó de
un instrumento político consensuado y orientado a concretas acciones para
radicalizar y profundizar la Revolución. Esto fue justo lo que hizo el mandatario al
anunciar el 08 de enero de 2007 su Proyecto Nacional Simón Bolívar 2007-2021
con el que marcó el inicio de una segunda fase en su proyecto revolucionario. En
sus palabras, esta continuidad en el cambio de régimen político en Venezuela
significó el comienzo de una “nueva era”.
Lo que en su momento se concibió como una posibilidad de cambio, en la
actualidad, es considerado un modelo de sociedad en desarrollo “igualitario y
solidario” posible sólo a través de la puesta en marcha de los cinco motores
“socialistas”. Ésta, si se quiere, ha sido una estrategia del régimen “chavista” para
transformar los fundamentos éticos y morales de la nación; las “normas” y, las
estructuras políticas, económicas, militares y sociales en Venezuela.
Estos cinco motores nos revelan cómo piensa y proyecta Hugo Chávez a
Venezuela y responden a nuestra segunda pregunta analítica: ¿Con qué mirada
se gobierna? En este caso han de ser sin duda a través de sus dos objetivos
primordiales: “democracia y justicia social”. A continuación se detallan las líneas
transformadoras del Proyecto Nacional Simón Bolívar:
El primer motor: Ley Habilitante: vía directa al socialismo. “Una ley madre de
leyes revolucionarias”; el segundo motor, Reforma Constitucional: Estado de
derecho socialista. “La reforma socialista constitucional”; el tercer motor, Moral y
Luces: Educación con valores. “Moral y luces […] una revolución […] en todos los
momentos y en todos los aspectos”; el cuarto motor, La Nueva Geometría del
Poder: El reordenamiento socialista de la geopolítica de la nación. La pregunta por
“¿cómo está distribuido el poder político, social, económico, militar y cómo debería
estar”; y el quinto motor, Explosión del Poder Comunal: Democracia protagónica,
53
revolucionaria y socialista. Una “explosión, creadora, del Poder Comunal […]”: los
Consejos Comunales y que “[…] va a depender de las leyes habilitantes”.30
Lo que se observa recurrente en estos cinco pilares fundamentales del
régimen político dirigido por Hugo Chávez es que a cuenta del poder de modificar
la “norma” (uno de los componentes esenciales del régimen, específicamente del
Poder Constituyente que habilitó al mandatario para dictar decretos con Rango,
Valor y Fuerza de Ley en 2007) se ha acelerado la transformación del Estado, uno
que conjuga la igualdad con libertad y que ha proyectado al ciudadano venezolano
como “objeto” de su gobierno, es decir, como [objeto] del cambio.
Se puede decir en consecuencia sobre el punto específico del Estado que el
proyecto político de Hugo Chávez o, como lo ha denominado Luis Britto (el
proyecto socialista del “tercer milenio”)31, busca la transformación de la sociedad a
través de la misma estructura del Estado capitalista anterior, sólo que en este caso
con el propósito de otorgándole el poder soberano a la ciudadanía, es decir, el
“Sujeto” como objeto de derecho pero que continua obedeciendo –y se quiere
hacer hincapié en esto– a las relaciones de poder que el cambio de la “norma”
supone. Esto significa que existe la posibilidad de que se produzca un proceso de
liberación en Venezuela frente al dominio del régimen liberal-capitalista aunque
aún no se pueda evidenciar a esta altura del análisis la aparición de verdaderas
prácticas de libertad o de liberación del “Sujeto” ante el dominio de una élite en el
poder.
Recurriendo a Foucault, lo que pudiera impulsar estos nacientes procesos
gubernamentales es la construcción de una “nueva subjetividad” como “medio” y
“fin” de la revolución que defiende el principio de autodeterminación del “Sujeto”
para su propio desarrollo. Se entiende por consiguiente que el cambio ha de ser
uno de tipo “endógeno”; ha de venir “desde abajo”, desde las capas o estratos de
la sociedad más discriminados, aunque esto, no es garantía de que el venezolano
esté libre de toda sujeción porque en este caso las relaciones que se producen en
30
Entre comillas se han citado fragmentos de discursos del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, extraídos de: Ministerio del Poder Popular para la Cultura. (2005), Todos los motores a máxima revolución… ¡rumbo al socialismo! [en línea], disponible en: http://www.bibliotecayacucho.gob.ve/fba/index.php?id=102, recuperado: 07 de mayo de 2010. 31
BRITTO, Luis. (2008), Socialismo del tercer milenio, Caracas, Monte Ávila Editores.
54
los “juegos de poder” orientados por el Poder Constituyente como “dispositivo de
seguridad” –normativo– parece estar determinando las formas, dinámica de vida y
relación de los individuos en sociedad.
Se podría interpretar que el objetivo de la revolución “socialista” es dirigir la
transformación utilizando como escenario de despliegue de sus prácticas a la
población, el pueblo “soberano”. Así las cosas, en concreto se podría decir que las
respuestas más acertadas a nuestros interrogantes, tercero y cuarto sobre: ¿qué
se gobierna? y; ¿a quién se gobierna? desde la mirada panóptica del “Socialismo
del siglo XXI”, serían entonces: hay que gobernar “la vida”, los modos de
existencia vital. ¿La vida de quién?, de las “poblaciones” como escenario que
agrupa números de individuos que se relacionan en la dinámica de los “juegos de
poder”.
El debate en torno a este tema es complejo dado que hay quienes apuestan
porque “el norte estratégico-táctico de las luchas y la política emancipatoria sea la
idea y la práctica del llamado ´poder popular´ (quizá la respuesta a nuestra quinta
pregunta sobre ¿a través de qué técnicas se gobierna?)32; esté entendido como el
ejercicio permanente, con una lógica autónoma, soberana(o) del poder (en sentido
afirmativo, de poder-hacer) por parte del pueblo, de la multitud en diversas
dimensiones y desde diferentes espacios, incluido el ámbito institucional puesto a
su servicio y que es la plasmación concreta del poder constituyente”. Pero este
imaginario debe verse reflejado en las prácticas políticas. Mazzeo y Stratta (citado
en: Campana, 2009: 257).
Lo esencial que hay que distinguir cuando se quiere determinar cuáles son
las “tecnologías de gobierno” de esta racionalidad en el poder que vemos ir en
ascenso con estos “nuevos regímenes de gobierno”, es que en lo fundamental de
la lógica autónoma soberana del poder, la contrahegemonía y la emancipación
son dos conceptos de diferente alcance que tienen implicaciones diversas ante el
propósito de la gubernamentalidad del “Socialismo del siglo XXI”.
Siguiendo a Raúl Ornelas, la contrahegemonía “[…] apunta a la creación de
un sujeto social que confronte exitosamente el poder establecido, un sujeto
32
El texto entre paréntesis es una necesaria acotación de la autora.
55
multiforme que debe construir desde la sociedad civil las bases de una nueva
sociedad y de un nuevo Estado, al tiempo que se destruye la hegemonía de la
burguesía[…]”; mientras que la emancipación, busca acabar con las relaciones de
poder; “[…] el sujeto que se construye es también múltiple, pero caracterizado por
la diversidad y anclado más en la sociedad civil (o si se prefiere, en las luchas
populares) que en la esfera política”. (Ornelas, s.f.: 101-102).
La diferencia entre estas dos rutas alternativas al orden neoliberal tiene que
ver con un aspecto central: “el poder”. Uno intenta llegar a él en oposición al que
gobierna y; el otro, le desconoce como “forma política” para gobernar a los
pueblos.
Para Walden Bello autor de El Foro en la encrucijada, el mandatario Hugo
Chávez (a propósito del objetivo del Foro Social Mundial nacido en un momento
de quiebre político, económico, social y cultural en América Latina) fue quien
“captó la esencia de la coyuntura cuando advirtió a los delegados en enero de
2006 del peligro de que el FSM se convirtiera simplemente en un foro de ideas sin
una agenda para la acción: Dijo a los participantes que no tenían otra elección que
plantearse la cuestión del poder. ´Necesitamos una estrategia de contrapoder.
Nosotros, los movimientos sociales y políticos hemos de ser capaces de ocupar
espacios de poder a escala local, nacional y regional´”. En las palabras del primer
mandatario venezolano queda clara la forma política en que mira la trayectoria de
su gobierno, una de tipo evidentemente contrahegemónica y no de emancipación.
Bello (citado en De Sousa Santos, 2009: 398).
Pero la preocupación por la instauración de un nuevo orden en manos de la
minoría en el poder no deja de estar latente a la luz de este análisis. Boaventura
De Sousa Santos lo advierte al explicar: “[…] El ejercicio de traducción tiene como
objetivo identificar y reforzar lo que es común en la diversidad del impulso
contrahegemónico. Eliminar lo que separa es imposible. El objetivo es hacer que
la diferencia-huésped sustituya a la diferencia-fortaleza”. Para el autor lo más
legible en esta “nueva era” de cambio político es que “todavía es demasiado
pronto para decir que, después del Foro Social Mundial la izquierda global ya no
56
volverá a ser lo mismo. En definitiva, ésta es la razón por la que el Foro tiene que
continuar”. (De Sousa Santos, 2009: 408-409).
Es preciso señalar que a nivel de las capas sociales, en concreto, en la
proletarización de las relaciones de producción capital que se intentan reformar
por vía constituyente en Venezuela, el Estado social de derecho que ha avanzado
con los “nuevos regímenes” de gobierno en la región –contrariamente a lo
esperado–, pueda que esté configurando ciertas reglas de dominación. Bien a
causa de la poca credibilidad o confianza política en el nuevo régimen o; –y lo que
es peor– por efecto de la aplicación de ciertas “tecnologías de gobierno” aplicadas
a través del llamado Poder Comunal.
Esto podría ser posible por cuanto las decisiones del gobierno conducido por
Hugo Chávez legitimadas en la ideología bolivariana, puedan que respondan
nuevamente a los intereses de una minoría élite que dispone y regula las “normas”
y “reglas del juego” en la dinámica que tiene lugar entre las “tecnologías
gubernamentales” utilizadas por el Estado –como ente regulador– y el “modo de
vida” de la población –como campo de despliegue de un conjunto de prácticas
políticas de nuevo orden–.
Hasta aquí, es preciso decir que la transformación en Venezuela ha tenido su
origen a través del régimen político, específicamente en el cambio de las “normas”
que rigen al pueblo. Justamente, esto es lo que ha permitido “pensar” a un “nuevo
sujeto” y conducir su conducta a través de una multiplicidad de “técnicas
gubernamentales”. De allí que muchos especialistas observen este fenómeno en
Venezuela como un síntoma de cambio trascendental, uno que permite dar cuenta
del agotamiento de una sociedad tradicional y el advenimiento de otra, la moderna
que las mayorías esperan que sea social y de derecho.
Sin duda, parece que éste es un tiempo excepcional, “[…] por la emergencia,
como consecuencia de los procesos de modernización, de nuevos sectores
sociales y élites y; por la creación y/o conformación de nuevas mayorías
nacionales para construir una nueva legitimidad que justifique la creación de un
nuevo Estado como de un nuevo sistema político”. (Adrianzén, 2009: 79).
57
2.3. Reflexión sobre la construcción de una “nueva subjetividad”.
Para abordar este tema se explicará más descriptivamente cómo es que
Michel Foucault dirige su mirada hacia los procesos de gubernamentalización de
la sociedad a través de la llamada Subjetividad.
A la dupla que los teóricos consideran las dos primeras dimensiones
intelectuales en Foucault (Saber-Poder), se sumó una tercera dimensión: la
“Subjetividad”. Esta última etapa de análisis es en la que nos interesa poner
atención pues ha de ser el campo de significación o el instrumento operativo que
permitirá comprender: ¿qué nos sucede? en el marco de la naciente
gubernamentalidad “socialista del siglo XXI”. Un ejercicio ontológico interesante en
la medida en que permite poner en el debate político rutas alternativas de análisis
sobre el tema de la representación democrática y las nacientes experiencias
socio-políticas que están protagonizando los países de la región.
Conforme a lo anterior el trabajo de Foucault presentado en el curso del
Collège de France durante el periodo lectivo 1977-1978 recogido en la obra
titulada: Seguridad, territorio y población publicada en el 2006, marca la génesis
de un nuevo ciclo en la enseñanza de este estudioso el del desplazamiento de las
preguntas: ¿qué puedo saber?, ¿qué puedo hacer? a la cuestión específica de
¿quién soy? o ¿quiénes somos en la contingencia histórica que nos hace ser lo
que somos? Ésta última pregunta lo direcciona hacia la dimensión de la
gubernamentalidad que se ha abordado en el desarrollo de esta segunda parte del
análisis.
El trabajo de Foucault ha sido utilizado por algunos autores que interesados
en repensar la política desde América Latina han hallado en sus aportes sobre la
subjetividad, una herramienta analítica para explorar la posibilidad de otros
“modos de hacer política” en nuestro tiempo.
Raphael Hoetmer, Aníbal Quijano Obregón, Raúl Zibechi, Francisco De
Sousa Santos, Sonia Álvarez, Alberto Adrianzén, Álvaro Campana Ocampo, entre
otros investigadores que se han dedicado a estudiar los desafíos que propone el
cambio político, observan este fenómeno como “un cambio de episteme” o, “un
momento de transición paradigmática”, en el cual no sólo cambian las condiciones
58
materiales, sino también se está formando nuestra manera misma de mirar y
entender la realidad. (Hoetmer, 2009: 11).
De esta forma, la comprensión de los “nuevos regímenes políticos” como
punto de contacto entre las cuestiones más prioritarias que pueden surgir de la
dupla: Estado-población es una cuestión que invita a reflexionar sobre la relación
ética por medio de la cual nos constituimos como “sujetos de acción política”. Así
para el caso venezolano será posible pensar en la construcción de un “modo de
vida socialista” pues su emergencia radica –así como también en otros países de
Suramérica– en un hecho incontrovertible:
[…] mientras el socialismo tiene como meta lograr el desarrollo pleno de los hombres y mujeres como seres sociales, el capitalismo, particularmente en su presente fase neoliberal, persigue un objetivo contrario: al privilegiar la preeminencia del capital sobre el trabajo, degrada el medio ambiente, las condiciones materiales del trabajo provocando igualmente la devaluación de las condiciones culturales y sociales de los pueblos. (Sanoja, 2008: 53).
Desde otra perspectiva de análisis uno de los grandes problemas de la
región a juicio de Martín-Barbero, “[…] –en particular de la subregión andina– es
cómo crear un concepto (y sujeto) de pueblo (mayoría política) que dote de una
nueva legitimidad a ese nuevo poder político que dice representarlo”. (citado en
Adrianzén, 2009: 80).
De acuerdo a esto y complementando lo planteado por Foucault, hay que
tener presente que la construcción de un “nuevo sujeto político” tiene su origen –
principalmente– como consecuencia de un acto refundacional al interior del
régimen, uno que como se ha dicho obedece a un tipo particular de cambio en el
sistema político.
Podemos afirmar que todo acto refundacional es, al mismo tiempo, la creación de una nueva identidad nacional que busca redefinir –porque se vive un momento de inclusión– el todo social y político. Estamos, por lo tanto, frente a un cambio de calidad y no sólo de cantidad. No se trata solamente de sumar –esta suerte de aculturación política–, sino más bien de sumar redefiniendo a la propia sociedad y al poder. (Adrianzén, 2009: 80).
En términos de De Sousa Santos, la teoría política liberal es la expresión
más sofisticada del desequilibrio del principio del mercado en detrimento del
principio del Estado y de ambos en detrimento del principio de la comunidad. Se
59
trata según el autor de un “proceso histórico no lineal”, en el que la teoría política
liberal representa, en el plano político, el surgimiento de la constelación de la
“subjetividad”, o más bien se enfrenta a la racionalidad de “dos subjetividades”
aparentemente antagónicas, a saber:
[…] la subjetividad colectiva del Estado centralizado y la subjetividad atomizada de los ciudadanos autónomos y libres […] Más allá de las ideas de autonomía y libertad, la subjetividad involucra las ideas de auto-reflectividad y de auto-responsabilidad, la materialidad de un cuerpo (real o ficticio, en el caso de la subjetividad jurídica de las ´personas colectivas´), y las particularidades potencialmente infinitas que le imprimen un sello propio y único a la personalidad. Al consistir en derechos y deberes, la ciudadanía enriquece la subjetividad y le abre nuevos horizontes de autorrealización pero, por otro lado, lo hace por la vía de derechos y deberes generales abstractos que reducen la individualidad a lo que hay de universal en ella, transforma los sujetos en unidades iguales e intercambiables en el interior de administraciones burocráticas públicas y privadas, receptáculos pasivos de estrategias de producción, en cuanto fuerza de trabajo, de estrategias de consumo, en cuanto consumidores, y de estrategias de dominio, en cuanto ciudadanos de la democracia de masas. (De Sousa Santos, 1998: 288 y 291-292).
Así pues, la autorrealización tiene que ver con el camino hacia la autonomía,
hacia la producción de capital para el bien propio, principalmente. Mientras la
versión antagónica de este principio sería la comprensión material del sujeto (la
cooptación de su cuerpo, lo que Foucault en algún momento denominó:
biopolítica, luego Poder Gubernamental) como objeto de la cadena de producción
de capital en la que el individuo es pieza fundamental, por cuanto su fuerza de
trabajo constituye el principal bien de la razón del mercado. Para poder analizar
cómo se está formando un “nuevo sujeto histórico” en Venezuela a partir de la
activación de una cierta racionalidad de poder y, de cara a este escenario
antagónico que estudia Santos De Sousa sobre la construcción de la “subjetividad”
o, mejor decir, de dos subjetividades en la posmodernidad, se hablará en la
siguiente sección del Poder Comunal como dispositivo de seguridad empleado por
el régimen para dirigir el cambio en un nuevo tiempo.
60
3. EL PODER COMUNAL: Surgimiento de los Consejos Comunales (Cocos) como dispositivos de gobierno para la producción de un “nuevo sujeto” histórico, ético y de cambio.
A manera de presentación.
A diez años del inicio de la Revolución Bolivariana hay quienes consideran
que el mayor logro de esta V República ha sido el proceso colectivo que se ha
producido en el país y que ha permitido crear conciencia sobre el cambio político.
Un cambio que desde la mirada de la revolución socialista ha generado “[…] un
salto de calidad en cuanto a la apropiación de la memoria de sí mismo, de su
historia, y a su rol protagónico en la construcción de su propio destino; que le ha
permitido ser y sentirse poder popular constituyente y en perpetuo movimiento”.
(Ramírez, 2008: 10). El empoderamiento del pueblo y la idea de un indefinido
proceso de cambio en Venezuela son dos elementos claves de este pensamiento
que hay que poner de relieve dado que demuestran el propósito central del
proyecto socialista del siglo XXI liderado por el presidente Hugo Chávez:
garantizar el advenimiento del Poder Popular como forma de representación
política.
En esta tercera parte el objetivo es analizar el surgimiento de los Consejos
Comunales como dispositivos de gobierno para la producción de un “nuevo sujeto”
y para ello es necesario explicar; primeramente, cómo se concibe la democracia
en el actual régimen de gobierno pues es a partir de ésta que se ha ido
configurando en Venezuela una nueva conciencia ciudadana como fuerza
fundamental de la revolución.
En un segundo aspecto, el análisis pretende poner el énfasis en que a través
de este catalizador o dispositivo de gobierno que representa el Poder Comunal, el
pueblo venezolano podrá protagonizar una nueva etapa de transición, esta vez –
luego de una fase paulatina de cambios en el sistema político– hacia una
democracia “participativa y protagónica” representada en el “Socialismo del siglo
XXI”. Este giro estratégico del poder constituyente hacia el poder constituido en el
“sujeto de la revolución”, busca que la sociedad elabore una auténtica forma de
organización social que le permita establecer una igualdad sustantiva, y ésta,
habrá de ser la forma “comunal”.
61
Sin embargo, se precisará que este cambio político que pretende ser de
acontencimiento –siguiendo a Morlino, una transformación de hecho que marque
un precedente entre un antes y después–, dependerá en gran medida; primero,
del funcionamiento equilibrado del sistema político en cuanto a las relaciones de
poder que tienen lugar al interior de la comunidad política; segundo, de las
decisiones tomadas por los sujetos que ejercen roles de autoridad en los “juegos
de poder” y; tercero, de un escenario óptimo que posibilite la consecución de los
planes de desarrollo comunitario.
Otro de los aspectos que se verá como elemento influyente en el éxito de la
organización popular comunitaria, será la intervención en la vida privada y pública
de los venezolanos que el régimen se ha propuesto llevar a cabo, luego de la
reglamentación de la formación de milicias populares el 07 de octubre de 2009
aprobada por la Asamblea Nacional que invita a los miembros de los Consejos
Comunales (CoCos) a la conscripción (a tiempo completo o parcial) en los
llamados por el mandatario: “Cuerpos Combatientes” que deberán prepararse para
la defensa del país. Este mandato constitucional pueda que esté contraviniendo
los principios para los cuales fueron creados estos espacios “voluntarios” de
participación ciudadana pues obliga a los venezolanos a ceder su poder al Estado
para que desde éste se dirija la ofensiva militar en el caso de una amenaza
externa, ofensiva en la que anteriormente intervenía la reserva militar.
La pregunta de esta parte del análisis radica en una generalidad que resulta
harto evidente a la luz del cambio político: ¿El cambio de la “norma” (entiéndase
Constitución venezolana) que ha hecho viable el régimen de gobierno liderado por
Hugo Chávez posibilita el ejercicio del Poder Comunal como forma de
representación democrática-popular y el establecimiento de nuevas relaciones de
poder? o; ¿muy por el contrario, los llamados Consejos Comunales podrían
funcionar como un dispositivo de control de las masas populares conducido por el
régimen que impone un cambio en las relaciones cívico-militares? Esta última
cuestión se abordará a lo largo de la exposición; y se apoyará en los argumentos
que algunos especialistas –en el caso venezolano– han dado a conocer dada su
62
preocupación por el rumbo que ha tomado el actual régimen de gobierno hacia la
militarización de la sociedad civil.
El análisis de este tema dejará abierto el debate sobre la transformación del
régimen político en Venezuela y la llegada del socialismo venezolano a partir de la
construcción de una “nueva mentalidad de gobernar” en el siglo XXI, dado que
diferentes son las experiencias desde las cuales se puede hacer un balance de la
efectividad de las políticas gubernamentales del régimen, en especial de esta
nueva dinámica de soberanía popular que supone una transformación colectiva.
3.1. Una democracia “participativa y protagónica” para la Venezuela socialista
dirige el cambio.
Para la comprensión de este fenómeno que recorre no sólo a Venezuela sino
que se ha extendido a los países contiguos en América Latina, hay que examinar
en primer lugar, cuáles son los elementos constituyentes de la llamada
democracia radical, la “participativa y protagónica” de la revolución socialista que
de acuerdo a Azzellini, ha tomado para sí pasadas experiencias de luchas
emancipadoras locales, regionales, nacionales y continentales de resistencia
apoyadas en referencias centrales como las voces libertarias de Simón Bolívar,
Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora, la resistencia indígena y la resistencia
afrovenezolana. (Azzellini, 2008: 6).
En la actualidad, este concepto: democracia radical, “participativa y
protagónica” ha vaciado su significado en una revolución gloriosa que se ufana de
ser la “única alternativa posible en el siglo XXI”, muy paradójicamente, como
antítesis del llamado “fin de la historia” del pensamiento neoliberal. Este
acontecimiento: “hacer la revolución” ha sido señalado por el régimen “chavista”
como un hecho histórico que consagra los derechos populares y cambiará
radicalmente la concepción de la política en los venezolanos.
De acuerdo al ex Ministro de Planificación y Desarrollo, Haiman El Troudi
(citado por Riera, 2008: 18), la revolución hacia este tipo de democracia
“participativa y protagónica” ha ido avanzando en tres etapas: una etapa paliativa,
otra estructural y la que está protagonizando actualmente el país andino que
63
demarca la transición al “Socialismo del siglo XXI”, lo que explica que el cambio ha
venido realizándose como producto de momentos de avances que demuestran el
rechazo a las viejas políticas de la oligarquía por parte del régimen, pero también
–y esto se explicará en lo adelante– como corolario de los tropiezos durante este
periodo de transición política.
De la primera etapa: la paliativa (1999), hay que decir que era evidente la
ausencia de un plan estructurado y la poca experiencia del gobierno en darle
contenido social a las instituciones políticas, según El Troudi en el momento inicial
del proyecto bolivariano no existían “[…] cuadros que poner al frente de las
funciones del gobierno, no se contaba con recursos económicos suficientes, no se
tenía control real de los ejes estructurantes del gobierno […]”, ha sido una etapa
turbulenta en la que quienes defendieron las propuestas socialdemócratas o
demócratascristianas eventualmente comenzaron a apoyar una propuesta que en
lo fundamental se entendía como nacionalista (no como práctica xenofóbica, sino
que cerraba las filas ante las premisas neoliberales de desmembramiento del
Estado-nación) y populista (alineada en la perspectiva de saldar una deuda
social). (citado por Riera, 2008: 18).
Este periodo culmina trascendentalmente con la aprobación de 49 leyes
habilitantes el 28 de febrero de 2001 en razón de que para el régimen dirigido por
Hugo Chávez significó el rescate de la toma de control de la renta petrolera y de la
tierra. Un primer punto de quiebre que le permitió al Estado recomponerse y
consolidarse como un “Estado democrático y social de Derecho y Justicia” frente a
los avatares del ya desgastado Estado neoliberal.
En la segunda etapa: la estructural (2003), pasada la experiencia de
turbulencias que permitieron que el proceso fuera configurando una identidad que
no tenía bien definida, aparecen las misiones sociales y con ellas nuevas formas
de inserción ciudadana en los distintos proyectos de la nación. Con las misiones
retomando a El Troudi (citado por Riera, 2008: 19) “[…] se propició una especie de
bypass” con las instituciones que se habían heredado de la Venezuela de la IV
República y con ello, se logró un mayor aprovechamiento de los recursos para el
bienestar del pueblo. Así se entiende cómo el populismo comenzó a tomar otro
64
sentido, dejó de ser sólo asistencialismo (como el que ofrecía el Plan Bolívar 2000
en los primeros años de la revolución) “[…] porque la gente recibe la asistencia
pública del Estado pero se involucra en el desarrollo de la gestión social de sus
reinvindicaciones” y no espera a que el gobierno ejecute la política pública.
Desde este momento se cree que en Venezuela comenzó a cuajar una
distinta forma de participación democrática, por cuanto la comunidad debía asumir
la responsabilidad de dar cuenta de sus propias demandas a través de una suerte
de diagnóstico participativo y así aprender a priorizar la necesidad más
apremiante, el elemento central que debía ser atendido y para el cual había que
empeñar esfuerzos.
Siendo así, una de las características esenciales de la democracia radical
“participativa y protagónica” que se intenta configurar en el territorio venezolano ha
de ser la organización que se entiende desde la común unión de intereses y de
esfuerzos solidarios para asistir oportunamente las demandas de cada sector de la
comunidad. Para El Troudi, significa que “[…] la gente se organiza ahora
sectorialmente y el Estado se constituye en un facilitador para que eventualmente
[…] busque la resolución de sus propios asuntos con el apoyo del músculo del
Estado”. El Troudi (citado por Riera, 2008: 19).
Helio Gallardo explica que en el ámbito internacional el gobierno bolivariano
ha sido blanco de críticas desde que en el 2004 ha agitado el tema de la
democracia “participativa” presentando una iniciativa con el nombre de Carta
Social de las Américas, que ha sido apoyada por el Parlamento Latinoamericano y
que sus gestores pretenden que sea aprobada por la Asamblea General de la
Organización de Estados Americanos (OEA) como complemento de la Carta
Democrática Interamericana. (Gallardo, 2007: 197).
Ésta es la fase estructural de la revolución que permite al régimen bolivariano
dirigir el cambio, apoyándose del Poder Constituyente para velar por la
instauración de la democracia “para todos” pero que utiliza la profundización del
Poder Popular-Comunal como dispositivo para que su gobierno pueda tomar el
control del Estado y asegurar, ante todo, la distribución de la riqueza petrolera y la
integración del pueblo al proceso de reinvención de una nueva República. Las
65
clases y los privilegios no tienen lugar en este modelo de sociedad que marcha de
la mano de la revolución.
La tercera etapa: la transición al socialismo (2005), simbolizó para los
venezolanos un segundo punto de quiebre, pues el primer mandatario Hugo
Chávez anunció el carácter socialista de la revolución y su firme postura que
además de antiimperialista trascendería a anticapitalista. De acuerdo con este
planteamiento se podría entonces advertir con mayor certeza que desde este
momento, Venezuela está sufriendo una segunda transición política. La primera en
1958 cuando el sistema político del país dejó de ser un gobierno dictatorial y pasó
a una democracia representativa y, la segunda (desde el discurso del “chavismo”)
quizá dio sus primeros pasos en 1999 pero ha sido en los albores de 2005 cuando
realmente el programa de gobierno del presidente Chávez ha alcanzado su
momento más significativo y ha determinado el agotamiento del anterior “régimen
democrático” neoliberal para iniciar la senda socialista que propone una
perspectiva diferente: una democracia “participativa y protagónica”.
Aunque no se conozca con certeza el alcance del “Socialismo del siglo XXI”
como una “nueva forma política” gubernamental y si éste modelo de sociedad
podrá conducir el camino de la izquierda venezolana y –más allá latinoamericana–
hacia una democracia que garantice la “participación” y el “protagonismo” de un
“nuevo sujeto histórico”, se hace ineludible estudiar la transformación que está
produciendo pues ha de ser la única garantía de que al observarle como
fenómeno se puedan trazar nuevas rutas de análisis que permitan comprender
hacia dónde vamos en este momento particular de cambio político.
Hay que reconocer que en Venezuela la democracia “radical” o democracia
“directa” –también denominada “participativa y protagónica” por el régimen– se ha
ido potenciando con diversas corrientes filosóficas, lo que parece haberle dado un
carácter más libertario y pacífico a la lucha contrahegemónica liderada por el
“chavismo”.
El trabajo de Emir Sader: El nuevo topo, quizá sea uno de los análisis
actuales que más se acercan a nuestra realidad de cambio político. El autor
explica de qué se compone la lucha de estas nacientes fuerzas sociales que
66
reclaman la instauración de un “nuevo orden político” para sus pueblos. Su pasado
histórico de luchas independentistas, las conquistas populares alcanzadas, las
antiguas estrategias de poder fallidas y las potencias y límites de los movimientos
que apuestan a la alternativa que les ofrece la emancipación se configuran como
los elementos presentes en la génesis de esta nueva trayectoria política que vive
hoy una transición hacia “otro mundo posible”.
En referencia a la obra de Sader que pretende reconocer un cambio de
época tras la irrupción de un “algo nuevo”, a saber: los recientes procesos de
transformación social en América Latina y las formas concretas que asume en la
actualidad la lucha anticapitalista, García-Linera apunta a reconocer que “en
contraste con las pasadas reformas democráticas y las guerras de guerrillas, hoy
en día estamos ante una lucha hegemónica, que toma la forma de una guerra de
posiciones –en el sentido gramsciano– en la que ´el Estado sí importa´ como el
espacio de disputa contra la mercantilización de todos los ámbitos de la vida y
como el lugar de consolidación de procesos redistributivos de la riqueza social”.
(García-Linera, 2009: 10).
Las palabras de García-Linera coinciden con la afirmación que se ha hecho
en la segunda parte del análisis en la que se precisa la idea de que el proceso
revolucionario bolivariano tiene esenciales características contrahegemónicas y no
emancipatorias; es decir, produce el cambio desde un “nuevo Estado” a través de
la implementación de una cierta dinámica de relación de poder entre el régimen
político y el pueblo que es conducido por él.
Esta inflexión en el sistema político ha dado paso a la generación de nuevos
conceptos (Poder Popular, nuevo sujeto histórico, Poder Comunal, comunas,
milicias populares o cuerpos combatientes) que incluyen a todos los ciudadanos
sin distinción de género o raza y les compromete con la causa revolucionaria.
Conceptos que se han ido instituyendo a la par de la construcción de la “nueva
democracia” que está impulsando el proceso socialista venezolano. Es importante
hacer hincapié en esto puesto que la democracia “participativa y protagónica”,
ciertamente, ha dirigido el cambio político de la Venezuela socialista hacia un
discurso popular-nacionalista pero ha tenido que acudir a ciertas estrategias de
67
discurso que le permitan identificar la transformación que avanza en el país con la
construcción de otro modelo de Estado, de un “hacer y repensar la política” desde
la reivindicación de lo popular.
De allí la sospecha de que esta forma política “socialista” de marcada
tradición militar pueda consolidar ciertas reglas de dominación en Venezuela
puesto que las decisiones del gobierno del presidente Hugo Chávez –ampliamente
aplicadas a través de las prácticas económicas, políticas y sociales legitimadas en
la ideología bolivariana–, una vez más respondan a los intereses de los diferentes
actores que intervienen en los “juegos de poder”.
A una década de Hugo Chávez en Miraflores ya las señales del agotamiento
de este nuevo proyecto de sociedad “participativo y protagónico” han ido
apareciendo; aunque, las cifras positivas que señalan mejores índices de
desarrollo humano, gasto social, personas en pobreza extrema, tasa de
desempleo, número de pensionistas, crecimiento del PIB, tasa de inflación, entre
otros indicadores (al menos hasta el 2007)33 no coincidan con el balance de
algunos analistas y las experiencias que el pueblo venezolano tiene que contar,
actualmente, sobre el efecto de la revolución en la gestión pública.
A partir de estos argumentos se entiende que la democracia que se está
construyendo en el país, se halla íntimamente ligada con los resultados de la
experiencia que paso a paso ha protagonizado el pueblo venezolano. Se trata de
un proyecto de democracia en formación que se debe a las fortalezas y
oportunidades de la nación (renta petrolera, intercambio comercial e integración
regional) y; a su vez, a las debilidades y amenazas que enfrenta en el largo
camino hacia la superación de su histórico pasado capitalista (analfabetismo,
pobreza, inseguridad, desabastecimiento, desempleo, crítica opositora nacional e
internacional).
Algunos autores como: Alberto Müller (2007) en El socialismo y la defensa
nacional y Arturo Sosa (2007) en su obra: Reflexiones sobre el poder comunal,
33
Ver en anexo C/Índices sobre la gestión del gobierno liderado por Hugo Chávez/Periodo: (1998-2007), el trabajo de LÓPEZ, S. (2008). Instituto Venezolano de Análisis de Datos, Iberobarómetro; Latinobarómetro; Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo En: El Viejo Topo, Num. 249, Barcelona, págs. 4-5.
68
consideran que Venezuela, efectivamente, está en la transición hacia “otra
institucionalidad”, una de corte socialista, y que su definición como modelo de
sociedad es aún imprecisa; sin embargo, lo que sí se conoce y desde el
oficialismo se ha intentado pregonar, es lo que “no debe ser” el “Socialismo del
siglo XXI”. Este nuevo modelo de sociedad está amparado por el ideal
democrático “participativo y protagónico” que tiene como fuerza de trabajo el Plan
de Desarrollo Económico y Social de la Nación para el periodo 2007-2013.
Ciertas lecciones parecen haberse aprendido del pasado en las primeras
fases o etapas del proceso revolucionario. Así como lo señala El Troudi, la derrota
del Referéndum de la Reforma constitucional el 02 de diciembre de 2007,34 sirvió
para comprender que la Revolución puede ser vulnerable. A su juicio:
“[…] Nos sentíamos invencibles. Esa fue la primera gran lección. Segunda gran lección: que hay que conducirla en términos de proceso, de que no podemos buscar un atajo para llegar al socialismo, sino que es una construcción que se va elaborando en el sentido gramsciano de la edificación de la nueva contrahegemonía. Es decir, el camino largo de ir avanzando e ir tomando control de espacios, recalcando que el carácter fundamental de la Revolución es que es pacífica, y eso supone grandes consensos, derivados de convencer, disuadir, educar […]”. (citado por Riera, 2008: 21).
Estas palabras de El Troudi demuestran el reconocimiento de que el proceso
de cambio político en el país necesariamente deberá sumirse a un lapso de tiempo
indeterminado. Hasta ahora son identificables estas tres fases que dan fe de los
avances y contradicciones que la revolución venezolana ha experimentado en su
propósito de acelerar la transformación de la sociedad que hoy parece estar
asumiendo una forma autónoma de organización además de social; económica,
como la propiedad “comunal” que no requiere del proteccionismo estatal.
Desde la academia se podrían tomar también algunas apreciaciones críticas
sobre el valor de la democracia que se intenta poner en práctica en Venezuela, así
se podría tener una visión aún más complementaria de los elementos esenciales
34
El Referéndum Constitucional de Venezuela de 2007 fue una propuesta hecha inicialmente por el presidente venezolano Hugo Chávez y luego ampliada por la Asamblea Nacional de Venezuela con el objeto de modificar un número de 69 artículos de la Constitución de 1999. Surge el 12 de agosto de 2006 cuando Hugo Chávez inscribió su candidatura para las elecciones presidenciales de 2006, sin embargo, se oficializa el 15 de agosto de 2007 presentando 33 artículos ante la Asamblea Nacional.
69
que –se ha expuesto a partir del socialismo– constituyen el tipo de democracia
que se está encubando en Venezuela.
Primeramente, hay quienes le califican como una democracia “radical” o
“directa”. Según Heinz Dieterich este tipo de democracia como una propiedad
(característica) de los sistemas sociales puede concebirse en tres dimensiones: a)
la social, entendida como la calidad de vida material; b) la formal, definida como el
conjunto de determinadas reglas generales de poderes, derechos y obligaciones
de las diversas entidades que componen el sistema; y c) la participativa, entendida
como la decisión real de los asuntos públicos trascendentales por parte de las
mayorías de la sociedad, con la debida protección de las minorías. (Dieterich,
2000: 48).
En segundo lugar, siguiendo las propuestas de István Mészáros que
cobraron auge tras la publicación de su obra: Más allá del capital (1995), este
nuevo fenómeno democrático socialista que según el teórico se encuentra signado
por el carácter radicalmente “ilimitado” de la historia, requiere del surgimiento de
una nueva fuerza material que garantice la formación de una sociedad de igualdad
sustantiva. Para ello el objetivo de esta democracia –mejor dicho– de este
proyecto de nación, tendrá que volcarse al desarrollo humano cualitativo que
trascienda la disyuntiva actual entre necesidad y productividad. Sólo así la
transformación se constituirá en un fenómeno de cambio de todo orden e
“irreversible”.
Por otro lado, autores como Laclau y Mouffe consideran que la democracia
“radical” se refiere a un tipo de democracia que se identifica con “una nueva
hegemonía dada por la expansión de los derechos democráticos, generada por la
articulación de las reivindicaciones de cada colectivo o grupo con las de los otros”.
(citados en Di Marco, 2009: 37).
Quiere decir –y hay que hacer énfasis en este señalamiento– que esta
racionalidad de tipo democrática “participativa y protagónica” liderada por Hugo
Chávez pudiera entonces crear las condiciones para el establecimiento de “nuevas
relaciones de poder” y para el despliegue de prácticas sociales –nuevamente, pero
de manera más soterrada– al servicio de una minoría élite gobernante que parece
70
estar cubierta por el “elixir” de una mentalidad popular-nacionalista prometedora
del verdadero cambio histórico.
En un escenario de enfrentamiento con las filas opositoras pueda que la
contracción o inmovilidad del sistema político, de sus estructuras, de sus
modalidades de funcionamiento y sus valores, que no llegan a adaptarse a las
transformaciones sociales produzca la decadencia del proyecto socialista
venezolano y en razón a esto, nuevamente se regrese al desequilibrio del sistema
en su conjunto y a la inestabilidad política que se vivió durante el siglo anterior,
pues el afianzamiento del discurso revolucionario no ha de resultar suficiente para
mantener el proyecto socialista en el país.
Tal como lo plantea el politólogo italiano Leonardo Morlino el precio pagado
por la inmovilidad podría verse reflejado en los siguientes acontecimientos:
[…] 1) desmovilización de grupos activos; por ejemplo, un solo grupo social alcanza el monopolio del poder político tras haber anulado la influencia de otros grupos, que participaban antes en el proceso de decisión-making; 2) desaparición de estructuras asociativas intermedias existentes antes en el sistema; 3) disociación entre ideologías, valores y creencias presentes en la comunidad política y en el régimen, en el sentido de expulsión del sistema político de algunos valores presentes en la sociedad civil; o, finalmente, 4) una menor complejidad y articulación de las distintas estructuras, que acompaña de ordinario a la disgregación y hundimiento de un sistema. Estos cambios pueden tener lugar de uno en uno, más de uno a la vez, o todos simultáneamente y en grado diverso. (Morlino, 1985: 57).
En opinión de Javier Biardeau en algunas organizaciones de izquierda
revolucionaria partidarias al régimen liderado por Hugo Chávez sostienen que
“esta etapa de la revolución venezolana tiene carácter de ´liberación nacional´ y no
de clase. Es decir, que falta recorrer las tareas de una revolución democrático-
burguesas para aspirar a realizar las tareas socialistas”. De acuerdo a su
argumento el quehacer “socialista” desde la democracia de tipo “participativa”,
únicamente no hace referencia a asuntos de clase y explotación económica,
también “defiende la lucha contra diversas formas, ensamblajes y dispositivos de
opresión social. No se trata exclusivamente de ´clasismo´ en sentido leninista,
trotskista o gramsciano”. (Biardeau, 2010: s.d.).
Pareciera pues de acuerdo a este argumento de Biardeau que a mayor
extensión del concepto de democracia (como es el caso de la “participativa” y
71
“protagónica”), mayor queda expuesto el tema del control sobre la vida de las
poblaciones, del individuo masificado en un “nuevo orden socialista” para nuestro
caso de análisis.
Nótese en el siguiente fragmento de Martín Hopenhayn tal consideración. La
democratización sugiere, a diferencia de la noción de democracia: “[…] un proceso
abierto, con un orden por crear y donde los grados de exhaustividad del valor
democracia a lo ancho de la sociedad son siempre extensibles. Desde este
enfoque, la participación y la ampliación de los espacios de igualdad no se refieren
solamente a la ciudadanía política, civil y social, sino que se extienden a las
relaciones de género, de generaciones, a los diferentes modos de vivir las
culturas, los cuerpos y las sexualidades”. (citado en Di Marco, 2009: 37-38).
Del anterior planteamiento de Hopenhayn, dos aspectos son importantes
considerar: primero, la concepción de que esta “nueva democracia” plantea la
posibilidad de fundar un orden (quizá en términos “socialistas” y de lo que se ha
tomado del pensamiento de Mészáros, de tipo “indefinido”) y; segundo, el énfasis
necesario que se le pone a los nacientes procesos de subjetivación. Una práctica
que encuentra en la transformación del “Sujeto” por sí mismo y del “sujeto” por el
otro “su objeto” de ejercicio.
En Foucault, un aspecto característico del poder moderno por lo menos tan
importante (pero menos celebrado) ha de ser el nacimiento de la forma Estado
desde la cuestión de la subjetivación que a su entender desarrolla “[…] unas
técnicas de poder orientadas a los individuos e interesadas en dirigirlos en una
dirección continua y permanente´”. Foucault (citado en Morey, 1990: 42).
Este rasgo individualizador del poder moderno pone de manifiesto la
creación del “hombre nuevo”. Ya lo afirmaría Foucault al decir que “el hombre es
un invento reciente”. Según Miguel Morey, el filósofo francés quiso explicar que
“[…] el individuo moderno no es la base atómica de la sociedad, ni una ilusión de
la economía liberal, sino un artefacto efectivo con un muy largo y complejo
proceso histórico”. (Ibíd.).
72
Para González Ramírez, esta “nueva subjetividad” está en desarrollo, “no es
algo aéreo ni aquejado de abstracción sino que tiene su asiento en el espesor
concreto de la vida cotidiana”. (Ramírez, 2008: 13). Según el autor:
[…] está por hacerse, haciéndose; que se reinventa constantemente y que produce nueva mirada, nueva palabra, nueva conciencia, nuevo saber. Desde la dinámica de esta nueva subjetividad, lo individual y lo social dejan de percibirse como antagónicos: la irrupción de lo nuevo, la Revolución, puso en cuestión radicalmente esta polaridad clásica que es uno de los núcleos más duros de la mentalidad capitalista. Por eso mismo, esta nueva subjetividad no es legible ni procesable desde el horizonte de comprensión tradicional y conformista, sectario y reaccionario, de una supuesta izquierda que pretende erigirse guía de sus dogmas y prejuicios. (Ibíd.).
Esta subjetividad que pretende hacerse espacio en la vida cotidiana de los
venezolanos de frente a la gubernamentalidad, cuestiona la forma en que desde el
actual régimen venezolano se piensa un “hacer” o accionar con el propósito de
“conducir la conducta de otros”. En este sentido habría que preguntarse si
realmente este “nuevo hombre” podría asumir la responsabilidad sobre sí mismo y
asimilar el cambio de época y el poder que el régimen socialista le está otorgando.
Graciela Di Marco argumenta que desde el enfoque de la democratización:
“[…] se trata de observar si los sujetos tradicionalmente subordinados pueden desarrollar poder y autoridad en sus relaciones, y si este proceso forma parte de una ampliación del reconocimiento de sus derechos. En consecuencia, más que referirnos a procesos de empoderamiento, como es frecuente encontrar en la literatura sobre género, preferimos considerar los procesos de reconocimiento del poder en diversos ámbitos, es decir, el reconocimiento de la legitimidad de ese poder (autoridad)”. (Di Marco, 2009: 40).
En este orden de ideas, el debate sobre el camino que habrá de seguir el
“nuevo sujeto histórico” se encontraría alineado a la apuesta de una colectividad
consciente de que el cambio político sólo habrá de venir como resultado de las
relaciones de poder a nivel local; y no, como efecto del funcionamiento del sistema
político en su conjunto.
Así se entendería que el “nuevo sujeto” podría libremente no elegir la cultura
heredada (clientelar, paternalista y rentista) e iniciar un nuevo entramado político y
social, una cultura política basada en el Estado, el mercado y la sociedad civil
organizada. En esta “nueva forma gubernamental” la relación entre ciudadano y
representante –ahora en la V República– descansaría sobre la participación de la
ciudadanía en las tareas legislativas. Esta nueva relación de poder refiere a una
73
praxis política que sin duda ha generado mayor conciencia colectiva sobre los
temas que afectan su desarrollo y supervivencia. Al acto de tomar las decisiones
que tienen que ver con lo político y cultural del pueblo, con sus propias
concepciones, lenguajes y formas propias de organización ciudadana.
El otro escenario posible sería que la fuerza popular radical constituida en el
nacimiento de un “nuevo sujeto histórico”, no logre ejercer la autoridad que le ha
sido otorgada constitucionalmente a través del Poder Popular (el “comunal o
comunitario” sería el espacio más cercano de empoderamiento ciudadano) y esto,
debido a que el proceso de cambio no se está alimentando únicamente de formas
genuinas de participación ciudadana, tampoco parece estar marchando
únicamente de la mano de líderes venezolanos pues ha permitido la intromisión de
otros actores ajenos al régimen (como es el caso de las milicias, profesionales y
cuerpos técnicos cubanos). De allí que, en vez de promover la causa
revolucionaria a través de prácticas de equidad propias que permitan la
integración de las mayorías a los bienes nacionales, lo que se esté fortaleciendo
sea la politización de la población, un nuevo orden élite corrupto y clientelar
atravesado por juegos de poderes en los que tienen un espacio privilegiado
actores que son ajenos al proceso revolucionario venezolano.
3.2. La experiencia “comunal” como forma de soberanía popular.
“Instrúyanse, porque necesitaremos toda nuestra inteligencia… conmuévanse, porque necesitaremos todo nuestro entusiasmo y organícense, porque necesitaremos toda nuestra fuerza”. Antonio Gramsci
La revolución bolivariana desde sus inicios postuló formas de “poder local” o
la implementación de constituyentes como alternativa de “autogestión” en las
comunidades. A pesar de este espíritu de “autogobierno” que tiene como
antecedente la experiencia de los noventa en la Asamblea de Barrios de Caracas
y, posteriormente, la propuesta de los llamados “gobiernos locales”, ya en el 2004
con la creación de los Consejos Locales de Planificación Pública la experiencia
popular no tuvo éxito. Dada la fuerte dependencia de las Alcaldías para su
sostenimiento, estos ensayos de “comunas solidarias” terminaron debilitándose en
74
cuanto al objetivo que le constituye: consolidar una “autoorganización” territorial
comunitaria y se convirtieron en simples apéndices de los municipios ya lo
suficientemente burocratizados por los regímenes anteriores. (Azzellini, 2009:
158).
Fracasado en su intento por desarrollarse como una alternativa de
organización “comunal”, a finales de 2005, el gobierno conducido por Hugo
Chávez comenzó la ardua tarea de formar los Consejos Comunales (CoCos)
definidos como:
[…] instancias de participación, articulación e integración entre los ciudadanos, ciudadanas y las diversas organizaciones comunitarias, movimientos sociales y populares, que permiten al pueblo organizado ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades, en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social.
35
Elisa Cabot y Miguel Riera, de su experiencia al entrevistar a algunos
representantes de uno de los primeros Consejos Comunales en Venezuela que
tuvo su origen en el estado Lara (Consejo Comunal de “Las Palmitas”), en otras
palabras, definen los (CoCos) como una agrupación de vecinos, ya sea en las
zonas rurales o en territorio urbano que voluntariamente y sin recibir remuneración
alguna se ocupan de los asuntos de interés para la comunidad mediante la
conformación de distintas comisiones: salud, finanzas, producción,
infraestructuras, cultura, educación, deporte, entre otras. (Cabot y Riera, 2008:
33).
Como resultado de esta propuesta, un año más tarde la Asamblea Nacional
ordenó la sanción de la ley que, en la actualidad, permite el funcionamiento de los
Consejos Comunales.36 Desde entonces, ésta es la primera ley que nace del
proceso de parlamentarismo social de calle.
35
Venezuela, Asamblea Nacional (2009, 28 de diciembre) “Ley Orgánica de los Consejos Comunales”, por el cual se crean los Consejos Comunales, Caracas, Gaceta Oficial Nro. 39.335, pág. 3. 36
En el 2006 el proceso legislativo de la ley de los Consejos Comunales (CoCos) fue sometido a dos discusiones antes de su promulgación. Se aprobó en Primera Discusión el 02 de marzo de 2006 y en Segunda Discusión y Sanción el 07 de abril de 2006 hasta su Promulgación el 09 de abril del mismo año.
75
Directamente alimentados con el financiamiento del Estado (obviando la
administración de las Alcaldías), los (CoCos) mostraron a la nación una forma de
representación organizada que responde a las exigencias de la democracia
“participativa y protagónica” promovida por el socialismo venezolano. Los
Consejos Comunales desde esta perspectiva garantizan a los ciudadanos su
soberanía popular y les hace responsables de su propio desarrollo.
Según Hilda Herrera “el intento de sistematizar el diseño y funcionamiento de
los Consejos Comunales está justificado por el convencimiento de que en los
mismos está el germen de la nueva estructura que requiere el aparato de Estado
frente al reto que significa la construcción del Socialismo del siglo XXI”. (Herrera,
2008: 9).
La base constitucional de la ley de los Consejos Comunales está descrita en
los artículos: 4°., 5°., 6°., 62°., 70°., 132°., 158°., 168°., 182°. y 184°. de la
Constitución Bolivariana de Venezuela. Los textos señalan los fundamentos de
este naciente sistema de gestión de autogobierno popular. Destacan los principios
de integridad territorial y cooperación; la soberanía popular; la conformación de un
gobierno democrático; los derechos de participación; la garantía de la existencia
de mecanismos y medios de participación; la responsabilidad social en la vida
política y civil; una política de descentralización para profundizar la democracia; la
incorporación de la participación ciudadana en la gestión pública; la configuración
de un consejo local de planificación pública y; la creación de mecanismos de
descentralización y transferencia de poder a las comunidades y grupos vecinales.
Además de las disposiciones asentadas en la Ley Orgánica de Planificación, la
Ley Orgánica del Poder Público Municipal, la Ley Especial de los Consejos
Comunales y la Ley de los Consejos Locales de Planificación.
Estas premisas expuestas en la Constitución de 1999 exigen que la nueva
dinámica de autogobierno popular sirva más que de gestor de las reivindicaciones
para las comunidades venezolanas.
Exige que los CoCos irradien su mando primario desde el centro del barrio
hacia la parroquia, el municipio y la nación y se conviertan en verdaderos
gobiernos locales que asuman progresivamente competencias que estaban
76
reservadas a los gobiernos nacionales, estadales y municipales y a sus
instituciones y otras competencias que asumió la oligarquía como fue la
demarcación de territorios para su apropiación y expoliación. (Herrera, 2008: 9).
Siguiendo a Herrera una vez asumidas estas competencias, el Poder Popular
debe entonces reorganizarse sobre nuevas bases sociales, políticas, culturales y
económicas de forma que logre desmantelar el viejo “aparato de Estado”, en su
configuración, composición y políticas. El nuevo pensamiento popular-comunal
requerirá, en consecuencia, además de un nuevo ordenamiento legislativo, de un
discurso de liberación o desujetación que se oponga radicalmente al imperante
hasta ahora.
Las unidades involucradas en el proceso de establecimiento de los Consejos
Comunales son: la Asamblea de Ciudadanos y ciudadanos (máxima instancia de
decisión, autoridad y deliberación), Órgano Ejecutivo (cuerpo integrado por los
voceros de los diferentes comités de trabajo conformados de acuerdo con las
necesidades de la comunidad), Contraloría Social (unidad encargada de fiscalizar,
controlar y supervisar el manejo de los recursos asignados) y Banco Comunal
(ente que administra y ejecuta los recursos, cumple funciones de inversión y de
crédito). (Maingon, 2007 130).37
En cada instancia, el pueblo asume el poder directamente en el área
geográfica donde vive, en su comunidad, y para ello debe considerar los
siguientes pasos: primero, convocar asambleas de forma anticipada y pública para
la conformación del Consejo Comunal a través de la elección de una Comisión
Promotora Provisional y un Comité Electoral del barrio o localidad donde se
instalará; segundo, verificar el quórum y elegir un Secretario de Actas y un Director
de debates; tercero, postular y elegir entre los asistentes los voceros que
conformarán el Órgano Ejecutivo del Consejo Comunal; cuarto, la Asamblea debe
identificar la problemática, tipo y número de organizaciones necesarias; quinto,
elegir un representante o portavoz para la elección parroquial quien les
representará ante el Consejo Local de Planificación Pública y; sexto, el Órgano
37
Ver anexo D/Integrantes del Consejo Comunal (CoCo), tomado de: MAINGON, Thais. (2007), “Consejos Comunales, ciudadanía, Estado y Poder Popular” En: CASTRO, Gregorio. (edit.), (2007) Debate por Venezuela, Caracas, Editorial Alfa, págs.132.
77
Ejecutivo conformado se compromete a elaborar un plan de trabajo y un
reglamento de gestión, además de convocar a mesas de trabajo para la ejecución
de un diagnóstico participativo a partir del cual se pueda elaborar un plan de
desarrollo o proyecto comunitario luego de priorizar las necesidades de los
habitantes del barrio o sector.38
Una vez que el Órgano Ejecutivo ha elegido las mejores propuestas de
inversión conjuntamente con el Banco Comunal, debe presentar los resultados a la
Asamblea de Ciudadanos y ciudadanas (conformada únicamente por habitantes
mayores de 15 años de edad, con por lo menos 6 meses de residencia, con
disposición y tiempo para el trabajo comunitario) para su aprobación y posterior
tramitación de recursos ante el Consejo Comunal, Fondo Nacional, entre otras
instancias alternativas.39 (Herrera, 2008, págs. 22-90).
De acuerdo a las estadísticas a finales de 2008 ya los Consejos Comunales
como órganos fundamentales de participación ciudadana alcanzaron una mayoría
de 35.000 en todo el territorio nacional. “Es evidente, dadas las experiencias
históricas de organización muy desiguales en diferentes lugares, el dispar nivel de
activismo, educación, de acceso a informaciones y de inclinación política, que los
Consejos Comunales sean muy diferentes entre sí”. (Azellini, 2009, pág. 161).
Esta cifra (35.000) podría indicar a su vez –en términos de representación e
integración de las mayorías populares al trabajo comunitario– mayor repliegue a
este sistema de organización “comunal-socialista” que ha propuesto el régimen
“socialista”.
No obstante, las cifras finalmente son datos que no hablan de la experiencia
del pueblo que avanza o se retrasa (en términos de desarrollo y crecimiento) de la
mano del Poder Comunal. Habría que identificar las formas que ha adoptado el
Poder Comunal a lo largo de su corta trayectoria desde su fundación en 2006 y su
efectividad como mecanismo de participación ciudadana para determinar su éxito
real.
38
Consultar anexo E/Proceso de conformación del Consejo Comunal (CoCo), tomado de: MAINGON, Thais. (2007), “Consejos Comunales, ciudadanía, Estado y Poder Popular” En: CASTRO, Gregorio. (edit.), (2007) Debate por Venezuela, Caracas, Editorial Alfa, págs.134. 39
Entidades como: SAFONA, FIDES, LAEE, FONDEMI, Banco del Pueblo, Ministerio de Ambiente, Presupuesto Municipal, entre otros.
78
En el trabajo de campo sobre Consejos Comunales realizado por Azzellini su
objetivo era conocer el funcionamiento de éstos y quiénes lo conformaban, los
resultados son por un lado satisfactorios –quizá en la primera fase de
implementación–, pero por otro lado, revelan las contradicciones de un sistema de
organización que carga con el peso de las debilidades y vicios anteriores a su
existencia.
Primero, especialmente en las zonas más marginadas y pobres la mayoría
de los activistas son mujeres y es común el que casi todas carezcan de
experiencia organizativa social o política anterior a la primera elección de Chávez,
a finales de 1998 (o incluso antes del golpe del año 2002); y antes de la existencia
del gobierno bolivariano ni siquiera habían participado en las elecciones. Segundo,
en los CoCos hay participación de los llamados ni-ni (los que no están ni con
Chávez, ni con la oposición), que por motivos obvios no participaron en los
intentos anteriores de fomentar una autoorganización popular masiva, como los
Círculos Bolivarianos, las Unidades de Batalla Electoral (UBES), las Unidades de
Vencedores Electorales (UVES) y otros más, que tenían una clara orientación en
apoyo a las fuerzas bolivarianas. (Azzellini, 2009: 162).
Como se observa en el trabajo citado de Azzellini, los aspectos negativos
que imposibilitan el desarrollo efectivo de esta “nueva forma comunal” pueden ser
diversos. La revolución debe luchar contra el rechazo al cambio político de una
fuerte clase opositora y además de esto reconocer que para alcanzar el éxito
habrá que superar las viejas estructuras de poder, el escepticismo de la población,
la poca preparación académica de quienes participan en los órganos de los CoCos
y los focos de clientelismo que aún sobreviven en las comunidades venezolanas.
De lo contrario, la experiencia hablará más del fracaso que de una efectiva
ejecución del poder constituido.
A la luz del presente análisis y luego de haber explicado cómo surge un
nuevo Poder Popular –el “comunal”– (en un sentido de cooperación comunitario-
solidario entre los sectores más empobrecidos) y cuáles son sus grandes escollos
en esta naciente historia venezolana, hay que decir que el “pecado político” de
caer en las continuidades no recae del todo en la mentalidad de este “nuevo
79
régimen”, en una forma gubernamental o prácticas de gobierno como se podría
aseverar. La experiencia frustrada tiene que ver –además de una cierta
responsabilidad del régimen actual– con su pasado histórico y, muy
contundentemente, con una memoria “encallada” en la formación del tipo de
Estado que ha conducido la experiencia política de la región. Según Azzellini no
hay que olvidar que “[…] las instituciones y bandos políticos, la corrupción, la
ineficiencia y la cultura del dinero rápido, herencia del modelo de economía
petrolera y rentista de exportación, se mantiene como flagelo central del proceso”.
(Azzellini, 2009: 166).
Así lo demuestra el trabajo de campo realizado por Martha Harnecker
titulado: Transfiriendo poder a la gente. En él se exponen diferentes testimonios de
ciudadanos venezolanos que han participado en los procesos de fundación de los
Consejos Comunales. El estudio realizado por la periodista chilena pone de relieve
dos aspectos fundamentales: primero, demuestra el carácter genuino que ha
tenido la formación de estos espacios comunitarios, sus fracasos y debilidades y,
segundo, la forma en que desde las estructuras del Estado (las alcaldías,
especialmente) se puede transferir el poder al pueblo.
Sobre el primer aspecto que plantea la autora, a lo largo del texto ya se ha
expuesto cómo han surgido estos espacios y la trayectoria que han recorrido.
Respecto al segundo, la experiencia “comunal” como forma de soberanía popular,
un auténtico modo de construir la “nueva subjetividad” que proclama la revolución
socialista venezolana, este estudio nos ofrece distintas percepciones del proceso
que refuerzan la idea de que el pasado político que ha llevado a cuestas el país ha
de ser determinante en esta nueva trayectoria que articula el Estado, el Poder
Popular, los Consejos Comunales y la ciudadanía.
De acuerdo a la experiencia del Alcalde del Municipio Torres en el Estado
Lara, Julio Chávez, los cinco poderes constituidos en la República se podrían
hallar en el seno de las Juntas Comunales, una experiencia comunitaria que busca
ser una especie de organización para la institución de un “autogobierno”,
entendido como: “[…] la autorrealización popular, la construcción de la sociedad
por ella misma, el desarrollo de la autonomía y la autogestión, el despliegue de las
80
potencias populares como fundamento de su desarrollo endógeno”. Castro, U.
2007: 148).40
De esta manera se puede evaluar cómo el empoderamiento popular podría
con los años superar la forma en que se han administrado los asuntos que
conciernen a la sociedad. Este nuevo mecanismo de representación lo describe
Chávez, al explicar cómo pensaban que las juntas comunales iban a gobernar
antes de que en 2006 se aprobara la Ley de los CoCos:
[…] la asamblea de ciudadanos y ciudadanas del espacio territorial correspondiente era el poder legislativo de la junta comunal. El poder ejecutivo estaba compuesto por voceros y voceras principales, electos por ese poder legislativo. El poder judicial eran los jueces de paz, los jueces de agua, etcétera. El poder electoral era lo que hoy se denomina comisión electoral. El poder moral eran las defensorías comunitarias, las contralorías. La asamblea de ciudadanos y ciudadanos debería ser la máxima instancia de decisión. Así, en las mismas juntas comunales deberían existir los mecanismos para resolver problemas legales, de convivencia, de calidad de la educación, de la asistencia médica primaria, de viabilidad, de agua, de electricidad. (Harnecker, 2008: 42-43).
Pero la creación de esta “nueva autonomía”, o “nueva forma de
representación social” va tras centralizar todo el poder del pueblo en un sistema
de organización superior: las “comunas socialistas”. A criterio de Azellinni, “[…]
éstas se conforman a partir de un número indefinido, pero mayor, de CoCos en un
mismo territorio y pueden también desarrollar proyectos y medidas a largo plazo y
de mayor alcance. Serían un tipo de gobierno local desde abajo, visto que no se
alteran los mecanismos de decisiones y éstas son tomadas en las asambleas de
los CoCos”. (Azzellini, 2009: 163).
Las “comunas” se entienden como un dispositivo de gobierno que además de
transferir el poder al pueblo, le permite garantizar su soberanía sobre los recursos
que son indispensables para su sostenimiento y supervivencia. La experiencia de
Julio Chávez en el municipio Torres nos habla de la necesidad de aplicar una
nueva metodología hacia el reordenamiento territorial propuesto desde Miraflores,
que lejos de ser entendido como una hegemonía élite dominante dueña de un
territorio, sea considerado bajo los lineamientos de una igualdad de condiciones y
40
Es importante diferenciarlo del concepto de “cogobierno” que desde la visión de Ulises Castro refiere “[…] la concreción del principio de corresponsabilidad y se expresa en la cogestión, la articulación de la comunidad con la corriente de prácticas institucionales orientadas a construir un nuevo Estado”. (Castro, U. 2007: 148-149).
81
posibilidades para los habitantes de una comunidad que ahora estarán
distribuidos, “en un espacio –una geografía– de relaciones”. (Massey, 2008: 24).
En opinión de Alcides Corrales el concepto de “Comuna Socialista” no está
definido del todo. Así afirma: “Nosotros vamos usando las palabras según la
cotidianidad y según la práctica lo va requiriendo. Una comuna está conformada
por los Consejos Comunales que asisten a una determinada área y que comparten
intereses comunes; por eso una comuna puede tener cuarenta Consejos
Comunales, otras pueden tener diez y otras treinta […]”. También el autor explica
que de hecho algunas comunas “[…] están en fase de creación, y en algunas otras
la gente es escéptica en cuanto a crear otra estructura, porque desde el 99 se han
venido conformando estructuras políticas y sociales que se han quedado sólo en
el papel. Eso sucedió con gran parte de los Círculos Bolivarianos, con las ´UB´, las
Unidades de Batalla Social, los Comités de Tierra Urbana… ahora tenemos esta
última estructura organizativa que son los Consejos Comunales […]”. (citado en
Riera, 2008: 38).
De lo anterior se quiere destacar que aún pese a las debilidades que
demuestran tener los CoCos y las “comunas” como unidades ampliadas de
participación comunitaria, esta iniciativa que viene del régimen “chavista” de
promover a pasos agigantados el Poder Comunal en distintas formas de
integración, se han impuesto en Venezuela como “[…] espacios relativamente
autónomos, política y socialmente organizados, desde y por el Estado o por los
partidos políticos, tendientes a reconfigurar las relaciones de poder entre el Estado
y la sociedad, ampliar las prácticas democráticas y construir ciudadanía”.
(Maingon, 2007, pág. 143).
Es claro que estos ámbitos aunque estén ideados para generar el
intercambio ciudadano, no están exentos de presentar contradicciones. Una
realidad que ha de inquietar a la comunidad política. Este es el caso de Álvaro
Campana quien asegura:
[…] es evidente el peso del Estado sobre una sociedad históricamente cooptada, clientelizada y organizada en torno a la dinámica institucional, como en toda América Latina; además de los peligros que entraña la riqueza petrolera. La democracia participativa y protagónica ha tenido que enfrentarse no sólo a las tradicionales clases dominantes, sino a elementos generados por el propio proceso orientados por las lógicas de Estado, por sus tendencias a la burocratización e incluso al corporativismo; ello debido a que, desde el
82
gobierno, se han lanzado iniciativas de organización de los sectores sociales que lamentablemente se vinculan y son manipulados por los intereses creados dentro del propio gobierno. (Campana, 2009: 261).
De esta forma el mayor reto que tendrá el gobierno nacional estará centrado
en garantizar la autonomía de los civiles y evitar la interferencia político-partidista y
militar en el proceso de formación e integración de esta nueva forma de “hacer la
política” sobre lo que debe constituirse en lo político, los problemas más
acuciantes de las comunidades.
En otro orden de ideas, otro peligro latente que “acecha” al “Socialismo del
siglo XXI” es que la realidad –la cotidianeidad que es cualitativa y no cuantitativa–
salga a flote y muestre la verdadera cara del cambio político que está conduciendo
el régimen “chavista”. Hoy los colegios y universidades también son un campo de
despliegue de las prácticas del régimen que suponen la participación de la
ciudadanía, esto se evidencia, por ejemplo, en el cambio de los contenidos
programáticos que ahora están dirigidos hacia la ideologización socialista, por
cuanto, todas las actividades que se realizan deben estar alineadas a esta postura
política. En este sentido, los venezolanos observan cómo los tentáculos de la
revolución han ido abarcando otros ámbitos de gestión local y regional.
Para Thais Maingon estas figuras pueden ser entendidas, finalmente, como
espacios de participación pública o, (lo que alerta de una posible intervención
desde el Estado), más bien como mecanismos de captura de la participación. Su
sospecha está en que los Consejos Comunales “[…] se crean con la intención de
sustituir tanto a las viejas instituciones como a los viejos mecanismos de la
democracia representativa, y ante las limitadas capacidades de los gobernadores
y alcaldes en darle respuesta a las demandas de las comunidades a las que
representan […]”. (Maingon, 2007: 126).
Sin embargo, aún cuando la brecha entre el Estado y la Sociedad se ha
reducido a través del ejercicio “comunal” como lo demuestran los trabajos
realizados por algunos investigadores, entre ellos: Ramírez (2008, octubre) El
mayor logro: la conciencia colectiva; Riera (2008, octubre) La revolución paso a
paso y La voz la tiene el pueblo; Cabot y Riera (2008, octubre) De Consejos y
Comunas; Harnecker (2008) Transfiriendo poder a la gente; Massey (2008) Hacia
83
una nueva geometría del poder; Britto (2008) Socialismo del tercer milenio; y el
recogimiento de experiencias populares realizado por los autores: Neuhaus y
Calello (2006) Hegemonía y emancipación. Fábricas recuperadas, movimientos
sociales y poder bolivariano, no es claro el escenario de los “juegos de poderes”
que se han ido construyendo a la par del proceso de cambio, dado que persisten e
incluso han reaparecido viejas formas de dominación de la población que se han
apropiado de las actividades del Estado.
Utilizando el planteamiento de Maingon los Consejos Comunales respecto al
diseño institucional plasmado en la Constitución de 1961, parece privilegiar en lo
que respecta a la interacción entre los actores políticos y sociales, la dimensión
territorial frente a la dimensión funcional. (Maingon, 2007: 126). Es decir, el
objetivo expreso de estos nuevos espacios de interacción es “normar la
organización civil” para cumplir la meta de toda revolución socialista: “hacer más
equitativas y más cooperativas estas geometrías del poder dentro de las cuales
vivimos y por las cuales nuestras sociedades se organizan”. (Massey, 2008: 23).41
Pero dar voz a los que nunca antes la habían tenido implica quizá dos cosas:
primero, darle el poder al pueblo de conformarse con lo que tiene (con las
experiencias actuales que continúan amenazadas por el carácter clientelar,
corrupto e ignorante de algunos grupos dirigentes) y; segundo, darle el poder al
pueblo de resistirse al cambio y hacer valer sus capacidades en relación con las
de los demás actores sociales.42 Así se entiende que el factor principal que
determinará el éxito de esta práctica política del régimen, como lo indica Doreen
41
Esto se refiere a la propuesta que ha hecho el presidente Chávez de crear una nueva división político-territorial que le permite a las comunidades organizadas agruparse en comunas, ciudades comunales y distritos funcionales, acorde con sus propias necesidades e intereses. Siendo así, se podría hablar de una “nueva geometría de poder”, “[…] en la cual sean las comunidades organizadas y la sociedad civil en general las que verdaderamente tomen las decisiones y gestionen sus asuntos públicos. Actualmente la República Bolivariana de Venezuela se divide en estados, municipios y parroquias”. (Harnecker, 2008: 57). 42
Esta reflexión es basada en la concepción que sobre el poder hace la autora Doreen Massey en su obra: Hacia una nueva geometría del poder, en la que manifiesta que “el poder se encuentra entre las relaciones entre individuos, entre clases, entre capas sociales y aun entre países. Con frecuencia decimos que ´ellos´ tienen el poder (los ricos, los latifundistas, los capitalistas). Y en cierto modo es verdad. ´Ellos´ tienen dinero, recursos, tierra, propiedad, influencia en la esfera política y mucho más. Pero su ´poder´ depende también de lo que hacemos nosotros: podemos conformarnos, podemos resistir, podemos hacer valer nuestras capacidades, por ejemplo”. (Massey, 2008: 19).
84
Massey es que “[…] podemos definir territorios tal –como podemos definir
comunidades– pero su ´poder´ dependerá de las relaciones en que se manejen.
Dependerá, por ejemplo, de dónde se reconozcan los consejos comunales, de
cuáles sean las fuentes de sus recursos y de qué signifiquen palabras tales como
´participación´ y ´consulta´”. (Massey, 2008: 20).
De ahí que este V motor revolucionario, los Consejos Comunales, en esta
nueva etapa que ha de atravesar el gobierno dirigido por Chávez hacia la
transición al “socialismo” como base para la superación de la democracia
representativa, y del viejo Estado liberal-capitalista pueda constituirse como la vía
alternativa de cambio que ha esperado por años el pueblo venezolano. “Persiste la
incógnita histórica, de si es posible o no desmontar el Estado burgués desde el
mismo Estado burgués y substituirlo por un Estado comunal”. (Azellinni, 2009:
166).
En este escenario de transformaciones, transiciones y transferencia de
poderes, “al poder popular le toca asumir la conducción de la realidad, gobernar
desde los consejos comunales construyendo el socialismo, esto es la cualificación
ideológica y práctica de su poder, reconfigurándose en el hacer como poder
comunal”. (Castro, U. 2007: 148). Y esto, dado que de otra forma, las tensiones
con la vieja cultura política acabarían echando por tierra el proyecto de forjar una
“nueva subjetividad” en Venezuela utilizando como estructura de administración
pública, el Poder Comunal, los Consejos Comunales y las “comunas”.
Construir el “socialismo” desde el Poder Comunal, implica entonces además
de una “cualificación ideológica y práctica” –tal como lo señala Castro–, reunir y
fortalecer las experiencias positivas de esta forma de representación constituyente
para lograr constituir “de hecho” el poder del pueblo históricamente excluido. Las
condiciones mínimas de vida: en educación, salud, infraestructura, servicios,
trabajo, seguridad y alimentación, únicamente podrán mejorar, si este nuevo
régimen y su gobierno, logra superar los intereses privados y foráneos que han
debilitado enormemente la función del Estado en la sociedad. Un nuevo Estado
erigido desde las bases comunitarias –para no ser cooptado por los grupos de
85
poder que hacen “la política” desde la gestión estatal– tendrá que rehacer la
institucionalidad.
Esta misma idea siguen algunos autores que consideran que el Estado
venezolano será en todo sentido “revolucionario” cuando: primero, sirva como
práctica real solidaria y comunitaria en todos sus aspectos legislativos; segundo,
incorpore a la mayorías (opositoras y oficialistas) en el proceso que está
adelantando el proyecto socialista; tercero, se identifique con diversos medios y
formas propias de comunicación y movilización; y cuarto, genere un alto nivel de
conciencia política.
Hay quienes consideran que se puede observar con sorpresa cómo los
Consejos Comunales “se están gestando, incluso en los lugares más remotos del
país, como esos nuevos espacios de convivencia y organización comunitaria”. Así
lo defiende Herrera al afirmar que ante la cuestión de “¿cómo validar o no, esta
propuesta de cambio paradigmático para la sociedad venezolana?, no hay otra
alternativa. Para responder tendremos que conocer y participar”, explica la autora.
(Herrera, 2008: 191). Las palabras de Antonio Gramasci referidas en nuestro
epígrafe en este sentido resultan propicias, habrá pues que instruirse, trabajar con
entusiasmo y organizarse en estos tiempos de cambio.
3.3. El cambio de las relaciones cívico-militares y su impacto en la constitución de
la forma “comunal”.
El cambio político y, por efecto, la reforma constitucional, la construcción de
una “nueva subjetividad” y la creación de espacios de gestión pública dirigidos
directamente por las comunidades se puede decir que son variables
determinantes en el proceso de transformación política que adelanta el
“Socialismo del siglo XXI”.
La forma “comunal” a partir de este planteamiento se entiende ahora como la
manera en que este proyecto de nación ha logrado llegar a los estratos más bajos
de la sociedad venezolana para dinamizar las relaciones de poder y a través de
ellas construir una nueva forma de “hacer la política”, erradicar las viejas prácticas
86
e instaurar la “participación” popular como sostén de la vida privada y pública de
los venezolanos.
En su función de servir como estrategia del régimen para promover “otra
forma” de organización social y territorial, los Consejos Comunales (CoCos) han
de ser el dispositivo que permite una comunicación y relación más estrecha entre
el Estado y la población, también garantizan el protagonismo de las masas
populares en todos los ámbitos del sistema político. Desde allí se puede leer el
cambio que nos interesa explicar en esta última sección del análisis dado que el
escenario en donde tienen lugar las nuevas relaciones cívico-militares son
justamente los CoCos –en su expresión ampliada las “comunas”– esa también
nueva institucionalidad que el régimen está disponiendo para producir la
verdadera transformación de la sociedad.
¿Y cómo es posible esto? La cercanía a la población de la que goza el
“chavismo” en la actualidad le ha permitido profundizar su revolución al punto que
las relaciones cívico-militares antes bien distanciadas, ahora funcionan no como
una fuerza que habría de proteger los interés de los más débiles, sino como un
todo combatiente, formado para la defensa de la soberanía del país, de su
territorialidad e independencia frente a la amenaza externa.
La propuesta de la reforma parcial de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana en 2008 por parte del régimen “chavista” (la tercera
modificación a la ley castrense desde la llegada al poder del “chavismo”) y que
entró en vigencia en medio de una fuerte crítica un año más tarde, es concebida
en esta “nueva mentalidad de gobernar” como un cambio que tiene un objetivo
geopolítico de proyección estratégica que rememora al Ejército libertador.
El cambio en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana –uno de los cambios más
importantes del régimen, luego del logro de la implementación de la Constitución
del 99– ha introducido la incorporación masiva de los ciudadanos a la Milicia
Bolivariana (quinto componente de las FANB destinada a complementar la misión
fundamental de esta institución) a través de la creación de los “Cuerpos
Combatientes”. Según el artículo 50 de la ley reformada, estas unidades de
defensa nacional adicionados a la Reserva Militar estarán integradas por “[…]
87
ciudadanos y ciudadanas que laboran en instituciones públicas o privadas, que de
manera voluntaria son registrados, organizados y adiestrados por el Comando
General de la Milicia Bolivariana, con el fin de coadyuvar con la Fuerza Armada
Nacional Bolivariana en la Defensa Integral de la Nación, asegurando la integridad
y operatividad de las instituciones a las que pertenecen".43
Hay que destacar un aspecto importante de la participación ciudadana en la
competencia militar, y es que en el texto referido, no se expresa que los individuos
que participen en estos cuerpos especiales organizados por el Estado deban tener
nacionalidad venezolana, lo que permite la participación de extranjeros en las
actividades de protección del país. Esto supone que los voluntarios civiles que
decidan incorporarse serán un cuerpo autónomo al lado de las otras fuerzas
tradicionales, como el Ejército, la Armada o Marina de Guerra, la Aviación y la
Guardia Nacional y servirán de apoyo a los militares en la defensa del país, lo que
promueve nuevas relaciones de poder y la profundización de la unión cívico-militar
en Venezuela.
El gobierno venezolano ha asegurado en repetidas oportunidades que la
militarización del país avanza con paso firme y en este sentido, los CoCos
proporcionarán a la Guardia Territorial 15 millones de reservistas en caso de
agresión. Esto demuestra que la amenaza externa tiene una gran influencia en el
camino hacia la democratización que se vive en Venezuela, a tal grado que el
proceso de empoderamiento que ha utilizado a las comunidades como escenario
de despliegue, sufra la intervención militar y proponga a los ciudadanos su
participación “protagónica” en caso de violación a la soberanía territorial por
cuenta de algún país vecino.
Hay que saber que estos grupos de defensa o “milicias populares” podrán
ser movilizados durante períodos de instrucción y entrenamiento, y durante
estados de excepción que sean decretados por el presidente. Como una de sus
principales funciones, deberán coordinar operaciones de defensa con los consejos
43
Venezuela. (2009), Informe que presenta la Comisión Permanente de Defensa y Seguridad de la Asamblea Nacional sobre el Proyecto de Ley de Reforma Parcial de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Caracas, [en línea] disponible en: http://www.slideshare.net/ismaelgarcia/reforma-ley-orgnica-de-las-fan, recuperado 28 de junio.
88
comunales, contribuir y participar con el desarrollo de la tecnología militar y
asesorar en la creación de los Comités de Defensa Integral, a fin de fortalecer las
relaciones cívico-militares.
Freddy Melo autor de Reforma y revolución, sugiere que estas prácticas de
empoderamiento pueden de hecho consolidarse en perspectiva prolongada
“fortaleciendo consecuentemente la conciencia y la unidad interna del pueblo, la
unidad cívico-militar y la unidad de los patriotas, y más aún si el entorno
internacional mejora a tenor de los combates populares, es posible seguir
levantando esa bandera y manteniendo la violencia del enemigo en un nivel en
que no pueda salirse con la suya y obligar a los venezolanos a una confrontación
armada intestina […]”. (Melo, 2009: 107).
En torno a este complejo tema las opiniones evidentemente son opuestas.
Hay quienes apuestan a que esta forma política involucra a todos los actores de la
sociedad en la protección de la soberanía del país. Pero otros sostienen que esta
nueva disposición del régimen acabaría por poner en manos de los oficialistas las
armas, pues es este grupo de la sociedad el que finalmente apoyaría la causa
revolucionaria y sus ideas libertarias, no aquellos contrarios al régimen dirigido por
el presidente Chávez.
La incertidumbre de que este nuevo modelo (en lo militar y en lo social)
funcione efectivamente como un dispositivo de control sobre los cuerpos de la
población o termine siendo una forma real de “participación ciudadana” en los
asuntos más medulares de la administración del poder del Estado seguirá latente.
Aunque es claro que el alistamiento militar es de carácter voluntario, no se escapa
de la crítica que esta medida del actual régimen sea una estrategia política para
cooptar por vía “normativa” más adeptos a esta “nueva mentalidad” socialista.
Desde esta perspectiva se puede decir que a partir de los resultados del balance
de esta medida se puede hacer el ejercicio de caracterizar el tipo de régimen
político implantado en la Venezuela que se está construyendo desde el
“chavismo”. Siguiendo a Arturo Sosa es “[…] a partir de la actuación del
Presidente, su gobierno y partidos” que se puede examinar si el cambio se orienta
a la creación del sujeto político del Poder Popular. (Sosa, 2007: 53).
89
En lo que se refiere al cambio de las relaciones cívico-militares y su impacto
en la constitución de la forma “comunal”, el autor señala que “[…] es
preponderante el papel de la Fuerza Armada en el diseño y ejecución de las
principales políticas públicas, con una estructura que favorece el control directo del
comandante en jefe, Presidente de la República” y permite señalar al actual
régimen político como “[…] aquel que disuelve la línea divisoria entre lo militar y lo
civil, convirtiendo la organización militar en el eje de la administración pública y
modelo de las organizaciones de la sociedad civil, tanto para la participación
electoral y política como para la producción, a la que se extiende a través de la
creación de numerosas reservas ´militares´ constituidas por empleados del Estado
y civiles en general”. (Ibíd., 54).
Así pues, esta tendencia del “chavismo” en la actualidad, se impone como
tema de debate, pues la delicada relación que supone el Poder Comunal entre la
dupla: cívico-militar, además de encender la alarma por la forma particular en que
desde el gobierno del “chavismo” se piensa al “sujeto político” como “pueblo
organizado”, nos pone de relieve que la variable: organización comunal, podría
estar siendo utilizada por el régimen “chavista” para configurar además de un
nuevo ordenamiento territorial, la ideologización y cooptación del pueblo a través
de la reglamentación de su participación ciudadana en asuntos que anteriormente
eran sólo competencia de las fuerzas militares del Estado.
El peso de la cultura militar y la existencia de imaginarios bélicos (bien
tomados de otras revoluciones o de una naciente “forma política”) y de militares
activos y retirados en el actual proceso de cambio venezolano, sin duda, es
evidente que ha mantenido en tensión la actual dinámica del sistema político en su
conjunto. Lo que hace probable que al Poder Comunal se transfieran: la
obediencia vertical y el carácter no deliberativo propio de la cultura de la institución
armada, es la forma en que las nuevas disposiciones del mandatario venezolano y
un lenguaje militarizado están atravesando las relaciones cívico-militares. A juicio
de Lander, debido a esto, “la amplia presencia de militares en muchos altos cargos
públicos, resulta, por lo menos, problemática. Lo es más cuando los imaginarios
90
de lo militar se extienden a la vida política, impregnándola de referentes a guerras
y batallas”. (Lander, 2007: 69).
Para nuestro análisis estas nuevas alternativas de participación ciudadana
son reflejo de las políticas de seguridad que está implementando el régimen para
el manejo de la población. Esta afirmación se desprende de lo que se ha expuesto
a lo largo de esta sección, dado que para la nueva gubernamentalidad “socialista
del siglo XXI” la preservación de los recursos naturales (esenciales para responder
la amenaza constante de la crisis mundial) y la defensa del territorio (fundamental
ante los conflictos fronterizos) son garantía de la fundación de un “nuevo Estado”,
democrático y de justicia social que es conducido por el Comandante en Jefe
Hugo Chávez, máxima autoridad jerárquica de la Fuerza Armada Nacional
Bolivariana. Este nuevo cambio que se está gestando al interior de esta institución
es reflejo del interés del gobierno en politizar todos los espacios de convivencia
ciudadana. Lo que sin duda, traerá la paulatina polarización del país.
Finalmente, la política gubernamental del Poder Comunal en “lo político” del
actual régimen cada vez se hace más compleja. Sin embargo, el carácter
revolucionario, fundacional, de reordenamiento, de construcción de una “nueva
subjetividad” como “núcleo de verdad histórica” en Venezuela, hace de este
fenómeno un objeto de estudio interesante y si se quiere, en aras de repensar la
política para la América Nuestra, apremiante, en cuanto que sólo haciendo el
ejercicio de mirar hacia adentro se pueden conocer las verdaderas formas que
adopta el cambio como categoría más general de análisis. (Rodríguez, 2004: 266).
El cambio político, es muestra de que nuestras sociedades están buscando
respuestas, van tras alternativas y; aunque, los regímenes actuales continúan
seduciendo a las masas con sus fórmulas populares-redentoristas el intento no se
ha perdido. Aún hay tiempo, hay capacidad para alcanzar ese “otro mundo
posible”.
“El hombre puede aguantar tremendas desigualdades si éstas son estables y están santificadas por la costumbre; pero en una sociedad tan ajetreadamente móvil la costumbre no tiene tiempo de santificar nada”. Ernest Gellner
91
CONCLUSIONES
El problema de la crisis de la representación en Venezuela ha puesto en el
escenario político la problemática de la reconstrucción de la forma de gobernar o
conducir al pueblo venezolano. El cambio de régimen político es en la actualidad
un nuevo paradigma que vemos extenderse a los países contiguos de América
Latina. El gobierno liderado por Hugo Chávez tiene que apostar al cambio político
como el camino alternativo hacia una nueva democracia que tenga como base la
“participación” y el “protagonismo” de las mayorías populares para así enfrentar el
desafío de hacer una política “desde abajo” en el contexto de un mundo siempre
cambiante.
Conocer las causas de la transformación política y cómo se ha construido
una nueva mentalidad de gobernar luego de la debacle del régimen político
anterior tras la llegada de Hugo Chávez a Miraflores en 1999, ha sido la inquietud
primordial de este análisis que pretende marcar un precedente en los estudios
sobre la asunción de “nuevas formas” de gobernar nuestras repúblicas en tiempos
en que parecen insuficientes e ineficaces las fórmulas políticas que hasta ahora y
desde la Constitución de 1961 han pretendido mantener el equilibrio del sistema
político venezolano, pero que finalmente, trajeron como consecuencia el
clientelismo; la corrupción administrativa; el centralismo en la toma de decisiones;
el aprovechamiento irregular de los recursos de la nación y; en suma, la
politización de las actividades del Estado.
Al observar el surgimiento de la gubernamentalidad del “Socialismo del siglo
XXI” a partir de la refundación de la República y de la constitución del Poder
Popular –como alternativa histórica ampliamente difundida en el país– se ha
logrado: primero, examinar el cambio de régimen político que ha impulsado el
“chavismo”; segundo, caracterizar una “nueva mentalidad” en el poder y la “nueva
forma de gobierno” y; tercero, analizar el surgimiento de los Consejos Comunales
92
(CoCos) como dispositivos del régimen para promover otro tipo de organización: la
“comunal” y, con ello, la creación de un “nuevo sujeto” histórico. La triada analítica:
Cambio, Gubernamentalidad y Poder Comunal presentada en este trabajo de
investigación ha permitido explicar cómo ha sido la trayectoria de este líder y su
gobierno pero desde las prácticas políticas de su propuesta gubernamental que
representa, actualmente, uno de los programas políticos más controversiales –
viable a través de una mirada nacionalista, democrática y popular– que ha dado la
cara a las amenazas y limitaciones que supone el “nuevo orden mundial”.
En relación con la primera parte del análisis se puede precisar que la
transformación del régimen político en Venezuela continuo y pacífico ha permitido
que la refundación de la República pueda llevarse a cabo a través de un cambio
fundamental, es decir, “normativo”-constitucional, lo que le otorga al proceso
revolucionario la legitimidad que necesita para configurarse como un modelo
alternativo de democracia “participativa” y “protagónica”.
Específicamente luego de conocer cómo se ha originado el cambio de
régimen político en Venezuela, se puede ahora afirmar que la gubernamentalidad
del “Socialismo del siglo XXI” se compone esencialmente de tres aspectos:
primero, de un régimen “normativo” como forma de gobernar que hizo ruptura con
el anterior basado en el Pacto de Punto Fijo y que defiende los principios de la
Constitución del 99, el nuevo texto constitucional que ha sido logro de la V
República y medio fundamental para la creación de un “nuevo Estado”, Social, De
Derecho y Justicia; segundo, de la participación no electoral como la manera en
que el régimen piensa orientar la lucha hacia el establecimiento de una
democracia directa basada en la construcción de un “nuevo sujeto” histórico, ético
y de cambio.
Esta nueva gubernamentalidad de Estado apuesta a la formación de una
ideología socialista que actualmente está en expansión y busca la consolidación
de una u “otra forma” de desarrollo social autónomo que destierre las
contradicciones del capitalismo y; tercero, de la organización ciudadana, límites de
la gestión pública y vigilancia del poder como nuevos mecanismos de
representación política que le permiten al régimen poner en funcionamiento los
93
Consejos Comunales (CoCos), dispositivos de gobierno que promueven la
solidaridad y la cooperación mutua, útiles para garantizar el advenimiento del
Poder Popular cuyo campo de despliegue es la población.
Seguidamente, en la segunda parte de este trabajo crítico se ha podido
identificar que el estudio de la gubernamentalidad en el naciente “espíritu
constituyente” ha hecho extensible el poder “constitucional” al pueblo “constituido”,
responsable ahora de los asuntos de la gestión pública y de su propio desarrollo,
anteriormente, conducidos por el Estado. El ejercicio de identificar las formas que
ha asumido esta “auténtica” gubernamentalidad socialista permite concluir que
gobernar en este siglo a Venezuela, significa un acto consensuado y estratégico,
de creación y habilidad para “hacer la política” por parte de una determinada élite
en el poder. También es planificar y proyectar el cambio a través de un programa
de gobierno a largo plazo, como lo es el Plan de Desarrollo Económico y Social de
la Nación para el periodo 2007-2013 que tiene como base la implementación de
los llamados cinco motores revolucionarios (lineamientos claves para la
producción de nuevas relaciones de poder). Finalmente, significa la conducción de
un modo específico de la vida y la sobrevivencia de la población venezolana y,
este modo como “tecnología de gobierno” habrá de ser la forma “comunal”.
El nacimiento de un “nuevo sujeto” para la Venezuela socialista implica la
creación de un “hombre nuevo”, ése que sea capaz de insertarse a una
subjetividad colectiva, de autorreflexibidad y autorrealización. Considera la
promoción del hombre de las prácticas políticas, de las estrategias comunitarias y
de la acción en perpetuo desarrollo. Desde esta definición de “nuevo sujeto” es
que la gubernamentalidad “socialista del siglo XXI” habrá en lo consecuente de
continuar su trayectoria de cambio, de transformaciones, de nuevos enunciados y
formas de representación popular, en fin, de un pensar y “hacer” alternativo. De lo
contrario, caerá en las reincidencias, en la continuidad y lo que es peor, en el
arraigo a formas ajenas de gobernar o “hacer la política”, ajenas a una propia
concepción que haya nacido de la revolución socialista.
Por último, de la tercera parte de este estudio se puede concretar que la
“organización comunal” es la forma que se ha adoptado como resultado de la
94
creación del Poder Comunal; una forma de “desujeción” de la población, siguiendo
a Foucault. Este nuevo mecanismo de representación democrático ha utilizado a
los Consejos Comunales (CoCos) como instancias de participación y articulación
que promueven la integración de todos los actores sociales que hacen vida en las
comunidades. Como “autogobierno comunitario”, responden a las necesidades,
potencialidades y aspiraciones de las comunidades y han puesto de relieve, el rol
protagónico de una naciente subjetividad que responde esencialmente a una
nueva forma de pensar los mecanismos de “participación” de la ciudadanía en
todos los asuntos que proporcionen una mejor calidad de vida a los venezolanos.
El trabajo ha demostrado que el surgimiento de los CoCos ha de ser una
estrategia del gobierno para levantar una nueva estructura de organización social
en Venezuela en la que las comunidades son los dispositivos ejes y, el “nuevo
sujeto histórico”, la pieza angular del trabajo político en los aspectos de gestión y
distribución de los recursos. No obstante, el giro estratégico del poder
constituyente al poder constituido –como se ha expuesto en este análisis– fruto de
un proceso de parlamentarismo de calle, no garantiza que hayan cambiado las
instituciones, los roles que ejercen las autoridades, tampoco las dinámicas de las
diferentes clases sociales del país; sin embargo, lo que está sucediendo en
Venezuela es algo que anteriormente no había ocurrido, un cambio de paradigma
importante que nos señala el camino hacia nuevos mecanismos de cooptación de
la participación ciudadana.
A pesar de que la llamada “revolución socialista” ha radicalizado el Poder
Popular como mecanismo de participación utilizando como escenario de
despliegue las comunidades venezolanas, es claro que el régimen dirigido por
Hugo Chávez, muestra evidentes señales de agotamiento que podrían conducir al
fracaso de la democracia “participativa” y “protagónica” como proyecto de nueva
sociedad. Aunado a esto los Consejos Comunales como nuevas formas de
representación política, son un ejemplo de cómo esta gubernamentalidad
socialista está interviniendo en la vida privada y pública de las comunidades
venezolanas luego de la promulgación de la Ley de la Fuerza Armada que incluye
95
la reorganización de la milicia bolivariana aprobada en 2009, lo que demuestra el
carácter dominante que ha ido asumiendo el régimen “chavista”.
Finalmente, se puede precisar que el fracaso del proceso revolucionario
venezolano podría estar signado por los siguientes aspectos: primero, por el
carácter del tipo de Estado anterior a este nuevo tiempo histórico; segundo,
porque no se ha logrado consolidar aún la unidad funcional de las fuerzas
bolivarianas y la marcha bajo una dirección unitaria unificadora, democrático-
participativa, orgánica y coherente y; tercero, porque las comunidades en su
conjunto padecen de una gran escasez de recursos por cuanto a sus habitantes
les es difícil instrumentar los procesos de organización comunal.
¿Hacia dónde va el régimen “chavista” en este particular momento de
cambio?, quizá sea el interrogante que estará presente en los recientes debates
sobre la transición –con suerte– hacia una “nueva democracia”, a una nueva
redefinición de cómo cambian nuestros regímenes en América Latina, y en este
sentido, el actual régimen a una década de existencia tendrá que superar el peso
del tiempo histórico y combatir las viejas relaciones de poder para lograr, no sólo
superar su etapa populista sino las que habrán de venir en los años siguientes. De
allí que, la explosión del Poder Comunal como política gubernamental sirva de
palanca para configurar un verdadero modelo alternativo de sociedad y se aleje de
las prácticas de militarización ciudadana que parecen estar siendo guiadas desde
el Estado, a fin de intervenir en los principios democráticos de la sociedad
venezolana y su derecho a la participación libre en la dinámica del sistema político
del país dada la actual disolución de la línea divisoria entre lo militar y lo civil.
Lo cierto es que el pueblo venezolano tiene ahora una “otra forma” de
representación, el Poder Comunal, desde ahí los ciudadanos y ciudadanas podrán
participar; resistirse; conformarse o hacer valer sus capacidades; reunir sus
experiencias positivas y crear una nueva institucionalidad. Lo que no podrán
hacer, será revertir “el tiempo”, lo hecho, el camino transcurrido hasta ahora; la
amenaza latente de que esta forma gubernamental pase el “umbral de la
transformación” y le imprima al “socialismo” venezolano un carácter autoritario con
el liderazgo de Hugo Chávez o permita el establecimiento de estados de
96
dominación producto de las nuevas relaciones que hacen vida en los “juegos de
poder”.
97
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105
ANEXOS
106
ANEXO A/Modelos de acción presidencial
PRESIDENCIALISMOS COALICIONISTAS
PRESIDENCIALISMOS DÉBILES
PRESIDENCIALISMOS HEGEMÓNICOS
Presidencias establecidas en sistemas bipartidarios o bicoalicionales de estabilidad media o alta, en los cuales las dos coaliciones predominantes cuentan con posibilidades efectivas de acceder a la presidencia. Estas presidencias están asociadas a la existencia de acuerdos relativamente estables en torno a las reglas del juego político, incluyendo las de índole para-constitucional. Intensificación de los procesos de creciente desprestigio de la labor parlamentaria y de concomitante deterioro de la imagen de los miembros del parlamento dentro de la opinión pública.
Presidencias establecidas en sistemas multipartidarios en los cuales la mayoría o la totalidad de los partidos están seriamente fragmentados. Los acuerdos sobre las reglas del juego, cuando se producen, son efímeros. Vinculadas a liderazgos que no logran consolidarse y en los cuales los parlamentos oscilan entre la sumisión al incumbet y bloqueos sistemáticos de las iniciativas presidenciales.
Presidencias establecidas en sistema de partido (coalición) dominante en un contexto de debilidad generalizada de los partidos. Oficialismo y oposición (es) se inclinan a favorecer modalidades antagónicas de organización del juego político. Vinculadas a liderazgos personales fuertes que tienden a colonizar a los poderes legislativo y judicial. Predominan tendencias a la manipulación de las reglas y procedimientos electorales.
Con buenas probabilidades de gozar mayorías parlamentarias
Con escasas probabilidades
de alcanzar mayorías
parlamentarias
ARGENTINA MÉXICO
PERÚ
COLOMBIA VENEZUELA ¿BOLIVIA?
CHILE
URUGUAY
BRASIL
Fuente: CAVAROZZI, Marcelo. (2010, 15 de febrero), “Estilos presidenciales en América Latina”, [Conferencia], Bogotá.
107
ANEXO B/Los referendos andinos/Periodo: (1985-2010)
NRO.
PAÍS REFERENDO FECHA DE REALIZACIÓN
1 BOLIVIA Referendo de Política Energética, 2004 18 de julio de 2004
2 BOLIVIA Referéndum Autonómico, 2006 02 de julio de 2006
3 BOLIVIA Referendos Revocatorios Presidente, 2008 10 de agosto de 2008
4 BOLIVIA Referendos Revocatorios Prefectos, 2008 10 de agosto de 2008
5 BOLIVIA Referendo aprobatorio de la Constitución Boliviana, 2009
25 de enero de 2009
6 COLOMBIA Referendo de Uribe, 2003 25 de octubre de 2003
7 ECUADOR CONSULTA POPULAR (permitir la elección de independientes), 1986
01 de junio de 1986
8 ECUADOR CONSULTA POPULAR SIXTO DURÁN BALLEN, 1994
28 de agosto de 1994
9 ECUADOR CONSULTA POPULAR SIXTO DURÁN BALLÉN, 1995
26 de noviembre de 1995
10 ECUADOR CANSULTA POPULAR FABIÁN ALARCÓN, 1997
25 de mayo de 1997
11 ECUADOR Consulta Popular Alfredo Palacio 26 de noviembre de 2006
12 ECUADOR Consulta Popular, CONVOCATORIA CONSTITUYENTE, 2007
15 de abril de 2007
13 ECUADOR APROBATORIO CONSTITUYENTE, 2008 28 de septiembre de 2008
14 PERÚ REFERÉNDUM APROBATORIO CONSTITUCIÓN FUJIMORISTA, 1993
31 de octubre de 1993
15 VENEZUELA Convocatoria Asamblea Constituyente y aprobación de Bases
25 de abril de 1999
16 VENEZUELA Aprobación proyecto de Constitución 15 de diciembre de 1999
17 VENEZUELA Consulta renovación diligencia sindical 03 de diciembre de 2000
18 VENEZUELA REFERENDO REVOCATORIO, 2004 15 de agosto de 2004
19 VENEZUELA REFERENDO REELECCIÓN INDEFINIDA, 2007
02 de diciembre de 2007
20 VENEZUELA REFERENDO REELECCIÓN INDEFINIDA POR SEGUNDA VEZ, 2009
15 de febrero de 2009
Fuente: GUTIÉRREZ-SANÍN, F. y ACUÑA, F. (2009, septiembre-diciembre), La política de los referendos en los países andinos: apelación al pueblo y democracia (1985-2010) En: Análisis político, Nro. 67, Bogotá, págs. 21-37.
108
ANEXO C/Índices sobre la gestión del gobierno liderado por Hugo Chávez
Periodo: (1998-2007)
DESCRIPCIÓN INCREMENTO
Índice de Desarrollo Humano (incluye esperanza de vida, nivel educativo y renta per cápita):
En 1998: 0,6917 En 2006: 0,8836 Incremento: 27,7%
Gasto social total en millones de bolívares fuertes:
En 1998: 5.670.152 En 2007: 98.712.236 Incremento: 1.641%
Gasto social como porcentaje del PIB: En 1998: 11,2% En 2007: 20,2%
Personas en pobreza extrema: Personas que salieron de la pobreza extrema en ese periodo:
En 1999: 20,1% En 2007: 9,5% 2.124.208
Tasa de desempleo: En 1999: 16, 6% En 2008: 7%
Número de pensionistas (edad de jubilación: hombres 60 años; mujeres 55 años):
En 1998: 387.007 En 2008: 1.217.843 Incremento: 214%
Población beneficiaria del Programa de Alimentación Escolar:
En 1999: 252.284 niños y niñas En 2007: 3.996.427 niños y niñas
Venezolanos menores de 15 años sobre el total de la población (27 millones):
Más de 8 millones 30%
Médicos de atención primaria (sector público): Vidas que se estiman salvadas gracias a la Misión “Barrio Adentro”:
En 1998: 1.628 En 2007: 19.571 En 2003: 8.733 En 2008 (junio): 91.663
Gasto militar en América Latina en 2008: Gasto militar de EEUU (excluidos los derivados de las guerras de Irak y Afganistán:
Brasil: 27.540 millones de dólares Colombia: 6.746 millones de dólares Chile: 5.395 millones de dólares Venezuela: 3.321 millones de dólares EEUU: 623.000 millones de dólares
Crecimiento del PIB después del paro-sabotaje petrolero: Crecimiento promedio de los últimos 18 trimestres del PIB no petrolero:
2004: 18, 3% 2005: 10,3% 2006: 10,3% 2007: 8,4% Estimación para 2008 por encima del 6% 11,5%
Tasa de inflación por periodos presidenciales:
Con Carlos Andrés Pérez (1989-1993): 44,2% Con Rafael Caldera (1994-1998): 57,6% Con Hugo Chávez (1999-2007): 19,5%
109
Porcentajes de aceptación de la gestión de presidente Hugo Chávez: Porcentaje de aceptación de la gestión del gobierno:
68,8% 54%
Porcentaje de los venezolanos que no confían en los noticieros de televisión:
66%
Porcentaje que no confía en la prensa: Porcentaje que no confía en la ONG:
58% 72%
Respuestas a la encuesta sobre los principales problemas que afronta el país: Inseguridad: Desabastecimiento: Desempleo:
74,6% 32,6% 28,5%
Fuente: LÓPEZ, S. (2008). Instituto Venezolano de Análisis de Datos, Iberobarómetro; Latinobarómetro; Ministerio del Poder Popular para la Planificación y Desarrollo En: El Viejo Topo, Num. 249, Barcelona, págs. 4-5.
110
ANEXO D/Integrantes del Consejo Comunal (CoCo)
111
ANEXO E/Proceso de conformación del Consejo Comunal (CoCo)
