POLITICA Y MILITARES EN EL URUGUAY:

POLITICA Y MILITARES EN EL URUGUAY:PRIVATE

DE LA DICTADURA A LA DEMOCRACIA.

Luis Alberto Quevedo

Universidad de Buenos Aires

(Argentina)1993

Este trabajo ha sido escrito en el marco de un proyecto de investigacin que ha contado con el apoyo de la Fundacin John & Catherin Mac Arthur y el North-South Center de la Universidad de Miami.INDICE1.- El orden autoritario.3

2.- La salida va reforma constitucional:

una entrada a la transicin.10

3.- El retorno de los partidos polticos.17

4.- La democracia pactada.30

5.- Los Derechos Humanos en la agenda poltica:

de la Ley de Caducidad al Referendum.37

6.- Las Fuerzas Armadas en la democracia:

la otra negociacin.47

7.- Conclusiones.56

8.- Bibliografa.60

9.- Informes, Discursos, Leyes y Documentos.65

10.- Entrevistas realizadas en Uruguay.66

11.- Indice de siglas utilizadas.68

1.- El orden autoritario.

El regreso a la institucionalidad democrtica que se produjo en Uruguay en 1985 abri un perodo donde convivieron elementos de la tradicin y la cultura poltica ms asentada en la historia del pas, con la presencia de nuevas realidades, nuevos actores y nuevos dilemas para la democracia. Uno de esos nuevos elementos lo constituy, sin lugar a dudas, el posicionamiento de las FFAA como actor poltico de la transicin y el tema de las violaciones a los derechos humanos propiciadas por el rgimen militar que se haba instalado en 1973 y que dej una huella muy honda en la sociedad uruguaya.

Durante todo este perodo poltico dominado de forma directa o indirecta por las FFAA, se vivi una situacin absolutamente indita de violaciones de los derechos polticos, civiles y sociales que contrasta con el resto de la historia del Uruguay. De la misma forma, este papel protagnico en la escena pblica que tuvieron las FFAA era desconocido hasta que en 1971 la institucin militar se hizo cargo de la represin a los grupos polticos de extrema izquierda que actuaban en el pas. Hasta ese momento, el Uruguay haba conocido unas FFAA enroladas en una tarea "profesional", poco relevante desde el punto de vista social y poltico y que convivan con otros estamentos burocrticos que desarrollaban tareas como parte de una maquinaria estatal.

A principios de los sesenta, el pas conoce las primeras acciones armadas del Movimiento de Liberacin Nacional (MLN-Tupamaros), un grupo guerrillero con races rurales en sus comienzos y que luego se asienta en Montevideo y en otras zonas urbanas y que a fines de la dcada tiene una presencia tambin indita en una escena poltica dominada por agudos conflictos sociales. Ms tarde, aparecen otras organizaciones guerrilleras que deciden utilizar el camino de la violencia para oponerse al rgimen represivo del gobierno -en algunos casos eran acciones ligadas directamente a conflictos obreros y que buscaban apoyar la accin de algunos sindicatos- pero todas ellas tuvieron menor nmero de militantes e infraestructura material, y sus acciones carecieron de magnitud.

A fines de los aos sesenta la violencia armada adquiere verdaderamente relevancia pblica y comienzan a desarrollarse acciones en una suerte de contrapunto con las acciones represivas que planifica el gobierno del presidente Jorge Pacheco Areco. En 1968 se imponen las Medidas Prontas de Seguridad, un instrumento legal que permita reprimir con extremo rigor todas las manifestaciones callejeras de protesta que, en la mayora de los casos, nada tenan que ver con las acciones de los grupos armados sino con el clima de descontento popular que se viva en esos aos.

El punto de inflexin poltica sobre el tema de la represin a los grupos armados, que representa un momento de viraje en la actitud de las FFAA frente a los asuntos pblicos, se produce en 1971 cuando el presidente Pacheco Areco decide entregar el mando de la lucha contra la guerrilla a las FFAA. De all en ms comienzan a tomarse una serie de medidas que dividen el perodo en dos etapas: el primer objetivo era asegurar las elecciones de noviembre de 1971, y el segundo era erradicar definitivamente a la guerrilla. De este modo, las FFAA comenzaron a ganar terreno poltico que hasta entonces desconocan: lograron primero la declaracin del Estado de Guerra Interno y la aprobacin de la Ley de Seguridad del Estado ms tarde. A fines de 1972, y luego de la desesperada "ofensiva" lanzada por el MLN-Tupamaros contra las fuerzas de seguridad, la guerrilla estaba prcticamente destruida. Pese a ello, las FFAA siguieron utilizando el argumento del accionar de los grupos armados para llevar adelante acciones represivas ms globales contra la poblacin.

En rigor, podemos decir que los motivos originales de la intervencin de las FFAA en la vida poltica del pas, esto es, hacerse cargo en forma directa de la lucha contra la subversin armada -por mandato del Poder Ejecutivo y dentro de los lmites que fijan la Constitucin y las leyes-, haban terminado bastante antes del golpe de estado de 1973, cuando la guerrilla urbana estaba totalmente vencida. Es cierto que existieron algunos intentos de reorganizacin por parte de estos grupos de extrema izquierda, pero prcticamente no existieron acciones armadas luego de la instalacin del auto-denominado Proceso cvico-miliar. Sin embargo, en los aos posteriores, y especialmente entre 1974 y 1979, las FFAA justifican su vuelta a la represin ante ciertas acciones que eran "planificadas" por supuestos grupos armados. El argumento de enemigo interno era utilizado con especfica referencia a quienes ejercan la violencia, pero la represin estaba dirigida contra quienes llevaban adelante la oposicin al rgimen: dirigentes polticos, sindicales, estudiantiles, barriales. Ms tarde, las FFAA comenzaron una tarea ms prolija de persecusin contra quienes eran sealados como no adherentes al Proceso u opositores potenciales del mismo.

La poltica llevada adelante por el rgimen autoritario durante sus doce aos de gobierno dej una experiencia de represin, censura, silenciamiento de la escena pblica y proscripcin de la actividad poltica indita en toda la historia uruguaya. En el siglo XX las FFAA nunca haban ejercido el poder de manera directa ni haban tenido un proyecto poltico propio, por fuera de los partidos polticos y de las ideologas dominantes tradicionalmente civilistas y democrticas que se desarrollaron en el Uruguay. Sin embargo, esos doce aos de proceso militar reconocen momentos claramente diferentes. Casi todos los analistas del perodo coinciden en reconocer la existencia, por lo menos, de tres etapas claramente diferenciadas.

Una primera etapa (1973-76) del Proceso la constituy el momento especfico de instalacin del "orden" autoritario, esto es, la supresin de las instituciones democrticas, exclusin poltica y econmica de los sectores populares, proscripcin de la accin de los partidos y de la central nica de trabajadores, al tiempo que se propuso un "ordenamiento" del Estado que signific, en la prctica, depurar -incluso dentro de las Fuerzas Armadas, Policiales y de Seguridad- a quienes no queran acompaar al nuevo rgimen. Entre las "depuraciones" estuvo la del mismo presidente Bordaberry quien tena un proyecto propio para las etapas futuras del Proceso que no concordaba con las aspiraciones del sector hegemnico de las FFAA. En el mes de junio de 1976 un comunicado de las mximas autoridades militares informa que "las Fuerzas Conjuntas (FFCC) han retirado su confianza y apoyo al seor Juan Mara Bordaberry" lo que desemboca en su renuncia y la asuncin del Dr. Alberto Demicheli -miembro de la Corte de Justicia- al frente del Poder Ejecutivo hasta la asuncin del nuevo presidente. Tres meses ms tarde asumira la presidencia el Dr. Aparicio Mndez.

La segunda etapa (1976-80) que podemos caracterizar como de "militarizacin del estado" comenz con la destitucin de Juan Mara Bordaberry, quien haba sido electo en 1971 y haba ejercido la presidencia de la Nacin hasta ese momento, hasta el plebiscito de reforma de la constitucin de noviembre de 1980. Es el perdo donde la dictadura ensay la fundacin de una "nueva repblica", con nuevas bases de legitimidad, nuevo marco legal, pero manteniendo algunos mecanismos de participacin democrtica que formaban parte de la cultura poltica uruguaya, en un contexto de dominio militar. Es tambin el perodo donde se instala un control milimtrico de la sociedad en su conjunto y donde la represin del Estado sobre cada uno de los ciudadanos se vuelve ms policial y rigurosa. Una muestra de ello lo constituye la clasificacin, a partir de 1976, de todos los ciudadanos en tres categoras de personas ("A", "B" y "C") a fin de "ordenar" a la poblacin en lo que se refiere a sus ideas polticas -presentes o pasadas, reales o pontenciales- y adhesin al rgimen militar. Esta clasificacin de ciudadanos se realiz especialmente en el mbito de los funcionarios pblicos, pero abarc tambin a ciudadanos que -por distintas razones- realizaban gestiones antes las autoridades del estado y sobre los cuales se efectuada algn tipo de "indagacin". En la mayora de los casos estaba penando o bien conductas privadas o bien el ejercicio de derechos civiles o polticos en vigor en el momento de ejercerlos.

El ltimo perodo del Proceso (1980-85) coincide con el comienzo de la transicin democrtica y tiene su origen en la derrota que sufre la dictadura militar al ser rechazada su propuesta de reformular la Constitucin Nacional. Este audaz proyecto poltico guardaba el doble propsito de institucionalizar lo actuado por las FFAA hasta ese ao y otorgarle legitimidad al rol protagnico que pretendan tener los hombres de armas en la futura democracia. El fracaso de fundar esa nueva legitimidad abre un perodo donde las FFAA reconstruyen su estrategia poltica, toman en sus manos, por primera vez, de forma directa, el ejercicio de las funciones mximas del gobierno y comienzan un dilogo con las fuerzas polticas tradicionales. Es tambin el momento donde el tema de los derechos humanos se instala en la escena pblica, pues hacen su aparicin las primeras organizaciones -tanto de afectados como aquellas ligadas a la temtica desde un punto de vista tico- y donde la sociedad se sensibiliza en torno al problema de las violaciones de los derechos de las personas. En este perodo podemos considerar que la sociedad se hace cargo de la situacin de los presos polticos y de algunos temas ligados a la represin militar. Pero las FFAA ya haban asumido el tema de los derechos humanos y de las responsabilidades que pudieran caberle a los hombres de armas en un futuro gobierno civil.

El proceso de transicin poltica en Uruguay, que desemboc en las elecciones generales del ao 1984 comenz entonces el 28 de noviembre de 1980, cuando el gobierno militar convoc a la ciudadana a plebiscitar un proyecto de reforma de la constitucin que dara la base de legitimidad poltica y el marco institucional al proceso "cvico-militar" iniciado en 1973. Si bien este tema lo trataremos especficamente en el prximo apartado, conviene sealar desde ya que el recurso elegido por el rgimen de facto -buscar apoyo popular para construir un nuevo orden- fue similar al que propici su par chileno en 1977 y 1980 y que diera buenos frutos a la dictadura del Gral. Augusto Pinochet. Pero el plebiscito uruguayo termin con una inesperada derrota de la propuesta militar que oblig a las FFAA a modificar sus planes de permanencia en el poder. A partir de ese momento se abri un largo perodo de negociaciones con la dirigencia poltica a fin de encontrar una salida consensuada que culminara con las elecciones de 1984. En estas negociaciones, ni las FFAA ni la dirigencia poltica obtuvieron sus objetivos de mxima, pero ambas partes encontraron una frmula para convocar a las elecciones de ese ao. Como veremos ms adelante, en los trminos de este acuerdo -conocido como acuerdo del Club Naval- se sentaron las bases para lo que sera ms tarde el tratamiento del tema de las violaciones de los Derechos Humanos.

2.- La salida via reforma constiticional:

una entrada a la transicin.

En 1980, luego de siete aos de Proceso cvico-militar, las FFAA pretendan institucionalizar su peculiar lugar poltico: ser tutores de todas las actividades del quehacer nacional, desde un lugar no identificado con la poltica, sino como garantes de la seguridad del estado, y sin la necesidad de ejercer directamente la funcin ejecutiva del poder. Esta prescindencia de las FFAA de la mxima funcin poltica se puede explicar al menos de dos maneras: por un lado, la institucin armada uruguaya no tuvo un lder que encarnara el proyecto de las FFAA (como fue el caso de Chile) y que se transformara en la ltima palabra en materia poltica; por otro lado, y a diferencia de la Argentina o el Brasil, la mayora de los hombres de armas uruguayos arrastraba una tradicin democrtica que los llev a administrar sus conflictos en el seno de organismos en los que se debatan las cuestiones de estado y luego se elaboraban las polticas que aparecan como posicin global de las FFAA. Uno de los primeros organismos colegiados fue, como ya lo sealamos, el ESMACO y ms tarde, las JJ.OO.CC. (Juntas de Oficiales Generales, compuestas en cada fuerza por quienes tenan la principal jerarqua), cuyo funcionamiento no estaba previsto en las leyes orgnicas que regan a la institucin militar.

A travs de las JJ.OO.GG. -que actuaron como una garanta de equilibrio y reproduccin de las dos caractersticas de funcionamiento de las FFAA que antes sealamos- se aseguraba por un lado un procedimiento de mayoras/minoras en la toma de decisiones, al tiempo que se garantizaba que las decisiones polticas surgiran del consenso de los oficiales de alto rango y no como fruto de la voluntad poltica de los caudillos militares. Esto le aseguraba a las FFAA una cohesin que en los hechos se mantuvo durante casi todo el Proceso, y que evit fracturas en los momentos crticos del rgimen militar. Los posibles liderazgos de los jefes carismticos -especialmente en el caso del Ejrcito- se neutralizaba por el cumplimiento estricto de una serie de normas de ascensos y retiros obligatorios que bloqueaba cualquier intento hegemonista. Sin embargo existieron algunos intentos de "caudillismo" militar. En el ejrcito, el arma hegemnica de las FFAA, lo protagonizaron el General Cristi, jefe natural de una fraccin del ejrcito, que no pudo llegar a ser Comandante General por tener que acatar las normas de retiro obligatorio, y el General Gregorio Alvarez que solo pudo ocupar ese cargo durante un ao, aunque lleg a ocupar la presidencia de la Nacin.

El componente de tradicin democrtica que tenan los hombres de armas en el Uruguay los llev siempre, desde el golpe de estado hasta la entrega del poder en 1985, a resaltar su objetivo final de instalar un rgimen republicano y democrtrico, basado en un sistema representativo de partidos polticos, aunque se descontara, por supuesto, alguna forma de tutela militar y la exclusin de las ideologas de izquierda. En el momento del golpe de 1973, las FFAA subrayaron el carcter transitorio de su intervencin y el fin ltimo de reponer un rgimen democrtico. En el conflicto que mantuvieron con Juan Mara Bordaberry en 1976 -que culmin con su destitucin- las FFAA acusaban al presidente de: 1) no aceptar el futuro funcionamiento de los partidos polticos tradicionales, 2) no aceptar "el pronunciamiento popular a travs del voto", y de 3) proponer una reforma de la constitucin que "recogera conceptos estructurales que disienten profundamente con nuestras ms caras tradiciones democrticas".

A partir de 1977, en la etapa "fundacional" del Proceso y cuando se comienza a planificar las etapas para arribar a la "Nueva Repblica", el discurso militar frente a los medios de prensa comienza a hablar del "retorno a la normalidad", "el reestablecimiento de la democracia", la "vuelta al estado de derecho", etc. Finalmente el Proceso no pudo evitar la referencia a las fechas y plazos que "normalmente" regiran en caso de no haber existido el golpe de estado de 1973: la destitucin de Bordaberry coincidi con la coyuntura de "fin de su mandato constitucional", la fecha del plebiscito y la de las elecciones internas de los partidos polticos se fij en un da cargado de simbolismo en la tradicin democrtica uruguaya (el ltimo domingo de noviembre, fecha de realizacin de las elecciones nacionales).

Todos los elementos culturales antes sealados no nos impiden discernir entre el discurso militar y su accionar durante los doce aos de dictadura. Es evidente que las FFAA instalaron un rgimen progresivo de exclusin poltica y marginacin social, desconociendo todo principio democrtico e ignorando el estado de derecho que exista hasta 1973. Pero para comprender el proceso que se abri a partir del plebiscito -y para comprender el mismo plebiscito- es necesario tener en cuenta de qu forma las FFAA fueron prisioneras de su propio liberalismo y discurso civilista cuando lleg el momento de reestablecer los lazos entre el Estado y la sociedad civil.

Como sealramos ms arriba, en todo momento las FFAA subrayaron el carcter "transitorio" de su intervencin poltica, y en 1977 su Comisin de Asuntos Polticos (COMASPO) anunci la fijacin de un cronograma institucional para el pas. Este anuncio, que luego fue conocido como el Primer Cronograma de la Transicin, estableca que: en primer lugar se plebiscitara la nueva Constitucin, luego se efectuaran elecciones con candidato nico en 1981 y finalmente elecciones con dos candidatos (de los partidos tradicionales) con plena participacin en 1986. Este calendario no fue cumplido sencillamente porque fall el primero y principal de los objetivos: la nueva legitimidad poltica y legalidad institucional que surgira de la reforma de la constitucin.

El proyecto de reforma de la Constitucin Nacional que presentaron las FFAA resuma el modelo del orden deseado por la corporacin militar, y supona un paso estratgico en su intento de fundar un nuevo rgimen poltico en el Uruguay. Los lineamientos generales del proyecto fueron establecidos por la Comisin de Asuntos Polticos de las FFAA y se propona preservar el esquema bipartidario tradicional e institucionalizar el Consejo de Seguridad Nacional (COSENA) -organismo asesor del Poder Ejecutivo- que estara controlado por las FFAA y que actuara en cuestiones referentes a la seguridad nacional que, de hecho, involucraban a la totalidad de las actividades que se desarrollaban en el pas. Por otra parte se garantizaba mayor ingerencia de las FFAA en los asuntos claves de la poltica, a tal punto que el mismo poder ejecutivo se poda considerar integrado bajo una frmula colegiada compuesta por el presidente de la repblica y los tres comandantes de las FFAA. Es decir, el proyecto combinaba elementos propios de la tradicin poltica uruguaya (como el rol de los partidos, por ejemplo), ms los componentes fundamentales de la denominada "Doctrina de la Seguridad Nacional", ajustados a la realidad del pas y de sus FFAA.

Resulta importante subrayar el papel que jug el contexto internacional y en especial la Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la OEA que elabor en esa ocasin un informe donde analizaba el anteproyecto de constitucin y consideraba que el "proyecto del nuevo texto constitucional establece severas limitaciones que vendran a restringir institucionalmente la vida y actividad poltica del pas." Ms tarde, en febrero de 1981, la Comisin de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denunci "el monopolio por los medios de comunicacin de la campaa propagandstica en favor de la nueva constitucin".

El clima general en que se desarroll el plebiscito -vigencia del estado de sitio, silenciamiento de la oposicin y desconocimiento del mismo texto plebiscitado- estuvo signado por la intensa propaganda oficial que colocaba a la poblacin ante una paradoja: si el proyecto de constitucin era aprobado, se lograba consolidar el Proceso cvico-militar y la "paz social", pero si triunfaba el NO, las FFAA interpretaran que la ciudadana deseaba la continuidad del status quo de 1980, esto es, el Proceso cvico-militar. Por tal motivo una buena parte de la poblacin y algunos dirigentes polticos tradicionales vean en el SI la va ms rpida para salir del orden autoritario y reconstruir una escena poltica donde los partido tuvieran algn papel. Por otra parte, la mayora de la prensa y la televisin se pronunciaron rpidamente por el SI y casi no existieron rganos de prensa que se opusieran a la propuesta oficial. Slo en las tres semanas previas al plebiscito el gobierno permiti algn espacio a la propaganda del NO. Era, por otra parte, la primera vez desde 1973 que se conoca una expresin pblica contraria al rgimen militar. Hasta ese momento los mbitos de oposicin haban sido -y fueron en 1980- la familia, la calle y el trabajo.

Podemos decir que la salida poltica que busc el rgimen militar se produca en el mejor momento del Proceso: desde el punto de vista econmico se viva un momento de estabilidad y relativo bienestar -al menos comparado con la crisis que se vivi algunos aos ms tarde-; no exista en la escena pblica algn tipo de oposicin que pudiera articular un rechazo a la propuesta oficial, pues la represin, la crcel y el exilio haban eliminado a la dirigencia opositora; la actividad poltica de los partidos tradicionales era prcticamente nula y en Amrica Latina los gobiernos autoritarios vivan un tiempo de auge, en especial el rgimen chileno del General Pinochet que tambin haba ensayado, con xito, la va del plebiscito. Sin embargo cabe preguntarse aqu por una doble cuestin: 1) por qu el Proceso busc este tipo de salida que supona obtener el consenso de la poblacin a travs del voto, y 2) por qu, con todas las circunstacias a su favor, y casi sin oposicin poltica, el 58% de los ciudadanos rechaz el proyecto de reforma.

El primer interrogante encuentra una posible respuesta, como ya lo hemos sealado, en la tradicin de cultura poltica que se gest en el Uruguay durante su existencia como nacin independiente, historia a la cual las FFAA y sus hombres tambin estuvieron atadas. Pero tambin en esa manera oblicua que tuvieron los hombres de armas para relacionarse con la poltica: siempre lo hicieron de una manera "transitoria" y con la intencin de modificar ciertas bases liberales y republicanas que rigieron desde siempre al Uruguay. En este sentido, las FFAA uruguayas se diferenciaron bastante de los militares chilenos y argentinos. Los primeros tuvieron, desde siempre, la clara intencin de fundar un nuevo rgimen poltico -con el rol protagnico de las FFAA y el liderazgo del General Pinochet- que impidiera definitivamente el regreso de las ideologas de izquierda a la vida poltica del pas. Los argentinos insistieron, hasta la gran debacle de Malvinas, que el Proceso de Reorganizacin Nacional tena objetivos y no plazos, y que uno de sus objetivos era fundar nuevas bases de legitimidad poltica para la Nacin. Ambas experiencias eran anti-democrticas, y con respecto a los partidos tenan estrategias diferentes. En el caso uruguayo, se planteaba una mayor continuidad con su historia institucional donde los partidos tuvieron siempre un lugar privilegiado.

El segundo interrogante, las causas del triunfo del NO, requiere una respuesta ms compleja. Por un lado, debemos decir que casi toda la dirigencia partidaria, tanto colorada como blanca, se expres -con mayor o menor energa- contra el proyecto de reforma constitucional propiciado por las FFAA. Aunque no lo pudiera hacer de manera muy orgnica, muchos dirigentes importantes de los partidos tradicionales recorrieron el pas alentando al voto contrario a la reforma. En el caso de los dirigentes del Frente Amplio -muchos en el exilio o la crcel- se pronunciaron por el NO, y todos aquellos que pudieron, realizaron pequeas charlas y reuniones en parroquias y clubes sociales para explicar los alcances de esta reforma. Por otra parte, la experiencia de autoritarismo que haba vivido la poblacin uruguaya en los siete aos anteriores -sobre todo en lo que hace a ese control reticular de la sociedad- transform a este rgimen poltico en una experiencia casi "personal" para todos y cada uno de los ciudadanos que, sumado a sus convicciones democrticas y anti-militares (de cuo batllista pero tambin blancas), provocaba un rechazo que podramos calificar como puramente poltico contra el orden autoritario. Pero ms all de todas las hiptesis que podamos desarrollar -a falta de encuestas y sondeos de opinin a nivel nacional correspondientes a esa poca- para explicar este fenmeno, resulta evidente que no se trata de ninguna razn nica y lineal: lealtad a las dirigencias partidarias, rechazo a cualquier salida propuesta por las FFAA, rechazo a la situacin econmica, pues la poblacin tena expectativas de que poda estar mejor, etc. En rigor, colocados en 1980, el problema no era el texto constitucional sino estar a favor o en contra del Proceso, y all las razones eran mltiples y combinadas.

Lo cierto es que, contra todas las predicciones de las FFAA, el 58% de la poblacin rechaz la reforma de la constitucin y con ella el conjunto de instrumentos legales que haban regido hasta all -sobre todo los Actos Institucionales dictados por las FFAA a partir de 1976- que se encontraban entre las normas "transitorias" del texto plebiscitado. Es difcil encontrar algn precedente histrico de una derrota clara y contundente que haya sido auto-propiciada por un rgimen autoritario. Este episodio inesperado, al que podemos catalogar como las "Malvinas polticas" de los militares uruguayos, oblig a suspender el cronograma que unos aos antes haba proyectado el Proceso cvico-militar lo que abri un perodo de suspenso hasta que asumiera el nuevo gobierno en 1981.

El camino elegido por los militares para encontrar una forma de continuidad poltica que no fuera simplente el estado de excepcin se asemejaba al chileno, pero no se parecan las condiciones sociales, econmicas y polticas. Tampoco se asemejaba la forma de conduccin poltica y liderazgo que haba elegido el Proceso en Uruguay. Y especilmente no se asemejaba la forma en que la sociedad uruguaya haba vivido la dictadura, esa persecusin cuerpo-a-cuerpo a todos los ciudadanos que caracteriz a la represin durante los doce aos de gobierno militar. De esta forma, las FFAA haban sufrido una derrota poltica demasiado importante de la que nunca pudieron reponerse y que signific el verdadero inicio de la transicin democrtica.

3.- El retorno de los partidos polticos.

En setiembre de 1981 asumi la presidencia de la Nacin el General Gregorio Alvarez con el expreso propsito de dar inicio a una transicin poltica. El nombramiento de un militar en el poder ejecutivo fue una decisin difcil para las FFAA, pues el Proceso cvico-militar reconoci en sus doce aos de existencia una serie de contradicciones -fruto de sus divisiones internas- que se resolvan en el cumplimiento de los reglamentos de la institucin castrense, y en la existencia de mbitos de debate (sobre todo las JJ.OO.GG.) en los que se definan estrategias polticas. En los meses anteriores al golpe de estado de 1973 se produjeron varias disputas: por un lado, entre el Ejrcito y la Fuerza Area contra la Armada, pero tambin en el interior del Ejrcito donde fue necesario "depurar" a algunos jefes militares que no estaban de acuerdo con romper el orden constitucional.

Por estos y otros antecedentes, el momento de ascenso a la primera magistratura del General Gregorio Alvarez supuso tambin conflictos internos por la resistencia que despertaba centrar en un hombre de las FFAA la mxima decisin poltica, cuando hasta ese momento la frmula "colegiada" de toma de decisiones por parte de los hombres de armas haba permitido consensuar los pasos que seguira el Proceso. Las FFAA uruguayas haban encontrado en esta frmula una solucin a su falta de experiencia poltica y de planes concretos en el origen de la dictadura, as como a la necesidad de equilibrar las diferentes posiciones internas frente a la inexistencia de liderazgos muy marcados que volcaran la decisin hacia una fraccin militar. Por este motivo, la ruptura del equilibrio en la decisin que supuso el nombramiento del General Gregorio Alvarez fue mal recibida por buena parte de las FFAA ya que su figura era bastante resistida y su designacin era vista como un problema para la interna militar en la difcil etapa que se les acercaba. Sin embargo el General Alvarez supo forzar su designacin en un momento en que las FFAA haban perdido poder, legitimidad y el rumbo poltico del Proceso pareca ms incierto que nunca. Por lo dems, y resaltando el aspecto positivo de esta decisin para la institucin castrense, era cierto que tener en el lugar de la mxima decisin poltica a un general orgnico del Proceso poda ser beneficioso para el logro de objetivos propios, en la difcil etapa de negociacin poltica que se avecinaba.

La escena poltica que se constituy en ese momento sufrira un cambio sustancial ya que los partidos, que haban sido desplazados del mbito pblico en 1973, recuperaran su protagonismo. El fracaso del plebiscito haba demostrado a los militares que no era posible pensar una democracia tutelada o cualquier otra forma de rgimen sin la intervencin de los partidos que, pese a la proscripcin que haban sufrido durante ocho aos, eran los nicos que podan servir como referentes polticos confiables para la ciudadana. El sentido que el hombre comn le haba atribuido al NO poda leerse como una respuesta directa al intento de las FFAA de ser ellas mismas las que condujeran la redemocratizacin. Y ste fue tal vez el proyecto de "salida" ms deseada por la corporacin militar: la entrada a otro rgimen poltico, ideado por las FFAA y legitimado por el voto popular, con proscripciones polticas, con presos polticos en las crceles y con una conduccin civil aceptada -o impuesta- por los militares, que diera continuidad a los principios polticos del Proceso.

Por lo dems, el plebiscito puso en evidencia otro tipo de cuestiones que corresponden a los problemas internos de las FFAA. La gestin directa de los asuntos pblicos haba significado siempre un problema para la institucin. En 1980 seguan presentes las luchas internas -que desembocaron en ciertos casos de indisciplina- entre fracciones ms ligadas a la "gestin poltica" y aquellas que continuaban ligadas a la "profesin militar". Para conducir entonces todo este proceso, y en su momento poltico ms dbil, las FFAA toman una determinacin que hasta esa ocasin haban cuidadosamente evitado: desempear, de manera directa, el ejercicio del Poder Ejecutivo. El primer presidente militar asumi luego de que se decidieran en el seno del gobierno una serie de cambios en los ministerios, en la Jefatura de Polica de Montevideo y en las escuelas militares. Algunas modificaciones tuvieron que ver con las reglas de relevo que manejaba la institucin castrense, otras fueron resultado de su derrota poltica.

El modelo de acercamiento a los partidos seguido por las FFAA en 1981 guardaba similitud con el caso argentino: un dilogo poltico con algunos dirigentes de los partidos tradicionales, seleccionados de manera arbitraria por el Ministerio de Interior. Una diferencia sustancial, sin embargo, lo constituye el papel que jugaba en el dilogo el tema de la "guerra anti-subversiva". En en caso argentino, era condicin necesaria -aunque no suficiente- aceptar la "victoria de las FFAA contra la subversin" y la aceptacin de los mtodos utilizados, para sentarse a dialogar. En el caso uruguayo, el tema nunca fue tratado en forma explcita y las FFAA no estaban dispuestas a considerar otra posicin que no fuera la aceptacin plena de lo actuado: el solo hecho de sentarse a dialogar significaba, para los militares, un reconocimiento de su obrar.

El inicio de un dilogo propiciado por las FFAA provoc la inmediata reaccin de los Directorios de los partidos que venan reclamando participacin. Se convoc a dirigentes del Partido Nacional, el Partido Colorado y de la Unin Radical Cristiana. Algunos de los hombres convocados por el gobierno no tenan real representacin poltica, y algunos haban estado muy vinculados con la dictadura durante los ltimos aos. Sin embargo se produjo de esta forma un debate que devolva al centro de la escena a las viejas figuras de la poltica uruguaya, con la obvia exclusin de los hombres de izquierda, lo que tampoco fue previsto por las FFAA. Por su parte, los militares establecieron ciertas bases para el dilogo, cuyo contenido pueden considerarse el segundo y ltimo cronograma poltico establecido por las FFAA. Estas bases prevean una transicin de tres aos en el curso de los cuales se producira una "desproscripcin" de lderes polticos, se aprobara una ley orgnica para el funcionamiento de los partidos y finalmente se llamara a elecciones. Todo esto qued establecido en el Acto Institucional N11 de julio de 1981.

El tema central de este perodo lo constituy la recomposicin de los partidos polticos, de las condiciones para su funcionamiento, de sus autoridades y futuros candidatos. Aqu las conversaciones se llevaron adelante en base a tres documentos: uno de la Comisin de Asuntos Polticos de las FFAA, otro de los colorados y el ltimo de los blancos. Este fue el nico momento, que tambin guarda similitudes con los intentos de salida del proceso argentino, en que las FFAA pensaron en la gestacin de un partido "heredero" del Proceso que reuniera a figuras de los partidos tradicionales que haban estado cerca de la dictadura y que promoviera la eleccin a presidente del General Gregorio Alvarez. Sin embargo, ms all de los condicionamientos que arrastraba la dictadura desde la derrota del plebiscito, fue en el seno del Consejo de Estado -un rgano "sustituto" del parlamento y absolutamente "procesista"- donde esta iniciativa fue polticamente abortada. La mayora de los hombres de la institucin militar no estaba dispuesta a dejar como herencia de su paso por la poltica un partido liderado por un hombre que era cuestionado por sus propios camaradas por sus aspiraciones puramente personales.

La discusin sobre la ley orgnica de los partidos polticos se produjo con ausencia de la izquierda y la automarginacin de la mayora del partido blanco -que igualmente logr dejar asentada su posicin- y con la colaboracin total del partido colorado. Las FFAA recogieron algunas iniciativas de los partidos, impusieron las suyas y finalmente, el ltimo da de 1981 el Poder Ejecutivo enva al Consejo de Estado el tan ansiado ante-proyecto de ley. Un ao ms tarde, en el mismo mes de noviembre que tanto significa para la tradicin democrtica uruguaya, los partidos habilitados tendran sus elecciones internas.

Qu significaba para el Proceso y para los partidos polticos la aprobacin de esta ley y del correspondiente cronograma de transicin? El objetivo de las FFAA consista, mucho ms que en una reforma del funcionamiento de los partidos, una posibilidad de recambio de su dirigencia. Se abra un tiempo de debate interno en los partidos y el Proceso se propona favorecer a los sectores que le eran ms afines, alguno de los cuales, por otra parte, tenan representacin en el Consejo de Estado. Por su parte los partidos se proponan volver a la escena, recuperar el contacto con la sociedad y volver a ganar legitimidad para luego negociar mejor los pasos siguientes de la transicin. La oportunidad de votar en internas abiertas significaba, adems, una necesaria renovacin de hombres en los puestos partidarios claves, lo que se poda leer como un adelanto de lo que seran las futuras elecciones. En definitiva, las elecciones del 82 pareca convenir a todos, y se proyectaban como un momento crucial tanto para las estrategias militares como partidarias.

En efecto, el ao 1982 fue decisivo para la redemocratizacin del Uruguay. Todo el espectro poltico y social se fue inclinando por la apertura total de la escena pblica, por la vuelta de los partidos sin proscripciones ni exilios forzados, por el retorno a la Constitucin del 66 y el pleno ejercicio de los derechos polticos y civiles de los ciudadanos. Algunos sindicatos y organizaciones estudiantiles comenzaron a actuar en la escena pblica como no lo haban hecho desde haca aos. Del lado de los sindicatos, comenzaron a mostrar signos evidentes de reactivacin la Asociacin de Bancarios, la Comisin Nacional de Derechos Sindicales y la Accin Sindical Uruguaya, aunque no lograron su objetivo de mxima para 1982 que era la realizacin de un acto el 1 de mayo. Por el lado de los estudiantes universitarios, se comenzaron los preparativos para la formacin de lo que ms tarde sera la Asociacin Social y Cultural de Estudiantes de Enseanza Pblica (ASCEEP) que ganara un lugar muy importante el ao siguiente.

Por otra parte, los mismos sectores de poder econmico y social que haban apoyado al Proceso en sus comienzos lo abandonaron en 1982, salvo los sectores de las altas finanzas, ligados a la especulacin, que haban resultado los grandes privilegiados de los ltimos aos. Los sectores industriales que haban sido casi ms oficialistas que los ganaderos se pronunciaron, en el mes de febrero de aquel ao, de manera muy crtica hacia la poltica econmica. En junio lo hizo la Federacin Rural -cuyos dirigentes se haban pronunciado por el NO en el momento del plebiscito- que reconoci pblicamente que ningn sector de la economa sustentaba el proyecto militar y que ste deba dejar lugar a un gobierno surgido de elecciones libres.

Tambin en 1982 el tema de las violaciones a los derechos humanos comienza a aparecer en la escena pblica y a constituirse en un eje de la transicin. Un ao antes se haba fundado el Servicio Paz y Justicia (SERPAJ), la primera organizacin independiente de los partidos que tomaba la cuestin de las violaciones de los derechos de las personas y de las libertades pblicas desde un lugar no-poltico, y que apelaba a cuestiones ticas para enfrentar la violencia militar. Como lo han sealado Amarillo y Serrentino Sabella con acierto: "Los 'Derechos Humanos' aparecen como un nuevo fenmeno social y poltico. Un lugar de encuentro solidario y de expresin poltica novedosa; el punto de ruptura inicial en el sistema de dominacin militar, pero que se proyecta contra todas las formas de violencia y autoritarismo localizadas en el interior de la estructura de poder del Estado." Las FFAA no fueron indiferentes a la aparicin del SERPAJ y de las otras instituciones ligadas a las secuelas de la represin. Sin que existiera una verdadera exigencia por parte de los partidos o de la sociedad en su conjunto, los militares comenzaron a referirse al tema y a exigir seguridades y garantas sobre la no revisin de lo actuado durante los aos del Proceso, sobre todo cuando la apertura democrtica se hizo ms evidente.

En setiembre de 1982 el presidente Gregorio Alvarez dirige un mensaje por cadena de radio y televisin donde se refiere a un supuesto malentendido sobre la actitud de las Fuerzas Armadas frente a un posible revisionismo, y dice: "Por revisionismo entiendo las investigaciones, juzgamientos y medidas consecuentes, sobre actos efectuados por las FFAA en su lucha contra la subversin, la sedicin, la corrupcin y el caos poltico y administrativo que vivi el pas (...) En definitiva, la finalidad de este mensaje es aventar todo pensamiento o intento de proceder, en el presente y en el futuro, al revisionismo de lo actuado con tan penoso como doloroso aporte de las Fuerzas Armadas."

En esos aos, los trminos del discurso militar comenzaron a enfatizar la firme decisin de las FFAA de rechazar cualquier intento revisionista sobre su gestin y a subrayar el punto de no retorno que significaba la presencia militar en la escena pblica. Cualquiera fuera la solucin final de la salida, pactada o impuesta por la corporacin, el punto crucial de la actuacin militar y poltica de los hombres del Proceso, as como la futura tutela militar sobre las cuestiones de "seguridad nacional" no sera negociada. La institucionalizacin del COSENA dara cuerpo a la pretensin de las FFAA y segua siendo, de hecho, la pretensin de mxima de los hombres de armas. El COSENA, institucionalizado en febrero de 1973 y luego incluido en el articulado de la Ley Orgnica Militar en 1974, mantendra sus funciones obrar como el organismo encargado de garantizar la "seguridad nacional" en todo el territorio de la nacin.

Pero al mismo tiempo, a las FFAA no se les escapaba que esta idea central haba sido rechazada en el plebiscito del 80. Era necesario entonces encontrar una frmula poltica ms cercana al acuerdo con aquellas fuerzas polticas que tendran en sus manos el futuro gobierno democrtico. Para ser ms exactos, con aquellos hombres que estaran en la conduccin de los partidos. Por eso eran tan importantes los nombres de las futuras autoridades partidarias y de los futuros candidatos, y por eso las FFAA mantuvieron hasta ltimo momento la proscripcin de los hombres de izquierda, la prisin del General Lber Seregni -candidato a presidente por el Frente Amplio en 1971- y el pedido de captura del mximo lder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, que viva fuera del pas.

A pocos meses del acto eleccionario del 28 de noviembre de 1982, y en plena campaa poltica, la actividad de los partidos impuso un clima de liberalizacin poltica que resultaba imposible contener para el gobierno. Poco a poco se haca evidente que los candidatos ms crebles eran aquellos que articulaban un discurso ms radical y ms diferenciado de la dictadura. De este modo, quedaron dibujadas las opciones de noviembre, donde los partidos tradicionales fueron recomponiendo su mapa interno en base a sus simpatas o distancia con el Proceso cvico-militar que pareca llegar a su fin. Los grupos nucleados en el Frente Amplio permanecan proscriptos y se mantuvieron fuera del juego.

El resultado general de las elecciones internas de los partidos signific una derrota tal vez mayor para el proyecto de las FFAA que aquella sufrida en 1980. En la oportunidad del plebiscito, el 58% de la poblacin rechaz la propuesta militar, pero si bien result una cifra muy significativa, sobre todo a la luz de la coyuntura de ese ao, poda sin embargo ser leda a la inversa: que el 42% de la poblacin aceptaba el proyecto militar. Pero en 1982, en el momento en que se producen las elecciones internas de los partidos, donde la contienda se polariza en los trminos de apoyo o rechazo a la gestin poltica de las FFAA, triunfaron de manera aplastante las fracciones ms opositoras al Proceso. Esto signific entonces una derrota para lo que podemos considerar la ltima estrategia de los militares en trminos positivos: apostar a un cambio en los liderazgos internos de los partidos tradicionales, propiciando el triunfo de las fracciones ms "militaristas" sobre las "opositoras" al rgimen. Sin embargo, ocurri todo lo contrario: la ciudadana concurri a las urnas a dar su apoyo a quienes haban ofrecido una propuesta ms democratista y anti-militar, en defensa de las libertades pblicas perdidas en 1973 y basada en candidatos -ms que en programas- claramente opositores al rgimen militar. En lo que podemos considerar una contienda especial, esto es, cul de los dos partidos mayoritarios obtena ms votos, triunf el Partido Nacional, y dentro de l, la fraccin que tena como lder al proscripto Ferreira Aldunate, el poltico tradicional ms opositor del rgimen. Frente a esta realidad, se volvi evidente, tanto para el Partido Colorado como para los militares, que la ausencia del Frente Amplio de la futura contienda electoral poda producir un resultado ms catastrfico para las FFAA: que los votos del Frente se volcaran masivamente hacia el candidato blanco ms radical, el exiliado Wilson Ferreira Aldunate.

Pero las elecciones de noviembre de 1982 haban producido tambin una inesperada y paradjica situacin: la nueva escena pblica se presentaba ahora con partidos y dirigentes polticos que haban renovado su legitimidad y que gozaban de la confianza de los ciudadanos, pero que no ejercan ningn poder, y unas Fuerzas Armadas sin legitimidad, alejadas de las preferencias populares, pero que guardaban la suma del poder pblico. Frente a este panorama, el rumbo de la dictadura pareca ser solamente uno: encontrar una frmula de traspaso ordenado del poder a los civiles, imponiendo tan solo sus condiciones de mnima a quienes ejerceran el gobierno en 1985. Y as fue. El nuevo plan poltico de los militares consisti en comenzar las conversaciones con los partidos a fin de volver al orden constitucional que ellos mismos arrasaron diez aos antes. Tambin, paradjicamente, el ao 1983 fue designado por el Proceso como el "Ao de la Constitucin".

Pese a que la salida "pactada" pareca ser la nica posible, el arribo a los trminos del pacto no fue fcil. Las Fuerzas Armadas y los partidos retomaron las negociaciones en lo que se conoce como el dilogo del Parque Hotel, que fueron en realidad una especie de sondeo mutuo sobre las pretensiones de mxima de cada uno de los actores que participaron del dilogo. Las pretensiones de los militares seguan siendo las mismas con las que iniciaron la transicin: un rol poltico activo para las FFAA en el nuevo rgimen -para lo cual segua siendo imprescindible reformar la Constitucin Nacional-, la permanencia de las proscripciones y censuras que conformaban una escena pblica con fuertes restricciones, ms la no revisin de las violaciones a los derechos humanos en los diez largos aos del Proceso. En este dalogo, las FFAA dejaron sentada una vez ms su pretencin de reformar el texto constitucional, en trminos ms moderados que en 1980, pero igualmente decisivos en lo que se refiere al rol futuro de la institucin armada. En rigor, el objetivo de reformar la constitucin nunca fue abandonado por las FFAA. Unos aos ms tarde, en el dilogo de Club Naval, el tema volvi a estar sobre la mesa.

Sobre el punto de la no revisin de lo actuado, que involucraba directamente la cuestin de las violaciones a los derechos humanos -aunque no solamente ste tema-, las actas del Parque Hotel que fueron publicadas en forma ntegra, muestran que este tema nunca fue tratado directamente por los partidos y que sus propuestas se limitaban a exigir el retorno a las "libertades pblicas", mientras que las cuestiones de violaciones a los "derechos humanos" se restringan a exigir la liberdad de los presos polticos que permanecan detenidos en las crceles, as como el fin a ciertos procesos que se le seguan, por razones polticas, a dirigentes de los partidos invitados al dilogo.

Por su parte, los partidos aspiraban a una verdadera restauracin democrtica, es decir, una vuelta a la constititucin de 1966 y al estado de cosas que rega antes del golpe. En este sentido exista un consenso mayoritario en los partidos -incluyendo al Frente Amplio que no particip- que, tanto desde el punto de vista institucional como de las caractersticas generales del espacio pblico, seguan teniendo al pasado democrtico como modelo deseable para el futuro poltico del pas. El partido nacional y el partido colorado presentaron sendos documentos al dilogo que propiciaban las FFAA, y en ambos el acento estaba puesto en el regreso al orden constitucional y en la vigencia de los derechos civiles y polticos ms elementales, invocando en sus reclamos la legitimidad ganada en las elecciones de noviembre de 1982.

Por su parte, la sociedad -el tercer actor de la transicin- se mantuvo muy activa antes, durante y despus del dilogo, articulando los reclamos ligados a las difciles condiciones econmicas del momento, con aquellos que hacen a la vigencia de libertades, el retorno a la democracia y al pedido de amnista para los presos polticos. Si bien los partidos haban ganado legitimidad en los comicios internos del ao 82, como lo sealamos ms arriba, la permanente movilizacin popular volva muy difcil cualquier acuerdo de cpulas que pudiera salir del Paque Hotel y que no contemplase las exigencias de la sociedad.

Ms all del dilogo entre FFAA y partidos, y de los distintos "acercamientos" que existieron para encontrar una frmula de salida, el ao '83 se caracteriz por una situacin de impasse poltico, por la imposibilidad de encontrar una frmula de salida pactada, y por el retorno del discurso autoritario ms intransigente -que incluso amenaz con el dictado unilateral de una nueva constitucin- y con actos de censura y represin que fueron caractersticos de los aos duros del Proceso. Finalmente, fue la sociedad la que destrab esta situacin en favor de un retorno a la democracia ya que la movilizacin callejera comenz a jugar un papel determinante que no estaba en los planes ni de los militares ni de las dirigencias partidarias. Muy pronto estas ltimas vislumbraron que la aparicin de este "tercer" actor en el controvertido "dilogo" -la sociedad- podra hacerlos ingresar a un nuevo escenario poltico. As, existieron diversas formas de coordinacin de actividades entre las organizaciones sociales y los partidos, que implementaron originales manifestaciones de protesta contra el rgimen (sobre todo los "cacerolazos" y los apagones nocturnos provocados por la poblacin). Estas continuas demostraciones pacficas de rechazo a los intentos continuistas de los militares arroj como resultado la conformacin de la llamada Comisin Intersectorial, integrada por el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio, la Unin Cvica, el Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), los estudiantes nucleados en la ASCEEP, los cooperativistas de FUCVAM y el Servicio Paz y Justicia. Pero si bien "la sociedad" puede ser considerada como un "actor" clave en este perodo, se trataba en realidad de un frente de actores bastante heterogneos que muchas veces lograba coordinar acciones conjuntas y otras veces no. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos, se logr consenso en el pedido de amnista para los presos polticos, pero no se logr nunca unificar un pedido de verdad y justicia sobre las acciones represivas de las FFAA durante el proceso.

La participacin del SERPAJ en la "intersectorial" significaba un reconocimiento a la temtica de los derechos humanos y supona incorporar al debate sobre la transicin el tema de las violaciones a los derechos y garantas individuales perpetradas por el rgimen militar, sobre todo ligado a temas de presos polticos y exilio. Sin embargo, y pese a los logros del movimiento en lo que se refiere a sensibilizar a los partidos y a las organizaciones sociales, la cuestin segua reducida al tema de los presos polticos. A partir de 1983 casi todas las plataformas polticas reivindicaban la necesidad de una amnista general para los procesados por razones polticas durante el Proceso. La formacin del Plenario Intersindical de Trabajadores (PIT), signific la reaparicin en escena del movimiento sindical, cuya fecha de "bautismo" fue el 1 de mayo de 1983 en un acto multitudinario que se nucle bajo el lema "Libertad, Trabajo, Salarios, Amnista". El rol del PIT (luego PIT-CNT) en los ltimos aos de la dictadura fue de vital importancia para la recomposicin del movimiento obrero. En el verano de 1984, en el marco de importantes conflictos laborales, el Plenario llama al primer paro general desde 1973 sobre la base de once puntos que incluan el pedido de amnista general e irrestricta y la plena vigencia de libertades pblicas y polticas. A un ao de la instalacin del nuevo gobierno democrtico, el PIT-CNT propici la formacin de una Mesa Permanente por Verdad y Justicia, en la que participaron las Madres y Familiares de desaparecidos, grupos de Derechos Humanos y otros miembros de los nuevos movimientos sociales.

Por su parte, la ASCEEP tambin desempe un rol muy activo canalizando las protestas estudiantiles de la poca, que se concentraron en la Semana del Estudiante en setiembre 1983 que incluia tambin el pedido de amnista general. Finalmente, el mismo SERPAJ protagoniz un hecho poltico sin precedentes, cuando tres de sus miembros realizaron un prolongado ayuno -en un momento de absoluto quietismo poltico y de endurecimiento militar- que culmin con una "jornada de reflexin nacional" el da 25 de agosto de 1983. Pese al aislamiento al que fue sometido el ayuno por las fuerzas de seguridad, el Servicio logr el reconocimiento y la espontnea solidaridad de los partidos polticos -que tambin convocaron a esta jornada de reflexin-, de las organizaciones sindicales, estudiantiles y barriales, as como un amplio apoyo internacional. La noche del 25 de agosto la poblacin se sum a la protesta con un "apagn y cacerolazo" que marc el xito de la jornada.

Las movilizaciones sociales del ao 83 culminaron con un acto multitudinario el da 27 de noviembre donde participaron todos los partidos -incluyendo a los proscriptos grupos de izquierda- y los movimientos sociales que se gestaron durante la dictadura. Estos hechos, sumados a la debilidad, aislamiento y falta de respuestas polticas del rgimen, forzaron a las FFAA a retomar a retomar las negociaciones con los polticos. Por otra parte, la institucin castrense comenzaba a mostrar contradicciones, ambigedades y divergencias internas que la hacan temer por su propia cohesin e integridad. Sin embargo, no lograban articular una propuesta positiva sobre los trminos de la transicin. Como ha sealado Liliana de Riz, "el acuerdo sobre la salida del rgimen no es un acuerdo sobre el rgimen". Era necesario entonces volver a construir una escena de dilogo y encontrar esos trminos de la transicin. El acuerdo entre partidos y militares se produjo en agosto de 1984 y se conoce como el "Pacto de Club Naval".

4.- La democracia pactada.

El arribo a nuevas conversaciones entre las FFAA y los partidos en 1984 fue el resultado, sobre todo, del modo en que stos ltimos supieron ponerse al frente de la oposicin y forzar un nuevo dilogo. En el mes de mayo los partidos formaron un frente que se denomin "Multipartidaria" -integrado por el Partido Colorado, el Partido Nacional, la Unin Cvica y tambin el Frente Amplio- que haban acordado exigir la realizacin de elecciones generales el 25 de noviembre y rechazar cualquier modificacin al texto constitucional que no surja de un plebiscito. Por su parte los militares se mostraron menos intransigentes al desproscribir a todos los dirigentes de los partidos habilitados, con la excepcin algunos dirigentes de izquierda y del mximo lder del Partido Nacional, Wilson Ferreira Aldunate, que se encontraba exiliado en Europa. Sin embargo, desafiando las amenazas de las FFAA y buscando forzar una situacin que mostrara la definitiva debilidad del rgimen e intentando colocarse a la cabeza de su partido, Ferreira Aldunate regres al pas el 16 de junio de 1984 en medio de un inusitado operativo militar. El lder blanco fue detenido y trasladado a un cuartel en el interior del pas, sin costos demasiado visibles para las FFAA que, una vez ms, demostraban controlar la situacin. All permaneci preso durante seis meses, hasta despus de las elecciones de 1984.

Con respecto al Frente Amplio, las FFAA se mostraban contradictorias, por un lado insistan en su discurso anti-izquierdista, pero por otro daban muestras de apertura desproscribiendo a sus dirigentes y excarcelando a otros. La liberacin del General Lber Seregni- lder del Frente Amplio detenido en 1973 y liberado por conmutacin de pena del Supremo Tribunal Militar- en el mes de marzo de 1984 fue, sin duda, el signo ms claro de los cambios de planes en el seno de las Fuerzas Armadas. Para stas, era ms importante dejar afuera de las negociaciones a Ferreira Aldunate -un hombre presidenciable y muy resistido por la institucin militar- que al Frente Amplio, sobre todo porque un dilogo unilateral con el Partido Colorado no le dara suficientes garantas a los acuerdos sobre el futuro proceso democrtico, cosa que s poda garantizarse con la participacin del Frente en las negociaciones. Sin embargo la ambigedad de las FFAA con el Frente Amplio se mantuvieron durante todo el ao del dilogo. Por un lado, los militares deseaban el ingreso de la izquierda al pacto que permitira la salida, pero por otro seguan negando, por ejemplo, la legalizacin del Partido Comunista y de sus dirigentes. Ms an, seguan reprimiendo de manera violenta a los integrantes del principal partido de izquierda en ese momento. En efecto, en abril de 1984 se produce un caso de tortura y homicidio de un militante comunista que conmocion al Uruguay. El grave episodio fue cometido por personal militar en dependencias militares y mostraba la vigencia de los mtodos represivos en el ao en que las FFAA habran de acordar el llamado a elecciones. El hecho fue conocido como el "caso Roslik", un mdico de origen ruso que, por apremios fsicos, muere en dependencias del ejrcito, dejando una sensacin de inseguridad en todos los que confiaban en un cambio de actitud por parte de los militares.

Finalmente, y en estas condiciones, se llega al "Acuerdo del Club Naval", que fue suscripto el 3 de agosto de 1984 por las Fuerzas Armadas y los partidos Colorado, Unin Cvica y los Partidos Socialista y Demcrata Cristiano, recientemente legalizados y que, de hecho, representan al Frente Amplio. El Partido Nacional se neg a participar mientras su lder mximo no fuera liberado y desproscripto. Mucho se ha discutido y especulado sobre los pormenores del acuerdo y sus futuras consecuencias para la democracia uruguaya, pero lo cierto es que los trminos de este pacto fueron los que posibilitaron la realizacin de las elecciones del 25 noviembre de ese ao. Los puntos sustanciales que permitieron destrabar la situacin de impasse poltico fueron, por un lado, la desproscripcin de personas y partidos (con importantes excepciones como Ferreira Aldunate, Lber Seregni y lderes comunistas, entre las personas, y el Partido Comunista entre las organizaciones polticas que seguan proscriptas) y se aceptaba realizar el acto eleccionario en base a la constitucin de 1966 y las leyes vigentes en el momento del golpe; por otro, se reconoca una importante autonoma institucional a las Fuerzas Armadas -al menos se ponan lmites a las posibles manipulaciones que pudieran ejercer los civiles sobre los mandos castrenses- sobre todo en lo que se refiere a los mecanismos internos de ascensos en cada una de las armas.

Para los polticos que participaron en el acuerdo era evidente que estaban concediendo la proscripcin de ciertas figuras de la izquierda, pero con la garanta de entrar a una escena donde el Frente Amplio volva a ganar legitimidad poltica, usando la misma denominacin que utilizara en 1971: Partido Demcrata Cristiano. Su mxima concesin fue, en realidad, la "cabeza" de su principal rival (Ferreira Aldunate), pero ninguna figura "propia". La nica excepcin poda ser la figura del General Lber Seregni, quien no pudo ser candidato en las elecciones de ese ao; sin embargo el principal objetivo del Frente en esa coyuntura no era la desproscripcin de todos sus miembros -y ni siquiera del Partido Comunista como partido- sino la vuelta a la legalidad de la mayora de sus dirigentes y grupos del frente, as como la posibilidad de que la izquierda volviera a la escena poltica. El verdadero dilema de la izquierda no era elegir esta o aquella estrategia sino la posibilidad misma de tener o no estrategias.

Las condiciones de este acuerdo llevaron a pensar que el Partido Nacional -que rechaz la forma y los trminos del pacto suscripto- poda retirarse de la contienda electoral de noviembre y no aceptar concurrir con su mximo lder proscripto y preso. De hecho, los polticos de los otros partidos apostaron a que los blancos iran a las urnas pues la abstencin podra traerle mayores costos, pero eran concientes que un retiro del grupo de Ferreira poda significar la prdida de legitimidad del nuevo gobierno democrtico. Por qu fueron entonces los blancos a las elecciones cuando toda su propaganda se basaba en el dilema "Wilson o nada"? En realidad se pueden encontrar algunas razones menores como la ineficacia del voto en blanco y la falta de tradicin en el Uruguay de usarlo como instrumento poltico, o el hecho de que la renuncia del grupo de Ferreira no significara necesariamente la ausencia del Partido Nacional, pues algunos grupos menores podan "aduearse" del partido en una circunstancia as. Sin embargo el argumento de mayor peso para comprender la concurrencia de los blancos al comicio electoral -y su conviccin de que an sin Wilson podan ganar- est en el hecho de que dos aos atrs el partido haba "ganado" las elecciones en trminos de votos globales, y era razonable que tuvieran la esperanza de repetir el "triunfo" en 1984, utilizando adems el argumento de ser el grupo poltico ms alejado del Proceso y con su mximo lder preso. En definitiva todos los partidos concurrieron a votar, incluso el Partido Comunista que, si bien estaba proscripto, cre un grupo bajo el nombre de Democracia Avanzada con hombres que les eran afines.

Qu ganaron y qu perdieron los actores de la transicin al acordar esta frmula de salida? Ms all del hecho de que el pacto del Club Naval arroj un resultado positivo para el restablecimiento de la democracia, quines fueron los ms favorecidos y quienes los ms perjudicados en sus objetivos? Creemos que si bien ningn actor consigui sus objetivos de mxima, el que ms se acerc fue el frente de actores sociales, que si bien en sus debates internos haban resignado algunos objetivos, sala favorecido en sus aspiraciones de obtener libertades y garantas individuales en el corto plazo. Los otros actores, tanto las FFAA como los partidos resignaron buena parte de sus metas iniciales. Claro que, una vez que se firm el acuerdo, ya no se puede seguir hablando de los partidos polticos como un bloque que persegua los mismos fines. En realidad, el Partido Colorado entr casi "entero" a la nueva etapa que se abra, mientras que el Partido Nacional y el Frente Amplio debieron resignar algunas aspiraciones de mxima.

Por su parte, los militares prcticamente tuvieron que renunciar a todos sus objetivos de "institucionalizar" rasgos esenciales del rgimen autoritario, aunque avanzaron en sus aspiraciones de que no se juzgara su accionar durante la dictadura. En este sentido, las FFAA ganaron espacio no poniendo el tema en la agenda del pacto, aunque no logaron legitimar su accionar en materia represiva. La ausencia del tema fue un beneficio para la la institucin militar, lo que no significaba que era un tema cerrado. De todos modos, las concesiones que las FFAA arrancaron a los partidos fueron mnimas respecto de sus ambiciones expuestas en los orgenes de la transicin. El verdadero punto que les segua inquietando a los hombres de armas, y al que aspiraban verdaderamente, era el tema de la competencia de la justicia militar en el control de la subversin, punto que fue debatido en el Club Naval y que se dirimi a favor de los partidos. El otro tema que obsesion a las FFAA, esto es la reforma de la constitucin, fue incluida de manera muy formal en el acuerdo, bajo la forma de un compromiso a convocar un ao ms tarde a una asamblea constituyente, cosa que finalmente no se cumpli. Pese a esto, la evaluacin que hicieron los militares del acuerdo fue positiva. El Tte. General Medina, quien condujo las negociaciones, sostuvo unos aos ms tarde que "en el Club Naval se podra haber logrado ms, pero dentro de los objetivos que las FFAA se haban propuesto, el acuerdo garantizaba nuestras pretensiones bsicas. Conseguimos sacar al ejrcito entero y sin traumas. Ms adelante habramos de estudiar una salida legal para las FFAA." Por otra parte, si bien los logros "positivos" de los militares fueron pocos, no lo fueron aquellos que se referan a la proscripcin y los vetos de algunos candidatos y partidos polticos. La no participacin electoral del principal lider blanco y del principal lider del Frente Amplio, as como de muchos dirigentes y partidos de izquierda debe considerarse una importante conquista para la institucin militar.

En lo que se refiere a las violaciones a los derechos humanos perpetradas por la dictadura, las condiciones generales del pacto marcaron de manera decisiva el futuro tratamiento del tema. El informe Uruguay: Nunca Ms sostiene que "resulta difcil afirmar que el Pacto del Club Naval concret un acuerdo de impunidad para los militares implicados en las violaciones de los derechos humanos. Los partidos polticos pactantes no estaban en condiciones de negociar con ese tema sobre la mesa de dilogo, ni tampoco estaban en condiciones de asegurar cul sera la respuesta de un Poder Judicial independiente una vez restaurada la democracia. No obstante, los mandos militares obtenan ciertas garantas que hacan inviable el cuestionamiento del pasado." Una salida acordada entre los partidos y las FFAA de hecho otorgaba a los hombres de armas una legitimidad sobre su accionar que sera difcil desconocer ms tarde. Por otra parte, los trminos del pacto garantizaban que las FFAA mantendran una relativa autonoma en las cuestiones internas de cada fuerza, sobre todo en las designaciones de sus mandos. Este ltimo reconocimiento legitimaba, en los hechos, a todos los militares que actuaban y haban actuado en el Proceso. Era difcil pensar que el futuro gobierno democrtico, que sera necesariamente frgil y muy controlado por las FFAA, fuera a quebrantar los trminos del acuerdo y promover juicios contra una de las partes pactantes (como rezaba la interpretacin del Dr. Julio M. Sanguinetti). Por lo dems, ni los partidos polticos ni la sociedad tenan como objetivo prioritario el juicio a los militares, sino ms bien pretendan la "desmilitarizacin" del estado y la sociedad, as como el regreso al orden democrtico perdido en 1973. En la campaa electoral del '84 los partidos incorporan a sus plataformas el tema de los Derechos Humanos pero de una manera general y sin vincularlos a las violaciones cometidas durante la dictadura.

El resultado de las elecciones de noviembre de 1984 pusieron otra vez en evidencia el peso de las tradiciones en el Uruguay: con diferencias menores se repiti el cuadro de 1971, lo que puede entenderse como otro fracaso del Proceso en su proyecto cultural-poltico de modificar las tradiciones liberales y democrticas largamente arraigadas en el pas. El Partido Colorado gan la presidencia manteniendo el nivel del 41% de los votos, aunque en esta oportunidad el sector "batllista" dej en clara minora al "pachequismo" que haba triunfado trece aos atrs. El Partido Nacional obtuvo el 35% de los sufragios -5% menos que en el 71- lo que demostraba la importancia de la ausencia de su mximo lder y la pobre estrategia preelectoral que despleg. Por su parte, el Frente Amplio no solo aument su caudal de votos -alcanz el 23% contra el 18,8% de 1971- sino que vio confirmada su identidad luego de once aos de persecuciones y proscripcin poltica. En lo que se refiere a las variaciones internas, el Frente vio crecer al Movimiento por el Gobierno del Pueblo (movimiento de centro izquierda liderado por Hugo Batalla) que releg a un segundo lugar al comunismo, uno de los grupos ms golpeados por la dictadura.

El 1 de marzo de 1985 asumi la presidencia el Dr. Julio Mara Sanguinetti en medio de una euforia social y poltica que no se viva haca mucho tiempo. El Uruguay haba transitado de la democracia a la democracia, por un largo rodeo de doce aos. El pas pareca retomar su tradicin, sus identidades, el ejercicio de sus libertades y convicciones democrticas en el mismo punto en que fueron interrumpidas por la intervencin militar. Pero la larga dcada de terrorismo de estado haba dejado secuelas difciles de borrar, y dejaba tambin un pas donde las FFAA ya no seran las mismas de entonces. Luego de las elecciones los militares declaraban que no haban abandonado su idea de "tutelar" a la democracia, pese al fracaso en su intento de fundar un nuevo rgimen y una nueva cultura cvica en el Uruguay. Aunque a la sociedad y a la dirigencia poltica le costara aceptarlo, en 1985 la transicin no haba terminado: todava era necesario "resolver" el doloroso y an abierto pasado inmediato. La revisin o no de lo actuado por las FFAA sera uno de los principales temas que deba resolver el gobierno recin elegido.

5.- Los Derechos Humanos en la agenda poltica:

de la Ley de Caducidad al Referendum.

Los primeros aos de la democracia estuvieron marcados por la voluntad poltica del gobierno, de los partidos y de la sociedad en general de recrear un espacio pblico de libertades y garantas a los ciudadanos que era desconocido desde 1973. En diferentes mbitos institucionales se vivi un clima a la vez restaurador y reparador. Se buscaba retomar la vida democrtica a partir de una minuciosa reconstruccin de los daos que haba provocado la dictadura a la tradicin legalista y civil que tena el Uruguay. La reposicin en sus cargos de los funcionarios pblicos destitudos por la dictadura, reconociendo sus aos de antigedad, fue un ejemplo de esta prctica reparadora. Tambin se les devolvieron las "expensas carcelarias" a los ex-presos polticos, es decir aquellas sumas de dinero que la dictadura haca pagar a los familiares de los detenidos por mantenerlos arbitrariamente en las crceles. Por otra parte se devolvieron locales partidarios, confiscados por las FFAA, a grupos polticos y a la central de trabajadores. Del mismo modo, se llevaron adelante las reparaciones civiles en los juicios contra el estado que haban iniciado las vctimas de la represin. En la mayora de los casos, y muchas veces para evitar la investigacin, el Ministerio de Defensa y el de Interior, llegaban a acuerdos extrajudiciales con los damnificados lo que pona fin a los juicios civiles.

Un caso interesante de vuelta al orden perdido lo constituye el regreso a la legalidad en el mbito universitario, reponiendo en sus cargos a las autoridades perseguidas o destitudas a partir de 1973. Sin esperar la instalacin del flamante gobierno civil, se realizaron las elecciones universitarias para elegir los nuevos integrantes del Consejo Directivo Central y de los consejos de facultad, entre setiembre y noviembre de 1984. Todo se realiz segn las disposiciones tradicionales en la Universidad de la Repblica, que se establecieron con la Ley Orgnica de 1958. En el gremio estudiantil triunfaron ampliamente las listas que propiciaba la ASCEEP-FEUU, mientras que en los otros claustros ganaron las listas que adheran a un principio general: reponer en su cargo a las mismas autoridades (Rector y Decanos) que existan antes de la intervencin militar. Constitudas las nuevas autoridades, en casi todas las facultades se repusieron a los decanos expulsados por la dictadura, y se esper el retorno al pas del Cr. Samuel Lichtensztejn -exiliado en Mxico y requerido por la justicia militar- para que reasumiera su cargo de Rector de la Universidad.

En los primeros tramos de la democracia, las Fuerzas Armadas intentaron dar muestras de su presencia en la arena poltica y del control que ejercan sobre el sistema poltico, pero cobijados en un discurso "profesionalista" y de respeto por las instituciones. Desde el punto de vista institucional, la corporacin militar realiz pronunciamientos muy parcos y cuidadosos, por lo general emitidos en conmemoraciones oficiales por los ms altos jerarcas, o por los jefes de cada arma al asumir sus cargos. En todos los casos, los jefes militares reiteraban su apoyo al "sistema republicano-democrtico de gobierno".

Por su parte, el gobierno de Sanguinetti nombr al frente del Ministerio de Defensa Nacional a un viejo lder poltico conservador, el Dr.Juan Chiarino, quien desarroll una poltica de silenciamiento del tema militar, minimizando todos los problemas que se plantearon en esos difciles aos. Ms tarde, y como resultado de una fuerte crisis entre el gobierno y la corporacin militar, el Presidente Sanguinetti di el paso ms audaz en materia de poltica militar cuando nombra como Ministro de Defensa al Tte. Gral. (r) Hugo Medina, hombre clave del Proceso y figura central en los acuerdos de la transicin democrtica, y Comandante en Jefe del Ejrcito hasta 1986. De este modo asegur la obediencia al mando representado ahora por un importante jefe militar retirado, pero diluy la presencia del Poder Ejecutivo ante las FFAA, reforzando su autonoma. Por otra parte, y como lo ha sealado Margarita Navarrete, "esta poltica de `amortiguacin' tambin se manifest en el hecho evidenciado de que la nica comisin del Senado en la que el partido de gobierno se reserv mayora absoluta, fue la de Defensa: de cinco miembros, tres son del partido colorado." De modo tal que el tratamiento parlamentario en cuestiones de defensa quedaba tambin atado a las polticas del gobierno.

La preocupacin del gobierno estuvo centrada en desmantelar la ideologa de la Seguridad Nacional que se haba asentado en la corporacin militar y hacerla retornar a la idea de "defensa nacional". Pero fueron pocos los logros del primer gobierno democrtico en este sentido pues el tema militar, como resultado directo del "pacto de salida", sigui siendo un tema exclusivo de los militares. Las escuelas de guerra seguan formando oficiales bajo los principios de la guerra antisubversiva y el nico logro en este plano fue la supresin de la Escuela de Seguridad y Defensa Nacional (ESEDENA) creada por las FFAA en 1978 con este propsito. La mxima aspiracin del gobierno colorado fue modificar, en 1986, la Ley orgnica militar, que buscaba recuperar definitivamente las potestades del Presidente de la Repblica como Comandante Supremo, siguiendo la norma constitucional, y erradicar ciertas concepciones ligadas a la doctrina de la seguridad nacional. El parlamento solo resolvi modificaciones parciales a la ley en viegencia y sobre todo derog la existencia de los rganos deliberativos de las FFAA -como la Junta de Oficiales Generales- devolvindole al Presidente el mando superior de la institucin, sin modificar de manera sustancial la conformacin interna de la corporacin armada. El sistema de ascensos sigui las pautas impuestas por las FFAA y, durante los cinco primeros aos de gobierno constitucional, el Senado otrog todas las venias para los solicitados por el PE, de conformidad con las reglas de Antigedad, Seleccin y Concurso de cada arma.

El ao 1985 estuvo signado, en materia de Derechos Humanos, por la aparicin en la escena pblica de la verdad en lo que se refiere a las violaciones perpetradas por los militares durante el Proceso. La liberacin de los presos, el regreso de los exiliados y las denuncias presentadas por los organismos de derechos humanos, mostraron a la sociedad la magnitud y gravedad de lo ocurrido durante la dictadura.

La administracin del Dr. Sanguinetti, que se propuso asegurar una "transicin en paz", comenz a identificar el tema militar con la cuestin del tratamiento a las violaciones de los derechos humanos durante el Proceso, dejando de lado una discusin ms profunda sobre la poltica que la democracia tendra frente a la institucin armada. Las denuncias presentadas ante la justicia ordinaria comienzan a inquietar a los militares y en agosto de 1985 la Justicia Militar reclama competencia sobre las demandas por violaciones a los derechos humanos contra miembros de la institucin. Las FFAA cierran filas sobre el tema y comienzan las declaraciones de militares y de las distintas instituciones que los nuclean -Crculo Militar, Centro de Oficiales Retirados de las Fuerzas Armadas, etc.- que aseguran que no concurrirn al fuero civil y que solamente rendirn cuentas a la justicia castrense.

Para la poltica uruguaya, la repercusin que tenan los juicios a las tres juntas militares que se realizaban en la Argentina se haca cada vez ms evidente. En declaraciones periodsticas a la prensa extranjera, el Presidente Sanguinetti asegura que en el Uruguay no se realizarn juicios a los militares al estilo argentino. El senador blanco Alberto Zumarn -lder del grupo de Wilson Ferreira Aldunate- contesta al presidente sosteniendo que "El tema no es juzgar a los militares, sino llegar a la verdad judicial sobre ese asunto que es de transcendental importancia. Lo que me preocupa -contina Zumarn- es la hiptesis contraria: que se quiera exclur a algn sector de la sociedad del juzgamiento por parte de los jueces". El 1 de abril de 1986, los cuatro partidos polticos suscriben un "acuerdo nacional" sobre diversos temas, del que queda expresamente excludo, por falta de entendimiento, la cuestin del revisionismo sobre las violaciones a los derechos humanos. Los trminos de la cuestin quedan planteados de esta forma, el gobierno comienza a pensar una solucin que desarticule el efecto de las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos, mientras que la oposicin rechaza la idea de que los militares puedan gozar de una "doble ciudadana" y no someterse a las leyes generales que rigen a la sociedad.

El ao 1986 se desarrolla en medio de arduas negociaciones y controvertidos dilogos entre los dirigentes de los partidos polticos y los representates militares a fin de encontrar una solucin al tema de los derechos humanos. Al igual que en la Argentina, esta situacin se desenvolva en medio de un clima de nerviosismo donde las causas judiciales avanzaban y se registraban presiones de la poblacin para que los militares concurrieran a los tribunales a rendir cuenta de sus acciones. En agosto se produce una jornada de "caceroleo" por "verdad y justicia" y "en defensa de la democracia" que culmina con una concentracin sobre el Centro Militar donde se realizaba una reunin de oficiales y cadetes. Ms tarde la Suprema Corte de Justica fall en favor de la competencia civil en los procesos iniciados contra los militares, y el gobierno temi el desborde de los acontecimientos.

La primera frmula para encontrar una salida inmediata al tema consisti en una "amnista con lmites" que propuso el gobierno y que fue rechazada por la oposicin y tambin por lo militares que no aceptaban la idea de ser "exculpados de crmenes que no cometieron". En octubre los generales retirados emiten una declaracin que resume el pensamiento central de las FFAA: "si la guerra se gan, a ningn Ejrcito se le puede pretender juzgar con posterioridad en el tiempo y por una justicia ordinaria en tiempos de paz". Sin embargo, unos meses ms tarde, las mismas Fuerzas Armadas admiten con el gobierno que solo una amnista puede lograr el objetivo de la "pacificacin". En diciembre de 1986 el lder blanco Ferreira Aldunate expresa la necesidad de evitar la agudizacin del conflicto militar. Paralelamente, el Gral. Seregni afirma ante el Plenario Nacional de Frente Amplio que es necesario detener los juicios a los militares y esperar que sean las mismas FFAA las que se autocritiquen y autodepuren. Por su parte, el SERPAJ informa que los expedientes presentados ante la justicia abarcan no menos de 397 vctimas y a 180 policas y militares involucrados en graves delitos. En los ltimos das del ao 86 la sociedad uruguaya tena sobre la mesa todos los elementos de juicio sobre este grave momento que le tocaba vivir, y no restaba otra cosa que conocer la actitud final de los dirigentes polticos y del gobierno.

Otra vez estaban en la escena poltica los tres actores de la transicin, las FFAA, los partidos y las fuerzas sociales. Cada uno de ellos tena una posicin particular y cada uno, a su manera presionaba para el logro de sus objetivos. Los militares no aceptaban ninguna revisin del pasado, se sentan libres de culpas y buscaban una solucin definitiva al problema de las citaciones. Por otra parte, las FFAA se mostraban como un bloque homogneo, que aseguraba su total decisin de no presentarse a los tribunales civiles y que, si bien nunca amenaz con interrumpir el proceso democrtico recin inicado, afirmaba que las FFAA no le rendiran cuentas a nadie. Esta postura marcaba el lmite que ponan los hombres de armas al control democrtico y de alguna forma segua una pauta de "negociacin" propia de las transiciones democrticas en Amrica Latina. Por su parte, el poder ejecutivo, que encabezaba las negociaciones con la dirigencia poltica, no vea otra solucin que la promulgacin de una "ley de pacificacin" que devolviera la tranquilidad a las FFAA. Si bien todos los sectores polticos tenan un proyecto propio sobre este tema para ser tratado en el parlamento, en realidad no prosper ninguna iniciativa paralela a la del oficialismo que, en definitiva, logr imponer su criterio en la mesa clave de las negociaciones que inclua al partido nacional. Frente a este panorama, la sociedad estuvo partida entre quienes no dejaron de manifestar su reclamo de "verdad y justicia" y quienes vean con temor otra aparicin en la escena de los militares. Finalmente, uno de los tres actores fue neto ganador en esta coyuntura poltica ya que el poder poltico garantizara la no revisin de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar.

El 22 de diciembre de 1986, en medio de un clima de gran tensin y de algunos incidentes en los alrededores del Palacio Legislativo, la Cmara de Diputados aprob por 60 votos sobre 97 la "Ley de Caducidad de la pretensin punitiva del Estado" que haba sido sancionada por el senado algunas horas antes por 22 votos sobre 31. El gobierno consider que este era el "punto final" de la transicin, pero un da despus las madres de los uruguayos detenidos-desaparecidos y las viudas de los ex-legisladores asesinados en Buenos Aires, Zelmar Michelini y Hector Gutierrez Ruiz anuncian el inicio de una campaa de firmas que habilite la realizacin de una consulta popular (Referndum) para derogar la "ley de impunidad" aprobada por el Poder Legislativo.

El artculo primero de la Ley de Caducidad reconoce que "como consecuencia de la lgica de los hechos originados por el acuerdo celebrado entre partidos polticos y las Fuerzas Armadas en agosto de 1984, y a efecto de conclur la transicin hacia la plena vigencia del orden constitucional" caduca la pretensin del estado de juzgar los delitos cometidos por militares y policas durante el perodo de facto, en cumplimiento de funciones y por rdenes de sus mandos. Resulta interesante que la ley reconozca sus origenes en el pacto del Club Naval y que se expida sobre la necesidad de poner punto final a la transicin. Sin embargo, como ya lo expresamos ms arriba, tanto el gobierno como la oposicin negaron siempre que este tema haya sido acordado en aquella oportunidad. Ms bien apareci, como lo hemos sealado ms arriba, y como la misma ley lo dice, bajo la forma de una consecuencia lgica de aqul episodio fundante.

Sin embargo la Ley de Caducidad no fue el ansiado "punto final" al que aspiraba el gobierno y los militares. La formacin de la Comisin pro-Referendum, presidida por Matilde Rodriguez de Gutierrez Ruiz, Elisa Delle Piane de Michellini y Mara Esther Gatti de Islas (abuela de la nia Mariana Zaffaroni, secuestrada por miembros del Ejrcito Argentino durante la presidencia del General Videla), abri otro captulo en el tema de la transicin y los Derechos Humanos. Amparados en el artculo 97 de la Constitucin Nacional, que estipula que "el 25% del total de inscriptos habilitados para votar, podr interponer, dentro del ao de su promulgacin, el recurso del referndum contra las leyes y ejercer el derecho de iniciativa ante el Poder Legislativo", se buscaba someter a referendum la ley 15.848 recientemente aprobada.

Luego de dos largos aos de trabajo, donde intervinieron personas de todos los grupos y partidos polticos -pero especialmente del Frente Amplio-, el 17 de diciembre de 1987, se presentaron ante la Corte Electoral 634.702 firmas que superaban largmente las 555.000 requeridas por la constitucin. Pese a ello, all comenz otra batalla por el reconocimiento de las mismas que llev, por ejemplo, a que 23.000 uruguayos debieran presentarse ante las autoridades a ratificar sus firmas. Al arribar a la cifra de 555.701 firmas, la Corte Electoral confirm que estaban dadas las condiciones legales para la realizacin del referendum, y que el "Voto verde" distinguira a los que desearan anular la ley y el "Voto amarillo" a quienes quisieran ratificarla.

Tanto las Fuerzas Armadas como el gobierno se mostraron muy preocupados por la realizacin del referendum, aunque confiaban en el triunfo del voto amarillo. De todas formas, los militares hicieron una campaa amenazante -basada en declaraciones pblicas de quienes fueron "hombres del proceso"- previniendo sobre las consecuencias de la anulacin de la ley y sobre la no modificacin de la posicin de las FFAA en lo que se refiere a la revisin de "lo actuado". La amenaza, por otra parte, era creble por un doble motivo: porque los militares eran monolticos en su posicin de no presentarse ante la justicia civil, y porque el ejemplo internacional (sobre todo el argentino) les daba a los militares una idea clara de las consecuencias que traera ceder en este punto. Sin embargo esta no fue la posicin del gobierno ni de los sectores polticos que haban votado la Ley de Caducidad. Durante toda la campaa que supuso el referendum, el oficialismo no utiliz nunca el argumento de la "guerra justa" que proponan las FFAA. En rigor, por parte del gobierno, no existieron argumentos militares para defender la impunidad de la institucin miltar. El gobierno alertaba sobre un retorno a la situacin previa a la ley e insista en la necesidad de poner punto final al pasado y desalentar cualquier revanchismo. Tambin se enfatizaba el tema de la reconciliacin y de la paz entre los uruguayos. Por otra parte, el ejemplo argentino era usado a fin de demostrar que los juzgamientos no solucionaban el problema poltico-institucional que estaba en juego. En una declaracin hecha a la prensa extranjera en 1987, el presidente Sanguinetti deca: "En el caso de que salgan favorecidos los opositores, sera una gran victoria moral para ellos, y todos, gobierno y oposicin, habremos conseguido un descomunal problema poltico."

El 16 de abril de 1989 los uruguayos concurrieron a las urnas para ratificar o anular la Ley de Caducidad aprobada en el ao 86. El triunfo correspondi para el voto amarillo por el 57% de los sufragios emitidos lo que confirmaba la vigencia de la ley. Con el Referendum se cerraba un captulo trascendente de la historia uruguaya de las ltimas dcadas. Las personas y grupos que tuvieron la iniciativa de la recoleccin de firmas para llegar al referendum festejaron el resultado como un triunfo. El 43% de los ciudadanos no estaba de acuerdo con el tratamiento y la solucin que el gobierno haba dado al tema de las violaciones a los Derechos Humanos. Se haban esclarecido buena parte de los hechos terribles de la dictadura pero quedaban impunes los responsables. La sociedad uruguaya y gran parte de su dirigencia poltica haban aceptado el conocimiento de la verdad pero preferan dejar de lado el captulo de la justicia.

Las razones de la ratificacin de la ley son mltiples y complejas, porque el momento poltico era complejo, y eran mltiples las razones para votar por una u otra opcin. Sin embargo podramos decir que en la cultura poltica uruguaya, donde el valor de la justicia es considerable, tal vez los ciudadanos se comporten de manera diferente cuando piensan como hombres frente a la justicia que cuando piensan como ciudadanos. En el mes de setiembre de 1986, poco antes de que se concretara la sancin de la Ley de Caducidad, se realiz en Montevideo una encuesta que indagaba sobre la posicin de los uruguayos respecto a la investigacin de los posibles delitos en manteria de derechos humanos. El 81% de los entrevistados se manifest a favor de la investigacin y solo 13% en contra. Luego de les pregunt si corresponda castigar a los responsables en caso de que se comprobaran delitos: el 82% dijo que se los deba castigar, mientras que el 8% dijo que no. Unos aos despus, cuando esta poblacin debi votar por la derogacin o no de la Ley de Caducidad, que garantizaba la no investigacin de los posibles delitos cometidos por las FFAA y que, en caso de existir faltas, les garantizaba la impunidad, los resultados fueron otros. En Montevideo, el departamento donde la oposicin a la Ley fue mayor, los resultados fueron 55% por el voto contra le ley y 45% a favor de la misma. Los hombres y mujeres del uruguay parecan ser retributivistas -en trminos de la teora jurdica- en lo que se refiere a sus ideas de justicia, mientras que cuando actuaban como ciudadanos pensaban ms en trminos de la factibilidad y utilidad poltica del castigo, en un contexto donde las amenazas de crisis institucional eran crebles.

Durante toda la transicin, cada vez que se enfrent a opciones electorales, la poblacin uruguaya manifest un rechazo abierto a las opciones que favorecan a las FFAA. En 1980 rechazaron la reforma de la constitucin, en 1982 votaron contra los candidatos de las FFAA en los partidos tradicionales, al igual que en 1984. Pero en 1989, cuando debieron ratificar o derogar la ley que garantizaba la impunidad, prefirieron dar por cerrado el captulo de "Fuerzas Armadas" y no correr el riesgo de volver a los tiempos negros de la intervencin militar.

6.- Las Fuerzas Armadas en la democracia:

la otra negociacin.

Restituida la base democrtica del voto popular, el ao 1985 en el Uruguay tena una cargada agenda en lo que se refiere a la relacin de las FFAA y el nuevo poder civil. Por un lado, encontramos a las fuerzas armadas dbiles en lo que fueron sus logros de la negociada transicin, pero fuertes como para imponer lmites en la futura poltica militar. Por otro, tenemos a un gobierno que nace con una importante legitimidad pero con demasiados problemas (econmicos, sociales y polticos) como para centrar toda su atencin en el tema FFAA. Finalmente, la sociedad q