PolicíaComunitaria

Un horizonte alternativopara la seguridad de nuestros pueblos

Espacio de comunicación interculturalUACI

www.tukari.udg.mx

Año 4 Número 20 marzo - abril 2013Guadalajara, Jalisco, México.

Coordinación de Vinculacióny Servicio Social

AA UD G DE DID LR AS AE AI JV RNU A

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2 TukariEspacio de comunicación intercultural

Edito

rial

DirectorioDr. Marco Antonio Cortés Guardado

Rector General

Dr. Miguel Ángel Navarro NavarroVicerrector Ejecutivo

Lic. José Alfredo Peña RamosSecretario General

Mtro. Enrique Solórzano CarrilloCoordinador de Vinculación y

Servicio Social

Lic. Juan Manuel César Díaz GalvánJefe de la Unidad de Apoyo a las

Comunidades Indígenas

Lic. Adriana Ivonne Alzaga MontesResponsable del Área de Difusión

Lic. Ramón Michelle Pérez MárquezDirector General Tukari Lic. Silvia Medina Toscano

CorrecciónLic. Javier Procopio Velázquez

Diseño PortadaR. Michelle

Foto Portada

Espacio de comunicación intercultural de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas. Casa Hidalgo II 2do. piso. Av. Hidalgo # 919, Col. Centro, Guadalajara,

Jalisco, México. Tel: (0133) 31342275

tukarivida@gmail.com. www.tukari.udg.mx

Frente al asedio y acoso que viven las comunidades indígenas, éstas han decidido concretizar alternati-

vas de seguridad con el sentido de auto-organizarse en base a la formación de policías comunitarias que resguarden la integridad de sus pobladores así como la de su territorio.

En sus diferentes contextos las comuni-dades son asediadas constantemente por grupos del crimen organizado, talamon-tes, empresas mineras, madereras, etc., que en su afán de despojo de los recursos naturales, recurren al asesinato, las des-apariciones y las violaciones para infun-dir el miedo y desplazar a sus habitantes.

El derecho a la autodefensa indígena guarda un sentido de pluralismo jurídi-co sustentando en base a acuerdos como el Convenio 169 de la Organización In-ternacional del Trabajo, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos indígenas y Constitucionalmente se am-para en el artículo Segundo; el cual, per-mite ejercer el derecho a la libre determi-nación en un marco de autonomía.

La autodefensa no es otra cosa que la necesidad de supervivencia, ya no sólo ideológica, sino física, que se presenta como una necesidad de generar un or-den coordinado que permita a las comu-nidades sobrevivir a los altos índices de inseguridad que prevalecen en su región; toda vez, que al acudir a las instancias de justicia del Estado a realizar denuncias de violaciones, robos o cualquier tipo de delito, no existe respuesta alguna, o bien las mismas autoridades son las respon-

sables de las atrocidades que se cometen.Esta edición impresa de la revista Tukari aborda las diferentes experiencias de lu-chas que son prueba de la emergencia de las policías comunitarias en México para construir localidades más tranquilas y seguras en el camino hacia la autodefen-sa y autonomía indígena.

En este sentido revisaremos el debate que se desarrolla en la creación de la po-licía comunitaria en la comunidad nahua de Ayotitlán; y del porqué la comunidad ve en ésta una posibilidad de mejora, ante el robo sistemático de sus recursos naturales, el secuestro de sus familiares, el asesinato y desaparición forzada de sus defensores como es el caso del nahua Celedonio Monroy Prudencio.

Ante este clima de inseguridad, esta co-munidad indígena planteó la necesidad de crear su propia policía comunitaria, pero con funciones únicamente de vigi-lancia, en coordinación con las autori-dades y con estricto apego a la ley, esto último es una característica especial en los casos de las policías comunitarias en México, lo que nos motivó a hacer en esta edición un análisis del sustento legal para la creación de la policía comunita-ria.

También en esta edición Enrique Dussel nos dará un contexto sobre si son legi-timas o no las policías comunitarias y revisaremos las experiencias que se han desarrollando en este sentido en Cherán y en la comunidad de Urapicho en Mi-choacán así como en la Montaña y Costa Chica de Guerrero.

Esta impresión ampliada a 18 páginas de la revista Tukari, tiene el propósito de dar argumentos para profundizar en el debate de la autodefensa indígena, con el sentido de dar claridad sobre lo que es y no es una policía comunitaria, qué con-flictos atiende, qué características tiene, cuáles son sus dificultades y beneficios, así como de qué manera se coordina con el resto de las instancias de seguridad y procuración de justicia.

3Tukari Espacio de comunicación intercultural

Enrique Dussel*

Hemos leído en La Jorna-da(13/1/13) que en las Costas de Guerrero se ha organizado en

muchas comunidades la policía comuni-taria, y aun desde 1995 el ejercicio de la justicia según usos y costumbres (como en la CRAC). Y se nos informa que la po-licía del Estado se ha hecho presente en algunos pueblos, según versiones, para tomar bajo su responsabilidad a algunas personas acusadas de actos contra la co-munidad, contra las leyes establecidas. Se acusa igualmente de que este tipo de organizaciones está socavando la so-beranía del Estado y se organizan fuera de éste, y aun contra éste. Pareciera que luchan por una autonomía que el Esta-do debiera concederles. Creo que se usan categorías políticas que sería bueno me-ditar un poco.

En primer lugar, muchas de esas comu-nidades indígenas son anteriores al Esta-do colonial y aun al Estado independien-te representativo liberal. Aunque no lo fueran en el tiempo, dichas comunidades por su naturaleza son también anteriores al Estado constitucional, ya que como parte del pueblo participan de la sobera-nía que se predica del pueblo en primer lugar, y en segundo lugar, por deriva-ción, del Estado. Reunida la comunidad en democracia directa en una aldea, pue-blo o barrio urbano, esa asamblea es en el acto el momento esencial, fundamental, del Estado en cuanto tal. La participa-ción activa del pueblo en dicha asamblea constituye el momento primero, desde abajo y anterior a la representación del Estado. Todos los ciudadanos, y en ma-yor medida los indígenas por ser los más antiguos habitantes del territorio del Estado mexicano, son Estado en cuanto

miembros participantes de esas asam-bleas en la base. Es un derecho anterior a la Constitución que ésta puede o no reco-nocer legalmente, pero que no se pierde legítimamente por no ser constitucional. La Constitución puede mejorarse y hacer constar en ella derechos que no formu-ló en una redacción anterior (quizá por falta de conciencia de los derechos de los indígenas, de la mujer, de los niños, de los ancianos, de los marginales, etcétera). Constitucionalidad y legitimidad no son lo mismo. Es desde la legitimidad que se puede cambiar y mejorar la constitucio-nalidad o legalidad de una norma legis-lada.

Los pueblos indígenas, afrodescendien-tes o mestizos de la Costa de Guerrero tienen entonces todo derecho a defender su seguridad, más cuando a la policía (y hasta al Ejército) se les ha visto negociar con grupos ilegales y por ello no defen-der las comunidades. Los hechos son por demás conocidos. La CRAC, en su inicio, debió luchar más contra la policía esta-tal que contra el crimen o los cárteles de la droga. Pero venció en su doble lucha y ha crecido, e imparte justicia sobre los criminales a quienes su policía comunal priva de la libertad y condena a penas impuestas según usos y costumbres. ¿Es esto ilegítimo o se trata de una autono-mía usurpada antes de que le sea conce-dida?

Téngase claro. Dichas comunidades constituyeron (o debieron constituir constitucional y legalmente) al Estado. De todas maneras no hay que olvidar que siempre son Estado cuando están reuni-das en comunidad en la base, según de-rechos ancestrales y racionalmente fun-damentados. La legitimidad se deduce del consenso del pueblo (subjetivamen-

te), desde donde se crean instituciones objetivas (por ejemplo, la Constitución o las leyes que la secundan). Si esto último falta (por injusticia histórica, por haber excluido a los indígenas o por falta de conciencia) sigue siendo legítimo el de-recho consuetudinario que presiona para que el derecho promulgado lo instaure. Es decir, la autonomía o el derecho a la defensa de las comunidades indígenas a su seguridad no se lo otorga el Estado, sino que solamente lo reconoce y cuida que se cumpla. En su naturaleza (ante-rior a la juridicidad del acto) es legítima.

Pero además, el hecho de la presencia de la policía estatal para recuperar a los aprehendidos por la policía comunita-ria debe situarse en el mismo contexto.La comunidad tiene derecho a juzgar en usos y costumbres a los delincuen-tes, derecho que no siempre reconoce el derecho promulgado. Dada la situación extrema de injusticia, de inseguridad, y contemplando la articulación existente de hecho entre el crimen y la policía esta-tal o el poder judicial, el pueblo (último sujeto de la soberanía, anterior al Estado, la policía, los jueces y el Ejército) tiene, por derecho humano, legitimidad en el ejercicio de su facultad judicativa. Que se reconozca legalmente o no puede ser objeto de negociación, pero teóricamente tiene ese derecho anterior al Estado re-presentativo, o como el momento funda-mental y primero del mismo Estado en su momento participativo en la asamblea de base, que es la olvidada esencia de la democracia.

* Filosofo argentino, naturalizado mexicano, fundador del movimiento Filosofía de la Li-beración.Publicado en La Jornada martes 16 de enero 2013.

¿Son legítimas la policía y la justicia comunitarias según usos y costumbres?

En c

onte

xto

Si todas las comunidades

indígenas, agrícolas,

barriales organizaran

policías comunitarias

podrían realmente cambiar

la tremenda situación de

inseguridad que vive el

pueblo mexicano. Pero sería

extremadamente peligroso

para los poderes fácticos que

gobiernan el país.

4 TukariEspacio de comunicación intercultural

Alejandra Guillen*

La desaparición del nahua Celedo-nio Monroy en octubre de 2012 dejó en Ayotitlán una estela de

incertidumbre en la población. Ya habían sufrido el robo de sus recursos naturales, el secuestro de familiares y hasta el ase-sinato de defensores comunitarios, pero nunca se habían llevado a uno sin saber de su paradero.

Ante este clima de inseguridad, el pueblo indígena planteó la necesidad de crear su propia policía comunitaria, pero con funciones únicamente de vigilancia y en coordinación con las autoridades.

Don Gaudencio Mancilla, líder del Con-sejo de Mayores de la Sierra de Manan- tlán, planteó el 27 de noviembre de 2012, en la primera reunión que hubo con di-putados y con el alcalde de Cuautitlán de García Barragán, Pedro Sánchez, que se respete la libre autodeterminación del pueblo nahua. “La comunidad tiene sus usos y costumbres, podemos hacer eso (de crear la policía comunitaria). Aquí no es de política, no señores, aquí se trata de quitar al mañoso y ver quién puede servir a la comunidad. Porque aquí nos conocemos, podemos decir, “no, ese no, es un sinvergüenza, le gusta robar, es bo-rracho, le gusta asaltar…”.

El 20 de enero pasado, mil 500 ejidatarios se reunieron en Asamblea y votaron a fa-vor de crear la figura de la policía comu-nitaria, con la idea de que también im-pacte en la disminución de delitos como asaltos y secuestros.

Reacción al fracaso del EstadoEl fundamento legal para la creación de la policía comunitaria del pueblo de

Ayotitlán construye su propio modelo de policía comunitaria

Ayotitlán es el artículo 2 constitucional, en el que se especifica la composición pluricultural de la nación mexicana y el derecho de los pueblos indígenas a la li-bre autodeterminación, como lo puede ser la aplicación de sus propios sistemas normativos en la regulación y solución de sus conflictos internos.

El diputado Clemente Castañeda, quien es el presidente de la Comisión de Asun-tos Indígenas del Congreso del Estado, señala que Jalisco es uno de los estados más retrasados en el reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas, “que normalmente hacen ruido desde la pers-pectiva liberal, porque el Estado está configurado por individuos y la colecti-vidad pasa a segundo término. Sin em-bargo, desde la posición jurídicamente plural y adoptando una perspectiva mu-cho más colectivista, se puede entender que las comunidades pueden ser sujetos de derecho y por lo tanto pueden tener ciertas normas que les permitan generar situaciones distintas de convivencia”.

En su opinión, un elemento central de la iniciativa de los nahuas en Ayotitlán es que no se está pensando en tener una policía comunitaria armada, sino que únicamente busca realizar funciones de vigilancia.

El legislador de Movimiento Ciudadano agrega que en este proceso es central una reforma a la Ley Indígena del Estado de Jalisco y reconocer los derechos de la co-lectividad.

“Lo que sí es importante que quede claro es que los derechos colectivos no pueden reñir con los derechos individuales. No se trata de pararse en el relativismo cul-tural de que usos y costumbres pueden

violentar derechos individuales. No. Se trata de hacer una síntesis, reconociendo que hay un orden jurídico en el Estado mexicano que protege derechos indivi-duales pero que también hay otra pers-pectiva jurídica producto de los pueblos indígenas. El resumen es que nuestra visión es encontrar puntos y coinciden-cias”.

Clemente Castañeda aclara que no se está tratando de replicar ningún otro mo-delo como los que existen en Guerrero o Michoacán. “La policía comunitaria no suplirá a las otras fuerzas del orden, ni a la municipal, ni a la estatal, ni a la fede-ral, ni al Ejército.

Es una policía dedicada a resolver los problemas internos y en la medida de lo posible a los problemas que rodean a la propia comunidad indígena. No es una policía armada, sino que es una policía pacífica. Su propósito es muy noble. Tie-ne que ver con explotar en el buen sen-tido del término, el sentido de comuni-dad en este pueblo indígena, el sentido de asociación, solidaridad, de compartir ciertas nociones culturales para resguar-dar su propia seguridad. Y entramos a este tema porque el Estado ha sido inca-paz de brindarla”.

El diputado puntualiza que este modelo se piensa desde la perspectiva de las co-munidades indígenas. “Es distinto a que cualquier espacio civil se arme para com-batir al crimen organizado”.

Por lo pronto está claro que no resolve-rán ni delitos de alto impacto, ni se en-frentarán a grupos criminales, talamon-tes o mineros clandestinos que acechan la Sierra de Manantlán. “Estoy seguro que si abrimos un proceso de diálogo, O

pini

ón

“La comunidad tiene sus

usos y costumbres, podemos

hacer eso (de crear la policía

comunitaria). Aquí no es de

política, no señores, aquí se

trata de quitar al mañoso

y ver quién puede servir a

la comunidad. Porque aquí

nos conocemos, podemos

decir, “no, ese no, es un

sinvergüenza, le gusta

robar, es borracho, le gusta

asaltar…” Gaudencio

Mancilla Roblada.

5Tukari Espacio de comunicación intercultural

podemos construir acuerdos entre las partes que participen en este proceso. El principio que los unifica (a las auto-ridades estatales y municipales, y a las agrarias y tradicionales de Ayotitlán) es tratar de encontrar paz y tranquilidad en las comunidades”.

En algunos pueblos como Cherán, los modelos de autodefensa funcionan como uno de los ejes de construcción de su au-tonomía, al igual que lo hace el pueblo de Ayotitlán.

Construir tejido socialEl activista en derechos humanos Eduar-do Reyes considera que es legítimo crear estrategias para brindar seguridad a su pueblo.

“El Estado ha fallado en este sitio, en el que además hay sólo tres patrullas para el ejido más grande del país. Y no se está proponiendo que controlen un territorio en el que nadie más entre, sino que es-tará acompañado de la autoridad local

para reforzar la seguridad de la zona, de crear una institución independiente en la materia, de cómo aportar desde sus usos y costumbres al tema. Plantea la vincula-ción con la autoridad municipal y estatal, esto no ha sucedido en el resto de expe-riencias”.

Este tipo de iniciativas han provocado temor en algunas autoridades, ya que se cree que se creará un sistema de gobierno paralelo al Estado o que se puede llegar al paramilitarismo, tal cual como sucedió en Colombia.

Sin embargo, Ayotitlán está generando un proceso de interlocución con las au-toridades en sus tres niveles de gobierno, aunque sí se plantea que en un futuro se puedan llegar a tener órganos de impar-tición de justicia.

Eduardo Reyes comenta que el camino es muy complejo y en un inicio tendrá que haber un estudio de mucha profundidad en el municipio de Cuautitlán de G.B.

“Tiene que ser procesal, no es inmediato, y se tienen que aprovechar capacidades de las instituciones para procesos de se-lección de miembros, de dónde a dónde serían sus facultades, porque hay delitos graves de orden federal, en donde pue-den coadyuvar pero no sería su respon-sabilidad. En términos teóricos, la policía lo que buscará es tener liderazgos legí-timos de pequeñas comunidades, y ge-nerar condiciones para la reconstrucción del tejido social y para la seguridad co-munitaria”.

El proyecto aún está en construcción y probablemente será un modelo único que recuperará el conocimiento del pueblo nahua –que al final será el que marque los tiempos y el camino que más les con-viene–, la experiencia de otros pueblos que han tomado una decisión similar y los conocimientos técnicos que recupe-ren del diálogo y las recomendaciones que harán las corporaciones policiacas.

*Periodista independiente

Los nahuas aún están

en construcción de la

propuesta y son los más

interesados en discutir los

pros y contras de crear una

policía comunitaria.

Consejo de Mayores

Nahuas en reunión

del 20 de enero 2013 en

Ayotitlán, Jal.

R. Michelle.

6 TukariEspacio de comunicación intercultural

Alejandro Carrillo Ceballos*

El 27 de noviembre de 2012, se lle-vó a cabo una reunión extraordi-naria en la Casa del Consejo de

Mayores, autoridad tradicional de Ayo-titlán, ejido indígena nahua, municipio de Cuautitlán de García Barragán, Jalis-co. El primer tema del orden del día, fue el secuestro de Celedonio Monroy Pru-dencio, activista de la comunidad de La Loma Colorada, ocurrido el 23 de octu-bre a las once de la noche.

En uso de la palabra, su esposa Blanca Estela lo dice claramente: …yo le dije que fuera a trabajar a Colima…y él siempre quiso ayudar a su gente.

Celedonio, promotor y defensor de los derechos humanos, a quien tuve la opor-tunidad de conocer durante los recorri-dos interinstitucionales por las comuni-dades indígenas nahuas de la Sierra de Manantlán que organizó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco, así como en las mesas de trabajo para la reforma a la Ley sobre derechos y el de-sarrollo de los pueblos y las comunida-des indígenas del estado de Jalisco,1 que coordinó la Comisión Estatal Indígena en las que la UACI participó. Siempre con el overol puesto, Celedonio sabía que para lograr hechos reales y concretos, ha-bía que trabajar desde su trinchera.

Durante la reunión, Miguel Monroy, Presidente del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena, en relación al “levantón” señaló: ahorita queremos que se esclarezca, ya lleva un mes y vemos que no se le ha avanzado; los culpables, ya veremos después; queremos que se busque… ¿Por qué cuando hay votos sí nos hacen caso? 1 Decreto 24100/LIX/12

Luego, se puso de manifiesto el crecien-te ambiente de violencia e impunidad en la sierra. El representante del Conse-jo, Gaudencio Mancilla Roblada, expuso lo delicado de la situación, no sin antes haber manifestado que: desgraciadamente haya almas y corazones así, en relación a la desaparición de Celedonio y propuso enérgicamente que se analice y discuta el que haya una policía comunitaria en Ayotitlán.

Cuando se habló de la extracción ilegal de recursos naturales, Gaudencio co-mentó que había personas que están mal-tratando al bosque, e hizo referencia a las tumbas de madera (árboles talados); razo-nes por las cuales solicitó al municipio que no se autorizaran cambios de uso de suelo y que no se saque ningún camión de madera o mineral.

El conflicto limítrofe entre Colima y Jalis-co aunado al rezago agrario, el despojo y saqueo de recursos naturales, así como la

inseguridad y violencia, son situaciones que seguirán perpetrándose hasta que el Estado Mexicano deje de considerar a las comunidades indígenas como “entida-des de interés público”.

El sustento legal para la conformación de una policía comunitaria en Ayotitlán, lo podemos encontrar en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Tra-bajo siendo éste, la ley internacional más importante que garantiza los derechos indígenas; además en la Constitución Fe-deral, en su artículo 2, reconoce y garan-tiza el derecho de los pueblos y comuni-dades indígenas a la libre determinación y a la autonomía; esto último, puede llegar a generar cierta hostilidad, prin-cipalmente por desconocimiento, razón por la cual Héctor Díaz-Polanco, cuando habla de los mitos que se tiene respecto a la autonomía, señala que no se presta atención a lo que demandan los pueblos indígenas: autonomía, no independen-cia; y agrega, por lo común, se pretende

Policía comunitaria, pluralismo jurídico y autonomía indígena

El ejemplo por antonomasia,

es la Policía Comunitaria

de Guerrero que nace

mediante asamblea el 15

de octubre de 1995, en

un principio conformada

por 38 comunidades

habitadas principalmente

por indígenas Ñuu savi

y Me´Phaa (mixtecos y

tlapanecos) y que tiene

como órgano de impartición

de justicia regional, a la

Coordinadora Regional de

Autoridades Comunitarias

(CRAC).

Don Hermelindo

Jacobo Elías

Presidente del Consejo

de Mayores Nahuas de

Ayotitlán

R. Michelle.

7Tukari Espacio de comunicación intercultural

ignorar que la autonomía no puede implicar separatismo alguno, puesto que este régimen político-territorial se plantea siempre como un ente político al interior del respectivo Es-tado-nación, esto es, como parte de éste. Lo que muestra la demanda de autonomía es la explícita voluntad de dar batalla por los dere-chos y buscar soluciones a sus asuntos dentro de la entidad nacional correspondiente.2

En un estudio realizado por Alma Melgarito,3 nos muestra que el sistema normativo alternativo de la policía co-munitaria en Guerrero ha podido gene-rar un reencuentro como sujetos colectivos, así como la defensa de sus derechos en un ám-bito regional y estatal.

A través de su investigación, la autora explica de manera detallada cada instan-cia de solución de conflictos, así como las fases procesales del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria, desde la recep-ción de una queja o denuncia, la deten-ción en caso de flagrancia hasta llegar a la sentencia o al procedimiento de reedu-cación; habiendo que precisar que todo lo anterior se encuentra debidamente fundamentado, incluso en su diserta-ción, Melgarito incluye análisis del Re-glamento Interno del Sistema Comunita-rio de Seguridad, Justicia y Reeducación; además de algunas puntualizaciones teóricas como cuando se habla de comu-nidad se identifican tres rasgos principales: la no existencia de la propiedad privada de la tierra, la organización social llamada familia ampliada y la producción para el consumo, es decir, sociedades no mercantiles y, por tanto, no capitalistas. Su disertación tiene el ob-jetivo de mostrar la eficacia del Sistema de Seguridad y Justicia Comunitaria, el cual comparte ámbitos de validez con el sistema normativo del Estado Mexicano. De esta manera, el Pluralismo Jurídico, per-

2 Díaz-Polanco Héctor, La diversidad cultural y la autonomía en México, Nostra Ediciones. 2009. Pp.49-50.

3 Alma Melgarito “Legislación procesal comunitaria y eficacia normativa: El caso de la policía comunitaria de Guerrero”, en Oscar Correas (coord.) Derecho Indígena Mexicano II, CEIICH-UNAM - Ed. Coyoacán. 2009. Pp. 133-186.

mite la coexistencia de sistemas normativos distintos en idénticos ámbitos de validez.

Es importante aclarar que cuando se hace referencia a la experiencia de la policía comunitaria de Guerrero, no hablamos de lo acontecido desde principios del añoen curso en esa entidad federativa con los movimientos de autodefensa civil, que tienen como epicentro el municipio de Ayutla, pues dichos sucesos merecen estudio aparte.

Los referentes están a la vista, ya sea la policía comunitaria indígena en Guerre-ro, el autogobierno del Consejo Mayor de Cherán en la meseta purépecha de Michoacán, o la experiencia de los topiles en las comunidades wixárika del norte de Jalisco, quienes conforman un cuerpo de vigilancia y mantenimiento del orden. Ejemplos en los cuales se han tenido re-sultados muy positivos, pero es claro que los caminos son distintos, los nahuas de Ayotitlán pudieran recorrer el propio.

Incluso para el caso particular en la Sie-rra de Manantlán, la historia nos mues-tra que la separación de Ayotitlán, de sus comunidades hermanas Chacala y Cuza-lapa, tiene su raíz en el despojo susten-tado en la época liberal, pasando por la restitución de los terrenos comunales y la forzada conversión de algunas comu-nidades a ejido, hasta llegar al corporati-vismo campesino que estableció de facto estructuras y modelos político-sociales ajenos; en Ayotitlán la imposición del modelo ejidal deterioró la identidad cul-tural y dañó el tejido social.

Lo anterior se pudiera revertir en cierto sentido, ya que si se genera un proceso de re-ingeniería social, se alcanzaría un objetivo común en las comunidades in-dígenas nahuas de Ayotitlán, Chacala y Cuzalapa en lo referente al ámbito terri-torial de validez para una policía comu-nitaria, de manera que se evite el saqueo y despojo en la región, al tiempo que se brinde seguridad y justicia.

El problema subsistente es que hay dos visiones totalmente opuestas en Ayoti- tlán para la posible conformación de un cuerpo de vigilancia comunitario, pues una visión propugna por hacer valer el derecho internacional de los Convenios y sus derechos de autodeterminación establecidos en el artículo 2 de la Cons-titución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La otra prefiere seguir los esquemas de poder jerárquico-verticales, en la que su cultura política no permite viabilizar soluciones otras; siendo que a nivel nacional es indudable como se ha visto mermada la capacidad del Estado para brindar seguridad en ciertas zonas geográficas del país. Es por ello que parte de la solución a la inseguridad, pudiera iniciarse desde el ámbito local de mane-ra horizontal, colectiva, legal y legítima; para lo cual se tendrían que poner de acuerdo las dos posturas antagónicas, sin que necesariamente sea un resultado de gana uno, pierde el otro, pues el bienes-tar general es la meta de ambos.

De esta manera es que se vislumbran dis-tintas aristas en la denominada cuestión indígena, como lo hemos visto, algunas soluciones se están llevando a la práctica, pero sin lugar a dudas, hay que ir al fon-do del asunto, pues como Francisco Ló-pez Bárcenas lo apunta, los pueblos indíge-nas luchan contra las políticas colonialistas ejercidas en su contra, reclaman una verda-dera reforma del Estado para que se les inclu-ya en la nación mexicana, se reconozcan sus derechos colectivos y se creen los mecanismos para hacerlos efectivos... muchos de los pue-blos ya están implementando su autonomía por la vía de los hechos, creando gobiernos propios, cuerpos de seguridad y defendiendo sus recursos naturales”.4

*Politólogo, Unidad de Apoyo a las Comuni-dades Indígenas de la UdG.

4 “¿Qué hacemos con los indios?” por Francisco López Bárcenas, en periódico La Jornada. 22 de enero de 2013. P.23. O

pini

ón

El problema subsistente

es que hay dos visiones

totalmente opuestas en

Ayotitlán para la posible

conformación de un cuerpo

de vigilancia comunitario,

pues una visión propugna

por hacer valer el derecho

internacional de los

convenios y sus derechos de

autodeterminación. La otra

prefiere seguir los esquemas

de poder jerárquico-

verticales.

8 TukariEspacio de comunicación intercultural

Ramón Michelle Pérez Márquez*

Mientras que la violencia y el acoso en la comunidad na-hua de Ayotitlán se acrecenta

gravemente y es cada vez más común la presencia de personas armadas y enca-puchas en camionetas sin placas, autori-dades gubernamentales, investigadores jurídicos y ejidatarios de esta localidad, debaten la creación o no, de una policía comunitaria que ayude a resolver esta grave situación.

El 11 de febrero, nuevamente la comu-nidad nahua convocó a otra reunión en la cabecera municipal para continuar ex-plorando sobre la creación de una policía comunitaria en esta localidad. A dicha reunión entraron organizados un grupo de ejidatarios de Ayotitlán, uno detrás de otro, hasta colmar la Casa de la Cul-tura en Cuautitlán de García Barragán, algunos de ellos, portaban camisas con logotipos de la minera Peña Colorada y otros llevaban puesta la camisa del Go-bierno Municipal de Cuautitlán. El mo-tivo era la tercera reunión para analizar la propuesta de la policía comunitaria en Ayotitlán.

Hasta este lugar, acudieron también re-presentantes del Comité Técnico* para continuar las consideraciones para la creación de la policía comunitaria. La reunión dio inicio con palabras angus-tiadas de Blanca Estela González, esposa del aún desaparecido Celedonio Monroy Prudencio: “He recibido amenazas de que me van a levantar que porque yo soy el estorbo para poder detener todo esto. Mi inconformidad es esa, que no hay seguridad, la policía de Cuautitlán sólo va de entrada por salida, tenemos inse-guridad todavía en la comunidad de la

Se intensifica el debate sobre la policía comunitaria en Ayotitlán

Loma Colorada, continúa entrando un vehículo sin placas, una cherokee con gente armada y no se sabe con qué fin, por ello necesitamos el apoyo de los po-licías, pues nos llegan por las noches las bandas delictivas y ya no nos permiten dormir con esta situación”.

El Diputado Clemente Castañeda, Presi-dente de la Comisión de Asuntos Indíge-nas del Congreso del Estado e integrante del Comité Técnico, moderó la reunión y señaló puntualmente que la comunidad de Ayotitlán ha propuesto a la policía comunitaria como una alternativa para protegerse de la inseguridad, destacando que esta es una figura clave en el ejercicio de la libre determinación de los pueblos indígenas, lo cual implica reconocerlos como sujetos de derecho público. “La policía comunitaria no sustituye al resto de las instancias, sino que complementa al sistema de seguridad y justicia mexica-no, siempre y cuando, exista respeto a los derechos y garantías individuales.”

Posteriormente, el Jefe de la Unidad de Apoyo a las Comunidades Indígenas de la Universidad de Guadalajara Juan Ma-

nuel César Díaz Galván, manifestó la ur-gencia que representa el creciente clima de inseguridad, el despojo permanente de recursos, el asesinato y desaparición de líderes de la comunidad, ante ello, señaló: “la comunidad reclama que se le brinde seguridad, es necesario crear un modelo de colaboración donde participe la comunidad y se coordinen acciones desde los distintos órdenes de gobier-no en un esquema de policía comunita-ria al menos en su orden de vigilancia”. No terminó con su intervención cuando fue increpado por algunos de los ejida-tarios de Ayotitlán que habían ingresa-do organizados y quienes alzaron la voz mostrando su desconfianza por esta pro-puesta.

Posteriormente el Secretario del Ayunta-miento de Cuautitlán Esteban Árias Soto opinó: “Este problema de la inseguridad no es un problema propio de la comuni-dad, es un problema nacional, no es local; hay que ponerle más empeño desde las esferas de ustedes (refiriéndose a los re-presentantes del orden estatal y federal), para tratar de remediar esta situación; no es un problema de aquí. Si vamos a em- Te

ma

cent

ral

Integrantes del Comité

Técnico para la creación de

la policía comunitaria en

Ayotitlán

R. Michelle.

El 27 de noviembre de

2012 y el 20 de enero

de 2013, se realizaron

reuniones en el Consejo

de Mayores Nahuas de

Ayotitlán donde ejidatarios,

comuneros, autoridades de

los tres órdenes de gobierno,

representantes del Congreso

del Estado de Jalisco, las

Comisiones Estatales de

Derechos Humanos de

Jalisco y Colima, así como

asesores universitarios,

se reunieron para debatir

sobre la creación de una

policía comunitaria en esta

localidad.

9Tukari Espacio de comunicación intercultural

pezar con las policías comunitarias habrá que analizar desde el Congreso la policía comunitaria, pero a nivel nacional, no co-munitario. Sí hay problemas en el muni-cipio pero son remediables con la organi-zación que se tiene, sin hacer a un lado la posibilidad de emprender un estudio ha-cia una posible policía comunitaria, pero hasta que tengamos más argumentos, más cosas que ofertar. Sería muy aven-turado empezar a proponer gente para esto; ya sabemos cómo actúa la gente y cómo reaccionan aquí, sabemos cómo in-terpretan su situación, es un tema muy delicado que tenemos que tratar con más cuidado”.

Por su parte, Gaudencio Mancilla Robla-da, representante del Consejo de Mayo-res Nahuas de Ayotitlán, visiblemente molesto tomó la palabra y mencionó: “Señores ejidatarios, ahora no estamos en política, estamos ante una situación grave que vive la comunidad, por eso se está planteando lo de la policía comu-nitaria, por la situación de inseguridad. Queremos que haya seguridad en la co-munidad por eso nosotros hacemos esto, no se trata de política, esta cuestión es para que la comunidad tenga su vigilan-cia, que se detenga el saqueo de recursos. Por eso pedimos que el ejército capacite por medio de sus academias a las perso-nas que se van a integrar a la policía que queremos formar, queremos que se de-fienda y se respete a la comunidad”.

A esta reunión, también asistieron estu-diosos del derecho, como el investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), Gerar-do Ballesteros, quien señaló: “este es el momento para construir los argumentos a partir de los cuales se puede crear un modelo de policía comunitaria que res-ponda a las inquietudes de la población en un marco de legalidad, en lugar de llegar con los argumentos ya dichos, por-que si fuera así, ya sería una imposición”.

Por parte de la Dirección de Seguridad

Pública del Estado de Jalisco, estuvo pre-sente Francisco Alejandro Solorio, quien mencionó: “si ustedes deciden hacer la policía comunitaria dentro de la ley está permitido hacerlo; ustedes pueden esta-blecer ciertos mecanismos de vigilancia internos, como se han establecido en la sierra wixárika, pero también es cierto que esta figura no está encaminada para enfrentar cierto tipo de problemas, como delitos graves y grupos delincuenciales. En la sierra wixárika se sancionan sólo cuestiones internas y administrativas de bajo impacto, los mismos topiles ponen a disposición de nosotros los policías estatales o de la policía municipal a las personas que llegan a infringir cierto tipo de reglamentos y son castigados por otra autoridad. Si bien, es cierto que es una problemática generalizada en varios es-tados, también es cierto que nos hemos unido y se están buscando mecanismos de comunicación entre diferentes nive-les de gobierno, llámese federal, estatal y municipal para cambiar la problemática que se presenta”.

César Díaz interviene para responder a los señalamientos que desde la tribuna se gritaban, mencionando que se quiere imponer a la policía comunitaria: “No es-tábamos dando por hecho crear la policía comunitaria; estábamos reflexionando sobre su viabilidad y sobre todo, como lo dijo el profesor, estamos enfrentando un problema nacional, la violencia no disminuye y el despojo en la comunidad de Ayotitlán se incrementa cada día más. Es necesario que los distintos órdenes de gobierno, se coordinen para ofrecer la seguridad como un derecho humano. Aunque también existe la posibilidad, como lo hemos escuchado ya en la mesa y como ya lo realiza el gobierno del esta-do en la sierra wixárika con los topiles, donde ya existen estas policías comuni-tarias. Es decir, no es una cosa que sea nueva o por lo que haya que alarmarse, lo que estamos buscando es generar un modelo en el que la gente de la comu-nidad pueda participar como parte de

la vigilancia y seguridad. Esta primera policía comunitaria tendría la tarea de vigilar, no de perseguir delincuentes; vi-gilar los caminos para que no se saque mineral de manera ilegal, para que no se talen los montes; lo que se busca es un cuerpo de vigilancia no un cuerpo repre-sivo, un orden de vigilancia que funcio-ne coordinado con la policía municipal, con las instancias estatales y federales y que pueda ofrecerles a ellos, una posibi-lidad de garantizar su derecho humano a la vida. Ya desapareció Celedonio, ya desapareció el hermano de Gaudencio, ya han asesinado a otros ancianos en la comunidad de los cuales no se tiene ma-yor información. Si la comunidad puede participar de acuerdo a los diferentes ór-denes constitucionales y de las leyes es-tatales, incluso del derecho internacional como ya se citaba, es necesario que estos derechos humanos a la seguridad y la vida, puedan garantizarse”.

Finalmente el Diputado Clemente Cas-teñeda señala que este tema cobra rele-vancia en todo el país y que hoy gracias a la participación de los tres niveles de gobierno podemos avanzar en un mode-lo de vigilancia participativo, y aseveró que como expresamente dijeron, que no se trata de imponer nada a nadie, sino de hacer un planteamiento formal y de ahí partir para discutirlo con la comunidad. Finalmente propuso que se realice una socialización de la información en la co-munidad y que se continúe discutiendo el asunto en el sentido de hacer efectivos los derechos de la comunidad.

Así finalmente se acordó realizar una próxima reunión el próximo día 17 de marzo en la comunidad de Ayotitlán para que se abra un espacio en el que puedan participar todos los miembros de la comunidad ya que este no es un asun-to de ejidatarios solamente sino de todos los que integran la comunidad.

*Politólogo, Director de la revista Tukari.

*Comité Técnico

-Agustín Radilla,

Comandante de la

Guarnición Militar de

Melaque.

-César Díaz,

Jefe de la Unidad de Apoyo

a las Comunidades

Indígenas de la UdG.

- Clemente Castañeda,

Presidente de la Comisión

de Asuntos Indígenas del

Congreso del Estado.

- Eduardo Reyes,

Abogado y Defensor de

Derechos Indígenas.

-Francisco Solorio,

Comisario de Seguridad

Pública del Estado de

Jalisco.

-Gaudencio Mancilla,

Representante Legal del

Consejo de Mayores de la

comunidad indígena de

Ayotitlán.

-Gerardo Ballesteros,

Representante del ITESO

de la Facultad de Derecho.

-Germán Cuevas,

Visitador Regional de la

CEDHJ.

-Jaime Hernández,

Responsable del área de

justicia de la Unidad de

Apoyo a las Comunidades

Indígenas.

-Magdaleno López,

Director General de la

Comisión Estatal Indígena.

-Pedro Sánchez,

Presidente Municipal de

Cuautitlán.

10 TukariEspacio de comunicación intercultural

Jaime Hernández Lamas*

Uno de los principales problemas que enfrentan actualmente los nahuas de la Sierra de Manan-

tlán es el saqueo de sus recursos minera-les y forestales, así como de una creciente inseguridad pública. Si bien es cierto que el tema de la inseguridad pública es un problema nacional, en la sierra evidente-mente adquiere otros matices.

La Sierra de Manantlán es rica en recur-sos naturales, sus yacimientos de hierro y su abundante reserva forestal han des-pertado el interés tanto de empresas tras-nacionales, como de talamontes y gam-businos que buscan sustraer los recursos de manera legal e ilegal.

Ayotitlán sufre pues de una nueva mo-dalidad de operación del crimen organi-zado, que se ha diversificado y que no ha podido ser combatido eficientemente por ninguno de los tres niveles de gobierno. El saqueo de recursos no es un problema reciente, ni es un conflicto aislado, desde hace más de veinte años las autoridades tradicionales, comunales y ejidales han denunciando las graves violaciones a sus derechos humanos elementales, así como el despojo de su territorio y recursos, ello como consecuencia de la incertidumbre jurídica que existe sobre sus territorios la totalidad de las comunidades que in-tegran el pueblo nahua como son; Cu-zalapa, Chacala, Ayotitlán, y los núcleos agrarios colindantes, como Plan de Mén-dez.

Defender su territorio y sus derechos ha costado vidas, los representantes comu-

Antecedentes y perspectivas de un modelo comunitario de

vigilancia en Ayotitlán

nes en los juicios agrarios de Ayotitlán y Cuzalapa, Concepción Gaviño Quiño-nez (asesinado el 20 de marzo de 2006), Nazario Aldama Villa (asesinado el 31 de diciembre del 2004) y Aristeo Flores Rolón (asesinado el 20 de abril de 2007), así como del presidente del comisariado ejidal de Ayotitlán Adauto de los Santos Peregrina (asesinado en 1996). A la fecha estos crímenes no han sido esclarecidos ni detenido a sus autores materiales e in-telectuales. Y a estos se suman los asesi-natos de los dos alcaldes de Cuautitlán Juan Manuel Orozco Serrano y Raúl Del-gado Benavides, este último asesinado en funciones y el crimen de quien fuera su primo y secretario de seguridad pú-blica municipal Miguel Delgado Díaz.

Esta lucha por la defensa del territorio y el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas es la que llevaba Celedonio Monroy Prudencio, quien fue levantado de su domicilio por un coman-do de hombres armados la noche del 23 de octubre de 2012 en la comunidad de Loma Colorada. En esa misma semana, el día 27, tanto el presidente del comisa-

riado como el tesorero del ejido sufrieron un atentado del que resultando ilesos.

Ante este grave escenario, los represen-tantes de las comunidades y la autoridad tradicional del Consejo de Mayores de Ayotitlán propusieron se recuperaran las figuras tradicionales de vigilancia que anteriormente hacían posible su propia autodefensa y guardaban el orden en las comunidades, estas personas contaban con la aprobación de la comunidad y ser-vían al orden y la vigilancia.

La iniciativa de recuperar los modelos de vigilancia no debe confundirse de ninguna manera con la conformación de grupos armados, sino con la propuesta de crear una instancia de vigilancia que pueda actuar en coordinación con las au-toridades de seguridad correspondientes de los tres niveles de gobierno.

En la reunión celebrada el día 11 de fe-brero de 2013, en la casa de la cultura de Cuautitlán, en la que estuvieron presen-tes el comisario de seguridad pública del estado de Jalisco, autoridades militares,

Panorámica de la Sierra de

Manantlán

R. Michelle.

Esta lucha por la

defensa del territorio y

el reconocimiento de los

derechos de los pueblos

indígenas es la que llevaba

Celedonio Monroy

Prudencio, quién fue

levantado de su domicilio

por un comando de hombres

armados.

11Tukari Espacio de comunicación intercultural

Opi

nión

el presidente municipal de Cuautitlán, y el diputado presidente de la comisión de asuntos indígenas del Congreso del Es-tado de Jalisco se externaron en concreto las siguientes consideraciones en torno a la figura de los modelos de policía comunitaria:

• La policía comunitaria es una fi-gura clave en el ejercicio de la libre deter-minación de los pueblos indígenas. Es un elemento central en el reconocimiento de la autonomía, de la personalidad jurídica y del derecho indígena.

• El reconocimiento de los pueblos indígenas no sólo se trata de “aceptar” la pluriculturalidad, sino de “reconocer” una pluralidad de sistemas normativos, sociales y de organización.

• Los pueblos y comunidades in-dígenas no sólo tienen particularidades culturales y lingüísticas, sino que tienen sus propios sistemas jurídicos, normati-vos y de organización, tal y como lo reco-noce el marco constitucional.

• La conformación de una policía comunitaria constituye el ejercicio de un derecho pleno, reconocido en la Consti-tución y el derecho internacional.

• Lo anterior implica entender a los pueblos y comunidades indígenas como sujetos de derecho público, es de-cir, como instituciones capaces de definir sus propias normas y formas de organi-zación política y de administración de justicia.

Funcionamiento y atribuciones de la policía comunitaria:

• ¿Qué es? Se trata de una instancia de vigilancia propia de una comunidad indígena. En este sentido, estaría confor-mada por miembros de la comunidad y sus decisiones estarían basadas en los sistemas normativos propios de la comu-nidad, mismos que deben dialogar con los procedimientos normativos de los tres órdenes de gobierno.

• Coordinación con el resto de ins-tancias de seguridad. La policía comuni-taria no sustituye al resto de instancias, simplemente trabajaría en otro nivel de administración, tal y como ya sucede cuando se trata de jurisdicciones munici-pales, estatales y federales. El sistema de seguridad y justicia mexicano reconoce distintas autoridades y niveles de aplica-ción de la norma, por lo que reconocer e integrar los sistemas normativos indíge-nas dentro de una jurisdicción específica no representa ningún conflicto, siempre y cuando se respeten los derechos y ga-rantías individuales ya adquiridas, así como los ámbitos de competencia. Es-tos mecanismos pueden materializarse y resultar exitosos si existiera un marco normativo apropiado, que privilegie la coordinación y la comunicación entre au-toridades, y defina claramente el funcio-namiento y jurisdicción de los distintos niveles.

• Beneficios. Además de ser una figura central en el reconocimiento de las comunidades indígenas, generaría beneficios externos importantes: Para la comunidad:

a) Serviría para reconstruir el tejido social, generando confianza, legitimidad y sentido de pertenencia, dado que las

decisiones estarían sustentadas en sus propios sistemas normativos.

Para el sistema de procuración de justicia:

a) Es un mecanismo para avanzar en el modelo de justicia alternativa, que privilegia la conciliación, la reparación del daño, la mediación y el seguimiento a los casos.b) Las experiencias de justicia co-munitaria constituyen una resistencia en defensa de la vida de la propia comuni-dad; es su integridad y constituyen un aporte muy importante en la construc-ción de una nueva juridicidad.c) Por todo lo anterior, serviría para la prevención de delitos, dado que se atenderían conflictos sociales antes de que deriven en situaciones graves.

“Es necesario respetar la dignidad y el derecho de las comunidades originarias y campesinas a que ejerzan una autono-mía de autoprotección y de impartición de justicia según usos y costumbres de-mocráticas y participativas, que no sólo solucionarán el problema de la seguri-dad (que el Estado no puede hoy garan-tizar), sino igualmente serán escuela de democracia que puede ser ejemplar para toda la sociedad campesina y urbana en general. Lo contrario sería implantar un régimen autoritario, una represión gene-ralizada de los movimientos sociales y comunidades originarias, que nos recor-darían tiempos pasados que habíamos esperado que no volvieran.” Enrique Dussel.

*Abogado, responsable del área de justicia de la UACI.

Reunión ordinaria del

Consejo de Mayores

Ayotitlán 20 enero 2013

R. Michelle.

La policía comunitaria

es una figura clave en

el ejercicio de la libre

determinación de los

pueblos indígenas. Es

un elemento central

en el reconocimiento

de la autonomía, de la

personalidad jurídica y del

derecho indígena.

12 TukariEspacio de comunicación intercultural

Por: René Amezcua Reyes*

A unos meses de cumplirse dos años en que la comunidad de Cherán decidió retomar las

riendas de su historia y habiéndose ce-lebrado el pasado 2 de febrero la entrada del Año Nuevo Purépecha, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal, ha mani-festado la necesidad de unir fuerzas con los diversos pueblos de Michoacán, con el objetivo de salvaguardar sus territo-rios y combatir la inseguridad que asuela en la región a través de mecanismos de autodefensa, mismos que se sustentan en torno a sus usos y costumbres.

Lucha que trasciende Ubicado en el corazón de la Meseta Puré-pecha, el municipio de Cherán es acogi-do por el calor de sus cerros. Dentro del pueblo pueden percibirse los aromas de sus bosques, mismos que dan soporte y vida a la comunidad, quien ha manteni-do siempre una relación armoniosa con la naturaleza que le rodea, motivo por el que se experimenta un fuerte sentido de pertenencia hacia ella.

La defensa y respeto de la Madre Tierra es fundamental, pues sin la existencia de los bienes que sólo ella provee, es impo-sible pensar en un verdadero desarrollo para la región, razón por la que el 15 de abril de 2011, significó para el pueblo de Cherán un “ya basta” en contra de aque-llos que estaban provocando la muerte de sus bosques, así como un llamado para organizarse en contra de aquellos que estaban dividiéndolos.

Si bien esta fecha ha marcado un nuevo rumbo en su caminar, la genealogía de esta lucha trasciende ya más de 500 años, tiempo en el que los pueblos indígenas

han padecido la subyugación, el extermi-nio territorial y físico, además del homi-cidio cultural que experimentan por par-te de un Estado que pretende disolverlos.

Pese a estos intentos por invisibilizar a las diferentes comunidades, el caso de los purépechas de Cherán, nos muestra la contemporaneidad de los pueblos in-dígenas, quienes a su vez reclaman el derecho a la autodeterminación reivindi-cando su identidad de por medio.

Sembrando autonomíaDentro de la región, los grupos del cri-men organizado comenzaron a tener cada vez mayor presencia, quienes a su vez apoyaban a los talamontes para que explotaran la madera, mientras ellos se encargaban de sembrar miedo a través de amenazas y extorsiones.

Fue así como desde 2008 a la fecha, se devastaron grandes hectáreas de bosque, llegando a superar las 20 mil; al mismo tiempo, la inseguridad en el municipio comenzó a ser un asunto importante, al cual debió hacerle frente la propia comu-nidad.

Preocupados por la problemática, deci-dieron autodefenderse en torno a la crea-ción de la Ronda Comunitaria, la cual se constituye por integrantes de la misma comunidad a través de un deseo de vo-luntad.

El gobierno municipal exige se apruebe un examen para poder ser parte de las fi-las de la Ronda, sin embargo el Consejo ha puntualizado que los únicos requisi-tos indispensables son el amor a la tierra y al pueblo.

Este camino no ha sido fácil para los habitantes, pues al mismo tiempo se ha desatado el enojo de los taladores y los narcotraficantes, quienes en repetidas ocasiones, han disparado con armas de fuego ocasionando muertes, además de las desapariciones de comuneros de los cuales hasta la fecha no se sabe nada.

En fechas recientes, el Consejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, ha evoca-do a que se construya el diálogo con el gobierno federal y estatal, pues si bien la seguridad ha sido retomada con creces gracias a la ronda comunitaria, las cues-tiones referidas a justicia han quedado de lado.

Josué Velázquez, quien es parte del Con-sejo, manifestó: “en este tema no hemos avanzado porque no ha habido castigo para los culpables de los 15 muertos y desparecidos en la lucha contra los tala-montes”.

El pueblo de Cherán dio un enorme paso al expulsar a las autoridades municipa-les que se encontraban en la región, pues ante la indiferencia e incompetencia ha-cia sus demandas, se optó por retomar sus antiguas pero sólidas formas de au-to-organización a través de un Gobierno Comunal.

Ahora la autoridad que existe en el mu-nicipio, es asumida por los mismos habi-tantes. Las necesidades que se atienden y por la cuales se sigue trabajando, son aquellas que emanan desde dentro, ahí donde la gente se reúne y dialoga en tor-no a lo que realmente se requiere.

Estas nuevas formas de hacer política

Fuego nuevo y autonomía purépecha: La experiencia de Cherán K’eri

Opi

nión

Habiéndose encendido

el fuego del Año Nuevo

Purépecha, se hizo un

llamado a todos los

pueblos indígenas a velar

por su seguridad, a que

implementen acciones de

autodefensa, mismas que

se pueden avalar mediante

acuerdos internacionales

como el Convenio 169 de la

OIT y la declaración de las

Naciones Unidas sobre los

Pueblos Indígenas del 2007.

13Tukari Espacio de comunicación intercultural

han logrado formar un proceso de invo-lucramiento e inclusión dentro de la co-munidad, pues el tejido social había sido resquebrajado a causa de intereses par-tidistas, que en nada contribuían para el desarrollo pleno de las personas.

Para el pueblo purépecha de Cherán, el camino hacia la autonomía ha sido el sendero por el cual se vislumbra un ho-rizonte más óptimo y esperanzador, mis-mo que día a día se trabaja y se modifica, según lo vaya exigiendo el mismo con-texto.

El territorio en ventaEn México se experimenta un modelo de desarrollo elitista que genera sus rique-zas en torno a la acumulación por despo-sesión, prácticas que son llevadas a cabo por parte de empresas transnacionales con el consentimiento de los gobiernos estatales y federales.

Embarcado en su proyecto de moderni-dad y siguiendo el modelo económico y cultural de los países llamados del “pri-mer mundo”, se ha negado cualquier flo-rescencia del mundo indígena. Ejemplo de esto es la reforma al Artículo 27 Cons-titucional y la firma de tratados como el TLCAN, donde los pueblos han salido severamente afectados.

Ahora para mal, resulta que también el gobierno está encadenado al crimen or-ganizado permitiendo que se cometan actos delictivos en prácticamente todo el país, incluso en comunidades indígenas, donde llevan a cabo la usurpación de los recursos infringiendo miedo a través de las desapariciones, las violaciones e in-cluso los asesinatos.

Estos hechos han afectado gravemente a los diversos pueblos indígenas en Méxi-co, llevando muchas veces a los despla-zamientos forzados y otras a la resisten-cia y la lucha frente a estos embates por despojarlos de sus territorios. Tal es el caso de Cherán.

Tejiendo esfuerzosEn este 2013, el Consejo Mayor de Che-rán ha manifestado para distintos dia-rios de la prensa en Michoacán, la ne-cesidad de dialogar con el gobierno en turno, pues en el rubro de justicia el re-sultado ha sido nulo: “nadie ha pagado por sus muertos”.

Habiéndose encendido el fuego del Año Nuevo Purépecha, se hizo un llamado a todos los pueblos indígenas a velar por su seguridad, a que implementen acciones de autodefensa, mismas que se pueden avalar mediante acuerdos in-ternacionales como el Convenio 169 de la OIT y la declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas del 2007.

En torno a la Controversia Constitucional evocada por la comunidad de Cherán, re-ferente a que no se les consultó acerca de la Ley Indígena que se pretende pactar y que decidiría su futuro como pueblos, se ha insistido sobre la necesidad de rever-tirla y luchar por sus derechos, mismos que de no ser así se estarían desconocien-do y vulnerando.

El pueblo de Cherán busca de esta mane-ra construir una mirada conjunta hacia el futuro en la que se sumen y tejan esfuer-zos con todos los pueblos purhépechas, siendo ésta la forma en que se puedan generar discusiones y decisiones acerca de sus acciones para la defensa de sus culturas.

*Estudiante de Sociología.

Integrante de la Ronda

Comunitaria en Cherán

Michoacán

Cuartoscuro.

En Cherán preocupados por

su seguridad, decidieron

autodefenderse en torno

a la creación de la Ronda

Comunitaria, la cual se

constituye por integrantes

de la misma comunidad

a través de un deseo de

voluntad.

14 TukariEspacio de comunicación intercultural

El respeto a nuestros derechos, será jus-ticia. Sólo el pueblo apoya y defiende al pueblo

Rafael Huerta*

Desde principios del año, vícti-mas de la ineficiencia judicial, se han instalado en el estado

de Guerrero, varias casas de justicia co-munitaria en las localidades ayutlenses de El Mesón, Azozuca y Atotoluca. Estas localidades se suman a las setenta y sie-te comunidades indígenas y campesinas que han decidido tomar la seguridad de la región, sin depender de los mandos policiales convencionales.

En la región de la costa chica del estado de Guerrero, el municipio de Ayutla es protagonista de una serie de aconteci-mientos por parte de grupos de po-licía comunitaria quienes han resguar-dado a los habitantes de la región por más de quince años y que ahora se han organizado para defender no sólo las comunidades, sino también la cabecera municipal. Estos grupos han detenido en esas últimas semanas, a 54 personas relacionadas con la delincuencia organi-zada en la región, acusados, entre otras cosas, de secuestrar al comisario de la localidad de Rancho Nuevo, en el muni-cipio de Tecoanapa. Mientras eso ocu-rre, las autoridades estatales y federales han dicho a estos grupos que no es-tán facultados para sancionar o enjuiciar a las personas arraigadas y exigen que entregue a los detenidos en una nego-ciación que se ha tornado conflictiva.

La Policía Comunitaria pide a los go-biernos estatales y municipales que los detenidos sean entregados a las auto-ridades correspondientes y que de esta

manera sean sometidos a juicio. A la fecha, son 11 los presuntos delincuen-tes que ya han sido entregados ante la Procuraduría General de la República. Por su parte, el gobernador del Estado Ángel Aguirre Rivero, confía en la pau-latina desaparición de la acción de la Policía Comunitaria en Ayutla y Tecoa-napa, tras la intervención de los niveles municipales y estatales de gobierno en la zona. Incluso pretende llevar refuer-zos del gobierno federal para mermar la autodefensa de los pueblos. Sin embargo, la paradoja de este conflic-to es simple: ¿se pretende reprimir la autodefensa de los pueblos indígenas y campesinos aun cuando ésta ha de-mostrado que la auto-organización es una eficaz arma para combatir desde dentro los problemas de inseguridad?

A lo largo y ancho del territorio nacio-nal , el conflicto entre las fuerzas del orden y la sociedad civil son laten-tes y casos como este de Ayutla, son la consecuencia del desencanto civil ante la ineficiencia de las autoridades para como en este caso , arraigar a los presuntos actores de la delincuen-cia organizada. Innumerables casos de

corrupción, abuso de poder, impunidad, negligencia entre otros factores, des-moronan la fe del pueblo en los ór-ganos municipales, estatales o federales encargados de la seguridad pública y los sistemas jurídicos. El desencanto ante estos organismos, da la pauta a tomar acciones inmediatas para la seguridad de las y los ciudadanos, varios de los cuales han decidido tomar las riendas de su propio bienestar en cuestiones de la seguridad de sus pueblos.

Estos modelos de apropiación de la seguridad popular ya tienen antece-dentes en países como Italia (proyecto ciudad segura) o Chile y Brasil, quienes ya han experimentado en sus pueblos la acción de una policía comunitaria que vele por la auto seguridad.

En México, los contextos de insegu-ridad, falta de acceso a la justicia, los conflictos políticos y agrarios, la milita-rización, el narcotráfico y los grupos ar-mados, son en las zonas marginales del sureño estado de Guerrero, unos de los tantos productos del mal manejo de los sistemas jurídicos en el estado y el país. El hartazgo popular de la ineficacia, es

La CRAC PC de Guerrero. Autodefensa de una región

Policía Comunitaria

constituída por mujeres y

hombres voluntarios de diez

comunidades indígenas y

campesinas de Guerrero .

Sergio Ferrer.

¿se pretende reprimir

la autodefensa de los

pueblos indígenas y

campesinos aun cuando

ésta ha demostrado que la

auto-organización es una

eficaz arma para combatir

desde dentro los problemas

de inseguridad?

15Tukari Espacio de comunicación intercultural

un motor para que en la zona de mon-taña de dicho estado 77 comunidades indígenas y campesinas conformadas por pueblos originarios tlapanecos, mix-tecos, mestizos y amuzgos hayan deci-dido conformar una comisión encarga-da de los asuntos de la seguridad de la región, sin tener que depender de los antiguos mandos policiales convencio-nales dados por el estado. Así pues, la respuesta a los deficientes sistemas de seguridad, fue la creación de grupos de autodefensa en zonas rurales, cam-pesinas e indígenas, y como ejemplo de esto está la CRAC PC (Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria).

La CRAC PC surgió como respuesta a la oleada criminalística y vandálica que se suscitaba en los años ochenta y noventa en el estado de Guerrero. Inicialmente fue una manera de com-batir la inseguridad (robos, violaciones y asesinatos) de la cual eran víctimas los habitantes de la región de montaña y costa chica. Sobre todo en la zona de las carreteras de Tlapa-Marquelia y San Luis Acatlán-Marquelia, zona donde por cierto, los cafetales, la producción de maíz así como de jamaica represen-ta la principal actividad para la gente de las comunidades.

Es en el año de 1995 en Santa Cruz del Rincón, municipio de Malinaltepec, tras varias asambleas con gente de las co-munidades, profesores, lideres ejidales e incluso miembros de la iglesia, deci-den conformar una policía comunitaria a partir de pobladores voluntarios y sin sueldo, que se encargarían de vigi-lar los caminos y detener a los malean-tes para ponerlos a disposición de las autoridades; sin embargo, el problema de ineficiencia por parte de las auto-ridades en cuestión de procuración e impartición de justicia, siguió siendo evidente por lo que en 1998 se decide ya no entregar a los supuestos respon-sables de delitos al Ministerio Público

sino conformar un organismo de apli-cación de justicia propio en base a la reeducación y desde las comunidades, el cual lleva por nombre “Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias”, la cual está integrada por varias or-ganizaciones que colaboran horizontal-mente. Entre dichas organizaciones, se encuentran el Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena, Negra y Popular (actualmente disuelto) y el Con-sejo de Autoridades Indígenas (CAIN) así como la SSS Café-Maíz y el Consejo Comunitario de Abasto-Diconsa.

La labor de aplicación de justicia de la CRAC PC, se basa en un reglamento interno. Muchas veces consiste en hacer que aquellos individuos que cometieron algún delito, hagan trabajo social en las comunidades como manera de senten-cia. Por lo regular este trabajo social se aplica durante 15 días en una comuni-dad, para luego trasladar al infractor a otra y seguir con su trabajo social a la comunidad, hasta cumplir su proceso de reeducación. Mientras eso ocurre, la gente de la comunidad se encarga de alimentarlos; la policía comunitaria, de vigilar el proceso y las autoridades comunitarias platican con ellos para hacerlos reflexionar sobre sus conduc-tas. Esto es, lo que ellos denominan como proceso de reeducación, donde el espíritu comunitario participa interna y activamente en la solución de sus pro-blemas, pues tal y como textualmente lo describen: “es una justicia pública y colectiva, donde son varios los ojos que evalúan a quienes cometen errores”. Sin embargo, no todo es trabajo social en las comunidades. Las sanciones aplicadas y establecidas en el reglamento interno, también incluyen sanciones a delitos gra-ves como homicidio, violación y tráfico de drogas, los cuales son evaluados en la asamblea y en el Consejo de Ancia-nos para aprovechar de ellos su sabi-duría y así evitar arbitrariedades al mo-mento de aplicar la justicia a los casos más difíciles. De esta manera la CRAC

y la Asamblea tienen como principio: “investigar antes que procesar, conciliar antes que dictar sentencia, reeducar an-tes que castigar, no hacer distinción de edad, sexo, color, religión y grupo social, impartir una justicia pronta y expedita”.

Así, desde los noventa hasta la actua-lidad, la policía comunitaria (que ahora cuenta con más de 700 integrantes, ha resguardado a los pueblos de la región que en suma son aproximadamente 300 mil habitantes. El éxito de esta nue-va forma de aplicar justicia ha sido evidente, pues se estima que desde en-tonces, la tasa delictiva ha disminuido en un 95%. Por su parte los juristas y la jurisdicción convencional, se ha mantenido al margen porque tampoco ha visto en estas prácticas de autode-fensa una arbitrariedad a la ley, aunque inicialmente surgió como una forma inmediata de responder al abandono, nunca se pensó en sustituir al Estado.

Existe una delgada línea entre hacer una legislación y procuración de la ley alternativa, y caer en la lógica de po-der estándar del Estado. Sería pruden-te hacer énfasis en la desarticulación del pensamiento del poder del Estado y relaciones de dominación, para una verdadera alterativa, como lo es la auto-nomía de los pueblos.

Aún con la demostrada eficacia de au-togestionar la seguridad pública, son varios los órganos de poder que han descalificado la labor de los grupos de autodefensa. Ayutla es el caso más re-ciente y aunque la existencia de cuerpos de seguridad en las sociedades sigue siendo el reflejo de fallos en éstas, los cambios son paulatinos y la autode-fensa es el primer paso para escapar de la lógica represiva del Estado. Esto es un paso para la autonomía de los pueblos, aunque los tres niveles de go-bierno les nieguen ese derecho.

*Estudiante de Sociología. Opi

nión

77 comunidades indígenas

y campesinas conformadas

por pueblos originarios

tlapanecos, mixtecos,

mestizos y amuzgos

decidieron conformar una

comisión encargada de los

asuntos de la seguridad

de la región, sin tener

que depender de los

antiguos mandos policiales

convencionales dados por

el Estado.

16 TukariEspacio de comunicación intercultural

His

tori

a de

vid

a

Gaudencio Mancilla Roblada es desde hace 12 años el represen-tante legal del Consejo de Ma-

yores, Autoridades Tradicionales Indíge-nas de Ayotitlán, Sierra de Manantlán, cafetero por tradición, de aspecto mon-tuno forjado por el trabajo de la sierra, es alegre, dicharachero y no duda en con-tinuar firmemente con el liderazgo que Don Zeferino Padilla Villa, líder históri-co del Consejo de Mayores Nahuas le encomendó:

“Aquí lo grave, la exigencia que siempre hemos tenido es la complementaria del territorio del ejido Ayotitlan y esa es la base principal, luego la depu-ración de ejidatarios que hicie-ron en ese camino, así se vino el juicio privativo; entonces los temas que yo me comprometí a arreglar fueron el juicio pri-vativo y la complementaria; el juicio privativo se me dio fácil, la completaría esta du-rísimo tenemos gentes inter-mediarias como la Secretaría de la Reforma Agraria, los partidos políticos y una empresa que se lla-ma Peña Colorada que no le conviene que Ayotitlán se ejecute porque puede tener ganancias de la comunidad”.

Desde la casa de Gaudencio se puede respirar el fresco aroma del despoblado al atardecer, mientras se observa a lo le-jos como van cayendo los rayos del sol sobre las comunidades de Los Sauces y Lagunillas; desde aquí se tiene una her-mosa vista de la Sierra de Manantlán que se encuentra enclavada en la región montañosa de la Sierra Madre Occiden-tal, un lugar excepcional con mucha ri-queza natural que ha sido por muchos años manzana de la discordia para em-presas que buscan explotar sus maderas y minerales.

“Así es, a las empresas les conviene que nosotros nos peleemos porque así ellos tienen jugosas ganancias, unos les tira-mos por un lado otros por el otro; es cuestión de que a todos nos queda claro que la Secretaria Agraria da largas al jui-cio de la complementaria de Ayotitlan”.

Desde que entraron las empresas, los partidos políticos y el gobierno, la vio-lencia no se ha dejado de escuchar:

“Yo creo que no podemos no escuchar, de no ver esto que se ha venido, antes mataron a los representantes comunes del Consejo, al Sr. Aristeo Flores en Ran-cho Viejo, al Sr. Nazario Aldama Villa en Guayabillas y ahora se roban al com-pañero Celedonio de la comunidad de Loma Colorada y este asunto es muy preocupante, ahora estamos sentados con las instituciones, con diputados, con

la asesoría de la Universidad de Guada-lajara, porque queremos que se esclarez-ca, porque no puede quedar una cosa así nomás al abandono. Queremos que el gobierno investigue, que nos respeten el derecho de participar en nuestra seguri-dad, que las autoridades nos digan por-que razón es la desaparición del compa-ñero Celedonio”.

Gaudencio hace una pausa y con la mano izquierda arrecia su

bigote que al igual que su ca-bello ya pintan canas, sím-bolo de las múltiples luchas que ha enfrentado como la pérdida de su hermano Agustín Mancilla: “Yo ten-go un hermano, también lo desparecieron, el trabajaba en Villa Purificación como comandante de policía tie-ne ya como 3 meses de des-aparecido.

Sobre si ha recibido algún tipo de amenaza, respon-

de: “Bueno mira, siempre el que encabeza tiene ese ries-

go de que algo le puede pasar, siempre hay amenazas, pero ni

modo que nomás por eso nos de-jemos, por eso queremos un proyec-

to de policía comunitaria, para que nos cuidemos entre nuestra propia gente, los que nos conocemos y que entre nosotros exista un orden y un respeto”.

A Gaudencio Mancilla Roblada no le in-timidan las amenazas que conlleva ser el máximo líder nahua de la tierra que lo vio nacer, sin más temor que el de la prudencia, Gaudencio no quita el dedo del renglón. “No pues este es el inicio, seguiremos exigiendo para que de una vez se esclarezca esto y por eso estamos proponiendo aquí en la comunidad la policía comunitaria”.

“Desde el Consejo de

Mayores estamos exigiendo

que de una vez se esclarezca

esto y por eso estamos

proponiendo aquí en la

comunidad la policía

comunitaria.”

Gaudencio Mancilla Roblada