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PODER JUDICIAL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

Dirección General de Presupuesto Nacional

Dirección: Edificio Noga, 100 metros este del Banco Nacional Paseo Colón, frente edificio Centro Colón. San José, Costa

Rica.Tel:(506)2539-6240 - www.hacienda.go.cr

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1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL

El Poder Judicial es el órgano encargado de administrar justicia en forma pronta, sin denegación

y en estricta conformidad con la Constitución Política, los instrumentos internacionales y demás

normas del ordenamiento jurídico, ofreciendo siempre excelencia en la calidad de atención a

todos los usuarios y usuarias. En su conformación, la Sala Constitucional, la Corte Suprema de

Justicia y demás tribunales conocen, resuelven y ejecutan las resoluciones que emitan sobre los

procesos judiciales que le son sometidos según la materia de su especialidad, como son la civil,

laboral, de familia, tránsito y penal, entre otras, con la participación activa del Ministerio Público

como requirente ante los tribunales penales de la aplicación de la ley y el trabajo del Organismo

de Investigación Judicial como auxiliar y asesor de las autoridades judiciales, así como de la

oficina encargada de la Protección de Víctimas y Testigos que participa en el proceso penal y la

oficina de Defensa Pública que garantiza la defensa de los derechos, libertades e intereses de

los demandados que no pueden costear el proceso penal y otros procesos judiciales asignados.

Si bien en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio

presupuestario 2013 no aparecen objetivos institucionales, interesa destacar algunos logros que

se han venido desarrollando en procura de brindar un mejor servicio a las personas usuarias.

Entre estos, se destaca el Sistema de Registro de Agresores desarrollado paraaportar

información a las funcionarias y funcionarios judiciales que aplican la Ley contra la violencia

doméstica, con el fin de que puedan actuar con mayor celeridad. Este sistema es un mecanismo

para verificar información de las personas agresoras; de forma que las juezas y jueces que

tramitan esta materia puedan consultar si a una determinada persona se le ha impuesto alguna

medida de protección y así tomarlo en cuenta para valorar el riesgo de la víctima.

Se firmaron 4 convenios y una carta de entendimiento con el Ministerio de Justicia y Paz, en

procura de agilizar el trámite de varios servicios judiciales, así como fomentar la cooperación

interinstitucional en temas relacionados con el Programa de Justicia Restaurativa. La agilización

y el acceso a información de otras instituciones del Estado han sido una constante preocupación

y un requerimiento para lograr mayor celeridad en los procesos y lograr una justicia oportuna.



2

Por acuerdo entre la Corte Suprema de Justicia y la Secretaría General de la Organización de

los Estados Unidos Americanos se implementó el Servicio Nacional de Facilitadores y

Facilitadoras Judiciales “Luis Paulino Mora Mora”, el cual está orientado a promover la

participación ciudadana, una cultura de paz y de justicia restaurativa, dado que personas líderes

de la comunidad, actúan como facilitadoras o facilitadores judiciales para colaborar con las

personas usuarias en el acceso a los órganos del sistema de justicia, prevenir conflictos e

impulsar la cultura cívica jurídica. La designación de estas personas la realizan los mismos

pobladores de las comunidades, escogiendo aquellas que tengan mayor respeto y capacidad de

liderazgo, entre otros. Al resolverse conflictos en las comunidades, se evitan que ingresen a la

“corriente judicial”, lo cual indirectamente permite la atención de los asuntos que se encuentran

en trámite judicial y una mayor rapidez en su resolución ante la expectativa de que ingresará un

número menor de causas. Al finalizar el año, el Servicio Nacional de Facilitadoras y Facilitadores

Judiciales se desarrolló en el II Circuito Judicial de Limón y II Circuito Judicial de Alajuela.

También, se han logrado avances importantes producto del rediseño de procesos y la

incorporación de la oralidad que exitosamente se han puesto en práctica en el II Circuito Judicial

de Alajuela (San Carlos), se han implementado en muchos juzgados de diferentes materiasla

modalidad de Tribunales electrónicos y fuera de la Meseta Central se instauró el Modelo en la

Atención de Pensiones Alimentarias en el I Circuito Judicial de la Zona Atlántica.

Dos proyectos destacados que continuaron son: la “Plataforma Integral de Servicios de Atención

a la Víctima”, implementada en Pavas con el fin de que los usuarios reciban diferentes servicios

en un mismo lugar sin que tengan que desplazarse a otras sedes judiciales, y el proyecto de

Justicia Restaurativa, herramienta alternativa a los procesos judiciales tradicionalesque se está

desarrollando en el Distrito de Pavas, con el cual se pretende garantizar el acceso a la justicia y

a la efectiva solución de conflictos, a través de la participación de la comunidad y las personas

involucradas, en procura de encontrar la mejor manera de reparar los daños ocasionados y

permitir al imputado reconocer y asumir la responsabilidad sobre sus actos, con lo que a su

vezse promueve su reinserción social articulada con la comunidad, para el cumplimiento de

planes reparadores que involucran servicio comunitario o tratamientos.



3

También, se establecieron los equipos de Respuesta Rápida para Víctimas de Violación Sexual,

cuyo proyecto es una alianza entre el Poder Judicial y la Caja Costarricense del Seguro Social

(CCSS), con el objetivo de dar atención interdisciplinaria, integral y oportuna a las víctimas en

las primeras 72 horas de ocurrido el delito y de esta manera, evitar la revictimización, disminuir

la probabilidad de infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Enfermedades de

Transmisión Sexual (ITS), así como obtener las evidencias legales necesarias para garantizar

sus derechos. Otra de las ventajas que brinda este proyecto es que se evita el traslado de la

víctima a San Joaquín de Flores y se mejora la recolección de la prueba, respetando la cadena

de custodia para el proceso penal y disminuyendo por consiguiente la impunidad.

Otros proyectos en los que se incorporó la tecnología para mejorar el acceso a la información y a

la justicia, así como mejorar los servicios que brinda la institución, se refieren a la feria de la

persona usuaria en Grecia, la incorporación de mejoras y nuevas funcionalidades al Sistema

Gestión en Línea que da acceso al expediente electrónico en tiempo real, la interconexión de

despachos de las periferias a la red institucional, campañas sobre garantías y derechos de las

víctimas y acceso de la justicia para personas refugiadas y migrantes, ampliación de servicios

médico-forenses en San Carlos mediante convenios con la CCSS, servicio electrónico del

Registro Judicial para emitir certificaciones de antecedentes penales, Proyecto Nacional de

Fiscalías Electrónicas (PRONAFE), aplicación móvil (app store y google play) del Poder Judicial

en teléfonos y tabletas, desarrollo del sistema de sentenciados en fuga para consultar a través

de internet las personas que tienen penas pendientes y están en fuga, implantación en otros

despachos del Registro Electrónico de Mandamientos (SREM), el cual permite el registro

electrónico de los gravámenes emitidos por los jueces en el Registro Nacional de la Propiedad

en forma automática y la continuación de medidas ambientales en la gestión judicial.

Por último, vale mencionar que en el “Índice de Accesibilidad a la información Judicial en

Internet”, que evalúa la existencia de información básica y relevante en las páginas web de todos

los Poderes Judiciales y Ministerios Públicos de los países que conforman la Organización de

Estados Americanos, la institución obtuvo el segundo lugar con una calificación de los aspectos

evaluados de un 83,85%.



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Indicadores de resultado

No se consideró este tipo de indicadores por cuanto los objetivos estratégicos a los que estaban

asociados no cumplían con las características y requisitos de la metodología de programación

utilizada por Presupuesto Nacional.

2. GESTIÓN FINANCIERA

El siguiente cuadro muestra los datos de los recursos asignados y ejecutados en 2012 y 2013,

coningresoscorrientes y de financiamiento,en términos reales (colones constantes base 2012).

Partida AUTORIZADO AUTORIZADO

(Ley No. 9019 y

Modif.)

(Ley No. 9103 y

Modif.)

0-Remuneraciones 242,761,659,518 241,862,232,357 99.6 263,545,762,075 262,788,641,105 99.7

1-Servicios 17,127,356,293 15,195,610,166 88.7 18,750,885,500 16,315,807,825 87.0

2-Materiales y Suministros 6,112,384,109 4,761,591,968 77.9 5,658,595,398 4,468,905,425 79.0

3-Intereses y Comisiones - - - - - -

4-Activos Financieros - - - - - -

5-Bienes Duraderos 20,652,567,962 6,096,406,138 29.5 11,633,417,685 6,396,247,022 55.0

6-Transferencias Corrientes 2,781,424,861 2,767,674,047 99.5 5,882,252,051 5,849,008,588 99.4

7-Transferencias de Capital - - - - - -

8-Amortización - - - - - -

9-Cuentas Especiales 204,631,000 176,127,526 86.1 136,312,789 127,609,955 93.6

SUB TOTAL 289,640,023,744 270,859,642,202 93.5 305,607,225,498 295,946,219,919 96.8

Transferencias no vinculadas 1/ 1,736,367,319 1,735,486,648 99.9 2,057,803,684 2,056,641,205 99.9

TOTAL GENERAL 291,376,391,063 272,595,128,850 93.6 307,665,029,182 298,002,861,124 96.9

Fuente: Módulo de Poderes.

Notas:

EJECUTADO ²/

2/ Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por parte del órgano respectivo, independientemente

de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

EJECUTADO ²/

1/ Incluye transferencias corrientes y de capital no vinculadas a la gestión, que son ejecutados por los entes a los cuales se les asignaron los recursos.

%

EJECUCIÓN

%

EJECUCIÓN

2012 2013

Cuadro Nº 1

Poder Judicial

Comparativo del Monto Autorizado y Ejecutado por Partida Presupuestaria

2012-2013 (en colones constantes base 2012)



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Respecto a las razones que incidieron en los porcentajes de ejecución financiera en años

anteriores, la aplicación de los compromisos no devengados del año anterior en el presupuesto

de cada año constituye, según manifiesta la institución, el mayor problema que se ha presentado

en la ejecución del presupuesto de los años 2010 a 2013, por cuanto cambia su programación

original y obliga a efectuar sacrificios en subpartidas prioritarias para el accionar institucional por

una cuantía considerable, dado el volumen de recursos que se administran y la amplia estructura

administrativa del Poder Judicial, lo que hace más complejo el arrastre de los compromisos no

devengados. Lo anterior, pese a los esfuerzos por minimizar este rubro que se origina en atrasos

en las entregas y cobros, en las compras de bienes y servicios, así como en procesos de

contratación, dadas las características de las compras y su cuantíao el avance en su ejecución.

Entre las acciones emprendidas desde años anteriores para que los compromisos no

devengados afecten lo mínimo el presupuesto, están:

El esfuerzo que realiza un grupo interdisciplinario de Seguimiento de Ejecución del Presupuesto,

compuesto por la Dirección Ejecutiva, los departamentos Financiero Contable y Proveeduría, en

coordinación con los encargados de los centros de responsabilidad y oficinas de apoyo como el

Departamento de Servicios Generales y la Dirección de Tecnología de la Información, con el

propósito de acelerar los procesos de compra y pago y de esta forma incrementar la ejecución

presupuestaria. Agregan que sin embargo, los procesos de contratación administrativa en

general, conllevan muchos trámites que alargan los plazos de entrega e impiden el logro de este

propósito.

Asimismo, se realizan acciones de coordinación con el propósito de que los proveedores

presenten a cobro con mayor rapidez los bienes y servicios prestados, principalmente al cierre

del período para minimizar los compromisos no devengados, sin embargo en muchas ocasiones

no se presentan con la debida oportunidad.

En cuanto a las contrataciones para atender el abastecimiento de materiales y suministros, por

medio de la implantación de licitaciones por entrega según demanda y con la definición de

empresas precalificadas, se ha ahorrado tiempo en procedimientos licitatorios y se ha logrado



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mejorar la ejecución presupuestaria en montos significativos, ya que ha conllevado a que no se

repitan nuevos procedimientos en otros períodos presupuestarios.

Desde la perspectiva del Departamento de Proveeduría, los problemas detectados a nivel de los

procesos de contratación, se pueden resumir en los siguientes cuatro:

-Definición clara y precisa de especificaciones técnicas del objeto contractual al momento de la

invitación a los potenciales proveedores, que eventualmente en caso de no cumplir con todos los

requisitos, provoca que los procesos de contratación sean recursados, comprometiendo el

tiempo de ejecución de los mismos, por lo que consideran queel tiempo dedicado a la confección

de las especificaciones no debe prolongarse, pues resta espacio importante a las etapas

subsiguientes del proceso.

-Trámites de índole presupuestarios que se deben realizar para el inicio de los procedimientos de

contratación, ya queen caso de no contar con la totalidad de los recursos, los Administradores de

Programas deben llevar a cabo autorizaciones para cambios de líneas, caducos o

modificaciones, sean estas internas o externas, lo cual puede afectar el tiempo de compra al

igual que la atención de los compromisos no devengados del año anterior, que obligan a buscar

recursos adicionales para lograr el contenido de forma oportuna; todo lo cual, conlleva a que los

procesos se retrasen por la tramitología que implica.

-Requerimientos de gestión de compras presentados al Departamento de Proveeduría durante el

segundo semestre, que para el caso de las licitaciones, podría implicar que tanto la adjudicación

como el plazo de entrega sean actos que se materialicen en el ejercicio presupuestario siguiente.

-Productos importados sujetos a plazos de entrega y trámites de nacionalización, ya que son

compras de bienes o suministros, cuyos plazos de entrega superan en ocasiones los 45 días

hábiles y requieren además de trámites de nacionalización, lo cual según el momento en el que

se lleve a cabo, incide en la ejecución del presupuesto.

Además de lo señalado, están los casos de procedimientos que son declarados desiertos o

infructuosos, lo que en el caso de licitaciones,implica reiniciar los mismos desde su primera

etapa, haciendo más probableque queden recursos sin ejecutar, lo cual no sucede con las



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contrataciones directas, cuyo plazo para adjudicación permite hacer todo el proceso y lograr la

entrega de los bienes y servicios oportunamente.

Otro aspecto que afecta la ejecución presupuestaria, es el trámite de modificaciones

presupuestarias ante Hacienda a final de año, las cualesdejan un margen muy corto de tiempo

para la realización de los procedimientos de contratación y la ejecución de los recursos.En este

sentido, se procura no incluir compras que no puedan ser ejecutadas en el período, instando a

las oficinas a que los requerimientos de recursos para dichas adquisiciones se contemplenen las

primeras modificaciones del año.

Una manera de subsanar estas dificultades fue enviar a inicio de año una circular recordando a

los Administradores de Programas la documentación necesaria para el inicio de los

procedimientos, así como los plazos para la recepción de las requisiciones de bienes y servicios

según su cuantía, para lograr un plazo adecuado de ejecución del procedimiento que garantice la

recepción del bien o servicio y su cancelación dentro del período presupuestario en ejercicio.

Otra medida para subsanar estos inconvenientes es el contacto permanente con los

administradores de cada programa, con el propósito de mantener comunicación para el análisis

de dudas en materia de contratación administrativa o bien sobre la importancia de atender los

plazos máximos para la remisión de solicitudes de compra, además de los aspectos a considerar

al momento de definir las especificaciones técnicas a incluir en los carteles o pliegos de

condiciones, de manera que se minimice la posibilidad de objeción que retrasa el procedimiento.

La institución en los últimos años ha venido realizando un esfuerzo importante para tratar de

minimizar el impacto de todos estos aspectos, para lo cual el grupo interdisciplinario de

Seguimiento de Ejecución del Presupuestose mantiene durante todo el ejercicio presupuestario

en constante coordinación con los diferentes centros gestores para evitar atrasos en la ejecución

y analizar el financiamiento de proyectos prioritarios y el uso de los sobrantes de diferentes

subpartidas para solventar necesidades urgentes de la institución.Adicionalmente,la Proveeduría

dentro de sus políticas ha estado promoviendo en los últimos dos años que los diferentes centros

gestores utilicen nuevas modalidades de contratación, que permitan que los recursos se ejecuten

de forma más eficiente, entre ellos el uso de los contratos según demanda.



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Durante el año 2013 la institución continuó con el proyecto de modernización del área

administrativa, incluyendo la puesta en marcha del Sistema Integrado de Gestión Administrativa

(sistema automatizado). Al cierre del año, se habían desarrollado importantes avances en las

pruebas de los módulos del sistema, mediante su puesta en marcha en paralelo con los

Sistemas de Ejecución en diferentes programas, lo cual ha permitido evaluar la idoneidad del

avance del proyecto. Las pruebas han sido satisfactorias en Módulos como: Modificaciones

Internas, Externas, Cambios de Línea, Módulo de Salarios, Solicitudes de Pedidos, Pedidos y

Reservas, entre otras, tomando en cuenta la complejidad, el volumen de transacciones, cuantía

financiera y la complejidad administrativa del Poder Judicial en cuanto a su estructura

organizativa, por la variedad de labores que involucran la administración de la justicia. Lo anterior

con el fin de que a la mayor brevedad se disponga de esa herramienta informática cuyo principal

objetivo es agilizar los trámites administrativos, presupuestarios y financieros en concordancia

con los controles internos que satisfagan la salvaguarda de los bienes del Estado y de esta

forma lograr una mayor efectividad en el uso de los recursos asignados a nivel global.

A pesar de las medidas correctivas aplicadas con el fin de mejorar la ejecución, se presentan

razones similares en cada año presupuestario, ya que según manifiesta la institución son

aspectos difíciles de controlar; sin embargo, consideran que las acciones que se han estado

aplicando han ido dando frutos, por lo que para el 2013 se evidenció un mejor desempeño en la

ejecución del presupuesto, alcanzando un 96,9% y se espera ir mejorando año con

año,mediante las medidas y acciones que se toman constantemente para optimizar los controles

y compras oportunas,como por ejemplo las consideradas en Tecnología de Informaciónpara el

presupuesto del 2014, cuyas especificaciones técnicas se vienen trabajando desde el 2013, para

avanzar en su detalle y lograr iniciar los trámites a principio de año.

En adición a lo anterior, un análisis de la ejecución por partida revela lo siguiente:

Remuneraciones. Respecto a esta partida, fue necesario incorporar recursos mediante el II

Presupuesto Extraordinario de la República, Ley No. 9194 por un monto de ¢2.541,4 millones,

con el fin de dotar de contenido económico diferentes rubros de salarios, por lo que resulta

comprensible que su ejecución fuera muy cercana al 100%.



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Servicios. Se vio afectada por la presentación tardía de las facturas por parte de las empresas

proveedoras; sin embargo dado el seguimiento y control por atender de forma expedita las

necesidades contractuales y variables, se ha logrado a lo interno de la Administración crear

conciencia en los centros de responsabilidad, programas y oficinas administrativas para que

coordinen con los proveedores el cobro respectivo de forma oportuna, al igual que la concreción

de los procesos de compra que se encuentran comprometidos.

Materiales y Suministros y Bienes duraderos. Durante 2013,compras de repuestos, materiales de

resguardo y seguridad, entre otros yalgunas compras importantes de bienes como vehículos,

equipo de cómputo, edificios, remodelación de edificios y licencias de cómputo, por su cuantía o

complejidad, quedarán comprometidos. En la mayoría de los procedimientos se presentaron

recursos de objeción al cartel, que en algunos casos implicaron modificaciones a las

especificaciones técnicas y su posterior prórroga para la recepción de ofertas. Asimismo, se

plantearon ante la Contraloría General de la República, recursos de apelación contra los actos

de adjudicación, con el consecuente retraso para lograr la firma de dicho acto y por consiguiente

la contabilización del plazo de entrega, aspectos que también incidieron para que los

procedimientos llevaran más tiempo del esperado y que no todos los bienes pudieran ser

recibidos a satisfacción y cancelados dentro del ejercicio presupuestario, estos aspectos

afectaron la ejecución de las partidas de Materiales y suministros así como deBienes duraderos.

A pesar de ello, es importante rescatar la realización de proyectos importantes para el Poder

Judicial como la construcción del Edificio de Toma de Muestra en la Ciudad Judicial en San

Joaquín de Flores, el reforzamiento del Edificio Anexo C (antiguo Edificio Alpino), las

remodelaciones delos edificios de los Tribunales de Heredia, San Carlos, Liberia y de las celdas

de los Tribunales de Puntarenas, la remodelación eléctrica del Archivo Judicial, la construcción

de salas de juicio de los Tribunales de Cartago, el pago de reajuste de precios de planos

constructivos y presupuesto de los Tribunales de Jicaral, así como otros proyectos menores en

diferentes zonas del país.

Transferencias corrientes. Al igual que en años anteriores, esta partida presenta una alta

ejecución, dado que en este grupo se incluye lo relacionado con el pago de prestaciones



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legalesque es un rubro significativo para el pago de extremos laborales de los funcionarios

judiciales, así como de indemnizacionespara atender el pago de resoluciones administrativas y

judiciales. Es importante mencionar, que el Ministerio de Hacienda tramitó la incorporación de

recursos mediante Presupuesto Extraordinario Ley No. 9166, por la suma de ¢2.020.702.256,07

para atender el pago de la deuda con la CCSS porla contribución estatal al seguro de salud.

Cuentas Especiales. Comprende el rubro destinado al pago de Gastos Confidencialesque se

ejecutó con el propósito de atender los requerimientos necesarios en las labores propias de

investigación y protección.

Transferencias no vinculadas a la gestión.Bajo esta denominación se incluyeron las

transferencias a organismos internacionales relacionados con la Administración de Justicia, para

el pago de membresías o cuotas anuales de afiliación, que se ejecutaron prácticamente en su

totalidad.

AUTORIZADO

(Ley No. 9103 y

Modif.)

Segunda Etapa del Programa de

Modernización de la

Administración de Justicia 7,976,416,000 563,658,381 - 563,658,381

TOTAL GENERAL 563,658,381 - 563,658,381

Cuadro Nº 1.1

F uente: Sistema Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) y Programación de desembolsos suministrada por la

Dirección de Crédito Público.

N o tas:

NOMBRE DEL PROYECTOPROGRAMACIÓN

PARA 2013 1/ EJECUTADO 2/MONTO INICIAL DEL

PROYECTO

Monto Inicial, Autorizado, Programado y Ejecutado por Proyecto

1/ Programación para 2013, corresponde a los desembolsos programados por la Dirección de Crédito Público.

2 / Ejecutado: corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por

parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.

Recursos Externos

al 31 de diciembre de 2013

Poder Judicial



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Los datos del cuadro anterior corresponden a recursos externos provenientes del Contrato de

Préstamo firmado entre la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica y el Banco

Interamericano de Desarrollo que fueron incluidos en la Ley de Presupuesto para el ejercicio

económico 2003, destinados a la Modernización de la Administración de Justicia.

Es necesario aclarar que este contratofinalizó en el año 2012, cuando se realizó el último

desembolso al programa, sin embargo, el monto que todavía se refleja tanto en el Sistema

Integrado de Gestión de la Administración Financiera (SIGAF) como en el Módulo de Poderes

Presupuestario, se debe a que los saldos se revalidan cada año en forma automática conforme

lo dicta la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos y

corresponden a un diferencial cambiario que se solicitó cuando el dólar estuvo a un precio más

alto del vigente, por lo que son saldos estrictamente presupuestarios y no de recursos en

existencia.

Dado lo anterior, se procedió a desincorporar los recursos que reflejaba el SIGAF mediante Ley

No. 9194, Modificación a la Ley No. 9103, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la

República para el Ejercicio Económico 2013 y Segundo Presupuesto Extraordinario de la

República para el Ejercicio Económico 2013,y mediante oficio DGPN-0896-2013 fue comunicada

a la Unidad Ejecutora del crédito, la desincorporación de los saldos que mostraba el Módulo de

Poderes Presupuestario, razón por la que en el cuadro anterior se muestra únicamente la

totalidad de los recursos ejecutados.

Los recursos del proyecto se agrupaban bajo el programa 943 de la estructura presupuestaria

del Poder Judicial, que llevaba el nombre del proyecto y se complementaban con los dispuestos

en el programa 942 que correspondíanal aporte local del mismo. Según la información remitida

por el programa, se ejecutó un monto significativo en el rubro de Edificios como parte de los

proyectos que se complementan con el programa 943 y que corresponde a proyectos de

reforzamiento de la infraestructura del Poder Judicial. Además se ejecutaron recursos en

Servicios en Ciencias Económicas y Sociales para atender el pago del Informe del Estado de la

Justicia, así como recursospara atender proyectos de desarrollo de sistemas informáticos, en

este caso la migración de los submódulos de reseña y lofoscopía, que incluye nuevas

funcionalidades.



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Mediante la ejecución de estos dos programas, a lo largo del Proyecto denominado Corte-BID,

se benefició a la colectividad de diferentes maneras, mediantela dotación de equipos y

herramientas informáticas se procuró un servicio más expedito y confiable, inversión que cubrió

al Poder Judicial, Ministerio de Justicia y Paz, Ministerio de Gobernación y Seguridad Pública,

Procuraduría General de la República, creando u otorgando mejoras al Sistema Costarricense de

Información Jurídica, al Sistema de Información de Administración Penitenciaria y al Sistema de

Seguimiento del Caso que une los esfuerzos del Ministerio Público y de la Defensa Pública,

articulándolo con el Sistema de Gestión de Despachos Judiciales, en procura de una justicia

pronta y cumplida, según lo ordena la Carta Magna de nuestro país, además se capacitó

personal, se crearon o mejoraron sistemas y medios de comunicación, se crearon casas de

justicia y la Secretaría Técnica de Género, se realizaron estudios en pro de un mejor servicio al

público en general como lo fue el ejecutado en el Colegio de Abogados, también se invirtió en

oralidad, en la no revictimización y se diseñaron campañas públicassobre temas de la Dirección

Nacional de la Prevención del Delito, entre otras actividades.

3. RESULTADOS DE LA GESTIÓN

En apego a la metodología de programación y evaluación presupuestaria, orientada a resultados,

que ha venido implementando la Dirección General de Presupuesto Nacional; los indicadores se

clasifican en operativos si están formulados para medir aspectos rutinarios o cotidianos del

quehacer del programa y se quedan en el ámbito de insumos/procesos; y en estratégicos

(gestión/resultados)si están formulados para medir los aspectos relevantes de la institución,

programa o subprograma y en algunos casos generan efectos directos sobre la población a

quien se brinde el bien o servicio; por lo que el presente análisis se enfoca en los avances o

logros de los indicadores estratégicos.

Los datos que aparecen en los cuadros siguientes son los establecidos en las Leyes de

Presupuesto y sus modificaciones.

Para los años 2012 y 2013 la entidad contó con los siguientes indicadores:



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Operativos Estratégicos Total Operativos Estratégicos Total

Servicio Jurisdiccional - 3 3 1 2 3

Servicio Invest. Judicial 2 1 3 - - -

Serv. Ejerc. Acc. Penal Púb. 3 1 4 - - -

Servicio Defensa Pública 4 - 4 1 2 3

Servicio Justicia Tránsito - 1 1 - 1 1

Prog. Modernización (I etapa) 2 - 2 - - -

Serv. At. y Protec. Víct y Test. 1 1 2 - 1 1

TOTAL 12 7 19 2 6 8

F uente: Clasificación realizada por la DGPN.

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

N o ta:

Centro de Gestión 1/

Cuadro Nº 2

Poder Judicial

Cantidad de indicadores Operativos y Estratégicos

2012-2013

2012 2013

por Centro de Gestión

Como puede observarse en el cuadro anterior, la cantidad total de indicadores se redujo en un

58,0% del año 2013respecto al 2012, correspondiendola mayor reducción a los indicadores

operativos. En este sentido es importante mencionar que en el caso de los programas Servicio

de Investigación Judicial (OIJ) y Servicio del Ejercicio de la Acción Penal Pública (Ministerio

Público), no tienen programación incluida en la Ley de Presupuesto 2013 y subsiguientes, ya que

si bien es cierto las funciones que realizan son de suma relevancia para la institución,los

usuarios de sus servicios y la seguridad de la población del país, de acuerdo a la técnica de

presupuesto por programas, sus productos sirven de insumopara dictar resolución a los casos

judiciales que se presentan ante los tribunales y juzgados, por lo que su proceso

productivoresulta intermedio en el proceso de producción institucional y no tiene un carácter

terminal que por sí mismo y sin transformación posterior pueda ser entregable a los usuarios

externos.



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Por su parte, el programa de Modernización de la Justicia (I etapa), concluyó sus actividadesen

el año 2012, por lo que tampoco cuenta con indicadores para este periodo presupuestario.

Adicionalmente, la institución ha venido realizando un esfuerzo junto con la Dirección de

Presupuesto Nacional, por mejorar cada vez más la programación y principalmente la correcta

definición de los indicadores estratégicos. En concordancia con lo anterior, el 75,0% del total de

los indicadores de la institución para 2013 fueron considerados estratégicos.

Para el año 2013, se obtuvo por Centro de Gestión, los siguientes porcentajes de cumplimiento

de los indicadores estratégicos:

Clasificación de

indicadores Cumplido

(100%)

Muy Bueno

(99%-81%)

Bueno

(80%-71%)

Insuficiente

(70%-1%)

Producto - 2 - -

- - - -

Producto 1 1

Objetivo - - - -

Producto - - - 1

Objetivo - - - -

Producto 1

Objetivo - - - -

TOTAL 2 3 0 1

Fuente: Datos suministrados por la institución y clasif icación realizada por la DGPN.

1/ Se consideran centros de gestión los programas presupuestarios.

Cuadro Nº 3

Poder Judicial

Centro de Gestión 1/

Notas:

Parcialmente cumplido

Servicio Jurisdiccional

Defensa Pública

Serv. Justicia de Tránsito

Serv. Atención y Protección de

Víctimas y Testigos

Cantidad de indicadores estratégicos asociados a producto / objetivo

según porcentaje de cumplimiento

al 31 de diciembre de 2013

Objetivo

El indicador del programa Justicia de Tránsito que se refiere al porcentaje de casos judiciales

terminados en esos juzgados en relación con los casos entrados, activos y reentrados, logró un

cumplimiento del 64,0% de la meta programada. Al respecto, según la información remitida, este

resultado se debió a que en la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad, N°



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9078, se estableció que la notificación a los Propietarios Registrales se debe realizar mediante

edicto, situación que afectó directamente en los plazos de resolución, por cuanto producto de

una política institucional establecida en marzo del 2013, con el fin de disminuir los altos costos

que generaba la publicación de edictos, se estableció que las mismas se llevarían a cabo de

forma trimestral, lo que provocó un atraso generalizado en la materia de Tránsito, por lo que los

Juzgados Especializados de Tránsito tenían pendientes de publicación por parte de la Imprenta

Nacional un total de 8.193 edictos, correspondientes a los meses de julio a diciembre del 2013.

Como introducción al análisis de los resultados alcanzados por el programa Servicio

Jurisdiccional, debe acotarse que por cuanto su accionar representa el fin último de la misión del

ente judicial, al que está dirigido el 34,3% del presupuesto institucional, fue integrado al Plan de

Mejoramiento de la Programación y Evaluación de la Gestión Presupuestaria orientada a

Resultados; aplicado a programas que representan una prioridad de Gobierno y cuyo monto

asignado resulta significativo para la institución contemplada en el plan piloto, entre las cuales se

encuentra el Poder Judicial. Este plan tiene el propósito de fortalecer los procesos de

planificación y presupuestación, para contribuir a la asignación eficiente y eficaz del gasto

público y a la transparencia en el uso de los recursos públicos.

Este programa cuenta con 3 indicadores, uno operativo, que no es sujeto a esta evaluación y

dos estratégicos asociados a producto, cuyo cumplimiento resultó muy bueno y sobre los cuales

se informa lo siguiente:

Como encargado de administrar la justicia en forma pronta e igualitaria para todas las personas y

en apego a la Constitución Política y al ordenamiento jurídico, lo cual va en concordancia con la

razón de ser del Poder Judicial, sus retos van orientados a disminuir la mora judicial, por lo que

se vienen introduciendo una serie de medidas tendientes a la modernización de la gestión de los

despachos judiciales, agilizando trámites, aplicando nuevas tecnologías y cambiando los

procesos de trabajo, entre otras acciones adoptadas con ese propósito.



16

Cumplido

(100%)

Muy Bueno

(99%-81%)

Bueno

(80%-71%)

Insuficiente

(70%-1%)

No

cumplido

(0%)

Recursos

Programados

en millones 1/

Recursos

ejecutados

en millones 1/ 2/

Tasa de resolución X - - - - -

Tasa de pendencia X - - - - -

Total de recursos 108,805.5 107,952.3

Porcentaje de ejecución

Fuente: Datos suministrados por la institución y clasif icación realizada por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Cuadro Nº 4

Poder Judicial

Indicadores estratégicos asociados a productos según porcentaje de cumplimiento y recursos financieros

Al 31 de diciembre de 2013

Descripción del

Producto

Descripción del

Indicador

Parcialmente cumplido

1/ Estimación realizada por la institución para el cumplimiento del indicador, basada en los recursos asignados en el Presupuesto Nacional,

excluyendo las transferencias no vinculas a la gestión. Datos en millones de colones.

2 / El ejecutado corresponde al devengado que es el reconocimiento del gasto por la recepción de bienes y servicios a conformidad, por

parte del órgano respectivo, independientemente de cuándo se efectúe el pago de la obligación.


99.2%

Casos judiciales

terminados

Notas:

En cuanto a la estimación de recursos y su ejecución, el Poder Judicial señaló que no fue posible

individualizar el porcentaje de presupuesto correspondiente a cada indicador, porque los

insumos para lograrla consecución de la meta de uno y otro es la misma; así las cosas, estos

datos se presentancomo una sola suma para todos los indicadores.

La institución no cuenta en el programa Servicio Jurisdiccional con indicadores estratégicos

asociados a objetivos,por lo cual no se presenta esta información.



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Efectividad del Programa Según los criterios emitidos por la Dirección de Presupuesto Nacional, los indicadores

estratégicos del programa Servicio Jurisdiccional lograron porcentajes considerados “muy

buenos”, y aunque no es posible individualizarel porcentaje de presupuesto correspondiente a

cada indicador, se consideró el dato global de ejecución aportado por la institución el cual es de

un 99,2%, por lo que el programa se clasifica como “efectivo”.

Cumplimiento de

indicadoresEfectivo

Parcialmente

Efectivo

Poco

Efectivo


Indicadores de Producto x - -

Indicadores de Objetivo - - -

Cuadro Nº 6

Efectividad

Fuente: Elaborado por la Dirección General de Presupuesto Nacional.

Clasificación de la efectividad en el cumplimiento de indicadores

asociados al producto y/o objetivos estratégicos


Poder Judicial

Para comprensión de los resultados de los indicadores estratégicos asociados al producto del

programa “Servicio Jurisdiccional”, se debe tomar en cuenta que el análisis de éstos es

complementario, por cuanto la base estadística que permite su cálculo es la misma y la unidad

básica de medida son los expedientes o casos que requieren una resolución judicial.

La Tasa de Resolución y la Tasa de Pendencia, son indicadores que se encuentran relacionados

y no se pueden analizar en forma individual, ya que son mediciones complementarias respecto

del servicio que se presta, de manera que, por medio de la primera se identifica dentro de los

expedientes pendientes, aquellos que se han resuelto, mientras que con la segunda se

determina la cantidad de expedientes que se mantienen pendientes de ser terminados (aunque



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se haya iniciado su tramitación), situación por la cual, si una variable aumenta necesariamente la

otra presenta una disminución. Al respecto se tiene que:

-Porcentaje anual de la tasa de resolución(expedientes en trámite que llegado el fin de año

fueron resueltos). Alcanzó un 33,0% cercano al 35,5% programado, que lo sitúa en un nivel de

cumplimiento del 93,0%.

-Porcentaje anual de la tasa de pendencia(expedientes en trámite que llegado el final de año no

tienen una resolución, quedaron pendientes). Mostró un resultado del 55,7% respecto del 50,5%

programado como meta, por lo que obtuvo un nivel de cumplimiento del 90,7% (este es un

indicador con meta decreciente, mientras más disminuya la meta el resultado es positivo).

Con base en los datos estadísticos aportados por la institución, la disminución del 9,4% (49.017

expedientes menos que no se lograron tramitar para este ejercicio económico) tiene un efecto

negativo sobre los niveles alcanzados para las tasas de resolución y de pendencia.

No obstante estos resultados, la institución añade como aspecto favorable, que en cada asunto

(expediente) que tramita el Poder Judicial, al menos se involucra a dos personas o partes; por lo

cual al terminar 473.420 expedientes durante el año 2013, se colige que el Poder Judicial

resolvió sobre el conflicto que se presentaba entre aproximadamente 950.000 personas, lo que

en primer orden refleja una gran confianza del pueblo hacia el órgano judicial, al encomendarle la

resolución de sus conflictos que tiene un alto impacto social, toda vez que de resolverse tal

volumen de conflictos mediante otros medios como la fuerza bruta o la venganza, el resultado

sería una violencia en escalada, con nefastos resultados para todos.

Igualmente, partiendo del hecho de que nuestro país es altamente litigioso, donde los

profesionales en derecho, ejercen profunda y ampliamente la teoría en tutela de sus posiciones

(conforme lo ha externado “El Estado de la Nación” en diferentes informes anuales), los

resultados obtenidos este año son bastante satisfactorios no solo por la gestión desarrollada por

el Poder Judicial para alcanzar una ostensible y significativa “producción”, sino también respecto

a la población usuaria que ve sus casos resueltos bajo amplios criterios y argumentos legales

originados en ese alto nivel litigioso.



19

Es importante señalar que estos resultados tienen beneficios para la economía del país, porque

al resolverse los conflictos judiciales con celeridad, se genera mayor confianza sobre el sistema

institucional de justicia, al no pasar tanto tiempo sin que se resuelvan los asuntos en los estrados

judiciales y dan cuenta de la seguridad jurídica del país, generando un ambiente favorable para

la inversión nacional o extranjera. Es importante recordar que el Poder Judicial es el último

“peldaño” que tienen las personas para hacer valer los derechos que les han otorgado las leyes

aprobadas hasta la fecha.

Cabe agregar, que durante el 2013 se trabajó en una serie de aspectos en procura de continuar

incluyendo mejoras al servicio, lo que genera un valor público que resulta importante de

comentar ya que se está ampliando las posibilidades del servicio, de conformidad a los recursos

que se le otorgan anualmente en su presupuesto.Entre ellas cabe destacar:

El sistema de registro de agresores

La firma de convenios que agilizan trámites de servicios judiciales

El acceso a la justicia y participación ciudadana a través del Servicio Nacional de

Facilitadores y Facilitadoras Judiciales

El desarrollo del circuito oral y electrónico, las actividades del Centro de Gestión de la

Calidad para acreditar despachos judiciales

Los planes para la equiparación de oportunidades para poblaciones en condición de

vulnerabilidad

El desarrollo de despachos modelos en la atención de pensiones alimentarias,

La integración de servicios para la atención de víctimas de violencia doméstica en un mismo

lugar

El proyecto de justicia restaurativa

Los equipos de respuesta rápida para víctimas de violación sexual

El acercamiento a los ciudadanos que se pretende con las ferias de la persona usuaria

La modernización en la gestión de los despachos judiciales

La interconexión de despachos de las periferias a la red institucional

Las campañas sobre garantías y derechos de las víctimas y sobre el acceso de la justicia

para las personas refugiadas y migrantes,



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La ampliación de los servicios forenses en San Carlos,

El servicio electrónico del registro judicial para emitir certificaciones,

El desarrollo de la aplicación móvil del Poder Judicial,

El desarrollo del sistema de sentenciados en fuga

La implementación en otros despachos del Sistema de Registro Electrónico de

Mandamientos

Los esfuerzos por incorporar el tema ambiental en la gestión judicial,

Todos estos esfuerzos fueron señalados con mayor detalle en el apartado de análisis

institucional, con lo que es fácil identificar la cohesión que existe entre el accionar de este

programa con la razón de ser de la institución.

Sobre las justificaciones que señala el Poder Judicial en atención a los resultados alcanzados

por los indicadores antes citados, se tiene que:

En la materia penal aún tiene incidencia el cambio producido en la política de persecución penal

del Ministerio Público, en el sentido de que dejó de tramitar los casos de tenencia de drogas para

el consumo personal y en su lugar se trabajaron casos más complejos, lo que incidió

notoriamente en la cantidad de asuntos terminados y en los casos resueltos.

Respecto a la materia civil y de pensiones alimentarias, estos asuntos no se resuelven enun año,

sino que generalmente tardan más tiempo debido a que se da mucha contienda entre las partes,

lo que no permite que los asuntos concluyan en menos tiempo y queden pendientes.

Otro elemento que incide para que no se terminen y resuelvan los casos, es el aumento en la

litigiosidad; por ejemplo, en materia contencioso administrativo se duplicaron los

asuntosconocidos en apelación, aspecto que no permite concluir los casos con la celeridad

deseada.

En materia penal, por diversos factores gran cantidad de los debates señalados se debieron

suspender por no presentación y estar la persona en rebeldía, así como el caso de que a los

defensores públicos o privados se les presentaron debates a la misma hora o que



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algunaspericias no estuvieron en el momento en que se necesitaban para el debate, entre otros

factores.

En cuanto a las medidas para mejorar el cumplimiento de estos indicadores, se tienen entre

otras iniciativas las siguientes:

A finales del año pasado se realizaron tres talleres con los jueces penales con el propósito de

analizar los factores que inciden en la eficiencia y eficacia de la gestión de estos despachos, con

la idea de identificar los elementos más relevantes a efecto de promover alternativas de solución.

La Corte Plena en sesión del 16 de diciembre de 2013 (artículo XX) aprobó una política para la

toma correcta de las direcciones de las partes, este elemento aunque parezca muy operativo si

tiene una incidencia notable en el retraso judicial, toda vez que las partes sin ninguna

consideración suministraban direcciones falsas o incompletas, con la idea de que los casos

prescribieran. Al dictarse esta política las partes deberán ser más precisas en el suministro

correcto de la dirección a la que se deba notificar o citar.

Estimación de costos

Para establecer el costo estimado del conjunto de indicadores que se asocian al “Servicio de

justicia”, la institución consideró la totalidad del presupuesto asignado al programa incluyendo los

recursos otorgados mediante presupuesto extraordinario, lo cual resulta comprensible si se

considera que los indicadores definidos miden de diferentes formas los resultados del proceso

que conlleva brindar ese servicio, que culmina con la resolución de los casos.



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Programa evaluado Servicio Jurisdiccional

Propósito del programaAdministrar Justicia en forma pronta, cumplida, sin denegación y en estricta

conformidad con las leyes.

Presupuesto del programa 1/ ¢ 108.216.258.000

Porcentaje ejecutado del presupuesto 99,2

Período evaluado Enero a diciembre de 2013.

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores

asociados a producto (gestión)Efectivo

Efectividad en el cumplimiento de los indicadores

asociados a objetivos estratégicos (resultados)No se cuenta con información para pronunciarse.

Tipo de Evaluación Evaluación por Programas e Instituciones.

Fuente de InformaciónInformes de autoevaluación realizados por las instituciones y análisis realizado

por la DGPN.

Nota:

1/No incluye transferencias no vinculadas a la gestión ni recurso externo.

Ficha resumen

Información general del Programa o Subprograma

Poder Judicial


4. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Un análisis de la información remitida respecto a la gestión de la institución, permite señalar que

el Poder Judicial se ajustó en términos generales, a lo solicitado por la Dirección General de

Presupuesto Nacional para poder realizar el presente informe. Asimismo, cabe mencionar que a

pesar de las dificultades señaladas por la institución que le impidieron ejecutar todos sus

recursos, el nivel de ejecución es sumamente alto, situación que se ha mantenido constante en

los últimos años.



23

En cuanto a los compromisos no devengados, nuevamente la institución menciona que esto

dificulta la ejecución presupuestaria para atender la programación de actividades del

añosiguiente.

Es importante señalar, que se ha mejorado en la definición de los elementos que conforman la

programación, tanto en el programa Servicio Jurisdiccional como en los demás programas,

principalmente en cuanto a los indicadores estratégicos asociados a productos, sin embargo

todavía existen problemas para definir objetivos estratégicos que cumplan con los requerimientos

metodológicos del ente rector en materia presupuestaria, por lo que no se han podido establecer

indicadores asociados a éstos.

Considerando las observaciones anteriores, se ofrecen las siguientes recomendaciones:

4.1 Realizar el esfuerzo para medir el costo de cada uno de los indicadores estratégicos en

forma individual del programa 927-Servicio Jurisdiccional y remitirlo de esta forma para los

próximos informes de evaluación.

4.2 Evaluar la efectividad de las medidas que han venido adoptando con el fin de mejorar la

ejecución de los recursos y evitar o minimizar los compromisos que quedan pendientes a fin de

año, ya que algunos problemas que los originan son de índole interno.

4.3 Analizar aquellos aspectos que impidieron el logro de algunas metas de los indicadores de

los diferentes programas de la institución con el fin de ajustar las metas o establecer acciones

que permitan su cumplimiento.

4.4 Realizar un esfuerzo con el fin de mejorar la formulación de objetivos, para que respondan a

aspectos estratégicos en función de la prestación de los servicios que se brindan y que no se

incluyan aquellos que se definen para mejorar los procesos internos o intermedios.

PODER JUDICIAL INFORME DE EVALUACIÓN ANUAL EJERCICIO ... · la probabilidad de infección por el...

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