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Poder Judicial de la NaciónCÁMARA NACIONAL DE CASACIÓN EN LO CRIMINAL Y CORRECCIONAL - SALA 1

CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

En la ciudad de Buenos Aires, a los 26 días del mes de mayo de 2015,

se reúne la Sala II de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal

y Correccional de la Capital Federal integrada por los jueces Luis M.

García, Horacio Días y Eugenio C. Sarrabayrouse, asistidos por la

secretaria actuante, a los efectos de resolver el recurso de casación

interpuesto a fs. 81/93 en esta causa n° 69237/2014, caratulada

“Altamirano, Héctor Daniel s/ sanción en unidad carcelaria”, de la que

RESULTA:

I. El Tribunal Oral en lo Criminal N° 7, por mayoría, el

12 de marzo de 2015, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del

“decreto – ley” 18/97, no hizo lugar a la nulidad de la sanción

impuesta por la autoridad penitenciaria a Héctor Daniel Altamirano y

rechazó la apelación deducida en subsidio (fs. 66/74).

De esta forma, se confirmó la resolución ordenativa

149/15, del 14 de enero de 2015, dispuesta por el Director de la

Unidad Residencial Nº III del C.P.F. II, que impuso a Altamirano la

sanción de cinco días de permanencia en celdas que no agraven

ilegítimamente su detención por la conducta encuadrada como grave y

de cumplimiento efectivo total (arts. 19, inc. e; 18, inc. h., 20 y 45,

inc. e del decreto 18/97).

II. Contra aquella sentencia interpuso recurso de casación

e inconstitucionalidad el defensor público oficial, Fernando Muratore

(fs. 81/93). La impugnación fue concedida por el tribunal de la

anterior instancia a fs. 94 y declarada admisible por este tribunal.

III. La defensa encausó sus agravios por ambos incisos

del art. 456, CPPN y en los arts. 473 y 474 ibíd.

Reg. n° 100/2015

Fecha de firma: 26/05/2015Firmado por: EUGENIO C. SABARRAYROUSEFirmado por: LUIS M. GARCIAFirmado por: HORACIO L. DÍASFirmado(ante mi) por: PAULA N. GORSD

IV. En este último aspecto, consideró inconstitucionales

los arts. 39, 40, 42, 43, 46 y 49 del Reglamento de Disciplina para los

Internos.

Señaló que las reglas mencionadas no contemplan la

obligatoriedad de asistencia letrada con anterioridad al descargo

efectuado por el interno, lo que deja al descubierto una evidente

afectación al derecho de defensa. En su opinión, resultaba claro que el

art. 40 violaba el art. 18, CN, y lo dispuesto por el art. 8.1 y 8.2 de la

CADH.

También cuestionó que el art. 46 del Reglamento

mencionado no contemple la notificación de la resolución a la defensa

técnica. Del mismo modo, impugnó que el decreto preveía sólo un

recurso meramente formal e inefectivo, dado que no garantiza un

control estatal efectivo y permite aplicar una pena anticipada. Destacó

que para cumplir con las exigencias básicas del debido proceso resulta

necesario que el acusado cuente con una oportuna, efectiva y

sustancial asistencia por parte de su defensor (art. 18, CN; 8.2.c, d,e,

CADH; art. 14.3.b y d, PIDCyP).

Del mismo modo, cargó contra el art. 49 del decreto

18/97, en tanto el recurso contra la sanción impuesta carece de efecto

suspensivo, con lo cual, se permitía aplicar una pena anticipada y de

manera contraria al principio de inocencia. Por estas razones, la regla

en cuestión violaba los arts. 18, CN y 25, CADH.

Sostuvo que para cumplir con las exigencias básicas del

debido proceso era necesario que el acusado cuente con una oportuna,

efectiva y sustancial asistencia de su defensor.

Por último, y en referencia a la inconstitucionalidad

planteada, agregó que el procedimiento previsto en el decreto 18/97

vulnera el principio de imparcialidad porque establece un sistema de

investigación donde los papeles de instructor y decisor son



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desempeñados por integrantes del Servicio Penitenciario Federal (arts.

39, 42 y 43 del cuerpo normativo citado).

V. En cuanto al agravio referido a la arbitrariedad,

sostuvo el recurrente que con respecto a la nulidad de la resolución

administrativa, el tribunal a quo no trató ninguno de los puntos

planteados por la defensa. Por ello, solicitó se declare su nulidad en

los términos del art. 123, CPPN. Remarcó que la defensa no había

sido notificada de la realización de la audiencia prevista en el art. 40

del Reglamento cuestionado, lo que impidió cualquier entrevista con

el interno y la presencia del defensor en ese acto. Citó jurisprudencia

que propone equiparar el descargo realizado por el interno en el marco

de un expediente disciplinario a la declaración indagatoria tomada en

un proceso penal. Agregó para sustentar su posición, la

Recomendación II/2013 del Sistema de Coordinación y Seguimiento

de Control Judicial de las Unidades Carcelarias, que no podía ser

dejada de lado por el decreto 18/97. Señaló que tampoco había sido

tratado su agravio referido a la arbitrariedad.

VI. En último término, y de forma subsidiaria, el

defensor planteó que la sanción aplicada era infundada ya que estaba

basada en un testimonio aislado. Por el contrario, la decisión debió

fundarse en testigos ajenos al Servicio Penitenciario Federal. En este

aspecto, debió aplicarse el art. 31 inc. “b” del reglamento, en tanto

establece que deben indicarse los testigos del hecho, si los hubiere.

También se mostró contrario a moderar el estándar probatorio

exigible.

Por último, postuló una calificación distinta de la falta

reprochada y la aplicación de una sanción más leve.

VII. En la audiencia prevista en los arts. 454 y 465 bis,

CPPN, compareció el defensor público oficial ad – hoc, Dr. Alderete

Lobo, y el Sr. fiscal general, Dr. Oscar A. Ciruzzi.


El defensor público reiteró la inconstitucionalidad del

decreto 18/97, la nulidad de todo el procedimiento sancionatorio, y

remarcó la pluralidad de vicios que presenta el reglamento

disciplinario. Indicó que el Servicio Penitenciario Federal no se

adecuaba a los fallos judiciales dictados en esta materia. Con respecto

a la inconstitucionalidad, se remitió al recurso y lo amplió con

respecto a la violación del principio de legalidad. Destacó la

intervención anterior del fiscal Ciruzzi, que había concordado con el

pedido de la defensa. Con respecto a la nulidad solicitada, sostuvo que

en el procedimiento disciplinario carcelario se aplicaba el régimen del

proceso penal.

Por su parte, el fiscal general sostuvo que el recurrente

tenía razón en sus planteos referidos a la violación del derecho de

defensa. Descartó la inconstitucionalidad del decreto 18/97 para el

caso y sostuvo que el Ministerio Público Fiscal intervenía en estos

tipos de casos ejerciendo el control de legalidad y la potestad

disciplinaria.

VIII. Finalizada la audiencia, el tribunal pasó a deliberar,

en uso de la facultad que otorga el art. 455, último párrafo, CPPN, de

todo lo cual se dejó constancia en el expediente.

Efectuada la deliberación y conforme a lo allí decidido, el

tribunal resolvió del siguiente modo.

CONSIDERANDO:

El juez Sarrabayrouse dijo:

1. La cuestión central debatida en este caso es el alcance

que cabe acordar al derecho de defensa en juicio en el marco de un

proceso disciplinario donde el imputado es un interno, atento que

durante todo el trámite que culminó en la sanción aquí impugnada,

Altamirano careció de asistencia letrada.

En este aspecto, la mayoría del Tribunal Oral en lo

Criminal Nº 7 reconoció expresamente que la participación de la


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Resaltado

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Resaltado


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defensa durante la sustanciación de esta clase de sumarios no fue

prevista ni en la ley ni en el reglamento disciplinario. Los jueces de la

instancia anterior consideraron que el “…decreto 18/97 prevé

distintas instancias en donde el interno puede aportar su versión de

lo sucedido y las pruebas que respalden sus dichos (cfr. arts. 40 y

44), a lo que cabe agregar la etapa de revisión judicial posterior (art.

46 y sigs.) que, conforme al fallo antes citado, es considerada

suficiente garantía de respeto de los derechos individuales…”. Esta

circunstancia, sumada a la facultad del juez de suspender la sanción

en casos excepcionales que así lo justifiquen era suficiente resguardo

para garantizar, dentro de los límites fácticos que impone el ámbito en

el que se sustancia ese procedimiento, el derecho de defensa en juicio

(cfr. fs. 70 vta y 71).

Planteada así la cuestión, conviene recordar brevemente

las características del régimen de ejecución de la pena privativa de la

libertad y del decreto 18/97.

2. La sanción de la ley 24.660 consagró, entre otros

principios básicos, el fin de la resocialización en la ejecución de la

pena1 (art. 1) y el control judicial de esta etapa (arts. 3 y 4). De esta

manera, se estableció un régimen progresivo, donde el interno, de

acuerdo a la calificación de su conducta durante el encierro, avanza en

diferentes etapas hasta recuperar su libertad. Como aspecto positivo,

la ley optó por un sistema flexible del contenido de la pena durante el

encierro, de acuerdo con las características y necesidades de cada

condenado. Tal como está configurado el sistema, las calificaciones

de conducta son determinantes para permitir a los privados de su

libertad avanzar en aquél. Paralelamente, la ley 24.660 establece el

deber del interno de acatar las normas de conducta establecidas por la

1 En sintonía con lo establecido por las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los

Reclusos aprobadas por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (Resoluciones 663

del 31.07.1957; 2076 del 13.05.1977 y 1984/47 del 25 de mayo de 1984; cfr. Marcos Salt, en Iñaki Rivera Beiras / Marcos Gabriel Salt, Los derechos fundamentales de los reclusos. España y

Argentina, Editores del Puerto, Buenos Aires, 1999, p. 170, nota 35.


propia ley y los reglamentos, para posibilitar una convivencia

ordenada y la disciplina dentro de las unidades de detención, las que

se mantendrán con decisión y firmeza (arts. 79 y 80, ley 24.660).

Estos objetivos diversos (resocialización – mantenimiento del orden y

la disciplina), muchas veces opuestos entre sí, sumados al poder que

goza la autoridad penitenciaria y la trascendencia de las calificaciones

de conducta para avanzar en el tratamiento progresivo generan

tensiones, plasmadas en el régimen disciplinario (arts. 79 a 99, ley

24.660; Reglamento de Disciplina para los Internos, decreto 18/97).2

Luis Niño expresa con claridad esta tensión: “No cabe

duda que cada avance o retroceso en ese largo y sinuoso camino

hacia el autogobierno del penado, dependerá de la decisión del

funcionario administrativo de turno...”.: “...El régimen de

progresividad, basado en la finalidad preventivo especial positiva, a

todas luces preferible...reconoce su talón de Aquiles en el poder cuasi

omnímodo que la ley de ejecución otorga al director del

establecimiento carcelario, en materia de sanciones disciplinarias.

Basta repasar en la drástica redacción del art. 81 de la ley 24.660, al

sentenciar que ‘el poder disciplinario sólo puede ser ejercido por el

director del establecimiento o el funcionario que legalmente lo

reemplace...”.3

3. Las tensiones entre la ejecución progresiva de la pena

y el régimen disciplinario en la cárcel han sido objeto en el último

tiempo de múltiples decisiones judiciales, además de originar la

preocupación institucional de los diversos actores involucrados en el

tema.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación registra dos

fallos trascendentes: el caso “Dessy” (Fallos: 318: 1894), resuelto

2 Una clara y precisa explicación del régimen puede verse en Luis Niño,

Jurisdiccionalización de las sanciones disciplinarias penitenciarias, en ICARO, “Revista de

Ejecución de la Pena Privativa de la LIbertad y el Encierro”, nº 5, año 2011, ps. 189 - 209, en particular, ps. 192 - 196.3 Cfr. autor y op. cits, ps. 196 – 197.



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bajo la vigencia de la antigua Ley Penitenciaria Nacional, donde se

declaró la inconstitucionalidad de un reglamento dictado por el

Servicio Penitenciario Federal en tanto vulneraba el derecho a la

intimidad de los internos.

Más recientemente, el máximo tribunal en los autos

“Romero Cacharane” (Fallos: 327:388) rechazó la distinción entre

cuestiones penales y administrativas para restringir el recurso dirigido

a revisar las decisiones tomadas en la etapa de ejecución. En uno de

los votos concurrentes se sostuvo que los casos que implican una

alteración fundamental en el contenido cualitativo o cuantitativo de la

pena jamás podrían integrar categorías distintas.4

Por otro lado, dos recursos de hábeas corpus marcaron un

punto de inflexión en el debate sobre la situación carcelaria:

“Verbitsky” (Fallos: 328: 1146) y “Rivera Vaca” (332: 2544). En

ellos, la Corte asumió el carácter dinámico y colectivo del problema

carcelario. Estos casos muestran además, la tensión entre la función

judicial (limitada a casos concretos), las decisiones de clase, los

problemas estructurales de la prisión y las políticas públicas sobre el

tema.5

4. En lo que se refiere ya al régimen disciplinario, la

jurisprudencia se ha pronunciado mayoritariamente por reconocer las

falencias del decreto ley 18/97, en particular, de las reglas

relacionadas con el ejercicio del derecho de defensa del interno, pero

no han declarado su inconstitucionalidad y se inclinaron por anular las

decisiones basadas en aquel decreto. Otros, en un número menor, han

sostenido la constitucionalidad del sistema y unos pocos, lo han

declarado inconstitucional, aunque en minoría.

De esta manera, la Cámara Criminal y Correccional en la

causa “Sánchez”6 rechazó la inconstitucionalidad de los arts. 17 inc. 4 Voto del juez Fayt, considerando 7°.5 Cfr. Leonardo Filippini, La acción de hábeas corpus correctivo, en Leonardo Pitlevnik (Director) “Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, t. 8, ps. 199 y sigs.6 Sentencia del 28 de octubre de 2013, Sala V, jueces: Mirta L. López González, Gustavo A. Bruzzone y Rodolfo Pociello Argerich.


“b” y “e”, 19, 20, 39, 40, 42, 43, 46 y 49 del decreto ley 18/97, basada

en la violación del principio de legalidad. Se sostuvo que se trataba de

una declaración excepcional, que solo procede cuando la

confrontación de la norma demuestra su incompatibilidad con la letra

y el espíritu de nuestra Constitución Nacional de manera absoluta y

evidente. Sin embargo, se anuló la sanción porque se había

comprobado la efectiva privación de contar con el asesoramiento de

un letrado. Se postuló también la vigencia de las garantías

constitucionales del debido proceso y de la defensa en juicio en todo

tipo de actuaciones, así como del art. 8.2.d. de la CADH. Asimismo,

se destacó que el art. 46 preveía la interposición de un recurso ante el

juez competente, lo que garantizaba el control de legalidad del acto.

La Sala VII, por su parte, en la causa “Zapata Valdéz” 7

también rechazó el planteo de inconstitucionalidad en términos

similares a “Sánchez”: “…no se advierte que la delegación legislativa

cuestionada hubiera derivado en la aplicación de una reglamentación

administrativa irrazonable, pues no lo es que un episodio de tales

características dentro de un establecimiento carcelario sea pasible

eventualmente de sanción, extremo que no podría depender

necesariamente de la calificación que, contingentemente, haya sido

formulada por la autoridad penitenciaria”. Y en cuanto al régimen

disciplinario se dijo: “…la normativa del decreto 18/17 establece

precisas funciones sobre las atribuciones que tienen, de un lado, el

sumariante encargado de la etapa de investigación y recolección de

prueba, de otro, el Director órgano sancionador…” . Se destacó la

posibilidad de la revisión judicial con doble instancia. Del mismo

modo que en “Sánchez” también se decretó la nulidad de la sanción

aplicada, pues “…las garantías propias del proceso penal continúan

vigentes e inmutables en todas sus etapas y, por ende, dado que las

sanciones disciplinarias impuestas por el Servicio Penitenciario

7 Sentencia del 24 de febrero de 2015, jueces Mariano A. Scotto y Carlos A. González. Se remite a la sentencia dictada en la causa nº 2031/12 “Fraticelli, Alejandro”, del 28 de diciembre de 2012, jueces Juan Esteban Cicciaro y Mauro A. Divito.



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Federal resultan también manifestación del ordenamiento punitivo

del Estado, los principios esenciales reflejados en la Constitución

adquieren especial relevancia y operatividad…”.

Finalmente, en este breve repaso, cabe citar el caso

“Frías de la Cruz”8 donde se declaró la nulidad de una sanción por

afectación al derecho de defensa ya que se había omitido “…dar

debida intervención a la asistencia técnica del imputado en el acto

que regula el art. 40 del decreto reglamentario N° 18/97…”.

Por su parte, la Cámara Federal de Casación Penal

registra precedentes sobre el tema, algunos de los cuales transitan por

los mismos andariveles que los recorridos por la Cámara Criminal y

Correccional. En la causa “Rodríguez” se discutió un caso donde la

defensa del interno había puesto en conocimiento del juez de

ejecución los problemas que aquél tenía con el Servicio Penitenciario:

había sido amenazado, lesionado, impedido de ofrecer testigos de

descargo y, en definitiva, no pudo ejercer su derecho de defensa en el

marco de un sumario por una sanción disciplinaria. De esta forma, la

asistencia técnica del interno denunció que las sanciones plasmadas en

dos expedientes eran directa consecuencia de los tratos que recibía

dentro de los muros del Complejo Habitacional N° 1 de Ezeiza, por lo

que solicitó su nulidad. La jueza Ángela Ledesma propuso anular la

resolución de la jueza de ejecución subrogante y que otro magistrado

revisara las sanciones, pues no había existido una defensa efectiva

ante la autoridad penitenciaria ni un control judicial de la sanción

impuesta; por su parte, el voto de la mayoría (jueces Guillermo

Tragant y Eduardo Riggi) anuló una de las sanciones porque no había

sido notificada al interno y rechazó el recurso con respecto a la

restante.9

En el caso “Magallanes”, la jueza Catucci rechazó el

planteo de inconstitucionalidad de los arts. 40, 46 y 49 y de todo el 8 Resuelto por la Sala IV, el 25 de junio de 2014, jueces: Mariano González Palazzo, Carlos A. González y Alberto Seijas.9 Cfr. sentencia. Sala III, de mayo de 2005.


decreto reglamentario 18/97 pues consideró que el pedido estaba

indebidamente fundado y no se vislumbraba que el régimen

disciplinario de los internos estuviera reñido con los postulados

constitucionales e internacionales. También descarto la nulidad del

procedimiento que culminó en la sanción del interno. Por su parte, el

juez Riggi adhirió al voto reseñado, mientras que el juez Borinsky

coincidió en la solución pero por motivos diferentes.10

Más cerca en el tiempo, la Sala II tuvo nuevamente la

oportunidad de expedirse sobre el tema. En el caso “Zapata”,11 la

jueza Ángela Ledesma con respecto al planteo de inconstitucionalidad

del decreto 18/97 señaló que tal declaración era un acto de suma

gravedad institucional y debía ser considerado como una ultima ratio

de orden jurídico. Por lo tanto, debían agotarse todas las

interpretaciones posibles antes de concluir en aquella decisión. Luego,

y tras recordar lo que había sostenido en los casos “Rodríguez”,

“Simonian” y “Nota”,12 la magistrada advirtió que el “…trámite de

aplicación del correctivo disciplinario impuesto adolece de un vicio

constitucional que me lleva a invalidarlo…”. Más adelante, precisó

que si bien el decreto 18/97 contemplaba en parte los derechos de los

internos, estos eran insuficientes si no se garantizaba la intervención

de un abogado defensor que asistiera al interno en el trámite de la

sanción disciplinaria, en función del art. 18, CN, 75, inc. 22, 8 CADH

y 14 PIDCyP. Por estas razones, en lo sustancial, propuso hacer lugar

al recurso de casación y anular la decisión recurrida.

Por su parte, Luis Niño como juez del Tribunal Oral en lo

Criminal N° 20, en minoría, declaró la inconstitucionalidad del

decreto 18/97 por violar el principio de legalidad y las garantías

judiciales básicas.13

10 Cfr. sentencia del 31 de julio de 2013, causa n° 16.658, “Magallanes, Federico Alejandro s/ recurso de casación”, registro n° 1214/13.11 Resuelto por la Sala II, el 4 de diciembre de 2013, jueces Ledesma, Slokar y David, causa nº 494/2013, registro nº 2156/13.12 Sentencias del 30 de mayo de 2005, registro 431/05 de la Sala III; 23 de mayo de 2012, registro 19967 de la Sala II; 8 de mayo de 2012, registro 19912, respectivamente.13 Véase la causa Nº 4083 seguida a Gabriela Elizabeth Roldán, resuelta el 11 de julio de 2014.



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De este análisis, surge que la jurisprudencia, en general,

no declara inconstitucional el decreto 18/97 pero anula las sanciones

impuestas en la medida que su imposición se consideró violatoria del

derecho de defensa en juicio porque el interno no contó con asistencia

letrada durante el trámite administrativo.

5. Estos carriles recorridos por la jurisprudencia, también

fueron seguidos por el “Sistema de Coordinación y Seguimiento de

Control Judicial de Unidades Carcelarias” creado en junio de 2013.

En su segunda recomendación, destacó que la doctrina judicial –no

obstante la imprevisión legislativa y reglamentaria – señaló la

necesidad de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de defensa de

la persona privada de su libertad durante todo el procedimiento

disciplinario. En particular, se consideró fundamental que el interno

cuente con asistencia técnica letrada en los actos procesales del

procedimiento disciplinario en el ámbito penitenciario, que le

permitieran ejercer de manera eficaz su defensa. Así, la

recomendación mencionada finaliza, en lo que aquí interesa, con la

siguiente sugerencia: “Al Servicio Penitenciario Federal, que

comunique el inicio del procedimiento disciplinario de manera

inmediata al juez interviniente y al defensor público oficial o al

letrado particular que asista al interno, debiéndose indicar con

precisión y antelación no menor a cinco días hábiles el lugar, la

fecha y la hora en la que se celebrará la audiencia a la que se refiere

el art. 40 del decreto 18/97 – la cual deberá ser fijada,

preferentemente, en día hábil, a los efectos de permitir su asistencia

a tal acto…2) A los señores Defensores Públicos Oficiales, que

arbitren los medios necesarios a fin de garantizar la debida

asistencia letrada que permita ejercer de manera eficaz los actos de

defensa que correspondan durante el procedimiento disciplinario.

Asimismo, se sugiere a los señores abogados defensores particulares,

a través del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la


consideración de adoptar idéntico temperamento en procura de mejor

garantizar los derechos de sus asistidos…4) Poner en conocimiento

del Señor Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación la

conveniencia de efectuar modificaciones en el Reglamento de

Disciplina para Internos (Decreto 18/97), adaptándolo a las

presentes recomendaciones con el objeto expreso de mejor asegurar

el efectivo ejercicio de derecho de defensa en el trámite disciplinario

– cuestión que se encuentra en estudio en el marco del caso

‘Guillermo Patricio Lynn vs. Argentina ante la CIDH…”.

6. La Procuración Penitenciaria de la Nación también se

expidió sobre el tema.

Al analizar la aplicación de sanciones de aislamiento en

cárceles federales, y luego de examinar la persistencia de los

obstáculos para acceder a la información respectiva, el Informe Anual

2012 señala

que los porcentajes de detenidos sancionados en los últimos años

presentan cierta estabilidad “…lo que habilita a considerar este tipo

de sanción disciplinaria como uno de los mecanismos utilizados

habitualmente para gestionar los grupos que el SPF define como

conflictivos…”. Además, el documento destaca la incidencia que la

sanción de aislamiento tiene sobre las condiciones inmediatas de

detención y el régimen de encierro, y sus consecuencias a largo plazo:

retroceso en el tratamiento progresivo, disminución en los guarismos,

realojamiento en pabellones más restrictivos.14

El Informe citado también se refiere a la asistencia

letrada en el marco de aplicación de sanciones disciplinarias. Al

respecto se señala que el decreto 18/97 es “…muy claro en cuanto a

las facultades de investigación y disciplina que posee la

administración en relación a las faltas de conducta, hechos que la

conforman y sus sanciones, pero no es ni remotamente igual de

expeditivo en cuanto a los derechos que le asisten a los presos

14 Cfr. Procuración Penitenciaria de la Nación, Informe Anual 2012, p. 270.



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durante el proceso administrativo de disciplina. El art. 40 del

reglamento hace referencia a que el sumariante deberá informar al

detenido la infracción que se le imputa, los cargos existentes y los

derechos que le asisten. A pesar de tal mención, no hay un claro

listado de derechos que gozan los internos en el reglamento, ni

tampoco en la ley. Solamente se hace referencia en ambos a la

posibilidad de recurrir la sanción administrativa ante el juez

competente (art. 47, ley 24.660), pero no se menciona de forma

explícita el derecho a la asistencia letrada en relación a los procesos

administrativos que pueden culminar con sanciones disciplinarias

intramuros…”.15

7. Tanto la Procuración General como la Defensoría

General de la Nación se han referido a la cuestión.

a. La Procuradora General de la Nación mediante la

Resolución PGN 737/14, del 28 de abril de 2014, aprobó el

documento elaborado por la Unidad Fiscal de Ejecución Penal,

recomendó a los fiscales con competencia en los casos allí aludidos

que adecuen su actuación a las pautas que surgen de allí e incorporó

como anexo la Recomendación II/2013 del Sistema de Coordinación y

Seguimiento de Control Judicial de Unidades Carcelarias, que ya

hemos citado.

b. El documento de la unidad fiscal mencionada se

refirió, entre otros aspectos, a los cuestionamientos a las sanciones

disciplinarias e incluyó entre ellos: la infracción al principio de

legalidad material, la violación de la garantía de imparcialidad y la

vulneración del derecho de defensa. En este último punto, se dijo: “…

debe destacarse que resulta categórico e incontrastable el deber de

garantizar el pleno ejercicio del derecho de defensa mediante la

concreta intervención de un abogado defensor que asista a la persona

sujeta al procedimiento sancionatorio en tiempo oportuno…”.16

15 Cfr. Informe Anual, op.cit., p. 278.16 Cfr. documento citado, punto III, fs. 2 vta.


Por otro lado, el documento analizado dio cuenta que los

juzgados de ejecución penal dictaron diversas resoluciones para

remediar, parcialmente, las carencias en cuanto al ejercicio del

derecho de defensa.

Finalmente, postuló que los fiscales de instrucción y de

los tribunales orales debían procurar el cumplimiento de la

Recomendación II del Sistema de Coordinación y Seguimiento de

Control Judicial en lo relacionado a la notificación oportuna de la

defensa, y cuestionar aquellas decisiones que no se adecuen a los

lineamientos expuestos en el documento.

c. Por su parte, la Defensora General de la Nación

también dictó diversas resoluciones sobre la cuestión. Entre ellas, se

destaca la n° 380 del 17 de abril de 2013 donde, en primer lugar, se

relató la denuncia interpuesta por ese órgano, el 12 de diciembre de

2000, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

en representación de Guillermo Lynn. El nombrado, mientras cumplía

una pena privativa de la libertad, había sido sancionado por el

Servicio Penitenciario Federal con fundamento en el decreto 18/97.

Según la resolución que citamos, la CIDH emitió el 11 de noviembre

de 2008 el informe de admisibilidad lo cual condujo a la apertura de

una instancia de diálogo con el objeto de alcanzar una solución

amistosa con el Estado argentino. En esas conversaciones, se analizó

una propuesta de Anteproyecto de Modificación del Reglamento de

Disciplina para los internos. El 25 de abril de 2011, de acuerdo con la

resolución que citamos, la Defensoría General de la Nación remitió

observaciones a la última versión del anteproyecto. Desde esta última

fecha, el proceso de solución amistosa no ha presentado avances. En

el referido documento, también se aluden a todas las gestiones

realizadas para alcanzar una modificación del mencionado reglamento

y las sentencias donde se ha declarado la nulidad de las sanciones

disciplinarias porque se consideró violado el derecho a la defensa



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técnica del interno sancionado. Como consecuencia de estas

decisiones judiciales, el Director del Servicio Penitenciario Nacional

dictó el 19 de julio de 2012, la resolución D.N.N 1303 por la cual se

implementó un procedimiento piloto en la Unidad Residencial III del

Complejo Federal de Ezeiza. En el marco de este nuevo programa, se

establecieron pautas para notificar al defensor del imputado de una

falta grave, tanto de la formación del expediente como de la audiencia

prevista en el art. 40 del decreto 18/97. El mismo mecanismo se

adoptó, respecto de cualquier tipo de falta, en los casos de internos

analfabetos.17

Tras recordar otras actividades desarrolladas por la

Defensoría General, los obstáculos encontrados, la decisión tomada

por un juez de ejecución, y criticar otros aspectos del decreto 18/97, la

Defensora General de la Nación recomendó a los defensores públicos

que soliciten a los jueces la notificación de manera inmediata la

imposición a un interno de un aislamiento provisional o una sanción

disciplinaria, la suspensión de la ejecución de dichas medidas y del

procedimiento, además de la declaración de inconstitucionalidad del

decreto 18/97.

8. Por su parte, la CIDH el 16 de octubre de 2008 emitió

el informe de admisibilidad en la petición 68100 formulada por

Guillermo Patricio Lynn contra la Argentina.

Al caracterizar los hechos denunciados y determinar si

podían ser catalogados como una violación de derechos, según lo

estipulado en el art. 47.b de la CADH, o si la petición era

manifiestamente infundada o era evidente su total improcedencia,

prima facie la Comisión señaló: “…50. En segundo lugar, al

considerar los hechos materia de la presente petición, la Comisión

toma nota de que todos los órganos que ejerzan funciones de

17 Cfr. Resolución DGN 380/13, punto 1. Se citan las siguientes sentencias: CFCP, Sala IV, “Brito, Daniel Alberto s/ recurso de casación” del 5.07.2011; CFCP, Sala II, “Simonian, Narek s/ recurso de casación” del 23.05.2012; CNCC, Sala IV, “Ruggirello, Mauricio s/ sanción disciplinaria” del 28.11.2012; CNCC, Sala VII,”Fraticelli, Alejandro M.” del 28.12.2012; CNCC, Sala VI, “Paredes Honores, R. s/ inconstitucionalidad del decreto 18/97” del 9.11.2012.


naturaleza jurisdiccional tienen el deber de adoptar decisiones

basadas en el respeto a las reglas del debido proceso, por lo que, de

ser probados los hechos referentes a la ausencia de garantías

judiciales en el procedimiento aplicado para revocar el beneficio de

salidas transitorias del señor Lynn, podrían haberse caracterizado

violaciones a las garantías consagradas en el artículo 8 de la

Convención Americana. Más aún, de comprobarse la ausencia de una

legislación que establezca la aplicación de dichas garantías en los

procedimientos relacionados con la ejecución de la pena, podría

caracterizarse violación del artículo 2 de la Convención

Americana…”. Luego, en los párrafos 51, 52 y 53, la Comisión se

refirió a los alcances del debido proceso y su vinculación con el

derecho a que un tribunal superior revise la legalidad de toda decisión

jurisdiccional que resulte en un gravamen irreparable, la libertad

personal y la prohibición de imponer una pena más grave que la

aplicable al momento de la comisión del delito. “…En relación a este

punto, la Comisión toma nota de que las sanciones administrativas

son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y

tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas…”.18

9. Luego de repasar el estado de la discusión en torno al

derecho de defensa, la ley 24.660 y el decreto 18/97, conviene que nos

detengamos en lo ocurrido en el presente caso.

El examen del expediente administrativo donde se

dispusiera la sanción de Altamirano muestra:

a. Tras disponer el alojamiento provisional del interno

Altamirano en el Pabellón 6 de la Unidad Residencial III, el Director

de la unidad dispuso instruir sumario (ver fs. 18 y 19, resoluciones

ordenativas 99 y 100, respectivamente).

b. Luego, se ordenó comunicar la medida al Tribunal

Oral en lo Criminal Nº 7 (fs. 23) y se tomó declaración a dos agentes

del Servicio Penitenciario (fs.24 y 25).18 Cfr. Informe 69/08, párrafo 53, CIDH.



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

c. Posteriormente, se labró un acta de notificación y

descargo de Altamirano, según lo regulado en el art. 40 del decreto

18/97. De acuerdo con esta regla, se le hizo conocer la infracción

reprochada, y el contenido de los arts. 91, ley 24.660, 40 y 41, decreto

18/97, transcriptos. Asimismo, se agregó de puño y letra, en la parte

que resulta legible: “El interno causante MANIFIESTA: Estava (sic)

jugando a la pelota …y me lastimaron un tímpano…”. Al pie del acta,

se observan tres firmas, una de ellas estampada sobre la leyenda

“Altamirano Hector Daniel. Interno” y agregado en forma manuscrita

“Apelo” (ver fs. 26).

d. Después se produjeron las conclusiones de la

instrucción que aconsejó la imposición de diez días de permanencia

en celdas, la entrevista con el interno y el 14 de enero de 2015, el

Director de la UR III dictó la Resolución 149/15 que le impuso a

Altamirano la sanción consistente en cinco días de permanencia en

celdas (art. 19, e, decreto 18/97; fs. 29/30).

e. El castigo fue notificado al interno el mismo día y

comunicado al Tribunal Oral en lo Criminal Nº 7, que el 2 de febrero

dispuso dar intervención a la Unidad de Letrados Móviles Nº 9 de la

DGN. La defensora ad – hoc, Andrea M. Sember, el 5 de febrero,

solicitó la suspensión de los efectos de la sanción impuesta y la

remisión del legajo completo correspondiente a las actuaciones

administrativas que desembocaron en la resolución mencionada, para

ejercer el contralor de la medida dispuesta y garantizar el derecho de

defensa. Puso en conocimiento la voluntad recursiva de la asistencia

técnica de Altamirano (fs.8).

f. El 6 de febrero, el Tribunal Oral dispuso requerir al

Director del Complejo Penitenciario Federal II el envío de fotocopias

del expediente donde Altamirano había sido sancionado. Asimismo,

se decretó hacerle saber al director mencionado “…que en relación a

dicha sanción, deberán suspenderse sus efectos en lo atinente a su


futura calificación de conducta hasta tanto el Tribunal se expida al

respecto…” (fs. 9).

El análisis efectuado revela que Altamirano durante el

trámite del procedimiento que desembocó en la sanción no contó con

asistencia letrada ni pudo comunicarse con un defensor. Si bien

manifestó su desacuerdo con lo que ocurría (ver punto “c” y la frase

“apelo” en el acta de fs. 26) no recurrió la sanción cuando se le

notificó. La instancia recursiva recién se inició cuando se dio

intervención a la defensa pública. Asimismo, conviene destacar que

según se deduce de lo dispuesto por el Tribunal Oral Nº 7, la sanción

ya se encuentra cumplida, pues éste sólo ordenó suspender sus efectos

para una futura calificación de conducta.

10. A manera de resumen de lo aquí expuesto podemos

decir:

a. De forma mayoritaria, se entiende que el decreto 18/97

lesiona el derecho de defensa en juicio.

b. En el caso particular, Altamirano no contó con

asistencia técnica en todo el trámite del procedimiento administrativo

que desembocó en su sanción. Sólo contamos con la manifestación de

su disconformidad en un acta y la intervención letrada se produjo

recién cuando la sanción había sido cumplida, para recurrir la decisión

que la impuso.

11. El punto a resolver entonces es si, efectivamente,

consideramos que tal como están redactados la ley 24.660 y el decreto

18/97 violan el debido proceso. Para contestar este planteo, debemos

responder las siguientes cuestiones: a) si entre los derechos que

contempla el régimen disciplinario se encuentra la asistencia letrada;

b) si la respuesta es negativa, se debe decidir sobre la

constitucionalidad o inconstitucionalidad de las reglas

correspondientes del decreto 18/97; c) definir las consecuencias

derivadas de la decisión tomada en b).



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

a. Tal como hemos visto, el Capítulo IV de la ley 24.660

regula la disciplina en las cárceles. Entre otras cuestiones, establece

los principios que rigen la aplicación de una sanción intramuros: la

necesidad de contar con una disposición legal o reglamentaria que

establezca la infracción y su castigo con anterioridad al hecho (art.

84); la descripción de las faltas graves, delegándose en la autoridad

administrativa la correspondiente a las leves y medias (art. 85); la

clase de sanciones (art. 87); y en lo que aquí importa, el art. 91 prevé:

“El interno debe ser informado de la infracción que se le imputa,

tener oportunidad de presentar sus descargos, ofrecer prueba y ser

recibido en audiencia por el director del establecimiento antes de

dictar resolución, la que en todos los casos deberá ser fundada. La

resolución se pronunciará dentro del plazo que fije el reglamento.”

El interno tampoco puede ser sancionado dos veces por la misma

infracción y en caso de duda, se estará a lo más favorable para él (arts.

92 y 93, respectivamente). Además, en ningún caso se aplicarán

sanciones colectivas (art. 95). Por último, las sanciones son

recurribles ante el juez de ejecución o el competente dentro de los

cinco días hábiles, remedio que carece de efecto suspensivo salvo

resolución judicial en contrario.

Como puede apreciarse, en ninguna regla se menciona la

posibilidad de contar con asistencia letrada.

Por su parte, el art. 40 del decreto reglamentario 18/97

establece: “El sumariante procederá, en un plazo máximo de un día,

a notificar al imputado: a) la infracción que se le imputa. b) Los

cargos existentes. c) Los derechos que le asisten. En ese mismo acto

el interno ofrecerá sus descargos y las pruebas que estime

oportunas…”. Ni éste ni ningún otro artículo del reglamento

contienen referencia alguna a la asistencia letrada del interno.

Queda claro entonces que el régimen disciplinario

establecido por la ley 24.660, y su decreto reglamentario, no


contempla de manera explícita y según la interpretación literal de su

texto, ninguna forma de asistencia letrada del interno durante el

trámite del procedimiento disciplinario.

b. El paso siguiente es establecer si existen reglas o

principios de superior jerarquía de los cuales se derive la obligación

del Estado de prever esta intervención letrada.

En este aspecto, tal como hemos visto, la mayoría del

tribunal a quo sostuvo la constitucionalidad de esta ausencia de

asistencia letrada en su falta de previsión legal y, fundamentalmente,

en que los otros derechos acordados al interno (ofrecer su descargo y

prueba, recurrir la decisión) eran suficientes para garantizar el derecho

de defensa. Además, de manera general, los jueces de la instancia

anterior ponderaron la diferente naturaleza del régimen penal y el

disciplinario.

En este sentido, la sentencia recurrida pasa por alto las

particularidades del régimen disciplinario en la cárcel: la sujeción

especial del interno, diferente a la que puede existir en otras áreas de

la administración pública, los fines que se imponen con respecto a la

resocialización y el interés de toda la sociedad en el cumplimiento de

esos objetivos, la necesidad del mantenimiento de la disciplina y el

orden establecido por la misma ley, entre otros. “Estas características

propias del sistema de sanciones penitenciarias nos deciden por

calificarlo como una especie sui generis que no se identifica

totalmente con ninguna de las clasificaciones mencionadas. Es un

régimen sancionador especial, distinto, cuya naturaleza jurídica no

permite encuadrarlo como de autoprotección, ni como de

heterotutela. Se dan –como las primeras dentro de una relación de

sujeción especial, ayudan a mantener el buen orden carcelario, pero

‘hay algo más’, un plus que excede la relación interno –

administración penitenciaria. El fin primordial de ‘resocialización’,

su ineludible interés social y el carácter de algunas de estas


lmontenegro

Nota adhesiva

Constitucionalidad del hecho de que la ley 24.660 y el decreto ley 18/97 no prevean asistencia letrada para el proc. sancionatorio.


CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

sanciones las separan tajantemente de las denominadas de

autoprotección”.19

Por otro lado, tampoco puede pasarse por alto, el

pensamiento que planea sobre la ley 24.660 en cuanto a la posición

del condenado; si bien este texto normativo, como lo señalamos al

inicio, implicó avances en muchos aspectos, no deja de tener cierta

concepción “paternalista” de la cuestión. Así, la sanción aplicada a un

interno se expresa como una corrección que se le formula a un sujeto

que no está plenamente capacitado para dirigir su comportamiento:

“La notificación de la sanción impuesta debe estar a cargo de un

miembro del personal directivo del establecimiento. El interno será

informado de sus fundamentos y alcances y exhortado a reflexionar

sobre su comportamiento”.20 Antes bien, si realmente se concibe al

interno como un sujeto de derechos, algunos de los cuales están

restringidos por la propia situación de encierro, se le debe acordar la

posibilidad de discutir una eventual sanción disciplinaria con

herramientas que prevengan la arbitrariedad.

Las características particulares del régimen carcelario

determinan que el interno imputado de una infracción intramuros debe

contar con asistencia letrada para poder defenderse adecuadamente

ante la posibilidad de que se le imponga una sanción. Ésta, para ser

legítima, debe ser la culminación de un debido proceso (art. 18, CN;

art. 8, CADH; art. 14, PIDCyP). Es que el núcleo central para la

vigencia del derecho de defensa es la posibilidad cierta de consultar

con un abogado, pues no resulta legítimo que el Estado se beneficie

del error o de la ignorancia de una persona para imponerle una

sanción. El consejo que brinda un abogado permite conocer al

asesorado los límites de las atribuciones estatales y los alcances de los

19 Cfr. MALARINO, Ezequiel, Sanciones penitenciarias, legalidad ejecutiva, y su contralor judicial. (A propósito de la entrada en vigencia de la nueva ley de ejecución de penas privativas de libertad), en “Cuadernos de Doctrina y Jurisprudencia Penal”, t. 6, p. 825.20 Art. 95, ley 24.660. El destacado nos pertenece.


derechos individuales, y contribuye a una correcta administración de

justicia.21

Los ejemplos de la intervención letrada pueden

encontrarse tanto en el derecho procesal penal como en el derecho

disciplinario; en el primer ámbito, el CPPN, si bien no prevé la

presencia obligatoria del defensor en la declaración indagatoria, se ha

entendido en general, que basta con la consulta previa para garantizar

el derecho de defensa.22 Ya dentro del régimen disciplinario, se

observa, por ejemplo, que el decreto 467/1999 (Reglamento de

Investigaciones Administrativas), que lo regula dentro de la

Administración Pública, prevé en su art. 51: “En todo acto en que

deba participar el sumariado durante la etapa instructoria, se

admitirá la presencia de su letrado, sin derecho alguno de

intervención.” Más recientemente, el nuevo Código de Justicia

Militar, para el caso de las faltas calificadas como gravísimas,

establece que el infractor tiene garantizado el derecho de defensa en

juicio “…quien podrá nombrar a un militar asesor de su confianza.

Si así lo prefiere, podrá nombrar un abogado…” (cfr. art. 31, quinto

párrafo, ley 26.394).

Soluciones similares han sido propuestas tanto en la

doctrina como en la jurisprudencia comparada.

Así, en Alemania, donde ni la ley federal de ejecución de

la pena privativa de la libertad ni las de los estados federales prevén

esta intervención del defensor, se ha dicho: “Las leyes de ejecución

penal no contienen ninguna regla sobre la asistencia letrada en el

procedimiento disciplinario. En virtud del carácter penal similar que

las medidas disciplinarias tienen y la considerable injerencia en los

derechos de la libertad del afectado, el principio del Estado de 21 Cfr. Ipohorski, José, Derecho penal y garantías constitucionales, en Roberto Gargarella (coordinador), Teoría y crítica del Derecho constitucional, t. 1, Abeledo – Perrot, Bueno Aires, 2009, ps. 291 – 293. Aunque referido al Derecho penal, estas consideraciones resultan perfectamente aplicables al procedimiento sancionatorio intramuros.22 Otros ordenamientos que tomaron como modelo el CPPN exigen más recaudos por razones incluso constitucionales locales; así el CPPN de Tierra del Fuego, donde la presencia del abogado defensor en la declaración indagatoria es mandada por la propia Constitución provincial, en su art. 35, último párrafo.



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

Derecho sólo puede ser considerado cuando se le permita al recluso

tener a su servicio la asistencia o el apoyo de un abogado. Sin

embargo, en el proceso disciplinario de la ejecución de la pena existe

un interés particular en una rápida realización, de tal forma que no

se pierda el vínculo entre la violación de un deber y la reacción – en

virtud de un efecto que influya en el comportamiento del afectado. En

razón de estas necesidades de un procedimiento rápido, regularmente

resulta suficiente cuando el interno a su pedido y antes…de la

realización de un interrogatorio pueda consultar a su abogado

durante una visita programada a corto plazo o, al menos, de forma

telefónica…”.23 Como puede apreciarse, se parte de la base que la

violación de un deber intramuros por parte de un interno debe ser

sancionado luego de un proceso tramitado conforme al Estado de

Derecho.

Retomando el análisis del asunto en estudio, el examen

efectuado en los puntos 9 y 10 revela con claridad que en el caso

concreto esta falta de asistencia letrada se tradujo en un perjuicio

específico para Altamirano; su voluntad de contradecir la imputación

que se le formulaba (volcada en el acta analizada) y el ejercicio de su

posibilidad de recurrir, recién se concretaron en la práctica cuando

intervinieron sus defensores, al ser anoticiados de la existencia de la

sanción, que por lo demás ya estaba cumplida.

Lo dicho demuestra, además, cómo la asistencia del

defensor resulta fundamental para el debido proceso. Como dijimos,

la revisión judicial del procedimiento recién se activó cuando los

asistentes letrados lo solicitaron. De allí que el derecho del interno a

ofrecer su descargo, solicitar las pruebas oportunas o recurrir la

sanción son meras expresiones de deseo si no interviene un abogado

defensor.

23 Cfr. LAUBENTHAL, Klaus, Strafvollzug, 6ª ed., Springer, Heidelberg, 2011, p. 449, nm. 737 y nota 113, donde se citan sentencias de los Tribunales Superiores de Karlsruhe y Bamberg; y en la doctrina las opiniones coincidentes de Walter, Böhm y Heghmanns.


Queda claro entonces que para que el procedimiento

disciplinario intramuros satisfaga los requisitos del debido proceso, el

interno señalado como autor de una falta, debe contar con asistencia

letrada.

c. De acuerdo con lo analizado en el punto 3, la jurisprudencia

que coincide en líneas generales con lo aquí expuesto, no declara

inconstitucional el decreto 18/97. Basada en las sentencias de la CSJN

que establecen que la inconstitucionalidad debe ser el último recurso

del intérprete, buscan aquella exégesis que evite esa aseveración y

finalizan anulando la decisión administrativa. Por su parte, el

voto minoritario de la sentencia de fs. 66/74 directamente anuló la

sanción impuesta sin analizar la ley 24.660 y el decreto 18/97. Se

omite así el análisis de las reglas que regulan el ejercicio de la

potestad disciplinaria intramuros y no se establece de dónde deriva el

deber del Estado de garantizar la asistencia letrada en esta clase de

procedimientos. En ambos casos, la jurisprudencia realiza un salto

argumentativo, pues correspondería, como paso previo, descartar por

inconstitucional la interpretación literal de los enunciados normativos

aplicables.

Si bien esta solución es correcta en sus resultados,

requiere de algunas precisiones adicionales.

No puede soslayarse que una declaración de

inconstitucionalidad del reglamento 18/97 genera un verdadero vacío

legal, que es imposible de llenar por la jurisprudencia. En la medida

que se mantenga a la pena privativa de la libertad como centro de las

sanciones penales, se erija a la cárcel como el lugar de su

cumplimiento basado en el orden y la disciplina (arts. 79 y 80, ley

24.660), resulta indispensable contar con un régimen que garantice

esos fines pero que a la vez evite alternativas peores, basadas en la

pura arbitrariedad o el ejercicio exclusivo de la violencia sin ningún

tipo de control.



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

Por lo tanto, si aceptamos esta realidad y que si se recurre

a una interpretación literal, ni el texto normativo de la ley 24.660 ni el

decreto 18/97 contemplan la asistencia letrada del interno acusado de

cometer una falta en un procedimiento disciplinario intramuros, la

consecuencia es que debe recurrirse a una interpretación

constitucional intermedia o aditiva,24 también llamada creativa por

otros autores. Esto significa que debe entenderse que el art. 40, inc. c,

del decreto 18/97 incluye dentro de los derechos que asisten al

interno, el de contar con asistencia letrada, partiendo de lo establecido

en los arts. 18 CN, 1, 2 y 8 CADH, y 14 PIDCyP. No se trataría de un

caso claro de inconstitucionalidad por omisión, pues no es de un

supuesto de mora o inercia en adoptar una decisión concreta o la

tardanza en la producción de normas generales; en general, esta clase

de inconstitucionalidades se vincula con materias relacionadas con los

derechos económicos y sociales. En el presente, se ha aplicado una ley

y un reglamento cuya interpretación literal contradice principios

generales contenidos en la misma Constitución y que además, el

Estado argentino se comprometió a respetar.25 Sería un caso donde se

debe buscar la interpretación conforme a la Constitución que postula

la jurisprudencia constitucional alemana.26

Riccardo Guastini cuando analiza la segunda

ambigüedad del término “interpretación”, señala que con este vocablo

en algunas ocasiones se hace referencia a un acto de conocimiento, en

otras a un acto de decisión y en otras más a un acto de creación

normativa. En este sentido, hay que distinguir: a) la interpretación

cognitiva que consiste en la identificación de los diversos significados

posibles de un texto normativo, sin escoger ninguno de ellos (esta 24 Señala Néstor Sagües que las sentencias aditivas son aquéllas donde la Corte Suprema, para no declarar la inconstitucionalidad de una norma subconstitucional, le suma o añade algo, con lo que la torna compatible con la ley suprema; cfr. autor citado, Compendio de derecho procesal constitucional, Astrea, Buenos Aires, 2009, p. 85, donde también se refiere a las sentencias interpretativas.25 Sobre la inconstitucionalidad por omisión, cfr. Sagüés, Néstor, La interpretación judicial de la Constitución, 2ª ed., Lexis Nexis, Buenos Aires, ps. 129 – 136.26 Cfr. al respecto, Lothar Kuhlen, La interpretación conforme a la Constitución de las leyes penales, traducción de Nuria Pastor Muñoz, Marcial Pons, Madrid – Barcelona – Buenos Aires, 2012, en particular ps. 23 – 30.


identificación puede hacerse sobre la base de las reglas del lenguaje,

de las diversas técnicas interpretativas, de las tesis dogmáticas

difundidas en la doctrina, etc.); b) la interpretación decisoria, que

consiste en elegir un significado determinado en el ámbito de los

significados identificados (o identificables) por medio de la

interpretación cognitiva, descartando los demás; c) la interpretación

creativa que consiste en atribuir un significado “nuevo” no

comprendido entre los identificables a través de la interpretación

cognitiva y/ o recabar del texto de las normas, llamadas “implícitas”

a través de medios pseudo lógicos (o sea mediante razonamientos no

deductivos, y por tanto no concluyentes: por ejemplo, mediante el

argumento analógico. “En la mayor parte de los casos, lo que hemos

llamado interpretación creativa consiste en construir a partir de

normas explícitas, expresamente formuladas por las autoridades

normativas normas “no expresas” (“implícitas” en un sentido muy

amplio, no lógico, de este término): normas, en suma, que ninguna

autoridad normativa ha formulado.”27

Por lo tanto, no se trata de elegir aquí una

interpretación posible si no de formular una a partir de una garantía

que se entiende contiene el régimen disciplinario, para que éste sea

acorde con la Constitución y los Pactos Internacionales de Derechos

Humanos.

12. Además de la argumentación desarrollada en el punto

anterior, una interpretación sistemática de la ley 24.660 permite

sostener el derecho del interno a contar con asistencia letrada en el

trámite disciplinario.

En efecto, el art. 2º de la ley citada establece que “…el

condenado podrá ejercer todos los derechos no afectados por la

condena…”. La situación de encierro en modo alguno afecta el

ejercicio de derecho de defensa del interno porque, por ejemplo, sus

27 Cfr. Guastini, Riccardo, Teoría e ideología de la interpretación constitucional, traducción de Miguel Carbonell y Pedro Salazar, Trotta, Madrid, 2008, ps. 35 y sigs., en particular, nota 10 y sus citas.



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

solicitudes de libertad anticipada son patrocinadas por letrados. Las

necesidades de mantener el orden y la disciplina, y la urgencia de

imponer una sanción disciplinaria, son razones insuficientes para

privarlo de aquel derecho.

13. Resta establecer cuál es la extensión de la asistencia

letrada que debe contar el interno imputado en un procedimiento

disciplinario y las consecuencias de su ausencia en el presente caso.

El resumen efectuado en los puntos 4 a 8 revela que la

jurisprudencia y los organismos que se han ocupado del tema, han

propuesto diversas alternativas que van desde la notificación

inmediata de la sustanciación del expediente administrativo al

defensor, hasta la forma detallada en que debe producirse esa

participación.

Aquí sólo puedo establecer que en el caso debió

garantizarse la asistencia letrada del interno antes de la resolución del

procedimiento administrativo, derecho que consideramos incluido

dentro de la enunciación del art. 40, inc. c, decreto 18/97, pero no

podemos establecer cómo debió concretarse ni cómo debe hacerse en

el futuro, pues ésta es una tarea que corresponde al legislador o a la

autoridad reglamentaria.

Es que, tal como hemos señalado en otros precedentes,28

se encuentra más allá de la labor de los jueces establecer reglas

generales, válidas para todos los casos. Las sentencias, a diferencia de

las leyes, resuelven casos concretos, constituidos por circunstancias

del pasado, es decir, por hechos que, junto con lo pedido por las

partes, limitan la competencia del tribunal. Por esto, los tribunales no

resuelven cuestiones teóricas y deben atenerse a los hechos que

motivaron el caso, ya que de ellos depende la solución que se alcanzó.

De allí que las sentencias no puedan interpretarse como leyes,

abstrayéndolas de las específicas circunstancias que motivaron el

28 Cfr. “Gómez Vera”, sentencia del 10/04/15, jueces Sarrabayrouse, Morin y Bruzzone, registrada bajo el n° 12/15.


pronunciamiento. Además, para arriesgar la formulación de una regla

o principio general deben acumularse una serie de casos análogos

resueltos del mismo modo.29

En cuanto a los efectos de la decisión que aquí se toma, la

defensa no explicó porqué se aplicaba al caso el régimen de las

nulidades propios del proceso penal. Sin embargo, ya sea que se

aplique el régimen de la nulidad del acto administrativo o el del

CPPN, en este caso concreto la consecuencia es la misma: anular la

decisión tomada en el expediente 651/15, en el sentido de privar de

efectos a la sanción impuesta.

14. La forma en que resolvemos este agravio, torna

inoficioso el tratamiento de los restantes.

De este modo, entendemos que se debe casar la sentencia

de fs. 66/74, anular la resolución administrativa 149/15 tomada por el

Director de la Unidad Residencial Nº III del Complejo Penitenciario

Federal II, sin costas (arts. 456, inc. 2º, 470 y 530 CPPN).

El juez Horacio Días dijo:

Adhiero en lo sustancial, por compartir los fundamentos

expresados en los puntos 11 a 14 del voto del colega Sarrabayrouse.

El juez Luis M. García dijo:

I

Como cuestión preliminar entiendo necesario establecer

el alcance de la jurisdicción habilitada por el recurso de casación

concedido a fs. 94.

El recurso de casación es a mi juicio parcialmente

inadmisible por uno de los motivos de agravio que se expresa en el

escrito de interposición, y también es inadmisible el tratamiento de los

29 Cfr. Alberto F. Garay, La doctrina del precedente en la Corte Suprema, Abeledo – Perrot, Buenos Aires, 2013, ps. 110 – 112; también las sentencias dictadas en el caso “Gómez Vera” citado.



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

dos nuevos motivos de casación introducidos por primera vez en la

audiencia celebrada ante esta Sala.

a) Que sin perjuicio de que se hubiese admitido a trámite

el recurso de fs. 81/93, nada obsta a un reexamen de admisibilidad

ulterior, incluso después de sustanciada la audiencia (cfr. De la Rua,

Fernando, La casación penal, Depalma, Buenos Aires 1994, p. 240).

Entiendo que el recurso de casación es parcialmente inadmisible en lo

que concierne a uno de los motivos de casación. El recurrente sostiene

que en la audiencia reglada por el art. 40 del decreto 18/97 “está

prevista la presencia de agentes del Servicio Penitenciario sumariante

y secretario, lo que pone de manifiesto la parcialidad y la relación de

desigualdad en la representación de las partes que se encuentran

involucradas en el proceso” y agrega “De hecho, los agentes

encargados de llevar adelante el proceso sancionatorio son los mismos

que tienen a cargo el poder de policía dentro de la Unidad

Penitenciaria”.

El a quo, respondiendo a un planteo semejante, había

respondido que “en lo que hace a la supuesta afectación del principio

de imparcialidad, que la defensa también invocó para fundar su

pedido de inconstitucionalidad, consideramos que, tratándose de

sanciones que se aplican únicamente dentro del ámbito de la

institución penitenciaria, con el objetivo […] de mantener el orden y

la pacífica convivencia de dichas instituciones, aparece razonable y

coherente que sean decididas y aplicadas por la autoridad

administrativa, bastando, para satisfacer el cumplimiento de las

garantías constitucionales, la revisión judicial suficiente, la cual se

produce a través de la vía recursiva expresamente prevista”.

El recurrente no ofrece ninguna refutación de este punto

en su recurso de casación, ciñéndose a reiterar su afirmación inicial.

En particular no intenta demostrar por qué razón no es suficiente

garantía que la autoridad sumariante sea distinguida de la autoridad


que decide sobre el ejercicio del poder disciplinario según los arts. 39,

40, 41, 42, 43 del decreto 18/97, respecto del primero y 5, 44 y 45, en

lo que concierne al segundo, ni tampoco por qué el recurso judicial

que concede el art. 96 de la ley 24.660 no sería, a pesar de lo que

sostiene el a quo, una vía de revisión judicial suficiente, o en otros

términos, un recurso efectivo.

A este respecto el recurrente señala que todas las

funciones se concentran en agentes de la misma fuerza, y sólo

argumenta, genéricamente, de la mano del principio acusatorio, que es

imperativa la separación funcional entre juzgador y acusador, como

garantía implícita de la forma republicana de gobierno. Su

presentación en el punto es defectuosa, porque confunde la

dependencia de la administración –Servicio Penitenciario Federal con

los agentes que realizan las funciones de instrucción del sumario

disciplinario, y los que resuelven y ejercen la potestad sancionatoria,

que están diferenciados de los anteriores. Porque salvo que pretenda

sustentar la tesis de que la Constitución se infiere un principio

acusatorio de carácter material, y no meramente formal, estaba a su

cargo demostrar la existencia de alguna confusión de competencias

entre las autoridades que investigan la infracción disciplinaria y que

proponen la sanción, y las que deciden imponerla o liberar de los

cargos, o en su caso, demostrar la existencia de alguna relación de

dependencia que implique subordinación del que impone la sanción al

que la propone, o al contrario, la subordinación del sumariante al que

ejerce la autoridad de imponer la sanción en lo concerniente al

ejercicio de las actividades reguladas por los arts. 40, 41, 42 y 43 del

decreto 18/97.

Además, en vistas de la jurisprudencia establecida por la

Corte Suprema según la cual la potestad de órganos de la

administración de imponer sanciones no es en sí misma contraria a la

Constitución Nacional (Fallos: 256:241; 310:203, y 334:1241, entre


lmontenegro

Nota adhesiva

acusatorio en sanciones


CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

muchos otros), y en particular de aquélla según la cual no suscita

cuestión constitucional el ejercicio por una autoridad administrativa

de las facultades de instruir sumarios y aplicar sanciones (Fallos:

303:1776), era además exigible del recurrente un mayor esfuerzo para

intentar demostrar por qué razón específica esa jurisprudencia no

podría aplicarse a la investigación de infracciones disciplinarias y a la

imposición de sanciones de tal carácter, por el Servicio Penitenciario

Federal, a los detenidos alojados en alguno de sus establecimientos.

En este aspecto, la impugnación casatoria no satisface,

siquiera mínimamente las exigencias de fundamentación del art. 463

CPPN, que es de observancia estricta cuando, como en el caso, lo que

se persigue es la declaración de inconstitucionalidad de las

disposiciones de la ley 24.660 y de su decreto reglamentario, que

asignan al Servicio Penitenciario Federal autoridad para el ejercicio de

la potestad disciplinaria sobre los detenidos en sus establecimientos.

En este aspecto concluyo, pues, que el recurso interpuesto por la

defensa es parcialmente inadmisible.

b) El Defensor Público que ha tomado intervención en la

audiencia ha introducido un motivo de agravio que no estaba

comprendido entre los motivos del recurso de casación de fs. 81/93.

Se ha quejado de que la sanción ha sido impuesta a Héctor Daniel

Altamirano por el Director de la Unidad Residencial III del Complejo

Penitenciario Federal II. Sostiene que se ha incurrido en infracción al

art. 81 de la ley 24.660, que establece que “El poder disciplinario sólo

puede ser ejercido por el director del establecimiento, quien tendrá

competencia para imponer sanciones, suspender o dar por cumplida su

aplicación o sustituirlas por otras más leves”, y que por ende la

resolución es nula por falta de competencia de la autoridad que

impuso la sanción.


El motivo no puede ser objeto de examen en este caso,

pues ninguna disposición autoriza a introducir nuevos motivos de

casación. El caso se ha tramitado según el art. 465 bis CPPN, sin

objeción de las partes. Esta disposición reenvía al trámite de los arts.

454 y 455 del código. En cuanto aquí interesa el primero establece

que en la audiencia el o los recurrentes “podrán ampliar la

fundamentación o desistir de algunos motivos, pero no podrán

introducir otros nuevos ni realizar peticiones distintas a las formuladas

al interponer el recurso”. De tal suerte que es inadmisible la

introducción tardía del nuevo motivo de agravio.

El Defensor ha intentado superar esa limitación alegando

que el defecto de competencia sancionatoria acarrea la nulidad

absoluta de la decisión, que como tal puede ser interpuesta en

cualquier momento y grado del proceso. Pretende que la validez de la

decisión que impone la sanción disciplinaria debe ser juzgada según el

régimen de nulidades del Código Procesal Penal de la Nación.

Su pretensión está infundada. En primer lugar, la

actividad administrativa disciplinaria reglada por la ley 24.660 y por

su decreto reglamentario no está sometida de modo expreso al

cumplimiento de las formas del Código Procesal Penal de la Nación.

El recurrente afirma, pero no demuestra cuál es la disposición,

principio o regla que permitiría sostener que esa actividad

administrativa debe ajustar sus procedimientos a ese código, y en

particular, someter el control del acto administrativo a su régimen de

nulidades y no al sistema general de nulidades de los actos

administrativos.

Por cierto, la falta de competencia constituye en el

derecho administrativo una posible causal de nulidad del acto

administrativo, sin embargo, en esa rama del derecho no se conoce

una regla similar a la del art. 168 CPPN, de modo que si se alega falta

de competencia en razón de grado debe hacerse en tiempo oportuno



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

(confr. Cassagne, Juan Carlos, Curso de Derecho Administrativo, ed.

La Ley, Buenos Aires 2011, tomo I, p. 688, y sus citas). La

competencia de la autoridad que impuso la sanción debe tenerse por

consentida en la especie, en la que el defensor que había interpuesto la

apelación y que había actuado en la instancia anterior, ninguna queja

había sometido al Tribunal Oral sobre la competencia de la autoridad

que impuso la sanción.

A mayor abundamiento, otro defecto obstaría al

tratamiento del motivo. En efecto, el Defensor Público sostiene que la

autoridad que impuso la sanción carecía de competencia para ejercer

el poder disciplinario sobre los detenidos alojados en la Unidad

Residencial III del Complejo Penitenciario Federal II. Sin embargo,

ningún esfuerzo ha hecho para indagar cuál es la categorización que

corresponde a aquella unidad residencial conforme a la estructura y

los reglamentos internos del Servicio Penitenciario Federal a fin de

esclarecer si cada unidad residencial constituye un establecimiento

reglado por los arts. 176 y 177 de la ley 24.660, sin perjuicio de estar

integrada a un complejo de establecimientos, o si debe asignarse sólo

al complejo la calificación de “establecimiento” a los fines de

identificar la autoridad a la que se refiere el art. 81 de esa ley.

Incumbe pues al recurrente identificar las normas

administrativas, y en su caso las circunstancias de hecho relevantes,

para demostrar la falta de competencia que se alega.

Por los dos órdenes de razones expuestas, este motivo de

casación no puede ser admitido en la inspección de la decisión que

viene recurrida.

c) En la audiencia el Defensor Público también ha

intentado introducir otro motivo que no estaba incluido en el escrito

de interposición de los recursos de casación e inconstitucionalidad.

Sostuvo que el decreto 18/97, en su conjunto, sería incompatible con


el principio de reserva legal, porque regula materias que sólo podría

legítimamente ser reguladas por una ley formal del Congreso de la

Nación. Según sostiene, la reculación por un decreto del Poder

Ejecutivo lesiona el art. 18 CN, y es incompatible con la doctrina

sentada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la

Opinión Consultiva nº 6/86 sobre el concepto del término “leyes” en

el art. 30 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En

la sustanciación de la audiencia reconoció el Defensor Público que

este motivo no había sido alegado en el escrito de interposición del

recurso, y alegó que de todos modos estaba habilitado a introducir la

cuestión en la audiencia, invocando la regla de que las nulidades de

orden general que involucran la afectación de una garantía

constitucional pueden ser invocadas en cualquier momento e instancia

del proceso, y que esa nulidad “viene de la mano de la

inconstitucionalidad general del decreto”.

La pretensión del Defensor Público reposa en una

concepción errada de las reglas que rigen el recurso de

inconstitucionalidad, y en general acerca del objeto de los recursos de

competencia de esta Cámara.

En cuanto a lo primero, se releva que el art. 474 CPPN

establece que “El recurso de inconstitucionalidad podrá ser

interpuesto contra las sentencias definitivas o autos mencionados en el

artículo 457 si se hubiere cuestionado la constitucionalidad de una

ley, ordenanza, decreto o reglamento que estatuya sobre materia

regida por la Constitución, y la sentencia o el auto fuere contrario a

las pretensiones del recurrente”. De modo semejante, aunque no

idéntico a la regulación del art. 14 de la ley 48, se requiere que el

interesado en obtener la declaración de inconstitucionalidad de una

norma haya propuesto la cuestión en la primera instancia que le

hubiese sido posible. La exigencia no es puramente formal, pues su

finalidad es obtener de la autoridad judicial que debe conocer del caso



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

un pronunciamiento expreso sobre la cuestión constitucional. Los

términos resaltados del texto del art. 457 muestran claramente que el

presupuesto es que se hubiese cuestionado la constitucionalidad de la

norma, y que la resolución contra la que se recurre haya sido contraria

a las pretensiones del recurrente. Por excepción, se dispensa de la

carga de introducción oportuna de la cuestión de constitucionalidad,

cuando ésta apareciese de modo sorpresivo.

He adelantado también que la pretensión de la defensa

reposa en una errada concepción sobre el objeto de los recursos de

competencia de esta Cámara. Se trata de una competencia apelada y

no originaria, que tiene por objeto corregir un error que se atribuye a

la decisión apelada, y no de pronunciarse, por primera vez, sobre

cuestiones no decididas en esa sentencia. El objeto del recurso es la

sentencia alegadamente errónea, y en principio su objeto fija el límite

de la jurisdicción. Sólo en caso de que el error consista en una

omisión fáctica o normativa podría eventualmente habilitarse la

jurisdicción de esta Cámara para pronunciarse sobre la omisión.

El a quo no se ha pronunciado sobre este punto porque no

le había sido propuesto en el escrito de fundamentación del recurso de

apelación de fs. 40/49 contra la sanción disciplinaria impuesta por la

autoridad administrativa. La defensa tenía a mano hacerlo en ese

estadio y sin embargo no lo hizo. No es un caso de una cuestión

constitucional que hubiese aparecido por primera vez, y de modo

sorpresivo, en la resolución del Tribunal Oral, de modo que

permitiese dispensar de la carga de su planteamiento oportuno, porque

el Reglamento de Disciplina del decreto 18/97 constituyó una de las

bases normativas del procedimiento sancionatorio, y de la sanción

impuesta al detenido, de modo que si se lo reputaba inconstitucional

por incompatibilidad con el principio de reserva legal debió haberse

planteado la cuestión al menos desde el momento de la apelación


ante la autoridad judicial que podría tener autoridad para pronunciarse

ejerciendo su jurisdicción de control de constitucionalidad difuso.

Esto sella la suerte de su tardía pretensión, aunque otras

razones conducen al mismo resultado.

En efecto, aunque se presentase por hipótesis un supuesto

de excepción a la exigencia de que la cuestión constitucional se debe

plantear en la primera oportunidad, la Defensa ha hecho una pobre

presentación en la audiencia de la cuestión constitucional, que no

satisface la fundamentación, siquiera mínima, de la cuestión

constitucional que trae en su reflexión tardía. Afirma, pero no

demuestra, que toda la materia del decreto 18/97 debe ser regulada

por ley, con cita del art. 18 CN, pero no desarrolla ningún argumento

interpretativo de esa disposición constitucional a partir del cual inferir

esta conclusión. Ha traído también en la audiencia la cita de la

conocidísima Opinión Consultiva Nº 6/86 de la Corte Interamericana,

con especial referencia a un párrafo de esa opinión, que define que

cuando se trata de restringir derechos y libertades fundamentales, “la

expresión leyes, utilizada por el artículo 30, no puede tener otro

sentido que el de ley formal, es decir, norma jurídica adoptada por el

órgano legislativo y promulgada por el Poder Ejecutivo, según el

procedimiento requerido por el derecho interno de cada Estado”.

Sin embargo, omite considerar que la Opinión Consultiva

en la que pretende apoyarse ha declarado que “lo anterior no se

contradice forzosamente con la posibilidad de delegaciones

legislativas en esta materia, siempre que tales delegaciones estén

autorizadas por la propia Constitución, que se ejerzan dentro de los

límites impuestos por ella y por la ley delegante, y que el ejercicio de

la potestad delegada esté sujeto a controles eficaces, de manera que no

desvirtúe, ni pueda utilizarse para desvirtuar, el carácter fundamental

de los derechos y libertades protegidos por la Convención” (OC

Nº6/86, párrafo 36).



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

Los arts. 79, 82, 84, 85, 91, de la ley 24.660 han delegado en el Poder

Ejecutivo, de modo acotado, la reglamentación del régimen

disciplinario aplicable a los detenidos alojados en el Servicio

Penitenciario Federal. De modo que era necesario que el recurrente

emplease algún esfuerzo en demostrar que esa delegación está

prohibida por la Constitución Nacional, o en su caso, que el poder

delegado hubiese sido ejercido en exceso o no estuviese sujeto a las

salvaguardas que se enuncian en la opinión consultiva en la que

pretende apoyar su impugnación.

d) Sin ceñirse a los límites que establece el art. 465 bis,

en su remisión al art. 454 CPPN, el Defensor Público que ha

intervenido en la audiencia ha introducido un tercer motivo de

casación no contenido en el escrito de interposición.

Sostuvo que el Tribunal Oral hizo caso omiso a la

posición del representante del Ministerio Público, que había

rechazado las impugnaciones de inconstitucionalidad del Régimen de

Disciplina, pero que sin embargo había concordado con la defensa en

que debía declararse la nulidad de la resolución administrativa por no

haberse asegurado la intervención de la defensa.

Según la tesis del defensor rige aquí, mutatis mutandis, la

doctrina de la Corte Suprema sobre el principio acusatorio, y que el

Tribunal debía haber resuelto según la petición de la Fiscalía.

Pretende además apoyarse en un voto que he emitido en ocasión de mi

desempeño como juez de la Cámara Federal de Casación penal en el

caso “Cerrudo, Antonio José s/ recurso de casación” (Sala II, sent. de

15 de diciembre de 2010, reg. nº 17.758).

El motivo de casación introducido aparece

defectuosamente planteado, pues la Defensa no explica la analogía

entre el presente caso y la jurisprudencia de la Corte Suprema que se

refiere a la falta de acusación por el órgano encargado de la

persecución de los delitos de acción pública, o la sustancia de la


analogía que se pretende extraer con el criterio que he sostenido en la

causa “Cerrudo”, que parte del principio que también corresponde al

Ministerio Público el ejercicio de las pretensiones de ejecución de la

pena y sus modalidades de ejecución que nacen del título de la

condena, para lo cual la ley le da de modo expreso el carácter de parte

(art. 491, primer párrafo, CPPN).

Preguntado el representante del Ministerio Público en la audiencia,

mantuvo su posición en punto a la nulidad por afectación del derecho

de defensa, pero se excusó de pronunciarse sobre el efecto que tendría

su posición para la definición del alcance de la jurisdicción de los

jueces del Tribunal Oral. Interrogado expresamente afirmó

inicialmente que era inherente a su función intervenir en toda cuestión

de constitucionalidad, y también hacerlo en defensa de la legalidad.

En cambio no expuso una posición precisa ni inequívoca en punto a si

entendía que también correspondía al Ministerio Público el ejercicio

de la potestad disciplinaria sobre los detenidos del ámbito nacional o

federal.

La defensa tampoco ha abordado este punto. Pues si lo

que pretende es que la potestad disciplinaria sobre los detenidos

alojados en los establecimientos comprendidos en el art. 177 de la ley

24.660 no corresponde de modo exclusivo al Servicio Penitenciario

Federal, sino también de algún modo al Ministerio Público, estaba a

su cargo tratar de dar fundamento a este aserto. En ese punto la

defensa no ha acercado ningún argumento y por ello el agravio

aparece falto de la fundamentación necesaria para demostrar su

procedencia.

Porque, en todo caso, sólo si se demostrase que el

Ministerio Público Fiscal tiene, por su ley orgánica, o por alguna otra

ley especial, la potestad de ejercer ante los jueces la potestad

disciplinaria respecto de detenidos alojados en establecimiento del

Servicio Penitenciario Federal podría entrar en examen la cuestión del



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

efecto del dictamen que propuso la nulidad del procedimiento. En

cambio, si de lo que se trata es de la interpretación de las normas

jurídicas que rigen el procedimiento por el que se impuso la sanción al

detenido, su dictamen no puede tener el efecto de obligar a los jueces

a fallar según su propia interpretación de la ley, porque en la

interpretación de la ley los jueces del Poder Judicial de la Nación, y su

alcance no puede quedar sujeto al acuerdo o concordancia de las

partes una vez que existe un caso.

De tal manera que la intervención del Ministerio Público

en el procedimiento de apelación de las sanciones disciplinarias en su

función de promover la actuación de la justicia en defensa de la

legalidad y de los derechos fundamentales de las personas detenidas

(ley 24.946, arts. 1 y 25 incs. a, g y l), no puede tener el alcance

obligante que la Defensa pretende asignarle.

Por ello concluyo que el motivo de casación ha sido

deficientemente fundado en la audiencia.

e) Sentado lo anterior, entiendo que la jurisdicción de

esta Cámara debe ceñirse a examinar la pretensión de

inconstitucionalidad del art. 40 del decreto 18/97, en cuanto, según se

sostiene en el recurso, viola el derecho de defensa, la instancia de

nulidad de la resolución administrativa por alegada violación del

derecho de defensa, y la alegación de arbitrariedad de la decisión

judicial, en cuanto confirmó la calificación jurídica de la infracción, y

la sanción impuesta.

II

La Defensa Pública pretende se declare la

inconstitucionalidad del art. 40 del decreto 18/97, argumentando

afectación del derecho de defensa, por cuanto esa disposición “no

contempla la obligatoriedad de la asistencia letrada con anterioridad al


descargo efectuado por el interno”, lo que a su juicio “viola lo

dispuesto en el art. 18 de la Constitución Nacional que establece que

es inviolable la defensa en juicio de la persona y de lo dispuesto en el

art. 8.1 y 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos

que señala que toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas

garantías y que, durante el proceso, tiene derecho, en plena igualdad, a

contar con el tiempo y los medios adecuados para la preparación de la

defensa, y al derecho irrenunciable de ser asistida por un defensor

proporcionado por el Estado”.

La impugnación de inconstitucionalidad carece de objeto

práctico. Si fuese correcta la posición de la defensa, según la cual, el

art. 40 omite asegurar la intervención de la asistencia letrada, y esa

omisión concreta una lesión a una garantía constitucional inferida de

los arts. 18 CN y 8.1 y 8.2 CADH, la declaración de

inconstitucionalidad no repararía agravio alguno porque seguiría sin

regulación la garantía que se dice omitida. Salvo que lo que se

pretenda es, por la vía indirecta de la declaración de

inconstitucionalidad del art. 40, obstaculizar cualquier procedimiento

administrativo sancionatorio en los establecimientos del Servicio

Penitenciario Federal hasta tanto se dicte una nueva regla que

expresamente imponga la intervención de un defensor, del modo en

que la defensa lo postula.

En rigor, se trata de una cuestión de constitucionalidad

que está indisolublemente ligada con la articulación de nulidad de la

resolución administrativa que impuso la sanción. En efecto, en el

capítulo de inconstitucionalidad la defensa plantea, con cita de cierta

jurisprudencia que pretende traer en favor de su tesis, que la

comunicación de la imputación, de las pruebas de cargo, y de las

resoluciones que imponen sanciones, no puede quedar limitada a la

notificación al detenido, y que corresponde también la notificación al

defensor, y que “resulta imprescindible la notificación oportuna y



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

participación cierta de su defensor”. Se queja de que el art. 46 no

contempla la notificación a la defensa técnica de la resolución que

impone la sanción y añade que la interposición del recurso contra la

sanción no tiene efecto suspensivo, de modo que el derecho al recurso

es meramente formal y no efectivo, y el art. 49 permite la aplicación

de una pena anticipada de un modo incompatible con el principio de

inocencia.

Afirma también que, sin perjuicio de las facultades del

detenido de ejercer su defensa material, “para cumplir con las

exigencias básicas del debido proceso es necesario que el acusado

cuente con una oportuna, efectiva y sustancial asistencia de su

defensor” en la etapa administrativa.

Al argumentar sobre la nulidad de la resolución

administrativa, la Defensa Pública reedita los argumentos anteriores.

Al quejarse de que la resolución del Tribunal Oral que rechazó la

nulidad de la resolución administrativa afirmando que el decreto

18/97 no prevé la participación de la defensa durante el procedimiento

que se lleva a cabo en sede administrativa y que cabía remitirse a las

consideraciones del apartado en el que rechazó la inconstitucionalidad

del art. 40 del Régimen de Disciplina, sostiene que la resolución

resulta carente de motivación. Insiste en que el procedimiento

administrativo fue llevado adelante en violación a garantías

constitucionales, porque desde el primer acto llevado a cabo en él –

aislamiento provisional se omitió la notificación a la defensa, que no

fue notificada de la audiencia reglada por el art. 40 del reglamento, lo

que impidió toda entrevista previa con el detenido, y también impidió

la presencia del defensor, y que si bien es cierto que el detenido había

realizado su descargo, ni éste, ni ninguna otra facultad comprendida

en ese artículo, podría ser realizada seriamente y con respeto del

debido proceso previsto en el art. 18 CN y los arts. 8 y 25 CADH, si

no se cuenta con la asistencia de un letrado defensor. Aduce con cita


de cierta jurisprudencia, que el descargo del interno es equiparable a

la declaración indagatoria, y que por ende el acto debería verse

rodeado de las mismas garantías previstas para aquél acto de defensa.

Aunque ciertas citas de jurisprudencia que presenta

parecen referirse a un criterio restringido a la ineficacia de la mera

notificación al detenido, sin notificación al defensor, y a la relación

entre la oportunidad, tiempo y medios para poder ejercer una defensa

y la necesidad de otorgar al detenido la posibilidad de poder

asesorarse, en definitiva pretende algo más que ello, al concluir que

“la falta de intervención de esta defensa en todos los actos llevados a

cabo en el sumario en cuestión, torna nulo todo el procedimiento y la

sanción que derivó de aquél, por vulnerar las garantías

constitucionales del debido proceso y defensa en juicio”.

Esta síntesis muestra que, en definitiva, desde dos vías, la

defensa presenta el mismo arsenal argumental.

En la audiencia, el Defensor Público que ha tomado

intervención ha sostenido en lo sustancial esas argumentaciones. Se

ha referido a la Recomendación II/2013 del Sistema de Coordinación

y Seguimiento de Control Judicial de las Unidades Carcelarias, y

también al informe de admisibilidad de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, nº 69/08, en el caso “Guillermo Patricio Lynn c.

Argentina”.

Las argumentaciones de la defensa no ofrecen una base clara y

suficiente para el abordaje de la complejidad que las pretensiones que

ella presenta. Trataré de abordarlas dentro de la a veces confusa y otra

probre argumentación.

III

En primer lugar he de referirme a la vía de nulidad

elegida. La vía de nulidad no está especialmente prevista en la ley

24.660, ni en sus reglamentos. No podrían ser aplicables aquí las



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

disposiciones de los arts. 166 y concordantes del Código Procesal

Penal de la Nación, en la medida en que esa sanción sólo está prevista

para la infracción a disposiciones del mismo Código, que no alcanza a

los procedimientos para la imposición de sanciones disciplinarias,

procedimientos que tienen su propia regulación legal. Como he

adelantado ya, ninguna disposición de la ley 24.660, ni tampoco

ninguna del decreto reglamentario, remite a la aplicación directa del

Código Procesal Penal de la Nación a todos los actos del

procedimiento disciplinario, ni tampoco indica su aplicación

subsidiaria.

Si bien la ley de procedimientos administrativos prevé la

declaración de nulidad de los actos administrativos (ley 19.549, art.

14), el supuesto de hecho de la nulidad es, o bien la existencia de una

voluntad administrativa viciada, o la infracción legal o el abuso de

poder en la emisión del acto. Aunque la ley de procedimientos

administrativos no provee de una vía expresa que aborde la cuestión

que se plantea por presunta violación al derecho de defensa, ha de

aceptarse que entre los supuestos de voluntad administrativa viciada

están comprendidos los vicios relativos a las formas del proceso de

integración de la voluntad administrativa, y entre ellos, el derecho de

defensa por omisión de otorgar al administrado una razonable

oportunidad de ejercitarlo de modo útil, lo que acarrea la nulidad del

acto (confr. Cassagne, op. cit., tomo I, p. 705).

La impropia invocación del régimen de nulidades del

Código Procesal penal de la Nación no impide el tratamiento de la

impugnación, pues el art. 96 de la ley 24.660 y el art. 46 del

Reglamento de disciplina conceden a los condenados y procesados,

respectivamente, una vía de recurso judicial por las que estas

impugnaciones pueden ser sometidas a su conocimiento. Por otra

parte, si bien estas disposiciones no definen la extensión del objeto de

la impugnación, la interpretación de su alcance debe hacerse de un


modo compatible con el deber del Estado de garantizar a toda persona

el acceso a un recurso efectivo ante un juez o tribunal que la ampare

contra actos que según alega violan sus derechos fundamentales

reconocidos por la Constitución, la ley o los tratados internacionales

enumerados en el art. 75, inc. 22 de la Constitución Nacional (arg. art.

25 CADH).

IV

Al rechazar la apelación de la defensa el Tribunal Oral –

por mayoría partió de distinguir cualitativamente el derecho

disciplinario del derecho penal sobre la base de la distinta finalidad de

la sanción disciplinaria, sobre la base de la relación especial en que se

encuentra la persona sometida al régimen disciplinario, y relevó las

distinciones de los casos de Fallos: 251:343 y 310:316. En particular

examinó el art. 1 del decreto 18/97 y los arts. 79 y 80 de la ley 24.660,

concluyendo que ellos instituyen un sistema disciplinario interno, sin

validez general, que tiene por objeto mantener el orden dentro del

establecimiento, finalidad que entendió se distinguía de la pretensión

del derecho penal de reestablecer la vigencia de la norma mediante la

imposición de una pena y la de proteger bienes jurídicos de carácter

general. Abundó señalando la existencia de diferencias sustanciales en

cuanto a la naturaleza, entidad de la amenaza de sanción y ámbito de

aplicación del derecho disciplinario y rechazó “la equiparación exacta

que pretende la defensa”, concluyendo que las sanciones disciplinarias

no son verdaderas penas, en el sentido constitucional del término.

Rechazó también que el argumento de la existencia de un

vínculo directo entre la imposición de una sanción y la concesión de

la libertad condicional o de la libertad asistida, sobre la base del texto

del art. 13 CP según el cual no se requiere una observancia absoluta

de los reglamentos carcelarios, incluidos los de disciplina, sino una

observancia regular de las normas reglamentarias.



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

Finalizó sentenciando que es inevitable efectuar ciertas

diferencias al momento de aplicar a los procedimientos disciplinarios

las garantías de la Constitución y los instrumentos internacionales de

derechos humanos, en vistas del carácter no general del régimen, de la

menor gravedad de las infracciones y de las consecuentes sanciones, e

interpretó que si bien en Fallos: 327:388 (“Romero Cacharane”), la

Corte Suprema afirmó la necesidad de que en el proceso sancionatorio

se respetaran ciertas garantías mínimas, en particular que las

decisiones de la autoridad penitenciaria estuviesen sometidas al

control judicial, y a una doble instancia de revisión a través del

recurso previsto en el art. 491 CPPN, no declaró, sin embargo que

debiesen aplicarse todas las garantías del derecho penal sustantivo.

También tomó nota de la sentencia del Tribunal Europeo

de Derechos Humanos en el caso “Campbell y Fell c. Reino Unido”,

que había sido considerada por la Corte Suprema en la sentencia del

caso “Romero Cacharane”, donde se fijó el criterio para decidir

cuáles garantías serían aplicables al procedimiento disciplinario, al

tiempo que sopesó las razones de hecho y políticas que justifican un

régimen disciplinario especial en el que la necesidad de reprimir la

mala conducta de los detenidos con toda la rapidez posible por

consideraciones de seguridad y de orden, siempre que se respeten

ciertas garantías mínimas. Concluyó que de la sentencia de la Corte

Suprema se infería que había “avalado las diferencias” de tratamiento,

pues de lo contrario habría invalidado en su integridad del reglamento

disciplinario, por no respetar en forma estricta, como lo pretende la

defensa, ciertos principios básicos propios del sistema penal.

En otro orden, también rechazó la pretensión de la

defensa sustentada en la sentencia de la Corte IDH en la sentencia del

caso “Baena Ricardo y otros c. Panamá” (sent. de 2 de febrero de

2001), señalando la inexistencia de analogía entre el presente caso y el

que fue objeto de aquella sentencia, por cuanto allí se trató de la


sanción disciplinaria de destitución de ciertos trabajadores estatales, si

que hubiesen sido sometidos a un procedimiento administrativo

previo, y presumiéndose su culpabilidad, sanción respecto de la cual

tampoco se había garantizado el derecho a recurrir.

Finalmente sostuvo que en el procedimiento disciplinario

aplicado en el ámbito carcelario se garantiza el derecho del detenido a

ser oído y a ofrecer prueba, y el derecho a recurrir ante la autoridad

judicial, afirmando que “la pretensión de aplicar las garantías

mencionadas a todo tipo de procedimiento administrativo con llevaría

la paralización de cualquier trámite sancionatorio”.

En definitiva, relevó que la participación de la defensa

durante la sustanciación del sumario disciplinario no fue prevista en la

ley ni en el reglamento de disciplina, y rechazó la pretensión

defensiva según de que se aplicasen todas las garantías previstas para

el enjuiciamiento de delitos también al procedimiento disciplinario

administrativo, concluyendo que las regulaciones del decreto 18/97

que establecen el derecho del detenido a ser oído, a ofrecer pruebas, a

la revisión judicial eran suficiente garantía del respeto de los derechos

individuales, dando relevancia también a la facultad del juez de

suspender la sanción en casos excepcionales que así lo justifiquen.

Observo que la defensa ha sostenido, por toda refutación,

que la sanción disciplinaria “determina un cambio sustancial en el

contenido de la pena” y que “el procedimiento previsto en el art.

18/97 es una manifestación del derecho administrativo sancionatorio y

como tal, del poder punitivo estatal”, de donde deriva la pretensión de

que el detenido tiene derecho irrenunciable de ser asistido por un

defensor proporcionado por el Estado.

Resulta sin embargo confuso comprender cuál la

extensión que pretende que se reconozca a este derecho, porque, sin

efectuar un desarrollo particular cita diferentes casos de

jurisprudencia en los que se alude en unos a que es imprescindible la



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notificación oportuna y participación cierta del defensor en el

procedimiento administrativo, o sólo a la notificación al defensor de

las decisiones adoptadas que tengan directa incidencia en el modo de

cumplimiento de la pena, o la presencia del defensor en el acto de

descargo, por la alegada analogía con la declaración indagatoria, o en

otros, se afirma que la garantía de la defensa sólo se cumple si se le

otorga al acusado la posibilidad de poder asesorarse. También ha

citado decisiones que han sancionado de nulidad el procedimiento

administrativo “puesto que se omitió asegurar la asistencia técnica del

interno durante la sustanciación del expediente en el que se aplicó la

sanción disciplinaria”.

Y frente a esas diferencias concluye afirmando que “la

falta de intervención de esta defensa en todos los actos llevados a

cabo en el sumario en cuestión, torna nulo todo el procedimiento y la

sanción que derivó de aquél”.

Otros pasajes anunciaba la misma pretensión en cuanto

postulaba que notificación a la defensa se impone desde el primer

acto, incluido el aislamiento provisional, y la realización de la

audiencia prevista en el art. 40 del Reglamento, y la “obligatoriedad

de la asistencia letrada con anterioridad al descargo efectuado por el

interno”.

En ese marco intentaré examinar las pretensiones de la

defensa. Sin perjuicio de ello, no entiendo necesario abrir juicio aquí

acerca de si el art. 8.2. CADH es aplicable también a los

procedimientos disciplinarios reglados por la ley 24.660 y el decreto

28/97, porque no está en juego aquí decidir si en esos procedimientos

el detenido tiene derecho a la provisión de un abogado designado por

el Estado, porque de hecho ya tenía de antes provista la asistencia de

la Defensoría General de la Nación. Lo que está en consideración –y

en esto no hay diferencias en punto a si el detenido tiene ya un

abogado de su elección o uno provisto por el Estado es la decisión


sobre si las autoridades estatales –en el caso las del Servicio

Penitenciario Federal que intervienen en la formulación de cargos

disciplinarios, en la investigación y en la decisión tienen que

satisfacer deberes positivos específicos para asegurar o al menos

posibilitar la intervención de un defensor en el procedimiento.

Puesto que la Defensa Pública parte de una equiparación material

entre el par infracción disciplinariasanción disciplinaria y el par

delitopena, comenzaré por abordar ese punto a fin de establecer si es

correcta su pretensión de que todas las garantías del enjuiciamiento

criminal se apliquen también al procedimiento disciplinario reglado

por la ley 24.660 y su decreto reglamentario 18/97.

V

Como he señalado antes de ahora al emitir mi voto en la

causa “Flores, (rta. 5/5/15, reg. ST. N° 177/15) si se afirma esa tesis

de equiparación es necesario fundamentar por qué las sanciones

disciplinarias por infracciones al orden y la convivencia en un

establecimiento del servicio penitenciario no guardan diferencia

alguna con los penas y los delitos del derecho penal común, y por

ende, por qué el sistema de aplicación, la configuración de las

autoridades, las facultades de defensa, e incluso el régimen de

impugnación, no deben ser distintos de los que se aplican en los

procedimientos para la aplicación de una pena, que, según pretende,

deben ajustarse –en general a la primera frase del art. 18 CN, y en

particular al art. 8.2 de la Convención Americana sobre Derechos

Humanos.

En el recurso de casación se da por establecida esa

identidad, y a partir de esa petición de principio se presenta la queja

de violación del derecho de defensa. No obstante el débil y confuso

esfuerzo argumental entiendo que el Tribunal está suficientemente

habilitado por la sentencia, y por las postulacioines de la defensa, para



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

abordarlo a fin de decidir sobre la tesis según la cual la infracción y la

sanción disciplinarias participan de la misma sustancia que el delito y

la pena, y que por ende todas las garantías aplicables al

enjuiciamiento de los delitos y a la determinación de una acusación

“penal”, alcanzan también a la materia disciplinaria regida por el

Capítulo IV. de la ley 24.660, y su decreto reglamentario n°18/97.

A este respecto he de reproducir en lo sustancial mi voto

emitido como juez del Tribunal Oral en lo Criminal n° 9 en la causa

“Ybáñez, Gretel Belén” (causa n° 2574, res. de 23 de abril de 2008)

donde, entre otras cuestiones, la defensa planteaba una análoga a la

anteriormente expuesta.

Dije entonces que la ley 24.660, el Reglamento General

de Procesados aprobado por decreto 303/96 y el Reglamento de

Disciplina para los internos aprobado por decreto 18/97 constituían a

esa época el plexo normativo que establece el deber de los detenidos

sometidos a proceso de sujetarse al régimen de disciplina, que define

las infracciones a la disciplina y las sanciones, y que regula de modo

minucioso las autoridades a quienes se concede el poder disciplinario,

y el procedimiento a seguir. Así distingue entre quienes dan noticia de

la aparente infracción y las autoridades competentes para investigarlas

sumariamente y las competentes para decidir si debe aplicarse una

sanción al detenido. Establece además un derecho de revisión o

recurso judicial.

Señalé que se trata pues de un régimen normativo que

define infracciones al orden y la disciplina carcelaria, y que establece

un procedimiento para la imposición de una sanción que la misma ley

define como disciplinaria (Así, p. ej. CNCP, Sala IV, causa “Baena,

Cristian Alejandro”, rta. el 25 de diciembre de 2001).

No obstante esta calificación jurídica, advertí que era

oportuno un examen más exhaustivo, para asegurarse de que la

decisión del legislador de definir al régimen de sanciones como


meramente disciplinario no encubriese un fraude de etiquetas para

sustraer a la persona sancionada a las garantías específicas a las que

tendría derecho según los arts. 18 C.N., 8 CADH, y 14 PIDCP, si se

tratase de una verdadera pena conminada e impuesta por una

infracción de naturaleza penal.

Partí allí de considerar que el art. 18 de la C.N. exige un

juicio previo ante los jueces del Poder Judicial para la aplicación de

una “pena” pero que la Constitución no proporciona criterios

inequívocos para decidir si la sanción disciplinaria aplicada al

detenido debe ser considerada como una de las “penas” comprendidas

en la previsión constitucional. En todo caso, la utilización de la

palabra “pena” o “penado” en el contexto de la Constitución indicaría

que no están comprendidas las sanciones como las que aquí se

pretende invalidar (confr. el mismo art. 18 y los arts. 23, 29, 36, 69,

99, inc. 5 y 119 C.N.).

De modo que a fin de aclarar la cuestión entendí útil

indagar si hay directivas pertinentes en ciertos principios básicos

desarrollados en el marco de las Naciones Unidas sobre el régimen

disciplinario aplicable a personas privadas de libertad. Aunque esos

principios y reglas no tienen carácter de regla obligatoria del derecho

internacional, por no tratarse de instrumentos aprobados por órganos

que no tienen representación de los estados soberanos para concluir

tratados, su examen es útil para reconocer si existen ciertos principios

comunes que puedas considerarse como generalmente aceptados en el

ejercicio del poder disciplinario sobre los detenidos.

Sobre el punto relevé que el “Conjunto de Principios para

la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de

detención o prisión”, adoptado por la Asamblea General de las

Naciones Unidas, resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988, que

reconoce la potestad de los Estados de establecer un régimen

disciplinario para las infracciones cometidas por personas sometidas a



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cualquier forma de detención o prisión, fija directivas de respeto del

principio de legalidad, de resguardo del derecho de ser oído antes de

la decisión sobre la medida disciplinaria, y en particular, de definición

de las autoridades competentes para aplicarlas, así como la provisión

de un procedimiento de revisión ante una autoridad superior. Sin

embargo no establece otras reglas sobre las autoridades y el

procedimiento aplicar. Así se lee:

Principio 30

1. Los tipos de conducta de la persona detenida o presa que

constituyan infracciones disciplinarias durante la detención o la

prisión, la descripción y duración de las sanciones disciplinarias que

puedan aplicarse y las autoridades competentes para aplicar dichas

sanciones se determinarán por ley o por reglamentos dictados

conforme a derecho y debidamente publicados.

2. La persona detenida o presa tendrá derecho a ser oída antes de que

se tomen medidas disciplinarias. Tendrá derecho a someter tales

medidas a autoridades superiores para su examen.

También relevé que los “Principios básicos para el

tratamiento de los reclusos”, adoptados y proclamados por la

Asamblea General de las Naciones Unidas, resolución 45/111, de 14

de diciembre de 1990 no establecen ninguna directiva sobre la

definición de las infracciones disciplinarias y de las autoridades y

procedimientos aplicables.

En cambio las “Reglas mínimas para el tratamiento de los

reclusos”, adoptadas por el Primer Congreso de las Naciones Unidas

sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado

en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo Económico y Social

en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076

(LXII) de 13 de mayo de 1977, establecen directivas específicas en

cuanto a la finalidad del régimen de orden disciplinario de los


establecimientos de detención, el principio de legalidad como

presupuesto de la definición de las infracciones y aplicación de las

sanciones disciplinarias, la definición de la autoridad competente, de

los procedimientos resguardando derechos de información y de

defensa. Aquí resultan relevantes las reglas 29 y 30, que declaran:

Disciplina y sanciones

[…]

29. La ley o el reglamento dictado por autoridad administrativa

competente determinará en cada caso: a) La conducta que constituye

una infracción disciplinaria; b) El carácter y la duración de las

sanciones disciplinarias que se puedan aplicar; c) Cuál ha de ser la

autoridad competente para pronunciar esas sanciones.

30. 1) Un recluso sólo podrá ser sancionado conforme a las

prescripciones de la ley o reglamento, sin que pueda serlo nunca dos

veces por la misma infracción. 2) Ningún recluso será sancionado sin

haber sido informado de la infracción que se le atribuye y sin que se le

haya permitido previamente presentar su defensa. La autoridad

competente procederá a un examen completo del caso. 3) En la

medida en que sea necesario y viable, se permitirá al recluso que

presente su defensa por medio de un intérprete.

Como puede advertirse en estas Reglas mínimas, se

establecen provisiones para asegurar el derecho de defensa,

requiriendo como presupuesto información de la infracción atribuida,

y oportunidad de presentación de la defensa, y la exigencia de un

“examen completo del caso”, lo que excluye las sanciones de plano.

Sin embargo, no se requiere expresamente la asistencia legal como

presupuesto necesario para el ejercicio de la defensa.

A este respecto tomo nota de que las disposiciones

pertinentes del derecho interno regulan las garantías básicas del

procedimiento, así como ciertas salvaguardas de ejecución de las



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sanciones. Así, el principio 29 sobre legalidad o reserva legal

encuentra su correlato en los arts. 81, 84, 85, 87 y concordantes de la

ley 24.660 y en los arts. 5, 7, 14 a 20 del decreto 18/97; la prohibición

de doble persecución sentada en el principio 30.1 encuentra su

correlato en los arts. 92 de la ley 24.660 y 10 del Reglamento de

Disciplina; y en cuanto aquí interesa los derechos básicos de

información y defensa fijados en el principio 30.2 y 30.3 encuentran

su correlato en los arts. 91 de la ley 24.660, y en los arts. 8, 9, 40 a 44

y 46 del Reglamento de Disciplina.

A continuación de ese examen he considerado útil tomar en cuenta los

los estándares desarrollados por la práctica de la Corte y la Comisión

Europea de Derechos Humanos en torno al art. 6 de la Convención

Europea para la salvaguarda de los Derechos Humanos cuyo texto, en

lo sustancial, es análogo a los arts. 8 CADH y 14 PIDCP. En efecto,

mientras que en los arts. 8.1 CADH y 14.1 PIDCP se reconocen las

garantías judiciales mínimas a que tiene derecho toda persona “en la

sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella”, el

art. 6 CADH –en sus textos auténticos en inglés y francés igualmente

obligatorios, reconoce análogas garantías judiciales a toda persona

“en la determinación de una acusación criminal contra ella” (in the

determination of any criminal charge against him), o “sobre el

fundamento de toda acusación en materia penal dirigida contra ella”

(du bienfondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre

elle).

En general, en esa práctica se parte de que en principio

el art. 6 de la Convención europea no se aplica a los procedimientos

disciplinarios, salvo que se demostrase que la infracción disciplinaria

y su sanción son de verdadera naturaleza penal. A este respecto el

TEDH, en su sentencia del caso “Engel y otros c. el Reino de los

Países Bajos” (Serie “A”, vol. 22, sentencia de 8 de junio de 1976), ha

abordado la distinción entre imputación de una infracción


disciplinaria y “acusación en materia penal” señalado que el término

“materia penal” constituye un concepto autónomo y ha dicho:

“81. […] La Convención permite a los Estados sin duda alguna, en el

cumplimiento de su rol de guardianes del interés público, mantener o

establecer una distinción entre derecho penal y derecho disciplinario

así como fijar la línea divisoria, pero solamente bajo ciertas

condiciones. Les deja la libertad de constituir en infracción penal una

acción u omisión que no constituye el ejercicio normal de uno de los

derechos que ella protege; esto surge especialmente de su artículo 7.

Esa elección, que tiene por efecto hacer aplicables los artículos 6 y 7,

escapa en principio al control del Tribunal.

La elección inversa obedece a reglas más estrictas. Si los

Estados contratantes pudiesen a su sola discreción calificar una

infracción de disciplinaria en vez de penal, o perseguir al autor de una

infracción “mixta” en el plano disciplinario con preferencia a la vía

penal, el juego de las cláusulas fundamentales de los artículos 6 y 7 se

encontraría subordinado a su voluntad soberana. Una latitud tan

amplia crearía el riesgo de conducir a resultados incompatibles con el

objeto y fin de la Convención. El Tribunal tiene pues competencia

para asegurarse en el campo del artículo 6 y más allá de los artículos

17 y 18, que lo disciplinario no se superponga indebidamente con el

campo penal […].”

A partir de esa comprensión del valor político de los

conceptos autónomos, el TEDH ha sentado tres criterios para

determinar si una imputación de infracción disciplinaria es, de hecho,

una acusación de naturaleza penal. Al respecto ha dicho:

“82. […] en primer lugar importa saber si el o los textos que definen

la infracción incriminada pertenecen, según la técnica jurídica del

Estado demandado, al derecho penal, al derecho disciplinario o a los

dos a la vez. Aquí se trata, no obstante, de un simple punto de partida.



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

La indicación que este provee no tiene sino un valor formal relativo;

debe examinársela a la luz del denominador común de las

legislaciones respectivas de diversos Estados contratantes.

La naturaleza misma de la infracción representa un

elemento de apreciación de mayor peso. Si un militar se hace

reprochable de una acción u omisión que habría transgredido una

norma jurídica que rige el funcionamiento de las fuerzas armadas, el

Estado puede, en principio, utilizar contra él el derecho disciplinario

antes que el derecho penal […]

No obstante no se detiene aquí el control del Tribunal.

Éste se revelaría en general ilusorio si no se tomase igualmente en

consideración el grado de severidad de la sanción que corre riesgo de

sufrir el interesado. En una sociedad sujeta a la preeminencia del

derecho, pertenecen a la “materia penal” las privaciones de libertad

susceptibles de ser infligidas a título represivo, excepto aquellas que

por su naturaleza, su duración o sus modalidades de ejecución no

causarían un perjuicio importante […].”

Estos criterios, elaborados originalmente respecto de las

sanciones disciplinarias impuestas en el marco del estado militar,

fueron más tarde extendidos por el TEDH, mutatis mutandis a las

sanciones disciplinarias impuestas en medios carcelarios. Al respecto

es relevante su holding en el caso “Campbell & Fell c. Reino Unido”

(Serie “A”, vol. 80, sentencia de 24 de junio de 1984), que por lo

demás ha sido tenido especialmente en cuenta en algunos votos de los

jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el caso

“Romero Cacharane”. Allí el TEDH había expresado:

“69. […] no ignora que en el contexto carcelario razones prácticas y

de política militan a favor de un régimen disciplinario especial, por

ejemplo consideraciones de seguridad, el interés del orden, la

necesidad de reprimir la mala conducta de los detenidos con toda la


prontitud posible, la existencia de sanciones “a medida” que pueden

no estar disponibles para las jurisdicciones de derecho común y el

deseo de las autoridades de tener control directo de la disciplina en

sus establecimientos.

No obstante, la garantía de un proceso equitativo, fin del

artículo 6, figura entre los principios fundamentales de toda sociedad

democrática en el sentido de la Convención (sentencia Golder de 21

de febrero de 1975, serie A n° 18, p. 18, § 36). Como lo muestra la

sentencia Golder, la justicia no debería detenerse a la puerta de la

prisión y nada permitiría, en los casos apropiados, privar a los

detenidos de la protección del artículo 6.

Por lo tanto, los principios enunciados en la sentencia

Engel y otros valen igualmente, mutatis mutandis, para el medio

penitenciario […] Por ello cree legítimo utilizar, sin desconocer no

obstante la diferencia de contexto, los criterios formulados en dicha

sentencia.”

En resumen, para determinar si una acusación

disciplinaria es en verdad de naturaleza penal, el TEDH ha seguido

tres criterios, a saber:

a) si las disposiciones que definen la infracción pertenecen, de

acuerdo al sistema legal del Estado, al derecho penal, al derecho

disciplinario, o a ambos;

b) la indagación de “la verdadera naturaleza de la infracción”;

c) la consideración del “grado de severidad de la sanción que corre

riesgo de sufrir el interesado”.

En “Campbell & Fell” el TEDH afirmó la existencia de la

analogía de la sanción disciplinaria con una pena, teniendo en cuenta

el grado de severidad de la sanción, que en el caso había consistido en

una sanción que dentro del monto de pena privativa de libertad



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impuesta en la condena adicionaba directamente 27 días de

cumplimiento efectivo.

Estos criterios habían sido adoptados también para el

mismo contexto carcelario por la Comisión Europea de Derechos

Humanos (Conf. p. ej. casos “Lazlo Kiss c. Reino Unido”, decisión de

16 de diciembre de 1976, D.R. 7, p. 55, § 2; “X v. Suiza”, decisión de

9 de mayo de 1977, D.R. 11, p. 216, § 3; “McFeeley y otros c. Reino

Unido”, decisión de 15 de mayo de 1980, D.R. 20, p. 44, §§ 93 y ss.;

“René Pelle c. Francia”, decisión de 10 de octubre de 1986, D.R. 50,

p. 263, § 1).

Finalmente es de destacar que el TEDH ha mantenido el

abordaje del caso “Campbell & Fell” en varios otros posteriores, entre

ellos en “Payet c. Francia”, negando la aplicación de las disposiciones

del art. 6.2 CEDH en cuanto la sanción disciplinaria no había

importado la prolongación del tiempo de detención del condenado

(petición n° 19606/08, Quinta sección, sentencia de 20 de enero de

2011), y en especial en el caso “Ezeh & Connors c. Reino Unido”

(peticiones nros. 39665/98 et 40086/98, Gran Cámara, sentencia de 9

de octubre de 2003), donde sí consideró aplicable el art. 6.3,c CEDH

al procedimiento de sanción disciplinaria que culminó con una

sanción que extendió en días suplementarios la duración de las penas

de prisión que habían sido impuestas por los tribunales, declarando

que se había violado el derecho de los detenidos a hacerse representar

por una abogado de su elección durante el procedimiento disciplinario

ante el Director de la prisión (párrafos 124 y 134).

Si se sigue el abordaje del TEDH para examinar la

sanción disciplinaria impuesta a Héctor Daniel Altamirano se observa

que la definición de la conducta punible y de la sanción aplicable,

releva del derecho disciplinario según las disposiciones aplicables en

la especie. En efecto, rige el caso el Capítulo IV de la ley 24.660 y el

Reglamento de Disciplina para los Internos aprobado por decreto


18/1997 (especialmente art. 4), que define las infracciones según su

gravedad (arts. 14 a 18) y las sanciones que le son aplicables, su

determinación y su modo de ejecución (arts. 19 a 24).

Superado este primer examen corresponde indagar la

“naturaleza de la infracción”. A este respecto observo que en un

régimen de privación de libertad es ineludible el establecimiento de

una autoridad y la definición de ciertas pautas de conducta necesarias

para el orden y la seguridad del establecimiento y para la convivencia.

En su sentencia del caso “Campbell & Fell” el TEDH ha

declarado legítimo que los Estados establezcan un régimen

disciplinario especial para los detenidos por finalidades de seguridad,

interés del orden, represión de malas conductas, que permita una

represión con toda la prontitud posible, por parte de quienes tienen el

control directo de la disciplina en los establecimientos (Conf.

sentencia citada, § 69). Por su parte, la Comisión Europea de

Derechos Humanos ha reconocido que el funcionamiento efectivo de

un servicio de establecimientos de detención o prisión depende en

parte de la disciplina, cuyo control corresponde a los agentes de ese

servicio, la que podría ser subvertida por ataques no autorizados a la

autoridad o conducta de esos agentes (Confr. mutatis mutandis

Comisión Europea de Derechos Humanos, caso “Lazlo Kiss c. Reino

Unido”, decisión de 16 de diciembre de 1976, D.R. 7, p. 55, § 2).

En el presente caso la resolución impugnada impuso al

detenido la sanción de cinco días de permanencia en celda individual,

que no agrave ilegítimamente su detención, por infracción al art. 18,

inc. h, del Decreto 18/1997 (Conf. fs. 2/3).

En este segundo paso del examen debe tomarse nota de

las finalidades del régimen disciplinario que están definidas en los

arts. 79 y 80 de la ley 24.660 y en el art. 1 del Reglamento del

Reglamento de Disciplina. La primera disposición legal ordena que el

interno está obligado a acatar las normas de conducta que esa ley y los



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reglamentos, para posibilitar una ordenada convivencia, y el art. 80

dispone que el orden y la disciplina se mantendrán con decisión y

firmeza, en la medida indispensable para mantener la seguridad y la

correcta organización de la vida de los alojados.

A su turno el art. 1 del Reglamento de disciplina

reproduce en lo sustancial los arts. 79 y 80 de la ley 24.660.

Héctor Daniel Altamirano ha sido sancionado por no

haber acatado una orden impartida en el marco de un procedimiento

de control y registros, profiriendo gritos e insultos a los agentes

penitenciarios que lo llevaban a cabo, y lanzándole golpes de puño y

patadas, entorpeciendo de ese modo el procedimiento (confr.

resolución de fs. 2/3). No puede ponerse en discusión que las faltas de

consideración y respeto a funcionarios, la resistencia a resistencia al

cumplimiento de órdenes impartidas prima facie legales, la falta de

compostura y moderación al dirigirse a esos funcionarios y las

agresiones físicas con golpes de puño y patadas, son conductas

definidas en el régimen de disciplina aptas para afectar, el orden

interno, la seguridad y la convivencia, fines éstos que el régimen

disciplinario tiene en miras asegurar; de tal manera, se trata de una

infracción a la disciplina que afecta los fines que persigue el régimen

disciplinario. A este respecto no es necesario, en este capítulo,

examinar la corrección de la calificación legal que también impugna

la defensa.

Ahora bien, en los criterios desarrollados por el TEDH,

antes transcriptos, se ha tomado en cuenta que una misma infracción

puede ser “mixta” en el sentido de aparecer abarcada por el campo de

lo disciplinario y lo penal en sentido estricto (arg. pertenencia “al

derecho penal, al derecho disciplinario o a los dos a la vez”). Así, por

ejemplo, un insulto podría caer bajo el supuesto de hecho de las

injurias (art. 110 C.P.) y el no acatar una orden de autoridad pública

podría caer bajo el supuesto de hecho del delito de desobediencia (art.


239 C.P.), las vías de hecho podrían constituir un atentado o

resistencia a la autoridad (art. 237 y 239 C.P.). Sin embargo, esto no

es decisivo para encuadrar a la infracción al régimen de disciplina

como “de naturaleza penal”, y es sólo un indicio que exige mayor

examen en el paso siguiente de la naturaleza de la sanción.

En igual sentido, el TEDH ha considerado los casos en

los que un comportamiento contrario al reglamento penitenciario

podría constituir, además, una infracción penal, sin embargo le ha

dado una relevancia sólo indiciaria para zanjar la cuestión. Así, en el

citado caso “Campbell & Fell c. Reino Unido” ha dicho:

“71. En cualquier caso, las indicaciones provistas por el derecho

interno no tienen sino un valor relativo; la naturaleza misma de la

infracción representa un elemento de mayor peso (sentencia Engel y

otros, cit. …).

A este respecto, no debe olvidarse que la mala conducta de un

detenido puede revestir formas diversas: hay faltas que

manifiestamente conciernen sólo a la disciplina interior, pero no

puede decirse lo mismo de todas. Desde el primer momento algunas

de ellas pueden revelarse mas reprehensibles que otras; el reglamento

penitenciario provee una escala de infracciones, atribuyendo una

“gravedad particular” a las que cometió el Sr. Campbell […]. Más

aún: la ilegalidad de tal o cual acto puede no depender de la

circunstancia de que haya tenido a la prisión por teatro; un

comportamiento contrario al reglamento penitenciario constituye a

veces, además, una infracción penal […]

Sin duda, estos datos no son suficientes para conducir al

Tribunal a concluir en la necesidad de considerar como “penales”, a

los fines de la Convención, las infracciones reprochadas al Sr.

Campbell, pero ellos les imprimen un aspecto que no coincide

exactamente con el de un problema de pura disciplina.”



CCC 69237/2014/TO1/3/CNC1

Según el razonamiento del TEDH en la sentencia citada,

en estos casos, el tercer criterio de la indagación acerca de la

naturaleza y severidad de la sanción es el decisivo. La Comisión

Europea ha seguido el mismo abordaje en el caso “René Pelle c.

Francia”, cit., al declarar:

“1. […] Esta doble calificación no implica necesariamente que el

detenido perseguido disciplinariamente por una infracción que,

además, sería pasible de persecución penal, pueda invocar el beneficio

de las garantías previstas en el artículo 6 de la Convención.

Para que el reproche de una infracción disciplinaria sea

susceptible de ser considerado como una acusación en materia penal

en el sentido del artículo 6, inc. 1, debe tomarse en cuenta,

igualmente, la naturaleza y grado de severidad de la sanción

amenazada y la efectivamente infligida (TEDH, sentencia Campbell y

Fell de 28 de junio de 1984, Serie A, n° 80, párr. 7072). […]”

Paso pues a examinar el tercer criterio indicado, indagando sobre la

“naturaleza y severidad de la sanción aplicable y efectivamente

aplicada” a Héctor Daniel Altamirano. La infracción por la que ha

sido sancionado el detenido ha sido calificada a tenor del art. 18, inc.

h, del Reglamento de Disciplina, que a su vez reproduce a la letra el

art. 85, inc. h, de la ley 24.660, y está calificada como grave en ambos

ordenamientos, para la que están previstas las sanciones de

permanencia en celda o alojamiento individual hasta quince días

ininterrumpidos, o durante siete fines de semana sucesivos o

alternados, traslado a otra sección de régimen más riguroso, o traslado

a otro establecimiento (arts. 87 de la ley 24.660 y arts. 19, incs. e, f, g

y h, y 20 del Régimen de Disciplina).

En este caso ha sido sancionado con cinco días de

alojamiento en celda individual. La naturaleza de la sanción, aunque

de las calificadas graves, no es análoga a una pena.


La alegación que la sanción tendrá consecuencia en la

ejecución de la pena es una conjetura por varias razones. En primer

término, porque el detenido no había sido condenado cuando fue

sancionado, ni cuando el Tribunal Oral debió conocer de la sanción y

podría ser condenado o absuelto en un juicio. En segundo lugar

porque también es conjetural que efectivamente esa sanción influirá

de modo directo y perjudicial en el régimen progresivo de la ejecución

de la pena, puesto que es el cumplimiento regular de los reglamentos

carcelarios el dirimente para la concesión o denegación de ciertas

modalidades de ejecución de las penas privativas de libertad, y porque

la calificación de conducta relevante para el avance en las etapas de la

progresividad es dinámica y no puede sostenerse, sino de modo

conjetural, que sería eventualmente dirimente para negarle al

imputado algún avance de etapa o fase o algún beneficio.

Tomo nota, sin embargo de la opinión del juez del

Tribunal Oral que ha votado en disidencia en la resolución de fs.

66/73, en cuanto entendió que la falta de asistencia letrada durante el

procedimiento disciplinario invalida todo lo actuado en sede

penitenciaria, afirmando que “estos resguardos adquieren particular

relevancia en el presente caso, en el que se ha impuesto una sanción

que implica una privación de libertad que se suma a la que el

imputado ya sufre en virtud del proceso penal” y que “tal

circunstancia justifica un mayor control por parte del órgano judicial

tendiente a garantizar suficientemente el derecho de defensa del

imputado”. El argumento no es novedoso y es coincidente con una

conocida opinión de doctrina” (confr. Malarino, Ezequiel, Sanciones

penitenciarias, legalidad ejecutiva y su contralor judicial, Cuadernos

de Doctrina y Jurisprudencia Penal, ed. AdHoc, vol. Nro. 6, p. 827).

Sin embarco considero que el argumento es erróneo.

Una argumentación análoga sobre la equivalencia entre

privación de libertad y la sanción de permanencia en celda o



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“aislamiento” había sido propuesta a y rechazada por la Comisión

Europea de Derechos Humanos en el caso “X. c. Suiza”, ya citado,

con respecto a la internación por cinco días en celda de aislamiento, al

decir:

“2. El peticionario se queja, en primer lugar, de que ha sido privado

de la libertad de la que gozaba en la prisión.

Las condiciones normales de la vida en la prisión […]

constituyen privación de libertad sin consideración a la libertad de

acción que el prisionero pueda gozar en el marco de la prisión. Por lo

tanto, las medidas disciplinarias aplicadas al peticionario que estaba

cumpliendo una pena no pueden ser consideradas como constitutivas

de privación de libertad, porque tales medidas sólo son

modificaciones de las condiciones de la detención legal.

Las condiciones de detención pueden ser controladas por aplicación

del Artículo 3 de la Convención, pero no están cubiertas por los

términos del Artículo 5 (1).”

Esa concepción ha sido reiterada por la Comisión en el

caso “René Pelle c. Francia”, ya citado:

“1. […] La Comisión observa que la colocación en celda de castigo no

representa una privación suplementaria de la libertad sino una

agravación de las condiciones de detención.”

Por otra parte, siguiendo el tercer criterio del estándar de

la jurisprudencia del TEDH, es pleno de sentido indagar el grado de

severidad de la sanción que el detenido arriesga sufrir, en el que su

duración cumple un papel relevante. Aquí se observa que los arts. y

56 a 62 del Reglamento de Disciplina prevén el confinamiento en

celda con derechos de asistencia médica, alimentación normal, de

correspondencia y comunicación con familiares o allegados. El


detenido ha sido sancionado a una pena de cinco días de alojamiento

celda individual, su duración era restringida, y no puede decirse que

por sus efectos pueda ser equiparada a una pena cuya imposición exija

se provea de las mismas garantías que para la determinación de una

acusación penal en la que arriesga sufrir penas del derecho criminal.

No encuentro pues razones, para apartarme del criterio

general sentado por la Comisión Europea de Derechos Humanos en

los dictámenes antes citados que desconocen la existencia de

equivalencia entre la sanción de “aislamiento” y la pena privativa de

libertad.

De acuerdo con los criterios desarrollados, entiendo que

no son directamente aplicables al caso todas las garantías mínimas

reconocidas a toda persona imputada de una infracción penal

reconocidas en los arts. 8.2 CADJ y 14.3 PIDCP.

A mi juicio no conmueve esta conclusión ni la decisión

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Baena,

Ricardo y otros c. Panamá”, en el que se trató de una violación

flagrante al debido proceso y derecho de defensa de empleados

estatales por habérselos privado de manera flagrante de un proceso

previo a la sanción de destitución, porque allí la Corte no llegó a

declarar que la intervención de un defensor en la etapa administrativa

fuese imperativa.

Tampoco podrían ser fundamento de una conclusión distinta los

términos del informe nº 69/08 de la Comisión Interamericana de

Derechos Humanos, presentado en el caso “Guillermo Patricio Lynn

c. Argentina”, en el que ha pretendido apoyarse el Defensor Público

que ha intervenido en la audiencia, pues por tratarse de un informe

sobre admisibilidad (48.1.a CADH), esa Comisión no ha hecho

apreciaciones de fondo sobre el alcance de las garantías mínimas

aplicables al proceso disciplinario en establecimientos penitenciarios,

y ese será el tema de fondo sobre el que se pronunciará una vez que se



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sustancie el caso en un informe reservado (art. 50.1. CADH) o

eventualmente ejerciendo las facultades alternativas de emitir uno

público (art. 51 CADH) o de llevar la cuestión por vía de demanda

ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (arts. 51.1 y 61

CADH).

VI

Que la conclusión intermedia a la que arribo

precedentemente no significa negar que en el procedimiento

disciplinario, en el que en definitiva el detenido corre el riesgo de ser

sometido a distintas restricciones de derecho, rigen la garantía el

debido proceso legal y la inviolabilidad de la defensa en juicio. Esto

también está asegurado por el art. 18 CN que se refiere en general a la

defensa de la persona y los derechos, y en el art. 8.1 que asegura a

toda persona el derecho a ser oída, con las debidas garantías, para la

determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral,

fiscal o de cualquier otro carácter.

A este respecto observo que es presupuesto de la

imposición de una sanción disciplinaria “la comprobación de la

infracción imputada, mediante el debido procedimiento establecido en

este reglamento, asegurando el derecho de defensa” (art. 8). El

procedimiento disciplinario se abre con un parte o denuncia (arts. 30,

31 y 39), y el sumariante designado dispondrá la notificación al

detenido de la infracción que se le imputa, de los cargos existentes, de

los derechos que le asisten y de la facultad de ofrecer descargos y

pruebas en el mismo acto (art. 40). El sumariante realizará una

investigación sumaria (art. 42) y formulará sus conclusiones que

presentará al Director del establecimiento (art. 43). Remitido el

expediente disciplinario, el Director debe recibir de inmediato al

interno en audiencia individual y dictar resolución dentro de los dos

días hábiles de realizada ésta (art. 44). El personal que estuviere


vinculado al o involucrado en el hecho no puede labrar el parte, ni

actuar como sumariante (arts. 33 y 39). El Reglamento disciplinario

establece pormenorizadamente el contenido de la decisión (art. 45) y

el deber de notificación y de información al detenido sobre el derecho

a interponer recurso ante el juez competente, ante quien puede reiterar

los pedidos de prueba que le hubiesen sido denegados (art. 46). Este

derecho de impugnación está también previsto en el art. 96 de la ley

24.660 respecto de las sanciones disciplinarias aplicadas a los

condenados.

Observo así que esas disposiciones conceden al detenido

importantes salvaguardas para el debido proceso y el ejercicio de la

defensa. Además se le provee de un remedio ante un juez o tribunal

del Poder Judicial, remedio éste que debe ser entendido con cierta

amplitud, al punto de que pueden reiterarse peticiones de prueba que

hubiesen sido denegadas. En todo caso, puesto que las sanciones

disciplinarias acarrearán siempre restricciones de derechos, el recurso

judicial contra la sanción deberá ser entendido con un alcance que

satisfaga la idea de recurso efectivo ante una autoridad judicial en los

términos del art. 25 CADH.

Resta por abordar si esas salvaguardas son suficientes

para el ejercicio adecuado de la defensa. La defensa pública pretende

que la intervención de un defensor es obligada en todo el

procedimiento administrativo sancionatorio y que el defecto de

intervención acarrea por sí la nulidad de todo lo actuado.

Entiendo aquí pertinente evocar la jurisprudencia de la

Corte Suprema, según la cual en los procedimientos por faltas y

contravenciones, la garantía de la defensa en juicio lleva implícita la

de que, quien se encuentra sometido a enjuiciamiento pueda contar,

“al menos ante los tribunales de justicia”, con asistencia profesional

(Fallos: 298:578 y 306:821). De modo que ha declarado la nulidad de

lo actuado si en sede judicial se privó a la imputada, en la indagatoria



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judicial, de la asistencia letrada (Fallos: 304:1886), o si el imputado

había dado manifiesta intención de encomendarle su asistencia a su

abogado en la instancia judicial, afectándose por la omisión de esa

asistencia el ejercicio pleno del derecho del condenado a obtener la

revisión de su causa por parte de los jueces, garantía que constituye un

requisito indispensable para la validez constitucional de los

procedimientos penales ante tribunales administrativos (Fallos:

304:830). Y también ha declarado existencia de violación de la

defensa en juicio cuando por razones formales no se admitió el

recurso de apelación ante el juez, interpuesto por dos abogados, por

no haber sido designados formalmente como tales, no obstante la

manifestación expresa de la imputada de su voluntad de apelar, lo que

había impedido recurrir al control judicial, que “es condición de

validez del ejercicio de facultades jurisdiccionales por parte de

órganos administrativos” (Fallos: 296:65).

Considero pertinente también exponer la argumentación

del voto disidente en el caso de Fallos: 314:1220, donde se expresó

que “resulta constitucionalmente imperativo que la autoridad policial

asegure la intervención de un letrado, ya sea éste particular o de

oficio, en ocasión de notificarse al condenado del pronunciamiento

dictado por la citada autoridad, a fin de otorgar a éste la oportunidad

[…] de interponer oportunamente el recurso de apelación ante la

justicia contravencional”. Se expuso en ese voto disidente que “La

omisión de la autoridad policial […] de dar cumplimiento al

mencionado requisito constitucional, impidió al condenado obtener la

“revisión judicial suficiente”, prevista en el Código de

Procedimientos, la cual constituye el requisito indispensable de

validez constitucional de las sanciones aplicadas por organismos

administrativos”. Y se concluyó que la omisión había dejado al

condenado en una situación de “desamparo real” por haber quedado


firme la sanción en defecto de recurso de apelación (confr. voto

disidente de los jueces Cavagna Martínez, Fayt, Petracchi y Barra).

No es esto lo que sucede en la especie, en la que no

obstante que no se notificó a ningún defensor de la sanción

disciplinaria, la Defensa Pública, enterada de la sanción por iniciativa

de los jueces del Tribunal Oral, interpuso recurso de apelación, que

fue admitido a trámite, pudo así el detenido acceder a una instancia

judicial de revisión de la sanción impuesta.

La Defensa Pública se ha agraviado de violación al

derecho de defensa, por no habérsele asegurado intervención desde el

primer acto del procedimento administrativo. Sin embargo, sus

argumentos se resumen en un gravamen pura mente formal, cuya

sustancia no expone, pues no da cuenta de que ello le hubiese

impedido ejercer defensas u ofrecer pruebas que ya no fuesen

admisibles en la instancia de apelación.

Entiendo pues que la alegación de violación del derecho

de defensa no se ha sustanciado en el presente caso.

VI

El juez que me ha precedido en la votación ha concluido

que ha existido lesión a la inviolabilidad de la defensa por no haberse

garantizado la asistencia letrada del interno antes de la resolución del

procedimiento administrativo, declarando que está más allá de la labor

de los jueces establecer reglas generales, válidas para todos los casos.

Mis desarrollos anteriores son muestra de mi disidencia en cuanto esto

pueda significar que es inherente a esa salvaguarda la intervención

efectiva de un abogado en cada acto del procedimiento administrativo,

Podría, por cierto concordar en que ciertos deberes de información se

hallan implícitos en el art. 40 del decreto 18/97 en cuanto declara que:

“El sumariante procederá, en un plazo máximo de un día, a notificar

al imputado: a) La infracción que se le imputa; b) Los cargos



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existentes; c) Los derechos que le asisten […]”. Entre esos derechos

debe considerarse implícitamente comprendido el derecho a consultar

con un abogado antes de tomar cualquier decisión en punto a si

ofrecer un descargo u ofrecer pruebas, como lo establece el segundo

párrafo del art. 40. Pero no podría derivar de ese derecho a la

información una regla que imponga de modo imperativo la

intervención de la defensa en los actos del procedimiento, y tampoco

podría derivar, como consecuencia necesaria de la omisión de

información del derecho a consultar con un abogado, la declaración de

invalidez del procedimiento.

Una declaración de invalidez de los actos del

procedimiento fundada en esa omisión sólo procedería, a mi juicio,

cuando del defecto de información sobre el derecho a la consulta con

un asistente letrado haya acarreado un perjuicio concreto al imputado.

Así por ejemplo, si sin poder acceder a una consulta previa, porque

ignorase ese derecho, o porque se le hubiese negado, el detenido

efectuado manifestaciones de descargo que en definitiva hubiesen

sido tomadas como manifestaciones de cargo para fundar la sanción;

tal la ratio de la sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos

en “Miranda vs. Arizona” (384 US 436). Sin embargo, no es esto lo

sucedido en la especie, en la que el imputado no reconoció la

conducta material de la infracción, y sus dichos no han constituido

base de la prueba del hecho atribuido en la resolución disciplinaria.

La Defensa Pública pretende que la falta de intervención

perjudica las posibilidades del detenido de ofrecer de modo efectivo

los medios de prueba adecuados. Sin embargo, no ha expuesto de

ningún modo cuál fue el medio de prueba que podría haber ofrecido

en la instancia administrativa, ni tampoco explica por qué, de existir

alguno, no podría ya haberlo ofrecido en la instancia de revisión

judicial.


Por esas consideraciones, he de disentir con la solución nulificante

que viene propuesta.

VII

La Defensa Pública también se ha agraviado invocando

arbitrariedad de la decisión, por arbitraria apreciación de la prueba e

inobservancia del principio in dubio pro reo, por errónea subsunción

legal del hecho considerado probado y por no haberse considerado la

posibilidad de suspensión condicional de la sanción de aislamiento

aplicando el art. 24 del decreto 18/97.

Entiendo inoficioso abordar estas cuestiones en vistas del

resultado al que por mayoría se arriba.

Dejo así sentada mi disidencia en este voto.

En virtud del acuerdo que antecede, la Sala I de la

Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correcional de la

Capital Federal, por mayoría, RESUELVE:

CASAR la sentencia de fs. 66/74 y ANULAR la

resolución administrativa 149/15 tomada por el Director de la Unidad

Residencial Nº III del Complejo Penitenciario Federal II, sin costas

(arts. 456, inc. 2º, 470 y 530 CPPN).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese

(Acordada 15/13 C.S.J.N.; LEX 100) y remítase al tribunal de

procedencia, sirviendo la presente de atenta nota de envío.

Eugenio C. Sarrabayrouse Horacio Días Luis M. García

Ante mí: Paula Gorsd



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