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Poder Judicial de la Nación 1 USO OFICIAL Córdoba, 10 de septiembre de dos mil trece.- VISTOS: En el juicio oral y público, los autos caratulados: “JAIME, Ricardo Raúl p.s.a. Sustracción de documentación destinada a servir de prueba en otro proceso en grado de tentativa” (Causa Nº J- 1/11), que se tramitan por ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba, se reúnen los integrantes del Tribunal, señores vocales José Fabián ASIS, Carlos Julio LASCANO, José María PÉREZ VILLALOBO, actuando como Presidente el primero de los nombrados, en presencia del señor Secretario de Cámara, Dr. Tristán López Villagra, para dictar sentencia en la causa que se le sigue al señor Ricardo Raúl JAIME, D.N.I. N° 11.562.171, de nacionalidad argentina, nacido el 16 de enero de 1955, en la ciudad de Villa María, Córdoba, de profesión Ingeniero Agrimensor, domiciliado en calle Omaguacas Nº 91, Barrio Costa Azul de la ciudad de Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, divorciado, hijo de Roberto René Jaime y de María Margarita Silvestre, sin antecedentes penales computables; siendo su abogado defensor el Dr. Marcelo Brito; actuando como Fiscal el Dr. Maximiliano Hairabedian. El requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, obrante a fs. 84/87 y el auto de elevación de la causa a juicio obrante a fs. 102/106, atribuye al imputado Ricardo Raúl Jaime, la comisión del siguiente hecho: “El día 7 de junio de 2010, siendo las 13:30 horas en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla de la provincia de Córdoba, en oportunidad de darse cumplimiento al allanamiento y registro del inmueble sito en calle Omaguaca 91 Villa Costa Azul, pedanía de San Roque, Dpto. de Punilla, provincia de Córdoba, en el marco de los autos nº 12446/08 que se tramitan ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a cargo del Dr. Oyarbide, con intervención de la Fiscalía Federal Nº2 a cargo del Dr. Carlos Rívolo, Jaime Raúl Ricardo intentó sustraer desde una mesa ubicada en la Planta Baja de la citada vivienda, un tarjetero de color negro –media carpeta con tapa plástica de color negro que contenía aproximadamente doscientos folios transparentes, los que contenían numerosas tarjetas personales-, y cuatro tarjetas personales, objetos destinados a servir de prueba en los autos señalados precedentemente. Que en la oportunidad en la que el Inspector Miguel Ángel Maidana (autorizado al diligenciamiento del oficio de allanamiento), se encontraba en la mencionada mesa suscribiendo la correspondiente acta
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Córdoba, 10 de septiembre de dos mil trece.-
VISTOS: En el juicio oral y público, los autos caratulados: “JAIME, Ricardo Raúl p.s.a.
Sustracción de documentación destinada a servir de prueba en otro proceso en grado
de tentativa” (Causa Nº J- 1/11), que se tramitan por ante el Tribunal Oral en lo Criminal
Federal Nº 2 de la ciudad de Córdoba, se reúnen los integrantes del Tribunal, señores
vocales José Fabián ASIS, Carlos Julio LASCANO, José María PÉREZ VILLALOBO,
actuando como Presidente el primero de los nombrados, en presencia del señor Secretario
de Cámara, Dr. Tristán López Villagra, para dictar sentencia en la causa que se le sigue al
señor Ricardo Raúl JAIME, D.N.I. N° 11.562.171, de nacionalidad argentina, nacido el
16 de enero de 1955, en la ciudad de Villa María, Córdoba, de profesión Ingeniero
Agrimensor, domiciliado en calle Omaguacas Nº 91, Barrio Costa Azul de la ciudad de
Villa Carlos Paz, Provincia de Córdoba, divorciado, hijo de Roberto René Jaime y de
María Margarita Silvestre, sin antecedentes penales computables; siendo su abogado
defensor el Dr. Marcelo Brito; actuando como Fiscal el Dr. Maximiliano Hairabedian. El
requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio, obrante a fs. 84/87 y el auto de
elevación de la causa a juicio obrante a fs. 102/106, atribuye al imputado Ricardo Raúl
Jaime, la comisión del siguiente hecho: “El día 7 de junio de 2010, siendo las 13:30 horas
en la ciudad de Villa Carlos Paz, Departamento Punilla de la provincia de Córdoba, en
oportunidad de darse cumplimiento al allanamiento y registro del inmueble sito en calle
Omaguaca 91 Villa Costa Azul, pedanía de San Roque, Dpto. de Punilla, provincia de
Córdoba, en el marco de los autos nº 12446/08 que se tramitan ante el Juzgado Nacional
en lo Criminal y Correccional Federal Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a
cargo del Dr. Oyarbide, con intervención de la Fiscalía Federal Nº2 a cargo del Dr.
Carlos Rívolo, Jaime Raúl Ricardo intentó sustraer desde una mesa ubicada en la Planta
Baja de la citada vivienda, un tarjetero de color negro –media carpeta con tapa plástica de
color negro que contenía aproximadamente doscientos folios transparentes, los que
contenían numerosas tarjetas personales-, y cuatro tarjetas personales, objetos destinados
a servir de prueba en los autos señalados precedentemente. Que en la oportunidad en la
que el Inspector Miguel Ángel Maidana (autorizado al diligenciamiento del oficio de
allanamiento), se encontraba en la mencionada mesa suscribiendo la correspondiente acta
de secuestro del procedimiento, el inculpado Jaime intentó sustraer las cuatro tarjetas
mencionadas al levantarlas con sus manos de la mesa e introduciendo las mismas en el
bolsillo delantero derecho de las ropas que vestía, como así también tomó con sus manos
el mencionado tarjetero, circunstancia que al ser advertida por el funcionario Maidana,
hizo que Jaime dejara las tarjetas y el tarjetero en cuestión sobre la mesa. Es dable señalar
que Jaime tenía conocimiento que las tarjetas en cuestión estaban destinadas a servir de
prueba en los autos referidos precedentemente, toda vez que en los mismos se lo imputaba
por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. Se tomó conocimiento del hecho narrado
en virtud del informe presentado por la Contadora María Eleonora Feser, quien intervino
en el procedimiento, ante la mencionada Fiscalía Federal, el que daba cuenta que:
“Finalizado el allanamiento se apersona el inspector Maidana con los dos efectivos en el
patrullero a la Escribanía para trasladarme a la Delegación en la ciudad de Córdoba. Allí,
estando en una oficina de dicha dependencia con el Inspector Maidana y dos efectivos más
me manifiesta de manera anecdótica, que luego de ausentarme, mientras el Inspector se
encontraba redactando el acta, el señor Jaime se acercó a la mesa y sustrajo las tarjetas
secuestrados, llamándole la atención al Inspector Maidana sobre las consecuencias que
implicaba su accionar para que inmediatamente el señor Jaime volviera a depositar las
tarjetas sobre la mesa.”. Conforme al sorteo oportunamente efectuado, la emisión de los
votos se hará en el orden allí establecido, planteándose el Tribunal, las siguientes
cuestiones a resolver: Primera: ¿Se encuentra acreditado el hecho y es su autor
responsable el imputado Ricardo Raúl JAIME? Segunda: En su caso: ¿qué
calificación legal corresponde al hecho? Tercera: En su caso, ¿corresponde imponer
pena? Y CONSIDERANDO: A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL
SEÑOR VOCAL DR. JOSÉ FABIÁN ASIS DIJO: I- El Tribunal se constituyó en
audiencia a los fines de resolver en definitiva la situación procesal de Ricardo Raúl Jaime,
quien viene acusado, en carácter de autor, de la comisión del delito de “sustracción de
documentación destinada a servir de prueba en otro proceso, en grado de tentativa”, en los
términos del art. 255, 45 y 42 del C. Penal. El requerimiento fiscal de elevación a juicio y
el auto de elevación de la causa a juicio transcriptos precedentemente, cumplen el requisito
establecido en el art. 399 del Código de Procedimientos en Materia Penal, en lo que hace a
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la enunciación del hecho y circunstancias que fueran materia de acusación, encontrándose,
de esta manera, debidamente conformada la plataforma fáctica del juicio. II- Corresponde,
en consecuencia resolver en definitiva sobre la existencia del hecho juzgado y la autoría
del mismo. Al momento de ejercer su defensa material en esta audiencia, luego de
explicada la acusación y las pruebas existentes en su contra, el imputado, previa consulta
con su abogado defensor, manifestó su voluntad de prestar declaración, la cual es conteste
con la oportunamente prestada en instrucción, obrante a fs. 79/81. Así en ambas
declaraciones el imputado manifestó: que le sorprende y desconoce el hecho que se le
imputa; señala que desde que llegó la comitiva a la casa de su hija, le pusieron en
conocimiento la orden de allanamiento. Que se encontraba circunstancialmente en la casa
de su hija. Que a los fines de efectuar el procedimiento se hicieron presentes tres policías,
una señora desconociendo la función de la misma, un señor en calidad de testigo junto con
otra persona que esporádicamente realiza tareas en dicha vivienda, quien también había
sido convocado en calidad de testigo. Manifestó que se leyó el oficio que ordenaba el
allanamiento a su hija, y que él permaneció en el lugar, concretamente en el quincho de la
vivienda. Que luego se les manifestó que se labraría un acta con los elementos secuestrados
donde constarían las personas que participaron en el procedimiento. Aclaró que el
allanamiento siempre se efectuó en presencia de su hija y los dos testigos. En relación a los
efectos secuestrados, manifestó que los mismos estaban sobre una mesa de living donde un
oficial con una notebook realizaba el acta que posteriormente se les leyó previo a su firma.
Refirió que en ningún momento supo o conoció cuál era la documentación que habían
recogido. Refirió también que en momentos en que él se encontraba en el quincho, escuchó
que el policía -luego supo que era Maidana-, interrogaba a su hija, lo que motivó a que él
se dirigiera a la cocina y manifestara a su hija que no podía ser interrogada por algo que
desconocía. Remarcó que en ningún momento ni a él ni a su hija ni a los testigos se les
exhibió la documentación secuestrada e introducida en el sobre, y que tampoco la misma
constaba en el acta que se puso a la firma. Que luego de labrar el acta, firmarla y leérselas,
el oficial les agradeció el comportamiento durante el procedimiento. Asimismo, resaltó que
de las personas que inicialmente habían participado en el procedimiento, refiriéndose a los
dos agentes y la mujer que había ido de la Fiscalía Federal de Buenos Aires, se habían
retirado del lugar con mucha antelación a la rúbrica del acta. Refirió también que nunca
tomó conocimiento de los elementos que se iban secuestrando, pero que ni siquiera leyó
someramente el acta, nunca vio qué se llevaban del domicilio de su hija. Que tiene
referencias que existían tarjeteros sobre su vida pública, que no tiene vínculo alguno con la
firma Cerro Motos, que simplemente conoce a los dueños por eventos políticos. Que no
tenía tarjetas relacionadas con esa firma. Que él ocupaba la habitación de la planta alta a
mano derecha, desconociendo si el día de los hechos había allí una campera. Que de las
tarjetas que supo tener cuando estaba en la actividad pública, ninguna tenía fondo negro,
eran tarjetas oficiales de color blanco. Que nunca le dijo a la comitiva que llegó a efectuar
el allanamiento, que los estaban esperando, pero que si le llamó la atención que minutos
antes hubiese mucha prensa en la puerta. Finalmente concluyó manifestando no entender
por qué se manifestó algo que no ocurrió, que no consta en el acta nada de lo que figura en
la acusación, que desconoce por qué se hizo ese comentario y que quiere dejar en claro que
nunca obstruiría un procedimiento. Refirió ser un hombre de bien, que nunca pondría trabas
para llegar a la verdad. Luego, solicitó ampliar su declaración donde expresó: que el
allanamiento de Omaguaca no estaba vinculado a la causa de enriquecimiento ilícito como
expresó la testigo Feser sino al allanamiento de automotores en calle Juan B. Justo, ya que
uno de los vehículos que conducía su hija figuraba a nombre de Automotores Cerro, sita en
calle Juan B. Justo agregando que es la agencia oficial de VW. Que también dijo la testigo
que él estaba ofuscado, pero que en realidad estaba nervioso porque era la casa de su hija y
que ella estaba con el bebé. Que lo único que se buscaba eran los papeles de ese auto. El
vehículo era un VW Gol de propiedad de su ex mujer. La agencia de motos es Cerro Motos,
expresa que no conoce la composición societaria de ambas agencias. La titularidad de una
de las agencias es del señor Claudio Barrera, y que se iniciaron gestiones cuando él era
funcionario nacional. Respecto de la concesionaria VW desconoce quién es el titular.
Refiere ser ambidiestro. No existe ninguna investigación relacionada con Cerro Motos ni
con Automotores Cerro. III- Que la prueba incorporada legalmente al juicio, ofrecida
oportunamente por el Ministerio Público Fiscal, se compone de las declaraciones
testimoniales de Miguel Ángel Maidana (fs. 60/61); Miguel Ángel Espíndola (fs. 64);
Sabillio Velázquez (fs. 65); María Eleonora Feser (fs. 230/236); del testigo nuevo Andrés
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Daniel SALDIVAR y Ezequiel PRADA. Por otra parte, se incorporaron TESTIMONIOS
POR SU LECTURA: VIZGARRA, Héctor Leonel (fs. 5/7; 57); MOLINA, Luis Alberto
(fs. 53); GARNICA, Cesar Alberto (fs. 54); CABRERA, José Luis (fs. 55); MORALES,
Roberto Sergio (fs. 56); BUSTAMANE, Néstor Adrián (fs. 58/59); LOPEZ MONET,
Ernesto (fs. 62). Asimismo, se incorporó la prueba DOCUMENTAL E INSTRUMENTAL:
Orden de allanamiento (fs. 3); Actas de secuestro (fs. 4); Acta apertura secuestro en marco
del Expte. 12446/08 del Juzgado Nacional Correccional Nº7 Secretaría N° 14 (fs. 8/12);
Informe presentado por la Contadora María Eleonora Fesser (fs. 13); Informe del Dr. Jorge
García Davini (fs. 15); Acta de comparecencia del Comisario Andrés Daniel Saldívar (fs.
18); Informe de Reincidencia (fs. 174/175); Elementos secuestrados y reservados en
Secretaria del Tribunal (fs. 143); Oficio Fiscalía Federal Nº3 (fs. 187/194/197); Oficio del
Juzgado Federal Nº 7 Secretaría Nº 14 de Bs. As. (fs. 240/241); Oficio de la P.F.A.
Delegación Córdoba (fs. 183). Por último se incorporó el expediente nº FCB 3348/2013 del
Juzgado Federal N° 3 de Córdoba, “Averiguación ilícito sobre sustracción y destrucción
medios de prueba y documentos”. IV- Que al momento de efectuar su alegato, el señor
Fiscal Dr. Maximiliano Hairabedian manifestó que de acuerdo a las pruebas existentes en la
causa los hechos están acreditados con el grado de certeza suficiente para arribar a una
sentencia condenatoria. Agrega que descarta la versión del imputado que niega en su
esencia el hecho, el cual carece de mayor complejidad. Manifiesta que no pueden coexistir
al mismo tiempo las versiones de la fiscalía y de la defensa que son diametralmente
opuestas. Precisa que el testigo directo del hecho Maidana, es el único testigo de la
maniobra de intento de sustracción de pruebas del imputado; agrega que el carácter de
testigo único no impide al Tribunal llegar a un pronunciamiento condenatorio. Refiere que
nuestro ordenamiento se rige por el sistema de libertad probatoria y el de la sana crítica
racional que deben ser exigidos al valorar los dichos del único testigo de cargo. Luego
menciona las pautas que da la doctrina en relación al testigo único, expresando que hay que
analizar la fidelidad y la sinceridad del testimonio. Sostuvo que la fidelidad del testimonio
está dada por las condiciones físicas del testigo, agregando que en el caso particular, el
testigo Maidana está en condiciones físicas de reproducir lo que vio o escuchó dado que no
tiene problemas de salud, ni problemas en sus sentidos y que además se encuentra
actualmente en actividad, no advirtiendo mayores inconvenientes. Agrega que es
importante este punto pues de acuerdo a la defensa Maidana inventó el hecho por el que se
acusa a su defendido. En relación a la sinceridad del testimonio, se pregunta el señor Fiscal
si el testigo Maidana tenía algún motivo para inventar lo que depuso, manifestando en ese
sentido que su impresión de Maidana es la de un testigo que responde con franqueza y
sinceridad. Sostuvo que por una cuestión objetiva el Oficial Maidana aparece como un
testigo que no miente, preguntándose cuál sería el interés del testigo para torcer la
realidad, preguntándose entonces qué interés pudo haber tenido Maidana, quien fue elegido
al azar ese día para intervenir en una investigación que no conocía. Agrega que el testigo
Maidana fue respetuoso con el acusado Jaime pues podría haberlo detenido ante la tentativa
de sustracción de documentación que realizó el mismo, minimizando el hecho, descartando
así la mala fe del policía Maidana en ese sentido. Señaló que tampoco parece que pudiera
inventar o delirar, señalando que el testigo Saldivar, Jefe de la Delegación Córdoba de la
Policía Federal, expresó que tenía el mejor de los conceptos de Maidana. Seguidamente,
refiere que al momento de oponerse a la elevación de la causa a juicio el defensor hizo un
meduloso análisis crítico de la declaración del testigo Maidana planteándose interrogantes
para poner en crisis su testimonio. En este punto, el señor Representante del Ministerio
Público Fiscal expresa que todas las dudas que planteó el defensor sobre Maidana, el
testigo las superó en el debate. Así, manifiesta que en relación a no consignar en el acta el
incidente con el procesado Jaime, el testigo Maidana refirió que al haber devuelto Jaime lo
sustraído, le restó trascendencia y dio por superado el incidente. Respecto a que por qué no
le comentó a la Contadora lo sucedido en ese momento, el testigo respondió que ella bajó
de la planta alta manifestando que se tenía que ir al allanamiento de una Escribanía, todo
lo cual, parece motivo razonable. Respecto a la duda del defensor sobre la situación
descripta por Maidana en relación a cómo pudo ser la situación en que Jaime tomó con sus
manos el tarjetero; respondió el testigo reproduciendo con mímicas como Jaime introdujo
en el bolsillo del pantalón las tarjetas. En relación a otra duda de la defensa en cuanto el
Oficial Maidana intimó la devolución de las tarjetas al procesado Jaime pero no del
tarjetero; sostuvo el señor Fiscal que la respuesta aquí es obvia pues las tarjetas estaban en
el bolsillo de Jaime y el tarjetero estaba al frente de Maidana, quien por eso advirtió a Jaime
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de esa manera. Agrega que Maidana fue educado y respetuoso con el acusado Jaime y se
las solicitó de buena manera. En relación a otra duda de la defensa en cuanto a que Maidana
no explicó en qué prenda se introdujo los elementos el acusado Jaime; expresó el Fiscal que
en la audiencia el testigo Maidana manifestó que colocó las tarjetas sobre el tarjetero en la
mesa y que luego Jaime las introdujo en su pantalón. En relación a por qué Maidana no
detuvo al acusado Jaime si había advertido la comisión de un delito en flagrancia, sostuvo
que al haber devuelto Jaime, las tarjetas, no le dio mayor trascendencia al asunto. A
respecto señaló que si el principio de legalidad es llevado a la práctica hasta las nimiedades,
estarían los Tribunales abarrotados de causas, afirmando que siempre hay una margen de
discrecionalidad para el funcionario, mencionando como ejemplos a los familiares de los
condenados que luego de la sentencia vierten amenazas a los jueces y al fiscal y no se
labran actuaciones por ese motivo, agregando que el episodio sucedido con Jaime se trata
de un incidente menor. Sostuvo el Fiscal que el policía Maidana en este caso le quitó
trascendencia al asunto y actuó con sentido práctico. En relación al testimonio de la
contadora Feser, expresa que es una testigo directa y una testigo de oídas; que en relación a
la existencia de las tarjetas es una testigo directa, siendo una testigo de oídas en relación a
lo que le comentó el Oficial Maidana. Manifiesta el Fiscal que, en su oportunidad, el
defensor cuestionó el carácter de testigo de oídas de Feser. En este punto, expresa que no
ignora que cierto sector de la doctrina clásica como Manzini le niega importancia al testigo
de oídas sin que declare la persona que reveló lo relatado, en virtud que el mismo no tiene
responsabilidad porque no sabe sobre lo que declara y que los dichos del testigo de oídas
que van de “boca en boca” se van modificando hasta llegar a oídos de los jueces.
Manifiesta que las circunstancias mencionadas no se dan en el presente pues el Oficial
Maidana le contó el episodio sucedido con el acusado Jaime a la contadora Feser el mismo
día y que Feser no tenía ningún interés en inventar la existencia de esas tarjetas pues no
tenía conocimiento de la existencia de las mismas ni tenía nada personal en contra del
imputado Jaime. Agrega que también se debe descartar esa hipótesis pues aparte de las
tarjetas se secuestraron más elementos en el domicilio del acusado Jaime y que la existencia
de dichas tarjetas no era tan importante para sellar la suerte de Jaime en la otra
investigación que se desarrollaba en Buenos Aires. Manifiesta que no se puede pensar que
la contadora pudiese inventar la existencia de una tarjeta que no existía, que la contadora
llegó a Córdoba y se fue el mismo día. Expresa que en la causa no había menciones a la
firma de automotores por lo que se cuestiona cómo hizo entonces la contadora para inventar
el nombre de una empresa que no estaba mencionada en la causa y que existe en la realidad,
por lo que la versión exculpatoria de Jaime se torna incoherente y absurda. Refiere que la
contadora dijo que en ningún allanamiento de todos los que participó faltó prueba salvo en
éste; que si se le cree a Jaime, debería pensarse que hubo un complot en contra del mismo,
que estaba todo armado entre Maidana y Feser, que ellos inventaron todo esto contra el
acusado Jaime. Así señaló el Fiscal que de ninguna manera puede decirse que hubo una
predigitación previa entre esos dos testigos, que es impensable y absurdo pensar un acuerdo
entre ambos para tejer un complot. Asimismo manifiesta que el testigo Prada refirió que el
diálogo entre Maidana y Feser existió. Aparte de los testimonios, expresa que debe
analizarse junto a la prueba relatada, cuál es el indicio de móvil, es decir analizar el interés
que tuvo el imputado para cometer el hecho que se investiga. En tal sentido, se cuestiona a
quién se beneficiaba con la desaparecieran esas tarjetas, expresando que sólo al procesado
Jaime, ya que toda prueba que sirva para investigar el patrimonio de una persona es prueba
útil. Considera el señor Representante del Ministerio Público Fiscal que esa prueba
significaba investigar una empresa que tenía que ver con el patrimonio del imputado y que
la única persona que tenía interés en que desaparecieran esas pruebas era el señor Jaime.
Acepta que hay discordancias entre los testigos sobre aspectos secundarios del hecho, pero
no sobre el núcleo central del mismo que es el intento de sustraer las tarjetas por parte del
acusado Jaime. Así, manifiesta que esas discordancias pueden existir en cuanto al color de
las tarjetas, respecto de lo cual señaló que Maidana no negó el color sino implemente
expresó no recordarlo, por lo que entiende que no hay contradicción alguna entre lo
declarado por Maidana y Feser. Señala también como contradicciones secundarias, los
dichos relativos a cuántas veces estuvieron en planta alta, si el imputado Jaime hablaba por
teléfono o no, refiriendo que lo importante es saber si en realidad hay alteraciones en el
núcleo del hecho, afirmando el Fiscal que no las hay porque son discordancias razonables y
explicables de circunstancias que sucedieron hace más de tres años. Que los hechos que
quedan registrados en la memoria de las personas son lo que salen de la normalidad y que
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en el núcleo del hecho no hay alteraciones de los testimonios. En relación a la no
descripción de las tarjetas en el acta, expresó que en los procedimientos en que se secuestra
gran cantidad de elementos, es común que todos ellos no sean detallados en el acta,
señalando lo que expresó la contadora en cuanto a que si se hubiera descripto todo en el
acta, todavía se estaría confeccionando la misma. Sostiene así que la especificidad no es
exigida por la norma. Señala que en este sentido un caso de secuestro de DVDS “truchos”
que no fueron detallados en el acta de secuestro publicado en la editorial Abeledo Perrot, en
el cual la Cámara Nacional de Casación Penal manifestó que el acta era válida pues la
especificidad del contenido del acta no anula la misma. Agrega que la defensa podrá decir
que no están las tarjetas, pero que sobre este punto el Tribunal no puede pronunciarse pues
ya fue objeto de otra investigación. Menciona que el Tribunal Supremo Español expresó
que aun cuando en el acta no estén detallados con precisión todos los elementos
secuestrados ello no constituye óbice alguno sino que actas y testimonios son autónomos y
complementarios. En relación al incidente con Jaime, es entendible que el testigo Maidana
no lo haya explicitado en el acta pues para el mismo dicho episodio fue intrascendente. Con
relación a la calificación legal y el grado de participación en el hecho del encartado Jaime
afirma que ratifica la señalada en la pieza acusatoria, esto es art. 255 del C.P., en grado de
autor. Considera que el mismo debe ser imputado en grado de tentativa conforme el art. 42
del C.P., señalando que no se le reprocha la desaparición de las tarjetas. En cuanto a la pena
manifiesta que las circunstancias que consideran benefician al encartado son la naturaleza
del hecho, hecho que encuadra en una figura penal menor, que se trató de una maniobra
burda, impulsiva del momento, fugaz, que no se prolongó en el tiempo, que no se hizo uso
de la fuerza pública, que devolvió los objetos y que el encartado Jaime no registra condena
anterior. Como circunstancias que lo perjudican menciona la importancia del proceso o de
la investigación en cuyo marco se intentó sustraer la prueba y que se trataba de un
funcionario público, con formación universitaria, y por ello en atención a la oportunidad
que se la ha dado conlleva mayor responsabilidad en orden a los valores que por su
posición le permiten valorar con mayor posibilidad el injusto de sus acciones. Concluye que
por las razones expuestas solicita se le aplique al acusado Jaime la pena de un año de
prisión de cumplimiento en forma condicional por ser primera condena y porque la
naturaleza del hecho no hace aplicable una pena efectiva. V- A su turno, concedida la
palabra al Dr. Marcelo Brito, a los fines de efectuar su alegato, manifestó que el Ministerio
Público Fiscal debió primeramente analizar si se ha cumplido con el principio de legalidad,
tanto más exigible, cuando conforme al diseño procesal instituye al Fiscal como su
guardián supremo. Refiere que el Fiscal se preocupó por responder a las eventuales
argumentaciones de la defensa y que no perdió oportunidad de actuar dentro y fuera del
proceso creando un proceso mediático coetáneo al procedimiento judicial. Se cuestionó la
defensa, si pese a las argumentaciones dadas por el señor Fiscal General sobre el proceso
penal, es posible arribar a un condena sin que se encuentre el cuerpo del delito,
manifestando que si esto último se sabe posible, es menester conocer el o los hechos y sus
circunstancias. Que para ello, en primer lugar se debe reconstruir la verdad histórica para
saber si la acusación es solo una hipótesis, o si puede ser verificada con los elementos de
prueba adquiridos a través de la prueba legalmente incorporada al debate. Considera la
defensa que en su alegato el señor Fiscal General tiró por la borda no solo el principio de
legalidad sino también el de oficiosidad, y manifestó no haber escuchado sino referencias
genéricas al aspecto medular de un procedimiento reglado para el registro de un domicilio y
que no obstante ello no va a impetrar ninguna nulidad del acta ni de procedimiento atento
tratarse de un instrumento público, que da plena fe si el mismo no es argüido de falsedad.
También refirió que la prueba no permite adquirir ninguna certeza sobre la existencia del
hecho y la participación de sus asistido, si se atiende a lo que es el objeto del presente
proceso, señalando que el señor Fiscal tomó posturas diferentes sobre la defensa material de
sus asistido para contraponerlas con la prueba testimonial, debiendo resolverse este juicio
con el instrumento público y con los testimonios de los testigos de actuación que se
compadecen con lo expuesto en dicho instrumento, el cual a su vez tiene correspondencia
con otro instrumento público, que es el acta de apertura del secuestro. Consideró que la
prueba testimonial no tiene capacidad para abatir los dichos de su asistido. Sostuvo además
que aún lo manifestado por el señor Fiscal General al valorar las pautas de mensuración de
los arts. 40 y 41 del C.P. sobre la ausencia de importancia del proceso seguido en otra
jurisdicción con relación a su asistido, que los procesos en su contra inevitablemente se
conectan. Al respecto se cuestionó la defensa si carece de importancia que hayan venido
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desde Buenos Aires, tres funcionarios judiciales (el Secretario del Juzgado de Capital
Federal Jorge García Davini, el Prosecretario de la Fiscalía de Capital, Javier Fontenla y la
empleada de dicha Fiscalía Eleonora Feser) y que solicitaran al Juzgado Federal de
Córdoba que expidiera la orden de allanamiento. Al respecto señaló que no se puede
conocer si el auto que ordena librar la orden de allanamiento está debidamente fundado,
con lo cual considera que podrías pedirse la nulidad toda vez que el señor Fiscal tiene la
carga de la prueba, afirmando que nadie se preocupó por aquello. Expresó pues que, la
orden de allanamiento expedida en la causa es ilegal, que solo un órgano jurisdiccional y
con motivación puede dictar la misma, agregando que no se sabe si estaba fundada esa
orden de allanamiento pues no obra el auto fundado en la causa. Sostuvo también que era
extremadamente importante, teniendo en cuenta el origen de lo que se llama “esta historia”
contar con los objetos secuestrados. Consideró que el fiscal omitió el cómo y el por qué
sucedió el hecho, y que considera que lo motivó porque al momento de la apertura de los
sobres, el día 9 de junio de 2010, se introdujo la versión del faltante de las tarjetas.
Manifiesta que la testigo Feser dice la verdad en relación a cinco de las tarjetas, pero no
sobre las veinte tarjetas supuestamente sustraídas. Agrega que el testigo Maidana expresó
que eran cuatro tarjetas. Se pregunta si está probado que las cuatro o cinco tarjetas hayan
existido, que ello no fue demostrado por el Fiscal, agregando que las quince tarjetas que
faltan son importantes. Refiere que no está acreditada la existencia de las tarjetas que
decían “Ricardo Jaime- Director Ejecutivo” que mencionó la testigo Feser, y que no se
demostró que su asistido Ricardo Raúl Jaime haya sido director ejecutivo de la firma Cerro
Motos, ni en este proceso ni en el que se sustancia en Buenos Aires. Señala que ello
interesa a los fines del análisis del testimonio de la testigo Feser y la valoración de la
defensa material de su asistido. Concluye al respecto que al no encontrarse acreditado que
su asistido fuera director ejecutivo de la empresa señalada, es posible que no existan tales
tarjetas en dicho sentido y que si el primero de los extremos señalados no se ha acreditado,
se pregunta qué interés pudo tener su asistido en hacer desaparecer las tarjetas en cuestión.
Señaló que no existen pequeñas contradicciones en los dichos de los policías. Que sus
testimonios repiten la acción de sustracción. Señaló que el grave problema en los procesos
contra funcionarios públicos es el hecho que la política siempre se mezcla y cuando ello
sucede –afirma-, “los jueces huyen, pero muchas veces los jueces se quedan y dejan de ser
justos”. Solicita que se reconstruya la verdad histórica de este proceso penal, que el
imputado Jaime es un condenado mediático, que cree que a partir de la apertura de los
sobres en este procedimiento se metió el diablo y la política. Refiere que la contadora Feser
en el informe dijo que no estaban las veinte tarjetas, que el fiscal Rivolo informa mediante
oficio al juez Oyarbide para que requiera a la Policía la devolución de todas esas tarjetas.
Manifiesta que el Secretario García Davini expresó que el día del procedimiento todo lo
secuestrado fue dejado en la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina. Agrega
que el Secretario García Davini dejó todos los paquetes encintados en depósito de la Policía
y que luego volvió a la ciudad de Buenos Aires junto a Fontenla y a Feser. Precisa que
Davini dijo que todos los sobres estaban impecables. Se cuestiona la defensa, sobre la
intangibilidad de la prueba desde que salió del domicilio de su defendido sito en calle
Omaguacas hasta que llegó a la ciudad de Buenos Aires. Refiere que no se puede afirmar
que alguien haya modificado el contenido de los tres sobres que estaban en Carlos Paz y en
los cuales estaba el tarjetero con innumerables tarjetas. Agrega que se generan dudas sobre
la existencia de las tarjetas por lo que no hay certeza al respecto. Se pregunta entonces qué
elementos de prueba dicen que existieron señalando que duda sobre la existencia de la cosa
material sobre la que se realiza la acción objetiva. Se pregunta entonces también, por qué
en Buenos Aires se dice que se sustrajo el tarjetero si en el sobre 2 existía uno. Considera
que se desataron acciones a partir de lo que dijo la testigo Feser en Buenos Aires,
sosteniendo que a partir de allí comenzó lo que se llama “el apriete contra los policías”, a
un titular de Dependencia, afirmando la defensa que “cuando aprietan a un jefe, los
subordinados cantan el mismo discurso”. Señala asimismo, que el testigo Maidana no
minimizó la acción de su asistido en virtud que dijo que lo iba a detener, afirmando que su
declaración sería autoincriminatoria toda vez que habría actuado al margen de la ley y ello
es así porque la ley de enjuiciamiento, la policía tiene orden de detener a quien fuera
sorprendido en flagrancia en la comisión de un delito de acción pública, como es el delito
del art. 255 del C.P. Sostiene que el señor Fiscal no fundamentó por qué el delito debe ser
encuadrado como tentativa, señalando que a su criterio no lo es, toda vez que deja los
elementos por acción de un tercero, y quiere que se actúe conforme a Derecho. Refiere que
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la versión de que su defendido intentó sustraer estas tarjetas surgió en el mes de septiembre
de 2010, es decir tres meses después de los hechos. Manifiesta que el registro domiciliario
no lo realizó Maidana sino que lo hicieron los otros policías y la contadora Feser,
agregando que el Oficial Maidana mintió. Luego se pregunta si es verdad lo que dice Feser,
manifestando que la misma trabajó en la fiscalía de Rívolo. Dice que la libertad probatoria
tiene los límites de la razón, de la verdad y del absurdo, y que aquí también se hallan las
reglas de la sana crítica racional. Expresa que la orden judicial de allanamiento obliga a
consignar las diligencias realizadas en el mismo, conforme lo previsto por el art. 139 del
Código Procesal Penal de la Nación, que el acta no refiere los elementos secuestrados y que
se trataba de material de prueba. Refiere que la ley fue inobservada en este punto, pues se
omitió consignar con precisión los elementos incautados. Sostuvo que es inverosímil lo
sostenido por Feser y por Maidana, que los intervinientes del proceso no vieron la supuesta
tentativa de Jaime. Manifiesta que la postura acusatoria carece de los elementos necesarios
para llevar a la certeza requerida para un pronunciamiento condenatorio, por lo que finaliza
solicitando la absolución de su asistido Ricardo Raúl Jaime. Luego de ello, el señor Fiscal
General hizo uso del derecho a réplica, expresando que los fundamentos de la resolución
que dio lugar al allanamiento en calle Omaguaca de Villa Carlos Paz, los tiene que dar el
juez exhortante en su jurisdicción. Menciona la “teoría del fruto del árbol envenenado”
expresando que hay consenso en que no se alcanza a las consecuencias eventuales que
pueden surgir de ese proceso. En tal sentido refiere un caso del Tribunal Superior de
Justicia de Córdoba en el que policías entraron a un domicilio sin orden expedida por un
auto fundado de allanamiento. Expresa que en ese caso el juez hizo la orden de
allanamiento pero no el auto fundado, agregando que en ese caso luego quisieron coimear a
los policías. Manifiesta que pedir medidas contra el Oficial Maidana sería una injusticia
pues considera que el mismo actuó correctamente. Agrega que desde el punto de vista
objetivo Maidana no aprehendió al acusado Jaime pero no dejó que se consumara el delito,
que Maidana no le dio trascendencia al hecho y lo dio por solucionado, que en este caso no
hay dolo directo ni amerita que se remitan los antecedentes de Maidana. Posteriormente, el
Dr. Marcelo Brito, replicó que en esta causa no se acreditó la existencia de la orden de
allanamiento por tratarse de una jurisdicción extraña, agregando que el juez aunque no
tuviera competencia territorial no implica que no pudiera controlar la legalidad de ese
procedimiento. Manifiesta que el acta de secuestro es válida y no puede ser abatida por la
prueba testimonial, agregando que una cosa es la validez del acta y otra distinta es la
eficacia convictiva del acta. Agrega que no solicitó remisión de antecedentes del policía
Maidana no por falta de motivos, sino porque si se tiene por verdad el hecho es
autoincriminatorio, y que no puede disponerse el archivo de las actuaciones por ausencia de
dolo, toda vez que los elementos subjetivos no se analizan en el primer momento, sino que
está obligado a promoverla el Fiscal con la exteriorización del hecho. Concluyó afirmando
que no se refirió al dolo sino a la conducta externa y el policía tanto entendió que era ilícita
que lo conminó con la requisa. VI- En la oportunidad de escuchar la última palabra, antes
de dictar sentencia, el imputado Ricardo Raúl Jaime manifestó que ratifica lo expresado en
sus declaraciones, que niega totalmente los hechos que se le imputan y que espera el
veredicto de lo que el Excmo. Tribunal va a expresar. VII- Descripto el hecho, sintetizada
la posición exculpatoria, relacionada la prueba colectada y las conclusiones de las partes,
corresponde ingresar al fondo de la cuestión para analizar los extremos fácticos de la
imputación delictiva, en cuanto a la existencia del hecho, y en su caso la participación penal
del encartado. VIII- Previo a comenzar con el análisis de las declaraciones testimoniales,
debo decir que -si bien no se encuentra en la presente causa el auto fundado que diera lugar
a la orden de allanamiento a la finca sita en calle Omaguacas 91, barrio Costa Azul de la
localidad de Villa Carlos Paz, de esta Provincia de Córdoba- el quebrantamiento de la
garantía constitucional de inviolabilidad del domicilio se produce como consecuencia del
exhorto librado por el Juzgado Federal Nº 7 de la ciudad Autónoma de Buenos Aires. En tal
sentido, la Ley-Convenio N° 22172 estipula que los exhortos deben ser cumplimentados
conforme lo requiere el juez exhortante. Al respecto, se ha señalado en autos “DEL CAÑO,
Manuel Ernesto p.s.a. de tenencia de estupefacientes”, Expte. D-5/96, en sentencia de
21.10.1998 de este Tribunal: “Asiste razón al defensor en que no está incorporado en la
causa el Auto Fundado del allanamiento al domicilio de Del Caño, firmado por el Dr.
Maturana, Juez de Primera Instancia de Tucumán, más ello no significa que el Auto no
exista. Por el contrario, las constancias de la causa certifican que el exhorto que manda el
Juez de Tucumán a la Jueza de Córdoba, se apoya en una resolución fundada de fecha 18 de
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diciembre de 1995, en San Miguel de Tucumán. Los fundamentos esgrimidos por la Jueza
cordobesa, se basan exclusivamente en el exhorto remitido desde Tucumán, y así debe ser,
ya que mal podría fundar su resolución en elementos convictivos que no le competen y que
fueron recepcionados por el Juez que se encontraba a cargo de la investigación. Basta para
el Juez exhortado, cumplimentar la solicitud del exhortante, sin cuestionar la medida,
ajustándose de esta manera a lo previsto por la Ley convenio 22.172.” IX-
Habiendo efectuado las consideraciones precedentes, ccomenzaré con el análisis de las
declaraciones testimoniales, solicitadas por el Ministerio Público Fiscal e incorporadas por
su lectura, prestadas durante la instrucción de la causa. Así el testigo Luis Alberto
MOLINA, Sargento de la Policía Federal Argentina, Delegación Córdoba, afirmó que:
“no estuvo presente en el allanamiento y registro del inmueble sito en calle Omaguaca
91, Villa Costa Azul de la localidad de Carlos Paz; que no tiene conocimiento alguno
de lo sucedido en ese procedimiento, tampoco supo en su momento quién fue la
persona autorizada para realizar el allanamiento de dicha vivienda” (s. 53). Luego, el
testigo César Alberto GARNICA, SubInspector de la Policía Federal Argentina,
Delegación Córdoba, sostuvo que “no estuvo presente en el allanamiento y registro del
inmueble sito en calle Omaguaca 91, Villa Costa Azul de la ciudad de Carlos Paz; que
lo único que conoce que el allanamiento de esa vivienda lo realizó el Inspector Miguel
Angel Maidana” (fs. 54). A su turno, José Luis CABRERA, Oficial Ayudante de la
Policía Federal Argentina, Delegación Córdoba, manifestó que “no estuvo presente en el
allanamiento y registro del inmueble sito en calle Omaguaca 91, Villa Costa Azul de la
localidad de Carlos Paz” (fs. 55). Posteriormente, el testigo Roberto Sergio MORALES,
Oficial Principal de la Policía Federal Argentina, Delegación Córdoba, refirió que “no
estuvo presente en el allanamiento y registro del inmueble sito en calle Omaguaca 91,
Villa Costa Azul de la ciudad de Carlos Paz” (56). El día 7 de junio de 2010, el testigo
Héctor Leonel VIZGARRA, SubInspector de la Policía Federal Argentina, Delegación
Córdoba, Delitos Federales y Complejos, manifestó a fs. 39/41: “…en ese contexto refiere
que en el día de la fecha, siendo aproximadamente las 12:05 horas, fue comisionado
por la superioridad de esta Dependencia, a la calle Juan B. Justo 267 de la ciudad de
Villa Carlos Paz, a fin de llevar a cabo orden de allanamiento”. Y luego, con fecha 9
de septiembre de 2010, declaró que: “no estuvo presente en el allanamiento y registro
del inmueble sito en calle Omaguaca 91 de Villa Costa Azul de la ciudad de Carlos
Paz” (fs. 57). Luego, Néstor Adrián BUSTAMANTE, Sargento de la Delegación
Córdoba de la Policía Federal Argentina, declaró que “No estuvo presente en el
allanamiento y registro del inmueble sito en calle Omaguaca 91, Villa Costa Azul de la
localidad de Carlos Paz” (fs. 58/59). También se incorporó el testimonio de Carlos
Ernesto LOPEZ MONET, Principal de la División Unidad de Investigación Técnica del
Delito de la Policía Federal Argentina, quien manifestó que “no estuvo presente en el
allanamiento de la propiedad sita en calle Omaguaca 91 de Villa Costa Azul de la
ciudad de Carlos Paz, que en la misma fecha en que se realizó el procedimiento en
cuestión el declarante fue designado para realizar otro procedimiento en relación a la
misma causa” (fs. 62). En función de las claras declaraciones de los testigos incorporados
por su lectura, cuya parte pertinente fue transcripta precedentemente, surge de manera
directa lo inconducente de sus testimonios para aportar luz al hecho investigado, puesto que
no estuvieron presentes en el allanamiento y registro del inmueble sito en calle Omaguaca
91 del Barrio Costa Azul de la ciudad de Villa Carlos Paz, lugar donde habría sucedido el
hecho. A continuación analizaré el contenido de los testimonios de los testigos que
declararon durante el debate, comenzando con los dos testigos civiles del procedimiento,
señores Miguel Ángel ESPINDOLA y Sabillio VELÁZQUEZ, convocados por el
personal policial para dar fe de los actos cumplidos durante el allanamiento, conforme lo
dispuesto por el art. 138 del C.P.P.N. Así el testigo Miguel Ángel Espíndola, declaró
conocer al imputado a raíz del procedimiento. En relación a los hechos manifestó que al
ingresar a la vivienda, se dividieron en dos partes y él fue a la planta alta junto con uno de
los policías. Que revisaron todo y no fueron informados del objeto del procedimiento, que
no le dijeron qué buscaban. Recordó que había una contadora y que el Jefe del operativo
era quien mandaba. Que encontraron unos papeles que fueron colocados arriba de la mesa
del living donde estaba sentado el policía escribiendo en una computadora. Relató “no
saber si hubo un incidente pero que cree que no”. Que no presenció diálogos entre Jaime
y los policías. Que la mesa en que colocaban las cosas era la misma en la que estaba el jefe
con la computadora, y que en ningún momento vio las tarjetas personales; que vio un
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sobre marrón con papeles. Que fue a todas las habitaciones de la casa. Que no recuerda
haber visto una campera en habitación. Que de las habitaciones no sacaron nada, que
solo había cajas de zapatos. Que la mujer –por la contadora- subía y bajaba y que él junto
con el policía no secuestró nada. En relación a los papeles, manifestó que al finalizar el
procedimiento, todo lo que estaba arriba de la mesa lo pusieron dentro de un sobre, el cual
cerraron con un adhesivo, no quedando nada sobre la mesa, remarcando que los sobres
quedaron bien cerrados y fueron firmados por los dos policías, los dos testigos, la
Contadora, él y el Jefe del operativo. Tampoco recordó si durante el procedimiento alguien
se retiró del lugar. Refirió que no vio filmaciones ni fotografías durante el procedimiento,
pero que si observó antes que el mismo comenzara. Que cree que la hija de Jaime no
anduvo por la planta alta sino que estaba en la planta baja, sentada en la cocina o junto con
el jefe del operativo. Manifiesta que vio a Jaime dentro de la casa, por la cocina y por
el living. Que no vio a Jaime cerca de la mesa en la que el policía redactaba el acta.
Finalmente reconoció su firma en el acta de secuestro de fs. 4vta. Posteriormente, declaró el
testigo Sabillio Velázquez, quien trabajaba en jardinería y mantenimiento en la casa de la
hija de Jaime hace 3 o 4 años. Que ese día llegó a la casa a efectuar los trabajos de
mantenimiento y la Policía le solicitó que los acompañase para salir de testigo. Agrega
que había periodistas en la calle antes de que ingresara la Policía a la casa y que no sabía
por qué estaban los mismos allí. Precisa que llegó diez o quince minutos antes que llegara
la Policía al domicilio y que ingresó por el portón de atrás pues tiene la llave del mismo.
Luego el personal policial tocó el timbre y el dicente los atendió refiriendo que no les dijo
nada. Precisa que habló con Julieta y que la misma le pidió que abriera la puerta para que la
prensa no le sacara fotos, que ella le dijo que iba a venir la Policía, por lo que se imagina
que estaban esperando a la Policía. Que había dos uniformados, una señorita y uno de traje
que escribía a máquina que cree que era el Jefe del operativo. Manifiesta que cuando
revisaron la planta baja y planta alta andaba con un policía, que en las otras habitaciones
estaba el otro testigo con el otro policía. Que no revisó la habitación de mano derecha
subiendo por la escalera. Que la contadora revisaba papeles, en la planta alta, que la
observó en la habitación de planta alta a mano izquierda con la señorita Julieta. Que no
recuerda haber visto una campera de cuero en una silla en ninguna habitación en la
planta alta. Que vio unos sobres, arriba de la mesa en el living, pero que no sabe qué
tenían y que cuando los cerraron no quedó nada sobre la mesa. Que filmaron todo.
Que al señor Jaime lo vio un par de veces, dos o tres, durante el procedimiento en el
quincho. Las veces que lo vio a Jaime no tuvo que pasar por el living. Que se retiró de la
vivienda cuando se fueron todos, los dos uniformados, la señora y el señor de traje.
Manifestó que no vio ningún incidente durante el procedimiento y tampoco que alguien
se retirara durante el procedimiento. Luego precisa que no recuerda si la contadora estaba
cuando cerraron los sobres y cuando firmaron el acta, agregando el dicente que cree haber
firmado primero el acta. Finalmente reconoció su firma inserta en el acta de secuestro de fs.
4, que le fue exhibida, la cual recuerda se le leyó y firmó porque entendió que se
correspondía con lo ocurrido, aclarando que todos los presentes firmaron el acta. Ninguno
de los dos testigos civiles, convocados conforme la ley procesal para presenciar y dar fe de
lo sucedido durante el allanamiento, aportaron dato alguno sobre la supuesta conducta
atribuible al imputado Jaime, es decir si vieron el hecho de la supuesta tentativa de
sustracción de las tarjetas personales por parte del imputado. Por otra parte, sostuvieron que
el procedimiento se desarrolló con total normalidad, que no hubo ningún incidente.
Reconocieron su firma en el acta de secuestro y tuvieron diferencias respecto del lugar
donde se encontraba el imputado durante el procedimiento, pues mientras uno ratifica lo
manifestado por el imputado Jaime en cuanto que se encontraba en el quincho, el otro
refiere haberlo visto dentro de la casa caminando por la cocina y el living, pero –reitero- no
aportaron datos sobre la conducta del imputado objeto de debate, que -como se analizará
más adelante- solo contó con la presencia del acusado Jaime y el Oficial Maidana. Debo
referirme a continuación, a las declaraciones prestadas durante el debate por parte del
personal policial que participó del allanamiento y del Jefe de la Policía Federal Argentina,
Delegación Córdoba, que también prestó declaración en la audiencia no por su
participación en el allanamiento sino en las circunstancias previas y posteriores al mismo.
Así el Comisario Inspector Andrés Daniel SALDIVAR, Jefe de la Delegación Córdoba
de la Policía Federal Argentina entre los años 2009 y 2010, comenzó declarando que las
órdenes de allanamiento dispuestas por el Juez Oyarbide eran dirigidas al declarante, que
luego él seleccionaba el personal que actuaría en las mismas, señalando que no tuvo ningún
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criterio especial para designar a los policías que participarían en el procedimiento. Agrega
que venían brigadas de la Policía Federal de Buenos Aires para acompañar al secretario
García Davini. Así, refirió que al regreso de cumplimentar el procedimiento en calle
Omaguacas, el Oficial Maidana le manifestó que, en un momento del operativo,
Jaime tomó un tarjetero y unas tarjetas que estaban sobre la mesa y que el Oficial le
había advertido que las dejara en donde las sacó. También manifestó que había una
contadora perteneciente a la Fiscalía del Dr. Rívolo, que concurría en calidad de veedora
y a la cual Maidana le había comentado lo sucedido. Que a la semana del procedimiento,
llamó el Secretario del Juzgado, García Davini, informando sobre el faltante de la
documentación, preguntándole si sabía dónde podía estar. Que luego recibió un oficio del
Juez Oyarbide, pidiéndole que devolviera la documentación faltante, a lo que respondió que
si él se la hubiera quedado debía ser detenido. Al respecto señaló que nunca vio los
elementos secuestrados más allá de los sobres que contenían las tarjetas. La documentación
había sido llevaba a Buenos Aires por el secretario García Davini. Continuó su declaración
refiriendo que a las dos semanas fue citado por Oyarbide y que entonces conoció al Fiscal
Rívol, aclarando que en esa oportunidad no le tomaron declaración sino que le mostraron el
documento de fs. 18, que le fue exhibido y en el cual reconoció su firma, manifestando que
en ese momento se encontraban presentes el Fiscal Rívolo, el Juez, el Secretario y él.
También señaló que desde lo funcional, y a partir de la noticia, no efectuó denuncia ni
realizó documentación de lo sucedido porque consideró que no debía tomar ninguna
determinación. Respecto del procedimiento en calle Omaguacas, refirió no saber qué
personal policial intervino más allá de Maidana, supone que debe haber ido un chofer y
como mínimo una persona más, con un patrullero, pero que no hay ninguna documentación
interna de la P.F.A. que diga quiénes y cuántos efectivos van a cada procedimiento.
Respecto del Oficial Maidana, señaló que le merece muy buen concepto, que es un
experto en comunicaciones y que teniendo en cuenta que no pertenece a la fuerza de
seguridad, en algún momento estuvo a cargo de la Oficina de Judiciales, designación
materializada por él atento la idoneidad y experiencia que tenía, por la cantidad de
años efectuando tales tareas. Este testimonio del Jefe de la Policía Federal, cobra
importancia en cuanto ratifica la versión dada por el Oficial Maidana, dado que expresa que
fue él quien designó a Maidana para efectuar el procedimiento y luego del procedimiento el
propio Maidana le relata las circunstancias en las cuales el imputado Jaime tomó un
tarjetero y unas tarjetas que estaban sobre la mesa, advirtiéndole Maidana que las dejara
nuevamente de donde las saco y que tal conducta ya se la había comunicado a la contadora
Feser. Es decir que el oficial Maidana, el mismo día del procedimiento realizado en Carlos
Paz -7 de junio de 2010- puso en conocimiento de la máxima autoridad policial de la
Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina, el hecho de la tentativa de sustracción
de prueba por parte del imputado Jaime. Cabe destacar que el Jefe de la Delegación
Córdoba de la P.F.A., sostuvo que designó al Oficial Maidana por su idoneidad y
experiencia, mereciendo un muy buen concepto funcional. En cuanto al testimonio del
Cabo Primero de la Policía Federal Argentina Ezequiel PRADA, éste sostuvo que ese
día salieron de la Delegación en un patrullero conducido por él, junto con el Ppal. Maidana,
una señorita de Buenos Aires y el Agente Servente. Llegaron a la vivienda en Carlos Paz, la
cual se ubicaba entrando a dicha ciudad, a mano derecha, en una calle de tierra, donde
había varios medios de prensa en la calle. Precisa que al domicilio de calle Omaguacas fue
solo un móvil y que había otros móviles que iban a practicar otros procedimientos en
Carlos Paz. Calcula que los medios de prensa estaban allí por la investidura de Jaime.
Agrega que bajó del móvil cuando los habían atendido y que al primero que vio en el
domicilio fue al jardinero. Refirió que el procedimiento se desarrolló con normalidad.
Que él particularmente se avocó en el registro de la planta alta junto con uno de los testigos,
el más joven, y la hija de Jaime. Recordó que todo lo que se encontrara de interés se lo
debían mostrar al Oficial Maidana o a la Contadora, aclarando que en su caso particular no
encontró nada y que la señorita estaba en planta alta. Se buscaba documentación o papeles
en que figurara el nombre del señor Jaime. Que sabe que se secuestraron cosas pero que
desconoce cuáles, porque él no las vio. Recordó que, finalizado el procedimiento, se
retiraron todos juntos del domicilio. Sostuvo que no puede afirmar si mientras él estuvo en
la planta alta, alguien entró o se fue del domicilio. En cuanto al hecho objeto de este
juicio, expresó que, al subir al móvil, el Oficial Maidana le comentó a la señorita
sobre el incidente en el secuestro “algo como que Jaime había querido sacar unas
cosas”, a lo cual él no prestó mucha atención porque estaba manejando. Recuerda dicho
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comentario, precisando que para el dicente fue “un simple comentario”, al cual le
restó importancia pues no le afectaba en nada. Agrega que vio a Jaime en un comedor
de la planta baja. Que del domicilio de Jaime se dirigieron a otro domicilio que se estaba
allanando, cree que una escribanía, y que esperó en el auto. Luego de allí regresaron a la
Delegación, desconociendo si allí se volvió a hablar del tema. En relación al Agente
Servente, manifestó que estuvo presente en el allanamiento. Exhibida que le fuera el acta de
secuestro de fs. 4 expresa que no reconoce su firma allí. La persona designada para
cumplimentar la orden de allanamiento era el Oficial Maidana, pues estaba a cargo del
procedimiento, desconociendo el rol de la señorita en el procedimiento. Manifestó también
que no estuvo al lado de las personas que firmaron el acta, que no vio a la señorita firmar la
misma. Que él no fue quien sacó fotografías del lugar, sino que cree que fue Servente. Que
él llevó su cámara pero Servente sacó las fotos y luego las borró. Finalmente afirmó que el
procedimiento se desarrolló con normalidad, que no hubo ningún incidente. Resulta
relevante en este testimonio lo manifestado en cuanto que el oficial Maidana le comentó a
la contadora que el imputado Jaime habría intentado sacar unas cosas relacionadas al
secuestro y que dicho comentario se lo efectúa al subir al móvil policial que lo trasladaba,
precisando que solo fue un comentario al que el testigo no le dio transcendencia. Pero fue
muy claro en cuanto al comentario que escuchó respecto de la conducta investigada,
inmediatamente que subieron al móvil. Queda por valorar en definitiva, como bien lo
sostuvo el señor Fiscal General, como prueba directa y único testigo directo de la conducta
endilgada al imputado Jaime, la testimonial prestada en el debate, por el Oficial Miguel
Ángel MAIDANA, dependiente de la Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina,
quien fue designado para cumplimentar la orden de allanamiento en el domicilio de calle
Omaguacas 91 de Villa Costa Azul de la ciudad de Carlos Paz. Así el Principal Maidana,
refirió que fue designado con una comitiva alrededor de las 12:30 hs, dirigiéndose al lugar
en el móvil junto con el chofer, el Cabo Primero Prada. Que pasado el peaje de la autopista
camino a la ciudad de Carlos Paz, fue convocado por un compañero quien le refirió que una
mujer que iba en su móvil debía continuar con él hacia el operativo de calle Omaguacas.
Que por tal motivo pararon en la estación de servicios Esso, y que él le manifestó que ella
no se encontraba autorizada para el diligenciamiento del procedimiento, respondiéndole la
mujer que estaba perfectamente autorizada por el Tribunal pese a que su nombre no
constaba en el oficio, agregando que la misma venía con el Inspector Vizgarra quien se la
presentó. Relata también que esta persona de sexo femenino, además le manifestó que a
partir de ese momento ella se hacía cargo del procedimiento. Continuó su relato
manifestando que al llegar al domicilio fueron interceptados por la prensa y que al tocar el
timbre de la vivienda fueron atendidos por un señor que manifestó estar realizando trabajos
en el lugar, a quien además le solicitaron oficiara de testigo. Que luego buscaron al
segundo testigo e ingresaron al domicilio donde se encontraba Jaime y su hija. Refirió el
testigo que en ese momento el imputado Jaime le manifestó en forma espontánea que los
estaban esperando, que tenía un pasaje con fecha y hora para viajar a Buenos Aires y que lo
había cancelado. Asimismo manifestó que al ser preguntado por la prensa les contestó que
iban a hacer un operativo ordenado por el Jugado Federal Nº3 en virtud de un exhorto del
Juez Oyarbide. Continuó relatando que una vez dentro del inmueble, el Cabo Primero Prada
tomó las fotografías ordenadas en el oficio judicial, requeridas acorde se desarrollaba el
procedimiento. Luego, se ubicó en una mesa del living con su computadora para realizar el
acta, y que la contadora fue quien llevó adelante el procedimiento efectuando el registro
correspondiente y que le solicitó a Julieta Jaime que acompañe a la comitiva. Que en la
planta baja se quedaron él y Jaime y que la contadora con los testigos fueron a registrar la
planta alta. Que al rato, bajó la contadora manifestando que habían secuestrado un
tarjetero con distintas tarjetas personales sueltas dejándoselos sobre la mesa, no
recordando si ella le decía “esto sí o esto no”, que él entendió que todo lo que ella le
daba era secuestro. Que luego ella sube nuevamente para revisar una habitación,
estando ella y los testigos en la planta alta, Jaime, quien se encontraba al lado de la
mesa, a su derecha, se acercó y de forma imprevista tomó con sus dos manos, las
cuatro tarjetas personales sueltas y el tarjetero, introduciéndolos en el bolsillo
delantero derecho del pantalón que vestía. Resaltando el testigo que esta situación la
pudo observar claramente efectuando además, un ademán con sus propias manos de
cómo sucedió el hecho. Continuó relatando Maidana que, al advertir lo sucedido, le
solicitó a Jaime que por favor devolviera las tarjetas. Que en primer lugar el
imputado se lo negó y al advertirle el declarante que si no lo hacía llamaría a los
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testigos para requisarlo y detenerlo, Jaime lo reconsideró, devolviendo las mismas
sobre la mesa, manifestándole el imputado que esos elementos no tenían relación con
la causa. Que por tal motivo, le solicitó que se alejara y no interrumpiera ya que el
procedimiento se estaba desarrollando de forma normal y pacífica. Que en relación a
este hecho, el declarante pensó que se trataba de un exabrupto de Jaime que no
llegaría a mayores, y que lo había dado por solucionado en el lugar. Agrega que en ese
momento vio subsanado el inconveniente y con la advertencia hecha a Jaime de que lo
iba a detener y con la entrega del material por el mismo entendió que no había delito.
Luego, baja la contadora y le manifiesta que se tiene que retirar a otro procedimiento que se
estaba realizando en una escribanía, dejando constancia de ello en el acta. Que luego
observó un maletín negro sobre una silla, el señor Jaime dijo que era de él y que contenía
un arma la cual pudo justificar con todos los papeles correspondientes, secuestrando
además tarjetas dispersas que había allí introduciéndolas en un sobre número 3. Finalmente
cerró el acta, llamó a los testigos y a Jaime para proceder a la lectura de la misma, exhibir
lo secuestrado -aclarando que no detalló las tarjetas porque eran más de quinientas-, e
introduciendo y cerrando en presencia de las partes, lo secuestrado en los respectivos
sobres. Que en el sobre nº 1 colocó una carpeta azul, anillada, con CD y distintas fotos, en
el sobre nº 2 el tarjetero negro con las tarjetas, y en el sobre nº 3 la documentación obtenida
del maletín de Jaime. Así dio por finalizado el procedimiento agradeciendo a Jaime, su hija
y los testigos por el comportamiento que tuvieron durante el procedimiento, aun habiendo
sucedido el exabrupto de Jaime, aclarando el testigo que esa es su forma de ser. Expresa
que la contadora se retiró a las 15 horas del lugar y el dicente cerró el acta a las 16 horas,
que ingresaron a las 13:30 hs. al domicilio y que Jaime manifestó que estaba de casualidad
en el lugar, que estaba de paseo. Agrega que no se retiró en ningún momento del
procedimiento y que cuando el Jefe de la Delegación de la PFA designó personal lo hizo de
forma genérica, resolviendo esto una hora antes del procedimiento, es decir a las 12:30
horas. Luego se le exhibe el acta de secuestro de fs. 4vta reconociendo el testigo su firma
inserta en la misma. Declara que en el móvil en el cual le comentó a Feser el episodio con
Jaime estaba el Cabo Primero Prada –chofer del auto- y quien sacó las vistas fotográficas
del lugar, no recordando si había otra persona más en el móvil. Que luego se retiró del lugar
en el móvil de regreso hacia Córdoba, pasando previamente por la Escribanía a buscar a la
contadora. Que al subir ella al móvil le relató lo ocurrido, sobre la desaparición de las
tarjetas y el episodio con Jaime. Precisa que esto a la contadora se lo contó de manera
informal y a modo de comentario, manifestándole que quedó asombrado pues no esperaba
una reacción así de Jaime. Agrega que decidió no llevar dicho incidente a mayores porque
lo vio solucionado y en ese momento no le dio importancia; que las tarjetas estaban sobre la
mesa del escritorio dispersas y que Jaime tomó con ambas manos el tarjetero cuando el
dicente estaba escribiendo el acta en una notebook. Precisa que Jaime estaba hacia su
derecha, que el dicente tenía visión periférica y lo vio asomarse tomando de izquierda a
derecha las tarjetas e introduciéndolas en su bolsillo de la mano derecha. Aclara que Jaime
estaba a dos metros aproximadamente de su lugar –al medio de una mesa amplia- y que
esto sucedió sobre el costado derecho del escritorio. Manifiesta que no recuerda el fondo de
esas tarjetas y que no las describió pues debe haber secuestrado más de 500 tarjetas,
agregando que no recuerda a nombre de quién estaban las tarjetas pues ni las leyó. Que
estando ya en la Delegación, la contadora le solicitó firmar las actas, respondiéndole que
no correspondía porque no había estado presente en el lugar en el momento de cerrar el
acta, manifestando ella que lo hacía bajo su responsabilidad, y así lo hizo, firmó el acta y
los tres sobres. Refiere que en la Oficina de Judiciales de la Delegación Córdoba de la
Policía Federal -aparte de la contadora- estaban Prada y un Cabo de apellido Bustamante;
que normalmente hay cuatro personas de turno en la Delegación y que estaba al cuidado de
las cosas hasta que se las entregó al Oficial de Servicio. Manifiesta que Prada efectivizó las
vistas fotográficas, desconociendo si el mismo tomó fotos de las tarjetas personales
secuestradas y de todos los elementos que estaban sobre la mesa; que intervino en muchos
procedimientos y que hizo más de cien actas con anterioridad. Que puso en conocimiento
de su Jefe, el Comisario Saldivar, lo sucedido con Jaime. Con el pasar de los días, fue
convocado por la Fiscalía Federal Nº3 a los fines de declarar, habiéndose enterado de la
existencia de esta causa por los medios de prensa. Refiere que a través de la prensa se
enteró de que faltaban tarjetas; que las dimensiones de las tarjetas eran de 30 cms. por 15
cms. de ancho aproximadamente. Luego se le exhibe el oficio de fs. 3, manifestando que
ese día hubo ocho procedimientos y que no tuvo contacto con el secretario García Davini.
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Precisa que en la casa de Jaime, en todo momento buscó elementos la contadora con los
testigos, que el dicente les pidió que no se dividieran y que estuvieran siempre juntos.
Manifiesta que en algún momento del procedimiento, lo llamaron de la Policía para
preguntarle si la hija de Jaime les podía dar las llaves del hotel que está a la entrada de Villa
Carlos Paz para que no tuvieran que romper las puertas allí; que allí Jaime intervino y con
exabruptos le dijo que no le preguntara nada a su hija, sucediendo esto en el living. Refiere
que Jaime le dijo al declarante, de mala manera y en un tono desafiante, que él “no era
nadie para indagar a su hija”, ante lo cual el dicente le expresó que no quería llegar a un
mal mayor y que nunca le faltó el respeto a nadie. Que los sobres con la documentación
estuvieron bajo su custodia hasta que entregó el procedimiento, resaltando tener la certeza
de que todo lo que secuestró la contadora lo puso en el sobre color marrón. Este testimonio
que resulta la prueba fundamental del hecho, debido a que pudo ver de forma directa e
inmediata la conducta constitutiva del delito, resultando dirimente para la acreditación de la
imputación. Luego, declaró la Contadora y Abogada María Eleonora Feser, quien relató
que -a la fecha de los hechos- prestaba funciones en la Unidad OCBAP, como Jefe de
Despacho de la Procuración General de la Nación, y en virtud de ello estaba afectada a la
causa en la que se investiga al imputado Jaime por el delito de enriquecimiento ilícito. Por
tal motivo viajó a la ciudad de Córdoba a los fines de prestar colaboración en los siete
allanamientos a realizarse en la ciudad de Carlos Paz, pues necesitaban un contador. Así
refirió que estando designada para el allanamiento en calle Omaguacas, en el trayecto le
informaron que tenía que ir al procedimiento de la escribanía Recalde, a lo que manifestó
que no, que si querían, primero iba a calle Omaguacas y luego a la escribanía. Relató que al
ingresar a la vivienda se encontraba Jaime muy ofuscado hablando permanentemente por
teléfono, y que le llamó la atención que el jardinero les dijo que “los estaban esperando”.
Relató que colaboró con dos policías y dos testigos civiles en la búsqueda de la
documentación. Que le llamó la atención una póliza de seguros rota en varios pedacitos
tirada en un tacho de basura, y que si bien no había computadoras, encontró cables de las
mismas tapados con almohadones. En la planta alta, en una habitación a mano derecha,
sobre una silla, había una campera de cuero negra de hombre, que no era de la marca
“Etiqueta Negra” pero de una calidad similar, en la cual encontró unas tarjetas con fondo
negro y letras rojas o blancas, de la firma “Cerro Motos”, con la leyenda “Ricardo Jaime -
Director Ejecutivo”. Que se las llevó a Maidana y se las dejó sobre la mesa en la cual
estaba redactando el acta en el living. Que también encontró más tarjetas, en la misma
habitación, en un mueble frente a la cama, las cuales también llevó a Maidana. Aclara que
seleccionó esas tarjetas porque la causa en la que estaba avocada, vinculaba a Jaime con
una sociedad que también estaba siendo allanada en esos momentos, y en las que se
investigaba unos vehículos utilizados por familiares de Jaime que se encontraban
vinculados con dicho lugar. Refirió también haber visto a Jaime en una oportunidad al
lado de la mesa donde se depositaron las tarjetas no recordando si el mismo estaba
quieto o en movimiento. Expresó que a las 15 horas se retiró de Omaguacas 91 en un
móvil hacia la Escribanía Recalde, y las tarjetas quedaron sobre la mesa de living.
Manifiesta que el procedimiento fue el día 7 de junio de 2010 y que la apertura de los
sobres debe haber ocurrido el día 8 de junio. Luego exhibida que le fuera el acta de fs. 4vta
y 8/12vta reconoció su firma inserta en la misma y el acta de apertura, manifestando que en
el punto cuarto se habla de varias tarjetas personales de forma genérica, que la dicente se
lamentó que no se hayan detallado con precisión esas tarjetas pues había muchas y entre
ellas estaban las tarjetas personales del Ingeniero Jaime. Precisa que el fondo de las tarjetas
era negro, que no recuerda si las letras eran blancas o rojas y que tampoco recuerda si
cuando revisó la campera estaba con la dicente la hija de Jaime o el jardinero. Agrega que
había momentos en que la Policía buscaba en un lugar y la dicente en otro y otros
momentos en que la dicente los ayudaba a ellos. Declara que advirtió la relevancia de las
tarjetas cuando las encontró y que como el acta decía tarjetas personales pensó que
englobaba a todas, agregando que nunca pensó que iban a desaparecer las mismas. Refiere
que bajó muchas veces de la planta alta, no pudiendo precisar la cantidad exacta y que
cuando subía y bajaba observaba a Jaime dando vueltas por la casa. Refirió que luego, el
Oficial Maidana le dijo en la Delegación de forma anecdótica: “Sabes que me quiso robar
la prueba. Estaba ahí parado y manoteó las tarjetas y le tuve que llamar la atención y
decirle ingeniero lo puedo llevar preso por esto”. Y que entonces Jaime las devolvió
dejándolas en la mesa. Que cuando se enteró de lo sucedido se indignó por la situación,
pero que como Maidana le dijo que Jaime había devuelto las tarjetas, se quedó tranquila.
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Señaló que había viajado a Córdoba con el Prosecretario de la Fiscalía del Dr. Rívolo,
Javier Fontenla, y con Ernesto García Davini, Secretario de Oyarbide, a quienes les
comentó lo sucedido. Aclara que su intervención estaba enmarcada en una solicitud del
Fiscal Rívolo al Juez Oyarbide, que la dicente pertenecía a la Fiscalía y que quien dirigía el
procedimiento era el Juzgado, que estaba allí pues Oyarbide la había autorizado. Agrega
que en la Estación de Servicio Esso le manifestó al personal policial que tenía órdenes de ir
a Omaguacas y que no conocía al personal policial ni recuerda el diálogo que tuvo con
Maidana allí, expresando que sería imposible que la dicente hubiese quedado a cargo del
procedimiento. Precisa que cree de la campera explicitada secuestraron diez o quince
tarjetas. Seguidamente -exhibida que le fuera el acta de fs. 76/77vta.- reconoce sus firmas
insertas en la misma, refiriendo que también firmó los sobres que estaban cerrados y que no
recuerda si estaban lacrados. Manifiesta que de calle Omaguacas se fue en un auto de la
Policía Federal, no recordando si llamaron a un policía para que la buscara. Expone que en
el marco de la causa por enriquecimiento ilícito de Jaime participó en los allanamientos
para colaborar. Agrega que Davini les dijo que organizaran la tarea y los instruyó a dónde
tenían que ir, aclarando que la orden escrita no decía eso. Al otro día estando en Buenos
Aires adviriteron el faltante de la documentación; que la dicente se quedó tranquila pues en
el acta decía que se había retirado antes. Expone que –cuando bajó al living con las tarjetas-
le dijo a Maidana que se llevaban esas tarjetas, pero que no le manifestó al mismo que las
detallara con precisión; que cree que Maidana estuvo todo el tiempo que duró el
procedimiento sentado redactando el acta. Continúa relatando que cuando bajó de planta
alta con las tarjetas para entregárselas a Maidana cree que la seguía un testigo, que
Jaime estaba cerca de la mesa y pudo haber observado u escuchado algo de esas
tarjetas. Agrega que eso podría haberlo escuchado cualquier persona que estuviera por ese
lugar. Precisa que se encontraron muchas tarjetas personales de Jaime y de empresas y que
se llevó el pilón de tarjetas. Sostuvo que una de las tarjetas tenía dibujado un tren de color,
que le informó al Fiscal Rívolo del contenido de las tarjetas y que el mismo le dijo que
hiciera un informe, lo que así realizó. Aclara que en ningún procedimiento de los que
participó la declarante se observó el faltante de documentación incautada. Preguntada si
había diferencias entre las cinco tarjetas secuestradas y el grupo de las quince tarjetas
también incautadas, dijo que no, que ambos grupos de tarjetas tenían el mismo color. En
relación a la firma del acta, manifestó que Maidana le hizo leer el acta en la Delegación y
se la hizo firmar, que puede ser que haya visto el acta antes, y que -en líneas generales- el
acta se correspondía con lo que había pasado en calle Omaguacas. Manifestó también haber
firmado los sobres que estaban cerrados y que en la apertura del acta en el Juzgado, el día 9
de junio, al llegar la dicente, algunos ya estaban abiertos y otros se abrieron en su
presencia. Respecto del faltante de las tarjetas señaló no saber qué pasó y que supone
pueden haber quedado en el camino o que las sustrajeron, que había muchas tarjetas, y que
se lamenta no haberlas detallado, pero de haberlo hecho aún se estaría en el allanamiento ya
que eran más de quinientas. Que pudo haber pasado que las tarjetas negras no las pusieran
en los sobres. Si bien en este testimonio se verificaron discrepancias respecto a los
testimonios valorados anteriormente, las diferencias radican en aspectos secundarios al
hecho investigado y no respecto de la plataforma fáctica contenida en la acusación. Como
bien lo sostuvo el señor Fiscal en la audiencia, no hubo diferencias en el núcleo central del
hecho, y solo existieron diferencias en cuanto al color de las tarjetas, cuántas veces
subieron o bajaron de la planta alta, si Jaime hablaba o no por teléfono, etc. En cuanto al
hecho contenido en la acusación de haber intentado el acusado Jaime sustraer prueba por
parte del imputado, la testigo Feser recordó claramente que así se lo refirió Maidana esa
misma tarde. X- Como corolario de lo hasta aquí analizado, podemos decir que el
testimonio prestado por el oficial Maidana -por su sinceridad- no dejó dudas en el Tribunal
sobre la existencia del hecho y las circunstancias que lo rodearon, siendo un testimonio que
respondió con franqueza todas las preguntas del Tribunal y las partes. No existía ningún
motivo para sospechar que el mencionado oficial quisiera perjudicar al imputado,
simplemente porque no existía ninguna relación previa, ni de amistad o enemistad, ni
siquiera lo conocía al imputado Jaime. Tan es así, que el Oficial Miguel Ángel Maidana fue
designado al azar por el Jefe de la Delegación Córdoba de la P.F.A., para cumplimentar la
orden de allanamiento, el mismo día (07-06-2010), a las 12:20 horas, siendo notificado ese
día y hora, conforme surge de la prueba documental obrante a fs. 3/vta. La defensa
cuestiona al funcionario policial a cargo del procedimiento, por no actuar frente a la
supuesta comisión de un delito en flagrancia que habría cometido el imputado Jaime,
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conforme lo dispuesto por el art. 285 del C.P.P.N., expresando que no ha existido un
procedimiento oficial por flagrancia, al haber omitido el comisionado el cumplimiento de
los deberes de funcionario público, dejando sin iniciar el procedimiento que, de oficio y por
imperio normativo, le correspondía, ni haber dejado constancia en el acta de la supuesta
conducta del imputado. En ese contexto, debo resaltar que la inactividad procedimental, en
cuanto no solo no procedió a la detención del imputado frente a la supuesta conducta
delictiva sino que tampoco dejó constancia en el acta respectiva de tal situación, conforme
surgen de las constancias de la causa y de la propia acta de secuestro obrante a fs. 4, no
determina la inexistencia del hecho que se atribuye al acusado. Las razones expuestas por el
comisionado resultaron creíbles y sinceras, habiéndole solicitado a Jaime que se alejara y
no interrumpiera ya que el procedimiento se estaba desarrollando de forma normal y
pacífica; Maidana sostuvo que se trataba de un exabrupto que no llegaría a mayores, y que
se había dado por solucionado en el lugar, razón por la cual no dejo constancia en el acta de
secuestro porque entendió subsanado el inconveniente y con la advertencia hecha a Jaime
de que lo iba a detener y con la entrega del material por el mismo, entendió que no había
delito. Fue una explicación razonable en el contexto en que se produjo el incidente, pues el
comisionado intentaba terminar de labrar el acta con la documentación secuestrada,
cumplimentando el oficio judicial. La impresión dejada por el testigo durante la audiencia
oral de debate, evidencia que se expresó con veracidad respecto del hecho que se investiga,
siendo creíble en cuanto a las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedió el
hecho. Descarto así los dichos de la defensa en cuanto a que el testigo Maidana mintió en
su declaración, pues me pregunto qué interés pudo haber tenido un funcionario policial, de
gran idoneidad y experiencia, designado al azar ese día para intervenir en una investigación
que no conocía, en inventar todo este suceso, siendo la respuesta más que obvia: ninguno;
el hecho ocurrió tal como lo narró el Oficial Maidana. Por el principio de inmediatez el
Tribunal pudo establecer la credibilidad del testigo y otorgar mayor peso a la declaración
del testigo Maidana, por sobre el descargo del imputado, teniendo en cuenta la prueba
indiciaria, para poder reconstruir la verdad de los hechos. En tal sentido el indicio del móvil
cobra vital importancia, descartando que la declaración del comisionado tenga interés en
perjudicar al imputado, puesto que no lo conocía ni existía relación alguna entre ellos. Por
su parte, respecto de la conducta del imputado de intentar sustraer prueba de un proceso en
su contra, resulta entendible que exista un móvil o un interés del acusado en colocarse en
una mejor posición frente al proceso judicial en su contra. Es cierto que la declaración de
un único testigo exige un análisis riguroso sobre la consistencia y congruencia del
testimonio, pero en el caso no se advierten omisiones ni lagunas esenciales. El testimonio
del oficial Maidana ha sido rigurosamente confrontado con los dichos de la Contadora
María Eleonora Feser, del Comisario Inspector Andrés Daniel Saldívar y el Cabo Primero
Ezequiel Prada. En este punto entonces la sentencia se encuentra a salvo de las críticas
defensistas, por cuanto el tribunal ha logrado determinar –con absoluta certeza- la autoría
de Ricardo Raúl Jaime en el hecho que se le atribuye, que tuvo lugar el día 7 de junio de
2010, partiendo de prueba directa testimonial sobre el hecho y no ha considerado el resto de
los indicios en forma fragmentaria ni aislada, toda vez que ha hecho clara su visión de
conjunto, correlacionando todos los elementos probatorios entre sí. En cuanto a la prueba
por indicios, resulta oportuno recordar la sentencia del Tribunal Supremo Español, Sala en
lo Penal, Sentencia N° STS 250/1997, cuando sostiene que “ de otra parte, resulta ya
incuestionada la idoneidad de la prueba indiciaria para desvirtuar la presunción de
inocencia siempre que reúna los siguientes requisitos: a) Existencia de una pluralidad de
indicios, aunque también pueda ser suficiente uno solo cuando por su especial significación
así proceda; b) Que tales hechos indiciarios estén plenamente acreditados mediante prueba
directa (art. 1249 C.C); c) Que entre el hecho o hechos demostrados (indicios) y aquél que
se declare probado exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano
(art. 1253 C.C.); y d) Que el órgano judicial explicite en la sentencia el razonamiento en
virtud del cual partiendo de los indicios o extremos directamente acreditados en la causa
haya llegado a la conclusión de la certeza del hecho o del extremo de que se trate (art. 120,3
C.E.)”. Todo ello es aplicable al caso que se ha sometido a nuestra decisión, en función del
sistema de libertad probatoria que rige en nuestro ordenamiento jurídico y el razonamiento
basado en la sana critica racional. Debe considerarse que la credibilidad del testigo se
asienta en las declaraciones del personal policial que ofició como chofer del móvil, el Cabo
Primero Prada, quien manifestó en la audiencia que escuchó los dichos de Maidana
respecto de la conducta del imputado Jaime, en cuanto que quiso sacar unas cosas del
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secuestro, pero que no le prestó mayor atención porque estaba manejando el patrullero.
Cabe aclarar que esta situación se circunscribe temporalmente al momento inmediato
posterior a la finalización del procedimiento en el domicilio allanado. Cobra importancia
este testimonio por la inmediatez en relación al hecho investigado y la espontaneidad del
Cabo Primero Prada, en cuanto si hubiera querido involucrar falsamente al imputado como
autor del hecho, habría aportado mayores datos sobre lo acontecido y, por el contrario, sus
escuetas referencias al respecto, evidencian que se expresó con veracidad. Así, Prada
expresó que al subir al móvil el Oficial Maidana le comentó a la señorita sobre el incidente
en el secuestro “algo como que Jaime había querido sacar unas cosas”; que el mismo tomó
esto como “un simple comentario” al cual le restó importancia pues no lo afectaba en nada,
agregando que vio a Jaime en el comedor de la planta baja. Por otra parte, el propio Jefe de
la P.F.A. Delegación Córdoba, Comisario Inspector Andrés Daniel Saldivar, confirma que
el oficial Maidana, cuando regresó de la ciudad de Carlos Paz, una vez finalizado el
procedimiento, le informó lo sucedido durante el allanamiento y que advirtió cuando Jaime
sustrajo un tarjetero y unas tarjetas que estaban sobre la mesa y que Maidana le advirtió que
las dejara nuevamente en el lugar. Sostuvo Saldivar que en algún momento designó a
Maidana al frente de la Oficina de Judiciales atento la idoneidad y experiencia del mismo
por la cantidad de años efectuando tales tareas. Agregó que el Oficial Maidana le merece
muy buen concepto. Por último, corresponde analizar los dichos de la contadora María
Eleonora Feser, en cuanto manifestó que encontró unas tarjetas con fondo negro y letras
rojas o blancas, de la firma “Cerro Motos” con la leyenda “Ricardo Jaime - Director
Ejecutivo” que se hallaban dentro de una campera de cuero negra de hombre sobre una silla
en la habitación a mano derecha de la planta alta. Refirió además que a esas tarjetas se las
llevó a Maidana y que las dejó sobre la mesa en la cual estaba redactando el acta en el
living. Luego encontró más tarjetas en un mueble frente a la cama de la misma habitación,
las cuales también llevó a Maidana. Asimismo precisó haber visto a Jaime en una
oportunidad al lado de la mesa donde se depositaron las tarjetas, no recordando si el mismo
estaba quieto o en movimiento. Sostuvo que le dijo a Maidana que se llevaban esas
tarjetas, sin expresarle que las detallara con precisión y que cuando bajó de planta alta con
las tarjetas para entregárselas a Maidana cree que la seguía un testigo; que Jaime estaba
cerca de la mesa y pudo haber observado u escuchado algo de esas tarjetas. Agrego la
contadora que eso podría haberlo escuchado cualquier persona que estuviera por ese lugar.
Asimismo también expresó que el Oficial Maidana en forma anecdótica le dijo: “sabés que
me quiso robar la prueba, estaba ahí parado y manoteó las tarjetas y le tuve que llamar la
atención y decirle Ingeniero lo puedo llevar preso por esto”, razón por la cual Jaime
procedió a dejarlas sobre la mesa. Con lo cual este testimonio viene a sumar a los restantes
medios de prueba adquiridos, la confirmación de la versión manifestada por el Oficial
Maidana respecto de la materialidad del hecho investigado. En este punto, debo decir que
descarto la hipótesis de que la testigo Feser haya sido falaz en su deposición tal como
sostuvo la defensa, pues la misma no tenía nada personal en contra del imputado Jaime ni
tampoco tenía interés en inventar la existencia de tarjetas, de las cuales desconocía su
existencia hasta ese día. Agrego que aparte de las tarjetas se incautaron más elementos en el
domicilio del enjuiciado Jaime y que si se le creyera al mismo debería pensarse que hubo
un complot en su contra, que estaba todo armado entre los testigos Maidana y Feser y que
ellos inventaron todo esto para perjudicar al acusado. Estimo que tal hipótesis no es
plausible de ningún modo pues los testigos se conocieron minutos previos al allanamiento
practicado al domicilio del imputado Jaime, siendo Maidana designado al azar por su Jefe
Saldivar, y la Contadora Feser autorizada por el Fiscal Rivolo y el Juez Oyarbide por sus
conocimientos en materia contable. Agrego que resulta absurdo e inverosímil pensar en un
acuerdo entre esos testigos para urdir una confabulación en contra de Jaime, además de
manifestar que dicha teoría no tiene ninguna racionalidad ni sustento por lo que la descarto
de plano. Encuentro corroborado esto asimismo por los dichos del testigo Prada, quien
refirió que en el móvil policial existió un diálogo entre Maidana y Feser sobre el incidente
vivido con Jaime en el secuestro. Debo ahora referirme al acta de secuestro, labrada con
motivo del allanamiento en el domicilio de calle Omaguacas 91 de Villa Carlos Paz,
Provincia de Córdoba, obrante a fs.4, la cual cumple lo prescripto por los arts. 138 y 139
del C.P.P.N., en cuanto a las formalidades que debe contener y siendo un acta
confeccionada de acuerdo a estas disposiciones, hace plena fe en tanto no sea argüidas de
falsas. Así lo ha resuelto la Cámara Nacional de Casación Penal, Sala 2da., en Batalla,
Jorge A.”, del 28-9-94 (J.A. N° 5986, del 22-5-96), con voto de Pedro R. David que remite
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a Francisco D´Albora (“Código Procesal Penal de la Nación”, pág.143). Ricardo Nuñez
(“Código Procesal Penal de Córdoba”, pág. 118) y causa N° 122 “Barbeito” –voto de
doctor Fegoli- del 14-06-94, Reg. 179. En consecuencia, resulta un acta válida, sin perjuicio
de señalar que la omisión de dejar constancia en la misma, no es suficiente para invalidar
automáticamente las constancias de la causa, las cuales deben ser valoradas a través de la
sana crítica racional (C.N.C.P., Sala III, JA 1995-I-588). Por su parte, en autos “Pérez Juan
s/procesamiento”, causa N° 42.824, Registro 369, de fecha 30 de abril de 2009, los
Magistrados Jorge L. Ballestero, Eduardo R. Freiler y Eduardo G. Farah, de la Sala I de la
Cámara Federal en lo Criminal y Correccional, consideraron que “el acta de secuestro es un
elemento de prueba que debe ponderarse a la luz de los principios y reglas de la valoración
de la prueba, y en tal sentido podrá asignársele mayor o menor potencialidad probatoria en
la medida en que ella sea apreciada en consonancia con los restantes medios adquisitivos
(conf. C.N° 39.161 “Video Club El Sótano s/ nulidad” Reg. N° 746/06; CN° 34.787
“González Lozada” Reg. N° 130/03; CN° 33.806 “Esquivel” Reg. N° 85/02; CN° 36.087
“Silvia Picus” Reg. N° 357/04; entre otras)”. En tal sentido y analizado el testimonio del
oficial Maidana concordante con el resto de la prueba valorada a la luz de los principios y
reglas de la sana crítica racional, entiendo que se encuentra acreditado el hecho, en las
circunstancias de modo, tiempo y lugar que el testigo directo expresó en la audiencia. XI-
Por ello, tanto de los testimonios analizados como la prueba documental legalmente
incorporados al debate, me permiten concluir con la certeza que requiere esta etapa del
proceso que el hecho existió en la forma descripta en la acusación, que fuera
minuciosamente narrada en al audiencia por el oficial Maidana. XII- En razón de lo
analizado, y merituando la prueba producida en el juicio, según lo requiere el art. 399 del
C.P.P.N., puedo concluir que tengo por acreditado el hecho atribuido al imputado Ricardo
Raúl Jaime, conforme fuera fijado en el requerimiento fiscal de elevación a juicio, y, en
consecuencia, dejo así contestada la primera cuestión planteada, en cuanto a la existencia
del hecho y la autoría responsable del mismo en su producción. Así voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DE CÁMARA
DR. CARLOS JULIO LASCANO DIJO: que adhería a las consideraciones y
conclusiones efectuadas por el señor Vocal preopinante, votando en igual sentido. Agrega,
en abono de la valoración probatoria efectuada en el voto precedente: La Sala Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, en numerosos pronunciamientos ha sostenido –
frente a planteos acerca del valor de la prueba testimonial para apartarse de las constancias
de un acta de secuestro- que ésta sólo tiene un valor documental en tanto es el instrumento
previsto por la ley para dar fe de lo actuado por el funcionario público interviniente. En
autos “Ruiz, Hugo Elio o Elio Hugo p.s.a. de robo calificado por uso de armas – Recurso de
Casación” (sentencia n° 245, 22/09/2010), dicha Sala ha dicho: “En razón de la libertad
probatoria consagrada por el ordenamiento procesal (art. 192 del CPP.), si el procedimiento
en sí no ha sido tachado de ilegal y, a su vez, el dato en cuestión válidamente ingresa al
proceso por otros medios de prueba, como por ejemplo declaraciones testimoniales, la
denuncia de nulidad del instrumento que sólo documenta el acto cumplido en legal forma
no va acompañada de la necesaria demostración de su valor decisivo, y entonces no se
configura la causal prevista en el artículo 413 inc. 3° del CPP. Tal resultado se obtiene a
partir de suprimir mentalmente el acto cuestionado, y comprobar si de dicha manera lo que
se considera probado se verifica igualmente. Sin mayor esfuerzo, puede colegirse que
idéntica conclusión se impone ante la ausencia de instrumento, por no haberse realizado, si
el conocimiento del dato probatorio se obtiene mediante otras vías convictivas válidamente
reunidas, e idóneas para conocimiento del juzgador. El secuestro consiste en la aprehensión
de una cosa, por parte de la autoridad judicial, con el objeto de asegurar el cumplimiento de
su función específica: la investigación de la verdad y la actuación de la ley penal. Se trata
de un medio asegurativo de la prueba, consistente en un acto de coerción real, cautelar y
provisional, por el cual un órgano de la justicia ocupa objetos o documentos que pueden
ser útiles para el descubrimiento de la verdad, comprendiendo como objeto de secuestro las
cosas relacionadas con el delito, las sujetas a confiscación o aquéllas que puedan servir
como medios de prueba. La formalización del acta de secuestro tiene sólo un valor
documental, en tanto es el instrumento previsto por la ley para dar fe de lo actuado por el
funcionario público interviniente. En consecuencia, su ausencia o invalidación no conllevan
la inexistencia o nulidad del acto procesal en sí, cuya existencia y legalidad pueden
acreditarse por otros medios, conforme el principio de libertad probatoria contenido en el
art. 192 del CPP. ….El sistema de la sana crítica racional o libre convicción, que establece
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la plena libertad de convencimiento de los jueces, exige que las conclusiones respeten los
principios de la recta razón o las normas de la lógica (leyes fundamentales de la coherencia
y la derivación, y principios lógicos de identidad, no contradicción, del tercero excluido y
de razón suficiente), y los principios incontrastables de las ciencias y de la experiencia
común”. En sentido similar a esta línea jurísprudencial y al fallo de la Sala I de la Cámara
Federal en lo Criminal y Correccional, citado en el voto precedente, debo mencionar la
sentencia –referenciada por el Señor Fiscal General en su meduloso alegato- n° 269/2009,
dictada por la Sala en lo Penal del Tribunal Supremo del Reino de España, el 17 de marzo
de 2009. Partiendo de la premisa que la diligencia de entrada y registro domiciliario tiene la
condición de prueba preconstituida con plenos efectos en el juicio oral, el referido tribunal
hizo lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal, condenando a Pilar y
a Jorge como autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de
estupefacientes, a la pena de tres años y cuatro meses de prisión. Para ello, en lo que aquí
interesa, con el voto del ponente Diego Antonio Ramos Gancedo, afirmó: “En el caso
presente, la impugnación casacional no opone ningún reparo ni de orden constitucional ni
de legalidad ordinaria a la resolución judicial habilitante, ni a la práctica de la diligencia. El
dato omitido en el acta a que se refiere el recurrente no significa otra cosa sino que dicho
documento no acredita el extremo fáctico controvertido pero ello no empece ni constituye
óbice alguno para que el dato en cuestión de que los visitantes preguntaron por Pilar y Jorge
para que les vendieran cocaína y hachís, no pueda ser acreditado por otros medios de
prueba, como aquí ocurrió, con el testimonio prestado en el plenario por los policías a
quienes se dirigieron aquellas personas. Ni siquiera puede hablarse de que el Secretario
Judicial omitiera en el acta, por olvido o falta de diligencia, esta circunstancia, pues no hay
prueba ni indicio de que los funcionarios policiales le informasen de ese detalle preciso y
concreto. En todo caso ni las declaraciones testificales de los policías en el juicio oral
contradicen el acta de la entrada y registro, ni ésta es contradictoria con tales testimonios,
sino que ambos medios de prueba son autónomos aunque complementarios”. Trasladados
tales conceptos al caso de autos, damos por cierto que el acta de secuestro es un
instrumento público (art. 979 C. Civil) y, por ende, hace plena fe de la existencia material
de los hechos allí enunciados como cumplidos por el funcionario actuante (art. 993 del
mismo cuerpo legal), es decir, que el día 7 de junio de 2010, se procedió al allanamiento y
registro del inmueble sito en calle Omaguacas 91, Villa Costa Azul, Pedanía de San
Roque, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, estando presentes la Sra. Julieta
Cecilia Jaime y el Sr. Ricardo Raúl Jaime, a quienes se les explicó el objeto de la medida y
se les leyó en alta voz la orden de allanamiento; igualmente, se dejó constancia en dicha
acta que se procedió al secuestro de distintos elementos. En especial, se consignó: “Del
interior del primer dormitorio, según se accede a la planta alta, lugar que actualmente es
ocupado por el Sr. JAIME, y dentro del placard se procede al secuestro de UN (01) un
tarjetero color negro, conteniendo hojas transparentes en las que se hallan distintas tarjetas
personales, asimismo facturas, y tarjetas personales…”. Si bien es también exacto que en
dicha acta -por los razonables motivos que explicó en el debate el funcionario policial
Maidana- no se dejó constancia de la sustracción del mencionado tarjetero y de cuatro
tarjetas personales que intentó llevar a cabo el acusado Jaime, cuya consumación fue
impedida por la firme intervención del mencionado oficial de policía, ello no es obstáculo
para que dicha conducta delictiva del señor Ricardo Raúl Jaime pudiera ser acreditada por
otros medios de prueba, como lo fueron la convincente declaración testimonial rendida en
la audiencia del debate por el policía Maidana, cuyo categórico relato encuentra plena
corroboración –en lo sustancial- con los testimonios prestados en la misma audiencia por el
Comisario Inspector de la Policía Federal Argentina Andrés Daniel Saldívar, la Contadora
María Eleonora Feser y el Cabo Primero de la Policía Federal Argentina Ezequiel Prada,
quienes si bien fueron “testigos de oídas”, dan cuenta que Maidana puso en conocimiento
inmediato de la mencionada contadora y de su superior jerárquico, el titular de la
Delegación Córdoba de la Policía Federal Argentina, el hecho que relató al tribunal, la
misma tarde en que sucedió el incidente protagonizado por el acusado Jaime. Como
sostuviera el suscripto, mediante sentencia de fecha 03/04/2012, en autos “Menéndez,
Luciano Benjamín y Otros p.ss.aa. Privación Ilegítima de la libertad agravada, Homicidio
Calificado” (Expte. M-12/11), corresponde analizar aquí cómo debe ser valorada la prueba
testimonial en un proceso penal, más aún, si reúne las características especiales del que nos
convoca en este caso. José Ignacio CAFFERATA NORES y Aída TARDITTI (“Código
Procesal Penal de la Provincia de Córdoba - Comentado”, Tomo I, Editorial Mediterránea,
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Córdoba, 2003, p. 540, expresan que “si la declaración testimonial no encontrare apoyo en
prueba de carácter independiente sería insuficiente para fundar una condena…”. A
continuación resaltan la eficacia probatoria de la sentencia condenatoria, si se tiene por
válido el testimonio, luego de confrontarlos con las demás constancias del proceso y
analizarlo de acuerdo a las reglas de la experiencia común. Citan en apoyo de su aserto:
C.N.C.P., Sala II, “Méndez, Iván, 27/3/95, reg. 415, Bol. Jurisp. C.N.C.P., 1995, 1º
trimestre, p. 141. Los citados autores (op. cit., p. 542) expresan: “Las condiciones de
transmisión de lo percibido también debe considerarse. El tiempo transcurrido entre el
momento en que ésta tiene lugar y el de la percepción, puede determinar que la evocación
de lo percibido sea fragmentario, con el consiguiente peligro de su complementación
mediante juicios, deducciones, versiones de otros testigos, noticias periodísticas, etc…”.
“Será necesario, además, luego de la valoración individual de cada testimonio, cotejarlo
con el resto de las pruebas reunidas, a fin de lograr una correcta evaluación y demostración
de su eficacia probatoria”. Es cierto que la declaración de un testigo no presencial o de
oídas, que relata lo que otros le dijeron, tiene menor valor probatorio en sus dichos
que los que un testigo directo o presencial de los hechos. Pero, no deja de tener
eficacia, pues, como lo señala Ricardo C. NUÑEZ (“Código Procesal Penal de la Provincia
de Córdoba – Anotado”, Lerner, Córdoba, 1978, p. 212: “…el juez debe interrogar a una
persona como testigo si ésta conociera por percepción propia los hechos investigados. No
basta que los conociera “de oídas”, sobre lo que es “voz corriente” o “se dice”. Pero es una
percepción propia el hecho de haber oído a una persona decir algo”. El párrafo resaltado en
letras negritas me pertenece y pretende destacar que la versión del intento de sustracción
del tarjetero de color negro y de las cuatro tarjetas personales efectuado por el procesado
Ricardo Raúl Jaime -al haberlas quitado de la mesa donde estaban y colocado las mismas
en el bolsillo delantero derecho de su pantalón, al momento de cumplimentarse el
procedimiento en calle Omaguacas Nº 91 de la Localidad de Villa Carlos Paz-, y la
intimación efectuada al acusado para que las devolviera de inmediato bajo apercibimiento
de requisarlo y detenerlo, logrando así la devolución de dichos elementos, cuando todavía
no habían salido efectivamente de la esfera de custodia oficial del funcionario policial, fue
brindada por Miguel Ángel Maidana el mismo día del hecho, primero a María Eleonora
Feser (según su testimonio en este debate), y más tarde a Andrés Daniel Saldivar (según
declaración de éste en la audiencia oral). Ello pone en evidencia que no se trató de una
versión proveniente de algún rumor o comentario anónimo (vox populi o de algo que
se dice). Además, tal relato es confirmado por un testimonio independiente –Ezequiel
Prada- prestado en el debate. De su declaración surge –en forma coincidente con la versión
proveniente de Feser y Saldívar- el comentario que escuchó el mismo día del
procedimiento, mientras estaba manejando el móvil, entre el Oficial Maidana y la señorita
Feser, en cuanto a que el primero le refirió a la contadora sobre el incidente en el secuestro
“algo como que Jaime había querido sacar unas cosas”. Debo agregar, para reforzar mis
anteriores reflexiones sobre la validez probatoria de las declaraciones del testigo indirecto o
“de oídas”, que “…no se advierte la existencia de norma alguna que restrinja la declaración
de personas que depongan sobre sucesos que conocieran a través de referencias de terceras
personas” (C.N.C.P., Sala III, causa 4285, “Godenzi, Hugo y otros s/recurso de casación”,
6/5/2003, reg. 217, Tragant, Riggi, David); C.N.C.P., Sala III, “Cardozo, Luis O. y otro
s/recurso de casación”, 15/3/1995, reg. 32; y C.N.C.P., Sala II, causa nº 393, “Guattani,
Julio César s/recurso de casación”, 17/10/96, reg. 667). Por ello, debemos asignar plena
eficacia probatoria a los testimonios de María Eleonora Feser, Andrés Daniel Saldivar y
Ezequiel Prada, sobre sus percepciones de lo que oyeron decir a persona concreta –Miguel
Ángel Maidana- sobre el intento del acusado Jaime de sustraer los objetos secuestrados y su
posterior devolución ante el apercibimiento efectuado por el Oficial Maidana de requisarlo
y detenerlo. Quedó así desmentida –de modo rotundo- la absurda e inverosímil defensa
intentada por el enjuiciado Jaime en cuanto refirió que durante el allanamiento permaneció
en el quincho de la vivienda y que en ningún momento supo o conoció cuál era la
documentación que habían recogido y que estaba sobre una mesa del living. De tal modo,
no existió –en lo sustancial- contradicción entre el procedimiento judicial documentado en
el instrumento público labrado por el Oficial Maidana y la referida prueba testimonial
aportada en el plenario. Por el contrario, se trató de pruebas complementarias, que permiten
tener por demostrado con certeza que el Señor Jaime realizó la conducta que le atribuye la
pieza acusatoria. Así voto.- A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR
VOCAL DR. JOSÉ MARÍA PÉREZ VILLALOBO DIJO: que adhería a las
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consideraciones y conclusiones efectuadas por el señor Vocal Dr. José Fabián ASIS y en el
agregado del vocal Lascano, votando en igual modo.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN
PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. JOSÉ FABIÁN ASIS DIJO: I- Acreditado el
hecho, corresponde ahora calificar el mismo conforme la normativa legal vigente. II- El
requerimiento fiscal de elevación de la causa a juicio precedentemente transcripto, califica
la conducta desplegada por Ricardo Raúl JAIME, como autor del delito de “sustracción de
documentación destinada a servir de prueba en otro proceso”, delito previsto en el art. 255
del Código Penal, en grado de tentativa (art. 42 del Código Penal), calificación legal, que
considero correcta, por los motivos que expondré a continuación. III- Al respecto,
podemos señalar que la conducta calificada de tentativa de sustracción de documentación
destinada a servir de prueba (art. 255 del C. Penal), se produjo en el marco de una causa por
supuesto por enriquecimiento ilícito, que se tramita por ante el Juzgado Nacional en lo
Criminal y Correccional Federal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en
oportunidad del cumplimiento de una orden de allanamiento del inmueble sito en
Omaguacas 91, Villa Costa Azul, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba. La figura
penal endilgada, se halla en el Capítulo V, sobre “Violación de sellos y documentos” y
describe la conducta de quien “sustrajere, alterare en todo o en parte, objetos destinados a
servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos confiados a la
custodia de un funcionario público o de otra persona en el interés del servicio público. La
ley propone tutelar el interés del Estado en la preservación de ciertos objetos y documentos
que se encuentra bajo su custodia (Nuñez, Ricardo C., "Derecho Penal Argentino", T. VII,
Lerner Ediciones, 1974, pág. 89; Laje Anaya y Gavier, "Notas al Código Penal Argentino",
T. III., Ed. Lerner, 1999, pág. 167; Soler, Sebastián, "Derecho Penal Argentino", T. V., Ed.
Tea, 1970, pág. 150). La fórmula legal contenida en el artículo 255 del C.P. proviene del
Proyecto Tejedor y del C.P. de 1887 y, su forma actual, corresponde a la del Proyecto de
1891. La misma establece como una de las acciones típicas configurativas del delito en
cuestión la de sustraer, es decir llevarse o sacar los objetos destinados a servir de
prueba ante la autoridad competente (Soler, Sebastián, “Derecho Penal Argentino”,
Buenos Aires, pág. 154; Laje Anaya - Gavier, op.cit., pág. 170). Requisito común a todos
los objetos enunciados es que los mismos se encuentren confiados a la custodia, y puesto
que estamos en el campo de los delitos contra la Administración, habrá de tratarse de una
custodia oficial o legalmente instituida por lo que se descarta la entrega en virtud de una
particular confianza en el depositario (Fontán Balestra, Carlos, "Tratado de Derecho Penal",
T. VII, Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 1971, pág. 251; Creus, Carlos, "Delitos contra la
administración pública", Ed. Astrea, Buenos Aires, 1981, págs. 262 a 263; Donna, Alberto,
“Derecho Penal. Parte Especial”, T. III, Ed Rubinzal Culzoni, Buenos Aires – Santa Fé,
2003, pág. 204). También refiere Soler, Sebastián, en la obra citada, págs. 154 y 155, que
“Debe tratarse de objetos custodiados con la finalidad de utilizarlos como medios de
prueba…” y que “…el caso típico y expresamente mencionado por otras leyes es el de los
que han sido secuestrados como cuerpos de delito”. La figura prevista en el artículo 255 del
digesto criminal, sanciona al que “sustrajere, ocultare, destruyere o inutilizare objetos
destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o documentos
confiados a la custodia de un funcionario o de otra persona en el interés del servicio
público. Si el culpable fuere el mismo depositario, sufrirá además inhabilitación especial
por doble tiempo”. Su inclusión en el marco del capítulo de “Violación de sellos y
documentos” determina, pues, que apunta a proteger la inviolabilidad de la identidad y
vigilancia de determinadas cosas, en especial, la de objetos destinados a servir de prueba
ante la autoridad pública, puestos en custodia a tal efecto. No resulta sobreabundante
destacar que el delito de marras no requiere un dolo especial, así pues los motivos y el
designio por los que o para los que delinque el autor resultan indiferentes frente a la ley.
Por ello, en estos casos basta con el conocimiento de que su conducta quebranta la custodia
oficial, de que los objetos sometidos a la misma tienen alguno de los destinos especificados
en el tipo y la voluntad de llevar a cabo la conducta descripta en el respectivo penal (Nuñez,
Ricardo C., op. cit., pág. 89; Laje Anaya - Gavier, op. cit., pág. 171; Soler, Sebastián, op.
cit., pág. 156, quien agrega que no es necesaria la intención de causar un perjuicio;
Genócrates, "Una advertencia ejemplar", L.L., T. 136, pág. 570). Debe tenerse en cuenta
que la acción de ocultar "se traduce en esconder en el sentido de hacerla potencialmente
inaccesible para la administración que precisa el uso del objeto". En conclusión, el hecho
atribuido debe ser encuadrado en la figura de penal “sustracción de documentación
destinada a servir de prueba en otro proceso” (art. 255 del C. Penal), en grado de tentativa,
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pues comenzó la ejecución de la conducta pero no la consuma por la intervención del
oficial Maidana. Así Jorge de la Rúa, sostiene: “trátase de tentativa si la intervención
policial en virtud del aviso es posterior al comienzo de ejecución y frustra la consumación”
(“Código Penal Argentino, Parte General”, pág. 596/598), conforme art. 42 del C. Penal.
Por otra parte, siendo el encartado Ricardo Raúl Jaime, quien ejecutó la conducta imputada,
al haber intentado desarrollar el verbo típico de la figura “sustraer”, corresponde calificar su
participación criminal en calidad de autor ( art. 45 del C.P). Así voto. A LA SEGUNDA
CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DE CÁMARA DR. CARLOS
JULIO LASCANO DIJO: que adhería a las consideraciones y conclusiones efectuadas
por el señor Vocal preopinante, votando en igual sentido. Agrega, para reforzar los
argumentos del primer voto: en este punto considero útil señalar que “El delito es doloso,
de pura actividad y de peligro, motivo por el cual logra su consumación cuando el agente
consigue, mediante alguna de las acciones típicas, quebrantar la custodia dispuesta
oficialmente sobre los objetos que prevé el tipo. Todas las acciones previstas
alternativamente en la figura implican quitar las cosas de la custodia bajo la cual se
encuentran. Resulta presupuesto del delito, que la custodia sobre los objetos, registros o
documentos se debe haber dispuesto oficialmente y en el interés del servicio público, esto
es, en provecho de la comunidad….Las acciones previstas para este delito pueden consistir
en sustraer, ocultar, destruir o inutilizar objetos destinados a servir de prueba ante la
autoridad competente, registros o documentos confiados a la custodia de un funcionario o
de otra persona en el interés del servicio público. Sustraer implica sacar la cosa de la
esfera de su custodia, bastando con tal desapoderamiento. Como bien señala Buompadre,
la acción no requiere una orientación subjetiva que indique algo más que el dolo propio de
la figura, vale decir, la voluntad de tomar la cosa independientemente de la finalidad
perseguida por el autor… La sustracción, alteración, ocultamiento, destrucción o
inutilización pueden ser de manera total o sólo de manera parcial (es decir, de todo o de
parte del objeto, registro o documento). Cualquiera de estas acciones debe recaer sobre
objetos destinados a servir de prueba ante la autoridad competente, registros o
documentos confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el
interés del servicio público. Por objetos debe entenderse a todo elemento que tenga una
función probatoria, y que sean utilizados en el marco de una actuación judicial o
administrativa, por ejemplo objetos que hayan sido secuestrados. Los registros son los
asientos y anotaciones de la constancia de bienes (inventarios), de objetos o documentos,
públicos o privados, en libros, protocolos, planillas, etc. El término documentos se
encuentra empleado en el mismo sentido en que aparece en otras figuras delictivas, siendo
comprensivo tanto de documentos públicos como privados, verdaderos o falsos. Es
necesario, como presupuesto del delito, que todos los objetos antes mencionados se
encuentren confiados a la custodia de un funcionario público o de otra persona en el
interés del servicio público, debiendo dicha custodia ser dispuesta, ordenada mediante un
acto oficial, pudiendo estar a cargo de un funcionario público…o de un particular, como
bien lo indica la norma. Queda excluida cualquier custodia que no se disponga
oficialmente. Subjetivamente este delito es doloso. El autor debe conocer la calidad de los
objetos, su destino y su custodia, y debe querer, mediante alguna de las acciones típicas,
quebrantar tal custodia. No se requiere ningún ánimo específico que mueva al agente a
actuar… Tiene lugar la consumación de esta figura una vez que se logra quebrantar la
custodia de los objetos, a través de alguna de las acciones típicas previstas en el tipo
penal. Se admite su tentativa en la forma dolosa…” (LÓPEZ PEÑA, Sebastián en
CHIARA DÍAZ, Carlos A., Director, “Código Penal y Normas Complementarias.
Comentado, Concordado y Anotado. Arts. 214 a 305 y Leyes Complementarias”, Nova
Tesis Editorial Jurídica, Rosario-Santa Fe, 2011, pp. 280/282). Asimismo estimo valioso
subrayar que el “objeto de la acción consiste en cualquier cosa destinada a ser utilizada
como medio de prueba ante la autoridad competente… El objeto en cuestión debe haber
sido puesto bajo custodia oficial de un funcionario público u otra persona. El tipo subjetivo
se integra únicamente con el dolo, constituido por el conocimiento del carácter del objeto,
de que se quebranta la custodia oficial bajo la que se encuentra y de su finalidad. La
voluntad de quebrar esa custodia configura el aspecto volitivo. No se exige aquí tampoco
ningún especial elemento subjetivo… Se admite la posibilidad de que se presenten
supuestos de tentativa, ya que es posible que se realicen pasos de acción de carácter
ejecutivo sin que se logre sustraer, ocultar o inutilizar el objeto” (D´ALESSIO, Andrés
José – DIVITO, Mauro A., “Código Penal de la Nación. Comentado y Anotado. Tomo II-
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Parte Especial”, Segunda Edición Actualizada y Ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009,
pp. 1270/1271). Aprecio importante señalar lo manifestado por la Sala II de la Cámara
Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal con fecha 07/12/1988 en
autos “Reano, Alberto” en cuanto sostuvo que “si tras sustraer un expediente de una
secretaría judicial el procesado por el delito del art. 255 del Código Penal fue perseguido
por un empleado de aquélla, que sin solución de continuidad concluyó con el recupero del
documento, el hecho quedó en grado de tentativa… Para la consumación del delito previsto
por el art. 255 del Código Penal (sustracción de documento confiado a la custodia de un
funcionario público), puede afirmarse que el documento sale de la esfera de custodia si
efectivamente el sujeto activo del delito ha logrado la disposición de aquél”. Remarco
también lo expresado por la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional Federal con fecha 12/05/2000 en autos “M.H.C.” en cuanto sostuvo que “es
procedente dictar procesamiento en orden al delito de sustracción de objetos o documentos
de prueba en los términos del artículo 255 del Código Penal –en el caso, se imputa el
apoderamiento de un expediente judicial reservado-, si los testigos reconocieron al acusado
como la persona que se presentó y pidió ver el sumario para luego retirarse sin aviso,
notando luego un faltante de piezas procesales”. Agrego lo manifestado por la Sala II de la
Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal con fecha
16/07/2010 en autos “Cóndor Ponce, Silvia Haydee y otro” en cuanto expresó que
“corresponde confirmar la resolución que procesó al imputado como autor del delito
previsto en el art. 255 del Código Penal, en grado de tentativa, si se encuentra acreditado
que intentó sustraer uno de los celulares que había sido secuestrado por las fuerzas de
seguridad en el marco de un procedimiento por el cual se requisó un automóvil”. Para
establecer el fundamento político de la tentativa, como forma ampliada de punibilidad del
delito a una etapa previa a su consumación, en nuestro ordenamiento jurídico debemos
acudir necesariamente al principio de lesividad, ofensividad o exclusiva protección de
bienes jurídicos, consagrado expresamente por el art. 19, primer párrafo, de la Constitución
Nacional, que impide prohibir y castigar como delito una conducta humana externa, si ésta
no perjudica o de cualquier modo ofende los derechos individuales o sociales de un tercero,
la moral o el orden públicos. Los elementos que son indispensables para que el ser humano
pueda tener una vida en común segura y pacífica son denominados como “bienes
jurídicos”. Junto a los bienes jurídicos individuales (la vida, la integridad corporal, la
libertad sexual, la libertad de movimiento, la propiedad o el derecho de familia, entre los
principales), se encuentran los bienes jurídicos de la sociedad, denominados “supra-
individuales o colectivos”, como, por ejemplo, la fe pública, la incolumidad del signo
monetario, la regularidad y eficiencia de toda la actividad del Estado (administrativa,
legislativa y judicial), reconducible al concepto de función pública. Como enseña Claus
ROXIN (“Evolución y modernas tendencias de la Teoría del Delito en Alemania”, en
“Imme y Claus Roxin – Conferencias”, Editorial Mediterránea, Córdoba, 2012, pp. 32 y
33), la función subsidiaria del Derecho Penal “es la protección de bienes jurídicos, en tanto
éstos no puedan ser salvaguardados mediante medios menos gravosos (como el derecho
civil o a través de medidas político-sociales). Los medios menos gravosos deben preceder
al derecho penal, porque limitan menos la libertad del ciudadano en comparación con la
pena, que muchas veces puede poner en peligro la propia existencia. … Cuando uno se
pregunta cómo es que se puede lograr la protección de bienes jurídicos a través del
derecho penal, la respuesta resulta lógica y evidente: si se prohíbe superar los límites del
riesgo tolerado para proteger los bienes jurídicos y alguien supera mediante su actuar los
límites permitidos del riesgo y éste se realiza en el resultado, entonces se es autor de un
hecho prohibido”. En esta línea de pensamiento, es indudable que son punibles aquellas
conductas que consuman el supuesto de hecho descripto en el tipo objetivo, porque lesionan
efectivamente el bien jurídico protegido, causándole perjuicio. Pero también serán punibles,
conforme lo dispone el art. 42 C.P., los actos de ejecución delictivos que –aunque no
impliquen consumación, ponen al bien jurídico protegido en un peligro real e inminente de
daño, que por su proximidad e inmediatez, queda atrapado en el principio de lesividad (art.
19, primer párrafo, Const. Nac.). El referido dispositivo del Código Penal requiere como
tipo subjetivo que el autor obre con finalidad de cometer un delito determinado y que la
consumación del delito no se haya producido “por circunstancias ajenas a su voluntad”. El
comienzo de ejecución es el elemento objetivo que señala la frontera entre lo que es punible
y lo que no puede serlo; entre los actos preparatorios y los actos de tentativa. Para la teoría
subjetiva-objetiva, que se basa en consideraciones valorativo materiales que tienen en
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cuenta el peligro de lesión efectivamente corrido por el bien jurídico protegido, hay
comienzo de ejecución cuando el autor realice actos que -por su inmediata conexión con la
conducta típica y su sentido- demuestren que el autor ha puesto en obra su finalidad de
cometer el delito (Ricardo C. NUÑEZ, “Manual de Derecho Penal. Parte General”, 4ª.
edición, Marcos Lerner, Córdoba, 1999, p. 228). En el caso concreto de autos, como ha
quedado fijado el hecho al resolverse la primera cuestión, Ricardo Raúl Jaime, que conocía
cabalmente la calidad de los objetos secuestrados (“un tarjetero color negro, conteniendo
hojas transparentes en las que se hallan distintas tarjetas personales” y cuatro tarjetas
personales), al igual que su destino (servir de prueba en la causa judicial donde se lo imputa
como supuesto autor del delito de enriquecimiento ilícito), y que tales objetos habían sido
secuestrados y estaban bajo la esfera de custodia oficial del funcionario policial actuante en
el procedimiento, obró con la finalidad de quebrantar tal custodia, mediante una de las
acciones típicas (sustraer). Para ello realizó un tramo de una de las acciones descriptas
abstractamente en el tipo objetivo del art. 255 C.P., de carácter ejecutivo, sin haber logrado
consumar dicha sustracción por circunstancias ajenas a su voluntad, en este caso, la
oportuna actuación del Oficial Maidana, quien -advertido del intento de Jaime de sustraer
los objetos secuestrados, al haberlos quitado de la mesa donde estaban y colocado las
tarjetas en el bolsillo delantero derecho de su pantalón- lo intimó a devolverlos de
inmediato, bajo apercibimiento de requisarlo y detenerlo, logrando así la devolución de
dichos elementos, cuando todavía no habían salido efectivamente de la esfera de custodia
oficial del funcionario policial, porque en ese momento el sujeto activo del delito no había
logrado aún tener la disposición de aquéllos ni haberse retirado del lugar. Dejo así
respondida esta segunda cuestión.- A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL
SEÑOR VOCAL DR. JOSÉ MARÍA PÉREZ VILLALOBO DIJO: que adhería a las
consideraciones y conclusiones efectuadas por el señor Vocal Dr. José Fabián ASIS y el
agregado del Vocal Lascano, votando en igual modo. A LA TERCERA CUESTIÓN
PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. JOSÉ FABIÁN ASIS DIJO: I- Corresponde
en esta instancia determinar la pena a imponer al justiciable Ricardo Raúl Jaime. A tales
fines, la distribución de la pena debe ser de manera equitativa, ya que dentro de la
normativa legal, se sanciona de manera diferente a hechos idénticos con igual calificación
legal. Por ello, es preciso determinar la pena de manera proporcional a la gravedad de los
hechos que se le reprochan a quien es juzgado. Resulta interesante lo explicitado por José
Milton PERALTA, “Dogmática del Hecho Punible, principio de Igualdad y Justificación
de Segmentos de Pena”, publicado en DOXA, Cuaderno de Filosofía del Derecho (N°31-
2008), en cuanto supone que para determinar la pena, se debe en primer lugar, analizar el
fin de la pena misma, sus límites y el concepto material de delito, y en segundo lugar,
especificar cuáles son los factores que influyen en esta determinación. Es decir que, la idea
de la pena debe corresponderse con la gravedad del hecho que se está juzgando para poder
hablar de “pena justa”. Los marcos penales contienen escalas de gravedad mínima y
máxima del delito, y es esta escala, justamente, la que permitirá determinar la pena a
aplicar, en cuanto a la gravedad mínima y máxima del delito. Resulta importante entonces,
determinar el grado de injusto en cuanto a la dañosidad social de la acción; y el grado de
culpabilidad que es justamente lo que permite atribuirle al autor el hecho considerado en
mayor o menor grado, socialmente dañoso. Actuando así el dolo en cuanto al conocimiento
del sujeto del riesgo generado por su conducta e intención, en la medida que lo conocía o
que era factible de conocer. Concluye el autor citado, que “… la vinculación de la
dogmática a la determinación de la pena ya debió tener lugar con la idea de la
“culpabilidad como límite máximo”, pues para saber cuál era el máximo se debía tener
claro que contaba para la culpabilidad. Pero un esfuerzo más fuerte surge de la idea de
igualdad, que además de su valor moral inmanente evita fundamentaciones encubiertas de
pena. Asimismo, con esta teoría se maximiza la posibilidad del sujeto de desarrollar su
plan de vida debido a que puede conocer con cierta precisión las consecuencias de sus
actos...” Dentro de las teorías de la pena, existen distintas posiciones y fundamentos. Así la
tesis de la retribución responde a la arraigada convicción que el mal no puede quedar sin
castigo y que el culpable debe encontrar en él su merecido, fundando ello en razones
religiosas, éticas y jurídicas. La pena debe imponerse para realizar justicia sin que se tomen
en cuenta otros factores de utilidad social. En cambio, la teoría de la prevención, tiene
como fin otorgarle a la pena, la misión de prevenir delitos como medio de protección de
determinados intereses sociales. Se trata de una función utilitaria que no se funda en
cuestiones religiosas o morales sino en la consideración que la pena es necesaria para el
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mantenimiento de ciertas cuestiones sociales. La pena no se justificaría como castigo del
mal ya cometido sino como instrumento destinado a prevenir futuros hechos delictivos. La
teoría de la retribución mira al pasado, la teoría de la prevención mira al futuro, sostiene la
autorizada doctrina jurídico-penal. Así se señaló que: “Con respecto a la pena a aplicar en
cada caso por el juez, el Código ha adoptado el sistema de la indeterminación legal
relativa, puesto que las penas ordenadas en él no indican una magnitud fija para cada
delito, sino que se señalan los límites dentro de los cuales el juez puede fijar la sanción;
además de permitir diversas variantes, como cuando se disponen opciones alternativas,
tanto para la especie de pena como para la cantidad…..En el momento de fijar la pena de
multa, los jueces tienen en el Código otra disposición complementaria a las de los arts. 40
y 41. El art. 21 establece que se deberá tener en cuenta la situación económica del penado.
La aludida “situación económica” tiene importancia ya que, como la multa es una pena,
deberá ser de tal magnitud que sea suficientemente retributiva (un mal), con el objeto de
cumplir con la finalidad de prevención especial. Ello hace necesario que el juez imponga
una multa suficientemente gravosa en relación con la capacidad económica del sujeto.
Lógicamente que para el mismo delito cometido por dos individuos de muy diferente
capacidad económica, pueden resultar multas de montos totalmente distintos dentro de la
escala legal…” (VERA BARROS, Oscar Tomás en LASCANO, Carlos Julio (h), Director,
“Derecho Penal. Parte General. Libro de Estudio”, Advocatus, Córdoba, 2005, pp. 708,
710). III- Ahora bien, teniendo en cuenta, que en un Derecho Penal de culpabilidad por el
hecho, lo único a valorar es el ilícito culpable, sin perjuicio de destacar que existen
múltiples razones que pueden modificar, en el caso concreto, la necesidad e intensidad de
pena, son las circunstancias que a pesar de no constituir aspectos del ilícito culpable,
pueden ser valoradas sin lesionar el principio de culpabilidad. Patricia S. Ziffer en su obra
“Consideraciones acerca de la problemática de la individualización de la pena” señaló que
“… El marco penal ofrece un punto de apoyo a grandes rasgos para la medición de la pena.
Marca los límites externos que la pena para un determinado delito no puede sobrepasar.
Pero uno de los problemas más agudos de la individualización de la pena es ubicar un punto
para ingresar en el marco penal, un punto fijo a partir del cual poder “atenuar” o “agravar”.
IV.-Deben tenerse en cuenta ciertos aspectos subjetivos (los que hacen al sujeto en sí) y
objetivos (todos aquellos aspectos relacionado con los hechos) a los fines de establecer la
pena justa. En primer lugar, en relación al imputado V- Ahora bien, no se pueden dejar de
lado circunstancias específicas que pueden valorarse sin afectar el principio de
culpabilidad, me refiero a la naturaleza del hecho, en cuanto a que el mismo no tuvo una
planificación previa por parte del imputado sino que se trató de una maniobra burda, tal
como lo describió el señor Fiscal General, como así también la circunstancia que no fue
necesario recurrir al uso de la fuerza pública para que el imputado revierta su
comportamiento ilícito, un exabrupto como lo definió el testigo Maidana, debe valorarse
también, la falta de antecedentes penales computables, conforme surge del Informe del
Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal. Por otra parte, existen
circunstancias agravantes para la determinación de la pena como la instrucción universitaria
del imputado Ricardo Raúl Jaime, que ubica al mismo en una posición con mayores
posibilidades de valorar su conducta ex – ante, los motivos que lo llevaron a delinquir, en
cuanto a sustraer documentación destinada a servir de prueba. En virtud de lo expuesto, y
atento la escala penal prevista en la figura del art. 255, en grado de tentativa que contempla
una pena mínima de 15 días de prisión a una pena máxima de dos años y ocho meses de
prisión, las demás pautas de mensuración de las penas, contenidas en los arts. 40 y 41 del
Código Penal, estimo justo imponer al nombrado Ricardo Raúl Jaime, la pena de seis
meses de prisión. Asimismo, teniendo en cuenta las pautas establecidas en el art. 26 del
Código Penal, la aplicación de la condena puede ser de ejecución condicional.
Efectivamente, la condenación condicional es una sentencia condenatoria, definitiva e
irrevocable, susceptible de generar consecuencias inherentes a la calidad de condenado,
pero que se caracteriza porque la ejecución de la pena impuesta se suspende bajo condición,
que cumplida, excluye definitivamente esa ejecución, y que, por el contrario, no cumplida,
vuelve ejecutable la condena. (Manual de Derecho Penal –Parte General- Ricardo C.
Núñez. 2009. Pág. 319). Se trata de una potestad reglada que debe ser fundada bajo penal
de nulidad, en la propia sentencia condenatoria, en una serie de circunstancias personales y
objetivas, demostrativas de la inconveniencia del cumplimiento de la pena. Así, la
naturaleza del hecho, que atañe a la especie del delito y a las particulares circunstancias de
su ejecución, fundamenta la condicionalidad de la pena. Debe tenerse en cuenta asimismo,
Poder Judicial de la Nación
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que se trata de la primera condena dictada contra de Ricardo Raúl Jaime, tal como lo
informa el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal; que se trata de una
pena de prisión que no exceda de tres años, correspondiendo de este modo la aplicación de
la condicionalidad. Finalmente, cabe imponer al condenado condicionalmente, las reglas
de conducta adecuadas para prevenir la comisión de nuevos delitos, debiendo en
consecuencia el imputado Ricardo Raúl Jaime fijar residencia de la que no deberá
ausentarse sin autorización del Tribunal y someterse al cuidado del patronato de Presos y
Liberados de su lugar de residencia, art. 27 bis del Código Penal. Así voto a ésta tercera
cuestión planteada. Así voto a ésta tercera cuestión planteada.- A LA TERCERA
CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. CARLOS JULIO LASCANO
DIJO: Que adhería a las consideraciones y conclusiones expresadas por el señor vocal Dr.
José Fabián ASIS, votando de igual manera.- A LA TERCERA CUESTIÓN
PLANTEADA EL SEÑOR VOCAL DR. JOSÉ MARÍA PÉREZ VILLALOBO DIJO:
Que adhería a las consideraciones y conclusiones arribadas por el señor Vocal del primer
voto, haciéndolo en igual forma.- Por el resultado de los votos emitidos al tratar las
cuestiones precedentes, y por unanimidad, el Tribunal RESUELVE: I- CONDENAR a
Ricardo Raúl JAIME, ya filiado en autos, como autor penalmente responsable del delito
de SUSTRACCIÓN DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SERVIR DE PRUEBA
ANTE LA AUTORIDAD COMPETENTE, en grado de tentativa, previsto y penado por
los arts. 42, 45 y 255 del C.P.; e imponerle en tal carácter la pena de SEIS MESES DE
PRISIÓN EN SUSPENSO (art. 26 del C.P.), con costas. II- IMPONER al nombrado
por el término de dos años (art. 27 bis del C.P.), las siguientes reglas de conducta: 1) Fijar
residencia de la que no deberá ausentarse sin autorización del Tribunal; 2) Someterse al
cuidado del patronato de Presos y Liberados de su lugar de residencia; III- COMUNICAR
los fundamentos de la presente sentencia a la Dirección de Comunicación Pública de la
Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme Acordada 15/13.
PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.
