Poder Judicial de la Nación · 2019. 5. 31. · 2) La tenencia de: a. una escopeta calibre .16,...

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Poder Judicial de la NaciónTRIBUNAL ORAL FEDERAL DE SAN MARTIN 2

FSM 96870/2017/TO1

///vos, 28 de mayo de 2019.

AUTOS Y VISTOS:

Para exponer los fundamentos de la sentencia dictada el

pasado 14 de mayo de 2019, agregada a fs. 1043/1045, en esta causa nro.

FSM 96870/2017/TO1 del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal

Federal nro. 2 de San Martín, seguida a ESTEBAN MARTIN

MAZZONE WERNING, DNI 31.322.368, nacido el 17 de agosto de 1983

en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, hijo de Roque Mazzone

y de Delia Haydeé Werning, instruido, desocupado, con último domicilio

en Alfonsina Storni entre La Plata y México, casa 34, manzana 2, barrio La

Perla, Moreno, provincia de Buenos Aires, actualmente detenido en el

Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza; CARLOS ALBERTO

RODRÍGUEZ ÁVALOS, DNI 27.045.372, nacido el 12 de enero de 1979

en Moreno, provincia de Buenos Aires, conocido como “Boli” o “Yeye”,

hijo de Ángel Dionisio Rodríguez y de Mirta Regina Ávalos, instruido, con

último domicilio en casa 49, manzana 6, barrio La Perla, Moreno, provincia

de Buenos Aires, actualmente detenido en el Complejo Penitenciario

Federal I de Ezeiza; JORGE OSCAR HERIBERTO PEREYRA

GALLARDO, DNI 27.367.174, nacido el 8 de mayo de 1979 en Vicente

López, provincia de Buenos Aires, conocido como “Murdo”, hijo de Juan

Pereyra y de Ramona Gallardo, instruido, con último domicilio en Canadá

y Nicaragua del barrio La Perla, Moreno, provincia de Buenos Aires,

actualmente detenido en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza; y

MAYRA ALEJANDRA VERA, DNI 35.236.859, nacida el 10 de

Fecha de firma: 28/05/2019Firmado por: DANIEL ALBERTO CISNEROS, JUEZ DE CAMARAFirmado por: WALTER ANTONIO VENDITTI, JUEZ DE CAMARAFirmado por: EDUARDO GUILLERMO FARAH, JUEZ DE CAMARAFirmado(ante mi) por: LUCIANO ANDRES COVELLI, SECRETARIO

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diciembre de 1991 en Moreno, provincia de Buenos Aires, hija de Alberto

Bravo y de Petrona Magdalena Vera, instruida, domiciliada en Del Carril

2879, Moreno, provincia de Buenos Aires.

A lo largo del debate han participado, como fiscal general, el

Dr. Alberto Adrián María Gentili; como abogado particular del imputado

Mazzone, el Dr. Jorge Marcelo Rossi; por los encartados Rodríguez Ávalos

y Pereyra Gallardo, el titular de la Defensoría Oficial ante este colegio, Dr.

Sergio Raúl Moreno; y por la acusada Vera, la defensora oficial

coadyuvante, Dra. Gabriela Fernanda Arrieta.

RESULTA:

1. Los hechos juzgados.

La causa fue elevada a juicio en virtud de la requisitoria

formulada en forma conjunta por la Fiscalía Federal nro. 1 de Morón y la

Procuraduría de Narcocriminalidad de la Procuración General de la Nación,

en la que centraron los hechos investigados en los siguientes términos:

A.

Se imputa a ESTEBAN MARTÍN MAZZONE (conocido como

“Esteban”), CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ (apodado “Yeye”), JORGE

OSCAR HERIBERTO PEREYRA GALLARDO (apodado “Murdo”) y

MAYRA ALEJANDRA VERA (conocida como “La Rubia”) el haber

formado parte de una asociación de carácter estable, con soporte

estructural, división de roles y capacidad para articular acciones para

sostener el desarrollo de la actividad ilícita, la cual fue montada,

coordinada y encabezada por MAZZONE y RODRIGUEZ e integrada —al

menos por los nombrados VERA y PEREYRA GALLARDO y también por


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JORGE LUIS TROBATO (fallecido), YÉSICA GARCILAZO (fallecida) y

JONATHAN CATRIEL FLORES (apodado “Caki”, quien también se

encuentra fallecido). Esta organización funcionó en el barrio La Perla,

ubicado en el partido de Moreno, provincia de Buenos Aires, desde fecha

incierta y hasta el 25 de febrero de 2017 (cuando se efectivizó la detención

de MAZZONE), la cual se dedicaba principalmente al tráfico ilícito de

estupefacientes.

Para procurar tal cometido, MAZZONE y RODRÍGUEZ que

detentan el carácter de jefes distribuían las funciones entre los restantes

miembros de la organización y les encomendaban la ejecución de todas las

conductas delictivas necesarias para asegurar la preservación de sus

objetivos criminales.

Conforme surge de los elementos de prueba aunados al expediente,

cada uno de los imputados contaba con un rol específico dentro de la

banda, cuyas tareas coincidían generalmente con los diferentes estamentos

de la cadena de tráfico. A saber:

MAZZONE y RODRÍGUEZ se encargaban de obtener los

estupefacientes con los que abastecían al resto de la organización,

impartían directivas sobre su expendio (lo cual era llevado a cabo en

viviendas ligadas a ellos) y también sobre la preservación del control

territorial de la zona. Esas directivas, que incluían la comisión de hechos

delictivos violentos con el objeto de eliminar a posibles competidores (por

ejemplo, agresiones armadas) o hacerse de nuevos mercados (por ejemplo,

mediante el asesinato de otros actores, muchas veces motivados en ajustes

de cuentas), eran canalizadas a través de los restantes miembros de la

organización.

Para favorecer el abastecimiento de la sustancia ilegítima,

RODRÍGUEZ se la entregaba MAZZONE, quien cumplía funciones de

responsable general dentro del asentamiento y le respondía directamente.


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Bajo sus directivas, éste redistribuía la droga, tanto en las viviendas que

funcionaban como bocas de expendio, como en los puntos de venta

callejeros (generalmente próximos a aquéllas), controlaba la

comercialización en todos los estratos y se ocupaba de la recaudación de

las ganancias, tarea que compartía con RODRÍGUEZ.

Por su parte, JORGE LUIS TROBATO, YÉSICA GARCILAZO,

JONATHAN CATRIEL FLORES (todos ellos fallecidos) y MAYRA

ALEJANDRA VERA, junto a otros sujetos no identificados, eran los

encargados de efectuar las ventas en los distintos “bunkers” que eran

regenteados por MAZZONE y RODRÍGUEZ –a quienes rendían cuentas.

Finalmente, JORGE OSCAR HERIBERTO PEREYRA GALLARDO

y ARIEL HERNÁN PEREYRA GALLARDO se ocupaban de cumplir las

directivas de MAZZONE y RODRÍGUEZ cometiendo los hechos delictivos

violentos que aquéllos les encargaran.

Entre las maniobras delictivas que ha llevado adelante este grupo

organizado se encuentran las siguientes:

1) La tenencia de: a. dos envoltorios conteniendo una sustancia

pulverulenta blanca y dos trozos de la misma sustancia, sin envoltorio, los

cuales registraban un pesaje total de 0,9 gramos, b. una bolsa de nylon con

un trozo de una sustancia pulverulenta color blanca, cuyo pesaje ascendía

a 23,6 gramos, c. un telgopor con forma de vaso que contiene un trozo de

sustancia compacta blanca cuyo pesaje ascendió a 49,3 gramos, d. dos

balanzas, e. un arma de fabricación casera y f. dos envoltorios de nylon

conteniendo 0.5 gramos de una sustancia blanca pulverulenta.

Dichos elementos fueron hallados el 4 de enero de 2017, al

llevarse adelante el registro domiciliario de la vivienda sita en la calle

Nicaragua s/n, frente al numeral 2345, entre la calle Payró y Florencio

Sánchez, Moreno, provincia de Buenos Aires (ordenado en el marco de la

IPP 190002122916/00), perteneciente a CARLOS ALBERTO


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RODRÍGUEZ. Vale aclarar que al momento de imponer a RODRÍGUEZ

respecto de su intervención en este episodio, el mismo fue individualizado

como “Hecho 2”.

2) La tenencia de: a. una escopeta calibre .16, marca FSA De

Víctor Sarrasqueta Eibar, b. cinco cartuchos calibre 12’ con posta de

guerra y uno con posta de goma, c. cinco cartuchos a bala intactos de

calibre 7.62x51, d. una munición a bala 9x19 mm, e. tres envoltorios de

nylon, que contenían un polvo color blanco, restos de una sustancia vegetal

y pastillas de color blanco, respectivamente.

Ello fue descubierto el 26 de enero de 2017, al practicarse el

allanamiento de la finca sita en General Madariaga entre Evaristo

Carriego e Hilario Ascasubi, Moreno, provincia de Buenos Aires (ordenado

en el marco de la IPP 190000048517/00 que diera inicio a este legajo),

sitio en el cual se logró la detención de MAYRA ALEJANDRA VERA. En

este caso, al momento de imponer a VERA en relación a este sucedo, el

mismo fue individualizado como “Hecho 2”.

3) La tenencia de: a. una pistola calibre 9 mm marca Browning,

serie n° 372434, con cargador colocado, b. dos envoltorios de nylon can

una sustancia pulverulenta (una con 127.1 gramos y la restante con 207.8

gramos) y c. un envoltorio conteniendo una sustancia blanca (cuyo pesaje

ascendió a 10.9 gramos), los cuales sometidos al test de orientación

respectivo, arrojaron resultado positivo para cocaína.

Ello fue advertido el 25 de febrero de 2017, ocasión en la cual se

procedió a la detención de ESTEBAN MARTÍN MAZZONE en un

procedimiento policial llevado a cabo en Colectora Gaona Sur entre

Plutarco y Perú, Moreno, provincia de Buenos Aires, en el marco de la IPP

190000383717/00, que en copia corre por cuerda con estas actuaciones.

Déjese aclarado que al momento de imponer a MAZZONE del presente

suceso, el mismo fue identificado como “Hecho 4”.


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Resulta preciso aclarar que, además de los hechos reseñados, la

organización delictiva investigada cometió otros episodios delictivos,

consistentes en haber acometido violentamente contra JORGE LUIS

TROBATO, JONATHAN DAMIÁN CATRIEL FLORES (apodado “Caki”) y

YÉSICA DE LOS ANGELES GARCILAZO, al efectuarles al menos quince

disparos con armas de fuego calibre 9 mm, que provocaron su deceso de

manera inmediata; así como también el haber provocado un daño en la

salud de LEONELA ESTEFANIA BASSO, al efectuarle un disparo de arma

de fuego en la pierna izquierda (a la altura del gemelo). Los mismos

tuvieron lugar el 29 de diciembre de 2016, en el interior de la casa 14,

manzana 1, barrio La Perla, Moreno, provincia de Buenos Aires, sitio en el

cual funcionaba una boca de expendio de estupefacientes asociada a la

organización, la cual ara regenteada por MAZZONE y RODRÍGUEZ y

atendida por los fallecidos.

Estos hechos, que fueron cometido por JORGE OSCAR

HERIBERTO PEREYRA GALLARDO y ARIEL HERNÁN PEREYRA

GALLARDO (hermano del anterior) a instancias de RODRÍGUEZ y

MAZZONE (presuntamente motivado en un “ajuste de cuentas”), se

menciona al solo efecto de contextualizar el accionar de esta banda

criminal, dado que no forma parte del objeto procesal de este sumario por

estar siendo investigado en el marco de la IPP 190002122916/00, en la

que intervino el Juzgado de Garantías n° 2 de Moreno, General Rodríguez

y que actualmente se encuentra radicada por ante el Tribunal Oral en lo

Criminal n° 2 de Moreno.

Asimismo, corresponde aclarar que en ese lugar se incautaron 41

gramos de una sustancia pulverulenta que, sometida al test de orientación,

arrojó resultado positivo para cocaína, la cual se encontraba fraccionada

en 45 envoltorios de nylon, elementos que se hallaban en poder de los


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fallecidos JORGE LUIS TROBATO, JONATHAN DAMIÁN CATRIEL

FLORES y YÉSICA DE LOS ANGELES GARCILAZO.

B.

Además del suceso descripto en el punto anterior, a ESTEBAN

MARTÍN MAZZONE se le imputa:

1) La comercialización de 13.4 gramos de clorhidrato de cocaína

fraccionado en 30 bultos, los cuales fueron incautados en poder de los

ciudadanos ANTONIO ORLANDO BARBOZA y SANTOS IBARRA, quienes

fueron aprehendidos (en el marco de la IPP 090201761516/01), el día 9

de noviembre de 2016, tras salir de la finca ubicada en la intersección de

las calles La Plata y Alfonsina Storni, Barrio Jardines, Moreno, provincia

de Buenos Aires, la cual pertenecía al encausado.

2) La tenencia de: a. 25 envoltorios conteniendo una sustancia

pulverulenta, cuya pesaje ascendía a un total de 15.3 grs., b. 6 envoltorios

conteniendo una sustancia pulverulenta, cuyo pesaje ascendía a un total de

14.4 grs., c. 2 envoltorios conteniendo una sustancia pulverulenta, cuyo

pesaje ascendía a un total de 64.4 grs., d. un revolver calibre .32 largo, con

seis cartuchos a bala en su tambor, sin numeración legible ni marca, e. un

revólver calibre .38 corto, con cinco cartuchos a balas en su tambor, sin

numeración ni marca legibles, f. una pistola semiautomática calibre .22 LR,

con un cartucho a bala en su cargador, con la inscripción Pietro Beretta,

sin numeración legible, g. un arma de fabricación casera y h. una picana

618 TYPE. Surge de lo actuado que, sometida al test de orientación, la

sustancia arrojó resultado positivo para cocaína. Ello fue descubierto el

día 10 de noviembre de 2016, al llevarse a cabo el allanamiento del

domicilio mencionado en el punto anterior (ordenado en la IPP 0902

01761516/01).


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Aclárese que al momento de indagar a MAZZONE por su

intervención en estos episodios fueron individualizados como “Hechos 2 y

3”.

En ese requerimiento, estos hechos fueron calificados de la

siguiente forma:

1) CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ deberá responder como

coautor penalmente responsable de los delitos de: asociación ilícita, en

calidad de Jefe (artículo 210 del Código Penal de la Nación) y tráfico

ilícito de estupefacientes –en su modalidad de tenencia con fines de

comercialización, agravado por haber sido cometido de manera

organizada y con la participación de más de tres personas (artículos 5°,

inciso “c” y 11° inciso “c”, de la ley 23.737), en concurso real entre sí

(artículo 55 del Código Penal de la Nación).

2) ESTEBAN MARTÍN MAZZONE deberá responder como coautor

penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita, en calidad de

Jefe (artículo 210 del Código Penal de la Nación), tráfico ilícito de

estupefacientes –en su modalidad de tenencia con fines de



inciso “c” y 11° inciso “c”, de la ley 23.737) y tenencia de arma de fuego

de uso civil condicional (artículo 189 bis, inciso 2, párrafo 2 del Código

Penal de la Nación).

Asimismo, por el hecho identificado como “B”, MAZZONE habrá

de responder como coautor de los delitos de tráfico ilícito de

estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de

comercialización (artículos 5°, inciso “c” de la ley 23.737) y tenencia de


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arma de fuego de uso civil condicional (artículo 189 bis, inciso 2, párrafo 2

del Código Penal de la Nación), estos en concurso material entre sí y con

los anteriores (artículo 55 del Código Penal de la Nación).

3) JORGE OSCAR HERIBERTO PEREYRA GALLARDO deberá

responder como coautor penalmente responsable del delito de asociación

ilícita, en calidad de miembro (artículo 210 del Código Penal de la

Nación).

4) MAYRA ALEJANDRA VERA deberá responder como coautora

penalmente responsable de los delitos de: asociación ilícita, en calidad de

miembro (artículo 210 del C6cligo Penal de la Nación), tráfico ilícito de

estupefacientes en su modalidad de tenencia con fines de



inciso “c” y 11° inciso “c”, de la ley 23.737), y tenencia de arma de fuego

(artículo 189 bis, inciso 2, 1° párrafo del Código Penal de la Nación),

todos ellos en concurso real entre sí (artículo 55 del Código Penal de la

Nación).

2. Los descargos.

Tras la lectura de la acusación, se les recibió declaración

indagatoria a los acusados.

2.1. Esteban Martín Mazzone manifestó que“siempre fui

consumidor y sigo consumiendo. Comencé a vender estupefacientes

cuando me separé de mi esposa, en abril de 2016. Estaba en situación de

calle. Tengo una charla con Rodríguez, que también vivía en el barrio, y

me brinda un lugar (en la casa donde fueron los homicidios). Él me ofreció

quedarme unos días ahí hasta que consiguiera un alquiler. Ahí conozco a


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Abel Núñez y a un muchacho que le dicen ‘Tony’, que los dos están en

calidad de testigos. ‘Tony’ me ofrece un trato para trabajar: de diez

bolsitas, yo ganaba dos. A mí me servía porque no tenía nada. Yo

trabajaba para Rodríguez. A mí sólo me pasaban bolsitas armadas, y

también les pasaban a Catriel y a Jorge. Estuve veintiún días así, después

junté para el alquiler y me mudé al Barrio 2000, que es del otro lado de la

ruta 25 y empecé a vivir con Jorge Trobato. Alquilábamos los dos y nos

pusimos a comercializar ahí. También cuando se acercaba Catriel, él

comercializaba conmigo. Yo al consumirme mis ahorros me desalojan, y

Catriel me aloja en la casa de su familia, en la manzana 6. Con él nos

empezamos a conocer más. Leonela comercializaba marihuana, vive en la

manzana 7. A raíz de que Catriel me dio asilo, volví a alquilar en el mismo

lugar con Jorge. Ahí comencé a trabajar en la casa donde sucedieron los

homicidios. Ahí vendíamos todos, y cada cual se compraba su mercadería

a escondidas. No vendíamos para Rodríguez, sino que él nos daba una

bolsita, nosotros la cortábamos y la mayor parte la consumíamos nosotros.

Ninguno progresaba porque nos consumíamos todo. A raíz de eso empecé

a tener deudas porque pedía drogas fiado. Todos teníamos deudas. En

2016, en agosto, me quiero apartar de todo ese grupo y me dan un tiro en

la pierna izquierda. Donde vendía otro, yo me colaba y vendía droga de

otra persona, y por eso me amenazaban. Estaba muy amenazado y tuve

que volver a la casa. Tomé coraje y empecé a vender droga para ‘el gordo

Marcos’, que es de San Miguel, del barrio Villa Mitre. Me servía más que

el negocio con ‘Yeye’. Con el tiempo me fui apartando de la casa y volvía

cuando no había nadie. Siempre estábamos con Catriel. Hacíamos una


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vaquita con él, Jorge Trobato, Yésica Garcilazo, Mayra y ‘El Chino’, que

estaba cuando allanaron el 29 de noviembre. Juntábamos plata,

comprábamos 10 o 20 gramos, los poníamos a fraccionar y nos

repartíamos. Después, cada cual hacía lo que quería. De diez bolsas,

ganaba cuatro y el resto me lo consumía. Estábamos todos muy perdidos

en el crack. Marcos me había advertido que si yo seguía vendiendo ahí me

iba a pasar algo malo, porque ahí no se vendía droga que no fuera de

Rodríguez. Pero yo a Rodríguez no lo veía, y cuando lo veía solamente me

daba una bolsita. Nadie entraba si Leonela no le abría el portón, porque

ella era la encargada del portón. A raíz de estar vendiendo en manzana 1,

casa 14, conozco a Yésica Garcilazo. Empezamos a consumir cocaína

juntos. Me la presenta una chica llamada Ayelén, del barrio de Yésica.

Con el correr del tiempo y al compartir alcohol y cocaína, terminamos

teniendo una relación con Yésica. También tenía una relación con Mayra

(no recuerdo el apellido pero está como testigo también). Yo en ese

momento estaba separado de mi esposa. Yésica se suma a Catriel y a mí

para juntar plata entre nosotros y vender. Todos decíamos que era la

droga de ‘Yeye’ pero era la de Marcos. Pensamos que nadie sabía nada.

Catriel empezó a tener muchas deudas, le debía mucha plata al sobrino de

Pereyra, que vendía con otras personas. También a Marcos. Le pedía

plata a todo el mundo. Jorge Trobato también. Teníamos muchos

problemas. Una vez me prestaron un .38, porque a Catriel lo fueron a

buscar. Si no recuerdo mal fue en el mes de julio, un día de lluvia, y yo salí

en defensa de él y me agarré a tiros. Gracias a Dios no salió nadie herido.

A Jorge, muchachos de Las Catonas y del cruce Castelar le empezaron a


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pegar por deudas de droga, también me pegaron a mí. En septiembre de

2016 tuvimos una charla con Jorge, porque le quería pegar todo el mundo,

porque además en vez de droga daba bicarbonato. El día de los

homicidios, el 29 de diciembre de 2016, estábamos ‘Tony’, Abel Núñez,

Yésica, Catriel, Jorge, Mayra (la testigo), la sobrina de Yésica y la amiga

de la sobrina, estábamos todos vendiendo. Como sabía que me buscaban,

porque habían allanado ya esa casa, cuando necesitaba plata me acercaba

a la casa, vendía y me iba. Ese día estábamos vendiendo y entre todo

juntamos plata y le compramos 50 gramos a Marcos. Fraccionamos, yo

vendí mis veinte bolsitas y me iba, después volvía, vendía de nuevo y me

iba otra vez. Esa misma noche me voy a otra ‘covacha’, donde estaba

Mayra Vera, no recuerdo la calle. Ella estaba ahí pero no hacía nada,

estaba sola. Le dije que iba a vender ahí, si no le molestaba. Me puse a

vender mercadería de Marcos ahí. Después volví a la casa de los

homicidios, me pasa plata Yésica, le compro de vuelta a Marcos, vuelvo,

fraccionamos y cada cual agarra su parte. Yo agarraba la moto de Jorge y

me iba a vender, robándole los clientes a otros. Por eso tuve problemas.

Le digo a Yésica Garcilazo y a su sobrina si nos íbamos a bailar todos

juntos a un boliche, ‘Heaven’. Le dije que dejáramos de vender porque

‘Yeye’ iba a escuchar, pero ninguno se quiso ir. De las veinte bolsitas que

armamos cada uno, la estiraron y llegaron a sesenta bolsitas cada uno,

mezclando con bicarbonato y Tafirol. Yésica había sacado un préstamo y

tenía mucha deuda. Leonela era la encargada del portón y no tenía que

dejar entrar a nadie, tenía la llave y no se podía entrar de otra forma

porque la reja no se podía saltar. Le dije que yo me iba al Barrio 2000,


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que cualquier cosa me llamara. Ella tenía prohibido dejar entrar a

Pereyra, porque había tenido un problema. Me voy para la casa del Barrio

2000, me quedo con Mayra y Jorge Saluve, y nos quedamos ahí tomando

alcohol y droga. Al rato me llama por teléfono la mujer de Catriel y me

dice que habían matado a todos. Que Catriel estaba con un tiro en la

cabeza, me empieza a gritar y le digo que ahora iba para allá. Cuando

corto con ella recibo un llamado de Yésica Stepanski y me dice que me

fuera, porque la policía había entrado y matado a todos. Yo pensé que

habían matado a todos los que estaban en la casa, que éramos como

nueve. Ahí hablo con Marcos. Me voy a Florencio Varela con Mayra,

porque a ella también la querían matar, el mismo 29 de diciembre. Yo no

tenía un peso porque me había fumado todo. Al día siguiente me entero

por la tele y Facebook que habían matado a ellos tres. El 31 de diciembre

vuelvo a Moreno, al local que alquilaba, para rescatar droga con Marcos

y vender porque no tenía un peso. Pasamos las fiestas ahí con Mayra,

después Marcos me deja 15 gramos y se va. Vendo con Mayra en el Barrio

2000 y también cambiaba de lugar. Hasta ahí yo pensaba que había sido

la policía, por lo que me dijo Yésica Stepanski. Me quedaba en ‘La

Arboleda’, en lo de Mayra o con gente que me conocía. Estaba en

situación de calle. Donde alquilaba no iba por miedo, y a lo de mi familia

lo mismo. No tenía dónde fraccionar las bolsitas. Paraba en ‘La Arboleda’

y los pibes me decían que no parara en ‘Las Casitas’. Cuando venía

Marcos fraccionaba en el auto de él, él me dejaba en determinados lugares

y yo vendía ahí. No me acercaba a Lomas ni a ‘Las Casitas’ para nada.

Fui detenido el 25 de febrero de 2017. Ese día Marcos me va a buscar, me


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presenta a la chica que cayó detenida conmigo, que era del barrio

Libertad, en Merlo. Yo no la conocía. Esta chica fumaba crack también, y

yo no comía, hacía diez, doce días de amanecido. Marcos quería que

fuéramos los tres a un hotel de Merlo. Yo no quise, entones fuimos a la

casa. Me deja en su casa con una mochila, una pistola Browning y una

bolsita. Eso fue el 24 de febrero. Después lo llamo y no venía. Esto está en

los teléfonos que me secuestran. Al no acercarse Marcos, y yo tener las

cosas de él, llamo a un remís del hombre este, Jorge. Lo esperé, luego me

lo tomé con la chica esta, la iba a dejar en San Miguel y le iba a llevar la

mochila con la pistola a Marcos (que la había comprado él el mismo día)

al barrio Villa Mitre. Me detuvieron en colectora” (sic).

2.2. Por su parte, Mayra Alejandra Vera prefirió no declarar

ni responder preguntas, como lo había hecho en la instrucción (fs. 36/37 de

la IPP 190000175317/00, y art. 378 del código de rito).

2.3. A su turno, Jorge Oscar Heriberto Pereyra Gallardo

declaró y se preguntó “por qué se me involucra en una causa federal por

asociación ilícita con gente que comercializaba droga. Yo no tengo nada

que ver. Escucho que todos me tienen miedo, pero no sé por qué se me

involucra en tantas cosas a mí. A mí se me imputa el triple crimen, pero no

sé qué hago yo por la asociación, cuando no tengo ni dónde caerme

muerto. Quisiera que se termine lo más rápido posible esta causa, porque

se declararon muchas cosas que yo nada que ver” (sic).

2.4. En un primer momento, Carlos Alberto Rodríguez

Ávalos también prefirió no declarar ni responder preguntas, manteniendo


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su postura de la instrucción (fs. 694 de la IPP 190002122916/00 y art.

378 del código adjetivo).

Sin embargo, en otra jornada de debate, más avanzado el

juicio, pidió ampliar su declaración y sostuvo que “sí, soy la persona que

vendo estupefacientes en diversos domicilios. Anteriormente, mucho

tiempo atrás, la compartía con Esteban, la venta. En el momento continuo

a los allanamientos yo ya no vendía con él sino por otros lados. Respecto

de Mayra Vera, yo le daba una mano porque estaba perdida en la droga.

La saqué de la calle y le di una mano, y ella quedó involucrada en la

causa. Por eso me hago responsable de la tenencia de estupefacientes con

fines de comercialización. Con Pereyra no tengo trato ni vínculo, yo sólo

me dedicaba a la venta de drogas, y a lo último lo hacía solo. A Mayra la

arrastré a esto pero no tiene que ver en nada, yo la arrastré, ella se quedó

conmigo pero yo me hago cargo. Yo le vendía a Esteban, pero antes.

Después Esteban se manejaba con su gente y a su manera” (sic).

3. La prueba.

3.1. En el transcurso del juicio declararon los testigos

Santiago David Lescano, Sebastián Ariel Perazzo, Facundo Emiliano

Mussano, Juan Marcelo Zárate, Ulises Fabián Mieres, José Martín Lovato,

Rubén Darío Giménez, Tobías Luis Vallejo y Leonela Estefanía Basso.

3.2. Por su parte, por lectura se incorporaron los

testimonios de Gustavo David López, Gustavo José Ponce, José Rolando

Lencina, Carolina Florencia Martínez, Nicolás Lasala, Diego Soldo,

Mariana Soledad Gajardo, Adrián Martos, Graciela Liliana López, Mariano


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Leonardo Trovato, Claudio Luis Morel, Erika Judith De Marco Stepanski,

María Alejandra Garcilazo, Laura Lilian Franco, Orlando Javier Villagra,

María de los Ángeles Vallejos, César Gabriel Conde, Cristian Andrés

Sandez, Alberto Oscar Moya, Elías Alberto Mansilla, Érica Soledad

Castaño, Mayra Ayelén Dolores, Claudio Rafael Peralta, Brenda Yanina

Alegre, Jesús María Quintero, Fabián Cejas, Lucas Martín Filipini, Cristian

Alejandro Durán, Matías Ezequiel Tello, Jennifer Marisol Maidana, Emilio

Eduardo Guedes de Moraes, Marcelo Daniel Gómez, Macarena Micaela

Chacoma, Claudia Alejandra Villalba, Jorge Alfredo Iturburu, Érica Gisele

Amaya, Adriano Bagnasco Uffrón, Cristian Andrés Segovia, Miguel Ángel

Loza, Diego Roberto Stella, Fernando Gabriel Giraudo, Pablo Ariel

Muñoz, Mariano Andrés Villalba, Celso Waldemar Herrera, Benito

Domingo Gómez, Inocencio Clodomiro Mayta, Jorge Oscar Bramajo,

Víctor Matías Arrieta, Juan Andrés Benítez Villalba, Maximiliano Pavone,

Walter Darío Castillo, Axel Daniel Medina, Cristian Germán Portillo,

Braian Nahuel Vega, Lorenzo Alberto Valle, María Cristina Cabrera,

Kevin Gabriel Gómez, Nayla Martínez Lazzaro, Quimey Maia Rosalez,

Matías Agustín Alderete, Antonio Orlando Barboza, Roberto Carlos

Pereyra, Cristian Santos Ibarra, Jonathan David Herrera, Guillermo

Osvaldo Ibarra, Cristian Javier Romero, Pablo María Duré, Edelmiro

Bejarano, Pablo Serafín López, Javier Alejandro Martínez, Cristian Ángel

Navarro, Luciano Emanuel Nahorniak, Nahuel Abraham Huespes, Santiago

Martín Ybarra, Iván Andrés Rodríguez, Matías Víctor Albornoz, Marco

Ariel Condinanzo, Walter Andrés Fernández, Christian Adrián Bogado,

Cristian Oscar Ruiz y Germán Arias González.


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3.3. Asimismo, también por lectura o exhibición se

incorporaron al debate las siguientes piezas: 1) constancias agregadas a fs.

39/78 que dan cuenta de diligencias procesales practicadas o coordinadas

por la Fiscalía General del Departamento Judicial de MorenoGral.

Rodríguez; 2) acta de procedimiento en fotocopias agregada a fs. 85/8; 3)

informe del Sistema de Investigaciones Criminalísticas de la Procuración

General de la Provincia de Buenos Aires de fs. 102; 4) acta de fs. 155; 5)

fotografías de fs. 333/4, 341/3, 346/7, 349/350 y 352 y croquis de fs. 336;

6) informes del RNR de fs. 437/451; 7) constancias de la IPP nro. 1900

02122916/00 de la UFI nro. 2 del. Dpto. Judicial de MorenoGral.

Rodríguez, que corren por cuerda a la presente en V cuerpos; 8)

constancias de la IPP nro. 190000048517 de la UFI nro. 2 del Dpto.

Judicial de MorenoGral. Rodríguez, que corren por cuerda a la presente en

IV cuerpos; 9) constancias de la IPP nro. 090200861616 de la UFI de

Responsabilidad Penal Juvenil del Dpto. Judicial de MorenoGral.

Rodríguez, que corren por cuerda a la presente en II cuerpos; 10)

constancias de la IPP nro. 090201761516 de la UFI nro. 2 del Dpto.

Judicial de MorenoGral. Rodríguez que corre por cuerda a la presente en

III cuerpos; 11) constancias de la IPP nro. 090201768816 de la UFI nro.

5 del Dpto. Judicial de MorenoGral. Rodríguez, que corre por cuerda a la

presente en II cuerpos; 12) constancias de la IPP nro. 190000175317 de

la UFI nro. 2 del Dpto. Judicial de MorenoGral. Rodríguez que corre por

cuerda a la presente en I cuerpo; 13) constancias de la IPP nro. 1900

00383717 de la UFI nro. 2 del Dpto. Judicial de MorenoGral. Rodríguez

que corre por cuerda a la presente en I cuerpo; 14) legajo de prueba que


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corre por cuerda a la presente en I cuerpo; 15) carpeta de la causa 3670 del

Juzgado de Garantías nro. 3 del Dpto. Judicial de MorenoGral. Rodríguez

que corre por cuerda a la presente en I cuerpo; 16) carpeta de la causa nro.

4158 del Juzgado de Garantías nro. 2 del Dpto. Judicial de MorenoGral.

Rodríguez que corre por cuerda a la presente en I cuerpo; 17) carpeta de

actuaciones complementarias (carpeta de causa nro. 3752) del Juzgado de

Garantías nro. 2 del Dpto. Judicial de MorenoGral. Rodríguez que corre

por cuerda a la presente en I cuerpo; 18) carpeta de actuaciones

complementarias de la causa nro. 3865 del Juzgado de Garantías nro. 2 del

Dpto. Judicial de MorenoGral. Rodríguez que corre por cuerda a la

presente en I cuerpo; 19) carpeta de actuaciones complementarias de la

causa nro. 3752 del Juzgado de Garantías nro. 2 del Dpto. Judicial de

MorenoGral. Rodríguez que corre por cuerda a la presente en I cuerpo; 20)

soportes digitales incautados en autos; 21) informe obrante a fs. 24 de la

IPP 190000048517; 22) informe médico de Carlos Alberto Rodríguez de

fs. 663; 23) informe socioambiental de Carlos Alberto Rodríguez de fs.

55/56 del LIP; 24) informe a tenor del art. 78 del CPPN respecto de Carlos

Alberto Rodríguez de fs. 611/613; 25) informe a tenor del art. 78 del CPPN

respecto de Esteban Martín Mazzone de fs. 594/595; 26) informe a tenor

del art. 78 del CPPN respecto de Jorge Oscar Pereyra Gallardo de fs.

597/598; 27) informe del Cuerpo Médico Forense agregado a fs. 603/605

respecto de Mayra Alejandra Vera a tenor del art. 78 del CPPN y sobre si

resulta ser o ha sido una persona afectada al uso indebido y consumo

habitual y/o esporádico de sustancias estupefacientes; 28) actuaciones

obrantes a fs. 617/626 de la Fiscalía General del Departamento Judicial de


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MorenoGeneral Rodríguez; 29) informe del RNR respecto de Carlos

Alberto Rodríguez con sentencias y cómputos, todo ello obrante en su LIP;

30) informe del RNR respecto de Esteban Martín Mazzone con sentencias

y cómputos, todo ello obrante en su LIP; 31) informe del RNR respecto de

Jorge Oscar Pereyra Gallardo con sentencias y cómputos, todo ello obrante

en su LIP; 32) informe del RNR respecto de Mayra Alejandra Vera

agregado en su LIP; 33) certificación del estado actual de la causa judicial

que aparece mencionada en la constancia de fs. 389, obrante a fs. 483 y a

fs. 578.

4. Los alegatos.

4.1. El señor fiscal general postuló la absolución de los

encartados Vera y Pereyra Gallardo, y formuló acusación respecto de los

imputados Mazzone y Rodríguez Ávalos de acuerdo a los hechos

reprochados en la requisitoria de elevación a juicio, a la que remitió de

acuerdo a las prescripciones de la acordada 1/12 de la CFCP.

Para ello, se basó en las actas de los procedimientos (secuestro

del 9 de noviembre de 2016, allanamientos del 10 de noviembre de 2016,

del 4 y 26 de enero de 2017, y detenciones de los imputados Rodríguez y

Mazzone los días 24 y 25 de febrero de 2017) y secuestros verificados en

dichas oportunidades, documentos todos ellos labrados respetando las

formalidades procesales (arts. 117 y cc. del CPPPBA, y art. 7 de la CN).

En cada caso, citó los testimonios de los testigos de actuación

(como Lovato, Bagnasco Uffrón, Pavone, Lavalle, Benítez, Chacoma,

Villalba, Gómez, Carrizo, Iturburu, Amaya y Pereyra) y personal policial,


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tanto el que actuó en los procedimientos (como Giménez y Soldo) como el

que participó de las investigaciones previas (como Lasala y Mussano).

De la misma manera, sopesó los testimonios de personas como

Muñoz, Villalba, Ibarra, Castillo, Herrera y Medina acerca de las compras

de estupefacientes que se habían realizado en las viviendas mencionadas.

En ese sentido, se detuvo también a analizar los dichos de Mayra Ayelén

Dolores y de Cristian Santos Ibarra, que no fueron objeto de persecución

penal en virtud de las normas que regulan la actuación del Ministerio

Público Fiscal en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, señalando al

respecto la necesidad de examinarlos a la luz de la prohibición de

autoincriminación. Todos estos testimonios, dijo, presentaban una

coherencia y cohesión entre sí.

Asimismo, precisó que en los procedimientos –llevados a cabo

en legal forma y frutos de una previa actividad investigativa, no de un mero

azar se incautó sustancia estupefaciente, balanzas de precisión, teléfonos

celulares, anotaciones, varias armas de fuego y armas caseras, así como

documentación a nombre de Rodríguez Ávalos. De igual modo, valoró los

peritajes practicados, que acreditaron que el material secuestrado se trataba

de clorhidrato de cocaína y varias de las armas eran aptas para el disparo,

como la pistola secuestrada en poder de Mazzone al momento de su

detención.

Por otra parte, consideró también las IPPs anteriores, que

hicieron referencia a los mismos lugares de comercialización, al tráfico de

estupefacientes e incluso a otro homicidio.


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Valoró también las intervenciones telefónicas practicadas, que

daban cuenta del conocimiento efectivo de Mazzone acerca de su situación

de prófugo de la justicia, amén de contener referencias sobre la venta de

drogas y la tenencia de armas.

De otro costado, sopesó que las medidas adoptadas en la

investigación partieron de cursos probatorios distintos e independientes,

que permitieron recoger hipótesis razonables, objeto luego de diversos

actos procesales. Entre esos cursos señaló la diferenciación entre objetivos

fijos (como los domicilios) y personas, cuyo fruto sin embargo era

coincidente; la cantidad de avisos anónimos sobre la venta de droga, a tenor

del art. 34 bis de la ley 23.737; y lo verificado en las distintas IPPs de la

justicia local –antes y después del triple homicidio.

Sin embargo, puntualizó cierta carencia de una perspectiva

general respecto de los hechos aquí investigados en relación con los que

tuvieron lugar el 29 de diciembre de 2016, lo que pudo importar cierta

labilidad. Al respecto, indicó que existía una multiplicidad de hechos que

eran objeto de causas distintas, cuyo trámite era diverso. No obstante,

afirmó que las pruebas producidas indicaban que en los domicilios

allanados efectivamente se halló material estupefaciente que era destinado

a comercialización, así como que dicha actividad era digitada por los

imputados Rodríguez Ávalos y Mazzone en una organización territorial.

Al respecto, dijo que la valoración debía hacerse de forma no

sólo cuantitativa, sino también cualitativa, de modo de comprometer los

mejores y máximos esfuerzos del Estado argentino al momento de

investigar este tipo de conductas, de acuerdo a lo resuelto por la Corte


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Suprema de Justicia de la Nación en diversos antecedentes, tales como

“Arriola”, “Cabrera” y “Stancatti”, y lo previsto en la Convención de

Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias

Psicotrópicas (ley 24.072).

Agrupó a los testigos en dos grupos: los que tenían una

relación accidental con los hechos (como Stepanski, López o Vallejos) y a

los que no (Basso, Lencina, Martínez, Villagra, Peralta, Alegre, Moya,

Mansilla y Castaño). Estos últimos, al ser consumidores del material

comercializado, los dotaba de ciertas particularidades: una mayor

vulnerabilidad, siendo susceptibles incluso de presiones anteriores o

posteriores a los hechos, al margen de las prohibiciones legales en torno a

las acciones que llevaron a cabo y a las representaciones propias sobre ese

actuar. Sin embargo, esa proximidad los ubicó, precisamente, en

inmejorable situación para ilustrar con sus dichos lo sucedido.

Por otra parte, afirmó que la labor cumplida por los

funcionarios policiales que intervinieron en el proceso encontró apoyatura

en los informes, fotografías, filmaciones y consulta de bases de datos, por

lo que se trató de una actividad verificable y contrastable, relacionada con

el objeto procesal, que permitió la obtención de hipótesis razonables sobre

lo que las autoridades jurisdiccionales locales dispusieron temperamentos.

En este sentido, recordó los fallos “Maidana”, “Barrios, “Cabrera” y

“Meza” de la Cámara Federal de Casación Penal, remarcado que en materia

de tráfico de estupefacientes buena parte de los tramos ejecutivos de la

conducta se llevan adelante en el ámbito de privacidad de los interesados.


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Apuntó que todos estos extremos permitían extraer varias

conclusiones: 1. el rol protagónico y asociativo de los imputados Rodríguez

Ávalos (“Yeye” o “El Boli”) y Mazzone (“Esteban”) en el expendio de

sustancias estupefacientes; 2. que la actividad ilícita se llevaba adelante en

“cuevas” o “covachas”, entre las que estaba aquélla donde se produjo el

triple homicidio; 3. la existencia de terceras personas participando en el

expendio por cuenta y orden de los nombrados y como parte de un plan que

procuraba poner distancia entre ellos y el material prohibido; 4. el

verdadero rol de la imputada Vera; 5. la existencia de armas de fuego en

esos lugares y la portación, empleo y exhibición de las mismas por los

enjuiciados Rodríguez Ávalos y Mazzone, a pesar de su falta de

autorización legal; 6. la pasividad o participación de algunos miembros de

la policía de la provincia de Buenos Aires en relación con los hechos

materia de juicio.

En punto a la calificación legal, halló a Rodríguez Ávalos

coautor de los delitos de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de

comercio agravado por la intervención de tres o más personas en concurso

real con asociación ilícita en carácter de miembro, según los arts. 45, 55 y

210, primer párrafo, del Código Penal, y art. 5, inc. c, y 11, inc. c, de la ley

23.737.

Por su parte, encontró que Mazzone era coautor de los delitos

de tenencia ilegítima de estupefacientes con fines de comercio agravado

por la intervención de tres o más personas en concurso real con asociación

ilícita en carácter de miembro, los que a su vez concurren materialmente

con comercio de estupefacientes, tenencia ilegítima de arma de fuego de


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uso civil y portación de arma de guerra, estos últimos en carácter de autor,

de acuerdo a los arts. 45, 55, 189 bis, primer y cuarto párrafo, y 210, primer

párrafo, del Código Penal, y arts. 5, inc. c, y 11, inc. c, de la ley 23.737.

En cuanto al carácter de jefe de asociación ilícita atribuido a

Mazzone y Rodríguez Ávalos en la requisitoria de elevación a juicio y del

que se apartaba, inclinándose sólo por el carácter de miembros, consideró

que por el notorio incremento de pena de la figura se exige que el jefe

mande o gobierne. Sin embargo, las pruebas rendidas no verificaba este

extremo. Por otra parte, el agrupamiento tenía una integración variable

(ejemplificó con Yegros y Ojeda) y, además, mencionó que no había

elementos que aclaren el origen de la droga y echen luz sobre la supuesta

connivencia del personal policial en la actividad.

Por lo que había expuesto, dijo que los hechos reprochados en

el requerimiento de elevación a juicio eran los mismos por los que ahora

acusaba aunque su calificación variaba ligeramente, sin afectar al principio

de congruencia ni importar un tratamiento jurídico sorpresivo y susceptible

de desbaratar una estrategia de defensa mínimamente razonable.

En cuanto a la imputada Vera, sostuvo el señor fiscal general

que las pruebas no acreditaban un dominio de su parte los hechos

acontecidos. Así, en relación a los sucesos verificados en el registro

domiciliario del 26 de enero de 2017, sostuvo que nada de ello evidenciaba

una tenencia consolidada desde el punto de vista material y conocida y

querida desde el punto de vista subjetivo, tanto más teniendo en cuenta las

características personales de la enjuiciada y su adicción, analizadas desde

una perspectiva de género, debido a su vínculo personal con uno de los


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acusados (Rodríguez Ávalos). Todo esto, dijo, lo persuadió de la

imposibilidad de sostener acusación a su respecto.

En cuanto a Pereyra Gallardo, apuntó a cierta deficiencia de la

investigación en lo que a él respecta, que relacionara los homicidios

(materia de otro proceso) y la supuesta asociación ilícita. Al contrario,

manifestó que la investigación sólo había contenido referencias a su

persona, sin brindar una base sólida de apoyo del reproche que se le dirigió.

Además, dijo que hubo contradicciones. Algunos dijeron que era un

soldado del imputado Mazzone, otros que se dedicaba a saquear puestos

relacionados a Rodríguez Ávalos y otros afirmaron que se dedicaba a sus

propios quehaceres, sin guardar directa relación con los otros dos

nombrados. Por eso, sólo a través de una enorme inferencia podría

pretenderse concluir, a partir del homicidio investigado en ajena

jurisdicción, su responsabilidad en el delito que se le reprochó.

Aclaradas las situaciones de cada uno, manifestó en relación a

Mazzone y Rodríguez Ávalos que teniendo en consideración el relativo

grado de indefinición respecto del comienzo del agrupamiento ilícito

contemplado por el art. 11, inc. c, de la ley 23.737, del que había razones

para pensar que se hallaba activo con anterioridad a la reforma de la ley

27.302, correspondía aplicar la ley anterior en materia de multas (art. 2 del

Código Penal).

En función de todo ello, solicitó 1) que se absolviera a Mayra

Alejandra Vera y a Jorge Oscar Heriberto Pereyra Gallardo en orden a los

delitos por los que fueran acusados, sin costas, y cesando a sus efectos toda

medida restrictiva en esta causa; 2) que se condenara a Carlos Alberto


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Rodríguez Ávalos a la pena de seis años de prisión, multa de diez mil pesos

($ 10.000.), accesorias legales, costas y declaración de reincidente, y se le

impusiera la pena única de trece años de prisión, multa de diez mil pesos ($

10.000.) y cuatro mil quinientos pesos ($ 4.500.), accesorias legales,

costas y su declaración de reincidente, comprensiva de la que aquí

solicitaba y la oportunamente impuesta por el Tribunal Oral de Mercedes

nro. 2 en la causa nro. 5445/294 (arts. 12, 19, 29, inc. 3, 50 y 58 del Código

Penal); 3) que se condenara a Esteban Martín Mazzone a la pena de siete

años de prisión, multa de 100 unidades fijas y cinco mil pesos ($ 5.000.),

accesorias legales, costas y su declaración de reincidente (arts. 12, 19, 29,

inc. 3, y 50 del Código Penal).

4.2. La defensa de la imputada Vera manifestó que no

subsistía acusación contra su defendida Vera. Por esa razón, de acuerdo a

los fallos “Tarifeño”, “Mostaccio”, “Catonar” y otros, no efectuaba

defensa, adhería al temperamento propiciado por el señor fiscal y pedía la

inmediata libertad de su pupila, la que en el acto se concedió bajo caución

juratoria.

4.3. A su turno, respecto de su defendido Pereyra Gallardo,

el Dr. Moreno se remitió también a la doctrina que emanaba de la

jurisprudencia citada por la Dra. Arrieta, y resaltó que el tribunal se

encontraba imposibilitado de fallar en contra de los intereses de su asistido.

4.4. En relación al acusado Rodríguez Ávalos, el señor

defensor oficial alegó que el intento defensista se veía limitado desde el

momento en que el mismo imputado había admitido los hechos. De otro

costado, sostuvo que el monto de la pena solicitada era otro límite que


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tenía, puesto que era el mínimo legal, y la composición aparecía como

razonable, por lo que adhería por imposición expresa de su asistido.

4.5. Finalmente, la defensa del imputado Mazzone señaló que

se había visto sorprendida, porque su defendido había sido indagado por

tenencia de arma (la que fue reconocida por el imputado) pero no por su

portación.

De otro costado, apuntó que la asociación ilícita que se le

endilgó no estaba probada, subrayando que los testigos de cargo habían

depuesto sólo de oídas, y que tras el juicio no se había demostrado que

existiera una organización como la prevista en el tipo penal de la que

Mazzone fuera miembro.

Por otra parte, en cuanto a la tenencia de estupefacientes con

fines de comercialización, pidió el mínimo de la pena. En ese sentido,

recordó que su asistido había indicado a la fiscalía de instrucción dónde se

efectuaba la comercialización y además ofreció señalar el origen de la

droga (el nombrado “Marcos”), reiterando sobre el punto la inactividad

policial señalada por el fiscal. Además, adujo que no se había establecido

qué otros miembros de la supuesta asociación existían.

Por todo ello, pidió la absolución por la portación del arma de

fuego y la asociación ilícita, y solicitó el mínimo de la pena por la restante

figura reprochada.

Y CONSIDERANDO:

Para la deliberación y decisión se siguió el orden de votación

previamente determinado por sorteo (Dres. Farah, Venditti y Cisneros),


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arribando el tribunal al veredicto dictado a fs. 1043/1045 por las siguientes

razones.

El Dr. Eduardo Farah dijo:

5. Materialidad de los hechos.

5.1. La prueba recibida en las audiencias de debate permitió a

mi juicio acreditar con certeza los siguientes eventos:

Primero: que los acusados Mazzone y Rodríguez Ávalos

comercializaron estupefacientes en forma organizada junto a tres o más

personas, actividad ésta que se extendió desde –al menos el 9 de

noviembre de 2016 hasta el 24 de febrero de 2017, cuando el segundo de

los nombrados fue detenido. Estas operaciones se celebraban en lugares

como La Plata y Storni, manzana 1, casa 14, barrio La Perla; Nicaragua s/n,

frente al 2345, entre Payró y Florencio Sánchez; y General Madariaga entre

Evaristo Carriego e Hilario Ascasubi, todos de Moreno, provincia de

Buenos Aires.

Segundo: que, con independencia de esa empresa coordinada

con su cómplice Rodríguez Ávalos, el acusado Mazzone tuvo en su poder

drogas prohibidas con el fin de comercializarlas, lo que culminó cuando fue

aprehendido el día 25 de febrero de 2017.

Tercero: que el enjuiciado Mazzone tuvo a su disposición

armas de fuego de uso civil y de guerra aptas el disparo, a pesar de carecer

de los permisos legales correspondientes. Esto se verificó en al menos las

siguientes oportunidades: i) el 10 de noviembre de 2016, cuando se

secuestró un revólver cal. 32 y una pistola cal. 22 en la aludida finca de La


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Plata y Storni, Moreno, y ii) el 25 de febrero de 2017, cuando Mazzone fue

detenido en Colectora Gaona Sur entre Plutarco y Perú, Moreno, en el

interior de un automóvil donde se trasladaba con una pistola cal. 9 mm

Browning, serie nro. 372434.

Tanto Mazzone como Rodríguez Avalos admitieron haber

comercializado estupefacientes. Además, el primero de ellos también

confesó haber tenido en su poder, sin contar con el debido permiso, armas

de fuego, aunque aludió a un revólver cal. 38 que incluso dijo haber

disparado.

Sin embargo, con independencia de ese reconocimiento

(parcial, si se quiere) de los hechos, la exigencia de fundamentación que

prescribe el art. 399 del Código Procesal Penal de la Nación impone

destacar que las aserciones de la acusación se apoyan en numerosa prueba

recogida en el proceso e incorporada al debate.

Veamos.

5.2. La investigación llevada a cabo por la justicia de la

provincia de Buenos Aires, donde tramitaron las actuaciones hasta la

declinatoria de competencia a favor de este fuero el 1° de septiembre de

2017, incluyó diferentes procedimientos y registros domiciliarios cuyo

producto es la prueba principal de las conductas reprochadas.

Les pasaremos revista en orden cronológico.

a. El 9 de noviembre de 2016, en inmediaciones de Storni y

ruta 25, Moreno, personal policial interceptó un Renault 12 conducido por

Antonio Orlando Barboza en el que también se hallaba Cristian Santos

Ibarra, en cuyo poder se secuestraron treinta envoltorios conteniendo una


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sustancia que, peritaje mediante, resultó ser 13,4 gramos de clorhidrato de

cocaína (fs. 17 y 320/324 de la IPP 090201761516/01).

De los testimonios prestados por los dos mentados,

introducidos por lectura al debate, surge que Ibarra había contratado los

servicios de Barboza como remisero para dirigirse al mencionado domicilio

de La Plata y Storni de Moreno donde compró la droga que se le incautó, a

cien pesos ($ 100.) cada bolsita. Afirmó Ibarra que en ese lugar,

perteneciente a “Esteban”, había “soldaditos”, armas y chalecos antibalas,

además de los estupefacientes que vendían.

Este procedimiento resulta totalmente válido por haber sido

llevado a cabo de acuerdo a las prescripciones del Código Procesal Penal

de la provincia de Buenos Aires. Además, debe recordarse que el mismo

fue ordenado como consecuencia de una actividad investigativa previa

realizada por los testigos Facundo Emiliano Mussano y Nicolás Lasala de

la Policía Federal Argentina. El primero de ellos relató en la sala de

audiencias –y el segundo se expresó de igual forma en los testimonios que

se introdujeron según el art. 391, inc. 1, del código de rito cómo habían

observado que en ese domicilio se presentaban personas que preguntaban

por un hombre llamado “Esteban” y luego hacían un pasamanos a través de

la reja de acceso.

Además, nada hay que indique alguna irregularidad en lo

actuado. Ciertamente, en lo que hace a este extremo contamos con lo

referido por Roberto Carlos Pereyra, testigo de actuación que dio cuenta de

lo formalizado en el acta correspondiente.


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Por otra parte, la situación de Cristian Santos Ibarra y la fuerte

convicción que despiertan sus dichos impone cierto comentario, al igual

que sucede en los casos de varios otros testigos que se irán mencionando a

lo largo de la presente.

El nombrado no fue objeto de persecución penal por parte del

Ministerio Publico Fiscal de la provincia de Buenos Aires, a pesar de

habérselo encontrado en un automóvil en poder de clorhidrato de cocaína.

En ese sentido, razones de política criminal y la doctrina que emana del

fallo “Arriola” del Tribunal Cimero (Fallos 332:1963) pueden hacer

comprensible esa decisión, ajena por otra parte a este proceso.

Sin embargo, lo que resulta particular de su testimonio es que,

incluso cuando podía eventualmente comprometerlo ante la ley, Ibarra no

trató de despegarse de la tenencia del estupefaciente, sino que la admitió y

explicó su origen. Este reconocimiento es entonces lo que le brinda a sus

dichos una fuerte credibilidad.

El resultado de este primer procedimiento policial, positivo en

cuanto a una actividad prohibida de venta de drogas, fue corroborado en los

que le siguieron.

b. Así, al día siguiente, 10 de noviembre de 2016, y con

fundamento suficiente en lo determinado antes, se registró dicha finca de

La Plata y Storni, Moreno (fs. 47/48 de la IPP 090201761516/01).

Los uniformados, en presencia de los testigos de actuación

Maximiliano Pavone y Lorenzo Alberto Lavalle, hallaron en el lugar a

Axel Medina, Jonathan David Herrera y Walter Darío Castillo, los que


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manifestaron haberse presentado allí para adquirir estupefacientes del

mismo sujeto que se había mencionado antes: “Esteban”.

Esto surge de las declaraciones de los nombrados,

incorporadas al debate de acuerdo al art. 391, inc. 1, del código adjetivo.

Como si esas declaraciones no bastaran, el registro dio como

resultado el hallazgo de elementos de innegable vinculación con la venta

organizada de sustancias ilícitas. Así, se secuestraron balanzas de precisión,

siete cucharas soperas, una jeringa, una pipa casera, una “tuquera”, una

navaja, tres bolsas de bicarbonato, hojas de coca, un rollo de nylon

transparente, treinta y tres envoltorios conteniendo un total de 94,1 gramos

de cocaína, recortes de nylon, un revólver cal. 32 largo s/n, un revólver cal.

38 s/n, una pistola cal. 22, un arma de fabricación “tumbera”, municiones,

dos cocinas tipo anafe y un rollo de virulana.

Sobre la calidad de estupefaciente del material secuestrado y la

capacidad para el disparo del revólver cal. 32 largo y la pistola cal. 22, no

así del resto del armamento, contamos con los peritajes balístico y químico

respectivos (fs. 141/146 y 320/324 de la IPP 090201761516/01).

Por otra parte, debe mencionarse que en el lugar también se

encontraba presente Mayra Ayelén Dolores, respecto de quien son de

aplicación las consideraciones efectuadas más arriba en relación al testigo

Cristian Santos Ibarra, incluso en mayor medida.

En efecto, de su testimonio, incorporado también por lectura al

debate, surge que mantenía una relación sentimental con el acusado

Mazzone, de quien dijo que vendía estupefacientes y a quien ayudó a

preparar los paquetes para fraccionar la sustancia.


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De esa forma, más allá de la aplicación al caso de la

prohibición de declarar contra sí mismo del art. 18 de la Ley Fundamental

y la posición asumida por la fiscalía que instruyó, lo cierto es que el riesgo

corrido por la testigo al declarar –que en este caso, dado el conocimiento

entre la nombrada y el enjuiciado, no sólo era riesgo jurídico es lo que

persuade de su veracidad.

c. Como tercer hito en la investigación, y ya con posterioridad

al triple homicidio del 29 de diciembre de 2016, el 4 de enero de 2017 se

allanó el domicilio de Nicaragua s/n, frente al 2345, entre Payró y

Florencio Sánchez, Moreno (cf. acta de fs. 85/88).

El procedimiento que nos ocupa fue ilustrado por los testigos

de actuación José Martín Lovato y José Rolando Lencina, y los agentes del

orden Rubén Darío Giménez y Diego Soldo (de ellos, Lovato y Giménez

declararon en la sala de audiencias, mientras que los dichos de Lencina y

Soldo fueron incorporados por lectura al conformarse las partes con ese

modo).

En esta oportunidad se incautaron varios envoltorios con 74,3

gramos de sustancia pulverulenta, balanzas de precisión, un arma de

fabricación casera compuesta por dos caños (vulgarmente conocida como

“tumbera”), varios teléfonos celulares y documentación variada a nombre

del acusado Rodríguez Ávalos.

Además, a modo de prueba redundante, debe recordarse que en

la finca se encontraban también, con signos de haber consumido

recientemente estupefacientes, la imputada Vera y Carolina Florencia


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Elizabeth Martínez, testigo ésta última sobre la cual reitero la particularidad

de los dichos de Cristian Santos Ibarra y Mayra Ayelén Dolores.

d. En cuarto lugar, contamos con el producto del allanamiento

del 26 de enero de 2017 realizado en Madariaga entre Carriego y Ascasubi,

Moreno. La finca, que formó parte de un grupo de varias otras viviendas

allanadas tras el triple homicidio, había sido mencionada en forma

coincidente por la policía de la provincia de Buenos Aires y su par federal

como un lugar donde se guardaban estupefacientes del mismo

agrupamiento ilícito conformado por los imputados Rodríguez Ávalos y

Mazzone, a cargo de un hijastro del primero llamado “Ezequiel” (fs.

52/119, 121/123, 132/135, 168/189 y 182/183 de la IPP 1900 000485

17/00).

En el lugar se dio con la presencia de Pablo Ariel Muñoz y

Mariano Andrés Villalba, cuyos dichos incorporados por lectura deben ser

también especialmente tenidos en cuenta. Ello por cuanto refirieron que

habían concurrido al lugar para comprar droga y que estaban esperando que

se la trajeran desde la casa de “Yeye” o “El Boli” (el imputado Rodríguez

Ávalos) en la calle Nicaragua, adonde había ido a buscarla uno de los

ocupantes de la finca que oficiaba de vendedor (un tal “Maxi”) junto con

una mujer (la imputada Vera, presente en el lugar).

En presencia del testigo de actuación Adriano Bagnasco

Uffrón, aquí se secuestró la escopeta de dos cañones yuxtapuestos, tiro a

tiro, cal. 16/70, marca Víctor Sarrasqueta nro. 79258, que resultaba apta

para el tiro y de funcionamiento normal, de acuerdo al peritaje. Asimismo,

Fecha de firma: 28/05/2019Firmado por: DANIEL ALBERTO CISNEROS, JU

Poder Judicial de la Nación · 2019. 5. 31. · 2) La tenencia de: a. una escopeta calibre .16,...

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