¿Qué enfrenta el movimiento estudiantil?Desde que volvió la ex Concertación -hoy Nueva Mayoría- al gobierno, ésta ha querido mostrarse como un fuerza política que ha venido a instalar los cambios que el país tanto requiere, que han sido las reivindicaciones del movimiento ciudadano, estudiantil y social. Todos los proyectos de ley que se han ido impulsando se han caracterizado como reformas

al modelo neoliberal. La ex Concertación más el PC buscan mostrarse como verdaderas fuerzas de la democrati-zación del país.

Algunas agrupaciones en la U. de Chile han asumido el discurso oficialista, pero con un sentido crítico, estable-ciendo que, si bien las reformas son necesarias, con el pasar del tiempo y a medida que se han ido “cocinando” en el parlamento, las mismas se han derechizado. ¿Pero es realmente así? ¿Qué opinamos los revolucionarios?

El 22 de junio de 2014 el Movimiento de Izquierda Revolucionaria – MIR, estableció dos puntos fun-damentales en torno a la reforma educacional.

“No hay reforma a la educación sin reforma en la Constitución. Todo estudiante, padre o apoderado, pro-fesor o ciudadano responsable con la educación de sus hijos debe exigir la reforma constitucional de los incisos 10 y 11 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado, los que consagran la educación de mercado, otorgán-dole al Estado un carácter de aval financiero de un derecho público, transformándolo en un derecho privado. Los dirigentes que sigan agitando el tema del lucro, del copago como los problemas más importantes de la educación son cómplices de la continuidad de la educación de mercado aunque digan lo contrario”.

“La exigencia real para avanzar en la reforma educacional es la reforma constitucional. Algo distinto a ello, sólo representará cambios cosméticos, como la regulación del lobby. La reforma constitucional a la que aspiramos es la resultante de un gran proceso de discusión en nuestra sociedad respecto de la educación que necesitamos que culmine en un plebiscito de carácter vinculante.”

La declaración del MIR es clara. Lo que ha venido a impulsando el gobierno de Michelle Bachelet y de la Nueva Mayoría, no son reformas democratizadoras, todo lo contrario; son ajustes al modelo neoliberal. Es por eso que los estudiantes, los padres y apoderados, y los trabajadores de la educación deben rechazar el proyecto educacio-nal de la ex Concertación y el PC, y en ese sentido, los llamamos a todos a luchar por una nueva constitución, vía asamblea constituyente de los trabajadores y pueblos de Chile, como punto de inicio de verdaderas reformas que vengan a democratizar a nuestro país.

EDITORIAL

La propuesta de modificación de los estatutos universitarios suscita bastantes esperanzas en aquella parte del estudiantado inmersa en las discusiones políticas de la Universidad de Chi-le. Inclusive, algunos sectores presentan esta iniciativa como un gran avance en cuanto a la democratización de nuestra universidad. Sin embargo, este proyecto de modificación no es nuevo ni por su contenido ni mucho menos por su forma de realización. Ya en el año 2006 hubo un intento de modificación de los estatutos con características similares al actual; o sea, un mero ajuste vulgar dentro de la legalidad impe-rante en el seno de la universidad, a través de la inclusión puramente formal de trabajadores y estudiantes en la toma de decisiones univer-sitarias. Para comprenderlo, señalaremos algunos de los puntos principales de esta modificación en materia de democratización y sus respectivos reversos. Según el proyecto de modificación del estatuto universitario, el Senado se mantie-ne como ente representativo de la comunidad, cumpliendo una función puramente legislativa. Una vez aprobado el mismo, su composición será

de un 60% de académicos, 25% de estudiantes y 15% de funcionarios (1). Además, dejará de ser presidido por el rector de turno, y pasará a serlo por un académico electo por el Senado. Como podemos notar, la supremacía académica dentro del senado se mantiene intacta, cuestión que hace de éste un órgano estéril para luchar por los intereses particulares de trabajadores y estudiantes, inclusive en materias legislativas. Veamos otro punto respecto a democratización. En los Consejos de Facultad, los estamentos es-tudiantil y gremial locales obtendrán un repre-sentante formal para cada cual, con derecho a voz y voto. Sin embargo, los consejos seguirán siendo presididos por sus respectivos decanos, con presencia mayoritaria del estamento aca-démico. Por lo tanto, se mantendrán intactas

estatuto universitario y democratizacion

las desigualdades en la representación de cada estamento a la hora de discutir y votar, reprodu-ciéndose así la lógica del senado universitario, pero a nivel local. Como podemos notar, las principales modifi-caciones del estatuto en materia de democra-tización no son más que ajustes formales den-tro de los estrechos márgenes de la legalidad imperante en la universidad, según la cual las autoridades unipersonales de la misma, en con-junto con su estamento votante(2), mantienen su predominio absoluto por sobre trabajadores y estudiantes.

Para que una modificación de los estatutos real-mente democratice el quehacer universitario y no sea un mero ajuste dentro de la legalidad ya imperante en la Casa de Bello, ésta debe poseer un sentido político-social real y no puramente formal. Por lo mismo, no existe verdadera mo-dificación de los estatutos de la Universidad de

Chile sin la incorporación de sus tres estamentos en la toma de decisiones de ésta, a través de un cogobierno triestamental paritario que trabaje por la inclusión del cuarto estamento: la pobla-ción inmediata (regional, comunal, barrial). De lo contrario, toda modificación de los estatutos universitarios en cuanto a democratización, se-guirá sosteniéndose sobre la base de los anta-gonismos entre estamentos y la exclusión de la población en general.

¡No hay modificación real de los estatutos universitarios

sin cogobierno triestamental paritario!

___________________(1): A éstos últimos se les agrega un 5% de represen-tación, el cual se les resta al estamento estudiantil.(2): En las elecciones de rector y decano, solamente pueden sufragar los académicos.

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CONTACTO

Chile es de los 6 países en el mundo que prohíbe el aborto bajo cualquier circunstancia. Esto es así desde el último año de la dictadura militar, donde se derogaban las disposiciones que hubieran sido hechas en 1931 que permitían el aborto terapéu-tico. Desde el regreso de la “democracia” se han ingresado diversos proyectos al Senado, los cuales han circulado en éste buscando retornar a la des-penalización del aborto bajo ciertas causales, pero, en la práctica han sido veinticinco años de abortos ilegales donde tu posibilidad de sobrevivir o de no quedar con secuelas es directamente proporcional a tus ingresos económicos.

Ahora, Bachelet presentó un nuevo proyecto de Ley que despenalizaría el aborto bajo tres causales: pe-ligro de salud de la madre, inviabilidad del feto y en caso de violación. Aunque ésta pareciera una modi-ficación que recoge las inquietudes y necesidades populares, cuando se trata de la Nueva Mayoría hay que prestar el doble de atención, y examinar con atención la realidad.

La verdad es que el tema del aborto ha logrado mantenerse dentro del marco que el actual sistema y la derecha formal han querido que se mantenga. Aún la premisa es principalmente moral: si es bue-no o si es malo. Toda la construcción del debate se basa en la ética. Esto inevitablemente pone la

disposición de la discusión en función de quienes llevan la batuta de la moral en el país: La iglesia católica. Y por esto entendemos el aparato ideoló-gico de la iglesia, más que la religión en sí misma, la cual bíblicamente no convierte al aborto en algo punible. Este aparato se manifiesta, por ejemplo, en los dichos del rector de la Universidad Católica, quien dice: “No hay ninguna ley que nos obligará a nosotros a contratar personas que realicen abortos en nuestra institución”.

Así la discusión ha carecido de fundamentación científica e incluso de fundamentación dentro de la legislación chilena, la cual no concibe de mane-ra explícita al feto como sujeto de derecho y suele recurrirse a la interpretación de los preceptos cons-titucionales para el caso concreto como ocurrió en torno al debate sobre la constitucionalidad de la píldora del día después.

aborto en chile, a bajar la discusion

La necesidad de empoderar a la comunidad en la lucha de clases nos impulsa, como militantes de la Juventud Rebelde Miguel Enríquez (JRME) y miembros del Movimiento Universitario de Iz-quierda (MUI), a volcarnos a la realización de un Consultorio Jurídico gratuito y barrial.

Entendemos que el fortalecimiento del po-der popular pasa también por la vinculación del estudiantado con el campo popular; vin-

cularnos no a través de un lazo asistencialista ni paternalista que pretenda solucionar tem-poralmente las inquietudes y necesidades de la población, como podría entenderse una intervención de un par de horas durante un día. Debemos entendernos como estudiantes universitarios conscientes y con las suficientes herramientas para hacer un trabajo de largo plazo, con el objetivo de poner al servicio de los trabajadores y pueblos de Chile las herra-

consultorio juridicocecilia castro s.

También débil se ha presentado el elemento polí-tico en la discusión: el acceso a la salud y la privi-legiada situación de quienes poseen los recursos para realizarse un aborto en clínicas bajo un riesgo casi nulo.

Es por esto que las distintas organizaciones de género han quedado relativamente vedadas de la discusión en la opinión pública y, si aparecen, han tenido que ver limitada su injerencia en el debate reduciéndolo a los marcos antes mencionados vol-viéndose incapaces de presentar la relación que tiene el derecho legal bajo cualquier circunstancia, seguro y gratuito, con el avanzar en la problema-tización sobre los derechos sexuales y reproducti-vos. Por esto, el debate respecto al aborto (o inte-rrupción voluntaria del embarazo -IVE-) y el actual

proyecto de Ley, han funcionado, al igual como la mayor parte de los ajustes neoliberales de la Nueva Mayoría, como una censura del debate, como un punto aparte en la discusión retrasándola durante más décadas. De este modo, el único planteamiento posible es hacer cada vez más visible la discusión, la cual debe apuntar cada vez menos a convencer a quien tiene el poder y convertirse en sí mismo en artífice de po-der, es decir, no subir la discusión, sino, bajarla. Que la discusión salga de la Universidad y la Academia, de los Congresos de Género, de la intervención es-porádica y espontánea en el centro, y que se vuel-que a una amplia aceptación popular, inserta en sus poblaciones. Nadie puede quedar indiferente y la calle tiene que ser reflejo de esta asimilación.

mientas jurídicas necesarias para la solución de problemas. Problemas que van de lo individuala lo colectivo, desde lo relativo a su patrimonio, su situación laboral o familiar, hasta proble-mas colectivos que pueden ser solucionados con medidas como, por ejemplo, la realización y concreción de Comités de Vivienda con el fin de acabar con el hacinamiento de la población.

Este trabajo se inserta en la Propuesta Popular “El Bauchi”, propuesta territorial de diversos ac-tores tales como médicos, profesores, estudian-tes de odontología y pedagogía, pobladores y vecinos con los cuales buscamos generar los mecanismos y las condiciones para la organi-zación y el empoderamiento de la población, buscando resolver la tareas inmediatas y seguir luchando por una vida digna para todas y todos.

Levantamos, entonces, desde el año 2013, el Consultorio Jurídico Cecilia Castro Salvadores para realizar las labores que como sujetos re-volucionarios y, puntualmente, las tareas que

como estudiantes universitarios nos tocan: em-poderar al pueblo dotándolo del conocimiento al que libremente no ha podido acceder –si no es mediante las instituciones paternalistas del Estado que a través del cumplimiento de requi-sitos básicos ya coartan la posibilidad de acceso a una parte de la población- conocimiento que aquí se significa con lo jurídico. Volcar la Univer-sidad al pueblo mediante medidas como ésta es lo que permite a la misma Universidad cumplir con el papel que le toca en la sociedad: abrirse al pueblo cumpliendo con su rol público negado por las políticas neoliberales que sobre ella se han ejercido.

Siempre pensándonos y reconociéndonos como estudiantes universitarios al servicio de los tra-bajadores y pueblos de Chile, hacemos un lla-mado para consolidar nuestro proyecto y así, en conjunto, fortalecer el poder popular, entregan-do las herramientas necesarias al pueblo.

propuesta.elbauchi@gmail.com

“En la Universidad: en síntesis, la lucha por el objetivo estratégico fundamental, la revolución universitaria, entendida como la ne-cesaria transformación que saque esa superestructura del servicio a la sociedad de explotación y oprobio, y la coloque al servicio de obreros y campesinos, pasa por la lucha por las reivindicaciones fundamentales de los estudiantes contenidos en la Reforma Uni-versitaria, enfatizando sí el cuestionamiento del poder univer-sitario, esto es, el cogobierno estudiantil, como elemento indis-pensable para luchar en este período por la democratización de la Universidad, la defensa de su autonomía, el acceso a ella de obre-ros y campesinos, y la lucha contra la penetración norteamericana.

Los estudiantes comprendieron que su papel no es el de trepado-res sociales a la caza de los beneficios de un titulo universitario, sino que, como “grupo de edad” y en su calidad de “joven intelec-tualidad”, al cruzarse con la agudización de los conflictos sociales a nivel nacional y latinoamericano, se integran al movimiento re-volucionario entendiendo que a la Universidad no vienen sólo a estudiar, sino también a luchar”.

Miguel Enriquez, 1967, revista Punto Final