Plan Nacional de Desarrollo

ANÁLISIS PLAN NACIONAL DE DESARROLO

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ENFOQUE DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO –PND, (2014-‐2018): UN PLAN PARA LA ACUMULACIÓN POR DESPOSESIÓN El Plan de Desarrollo “Todos por un nuevo País” (2014-‐2018) ajusta el camino de las clases dominantes a escenarios en los que se contempla el cese del conflicto armado o su continuidad, apuntando al impulso del capitalismo en la sociedad colombiana, integrando y desarrollando las potencialidades territoriales y amortiguando conflictos sociales, acatando al pie de la letra las “recomendaciones” que ha hecho la OCDE como condiciones para la vinculación de Colombia. Se trata de un plan para la acumulación por desposesión: que implica la mercantilización y privatización de la tierra y la expulsión y/o control de las poblaciones campesinas; la conversión de diversas formas de derechos de propiedad – común, colectiva, estatal ,etc.– en derechos de propiedad exclusivos; la supresión del derecho a los bienes comunes; la transformación de la fuerza de trabajo en mercancía y la supresión de formas de producción y consumo alternativas; los procesos imperialistas de apropiación de activos, incluyendo los recursos naturales; la monetización de los intercambios y la recaudación de impuestos, particularmente de la tierra; la usura, la deuda pública y, finalmente, el sistema de crédito. Para garantizar este proceso el Estado, tanto con el monopolio de la violencia, como con la fabricación del consenso, juega un papel fundamental en la acumulación por desposesión. El PND “Todos por un nuevo país” se propone como objetivo “construir una Colombia en paz, equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con las mejores prácticas y estándares internacionales, y con la visión de planificación de largo plazo prevista por los objetivos de desarrollo sostenible”. (Art. 1, TEXTO CONCILIADO AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 200 DE 2015 CÁMARA, 138 DE 2015 SENADO). Este objetivo incluye varios elementos que serán claves para entender la orientación ideológica del PND, que se sustentan a lo largo del articulado y cuyo fundamento se encuentra en el Documento “Bases del Plan” (2014), que como lo afirman las clases dominantes es un fiel reflejo de las exigencias de la OCDE. La noción de paz, como lo explica el documento “Bases”, es la superación del conflicto armado que se originó por la debilidad del Estado. En ese sentido el Estado debe ser fortalecido, para que sea hegemónico económica, social, militar y culturalmente. Aquí es claro que la paz, en la concepción del PND, no son reformas estructurales, sino relegitimación del Estado, de un modelo de Estado.


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La equidad, es según Bases, “una sociedad sin marcadas diferencias socio-‐económicas que permite la convivencia pacífica y facilita las condiciones de formación en capital humano” (Bases, 2014, p. 2), que como se desarrolla a lo largo de “Bases” y del “Plan” consiste en un conjunto de estrategias de ingeniería social y cultural para hacer de la clase media, real o imaginada, la base social del régimen. Esta idea trillada de un país de “propietarios” como colchón social y “horizonte de expectativas” de los oprimidos, es ahora reencauchada en el PND, solo que al lado de los nuevos “pequeños propietarios”, por lo general empeñados al sistema financiero especulativo, está una franja creciente de clase media profesional urbana, que ha logrado mejorar su estatus social y material. El PND asume la teoría de la clase media propuesta por el Banco Mundial, de tal manera que cualquier trabajador formalizado será asumido como clase media. La noción de una sociedad educada es “una sociedad que cuenta con una fuerza laboral calificada, sin grandes diferencias de ingresos y con ciudadanos que resuelven sus conflictos sin recurrir a la violencia” (Bases, 2014, p. 2). Es claro el enfoque educativo: mano de obra calificada y empleada para acceder al consumo, el mejor garante de la legitimidad y paz del capitalismo. Estos tres pilares se sostienen en 6 estrategias transversales: 1. Competitividad e infraestructuras estratégicas, 2. Movilidad social; 3. Transformación del campo; 4. Seguridad, justicia y democracia para la construcción de paz; 5. Buen Gobierno; 6. Crecimiento verde. Estas seis estrategias, reorientan el esquema anterior de las “locomotoras”, dejando como enfoque guía el desarrollo de infraestructuras estratégicas y la movilidad social. El Plan plantea 6 estrategias regionales. Un análisis inicial de estas indica que cada estrategia cumple un doble propósito en la dimensión territorial, de una parte resolver problemas de tipo económico y social que pueden ser generadores de conflictos sociales y de otro lado preparar y articular fuerzas productivas sociales y materiales, en función del modelo de acumulación por desposesión. 1. Caribe: Próspero, equitativo y sin pobreza extrema. 2. Eje Cafetero y Antioquia: Capital humano innovador en territorios incluyentes. 3. Centro Oriente y Distrito Capital de Bogotá: Conectividad para la integración y desarrollo productivo sostenible de la región; 4. Pacífico: desarrollo socioeconómico con equidad, integración y sostenibilidad ambiental;


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5. Llanos orientales: Medio ambiente, agroindustria y desarrollo humano: para el crecimiento y bienestar. 6. Centro Sur Amazonía: Tierra de oportunidades y paz: desarrollo del campo y conservación ambiental. El elemento clave de las estrategias transversales y territoriales es la alianza público-‐privada y la inversión directa de capital privado criollo o internacional, que es clave para cumplir los propósitos del Plan. El costo inicial del Plan hasta 2018 tenía un monto de $ 703.935.263.000, billones de pesos. En la legislatura que se está desarrollando se discutirá el presupuesto para el próximo año, y allí se evidenciarán los recortes anunciados en inversión, salud y educación. Su financiación, como se muestra en la siguiente tabla, proviene en un 36% del gobierno central, 34% por el sector privado, 18% por el Sistema general de participaciones y el restante por entidades territoriales, el nivel descentralizado y el Sistema Nacional de Regalías. En su destinación, las estrategias transversales y territoriales tienen la siguiente asignación:

Plan de inversiones 2015-2018 – Estrategias Transversales Billones de pesos de 2014

Central

Des. E. Te Priv. SGP SGR Total %

Movilidad social 66,3 0,9 32,5 83,5 121,3

6,6 310,4 44

Educación 30,1 0,9 21,6 0,4 79,5 4,7 136,5

Ciudades Amables 6,9 1,2 72,2 7,9 1 89,3

Capacidades población extrema pobreza

15,3 5,6 5,1 0,2 26,4

Empleo y aseguramiento 0,09 0,1 0,19

Salud 13,8 0,9 35,5 0,8 1,6 49,2

Competitividad, infraestructura estratégica

40,4 3 10,2 121,3 3,4 10,6 189,0 26

Minero energético 8,9 1,6 1 65,7 0,3 0,7 78,5

Infraestructura transporte 21,2 0,5 6,5 24,4 2,9 6,9 62,8

TIC para educación y competitividad

3,6 0,1 18,1 0,02 22,5

Ciencia, Tecnología e Innovación 1,7 12,8 2,5 17,2

Desarrollo productivo 4,8 0,5 2,5 0,03 0,02 0,3 8,2

Seguridad, justicia, democracia, 129,5 0,1 2,6 0,4 4,3 0,3 137,4 19


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Las 3 estrategias claves del Plan son: Movilidad Social, principalmente educación; Competitividad e Infraestructura, particularmente el desarrollo minero energético e infraestructura de transporte y en tercer lugar Seguridad, Justicia, Democracia y Paz, principalmente lo relacionado con Defensa. Estos elementos contrastan con aspectos como la paz, la transformación del campo, el crecimiento verde, que se supondría a simple vista son fundamentales para un país que termina un largo conflicto armado. La transición a la paz tiene apenas 1.4 billones de pesos.

paz

Seguridad y Defensa 91,2 0,1 0,1 2,3 0,1 93,7

Acceso a justicia 24 1,7 0,4 0,002 26,2

Derechos de las víctimas 7,7 0,1 0,5 0,003 8,5

Política criminal 3,5 0,5 1,5 0,1 5,8

Transición a la paz 1,4 0,01 1,4

Derechos Humanos 1,2 0,0001

1,2

Transformación campo 10,2 0,9 35,5 0,8 1,6 49,3 7

Competitividad rural 5,1 0,9 35,5 0,8 0,3 42,7

Reducción de la pobreza y ampliación clase media rural

2,5 0,03 0,5 3,1

Cerrar brechas urbano-rurales 1,6 0,6 2,2

Ordenamiento territorial y acceso a la tierra

0,7 0,08 0,78

Crecimiento verde 4,3 1,4 2,8 0,8 9,5 1.3

Crecimiento resiliente, reducción vulnerabilidad por riesgo de desastre y cambio climático

3,4 1,5 0,004 5,1

Protección capital natural y calidad ambiental

0,8 0,9 1,1 0,7 3,7

Crecimiento bajo en carbono 0,5 0,1 0,6

Buen gobierno 7,6 0,2 0,2 0,2 8,2 1.1.

Eficiencia administrativa 2,4 0,1 0,2 2,8

Articulación territorial 1,6 1,6

Gestión de la información 1,6 1,6

Lucha contra la corrupción 1,3 0.1 1,5

Total 258,6 3,4 47,8 240,9 132,8

20,2 703,9 100

Porcentaje 36.7 0.48 6.7 34.2 18.1 2.8 100


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Otro aspecto del esquema de financiación del PND, es que acorde a la doctrina de la alianza público-‐privada, es el sector privado el que tiene la iniciativa en sectores como Movilidad social (salud y ciudades), Minería, Transporte, Ciencia y tecnología y competitividad rural. Mientras el Gobierno central se concentra en Defensa y Educación, así como en otras esferas claves para el modelo económico que no “pueden” ser asumidas por el sector privado. De acuerdo a los énfasis presupuestales que determinan sectores o estratégicos es posible afirmar que el objetivo del Plan es desarrollar condiciones para la inversión capitalista privada, que exige territorios seguros para el capital y mano de obra disciplinada y calificada. Adicionalmente, otro documento que contempla el Presupuesto de Inversión 2015 (DNP, 2015), establece la inversión por departamentos: cuatro departamentos más Bogotá (Antioquia, Cundinamarca, Santander y Valle) acaparan más del 30 por ciento de la inversión regionalizada. En ese documento se establece que el 85 por ciento de la inversión se destinará hacia sectores como inclusión social y reconciliación, transporte, trabajo, salud y protección, agropecuario, minas y energía, vivienda y educación. Los departamentos que ven bajar sus aportes son: Boyacá, Cesar, Norte de Santander y Sucre. Esto contrasta con la poca inversión para departamentos con agudas crisis humanitarias, por ejemplo Guajira y Chocó. Los criterios de asignación presupuestal son esencialmente políticos. Así mismo, las regiones con mayor peso político y electoral en las comisiones económicas del Congreso de la República, son las que obtienen mayor inversión en el Plan Nacional de Inversiones Públicas. Los partidos de la coalición de Unidad Nacional, pujan a través del lobby parlamentario por incluir partidas presupuestales para regionalizar proyectos de inversión que les asegure la gestión de obras en sus fortines electorales, lo que está unido a la búsqueda de obtener réditos electorales en las próximas elecciones de 2015 y 2018. Esto muestra que el control gamonal y clientelista sigue estando presente y en muchos casos se convierte en obstáculo para los propios planes de las clases dominantes. Expoliación del territorio La acumulación por desposesión implica disponer territorios para que mediante la inversión de capital, estos se articulen al mercado mundial como generadores de materias primas, creación de manufacturas o redes de servicios claves para la acumulación capitalista. El modelo que propone el PND se puede resumir en las siguientes proyecciones del plan:


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• En cuanto al sector extractivista minero-‐energético, el PND contempla varias dinámicas. Por un lado, la Autoridad Minera Nacional y el Ministerio de Minas y Energía tienen la potestad de establecer cuáles son los minerales de interés estratégico del país, definir las áreas de explotación minera y adquieren gran poder en los términos de entrega de concesiones y títulos, reduciendo la capacidad de los gobiernos locales y las comunidades locales, e incluso del ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, para discutir la viabilidad o no de los megaproyectos minero-‐energéticos. Del lado de los monopolios mineros, permite a los que explotaban páramos o humedales en las áreas estratégicas mineras creadas en 2011, mantener su vigencia y continuar su explotación. Esto quiere decir que las 108.972 hectáreas concesionadas para proyectos de extracción minera y petrolera se mantienen.

• El PND profundizó lo contemplado en la Ley de Infraestructura de 2013, que atrae

capital internacional y hace más laxas las medidas de protección ambiental que “impiden” el despliegue de megaproyectos de transporte e infraestructura, así como da herramientas para facilitar la expropiación de personas o comunidades que se “oponen” al desarrollo estratégico. Como para obras de infraestructura 4G (cuarta generación) el Estado solo podrá invertir el 30% requiere dar garantías al 70% del capital privado, que ve en las obras de infraestructura una clave para la acumulación de capital. Por ejemplo consorcios internacionales como Sacyr Construcción (dueña de los servicios de agua en ciudades peruanas), la Constructora Andrade Gutiérrez de Brasil que opera en Latinoamérica, Europa, África y Asia, es una de las mayores constructoras brasileñas en segmentos de telecomunicaciones, infraestructura vial y concesiones, la mexicana Tradeco, o el monopolio colombiano KMA Construcción S.A., se lucran con las concesiones viales y son influyentes en la Agencia Nacional de Infraestructura.

• En lo relacionado con la inversión y los proyectos de desarrollo en lo regional y territorial, está el Plan nacional de Inversiones Públicas 2015-‐2018, que en la “Regionalización del Plan Plurianual de Inversiones” contempla “proyectos visionarios, proyectos de interés nacional estratégico-‐PINES” que acorde al artículo 49 del PND serán organizados en el Sistema Nacional de Proyectos de Interés nacional y Estratégicos-‐SINAPINE, de origen público, privado o mixto, claves por su “alto impacto en el crecimiento económico y social del país”. El artículo 97 estipula que los baldíos que se supone serían entregados como parte de la reparación por despojo, establece que la entrega de tierras será considerada un “activo para iniciar actividades de generación de ingresos”, lo que en proyección da mejores posibilidades a los empresarios y pone a los campesinos sin tierra y la población despojada a competir en condiciones de gran desigualdad. Esto es lo que en el documento Bases del Plan se


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denomina “Derecho real de propiedad” y que ha sido fuertemente cuestionado por el movimiento campesino e indígena. Los Pines posibilitan al gobierno disminuir su compromiso con la restitución de tierras.

• El PND refuerza la subordinación del Estado a los intereses de los monopolios criollos e internacionales, en este caso a través de las Agencias. Sumado a lo ya mencionado en el sector minero energético, la Agencia Nacional del Espectro es la encargada de negociar con el sector privado el usufructúo del espectro. El artículo 262 del PND establece que “La cesión de los permisos de uso del espectro radioeléctrico no generará contraprestación alguna a favor de la Nación. El negocio jurídico que, para este propósito, se celebre entre cedente y cesionario se sujetará al derecho privado, y a la aprobación del Ministerio de las TIC”.

• A nivel urbano, el capital, como lo afirman teóricos críticos como David Harvey y Henri

Lefebvre, encuentran en la permanente “renovación urbana”, un mecanismo para la inversión de excedentes de capital y la expansión del capital financiero. Para esto el artículo 245 transforma la anterior Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas en la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, que tiene como objetivo centralizar el negocio inmobiliario urbano, para labores que impliquen despojo de pobladores urbanos pobres que ocupen espacios urbanos codiciados por los inversionistas, esto en nombre de la “renovación urbana”.

• El capítulo de “Crecimiento Verde”, asume acorde a la OCDE que es el capitalismo el

que debe orientar y fijar los límites de cualquier iniciativa de política proteccionista en sentido ambiental. De ahí que la gestión ambiental está redactada sin metas precisas ni recursos financieros asignados para avanzar en el cumplimiento de lo propuesto.

Expolición del cuerpo del trabajador y la ideología de la clase media. La acumulación por desposesión no solamente opera sobre el territorio, también opera sobre el cuerpo del trabajador. Si bien la extracción de plusvalía y la expoliación del cuerpo son una constante en la historia del capitalismo, lo que hace el modelo de acumulación por desposesión es profundizar la expoliación, convirtiendo en mercancía ya no sólo la mano de obra sino el cuerpo mismo del trabajador, incrementando las relaciones capitalistas y buscando disolver otro tipo de relaciones sociales de tipo solidario, comunal, autogestionario, en las que el trabajador pueda encontrar reservas de resistencia a la expoliación. Se requiere de un trabajador formalizado, bancarizado, endeudado y sumiso, insertado en la economía de mercado capitalista. El objetivo del proyecto educativo que impulsa el gobierno de Santos es claramente al servicio de las necesidades y requerimientos del capital, se suprime la libertad de cátedra y la autonomía


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de las instituciones de educación básica, consagrada en sus respectivos PEI, y se impone un modelo nacional de formación de competencias al servicio del mercado y los empresarios. Igualmente el enfoque territorial, en donde los criterios de estrategias regionales obedecen a las oportunidades regionales. El artículo 58 del PND crea el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), que acoge los lineamientos de la OCDE en materia de articular la educación a las exigencias empresariales (MEN-‐BID, 2010), que establece que la clave curricular de todo el sistema educativo es la construcción en torno a competencias laborales para la formación de capital humano (MEN-‐BID, 2010, p. 302). En materia de salud el PND fragmenta la salud entre operadores primarios y complementarios y orienta el sistema hacia el enfoque curativo, pero no a la atención integral que implica el derecho a la salud, como derecho a estar sano, y a no enfermarse. Permite que el Sistema de Salud continúe su proceso de tercerización o concesión a particulares, refuerza la intermediación y fortalece a las EPS. Para los trabajadores de todos los sectores el crecimiento exponencial de enfermedades de origen laboral o profesional se está convirtiendo en una constante de la vida laboral. Sin embargo, las empresas se dan a la tarea, en complicidad con las ARP, las EPS y las instancias del Ministerio de Trabajo, de negar las causas laborales de numerosos enfermedades, condenar a los trabajadores a asumir los costos de los tratamientos y a enfrentar el desempleo, pues muchos son despedidos unilateralmente, lo que se agrava ante la baja tasa de sindicalización y las precarias garantías sindicales para la defensa de los trabajadores en la mayoría de empresas del país. A pesar de los artículos sobre formalización laboral y trabajo decente (artículo 72), no se crean mecanismos claros para superar la tercerización, ni el respeto a los derechos de asociación y negociación colectiva, por ejemplo el derecho a huelga. Este último ha sido cada vez más vulnerado por los monopolios capitalistas que se dan el lujo de levantar arbitrariamente las huelgas, con el aval del Ministerio de Trabajo. Otro recurso que utilizan para aumentar la precarización laboral es la vinculación de aprendices y practicantes, mientras se dan bonos de alimentación a los cesantes, o despedidos. No se mejora la situación ni de unos ni de otros. Adicionalmente el PND propone a partir de la estrategia de Movilidad social ampliar la clase media, como base social que legitime el actual proyecto de las clases dominantes. Conceptualmente el documento Bases del PND, define clase media como la población que está entre el nivel de pobreza y el status de élite: “En consecuencia, reducir la pobreza y lograr una mayor equidad requiere mejorar la conexión de las poblaciones con los circuitos del crecimiento económico, así como el acceso a bienes y servicios que mejoran


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sus condiciones de vida. Esto es una vivienda digna, con acceso adecuado a agua y saneamiento básico, con facilidades de transporte y acceso a tecnologías de información y comunicaciones, servicios adecuados de salud y una educación pertinente y de calidad. Todos se constituyen en factores determinantes de una estrategia efectiva de reducción de la pobreza que consolide la clase media” (DNP-‐Bases, 2014: 21). Esta definición de clase media proviene de los tecnócratas del Banco Mundial (Ferreira, 2013), para quienes son dos los factores claves los que la definen, en primer lugar la autopercepción de las personas y en segundo lugar quienes tengan un ingreso diario superior a los 4 dólares (10 mil pesos). Toda persona que acceda a un ingreso de esa magnitud, tenga escolaridad, servicios básicos, este afiliado a un sistema de seguridad social, pertenezca a redes formales de la economía, participe de la sociedad de consumo, crea firmemente en la institucionalidad estatal, pague impuestos, es considerada la “nueva clase media”. Todo aquel que haya superado el riesgo de caer en la pobreza. Esta es una definición bastante cuestionable, pues pone la comparación entre los más pobres y la denominada clase media, y no entre la clase media y la clase rica, en donde la disparidad de ingresos se hace cada día más amplia. En ese sentido la clase media es tanto una estrategia económica, como política e ideológica. El supuesto es que la clase media urbana y rural, la clase colchón entre los pobres y los ricos, en la medida en que crezca, garantiza estabilidad económica y disminuye la conflictividad y el inconformismo social. Estas estrategias de instrumentalización ideológica del ideal de ser clase media, está como uno de los elementos claves del PND, a partir de lo que se denomina Movilidad Social, en el que la educación y el consumo de capital humano, son determinantes. Esta vieja ficción capitalista supone que en sociedades de ciudadanías consumistas, endeudas, formalizadas económicamente, no hay terreno abonado para la insurgencia social y el cuestionamiento social organizado anticapitalista. La realidad política del mundo, las “primaveras” de los pueblos, evidencian lo contrario. No nos llamemos a engaños, las clases medias, pueden ser un sector clave en las luchas anticapitalistas. El modelo económico que busca desarrollar el PND, en el que la clase media se amplía artificialmente con la incorporación de la clase trabajadora, cuya precariedad no es imaginaria, sino real, está creando su propio talón de Aquiles. Si me prometen que voy a vivir una vida de confort y lo que me dan es precarización, está sentada la condición de la inconformidad, la cual debe ser alimentada, organizada y movilizada por un necesario proyecto anticapitalista.

Ejecutivo Nacional Agosto de 2015

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