Plan Local de Empleo Garantizado Para Málaga Web

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1 El Plan considera el empleo como un derecho subjetivo y universal y no como un instrumento asistencial, por lo tanto se enmarca en los derechos de la ciudadanía, sociales, económicos y políticos. Estimular desde el Ayuntamiento condiciones a nivel local para el desarrollo de una Iniciativa de Empleo Garantizado en todo el país. Dando una oportunidad de trabajo directo, al menos, a 2.000 personas, en dos años, que quieren trabajar y no pueden, principalmente porque no hay un empleo para ellas 1. Impulsar y formalizar desde el punto de vista económico y social nuevas actividades económicas en sectores no suficientemente explorados por la iniciativa pública y por la privada por su baja rentabilidad mediante la creación de empleos directos en las mismas destinados a personas que no encuentran una oportunidad laboral 2. Incorporar a la dinámica de los sectores de la economía de la capital malagueña, con una clara función social, la mejora de la cualificación de las personas desempleadas y de sus condiciones de vida sin pretender crear distorsiones en la misma. 3. Asociar el Empleo Garantizado a la obtención de un certificado profesional para elevar así la cualificación de la población activa beneficiaria 4. Replantear los recursos actuales municipales para activar el empleo racionalizando la proporción sobre el total de aquellos que se destinan al impulso empresarial -Málaga Valley, ProMálaga, Escuela Municipal de Empresas duplicados con otros impulsados por el Parque Tecnológico, CADE, Recursos de la CEM, etc. La implantación de este Plan de Empleo Local requiere un

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Documento que desarrolla la puesta en marcha del Plan Local de Empleo Garantizado para Málaga

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El Plan considera el empleo como un derecho subjetivo y universal y no como

un instrumento asistencial, por lo tanto se enmarca en los derechos de la ciudadanía,

sociales, económicos y políticos.

Estimular desde el Ayuntamiento condiciones a nivel local para el desarrollo de

una Iniciativa de Empleo Garantizado en todo el país. Dando una oportunidad de

trabajo directo, al menos, a 2.000 personas, en dos años, que quieren trabajar y no

pueden, principalmente porque no hay un empleo para ellas

1. Impulsar y formalizar desde el punto de vista económico y social nuevas

actividades económicas en sectores no suficientemente explorados por la

iniciativa pública y por la privada por su baja rentabilidad mediante la creación

de empleos directos en las mismas destinados a personas que no encuentran

una oportunidad laboral

2. Incorporar a la dinámica de los sectores de la economía de la capital

malagueña, con una clara función social, la mejora de la cualificación de las

personas desempleadas y de sus condiciones de vida sin pretender crear

distorsiones en la misma.

3. Asociar el Empleo Garantizado a la obtención de un certificado profesional para

elevar así la cualificación de la población activa beneficiaria

4. Replantear los recursos actuales municipales para activar el empleo

racionalizando la proporción sobre el total de aquellos que se destinan al

impulso empresarial -Málaga Valley, ProMálaga, Escuela Municipal de

Empresas duplicados con otros impulsados por el Parque Tecnológico, CADE,

Recursos de la CEM, etc. La implantación de este Plan de Empleo Local

requiere un

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Según el grado de cualificación estos empleos garantizados serían de tres tipos

y con tres salarios diferentes. Siguiendo el esquema propuesto por el autor de la

propuesta sobre Empleo Garantizado, Eduardo Garzón, estos salarios son:

Costes

Coste hora jornada completa 40 horas semanales Salario

Bruto Anual Mes

Alta Cualificación 7 euros/hora 14.560,00 1.213,33

Media Cualificación 6 euros/hora 12.480,00 1.040,00

Baja Cualificación 5 euros/hora 10.400,00 866,67

Sería necesario crear dos recursos complementarios coordinados por el IMFE:

1. La RED de Seguridad de Empleo Local: Integrada por todas las

entidades públicas y privadas que se encuentran en condiciones de acoger a

personas que puedan y quieran trabaja. Deberán acreditar que no pueden

realizar contrataciones para mantener o ampliar su actividad. Estas entidades

son: Empresas Municipales, Cooperativas, ONG, Emprendedores Sociales,

Empresas de Inserción, Asociaciones, Fundaciones y Empresas con Programa

de Responsabilidad Social. El Funcionamiento de la RED de Seguridad para el

Empleo Local: el Ayuntamiento mantendría una convocatoria permanente de

selección de proyectos que serían baremados con criterios basados en:

La puesta en marcha de nueva actividad o formalización de actividades

que se venían desempeñando de manera voluntaria, evitando así que

se sustituya empleo creado por garantizado

El sector de actividad para el que se ofertan: Economía de los

Cuidados, Educación, Cultura y ecología urbana

Número de empleos ofertados y porcentaje de los mismos para

personas con baja cualificación

La relación Coste directo de implantación/ empleos ofertados

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El requisito ineludible de acreditar que la entidad beneficiaria va a crear

o a aumentar plantilla y no sustituir

Número de personas en situación de riesgo de exclusión social que a

las que pueden ofertar un empleo

2. Las Unidades de Empleo Garantizado, radicadas en los Centros de

Servicios sociales y constituidas por equipos multidisciplinares de dichos

Servicios y del IMFE que, en estrecha coordinación y colaboración con la Área

Territorial de Empleo de Málaga Capital del Servicio Andaluz de Empleo,

reclutan las personas competentes y en disposición de trabajar. El número de

personas que compone cada unidad va a depender de la población que

abarque cada distrito. La función principal de esta unidades sería establecer un

diagnóstico competencial de las personas que se van a incorporar a un empleo

garantizado; para posteriormente encajarlo en la oferta que el tejido productivo

y asociativo, miembros de la Red de Seguridad de Empleo Local, ha

establecido. Lxs técnicxs de empleo garantizado son los que llevarán el peso

de la gestión de esta unidad y estarán como punto de anclaje entre los dos

departamentos municipales que componen la unidad. La coordinación con la

ATE de Málaga Capital se realizará a través de las diferentes oficinas de

empleo que hay situadas en los diferentes distritos. Teniendo un técnicxs de

referencia dentro de cada una de ellas a modo de interlocutor/a, con la

intención de que haya una unidad de criterios a la hora de la derivación de las

personas desempleadas a las U.E.G.

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Para encajar dichas unidades dentro del esquema de funcionamiento

del IMFE, el recurso de coordinación sería la actual Agencia Municipal de

Colocación.

1. El ayuntamiento abre la convocatoria permanente de proyectos para cubrir

vacantes de empleos de nueva creación dirigida a las entidades que hemos

calificado como integrantes de la Red de Seguridad de Empleo Local.

2. Se crea un Comité de garantías del Proyecto integrado por representantes del

Ayto y de los agentes sociales y económicos que velará por la transparencia y

legalidad de la gestión del Plan.

3. Los proyectos son aprobados por el Ayuntamiento con la valoración del Comité

de Garantías. Se aprueban por tanto: nº puestos, salarios y costes directos de

implementación.

4. Los puestos ofertados son analizados y adaptados por la Agencia Municipal de

Colocación.

5. En paralelo a las fases anteriores las Unidades de Empleo Garantizado valoran

competencias y habilidades de personas candidatas.

E S Q U E M A D E F U N C I O N A M I E N T O D E L P L A N

RED DE SEGURIDAD DE EMPLEO LOCAL

Oferta Proyectos y

empleos

AGENCIA MUNICIPAL DE COLOCACIÓN

Labores de intermediación

UNIDAD DE EMPLEO

GARANTIZADO

Personas en condiciones de

trabajar

Comité de Garantías del Proyecto: CEM, Sindicatos y Ayto

Fiscalización del Proyecto Ayto

Seguimiento proyectos CEM y

Sindicatos

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6. Se remiten los perfiles a la Agencia de Municipal de Colocación.

7. Se eligen las personas en función de la idoneidad de éstas para un puesto

determinado.

8. Se abonan a las entidades beneficiarias para evitar congestiones burocráticas en

el ayto para el pago de salarios.

9. Seguimiento y control mensual a la entidad y a la persona beneficiaria.

** Es conveniente hacer cálculos sobre el impacto en la economía local, al

menos, en términos de retorno

COSTE TOTAL 22-25 MILLONES DE EUROS

Nuevas Personas desempleadas contratadas: 2.0000

Duración contrato: 1 año

Número mínimo de empresas y entidades implicadas en la RED: 100

Número de proyectos aprobados: 200

Costes directos de implantación del programa: 2 millones de euros

Refuerzo nuevo personal IMFE y Servicios Sociales 50 personas con cargo al PLAN

Ingresos

Reduciendo en un 40% los gastos protocolararios y de publicidad del Ayuntamiento y de salarios de altos

cargos hast 40 millones de euros

8 millones remunicipalización de empresas públicas

Otros

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¿Dónde incide el Plan de Empleo Garantizado?

1.- En el problema de la baja empleabilidad de la población activa

Recordemos la orografía del paro en Málaga:

76 mil personas paradas registradas en Málaga capital- ojo no cuentan

las no registradas- con un perfil de baja empleabilidad por edad o por

cualificación

Más del 54 % tienen más de 40 años sin diferencias por tramos de edad

entre hombres y mujeres

Cualificación: Casi el 70% de las personas paradas solo tienen

estudios secundarios finalizados y apenas el 13% estudios

postsecundarios

El empleo que se genera en Málaga es temporal y a tiempo parcial

estos últimos principalmente para las mujeres

Las contrataciones se concentran entre personas de edades

comprendidas entre los 25 y 39 años de edad

Al impacto sobre la renta disponible y el consumo en la economía local del

plan de empleo garantizado hay que añadir su influencia en la competitividad y

productividad del capital humano ya que el Plan ofrece la posibilidad de mejorar

las competencias personales y profesionales de estas personas acercándolas a

la obtención de un certificado de profesionalidad. Destacamos pues, su

influencia positiva en la economía local.

2.- En la dinamización de la economía ante la falta de “tirón” del sector privado

para crear empleo suficiente y decente

La patronal malagueña ha mostrado en varias ocasiones su

preocupación por la dificultad del sector privado de “tirar” de la creación de

empleo en la provincia ya que, aseguran, serían necesarias la creación de más

de 40 mil empresas de mayor tamaño para bajar de dos dígitos las cifras del

paro, un reto que ha llegado a calificar como idílico.

El este problema es señalado recurrentemente por Ciudadanos

como el principal de la economía española junto con la disparidad de

contratos existentes en la regulación del mercado laboral español.

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Otro dato a resaltar es que las empresas españolas no tienen intención

de aumentar la plantilla este año tal y como recoge la Encuesta Anual Laboral,

que tiene como ámbito de investigación a todas las empresas con cinco o más

trabajadores, está incluida en el Plan Estadístico Nacional 2013-2016, y la muestra

recoge las opiniones de 286.874 compañía de todo el territorio nacional respecto a

sus previsiones para el período entre junio de 2014 y junio de 2015. Los resultados

de la misma publicados por el diario El Economista señalaban que el 93% de

las empresas encuestadas daban por finalizado el ajuste de plantilla y solo el

8% de las mismas tiene intención de contratar.

Ante este escenario es evidente que se necesita un empuje adicional en

sectores que contribuyan además a dinamizar otros sectores productivos como

plantea el Plan Local de Empleo Garantizado

3.- Defender la idea de proactividad y de garantía de trabajo en las Políticas

Activas de Empleo locales frente a las que fomentan la idea de una falsa

protección

Las políticas activas de empleo que actualmente están en marcha

impulsadas por el estado o por la Junta de Andalucía han ahondado de manera

inintencionada en la idea de la protección del desempleo más que en garantizar

empleos, con el subsidio convertido en un recurso asistencial y donde el peso

de la responsabilidad de no encontrar empleo recae de manera casi exclusiva

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en la persona desempleada, en su falta de preparación o adaptación al

mercado. No se han contemplado medidas que enfrenten el verdadero

problema para la gran mayoría de ellas cual es la escasez en la oferta de

empleo o la precariedad de los nuevos que se crean. De ello da cuenta

medidas como las bonificaciones a la contratación temporal o ayudas como las

de 426 euros que, aunque vienen a paliar situaciones de extrema necesidad no

han contribuido a crear empleo estable en el primer caso o a posibilitar que los

mayores de 40 años puedan cotizar para su pensión en el segundo.

Es alarmante comprobar que solo la mitad de las personas paradas

registradas en la provincia de Málaga tienen algún tipo de protección por

desempleo en la provincia de Málaga- desafortunadamente no tenemos datos

para la capital ya que no están desagregados en la información que provee el

SEPE.

En total son algo más de 97 mil personas de las 190 mil registradas.

Estas prestaciones nos cuestan casi 70 millones de euros mensuales y casi

mil millones de euros al año.

Málaga PROVINCIA

Tipo de prestación

Personas Beneficiarias*

Coste Total mes

Contributiva 30.051 39.061.000

Subsidio 46.791 21.274.000

Renta activa de inserción 12.301 5.240.000

Proyecto Activación Empleo

237 35.000

Subsidio Agrario 8.255 3.728.000

Total Personas 97.635

Coste total mensual 69.338.000

Como sabemos todas las prestaciones tienen algún control específico

para la persona desempleada, sobre la que recae, repetimos, la

responsabilidad de buscar un empleo que prácticamente ha dejado de estar

disponible para muchas de ellas.

Por otro lado, el denominador común de los programas de las Políticas

Activas de Empleo es el de carecer de garantías sobre su permanencia en el

tiempo lo que no proporciona un ambiente de seguridad en la población

desempleada capaz de generar confianza, principalmente entre los que

buscan un empleo y no lo encuentran.

Frente a esta idea de “falsa” protección nosotros defendemos la idea de

garantía: porque el Plan de Empleo Garantizado aspira a convertirse en una

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red de seguridad para el empleo y no para el desempleo, con vocación, por

tanto, de continuidad.

4.- El problema de la representatividad de los sindicatos en la solución al

problema al desempleo

La participación de los sindicatos de clase en el seguimiento del Plan de

Empleo Garantizado supondría la recuperación de su espacio político en la

defensa del empleo como derecho fundamental recogido en la Constitución

española. Ahondaría en la democratización de las relaciones laborales y en la

mejora

5. La solución al problema del paro como un asunto institucional de

Responsabilidad Social Compartida de la ciudad

La participación de entidades privadas y públicas, de ciudadanos como

emprendedores sociales y de los agentes sociales y económicos de la ciudad

en el Plan Local de Empleo Garantizado supone un reconocimiento al ejercicio

de su responsabilidad con las personas y con el territorio. Conlleva, además,

un empoderamiento político de sus participantes y una clara intención de

profundizar desde esa responsabilidad compartida en la democracia

económica.

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Principales Argumentos* políticos para el Debate a favor de la

implantación del Programa de Empleo Garantizado a nivel

nacional

1. Su objetivo es crear Empleo ya que parte de una premisa: que no haya empleo

no quiere decir que no haya trabajo, pregunten, si no, a las cuidadoras.

2. Es universal: con un EG el Estado ofrece un empleo a cualquier persona que

esté preparada y dispuesta para trabajar, sin importar su experiencia

profesional, cualificación, sexo, renta o edad.

3. Crea riqueza y más empleo ya que:

Promueve la actividad en sectores donde más trabajo hay y sin

embargo donde menos empleo decente y suficiente se crea. Hablamos

de la Economía de los cuidados, del cuidado del planeta y del cuidado

de las personas, y de la cultura, entre otros.

Aumenta el nivel de cualificación de las población activa del país ya que

las personas de baja cualificación con derecho a EG estarían en

disposición de obtener un certificado de profesionalidad lo que las

acredita para moverse decentemente en el mercado de trabajo

4. Fomenta la innovación y el emprendimiento social : El EG no compite con el

sector público ni con el privado ya que llega allí donde no éstos no llegan por lo

que estimula las iniciativas socialmente emprendedoras

5. La retribución no es sólo salarial, sino que incluye también otros pagos no

salariales como cotizaciones a la Seguridad Social, ayudas para transporte,

permiso por vacaciones, por paternidad y maternidad, por enfermedad

6. Los pagos los realiza el Estado pero la gestión y aplicación de los programas

de empleos corresponde a las administraciones públicas locales y a las

instituciones sin ánimo de lucro. No obstante, cualquier persona u organización

civil tiene derecho a proponer y decidir sobre el diseño concreto de los

programas de empleo.

7. Es más eficiente y viable que otras medidas de fomento de políticas de empleo

ya que el plan de Empleo garantizado evita intermediarios, ya que paga el

Estado aunque los proyectos sean aprobados y supervisados por los

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ayuntamientos. Esto le aleja de la inoperancia demostrada del famoso

PLAN E de ZP con el que van a tratar de confundirlo desde la derecha.

ES NECESARIO EVITAR QUE IDENTIFIQUEN NUESTRO PLAN CON EL PLAN

DE ZP: el Empleo Garantizado no es otro Plan E de Zapatero. Recordemos las

principales conclusiones del Tribunal de Cuentas sobre el cumplimiento y la

eficacia y eficiencia del Plan E de Zapatero respecto del objetivo de crear empleo:

Partiendo de que se aprobaron 30.698 proyectos que generaron 201.195

contratados y que el coste total ejecutado fue de 7.859 millones, resulta que

gastamos un importe por desempleado de algo más de 39.000 euros. Si se

cuentan las casi 17 millones de jornadas efectuadas, aparece un coste de 463

euros por día de trabajo.

"El 67% de los trabajadores empleados en la ejecución de los proyectos que

formaban parte de la estructura de la empresa con anterioridad al FEIL,

continuaban prestando sus servicios en la misma en el segundo semestre de

2011. Únicamente el 4% de los que fueron contratados específicamente para

la ejecución de los proyectos FEIL continuaron en dicha fecha trabajando en la

empresa".

El 21% de los contratos fueron adjudicados a empresas que declararon que

generarían un número de puestos de trabajo inferior a las previsiones

comunicadas por las entidades locales en la solicitud de fondos y el 12% de los

proyectos fueron adjudicados a empresas que no se habían comprometido a la

contratación de ningún trabajador procedente del desempleo".

"Las empresas adjudicatarias incumplieron el compromiso de contratación de

desempleados en el 11% de los contratos suscritos. El número de trabajadores

desempleados afectados por este incumplimiento ascendió a 14.206".

"En el 8% de los contratos no se incluyó la condición especial de ejecución

consistente en que el nuevo personal que el contratista necesitara emplear para la

ejecución de las obras se encontrase en situación de desempleo, incumpliendo lo

establecido en el Real Decreto regulador. De las entidades que incluyeron la

condición especial, el 25% no previó penalización en caso de incumplimiento, y de

las que incluyeron cláusula de penalización, el 44% adjudicó contratos con

menos trabajadores procedentes del desempleo de los que se habían

comprometido a contratar las empresas en sus ofertas y únicamente aplicaron

penalizaciones el 12% de estas entidades".

"El 50% de las entidades, si bien remitieron al Ministerio como parte de la

documentación justificativa la información proporcionada por las empresas

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adjudicatarias relativa al número de contratos con desempleados que

realizaron, no llevaron a cabo ninguna otra comprobación ni ejecutaron el

seguimiento establecido en el artículo 6.2 del Real Decreto-Ley 9/2008".

"La documentación que las entidades requirieron a las empresas adjudicatarias

para acreditar la situación de desempleo de los trabajadores contratados resultó

muy heterogénea, confundiendo en muchos casos la condición de

demandante de empleo con la situación legal de desempleo".

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DIFERENCIAS ENTRE EL PLAN E Y PLAN GARANTIZADO EN

CUANTO A SU GESTIÓN E IMPACTO SOBRE LA REDUCCIÓN

DEL DESEMPLEO

PLAN E DOS AÑOS 2009-2010

PLAN EMPLEO GARANTIZADO

NÚMERO DE EMPLEOS CREADOS

201 MIL en dos años 1 MILLON AL AÑO

DURACIÓN DE LOS

CONTRATOS

No más de tres meses AL MENOS UN AÑO

COSTE DE CADA

PUESTO DE TRABAJO

39 MIL EUROS/AÑO o 13 mil euros mes

10.520.75 EUROS DE MEDIA mensual

INVERSION TOTAL.

12.100 MILLONES DE EUROS En 2009- 7.860 millones; En 2010 4.250 millones de euros

10 MIL MILL DE EUROS APROXIMANDAMENTE

MODELO DE

EJECUCIÓN

Subvenciones directas al Ayuntamiento

PAGO DIRECTO A DESEMPLEADXS

PRINCIPALES PROBLEMAS

Falta de seguimiento en el control de las nuevas contrataciones

En el Plan Local de Empleo Garantizado se pedirá acreditar las necesidades de incorporación a la plantilla El Comité de Garantías del Plan velará por el cumplimiento de las actuaciones

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Cómo se financia el PLAN DE EMPLEO GARANTIZADO según el Estudio de

Eduardo Garzón

Partiendo de los tres tipos de salarios para personal cualificado, semicualficado y de

baja cualificación y dos tipos de jornadas: a tiempo completa a la que se acogería el

80% de las personas desempleadas y a media jornada a la que se acogería el 20%

restante.

Costes salariales de partida 80% de las personas desempleadas trabajarían a jornada completa

Coste hora jornada completa 40 horas semanales Salario Bruto Anual

Mes

Alta Cualificación 7 euros/hora 14.560,00 1.213,33

Media Cualificación 6 euros/hora 12.480,00 1.040,00

Baja Cualificación 5 euros/hora 10.400,00 866,67

Coste 37.440,00 3.120,00

Eduardo Garzón, economista autor de la propuesta, realiza los siguientes cálculos

para 5.620.000 desempleados que tenemos en España. El coste de emplearlos un año

ascendería a más de 66 mil millones de euros a los que había que restar la

recaudación por IRPF, por impuesto de sociedades y las prestaciones que nos

ahorramos cuando las personas están empleadas.

El coste real sería de casi 30 mil millones de euros, aproximadamente el 2,88% del

PIB.

Es importante reseñar que el programa contempla unos gastos del 5% en implantación

de proyectos.

Cálculos de Eduardo Garzón

Ingresos -Retorno Inversión- Inversión Total

66.314.233.440,00

Recaudación por IRPF 2.716.505.459,00

Recaudación por Impuesto Sociedades

4.420.948.896,00

Prestaciones por Desempleo

29.727.530.000,00

Total 36.864.984.355,00

Coste Real 29.449.249.085,00

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ANEXO

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Economía

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Coste y financiación del Empleo Garantizado

27 de octubre de 2014

10:18

este artículo con tus amigos

Eduardo Garzón 11 comentarios

Para estimar el coste aproximado de la aplicación de un Empleo Garantizado se lleva a cabo un cálculo

de costes e ingresos basado en el método de Kaboub1, cuyas características se exponen a continuación.

Asumamos un ambicioso programa de EG que vaya destinado a la totalidad de las personas

desempleadas del país: 5.622.900. La estructura salarial está compuesta por tres categorías dependiendo

de la cualificación profesional: 7 €/h para los de cualificación alta, 6 €/h para los de cualificación media, y

5 €/h para los de cualificación baja. Asumimos que el 80% de los participantes solicitarán jornada

completa (40 horas semanales), mientras el restante 20% lo hará a jornada parcial (20 horas a la

semana). Por lo tanto, los que prefieran jornada completa cobrarán 1213 euros al mes (en 12 pagas al

año) si tienen cualificación alta, 1040 euros al mes si tienen cualificación media, y 867 euros al mes si

tienen cualificación baja. Suponemos que los trabajadores de alta, media y baja cualificación se

distribuyen de manera uniforme. El coste de todo el material y equipamiento necesario para llevar a cabo

las actividades del EG alcanza la suma de 3.157.820.640 euros. En consecuencia, el coste total bruto de

la completa aplicación del programa en un año sería de 66.314.233.440 euros. A esta cantidad habría que

restarle lo que el Estado se ahorra en otros gastos y también lo que recaudará por el efecto expansivo en

la actividad económica.

Suponemos un modesto multiplicador keynesiano de 1,5, un tipo impositivo medio en el Impuesto de la

Renta de las Personas Físicas del 9,22% y del 3,76% para el trabajador a jornada completa de alta y

media cualificación, respectivamente, y un efecto en la recaudación por Impuesto de Sociedades (IS) del

7%. El trabajador a jornada completa de baja cualificación no tributa por no alcanzar el mínimo exento de

12.000 euros anuales. La recaudación por el IRPF sumaría entonces 2.716.505.459, y la derivada del

Impuesto de Sociedades alcanzaría 4.420.948.896 euros. A ello habría que sumar la cantidad ahorrada

en prestaciones por desempleo puesto que ya no habría ningún desempleado (29.727.530.000 euros).

Estrictamente habría que restar otros gastos que con la aplicación del EG se reducirían o dejarían de

existir (especialmente a medio plazo), como servicios penitenciarios, ayudas para atención psicológica,

etc, pero no lo haremos para simplificar el cálculo y ofrecer un coste sobreestimado que permita situarnos

en el peor de los casos posibles.

En consecuencia, el coste neto de aplicar en un solo año un EG para todos los desempleados españoles

alcanza los 29.417.239.085 euros, un 2,88% del PIB español. A modo de comparación: esta cantidad es

notablemente inferior a lo que el Estado español paga cada año por intereses de deuda pública (3,77%

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sobre el PIB); y muy inferior a lo que le ha costado al Estado rescatar a la banca española (6,3% sobre el

PIB desde 2009 a 2012). Además, en nuestra propuesta el EG debería aplicarse por fases durante varios

años. Si en el primer año se empleara, por ejemplo, a un millón de desempleados actuales (los más

necesitados), el coste neto del EG para ese primer año (utilizando el mismo procedimiento de cálculo y

ajustando el coste de prestaciones por desempleo y el ahorro en recaudación) sería del 1,03% del PIB.

Una cantidad inferior a lo que le costó al Estado en sólo un año responsabilizarse de la pérdida de valor

de las inyecciones en entidades nacionalizadas (1,08% del PIB).

Estamos hablando de cantidades perfectamente asumibles por el Estado español, y especialmente

teniendo en cuenta que el cálculo expuesto sobreestima el coste del EG al suponer que todos los

desempleados actuales pedirían incorporarse al programa de empleo y al no contabilizar los nuevos

ingresos derivados de la reducción de la economía sumergida. Por otro lado, no podemos olvidar que este

coste disminuirá conforme se recupere la actividad económica y el sector privado comience a generar

puestos de trabajo, reduciéndose así el volumen de participantes del EG. En cualquier caso, el coste

podría financiarse fácilmente de muchas maneras, entre las cuales sugerimos la siguiente.

En primer lugar hay que tener en cuenta que no debe asustarnos incurrir en mayor déficit público, puesto

que ello estimula los beneficios empresariales así como la actividad económica, especialmente si este

déficit público beneficia directamente a aquellos individuos y familias que tienen mayor propensión al

consumo (como pretende un EG). Este inicial estímulo económico acabará redundando en beneficio de

las arcas públicas a medida que el consumo y la inversión se recuperen, de forma que el incremento

inicial de déficit público se irá atenuando con el paso del tiempo. El incremento de la deuda pública

tampoco ha de preocuparnos siempre y cuando el BCE mantenga responsablemente el tipo de interés

real de la deuda pública española en niveles reducidos1. Téngase en cuenta, además, que el ratio

deuda/PIB puede ser perfectamente sostenible si el tipo de interés real de la deuda pública se mantiene

por debajo del crecimiento del PIB2 (Galbraith, 2011). De hecho, la mejor forma de controlar y/o reducir el

ratio deuda/PIB es estimulando la actividad económica, algo que ayuda a lograr satisfactoriamente la

aplicación de un EG.

Sin embargo, una mejor forma de financiarse a bajos tipos de interés es recurriendo directamente a

préstamos del BCE utilizando el Instituto de Crédito Oficial (ICO), pues esta entidad pública de crédito

puede acceder a la ventanilla de la institución europea3 (a un coste inferior al que se financia el Estado

español en la subasta de deuda pública). Así lo hizo ya el ICO en 2012 por valor de 20.000 millones de

euros (un 1,96% del PIB) para financiar el gasto de las administraciones públicas españolas. Podría

volver a hacerlo por una cuantía notablemente inferior y así financiar el primer año del EG.

En cualquier caso, esta forma de financiar el EG a través de endeudamiento público puede combinarse

con la aplicación de una reforma fiscal progresiva como la que proponen los técnicos del sindicato de

Hacienda. Las medidas propuestas son las siguientes: nuevo tipo del 35% del Impuesto de Sociedades a

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partir del millón de euros, reducción de la economía sumergida en 10 puntos, impuesto sobre la riqueza,

prohibición de las operaciones en corto contra la deuda pública, restricciones al sistema de módulos,

SICAV, tipo de la Renta del Ahorro, y ganancias patrimoniales especulativas, e impuesto a las

transacciones financieras. El objetivo de esta reforma no sólo sería recaudatorio sino también avanzar en

la progresividad del sistema tributario tal y como establece el artículo 31.1 de la Constitución Española.

Llevando a cabo una reforma fiscal semejante y atendiendo a las estimaciones de sus proponentes la

recaudación superaría el 6,2% del PIB en un año, lo cual sería más que suficiente para aplicar la totalidad

del EG propuesto. Como no es necesario recaudar tanto volumen de recursos y como buena parte de la

financiación se obtendría a través de endeudamiento, hay mucho margen para relajar los elementos de la

mencionada reforma fiscal.

En resumen, el coste de aplicar un EG en España es relativamente reducido y perfectamente asumible

por el Estado, que lo puede financiar de varias formas diferentes. Además, los beneficios económicos y

sociales superan por mucho el coste de aplicación. Nadie puede negarse a la materialización de un

programa de EG recurriendo a argumentos relacionados con su coste económico.

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1 Kaboub, F. (2013). “The Low Cost of Full Employment in the United States”, en The Job Guarantee. Toward True Full

Employment, editado por Murray, M. Y Forstater, M., Palgrave Macmillan, Nueva York.

2 Y ello no depende de cuán elevado sea el ratio deuda/PIB, a diferencia de lo que muchos economistas

convencionales creen. El mejor ejemplo es observar la reciente evolución decreciente de la prima de riesgo española a

pesar del aumento vertiginoso de la deuda pública emitida.

3 Galbraith, James K. (2011). “Is the Federal Debt Unsustainable?”, en Levy Economics Institute, Policy Note, 2011/2.

4 En el artículo 123.2 (antiguo 101 TE) del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea se aclara que la prohibición

de los créditos por el Banco Central Europeo y por los bancos centrales de los Estados miembros “no afectará a las

entidades de crédito públicas, que, en el marco de la provisión de reservas por los bancos centrales, deberán recibir

por parte de los bancos centrales nacionales y del Banco Central Europeo el mismo trato que las entidades de crédito

privadas”.