Penal Juvenil Marga Gil 2012-2013
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DERECHO PENAL JUVENIL Marga Gil 2012/2013
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DERECHO PENAL JUVENIL
Marga Gil
2012/2013
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INDICE
CAPÍTULO I La delincuencia juvenil ............................................................................................................... 3
CAPÍTULO II - Fenomenología de la delincuencia juvenil ............................................................................. 9
CAPÍTULO III Prevención De La Delincuencia Juvenil ................................................................................ 18
CAPÍTULO IV - Modelos De Justicia Penal De Menores .............................................................................. 27
CAPÍTULO V Justicia Penal De Menores: Marco Internacional .................................................................. 34
CAPÍTULO VI Minoría De Edad Penal Y Estructura Del Delito: Especial Referencia A La Imputabilidad 42
CAPITULO VIII La LO Reguladora Responsabilidad Penal De Los Menores: Aspectos Sustantivos ..... 50
CAPITULO IX El Proceso Penal De Menores (I) ............................................................................................ 57
CAPÍTULO X El Proceso Penal De Menores (Ii) ............................................................................................ 72
CAPÍTULO XI: Medidas Susceptibles De Imposición A Los Menores ........................................................ 84
CAPÍTULO XII Reglas Especiales Para La Ejecución De Las Medidas Privativas De Libertad .............. 104
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CAPÍTULO I LA DELINCUENCIA JUVENIL
1. CONCEPTO Y DELIMITACIÓN DE OTRAS CONDUCTAS AFINES
Delincuencia, desviación, inadaptación juvenil y jóvenes en situación de riesgo social.
La delincuencia es aquella conducta cuya forma de comportamiento, no sólo se opone o viola las normas
sociales o de convivencia, sino que, además, está prohibida por la sociedad (tipificada en el Código penal o en
Leyes penales especiales), implicando una reacción por parte de la misma, a cargo de la administración penal
de justicia. (Concepto restringido versus concepto amplio de delincuencia juvenil)
El concepto de delincuencia juvenil pese a su amplio calado social no es pacífico en la doctrina.
Quizás el término más extendido sea el de delincuencia juvenil, aunque también se utiliza el de criminalidad
juvenil.
Entiende MIDDENDORFF por criminalidad juvenil, en general la conducta de un joven desaprobada por
la comunidad y determinante de una intervención del poder del Estado con observancia en todo caso de
los límites de edad vigentes y dentro del marco de los preceptos relativos a la responsabilidad penal.
Haciendo uso de una terminología diferente SCHNEIDER, propone la siguiente definición: la
delincuencia infantil y juvenil en el sentido estricto es un comportamiento que se denominaría delito en
el sentido jurídico-penal, si hubiera sido cometido por un adulto. Prefiere el término delincuencia infantil
y juvenil frente a criminalidad porque la delincuencia juvenil tiene su origen sobre todo en el desarrollo
de los menores, es temporaria y episódica y, sobre todo, para prevenir la valoración social negativa y la
estigmatización que contiene el término de la criminalidad.
Recientemente, la moderna Sociología Criminal al término delincuencia ha añadido el término desviación, con
el objeto de ampliar el campo de análisis de la simple violación de las normas jurídicas a la violación de todas
las normas que regulan la vida colectiva, comprendiendo las normas culturales y sociales.
Una conducta desviada o inadaptada realizada por un menor constituye un signo de alarma y también una útil
advertencia sobre defectos de la organización social que se deben remediar (consumo de alcohol, alto índice
absentismo escolar, etc.).
Con la publicación de las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la Delincuencia Juvenil
(1990) surgió un nuevo término más acorde con la realidad actual: jóvenes en situación de riesgo social.
Este concepto engloba a menores que manifiestamente están en peligro y que requieren medidas no punitivas
determinadas por una autoridad competente.
Esta categoría tiene las siguientes ventajas:
es criminológica, social y jurídica;
es un término flexible y amplio;
centra la atención en factores sociales o exógenos y en factores personales o endógenos;
cambia el enfoque de la intervención y aborda directamente al problema real;
representa una ideología progresista de la prevención de la delincuencia;
y reemplaza categorías inadecuadas por un modelo ideal.
La Criminología al estudiar la delincuencia juvenil, amplía, por un lado, el concepto jurídico-penal (formal) de
delito, incluyendo una serie de conductas no constitutivas de infracciones penales pero que interesan a esta
disciplina científica en cuanto factor y situaciones criminógenas o conductas asociadas al delito (alcoholismo,
drogadicción, prostitución infantil). Por otro lado, amplia también el concepto de joven o menor (todas aquellas
personas menores de veinticinco años).
Por último, hay que dejar constancia de que en este trabajo se defiende desde el ámbito jurídico-penal, un
concepto estricto o restringido de delincuencia juvenil, comprensiva únicamente de aquellas infracciones
que constituirían delito o falta, según el Código penal, si hubieran sido cometidas por un adulto.
2. VOLUMEN Y EVOLUCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL El conocimiento del número de delitos que se cometen en una determinada comunidad (volumen o extensión de
la delincuencia), o la tasa de criminalidad, es decir, la relación entre la cifra anual de delitos y la tasa anual de
población, y su evolución a lo largo del tiempo, son aspectos de la medición del delito, una de las funciones de
la criminología. Es una fuente de información científica de un valor incuestionable, necesario para poder llevar a
cabo una correcta política criminal e implantar programas de prevención eficaces
Para responder a: ¿Cuánto delinquen los jóvenes?, ¿Delinquen más ahora que hace unos años? ¿Delitos más
frecuentes?
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El conocimiento de la realidad criminal es una fuente de información científica de un valor incuestionable,
necesario para poder llevar a cabo una correcta política criminal e implantar programas de prevención eficaces.
Al volumen de la delincuencia juvenil se suele acceder a través de diversas vías:
Estadísticas oficiales (policiales, judiciales y penitenciarias). Informes de auto denuncia. Encuestas de victimización.
Las estadísticas oficiales, que comprenden las estadísticas policiales (delitos denunciados de los que
ha tenido conocimiento la policía), las estadísticas judiciales (diligencias previas abiertas en casos
criminales y condenas) y las estadísticas penitenciarias (relativa a la población reclusa), que nos
informan de la criminalidad registrada.
Los informes de auto denuncia (en las encuestas de autodenuncia se pregunta a los sujetos de la
encuesta si han cometido alguna vez, o durante un período determinado, algún tipo de delito o si han
incurrido en algún comportamiento asociado o relacionado con la delincuencia).
Las encuestas de victimización (en ellas se pregunta si ellos mismos o alguna persona que conozcan
han sido víctimas de delitos específicos durante un período de tiempo determinado).
I. Criminalidad oficial o registrada
La delincuencia juvenil es un fenómeno predominantemente masculino.
- A mayor edad mayor actividad delictiva.
- Los delitos que más frecuentemente cometen los jóvenes son contra la propiedad o el patrimonio.
- La delincuencia juvenil viene a representar en torno al 10% de la delincuencia en nuestro país
1. Entidad y gravedad de la delincuencia juvenil:
La medición de la delincuencia y la interpretación de las cifras oficiales sobre delincuencia juvenil (delincuencia
registrada), pese a lo que pudiera parecer, no es una tarea sencilla, sino que resulta una cuestión sumamente
compleja. Esta interpretación no puede realizarse de un modo general, sino que se han de tener muy en cuenta
una serie de parámetros e indicadores sociales. Así, ALBRECHT: no se puede realizar una comparación del
desarrollo e la criminalidad juvenil, durante un periodo de tiempo determinado, solamente comparando las cifras
que arrojan las estadísticas oficiales. El resultado sería engañoso por que no hemos tenido en cuenta una serie
de factores como: las diferentes épocas históricas, los profundos cambios sociales, índice de natalidad en
aumento o en descenso, reformas legislativas, etc.
Dicha interpretación resulta controvertida también para DE LEO que mantiene que cuando se trata de conocer
cuál es la entidad y gravedad de la delincuencia juvenil se ha de acudir a 3 fuentes de información
diferenciadas: estadísticas oficiales, la expresada por la opinión pública a través de los medios de comunicación
y la recogida en estudios acerca de la cifra negra de la criminalidad juvenil. De los datos de Año 2006
suministrados por el Gabinete de Estudios de Seguridad Interior se puede extraer: que la delincuencia juvenil
sigue siendo en nuestro país, un fenómeno predominantemente masculino. Al igual que ocurre con las
detenciones de mujeres adultas (mujeres menores de edad detenidas son un 10% del total en 2006 el 11,15%).
Un aumento cuantitativo del volumen de la delincuencia según va aumentando la edad de los menores,
independientemente del sexo.
Este aumento se observa, invariable, en todos los tipos delictivos, aunque dos de ellos merecen un breve
comentario:
a) “Estupefacientes” donde se recogen las detenciones a menores relacionadas con las drogas
(consumo, posesión y tráfico) donde en los menores de 14 no tiene prácticamente relevancia, de 14 a
16 tiene escasa trascendencia (iniciación al consumo) y de importancia creciente a partir de dicha edad
(consumo más habitual). 1) El C.P. no castiga expresamente el consumo de drogas, no significa que
sea lícito o permitido ya que la finalidad de la legislación penal antidrogas es evitar dicho consumo. 2) A
través de encuestas s/ drogas población escolar el consumo se ajusta a patrón de consumos
experimentales u ocasionales de drogas (alcohol, tabaco, cannabis) en resto de drogas con presencia
minoritaria.
b) Los delitos contra la libertad sexual. Los delitos contra la liberta sexual cometidos por menores de 14
años e incluso por menores de 16 años, consisten generalmente en pequeños abusos sexuales. Según
vaya en aumento la edad de los jóvenes, unido a su mayor desarrollo sexual y físico, ira aumentando la
gravedad de los actos contra la libertad sexual.
Cifra negra de la criminalidad
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Un dato que se observa con claridad meridiana es que los delitos que más frecuentemente cometen los jóvenes
son contra la propiedad, lo que se desprende de la constatación de las cifras siguientes: el mayor número de
detenidos se aprecia en la sustracción de vehículos, seguido por los robos con fuerza en las cosas.
2. Proporción respecto del conjunto de la población delincuente en España:
Respecto del total de detenidos, en 2006 de las detenciones de jóvenes infractores menores de 18 años
representa el 5% del total. La delincuencia juvenil viene a representar en torno al 10% de la delincuencia en
nuestro país, y que la tendencia es claramente descendente.
II. Criminalidad detectada. El estudio mediante autoinforme de Rechea et al.
Los datos sobre delincuencia juvenil consignados en las estadísticas oficiales, cuentan con el hándicap de que
en ellos no aparece la cifra real de criminalidad, ya que la mayoría de las infracciones juveniles queda sin
detectar por los organismos de control social informal (familia, escuela, etc.) o formal (policía), que es lo que se
conoce como cifra negra o zona oscura de la criminalidad juvenil. Además, tampoco aparecen consignados una
serie de conductas problemáticas o predelictivas, que revisten gran importancia como factores influyentes en
una posterior conducta delictiva.
Para paliar este hándicap vamos a mencionar los aspectos más relevantes que ofrece la primera investigación
empírica sobre delincuencia juvenil a nivel nacional, por medio de la técnica de autoinforme, llevada a cabo por
la Unidad de Criminología de la Universidad de Castilla-La Mancha en el año 1992.
1. En primer lugar se confirma que la adolescencia es una etapa difícil en el desarrollo humano que
produce un gran número de conductas conflictivas, ya que un 81% de la muestra entrevistada admite
haber cometido algún tipo de delito alguna vez en su vida.
(a) Entre aquellas conductas con una mayor tasa de prevalencia (tasa de sujetos que han realizado
una conducta delictiva o problemática), destaca en primer lugar el consumo de alcohol. A
continuación se sitúan conductas consideradas problemáticas o conductas antisociales
relacionadas con los jóvenes: faltar al colegio (47.8%), conducir sin permiso (42,2%), viajar en
transportes públicos sin pagar (33,7%) y fugarse de casa (5,5%).
(b) Las conductas violentas contra personas, tienen un índice de prevalencia menor, salvo las riñas
o desordenes que alcanzan el 30%. Son actividades violentas que implican significativamente a
los jóvenes de 18 y 19 años, cometidas entre los mismos jóvenes o con motivo de grandes
concentraciones públicas. Otras actitudes violentas contra las personas son llevar un arma
(16,3%), golpear a un no familiar (5,6%), dañar a alguien (3,2%), golpear a un familiar (1,7%).
(c) Las infracciones contra la propiedad son las más numerosas y las más cometidas por los
jóvenes. Son: robar en tiendas (23,2%), allanamiento 21,7%); robar en el colegio (14,4%);
comprar objetos robados (12,8%). De estas conductas, la más precoz es robar en el colegio y
robar en casa con una media de 12,4 y 12,8 años respectivamente, como edad de inicio.
(d) De los resultados obtenidos se infiere que salvo en los casos de consumo de drogas duras,
venta de drogas blandas y viajar en tren sin pagar, la prevalencia total de conductas delictivas
durante el último año resulta más baja entre los jóvenes que residen en zonas problemáticas,
peligrosas o conflictivas.
2. Es apreciable también las relaciones significativas de algunos delitos con un nivel socioeconómico alto y
medio-alto. Las tasas de prevalencia son superiores para aquellos sujetos con un estatus
socioeconómico alto en todas las categorías delictivas excepto en las de conductas violentas contra
objetos y consumo y tráfico de drogas.
3. Por último, de los datos obtenidos se desprende la magnitud de la cifra negra en el campo de la
delincuencia juvenil ya que, de todas las conductas reseñadas en el autoinforme, no llega al 10% las
que fueron detectadas por los organismos de control social. El control social informal (familia,
profesores, etc.) detecta las transgresiones contra la propiedad, conductas violentas y conductas
problemáticas, mientras que el control formal (policía) parece más efectivo ante las drogas y las
conductas delictivas relacionadas con los jóvenes.
III. ¿Aumento de la delincuencia juvenil?
1. La situación española
A la vista de las estadísticas oficiales españolas, es incuestionable que la delincuencia juvenil (registrada) no ha
aumentado en la última década.
Por lo mismo, hemos de suponer que tampoco ha aumentado la criminalidad juvenil “oculta”. El casi
imperceptible incremento, sin embargo, no se produce linealmente, sino que se producen ligeras oscilaciones
de un año a otro.
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- En los años 1995 y 1996, el volumen de la delincuencia juvenil se mantiene de una forma estable en
torno a los mismos parámetros, produciéndose un significativo descenso en el año 1997, hasta situarse
casi al nivel de las detenciones del año 1991.
- Sin embargo, en los años siguientes 1998, 1999 y 2000, se produce un aumento significativo del número
de menores detenidos por la policía, alcanzado su cota máxima en el año 2000, debido a la inminente
promulgación y entrada en vigor de la LORRPM (L.O. 5/2000 Respon. Penal de menores), para
seguidamente descender en los últimos cinco años, de forma más moderada en principio y de forma
más significativa a partir del año 2002.
La influencia de las formas legislativa queda patente. (expansión del derecho penal)
Los nuevos límites de edad señalados por la LORRPM -5/2000- (excluyendo a menores de 12 y 13 años) resulta
determinante para explicar el enorme descenso de las detenciones, que aunque se venía manteniendo de forma
sostenida desde 1996, se ha producid a partir del año 2007. Las detenciones de menores de 14 años a partir de
la entrada en vigor de la Ley penal del menor, suponen casi la cuarta parte de las realizadas antes de la Ley.
En sentido contrario, las detenciones han aumentado de forma significativa en los últimos 10 años para las otras
dos franjas de edad, que son la que tienen relevancia en el Derecho penal juvenil. Respecto de menores de 14 y
15 años se produce un fuerte incremento a lo largo de la década examinada aunque la tendencia es
descendente desde que alcanzara su cota más elevada en 2001. Por lo que respecta a menores de 16 y 17
años el incremento es más moderado observándose también una tendencia descendente desde que alcanzara
la cota más elevada de detenciones en el año 2000.
A tenor de las cifras oficiales de la policía, la delincuencia juvenil en conjunto no ha aumentado en la última
década. Ahora bien, tal como señalábamos anteriormente esta interpretación resulta un tanto simplista, ya que
hemos podido observar que las detenciones de menores de 14 a 18 años si que han aumentado, y no podemos
saber, sin embargo, si ha aumentado o disminuido la gravedad de los delitos o que tendencia muestra la tasa de
delincuencia juvenil a tenor del número de jóvenes que residen en nuestro país. Lo que es incuestionable, es el
descenso en las detenciones de menores desde el año 2000.
2. Tabla 2000-2005 Mº Interior.
- Los datos demuestran que los menores detenidos por la policía, comenten más o menos los mismos delitos un
año tras otro, sin que se observe un cambio sustancial en la tipología delictiva de los jóvenes. Ni las muertes
violentas causadas por menores, ni las lesiones, ni los delitos contra la libertad sexual, muestran un incremento
de tal magnitud que obligue al legislador a reaccionar, reformando la ley e imponiendo medidas más punitivas,
aspecto este reconocido incluso en la Exposición Motivos LO 8/2006, cuando al justificar la reforma de la Ley
penal del menor dice “debe reconocerse que, afortunadamente, no han aumentado significativamente los delitos
de carácter violento”.
Para tener más elementos sobre la evolución de la tendencia de la delincuencia juvenil en nuestro país, vamos a
analizar la tasa de criminalidad, al relacionar la cantidad de infracciones penales conocidos (detenidos) con la
población española menor de 18 años.
Pese a que en España, el índice de natalidad pudiera dar la impresión que ha aumentado en los últimos años
debido a la mayor tasa de natalidad que tienen los inmigrantes residentes en nuestro país, y a la regular y
sostenida entrada ilegal de muchos menores inmigrantes, la proporción de población joven no hace más que
disminuir.
Según datos en España la proporción de población menor de 14 años en 1995 -14,5%-. Población de 15 a 24
años -16,5%- y diez años después en 2005 -12,3%-.
Lo que debemos relacionar, a continuación, es el volumen de la delincuencia juvenil con la población joven
española, a ver si así podemos precisar la tasa de delincuencia juvenil y su evolución de año en año. Para ello
utilizando los datos de detenidos menores de 18 años suministrados por el Mº Interior y los datos de población
por edad suministrados por el INE, a la hora de determina la tasa de delincuencia por edades de 14 y 15 años y
de 16 y 17 años no surge ningún inconveniente, pero para el de menores de 14 años la tasa de delincuencia
aparecerá infravalorada, al haber contabilizado niños de 1, 2 o 3 años, que es físicamente imposible que
comentan un delito. Para ello, habremos optado por situar el límite en 10 años. De esta forma al referirnos a
menores de 14 años, estamos haciendo referencia a menores de 10 a 13 años (inclusive).
El resultado sería que tan sólo un porcentaje ínfimo de la juventud española entre 10 y 18 años, es detenido por
la policía, lo que implica que la inmensa mayoría de la juventud no comete actos delictivos, o bien que se
delinque, su conducta no alcanza la gravedad suficiente para ser detectada por las instancias de control formal y
ser detenida.
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El porcentaje de menores de 14 años no es estadísticamente significativo ya que por cada 1.000 niños de 10 y
13 años no llega a ser detenido ni siquiera uno. Entre –preadolescencia- 14 y 15 años detenidos 10 niños de
cada 1000, y en la adolescencia 16 y 17 años la cifra se eleva a un 16 por mil.
Si nos fijamos en el análisis de la tendencia delictiva, para ver si la tasa de delincuencia juvenil ha aumentado o
disminuido desde la entrada en vigor de la LORRPM, la tendencia es claramente descendente.
3. Factores que pueden incidir en el aumento de la delincuencia juvenil
Factores que pueden incidir en el aumento de la delincuencia juvenil: incremento de denuncias, expansión del
derecho penal, efectividad policial, afán consumista, inmigración, etc.
Se puede afirmar que en la actualidad la tendencia de la delincuencia juvenil es descendente, aunque el
Legislador en la Exp Motivos de la última reforma de la Ley penal del menor de 2006 manifies te: “Las
estadísticas revelan un aumento considerable de delitos cometidos por menores..”. Ahora bien, esta situación no
es inmutable ni mucho menos. Las tendencias de la delincuencia suelen aumentar y disminuir de forma cíclica,
por lo que, es posible que en un futuro no muy lejano, vuelva a incrementarse la delincuencia juvenil.
En cuanto al porqué se produce un aumento de la delincuencia juvenil, es difícil encontrar una única explicación
concluyente.
Muchos son los factores que pueden incidir en un aumento o incremento de la delincuencia juvenil:
- Incremento de denuncias: Pueden ser debidos a cambios en las actitudes y en los patrones de
denuncia de los ciudadanos ya que se ha dado una evolución en la sociedad que, por un lado, se ha
vuelto más intransigente con los jóvenes y, por otro lado, asuntos que antes se solucionaban de una
forma amigable se trasladan ahora a la esfera judicial para su resolución.
Un claro ejemplo que además afecta casi por igual a jóvenes de todas las edades es el fenómeno del
bullying, en el que hace unos años a nadie se le ocurría denunciar y, en la actualidad, cada vez se
producen más denuncias y se incoan más procedimientos penales por esta causa.
- Expansión del derecho penal: También se han visto influidos por el fenómeno de la expansión del
Derecho penal, tipificando cada vez un número de conductas punibles mayor.
- Efectividad policial: Otro factor a considerar debe ser el mayor rigor por parte de los agentes de control
social formal en la persecución de este tipo de delincuencia. No cabe duda que la especialización
policial, con la creación de los Grupos de Menores (GRUME) ha repercutido en un mayor conocimiento
y operatividad, lo que ha podido redundar en un aumento de las detenciones de menores delincuentes
(Campañas policiales contra venta y pequeño tráfico de drogas en los colegios). Este fenómeno se debe
en gran parte a la creación de los Juzgados de Menores, a la especialización de Jueces y Fiscales y a la
mayor dedicación de los nuevos Jueces.
- Afán consumista: El vivir en una sociedad de consumo, en la que “tanto tienes tanto vales”, incita a
muchos jóvenes de ámbitos sociales medio y medio-alto a conductas delictivas para conseguir aquello
que les es negado por sus padres. Si además añadimos una liberalización y relajación en las
costumbres (menos disciplina en casas y colegios) nos encontramos con unos niños y adolescentes de
clase media y alta, en muchos casos hijos únicos, que, al tener casi todo lo que desean, en seguida se
aburren y pasan su tiempo de ocio con los amigos inventando actividades de riesgo y emocionantes,
que en muchos casos chocan de lleno con la ley.
- Inmigración: Por último, el aumento de la delincuencia juvenil en nuestro país podría coincidir con el
aumento de la criminalidad de extranjeros. No hay más remedio que admitir que estos datos reflejan que
los menores extranjeros sufren un mayor número de detenciones que los españoles, aproximadamente
en una proporción nueve veces mayor. El problema de la delincuencia juvenil de los inmigrantes
aparece quizás como la causa principal del aumento de la delincuencia juvenil en nuestro país. Ante
todo, aumento o no la delincuencia juvenil, no debemos caer en posiciones alarmistas.
3. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y LOS ESTEREOTIPOS SOBRE LA JUVENTUD La opinión pública sobre la delincuencia está en gran parte formada y mantenida por los medios de
comunicación, o cuanto menos, influida en gran medida por ellos, pudiendo afirmarse que los medios de
comunicación de masas contribuyen a configurar la imagen social de la delincuencia.
Los medios de comunicación dedican por lo general más atención a los delitos más violentos y graves, llegando
a ofrecer una sensación de que son habituales y frecuentes. El efecto de los medios de comunicación tal vez
sea, en este ámbito, el de sobredimensionar la extensión de la delincuencia violenta.
Los medios de comunicación social según la forma habitual de presentar la realidad de la delincuencia
contribuyen a desvirtuarla, creando estereotipos (imagen mental muy simplificada, de alguna categoría de
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personas, institución o acontecimiento que es compartida en sus características especiales por un gran número
de personas, y que suele ir acompañada de prejuicios) al reproducir las noticias sobre hechos delictivos.
Y decimos que contribuyen a desvirtuar la realidad de la delincuencia, en el sentido de que la mayoría de los
delitos no van a llevarse a cabo por personas que respondan a los estereotipos preestablecidos (gitanos,
drogadictos), por una razón estadística, puesto que son grupos minoritarios.
De este modo, al ser determinados tipos de delincuencia juvenil actos llevados a cabo en grupos y con gran
visibilidad (vandalismos, daños y destrucción mobiliario urbano), se tiende a identificar de esta forma a la
delincuencia juvenil, creándose una serie de estereotipos sobre la misma, aceptados por la sociedad y que no
se corresponde fielmente con la realidad.
Los medios de comunicación favorecen en sus representaciones de la delincuencia juvenil, la asociación de:
La delincuencia juvenil y la violencia
El consumo de drogas y la delincuencia juvenil
Marginalidad (gitanos, inmigrantes) y delincuencia juvenil
o Apariencia externa de la juventud y delincuencia juvenil (determinada ropa, pelo largo, cabeza
afeitada, piercings)
o Determinadas aficiones musicales (punk), audiovisuales, lúdicas (graffiti, juego de rol) o de ocio
nocturno, se asocian también con comportamientos antisociales y delictivos de la juventud
Más aún, la repetición de las historias por los medios de comunicación, en muchas ocasiones mediante la
utilización de términos sensacionalistas o alarmistas, refuerzan las opiniones populares sobre la violencia, las
víctimas y los estereotipos delictivos, creando a su vez nuevos términos de rápido calado social para describir
esta delincuencia juvenil urbana violenta como wilding (salvajismo), superpredators (superdepredadores), etc.,
contribuyendo al miedo al delito, la alarma social o el pánico moral en la población.
La consecuencia más grave de este tratamiento informativo se traduce en la creación ante la opinión pública de
un estado de alarma social, la mayoría de las veces infundado, que produce en la población” una realidad de la
criminalidad que, provocada por informaciones totalmente distorsionadas, crean la impresión de que finalmente
debe hacerse algo”, produciendo del mismo modo, un incremento en el miedo al delito de la sociedad, lo que en
muchos casos supone una actitud favorable a respuestas penales más punitivas y represivas por parte de la
población, representando de esta manera un problema de política criminal y política social.
Si repasamos las noticias aparecidas en los medios informativos “puede observarse que algunos sucesos o
infracciones graves han influido en las reformas legales y no parece que ése sea el camino adecuado, moverse
al dictado de coros o clamores populares o recogida de firmas de una familia coraje para legislar, y los medios
siguen echando leña al fuego distorsionan y amplifican toda noticia relacionada con la delincuencia juvenil que
vende y tienen un indudable atractivo para los consumidores, además se alarma y pide soluciones radicales
para esa especie de epidemia.
Todas las peleas de patio se han traducido de un tiempo a esta parte en casos “clarísimo de acoso escolar o
bullying, en la denominación que expresamente utilizan padres y profesores en sus denuncias en policía o
fiscalías.
Importantes consecuencias:
1. Nuestros niveles de tolerancia y flexibilidad son hoy probablemente mucho más bajos.
2. Tendemos a ver en todo joven a un enemigo.
3. Tenemos la mirada demasiado problematizada (sus expresiones nos molestan sus estéticas nos
provocan).
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CAPÍTULO II - FENOMENOLOGÍA DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
1. INTRODUCCIÓN La fenomenología de la delincuencia juvenil, son aquellos fenómenos delictivos propios o inherentes a la
juventud.
Los jóvenes y adolescentes son personas que se encuentran en una fase de maduración, a la búsqueda de su
propia identidad, en la que han dejado de ser niños pero todavía no son considerados como adultos, lo que les
supone una sensación de inseguridad respecto a su posición en la sociedad, que en muchas ocasiones se
traduce en conductas caprichosas, egoístas, impulsivas, exageradas, egocéntricas, etc.
“La delincuencia juvenil es por tanto una manifestación específica de la edad, sin embargo no se trata en gran
medida de un destino inmodificable, sino de un acontecer socialmente influenciable”.
Por ello, la delimitación entre delincuencia y no-delincuencia en la infancia y juventud presenta dificultades al
introducirse en el marco de una personalidad en proceso de evolución, desarrollo y maduración.
Los jóvenes cometen actos en su mayoría sin planearlos, por lo que su delincuencia parece a primera vista
menos grave y más sencilla que la de los adultos. La delincuencia juvenil se caracteriza por ser una
delincuencia expresiva e instrumental que busca el placer inmediato por recreación o por rebeldía, demanda
aventura, emoción, excitación, en una palabra, satisfacer sus deseos aunque sea en forma hostil o dañosa.
La delincuencia juvenil es sobre todo un fenómeno de grupo. Se comete en su mayoría junto con jóvenes de la
misma edad. “Las actividades delictivas son frecuentemente una forma de identificación, con la que se busca el
aplauso y el reconocimiento del grupo, es por ello que el delito se convierte en una actividad digna de mención y
de la que sentirse orgullosos”. Esta afirmación requiere de una precisión: generalmente, en los delitos contra el
patrimonio, los menores actúan solos o acompañados por una o dos personas. Son en delitos en los que
aparece el componente de la “violencia”, ya sea contra las personas o contra las cosas, los que con mayor
frecuencia se cometen en grupo. Grupos pequeños en actos como vandalismo o realizar pintadas y, grupos más
numerosos en los casos de riñas o peleas y desórdenes públicos. Muy a menudo la comisión de la primera
actividad ilícita se suele realizar acompañado de algún amigo o compañero de edad similar.
La adolescencia y juventud, son etapas en la vida de las personas que se caracterizan por la búsqueda de la
propia identidad, lo que implica la adquisición de la independencia emocional y personal frente a los padres y
adultos en general, impregnando a la mayoría de sus acciones un halo de rebeldía e incomprensión frente a los
adultos. En esa situación, la influencia y aceptación de los amigos y compañeros de la misma edad suele ser
más importante para los adolescentes, que la que puedan ejercer sus padres en casa y sus profesores en el
colegio. De ahí que los jóvenes tiendan a unirse entre sí, creando su propia subcultura, con lenguajes,
comportamientos y valores que les distingan y diferencien de los adultos. Además, es importante destacar, que
en la sociedad actual, en los países industrializados, los niños y adolescentes pasan la mayor parte de su
tiempo en el colegio y en la realización de actividades extraescolares, con sus compañeros, asumiendo en sus
decisiones y reflejándose en sus estilos de vida, las expectativas de los compañeros de su edad.
Las amistades juegan un papel importante como predictor de la futura conducta de los niños y adolescentes, por
lo que ha sido un factor objeto de múltiples estudios. El gozar de amistades que realizan con cierta asiduidad
conductas desviadas (beber, ingerir drogas, ausentarse en el colegio) o comportamiento antisociales o
delincuenciales, será un factor de riesgo en el comportamiento presente y futuro de los jóvenes, favoreciendo en
gran medida el que el joven con esos amigos se comporte como ellos para evitar sentirse discriminado y
excluido de su círculo o grupo de amigos.
2. LAS BANDAS JUVENILES (GANGS)
I. Diferencias conceptuales entre : Subcultura juvenil, tribus urbanas, pandillas y bandas juveniles
Que la delincuencia juvenil sea sobre todo un fenómeno de grupo, no implica que todo grupo de jóvenes
delincuentes sea una banda juvenil. Igualmente, asociaciones, agrupaciones o movimientos juveniles, que por
rebeldía, desobediencia, indisciplina o, simplemente, por diversión, comentan en determinadas ocasiones
actividades violentas, ilegales o ilícitas, tampoco pueden ni deben ser catalogados como bandas juveniles.
Las diversas acepciones utilizadas para la identificación de grupos y culturas juveniles haciendo referencia de
forma indistinta a pandillas, grupos, etc. de muy diferente origen y condición, necesitan forzosamente alguna
delimitación inicial, para no caer en el frecuente error de meter a todos estos jóvenes en el mismo saco.
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A modo de síntesis y, en lo que se refiere a nuestro país, podemos mencionar que la utilización de términos
tribus urbanas en los medios informativos comienza a mediados de los años 80, aunque su uso no se
generaliza hasta mediados de los años 90.
- Durante los años 80, las apariciones en los medios informativos están en gran medida determinadas por la
relación de estos grupos juveniles con asuntos o temas culturales, sobre todo de tipo musical, influidos
por la denominada “movida madrileña”, cuya conexión con la violencia prácticamente no se percibe,
salvo quizás en que los grupos de corte más radical como Heavys o Punks, aunque sí se aprecian en
casi todos estos grupos comportamientos catalogados como desviados (drogas y alcohol). De forma
más minoritaria existen algunos grupos radicalizados, que no dudan en utilizar la violencia en sus
reivindicaciones del talante de grupos juveniles de extrema derecha, extrema izquierda e insumisos.
- Es en los años 90 cuando se acentúa la vinculación de los grupos juveniles con la violencia, ya sea por la
atracción a corrientes políticas ultraderechistas como los skinheads o neonazis, por el fanatismo
deportivo de los grupos ultras o por reivindicaciones de carácter político como las luchas contra los
procesos de globalización, movimientos anti-globalización, contra el sistema económico o social, el
movimiento antisistema y el movimiento okupa, o contra el Estado español con reivindicaciones de
carácter nacionalista e independentista, como jarrai, principal responsable de la kale borroka en Navarra
y País Vasco.
Pese a esta radicalización y atracción por la violencia, estas diversas y variopintas tribus urbanas, no se pueden
catalogar como bandas juveniles, ya que, les falta un elemento definidor que no es otro que una finalidad
delictiva del grupo, lo que sí se da en los grupos latinos, cuya actividad, no sólo es violenta, sino claramente
delictiva, siendo objeto de preocupación para las fuerzas de seguridad como para la sociedad en general.
II. Características
Aunque no hay una definición consensuada, se puede entender por banda juvenil (gang) un grupo de jóvenes
unidos de forma permanente por mutuos intereses con las siguientes características: un nombre y una
simbología que haga reconocible a la banda, un líder identificable, un territorio geográfico bajo su
control, un lugar de reunión regular, e implicación en actividades delictivas.
Las características de las bandas, son cambiantes y es difícil reconducirlas a un denominador común, ya que
existen notables diferencias entre ellas, dependiente de diversos factores como: lugar (barrio, getho, etc.),
ciudad pequeña o grande, la etnia, pero podemos señalar como características más comunes:
I. La media de edad de los jóvenes miembros de la banda se sitúa entorno a los 17 o 18 años
II. Los jóvenes varones exceden en número a las mujeres
III. La etnia o raza predominante en las bandas es la afro-americana (48%) seguida por los hispanos (43%)
IV. La mayoría permanecen en la banda durante un año o menos y solamente una tercera parte permanece
en ellas durante más tiempo
Recientes investigaciones señalan que desde mediados de los años ochenta, las características que definían a
las bandas tradicionales han sufrido modificaciones significativas (están compuestas por jóvenes de diferentes
razas o etnias, aumento de la presencia femenina, mayor organización, ser menos territoriales y mayor
diversidad de actividades delictivas).
La mayor trascendencia de las bandas juveniles reside en que los jóvenes miembros de las bandas
delinquen en una proporción más alta que los jóvenes que no pertenecen a ninguna banda. La gravedad
de la delincuencia de las bandas juveniles se manifiesta también ante el incremento de su presencia en los
colegios.
III. ¿Porqué los jóvenes ingresan en bandas juveniles? Factores de riesgo
La variable que más correlaciona con el ingreso en las bandas juveniles es la inmigración.
Las características del barrio y de la ciudad son de gran importancia para comprender el proceso de inmigración
y cómo se relaciona con la violencia.
Los adolescentes recién llegados deben adaptarse rápidamente para evitar ser víctimas, y a menudo adoptan
comportamientos violentos como una forma de adaptarse al nuevo entorno.
La inmigración es un factor adicional que aumenta el riesgo de que los jóvenes adopten un
comportamiento violento o se unan a las bandas.
Esto es debido a que los hijos de los inmigrantes son más dados a confiar exclusivamente en sus colegas.
Los padres, al haber crecido en otro país, no pueden recurrir a experiencias pasadas para reconocer indicios de
problemas en sus hijos o para entender los problemas que sus hijos están encontrando.
Para la mayoría de los adolescentes inmigrantes, la afiliación con bandas es el resultado de un comportamiento
aprendido en el vecindario.
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Las bandas son una fuente de seguridad, un medio de evitar ser víctimas de conductas xenófobas o racistas.
Para muchos adolescentes, esta afiliación es claramente contextual puesto que cuando crecen y asisten al
instituto o mercado laboral fuera del entorno violento de su vecindario, su relación con los grupos violentos
disminuye.
El porqué se unen los jóvenes a las bandas se debe a una seria de factores difíciles de ordenar. Diversos
estudios e investigaciones han señalado, entre otros:
I. El atractivo de las bandas para los jóvenes , entendido en el sentido de otorgar a sus miembros un
prestigio o estatus entre sus amigos y compañeros, así como por la sensación de poder que otorga el
ser miembro de una banda
II. Proporciona una serie de oportunidades como pueden ser posibilidades de riesgo, excitación y
aventura, así como mantener un alto nivel de vida gracias al manejo de dinero conseguido por hurtos,
robos y venta de drogas
III. Buscando protección: factores sociales, económicos y culturales empujan a muchos adolescentes en
dirección a las bandas (sentimiento de seguridad)
IV. Por un sentimiento de identidad o de pertenencia a un grupo
V. Algunos jóvenes son reclutados coercitivamente, en comunidades donde las bandas están asentadas
firmemente en la comunidad y otros miembros de sus familias han pertenecido a la banda
IV. Estrategias de prevención
Aunque la tendencia ha sido estudiar las bandas como un fenómeno distinto de la delincuencia en general,
recientes trabajos en este campo ofrecen razones para creer que las bandas y los programas de prevención de
bandas pueden ser también estudiados dentro del contexto global de delincuencia juvenil.
En el ámbito de la prevención e intervención, es necesario según ESBENSEN partir de tres presupuestos:
1. El conocimiento de que la delincuencia precede generalmente a los miembros de las bandas, sugiere
que los programas de prevención no deben limitarse a la supresión o disolución de la banda
2. Factores de riesgo asociados con los miembros de las bandas han sido identificados con relativa
seguridad. Por tanto, las estrategias de prevención e intervención deben tener como objetivo prioritario
los jóvenes que se encuentran en estas situaciones de riesgo.
3. Dado el nivel de actividad delictiva desarrollado dentro del ambiente de la banda, programas específicos
que busquen intervenir en las vidas de los miembros de la banda también se deben fomentar.
Una vez asumidos estos presupuestos se pueden llevar a cabo los siguientes tipos de programas de
prevención:
1. Prevención primaria dirigida a la totalidad de la población juvenil que pueda encontrarse en situaciones
de riesgo para identificar condiciones que favorezcan comportamientos delictivos.
2. Prevención secundaria dirigida expresamente a aquellos individuos que han sido identificados en
situaciones de grave riesgo de convertirse en delincuentes.
3. Prevención terciaria dirigida a aquellos jóvenes envueltos en actividades delictivas o aquellos que
pertenecen a alguna banda.
4. Necesidad de evaluación de programas: se pueden conseguir resultados involuntarios (por ejemplo,
incrementar el grado de cohesión de las bandas, con el resultado de un aumento de su actividad
delictiva).
La interpretación de estos resultados es difícil, ya que cuantas más medidas de seguridad se utilizan en las
escuelas, la presencia de bandas es más significativa. Estos datos pueden indicar que se emplean más medios
de seguridad como medida de protección en respuesta a la presencia de bandas, y por ello, cuantas más
bandas, más medios de seguridad, y también que muchas de estas medidas de seguridad no se implantan con
efectividad y que por ello no son particularmente efectivas para reducir la actividad de las bandas en los
colegios.
V. Bandas juveniles en España
En España no existen estudios rigurosos sobre el fenómeno de las bandas juveniles.
Las bandas juveniles eran hasta hace poco prácticamente desconocidas en nuestro país. Sin embargo, en los
últimos tiempos estamos asistiendo a una gran alarma social producida en torno a este fenómeno, ante la
profusión de noticias aparecidas en los medios de comunicación sobre la proliferación de bandas juveniles, al
modo de las bandas norteamericanas, compuestas sobre todo por inmigrantes sudamericanos. En este sentido
el informe de la FGE ha alertado de la presencia de estos grupos en España.
Los dos grupos que más han dado que hablar, sobre todo en Madrid, son
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- los “Latin Kings” (ecuatorianos y colombianos) símbolo una corona de tres puntas, ropa amarillo
(dorado) y negro. Saludo enseñan tres dedos de la mano en forma de corona.
- y los “Ñetas” (origen Puerto Rico) símbolo un corazón, ropa: rojo, blanco y azul, saludo con los dedos
corazón e índice entrelazados y muy estirados.
Aunque en la actualidad ambas bandas empiezan a admitir españoles en sus filas. Se organizan al
modo de bandas norteamericanas, copiando su simbología, vestimenta, saludos, actitudes machistas
(mujeres acompañan a los líderes ayudando en tareas menores como portar armas blancas, obediencia
ciega al líder y control de su territorio), etc. A raíz es estos sucesos los medios de comunicación han
creado en la opinión la imagen de que existen bandas de jóvenes inmigrantes prácticamente en todas
nuestras ciudades, con el consiguiente peligro para nuestros jóvenes.
El conocimiento que tenemos de estas bandas goza de escasa credibilidad ya que todavía no se ha realizado
ningún estudio empírico que nos facilite información sobre el número de bandas que existen en España, la tasa
de criminalidad de las mismas, composición y características, etc.
3. VIOLENCIA EN LA ESCUELA La violencia en la escuela, también denominada vandalismo escolar, se puede manifestar de varias maneras:
agresiones físicas entre alumnos, por parte de los alumnos contra profesores, siendo frecuente también la
violencia contra objetos y cosas de la escuela. Dicha violencia se puede cometer dentro de la escuela o fuera de
ella, en los alrededores de la misma. Además, hay que mencionar otro tipo de agresión, mas extendida y mucho
más difícil de detectar, la que se manifiesta mediante agresiones físicas, amenazas, insultos, intimidación,
aislamiento o acoso, entre los propios escolares un fenómeno que en el mundo anglosajón se conoce como
Bullying.
I. El emergente fenómeno del Bullying o acoso escolar
La conducta de acoso escolar puede ser definida como “un comportamiento negativo (dañino) intencional y
repetido a manos de una o más personas dirigido contra quien tiene dificultad para defenderse”.
El bullying entre niños engloba una amplia variedad de comportamientos, todos ellos negativos, llevados a cabo
con frecuencia y de forma reiterada en el tiempo, como consecuencia de un real o percibido desequilibrio de
poder, en el que los chicos más fuertes del grupo se ceban con los más débiles, en la escuela o alrededores de
la escuela.
El funcionamiento del acoso escolar y sus efectos, se comprende muy bien de acuerdo al modelo de la espiral
descendente, que nos muestra como el acoso escolar es un proceso dinámico, susceptible de ser dividido en
cinco etapas en el que juegan una influencia decisiva tres roles: la víctima, el acosador y los espectadores.
Es sumamente ilustrativa “ciclo de la intimidación” en el acoso escolar. Comportamiento frecuente y reiterado,
que incrementa su agresividad y gravedad cuanto más se prolonga en el tiempo.
Al mismo tiempo, permite observar además de cómo afecta el acoso escolar al agresor y a la víctima, según se
van sucediendo las distintas etapas del acoso, el papel destacado que juegan en el acoso escolar otros
estudiantes, a los que denominan “espectadores”. (En la mayoría de las situaciones el poder real radica en el
grupo de iguales. La intimidación es actividad de grupo)
El bullying puede manifestarse de varias formas que generalmente implicarán agresiones físicas,
verbales o agresiones psíquicas.
En el informe Cisneros sobre “Violencia y acoso escolar” se observa que el tipo de acoso varía según
sea el sexo de la víctima. El tipo de acoso que suelen recibir los niños varones es más físico y menos
verbal predominando el patrón de intimidación y abuso físico directo, mientras que el acoso que reciben
las niñas se centra en lo verbal y en reducir socialmente a la niña rompiendo sus redes sociales
mediante el “envenenamiento” y entorpecimiento de sus relaciones con los otros.
Los comportamientos de acoso más frecuentes son:
- contra los niños varones, llamar por motes, pegar collejas o patadas, reírse o burlarse de él
cuando se equivoca, zarandearle o empujarle para intimidarle, amenazarle con pegarle, intentar
que le castiguen, hacer gestos para intimidarle, esperarle a la salida del colegio para meterse
con él.
- En contra de las niñas, las conductas de acoso más practicadas son las siguientes: meterse con
ella para hacerla llorar, decirle a otros que no estén o no hablen con ella, hacer que les caiga
mal a otras, prohibir a otros que jueguen con ella, impedir que ella juegue con otros, enviar
mensajes para amenazarla, u odiarla sinrazón, . aislamiento social de la víctima
Una de las constataciones más espectaculares del Informe Cisneros VII es la relación inversamente
proporcional entre la edad del niño y la tasa de acoso. A medida que el niño crece, las posibilidades
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de ser víctima disminuyen casi progresivamente, lo que contradice la creencia popular de que es en la
adolescencia donde este fenómeno adquiere mayor relevancia.
La verdadera importancia y trascendencia de este fenómeno reside en los efectos a corto y a largo
plazo que tiene tanto para las víctimas como para los maltratadores. El chico/a víctima de sus iguales
tiende a inculparse y a desvalorizar su imagen, para soportar el trato vejatorio y la discriminación que
sufre; el chico/a abusón y maltratador, tiende a auto justificarse, considerando débil a la víctima,
destruyendo sus posibilidades de desarrollar una mente moralmente justa y un comportamiento social
integrado.
El acosador es un niño al que le falta confianza en sí mismo y busca por ello, la aceptación y el reconocimiento
en el grupo. Las razones más habituales para acosar o maltratar son: respuesta a una provocación (17%), por
gastar una broma (10,3%), para evitar que me lo hagan a mí (3,3%), por pasar el rato (2,8%), porque a mi me lo
hacen otros (2,6%), o porque son más débiles (0,7%).
Las víctimas experimentan un asilamiento que inevitablemente les reporta una serie de problemas personales y
sociales como trastornos emocionales, dificultad para relacionarse y hacer amigos y unas pobres relaciones con
sus compañeros de colegio. Ser rechazado por sus compañeros disminuye la motivación para ir a la escuela,
estudiar y participar en actividades escolares y extraescolares, desarrollando un sentimiento de inseguridad y
pérdida de autoestima. Además, el impacto de este maltrato frecuente y reiterado, acompaña a las víctimas en
la edad adulta, al agravar el riesgo de sufrir fuertes depresiones y otros problemas mentales, incluyendo la
esquizofrenia.
Para los investigadores del maltrato, el bullying es un comportamiento asociado a otras formas de
comportamiento antisocial como vandalismo, hurto en tiendas, peleas, etc.
II. Dimensión del bullying
1. En nuestro país, el Estudio de la Percepción de la Violencia entre Escolares en Institutos de Andalucía,
revela que entre el 25 y el 30% de los alumnos de primer ciclo de la ESO, y entre el 17-18% del
segundo ciclo, revelan que han sido víctimas de su compañeros en algunas ocasiones, mientras que
solamente entre el 5 y el 2% sufren malos tratos de forma persistente por parte de sus compañeros. Sin
embargo, existe una cantidad no desdeñable de alumnos que no cuentan a nadie este problema.
El bullyuing es un problema que vive bajo la Ley del silencio; en general los chicos/as víctimas de sus
iguales no piden ayuda, aunque algunos sí lo hacen. A medida que avanza la edad confían menos en
sus profesores, tampoco la familia es conuelo. El bullying es un verdadero problema del grupo de
iguales al que es difícil acceder desde fuera.
2. El informe del Defensor de Pueblo sobre “violencia escolar: el maltrato entre iguales en la educación
secundaria obligatoria” (2000), se puede destacar:
a) que algunas de las manifestaciones de maltrato, entre ellas las que son consideradas más
graves -acoso sexual, amenaza con armas- se producen con poca frecuencia. Se produce un
mayor número de abusos por agresión verbal y exclusión social, seguidos por agresión física
indirecta, conductas de amenaza para intimidar, agresiones física directas (pegar), y, con
porcentajes claramente inferiores, obligar a otro a hacer cosas que no desea, el acoso sexual y
la amenaza con armas.
b) La variable género muestra que, allí donde aparecen diferencias, éstas siempre ponen de
manifiesto que los chicos no sólo agreden más sino que también sufren mayor número de
agresiones que las chicas
c) Aparece una pauta muy consistente en el sentido de que las agresiones se sufren en primer
curso en un número significativa mayor que lo representa la tendencia media, al contrario que lo
que ocurre en cuarto
d) El maltrato a los iguales es protagonizado mayoritariamente por un compañero/a de la misma
clase
e) Quienes tienen pocos amigos tienden, en un grado moderado a sufrir exclusión social,
agresiones verbales y físicas.
f) La clase es el escenario más habitual para insulte y motes y acoso sexual.
g) La víctima tiende a comunicar su situación de modo mayoritario a sus amigos y en abusos
graves a familia y profesorado
h) La ayuda viene prácticamente sólo de los amigos, que en ciertas situaciones más grave incluso
dejan de prestarla.
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3. Informe del Centro Reina Sofia (2005) sobre violencia entre compañeros en la escuela
4. Estudio Cisneros VII sobre “violencia y acoso escolar” 2005
Para atajar la violencia escolar, desde comienzos de 1998 vienen funcionando en unos 3.000 centros escolares
los “Programas de educación para la tolerancia y prevención de la violencia en los jóvenes”
El aumento de la violencia en la escuela es un fenómeno real y preocupante pero que hay que abordar sin
grandes alarmismos ya que no todos los comportamientos violentos tiene la misma naturaleza ni son igualmente
dañinos (siempre han existido pandillas y pequeños matones, del mismo modo que también se suelen producir
fenómenos de violencia esporádicos). La LOGSE prolonga la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, que en
caso de repetidores pueden alcanzar los 17 y 18 años, el bullying como fenómeno escolar suele desaparecer a
los 16 años, a partir de esa edad se agudizan los casos graves dando lugar a violencia juvenil callejera y
predelincuencia.
III. El caso “Jokin”
En nuestro país, el fenómeno bullying saltó a los medios de comunicación a raíz del trágico suicidio de Jokin,
joven de 15 años de secundaria en Guipúzcoa.
De los datos del juicio se desprende la gravedad que puede alcanzar el acoso escolar para las víctimas, así
como la crueldad que pueden llegar a mostrar algunos jóvenes. El Juzgado de Menores de San Sebastián
impuso a los 8 menores autores una medida de 18 meses de libertad vigilada por un delito contra la integridad
moral.
IV. La respuesta al acoso escolar desde la jurisdicción de menores
El acoso escolar se consideraba hasta hace poco tiempo algo inevitable y en cierta manera ajeno a las
posibilidades de intervención del sistema penal, como problema privado que debía de ser solventado en el seno
de las relaciones entre iguales, o todo lo más en el ámbito de la disciplina escolar, sin intervención de la
jurisdicción de menores.
En la actualidad la situación ha dado un giro radical y la sociedad no está ya dispuesta a tolerar estas conductas
en nuestras escuelas, denunciando ante las autoridades policiales y judiciales cualquier situación de acoso
escolar en el que se ven envueltos sus hijos.
El problema reside en que el acoso escolar no es delito tipificado como tal en el CP.
Si lo consideramos como una conducta consistente, permanente y no esporádica ni anecdótica situación de
vejaciones, amenazas e incluso ataques a la integridad física del menor, alumno de Centro de Enseñanza, por
parte de otros jóvenes dentro o fuera del centro pero cuya relación entre ellos nace dentro del Centro, pudiendo
tener las conductas constitutivas de acoso escolar diversas significaciones jurídico penales, que pueden ir desde
la falta a la comisión de un delito grave.
Actualmente el art 173 CP cuando los hechos tengan entidad suficiente, la conducta de acoso podrá calificarse
173.1 castiga al que infligiera a otra persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad
moral.
Si se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, etc. Se castigarán los hechos separadamente
con la pena correspondiente por delitos o falta cometido excepto cuando aquél se halle especialmente castigado
por la ley.
1. La respuesta al acoso escolar desde la jurisdicción de menores cuando se demuestra la gravedad y la
crueldad de la conducta, denota la necesidad de acudir a una medida que integre en su seno los
diversos planos que debe satisfacer la respuesta judicial a un comportamiento de las características del
acoso escolar:
2. Ratificar la importancia del respeto a la dignidad y la salud de todos los menores que se integran en el
medio escolar.
3. Desaprobar la conducta vejatoria y lesiva protagonizada mediante la transmisión de un mensaje
explícito de reprobación del comportamiento perceptible por el destinatario de la medida.
4. Reconocer la significación del sufrimiento infligido a la víctima y a su entorno familiar, y
5. Crear un marco de contención educativo que, a través de la responsabilización por la conducta
desarrollada, evite que los menores vuelvan a humillar, vejar y dañar.
Estos objetivos se puede cumplir mediante diversas medidas que suelen oscilar entre la imposición del régimen
de libertad vigilada o trabajos en beneficio de la comunidad, hasta internamiento en régimen abierto, nueva
medida de alejamiento siempre como referente no sólo al valoración jurídica de los hecho sino también, y de
forma especial, la edad, circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del tenor, debiendo el
juez motivar la sentencia.
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Mientras las manifestaciones más graves de acoso justifican sobradamente la intervención de la jurisdicción de
menores, las derivaciones de acoso soterrado (exclusión social, motes, hablar mal de un compañero,
esconderle cosas) tienen su campo de resolución generalmente más adecuado dentro del propio ámbito
educativo escolar y familiar. El tratamiento debe ser fundamentalmente preventivo, e incluso una vez detectado
un caso, cabrá adoptar distintas respuestas, en ocasiones desde el ámbito estrictamente académico.
4. INMIGRACIÓN Y DELINCUENCIA JUVENIL Existen importantes razones para pensar que los inmigrantes deberían participar en la delincuencia en mayor
grado que las personas autóctonas del país. Por ejemplo, los inmigrantes encuentran problemas de integración
y asimilación cultural, así como tienden a encontrar residencia en barrios desorganizados caracterizados por
circunstancias estructurales aunque a menudo están asociados a la delincuencia, pobreza, heterogeneidad
étnica y la preponderancia de jóvenes varones.
I. Teorías explicativas de la delincuencia de los jóvenes inmigrantes
- Las teorías de la desigualdad de oportunidades COHEN destacan las estructuras sociales y
materiales que dan forma a los valores y actividades de los grupos en la sociedad. Dado que no todos
los grupos sociales tienen el mismo acceso a las oportunidades legitimas para la obtención de riqueza y
estatus social, algunos sujetos innovaran para tomar ventaja de las oportunidades ilegítimas a su
alcance. Segregados en barrios que se caracterizan por su pobreza, viviendas deterioradas, malas
escuelas y altas tasas de delincuencia, los inmigrantes pueden encontrar en la delincuencia un
mecanismo para superar las barreras para tener acceso a oportunidades económicas. Del mismo modo,
las pandillas juveniles pueden ser conceptualizadas como un mecanismo alternativo para asegurar
riqueza y estatus en áreas urbanas con una alta concentración de inmigrantes.
El sistema de valores y normas de la clase media es el dominante y referente en una sociedad, éste es
el que rige también para aquellas capas o clases más bajas de la sociedad, donde se suelen ubicar los
jóvenes inmigrantes, que intentan acceder a las mismas metas que las clases medias pero con un
hándicap insoportado en cuanto no disponen de los medios económicos, educativos y culturales. Esta
situación provoca una situación de tensión y frustración.
- Teoría del conflicto cultural SELLIN: Los inmigrantes al mantener como normas de referencia y de
comportamiento los de su cultura de origen, pueden entrar en conflicto con las normas sociales y
culturales de los países a los que emigran.
- La perspectiva de la desorganización social (SHAW Y MCKAY), añade una preocupación por la
ruptura de las instituciones sociales de la comunidad como resultado de los cambios demográficos y
sociales que produce la inmigración. La implicación es que cuando los controles sociales de la
comunidad se debilitan la delincuencia florece. La desorganización social supone la disminución de la
influencia de las reglas sociales existentes sobre la conducta de los miembros individuales de un grupo,
e implica una separación entre las reglas y las actitudes, de tal forma que los individuos no se sienten
obligados por las leyes y se consideran libres para desobedecerlas.
- Cuestiones demográficas: la inmigración trae un número desproporcionado de jóvenes varones a los
países receptores, podríamos esperar que los inmigrantes exhiban tasas de delincuencia mayores que
la población autóctona.
II. Tipos de jóvenes extranjeros y su relación con la delincuencia
1. Menores extranjeros”
El art. 35 LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, hace
referencia por primera vez en un texto con rango de ley a esta categoría de sujetos. Sin embargo, el citado art.
35 se refiere a un tipo específico de menores extranjeros, a los menores inmigrantes, cuya llegada al territorio
español está determinada por motivos de emigración.
Es importante diferenciar, los menores extranjeros en situación regular, por ejemplo, estudiantes o turistas,
de aquellos que entran en nuestro país de una forma irregular. Y dentro de esta última categoría, los menores
inmigrantes no acompañados, de aquellos que emigran a España junto a sus familias o con otros adultos.
2. Menores inmigrantes no acompañados
Dejando a un lado la concepción social que se pueda tener de los mismos, desde un punto de vista
estrictamente jurídico, la Directiva 2003/86/CE del Consejo de Europa de 22 de septiembre de 2003, define en
su art. 2-f) al menor no acompañado como el nacional de un tercer país o apartida menor de 18 años que llegue
al territorio de los Estados miembros sin ir acompañado de un adulto responsable de él, ya sea legalmente o con
arreglo a la costumbre, mientras tal adulto responsable no se haya hecho cargo efectivamente del menor, o
cualquier menor al que se deje sólo tras su entrada en el territorio de los Estados miembros.
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3. Inmigrantes de segunda generación
Se suele entender a aquellas personas que han nacido en el país de emigración de padres inmigrantes o
aquellos que emigran de niños.
Aunque puede parecer raro, los estudios reflejan una más alta de criminalidad de estos jóvenes inmigrantes que
sus progenitores inmigrantes e incluso que los nacionales del país.
Diversos estudios sostienen que el conflicto cultural se manifiesta con más fuerza en la segunda generación de
inmigrantes, que se encuentra expuesta a normas confrontadas.
La segunda generación debe por tanto integrar dos fuentes de normas muy diferentes, lo que genera conflictos
culturales en muchas ocasiones, ya que se encuentran situados entre dos modelos de socialización, que
frecuentemente se muestran como opuestos o enfrentados. Por un lado, la segunda generación tiende
necesariamente a continuar con el legado cultural de sus progenitores, mientras que por otro lado comienza un
proceso de asimilación cultural de las normas y costumbres del su ya nuevo país. La asimilación cultural
aparentemente debilita el impacto de los controles sociales tradicionales en las comunidades de inmigrantes, al
romper el sentimiento de identidad entendido como la pertenencia a un grupo social cohesionado con unas
características sociales y culturales comunes.
MATEU-GELABERT explica el riesgo que la migración supone para los adolescentes, centrándose
especialmente en la discontinuidad cultural que ocurre dentro de las familias inmigrantes.
Los padres socializados en su país natal intentan educar y disciplinar a sus hijos de unas formas que los
adolescentes consideran anticuadas e inaceptables en el nuevo país.
Al mismo tiempo, los adolescentes tienen que socializarse, o aprender cómo comportarse, en esferas (escuela-
calle) en las que sus padres no han tenido ninguna experiencia previa sobre la que basarse para guiar a sus
hijos. Esto crea una situación en la que los adolescentes piensan que deben buscar a sus colegas para consejo
y como modelos de cómo adaptarse a su nueva realidad.
El proceso de adaptación y socialización en el nuevo país también está influenciado por las características del
vecindario y por la organización social de la violencia que impregna el área. Para este autor la inmigración
provoca una ruptura en la socialización familiar normal. Los hijos de la segunda generación se socializan en
círculos en los que sus padres no han tenido experiencias previas. Además, los padres y los hijos confían en
grupos de referencia diferentes para claves de comportamiento.
Sin embargo los inmigrantes de segunda generación sienten un alto grado de deprivación relativa porque su
grupo de referencia no es la familia ni los amigos del país natal de sus padres, sino otros jóvenes de su entorno
con más recurso económicos, éstos quieren adquirir los bienes materiales que son los símbolos de estatus
social dentro de “su” grupo de referencia a pesar de los limitados recurso económicos de sus familias. Además
factores estresantes para las familias al disminuir la efectividad maternal/paternal en la supervisión de los hijos
adolescentes, debilitada por el trastorno familiar, grados de socialización experimentados por padres e hijos,
emigración circular, etc.
Disrupción Familiar.- La inmigración provoca la separación de las familias que puede durar años. Una
vez que las madres han podido establecerse en el nuevo país, pide que sus hijos se reúnan con ella.
Como resultado, los hijos en su pre-adolescencia, después de una larga separación, viven con sus
madres por primera vez durante un significativo período de su desarrollo.
Diferentes grados y diferente rapidez de socialización El salto generacional es agravado por la
rapidez con la que los adolescentes se socializan en el nuevo país. La tensión normal entre
adolescentes y padres empeora en familias inmigrantes debido al hecho de que los padres están menos
familiarizados con la cultura del nuevo país y se adaptan a un ritmo más lento que sus hijos.
(Desconocimiento paternal sobre valores y actitudes de la calle y padres necesita a menudo recurrir a
sus hijos para tratar con departamentos del gobierno, cambio de roles que debilita su autoridad)
Emigración Circular como Medida Disciplinaria Las distintas creencias culturales sostenidas por los
adolescentes y los padres pueden también llevar a una medida disciplinaria que parece ser nueva entre
los inmigrantes. Muchos padres inmigrantes están convencidos de que la forma de educar a los hijos en
su país natal, ahora idealizados en sus mentes, son mejores, así cuando la seguridad de sus hijos se
pone en entredicho o cuando los hijos se involucran en situaciones serias, a menudo los padres deciden
enviarlos al país de origen “más respetuosos y mejor educados”.
Distintas expectativas sobre roles de Género Los padres (dependiendo de la cultura de origen)
permitían que los adolescentes varones permanecieran en la calle sin ninguna supervisión hasta altas
horas de la noche pero no a las hijas.
Diferencias en la Supervisión de los adolescentes En el país natal, los padres confiaban en la ayuda
de amigos y vecinos para vigilar a los hijos.
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Percepciones de Restricciones Institucionales A menudo los padres sienten que su capacidad de
disciplinar con éxito a sus hijos es dificultada porque en países como España cualquier castigo físico
puede interpretarse como abuso al menor.
En Europa este fenómeno ha adquirido gran importancia en los últimos años realizándose por ello diversas
investigaciones criminológicas:
- KILLIAS explica como los inmigrantes de segunda generación no tienen las mismas posibilidades que
los nacionales para adquirir una adecuada educación, siendo, a su vez, discriminados en el acceso al
mundo laboral, lo que les lleva en muchas ocasiones a delinquir por motivos económicos. También
deduce que su delincuencia resulta erróneamente sobre-representada, ya que si se compara la tasa de
delincuencia con la de sujetos nacionales en similares condiciones económicas, las tasas de
delincuencia se equiparan a niveles muy similares.
- JUNGER: afirma que las condiciones socioeconómicas del núcleo familiar de pertenencia tienen una
relación muy débil con la delincuencia mientras que existe una correlación elevada entre la delincuencia
autorevelada y vínculos sociales (el mal funcionamiento familiar, la ausencia de control por parte de los
padres, falta de implicación en su educación, etc.)
III. La delincuencia de los jóvenes inmigrantes
Puede afirmarse, a la luz de las investigaciones llevadas a cabo, que la delincuencia de los inmigrantes no
supera las tasas delincuenciales de los sujetos originarios del país.
Es posible sugerir que la inmigración contemporánea no crea comunidades desorganizadas sino que sirve para
estabilizar los barrios por medio de la creación de nuevas instituciones sociales y económicas.
Los inmigrantes residen en barrios pobres pero atenúan los efectos de estas condiciones locales por medio de
la mayor prevalencia de familias extendidas e intactas y por medio del contacto regular con el mercado laboral.
Los inmigrantes son un grupo constituido más por trabajadores pobres, que trabajan en áreas dominadas por el
pequeño comercio y el autoempleo que por parados crónicos.
Sin embargo, pese a que las tasas de delincuencia de los inmigrantes no son tan altas como pudiera esperarse,
no es menos cierto que si observamos las estadísticas policiales, las detenciones de menores inmigrantes han
experimentado un fuerte aumento. Esto puede deberse, en parte, al alto número de menores extranjeros
denunciados en comparación con los nacionales y a la mayor probabilidad de ser detenidos y condenados. Por
todo ello no debemos equiparar inmigración y delincuencia.
18
CAPÍTULO III PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
1. PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
I. Prevención de la delincuencia. Delimitación conceptual
Coloquialmente, prevenir equivale a evitar, y desde nuestro ámbito de estudio de lo que se trata es de prevenir
conductas antisociales y, sobre todo delictivas.
Así, el Derecho penal distingue entre prevención general y prevención especial, mientras que la
Criminología diferencia la prevención, desde un punto de vista temporal o cronológico, en primaria, secundaria
y terciaria.
La prevención primaria se orienta a las causas, a la raíz de la conducta antisocial, para intentar su
neutralización antes de que se manifieste.
La prevención secundaria se dirige a aquellas personas que exhiben un mayor riesgo de padecer
comportamientos antisociales o delictivos.
Por último, la prevención terciaria, se dirige a aquellas personas que ha han delinquido y han sido
condenados, para prevenir la comisión de delitos en el futuro, evitar la reincidencia en el delito.
A su vez, la moderna Criminología, distingue entre prevención individual y prevención estructural, según se
lleven a cabo las estrategias preventivas sobre individuos determinados o sobre algún grupo o colectivo.
La prevención individual se dirige directamente a los jóvenes que se encuentran en una situación de
riesgo de ser delincuentes.
La prevención estructural, por el contrario, tiende a modificar el ámbito social en el que los jóvenes se
desenvuelven.
Por último, desde el ámbito criminológico se pueden distinguir también entre:
La prevención criminal, dirigida hacia el potencial infractor y
La prevención victimal orientada a la prevención del riesgo de victimización.
La moderna Ciencia del Derecho penal, establece como fines de la pena, la prevención general y la prevención
especial:
Prevención general, la amenaza de la pena sobre la colectividad, de tal modo que la pena implica una
intimidación dirigida a la generalidad de la sociedad, que opera como freno de los comportamientos
delictivos (prevención general negativa), fortaleciendo a su vez a la colectividad en su conciencia
jurídica y en la obediencia al derecho (prevención general positiva), ya que cuando se comete un delito,
el Estado garantiza la pronta imposición de una pena (principios de celeridad y certeza), adecuada a la
gravedad de la infracción (principio de proporcionalidad).
La prevención especial, pretende que quien ya ha delinquido no vuelva a hacerlo a través de la
advertencia o intimidación individual que supone la imposición de una pena (prevención especial
negativa) y realizando actividades de tratamiento en instituciones o en libertad, encaminadas a la
reeducación y rehabilitación del delincuente (prevención especial positiva).
Recapitulando, podemos clasificar siguiendo a BANDINI et al., la actividad de prevención en cuatro categorías,
según el momento de la intervención (antes o después de la comisión del delito) y del tipo de respuesta (penal o
no penal).
- Actividad preventiva realizada antes de la comisión de un delito y llevada a cabo fuera del sistema
de justicia penal, como programas individuales, sociales o situacionales dedicados a combatir aquellos
factores individuales, sociales y ambientales que influyen en el delito, o a incidir sobre las condiciones
necesarias para su comisión, con la finalidad de reducir las probabilidades de que lleguen a cometerse.
- Actividad preventiva realizada antes del delito a través del sistema penal: se puede definir de esta
forma el efecto intimidante derivado de la existencia misma de la ley penal y de su aplicación a la
generalidad de los ciudadanos o a una categoría particular de ellos (prevención general).
- Actividad de prevención realizada una vez se ha cometido el delito a través del sistema penal:
tratamiento en instituciones o en libertad encaminado a la reeducación o rehabilitación del delincuente
(prevención especial positiva), así como el efecto de neutralización o inocuización obtenido mediante la
reclusión del delincuente (prevención especial negativa).
- Actividad realizada después de la comisión del delito fuera o a extramuros del sistema penal,
cuando existe la convicción de que una intervención penal no tendría ningún efecto preventivo sobre el
delincuente: en este ámbito se encuentran los programas de diversión y las iniciativas de mediación y
conciliación entre el autor y la víctima.
19
Respuesta no penal Respuesta penal
Prevención anterior a la
comisión del delito
- Programas individuales
- Programas sociales
- Programas situacionales
Programas de intimidación a través de la ley
penal (prevención general negativa)
Prevención preventiva
posterior al delito
- Programas de diversión
- Programas de mediación y
conciliación
- Programas de tratamiento, reeducación y
resocialización (prevención especial positiva)
- Programas de neutralización o
incapacitación (prevención especial negativa)
II. Predicción de la delincuencia juvenil
La prevención se dirige a evitar que los niños y jóvenes incurran en comportamientos antisociales o delictivos,
mientras que la predicción busca conocer las situaciones de riesgo que hacen necesaria una intervención
preventiva.
Las causas o motivaciones de la delincuencia juvenil son múltiples y, la importancia de unas u otras es un factor
variable en cada caso.
1. Factores de riesgo
La literatura criminológica más reciente señala como ámbitos con factores de riesgo más influyentes en el
comportamiento antisocial y delincuente de los jóvenes:
- La familia juega un papel relevante en el proceso de socialización de los jóvenes, influyendo en gran
medida en su futuro comportamiento. Estrechos vínculos entre padres e hijos, buena comunicación,
supervisión y control de los hijos, o una disciplina adecuada, reducen el riego de delincuencia juvenil.
- La escuela opera como un inhibidor de la delincuencia, ya que el éxito académico y buenas actitudes
hacia la escuela reducen la delincuencia.
- El grupo de iguales (peers) es importante en el desarrollo psicosocial al ofrecer a los adolescentes un
sentido de pertenencia, un soporte emocional y normas de comportamiento señalándose como un factor
de gran influencia en la delincuencia juvenil, hasta llegar a afirmarse que la asociación con amigos
delincuentes es el mejor predictor de la delincuencia en las investigaciones actuales.
- El consumo de drogas
- La comunidad
- Por último, se mencionan también como factores predictivos de futuros comportamientos antisociales o
delictivos, una serie de factores individuales de carácter fundamentalmente psicológicos
desarrollados en la infancia.
- Desordenes internos como nerviosismo, preocupación o ansiedad; problemas psicológicos como
hiperactividad, problemas o dificultades de concentración; conductas agresivas o violentas o baja
inteligencia. Estos problemas, trastornos o carencias de la personalidad pueden influir en el adecuado
desarrollo de la personalidad de los jóvenes, creando niños y jóvenes inmaduros, ególatras,
egocéntricos, impulsivos o agresivos, comportamientos todos ellos fuertemente asociados a la
delincuencia juvenil.
20
Aunque estos son los factores predictores más influyentes en la aparición de comportamientos antisociales o
delincuentes, su influencia no es uniforme.
GARRIDO “la mayoría de los factores de riesgo tienen una correlación baja con la delincuencia; el problema
viene cuando se acumulan varios. Los factores de riesgo ejercen una mayor o menor influencia dependiendo de
la edad en la que aparecen.
2. La paradoja de la resistencia. Factores protectores
Existen una serie de factores de riesgo que puede influir, en mayor o menor medida, en la aparición de una
conducta antisocial o delictiva en niños y jóvenes. (Ejemplo: niño en barrio marginal padre en paro, hermano en
cárcel pero sigue “el buen camino”). Esta situación se denomina de “resistencia”.
Todo parce apuntar a la existencia de una serie de factores individuales y ambientales que funcionan como
protectores reales ante la existencia de eventos severos y acumulativos, y situaciones estresantes de vida.
Estos factores protectores se refieren a las influencias que pueden suprimir o mitigar el efecto de los factores de
riesgo incrementando la resistencia: La resistencia implica un proceso de adaptación flexible en tres sentidos
(vivir en barrio marginal):
A) Un desarrollo saludable en medio de un ambiente desfavorable
B) Mantener la competencia social bajo factores de estrés específicos (abandono de hogar o muerte del
padre)
C) Recuperarse de un trauma severo (abuso sexual, maltrato)
D) BLOOM propone el término juvenile rightency como un concepto opuesto al de delincuencia juvenil, pero
entendido no como la mera ausencia de comportamientos negativos o antisociales, sino como concepto
general en el sentido de comportamientos sociales positivos.
Una eficaz estrategia de prevención de comportamientos antisociales en los adolescentes, parte de identificar
los factores de riesgo que influyen en esos comportamientos.
La mayoría de los factores de protección pueden ser considerados como los opuestos de los factores de riesgo.
Los factores protectores se pueden encuadrar en : factores protectores individuales (género femenino, alta
inteligencia); vínculos sociales (afectividad, apoyo emocional), y creencias saludables y sólidos modelos de
comportamiento (compromisos con valores morales y sociales, buenos modales)
III. Valoración de los factores de riesgo de cara a una intervención con delincuentes juveniles.
El conocimiento de los factores de riesgo y de protección, tiene a juicio de GARRIDO dos implicaciones
importantes para la intervención con delincuentes juveniles:
1. Permite elaborar escalas de predicción empíricas, basadas en la puntuación que obtienen los jóvenes
en esos factores, ubicando así los sujetos en diferentes categorías de riesgo: bajo, moderado, alto o
muy alto.
2. Averiguación de cuáles son los factores de riesgo y protección de un sujeto en particular, constituye un
paso necesario para dilucidar cuáles son los objetivos de intervención en su caso, e incidir en
aquellos factores de riesgo dinámicos más relevantes en la vida del sujeto, con el propósito de
modificarlos, a la vez que se toma también en consideración cuáles son los factores de protección que
presenta, para que al ser apoyados por el programa, influyan en los factores de riesgo para disminuir su
impacto.
2. NECESIDAD DE LLEVAR A CABO INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN DURANTE LA INFANCIA Y
ADOLESCENCIA En la infancia y adolescencia, resulta habitual que comportamientos antisociales e incluso delictivos, se
correspondan con una conducta normal del niño y adolescente, formando parte del proceso de crecimiento,
aprendizaje y desarrollo social de los mismos. La mayor parte de esta delincuencia es de carácter leve,
episódica y no suele dejar posteriores efectos negativos. Ahora bien, una minoría de esos niños y adolescentes,
generalmente autores de delitos más graves y frecuentes, tiene más posibilidades de convertirse en
delincuentes habituales, que los que comienzan a edades más tardías. Tras observase en varias
investigaciones que la mayoría de los delincuentes crónicos, de carrera o multireincidentes, empezaron su
actividad criminal a edades tempranas, se ha prestado una mayor atención a los déficit del desarrollo de la
personalidad y a los vínculos sociales formados durante la infancia, como precursores de una posterior conducta
antisocial y delictiva.
Por otro lado, la falta de efectos positivos de las intervenciones preventivas realizadas con delincuentes adultos,
justifica los intentos de prevenir comportamientos delictivos llevados a cabo con niños, antes de que se
conviertan en delincuentes.
21
I. Evaluación de los programas de prevención
La importancia y necesidad de que los programas de prevención de la delincuencia que se quieran implantar
cuente con un método científico de evaluación de los mismos, es una cuestión plenamente asumida en la
Criminología actual.
El propósito de la evaluación en todos los casos es proporcionar aquellos conocimientos que generen
correcciones y mejoras en la teoría y práctica de la prevención del delito. Del mismo modo que las teorías
criminológicas que intentan explicar la etiología de la delincuencia, deben ser testadas y verificadas
empíricamente, para abandonar aquellas que no pueden ser refutadas o no obtengan resultados concluyentes,
los programas de prevención de la delincuencia juvenil que se vayan a llevar a la práctica, deben ser evaluados
para comprobar si los resultados obtenidos se corresponden con lo que teóricamente se pretendían obtener, ya
que no siempre resulta fácil llevar a la práctica los programas de prevención de la delincuencia diseñados en un
laboratorio.
Así, la investigación criminológica ha demostrado la ineficacia de algunos programas de prevención de la
delincuencia juvenil.
II. Métodos de evaluación
Ante la variedad y diversidad de programas de prevención de la delincuencia juvenil, vamos a analizar
brevemente algunos programas que han demostrado su efectividad en la reducción de comportamientos
violentos, agresivos y delincuenciales. Esta selección incluye en todos los casos cuatro criterios:
1. Un diseño experimental o cuasi-experimental que incluya una asignación aleatoria a un grupo de
control. Por un lado, se hace necesario constatar que existe una importante relación entre la claridad de
los objetivos que pretende el programa, su fundamento teórico y los métodos empleados, y sus efectos
globales. Por otro lado, un diseño teórico que no incluya la comparación del grupo sobre el que se
desarrolla el programa, con un grupo de control que reúna las mismas o similares características, no
podrá demostrar objetivamente sus resultados.
2. Evidencia estadística significativa de efectos disuasorios en delincuencia, uso de drogas y/o
comportamientos violentos o agresivos. Los programas de prevención de la delincuencia, ya sea
evitando su aparición o reduciendo la reincidencia. Sólo los programas que persiguen estos objetivos
podrán ser denominados apropiadamente programas de prevención de la delincuencia juvenil.
3. Réplica, con efectividad demostrada, en al menos un lugar adicional. Un programa efectivo en
diferentes situaciones y contextos, debe ser replicado con éxito al menos en algún lugar adicional de
aquél para el que fue diseñado.
4. Evidencia de que los efectos disuasorios se mantienen durante al menos un año tras la finalización del
programa. Debe ser eficaz a largo plazo.
5. Análisis de costes y beneficios.
3. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE CONDUCTAS ASOCIADAS A LA DELINCUENCIA
I. Técnicas de entrenamiento cognitivo (Cognitive Skills Training)
Las propuestas de entrenamiento cognitivo asumen que los comportamientos agresivos y antisociales de los
delincuentes juveniles se deben a una falta de entrenamiento cognitivo e interpersonal para manejar cambios en
situaciones familiares, escolares y de amistad. En consecuencia estos programas preventivos ofrecen
estrategias y habilidades para mejorar la resolución de problemas, razonamiento, autocontrol y relaciones
interpersonales, reduciendo la delincuencia y el consumo de drogas.
II. Programas de entrenamiento de padres
La familia es la principal responsable de inculcar valores morales y normas de comportamiento pro sociales a
los niños. Cuando la familia no acepta o declina su responsabilidad, los niños tendrán un mayor riesgo de
desarrollar comportamientos antisociales. Estos programas se proponen cambiar aquellos déficit familiares
que mayor influencia desarrollan en comportamientos antisociales y delictivos.
Existen muchos y diferentes tipos de programas de entrenamiento familiar dirigidos a diferentes tipos de familias
y a diferentes problemas familiares. Tres tipos de programas aparecen como los más efectivos en reducir los
factores de riesgo e incrementar los factores protectores dentro del ámbito familiar.
El entrenamiento del comportamiento de los padres (Parent management Training o PMT) pretende que los
padres aprendan a utilizar técnicas efectivas de disciplina y que ignoren comportamientos egoístas, testarudos o
chantajistas de los niños. En grupos o de forma individual, los padres aprenden la aplicación de nuevas
estrategias dirigidas principalmente a comunicar con claridad las expectativas sobre el comportamiento positivo
y negativo del niño; identificar estos comportamientos; identificar y anticiparse a comportamientos
problemáticos; alentar de forma positiva (premios, recompensas, privilegios) el comportamiento positivo del niño;
y aprender a castigar los comportamientos negativos sin tener que recurrir al castigo físico.
22
Las intervenciones de terapia familiar (Family Therapy Interventions) se utilizan preferentemente con familias en
las que preadolescentes y adolescentes manifiestan, a menudo, comportamientos problemáticos. Es un modelo
diseñado para comprometer y motivar a estos jóvenes y a sus familias a que cambien su comunicación, relación
y resuelvan sus problemas.
Estos dos tipos de programas obtienen resultados positivos al reducir factores de riesgo asociados a la
delincuencia como agresividad e hiperactividad.
III. Programas centrados en la familia (Family Focused Programs)
Las técnicas de entrenamiento familiar son intervenciones comprehensivas, que se dirigen a la familia en
conjunto.
The Strengthening Families Program (SFP) fue diseñado originalmente por KUMPFER y su equipo como un
programa dirigido a reducir los factores de riesgo de consumo de alcohol y drogas por los niños. El programa se
desarrolla en 14 sesiones de dos horas de duración en semanas consecutivas. Tiene dos versiones, SFP para
niños de la escuela elemental y sus familias, y SFP para padres y niños de 10 a 14 años. Cada versión incluye
entrenamiento independiente para niños y padres y, conjunto, para toda la familia.
4. PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA DELINCUENCIA JUVENIL
Al ser la niñez, adolescencia y juventud etapas del desarrollo físico, psicológico y social de las personas, dentro
de un proceso evolutivo del niño a la madurez, los programas de prevención de la delincuencia juvenil pueden
diferenciarse al ser realizados con sujetos de diferentes edades al comienzo de la intención, distinguiéndose tres
grandes grupos: prevención de delincuencia con niños de edad preescolar, edad escolar y con adolescentes.
La investigación criminológica más reciente ha puesto de relieve la necesidad de implantar modelos de
prevención multimodales, es decir, que actúen sobre los diversos factores de riesgo que influyen en la carrera
delictiva de los jóvenes, o bien incrementen y potencien los factores protectores, que el programa se
fundamente en una teoría sólida, que emplee métodos de entrenamiento en habilidades sociales y habilidades
cognitivas, y en solución de problemas interpersonales y que intervengan a edades lo más tempranas posibles,
ya que una pronta intervención alcanza un mayor grado de eficacia que si el programa se lleva a cabo con una
mayor edad de los jóvenes.
I. Prevención primaria
1. Programas de prevención con niños de edad preescolar. The High/Scope Perry Preschool Project
La importancia de este programa de prevención secundaria reside en que ha sido objeto de un seguimiento
longitudinal, durante más de 40 años, lo que hace sumamente interesantes sus resultados.
Descripción y metodología del proyecto:
The High/Scope Perry Preschool Project es el centro de un estudio longitudinal, comenzado en 1962 y
todavía en curso, sobre 123 niños afroamericanos de alto riesgo, residentes en la localidad de Ypsilanti,
Michigan. La elección de estos niños se basó en que cumplieran los siguientes parámetros: estatus
socioeconómico bajo, bajo nivel de inteligencia, buen estado físico, y alto riesgo de fracaso escolar.
Los 123 niños fueron divididos en dos grupos de acuerdo a su edad, inteligencia, género y estatus
socioeconómico, intentando que no hubiera otras diferencias significativas entre ambos grupos.
El proyecto consistía en una propuesta educativa de alta calidad basada en un modelo de aprendizaje
activo que ponía especial hincapié en el desarrollo intelectual y social de los participantes. Los
responsables del programa adoptaron un activo aprendizaje curricular, una baja proporción niño-
educador y un programa de visitas a los domicilios familiares para comprometer a los padres en el
proceso educativo. Además, los profesores fueron bien informados e instruidos, adecuadamente
compensados y bien apoyados en sus tareas.
Resultados:
- Primera etapa. Según los datos oficiales recogidos de estadísticas policiales y judiciales, se observa que
los niveles de delincuencia juvenil (registrada) fueron significativamente más bajos en el grupo del
programa que en el grupo de control, incluyendo menos detenciones y menos intervenciones de los
tribunales juveniles.
- Segunda etapa. Cuando los participantes en el programa alcanzaron los 19 años de edad, los
investigadores encontraron significativas diferencias entre el grupo del programa y el de control. El
grupo del programa tenía en conjunto menos arrestos que el grupo de control, menos arrestos por
delitos graves y menos expedientes incoados ante los Tribunales juveniles.
Para contrastar estos datos, los investigadores procedieron a comprobar la conducta antisocial de los
participantes mediante informes suministrados por los profesores y autoinformes de los propios jóvenes,
demostrando las respuestas significativas diferencias entre ambos grupos siempre favorables al grupo
23
del programa: menos incidencias de peleas y otros comportamientos violentos; una menor incidencia en
daños a la propiedad; y menos contactos con la policía.
- Tercera etapa. A los 27 años aparecieron también significativas diferencias entre los miembros del grupo
del programa y los del grupo de control. El grupo de control experimentó más del doble de arrestos. El
36% del grupo de control fue responsable de 98 detenciones por delitos graves entre los 19 y los 27
años, mientras el 27% del grupo del programa fue responsable únicamente de 40 detenciones por
delitos graves en el mismo período de tiempo. El 35 % del grupo de control tuvo la consideración de
delincuente habitual en comparación con el 7% del grupo del programa.
A la vista de los resultados, se puede concluir señalando que el Programa Perry ha demostrado la validez de
este modelo de prevención y que merece la pena una intervención temprana que refuerce los factores
protectores que reducen la delincuencia.
2. Programas de prevención con niños en edad escolar. The Seattle Social Development Project
Método:
Este programa comenzó en 1981 con niños de primer grado, pertenecientes a ocho escuelas públicas
de Seattle. Dos escuelas fueron asignadas por completo al grupo de intervención (una) y al grupo de
control (otra). En las seis restantes, las clases fueron asignadas aleatoriamente a uno u otro grupo.
Posteriormente se añadieron diez escuelas más como grupo de control. La intervención tuvo una
duración de 4 años, realizando una recogida de datos en el momento anterior a la intervención y otra al
final del período. El grupo de la intervención se compuso de 199 sujetos.
El programa incluía actuaciones con los niños y sus familias. Para los primeros se desarrolló una
intervención comprehensiva que incluía clases de dirección proactiva, enseñanza interactiva y
aprendizaje cooperativo. En el primer grado se les añadió un programa de aprendizaje cognitivo en
resolución de problemas. A las familias se les implantó, voluntariamente, dos diferentes tipos de
programas de entrenamiento de padres, uno dirigido a identificar comportamientos apropiados e
inapropiados y otro dirigido a mejorar la comunicación entre padres e hijos.
Resultados:
El grupo sobre el que recayó la intervención obtuvo resultados más favorables que el grupo de control al
analizar las variables familiares, fundamentalmente en dirección familiar proactiva por parte de los
padres, incremento de la comunicación e implicación familiar y mayor vinculación familiar.
Respecto de las variables escolares, los estudiantes del grupo de intervención percibían la escuela más
gratificante y obtuvieron un incremento en su vinculación escolar, aunque más bajas puntuaciones en el
test de logros académicos que el grupo de control.
El resultado más significativo fue que la intervención reportó al grupo de estudiantes índices más bajos
de consumo de alcohol y de iniciación a la delincuencia que el grupo de control. Además los efectos del
programa en el comportamiento antisocial de los niños se pudieron comprobar durante la intervención,
inmediatamente después de su finalización y cuando los estudiantes cumplieron 18 años.
II. Prevención secundaria. The Multysistemic Therapy (MST)
El MST es un programa intensivo, a corto plazo, realizado por terapeutas que se ha comprobado efectivo en la
disminución de comportamientos antisociales de delincuentes juveniles violentos y crónicos. El propósito
principal de este programa es ayudar a los padres a hacer frente a los problemas de comportamiento de sus
hijos; ayudar a los jóvenes a poder con los problemas causados por su familia, amigos, la escuela y el barrio;
reducir o eliminar la necesidad de tener que llevar a cabo un programa de tratamiento fuera de su domicilio.
1. Método:
El método incluye terapia de estrategia familiar, terapia familiar estructural, entrenamiento en el comportamiento
de los padres y terapias de entrenamiento cognitivo. Comprende todos los ambientes en los que se desenvuelve
el joven, así las intervenciones familiares buscan fomentar la capacidad de los padres para controlar y ejercer la
disciplina con sus hijos; las intervenciones con el grupo de amigos separar a estos jóvenes de los grupos o
pandillas conflictivos y ayudarles a relacionarse con compañeros que tengan un buen comportamiento; y las
intervenciones escolares buscan aumentar la capacidad de los jóvenes para conseguir futuros éxitos laborales y
profesionales.
La duración media del tratamiento es de aproximadamente cuatro meses en los que se incluyen
aproximadamente 60 horas de contactos.
2. Resultados:
Diversas evaluaciones de este programa han encontrado que después del tratamiento, las familias asignadas
aleatoriamente al MST incrementaron su cohesión, un mayor grado de adaptabilidad y apoyo entre los
24
miembros de la familia, menos conflictos entre la pareja y entre los padres y los hijos. El MST ha demostrado
que es un tratamiento efectivo para disminuir el comportamiento antisocial de los delincuentes juveniles más
violentos y reincidentes.
III. Prevención primaria y secundaria. The Social Development Strategy
Es una propuesta preventiva para reducir los factores de riesgo identificados e incrementar los factores
protectores para proteger a los niños expuestos a situaciones de riesgo. La importancia de este programa reside
en que a diferencia de los anteriores, cubre todas las influencias significativas en el desarrollo del niño: la
familia, la escuela, el grupo de amigos y la comunidad, llevando a cabo intervenciones en todos estos ámbitos.
Se organiza en cuatro períodos: preescolar, escuela primaria, escuela secundaria e instituto. En cada etapa el
comportamiento de los jóvenes viene determinado en gran parte por la preponderancia de influencias
prosociales o antisociales.
5. PREVENCIÓN SITUACIONAL Y COMUNITARIA
I. Prevención situacional
Bajo la denominación de prevención situacional se entiende aquellas intervenciones dirigidas a prevenir el delito,
especialmente orientadas a reducir las oportunidades y a incrementar los riesgos.
1. Marco teórico.
La base teórica se encuentra en aquellas construcciones que dirigen la atención de la prevención primaria del
delito directamente al evento criminal y no al actor criminal; desarrollándose principalmente tras la reciente
aparición de las teorías de la actividad rutinaria, las teorías de la elección racional y otras teorías de la
oportunidad como la de los estilos de vida o las premisas de la denominada criminología medioambiental.
Según los postulados de estas teorías, la delincuencia es instrumental, los delincuentes actúan en gran medida
dependiendo de las oportunidades que se les presentan de realizar conductas ilegales, sopesando el tiempo y
lugar del crimen, los costes y beneficios y los diferentes riesgos que implica, llevando a cabo, una elección
racional del objetivo y de su modus operandi.
Estas teorías intentan explicar la distribución espacial y temporal del delito, destacando todas ellas la noción de
oportunidad, unida a otros componentes racionales e instrumentales. Así, la teoría de la elección racional,
asume que la delincuencia se orienta generalmente a complacer una serie de necesidades como dinero,
estatus, sexo y excitación, produciéndose de forma instrumental, al basar el delincuente sus decisiones y
elecciones en su habilidad, probabilidades y limites de tiempo. En el mismo sentido, la teoría de las
actividades rutinarias sostiene que para que una persona delinca es necesario que concurran, principalmente,
tres circunstancias: motivación del delincuente, la presencia de un objetivo a su alcance y la ausencia de
elementos disuasorios. Por último, la teoría de los estilos de vida, pone de manifiesto la importancia del estilo
de vida de las personas, como un factor de riesgo de victimización.
CLARKE identifica una serie de técnicas para reducir la oportunidad del delito, denominadas Técnicas
de prevención situacional que clasifica en 16 categorías divididas en cuatro grandes grupos.
Incremento del esfuerzo Incremento de los
riesgos
Reducción de
recompensas
Incremento de sentimientos
de culpabilidad o verguenza
Endurecimiento de los
objetivos
Controles de entradas y
salidas
Desplazamiento del objetivo Establecimiento de reglas
Control de accesos Vigilancia formal Identificación de la
propiedad
Fortalecimiento de la conciencia
o moralidad
Desviación de transgresores Vigilancia por empleados Reducción de la tentación Control de desinhibidores
Control de facilitadores Vigilancia natural Eliminación de beneficios Facilitación de la conformidad
1. Incremento del esfuerzo. Cuatro son las técnicas mencionadas en este primer grupo cuyo principal
objetivo es incrementar notablemente el esfuerzo del delincuente en el momento de cometer el delito,
para que ante esas dificultades desista del mismo. La primera implica un endurecimiento de los
objetivos, mediante barreras físicas, como cerrraduras, candados, etc.; la segunda, el control de
accesos, implica medidas destinadas a excluir potenciales delincuentes de lugares como oficinas,
fábricas o edificios de viviendas, mediante conserjes, porteros automáticos, llaves electrónicas de
acceso a los garajes, o control de acceso mediante el uso de números electrónicos de identificación
personal; la tercera se refiere a la desviación de potenciales delincuentes, que es una medida que trata
de reducir la convergencia en especio y tiempo de delincuentes motivados; y la última supone el control
25
de facilitadores, es decir, de aquellos elementos que pueden facilitar la comisión de ciertos delitos como
la prohibición de vender alcohol en gasolineras (para reducir los accidentes de tráfico).
2. Incremento de los riesgos. En primer lugar, el examen de entradas y salidas, que persigue el
incremento de las posibilidades de detectar y localizar a aquellos que han entrado sin permiso o de
forma ilegal; la vigilancia formal, es la llevada a cabo por la policía, guardas de seguridad o guardas
jurados, ya sea mediante patrullas de vigilancia o circuitos de videovigilancia; la vigilancia por los
empleados y, en último lugar, la vigilancia natural.
3. Reducción de las recompensas. Aquí el objetivo se circunscribe a dificultar la salida del objeto del
delito, con lo que se incrementa de forma notable la obtención del premio o recompensa perseguido por
el delincuente. En este grupo las técnicas son: el desplazamiento del objetivo, con la finalidad de evitar
actos delictivos al no obtener el delincuente ninguna ganancia o beneficio, así la instalación de cabinas
de teléfono que únicamente funcionan con tarjetas evita que se abran para apoderarse de la caja; la
identificación de la propiedad, supone un gran obstáculo de cara a la posterior venta de ese objeto, con
lo que al dificultarse su salida al mercado, se reduce su sustracción; la reducción de la tentación implica
eliminar aquellas situaciones que pueden favorecer actos delictivos del tipo de vandalismo o
gamberrismo. Una pared llena de graffiti invita a seguir estropeándola; y, por último, la eliminación del
beneficio supone implementar ciertos artificios técnicos en determinados objetos para que sólo puedan
ser utilizados por el propietario, evitando así su sustracción y utilización por otras personas.
4. Incremento de los sentimientos de culpabilidad o vergüenza. En esta categoría se agrupan aquellas
técnicas tendentes a incrementar los sentimientos de culpabilidad o vergüenza en el delincuente. Son: el
establecimiento de reglas, ya que en determinados casos unas reglas ambiguas o contradictorias
pueden ser utilizadas para favorecer la picaresca; el fortalecimiento de la conciencia o moralidad se
intenta realizar mediante campañas generales o específicas de sensibilización en determinadas
materias como conducción bajo la influencia de bebidas alcohólicas, maltrato doméstico, etc.; el control
de los desinhibidores implica restringir de una manera efectiva aquellos elementos que operan como
desinhibidores de la conducta facilitando el delito, del tipo de alcohol, drogas, velocidad, violencia
televisiva, etc. y la facilitación de la conformidad que se refiere al establecimiento de aquellos
procedimientos que facilitan que los ciudadanos observen un comportamiento prosocial incluso en
situaciones proclives a lo contrario, como la colocación de urinarios públicos en zonas de movida juvenil.
2. Crítica.
El modelo ha recibido numerosas críticas, siendo las más relevantes las dirigidas a cuestionar la eficacia de los
modelos de prevención situacional:
1. Sólo es eficaz para determinados tipos de delitos. Desde nuestro ámbito de estudio, dado que la
delincuencia juvenil consiste mayoritariamente en delitos de escasa gravedad contra el patrimonio,
vandalismo, daños, etc., en los que factores instrumentales, de oportunidad, de excitación o aventura
juegan un papel sumamente importante, la primera de las críticas no tiene prácticamente relevancia.
2. Desplazamiento de la delincuencia. Viene a decir que cuando se implantan estos programas, los
delincuentes dirigen su atención a otros objetivos, tiempo o lugar, cambian su modus operandi e incluso
optan por cometer otros tipos de delitos. Sin embargo, las últimas investigaciones demuestran que el
desplazamiento no es inevitable y que la reducción de oportunidades y el incremento de los riesgos es
eficaz ya que la mayoría de los delincuentes, al ver reducidas sus oportunidades pueden animarse a
explorar otras vías alternativas al delito.
3. Legitimidad moral del modelo. Los críticos han señalado que este paradigma de prevención nos lleva
a un modelo de sociedad orwelliana y clasista en la que, por un lado, el Estado y las grandes
corporaciones tendrían un poder onmímodo de intrusión y la legitimación moral para ello (con la excusa
de la prevención del delito), y por otro, los ciudadanos con medios económicos suficientes se
protegerían con innumerables medidas de seguridad como señores feudales.
II. Prevención comunitaria de la delincuencia (Community Prevention)
El rasgo distintivo de la prevención comunitaria reside en el propósito de cambiar las condiciones sociales que
crean y mantienen el delito, fomentando en los individuos actitudes de solidaridad y responsabilidad,
reclamando por ello un activo compromiso comunitario en la prevención del crimen.
1. Programas de prevención.
Un modelo de prevención comunitaria debe comprender las siguientes actuaciones:
A) Un cambio social a nivel interpersonal, en el sentido de modificar la convivencia urbana, implicando a
los residentes en la vida de la comunidad. Este control se sustenta fundamentalmente en la interacción
de tres procesos: el refuerzo de las normas sociales, la demarcación de los límites del barrio y sus
residentes y el establecimiento y potenciación de un más fuerte sentido de la comunidad.
26
B) Una reestructuración social, cuya función vaya encaminada a realizar cambios en el hábitat urbano en
todos los ámbitos posibles.
C) Un ámbito espacial o geográfico significativo. La intervención debe realizarse en un área residencial
lo más amplia posible, tipo barrio, distrito, urbanización, etc.
D) Intervención global o multicomprensiva, entendida en el sentido de averiguar los problemas de
delincuencia en los que se va a intervenir para realizar un programa que abarque la mayoría de ellos.
E) Reducción del miedo al delito como resultado de las anteriores medidas.
2. Críticas.
Uno de los principales problemas que surgen a la hora de implantar estos programas consiste en la dificultad
para involucrar a los ciudadanos en estos programas de prevención.
Quizás la crítica más importante realizada a este modelo de prevención es que se corre el riesgo de confundir la
prevención con la represión y, lo que en principio puede ser una medida para mejorar la calidad de vida en la
comunidad, se torne en realidad en una excesiva vigilancia o en manifestaciones xenófobas por parte de los
ciudadanos.
27
CAPÍTULO IV - MODELOS DE JUSTICIA PENAL DE MENORES
1. LOS ORÍGENES DE LA JUSTICIA JUVENIL Con el devenir del trascurso de los tiempos, el tratamiento de la delincuencia juvenil ha sufrido importantes
transformaciones.
En una primera época estuvo en vigor el denominado modelo punitivo o penitenciario que consideraba a
los niños como adultos en miniatura.
Este modelo fue sustituido por el modelo de protección que consideraba al menor como una víctima a la
que había que proteger. La entrada en escenas de nuevos profesionales contribuye a racionalizar los
modos de tratamiento de los menores.
Por último, los nuevos instrumentos supranacionales relativos a la justicia de menores y la Convención
de los Derechos del Niño, consiguen que los Estados realicen una serie de reformas que cuestionan el
modelo de protección. Los menores dejan de ser víctimas inocentes necesitadas de protección por los
adultos y pasan a ser considerados sujetos titulares de derechos.
2. EVOLUCIÓN DE LOS MODELOS DE JUSTICIA PENAL DE MENORES
I. El modelo tutelar o de protección
Este modelo aparece ligado a la ideología positivista y correccionalista, por lo que parte de la consideración
del delincuente como un individuo débil y, por tal motivo, necesitan de fortalecimiento y ayuda. Respecto del
ámbito preventivo, este se basaba en la intervención de los Tribunales en todos los casos de menores
descarriados.
Las características definitorias del sistema tutelar de protección y reforma de menores se centra esencialmente
en los siguientes aspectos:
El principal objetivo es sustituir el sistema penal propio de los adultos y escoger un sistema de principios
y de normas especiales para los menores creando un nuevo Derecho penal específico para ellos,
inspirado en un espíritu puramente tutelar y protector.
Debe aplicarse y seguirse rigurosamente el criterio antropológico y se debe tener una especial
consideración a la individualidad del menor delincuente, evitando la mezcla de jóvenes de índole e
inclinaciones diversas.
Aplicación de medidas preventivas: debe estudiarse la causa de la delincuencia de los menores para
prevenir su aparición. En vez de imponer penas mediante sentencias judiciales, resulta más efectivo
ejercitar una saludable función de profilaxis mediante medidas de prevención y de educación. La
defensa social contra la delincuencia juvenil actúa mediante procedimientos de educación, corrección y
medidas de seguridad dirigidas a promover la mejoría de los jóvenes.
Creación de Tribunales especiales para jóvenes. Los Jueces gozan de un amplio grado de
discrecionalidad a la hora de imponer una u otra medida, no estando sometidos al principio de
proporcionalidad entre la gravedad de la acción cometida y la medida impuesta. Con el fin de alcanzar la
curación del menor se instaura el principio de la duración indeterminada de las medidas. A la vista de
lo anterior, se prescinde del criterio de la imputabilidad.
Consecuentemente con los principios expuestos y las ideas sociales imperantes en la época, los
menores deben ser apartados de su medio, considerado altamente nocivo e internados por su bien para
su reeducación, de ahí que el reformatorio se convirtiera en pieza clave de todo el sistema
reformador.
El modelo tutelar tiene una acusada finalidad preventivo-especial de las medidas susceptibles de aplicación,
basadas en la firme convicción de la recuperabilidad del menor para la sociedad, aunque ello signifique la
ausencia de garantías suficientes para el menor delincuente y, por tanto, su absoluta incompatibilidad con
cualquier proceso penal de garantías, ya que estas se estiman superfluas, cuando no distorsionantes para la
tarea reeducadora.
A modo de conclusión, podemos establecer como principios básicos de este sistema los siguientes:
- elección de la clase y duración de la medida según la necesidad de tratamiento del menor
- investigación de la personalidad con ayuda de expertos
- medidas privativas de libertad temporalmente indeterminadas
- determinación del momento de la puesta en libertad por expertos sin estatus judicial
- aplicación de tratamiento médico, famacológico y social-terapéutico sin consentimiento del menor
afectado
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- introducción del tratamiento predelictual por medio de medidas privativas de libertad, para formas de
vida desviada
- rechazo de las garantías procesales, argumentando que ese modo de tratamiento se lleva a cabo
precisamente para bien del afectado
II. El modelo educativo
El modelo educativo se implanta en Europa tras la segunda guerra mundial como consecuencia del nacimiento
del Estado del Bienestar.
En este modelo lo que prevalece es que la justicia no debe intervenir respecto de los menores, hay que
evitar en todos los casos posibles que los jóvenes entren en contacto con el sistema de justicia penal,
se buscan para ello soluciones extra-judiciales, debiendo prevalecer la actuación educativa frente a
los mismos.
Frente a la concepción autoritaria y represiva del modelo protector, el educativo parte de un talante
tolerante en lo que a la juventud se refiere, estimando como meros episodios anómalos la realización de
conductas asociales por los jóvenes, a quienes se reserva un estatus privilegiado.
El sistema educativo se configura como un modelo social o comunitario de respuesta a la
delincuencia juvenil en el sentido de que se trata de un modelo activo de los recursos sociales frente
al sujeto infractor. Consecuencia de ello fue el abandono de los métodos represivos, acentuándose la
acción educativa, a cargo de entidades y organizaciones privadas.
El internamiento aparece como último recurso a utilizar y solamente en casos muy extremos. Se
sustituye por una serie de medidas que intentan no alejar al menor de su familia y, en aquellos casos en
los que resulta necesario, se intenta que sean lo más parecidas posibles a ésta.
Se sigue confundiendo en todo caso entre el joven necesitado de protección y el infractor dándose
también en coherencia con el alejamiento de lo judicial, la ausencia de garantías judiciales en el
tratamiento de las conductas desviadas efectuadas por el menor.
III. El modelo de responsabilidad
Este modelo se inspira en el movimiento de reforma de las legislaciones europeas y norteamericanas durante
los años sesenta y se desarrolla en las décadas siguientes bajo el abrigo protector de los textos internacionales
que proliferan en esta época. Factor importante fue también el fracaso de los modelos de tratamiento, ya que se
observó la casi nula eficacia de los esfuerzos terapéuticos en una situación de falta de libertad del afectado así
como el menoscabo de la dignidad humana a través del tratamiento obligatorio.
Se va a caracterizar por el reforzamiento de la posición legal del menor produciéndose un
acercamiento a la justicia penal de los adultos, en lo que reconocimiento de derechos y garantías se
refiere. En este modelo se trata de conjugar lo educativo y lo judicial, aplicando un modelo garantista y
unas medidas de contenido, eminentemente educativo.
Se recogen una serie de principios que gozan de un amplio consenso a nivel internacional:
Los menores no son considerados seres psicológicamente débiles, jurídicamente incapaces y
socialmente inadaptados, sino que son personas titulares de derechos. Los menores no son adultos,
pero no por ello dejan de ser personas.
Una plena y neta distinción entre el menor autor de una infracción (menor delincuente) y el resto de
supuestos (menores abandonados, maltratados, víctimas). El tratamiento para unos y otros es
totalmente diferente.
Se debe limitar al mínimo imprescindible la intervención de la justicia. La justicia de menores no es un
Derecho penal en miniatura, sino un procedimiento con unas notas y caracteres específicos.
Especialización de los órganos de control social formal intervinientes en el sistema de justicia
juvenil. Es necesaria una formación especializada a todos los funcionarios que intervengan en la
administración de la justicia de menores. Miembros de la policía, Jueces, Fiscales y abogados.
Como la capacidad lesiva de los niños suele comenzar bastante antes de que alcancen la mayoría de
edad y también, en ocasiones, lograda la mayoría de edad, las legislaciones que han acogido el sistema
de responsabilidad suelen establecer un tramo por debajo de la mayoría de edad, a partir de los 12 o 14
años, en los que comienza a ser exigible una responsabilidad penal juvenil. Y otro tramo por encima de
la mayoría de edad, hasta los 21 años, en el que en ciertos casos se puede aplicar el derecho penal
juvenil.
El recurso a la privación de libertad del menor se articula como ultima ratio.
Instauración de respuestas penales alternativas: órdenes en materia de atención, orientación y
supervisión, libertad vigilada, la mediación, la reparación, prestaciones en beneficio de la comunidad,
etc.
29
Garantía y reconocimiento de derechos antes, durante y después del proceso. Son unos derechos y
garantías fundamentales para un juicio imparcial, justo y equitativo.
Proporcionalidad de las medidas.
Las medidas deben tener una duración determinada legalmente.
Rigen criterios de prevención especial, sobre otros basados en ideas retributivas o preventivo-generales.
IV. El modelo norteamericano de las 4D
Lo que este modelo persigue, a grandes rasgos, es que el Derecho penal solamente intervenga en aquellos
delitos cometidos por los jóvenes, que sean verdaderamente graves e importantes, desde un criterio de
prevención especial. Para ello se sigue un proceso secuencial.
1. En primer lugar, evitar todo contacto de los menores con las instancias de control formal
despenalizando una serie de delito como serían, los delitos de bagatela o de escasa gravedad.
2. A continuación, se trataría de evitar, renunciar o suspender el proceso penal mediante la des
judicialización de esas infracciones.
3. Por último, se pretende que si por la gravedad del hecho, se hace necesario la incoación del proceso,
este debe ser realizado bajo el estricto cumplimiento de los derechos y garantías procesales, inherentes
a toda persona (un proceso justo).
4. Y, si en dicho procedimiento, se hace necesaria la imposición de alguna medida o sanción, la medida
privativa de libertad deber ser impuesta como último recurso y con la menor duración posible
(desinstitucionalización).
1. Despenalización
Según GARCIA PEREZ dos son las vías para la despenalización. Unas apuntan a la elevación de la edad
mínima para ser objeto de responsabilidad penal juvenil (criterios subjetivos) y otras a la reducción de los
hechos tipificados como delitos (criterios objetivos).
2. Desjudicialización
Con este término se alude a una serie de técnicas tendentes a poner fin al proceso penal formal en fases
anteriores a la constatación de la culpabilidad del menor, renunciando a la acusación o suspendiendo el
proceso, e incluso impidiendo su inicio, no comunicando la policía la noticia criminis a los órganos de la
Administración de Justicia.
Comprobada la nocividad de la intervención del sistema legal en los jóvenes (efecto estigmatizante), se busca
respuestas no oficiales, al margen del sistema legal y judicial (diversión), sobre todo para solucionar los
conflictos de escasa relevancia o gravedad, que son los más frecuentes. Para ello se buscan las llamadas
sanciones informales, esto es, mecanismos de control social más adecuados que el orden jurisdiccional. Se
pueden citar, entre otros, los programas de mediación, la conciliación con la víctima, la reparación del daño, etc.
El objetivo es reducir el Derecho y la intervención penal al nivel mínimo posible en relación al nivel de desarrollo
cultural e institucional de la sociedad civil para afrontar, directamente, los problemas de transgresiones, de
desviación y de conflicto, manteniendo por ello el Derecho penal la función residual de garantía.
3. Proceso justo
Significa que el proceso de menores debe regularse bajo una serie de derechos y garantías, del mismo modo
que el de los adultos, terminando con aquellos sistemas informales o paternalistas en los que los menores
inculpados no gozaban de los derechos reconocidos constitucionalmente a todas las personas, sin
discriminación por razón de su edad.
4. Desinstitucionalización
Implica la adopción de medidas alternativas al internamiento en instituciones. El objetivo es el minimalismo de la
respuesta institucional, esto es, dejar siempre que sea posible, como algo residual el internamiento de los
menores en instituciones, y buscar en todos los casos fórmulas alternativas de intervención comunitaria, fuera
del marco jurídico-penal.
3. LOS MODELOS DE JUSTICIA REPARADORA
I. La reparación en la política criminal actual
El modelo de justicia reparadora se asienta en tres ideas fundamentales:
1. El delito es un conflicto entre individuos que produce un daño a la víctima, comunidad ya los propios
infractores, siendo la misión del proceso judicial penal reparar todos estos daños.
2. El objetivo es crear paz en la comunidad reconciliando a las partes y reparando los daños ocasionados.
3. El proceso judicial penal debe facilitar la participación activa de las víctimas, infractores y sus
comunidades para encontrar soluciones al conflicto.
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II. La reparación como consecuencia jurídica del delito
Siguiendo los postulados del Proyecto Alternativo sobre Reparación penal, como fundamento y fines de la
reparación podemos citar los siguientes:
Principio de subsidiariedad, la reparación antecede a la pena allí donde la renuncia a una reacción
penal ya no es posible y la imposición coactiva de la responsabilidad aún no es necesaria o sólo lo es
de forma atenuada.
Principio de voluntariedad. Voluntariedad a la hora de realizar la reparación, tanto por parte del autor
del delito, como por parte de la víctima. Aunque a veces es posible realizarla de otra forma como con
una reparación indirecta (en forma de servicios comunitarios) no entrando en el concepto de conciliación
en sentido estricto.
La reparación sirve al establecimiento de la paz jurídica también a través de fines de prevención general
y especial.
- Prevención general positiva, orientada a la restauración de la paz jurídica, en cuanto que es
capaz de proporcionar a la comunidad un efecto de confianza y un efecto de satisfacción.
- Prevención especial, en cuanto que la vía de la reparación conduce de forma consecuente y
desde un principio a la integración social del culpable, al reconocer su culpabilidad, el dolor
causado a las víctimas y su voluntariedad en repara el daño.
Aplicación de la reparación según la gravedad del delito.
1. Críticas:
En primer lugar, en estos procesos pueden verse comprometidos una serie de derechos y garantías procesales,
destacando como aspecto más controvertido, el que en la reparación extrajudicial, realizada antes de la
sentencia, se presume la culpabilidad del inculpado, conculcándose el principio a la presunción de inocencia,
principio tutelado por la CE. El principio constitucional de igualdad puede verse seriamente conculcado mediante
la reparación ya que no todos los sujetos podrán ser tratados idénticamente, a la vista de sus posibilidades
personales o materiales.
III. La reparación en el Derecho penal de menores
El fundamento de la reparación reside en que el menor infractor asuma la responsabilidad de su actuac´pon y
proceda a reparar el daño causado.
La LORRPM ha recogido las últimas tendencia político-criminales respecto de la reparación y la conciliación
autor-víctima, lo que queda reflejado en la Exposición de Motivos de la Ley al señalar que la reparación del daño
causado y la conciliación con la víctima presentan el común denominador de que el ofensor y el perjudicado por
la infracción llegan a un acuerdo, cuyo cumplimiento por parte del menor termina con el conflicto jurídico iniciado
por su causa.
Básicamente existen tres posibles clases de reparación, que son:
- la conciliación,
- la reparación directa (con la víctima)
- y la reparación indirecta (con la Comunidad), pudiéndose definir la mediación con el procedimiento
negociador para conseguir la reparación entre el menor infractor y la víctima.
1. La mediación. Los programas de mediación. El rol del mediador
La mediación se puede definir siguiendo a STANGELAND como una forma de arreglar conflictos
directamente entre las partes, con un intermediario respetado por ambos.
En la mediación, respecto a la forma o manera de relacionar al autor y a la víctima, algunos programas prevén
un encuentro cara a cara entre las partes, otros establecen encuentros públicos y otros excluyen cualquier tipo
de encuentro, confiándose a la capacidad y diplomacia del mediador.
La investigación empírica ha valorado la eficacia de estos programas de mediación, sobre la base de los
siguientes criterios:
1. La voluntad libre de las partes en conflicto de participar en el programa propuesto.
2. El logro de un acuerdo entre las partes. El conseguirlo o no depende no sólo de ellas mismas, sino de la
capacidad conciliadora del mediador.
3. La satisfacción de cuantos han participado en el programa. El motivo principal de satisfacción tiene casi
siempre un contenido psicológico y emocional: tal motivo consiste para la víctima, en la oportunidad que
se le ofrece de encontrarse personalmente al responsable del delito, de comprender los motivos de su
acción y de conocer su background social. Para el delincuente, el motivo principal de satisfacción
vendrá dado por el hecho de haber encontrado a la víctima y descubrir que está dispuesta a escucharle,
ofreciéndole así, la posibilidad de expresarle personalmente su arrepentimiento.
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4. Las consecuencias del programa sobre el comportamiento del delincuente. En los casos en que a los
menores que delinquen por primera vez se les impone una medida informal, la tasa de reincidencia
disminuye frente a los casos de sanciones formales.
5. Las consecuencias sobre el sistema de justicia formal
2. La conciliación
La conciliación tiene por objeto que la víctima reciba una satisfacción psicológica a cargo del menor
infractor, quien ha de arrepentirse del daño causado y estar dispuesto a disculparse.
La medida se aplicará cuando el menor efectivamente se arrepienta y se disculpe, y la persona ofendida lo
acepte y otorgue su perdón.
La LORRPM se refiere a la conciliación en dos momentos procesales diferentes:
1. el primero que produce el sobreseimiento del expediente (art. 19) y,
2. el segundo, que conlleva que se deje sin efecto la medida impuesta (art. 51.2).
En el primer supuesto, una vez producida la conciliación del menor con la víctima, el Ministerio Fiscal dará por
concluida la instrucción y solicitará al Juez el sobreseimiento y archivo de las actuaciones.
Ahora bien, el legislador ha establecido unos requisitos, limitando la conciliación a los siguientes supuestos:
1. Que el hecho imputado al menor constituya delito menos grave o falta
2. atendiendo a la gravedad y circunstancias de los hechos y del menor, de modo particular a la falta de
violencia o intimidación graves en la comisión de los hechos.
a. A tenor de la redacción del art. 19 no es imprescindible que no concurra violencia o intimidación,
aunque será un elemento a valorar por el Ministerio Fiscal.
3. Que la víctima acepte las disculpas ofrecidas por el menor.
En el segundo supuesto, la conciliación del menor con la víctima podrá dejar sin efecto la medida impuesta
cuando el Juez, a propuesta del Ministerio Fiscal o del letrado del menor y oídos el equipo técnico y la
representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, juzgue que dicho acto y el tiempo de
duración de la medida ya cumplido, expresan suficientemente el reproche que merecen los hechos cometidos
por el menor. No serán necesarios los requisitos del art. 19 ya que, en este caso, el menor se encuentra
cumpliendo una medida impuesta por el Juez.
Es una forma de reparación de gran importancia sobre todo, en los casos que tanto el infractor como la víctima
son menores, ya que es muy educativo para ambos. Admiten los hechos, se responsabilizan de ellos y piden
perdón. Por ello, este sistema de reparación da muy buen resultado entre adolescentes.
Los problemas más importantes de este sistema son entre otros:
Este método resulta muy complejo, dilatado y laborioso, requiriendo una infraestructura capaz de dar
una salida puntual, ágil y rápida a un potencial supuesto.
Otras dificultades surgen, por un lado en el papel del mediador, que no puede ser realizado por una
persona cualquiera, ni tan siquiera por el Juez, debiendo ser un experto, un miembro del equipo técnico
especialmente preparado para ello.
Otro de los problemas aparece dada la escasa o nula tradición existente en nuestro país, lo que puede
dar lugar a una inicial desconfianza o existencia de prejuicios ante este novedoso sistema que requerirá
una especial concienciación tanto para las víctimas como para los autores.
3. La reparación
A tenor del art. 19.2 LORRPM se entenderá por reparación el compromiso asumido por el menor con la víctima
o perjudicado de realizar determinadas acciones en beneficio de aquellos o de la comunidad, seguido de su
realización efectiva.
La Ley recoge la reparación en dos supuestos:
- Reparación directa a la víctima. Consiste en que el menor infractor realice algún tipo de
actividad que beneficie a la víctima. Se puede realizar junto a, y además, de la conciliación.
- Reparación indirecta. Se aplicará mediante servicios en beneficio de la comunidad, en aquellos
supuestos en los que el menor una vez asumida su responsabilidad por el hecho esté dispuesto a
reparar el daño causado, pero se desconozca la víctima o ésta no se encuentre predispuesta a
aceptar la reparación.
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Los requisitos que establece la ley son:
1. Consentimiento del menor
2. Realización de actividades de interés social, relacionadas, en la medida de lo posible, con el bien
jurídico lesionado.
3. Actividades no retribuidas
El equipo técnico debe relacionar los hechos cometidos con la personalidad del menor infractor, para adecuar el
trabajo a realizar, que suele ser de dos tipos: delitos de daños contra la propiedad, trabajos de jardinería o
limpieza sencillos y sin riesgo, o actos de vandalismo respecto a personas, en residencias de ancianos,
minusválidos, etc.
Se debe llegar a un acuerdo con el menor sobre el tiempo de realización y debe realizarse fuera del tiempo
escolar.
La medida de prestación en beneficio de la comunidad no podrá superar las cincuenta horas, cuando los hechos
cometidos sean calificados de falta; las cien horas como régimen general; y las doscientas horas en los casos
de delitos cometidos por personas mayores de 16 años, con violencia o intimidación en las personas o con
grave riesgo para la vida e integridad física de las mismas.
4. PRESENTE ¿Y FUTURO? DE LA JUSTICIA PENAL JUVENIL: EL MODELO PUNITIVO El modelo de justicia juvenil adecuado a la Convención sobre Derechos del Niño (CDN) y a las directrices y
recomendaciones de Naciones Unidas ha entrado en crisis en los últimos años debido a una serie de graves y
violentos sucesos delictivos cometidos por jóvenes e incluso niños (en nuestro país, en Europa y EEUU),
ampliamente recogidos y comentados por los medios de comunicación, que han producido una “demonización”
de la juventud en la sociedad.
La alarma social producida por tales sucesos en los que, además, exhibían una gran brutalidad sin ningún
motivo aparente, unido al auge de ideologías y políticas neo-conservadoras han hecho replantearse el modelo
vigente, por lo que el s. XXI comienza con este debate.
En EEUU la últimas tendencias proceden a utilizar medidas de mediación-reparación (diversión) para la
delincuencia de escasa gravedad y la remisión de la delincuencia grave al sistema de justicia penal de adultos.
Desgraciadamente, en Europa se han hecho eco de esta nueva “filosofía” países con una orientación jurídica de
tradición anglo-sajona, manteniendo todavía los países de la Europa continental una más arraigada tradición de
educación, intervención mínima y sanciones comunitarias en lugar de privación de libertad, aunque las
presiones políticas y sociales, así como algunas reformas producidas en algunos países indica que se está
dando una mayor persecución penal ante la delincuencia juvenil.
Aspectos comunes de la JPJ (justicia penal juvenil) europea de principios del s. XXI:
Disminución de la edad mínima para exigir responsabilidad penal: Holanda la redujo a los 12 años.
Francia incluye “sanciones educativas” que los jueces de menores pueden imponer a menores a partir
de los 10 años de edad. Inglaterra considera que un niño de 10 años es enteramente responsable de
sus actos y podrá ser juzgado por un tribunal de menores. En Alemania, recientes Proyectos de Ley
pretendían disminuir la edad mínima de los vigentes 14 a los 12 años, persigue también la regulación de
una medida de internamiento en un establecimiento especial de régimen cerrado para niños con edades
comprendidas entre12-14 años. También en España, la inclusión en la LORRPM de los menores de 12
y 13 años, es una propuesta reiterada por parte de la Fiscalía.
Exclusión genérica de la aplicación de la jurisdicción de menores a los jóvenes semi-adultos de
entre 18 y 21 años. En España, por la LO 8/2006, de modificación de la LO 5/2000, RRPM, se suprime
definitivamente la posibilidad de aplicar la Ley a los jóvenes-adultos de entre 18 y 21 años. En
Alemania, también se han formulado propuestas de reforma en este sentido, que no han prosperado
afortunadamente. En Holanda, la Ley de Justicia Juvenil de 1995 redujo notablemente los requisitos
necesarios para que menores de 18 años sean juzgados como adultos.
Ampliación de los supuestos en los que se priva de libertad al menor. La LO 8/2006, limita la
discrecionalidad en la elección de la medida por el Juez, al añadir nuevos supuestos en los que el
internamiento en régimen cerrado es una medida obligatoria; comisión de delitos graves y delitos que se
cometan en grupo o cuando el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o
asociación. En Holanda, la duración máxima de la medida cautelar de la prisión provisional que era de 6
meses, se ha duplicado (12 meses) para los jóvenes de 12 a 16 años y cuadruplicado para los de 16 a
18 años (24 meses).
33
Aumento de la duración máxima de la pena juvenil. En España, la medida de internamiento en
régimen cerrado en su redacción originaria, no podía superar en ningún caso los 5 años. Hoy el límite
máximo alcanza los 8 años (10 años en supuestos concretos de pluralidad de infracciones).
Fortalecimiento de la posición procesal de las víctimas en el proceso penal ante menores
delincuentes. En España, la Ley prohibía la acusación particular y la popular, subordinando la
participación del perjudicado a la del Ministerio Fiscal. La alarma social producida por el crimen de
Sandra Palo, sumada a la perseverante campaña llevada a cabo por la familia de la víctima en los
medios de comunicación (audiovisuales y escritos), y a una masiva campaña de recogida de firmas,
consiguieron que prácticamente 6 meses después del triste suceso, se reformara la Ley del menor. Así,
la LO 15/2003, introduce la posibilidad de personarse como acusación particular a las personas
ofendidas por el delito. Además, se están incluyendo en las leyes penales de menores de algunos
países (España, Francia o Portugal), medidas de alejamiento, ―semejantes a las penas y medidas
cautelares de alejamiento previstas en los CP―, consistentes en la prohibición al menor infractor de
aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas.
En la vigente redacción de la LORRPM puede observarse una clara quiebra de los principios orientadores de la
Ley, otorgando primacía a criterios preventivos generales (seguridad ciudadana) en detrimento del principio del
superior interés del menor, así como de los criterios educativos y preventivos especiales en la imposición de las
medidas. Las circunstancias personales, familiares y sociales del menor pierden importancia en relación con el
criterio de la gravedad del hecho, siendo éste el determinante para imponer la medida de internamiento y su
duración (además, su excesiva duración máxima se opone a la posibilidad de rehabilitación).
Rompe también con el principio de flexibilidad (en la adopción de la medida más idónea) pudiendo conculcar a
su vez, el principio de proporcionalidad, el de igualdad ante la Ley o el de reeducación y reinserción social. Y,
por si no fuera suficiente, la personación en el procedimiento como acusación particular de las víctimas y
perjudicados, lo convierte en un auténtico proceso contradictorio, al modo del procedimiento penal ordinario, en
el que el Juez se encuentra supeditado a la medida solicitada por el acusador particular. La Ley 8/2006
apuesta por un DP juvenil de doble vía, en el que se diferencia un régimen general, basado en el principio de
oportunidad, flexibilidad y en la libertad de elección de las medidas más adecuadas, y un régimen especial (cada
vez más amplio) circunscrito a los delitos de especial gravedad caracterizado por la predeterminación legal de la
medida -internamiento en régimen cerrado-, limitando la discrecionalidad judicial a la mera expresión de su
duración temporal.
Según el autor, la reforma se ha fundamentado:
1) una manipulación o interpretación falsaria de las estadísticas.
2) Preocupación social y sensación de impunidad de los delincuentes juveniles.
3) alarma social por algunos delitos de carácter violento.
Y sus consecuencias más destacables son la ampliación de supuestos en los que se puede imponer medidas de
internamiento en régimen cerrado (p.ej a los que se cometan en grupo, cuando precisamente la delincuencia
juvenil es un fenómeno de grupo).
Se adecua la duración a la entidad de los delitos y a las edades de los menores (no aplicable definitivamente a
los comprendidos 18-21 años). Se añade la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con
aquellas personas que determine el juez.
Pese a que estas reformas no han logrado todavía desmantelar los principios básicos de la justicia penal de
menores, el giro hacia un mayor grado de severidad y punitivismo es evidente y la situación empieza a ser
preocupante, ya que muestra cuál es el clima político y social imperante en gran parte de la sociedad europea,
favorable a un endurecimiento del Derecho penal juvenil, como única respuesta eficaz ante el “desmesurado”
incremento de la delincuencia juvenil.
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CAPÍTULO V JUSTICIA PENAL DE MENORES: MARCO INTERNACIONAL
1. INTRODUCCIÓN El reconocimiento de los derechos de los menores es un fenómeno relativamente reciente que todavía no se
encuentra plenamente asentado. Las actividades de su promoción y protección internacional se remontan a la
época de la Sociedad de Naciones. El primer instrumento de cierta importancia fue la Declaración de Ginebra,
conocida como Declaración de Derechos del Niño, de 26 de septiembre 1924, aprobado por su Asamblea. Los
principios básicos que contiene constituyen el embrión del desarrollo progresivo de las normas internacionales
sobre los derechos del niño.
2. NORMATIVA INTERNACIONAL Y DERECHOS DEL MENOR
I. La Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH).
Aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, 10 diciembre 1948. Constituye el primer
instrumento general de Derechos Humanos proclamados por una organización internacional de carácter
universal. Enumera una serie de derechos y libertades de orden personal inherentes a toda persona o ser
humano, independientemente de su edad, por lo que también son de aplicación a la infancia.
Se refiere directamente a la infancia y a los niños solamente en el art 25.2 “La infancia tiene derecho a cuidados
y asistencia especiales.
Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección”, pero
indirectamente enumera una serie de derechos y libertades inherentes a toda persona o ser humano,
independientemente de su edad, por lo que también son de aplicación para los niños.
II. La Convención sobre los Derechos del niño (CDN)
Adoptada por consenso también por la Asamblea General, 20 noviembre 1989. Impone el mandato de asegurar
la aplicación de los derechos del niño en su integridad e insta a los gobiernos a evaluar sus sistemas jurídicos y
de bienestar social teniendo en cuenta los principios fundamentales alumbrados en ella, los cuales operan a
modo de una Carta Magna.
1. Art 1º: establece una definición del niño: “todo ser humano menor de 18 años” “salvo que, en virtud
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”. Lo que se establece es un
“tipo abierto” como fórmula de consenso para su aceptación por los diferentes Estados y sus leyes
internas.
2. Art 3.1: interés superior del niño: como principio rector de todas las actividades de promoción y
protección de la infancia, sobre el que bascula todo el articulado.
Posteriormente, regula sistemáticamente una serie de derechos generales: Dº a la vida (art 6); libertad
de expresión (art 13); de pensamiento, conciencia y religión (art 14); libertad de asociación (art 15); Dº a
la educación (art 28); Dº al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias
para su edad y a participar libremente en la vida cultural y en las artes (art 31).
3. Art 37: Dº y garantías para los niños privados de libertad: “ningún niño será sometido a tortura ni a
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. No se impondrá la pena capital ni la de prisión
perpetua a menores de 18 años de edad. Ningún niño será privado de su libertad ilegal o
arbitrariamente. Todo niño privado de libertad estará separado de los adultos,a menos que ello se
considere contrario al interés superior del niño, y tendrá dº a mantener contacto con su familia.
4. Art 40: Principios fundamentales de carácter procesal: estableciendo dos elementos de DP
sustantivo como son la inimputabilidad por razón de edad y el principio de mínima intervención.
Lo verdaderamente trascendente es el establecer de forma clara y precisa una nueva representación social de
los niños: dejan de ser seres incapaces, desvalidos y necesitados de protección, para ser definidos como
“sujetos titulares de derechos” (consecuentemente de obligaciones).
III. Efectos jurídicos
La Convención sobre los Derechos del Niño (al igual que DUDH) no es un Tratado, y por tanto, un instrumento
jurídico vinculante para los Estados, sino que fue adoptada como una “Resolución”, siendo una recomendación
que no tiene fuerza de ley.
Pese a ello, nuestra Constitución en su art 10.2º establece “las normas relativas a los dº fundamentales y a las
libertades que la Constitución reconoce, se interpretarán de conformidad con la DUDH y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. En el art 39.4 “los niños gozarán de la
protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos”. En el mismo sentido, otras
normas que serán interpretadas de acuerdo a la Convención, a la DUDH y otros Tratados son: la LO de
Protección Jurídica del Menor, la LORRPM.
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IV. Reglas o directrices aprobadas sobre delincuencia juvenil
Como desarrollo de la CDN, las Naciones Unidas han elaborado tres instrumentos sobre justicia de menores, los
cuales, interpretados en conjunto constituyen una tentativa de armonización de la Admón de justicia de menores
en el ámbito internacional:
1. Directrices de Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil o Directrices de Riad, aprobadas
mediante resolución 45/112, de 14 diciembre de 1990.
Para las Directrices de Riad, la prevención delincuencia juvenil es parte esencial de la prevención del delito en la
sociedad, ya que si los jóvenes se dedicaran a actividades lícitas y socialmente útiles, adquirirían por sí mismos,
actitudes no criminógenas. Deberá prestarse especial atención a las políticas de prevención, teniendo en cuenta
a la familia, la educación, la comunidad y los medios de comunicación, basados en estudios de pronóstico, los
cuales serán objeto de vigilancia y evaluación en su aplicación. Establece unos principios básicos:
- Se promulgarán leyes que prohíban la victimización, malos tratos y explotación de los niños y jóvenes,
así como su utilización en actividades delictivas.
- No serán objeto de medidas de corrección o castigos severos o degradantes en el hogar, en la escuela
ni en ninguna otra institución.
- Acoge un concepto estricto o restringido de delincuencia juvenil: las leyes garantizarán que ningún acto
que no sea considerado delito ni sancionado cuando lo comete un adulto, lo sea cuando es cometido
por un joven.
- Debería considerarse la posibilidad de establecer un puesto de mediador u órgano análogo
independiente para los jóvenes que garantice el respeto de su condición jurídica, sus dº e intereses.
2. Reglas Mínimas Uniformes de las Naciones Unidas para la administración de Justicia de Menores, Reglas de
Beijing, Resolución 40/33, 29 noviembre 1985.
Constituyen el primer instrumento jurídico internacional, entre otros dº inherentes al proceso penal de menores,
señala que:
- Se respetarán las garantías procesales básicas en todas las etapas del proceso: presunción de
inocencia, notificación de las acusaciones, a no responder, al asesoramiento, a la presencia de padres o
tutores, etc. Se respetará en todo momento la intimidad, no publicándose ninguna información que
pueda dar lugar a la individualización de un menor delincuente.
- Su detención será notificada en el plazo más breve posible, a sus padres o tutores.
- La prisión preventiva sólo como último recurso y durante el plazo más breve posible.
- La respuesta que se dé al delito será proporcionada tanto a las circunstancias, a la gravedad del delito,
a las circunstancias y necesidades del menor, así como de la sociedad.
- Sólo se impondrá privación de libertad cuando el acto sea grave y concurra violencia contra otra
persona o por la reincidencia de otros delitos graves sin respuesta adecuada.
- No se sancionarán con penas corporales ni con la pena capital. Su confinamiento en establecimientos
penitenciarios se utilizará sólo como último recurso y por el más breve plazo posible.
3. Reglas de Naciones Unidas para la Protección de Menores Privados de Libertad, Resolución 45/113, 14 dic 1990.
Puede considerarse como una continuación detallada y pormenorizada de la última parte de las Reglas de
Beijing. Su objeto es establecer unas normas mínimas para la protección de los menores privados de libertad en
todas sus formas, con miras a contrarrestar los efectos perjudiciales de todo tipo de detención y fomentar la
integración en la sociedad. La privación de libertad se decidirá como último recurso, por el período mínimo
necesario y limitado a casos excepcionales.
3. NORMATIVA INTERNACIONAL DE CARÁCTER REGIONAL Y SECTORIAL
I. Introducción
Una vez aprobada y ratificada la DUDH, los Estados no se han conformado con adaptar sus ordenamientos
jurídicos a los principios recogidos en la Declaración, sino que para garantizarlos han optado por adoptar
instrumentos regionales de derechos humanos que sean vinculantes para los Estados partes y crear
mecanismos jurídicos para su garantía. Y por otro lado, han desarrollado una serie de estos Derechos en la
creencia de que necesitan una protección especial: dº civiles y políticos, dº de la mujer y la infancia, prohibición
de la tortura y la pena de muerte, etc.
II. La Unión Europea
El sistema europeo de derechos humanos se inspira en la DUDH y asegura la garantía colectiva de esos
derechos a través de la institucionalización de órganos propios.
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1. La Convención Europea para la Salvaguarda de los Derechos del Hombre y de las Libertades Fundamentales.
Los derechos protegidos por este convenio son muy similares a los recogidos en la DUDH, la importancia reside
en que ha transformado los principios generales en estrictas obligaciones jurídicas, con un mecanismo judicial
que garantiza su defensa -la Comisión Europea de DH y el Tribunal Europeo de DH- ya que el Convenio es de
aplicación inmediata y cada Estado se compromete a adaptar su ordenamiento jurídico interno a sus exigencias.
El Tribunal Europeo DH (TEDH) tiene un funcionamiento permanente y una jurisdicción obligatoria en todos los
asuntos que se refieran a la interpretación y aplicación del Convenio y sus Protocolos, incluyendo demandas
individuales e interestatales. Sus sentencias son definitivas y vinculantes, siendo el Comité de Ministros del
Consejos quien controla la ejecución de las mismas.
2. Resoluciones y Recomendaciones del Consejo de Europa.
Elaborados por comités especiales y grupos de expertos. Con estos dictámenes, el Consejo ha intentado
destacar aquellos problemas más acuciantes para la juventud, así como las causas más influyentes en la
delincuencia juvenil, para orientar a los Estados miembros en las formas de prevención y tratamiento e intentar
armonizar una justicia penal juvenil europea común a todos los Estados. Entre las líneas básicas de las
Recomendaciones podemos destacar:
Resolución 78, sobre “Delincuencia juvenil y transformación social, en atención a las transformaciones y
cambios de la sociedad contemporánea”:
El objetivo consiste en alertar a los países de las negativas consecuencias que las trasformaciones
sociales (crisis, paro, inmigración, etc.) pueden tener en la juventud y de las posibles acciones
preventivas para evitar la marginación (mejorar condiciones de viviendas reforzando ayudas para
familias más desfavorecidas; revisar sistemas escolares; fomentar la formación profesional como medio
para su integración en el mercado laboral; fomentar el buen uso del tiempo libre promoviendo las
asociaciones juveniles y los movimientos deportivos). Por otro lado, recomienda un cambio sustancial en
los sistemas de justicia juvenil europeos, anclados la mayoría en sistemas tutelares o educativos en los
que no se respetan los derechos fundamentales de los jóvenes inmersos en el sistema penal.
Recomendación 87, sobre “Reacciones sociales ante la delincuencia juvenil”:
Prevención insiste en la necesidad de que pase a ser una consideración prioritaria y señala varias
modalidades:
Prevención social (encaminada a mejorar la calidad de vida en general y destinadas a prevenir
la delincuencia juvenil).
Prevención situacional (reducir oportunidades para cometer delitos que ofrece el entorno físico).
Prevención comunitaria (prestaciones a las familias, centros de asesoramiento familiar,
programas deportivos, etc).
Desjudicialización (diversión) y mediación: para evitar a los menores la asunción por el sistema
de justicia penal y sus nocivas consecuencias; concediendo una atención adecuada tanto a los
dº e intereses de la víctima como a los del menor.
Justicia de menores: asegurando el principio de celeridad (más rápida), evitando en lo posible la
detención preventiva (excepción: infracciones graves por menores de más edad), limitando su
duración y separado de los adultos. Reforzar la posición legal de los menores en todo el
procedimiento, incluida la fase policial. Procurar que todas las personas que intervienen en las
diversas fases tengan una formación especializada en el ámbito del derecho de menores y de la
delincuencia juvenil.
Intervenciones: asegurar que se realicen en su ambiente de vida natural. Que tengan una
duración determinada y que la autoridad competente pueda poner fin antes del plazo. En caso
de poder evitarse la pena privativa de libertad, aplicar una escala adaptada a la condición de los
menores y modalidad de ejecución y aplicación más favorables que las previstas para adultos,
exigiendo su motivación por el juez. Asegura la formación tanto escolar como profesional y el
apoyo educativo tras la reclusión y eventualmente un apoyo a la reinserción social.
Recomendación 20, “Las nuevas formas de tratamiento de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia de
menores”:
Adoptada con ocasión de la creciente preocupación por el aumento de la delincuencia juvenil en Europa
(incremento de la pobreza y desigualdades; elevada incidencia de divorcios y su impacto en los jóvenes;
incremento del consumo de alcohol y otras sustancias; paro juvenil; baja formación educativa; guetos o
suburbios en las grandes ciudades, etc.)
Evidencia un estado de opinión generalizado en los países integrantes, que considera las medidas más
severas y el internamiento como las únicas que pueden impedir la reincidencia, que su duración es
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insuficiente y que esta delincuencia muestra una tendencia al alza. A la vista de esta realidad, reclama
una información global, completa e integral que no se centre sólo en sus datos más espectaculares y
alarmantes y que se pongan en evidencia otros aspectos como: que por lo general se trata de una
delincuencia poco grave, que la mayoría abandona la delincuencia y el comportamiento antisocial con la
mayoría de edad, o que existen soluciones extrajudiciales para solventar los conflictos que resultan más
eficaces y menos costosas.
3. La Carta Europea de los Derechos del Niño.
Además de los derechos recogidos en la CDN, menciona aspectos relevantes como los relacionados con la
minoría de edad penal; necesidades de los hijos pequeños de los reclusos; protección de la juventud frente a las
drogas; el trabajo infantil; la garantía de un salario en igualdad de condiciones en relación con los adultos para
los trabajadores entre 16-18 años; o que los Estados miembros nombren un defensor de los derechos del niño.
4. Resoluciones y Dictámenes de otros organismos europeos.
Con el objetivo de promover una estrategia común de lucha contra la delincuencia juvenil, el Comité Económico
y Social Europeo elaboró un dictamen sobre “La prevención de la delincuencia juvenil, los modos de tratamiento
de la delincuencia juvenil y el papel de la justicia del menor en el UE”, considerando conveniente: imprescindible
contar con datos cuantitativos actualizados y comparables sobre el estado de la delincuencia en los países
miembros; que existan estándares mínimos u orientaciones comunes de actuación; creación de una red de
expertos y un observatorio; establecer un tratamiento multidisciplinar y multiinstitucional adecuado.
III. Organización de Estados Americanos (OEA)
1. La Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Nace con el propósito de consolidar en el continente americano un régimen de libertad personal y de justicia
social, comprometiéndose los Estados Partes a garantizar su libre y pleno ejercicio. Respecto de los derechos
del niño, se limita a reafirmar una serie de principios ya consagrados en la Carta de la Organización de los
Estados Americanos, en la Declaración Americana de los Dº y Deberes del Hombre y en la DUDH. Su mayor
trascendencia reside en los dos órganos que crea para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento
de los compromisos contraídos en la Convención: La Comisión Interamericana de Dº Humanos con sede en
Washington, la Corte Interamericana de DH, sede en San José, Costa Rica.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.
Su función principal es promover la observancia y defensa de los DH, formulando recomendaciones a
los Estado miembros; preparar estudios e informes; solicitar de los gobiernos informes sobre las
medidas que adopten en cuestiones relacionadas con DH; y sobre todo, atender peticiones de personas,
grupos o entidades no gubernamentales reconocidas en algún Estado miembro que contengan
denuncias o quejas de violación de Dº garantizados en la Convención.
Esta competencia para conocer de las violaciones de DH es el aspecto más relevante de la Comisión.
Para que una petición sea admitida se requerirá que se hayan agotado los recursos ante la jurisdicción
interna, y que sea presentado en plazo de 6 meses, a partir de la fecha de que al presunto lesionado en
sus dº le haya sido notificada de la decisión definitiva. Si el asunto es admitido por la Comisión, iniciará
una investigación e intentará una solución amistosa fundada en el respeto a los DH reconocidos en la
Convención, si no lo consigue emitirá un informe con los hechos, conclusiones, recomendaciones o
proposiciones que crea oportunas, dando traslado a los Estados interesados para que en plazo de 3
meses den solución al asunto o lo sometan a la decisión de la Corte.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Compuesta por 7 jueces, el quórum para deliberaciones es de 5 jueces. Cuando decida que hubo
violación de un dº o libertad, dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su dº o libertad
conculcados, y si procede, que se reparen las consecuencias y el pago de una justa indemnización. El
fallo será definitivo e inapelable.
2. Opinión Consultiva 17 de la Corte Interamericana de DH, relativa a la “Condición jurídica y DH del Niño”.
La Comisión comprobó que la vigencia de los dº y garantías reconocidos en la Convención no es plena respecto
a los niños, y señaló que ciertas legislaciones y prácticas en países americanos ponen en segundo plano las
garantías favorables a los menores, en aras de la protección que los Estados deben brindar a estos sujetos, ello
implica que sus dº pueden ser menoscabados o restringidos. Para paliarlo, sometió a la Corte una solicitud de
Opinión Consultiva sobre la interpretación de los art 8 [garantías judiciales] y art 25 [protección judicial] de la
Convención, con el propósito de determinar si las medidas especiales establecidas constituyen límites al arbitrio
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o la discrecionalidad de los Estados en relación con los niños, solicitando la formulación de criterios generales
válidos sobre la posición de los menores dentro del marco de la Convención.
La importancia de esta Opinión Consultiva es evidente, por primera vez, en ejercicio de su función consultiva, la
Corte reconoció al niño como sujeto de derecho y no sólo como objeto de protección. Tras oír y examinar las
observaciones presentadas, decidió entre otros asuntos: que “niño” o “menor de edad” es toda persona que no
haya cumplido los 18 años, salvo que haya alcanzado antes la mayoría de edad por mandato legal; que son
titulares de dº y no sólo objeto de protección; reconoce el principio de “interés superior del niño”; la
especialización de la justicia penal de menores y el respeto al principio de legalidad; posibilidad de emplear vías
alternativas de solución de controversias que afecten a los niños y necesidad de regularlas con especial
cuidado.
IV. Organización de la Unidad Africana (OUA)
En la XVIII Asamblea de Jefes de Estado y Gobierno de la OUA fue aprobada por unanimidad la Carta Africana
de los Derechos de los Hombres y de los Pueblos – Carta de Banjul- en 1981. Venimos asistiendo al
surgimiento de un emergente proceso de sectorialización a cargo de la OUA, con la emanación de diferentes
instrumentos internacionales para la tutela de los DH.
1. La Carta Africana sobre los DH y de los Pueblos.
Al igual que otros convenios regionales de DH reconoce una serie de Dº fundamentales del ser humano.
Respecto de la infancia, en el art 18.3 “El Estado se hará responsable (…) de la protección de los dº de l niño tal
como se estipulan en las declaraciones y convenios internacionales” Para promover y garantizar los dº se crea
la Comisión Africana sobre DH y de los Pueblos, sólo competente para investigar violaciones de los mismos por
un Estado, si otro Estado presenta un comunicado escrito respecto del tema. Para complementar y reforzar a la
Comisión, se establece la Corte Africana sobre DH y de los Pueblos.
2. La Carta Africana sobre los Derechos y Bienestar del Niño.
Ofrece un instrumento legislativo esencial para establecer estrategias y tomar medidas a escala nacional y
regional para promover y proteger los dº de la infancia. Su Preámbulo expresa la preocupación por la situación
crítica de la mayoría de los niños africanos a causa de los factores excepcionales de sus circunstancias
socioeconómicas, culturales, tradicionales y las relacionadas con su desarrollo, así como los desastres
naturales, conflictos armados, explotación y hambre. Al mismo tiempo declara la importancia de que la herencia
cultural y los valores de la civilización africana estén presentes en el concepto de dº y el bienestar del niño.
Respecto de la admón de justicia juvenil: (art 17) cuando el niño sea objeto de detención o privado de libertad:
prohíbe la tortura y tratos inhumanos o degradantes; estén separados de lo adultos; presunción de inocencia;
sea informado de los cargos en su contra, de sus dº en lenguaje comprensible a su edad, asesoramiento legal;
se prohíba asistencia de pública o medios de comunicación en el proceso; que al ser declarado culpable el
objeto final sea su reforma, reintegración familiar y rehabilitación social; que establezca mínimo de edad por
debajo del cual se presuma que los niños no tienen capacidad para infringir la ley penal.
Se crea el Comité Africano de Expertos sobre los Dº y Bienestar del Niño, con la misión de vigilar su
cumplimiento . Está facultado para recibir denuncias de cualquier individuo, grupo u organización no
gubernamental reconocidos por la OUA.
En 2006, en Banjul (Gambia), la Asamblea dela Unión Africana aprobó la Carta Africana de la Juventud, entró
en vigor en 2009, cuenta con 22 Estados partes.
V. Asia y El Islam.
En la región asiática no se han instaurado todavía mecanismos de protección de los DH, aunque hay iniciativas
para su promoción, y en aquellos lugares donde sí se han instaurado, como en los países árabes, presentan
notables diferencias respecto de las democracias occidentales.
1. Carta Asiática de Derechos Humanos.
Aprobada en Kwangju, Corea del Sur en 1998, refleja la fuerza y determinación creciente del movimiento por los
DH en Asia-Oceanía. Afirma la universalidad de todos los DH y reconoce que estos principios pueden articularse
también desde una perspectiva cultural, religiosa y filosófica asiáticas.
Saca a la luz las continuas vulneraciones y solicita a los Gobiernos el reconocimiento y la protección del dº a la
vida, a la paz, a la democracia, a la identidad cultural y a la justicia social; señalando grupos especialmente
vulnerables como las mujeres y los niños.
Presentada como una iniciativa particular por varias organizaciones no gubernamentales, comienza por la
ratificación de los instrumentos internacionales de DH y su plena implantación en la ley y en la práctica,
solicitando la adopción por los Gobiernos firmantes de un Convenio regional de DH.
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2. Los Derechos Humanos en El Islam.
Hasta finales de los años 70 no se manifiesta en los países árabes la necesidad de adecuar sus ordenamientos
jurídicos en conformidad con el derecho internacional, destacando:
Las Declaraciones de los DH de la Organización de la Conferencia Islámica, de 1979, 1981 y 1990 (ésta última
conocida como Declaración del Cairo sobre Dº del Hombre en el Islam). En ellas, los DH se integran en el
ordenamiento islámico, en el que dichos derechos deben ser interpretados y aplicados según la Shaira Islámica,
aunque se proclaman libertades tradicionales liberales y se reconocen dº sociales y económicos, además de
algunos dº colectivos como el derecho de las minoría religiosas.
La Carta Árabe de los Derechos Humanos, adoptada en 1994 en el Consejo de la Liga de los Estados Árabes.
4. LA DELINCUENCIA JUVENIL EN EL MARCO INTERNACIONAL. DERECHO COMPARADO:
TRATAMIENTO DE LA DELINCUENCIA JUVENIL EN OTROS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS
I. El tratamiento de la delincuencia juvenil en Europa
Aunque la delincuencia juvenil presenta unas características similares en la mayor parte de los países europeos,
la respuesta de cada ordenamiento jurídico varía significativamente, reflejando en ella su historia, su cultura y su
tradición jurídica. Un premisa común es que el delincuente juvenil debe recibir una respuesta penal diferente de
los adultos. Las diferencias aparecen preferentemente a la hora de fijar el límite de edad donde comienza la
responsabilidad penal de los menores, el régimen sancionador y la competencia de los tribunales de menores.
1. Aspectos coincidentes
Prácticamente todos los países europeos han modificado su legislación penal juvenil para adecuarla a
las recomendaciones de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, abandonando modelos tutelares
o de protección por modelos de justicia juvenil caracterizados por un reforzamiento de la posición legal
del menor, en lo que a reconocimiento de derechos y garantías se refiere, así como por la afirmación de
una mayor responsabilidad del menor en relación con el desvalor de su acción.
Han optado también por un procedimiento más formalista que resulte a la vez más comprensible para
el menor, en el que todos los órganos de control social formal intervinientes en el sistema de justicia
penal juvenil deben ostentar la condición de especialistas, en el que la figura del Fiscal o Ministerio
Público adquiere cada vez más importancia y en el que se debe atender de modo flexible, no sólo a la
prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la edad, las circunstancias familiares y
sociales, la personalidad y el interes del menor.
Mayor vigencia de los principios de intervención mínima, oportunidad y ultima ratio, en el sentido
de que el Derecho penal juvenil intervenga principalmente en aquellos casos de cierta gravedad,
otorgando amplias posibilidades al Juez, e incluso al Ministerio Fiscal y a la policía, para archivar las
actuaciones y no continuar el proceso, favorecer el papel de la mediación y la conciliación-reparación, y
la utilización de sanciones privativas de libertad únicamente en aquellos casos en que sea estrictamente
necesario.
Por último, un régimen sancionador en el que prima como elemento determinante de la medida
adoptada el interés superior del menor, junto a un amplio catálogo de respuestas desde la perspectiva
sancionadora-educativa, en la que el Juez goza de un amplio arbitrio judicial para imponer la más
idónea a tenor de las características del caso concreto y de la evolución del menor durante la ejecución
de la misma.
2. Diferencias
Las mayores diferencias radican en el establecimiento del límite en el que se sitúa la adquisición de la
responsabilidad penal de los menores. Si la mayoría de edad penal al igual que la mayoría civil se
establece por regla general a los 18 años (salvo Austria a los 19 años), el límite mínimo para exigir
responsabilidad penal a los menores fluctúa desde los 8 años de Escocia, los 10 de Inglaterra, los 12
de Holanda, los 14 de Alemania, Austria, España o Italia, los 15 de los países escandinavos, los 16 de
Portugal o los 18 de Bélgica y Luxemburgo.
Cuestión importante es también observar el diferente régimen entre aquellos países que como España y
Portugal se han decantado por un criterio biológico o cronológico, mediante el cual se establecen unos
límites de edad fijos para delimitar la mayoría de edad penal o la responsabilidad penal juvenil; de
aquellos otros como Alemania, Italia o Francia que han preferido seguir un criterio mixto o
biopsicológico, en el que los menores para tener responsabilidad penal juvenil, además de tener una
determinada edad, han de mostrar un grado de madurez acorde a su edad que les otorgue capacidad
para comprender el carácter ilícito de su conducta.
También se observan diferencias significativas entre los países, respecto del régimen sancionador
aplicable a los menores, entre aquellos que como España y Alemania han elaborado un Derecho penal
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juvenil con un régimen de sanciones propio, y aquellos otros que como Francia, Inglaterra y los países
escandinavos han optado por aplicar a los menores las mismas penas que a los adultos, aunque con
determinados límites y generalmente con una considerable atenuación.
II. Las dimensiones del problema de la delincuencia juvenil en Sudamérica. Los niños de la calle
Las malas condiciones socioeconómicas imperantes en la mayoría de los países latinoamericanos (inflación,
deuda externa, corrupción, etc.) pueden llevar y, de hecho así sucede, a una situación en la cual muchos niños
no pueden asistir a la escuela, no reciben una asistencia educativa adecuada, y deben ganarse el sustento
desde edades muy tempranas esta situación ha llevado al resurgimiento y proliferación de un fenómeno que en
Europa y los países desarrollados ha desaparecido desde finales del s. XIX o principios del s. XX y que no es
otro que el de los niños de la calle.
Como características más notorias de los niños de la calle, destaca RIOS las siguientes:
Son en su mayoría niños que tienen más de diez años, existiendo una gran proporción entre quince y
diecisiete años.
Se trata de un fenómeno eminentemente urbano, ya que una gran mayoría de los niños de la calle vive
en las grandes ciudades. Proceden en su mayoría de barrios pobres en la periferia de grandes
ciudades. Con frecuencia son hijos de madres solteras o de familias desestructuradas que viven en
chabolas en los ghettos o fabelas.
Se congregan en el centro de la ciudad.
La vida de los niños de la calle se centra exclusivamente en el dinero y en la forma de obtenerlo. Viven
el presente, sin esperanzas de futuro, ya que su esperanza de vida es baja.
Tienen un intenso sentido de la solidaridad, como una forma de supervivencia, de modo que viven,
trabajan, juegan e incluso llevan a cabo sus actividades delictivas en grupo.
Son conocidos bajo diversas denominaciones según el país sudamericano del que procedan. En
Argentina se les denomina pibes; en Bolivia canallitas; en Brasis meninos de la rua, pivetes o
trombadinhas (ladronzuelos); en Colombia gamines; en México pelones y en Perú pájaros fruteros o
petisos.
Es importante destacar que los niños de la calle no son de por sí delincuentes, sino sólo jóvenes con mayores
probabilidades de delinquir, ya que su integración social está seriamente obstaculizada o incluso imposibilitada,
y dada su situación de riesgo, es muy probable que se conviertan en delincuentes crónicos.
Ante la gravedad de la situación y los escasos medios empleados para prevenir la delincuencia juvenil, los
países latinoamericanos han reaccionado y en los últimos años, tras la promulgación de las directrices sobre
prevención, tratamiento y privación de libertad emanadas de Naciones Unidas, han realizado una serie de foros,
debates y encuentros bajo el patrocinio del ILANUD en los que han analizado las causas de la delincuencia
juvenil y las medidas necesarias para su prevención, llevando a cabo, entre otras iniciativas, reformas legales
para adecuar sus sistemas de justicia juvenil a las nuevas directrices internacionales, adoptando para ello
procedimientos de corte más garantista ante órganos jurisdiccionales especializados, en el que se respeten
todos los derechos individuales y garantías procesales de los menores.
Ejemplos de Brasil, México, Chile, Colombia, Paraguay o Argentina en páginas 142 a 144.
III. Estados Unidos
La delincuencia juvenil es uno de los asuntos por el que más preocupación ha demostrado el conjunto de la
sociedad en Estados Unidos, por lo que se han significado por ser prácticamente los pioneros, a nivel mundial,
en la implantación de medidas para prevenir la delincuencia juvenil, desde todos los ámbitos: ambiental,
socioeconómico, educativo, jurídico-penal, preventivo, criminológico, etc.
Las notas más relevantes o características del sistema de justicia penal juvenil norteamericano y que lo
diferencian del vigente en nuestro país y del de otros países europeos son, entre otras, las siguientes:
Siempre ha defendido una concepción amplia o extensiva de la delincuencia juvenil donde tienen
cabida, además de los menores infractores de las leyes penales, otras conductas que únicamente se
castigan cuando son realizadas por jóvenes, los denominados status offenses o delitos por su condición,
que se concretan en estados peligrosos o conductas antisociales como el consumo de drogas o alcohol,
fugas de domicilio, absentismo escolar, desobediencia a los padres, vagabundeo, etc.
La jurisdicción de los Tribunales para menores presenta diferencias notables en los 51 sistemas
judiciales que operan en el ámbito estatal y varía en cuanto a la competencia por razón de edad en los
diferentes Estados, aunque se observa que una mayoría sitúa el limite de responsabilidad penal en 18
años, dejándose libertad al Tribunal de menores para desarrollar su propia política no escrita o de
establecer sus decisiones sobre el límite mínimo, por debajo del cual los menores gozan de una
presunción absoluta de inimputabilidad, en base al derecho consuetudinario del common law a cuyo
41
tenor, ninguna persona puede ser responsable por una conducta criminal si no ha alcanzado la edad de
siete años.
Las funciones de la policía difieren también bastante de a lo que estamos habituados en la Europa
continental, ya que gozan de un amplio poder discrecional, amparados en el principio de oportunidad,
cuando proceden por una denuncia contra un menor o cuando un menor es detenido in in. Según
BARTOLLAS los agentes de policía tienen cinco opciones: (1) cuando es asunto es de poca
importancia, puede avisar al menor sobre lo inadecuado de su conducta y dejarle marchar; (2) puede
amonestarlo en comisaría, registrando su infracción y entregando al menos a sus padres; (3) remitir al
joven a una institución pública como el Departamento de Asistencia Juvenil; (4) dar traslado del asunto
al Tribunal de menores, entregando al menor a sus padres; y (5) poner el asunto en conocimiento del
tribunal de menores pero manteniendo al menor detenido en comisaría o proceder a su ingreso en la
cárcel si no se dispone de centros de detención de menores.
El catálogo de sanciones susceptibles de ser impuestas a los menores infractores es extenso y
variado. Cuando el procedimiento concluye con sentencia condenatoria, en el curso de una audiencia
posterior el Juez decide el tipo de medida aplicable entre: (a) libertad vigilada o libertad a prueba, (b)
programas comunitarios dirigidos a reparar las consecuencias del delito y resarcir a las víctimas, (c)
internamiento en alguna de las modalidades de instituciones de detención. La duración de las medidas
privativas de libertad depende de si los Estados aplican criterios legislativos basados en la imposición
de penas determinadas y obligatorias para ciertos delitos o, por el contrario, establecen penas
indeterminadas hasta la rehabilitación del delincuente.
42
CAPÍTULO VI MINORÍA DE EDAD PENAL Y ESTRUCTURA DEL DELITO: ESPECIAL
REFERENCIA A LA IMPUTABILIDAD
1. CONCEPTOS INTRODUCTORIOS: LA ESTRUCTURA DEL DELITO EN LA MODERNA CIENCIA DEL
DERECHO PENAL La moderna Ciencia del DP utiliza el pensamiento sistemático como base de análisis de la estructura del delito,
es decir, que para determinar qué tipo de situaciones va a dar lugar a la intervención del ordenamiento jurídico
penal, se lleva a cabo una serie de juicios sobre los fenómenos asociados al ser humano, hasta obtener
aquellos a los que se les va a aplicar una consecuencia jurídica del delito (una pena, una medida sancionadora
educativa -en el caso de menores-, o una medida de seguridad y de reinserción social -caso de inimputables o
semiimputables-). En dicho proceso, también se obtienen los datos necesarios para concretar el tipo y medida
de la posible consecuencia.
La delimitación de las diversas categorías ha de basarse en criterios materiales. Sólo si un determinado
componente tiene alguna función propia que cumplir dentro del delito tendrá sentido concederle una posición
independiente.
Podemos distinguir cinco categorías que configuran el concepto analítico del delito: acción u omisión;
tipicidad; antijuricidad; culpabilidad y punibilidad.
Dichos elementos están vertebrados por una relación de carácter secuencial:
sólo una acción o una omisión pueden ser típica;
sólo una acción o una omisión típica puede ser antijurídica; sólo una acción/omisión antijurídica puede
ser culpable;
sólo una acción/omisión culpable puede llegar a ser punible.
Se trata de un sistema piramidal recorrido por una relación lógica necesaria entre sus elementos.
El análisis de la culpabilidad cuenta con especiales características en el ámbito de la minoría de edad penal
frente al DP de adultos, pero para comprender el contenido del delito y conocer el alcance de la culpabilidad en
el DP juvenil, es preciso describir el resto de elementos.
2. LOS ELEMENTOS PREVIOS AL JUICIO DE CULPABILIDAD: ACCIÓN U OMISIÓN, TIPICIDAD Y
ANTIJURDIADD
I. Concurrencia de una acción o una omisión
Pese a que existen planteamientos que prescinden del carácter independiente de los mismos, podemos afirmar
que en la base de la estructura del delito se sitúa bien una acción, bien una omisión.
Podemos definir la acción como ejercicio de actividad finalista. Es decir, se trata de una auténtica
unidad constituida en torno a la dirección final del individuo; es el sujeto el que, gracias a su saber
causal, dirige la actividad hacia un determinado fin.
Ello hace que pertenezcan al concepto de acción todas y sólo aquellas consecuencias que se
encuentran comprendidas por la finalidad o por la voluntad de realización del individuo. La finalidad
define los límites externos de la conducta activa. Si un resultado no estaba comprendido en la voluntad
de realización, no será parte del contenido de la acción finalista.
En la determinación de los límites de la acción es decisiva la delimitación del contenido que abarca la
voluntad de realización del sujeto.
En este sentido podemos trazar tres círculos:
a) En primer lugar, pertenecen a la acción aquellos resultados que constituyen el fin que persigue el autor:
el sujeto A se plantea causar unas lesiones al sujeto B y las causa. Las lesiones, fin principal, son parte
constitutiva de la acción de A.
b) Además, la acción incluirá las consecuencias que el sujeto considere necesariamente unidas a la
consecución de su fin principal: A quiere aparcar su coche en el garaje de su propiedad, en cuya puerta
duerme el mendigo B; pese a percatarse de ello, A entra en el recinto causando graves lesiones a B.
Las lesiones de B no constituyen el fin principal de A, sin embargo están incluidas en su voluntad de
realización y son parte de la acción en el caso de que A las contemple como necesariamente unidas a
su objetivo principal.
c) Y, por último, están abarcadas por la voluntad de realización y, por tanto, pertenecen a la acción
aquellas consecuencias que el sujeto entiende como meramente posibles pero con cuya producción
cuenta: A llega con retraso a tomar un avión por lo que decide conducir a gran velocidad por una zona
peatonal, contando con la posibilidad de atropellar a algún viandante, finalmente atropella a B
causándole graves lesiones. Las lesiones de B no constituyen el fin principal de A, ni siquiera las
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contempla como necesariamente unidas a la consecución de su objetivo, que no es otro que no perder
el vuelo, sin embargo están incluidas en su voluntad de realización y pertenecen a su acción al haber
contado con su producción.
Más allá del límite descrito, es evidente que resulta posible que de una acción se deriven consecuencias
no incluidas en la voluntad de realización del sujeto. Estas consecuencias, producidas de un modo
meramente causal, no final, no pertenecerán a la acción entendida como acción finalista, si bien pueden
tener trascendencia penal. Pensemos en quien, sin percatarse de que se salta un semáforo en rojo,
atropella a varios viandantes.
En cuanto a la omisión, se trata de la no realización de una acción cuando se tenía capacidad concreta
para llevarla a cabo. La omisión, como la nada física que es, tiene vetado el camino de la causalidad en
el mundo físico: la nada, nada causa. El sujeto no puede dirigir su omisión hacia la producción de
resultado físico alguno. Todo ello lleva a que para asociar un resultado físico material a una omisión sea
imprescindible el empleo de criterios valorativos.
Si bien el comportamiento omisivo es, ciertamente, la nada mecánica, en ningún caso es la nada social;
en este ámbito, debido a su contenido positivo, puede provocar modificaciones en el entorno socio-
cultural en el que se verifica. En estos supuestos, si el resultado está incluido en la voluntad de
realización del omitente, si ha dirigido su omisión hacia la producción del mismo, pertenecerá al
comportamiento omisivo: el omitente dirige finalmente su omisión a la producción de un concreto
resultado.
Definidas la acción y la omisión, es preciso señalar que la situación de ambos elementos en el primer peldaño
de la estructura del delito tiene importantes consecuencias, como la exclusión como posible sustrato delictivo del
pensamiento, de los movimientos corporales de quién sufre un ataque de epilepsia o de quien duerme o de los
reflejos en sentido estricto.
II. La acción u omisión ha de ser típica
Dada la trascendencia del principio de legalidad en este sector del ordenamiento jurídico, sólo aquellas acciones
u omisiones que estén recogidas en las leyes penales, es decir, que contengan los elementos que fundamentan
lo injusto específico de una determinada figura delictiva, podrán llegar a ser jurídico-penalmente relevantes. A
esta cualidad se le llama tipicidad: la conducta real ha de contener los elementos de la conducta tipo.
Dentro del ámbito de responsabilidad penal de los menores resulta básico determinar qué conductas típicas
pueden realizar los mismos. En este punto, la LORRPM se remite en su art. 1.1 al Código penal general y a las
leyes penales especiales para la determinación de las conductas típicas. En definitiva, si bien la responsabilidad
penal de los menores tiene un sistema propio en cuanto a sanciones aplicables y procedimiento, es accesorio
del sistema común por lo que respecta al catálogo de infracciones que pueden cometer los menores de edad:
son plenamente coincidentes con las establecidas en el Derecho penal de adultos.
III. La acción u omisión ha de ser antijurídica
Sólo cuando la acción u omisión típica sea además antijurídica, esto es, contraria al derecho o ilícita, podemos
hablar de una infracción penal en sentido estricto y se abrirá la posibilidad de aplicar una pena, una medida de
seguridad o, en el caso del Derecho penal de menores, una medida sancionadora educativa.
Estadísticamente, la mayoría de las conductas típicas son además antijurídicas, sin embargo, existen ciertas
situaciones, que vienen taxativamente determinadas por las denominadas causas de justificación, que implican
que lo que es típico no sea antijurídico, sea plenamente lícito. Pensemos en quien causa una muerte o unas
lesiones concurriendo la legítima defensa.
Con referencia a la concreta responsabilidad penal de los menores, la LORRPM hace de nuevo remisión al
Código penal general en su art. 5.1. En efecto, a la hora de determinar las eximentes en general y las causas de
justificación aplicables en su ámbito, el citado precepto remite a las causas de exención o extinción previstas en
el vigente Código penal. Con tales premisas podemos citar como causas de justificación aplicables a los
menores y que determinarán la licitud de su conducta típica a las siguientes: la legítima defensa (20.4º); el
estado de necesidad cuando el mal causado sea de menor entidad que el que se trata de evitar y la conducta no
suponga un grave atentado a la dignidad de la persona humana (20.5º); el cumplimiento de un deber o ejercicio
legítimo de un derecho, oficio o cargo (20.7º); y algunos supuestos de consentimiento.
Por último, por lo que respecta a las atenuantes y agravantes en general y en especial a las que se refieren a lo
injusto, incluidas las causas de justificación incompletas, no existe una correspondencia formal con el Derecho
penal común. En este punto impera el principio de flexibilidad que recoge el art. 7º.3 LORRPM y que explícita el
art. 39.1 LORRPM. En definitiva, la concreta trascendencia de las circunstancias que pudieran afectar la
gravedad de lo injusto se deja en manos de la valoración del juez; las reglas contenidas en el CP únicamente
podrán ser tenidas en cuenta como orientación del ejercicio del arbitrio judicial.
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3. LA CULPABILIDAD EN EL SENO DE LA TEORÍA JURÍDICA DEL DELITO: CONCEPTOS FORMAL Y
MATERIAL DE CULPABILIDAD
I. Concepto formal de culpabilidad. El principio de culpabilidad
La culpabilidad es la reprochabilidad personal de la acción u omisión típica y antijurídica. Se trata por tanto de
un momento de la mayor trascendencia desde el punto de vista del análisis jurídico-penal. Como elemento de
cierre de la estructura del delito, la determinación de la culpabilidad del sujeto y de la medida de la misma va a
configurar directamente la necesidad, el tipo y la medida de la posible consecuencia jurídica a aplicar.
Es en este sentido que se ha formulado uno de los principios básicos del Derecho penal moderno, el
denominado principio de culpabilidad. Según este “no hay pena sin culpabilidad y la medida de la pena no
puede superar la medida de la culpabilidad”. En Derecho penal de menores dicho principio general es
perfectamente aplicable a las medidas sancionadoras educativas, cuya naturaleza y duración dependerán de la
existencia y medida de la culpabilidad del menor.
II. Concepto material de culpabilidad
La culpabilidad es la reprochabilidad personal de la acción u omisión típica y antijurídica.
El principio de culpabilidad: no hay pena sin culpabilidad y la medida de la pena no puede superar la medida de
la culpabilidad. En definitiva, cuando hablamos de culpabilidad estamos ante un juicio una valoración que necesita de un sustrato sobre el que desarrollarse.
Dicho sustrato como hemos visto viene constituido por la acción u omisión típica y antijurídica, objeto del reproche. Pero, como todo juicio,
además de un sustrato necesita de unos criterios de referencia.
Es decir, es preciso saber cuál es la base de esa reprochabilidad, qué es lo que determinará que estemos en
condiciones de echar en cara al autor haber actuado en contra del ordenamiento jurídico, es decir, hemos de
pasar del plano formal al plano material de la culpabilidad.
Sobre este particular se ha desarrollado una larga polémica en la que podemos señalar tres momentos:
1. Originariamente, desde las filas del causalismo se defendía la denominada concepción psicológica de la
culpabilidad. Según este planteamiento la culpabilidad es el nexo psicológico existente entre el individuo
y el resultado delictivo y consecuentemente puede adoptar dos formas: el dolo, la más grave, cuando el
sujeto tenía conciencia y voluntad de la producción del resultado delictivo; y la imprudencia, más leve,
cuando el sujeto simplemente había previsto o había podido prever su producción. En este marco, se
consideraba imprescindible como requisito previo que el sujeto tuviera capacidad de culpabilidad: la
denominada imputabilidad.
2. Durante el proceso de superación de la teoría psicológica, se produce el desarrollo de las denominadas
teorías normativas de la culpabilidad que consideran que la culpabilidad es un juicio basado en la
libertad del individuo de actuar de un modo distinto al que lo hizo. Será pues la capacidad del sujeto de
actuar de un modo distinto, ajustado a las normas jurídicas y por tanto lícitas lo que determinará la
concurrencia y medida de la culpabilidad.
3. A partir de aquí la discusión toma otros derroteros. La polémica se centra en el propio núcleo del
concepto, en la posibilidad de determinar empíricamente si el sujeto podía o no actuar de otro modo.
Así, para algunos autores, desde una perspectiva más o menos cercana al determinismo, la
imposibilidad práctica de establecer si el autor podía haber actuado de otro modo invalida el
planteamiento propuesto.
En el lado contrario, otros penalistas consideran que con base en la posibilidad de comprobar
empíricamente aspectos parciales de la capacidad de actuar de otro modo y con un apoyo normativo
podemos fundamentar el juicio de reproche.
Ante esta situación, siguiendo al profesor MELENDO, podemos afirmar que ..La base de la
reprochabilidad radica en la libertad de la voluntad, no empíricamente demostrable, pero elemento
básico de nuestra autocomprensión y de nuestra forma de interactuar en sociedad...
Partiendo de esta concepción hemos de hacer aún al menos dos precisiones.
En primer lugar, si bien es cierto que es posible comprobar empíricamente aspectos parciales de la
capacidad de actuar de otro modo, con ello únicamente damos respuesta a una parte del problema y,
además, de modo negativo. Podemos decir que quien no conocía lo ilícito de su conducta no puede ser
objeto de reproche, pero ¿qué pasa cuando no se ha podido comprobar si el sujeto conocía lo ilícito o lo
podía conocer?
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Y por otra parte, yendo un paso adelante, no es posible desconocer que el propio Derecho admite
situaciones en las que se consideran no culpables determinadas infracciones de la norma pese a que
existe capacidad para evitarlas.
Y es que en definitiva, la culpabilidad supone un juicio de reproche con un alto contenido normativo, valorativo,
por el que, teniendo en cuenta al sujeto concreto, autor de la acción u omisión típica y antijurídica, se pretende
realizar la igualdad real, tratando de modo diferente a lo que es distinto.
Dicho análisis tiene como base la capacidad del sujeto de actuar de otro modo, pero hemos de concluir que
trasciende a este elemento e introduce matices que sólo pueden ser entendidos desde una perspectiva que
tenga en cuenta las peculiaridades de cada ser humano.
4. EL JUICIO DE CULPABILIDAD: SUS ELEMENTOS Es común distinguir dos juicios sucesivos en la determinación de la culpabilidad:
el primero constituido por la imputabilidad o capacidad de culpabilidad;
el segundo por la reprochabilidad en sentido estricto, que incluye el análisis de la conciencia de la
antijuridicidad y el de la exigibilidad de la obediencia al Derecho.
I. La imputabilidad o capacidad de culpabilidad
1. El concepto general de imputabilidad
Para poder ser declarado culpable, el sujeto debe reunir las condiciones biopísquicas que le permitan conocer el
carácter ilícito de su conducta y obrar conforme a dicha comprensión.
Capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y de actuar conforme a esa comprensión.
A quién no reúne las características para conocer la antijuricidad de su comportamiento o a quién, pese a
conocer que su conducta es ilícita, no puede actuar conforme a dicho conocimiento, no se le puede reprochar
que no haya actuado de un modo acorde al ordenamiento jurídico.
Podemos definir la imputabilidad como la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y de actuar
conforme a esa comprensión. Esta definición, de tradición alemana, es la que se desprende directamente de la
regulación de las causas de inimputabilidad en el art. 20 del Código penal según el cual:
“Estén exentos de responsabilidad criminal:
1. El que... a causa de cualquier anomalía o alternación psíquica, no pueda comprender la ilicitud del
hecho o actuar conforme a esa comprensión...
2. El que... se halle en estado de intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos... o se halle bajo la
influencia de un síndrome de abstinencia, a causa de su dependencia de tales sustancias, que le impida
comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”.
Con base en esta regulación podemos concluir que el legislador español ha optado a la hora de caracterizar la
imputabilidad por una fórmula psiquiátrico-psicológica. Se distinguen 3 tipos de propuestas en este ámbito: las
fórmulas psiquiátricas o biológicas, que hacen referencia exclusivamente a la enfermedad, anomalía o trastorno
mental que han de concurrir para eximir de responsabilidad penal; fórmulas psicológicas, que se limitan a
describir el estado que se debe dar para que el sujeto deba ser considera inimputable; y las psiquiátricos-
psicológicas o bio psicológicas –de carácter mixto-, que incluyen tanto la referencia a la enfermedad, anomalía o
trastorno mental Comcel concreto efecto que dicha eventualidad ha de producir en el sujeto, elementos ambos
que recogen la regulación española.
De este modo, el autor de una acción antijurídica que no tenga capacidad de conocer el carácter ilícito de
la conducta o actuar conforme a dicha comprensión deberá ser declarado inimputable y no podrá ser
sancionado con pena alguna. En el caso de que dicha capacidad se encuentre meramente disminuida se tratará
de un semi imputable y la pena deberá ser atenuada. Con ello se cumplen las exigencias del principio de
culpabilidad. Eso sí, en ambos supuestos la exclusión o disminución de la pena no evita que entren en juego
otro tipo de consecuencias jurídicas del delito, las denominadas medidas de seguridad y de reinserción social,
que encuentran su fundamento en la peligrosidad social.
2. Imputabilidad y minoría de edad penal
En definitiva, conocido el concepto general de imputabilidad, para declarar al sujeto imputable es preciso que
haya alcanzado un determinado desarrollo o madurez de la personalidad que le permita no sólo comprender el
carácter antijurídico de su comportamiento sino actuar conforme a dicha comprensión. Se abre pues en este
momento la polémica en torno a la situación de los menores de edad penal con respecto a este requisito.
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La imputabilidad de los menores en el sistema jurídico-penal español
El análisis de este punto precisa en primer lugar del trazado de una perspectiva histórica sobre la
regulación de la responsabilidad de los menores en la historia más reciente del sistema penal español.
En este sentido, hay que destacar la cesura que se produce en el momento en que entra en vigor la
LORRPM, por lo que distinguimos dos períodos:
La regulación del CP de 1973 situaba el núcleo de la discusión sobre la responsabilidad penal
de los menores de dieciocho años en el ámbito de la imputabilidad. Se establecían dos grupos
por razón de la edad: en el caso de que el menor tuviera menos de 16 años, el código lo
declaraba exento de responsabilidad criminal, confiándolo a los Jueces de Menores; mientras, si
se trataba de un menor de dieciocho, el código le reservaba una atenuación de la pena que
estableciera el régimen común.
Es decir, el menor de dieciséis años, por una presunción iuris et de iure era considerado
inimputable, falto del necesario desarrollo y madurez, y por tanto se excluía su responsabilidad
penal. Frente a él, a quien ya había cumplido dieciséis años pero era menor de dieciocho, se le
consideraba como semiimputable y, si bien se le mantenía en el ámbito del Derecho penal
común, se le aplicaba una pena atenuada o una medida de seguridad de carácter educativo.
Por último, a los menores de doce años no sólo se les consideraba inimputables, sino que
tampoco eran puestos a disposición de los Jueces de Menores, siendo exclusivamente objeto de
protección administrativa.
El Código penal de 1995 con la entrada en vigor del “Código Penal de la democracia”. Se da
paso a un proyecto de transformación de las bases sobre las que hasta el momento se había
construido la responsabilidad de los menores. Dicho proceso está influido en gran medida por
los compromisos adquiridos tras la ratificación por España de la Convención sobre los Derechos
del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de
1989. Los Estados parte han de tomar las medidas apropiadas para promover el
establecimiento de leyes, procedimientos, autoridades e instituciones específicos para los niños
de quienes se alegue que han infringido las leyes penales o a quienes se acuse o declare
culpables de haberlas infringido. Esta exigencia se tradujo en la redacción del vigente art. 19CP,
según el cual: “Los menores de dieciocho años no serán responsables criminalmente con
arreglo a este Código. Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser
responsable con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la responsabilidad penal del menor”
Pues bien, con la entrada en vigor del la LORRPM el 13 de enero de 2001, la previsión del párrafo
segundo del art. 19 del CP adquiere todo su significado, abriéndose las puertas a un nuevo modelo en el
que ya no es posible afirmar que el menor de dieciocho años y mayor de catorce sea inimputable. Se
crea un sistema de sanciones distinto al de los adultos, en el que priman las razones de prevención
especial, pero en el que no se olvidan las de carácter preventivo general ni la retribución. En definitiva
todo ello supone que, a pesar del cambio en la nomenclatura, las medidas sancionadoras educativas
tienen la naturaleza de auténticas penas.
Es pues en la frontera de los menores de catorce años donde sí es posible considerar que concurre una
auténtica causa de inimputabilidad. El sistema vigente considera que éstos carecen de la capacidad de
comprender el carácter ilícito de la conducta o de actuar conforme a dicha comprensión, por lo que
quedan al margen del Derecho penal. El art. 3 LORRPM reserva a este grupo la aplicación de las
normas que sobre protección de menores prevén el Código civil y demás disposiciones vigentes.
En cuanto a la caracterización de la imputabilidad de los mayores de catorce y menores de dieciocho, se
discute si es plena o si para la ley penal se trata de semiimputables. Creo más correcto considerar que
no estamos ante un supuesto de semiimputabilidad. En efecto, se trata de un caso de imputabilidad
plena si bien dotada de características específicas derivadas de la propia naturaleza de los menores.
Este hecho se ve reflejado en la propia regulación en al menos dos cuestiones ya que, por un lado, de
tratarse de auténticos semiimputables bastaría con aplicarles la pena prevista en el Derecho penal
común atenuada, modelo que ha sido abandonado en la LORRPM. Pero, además, resulta altamente
clarificador el párrafo segundo del art. 8 de dicha ley. La medida sancionadora educativa no siempre ha
de suponer una disminución de la pena aplicable al adulto en las mismas circunstancias, lo que sería
insoslayable de considerarse que los menores son semiimputables.
En definitiva, las reformas que se han ido produciendo en el sistema de responsabilidad penal del menor
apuntan a una clara desvinculación del concepto de menor responsable de la idea de la culpabilidad.
Sólo frente a aquellos menores de edad penal que quedan fuera de la regulación podremos afirmar que
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son declarados inimputables. Frente al resto, que se encuentran bajo el paraguas de la aplicación de la
LORRPM lo único que podemos decir es que, siendo imputables, determinadas razones hacen
necesario un tratamiento específico, en el que las consecuencias jurídicas que se derivan de la comisión
del delito estén adaptadas a su concreta realidad.
La capacidad de culpabilidad de los menores en razón de su edad
Se abre la discusión en torno a los periodos que es posible determinar en el desarrollo del menor en
relación con su capacidad de entender la ilicitud del comportamiento y de actuar conforme a dicho
entendimiento. En este sentido nos interesa destacar al menos dos etapas en el desarrollo de la
personalidad del ser humano:
1. La primera viene constituida por la infancia y la primera adolescencia. < 14 años. El niño y el
adolescente en su primera etapa no cuentan aún con la madurez suficiente para captar la
contrariedad al Derecho de sus conductas y en los supuestos en que se ha alcanzado dicho
desarrollo generalmente faltan los mecanismos de inhibición necesarios para actuar conforme a
dicha comprensión.
2. A partir de los catorce años se suceden etapas muy distintas en el desarrollo de la personalidad.
Sin embargo, tienen un elemento común y es que se entiende que el sujeto ya ha desarrollado
la capacidad de comprender que su conducta es contraria al ordenamiento jurídico y actuar de
un modo acorde con dicha comprensión. Se trata por tanto y en principio de auténticos
imputables, de modo que las diferencias que tracemos en el campo de la responsabilidad penal
no atienden a razones de su capacidad de imputabilidad sino de la conveniencia de aplicar uno
u otro tipo de consecuencias desde un punto de vista preventivo educacional.
En este marco se suelen distinguir tres etapas:
Adolescencia: de 14 a 18 años. Según la regulación vigente el adolescente es, salvo que
concurra una causa de inimputabilidad, plenamente culpable. Son las señaladas razones de
política criminal las que determinan que se considere que la sanción debe tener unas
características específicas.
3. Juventud: De 18 a 21 años. También estamos en principio ante sujetos plenamente culpables
pero la posibilidad de influir en su formación determina que se disponga que en determinados
supuestos sea factible la separación del Derecho penal de adultos.
4. Edad adulta: > 21 años, el sujeto pasa a ser objeto del tratamiento penal común.
La primera lectura parece clara: el modelo español se adapta a la situación descrita. Ahora bien, si ahondamos
un poco en el análisis, resulta que la propia naturaleza del desarrollo de la personalidad choca con el
establecimiento de un límite objetivo, de una presunción iuris et de iure, en la exigencia de responsabilidad
penal. En este ámbito las opiniones se dividen. Por un lado están los que consideran correcto establecer una
frontera fija, objetiva, que determine de un modo claro dónde comienza y dónde acaba la imputabilidad por
razón de la edad; pero también hay quien considera que este elemento objetivo de la culpabilidad no es la mejor
solución.
Es posible encontrar menores que ya han superado la frontera de los catorce años y que pese a ello carecen de
la capacidad de entender el carácter ilícito de su conducta o de adaptar su proceder a dicho entendimiento. Y,
sin embargo, si nos atenemos a la regulación de la LORRPM, es difícil fundamentar lo contrario ¿Qué hacer?
1. La primera opción que se abre en el actual marco legal es la de acudir al catálogo general de eximentes
y contemplar la posibilidad de aplicar alguna de las causas de inimputabilidad expresamente recogidas
en el art. 20 CP. El problema radica en que, salvo que efectivamente se trate de un supuesto de
anomalía o alteración psíquica, no podemos aplicar directamente causa de inimputabilidad alguna ya
que no es correcto afirmar que quien simplemente sufre un retraso más o menos acusado en el
desarrollo de su personalidad esté inmerso en una situación de enajenación mental o trastorno mental
transitorio.
2. La segunda posibilidad de lege lata (ley dada o exisente) la podríamos situar en la aplicación analógica
de la mencionada causa de inimputabilidad. En efecto, si bien los supuestos de leve retraso en el
desarrollo de la personalidad del menor no están comprendidos ni en el tenor literal ni en el espíritu del
art. 20.1º CP, se trata de casos semejantes a los allí recogidos. Sin embargo, se prohíbe directamente la
aplicación de la analogía in bonam partem en el sistema penal español. En el caso de que el Juez o
Tribunal se encontrara en la tesitura de aplicar una medida sancionadora educativa a un menor de más
de catorce años de edad y considerara que no tenía capacidad de culpabilidad, podría acudir al
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Gobierno, pero habría en todo caso de ejecutar la sentencia, produciéndose una grave vulneración del
principio de culpabilidad.
3. Es por ello que sólo nos queda una opción de lege ferenda (para un futura reforma de la ley), que pasa
por la petición de una flexibilización del límite objetivo recogido en la LORRPM. En efecto, debería de
incluirse una referencia expresa a la necesidad de que el menor sancionado contara en cualquier caso
con la capacidad de culpabilidad. Lejos de suponer una merma para la seguridad jurídica (como en
efecto suponía la aplicación del criterio del discernimiento), en el sistema propuesto, la concurrencia de
la capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y de obrar conforme a dicha comprensión
actúa en sentido contrario. Estableciendo un límite objetivo a partir del cual se considera que el menor
es responsable, se incorpora como requisito imprescindible para la imposición de una medida
sancionadora educativa la comprobación de su imputabilidad.
3. Las causas de inimputabilidad aplicables a los menores
La LORRPM nos remite directamente a las eximentes previstas en el Código penal vigente. Es decir, son
aplicables los números 1º, 2º y 3º del art. 20 CP, donde se recogen respectivamente las eximentes de anomalía
o alteración psíquica, la intoxicación plena por el consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos, la influencia de un síndrome
de abstinencia a causa de la dependencia de tales sustancias y las alteraciones en la percepción desde el
nacimiento o desde la infancia.
Ahora bien, en el caso de que concurra alguna de estas causas de inimputabilidad, es importante señalar que
podrá entrar en juego, si así lo considera necesario el Juez o Tribunal, la imposición de medidas de seguridad y
reinserción social. Para ello y pese a que no se declara expresamente, es preciso que se aprecie peligrosidad
criminal en el menor. Las medidas de seguridad se impondrán como únicas consecuencias del delito en el caso
de que se aprecie una causa de inimputabilidad completa o junto con una medida sancionadora educativa si se
considera que el menor es semiimputable.
En cuanto a su tipología, el art. 5.2 establece dos tipos específicos de medidas terapéuticas aplicables a los
menores. Se encuentran recogidos en los apartados d) y e) del art. 7 LORRPM: el internamiento terapéutico y el
tratamiento ambulatorio.
II. El juicio de reprochabilidad: los elementos intelectual y volitivo de la reprochabilidad
En el caso de que no concurra causa de inimputabilidad alguna, aún hemos de llevar a cabo dos estudios
sucesivos para determinar si el menor puede ser declarado culpable y cuál es la medida de su culpabilidad. Nos
encontramos en al ámbito del juicio de reproche propiamente dicho, que incluye la comprobación de la
denominada conciencia de la antijuricidad de la conducta y el juicio de exigibilidad de la obediencia al derecho.
1. La conciencia de la antijuridicidad de la conducta
Se trata del denominado elemento intelectual de la reprochabilidad. Para reprochar al autor su conducta no sólo
ha de ser imputable, sino que, en la situación concreta en la que se encontraba, había de conocer o al menos
había de tener la posibilidad de conocer que su comportamiento estaba prohibido.
Ello nos lleva directamente al ámbito del error de prohibición y de su trascendencia en el Derecho penal.
Podemos encontrarnos dos tipos de error de prohibición:
1. El error de prohibición invencible excluya la responsabilidad penal.
Supone que el sujeto considera que su conducta antijurídica es conforme a derecho y, en las
circunstancias en las que se encuentra, no puede salir de dicho error. Si seguimos la denominada teoría
de la culpabilidad, supone la exclusión de la culpabilidad del individuo y por lo tanto que no se le aplique
pena o, en el caso de los menores de edad penal, medida sancionadora educativa alguna. Su
regulación la encontramos en el art. 14.3 CP:
“El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la
responsabilidad criminal...”
2. El error de prohibición vencible Atenúa la responsabilidad penal.
Se produce cuando el autor de la conducta antijurídica considera que no es así, que actúa lícitamente,
pero, en las concretas circunstancias en las que se encontraba podía haber salido de dicho error, podía
haberse percatado del carácter antijurídico de su comportamiento, de ahí la vencibilidad del mismo. Ello
sería así si el sujeto dudó o tenía motivos para dudar de la ilicitud de su proceder. En este caso, si bien
no se excluirá el juicio de reproche, la culpabilidad será menor y, tal y como prevé el art. 14.3 CP en su
último inciso, se aplicará una atenuación de la pena.
“Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados”.
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2. La exigibilidad de la obediencia al derecho
Aún existe un último escalón en la determinación de la responsabilidad penal en general y en concreto del
menor. Este escalón viene determinado por la exigibilidad de la obediencia al derecho, el denominado elemento
volitivo de la reprochabilidad.
Sólo cuando podamos exigir al sujeto que actúe de un modo distinto al que lo hizo es posible aplicar la más
grave de las sanciones con las que cuenta el ordenamiento jurídico: la pena o, en el caso de los menores, la
medida sancionadora educativa. La idea rectora sigue siendo la capacidad de actuar de otro modo, pero en este
momento queda en cierta medida superada por consideraciones valorativas.
Existen distintas propuestas en torno al ámbito de relevancia de este principio según el tipo del delito al que se
aplique. En los delitos dolosos de acción y en aquellos en que la conducta típica sea una omisión final,
caracterizados por una conducta dirigida por la voluntad hacia la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico,
únicamente tendremos en cuenta el pensamiento de la inexigibilidad de la obediencia al derecho en los
supuestos expresamente establecidos en la ley, esto es, en los casos de estado de necesidad como causa de
inculpabilidad (art. 20.5 CP), miedo insuperable (art. 20.6 CP) y encubrimiento de parientes (art. 454 CP). Sin
embargo, los delitos imprudentes sean activos u omisivos y en aquellos delitos omisivos dolosos cuya conducta
típica no sea final podremos extender la aplicación de este principio más allá de las expresas previsiones
legales.
Llegados a la conclusión de que al menor le era exigible la obediencia al derecho, si no nos encontramos en uno
de los excepcionales casos en los que es de aplicación una excusa absolutoria o no concurre una determinada
condición objetiva de punibilidad (supuestos que constituyen el núcleo de la denominada punibilidad), podremos
imponerle la medida sancionadora educativa adecuada.
5. EL ELEMENTO DE CIERRE DEL DELITO: LA PUNIBILIDAD. Una vez que hemos determinado que la conducta es reprochable, es preciso pasar un nuevo filtro, tomando en
consideración la concurrencia o no de diversos elementos íntimamente relacionados con consideraciones de
conveniencia, de carácter político criminal.
Se trata de determinar si con base en dichas razones el legislador ha optado por aplicar una sanción penal o si
considera más conveniente llevar a cabo alguna limitación o incluso prescindir de la sanción que viene
determinada por la gravedad de lo injusto culpable. (tomar decisiones sobre el propio recurso a la sanción
penal).
Pese a tener un contenido propio, no es correcto considerar la punibilidad como un carácter esencial de la
estructura del delito, estaríamos ante un elemento estructural pero no esencial.
No obstante, frente a esta visión, se ha mantenido una función más destacada de la punibilidad como carácter
fundamental en la realización última del principio de subsidiariedad. El legislador tomaría en este nivel
decisiones finales sobre la necesidad de la pena y su medida, basadas en razones preventivas, pero no
siempre, pues frecuentemente es la mera oportunidad la que va a determinar este tipo de consideraciones.
En opinión del autor, es ésta última la más convincente de ambas visiones, la que más se acerca a la realidad
de la punibilidad.
Consideraciones político criminales pueden determinar que en una concreta situación sea conveniente la
aplicación de una pena menor sin que ellos suponga una menor gravedad de lo injusto o de la culpabilidad. Este
tipo de situaciones estarían determinadas por razones de conveniencia, que aconsejarían la atenuación de la
pena adecuada a lo injusto culpable. Pues bien, casos de esta naturaleza ya aparecen regulados en nuestro CP
(atenuantes de confesión, de reparación del daño...), no pudiendo considerase extrañas a la práctica diaria del
DP.
En el DP de menores, la consideración de la punibilidad supondrá la aplicación de las eximentes que le afecten
– con base en el art 5 LORRPM- por una parte; y por otra, que en el marco del arbitrio judicial en la
determinación de la medida educativa sancionadora, se hayan de tener en cuenta las atenuantes que suponen
una menor punibilidad de la conducta.
50
Capítulo VIII LA LEY ORGÁNICA REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS
MENORES: ASPECTOS SUSTANTIVOS
1. NATURALEZA JURÍDICA En la Exposición de Motivos de la Ley, se hace mención expresa a que la presente Ley tiene una naturaleza
formalmente penal pero materialmente sancionadora-educativa, rechazando expresamente aquellos fines
propios del Derecho penal de adultos como los fines retributivos y preventivo generales de la pena. Por otra
parte, proclama una naturaleza sancionadora-educativa de las medidas, silenciando expresamente el legislador
su naturaleza penal.
I. Naturaleza jurídica de la responsabilidad penal de los menores
Las normas que regulan la responsabilidad penal de los menores pertenecen al Derecho penal al contemplar
situaciones en las que se imponen consecuencias jurídico-penales a los autores de una infracción penal.
La intervención del ius puniendi del Estado surge única y exclusivamente por un motivo: la comisión de una
infracción penal por los jóvenes, debiendo ir encaminada la reacción jurídica a prevenir la comisión de futuras
infracciones.
Aunque los criterios formales no sirven para delimitar los límites del ordenamiento penal, no es menos cierto
como manifiesta FEIJOO, que no se debe ocultar que la referencia a los órganos de aplicación de las normas
condiciona en muchos casos cuestiones sustantivas.
Así, aunque la naturaleza jurídica de las medidas o sanciones aplicables a los menores no pueda ser
prejuzgada (en su ámbito sustantivo) por la aplicación de un órgano jurisdiccional, tampoco se puede obviar. Así
ocurre cuando en el momento que se conoce la comisión de un hecho delictivo se ponen en marcha unos
órganos y unos mecanismos tendentes a su averiguación. Estos no pueden ser otros más que las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado, el Ministerio Fiscal y los Jueces.
A mayor abundamiento, aunque todo procedimiento judicial, sea del orden que sea, tiene que respetar los
derechos fundamentales y garantías procesales de las personas inmersas en el proceso, no cabe duda que
esos derechos y garantías gozan de una superior protección en un procedimiento penal, ya que los intereses a
proteger son de mayor importancia y, sobre todo vienen determinados por la gravedad en la restricción de
derechos.
En este sentido, la LORRPM ha de ser considerada como una Ley penal (entendida como una Ley penal
especial), ya que:
Regula la responsabilidad penal de los menores por la comisión de hechos tipificados como delitos o
faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales (art. 1.1).
Se deberá constatar la responsabilidad o culpabilidad del menor ya que el Juez en la elección de la
medida deberá atender, aunque de forma subsidiaria, a la prueba y valoración jurídica de los hechos
(art. 7.3).
Los menores serán responsables, siempre que no concurra en ellos ninguna de las causas de exención
o extinción de la responsabilidad criminal previstas en el vigente CP (art. 5.1).
La Disposición Final Primera establece la supletoriedad expresa del Código Penal en el ámbito
sustantivo, y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en el ámbito del procedimiento.
II. De las medidas: diversos criterios
La naturaleza sancionadora-educativa de las medidas, ha sido ampliamente discutida por la doctrina, ya que el
fin de la reeducación y reinserción social que las guía, aparece también como principio orientador de las penas y
medidas de seguridad en el art. 25.2 CE.
Las medidas enunciadas en la LORRPM no se pueden equiparar a las penas ya que el fundamento de la
retribución característico de las penas no desempeña en este sistema de medidas función alguna.
En el Derecho Penal juvenil, la gravedad del hecho ocupa un lugar subsidiario frente a otros aspectos como la
edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor; otorgándose un claro
predominio de los criterios educativos y resocializadores sobre los de una defensa social basada en la
prevención general.
En este sentido el TC en su sentencia 36/1991, de 14 de febrero, manifestó que las medidas que el Juez puede
adoptar comportan importantes restricciones a la libertad del menor pero “no son penas en sentido estricto”, ya
que aunque se adoptan precisamente como consecuencia de conductas penalmente tipificadas, no se adoptan
en ejercicio del ius puniendi, ni tienen finalidad retributiva.
Al resultar un tanto problemático que las medidas sancionadoras-educativas cumplan con los fines de la pena,
algunos autores las han catalogado como medidas de seguridad. Esta postura parece en principio que tiene
una mayor consistencia, ya que las medidas de seguridad se aplican a aquellas personas que no teniendo
responsabilidad penal han cometido un hecho previsto en la Ley como delito y, además de su comportamiento
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se deduce un pronóstico de comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos,
esto es, las medidas se seguridad se basan en la irresponsabilidad penal y se fundamentan en la peligrosidad
criminal del autor, estando orientadas exclusivamente a los fines de la prevención especial.
En suma, el catálogo de medidas regulado en la Ley penal del menor goza de una naturaleza autónoma. Son
medidas sancionadora-educativas, esto es tienen una naturaleza de sanción penal en cuanto que se proponen
responsabilizar al menor por el hecho cometido, pero siempre y en todos los casos orientadas de acuerdo a una
finalidad preventivo-especial, hacia la efectiva reeducación y, siempre, bajo el superior interés del menor.
De forma individualizada, la naturaleza jurídica de las medidas del art. 7 de la LORRPM se puede interpretar de
la siguiente manera:
Medidas educativas: la prevención especial es la principal finalidad de estas medidas, que se
impondrán atendiendo de modo flexible a la edad, circunstancias familiares y sociales, la personalidad y
el interés del menor. Dentro de este grupo podemos englobar la asistencia a un centro de día, la libertad
vigilada, la convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, las prestaciones en beneficio de la
comunidad, la realización de tareas socieducativas y la amonestación.
Medidas de seguridad: a los menores en quienes concurran las circunstancias previstas en los
números 1º, 2º y 3º del art. 20 CP les serán aplicables, en caso necesario, las medidas terapéuticas a
las que se refiere el art. 7.1, d) y e), (art. 5.2 LORRPM). Estas medidas son el internamiento
terapéuticos y el tratamiento ambulatorio en los que se realizará un tratamiento específico dirigido a los
menores que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de dependencia de bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen
una alteración grave de la conciencia de la realidad.
Medidas sancionadoras: su naturaleza se asemeja más al de las penas, en las que la finalidad
preventivo general aparece con claridad, ya que en su imposición se atiende preferentemente a la
prueba, a la valoración jurídica de los hechos y a la gravedad de los mismos, en base al principio de
proporcionalidad entre el hecho y la sanción, limitándose sobremanera la flexibilidad en la elección de la
medida por el Juez, así como la discrecionalidad del Juez para imponer la duración de la medida y su
posibilidad de suspensión, sustitución o modificación. El ejemplo de esta medida de carácter
sancionador se observa en la permanencia de fin de semana y en la medida de internamiento en
régimen abierto y semiabierto, donde los menores tienen la obligación de residir en el centro y, sobre
todo, en el internamiento en régimen cerrado que el art. 2º de la LO 7/2000 impone obligatoriamente en
los casos en que se aprecie reincidencia y la Disposición Adicional Cuarta de la LO 7/2000 prevé para
los menores imputados en la comisión de delitos previstos en los arts. 138, 139, 179, 180, 571 a 580 y
aquellos otros sancionados en el CP con pena de prisión igual o superior a quince años.
Medidas accesorias: la privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del
derecho a obtenerlo o de licencias administrativas para caza o para el uso de cualquier tipo de armas,
se impondrá como medida accesoria en aquellos casos en los que el hecho cometido tenga relación con
la actividad que realiza el menor cuando éste necesite autorización administrativa.
Penas: la medida de inhabilitación absoluta adicionada por la LO 7/2000 al art. 7 de la LORRPM, no se
corresponde con la orientación sancionadora-educativa en la que debe primar el interés del menor, del
resto de las medidas enumeradas en el mencionado artículo. La inhabilitación absoluta tiene una clara
orientación sancionadora y represiva.
2. PRINCIPIOS INFORMADORES DE LA LEY
I. El principio del superior interés del niño
En el derecho penal de menores destaca, por encima de todos, un principio general sobre el que bascula todo el
proceso que es el interés superior del menor, enunciado en el art. 3.1 de la CDN (Convención s/ Dª Niño) para
todas las medidas concernientes a los niños.
Siguiendo fielmente los postulados de las Recomendaciones y Convenios internacionales, la LORRPM consagra
desde un primer momento el principio del superior interés del menor, al mencionar en su Exposición de Motivos
que “en el Derecho penal de menores ha de primar, como elemento determinante del procedimiento y de las
medidas que se adopten, el superior interés del menor”.
Ahora bien, este principio, al que puede considerarse como el principio rector de todas las actividades de
promoción y protección de la infancia, incluida la justicia de menores, al venir expresado como un concepto
jurídico indeterminado, ha planteado numerosas controversias y conflictos de cara a encontrar una definición
satisfactoria y mayoritariamente aceptada del mismo.
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Para GRANDE ARANDA, “la formulación jurídica del interés superior del niño supone la constatación de un
principio general del Derecho de menores y de ahí que sea un instrumento informador, de integración y de
interpretación tanto de las normas e instituciones en que ese interés aparece tipificado como en las situaciones
y relaciones de la vida corriente afectadas, tanto para detectar conflictos como en la solución de problemas en
que resulta implicado ese interés.
En cuanto elemento de interpretación, este principio debe fijar el auténtico sentido de las normas sobre menores
y reconducir el contenido de las mismas a lo que sea más conveniente para el niño. De otro lado, la unidad del
sistema del Derecho de menores obliga a suplir los vacíos y deficiencias de una legislación con los propios
principios que la informan.
Así el principio de interés del menor como elemento integrador debe servir de elemento auxiliar para indagar y
esclarecer los principios del Derecho de menores vigente y, en segundo término, de elemento
complementario para suplir sus lagunas cuando se agote la potencia normativa del sistema jurídico positivo.
II. El principio de legalidad
La formulación del principio de legalidad cuyos orígenes se remontan a la Ilustración, se de a
FEUERBACH al desarrollar el aforismo nullum crimen, nulla poena sine previa lege cuyo significado
se puede integrar como que no hay delito ni pena sin ley previa.
El principio de legalidad que en nuestro país tiene rango constitucional al venir proclamado
expresamente en el art. 25.1 CE, ha sido recogido como fuente del Derecho penal de menores en
diferentes instrumentos jurídicos internacionales. Así, el art. 40 de la CDN establece “Que no se alegue
que ningún niño ha infringido las leyes penales, ni se acuse o declare culpable a ningún niño de haber
infringido esas leyes, por actos u omisiones que no estaban prohibidos por las leyes nacionales o
internacionales en el momento en que se cometieron”.
Este principio de legalidad de los delitos y las penas implica una serie de garantías que no sólo afectan
al Derecho penal y procesal ordinario, sino que del mismo modo operan en el proceso penal de
menores regulado por la LORRPM. La denominada garantía criminal (nullum crimen sine previa lege)
que impide castigar como delito aquellas conductas que no estuvieran previamente declaradas como tal
en una ley, viene expresamente recogido en el art. 1.1 de la LORRPM.
La garantía penal (nulla poena sine previa lege) que prohibe la imposición de penas que se hallen
establecidas previamente en una ley, esta implícita en el art. 7 de la LORRPM, para las medidas
sancionadoras educativas.
La garantía jurisdiccional, a cuyo tenor nadie podrá ser condenado sino en virtud de sentencia firme
dictada por un Juez competente y en un proceso con todas las garantías, se establece para las medidas
sancionadoras educativas en el art. 43.1 de la LORRPM.
Por último, la garantía en la ejecución a tenor de la cual, la pena sólo puede ejecutarse en la forma
legalmente establecida, para las medidas sancionadoras educativas está contenida en el art. 43.2 de la
LORRPM.
III. El principio de culpabilidad
El principio de culpabilidad significa que la pena (y las medidas sancionadoras-educativas) debe tener su
fundamento en la comprobación de que al autor le puede ser reprochada personalmente su acción.
De este principio se deduce, por un lado, que la pena presupone siempre la culpabilidad del autor, de
modo que quien ha obrado sin culpabilidad no puede ser castigado (exclusión de la responsabilidad objetiva por
el resultado); y, por otro lado, que la pena no puede rebasar la medida de la culpabilidad.
El principio de culpabilidad como límite material del ius puniendi, tiene también relevancia en el Derecho penal
juvenil. En principio, impide castigar a aquellos menores a los que no les pueda ser reprochada su acción, por
concurrir alguna causa de exclusión de la culpabilidad o inculpabilidad (error de prohibición invencible, estado de
necesidad exculpante o miedo insuperable) o de inimputabilidad.
Además, implica que la pena o medida sancionadora-educativa en el caso de los menores no debe
rebasar el límite de la gravedad de la culpabilidad del autor, por más que pudiera parecer necesaria en el
caso concreto por razones de prevención general o especial. Por último, el principio de culpabilidad implica la
exigencia de dolo o imprudencia para fundamentar la responsabilidad criminal (principio de responsabil idad
subjetiva), no siendo suficiente, a tenor de este principio, la producción de un resultado lesivo a un bien jurídico,
si el sujeto actuó sin dolo o de forma imprudente (responsabilidad objetiva).
IV. El principio de intervención mínima
Conforme a este principio el Derecho penal únicamente deberá castigar las infracciones que se consideren más
perjudiciales para la sociedad, aquellas que tengan una mayor relevancia social, imponiendo un castigo
proporcionado a su gravedad.
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Como consecuencia, el Derecho penal goza por un lado de un carácter fragmentario, que implica que la norma
penal únicamente podrá emplearse para defender los bienes jurídicos fundamentales de los ataques más
graves; mientras que por otro lado, disfruta de un carácter subsidiario entendido en el sentido de que el
recurso al Derecho penal debe emplearse sólo para aquellas conductas que no pueden ser atajadas por otros
medios de control social.
En consonancia con lo dispuesto en el art. 37 de la CDN, la privación de libertad se utilizará como último recurso
y por el período más breve posible. En esta línea, el art. 9 LORRPM subraya la vigencia del principio de
intervención mínima al prohibir la imposición de la medida de internamiento en régimen cerrado para los casos
de comisión de faltas o para los delitos imprudentes.
V. El principio de oportunidad
Adquiere su justificación en razones de política criminal que desaconsejan la apertura del juicio y la imposición
de una pena privativa de libertad
El principio de oportunidad aparece en el proceso penal juvenil íntimamente conectado con el principio de
intervención mínima, con objeto de evitar procesos de estigmatización social, en el sentido de dotar de
relevancia a las posibilidades de no apertura del procedimiento, renuncia al mismo, al resarcimiento anticipado o
conciliación entre el infractor y la víctima, y a los supuestos de suspensión condicional de la medida impuesta o
de sustitución de la misma durante su ejecución.
Lo que presupone es conceder amplias facultades al Ministerio público para decidir sobre el ejercicio de la
acción penal, es decir, para no ejercitarla en determinadas condiciones, con lo que no se llegaría a iniciar bien el
procedimiento preliminar bien el juicio oral, y ello a pesar de constar la existencia de un hecho aparentemente
delictivo.
Esta situación es la que describe el art. 18 LORRPM al disponer que “El Ministerio Fiscal podrá desistir de la
incoación del expediente cuando los hechos denunciados constituyan delitos menos graves sin violencia o
intimidación en las personas, o faltas tipificadas en el Código penal o en las Leyes penales especiales”.
3. AMBITO DE APLICACIÓN
I. Ámbito de aplicación subjetivo
La ley penal juvenil no se aplica a los menores de 14 años para los que se observan otras normas de protección
y educación de menores previstas en el CC y en la LO 1/1996 de 15 de enero sobre protección jurídica del
menor, debiendo dar cuenta a la Entidad Pública que tenga atribuida la competencia sobre menores en la
Comunidad autónoma de que se trate para que adopte medidas tendentes a la reeducación y protección del
menor de 14 que hubiera observado una conducta reprochable.
El legislador abandona el criterio tradicional de establecer una edad por debajo de la cual los menores son
considerados inimputables y por encima de las mismas imputables y, por tanto responsables penalmente.
Sigue el criterio del moderno Derecho penal de menores al distinguir tres períodos: menor edad, edad juvenil y
edad adulta.
Los menores de edad (niños) quedan fuera del Derecho penal. La intervención de la Ley penal comienza en la
edad juvenil, pero con unas características propias y específicas.
No es un Derecho penal de adultos atenuado, sino un Derecho penal (especial) de jóvenes, cuyo carácter
primordial es el educativo, no el represivo.
1. Los menores de 14 años (niños)
A los menores de catorce años en el momento de la comisión de los hechos, de acuerdo con el art. 3 LORRPM,
no se les exigirá responsabilidad con arreglo a la presente Ley, sino que se les aplicará lo dispuesto en las
normas sobre protección de menores previstas en el Código Civil y demás disposiciones vigentes.
En estos casos, continúa el art. 3, “El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad pública de protección de
menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al menor, a fin de valorar su situación, y
dicha entidad habrá de promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél conforme
a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero”.
El legislador ha optado por la edad de los catorce años como límite mínimo a partir del cual comience la
posibilidad de exigir responsabilidades a los menores con base en la convicción de que las infracciones
cometidas por los niños menores de esta edad son en general irrelevantes y que, en los casos en que aquellas
pueden producir alarma social, son suficientes para darles una respuesta igualmente adecuada los ámbitos
familiar y asistencial civil.
Con la entrada en vigor de esta Ley, los menores de catorce años deben ser considerados como inimputables
penalmente, con presunción iuris et de iure de que carecen de la capacidad para comprender el carácter ilícito
de su conducta o de obrar conforme a esa comprensión, no pudiendo ser objeto de ninguna pena, sanción o
medida impuesta por Jueces o Tribunales penales.
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2. Los mayores de 14 y menores de 18 años (menores)
Los menores incluidos en esta franja de edad son los principales destinatarios de la LORRPM. Según establece
el art. 1, “Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de catorce años y
menores de dieciocho por la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes
penales especiales”.
A los mayores de catorce años y menores de dieciocho, pese a no tener responsabilidad penal, de acuerdo al
Código penal de adultos, no se les puede considerar irresponsables e inimputables penalmente, porque si que
tiene una responsabilidad penal, aunque dada su edad y su incompleta formación y madurez, se excluye dicha
responsabilidad de las normas penales de carácter general y se regula por unas normas específicas, acordes
con el grado de desarrollo de su personalidad. El fundamento de su exclusión reside en criterios de política
criminal, por entender, como expresamente señala la Exposición de Motivos, que la responsabilidad penal de los
menores presenta frente a la de los adultos un carácter primordial de intervención educativa que trasciende a
todos los aspectos de su regulación jurídica y que determina considerables diferencias ante el sentido y el
procedimiento de las sanciones en uno y otro sector.
En el ámbito de aplicación de la Ley y de la graduación de las consecuencias por los hechos cometidos, se
diferencian dos tramos: de catorce a dieciséis y de dieciséis a dieciocho años, por presentar uno y otro grupo
diferentes características que requieren un tratamiento diferenciado, constituyendo una agravación específica en
el tramo de los mayores de dieciséis años la comisión de delitos que se caracterizan por la violencia,
intimidación o peligro para las personas.
Esta graduación de la responsabilidad en dos etapas responde al criterio de que la madurez es un proceso
evolutivo continuado.
3. Los mayores de 18 años y menores de 21 (jóvenes)
En principio, como regla general, a estos jóvenes se les considera imputables y, por tanto, responsables
penalmente. Ahora bien, como excepción, en determinados supuestos (escasa gravedad de los hechos) cuando
concurran ciertas condiciones (grado de madurez y circunstancias personales), se les podrá aplicar el Derecho
penal juvenil. De conformidad con el art. 4 LORRPM las condiciones son: comisión de un delito o falta menos
grave sin violencia o intimidación en las personas ni grave peligro para la vida o la integridad físicas de las
mismas; que no sea reincidente, y que las circunstancias personales y su grado de madurez lo aconsejen. Estos
jóvenes adultos se presume que tienen capacidad de culpabilidad, lo que ocurre es que dada su todavía
juventud, su recién adquirida madurez, su inexperiencia vital, el fenómeno de prolongación de la adolescencia
en la sociedad actual, etc., únicamente por razones de política criminal se considera más adecuado y
conveniente, tanto para ellos como para la sociedad, que en algunos casos sean equiparables a los jóvenes.
II. Ámbito de aplicación objetivo
La competencia material abarca a todo delito o falta tipificado en el Código penal o leyes penales
especiales cometido por cualquier persona mayor de 14 años y menor de 18 (art. 1.1 LORRPM).
Esta Ley se aplicará para exigir la responsabilidad de las personas mayores de 14 años y < 18 años por
la comisión de hechos tipificados como delitos o faltas en el Codigo penal o las leyes penales
especiales.
La competencia funcional corresponde a los Jueces de Menores, Magistrados especialistas en materia
de menores pertenecientes a la Carrera Judicial, quienes serán competentes en primera instancia, para
conocer de los hechos delictivos cometidos por los menores y para resolver sobre la responsabilidad
civil derivada del delito.
Los jueces de menores que hayan dictado la sentencia correspondiente tendrán también el control de la
ejecución de las medidas previstas en la Ley, recayendo la competencia para la ejecución de las
medidas adoptadas por los jueces de menores en las Comunidades Autónomas.
En segunda instancia, contra las sentencias dictadas por el Juez de Menores se podrá interponer
recurso de apelación ante la Audiencia Provincial correspondiente. Se excepciona de la competencia
objetiva de los Jueces de Menores la materia de terrorismo y se atribuye a un órgano que se integra en
la estructura de la Audiencia Nacional, el Juzgado Central de Menores de la Audiencia Nacional,
centralizando la competencia de los delitos de terrorismo, independientemente de la edad de los
autores.
Respecto de la competencia territorial, rige como regla general el forum delicti comissi, esto es, que la
competencia corresponde al Juez de Menores del lugar donde se haya cometido el hecho delictivo,
excepto en los supuestos de delitos conexos cometidos en diferentes territorios, en cuyo caso el criterio
de competencia que regirá será el del domicilio del menor. El fundamento de esta excepción reside en
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que resulta más aconsejable el mantenimiento del menor dentro de su entorno familiar y social y la
cercanía del menor respecto de los órganos de la Administración de Justicia encargados de aplicar las
medidas.
4. DETERMINACION LEGAL DE LA EDAD “Las edades indicadas en el articulado de este Ley se han de entender siempre referidas al momento de la
comisión de los hechos, sin que el haberse rebasado las mismas antes del comienzo del procedimiento o
durante la tramitación del mismo tenga incidencia alguna sobre la competencia atribuida por esta misma Ley a
los Jueces y Fiscales de Menores” (art. 5.3 LORRPM)
Este precepto incluye una regla sobre la determinación de los efectos de la edad en la aplicación temporal de
las normas de la Ley, siguiendo el criterio lógico de tempus regit actum, esto es, el de tomar en consideración la
edad que el menor tenía en el momento de cometer el delito. Aunque el planteamiento parece claro, la
determinación de la edad plantea algunos problemas. (El cómputo de la edad en el ámbito penal ha de
realizarse de momento a momento).
La redacción legal tanto de los arts. 19 y 69 del Código penal, como de los arts. 1, 3 y 4 de la LORRPM, puede
dar lugar a cierta confusión ya que se refiere a los menores y a los mayores de una determinada edad, con lo
que esa edad que opera como límite entre ambas franjas no parece muy claro si se debe incorporar hacia el
límite inferior o hacia el superior.
En el primer tramo (menores de catorce años) se encuentran todos aquellos niños que en momento de
la comisión de los hechos, todavía no han cumplido los catorce años.
En el segundo tramo (entre catorce y dieciséis años), se encuentran los menores que hayan cumplido
los catorce años pero no hayan cumplido aún los dieciséis, tomando como referencia para este cómputo
el momento de la comisión del hecho.
En el tramo siguiente (entre dieciséis y dieciocho años), los menores que tengan cumplidos los dieciséis
años y aún no hayan celebrado su decimoctavo cumpleaños.
Por último, el tramo (entre dieciocho y veintiún años), comprenderá a los jóvenes que hayan cumplido
los dieciocho años y no alcancen todavía la edad de veintiún años.
El principal problema que plantea esta norma es el de la determinación del momento del cumplimiento de la
edad en el caso concreto. En aquellos supuestos en los que no quede suficientemente acreditada la hora de
nacimiento del menor y dicha duda sea relevante en cuanto a la posible incidencia sobre la inclusión del menor
en uno u otro grupo de edades, el Tribunal Supremo ha resuelto dicha duda al no considerar aplicable el art. 315
CC (“La mayor edad empieza a los dieciocho años cumplidos.
Para el cómputo de los años de la mayoría de edad se incluirá completo el día del nacimiento”). Manifiesta en
sentencia que el criterio del art. 315 que es beneficioso en materia civil, pues adelanta la adquisición de la plena
capacidad de obrar, no los sería en el aspecto ahora examinado.
Por todo ello, el cómputo de esta materia penal ha de realizarse de momento a momento, teniendo en cuenta
la hora en que ha de reputarse cometido el delito y aquella otra en que se produjo el nacimiento. Si no consta la
hora del nacimiento, tal omisión probatoria ha de beneficiar al acusado, de modo que se haya de entender que
nació en una hora posterior a aquella en que se produjo el hecho delictivo.
En los casos en los que la verdadera edad del sujeto no resulte fehacientemente acreditada o pueda resultar
dudosa, se habrá de acudir a la regulación contenida en el art. 375 LECrim.
Para acreditar la edad del imputado se acudirá, en primer lugar, a la certificación de su inscripción de
nacimiento en el Registro civil o a su partida de bautismo.
En segundo lugar, en defecto de lo anterior, habrá que acudir a la realización por el médico forense de
un examen pericial de carácter anatómico para averiguar la edad del presunto menor. En caso de duda
habrá de aplicarse el principio indubio pro reo.
En este sentido, la LO 8/2000 de reforma de la LO 4/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en
España, ha dispuesto en su art. 35 que en los supuestos de extranjeros indocumentados cuya minoría de edad
no pueda ser establecida con seguridad, se ponga el hecho en conocimiento del Ministerio Fiscal, quien
determinará su edad en colaboración con las instituciones sanitarias.
Si en la Diligencias Preliminares el Fiscal comprueba que el denunciado es menor de 14 años, dictará de
inmediato decreto de archivo remitiendo las actuaciones a la entidad de protección. Si por el contrario
comprueba que el denunciado es mayor de 18 años, también dictará decreto de archivo de las Diligencias
Preliminares y remitirá aquellas al Juez de Instrucción competente. En virtud del mencionado principio in dubio
pro reo, si las dudas en torno a la edad del denunciado no se despejan en la fase de Diligencias Preliminares, si
ésta recae sobre la mayoría de edad, el joven quedará sujeto a la jurisdicción de menores. Si las dudas recaen
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en torno a si el sujeto tenía o no cumplidos los 14 años, dicha duda se resolverá en sentido favorable al menor,
y no se le exigirá responsabilidad penal.
Determinación de la edad en los delitos continuados y en los delitos permanentes.
Cuando alguna de las conductas integrantes del delito continuado se ha realizado antes de cumplir los
14 años, únicamente se podrá exigir responsabilidad penal por las realizadas después de alcanzar dicha
edad. Por el contrario, en aquellos supuestos de infracción continuada en los que la actividad delictiva
integradora de dicha infracción se iniciara como menor de edad y se continuara después de cumplidos
los 18 años, teniendo en cuenta que varios de los hechos que se van a reunir en torno al delito
continuado se desarrollaron siendo ya mayor de edad penal, es esta última edad la que determinará la
competencia de los Tribunales, quedando bajo la competencia del Juez de Instrucción, que será el
encargado de determinar si se aplica la Ley penal del menor o no, según los términos establecidos en el
art. 4 de la LORRPM.
o MIR PUIG establece los siguientes criterios a seguir en los delitos continuados: cuando los
distintos actos parciales tienen una gravedad cuantificable y su suma agrava el hecho total
(delitos continuados contra la propiedad), los apoderamientos anteriores al cumplimiento de la
mayoría de edad no ha de ser tenidos en cuenta a efectos penales. En cambio, cuando los
distintos actos parciales no tengan una gravedad cuantificable separadamente y que pueda
sumarse (delitos continuados de falsedad) los actos anteriores al cumplimiento de la edad no
variarán necesariamente la gravedad final del hecho.
o En los delitos permanentes y en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo y durante la
misma el sujeto alcance la mayoría de edad penal, cabrá castigarle por todo el hecho, puesto
que la proseguir la realización del hecho viene a asumir los actos anteriores.
5. PRESCRIPCION DE DELITOS Los hechos cometidos por los menores prescriben, según lo dispuesto en el artículo 10.1 de la Ley:
1º. A los cinco años, cuando se trate de un delito grave sancionado en el CP con una pena superior a los
diez años.
2º. A los tres años, cuando se trata de cualquier otro delito grave.
3º. Al año, cuando se trate de un delito menos grave.
4º. A los tres meses, cuando se trate de una falta.
Se establece una excepción, recogida en la disposición adicional 4ª letra f): los delitos tipificados en los arts.
138, 139, 179, 180, 571 a 580 del Código penal y aquellos sancionados con pena de prisión igual o superior a
quince años, prescriben con arreglo a las normas contenidas en el Código penal.
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CAPITULO IX EL PROCESO PENAL DE MENORES (I)
1. LOS ORGANOS DE LA JURISDICCIÓN DE MENORES Y SU COMPETENCIA La característica más importante del nuevo proceso penal de menores reside en su finalidad, cual es la de
erigirse, más que en un proceso retribucionista en un proceso concebido para obtener la rehabilitación del
menor y solucionar el conflicto intersubjetivo entre el agresor y las partes. Para el logro de estos objetivos, la
LORRPM procede, de un lado, a redefinir las funciones del Juez y del personal colaborador, fundamentalmente
del MF y a consagrar, de otro, el principio de oportunidad en la persecución penal.
De este modo, y frente al clásico principio de legalidad, absolutamente hegemónico en la LECrim., la LO 5/2000
convierte al MF en el director de la instrucción e instaura el principio de oportunidad, conforme al cual puede el
Ministerio Público obtener el sobreseimiento de un proceso o la sustitución de una pena privativa de libertad por
otra limitativa de derechos, si la naturaleza del hecho, la personalidad del imputado y la pronta reparación de la
víctima lo permiten.
Desde el punto de vista estrictamente procesal, la distribución de roles llevada a cabo por la LO 5/2000, que
confiere la investigación al MF y la función de garante de los derechos fundamentales de las partes al Juez de
Menores, además de asegurar la imparcialidad del Juzgador, termina con el peligro de convertir los actos de
investigación en actos de prueba, fuera de los supuestos taxativamente previstos, dado que al MF no le es
permitido, como regla general, generar actos probatorios, trasladando todo el peso probatorio y decisorio a la
fase del juicio oral (audiencia, en el proceso penal de menores) y haciendo recuperar a los jueces la pureza de
su ejercicio constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
I. El Juez de Menores
En la LORRPM el Juez de Menores ya no efectúa la instrucción, cual acontece en el proceso penal de adultos,
pues dicha función investigadora pasa a encomendarse al MF.
Sin embargo, ello no significa que el Juez se encuentre ausente en la instrucción, sino simplemente se trata de
reconducir el papel de dicho órgano jurisdiccional a su genuina posición de tercero imparcial, al que siguen
correspondiendo las funciones de adoptar las resoluciones limitativas de los derechos fundamentales, la
decisión sobre las medidas cautelares que se soliciten respecto del menor, la declaración del secreto
instructorio, la decisión sobre la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y el conocimiento del juicio oral y la
emisión de la pertinente sentencia. Asimismo, le corresponde intervenir los actos de prueba sumarial anticipada
o preconstituida, prevenir y erradicar las dilaciones en la instrucción y controlar la actividad instructora efectuada
por el MF.
II. El Ministerio Fiscal
Al MF, Director de la instrucción, le corresponde acordar la práctica de las diligencias instructoras dirigidas a
investigar el hecho punible y la participación en él del menor, es decir, le corresponde la función de preparar el
juicio oral o proponer al Juez el sobreseimiento.
En el MF concurren dos roles concurrentes pero sucesivos: la de erigirse en instructor del
procedimiento y la de seguir asumiendo la función de parte acusadora en el juicio oral.
Pero junto a estas clásicas funciones, del texto de la LORRPM se infiere otra dirigida a la asunción de aquellos
fines procesales penales de reinserción del imputado y de protección de la víctima, cual es su nueva función de
mediador, consistente en contribuir a la obtención de la rápida solución, tanto del conflicto social existente entre
el Estado y el imputado, cuanto el intersubjetivo que enfrenta al ofensor con su víctima.
Al MF le corresponde proponer al Juez cual sea la sanción, de las contenidas en el art. 7, que mejor se adecua
al cumplimiento de los fines del proceso, así como posibilitar una conciliación entre el imputado y perjudicado.
Esta actividad la realiza el MF mediante la puesta en práctica del principio de oportunidad, que le autoriza a
disponer, desde el archivo de las actuaciones (o desistimiento de la pretensión penal, en la terminología del art.
18), siempre y cuando el delito imputado no sea grave, no se haya cometido con violencia o intimidación y el
menor no sea reincidente, o solicitar una petición de sobreseimiento bajo condición de cumplimiento por el
imputado de futuras prestaciones, a ejercitar la conformidad o proponer la suspensión del fallo, hasta incluso
instar la sustitución de la ejecución de medidas por otras más adecuadas para la obtención de la reinserción del
menor.
2. LAS PARTES EN EL PROCESO PENAL DE MENORES
I. El Ministerio Fiscal
Con respecto a las partes penales, ya se ha indicado que el MF asume el doble rol de instructor-acusador, lo
que, a fin de salvaguardar una mayor objetividad, debiera conllevar una distribución de estas dos funciones en
dos miembros del MF distintos; pero la LORRPM no prohíbe esta acumulación funciones.
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Ello exige que su actuación se rija, en cada una de estas fases, por distintos principios: el exclusivo de
imparcialidad en la fase instructora, conforme al cual ha de consignar no sólo las circunstancias adversas, sino
también las favorables para el imputado y el principio pro societate o de defensa de la sociedad, que ha de
presidir su actividad como parte acusadora en el juicio oral.
II. La Acusación particular
La mayor novedad de la LO 5/2000 estribaba en el régimen de intervención de los acusadores particulares, el
cual no era, como acontece en el proceso de adultos, en calidad de partes principales, sino de meros
coadyuvantes del MF.
A tal efecto, el art. 25 prohibía, de un lado, la intervención del acusador popular en la medida en que
negativamente tan solo contemplaba la intervención del perjudicado y, de otro, reducía la capacidad de
postulación de este último a los supuestos de que el imputado fuera mayor de dieciséis años y presunto autor de
un delito violento, en cuyo caso podía tomar conocimiento de la instrucción, proponer y participar en las
conciliaciones y ser oído en la sustitución de las medidas.
No podía, sin embargo, el acusador particular formalizar su escrito de acusación, ni comparecer como parte
principal en paridad de armas con el MF.
Ello no obstante, nuestro legislador dio un giro radical en el tratamiento de la personación del perjudicado en el
proceso penal de menores a través de la Disposición Adicional Segunda de la LO 15/2003, permitiendo al
perjudicado por el delito y a otra serie de sujetos a él unidos por lazos de parentesco el ejercicio de la acción
penal.
A tal efecto, la mencionada Disposición otorga nueva redacción al art. 25 permitiendo personarse en el
procedimiento como acusadores particulares a las personas directamente ofendidas por el delito, sus
padres, sus herederos o sus representantes legales, si fueran menores de edad o incapaces, con todas
las facultades y derechos que se derivan de la adquisición del estatus de parte en el procedimiento,
entre los que destacan, entre otros, los siguientes:
ejercitar la acusación particular durante el procedimiento
instar la imposición de las medidas previstas legalmente
tener vista de lo actuado, siendo notificado de las diligencias que se soliciten y acuerden
proponer pruebas que versen sobre el hecho delictivo y las circunstancias de su comisión
participar en la práctica de las pruebas
ser oído en cuantos incidentes se tramiten durante el procedimiento
participar en las vistas y audiencias que se celebren
interponer los recursos procedentes de acuerdo con la Ley
Con arreglo a este nuevo régimen procesal es estatus del acusador particular, ya no es el del coadyuvante, sino
el de parte principal.
III. La Defensa
1. El derecho fundamental de defensa
La asistencia letrada se hace necesaria, incluso antes de la incoación del expediente, desde el momento en que
se produce la detención.
Al igual que sucede en el proceso penal de adultos, la LO 5/2000, con el fin de dotar al derecho de defensa de la
significación que le otorga el art. 24.2 CE, anticipa de modo inequívoco la designación por el imputado de
Abogado a la fase instructora al disponer que, desde el mismo momento de la incoación del expediente, el
menor tendrá derecho a ser informado por el Juez, el MF o agente de policía de los derechos que le asisten y a
designar Abogado que le defienda, o que le sea designado de oficio y a entrevistarse reservadamente con él,
incluso antes de prestar declaración (art. 22 LORRPM).
Si a ello se une la posibilidad procesal que, de conformidad con lo dispuesto en el art. 26.2, se confiere al
Abogado del menor para proponer que se lleve a efecto la declaración del menor, en cuyo supuesto el MF
deberá recibirla en el expediente, salvo que ya hubiese concluido la instrucción, parece conjurado el riesgo de
sufrir acusaciones sorpresivas, aun cuando lo deseable hubiera sido predeterminar unos contenidos, mínimos a
la instrucción, exigiendo al menos la declaración del menor, tal y como impone el TC en el procedimiento
abreviado, de aplicación supletoria (DF 1ª LORRPM).
2. Diligencias de instrucción instadas por el Abogado del menor
Actos instructorios de la defensa
Debido a la circunstancia de que en el proceso penal contemporáneo rige la presunción de inocencia, la
fase instructora no sólo puede estar dirigida a la investigación del hecho punible, sino también a
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acreditar la inocencia del imputado y a provocar el archivo o sobreseimiento de las actuaciones
sumariales.
Además, dada la finalidad esencial del proceso penal de menores, cual es la de erigirse en un proceso
concebido para obtener la rehabilitación del menor, la fase instructora también se integra por la
necesidad de determinar si conviene o no al interés del menor la continuación del procedimiento.
Los actos instructorios de la defensa están pues, dirigidos a acreditar en esta fase la inexistencia del
hecho, su falta de tipicidad o de participación en él de la parte material o la concurrencia de alguna
causa de exención de la responsabilidad penal o, en su caso, a demostrar la concurrencia de
circunstancias psicológicas, educativas, sociales o familiares que puedan hacer aconsejable desistir del
procedimiento o alcanzar una solución extrajudicial.
Esta es la razón por la cual el art. 26.1 LORRPM permite al Abogado del menor solicitar del MF la
práctica de cuantas diligencias considere necesarias. Los principios que han inspirado el procedimiento
diseñado por el legislador explican que esa petición se dirija al MF encargado de la investigación, quien
habrá de decidir sobre su admisión o rechazo, dictando al efecto resolución motivada que notificará al
Abogado proponente y pondrá en conocimiento del Juez de Menores.
Los criterios para decidir la práctica de estas diligencias han de ser los mismos que utiliza el Juez de
Instrucción durante la fase de investigación, por lo que, de conformidad con lo dispuesto en el LECrim.,
el MF habrá de practicar la totalidad de los actos de investigación que le propusiere el abogado del
menor, siempre y cuando no sean contrarios a la Ley, innecesarios, inútiles o perjudiciales.
Supuestos especiales
Como ya se ha señalado, la declaración del menor, cuando ésta se insta por su propio Abogado, está
sujeta a un régimen especial, toda vez que su propuesta despliega un efecto vinculante para el Fiscal,
quien deberá acordar en todo caso su práctica, salvo que ya hubiera concluido la instrucción y el
expediente hubiese sido elevado al Juzgado de Menores.
Si las diligencia propuestas por el Abogado del menor afectaren a derechos fundamentales de éste o de
otras personas, dicha petición sigue teniendo como intermediario al MF, quien, de estimar pertinente la
solicitud, se dirigirá al Juez de Menores, a quien corresponda la función, entre otras, de adoptar las
resoluciones limitativas de los derechos fundamentales.
Instrucción judicial complementaria
Contra la resolución del Fiscal denegando la práctica de una diligencia de instrucción solicitada por el
Abogado del menor no cabe recurso alguno, si bien, la defensa dispone de una vía impugnativa
consistente en la posibilidad de reproducir su petición en cualquier momento ante el Juez de Menores.
Aun cuando la ley no establece límite alguno a la facultad del Abogado del menor para dirigirse al Juez
postulando la práctica de la diligencia rechazada, no parece aceptable que, el indudable derecho que
asiste a la defensa de poder contradecir eficazmente el criterio del Fiscal instructor, tenga que traducirse
necesariamente en el desarrollo de una instrucción judicial paralela a la del Fiscal, pues dicho resultado
práctico resultaría contradictorio con la estructura general del proceso que la ley diseña, que atribuye al
Fiscal el protagonismo en la fase de instrucción hasta su conclusión final, siendo más prudente entender
que la intervención del Juez de Menores, en relación con las diligencias ordinarias de instrucción
denegadas por el MF, queda legalmente pospuesta hasta la apertura de la fase intermedia o de
alegaciones, la cual sucede una vez dictado decreto de conclusión del expediente.
El Abogado del menor, tras el decreto de conclusión del expediente, todavía puede reclamar el
sobreseimiento de la causa y fundar dicha pretensión en la práctica de aquellas diligencias que el Fiscal
le rechazó en el curso del expediente de reforma, pese a resultar pertinentes y útiles, con lo que se
garantiza, sin necesidad de poner en peligro la imparcialidad del Juez de Menores, el derecho de
defensa y la igualdad de armas en el proceso.
Si el Juez de Menores, contradiciendo el criterio del Fiscal, estima la pertinencia de las diligencias
solicitadas puede abrir entonces un breve trámite en el curso del cual las practicará por si. Siendo esto
así, ninguna violación del Juez imparcial puede producirse por la acumulación en un mismo órgano
jurisdiccional de la fase intermedia y la del juicio oral, toda vez que no puede existir asunción simultánea
de funciones instructoras y enjuiciadoras allí donde, por haberse concluido ya la instrucción, tan sólo las
hay de enjuiciamiento sobre la apertura o no de la audiencia y la de su efectiva realización.
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Aun cuando la ley sólo prevé que tras su práctica se dé traslado de su resultado al Fiscal y al Abogado
del menor, es obvio que la práctica judicial de las diligencias se debe verificar con citación de todas las
partes personadas.
3. LA FASE DE INSTRUCCIÓN
I. Iniciación del procedimiento
La iniciación del proceso penal de menores se produce mediante la puesta en conocimiento del MF de una
notitia criminis o sospecha de la comisión de una acción, que revista los caracteres de delito o falta,
presuntamente cometidos por un menor de dieciocho años.
II. Diligencias Preliminares
Una vez recibida la notitia criminis, el MF procederá a la incoación de las correspondientes diligencias
preliminares, las cuales podrán derivar en un Decreto de archivo o de incoación del expediente de reforma.
Al margen de estas dos posibilidades también podrá el MF, amparándose en el principio de oportunidad que le
otorga la nueva Ley (art. 18), desistir de la incoación del expediente, siempre y cuando concurran los
presupuestos legalmente establecidos, opción esta última que será objeto de estudio con posterioridad.
La fase de diligencias preliminares tiene por objeto valorar la concurrencia de los presupuestos legalmente
establecidos para acordar la incoación del expediente de reforma, que son, desde un punto de vista fáctico, la
verosimilitud de los hechos denunciados y la determinación de la identidad y edad de los partícipes en su
ejecución y, desde el punto de vista normativo, la tipicidad penal de la conducta denunciada.
Esta actividad preliminar de investigación se justificará únicamente cuando el relato de hechos contenido en la
denuncia suscite, prima facie, dudas relevantes pues donde verdaderamente se han de materializar en su
plenitud los principios constitutivos del proceso será en la fase de instrucción propiamente dicha, subsiguiente al
Decreto de incoación del expediente.
En todo caso, la práctica material de diligencias de investigación en esta fase no puede sustraerse a la garantía
de contradicción y defensa, debiendo el MF, sin que sea legítimo ningún género de demora, informar al
imputado de su derecho de defensa y darle traslado de la denuncia.
III. La fase de instrucción: la incoación del expediente de reforma
En los supuestos en que la puesta en conocimiento de la notitia criminis autorice la incoación directa del
expediente, así como cuando la tramitación de las diligencias preliminares aconsejen su transformación en un
expediente de reforma, el Fiscal tiene la obligación legal de comunicar al Juez de Menores la incoación del
expediente, comenzando desde este instante la fase instructora propiamente dicha.
Esta comunicación no puede ser entendida como un mero formalismo, resulta preciso que el Decreto de
incoación contenga una sucinta exposición de los hechos que se incriminan, circunstancias en que se han
producido e identificación de los menores expedientados y de los posibles ofendidos o, en su caso, que se
acompañe del atestado policial o de la denuncia que haya motivado su adopción.
El Decreto de incoación del expediente también ha de ser notificado al menor desde el momento en que se
dicte, salvo cuando hubiera sido declarado secreto, conforme autoriza el art. 24. Esa notificación ha de llevarse
a cabo por el Secretario del Juzgado de Menores, quien ha de requerir al menor y a sus representantes legales
para que designen Abogado en el plazo de tres días, advirtiéndoles que, de no hacerlo, aquél le será nombrado
al menor de oficio de entre los integrantes del turno de especialistas del correspondiente Colegio de Abogados.
Finalmente, el MF notificará la incoación del expediente al perjudicado, si ya le consta su identidad o, en su
caso, desde el momento en que así conste en la instrucción del expediente, informándole del derecho que le
asiste a personarse en el procedimiento, así como de la posibilidad de ejercer las acciones civiles que le puedan
corresponder personándose ante el Juez de Menores en la pieza de responsabilidad civil, que se tramitará por
dicho órgano judicial.
IV. Manifestaciones del principio de oportunidad en la fase de instrucción
La LO 5/2000, orientada por el deseo de fomentar los criterios educativos y de valoración del interés del menor,
así como un uso flexible del principio de intervención mínima, recoge a lo largo de su articulado y en diferentes
fases del procedimiento varias manifestaciones del principio de oportunidad. Los motivos genéricos de estas
manifestaciones del principio de oportunidad han de situarse, de un lado, en razones de política criminal o de
interés público, que desaconsejan la apertura del juicio y la irrogación de una pena privativa de libertad, y de
otro, en la necesidad de descongestionar una justicia penal sobrecargada de trabajo. Por su parte, los motivos
específicos pueden sintetizarse en los siguientes:
Evitar los efectos criminógenos de las penas cortas privativas de libertad
Obtener la rehabilitación del delincuente mediante su sometimiento voluntario a un procedimiento de
readaptación, a cuyo cumplimiento efectivo queda condicionado el sobreseimiento por razones de oportunidad
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Estimular la pronta reparación del daño
La conveniencia de evitar juicios orales innecesarios o razones de economía procesal
A efectos sistemáticos y en la etapa de instrucción, vamos a distinguir dos momentos en donde juega el
principio de oportunidad encomendado al arbitrio del Fiscal: el primero lo sería con anterioridad a la incoación
del expediente en que el Fiscal, de conformidad con lo dispuesto en el art. 18 de la nueva ley, puede archivar
por sí las diligencias informativas o preliminares abiertas en Fiscalía; el segundo tendría lugar en un momento
posterior, es decir, una vez incoado expediente de menores, pudiendo el Fiscal solicitar su archivo al Juzgado
de Menores en los casos del art. 19 (conciliación, reparación o cumplimiento de una actividad educativa).
1. Desistimiento de la incoación del expediente
Presupuestos objetivos y subjetivos del desistimiento
En el plano objetivo, el presupuesto de esta decisión es doble: formalmente, la infracción penal que
motiva la notitia criminis debe ser constitutiva de un delito menos grave, o una falta, tipificados en el CP
o en las leyes penales especiales; materialmente, el hecho delictivo ha de verse exento de toda forma
de violencia o intimidación en su ejecución, presupuesto material que no se añade a las faltas, por lo
que puede tratarse de cualquier tipo de las previstas en el Título III del CP, aun cuando en su comisión
haya existido violencia o intimidación.
Desde el punto de vista subjetivo, se exige que el menor no haya cometido con anterioridad otros
hechos de la misma naturaleza, expresión que adolece de una profunda indefinición, lo que puede dar
lugar a distintas interpretaciones en torno a su alcance.
Un primer criterio podría ser el de reconducir dicho término al concepto de reincidencia comprendido en
el art. 20.8 CP. Sin embargo, esta tesis resulta contraria con el tenor literal del art. 18.2, que se refiere a
hechos y no a delitos, ni a ejecutorias, por lo que la simple constancia de que el menor ha cometido un
hecho de la misma naturaleza con anterioridad implicaría la imposibilidad de que pueda beneficiarse del
desistimiento de la incoación que en él se regula.
Una segunda tesis es la mantenida por la FGE en su Circular 1/2000, quien considera que la exigencia
legal de que el menor no haya cometido con anterioridad hechos de la misma naturaleza se ha de
entender en el sentido de que el menor no deba haber incurrido en hechos constitutivos de delito grave,
o si se trata de delito menos grave, que en su ejecución no haya empleado violencia o intimidación,
aunque los hechos presenten una naturaleza diversa.
Si el hecho anterior es constitutivo de mera falta, o de delito menos grave sin concurrencia de violencia
o intimidación, podría entenderse que el Fiscal tiene legalmente vedada la decisión de desistimiento sólo
si el hecho anterior tiene la misma naturaleza que el hecho actual, atendiendo a si se ha visto lesionado
el mismo bien jurídico de un modo semejante, no siendo necesario que exista una condena anterior a la
decisión del Fiscal, pues la Ley se refiere a hechos, no a delitos, ni a condenas ejecutorias.
Cumplidos los anteriores presupuestos, el MF podrá desistir de la incoación del expediente sin condición
alguna al menor (principio de oportunidad o sobreseimiento puro), lo que no se corresponde con los
precedentes existentes en otros Ordenamientos que regulan la delincuencia juvenil, en los que dicha
terminación anticipada va acompañada de un sistema de probation bajo la forma de sobreseimiento
provisional con contraprestaciones.
Igualmente, en la mayoría de los sistemas que admite el uso por el Fiscal del principio de oportunidad,
se introduce una vía para discutir y controlar la decisión adoptada; vía interna, a través de una petición
de revisión de la decisión por el superior jerárquico y externa, promoviendo un control judicial, o única,
referida al control por los jueces, bien a través de recurso contra la decisión del Fiscal, para que un juez
revise y la apruebe o revoque, obligando al Fiscal a actuar (sistema alemán), bien sometiendo en todos
los casos la decisión de desistimiento o archivo del Fiscal a la aprobación de un juez (sistema
portugués).
Hubiera sido deseable someter en todos los casos la decisión de desistimiento o archivo del Fiscal a la
aprobación del Juez de Menores con el fin de que dicho órgano judicial comprobara su legalidad pero
sin entrar a decidir sobre su oportunidad, que es competencia exclusiva del Fiscal.
Consecuencias jurídicas del desistimiento
o Actividad preventiva por desamparo. El Fiscal dará traslado de lo actuado a la entidad pública
de protección de menores, quien habrá de promover necesariamente las medidas de protección
adecuadas a las circunstancias del menor. Pese a que los términos empleados por el art. 18,
que hace alusión a expresiones tales como dará traslado a la entidad pública de protección,
quien habrá de promover las medidas oportunas, tan sólo cuando el MF considere que el menor
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se encuentra en una situación de riesgo potencial o desamparo deberá ponerlo en conocimiento
de la entidad de protección para que se adopten las medidas previstas al respecto.
Lo que no puede admitirse es la adopción, con carácter obligatorio, de una medida de
protección sin atender a las circunstancias personales del menor, que pueden no exigir
intervención alguna, ya que se estaría dando entrada a una actuación administrativa paralela a
la penal sin garantía alguna para el menor, cuya conducta penal no sería objeto de reproche por
la única vía posible.
o Pieza de responsabilidad civil. El decreto de archivo de las diligencias preliminares por
desistimiento de la incoación del expediente deberá comunicarse al Juez de Menores para que
proceda a la tramitación de la correspondiente pieza de responsabilidad civil, notificando a
quienes aparezcan como perjudicados su derecho a ser parte en la misma.
Lo más frecuente será que la parte perjudicada se reserve el ejercicio de la acción civil para
ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil y no en sede penal, si se repara en la escasa utilidad
práctica que cabe aventurar al procedimiento separado que contempla la LORRPM para la
exigencia de responsabilidad civil, cuya sentencia no producirá fuerza de cosa juzgada, con lo
que la parte agraviada siempre tendrá las puertas de la jurisdicción civil abiertas para volver a
discutir la pretensión civil dimanante del delito cometido.
2. Sobreseimiento por conciliación o reparación entre el menor y la víctima
La reparación y la conciliación en el ámbito de la justicia de menores
La crisis del sistema de justicia penal y de las soluciones que ofrece ha provocado el nacimiento de
corrientes que propugnan un Derecho Penal mínimo, a fin de que los órganos de persecución penal
puedan concentrar su principal atención en aquellos hechos punibles que, por su gravedad o
complejidad, han de merecer una mejor excitación del ius puniendi del Estado, y que abogan por la
“diversión”, en cuanto a la derivación de las reacciones sociales a la delincuencia.
Desde esta perspectiva, la justicia de menores constituye uno de los campos de actuación en el que la
articulación de vías alternativas de respuesta a la infracción penal presentan mayores posibilidades de
éxito, y ello por varias razones: en primer lugar, porque el proceso penal del menor tiene por finalidad la
de erigirse en un proceso concebido para obtener la rehabilitación del menor; en segundo lugar, porque
además, dicho proceso pierde parte del contenido retributivo o dirigido exclusivamente a la aplicación
del ius puniendi para convertirse en un proceso preventivo-especial, decreciendo considerablemente el
índice de intimidación al destinatario de la sanción; finalmente, la satisfacción del interés de la víctima
del comportamiento infractor puede encontrar mayores expectativas de éxito con fórmulas innovadoras.
Un interés particular revisten los temas de la reparación del daño causado y la conciliación del
delincuente con la víctima como situaciones que pueden dar lugar al sobreseimiento del expediente o la
finalización del cumplimiento de la medida impuesta, en un claro predominio de los criterios educativos y
resocializadores sobre los de una defensa social esencialmente basada en la prevención general y que
pudiera resultar contraproducente para el futuro.
Por otra parte, este sistema de reparación y conciliación diseñado por el legislador supone un
enriquecimiento recíproco para la víctima y el menor infractor. Para la víctima, se traduce en el
conocimiento personal del menor infractor y en la posibilidad de poder explicar el daño que éste ha
recibido con la posibilidad de conceder el perdón, una vez recibida alguna satisfacción que no tiene por
que ser económica. Para el menor infractor presenta elementos educativos, evitando que una
intervención del sistema penal basada en el castigo contribuya a fijar identidades negativas en su
persona, al tiempo que le ayuda a descubrir su naturaleza de persona que vive en sociedad y que debe
respetar los intereses legítimos de los otros, facilitando su reintegración social a través de la petición de
perdón.
Presupuestos objetivos y subjetivos para acordar el sobreseimiento
A diferencia de la posibilidad contemplada en el art. 18, en la que el Fiscal desiste de la incoación del
expediente, en el caso del art. 19 LORRPM el expediente ya tiene existencia jurídica en virtud de un
acto de incoación previo y podrá ser sobreseído sobre la base de una actividad de carácter
autocompositiva entre el menor imputado y la víctima.
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Para que el MF pueda dar por concluida la instrucción y solicitar del Juez el sobreseimiento y archivo de
las actuaciones han de concurrir una serie de presupuestos, que pueden sistematizarse en objetivos,
subjetivos y formales.
En el ámbito objetivo se exige que el hecho punible atribuido al menor sea constitutivo de un delito
menos grave o de una falta y que en su ejecución no se haya empleado violencia o intimidación graves,
ni haya producido alteración del orden público o revele peligrosidad de su autor.
El legislador condiciona la viabilidad de esta fórmula de sobreseimiento a la circunstancia de que el
menor, con carácter alternativo, se haya conciliado con la víctima, haya asumido el compromiso de
reparar el daño causado a la víctima o se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta
por el equipo técnico.
Se entenderá producida la conciliación “cuando el menor reconozca el daño causado y se disculpe
ante la víctima, y ésta acepte las disculpas”. Por tanto, la conciliación no es más que el acto procesal a
través del cual se hace valer el perdón del ofendido como acto material de extinción de la penalidad
regulado en el art. 130.4 CP.
Por su parte, la reparación implica “el compromiso asumido por el menor con la víctima o perjudicado
de realizar determinadas acciones en beneficio de aquellos o de la comunidad, seguido de su
realización efectiva”.
De conformidad con lo dispuesto por el art. 19.6, si la víctima del delito o falta fuere menor o incapaz, tal
compromiso habrá de ser asumido por su representante legal, con la aprobación del Juez de Menores.
En principio, según el tenor literal de estas definiciones, podría extraerse la idea, según la cual, para que
se entendiera producida la conciliación sería requisito imprescindible que la víctima aceptase las
disculpas del menor; mientras que para dar por acontecida la reparación, el compromiso del menor
respecto de la realización de determinadas acciones, bien en beneficio de la víctima o perjudicado, bien
en el de la comunidad, debería ir acompañado, en todo caso, de su realización efectiva.
No obstante, el art. 19.4 permite al MF que dé por concluida la instrucción, solicitando del Juez el
sobreseimiento y archivo de las actuaciones, no solo cuando se haya producido la conciliación o cuando
se hayan visto cumplidos los compromisos de reparación asumidos con la víctima, sino también cuando
una y otros no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad del menor.
Por último, el legislador condiciona la eficacia de esta fórmula de sobreseimiento a la circunstancia de
que el menor se haya comprometido a cumplir la actividad educativa propuesta por el equipo técnico.
La finalidad esencial de estas medidas estriba en que el menor comprenda, durante su realización, que
la colectividad o determinadas personas han sufrido de modo injustificado unas consecuencias
negativas derivadas de su conducta y que la prestación de los trabajos a los que se comprometa
constituyen un acto de reparación justo, siendo conveniente relacionar la naturaleza de la actividad que
se le proponga con la de los bienes jurídicos afectados por los hechos que haya cometido.
Presupuestos formales
1) Intervención del Abogado. El art. 19 no contiene mención alguna a la necesidad de que el
menor deba estar asesorado por su Abogado en el momento en que reconozca su
responsabilidad en los hechos que se le imputan. Con el fin de evitar resultados adversos y
preservar el derecho de defensa, ha de garantizarse la espontaneidad o libertad de la
declaración de voluntad del inculpado, quien no puede ser sometido a género de presión alguno
para que preste su reconocimiento en los hechos, el cual debiera ser ratificado por su Abogado.
En cualquier otro caso se violaría el art. 6 del CEDN (derecho de acceso a un Tribunal), con
respecto al cual el ETD ha tenido ocasión de declarar que dicho precepto no se infringe en los
sistemas de transacción, siempre y cuando el consentimiento del imputado se haya prestado
libremente y sin coacción alguna.
2) Intervención del equipo técnico. Este grupo de peritos asume la iniciativa, cuando lo
considere conveniente y en interés del menor, sobre la posibilidad de que éste efectúe una
actividad reparadora o de conciliación con la víctima, para lo cual informará al Fiscal con
indicación expresa del contenido y de las razones que expliquen la procedencia y los beneficios
de la actividad propuesta (art. 27.3). No existe inconveniente para que esta facultad de
propuesta pueda ser igualmente realizada por el menor e incluso por la víctima, sin perjuicio de
su canalización por los profesionales del equipo que si la rechazan o la entienden inviable,
debieran, en cualquier caso, informar al MF.
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3) Intervención del Ministerio Fiscal. El art. 19.3 determina que el equipo técnico realizará las
funciones de mediación entre el menor y la víctima o perjudicado... e informará al Ministerio
Fiscal de los compromisos adquiridos y de su grado de cumplimiento, lo que parece dar a
entender que sea ante este grupo donde se produzca tal reconocimiento, lo que excede de sus
competencias y supondría una merma de las garantías del procedimiento. Lo lógico sería que
dicho reconocimiento se efectuase por el menor, asistido de su Abogado, ante el MF y que sea
dicho órgano público quien, una vez constatada la voluntariedad y la ausencia de presiones en
la participación del menor, plantee al equipo técnico la procedencia de la solución reparadora y
su contenido.
Además, una vez presentado por el equipo técnico el correspondiente informe, ya sea de oficio, ya sea a
instancia de parte, corresponde al MF no sólo la fiscalización de los presupuestos que condicionan estas
soluciones extrajudiciales, sino también la valoración de la idoneidad del caso para someterlo a un
intento de conciliación o reparación, lo que propicia una unificación de criterios con los profesionales de
los equipos técnicos y evita tratos injustificadamente desiguales.
Efectos
1) Efectos en la acción penal. Una vez producida la conciliación o cumplidos los compromisos de
reparación asumidos, o cuando no pudieran llevarse a efecto por causas ajenas a la voluntad
del menor, el MF dará por concluida la instrucción y solicitará del Juez el sobreseimiento y
archivo de las actuaciones con remisión de lo actuado. En ambos supuestos se extinguirá la
acción penal o fenecerá la pretensión penal y finalizará el procedimiento, debiendo dictar el
órgano jurisdiccional una resolución absolutoria de fondo para el imputado.
En consecuencia, a diferencia de lo que acontece en el proceso penal de adultos, en donde los
efectos de la renuncia a la pretensión penal, acto procesal a través del cual se hace valer el
perdón del ofendido, son distintos según la naturaleza del delito, no sucede lo mismo en el de
menores, pues, de conformidad con el principio de oportunidad, el perdón del ofendido ha de
producir el sobreseimiento libre en todo lo referente a la pretensión penal y ello, con
independencia de si se trata de un delito público o perseguible a instancia de parte.
2) Efectos en la acción civil. La extinción del proceso penal no conlleva la de la acción civil, la
cual, una vez finalizado el mismo, puede hacerse valer ante los Juzgados de primera instancia y
mediante el pertinente proceso, con la sola excepción de las sentencias firmes absolutorias por
inexistencia del hecho.
Por tanto, el perjudicado puede ejercitar la acción civil mediante el procedimiento separado que
se desarrolla en paralelo a la pieza principal, contemplado en los arts. 61 a 64 LORRPM, aun
cuando se haya extinguido la acción penal por conciliación o reparación entre el menor y la
víctima. El inciso final del art. 19.2 aclara que tanto la conciliación como la reparación han de
entenderse “sin perjuicio del acuerdo al que hayan llegado las partes en relación al ejercicio de
la acción por responsabilidad civil derivada del delito o falta, regulada en esta Ley”, que seguirá
su propio recorrido procesal al margen de las fórmulas que pongan fin al expediente.
V. Los Equipos Técnicos
1. Informe del equipo técnico
Con el fin de lograr un óptimo tratamiento psicoeducativo del menor infractor la Ley atribuye al equipo técnico,
integrado por especialistas de las diversas ciencias del comportamiento, una importante función de
asesoramiento al Juez y al Fiscal, plasmando al efecto su opinión técnica en los distintos informes o audiencias
a que se refiere el texto legal.
Durante la instrucción del expediente, el MF requerirá del equipo técnico, que a estos efectos dependerá
funcionalmente de aquel, la elaboración de un informe expresivo de las circunstancias psicológicas, familiares y
educativas del menor, entorno social en el que vive y, en general, sobre cualquier circunstancia relevante a los
efectos de la adopción de alguna de las medidas previstas en la Ley. Dicho informe puede ser inicial o
complementario, según sea o no la primera vez que se incoa expediente al menor.
Con buen criterio, la elaboración del informe no queda atribuido en régimen de exclusividad al equipo técnico, ya
que la LO 5/2000 permite al Fiscal hacer uso de otros informes procedentes de entidades públicas y privadas
que trabajen en el ámbito de la educación de menores y conozcan la situación del menor expedientado como
complemento necesario de la instrucción.
2. Naturaleza jurídica del informe
La naturaleza jurídica no ha sido una cuestión pacífica en la doctrina. Mientras que para unos no tiene la
naturaleza jurídica de una pericia, por nuestra parte entendemos que se trata efectivamente de un informe
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pericial, en la medida en que cabe atribuirle el mismo fundamento que el art. 456 LECrim. señala al informe
pericial, esto es, conocer algún hecho o circunstancia importante en el proceso que requiera de conocimientos
científicos o artísticos.
Admitida la naturaleza pericial del informe emitido por el equipo técnico, el Juez valorará el informe como otra
prueba más, según lo previsto en el art. 741 respecto a la libre valoración de la prueba, sin que pueda
considerarse que tenga carácter vinculante en relación con los datos que contiene, aun cuando es indudable
que la dimensión no jurídica de los problemas que plantea la justicia de menores va a quedar perfilada por estos
profesionales con los que se debe procurar mantener un contacto ininterrumpido y fluido.
4. LAS MEDIDAS CAUTELARES
I. Concepto y fundamento
Por medidas cautelares cabe entender las resoluciones motivadas del órgano jurisdiccional, que pueden
adoptarse contra el presunto responsable de la acción delictuosa, como consecuencia, de un lado, del
surgimiento de su cualidad de imputado y, de otro, de la fundada probabilidad de su ocultación personal o
patrimonial en el curso de un procedimiento penal, por las que se limita provisionalmente la libertad o la libre
disposición de sus bienes con el fin de garantizar los efectos, penales y civiles, de la sentencia.
II. La detención
1. Concepto y notas esenciales
Constituye la detención una medida cautelar de naturaleza personal y provisionalísima, que puede adoptar la
autoridad judicial, policial e incluso los particulares, consistente en la limitación del derecho a la libertad del
imputado con el objeto esencial, bien de ponerlo a disposición de la autoridad judicial, bien si se encuentra ya en
dicha situación, de resolver sobre la misma restableciendo dicho derecho o adoptando una medida cautelar
menos interina.
En el modelo de Derecho penal juvenil propuesto por las Naciones Unidas, la detención de menores está
presidida por las siguientes notas esenciales:
la detención del menor se utilizará tan sólo como último recurso y durante el período de tiempo más breve
posible
el menor detenido ha de ser tratado con la humanidad y el respeto que merece la dignidad inherente a la
persona humana, teniendo en consideración las necesidades propias de su edad
el menor privado de libertad tiene derecho al asesoramiento jurídico, a la asistencia social, psicológica y médica
que requiera, a impugnar la legalidad de su privación de libertad ante un Tribunal competente y a una pronta
resolución sobre dicha pretensión
2. Garantías en la detención de menores
El art. 17.1 LORRPM dispone que las autoridades y funcionarios que intervengan en la detención de un menor
(...) estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de forma inmediata, de los hechos
que se le imputan, de las razones de su detención y de los derechos que le asisten.
En primer lugar y por imperativo constitucional (art. 17.3), se habrá de informar al detenido de las
razones de su detención, las cuales aparecen concretadas en el art. 520.2 LECrim., así como en el
art. 17.1 LORRPM: los hechos que se le imputan y las razones motivadas de su privación de libertad.
Por hechos que se le imputan hay que entender hechos punibles, por lo que la policía ha de realizar una
mínima calificación del hecho e ilustración de la norma penal infringida, sin que dicha calificación pueda
vincular, en modo alguno, al órgano jurisdiccional.
La ratio legis de este extremo del deber de información descansa, en última de instancia, en el derecho
a ser informado de la naturaleza y de la causa de la acusación del art. 6.3 a) del CEDH, derechos que
son extensibles a cualquier procedimiento sancionador.
La necesidad de que tal puesta en conocimiento lo sea de forma inmediata, obedece a que finalidad
estriba en posibilitar la defensa privada o autodefensa del imputado, razón por la cual dicha puesta
verbal en su conocimiento ha de realizarse en todo caso con anterioridad a su interrogatorio, a fin de
que el detenido pueda contestar la imputación contra él existente.
En segundo lugar, el art. 17 LORRPM exige también que el menor sea informado del conjunto de
derechos y garantías que se asocian con carácter general al derecho de defensa de toda persona
detenida y que se hallan enumerados en el art. 520.2 LECrim.: derecho a guardar silencio, no
declarando si no quiere, a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable, a designar Abogado
de su elección o a reclamar la intervención de uno del turno de oficio, a fin de que le asista en las
diligencias policiales y judiciales de declaración e intervenga en todo reconocimiento de identidad de
que sea objeto, así como a ser reconocido por el médico forense.
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Junto a estos derechos, la LORRPM contiene determinadas singularidades con las que se intenta paliar
el efecto negativo que la detención puede causar en el proceso formativo del menor.
La primera de estas particularidades estriba en la obligación legal que incumbe a la policía de notificar
inmediatamente el hecho de la detención y lugar de la custodia a los representantes legales del
menor y al Ministerio Fiscal. Frente al régimen de la LECrim., en donde el control jurisdiccional de la
legalidad o procedencia de las detenciones gubernativas se realiza a posteriori, es decir, en el momento
en que el atestado o el detenido es puesto a disposición del Juez de Instrucción competente, la LO
5/2000 quiere que todas las detenciones policiales de un menor de edad sean notificadas de inmediato
al MF, al que se le atribuye la defensa de los derechos que a los menores reconocen las leyes y el
primero de estos derechos es no soportar una privación de libertad injustificada o simplemente
improcedente.
Por tanto, esta notificación no puede quedarse en un acto meramente formal y rituario, siendo necesario
que la policía judicial facilite al MF los datos que permitan conocer y valorar la pertinencia de la medida
acordada, ya que, en este mismo momento, si el Fiscal, atendiendo a la naturaleza y gravedad de los
hechos y a las circunstancias personales del menor, considera procedente un ulterior desistimiento,
habrá de proceder a la inmediata libertad del detenido y ello sin necesidad de esperar a que sea
trasladado a la Fiscalía desde las dependencias policiales.
Otra singularidad propia de la LORRPM viene determinada por la declaración del menor detenido,
que se llevará a cabo, no sólo en presencia de su letrado y del MF, sino también de los que ejerzan la
patria potestad, tutela o guarda del menor salvo que, en este último caso, las circunstancias aconsejen
lo contrario.
En defecto de representantes, bien por razón de su ausencia, bien por el hecho de hallarse
desaconsejada su presencia, la declaración habrá de practicarse en presencia del MF, representado por
persona distinta del instructor del expediente.
Por último, con el fin de evitar o al menos reducir la dimensión traumática de la detención de los
menores, el art. 17.3 LO 5/2000 establece que mientras dure la detención, los menores deberán hallarse
custodiados en dependencias adecuadas y separadas de las que se utilicen para los mayores de edad,
y recibirán los cuidados, protección y asistencia social, psicológica, médica y física que requieran,
habida cuenta de su edad, sexo y características individuales.
3. Duración de la detención preventiva
Dispone el art. 17.4 LORRPM que la detención de un menor por funcionarios de la policía no podrá durar más
tiempo del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los
hechos y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en
libertad o a disposición del Ministerio Fiscal.
De conformidad con la naturaleza provisionalísima de la detención, la LORRPM establece una doble técnica
para delimitar la detención preventiva en su aspecto temporal.
En primer lugar, adoptando un criterio puramente cualitativo, establece que la detención de un menor no
podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes
al esclarecimiento de los hechos, debiendo entenderse por dicho concepto la práctica de los actos de
investigación propios de las diligencias policiales, que, de conformidad con lo previsto por el art. 520 de
la LECrim. son exclusivamente dos: el reconocimiento de identidad y la declaración del detenido.
Por consiguiente, practicadas tales diligencias de carácter urgente, la autoridad policial ha de poner en
libertad o a disposición del MF al detenido, sin que la LORRPM otorgue derecho alguno a la policía a
dilatar más allá la detención, ni mucho menos le autorice a agotar el plazo previsto en dicho precepto.
En segundo lugar, se establece un límite cuantitativo absoluto, en virtud del cual la detención policial
no podrá durar nunca más de veinticuatro horas. Por tal razón, la detención de un menor practicada
por la policía está sometida, con carácter general, a un plazo de veinticuatro horas. En este plazo, que
en todo caso actúa como plazo máximo, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición
del MF.
Cuando el menor detenido sea puesto a disposición del MF, éste habrá de resolver, dentro de las cuarenta y
ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en libertad del menor, sobre el desistimiento de la incoación
del expediente, o sobre la incoación del expediente, poniendo a aquél a disposición del Juez de Menores
competente e instando del mismo las oportunas medidas cautelares.
Se exige del MF que ponga en libertad al menor o inste lo procedente sobre su situación personal en el plazo
máximo de cuarenta y ocho horas, operando como dies a quo el momento en que se produce la detención y no
aquél en que el detenido es puesto a su disposición, con lo que, si la policía ha agotado el plazo de veinticuatro
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horas que la Ley le concede, el Fiscal sólo dispone de otro período de veinticuatro horas antes de adoptar su
decisión.
4. Régimen específico de la detención preventiva en los supuestos de delitos de terrorismo
Competencia objetiva
La LO 7/2000, que incorpora una nueva D.A. 4ª en la LORRPM, ha introducido en el ámbito de la
responsabilidad penal de los menores importantes consecuencias prácticas, entre las que cabe destacar
la atribución al Juzgado Central de Menores de la AN de la competencia objetiva para el conocimiento
de los delitos de terrorismo en los que aparezcan como sujetos implicados menores de edad.
Aún cuando la mencionada Disposición guarda silencio en relación con la Fiscalía competente, habrá
que entender que el detenido no debe ser puesto a disposición de la Fiscalía del lugar donde se ha
producido la detención, sino directamente a disposición de la Fiscalía de la AN, que asume en estos
supuestos la competencia instructora.
La asignación de la competencia objetiva en materia de delincuencia terrorista al Juzgado Central de
Menores se acompaña también de una importante restricción en las posibilidades de acumulación de
delitos conexos pues los procedimientos de la competencia de la AN no podrán ser objeto de
acumulación con otros procedimientos instruidos en el ámbito de la jurisdicción de menores, sean o no
los mismos los sujetos imputados.
Duración de la detención policial
De conformidad con la remisión directa que efectúa el art. 17.4 LORRPM al art. 520 bis LECrim., el
plazo extraordinario de la detención en él contenido también resulta de aplicación a los menores
detenidos como presuntos partícipes de la comisión de un delito de pertenencia, colaboración o
favorecimiento de banda armada.
En consecuencia, en los supuestos específicos del art. 520 bis se ha entender que la detención
gubernativa tiene una duración máxima ordinaria de 72 horas, parificándose el tratamiento del detenido
adulto y del menor. Esta aplicación extensiva de un régimen de excepcionalidad suscita algunas dudas
interpretativas.
Uno de estos interrogantes consiste en discernir en qué medida las previsiones de la LECrim. sobre
prórroga puedan afectar a los plazos que la LO 5/2000 establece respecto de la detención y, en
concreto, si quedaría sin efecto la obligación que incumbe a la policía de poner al menor a disposición
del MF en el plazo de veinticuatro horas.
De hecho, la puesta a disposición del Fiscal de la AN adquiere, en estos supuestos, mucho más sentido,
en la medida en que permite garantizar la legitimidad de la solicitud de prórroga de la detención por
parte de la policía judicial y, en definitiva, los derechos e intereses del menor detenido.
Por ello, hubiera sido conveniente, de lege ferenda, que la policía judicial pusiera en conocimiento del
Fiscal de la AN, dentro del plazo de las 24 horas que puede durar la detención por ella practicada, la
conveniencia de la solicitud de prórroga de la detención, y que fuera dicho órgano público quien, a la
vista de las razones esgrimidas por la policía, la solicitase del Juez Central de Menores de la AN.
En cualquier caso, lo más coherente con el plazo ordinario de detención que rige en el ámbito de la
responsabilidad penal de los menores hubiera sido fijar el plazo máximo de la prórroga en veinticuatro
horas, y no en cuarenta y ocho como prevé el art. 520 bis.
III. Medidas cautelares para la custodia y defensa del menor
Junto a la detención, las medidas cautelares de carácter personal que se pueden adoptar durante la tramitación
del proceso penal de menores son: internamiento en centro, en el régimen adecuado, libertad vigilada o
convivencia con otra persona, familia o grupo educativo.
1. Presupuestos
En la adopción de la totalidad de las medidas previstas en el art. 28, como regla general, han de concurrir los
presupuestos típicos de las medidas cautelares, cuales son el fumus boni y el periculum in mora.
El MF de oficio o a instancia de quien haya ejercitado la acción penal, cuando existan indicios racionales de la
comisión de un delito o el riesgo de eludir u obstruir la acción de la justicia por parte del menor, podrá solicitar
del Juzgado de Menores, en cualquier momento, la adopción de medidas cautelares para la custodia y defensa
del menor expedientado para la debida protección de la víctima.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 28 LORRPM, el fumus boni iuris o apariencia de título de buen
derecho requiere, de un lado, que conste en la causa la existencia de un hecho que presente las caracteres de
delito y, de otro, que aparezcan indicios racionales para creer responsable criminalmente del delito al menor
contra quien se haya de dictar alguna de las medidas enunciadas con anterioridad.
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Tratándose de la medida de internamiento, no es suficiente para su adopción la imputación de cualquier delito o
contravención, siendo necesario atender a la gravedad de los hechos (art. 28.2), teniendo en cuenta que según
la jurisprudencia del ETD, que ha secundado nuestro TC, la gravedad del hecho punible atribuido al imputado no
puede, por sí sola, justificar la prisión provisional, sino que precisa ser combinada con otros estándares, tales
como los que acrediten el arraigo del imputado.
El anterior presupuesto ha de ser conjugado con el de periculum in mora o peligro en el retardo a la hora de
dictar sentencia que, en el proceso penal de menores, al igual que en el de adultos, consiste en un fundado de
peligro de fuga del imputado.
Junto a los anteriores presupuestos típicos de las medidas cautelares, la LORRPM, en relación con la medida
cautelar de internamiento, acoge algunos presupuestos extracautelares, como lo son la repercusión y alarma
social producida, que adulteran y distorsionan su verdadera naturaleza procesal, pues, en modo alguno tienen
como fin asegurar la tramitación del proceso, ni garantizan la comparecencia del menor en la audiencia, sino
que vienen a cumplimentar funciones claramente atribuibles a las propias penas o a las medidas de seguridad.
Desde un punto de vista constitucional no parece que tales estándares pudieran llegar a desplazar el peligro de
fuga, pues, por muy respetables que sean los sentimientos sociales de vindicta, la medida de internamiento
provisional no está concebida como una pena anticipada que pueda cumplir fines de prevención general, sino
exclusivamente para asegurar el desarrollo normal del proceso.
Por último, el legislador modula el significado inicial de la medida de internamiento y subordina su validez a las
circunstancias personales y sociales del menor, lo que impone al Juez de Menores un reforzado deber de
motivación, que habrá de extenderse a justificar la concurrencia no sólo de los presupuestos procesales, sino
también de la idea rectora que inspira la regulación del proceso penal de menores, a saber, el superior interés
del menor.
2. Procedimiento
La adopción de medidas cautelares sigue el modelo de solicitud de parte, lo que implica que el Juez de Menores
no puede acordar de oficio medida cautelar alguna, si no es instada previamente por el MF o la acusación
particular.
El procedimiento para la adopción de las medidas cautelares aparece en el art. 28 LORRPM, que prevé la
celebración de una comparecencia a la que asistirán el MF, el letrado del menor, el representante del equipo
técnico y el de la entidad pública de protección del menor o reforma de menores. En dicha comparecencia, el
MF y el letrado del menor podrán proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de
las veinticuatro horas siguientes.
Una de las cuestiones que suscita este precepto es si es o no preceptiva la asistencia del menor a la
comparecencia de medidas cautelares. El silencio legal ha de ser colmado acudiendo al art. 22.1 d), que
reconoce al menor el derecho a ser oído por el Juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolución que le
concierna personalmente.
Por último, una vez admitida la necesidad de la celebración de una comparecencia para la adopción de
cualesquiera de las medidas previstas legalmente, la Ley nada dice acerca del plazo en que se debe celebrar la
misma. Habrá que entender, de conformidad con la LECrim., declarada supletoria, que el Juez de Menores
dispone de un plazo máximo de setenta y dos horas a partir del instante en que el menor sea puesto a su
disposición (detención judicial confirmatoria) o desde que la detención se practique por el propio Juez de
Menores (detención judicial ex officio), para la celebración de dicha comparecencia.
Finalizada la comparecencia, el Juez puede disponer, bien la puesta en libertad inmediata del menor detenido,
en cuyo caso será suficiente una providencia, bien la libertad vigilada, convivencia con otra persona, familia o
grupo educativo o su internamiento en centro, supuesto este último que habrá de ser motivada especialmente,
en forma de auto. Contra los autos que resuelvan el incidente de adopción de medidas cautelares cabe recurso
de apelación en un solo efecto ante la Audiencia Provincial.
3. Duración
El art. 28 somete a un diferente régimen de limitación temporal la medida de internamiento y aquellas otras que
no participen de esa naturaleza. Tratándose de la medida de internamiento, el tiempo máximo de duración
será de tres meses, prorrogables, a instancia del MF y mediante auto motivado, por otros tres meses como
máximo.
Aunque el precepto no lo diga, la prórroga de la medida de internamiento debiera acordarse previa celebración
de una nueva comparecencia, que permita actualizar los informes sobre el menor y posibilite que éste y su
Abogado puedan hacer las alegaciones que estimen oportunas, especialmente en torno a la subsistencia de los
motivos que justificaron la adopción inicial de la medida (rebus sic stantibus).
69
En relación con las medidas de libertad vigilada o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo,
de ser estimadas, no tienen un plazo límite de duración. La idea protectora que parece animar su adopción
justifica la referencia más flexible a otros momentos procesales que actúan como límite, cuales son la
celebración de la audiencia o la substanciación de los eventuales recursos (art. 28.1).
Al igual que acontece en el proceso penal de adultos, también el de menores admite la compensación del
tiempo trascurrido durante la vigencia de una medida cautelar con el tiempo que reste para el cumplimiento de la
medida definitivamente impuesta en sentencia.
Al propio tiempo, siguiendo un criterio jurisprudencial consolidado, se introduce el abono en causa distinta,
admitiendo la compensación del tiempo de cumplimiento de la medida cautelar sufrida cuando en el proceso
donde se ordenó el imputado resultara absuelto o condenado a una medida de menor duración que la de la
medida cautelar padecida. En tales casos, el tiempo sufrido injustamente se podrá aplicar y abonar en un
proceso diferente, pero siempre que haya tenido por objeto hachos anteriores a la adopción de aquellas.
Finalmente, el art. 28.5 dispone que, cuando las medidas cautelares sufridas y la medida impuesta sean de
distinta naturaleza, el Juez, a propuesta del MF y oídos el Abogado del menor y el equipo técnico, ordenará que
se tenga por ejecutada la medida impuesta en aquella parte que estime razonablemente compensada.
IV. Medidas cautelares en los casos de exención de la responsabilidad
1. Régimen legal
La LORRPM instaura un régimen cautelar específico para aquellos supuestos en que la instrucción ponga de
manifiesto que el menor se encuentra en alguna de las causas previstas en los números 1º (anomalía o
alteración psíquica), 2º (estado de intoxicación plena por consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas,
estupefacientes, sustancias psicotrópicas u otras que produzcan efectos análogos) y 3º (alteración de la
percepción que conlleve una deformación grave de la conciencia de la realidad), todas ellas previstas en el art.
20 CP.
En tales supuestos, el art. 29 LORRPM dispone que se adopten las medidas cautelares precisas para la
protección y custodia del menor conforme a los preceptos civiles, instando, en su caso, las actuaciones para la
incapacitación del menor y la constitución de los organismos tutelares previstos legalmente.
En principio, la concurrencia de alguna de las causas de exclusión de la responsabilidad habría de promover el
sobreseimiento del expediente por aplicación del art. 30 LORRPM. Sin embargo, el art. 29 de la LORRPM
impide que pueda decretarse el sobreseimiento libre ex art. 637.3º LECrim., por cuanto en tales hipótesis ha de
continuarse la normal tramitación de la causa a los efectos de la eventual imposición de una de las medidas
terapéuticas previstas en el art. 7 d)- internamiento terapéutico régimen cerrado- y e) LORRPM, que únicamente
pueden ser impuestas en sentencia, salvo los supuestos de conformidad limitada en la fase de alegaciones
cuando la medida instada sea la prevista en el art. 7 e) –tto. Ambulatorio- (art. 32 –sentencia de conformidad-), e
ilimitada en la audiencia (art. 36) –conformidad del menor-.
2. Procedimiento
Al igual que sucede con las medidas cautelares previstas en el art. 28, también la adopción de las medidas
cautelares de protección ex art. 29 han de ser instadas al Juez de Menores por el MF o la acusación particular.
Dichas medidas habrá de ser acordadas como incidente del asunto principal, en pieza separada del mismo, en
el marco de una comparecencia, de naturaleza similar a la prevista para la adopción de las medidas cautelares
penales previstas en el art. 28 LORRPM, en la que, con respeto a los derechos de defensa y audiencia del
menor, debe valorarse especialmente, el superior interés del menor.
Finalmente, el precepto objeto de estudio prevé la posibilidad de que se insten las actuaciones para la
incapacitación del menor y la constitución de los organismos tutelares conforme a derecho. El art. 757 LEC, que
regula la legitimación en los procesos de incapacitación, dispone en su apartado 4º que, frente a lo que
acontece cuando el incapaz sea mayor de edad, la incapacitación de los menores, en los casos en que proceda
conforme a la Ley, sólo podrá ser promovida por quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, de lo que se
infiere que el MF no podrá instar la incapacitación del menor, si no que deberá solicitar a los titulares de la patria
potestad o la tutela que lo hagan.
5. CONCLUSIÓN DEL EXPEDIENTE
I. Introducción
Dejando a un lado la petición de sobreseimiento por razones de oportunidad, la conclusión del expediente puede
acontecer por dos motivos diferentes:
Bien porque el Fiscal haya conseguido reunir los elementos fácticos y jurídicos suficientes para resolver
sobre la prosecución del procedimiento mediante la formulación de su escrito de alegaciones,
70
Bien porque, a la vista de la instrucción practicada, entienda que concurren algunos de los motivos
previstos en la LECrim., en cuyo supuesto solicitará del Juez de Menores el sobreseimiento de las
actuaciones, así como la remisión de los particulares necesarios a la entidad pública de protección de
menores, cuando lo estime oportuno.
II. El sobreseimiento de la LECrim.
Dispone el art. 30.4 que el MF podrá solicitar del Juez el sobreseimiento por alguno de los motivos previstos en
la LECrim. También puede el Juez de oficio, y pese al escrito de alegaciones del MF, dictar un auto de
sobreseimiento ex art. 33.b.
A diferencia de los sobreseimientos por razones de oportunidad, en este estadio procesal, la LORRPM tan sólo
autoriza el sobreseimiento por los tasados motivos previstos en la LECrim. (arts. 637 y 641), los cuales tienen
como común denominador el de responder al principio de legalidad.
III. El escrito de alegaciones
Acabada la instrucción el MF:
Resolverá la conclusión del expediente, notificándosela a las partes personadas, y remitirá al Juzgado
de Menores el expediente, junto con las piezas de convicción y demás efectos que pudieran existir, con
un escrito de alegaciones en el que constará la descripción de los hechos, la valoración jurídica de los
mismos, el grado de participación del menor, una breve reseña de las circunstancias personales y
sociales de éste, la proposición de alguna medida de las previstas en la Ley con exposición razonada de
los fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen, y, en su caso, la exigencia de responsabilidad
civil. Asimismo propondrá la prueba de que intente valerse.
Al igual que en el proceso para adultos, también el de menores está presidido por el acusatorio (ne
procedat iudex ex officio y nemo iudex sine acusatore), razón por la cual es presupuesto de la apertura
del juicio oral o audiencia ha de ser la presentación por el MF y la acusación particular de sus escritos
de alegaciones o acusación.
Podrá proponer la participación en el acto de la audiencia de aquellas personas o representantes de
instituciones públicas y privadas que puedan aportar al proceso elementos valorativos del interés del
menor y valorar la conveniencia o no de las medidas solicitadas. En todo caso serán llamadas al acto de
audiencia las personas o instituciones perjudicadas civilmente por el delito, así como los responsables
civiles.
Podrá también solicitar del Juzgado de Menores el sobreseimiento de las actuaciones, en los supuestos
anteriormente expuestos (conciliación, compromiso de reparación o actividad educativa).
En dicho acto de postulación, que adapta el esquema formal del escrito de calificación previsto en el art. 650
LECrim. para el proceso de adultos a las singularidades que definen el procedimiento de menores, se hará
constar la descripción de los hechos, su valoración jurídica, el grado de participación del menor, una breve
reseña de las circunstancias personales y sociales de éste, y la proposición de alguna medida de las previstas
en la Ley, con exposición razonada de los fundamentos jurídicos y educativos que la aconsejen.
A ello habría que añadir la propuesta probatoria, entre la que habría que incluir la solicitud de práctica de prueba
anticipada y la posibilidad de proponer la participación en el acto de la audiencia, junto al equipo técnico, de
aquellas personas o representantes de instituciones públicas o privadas que puedan aportar al proceso
elementos valorativos del interés del menor y de la conveniencia o no de las medidas solicitadas.
En el supuesto de que la solicitud de práctica de prueba anticipada fuera admitida, para que goce de valor
probatorio será necesario el estricto cumplimiento de los siguientes requisitos:
material: que verse sobre hechos que, por su fugacidad, no puedan ser reproducidos el día de la
celebración del juicio oral
subjetivo: que sea intervenida por la única autoridad dotada de la suficiente independencia para generar
actos de prueba, esto es, por el Juez de Menores
objetivo: que se garantice la contradicción, para lo cual, siempre que sea factible, se le ha de permitir a
la defensa la posibilidad de comparecer en la ejecución de dicha prueba sumarial, a fin de que pueda
interrogar al testigo
formal: que el régimen de ejecución de la prueba sumarial sea el mismo que el del juicio oral, así como
que su objeto sea introducido en dicho juicio público mediante la lectura de documentos, la cual ha de
posibilitar someter su contenido a la confrontación de las demás declaraciones de los intervinientes en
el juicio oral.
Naturalmente, la defensa comparece como parte principal y, en dicha calidad, se le ha de dar traslado del
escrito de alegaciones del MF y la acusación particular, así como del testimonio del expediente, a fin de que en
71
un plazo de cinco días formule, a su vez, escrito de alegaciones comprensivo de los mismos extremos que el
efectuado por las partes acusadoras y proponga la prueba que considere pertinente.
Cabe la posibilidad alternativa de que ese escrito de alegaciones sirva de vehículo a la defensa para expresar
su conformidad con la medida solicitada por el Fiscal. En este supuesto, si dicha medida consistiera en alguna
de las previstas en las letras e) a m) del apartado 1 del art. 7, esto es, medidas que no conlleven una restricción
de libertad, y hubiera también conformidad del menor, el Juez dictará sentencia sin más trámite imponiendo la
medida solicitada (art. 32).
Si no procediera el sobreseimiento, ni existiera conformidad, el Juez, a la vista del escrito de alegaciones de las
partes acusadoras y de la defensa, y si se estimara competente, dispondrá la apertura de la audiencia o juicio
oral.
El juez de menores una vez realizados los trámites podrá:
Dictar sentencia de conformidad
Remitir al Juez
Celebrar la audiencia
Sobreseimiento de las actuaciones
Practicar pruebas.
72
CAPÍTULO X EL PROCESO PENAL DE MENORES (II)
1. LA AUDIENCIA: EL AUTO DE APERTURA El art. 34 LORRPM establece que el Juez de Menores podrá dictar auto de apertura de la audiencia, dentro del
plazo de cinco días desde la presentación del escrito de alegaciones del Letrado del menor, o una vez
transcurrido el plazo para la presentación sin que éste se hubiera efectuado.
A diferencia del proceso penal de adultos en que se distingue entre el auto decretando la apertura del juicio oral
y el auto en el que el órgano competente para el enjuiciamiento se pronuncia sobre las pruebas propuestas y
señalamiento de la fecha de celebración del juicio, en el proceso penal del menor, en el mismo auto de apertura
de la audiencia, el Juez de Menores acordará, en su caso, lo procedente sobre la pertinencia de las pruebas
propuestas y señalará el día y la hora en que debe comenzar la audiencia, dentro de los diez días siguientes.
Como se ha indicado, en el auto de apertura del juicio oral, el Juez de Menores debe pronunciarse sobre la
admisión o rechazo de las pruebas propuestas por las partes, para lo cual deberá examinar los siguientes
aspectos:
Que las pruebas han sido propuestas de conformidad con las normas procesales
Que las pruebas son pertinentes
Que las pruebas no se han obtenido violando derechos o libertades fundamentales
2. LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA
I. Notas esenciales
La audiencia a la que se refiere la LORRPM no es otra cosa que el juicio oral, fase más importante del proceso
penal, pues en ella y bajo los principios procedimentales de la oralidad, concentración, inmediación y publicidad,
y procesales de contradicción, igualdad de armas y acusatorio, se realizará la actividad probatoria, de cuyo
resultado procederá la imposición de una medida al menor o su absolución.
En relación con la publicidad en la audiencia, aun cuando del texto legal se infiere, como regla general, que la
audiencia será pública, sin embargo, lo normal en la práctica es que los juicios de menores no sean públicos,
puesto que también establece la posibilidad de que el Juez de Menores restrinja dicha publicidad. Así, la
publicidad de las sesiones puede ser restringida por el Juez, no sólo en interés del menor imputado, sino
también de la víctima.
La CE establece como una de las garantías del proceso el principio de publicidad en el art. 24.2, pero al mismo
tiempo el art. 120.1 regula la posibilidad de que pueda excepcionarse la publicidad en las leyes de
procedimiento, tal como ocurre en el artículo 35.2 LORRPM. En el mismo sentido se expresa el TC.
Específicamente, en el ámbito internacional también se recoge esta posibilidad.
En este mismo precepto, también se prohíbe a los medios de comunicación social difundir imágenes o datos
identificativos del menor, por cuanto pueden afectar muy negativamente a la personalidad en desarrollo del
menor.
Respecto de los asistentes a la audiencia, cabe señalar que la misma se celebrará con la preceptiva asistencia
del Ministerio Fiscal, la acusación particular, el Letrado del menor, un representante del equipo técnico que haya
evacuado el informe previsto en el art. 27 de la Ley y el propio menor, el cual podrá estar acompañado de sus
representantes legales, salvo que el Juez, motivadamente, acuerde lo contrario, oídos el Ministerio Fiscal, el
Letrado del menor y el representante del equipo técnico. También podrá asistir el representante de la entidad
pública de protección o reforma de menores, que haya intervenido en las actuaciones de la instrucción, cuando
se hubiesen ejecutado medidas cautelares o definitivas impuestas al menor con anterioridad.
Igualmente deberán comparecer la persona o personas a quienes se exija responsabilidad civil, aunque su
inasistencia injustificada no será por sí misma causa de suspensión de la audiencia.
El citado precepto también plantea una duda de especial importancia, cual es la posibilidad de celebración de la
audiencia en ausencia del menor imputado. Mientras un sector de la doctrina considera que no es aconsejable
la celebración del juicio en ausencia del menor imputado, otra parte de la doctrina sostiene que sí es posible
celebrar la audiencia en ausencia del menor imputado, por aplicación supletoria de la LECrim., siempre que
concurran los requisitos previstos en el art. 786.1 de la referida ley.
En cuanto a la presencia del menor durante la celebración de la audiencia, también se contempla la posibilidad
de que el Juez, de oficio o a solicitud de las partes, considere que el interés del menor aconseja que éste
abandone la Sala, y así podrá acordarlo motivadamente.
El menor deberá comparecer a la audiencia asistido de su Letrado y además, podrá estar acompañado de sus
representantes leales, salvo que el Juez acuerdo lo contrario tras oír a los presentes.
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En la celebración de esta fase se evitará la utilización de signos externos como la toga y estrados, propios de
los procesos penales de los adultos, optándose por la utilización de una vestimenta ordinaria para simplificar al
máximo y evitar formalidades innecesarias en atención al menor.
II. Desarrollo de la audiencia
1. Inicio de las sesiones
La audiencia principiará informado el Juez al menor expedientado en un lenguaje comprensible y adaptado a su
edad, de las medidas solicitadas por el Ministerio Fiscal o la acusación particular, en sus escritos de
alegaciones, así como de los hechos y de la causa en que se funden. (art. 36.1 LORRPM). Por tanto, el Juez
deberá esforzarse en explicar con la mayor claridad y en un lenguaje comprensible al menor cuales son los
hechos de los que está acusado, así como de la medida de mayor gravedad solicitada para él por el MF o la
acusación particular en sus respectivos escritos de alegaciones, tanto en contenido como en duración.
2. Conformidad del menor en el acto de la audiencia
De conformidad con lo dispuesto en el art. 36.2 LORRPM el Juez seguidamente preguntará al menor si se
declara autor de los hechos y si está de acuerdo con la medida solicitada por el MF o la acusación particular. Si
mostrase su conformidad con ambos extremos, oído el Letrado del menor, el Juez podrá dictar resolución de
conformidad. Si el Letrado no estuviese de acuerdo con la conformidad prestada por el propio menor, el Juez
resolverá sobre la continuación o no de la audiencia, razonando esta decisión en la sentencia.
Tras la entrada en vigor del reformador art. 25 LORRPM, ha de interpretarse que la conformidad deberá ser con
el escrito de alegaciones del MF o de la acusación particular que contuviera la medida de mayor gravedad, en
clara analogía con lo dispuesto en el art. 787 de la LECrim.
Resulta, por tanto, que la conformidad se puede manifestar en dos momentos: en el escrito de alegaciones del
menor (art. 32) o al inicio de las sesiones del juicio o audiencia. Ahora bien, a diferencia de la conformidad
contemplada en el art. 32, la conformidad del art. 36 difiere sustancialmente, tanto por su ámbito de aplicación,
cuanto por sus efectos. La conformidad del art. 36 puede ser reclamada para cualquier tipo de medida, incluso
la de internamiento, habida cuenta de que nunca podrá exceder de dos y excepcionalmente de cinco años, es
decir, no resulta procedente para penas graves. Por sus efectos, en la medida en que el art. 36 no establece
genero alguno de vinculación cuantitativo para el Juez, quien podrá recorrer la duración de la medida en toda su
extensión, llegando incluso a la absolución.
También pudiera darse el caso de que el menor estuviera conforme con los hechos pero no con la medida
solicitada. Si así fuera, se sustanciará el trámite de audiencia sólo en los relativo a este último extremo y, en
consecuencia, la prueba sólo podrá versar sobre la idoneidad de la medida pero no para determinar la tipicidad
del hecho o su autoría.
3. La comparecencia previa
Cuando no haya conformidad y proceda la celebración de la audiencia, el art. 37.1 LORRPM establece la
apertura de una suerte de comparecencia previa similar a la prevista en el proceso penal abreviado en la que el
Juez invitará al MF, a la acusación particular y al Letrado del menor a que manifiesten lo que tengan por
conveniente sobre la práctica de nuevas pruebas o sobre la vulneración de algún derecho fundamental en la
tramitación del procedimiento, o, en su caso, les pondrá de manifiesto la posibilidad de aplicar una distinta
calificación o una distinta medida de la que hubieran solicitado. Seguidamente, el juez acordará la continuación
de la audiencia o la subsanación del derecho vulnerado, si así procediere. Si acordara la continuación de la
audiencia, el juez resolverá en la sentencia sobre los extremos planteados.
Del referido precepto se deduce que son tres las finalidades que tiene esta comparecencia:
A) La práctica de nuevas pruebas. El MF, la acusación particular y el Letrado del menor podrán
manifestar lo que tengan por conveniente sobre la práctica de nuevas pruebas. Ello no obstante, no
puede sostenerse la admisión de cualquier medio de prueba que pudo y debió proponerse en los
escritos de calificaciones, pues ello podría genera indefensión a la contraparte, sino tan sólo de los que
sean desconocidos o no pudieron proponerse en dichos escritos de acusación y defensa.
Por supuesto, el menor goza del derecho a la presunción de inocencia, lo que supone que la carga de la
prueba corresponde a las partes acusadoras y, mientras no se prueben los hechos y la participación del
menor en los mismos, al menor se le ha de reputar inocente a todos los efectos.
B) Vulneración de algún derecho fundamental. También podrán manifestar, en su caso, si consideran
que se ha producido la vulneración de algún derecho fundamental en la tramitación del procedimiento.
Seguidamente, el juez acordará la continuación de la audiencia o la subsanación del derecho vulnerado,
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si procede. Si el Juez acordara la continuación de la audiencia resolverá en la sentencia sobre los
extremos planteados.
C) El debate sobre la calificación jurídica de los hechos o la medida propuesta. El Juez también
puede utilizar este momento para plantear a las partes la posibilidad de que los hechos merezcan una
calificación jurídica distinta o la conveniencia de adoptar una medida distinta a la solicitada por el MF, la
acusación particular o el Letrado del menor.
Esta facultad no debiera, en la práctica, ser utilizada en un estadio tan prematuro, pues podría
comprometer la imparcialidad del Juez o vulnerar el principio acusatorio. Por ello, lo más adecuado sería
que, tras la práctica de la prueba y de los informes de las partes, el Juez hiciera uso de esta facultad
reconocida en el art. 733 LECrim., siempre supletorio en el proceso de menores, y sugiera nuevas tesis
con estricto respeto al principio acusatorio y a la prohibición establecida en el art. 8.1 LORRPM, que le
impide imponer una medida que suponga una mayor restricción de derechos o por tiempo superior a la
solicitada por el MF o por acusador particular.
D) Aplicación supletoria del art. 786.2 LECrim. La aplicación supletoria del art. 786.2 al proceso de
menores nos lleva a entender que la enumeración prevista en el art. 37.1 LORRPM no es exhaustiva,
por lo que también se podrían discutir en esta audiencia preliminar cuestiones relacionadas con la
competencia del Juez de menores, existencia de artículos y previo pronunciamiento, causas de
suspensión de la audiencia, así como el contenido y finalidad de las pruebas propuestas.
4. Práctica de las pruebas, informes y última palabra del menor
Finalizada la comparecencia previa, se iniciará la práctica de la prueba propuesta y admitida, y la que, previa
declaración de su pertinencia, ofrezcan las partes para su práctica en el acto, oyéndose al equipo técnico sobre
las circunstancias del menor. Seguidamente, el Juez oirá al MF, a la acusación particular y al Letrado del menor
sobre la valoración de la prueba, su calificación jurídica y la procedencia de las medidas propuestas, sobre el
que se oirá al equipo técnico.
Práctica de la prueba
Las pruebas que podrán practicarse en la audiencia serán:
Las propuestas por las partes en sus escritos de alegaciones y que fueron admitidas por el Juez en el
auto de apertura de la audiencia
Las propuestas por las partes en el mismo acto de la audiencia, siempre y cuando el Juez las considere
pertinentes
Las pruebas que de oficio pueda acordar el Juez, de conformidad con lo previsto en el art. 729.2
LECrim., es decir, pruebas que no han sido propuestas por las partes, pero que el Juez considere
necesarias para la comprobación de cualesquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos
de alegaciones de las partes.
En lo referente a la práctica de la prueba, será de aplicación supletoria lo dispuesto en la LECrim., así
como lo dispuesto en la legislación relativa a la protección de testigos y peritos en causas penales.
Para garantizar la protección de testigos y peritos, su declaración tendrá lugar, generalmente, tras un
biombo desde el que no pueden ser observados y sí oídos, aunque también es posible que lo hagan en
circuitos cerrados de televisión si se dispone de medios o por videoconferencia, que se considera el
sistema más idóneo en estos casos.
Por otra parte, hemos de tener en cuenta también lo dispuesto en el art. 25.e) respecto a la prueba de
careo, ya que el órgano actuante en la fase de audiencia podrá denegar la práctica de la prueba de
careo, si ésta fuera solicitada, cuando no resulte fundamental para la averiguación de los hechos o la
participación del menor en los mismos.
Por último, habrá de oírse, como necesaria prueba pericial, el informe del equipo técnico sobre las
circunstancias del menor.
Informes de las partes
Una vez concluida la práctica de la prueba, el Juez concederá la palabra, primero al MF, después a la
acusación particular y, finalmente, a la defensa del menor a fin de que le informen sobre la valoración de
la prueba, su calificación jurídica y la procedencia de las medidas propuestas. También oirá, por último,
la representante del equipo técnico para que informe sobre la procedencia de las medidas propuestas.
Derecho a la última palabra
Por último, tras los informes, el Juez oirá al menor, dejando la causa vista para sentencia.
Aunque nada se diga sobre el particular, cabe entender que, por aplicación supletoria del art. 788.6
LECrim., del desarrollo de la audiencia se levantará acta que firmarán los presentes, reseñándose el
contenido esencial de la prueba practicada, las incidencias acaecidas y las resoluciones adoptadas,
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pudiendo completarse o sustituirse por cualquier medio de reproducción mecánica, oral o escrita, de
cuya autenticidad dará fe el Secretario.
3. SENTENCIA
I. Plazo
Finalizada la audiencia, el Juez de menores dictará sentencia sobre los hechos sometidos a debate en un plazo
máximo de cinco días (art. 38 LORRPM).
Este plazo coincide con el previsto para el procedimiento abreviado.
Sobre este plazo cabe señalar que, dadas las exigencias del principio de celeridad que inspira el proceso
penal de menores, se debe hacer un esfuerzo por dictar realmente la sentencia en ese plazo ya que si el plazo
se dilatara se podría ver afectado el interés del menor puesto que es fundamental que la respuesta educativa
sea lo más inmediata posible y que, en el caso de que la sentencia sea absolutoria, el menor, que se ha visto
inmerso en un proceso judicial, conozca cuanto antes la decisión judicial y que se han acogido sus tesis de
defensa.
II. Requisitos formales de la sentencia
De conformidad con el art. 248.4 LOPJ, la sentencia se formulará expresando, tras un encabezamiento, en
párrafos separados y numerados, los antecedentes de hecho, hechos probados, en su caso, los fundamentos
de derecho y, por último, el fallo. Serán firmadas por el Juez, Magistrado o Magistrados que las dicten.
Además, la regulación contenida en la LORRPM recoge dos aspectos relativos a la sentencia que se dicta en
este proceso que conviene analizar:
1. Motivación de la sentencia
El art. 39 LORRPM exige la motivación fáctica de la sentencia consignando expresamente los hechos que se
declaren probados y los medios probatorios de los que resulte tal convicción.
El art. 120.3 CE establece esta exigencia y su ausencia infringiría el derecho a la tutela judicial efectiva y la
presunción de inocencia que recoge el art. 24.2 CE.
Por otro lado, la motivación de las resoluciones judiciales (autos y sentencias) se conecta con la interdicción de
la arbitrariedad y constituye una garantía esencial del justiciable, que permite comprobar que la solución dada al
caso concreto es consecuencia de una exégesis racional del ordenamiento y no fruto de la arbitrariedad.
La motivación de toda sentencia penal debe comprender los tres aspectos relevantes de la resolución:
(1) Fundamentación del relato fáctico que se declare probado
(2) Subsunción de los hechos en el tipo penal procedente
(3) Consecuencias punitivas en el caso de que la sentencia sea de condena
El TC ha expresado con claridad cual es la doble función de la motivación de las resoluciones:
Dar a conocer las reflexiones que conducen al fallo y,
Facilitar el derecho de defensa mediante los recursos que procedan
Asimismo, ha concretado sus límites, pues no se exige una determinada extensión ni amplitud, siendo suficiente
una motivación escueta, siempre y cuando exprese con claridad la ratio decidendi de la resolución.
2. Claridad y comprensión de la sentencia
Conforme al art. 39 LORRPM, el Juez, al redactar la sentencia, procurará expresar sus razonamientos en un
lenguaje claro y comprensible para la edad del menor.
En el proceso de menores, por tanto, es fundamental utilizar un lenguaje claro y sencillo que el menor pueda
comprender. Lenguaje que ha de tener presente la edad del menor, pues, se parte de que, como tal menor, el
mismo presenta déficit formativos y educativos, para los cuales la sentencia es un medio que debe ayudar en su
reeducación.
III. Contenido de la sentencia
El art. 39.1 también se detiene en especificar las partes que van a constituir el contenido ineludible de la
sentencia, y que se sintetizan en las siguientes.
A) Valoración jurídica de las pruebas practicadas. El Juez en su sentencia debe establecer los hechos
probados, que habrán de fundarse en la valoración de las pruebas practicadas y que abarcará a todas
ellas, hasta determinar cuáles han producido la convicción judicial.
Cuando se trate de pruebas directas, la resolución judicial debe explicar cuales han sido las que han
servido para fundar en los esencial la convicción acerca de la responsabilidad del acusado y de los
datos fácticos que configuren el tipo delictivo objeto de condena. Si se trata de pruebas indirectas, el
juez debe dejar constancia de cuáles se han utilizado como base para fundamentar la convicción del
juzgador y explicitar el razonamiento que, a partir de los indicios, conduce a la convicción judicial.
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En el proceso penal de menores también rige el principio de libre valoración de la prueba. El Juez de
Menores apreciará según su conciencia las pruebas practicadas en la audiencia y dictará sentencia.
Este principio obliga al Juez a razonar o motivar el resultado probatorio en su sentencia.
B) Las razones expuestas por el Ministerio Fiscal, la acusación particular, el Letrado del menor y, en
su caso, por el propio menor. El derecho a la tutela judicial efectiva se satisface mediante una
resolución que atienda sustancialmente al núcleo de las pretensiones formuladas por las partes, de tal
suerte que ofrezca una respuesta judicial coherente con los términos del debate suscitado en el
proceso.
C) Las circunstancias y gravedad de los hechos. En este punto, el Juez va a examinar la calificación
jurídica de los hechos, el grado de ejecución y la participación que ha tenido el menor en ellos, así como
la existencia, en su caso, de causas que pudieran atenuar la responsabilidad del menor. También
deberá tener en cuenta los límites que a la flexibilidad en interés del menor impone al Juez la D.A. 4ª
LORRPM y si el delito cometido por el menor es uno de los delitos graves contemplados en dicha
Disposición.
D) Todos los datos debatidos sobre la personalidad, situación, necesidades y entorno familiar y
social del menor y la edad de este en el momento de dictar sentencia. Estas circunstancias se
pondrán de manifiesto en los informes del equipo técnico y, en su caso, de las entidades públicas de
protección y reforma, y a través de las pruebas que se hayan practicado en la audiencia respecto a las
referidas circunstancias.
E) La medida o medidas propuestas, con indicación expresa de su contenido, duración y objetivos a
alcanzar con las mismas. El principio básico para determinar la medida adecuada es el del interés
superior del menor, que debe ponerse en relación con dos principios jurídicos de suma importancia: el
principio acusatorio y el principio de proporcionalidad.
(1) El principio acusatorio implica que el Juez no pueda acordar una medida que suponga una
mayor restricción de derechos ni por un tiempo superior a la medida solicitada por el MF o la
acusación particular. No obstante, no parece que se impida al juez imponer una medida que
suponga menor restricción de derechos o por un tiempo inferior a la medida solicitada por el MF
o la acusación particular.
(2) El principio de proporcionalidad se recoge en el art. 8.2 LORRPM y supone que el juez no puede
adoptar una medida privativa de libertad por más tiempo de la pena de la misma naturaleza que
se hubiera impuesto a una persona mayor de edad por la comisión del mismo hecho delictivo.
De este modo, el legislador recoge la doctrina sentada por el TC.
F) Fallo de la sentencia. Posibilidad de anticipación oral del fallo. La conclusión de toda la
construcción anterior anteriormente reseñada será el fallo o parte dispositiva de la sentencia, que
deberá ser congruente con los hechos declarados probados y los diferentes fundamentos jurídicos. En
el fallo se absolverá o condenará al menor por el delito cometido, admitiéndose la posibilidad de que
pueda ser anticipada de forma oral al concluir la audiencia, sin perjuicio de la posterior redacción y
documentación de la sentencia con arreglo a lo dispuesto en el art. 248.3 LOPJ (art. 391 LORRPM).
Además, si el Fiscal y las partes, conocido el fallo, expresasen su decisión de no recurrir, el Juez, en el
mismo acto, declarará la firmeza de la sentencia y se pronunciará, previa audiencia de las partes, sobre
la suspensión o la sustitución de la pena impuesta, es decir, sobre la suspensión de la ejecución del
fallo a que se refiere el art. 40 LORRPM.
IV. Registro de Sentencias en el proceso de menores
El apartado tercero del art. 39 LORRPM establece que cada Juzgado de Menores llevará un registro de
sentencias en el cual se extenderán y firmarán todas las definitivas. Además, la D.A. 3ª de la LORRPM
establece literalmente que en el Ministerio de Justicia se llevará un Registro de sentencias firmes dictadas en
aplicación de lo dispuesto en la presente Ley, cuyos datos sólo podrán ser utilizados por los Jueces de Menores
y por el propio Ministerio Fiscal. En el Registro se contendrá la información que remitirán los órganos
competentes en materia de responsabilidad penal de los menores, dentro de los diez días siguientes a la fecha
en que se produzca la firmeza de la resolución de que se trate.
Finalmente, en relación con la cancelación de los datos registrales, el art. 7 del RD 232/2002 establece lo
siguiente:
La cancelación de los datos contenidos en el Registro se efectuará siempre de oficio por el Ministerio de
Justicia, no siendo necesaria la formulación de instancia de parte interesada
Para que la cancelación tenga lugar, es necesario que el menor al que afecte haya cumplido los 18 o los
21 años, si se hubiera visto afectado por el régimen especial del art. 4 del LORRPM por acontecer las
circunstancias específicas que lo permiten. Es necesario también que quede constancia del
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cumplimiento de las medidas tal y como se estableció en la sentencia que las impuso, o que se ha
producido su prescripción
Si se cumplen todos los requisitos citados anteriormente, la cancelación tendrá lugar en el momento en
que transcurran diez años desde que se hubiera alcanzado cualquiera de las edades señaladas en el
apartado anterior. No obstante, hay que entender que, aunque se alcance esta edad, la cancelación no
se producirá si el menor tuviera pendiente el cumplimiento de una condena, cualquiera que sea el lugar
en que esté cumpliéndola, pues cabe la posibilidad de que parte de ella, o toda, tuviera que extinguirse
en Centro Penitenciario Ordinario, en cuyo caso, el plazo de diez años habrá de computarse, no desde
que se alcance alguna de las edades mencionadas anteriormente, sino desde la fecha en que se
hubiera extinguido la condena.
V. Suspensión de la ejecución del fallo
El Juez de menores, de oficio o a instancia del MF o del Letrado del menor, y oídos en todo caso éstos, así
como el representante del equipo técnico y de la entidad pública de protección o reforma de menores, podrá
acordar motivadamente la suspensión de la ejecución del fallo contenido en la sentencia (art. 40.1 LORRPM),
cuando la medida no se superior a dos años de duración, durante un tiempo determinado y hasta un máximo de
dos años.
1. Requisitos
(1) La suspensión de la ejecución del fallo corresponde acordarla al Juez de Menores, de oficio o a
instancia del MF o del Letrado del menor.
(2) Antes de resolver sobre la suspensión, el juez deberá oír, en todo caso, al MF, al Letrado del menor, al
representante del equipo técnico y de la entidad pública de protección o de reforma.
(3) La medida cuya ejecución se suspende no puede tener una duración superior a dos años. En este punto
debe tenerse en cuenta la excepción a esta regla general que prevé el art. 2.c) de la D.A.4ª LORRPM,
en el que no se permite al Juez de menores la suspensión de la medida hasta que haya transcurrido al
menos la mitad de duración de la medida de internamiento impuesta, cuando el menor, de más de
dieciséis años, haya cometido uno de los delitos de gravedad enunciados en dicha Disposición.
(4) El plazo de suspensión de la ejecución será fijado por el Juez sin que pueda exceder de dos años.
(5) La suspensión se acordará motivadamente en la propia sentencia o por auto cuando aquélla sea firme,
debiendo expresar, en todo caso, las condiciones de la misma.
2. Condiciones
No ser condenado en sentencia firme por delito cometido durante el tiempo que dure la suspensión, si ha
alcanzado la mayoría de edad, o no serle aplicada medida en sentencia firme en procedimiento regulado por
esta Ley durante el tiempo que dure la suspensión.
Que el menor asuma el compromiso de mostrar una actitud y disposición de reintegrarse en la sociedad, no
incurriendo en nuevas infracciones
Además, el juez puede establecer la aplicación de un régimen de libertad vigilada durante el plazo de
suspensión o la obligación de realizar una actividad socioeducativa, recomendada por el equipo técnico o la
entidad pública de protección o reforma de menores en el precedente trámite de audiencia, incluso con el
compromiso de participación de los padres, tutores o guardadores del menor, expresando la naturaleza y el
plazo en que aquélla actividad deberá llevarse a cabo.
3. Consecuencias del incumplimiento de las condiciones
Si las condiciones expresadas en el apartado anterior no se cumplieran, el juez alzará la suspensión y
procederá a ejecutar la sentencia en todos sus extremos (art.40.3 LORRPM). Contra la resolución que acuerde
la revocación se podrán interponer recurso de Apelación ante la Audiencia Provincial.
4. LOS RECURSOS
I. Los Decretos del Ministerio Fiscal
Contra los Decretos del MF en el curso de la instrucción no cabe interponer recurso alguno. Esta regla es la que
se aplica en todos aquellas resoluciones en las que el MF ostenta el monopolio de la acción penal, es decir,
cuando la LORRPM le otorga un absoluto poder de archivo, a saber, el caso de la no decisión de incoación de
expediente o el Decreto de archivo por desistimiento de la incoación del expediente. En todos estos procesos, el
Decreto de archivo goza de todos los efectos de cosa juzgada, sin perjuicio de que pueda el perjudicado
ejercitar la acción civil en el proceso declarativo correspondiente o solicitar la responsabilidad disciplinaria e
incluso penal del MF.
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Existen otros supuestos en los que la LORRPM concede un control judicial a posteriori de los Decretos del MF.
Este es el caso, por ejemplo, previsto en el art. 26 LORRPM, cuando se produce el rechazo de la práctica de
diligencias solicitadas por el Letrado del menor, en el que se concede a la defensa la posibilidad de reproducir
su petición en cualquier momento ante el Juez.
Respecto a las demás solicitudes del MF (archivo por conciliación o sobreseimiento, internamiento provisional y
demás resoluciones limitativas de derechos fundamentales), no podrán ser impugnadas directamente, sino que,
al tratarse de actos de postulación, debe la parte gravada esperar la correspondiente resolución judicial y ejercer
contra ella los recursos que procedan.
II. Recursos contra los autos y providencias de los Jueces de Menores
1. Recursos contra los autos (en general) y providencias
De conformidad con el art. 41.2 LORRPM contra los autos y providencias de los Jueces de menores cabe
recurso de reforma ante el propio órgano, que se interpondrá en el plazo de tres días a partir de la notificación.
El auto que resuelva la impugnación de la providencia será susceptible del recurso de apelación.
Como se puede observar, la norma no establece la posibilidad del recurso de apelación contra el auto
resolutorio del recurso de reforma interpuesto contra un auto. Esta poca claridad del precepto ha llevado a
diversas interpretaciones del mismo. Así, para un sector de la doctrina, al igual que para la CFGE, contra los
referidos autos el recurso que procede es el de queja, por aplicación supletoria de la LECrim. Para otro sector,
sin embargo, el recurso que procede es el de apelación por aplicación supletoria de la LECrim. (D.F.1ª
LORRPM), tesis que ha de ser defendida en la actualidad.
La tramitación del recurso de reforma se sujetará a las normas que disciplinan este recurso en la
LECrim., que son las siguientes:
Interposición y formalización: el recurso de reforma es un recurso no devolutivo, que se interpone ante el
mismo juez que dictó la resolución que se impugna, siendo este también el competente para resolverlo.
Se interpondrá por escrito, en el plazo de tres días a contar desde el día siguiente a su notificación,
autorizado con firma de letrado y acompañando a dicho escrito de tantas copias del mismo cuantas
sean las demás partes.
Sustanciación: el juez dará traslado de las copias a las demás partes no recurrentes para que contesten
los argumentos esgrimidos por la contraparte en el recurso.
Resolución: el juez resolverá el recurso el segundo día de entregadas las copias, hubiesen o no
presentado escrito las demás partes.
2. Recursos contra autos que pongan fin al proceso o que resuelvan determinados incidentes
De conformidad con el art. 41.3 LORRPM, contra los autos que pongan fin al procedimiento o resuelvan el
incidente de los arts. 14, 28, 29 y 40 LORRPM, cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia
Provincial por los trámites que regula la LECrim., para el procedimiento abreviado.
En consecuencia cabe recurso de apelación contra los siguientes autos dictados por el Juez de menores:
En general, contra los autos definitivos o que pongan fin al procedimiento. En estos se encuentran: a) El
auto de sobreseimiento que dicta el Juez de menores: b) El auto del Juez de menores declarándose
incompetente para conocer del proceso y remitiendo las actuaciones al juez competente.
Contra los autos dictados por el Juez de menores resolviendo sobre la adopción, en general de medidas
cautelares para la custodia y defensa del menor expedientado o sobre la adopción de medidas cautelares en
los casos de exención de responsabilidad criminal.
Contra la determinados autos dictados por el juez de menores en ejecución de la sentencia dictada en este
proceso. En particular contra el auto resolviendo la modificación de la medida ya impuesta, acordando o
denegando la suspensión de la ejecución del fallo y el auto resolutorio de recursos en materia de ejecución de
medidas a que se refiere el art. 52 LORRPM.
En cuanto a la tramitación de la apelación habrá que estar a lo dispuesto en el art. 766 LECrim. para el
procedimiento abreviado. El recurso de apelación podrá interponerse subsidiariamente con el de reforma o por
separado. En ningún caso será necesario interponer previamente el de reforma para presentar la apelación.
La tramitación que se establece en la LECrim es la siguiente:
Interposición y formalización. Se presentará dentro de los cinco días siguientes a la notificación del auto
recurrido o del resolutorio del recurso de reforma mediante escrito en el que se expondrán los motivos
del recurso, se señalarán los particulares que hayan de testimoniarse y al que se acompañarán en su
caso los documentos justificativos de las peticiones formuladas.
Admisión y sustanciación. El juez debe pronunciarse sobre su admisión o no a trámite. En caso de
admitirse, se dará traslado a las demás partes por un plazo común de cinco días. Si el recurso se
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hubiera interpuesto subsidiariamente al de reforma, si éste resulta total o parcialmente desestimado,
antes de dar traslado a las demás partes, se dará traslado al recurrente por un plazo de cinco días para
que formule alegaciones.
Resolución. El juez remitirá testimonio de los particulares señalados a la Audiencia respectiva que, sin
más trámites, resolverá dentro de los cinco días siguientes.
Si en el auto recurrido en apelación se acordase el internamiento cautelar del menor, respecto de dicho
pronunciamiento podrá el apelante solicitar en el escrito de interposición del recurso la celebración de vista, que
acordará la Audiencia respectiva. La vista deberá celebrarse dentro de los diez días siguientes a la recepción de
la causa en dicha Audiencia.
III. Recurso de apelación contra las sentencias dictadas por el Juez de Menores
De conformidad con lo dispuesto en el art. 41.1 LORRPM, contra la sentencia dictada por el Juez de menores
en el procedimiento regulado en esta ley cabe recurso de apelación ante la correspondiente Audiencia
Provincial, que se interpondrá ante el Juez que dictó aquella en el plazo de cinco días a contar desde su
notificación y se resolverá previa celebración de vista pública, salvo que en interés de la persona imputada o de
la víctima el juez acuerde que se celebre a puerta cerrada.
La regulación de este recurso aparece recogida en el art. 41.1 LORRPM, completado en lo no previsto por él por
los artículos 790 a 792 LECrim. La tramitación del recurso de apelación será como sigue:
1. Competencia.
Aunque en un primer momento la LORRPM atribuía la competencia a las Salas de menores de los Tribunales
Superiores de Justicia, posteriormente la LO 9/2000 cambia el criterio y atribuye la competencia a la Audiencia
Provincial.
2. Legitimación.
Podrán interponer el recurso de apelación las partes intervinientes den el proceso de instancia, es decir, el MF,
la acusación particular y el menor.
3. Motivos.
a) Quebrantamiento de las normas y garantías procesales;
b) Error en la apreciación de las pruebas;
c) Infracción de las normas del ordenamiento jurídico.
4. Procedimiento.
Interposición y formalización.
El recurso se interpone ante el juez que dictó la sentencia mediante escrito en el plazo de cinco días a
contar desde el siguiente al de su notificación. En cuanto a las pruebas que se pueden proponer para su
práctica en segunda instancia, el art. 41.1 LORRPM sólo se refiere a aquellas pruebas que, propuestas
y admitidas en la instancia, no se hubieran celebrado, conforme a las reglas de la LECrim.
Admisión y sustanciación.
Recibido el escrito de formalización, el juez, si reúne los requisitos exigidos, admitirá el recurso. En caso
de apreciar la concurrencia de algún defecto subsanable, concederá al recurrente un plazo no superior a
tres días para la subsanación.
Admitido el recurso, se dará traslado del escrito a las demás partes por un plazo de diez días, para, si lo
estiman oportuno, presenten sus escritos de alegaciones en los que podrá solicitarse la práctica de
prueba que propuesta y admitida no se hubiera practicado en la instancia y en los que se fijará un
domicilio a efectos de notificaciones.
Presentados los escritos de alegaciones o precluido el plazo para hacerlo, el Secretario, en los dos días
siguientes, dará traslado de cada uno de ellos a las demás partes y elevará a la Audiencia los autos
originales con todos los escritos presentados.
La vista se celebrará en audiencia pública, salvo que, en interés de la persona imputada o de la víctima,
la Audiencia acuerde que se celebre a puerta cerrada. A la vista deberán asistir las partes y, si el
Tribunal lo considera oportuno, el representante del equipo técnico y el representante de la entidad
pública de protección o reforma de menores que haya intervenido en el caso.
La vista se celebrará comenzando, en su caso, por la práctica de la prueba admitida. A continuación, las
partes resumirán oralmente el resultado de la misma y el fundamento de sus pretensiones. En la vista
también deberá tomar la palabra el representante del equipo técnico y el representante de la entidad
pública, cuando en dicha vista se discutan temas sobre los que es oportuno que opinen, como sería el
caso de la conveniencia de adoptar una medida distinta a la fijada por el Juez de menores en la
sentencia.
80
Resolución.
La sentencia de apelación se dictará dentro de los cinco días siguientes a la vista oral y contra la misma
sólo cabe recurso de casación para la unificación de doctrina.
La sentencia que se dicte puede ser estimatoria o desestimatoria del recurso:
o Si desestima el recurso, la sentencia impugnada deviene firme desde el mismo momento de
su pronunciamiento.
o Si se estima el recurso, es preciso distinguir atendiendo al motivo por el que se estimó el
recurso:
o Si el recurso se estima por un quebrantamiento de una forma esencial del procedimiento,
la Audiencia anulará la sentencia apelada y sin entrar en el fondo del fallo, ordenará que
se reponga el procedimiento al estado en que se encontraba en el momento de cometerse
la falta, sin perjuicio de que conserven su validez todos aquellos actos cuyo contenido
sería idéntico no obstante la falta cometida.
o Si el recurso se estima por cualquier otro motivo (recordemos, error en la apreciación de la
prueba o infracción de normas del ordenamiento jurídico), la Audiencia, tras anular la sentencia
impugnada, dictará la que proceda con arreglo a derecho.
Por último, la sentencia de apelación deberá notificarse no sólo a las partes personadas en el
proceso, sino también a los ofendidos o perjudicados por el delito, aunque no se hayan
mostrado parte en la causa.
IV. Recurso de casación para la unificación de doctrina
1. Consideraciones generales
Una importante novedad de la LORRPM es la posibilidad de recurrir en casación para unificación de doctrina
ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo las sentencias dictadas en apelación por las Audiencias
Provinciales que sean contradictorias en materia de menores y referidas exclusivamente a hechos y
valoraciones de las circunstancias del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan dado lugar, sin
embargo, a pronunciamientos distintos (art. 42).
En cuanto a su configuración, no sólo se refuerza la idea de que la casación es un recurso extraordinario, sino
que aparece como un auténtico recurso especial de casación, habida cuenta de su ámbito objetivo y de sus
normas específicas de tramitación, las cuales deberán ser completadas por las normas reguladoras de la
casación ordinaria.
2. Resoluciones recurribles
Conforme al art. 42.1 LORRPM son recurribles en casación ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, las
sentencias dictadas en apelación por las Audiencia Provinciales cuando se hubiere impuesto una de las
medidas a las que se refieren las reglas 4ª y 5ª del art. 9 de la presente ley. Estas reglas son las que permiten
imponer medidas de mayor trascendencia y duración cuando se trata de delitos de especial gravedad cometidos
por mayores de dieciséis años.
También serán recurribles en casación las sentencia dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.
Finalmente, también cabe recurso y por los mismos trámites, contra los autos definitivos dictados por las
Audiencias Provinciales al resolver los recursos contra la resolución de los Jueces de Instrucción, dictadas en
aplicación de lo dispuesto en el art. 4 LORRPM.
3. Objeto del recurso
De conformidad con lo dispuesto en el art. 42.2 LORRPM, el recurso tendrá por objeto la unificación de doctrina
con ocasión de sentencias dictadas en apelación por las mencionadas Audiencias Provinciales que fueran
contradictorias entre sí con las de otra u otras Audiencias Provinciales, o con sentencias del Tribunal Supremo,
respecto de hechos y valoraciones de las circunstancias del menor que, siendo sustancialmente iguales, hayan
dado lugar a pronunciamientos distintos.
En la práctica va a resultar complicado determinar cuando se da dicha identidad, puesto que la materia de
menores es por definición flexible y está necesitada de respuestas individualizadas.
4. Legitimación
En general, la legitimación para poder recurrir en casación para unificación de doctrina se atribuye al Ministerio
Fiscal y al Letrado del Menor (art. 42.3).
No obstante lo previsto en la ley, en el art. 25,i) LORRPM, según redacción dada por la Ley 15/2003, se
reconoce a la acusación particular el derecho a formular los recursos procedentes de acuerdo con la Ley.
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En el caso de que se recurra contra los autos definitivos dictados por las Audiencia Provinciales al resolver los
recursos contra las resoluciones de los Jueces de Instrucción dictadas en aplicación de lo dispuesto en el art. 4
LORRPM, la Ley sólo reconoce legitimación para interponerlo al Ministerio Fiscal.
5. Procedimiento
En la tramitación de este recurso podemos distinguir las siguientes fases:
Preparación e interposición del recurso
El recurso se prepara ante la Audiencia Provincial (o Nacional) que haya dictado la resolución que se
pretende impugnar. En concreto, el art. 42.3 dispone que el recurso podrá prepararlo el MF o el Letrado
del Menor y la acusación particular que pretenda la indicada unificación de doctrina dentro de los diez
días siguientes a la notificación de la sentencia de la Audiencia Provincial en escrito dirigido a la misma.
Por su parte, el art. 42.4 LORRPM dispone que el escrito de interposición deberá contener una relación
precisa y circunstanciada de la contradicción alegada, con designación de las sentencias aludidas y de
los informes en que se funde el interés del menor valorado en la sentencia.
La regulación que contiene la LORRPM de esta fase es un tanto confusa, lo que ha generado distintas
interpretaciones, que se pueden resumir en las siguientes:
Una primera interpretación (mantenida por la CFGE 1/2000) llega a la conclusión de que debe
entenderse que el trámite de preparación del recurso es inexistente y que basta con un solo escrito de
interposición. Dicho escrito deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a la notificación de la
sentencia de la Audiencia, en escrito dirigido a la misma. Una segunda interpretación aboga por aplicar
con flexibilidad la distinción entre la preparación e interposición del recurso que mantiene la Ley. Según
la misma, presentado el escrito de preparación del recurso ante la Audiencia, dicho órgano colegiado,
dentro de los tres días siguientes, sin oír a las partes, tendrá por preparado si la resolución impugnada
es recurrible en casación y se han cumplido los requisitos exigidos por la Ley. En caso contrario, la
Audiencia dictará auto denegando la preparación del recurso, y contra dicho auto podrá interponerse
recurso de queja ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Una vez preparado el recurso, este será
interpuesto también ante la Audiencia, por medio de escrito. Como la ley no sujeta la presentación de
este escrito a plazo alguno, podrá aplicarse supletoriamente el plazo de quince días previsto en la
LECrim.
Otra cuestión que es preciso analizar es la referente a la documentación que se requiere en el art. 42.4
LORRPM (sentencias de contraste e informes en lo que se funde el interés del menor valorado en la
sentencia), pues la misma puede plantear grandes dificultades por dos causas: por la imposibilidad en
muchos casos de los Letrados de la parte recurrente para hacerse con ella, ya que no fueron parte en el
proceso en el que consta dicha documentación; y la segunda, por la especial protección del derecho a
intimidad de los menores que genera serias trabas para conseguirla.
Por último, señalar que la interposición del recurso de casación no suspende la firmeza de la sentencia
dictada en apelación por la Audiencia Provincial, la cual alcanza firmeza desde el mismo momento de su
pronunciamiento.
Reclamación y remisión de documentación
Acreditados los requisitos legales, la Audiencia ante quien se haya presentado el recurso, requerirá
testimonio de las sentencias citadas a los Tribunales que las dictaron y en un plazo de diez días remitirá
la documentación a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, emplazando al recurrente y al MF, si no lo
fuera, ante dicha Sala.
Admisión
Dispone la LORRPM que cuando la parte recurrente hubiese incumplido de modo manifiesto e
insubsanable a criterio del TS los requisitos establecidos para el recurso o cuando la pretensión carezca
de contenido casacional, el Magistrado Ponente dará cuenta a la Sala de la causa de inadmisión y
aquélla acordará oír al recurrente y al MF, cuando éste no hubiera interpuesto el recurso, por plazo de
tres días, dictando seguidamente auto contre el que no cabrá recurso alguno.
Celebración de la vista
La vista se celebrará ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo constituida en forma ordinaria, previa
citación de la parte recurrente y del Ministerio Fiscal. En esta vista, se oirán las alegaciones de la parte
recurrente y del MF. En esta vista se oirán las alegaciones de la parte recurrente y del MF. Asimismo, el
TS podrá solicitar informe a la entidad pública de protección o reforma de menores del territorio donde
ejerza su jurisdicción el Juzgado que dictó la resolución impugnada y, en su caso, a aquella que
corresponda la ejecución de la misma (art. 41.7).
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Hay extremos en la redacción del precepto cuya interpretación es dudosa: a) La celebración de la vista
parece que es obligatoria; b) El precepto silencia si la vista debe ser pública.
Resolución
La sentencia de casación se dictará del modo y con los efectos señalados en la LECrim. En cuanto a los
efectos de la sentencia, cabe entender que, si el recurso se estima, la Sala que lo resuelva dictará una
nueva sentencia ajustando la situación creada por la recurrida a la doctrina que se haya declarado más
ajustada a derecho, siempre que ello resulte más favorable al menor, en base al principio del interés
superior del menor, y considerando lo más favorable para el menor, con criterios integrales, a lo que
beneficie a su integración y reeducación.
5. EL REGIMEN ESPECIAL DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL
I. Incoación de la pieza de responsabilidad civil
El inicio de la pieza separada de responsabilidad civil regulada en el Título VIII de la LORRPM tendrá lugar de
manera simultánea a la recepción en el juzgado de menores del parte de incoación del expediente procedente
de la Fiscalía de menores, que deberá contener cuantas circunstancias consten en relación con la
responsabilidad civil.
Junto a dicho supuesto, también tendrá lugar la apertura de la pieza de responsabilidad civil cuando el Fiscal
desista de la incoación del expediente ex art. 18 LORRPM, decisión que no veda la posibilidad de entablar la
acción civil ante el Juzgado de Menores, por cuanto dicha manifestación del principio de oportunidad se
entenderá sin perjuicio de la tramitación de la correspondiente pieza de responsabilidad civil.
Por último, aun cuando no exista una previsión específica en el caso en que el MF solicite el sobreseimiento por
conciliación o reparación entre el menor y la víctima, no existe obstáculo para aplicar, por vía analógica, las
previsiones del art. 18 a tales supuestos, y entender así que, en atención a ello, resulte inadmisible la
tramitación de la correspondiente pieza de responsabilidad civil conforme a lo dispuesto en el art. 64.
II. Legitimación
1. Activa
De conformidad con lo dispuesto en el art. 61.1 LORRPM, la legitimación activa para exigir la responsabilidad
civil se ejercitará por el MF, salvo que el perjudicado renuncie a ella, la ejercite por sí misma en el plazo de un
mes desde que se le notifique la apertura de la pieza separada de responsabilidad civil o se la reserve para
ejercitarla ante el orden jurisdiccional civil conforme a los preceptos del CC y de la LEC.
Junto al MF y al perjudicado que haya recibido notificación al efecto del Juez de Menores o del Ministerio Fiscal,
también podrán personarse en la pieza separada de responsabilidad civil quienes se consideren perjudicados
espontáneamente, así como las compañías aseguradoras que se tengan por partes interesadas.
2. Pasiva
Los sujetos pasivos obligados por la responsabilidad civil establecida en la LO 5/2000 son, en primer lugar, el
menor responsable del daño cometido y, en segundo, pero solidariamente con él, sus padres, tutores,
acogedores o guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando estos no hubieren favorecido la
conducta del menor con dolo o negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los
casos (art. 61.3 LORRPM).
De conformidad con lo dispuesto en dicho precepto, el menor se erige en el principal responsable civil, pero, por
otra parte, en ningún caso va a ser posible excluir o exonerar a estos otros responsables solidarios, ni aun
cuando acrediten haber actuado con la máxima diligencia, sino que, por el contrario, si no han favorecido la
conducta infractora del menor con dolo o negligencia grave, el Juez podrá, en su caso, de manera no obligatoria
sino facultativa, moderar, en el sentido únicamente de reducir, pero no excluir dicha responsabilidad.
Se trata de una responsabilidad objetiva, ajena a la noción de culpa civil, para quienes responden por hechos
ajenos, prescindiéndose totalmente de los criterios de imputación subjetivos, los cuales únicamente se tienen en
cuenta, como se ha indicado, para dejar al arbitrio del Juzgador la moderación de la responsabilidad.
Junto a esta responsabilidad establecida legalmente, puede ocurrir que, por obra de la autonomía de la voluntad
de las partes, la responsabilidad civil se desplace hacia otros sujetos. Esto es lo que ocurre con las entidades
aseguradoras que hubiesen asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de los actos de
los menores mayores de catorce años y menores de dieciocho, las cuales serán responsables civiles directos
hasta el límite de la indemnización convencionalmente pactada, sin perjuicio de su derecho de repetición contra
quien corresponda (art. 63 LORRPM).
III. Procedimiento
Notificado el Decreto de incoación del expediente del MF al Juez de Menores, éste abrirá la pieza de
responsabilidad civil y notificará al perjudicado su derecho a ser parte en la misma. Si el perjudicado no reserva
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el ejercicio de la acción civil, habrá de determinar al juez en su escrito de personación los demandados civiles,
quienes serán también notificados a fin de que comparezcan en la misma.
El Juez mediante auto declarará abierto el procedimiento y concederá a los actores un plazo de diez días para
que formalicen su demanda con proposición de prueba. Presentada la demanda, dará traslado de ella a los
demandados a fin de que le contesten, proponiendo asimismo prueba.
Presentadas las alegaciones, el Juez convocará a las partes a una vista oral, similar a la del juicio verbal, en la
que expondrán sus alegaciones y se practicará la prueba.
IV. Sentencia: la ausencia de cosa juzgada material
Como quiera que esta pieza puede concluirse con anterioridad a la principal y, siendo la acción penal prejudicial
de la civil, el art. 64.8ª obliga al Juez a esperar la solución del proceso penal para que, a la vista de la sentencia
penal, pueda dictar la civil que corresponda, excepción hecha de los supuestos contemplados en los arts. 18
(desistimiento de la incoación del expediente) y 19 (sobreseimiento por conciliación o reparación), en los que el
procedimiento de responsabilidad civil se tramitará sin esperar, ni depender en nada del Expediente principal
que, por decisión del Fiscal, no llegó a incoarse o que, por decisión del Juez, se sobreseyó.
Contra esta Sentencia cabe interponer recurso de apelación ante la Audiencia Provincial, que se tramitará con
arreglo a las prescripciones de la LEC 1/2000.
La sentencia, según lo dispuesto en la regla 10ª del art. 64 no producirá fuerza de cosa juzgada, por lo que las
partes podrán suscitar ante la jurisdicción civil el proceso declarativo correspondiente. El único efecto, pues, de
esta sentencia es el prejudicial, ya que, de conformidad con lo establecido en el segundo apartado de este
precepto se considerarán hechos probados los hechos que el juez de menores haya estimado acreditados.
84
CAPÍTULO XI: MEDIDAS SUSCEPTIBLES DE IMPOSICIÓN A LOS MENORES
1. CONSIDERACIONES GENERALES Una de las diferencias esenciales entre el DP de menores y el DP de adultos se encuentra en las sanciones, en
el de adultos se establecen dos consecuencias jurídicas: penas y medidas de seguridad, y en el de menores:
medidas, en lugar de aquéllas.
El DP juvenil tiene como rasgo característico y primordial la intervención educativa. Las medidas tienen una
finalidad esencialmente de prevención especial, de carácter positivo integrador y educativo, no represivo,
orientadas a la reinserción del menor.
I. Naturaleza
Las medidas que recoge la Ley del Menor son las consecuencias jurídicas aplicables a los menores de edad
que han cometido hechos tipificados como delitos o faltas en el CP y las leyes penales especiales. Se evita
llamar a estas consecuencias penas porque la propia ley y la voluntad del legislador no querían identificar las
sanciones aplicables a los menores con las penas propias del Derecho penal de adultos.
Tienen una naturaleza jurídica propia, diferente de las penas y las medidas de seguridad. No son penas porque,
si bien tienen como fundamento la culpabilidad, sin embargo, no son proporcionadas a la gravedad del delito.
Tampoco son medidas de seguridad porque no se basan en la peligrosidad del sujeto. Como la propia Ley
recoge en su Exposición de Motivos, tienen naturaleza formalmente penal pero materialmente sancionadora
educativa. Son medidas sancionadoras educativas.
II. Fundamento y finalidad
El fundamento de las medidas aplicables a los menores infractores está en la comisión de un hecho tipificado
como delito o falta en el Código penal o en la leyes penales especiales.
Las medidas tienen una finalidad esencialmente educativa y resocializadora, dirigidas a la prevención especial,
para evitar la comisión de nuevos delitos. Con este carácter esencialmente educativo, pretenden completar la
formalización del menor, teniendo en cuenta los déficit educativos y/o de socialización, que le llevaron a la
comisión del delito, ayudarle a superarlos, para lograr la integración social. En este proceso educativo se le
responsabiliza de sus actos, las consecuencias negativas que han tenido para la víctima y la sociedad,
enseñándole a que respete los bienes jurídicos protegidos por las normas y los derechos y deberes reconocidos
a todos los ciudadanos, como sujetos de derecho, para que no vuelvan a delinquir.
III. Principios y garantías que informan las medidas
La Ley ha aunado los principios y garantías esenciales que se recogen en la Constitución y en el Derecho penal
común, relativos a las consecuencias jurídicas, con la introducción de nuevos principios del derecho penal
juvenil.
Los Principios y garantías que informan las medidas son:
1. Principio del superior interés del menor
Es el principio rector del derecho penal juvenil. En relación con las medidas, el superior interés del menor se
tiene en cuenta:
En la elección de la medida o medidas más adecuadas para la educación y resocialización del menor,
para evitar la comisión de nuevos hechos delictivos y contribuir al desarrollo de su personalidad. La ley
concede al juez un amplio arbitrio y flexibilidad para determinar la medida aplicable al caso concreto,
adecuada al interés del menor. No se recoge el principio de proporcionalidad entre la gravedad de la
infracción y la gravedad de la medida.
Para la modificación de la medida impuesta. La modificación puede consistir en dejar sin efecto la
medida, reducir su duración o sustituirla por otra.
Para la adopción de medidas cautelares.
Cumplimiento sucesivo de varias medidas
Alteración del orden de cumplimiento de varias medidas establecido por el Juez
El interés del menor habrá que individualizarlo en cada caso concreto, teniendo en cuenta los diferentes factores
que han influido en la comisión del hecho delictivo y las características del menor.
2. Principio de intervención mínima
Este principio, en relación con las medidas, se materializa en que, siempre se elegirá la menos lesiva y
la que mejor se adapte al interés del menor, impidiendo, que se castiguen las faltas con las medidas de
internamiento (9.1), y prohibiendo que los delitos imprudentes sean sancionados con medidas de internamiento
en régimen cerrado (9.4).
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Otras manifestaciones son:
La posibilidad que la Ley concede al Juez de modificar la medida impuesta en virtud de lo cual la puede
dejar sin efecto, reducir su duración o sustituirla por otra, siempre que la sustitución redunde en interés
del menor.
La suspensión de la ejecución del fallo cuando la medida impuesta no sea superior a dos años, durante
un tiempo determinado, hasta un máximo de dos años.
Dejar sin efecto la medida impuesta por la conciliación y la reparación del menor a la víctima, cuando se
entienda que lo cumplido ha expresado el reproche merecido por la conducta del menor.
3. Principio de legalidad
Como principio básico del Derecho penal se recoge en la LORRPM con sus cuatro garantías:
Garantía criminal: (art.1.1): el presupuesto para la aplicación de las medidas es la comisión de hechos
tipificados como delitos o faltas en el Código Penal o las leyes penales especiales.
Garantía penal: no se podrán imponer sanciones que no estén previstas en la ley con anterioridad a la
comisión de los hechos. En la LORRPM no figura expresamente esta garantía, pero podemos
considerarla implícita en el artículo 7 de la Ley, donde se tipifican las medidas aplicables a los menores
responsables de una infracción penal.
Garantía jurisdiccional: las medidas se ejecutarán en virtud de sentencia firme dictada según el
procedimiento establecido en ley (art. 43.1).
Garantía ejecutiva: las medidas no podrán ejecutarse en otra forma distinta a la prescrita por la Ley y
los reglamentos que la desarrollen (art. 43.2). La ejecución de las medidas se regula en el Título VII de
la Ley y en el Reglamento. Se realizará bajo el control del Juez que dictó la sentencia y la competencia
administrativa la tienen las CC.AA. y las ciudades de Ceuta y Melilla.
4. Principio acusatorio
Establece dos límites en relación con las medidas: uno, respecto de la elección de la medida y otro en cuanto a
su duración.
El Juez de Menores, aunque tiene libertad para elegir la medida a imponer, ésta nunca será más grave y de
mayor duración que la solicitada por el MF o por el acusador particular.
El segundo límite se establece en relación con la duración de las medidas privativas de libertad, cuya duración
no podrá superar la duración que hubiera tenido la pena de prisión, que le hubiera correspondido, si el sujeto
hubiera sido mayor de edad y se le hubiera aplicado el CP.
2. CLASES DE MEDIDAS En el art. 7 de la LORRPM se recogen las medidas que se pueden imponer a los menores responsables de una
infracción penal. Son medidas autónomas. Se enumeran de mayor a menor gravedad, según la restricción de
los derechos que suponen, un total de quince medidas. Un amplio elenco que permite al Juez, en cada caso, la
más adecuada al interés del menor y también sustituir la medida impuesta en un principio por otra, cuando
debido a la evolución del menor y en su interés, así sea aconsejable.
Se clasifican en privativas de libertad, no privativas de libertad y medidas terapéuticas.
I. Medidas privativas de libertad
Son las medidas más graves previstas en LORRPM, y las que limitan más derechos de los menores, en primer
lugar, el de la libertad. En la legislación internacional y los instrumentos que regulan las medidas aplicables a los
menores las recogen con carácter restrictivo.
Se aplican a delitos graves, cometidos con violencia o intimidación o peligro grave para la vida o la integridad
física, que permite apreciar una mayor peligrosidad en el menor. El objetivo prioritario de la medida es disponer
de un ambiente que provea de las condiciones educativas adecuadas, para que el menor pueda reorientar las
deficiencias que han caracterizado su comportamiento antisocial. Las condiciones del internamiento han de ser
idóneas para el normal desarrollo psicológico de los menores. Ha de proporcionar un clima de seguridad
personal para los profesionales y menores infractores.
La Ley prevé cuatro medidas de internamiento, según la mayor o menor restricción de la libertad: en régimen
cerrado, semi-abierto, abierto y terapéutico. Son medidas independientes y no grados sucesivos del
internamiento.
El internamiento terapéutico está previsto para los menores que sufren algún tipo de anomalía, alteración
psíquica o adicción y se considera una medida terapéutica.
Las medidas de internamiento constan de dos períodos, el primero se lleva a cabo en el centro
correspondiente al régimen impuesto en la medida, y el segundo se realiza en régimen de libertad
vigilada, en la modalidad que elija el Juez.
86
La duración máxima, incluidos los dos períodos, no excederá del tiempo total que se establece en el art. 9 para
los diferentes supuestos. La duración de cada uno de los períodos la determina el Juez en la sentencia.
El equipo técnico deberá informar sobre el contenido de cada uno de los períodos.
El plan de educación que deberá realizar el menor, será susceptible de cambios, según la evolución del menor y
su respuesta favorable o negativa al tratamiento recibido.
El segundo período de libertad vigilada es muy importante, porque ayuda al menor que ha estado internado en
un centro a reintegrarse en la sociedad, a realizar vida en libertad, con una incorporación progresiva a la vida
normal, realizando un control de la libertad, para evitar la reincidencia y no retroceder en los logros educativos
conseguidos en el período de internamiento. Ha sido un acierto la introducción de este segundo período en el
cumplimiento de la medida de internamiento, pero debería haberse suprimido en los casos de internamiento en
régimen abierto, porque el menor cumple la medida en libertad, en los servicios normalizados del entorno, y sólo
acude al centro de internamiento a dormir, por lo que no hay una ruptura con su vida en libertad.
1. Internamiento en régimen cerrado
Artículo 7.1.a) “Los menores sometidos a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en él las actividades
formativas, educativas, laborales y de ocio”. Solo se puede salir de forma esporádica, previa autorización
judicial, este internamiento se llevará a cabo, si hubiera plazas, en el centro más próximo al domicilio del menor,
sin que el traslado a otro centro pueda realizarse, salvo que sea en interés del menor y con aprobación del Juez
de menores.
En la Exposición de Motivos se explica el contenido y la finalidad de esta medida en los siguientes términos: “El
internamiento en régimen cerrado pretende la adquisición por parte del menor de los suficientes recursos de
competencia social para permitir un comportamiento responsable en la comunidad, mediante una gestión de
control en un ambiente restrictivo y progresivamente autónomo”.
Es la medida más grave prevista en la ley, que muchos autores equiparan con la pena de prisión.
A pesar de las recomendaciones internacionales, de restringir la aplicación de la medida de internamiento, la
última reforma de la Ley amplia los supuestos en los que podrá aplicarse la medida de internamiento en régimen
cerrado cuando:
(a) Los hechos estén tipificados como delito grave por el CP o leyes penales especiales.
(b) Tratándose de hechos tipificados como delito menos grave, en su ejecución se haya empleado violencia
e intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las
mismas.
(c) Los hechos tipificados como delito se cometan en grupo o el menor perteneciere o actuare al servicio de
una banda, organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que se dedicare a la realización de
tales actividades.
Se amplían, respecto a la regulación anterior, los supuestos en los que obligatoriamente se debe imponer la
medida de internamiento en régimen cerrado, así como su duración, en los siguientes casos:
Si los hechos anteriores revisten extrema gravedad y fueran realizados por menores que en el momento de
cometer los hechos tuvieren 16 o 17 años, el Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen
cerrado de 1 a 6 años, complementada sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia
educativa hasta un máximo de 5 años. Sólo podrá modificarse o sustituirse la medida una vez transcurrido el
primer año de cumplimiento efectivos de la medida de internamiento. Se entenderán siempre supuestos de
extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia.
Si el hecho es constitutivo de los delitos de homicidio, asesinato, violación, tipos agravados de agresiones
sexuales, delitos de terrorismo o cualquier otro delito que tenga una pena de prisión igual o superior a 15 años:
si el menor tuviera 14 o 15 años, la medida de internamiento tendrá una duración de 1 a 5 años complementada
con otra medida de libertad vigilada hasta 3 años. Si el menor tuviera 16 o 17 años, una medida de
internamiento en régimen cerrado de 1 a 8 años de duración, complementada en su caso por otra de libertad
vigilada con asistencia educativa de hasta 5 años.
2. Internamiento en régimen semi-abierto
Artículo 7.1.b) “Las personas sometidas a esta medida residirán en el centro, pero realizarán fuera del mismo
actividades formativas, educativas, laborales y de ocio establecidas en el programa individualizado de ejecución
de la medida La realización de actividades fuera del cent4ro quedará condicionada a la evolución de la persona
y al cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, pudiendo el Juez de Menores suspenderlas por
tiempo determinado, acordando que todas las actividades se lleven a cabo dentro del centro”.”.
El internamiento en régimen semiabierto implica la existencia de un proyecto educativo que debe realizar el
menor. Los centros deben estar dotados de los equipos y servicios necesarios para que el menor lleve a cabo
sus tareas formativas, educativas, laborales y de ocio, y también puede salir a otros centros a realizar las tareas
impuestas. Desde el principio los objetivos sustanciales se realizan en contacto con personas e instituciones de
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la comunidad, pero si la evolución del menor es desfavorable y no se cumplen los objetivos propuestos, la
ejecución de las actividades se realizarán en el propio centro. El menor reside en el centro, sujeto al programa y
régimen interno del mismo.
3. Internamiento en régimen abierto
Artículo 7.1.c) “Las personas sometidas a esta medida llevarán a cabo todas las actividades del proyecto
educativo en los servicios normalizados del entorno, residiendo en el centro como domicilio habitual, con
sujeción al programa y régimen interno del mismo”.
Se establece un proyecto educativo que debe realizar el menor. Las tareas educativas, laborales, formativas o
de ocio, las realiza el menor fuera del centro, en los servicios del entorno. El menor reside en el centro y se
somete al programa y régimen interno.
Los centros abiertos contemplados en la ley son semejantes o iguales a los que existían en la legislación tutelar
de menores y eran concebidos como centros de protección.
4. Permanencia de fin de semana
Artículo 7.1.g) “Las personas sometidas a esta medida permanecerán en su domicilio o en un centro hasta un
máximo de treinta y seis horas entre la tarde o noche del viernes y la noche del domingo, a excepción del tiempo
que deban dedicar a las tareas socio-educativas asignadas por el Juez que deban llevarse a cabo fuera del
lugar de permanencia”.
Es una medida privativa de libertad de corta duración y cumplimiento discontinuo. Para que no quede reducida a
un mero aislamiento o confinamiento, y cumpla la finalidad educativa de las medidas, junto a la privación de
libertad se le impone al menor la realización de tareas socioeducativas, convirtiéndose en una medida
combinada. Sin embargo, la finalidad educativa de esta medida es limitada porque debido a su cumplimiento
discontinuo y corta duración, dos días, es difícil el desarrollo y la realización de un plan educativo dirigido a
concienciar al menor de la entidad de lo actos que ha realizado y educarle para que abandone estos
comportamientos y no vuelva a realizarlos.
La duración máxima de la medida será 36 horas. Su cumplimiento se realiza durante el fin de semana, de
viernes a domingo, y en este tiempo el menor llevará a cabo las tareas socioeducativas que le imponga el Juez.
De la redacción de la ley parece desprenderse que las realizará fuera de su domicilio o del centro donde cumpla
la medida, por lo que habrá que contar con centros socio-educativos que realicen estas tareas los fines de
semana.
Esta medida está prevista para los menores que cometen actos de vandalismo o agresiones leves los fines de
semana. Con ella se consigue separarlos del grupo o pandilla y evitar que participen en estas acciones.
El lugar de cumplimiento será el domicilio del menor, el domicilio familiar. En este caso, la familia o alguna
persona de la misma, se encargará de custodiar al menor y se responsabilizará del cumplimiento de la medida,
lo que en algunos casos resultará difícil por la inexistencia de familia o de persona responsable. O un centro de
menores, si no tiene familia o esta no puede encargarse. El centro debe ser idóneo para el cumplimiento de la
medida de internamiento de fin de semana, privativas de libertad de cumplimiento discontinuo. No pueden
mezclarse con los menores que están cumpliendo medidas de internamiento.
Esta medida tiene las ventajas, sobre todo si se cumple el internamiento en el domicilio familiar, de que no
supone un desarraigo del menor de su familia, no se le separa de su entorno social y el lunes le permite iniciar
su actividad normal, escolar o laboral.
II. Medidas no privativas de libertad
Son las medidas previstas en la Ley restrictivas de otros derechos distintos al de libertad, aunque éste también
puede verse limitado.
1. Asistencia a un centro de día
Artículo 7.7.f) “Las personas sometidas a esta medida residirán en su domicilio habitual y acudirán a un centro,
plenamente integrado en la comunidad, a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de
ocio”.
El menor acude a un centro de la comunidad, donde se realizan actividades educativas de apoyo a su
competencia social. Esta medida proporciona al menor un ambiente estructurado durante buena parte del día en
un centro, en el que se llevan a cabo actividades socioeducativas de apoyo, que el menor necesita, para que
pueden compensar las carencias educativas, sociales o del ambiente familiar.
En el centro de día se realiza el proyecto socio-educativo del menor. Le ayuda en su educación, formación
escolar o laboral o integración social. Estos centros serían los adecuados para los menores con problemas de
integración (ejemplo inmigrantes).
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El sometido a esta medida continua residiendo en su hogar, con su familia, o en el establecimiento de acogida, y
puede asistir también a otros centros para utilizar otros recursos de ocio o culturales.
Durante el cumplimiento de la medida el menor está sometido a un control de sus actividades.
2. Libertad vigilada
Recogida en el art. 7.1.h), en la Exposición de Motivos la define como sigue: “En la medida de libertad vigilada,
el menor infractor está sometido durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisión a
cargo de personal especializado, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y actitudes necesarias
para un correcto desarrollo personal y social. Durante el tiempo que dure la libertad vigilada, el menor también
deberá cumplir las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo con esta Ley, el Juez pueda imponerle”.
Tiene una doble función: se impone como medida principal y como medida cautelar, constituye el segundo
período de las medidas de internamiento, puede imponerse durante el plazo de suspensión de la ejecución del
fallo y como complementaria de las medidas de internamiento en régimen cerrado de larga duración.
Esta es una de las medidas más adecuadas para aplicar a los menores, porque se realiza un seguimiento muy
de cerca del menor. Tiene como finalidad la intervención socio-pedagógica individualizada, y el control de las
actividades de los menores a los que se impone.
La medida obliga al menor a seguir las pautas socio-educativas que señale la entidad pública o el profesional
encargado de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y aprobado por
el Juez de Menores.
El Menor infractor está sometido, durante el tiempo establecido en la sentencia, a una vigilancia y supervisión, a
cargo de personal especializado, de su asistencia a la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de
trabajo, según los casos, con el fin de que adquiera las habilidades, capacidades y aptitudes necesarias para un
correcto desarrollo personal y social, que le permitan superar los factores que determinaron la comisión de la
infracción penal.
El menor está obligado a mantener con el profesional encargado de su vigilancia, las entrevistas establecidas en
el programa y a cumplir, durante el tiempo que dure la medida, las obligaciones y prohibiciones que, de acuerdo
con esta Ley, el Juez pueda imponerle.
En el art. 7 se enumeran, a título de ejemplo, no es un número cerrado, algunas reglas de conducta que puede
imponer el Juez del menor:
Obligación de asistir con regularidad al centro docente correspondiente y acreditar su asistencia.
Obligación de someterse a programas de tipo formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de
educación sexual, de educación vial u otros similares.
Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o espectáculos.
Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial previa.
Obligación de residir en un lugar determinado.
Obligación de comparecer personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe,
para informar de las actividades realizadas y justificarlas.
Cualesquiera otro que el Juez, de oficio o a instancia del M.F., estime convenientes para la reinserción
social del sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.
El Juez y el MF pueden adoptar cualquier regla de conducta que consideren conveniente y adecuada para la
educación del menor, con la única limitación de que no atenten contra su dignidad.
El Juez, en la sentencia, determinará de forma clara y expresa las obligaciones que tiene que realizar el menor.
Durante la ejecución de la medida puede imponerle otras obligaciones no previstas inicialmente en la sentencia,
si considera, teniendo en cuenta la evolución del menor, que es el momento oportuno para imponerlas.
Esta medida combina dos aspectos:
uno, permite un seguimiento individualizado del menor, que tiene en cuenta sus necesidades
particulares, deficiencias personales y socio familiares, desde una perspectiva integral;
dos, se respeta su libertad y a partir de la misma se realiza el proceso de reintegración del menor para
evitar que en el futuro vuelva a delinquir.
Se pretende conseguir que el menor, en primer lugar, tome conciencia de sus actos y de su responsabilidad.
Desarrollar los aspectos deficitarios individuales del menor, ayudarle a superar estas deficiencias en relación
con su entorno y dentro del mismo, sin separarlo de su ambiente, y conseguir que adquiera las habilidades
sociales que lo reintegren socialmente para que no vuelva a delinquir. No produce el desarraigo del menor de su
familia ni de su entorno social.
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La eficacia de la medida depende del propio menor, de su familia y de un entorno social adecuado y propicio
para su desarrollo. En estos tres ámbitos se desarrollará la labor del profesional o equipo de libertad vigilada.
También depende de la existencia en las CC.AA. de equipos de libertad vigilada con las dotaciones personales
y materiales suficientes y necesarias para realizar adecuadamente esta medida, y de que exista coordinación
entre todos los profesionales e instituciones que intervienen en la ejecución de la medida.
El equipo de libertad vigilada estará compuesto por educadores, psicólogos, sociólogos, criminólogos, asistentes
sociales y profesionales encargados de llevarla a cabo, que tengan la capacidad para realizar un diagnóstico
correcto del menor y desarrollar el tratamiento adecuado. Los encargados de ejecutar esta medida realizan un
control del menor. Deben informar periódicamente al Juez de menores, a través de los informes de seguimiento,
sobre su ejecución, de la realización de las obligaciones impuestas, de la evolución del menor y su eficacia para
alcanzar los fines educativos y resocializadores del menor que se pretenden con la misma.
Es una medida idónea para menores infractores que cometen faltas o delitos menos graves, se encuentran en
un entorno social favorables, y por sus características tienen muchas posibilidades de reeducación, pero la
posibilidad de persistir en esas conductas hacen necesario someterlo a un control, imponiéndole la realización
de actividades y/o obligaciones, que redundarán en su beneficio.
El gran inconveniente de esta medida es el presupuestario, ya que para su buen funcionamiento requiere un
gran número de profesionales cualificados, especialistas en diferentes áreas de intervención, que se impliquen
directamente con el menor en lograr su reeducación.
3. Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares y otras personas que
determine el Juez
Esta medida, que también puede imponerse como medida cautelar, se incorpora la ley para imponerse en los
delitos de malos tratos en el ámbito familiar, cuando lo autores son los menores respecto a otros miembros de la
familia, progenitores, ascendientes o hermanos, pareja y también en los supuestos de acoso escolar o bullying,
en cuyo caso puede implicar el cambio de centro escolar.
Contiene dos prohibiciones, la de aproximarse y la de comunicarse con la víctima o con familiares. La
prohibición de aproximarse impide acercarse a los mismos en cualquier lugar donde se encuentren, a su
domicilio, a su centro docente, a su lugar de trabajo, o a cualquier otro frecuentado por ellos. La prohibición de
comunicarse es total, impide comunicarse con la víctima, con aquellos de sus familiares, etc. que determina el
Juez por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, e impide todo contacto escribo,
verbal o visual.
Dirigida a proteger a la víctima/s y/(o perjudicados, tiene una finalidad asegurativa, pero carece de contenido
educativo. Hubiera sido conveniente que en la definición de la medida se contemplará la posibi lidad que el
menor realizara tarea socio-educativas, como se contempla en la medida de permanezca de fin de semana, o la
asistencia a un programa específico para maltratadores, que le ayudaría a superar su deficiencia de
socialización y educación.
Su ejecución plantea problemas en los casos en los que la víctima sean los progenitores, pues puede suponer la
separación de los mismos, y quedar el menor infractor desamparado, lo que puede dificultar su socialización y
reeducación, pues hay que tener en cuanta los derechos de los menores, aunque sean autores de delitos. La
Ley 1/96, de Protección Jurídica al Menor, en su art. 11.2.b) recoge que serán principios rectores de la actuación
de los poderes públicos: el mantenimiento del menor en el medio familiar de origen salvo que no sea
conveniente para su interés. Lo más adecuado sería imponerla sólo en casos graves o cuando el riesgo de
reiteración de la conducta lo justifique.
4. Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo
Recogida en el artículo 7.1.j) “La persona sometida a esta medida debe convivir, durante un período de tiempo
establecido por el Juez con otra persona, con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo,
adecuadamente seleccionado para orientar a aquella en su proceso de socialización”.
Con esta convivencia se intenta proporcionar al menor un ambiente de socialización positivo, con una persona,
con una familia distinta a la suya o con un grupo educativo que se ofrezca a cumplir la función de familia en lo
que respecta al desarrollo de pautas afectivas y sociales en el menor.
Se separará al menor de su familia cuando se considere que ha sido determinante o ha tenido una gran
influencia en la comisión del hecho delictivo. Se impondrá en los casos de inexistencia de familia o grupos
familiares dedicados a la delincuencia, desestructurados o con grandes carencias. Así se facilita al menor que
salga de un entorno perjudicial para él, conozca una situación familiar diferente a la vivida con su propia familia.
Esta medida también debe supone una intervención en su familia de origen, para que cambie su situación, y
haga un esfuerzo para ayudar al menor porque después de cumplida la medida el menor regresa a su hogar y si
no han variado las condiciones familiares, los objetivos conseguidos con la medida puede fracasar. Ante esta
posibilidad se ha establecido que, una vez cumplida la medida, el Fiscal de menores podría instar de la entidad
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competente que continúe la convivencia del menor con la persona, familia o grupo educativo, en cuyo caso se
trataría de la medida de acogimiento familiar de naturaleza civil.
5. Prestaciones en beneficio de la comunidad
Artículo 7.1.k) “la persona sometida a esta medida, que no podrá imponerse sin su consentimiento, ha de
realizar las actividades no retribuidas que se le indiquen, de interés social o en beneficio de personas en
situación de precariedad”.
Esta medida no puede imponerse sin consentimiento del menor, de acuerdo con el art. 25.2 CE, que prohíbe los
trabajos forzados. Consiste en realizar una actividad, durante un número de sesiones previamente fijado en la
sentencia, en beneficio de la colectividad, o de personas que se encuentren en una situación de precariedad por
cualquier motivo. Preferentemente se intentará que la prestación esté relacionada con los bienes jurídicos
afectados por los hechos cometidos. Resulta especialmente indicada la imposición de esta medida en los casos
de delitos contra el patrimonio, daños y actos vandálicos.
El menor, durante la realización de la actividad, ha de comprender que la sociedad o determinadas personas
han sufrido, de modo injustificado, unas consecuencias negativas derivadas de su conducta, que actuó de modo
incorrecto y que merece el reproche formal de la sociedad. La prestación que se le exige es un acto de
reparación justo, que redunda en beneficio de la sociedad, favorece la adquisición de conocimientos específicos
y la utilidad social de su actividad.
Características de esta medida:
Consentimiento del menor.
Ha de ser compatible con el horario escolar o laboral del menor y también tendrá que respetar su
derecho a un tiempo libre y de ocio.
La actividad no será retribuida.
Se realizará en el lugar de residencia del menor, para ello, la Administración deberá ofertar la ejecución
de esta medida en las principales localidades de la provincia.
El menor no podrá sustituir a un trabajador.
La prestación tendrá relación con el hecho cometido, para que el menor pueda comprender las
consecuencias perjudiciales de sus actos.
Tiene carácter restitutivo, porque se intenta reparar los perjuicios causados.
El menor deberá estar protegido por la Seguridad Social, cuando tenga la edad requerida.
Debe ser adecuada a la edad y a las características físicas y síquicas del menor.
Implica a la comunidad en la resolución del conflicto.
Para llevar a efecto el cumplimiento de esta medida es necesario la colaboración de las Consejerías de
Asuntos Sociales y las Entidades y Asociaciones que presten servicios sociales y asistenciales, para
que la incluyan en sus programas.
Si el menor se opone a la medida o no presta su consentimiento para la tarea impuesta, el Juez deberá
sustituirla por otra de las contempladas en el art. 7 y que no suponga una mayor restricción de
derechos.
Esta medida también funcionará como expediente de reparación de los daños causados, en los casos en que la
víctima de la infracción no esté individualizada, por ejemplo, los atentados contra lugares públicos, actos
vandálicos y daños contra mobiliario urbano, parques, lugares o edificios públicos.
6. Realización de tareas socioeducativas
Artículo 7.1.l) “la persona sometida a esta medida ha de realizar, sin internamiento ni libertad vigilada,
actividades específicas de contenido educativo encaminadas a facilitarle el desarrollo de su competencia social”.
Esta medida consiste en que el menor lleve a cabo actividades específicas de contenido educativo que faciliten
su reinserción social.
Puede ser una medida de carácter autónomo o imponerse con otra, como ocurre en la medida de permanencia
de fin de semana. Se impone como medida autónoma, cuando el menor necesite completar su desarrollo
integral. Las actividades educativas se determinan atendiendo a sus necesidades concretas, dirigidas a
solucionar los aspectos conflictivos del menor, mejore su comportamiento y favorezca su reinserción social. Las
tareas específicas se realizan sin internamiento y sin libertad vigilada.
Como ejemplos de tareas socio-educativas la ley menciona las siguientes: asistir a un taller ocupacional, a un
aula de educación compensatoria o a un curso de preparación para el empleo; participar en actividades
estructuradas de animación sociocultural, asistir a talleres de aprendizaje para la competencia social, etc.
7. Amonestación
Artículo 7.1.m) “Esta medida consiste en la reprensión de la persona llevada a cabo por el Juez de Menores y
dirigida a hacerle comprender la gravedad de los hechos cometidos y las consecuencias que los mismos han
tenido o podrían haber tenido, instándole a no volver a cometer tales hechos en el futuro”:
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La Exposición de Motivos de la ley define el contenido de la medida: “El Juez, en un acto único que tiene lugar
en la sede judicial, manifiesta al menor de modo concreto y claro las razones que hacen socialmente
intolerables los hechos cometidos, le expone las consecuencias que para él y para la víctima han tenido o
podían haber tenido tales hechos, y le formula recomendaciones para el futuro”.
El Juez reprende al menor por su conducta, para concienciarle de su gravedad, de los efectos perjudiciales que
ha ocasionado, conminándole a que no lo vuelva a hacer. Tiene un carácter intimidatorio. Es necesario que el
menor haya reconocido su culpabilidad y que se encuentre arrepentido.
Es una medida de carácter leve, que se puede imponer en la comisión de faltas y delitos de carácter leve, si es
su primer delito, y el menor es capaz de comprender el contenido ilícito o antijurídico de su conducta y el
alcance de la misma.
Si la eficacia de esta medida radica en la impresión que produce en los menores el paso por el Juzgado, no
sería adecuada su imposición en los casos de menores que ya han sido enjuiciados y los reincidentes.
8. Privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a obtenerlo, o de las
licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas
Artículo 7.1.n) A pesar de que la Exposición de Motivos la considera como una medida accesoria, en el artículo
figura como medida principal. Se podrá imponer, como medida principal, en aquellos casos en los que el hecho
cometido tenga relación con la actividad que realiza el menor y ésta necesite autorización administrativa, y le
confiere el carácter de medid accesoria cuando el delito o la falta se hubiera cometido utilizando un ciclomotor o
un vehículo a motor, o un arma.
Cuando se impone como medida principal la Ley no exige que el hecho delictivo haya estado relacionado con la
utilización de estos instrumentos, a diferencia de cuando se impone como medida accesoria.
Se podrá imponer como medida única en los delitos contra la seguridad del tráfico, delitos de riesgo, utilización
ilegítima de vehículos de motor, delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos, y como
accesoria en delitos graves en que se utilicen automóviles, motocicletas o armas.
9. Inhabilitación absoluta
Artículo 7.1.ñ) Introducida por la LO 7/2000 en la disposición adicional cuarta de la LORRPM, se impone a los
menores que cometan delitos de terrorismo.
“La medida de inhabilitación absoluta produce la privación definitiva de todos los honores, empleos o cargos
públicos sobre el que recayere, aunque sean electivos; así como la incapacidad para obtener los mismos o
cualesquiera otros honores, cargos o empleos públicos, y la de ser elegido para cargo público, durante el tiempo
de la medida”.
Tiene naturaleza de medida principal. Se impone a los menores que cometan delitos de terrorismo, junto a otras
medidas que pudieran corresponderle. Se ejecuta simultáneamente con el internamiento en régimen cerrado y
mantiene su vigencia, cuando termina éste, de cuatro a quince años. La duración de la medida se determinará
teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido, el número de ellos, y las circunstancias que concurran en el
menor. Tiene una duración excesiva, con carácter represivo y carece de finalidad educativa.
III. Medidas terapéuticas
Se aplican a los menores que sufren deficiencias, anomalías o adicción a determinadas sustancias, que
necesitan tratamiento.
1. Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto o abierto
Artículo 7.1.d) “En los centros de esta naturaleza se realizará una atención educativa especializada o
tratamiento específico dirigido a personas que padezcan anomalías o alteraciones psíquicas, un estado de
dependencia de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción
que determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad. Esta medida podrá aplicarse sola o como
complemento de otra medida prevista en este artículo. Cuando el interesado rechace un tratamiento de
deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a sus circunstancias”.
Se prevé su aplicación a los menores que padecen anomalías o alteraciones psíquicas, dependencia de bebidas
alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que determinen una
alteración grave de la conciencia de la realidad, y necesitan recibir tratamiento terapéutico en un centro, porque,
bien el menor o su entorno, no reúnen las condiciones para recibir tratamiento ambulatorio.
Debe cumplirse en centros específicos para menores, independiente de los adultos. En los centros de esta
naturaleza se realizará una atención educativa especializada o tratamiento específico según la anomalía,
adicción o alteración que padezcan.
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Cuando el menor rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida adecuada a
sus circunstancias.
Esta medida puede imponerse sola o como complemento de otra prevista en la ley. Podrá aplicarse la medida
de internamiento terapéutico conjuntamente con otras, cuando las circunstancias que dan lugar al mismo se
aprecien como eximentes incompletas o atenuantes por analogía.
2. Tratamiento ambulatorio
Artículo 7.1.e) Se aplica a los menores que padecen una anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de
bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias psicotrópicas o alteraciones en la percepción, cuando no sea
necesario para su tratamiento el internamiento en un centro. Se les presta asistencia médica y psicológica en los
centros de la comunidad. Los menores deben realizar un programa terapéutico, habrán de asistir al centro
designado, con la periodicidad requerida por los facultativos que los atiendan y seguir las pautas fijadas para el
adecuado tratamiento de la anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas
tóxicas o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que padezcan.
Cuando el interesado rechace un tratamiento de deshabituación, el Juez habrá de aplicarle otra medida
adecuada a sus circunstancias.
Esta medida podrá aplicarse sola o como complemento de otra medida prevista en este artículo, igual que la
anterior de internamiento terapéutico.
3. CRITERIOS PARA LA ADOPCIÓN DE LAS MEDIDAS La Ley concede un gran arbitrio y flexibilidad al Juez en la elección de la medida a imponer, considerando que el
superior interés del menor ha de primar en la determinación de las medidas que se adopten. El art. 7.3 la Ley
establece los criterios a tener en cuenta por el MF, el letrado del menor y el Juez, para la elección de las
medidas. Deberán atender, no sólo a la prueba y valoración jurídica de los hechos, sino especialmente a la
edad, las circunstancias familiares y sociales, la personalidad y el interés del menor, puesto de manifiesto por
los informes emitidos por los equipos técnicos y, en su caso, por las entidades públicas de protección y reforma
de menores. Este interés ha de ser valorado con criterios técnicos y no formalistas por equipos de profesionales
especializados en el ámbito de las ciencias no jurídicas.
La nueva reforma de la Ley restringe el principio del interés del menor, como recoge la Exposición de Motivos
que el interés del menor, va a seguir primando en la Ley, pero dicho principio es perfectamente compatible con
el objeto y la gravedad del hecho cometido, con esta declaración, se tiende a que exista una proporcionalidad
entre el hecho cometido y la medida impuesta, por lo que va cobrando fuerza el principio de proporcionalidad,
propio del derecho penal de adultos, y que en la primera redacción de la Ley había quedado relegado a un
segundo plano en el derecho penal juvenil. El Juez de Menores sigue manteniendo sus facultades en la
individualización de la medida a imponer, para lo cual, valorará y ponderará los dos principios de modo flexible.
La Exposición de Motivos continua justificando este cambio en la política criminal del derecho penal juvenil, al
considerar que si no se tiene en cuenta el principio de proporcionalidad, se podría entender que el interés
superior del menor, no es sólo superior sino único y excluyente frente a otro bienes constitucionales a cuyo
aseguramiento obedece toda norma punitiva o correccional.
El Juez deberá motivar la sentencia, expresando con detalle las razones por las que aplica una determinada
medida, el plazo de duración, a efectos de la valoración del interés del menor.
El Juez puede imponer una o varias medidas de las previstas en la Ley, tanto si se trata de un solo hecho o si
son varios. Se ha cometidas más de un hecho delictivo habrá que tener en cuenta si pueden enjuiciarse en el
mismo procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 11. En el caso de que en una resolución se imponga
varias medidas, sólo podrá imponerse una medida de la misma clase, es decir, se pueden imponer varias
medidas de distinta naturaleza, pero nunca dos medidas iguales, de este modo, se podrá imponer en una misma
resolución una medida de internamiento en régimen semiabierto junto con la medida de asistencia a un centro
de día y privación de la licencia de armas, pero no se podrán imponer, en la misma resolución, dos medias de
internamiento en régimen semiabierto.
4. REGLAS PARA LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS
I. Reglas generales
Se establecen unas limitaciones en el art. 9 de la ley basadas, fundamentalmente, en la gravedad de los hechos
y la edad de los menores.
A los hechos calificados como falta sólo se podrán imponer las medidas de libertad vigilada hasta un máximo
de 6 meses, amonestación, permanencia de fin de semana hasta un máximo de 4 fines de semana,
prestaciones en beneficio de la comunidad hasta cincuenta horas y privación del permiso de conducir o de otras
licencias administrativas hasta un año, la prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima o con
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aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez hasta 6 meses, y la realización de tareas
socio-educativas hasta 6 meses.
La medida de internamiento en régimen cerrado, que es la más grave, sólo podrá aplicarse cuando se trate de
un delito grave, delitos menos grave si en su ejecución se ha empleado violencia o intimidación en las personas
o actuado con grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas cuando se cometan en grupo o el
menor actuara al servicio de una banda.
Las acciones u omisiones imprudentes no podrán ser sancionadas con medidas de internamiento en régimen
cerrado.
Cuando se aprecie la concurrencia de las circunstancias previstas en los números 1º, 2º y 3º del art. 20 CP,
anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancias
psicotrópicas, o alteraciones en la percepción, sólo podrán aplicarse las medidas terapéuticas previstas en el
art. 7.1.d) y e).
La ley establece dos límites a la imposición de la medida de internamiento en régimen cerrado: no se puede
imponer por hechos constitutivos de falta, ni en los casos de comisión imprudente. Pero no necesariamente
habrá de imponerse siempre en estos casos, pues el Juez debe imponer la medida que considere más
adecuada al interés del menor, y no siempre en estos supuestos será aconsejable el internamiento. Habrá que
estudiar las características del menor, sus circunstancias que concurrieron en su ejecución y la finalidad
educativa de la medida impuesta.
II. Reglas especiales
1. Supuestos agravados
En los casos del art. 9.2, en los que puede imponerse facultativamente la media de internamiento en régimen
cerrado, el Juez, oído el MF, las partes personadas y el equipo técnico, aplicará las siguientes reglas:
Si el menor tuviera 14 o 15 años en el momento de cometer los hechos, la medida podrá alcanzar los 3 años de
duración. La de prestaciones en beneficio de la comunidad, podrá tener una duración máxima de 50 horas, y la
medida de permanencia de fin de semana podrá alcanzar los 12 fines de semana.
Si el menor tuviera 16 o 17 años en el momento de cometer los hechos, la duración máxima de la medida será
de 6 años; la de prestaciones en beneficio de la comunidad, 200 horas, y la permanencia de fin de semana los
16 fines de semana.
2. Supuestos de extrema gravedad
El Juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 6 años, complementada
sucesivamente con otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa hasta un máximo de 5 años, en los
casos en los que puede imponerse la media de internamiento en régimen cerrado, según lo visto anteriormente
y como se recoge en el art. 9.2, si el menor al cometer los hechos tuviera 16 o 17 años y el hecho revistiera
extrema gravedad. Sólo podrá modificarse o sustituirse la media cuando haya cumplido un año efectivo de la
media de internamiento.
Se entenderá siempre como supuestos de extrema gravedad aquellos en los que se aprecie reincidencia.
3. Supuestos hiperagravados:
Si el hecho es constitutivo de los delitos de homicidio, asesinato, violación, tipos agravados de las agresiones
sexuales, delitos de terrorismo o cualquier otro delito que tenga una pena de prisión igual o superior a 15 años,
el Juez deberá imponer las medidas siguientes:
Si el menor tuviera 14 o 15 años en el momento de cometer los hechos, una medida de internamiento en
régimen cerrado de 1 a 5 años de duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de
hasta 3 años.
Si el menor tuviera 16 o 17 años en el momento de cometer los hechos, una medida de internamiento en
régimen cerrado de 1 a 8 años de duración, complementada en su caso por otra de libertad vigilada con
asistencia educativa de hasta 5 años. En este supuesto sólo podrá hacerse uso de las facultades de
modificación, suspensión o sustitución de la media impuesta, cuando haya transcurrido al menos, la mitad de la
duración de la medida de internamiento impuesta.
En los delitos de terrorismo, además de las medidas correspondientes, también se impondrá al menor una
medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 4 y 15 años al de la duración de la medida de
internamiento en régimen cerrado impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número
de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el menor.
Las medidas de libertad vigilada que se imponga según lo previsto en estos casos deberán ser ratificadas
mediante auto motivado, previa audiencia del MF, del letrado del menor y del representante de la entidad
pública de protección o reforma de menores al finalizar el internamiento, y se llevará a cabo por las instituciones
públicas encargadas del cumplimiento de las penas.
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III. Reglas para determinar las medidas a imponer en los casos de pluralidad de infracciones
En esta nueva rúbrica se incluyen los supuestos de concurso real, ideal y delito continuado, a los que se da un
tratamiento único en cuanto a la medida a imponer.
Regla general: en los supuestos en los que el menor sea responsable de dos o más infracciones conexas
(concurso real de delitos conexos), de infracción continuada o cuando u solo hecho sea constitutivo de dos o
más infracciones (concurso ideal), se impondrá una o varias medidas, teniendo en cuenta los límites máximo
establecidos en el art. 9 y en el apartado 1 del artículo 10, con arreglo a los criterios establecidos en el artículo
7, apartados 3 y 4. El criterio que utiliza el legislador es el de la absorción. Se puede imponer una o más
medidas, y el Juez para determinar la medida o medidas a imponer, así como su duración, deberá tener en
cuenta, además del interés del menor, la naturaleza y el número de las infracciones, tomando como referencia la
más grave de todas ellas.
Con esta disposición el legislador ha optado por dar un tratamiento idéntico a los supuestos de concurso real e
ideal de delitos y delito continuado, con más sentido que la regulación anterior de la Ley que se limitaba a copiar
la tipificación de estos supuestos en el C.P. con ligeras diferencias, de este modo, se atiende a los criterios de la
doctrina que abogan por la unificación de las reglas para determinar las penas en los concursos de delitos y
delito continuado.
En los supuestos de concurso real se distingue entre delitos conexos y los que no lo sean:
Concurso real de delitos conexos: se consideran infracciones conexas las que pueden enjuiciare en un
mismo procedimiento, pero las reglas del concurso real de delito se aplicarán a pesar de que las infracciones
hubiesen sido enjuiciadas en distintos procedimientos, en cuyo caso, el último Juez sentenciador señalará la
medida o medidas que debe cumplir el menor por todos los hechos, dentro de los límites y según los criterios
establecidos para la pluralidad de infracciones.
Supuestos agravados: si alguno de los hechos cometidos fuere constitutivo de los delitos de homicidio,
asesinato, violación, supuestos agravados de agresiones sexuales, delitos de terrorismo o delitos castigados
con pena de prisión igual o superior a 15 años, según lo establecido en el artículo 10.2, la medida de
internamiento en régimen cerrado podrá alcanzar una duración máxima de 10 años para los mayores de 16
años y de 6 años para los menores de esa edad, además de la medida complementaria de libertad vigilada que
corresponda imponer. Aquí si se establece una regla de exasperación de la medida de carácter facultativo.
Concurso real de delitos no conexos: si el menor ha cometido dos o más infracciones y no son delitos
conexos, ni se puede apreciar concurso ideal ni infracción continuada, será de aplicación lo dispuesto en el
artículo 47 de la Ley, que regula la refundición de medidas impuestas. En el caso que nos ocupa, cuando al
menor se le impongan varias medidas de distinta naturaleza en diferentes resoluciones judiciales, el Juez
competente para la ejecución ordenará su cumplimiento simultáneo o sucesivo. Si en diferentes resoluciones
judiciales se imponen al menor dos o más medidas de la misma naturaleza, el Juez competente para la
ejecución refundirá las medidas en una sola, sumando la duración de las mismas hasta el límite del doble de la
más grave de las refundidas. Con esta disposición se pueden superar los límites máximos de las medidas
establecidas en los artículos 9 y 10 de la Ley, pues en los casos de concurso real de delitos conexos, en cuanto
a la duración de las medida a imponer, no se puede rebasar el límite máximo establecido en la Ley a la media
de que se trate, sin embargo, en los casos de concurso real de delitos no conexos, la duración de la medida
será el doble de la más grave, quedando el resto sin cumplir.
5. DURACIÓN DE LAS MEDIDAS Con carácter general, la duración que establece la Ley para las medidas es de dos años.
La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no podrá superar las 100 horas.
La medida de permanencia de fin de semana no podrá superar los ocho fines de semana.
la Ley establece un límite general a la duración de las medidas privativas de libertad: no pueden tener
una duración superior a la pena privativas de libertad que le hubiera correspondido si fuera mayor de
edad con arreglo a lo establecido en el CP. Esta duración es superior en los supuestos excepcionales
previstos en la Ley:
En los supuestos en los que los hechos sean constitutivos de delitos grave, delito menos grave que en su
ejecución se haya empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la
vida o la integridad física de las mismas, el delito se cometa en grupo o el menor perteneciere o actuare al
servicio de una banda, organización o asociación, incluso con carácter transitorio, que se dedicare a la
realización de delitos:
Si el menor tuviere 14 o 15 años, en el momento de comisión de los hechos, la medida podrá alcanzar
los 3 años de duración. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad un máximo de 150
horas, y la de permanencia de fin de semana, podrá tender una duración de 12 fines de semana.
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Si el menor tuviere 16 o 17 años, en el momento de la comisión de los hechos, la duración máxima de la
medida será de 6 años. La medida de pbc podrá llegar hasta 200 horas y pfs, de 16 fines de semana.
En este caso, si el hecho reviste extrema gravedad, el Juez deberá imponer una medida de internamiento en
régimen cerrado de 1 a 6 años, complementada sucesivamente con una medida de libertad vigilada con
asistencia educativa con una duración máxima de hasta 5 años. Se entiende siempre como supuestos de
extrema gravedad aquellos en los que se apreciara reincidencia.
En los delitos de homicidio, asesinato, violación, supuestos agravados de violación y agresiones sexuales y
delitos de terrorismo y cualquier delitos que tenga señalada pena de prisión igual o superior a 15 años:
Si el menor tuviere 14 o 15 años, medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 5 años de
duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta 3 años.
Si el menor tuviere 16 o 17 años, medida de internamiento en régimen cerrado de 1 a 8 años de
duración, complementada, en su caso, por otra medida de libertad vigilada con asistencia educativa de
hasta 5 años.
En los delitos de terrorismo, además de las medidas que le correspondan, también se impondrá al menor una
medida de inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre 4 a 15 años al de la duración de la medida de
internamiento en régimen cerrado impuesta, atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número
de los cometidos y a las circunstancias que concurren en el menor.
En los supuestos de pluralidad de infracciones, si alguno de los hechos fueren constitutivos de delitos de
homicidio, asesinato, violación, supuestos agravados de violación y agresiones sexuales, delitos de terrorismo y
cualquier delito que tenga señalada pena de prisión igual o superior a 15 años:
Para los mayores de 16 años, medida de internamiento en régimen cerrado podrá alcanzar una duración
máxima de 10 años.
Para los menores de 16 años, la medida de internamiento en régimen cerrado podrá alcanzar una
duración máxima de 6 años.
6. MODIFICACIÓN DE LA MEDIDA IMPUESTA El Juez puede modificar la medida impuesta inicialmente, en cualquier momento, de oficio o a instancia del MF o
del letrado del menor, previa audiencia de éstos e informe del equipo técnico y, en su caso, de la entidad pública
de protección o reforma de menores, siempre que la modificación redunde en interés del menor y se exprese
suficientemente a éste el reproche merecido por su conducta.
Las formas en las que se pueden modificar las medidas son las siguientes:
Dejar sin efecto la medida impuesta. Con lo que termina la ejecución de la medida porque se
considera que el tiempo cumplido ha sido suficiente. En estos casos no se dice en la ley que se deba
imponer otra medida o alguna regla de conducta.
Se puede dejar sin efecto la medida impuesta, en los casos de conciliación entre el menor y la víctima
atendiendo a lo establecido en el art. 19 de la LORRPM. Si durante la ejecución de la medida el menor
manifiesta su voluntad de conciliarse con la víctima o perjudicado, o de repararles el daño causado, la
entidad pública informara al juzgado de menores y al MF de dicha circunstancia, realizará las funciones
de mediación correspondientes entre el menor y la víctima e informará de los compromisos adquiridos y
de su grado de cumplimiento al juez y al MF, a efectos de dejar sin efecto la medida impuesta. Si la
víctima fuera menor, deberá recabarse autorización del juez de menores y el representante legal del
menor habrá de asumir el compromiso adquirido con la conciliación. La conciliación entre la víctima y el
menor puede producirse en cualquier momento, deja sin efecto la medida impuesta, y se interrumpe su
ejecución. El Juez puede dejar sin efecto la medida, a propuesta del MF o del letrado del menor y oídos
el equipo técnico y la representación de la entidad pública de protección o reforma de menores, si
estima que el acto de conciliación y el tiempo cumplido de la medida impuesta suponen un reproche
merecido por los hechos cometidos. El acto de conciliación entre el menor y la víctima tiene que
realizarse con los requisitos del art. 19 de la Ley.
Cuando el menor pase a cumplir la medida de internamiento en un centro penitenciario, por haber
cumplido los 18 o 21 años de edad, quedan sin efecto el resto de medidas impuestas por el Juez de
menores que estuvieren pendientes de cumplimiento sucesivo, y las medidas que estuviere cumpliendo
simultáneamente con la de internamiento que fueran incompatibles con el régimen penitenciario.
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Reducir la duración de la medida. Se reduce el tiempo de duración de la medida en lo que el Juez
estime oportuno, la ley no establece ninguna limitación, aunque tendrá en cuenta el informe del equipo
técnico y la audiencia previa del MF y del letrado del menor.
Sustituir la medida por otra. El Juez puede sustituir la medida impuesta por otra que considere más
adecuada para el menor, de las contempladas en la ley, por un tiempo igual o inferior al que le quede
por cumplir de la medida sustituida, nunca podrá ser de una duración mayor. Siempre se sustituirá por
otra de igual o menor gravedad.
La ley del 2006 introduce una nueva regulación de la sustitución de las medidas de internamiento en
régimen cerrado, semiabierto y abierto, contemplándose la regresión a la medida inicial de
internamiento impuesta, si con la sustitución y el cambio de internamiento el menor evoluciona
desfavorablemente, de esta forma:
Si se sustituye el internamiento en régimen cerrado por el internamiento en régimen semiabierto
y la evolución del menor es desfavorable, el Juez puede dejar sin efecto la sustitución y se
vuelve a aplicar la medida inicial sustituida de internamiento en régimen cerrado.
Si la media impuesta es la de internamiento en régimen semiabierto y el menor evoluciona
desfavorablemente, si los hechos por los que se ha impuesto son constitutivos de delito grave,
delitos menos grave que en su ejecución se haya generado grave riesgo para la vida, o
perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, incluso con carácter
transitorio, que se dedicare a la realización de delitos, podrá sustituirla por la de internamiento
en régimen cerrado.
La Ley establece unas limitaciones a la sustitución de las medidas en los siguientes casos:
Si los hechos fueren constitutivos de delito grave, delito menos grave que en su ejecución se haya
empleado violencia o intimidación en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la
integridad física de las mismas, o el delito se cometa en grupo o el menor perteneciere o actuare al
servicio de una banda, organización o asociación, incluso con carácter transitorio, que se dedicare a la
realización de delitos, en los casos en los que el hecho fuera de extrema gravedad y el menor tuviere 16
o 17 años, sólo se podrá modificar o sustituir la medida impuesta, una vez transcurrido el primer año de
cumplimiento efectivo de la medida de internamiento, denominado período de seguridad.
Si los hechos fueran constitutivo de los delitos de homicidio, asesinato, violación, supuestos agravados
de violación y agresiones sexuales, delitos de terrorismo y cualquier delito que tenga señalada pena de
prisión igual o superior a 15 años, y el menor tuviere 16 o 17 años, sólo se podrá modificar, suspender o
sustituir la medida impuesta, cuando hayan transcurrido al menor, la mitad de la duración de la medida
de internamiento impuesta, es el denominado período de seguridad.
También prevé la Ley la sustitución de la medida en caso de quebrantamiento de la ejecución, cuando la medida
quebrantada no fuere privativa de libertad. Con carácter excepcional, se contempla la posibilidad de sustituir la
medida por otra medida de internamiento en centro semiabierto durante el tiempo que le quede de
cumplimiento. Esta sustitución la solicitará el MF y se oirá al letrado y al representante legal del menor y al
equipo técnico. En este supuesto se sustituye la medida por otra más grave.
El juez resuelve sobre la sustitución por auto motivado, contra el cual se podrán interponer los recursos
previstos en la presente ley.
7. EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS
I. Principios y garantías que informan la ejecución de las medidas
La LORRPM regula la ejecución de las medidas en el Título VII. El RD 1774/2004, ha completado la ejecución
de las medidas. Los principios que informan la ejecución de las medidas son:
Principio de legalidad, a cuyo tenor las medidas se ejecutarán en virtud de sentencia firme, dictada
según el procedimiento regulado en la ley y deberán ejecutarse en la forma prescrita en la ley y
reglamentos que la desarrollen.
El superior interés del menor de edad sobre cualquier otro interés concurrente.
El respeto al libre desarrollo de la personalidad del menor.
La información de los derechos que les corresponden en cada momento y la asistencia necesaria para
poder ejercerlos.
La aplicación de programas fundamentalmente educativos que fomenten el sentido de la
responsabilidad y el respeto por los derechos y libertades de los otros.
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La adecuación de las actuaciones a la edad, la personalidad y las circunstancias personales y sociales
de los menores.
La prioridad de las actuaciones en el propio entorno familiar y social, siempre que no sea perjudicial
para el interés del menor. Se utilizarán preferentemente los recursos normalizados del ámbito
comunitario.
El fomento de la colaboración de los padres, tutores o representantes legales durante la ejecución de las
medidas.
El carácter preferentemente interdisciplinario en la toma de decisiones que afecten o puedan afectar a la
persona.
La confidencialidad, la reserva oportuna y la ausencia de injerencias innecesarias en la vida privada de
los menores o en la de sus familias, en las actuaciones que se realicen.
La coordinación de actuaciones y la colaboración con los demás organismos de la propia o de otra
Administración, que intervengan con menores y jóvenes, especialmente con los que tengan
competencias en materia de educación y sanidad.
II. Derechos de los menores durante la ejecución de las medidas
Durante la ejecución de las medidas los menores y jóvenes gozarán de los derechos y libertades reconocidos
por la CE (entre ellos, a la igualdad ante la ley, a la vida, a la integridad físicas y moral, no sometidos a tortura ni
a tratos inhumanos, a la libertad ideológica, al honor, a la intimidad, etc.), los tratados internacionales ratificados
por España y el resto del ordenamiento jurídico vigente, exceptuando los que se encuentren expresamente
limitados por la ley, el contenido de la sentencia condenatoria o la medida impuesta.
III. Competencia
1. Competencia judicial
La ejecución de las medidas se realizará bajo el control del Juez de menores que haya dictado la sentencia,
estableciéndose unas excepciones en los supuestos de:
Pluralidad de infracciones y refundición de medidas, en los casos en que las medidas hayan sido impuestas
por distintos Jueces de Menores, será competente para la ejecución de todas ellas y a todos los efectos, el Juez
que hubiere dictado la primera sentencia firme, con exclusión de los órganos judiciales que hubieran dictado las
posteriores resoluciones.
Cumplimiento de la medida de internamiento en centro penitenciario, el Juez de Menores competente para
la ejecución conserva la competencia para decidir sobre el mantenimiento, la modificación o sustitución de la
medida, y el Juez de Vigilancia Penitenciaria realizará el control de la incidencia de la ejecución de la medida en
todas las cuestiones y materias a que se refiere la legislación penitenciaria.
Para realizar el control de la ejecución, la Ley atribuye al Juez una serie de funciones (art. 44.2):
Adoptar todas las decisiones que sean necesarias para proceder a la ejecución efectiva de las medidas
impuestas.
Resolver las propuestas de revisión de las medidas a que se refiere el art. 14
Aprobar los programas de ejecución de las medidas.
Conocer de la evolución de los menores durante el cumplimiento de las medidas a través de los
informes de seguimiento de las mismas.
Resolver los recursos que se interpongan contra las resoluciones dictadas para la ejecución de las
medidas.
Acordar lo que proceda en relación a las peticiones o quejas que puedan plantear los menores
sancionados sobre el régimen, el tratamiento o cualquier otra circunstancia que pueda afectar a sus
derechos fundamentales.
Realizar regularmente visitas a los centros y entrevistas con los menores.
Formular a la entidad pública de protección o reforma de menores correspondiente las propuestas y
recomendaciones que considere oportunas con relación a la organización y el régimen de ejecución de
las medidas.
Adoptar las resoluciones que, en relación con el régimen disciplinario, les atribuye el art. 60.
2. Competencia administrativa
El reglamento la denomina competencia funcional.
Con carácter general la competencia administrativa para la ejecución de las medidas la tienen las CC.AA. y las
ciudades de Ceuta y Melilla, donde se ubique el juzgado de menores que haya dictado sentencia imponiendo la
medida.
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Tienen competencia para ejecutar:
Las medidas cautelares
Las medidas impuestas en sentencias firmes previstas en el art. 7.1., letras a) a l), de la ley
La ejecución del régimen de libertad vigilada y actividad socioeducativa adoptados durante la
suspensión de la ejecución del fallo
La ejecución se lleva a cabo por las entidades públicas que designen las CC.AA. y las ciudades de Ceuta y
Melilla. Para ello procederán a la creación, dirección, organización y gestión de los servicios y programas
adecuados para la correcta ejecución de las medidas.
Las CC.AA. podrán establecer los convenios o acuerdos de colaboración necesarios con otras entidades,
públicas o privadas sin ánimo de lucro, para la ejecución de las medidas de su competencia, bajo su directa
supervisión, sin que ello suponga, en ningún caso, la cesión de la titularidad y responsabilidad derivada de dicha
ejecución.
Se establecen unas reglas específicas para la ejecución de determinadas medidas, que no requieren la
intervención de los órganos de las Comunidades Autónomas, que son:
La medida de amonestación (art. 7.1m). Es la única medida que el Juez puede ejecutar directamente, sin la
intervención de la Administración. Es de ejecución instantánea, se realiza directamente por el juez, después de
celebrada la audiencia, en el momento de dictar sentencia, en la sede judicial, en presencia de los padres o
persona encargada de la guarda o tutela del menor.
Las medidas de privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor o del derecho a obtenerlo, o
de las licencias administrativas para caza o para cualquier tipo de armas y la inhabilitación absoluta (7.1. n) y
ñ)). Se pueden ejecutar directamente por el juez. Si no, lo harán los órganos administrativos que tengan la
competencia por razón de la materia correspondiente. La privación del carné de conducir sólo requerirá remitir el
oficio a la Jefatura de Tráfico. En otro tipo de licencias, se remitirá el oficio al Departamento competente para
emitir o conceder las licencias de caza u otras licencias administrativas y a la Guardia Civil.
La ejecución de la medida de libertad vigilada, impuesta como complementaria, si los hechos fueran
constitutivos de delito grave, delito menos grave que en su ejecución se haya empleado violencia o intimidación
en las personas o se haya generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas o el delito se
cometa en grupo o el menor perteneciere o actuare al servicio de una banda, organización o asociación, incluso
con carácter transitorio, que se dedicare a la realización de delitos, en los casos en los que el hecho fuera de
extrema gravedad y el menor tuviere 16 o 17 años, o cometa los delitos de homicidio, asesinato, violación,
supuestos gravados de agresiones sexuales, delitos de terrorismo y aquellos otros sancionados en el Código
penal con pena de prisión igual o superior a 15 años. La ejecución corresponde a las instituciones públicas
encargadas del cumplimiento de las penas, es decir, por Instituciones penitenciarias.
Cumplimiento de la medida de internamiento en régimen cerrado en centro penitenciario. El menor cuando
alcanza la mayoría de edad continúa cumpliendo la medida en el Centro de menores hasta alcanzar los
objetivos propuestos, sin embargo, a esta regla general se establecen unas excepciones, en las que la medida
de internamiento en régimen cerrado se cumple en un centro penitenciario: 1. Cuando el menor cumpla los 18
años, alcance la mayoría de edad, si su conducta no responde a los objetivos propuestos en la sentencia, puede
el Juez ordenar su cumplimiento en un centro penitenciario; 2. en los casos que haya cumplido 21 años cuando
se le impone la medida de internamiento o bien los cumple durante la ejecución de la medida de internamiento.
En estos dos supuestos, el Juez ordenará su cumplimiento en un Centro penitenciario, según el régimen
establecido en la L.O. General de Penitenciaria, salvo, que con carácter excepcional, se acuerde la modificación
de la media impuesta o su sustitución, o que permanezca en el centro si responde de forma adecuada a los
objetivos propuestos en la sentencia. 3. si con anterioridad a la ejecución de la medida, el responsable hubiera
cumplido total o parcialmente una pena de prisión impuesta con arreglo al CP o una medida que ya se ha
ejecutado en un centro penitenciario.
La competencia de la ejecución será de la Administración penitenciaria, aunque el Juez de Menores competente
para la ejecución conserva la competencia para decidir sobre el mantenimiento, modificación o sustitución de la
medida, y el Juez de Vigilancia Penitenciaria tiene el control de las incidencia de la ejecución de la medida en
todas las cuestiones y materias a que se refiere la legislación penitenciaria. También tendrá competencia la
Administración Penitenciaria para la ejecución de las medidas pendientes de cumplimiento previstas en el art.
7.1 de la LO 5/2000 en las letras e) a l) cuando termine el internamiento.
Menores de 14 años que haya cometido una infracción penal. La competencia la tiene la entidad pública de
protección de menores que decidirá si se ha de adoptar alguna medida conforme a las normas del Código Civil y
la legislación de protección de menores.
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Ejecución de la medida en un centro diferente CC.AA. de la que resida el menor. La competencia de la
ejecución la ostenta la CCAA a la que petenezca el centro. Si la medida se estaba ejecutando y se traslada al
menor, la CCAA donde estaba cumpliendo la meida, deja de ser competente desde el momento del traslado
efectivo del menor al nuevo centro, o desde la notificación judicial a la CCAA de residencia.
Traslado de centro del menor. El menor internado podrá ser trasladado a un centro de una CCAA diferente a la
del juzgado de menores que haya dictado la resolución de internamiento, en 3 supuestos:
(a) Cuando el domicilio del menor o el de sus representantes legales se encuentra en otra CC.AA.
(b) Cuando el interés del menor exija alejarlo de su entorno familiar y social, durante el tiempo que subsista
este interés.
(c) Cuando la entidad pública competente, por razones temporales de plena ocupación de sus centros o por
otras causas, carezca de plaza disponible adecuada al régimen o al tipo de internamiento impuesto y
disponga de plaza en otra CC.AA. con la que haya establecido el correspondiente acuerdo de
colaboración, mientras se mantenga dicha situación.
En el caso a), la competencia la ostentará la Comunidad Autónoma a la que pertenezca el centro. En los otros
casos, seguirá siendo competente de la ejecución, la Comunidad Autónoma donde se ubique el juzgado de
menores que la haya acordado, con la colaboración de la Comunidad Autónoma responsable del centro de
destino.
En los casos b) y c) seguirá siendo competente de la ejecución la CCAA donde se ubique el juzgado de
menores que la haya acordado, con la colaboración de la CCAA responsable del centro de destino.
3. Competencia por delitos de terrorismo
La tiene el Estado. La Audiencia Nacional tiene las competencias en el caso de los delitos de terrorismo y le
corresponde la ejecución de las medidas que impongan por estos delitos el Juzgado Central de Menores o la
sala correspondiente de la AN. Las medidas se ejecutarán en los establecimientos y con el personal
especializado que el Estado ponga a disposición de la AN. Puede establecer convenios para la ejecución con
las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla.
IV. Reglas para la ejecución de las medidas
1. Inicio de la ejecución
Una vez que la sentencia es firme se inicia la ejecución de la medida o medidas impuestas. En cuanto al inicio
de la ejecución se distingue, según se trata de las medidas de internamiento o permanencia de fin de semana
en un centro y el resto de las medidas privativas de derechos.
Medidas de internamiento o permanencia de fin de semana en un centro: la entidad pública
designará el centro que considere más adecuado para su ejecución, de entre los que estén más cerca
del domicilio del menor y en los que existan plazas disponibles en el régimen de internamiento
impuesto.
Con carácter general, el menor cumplirá la medida en el centro más cercano a su domicilio.
Los menores pertenecientes a una banda, organización o asociación no podrán cumplir la medida
impuesta en el mismo centro. Se les designará un centro diferente a cada uno de ellos, aunque esté
alejado de su familia o de su entorno social.
El traslado a otro centro sólo se podrá fundamentar en el interés del menor de ser alejado de su entorno
familiar y social y requerirá, en todo caso, la aprobación del Juez de menores que haya dictado la
sentencia.
Se requerirá la previa aprobación judicial del centro propuesto por la entidad pública en los siguientes
casos:
o Cuando se proponga en interés del menor, el ingreso en un centro de la Comunidad Autónoma
que se encuentre alejado de su domicilio y de su entorno social y familiar
o Cuando se proponga para la ejecución de la medida el ingreso del menor en un centro socio
sanitario.
o Cuando se proponga en ingreso del menor en un centro de otra Comunidad Autónoma en los
casos en los que el domicilio del menor o de sus representantes legales se encuentra en dicha
comunidad autónoma; cuando en interés del menor sea conveniente alejarlo de su entorno
familiar y social; cuando la entidad pública no disponga de plazas.
Medidas privativas de derechos: medidas de tratamiento ambulatorio, asistencia a un centro de día y
permanencia de fin de semana, cuando se cumpla en el domicilio, libertad vigilada, convivencia con otra
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persona, familia o grupo educativo, prestaciones en beneficio de la comunidad y realización de tareas
socioeducativas.
La entidad pública designará de forma inmediata, y en el plazo máximo de cinco días, el profesional
responsable de la ejecución de la medida. La designación se comunicará al juzgado correspondiente.
La elección de este profesional se realizará teniendo en cuenta su capacidad y su dedicación pues de él
depende, en gran medida, la obtención de los resultados que se quieren conseguir con la ejecución de
la medida.
El encargado de la ejecución tiene que relacionarse con el menor, con el Juez de menores que dictó la
sentencia y con la entidad pública encargada de la ejecución, para informarles sobre el desarrollo de la
ejecución, de las incidencias que se produzcan durante la misma y la evolución del menor.
Inicio de la ejecución de las medidas acordadas en sentencia firme por el Juzgado Central del
Menores. Se ajustará a las reglas establecidas para las medidas. La diferencia se encuentra en que la
competencia administrativa será del Gobierno.
Inicio de la ejecución de las medidas cautelares. Se comunicará a la entidad pública encargada de
su ejecución y se aplicarán las reglas del inicio de la ejecución correspondiente a la medida impuesta.
2. Programa individualizado de ejecución
Para iniciar la ejecución es necesario elaborar el programa individualizado de ejecución de la medida.
En las medidas de libertad vigilada o de internamiento, el programa lo elabora el centro designado para el
cumplimiento de la medida o el profesional encargado de la ejecución, en el plazo de 20 días desde el inicio de
la medida, prorrogable por autorización judicial.
En el resto de medidas, el programa lo elabora el profesional encargado de la ejecución, en el plazo de 20 días
desde la fecha de designación del profesional, prorrogable por autorización judicial.
El programa tiene que ser aprobado por el juez competente. Si lo rechaza, en todo o en parte, vuelve a
someterse a su aprobación un nuevo programa o el mismo con las modificaciones pertinentes. Una vez
aprobado el programa individualizado de ejecución, la entidad pública inicia la ejecución, salvo que ésta ya se
haya iniciado en el caso de las medidas de internamiento o libertad vigilada.
3. Liquidación de la medida
Con la liquidación de la medida se establece el día de inicio y de finalización de la ejecución. La liquidación la
realiza el secretario del juzgado de menores, una vez que la entidad pública le comunica el inicio de la
ejecución. El secretario judicial comunica la liquidación al menor.
El tiempo cumplido en medidas cautelares se descontará del tiempo de cumplimiento de la medida.
Se considerarán fechas de inicio de las medidas, a efectos de la liquidación:
Medidas de internamiento: el día de ingreso o el día que la sentencia sea firme cuando estuviera
ingresado cautelarmente.
Medidas de libertad vigilada: el día de la primera entrevista con el profesional encargado de la ejecución
con el menor, una vez que la sentencia es firme.
Medida de permanencia de fin de semana: el primer día de permanencia en el centro o en el domicilio.
Medidas de tratamiento ambulatorio y de asistencia a un centro de día: la fecha en que el menor asiste
por primera vez al centro ambulatorio o al centro de día.
Medida de convivencia con otra persona, familia o grupo educativo: el primer día de convivencia. Si la
medida se hubiera impuesto como medida cautelar, el día de la firmeza de la sentencia.
Medidas de privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor o del derecho a
obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para cualquier tipo de armas y la inhabilitación
absoluta: el día en el que el menor entregue en la secretaría del juzgado el permiso o licencia
correspondiente o en la fecha que el juez señale a la autoridad administrativa.
La liquidación de la medida la aprueba el juez, previo informe del MF y del letrado del menor, y se comunica a la
entidad pública competente.
4. Expediente personal del menor
El expediente de ejecución se abrirá en el Juzgado competente para la ejecución de la medida, donde se
anotarán las incidencias que se produzcan durante la misma. En él se incluirán el documento de liquidación, el
programa de ejecución, los informes y documentos remitidos a la entidad pública encargada de la ejecución.
La entidad pública competente abrirá un expediente personal a cada menor del que tenga encomendada la
ejecución de la medida.
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Contenido del expediente:
Copia de todos los informes y documentos que haya remitido la entidad pública a los órganos judiciales
competentes y al MF durante la ejecución.
Las resoluciones y documentos que los acompañen, comunicadas por los órganos judiciales o el MF a
la entidad pública
Los documentos administrativos que se generen a consecuencia del cumplimiento de la medida, y que
afecten al menor.
La comunicación del secretario del Juzgado de cualquier modificación de ellos.
El expediente personal tiene carácter reservado. Sólo podrán acceder a él: el Defensor del Pueblo o institución
análoga, los jueces de menores y el MF; los profesionales que de manera directa tienen encomendada la
responsabilidad de planificar y desarrollar los programas individualizados de ejecución; y el menor, su letrado y,
en su caso, el representante legal del menor, si lo solicitan de forma expresa a la entidad pública conforme al
procedimiento que se establezca.
Todos los que intervengan en la ejecución de la medida tienen el deber de mantener la reserva oportuna de la
información que obtengan con relación a los menores y jóvenes en el ejercicio de sus funciones y de no
facilitarla a terceras personas ajenas a la ejecución.
Una vez finalizada la estancia en el centro, deberán remitirse a la entidad pública todos los documentos relativos
al menor, con objeto de que se integren en su expediente personal, sin que pueda quedarse el centro una copia.
5. Informes de seguimiento de la ejecución
Durante la ejecución de la medida, la entidad pública remitirá al juez de menores y al MF los informes de
seguimiento. Su contenido se adecuará a la naturaleza y finalidad de cada medida y será suficiente para
conocer el grado de cumplimiento de la medida, las incidencias que se produzcan y la evolución personal del
menor.
La periodicidad mínima de estos informes se establece en el reglamento de acuerdo con la naturaleza o
la clase de medida:
En la medida de permanencia de fin de semana, un informe cada 4 fines de semana cumplidos.
Prestaciones en beneficio de la Cdad, informe cada 25 horas cumplidas si la medida es igual o inferior a
50 horas, y uno cada 50 horas si la duración es superior.
En el resto un informe trimestral.
Una vez cumplida la medida, la entidad pública elaborará un informe final dirigido al juez de menores y al MF, en
el que además de indicar esta circunstancia se hará una valoración de la situación en la que queda el menor.
6. Ejecución de varias medidas
Cuando a la persona sentenciada se le impusieran varias medidas, en el mismo o en diferente procedimiento, su
ejecución se realizará teniendo en cuenta lo acordado por el Juez, de forma simultánea si ello fuera posible.
Se cumplirán simultáneamente:
Las medidas no privativas de libertad cuando concurran con otras medidas no privativas de libertad
diferentes.
La medida de permanencia de fin de semana cuando concurra con otra medida no privativa de libertad.
La amonestación, la privación del permiso de conducir ciclomotores o vehículos a motor, o del derecho a
obtenerlo, o de las licencias administrativas para caza o para uso de cualquier tipo de armas y la
inhabilitación absoluta, cuando concurran con otra medida diferente.
Si en diferentes resoluciones judiciales se imponen al menor dos o más medidas de la misma naturaleza, el
Juez competente para la ejecución refundirá todaas en una sola, sumando la duración de las mismas hasta el
límite del doble de la más grave. El Juez procederá del mismo modo con todas las medidas de la misma
naturaleza, de forma, que sólo quede una única medida de cada clase de las contempladas en el art. 7 de la
Ley.
Si la medida se está ejecutando y el menor vuelve a cometer un hecho delictivo, el Juez competente, en relación
con la imposición de la nueva medida procederá a su refundición, si son de la misma naturaleza, o a su
cumplimiento simultáneo si fuera posible, y en caso contrario, a su cumplimiento sucesivo. En estos casos se
podrán aplicar las reglas del art. 50 para el supuesto de quebrantamiento de condena.
La ejecución de las medidas de distinta naturaleza de forma sucesiva se realizará de acuerdo con los siguientes
criterios:
1. La medida de internamiento terapéutico se ejecutará con preferencia a otra.
2. La medida de internamiento en régimen cerrado se ejecutará cn preferencia a las otras medidas de
internamiento.
102
3. La medida de internamiento se cumplirá antes que las medidas no privatias de libertad, y en su caso
interrumpirá la ejecución de éstas.
4. Las medidas de libertad vigilada previstas para los hechos constitutivos de delito grave, delito menos
grave que en su ejecución…., banda…., se ejecutarán una vez finalizado el internamiento en régimen
cerrado.
El juez podrá alterar el orden de cumplimiento en atención al interés del menor., previo informe del MF, de las
demás partes y de la entidad pública de reforma o protección de menores.
Si una medida está cumpliendo una o varias medidas y es condenada a una pena o una medida de seguridad
prevista en el CP o leyes penales especiales, si fuera posible, se ejecutarán simultáneamente, atendiendo a su
naturaleza, su forma de cumplimiento o la eventual suspensión de la pena impuesta, si procede.
Si no fuera posible su cumplimiento simultáneo, se cumplirá la sanción penal, quedando sin efecto la medida o
medidas impuestas, salvo que se trate de una medida de internamiento y la pena de prisión y deba ejecutarse.
En esta caso el Juez de Menores podrá modificar la medida impuesta, y si no lo hiciera, la medida de
internamiento terminará de cumplirse en el centro penitenciario, según lo previsto en el art. 14 de la Ley, y una
vez cumplida se ejecutará la pena.
Cumplimiento del segundo período de libertad vigilada de las medidas de internamiento. El
segundo período de las medidas de internamiento, acordado en la sentencia en régimen de libertad
vigilada, se cumplirá inmediatamente después de finalizado el primer período de internamiento en
centro. No obstante, cuando existan otras medidas o penas privativas de libertad, su cumplimiento se
regirá por lo previsto en los apartados 2 y 3 del art. 47 de la ley.
Concurrencia de varias medidas de internamiento. Cuando concurran varias medidas de
internamiento, definitivas o cautelares, de diferente régimen, se cumplirá en primer lugar, la de régimen
más restringido y, en su caso, se interrumpirá la de régimen menos restringido que se estuviera
ejecutando,salvo que el juez haya dispuesto otro orden en interés del menor.
Ejecución de las medidas impuestas por el Juez Central de Menores. La ejecución de las medidas
impuestas por el Juez Central de Menores o por la Sala correspondiente de la AN, será preferente sobre
las impuestas por otros jueces o Salas de menores.
La ejecución de varias medidas, en todos los casos previstos en los apartados anteriores, se llevará a
cabo cumpliendo las resoluciones dictadas por el Juez.
Acumulación de medidas de internamiento. En los casos en que al menor se le hayan impuesto
varias medidas de internamiento y se haya acordado por el juez su acumulación en un único expediente
de ejecución, el centro donde el menor sea ingresado elaborará un programa individualizado de
ejecución que comprenda la totalidad de las medidas, así como un único informe final, además de los
correspondientes informes de seguimiento.
V. Quebrantamiento de la ejecución
El incumplimiento de la ejecución de la medida da lugar al quebrantamiento de la ejecución. Cuando éste se
produce, la entidad pública lo comunicará al Juez de menores y al MF.
Los incumplimientos de los que tenga constancia y debe comunicar serán los siguientes:
En las medidas de internamiento y de permanencia de fin de semana en un centro:
La fuga del centro
El no retorno en la fecha o la hora indicada después de una salida autorizada
La no presentación en el centro el día o la hora señalados para el cumplimiento de las permanencias
establecidas
En la medida de permanencia de fin de semana en el domicilio:
La no presentación en su domicilio
La ausencia no autorizada del mismo, durante los días y horas establecidos de permanencia
El no retorno a este para continuar el cumplimiento de la medida después de una salida autorizada.
En las medidas no privativas de libertad:
La falta de presentación a las entrevistas a las que el menor haya sido citado para elaborar el programa
de ejecución.
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones que conforman el contenido de cada medida.
Además, la entidad pública comunicará a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad el incumplimiento de las medidas
de internamiento y de permanencia de fin de semana en un centro, así como de las medidas de permanencia de
fin de semana en el domicilio.
103
Los efectos que produce el quebrantamiento de la ejecución de la medida son diferentes según se trate de una
medida privativa de libertad o no privativa de libertad.
En los casos de quebrantamiento de una medida privativa de libertad, el menor reingresará en el mismo centro
del que se evadió o en otro adecuado a sus condiciones. Si se quebrantara la medida de permanencia de fin de
semana, se cumplirá en el domicilio del menor, de forma ininterrumpida, el tiempo que le quede pendiente por
cumplir.
Si la medida quebrantada no es privativa de libertad, se podrá sustituir por otra de la misma naturaleza y con
carácter excepcional, a propuesta del MF, y oídos el letrado, el representante legal del menor y el equipo
técnico, el juez podrá sustituir la medida no privativa de libertad quebrantada por una medida de internamiento
en centro semiabierto, por el tiempo que le que de cumplimiento. Esta decisión la adoptará el juez en los casos
más graves y tiene carácter excepcional porque sustituye la medida quebrantada por otra más grave.
VI. Cumplimiento de la medida
Una vez cumplida la medida de internamiento por el menor, la entidad pública encargada de la ejecución
elabora un informe final dirigido al Juez de menores y al MF, donde hace constar el cumplimiento de la medida y
una valoración de la situación en la que queda el menor. El juez dictará un auto acordando lo que proceda
respecto al archivo de la causa. Este auto será notificado al MF y al letrado del menor.
El juez, una vez cumplida la medida impuesta, de oficio o a instancia del MF o del letrado del menor, podrá
instar de la correspondiente entidad pública de protección de menores, que se arbitren los mecanismos de
protección del menor conforme a las normas del CC si lo considera necesario para el interés del menor.
En los casos de medidas privativas de libertad, su cumplimiento determinará la puesta en libertad del menor. La
libertad de los menores internados solamente puede ser acordada por resolución de la autoridad judicial
competente, remitida a la entidad pública o por cumplimiento de la fecha aprobada por el juez en la liquidación
de la medida. La entidad pública ejecutará inmediatamente el mandamiento de libertad. Cuando el mandamiento
de libertad se refiera a un menor de edad, el centro lo comunicará inmediatamente a sus representantes legales
para que se hagan cargo de él.
VII. Prescripción de las medidas
En el art. 15.2 de la LORRPM se establece la prescripción de las medidas.
Las medidas que tengan un plazo superior a los dos años prescribirán a los tres años.
Las medidas de amonestación, prestaciones en beneficio de la comunidad y permanencia de fin de
semana con tareas, prescribirán al año.
El resto de medidas prescribirán a los dos años.
Se establece una excepción, recogida en la D.A.4ª letra f): las medidas impuestas por los delitos tipificados en
los artículos 138, 139, 179, 180, 571 a 580 CP y aquellos sancionados con pena de prisión igual o superior a
quince años, prescriben con arreglo a las normas contenidas en el CP.
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CAPÍTULO XII REGLAS ESPECIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE
LIBERTAD
1. REGLAS ESPECIALES PAR LA EJECUCION DE LAS MEDIDAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
I. Centros para la ejecución de las medidas privativas de libertad.
Las medidas privativas de libertad se ejecutarán en centros específicos para menores infractores, diferentes de
los previstos en la legislación penitenciaria para la ejecución de las condenas penales y medidas cautelares
privativas de libertad impuestas a los mayores de edad. Estarán divididos en módulos adecuados a la edad,
madurez, necesidades y habilidades sociales de los menores internados. Los menores que requieran una
protección especial estarán separados de aquellos que los puedan poner en situación de riesgo o peligro, serán
trasladados a otro módulo del mismo centro o a otro centro, en cuyo caso sería necesaria la previa autorización
del juez de menores. Las medidas de internamiento también podrán ejecutarse en centros socio sanitarios
cuando la medida impuesta así lo requiera, previa autorización del juez de menores. Los centros se regirán por
una normativa de funcionamiento interno, que tendrá la finalidad de conseguir una convivencia ordenada, que
permita la ejecución de los diferentes programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los
menores internados.
II. Regímenes de internamiento
Los regímenes de internamiento son cuatro: cerrado, semiabierto, abierto y terapéutico. Se diferencian por la
restricción mayor o menor de libertad que cada uno de ellos supone. Los menores cumplirán el internamiento
según el régimen acordado por el Juez de menores en la sentencia, en resolución motivada.
1. Internamiento en régimen cerrado, semiabierto y abierto
Internamiento en régimen cerrado:
Los menores sometidos a esta medida residirán en el centro y desarrollarán en este las actividades
formativas, educativas, laborales y de ocio, planificadas en el programa individualizado de ejecución de
la medida. Es el régimen más severo de internamiento. El menor solo saldrá del centro cuando disfrute
de permisos ordinarios o extraordinarios de salida y en las salidas programadas.
Internamiento en régimen semiabierto:
Los menores residirán en el centro, pero realizarán fuera de este alguno de las actividades formativas,
educativas, laborales y de ocio, establecidas en el programa individualizado de ejecución de la medida.
La realización de actividades fuera del centro quedará condicionada a la evolución del menor y al
cumplimiento de los objetivos previstos en las mismas, por lo que si no se han alcanzado, el Juez de
Menores puede suspenderlas por tiempo determinado, en cuyo caso, acordará que todas las actividades
se realicen en el centro. Este programa podrá establecer un régimen flexible, en cuyo caso, se concede
a la entidad pública un margen de decisión para su aplicación concreta.
Internamiento en régimen abierto:
Los menores residen en el centro como domicilio habitual, con sujeción al programa y régimen interno
del mismo. Todas las actividades de carácter escolar, formativo y laboral, establecidas en el programa
individualizado de ejecución de la medida, se llevarán a cabo en los servicios normalizados del entorno,
de acuerdo con los horarios y condiciones establecidos en el programa individualizado de ejecución de
la medida. Con carácter general, el tiempo mínimo de permanencia en el centro será de ocho horas y el
menor deberá pernoctar en él. Sin embargo, si el menor realiza en el exterior una actividad formativa o
laboral cuyas características lo requieran, la entidad pública podrá proponer al juzgado de menores las
posibilidad de no pernoctar en el centro, durante un período determinado de tiempo, y acudir a este
solamente con la periodicidad establecida, para realizar las actividades determinadas en el programa
individualizado de ejecución de la medida, entrevistas y controles presenciales.
La entidad pública podrá proponer al juzgado de menores, teniendo en cuenta las características
personales del menor y su evolución, durante la ejecución de la medida de internamiento en régimen
abierto, que continué su cumplimiento en viviendas o instituciones de carácter familiar ubicadas fuera
del recinto del centro, bajo el control de dicha entidad.
Internamiento terapéutico en régimen cerrado, semiabierto y abierto
Los menores que padezcan una anomalía o alteración psíquica, dependencia de bebidas alcohólicas,
drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, o alteraciones en la percepción que
determinen una alteración grave de la conciencia de la realidad, residirán en el centro, en el régimen
establecido, para recibir la atención educativa especializada o el tratamiento específico, según los
casos, de acuerdo con el programa de ejecución de la medida elaborado por la entidad pública.
105
Cuando el tratamiento tenga por objeto la deshabituación del consumo de bebidas alcohólicas, drogas
tóxicas o sustancias psicotrópicas, el menor tiene que prestar su consentimiento a la aplicación del
tratamiento y para someterse a los controles de seguimiento establecidos. Si no lo hace, se pondrá en
conocimiento del juez para que le aplique otra medida adecuada a sus circunstancias.
Permanencia de fin de semana
Esta medida se puede ejecutar en un centro de menores o en el domicilio del menor. Tendrá una
duración de 36 horas que se cumplirán entre la tarde-noche del viernes y la noche del domingo. Además
del internamiento, esta medida conlleva la realización de tareas socio-educativas, que se realizarán
fuera del lugar de cumplimiento de la medida. Cuando la entidad pública recibe el testimonio de la
resolución firme con el número de fines de semana impuestos y las horas de permanencia de cada fin
de semana, el profesional encargado de ejecutar la medida se entrevistará con el menor, para elaborar
el programa individualizado de ejecución de la medida, en el que deberá constar:
Las fechas establecidas para el cumplimiento de las permanencias
Los días concretos de cada fin de semana en los que se ejecutará la medida
La distribución de las horas entre los días de permanencia
El lugar donde se cumplirá la medida
El profesional designado propondrá las tareas socioeducativas que deberá realizar el menor, de carácter
formativo, cultural o educativo, el lugar donde se realizarán y el horario. Si el juez aprueba el programa,
la entidad pública lo pondrá en conocimiento del menor.
Internamiento cautelar
A los menores que se imponga la medida cautelar de internamiento, ingresarán en el centro designado
por la entidad pública, en el régimen de internamiento establecido por el juez, que cumplirá según las
normas establecidas en el régimen de internamiento correspondiente.
Todos los centros se regirán por una normativa de funcionamiento interno, cuyo cumplimiento tendrá
como finalidad la consecución de una convivencia ordenada, que permita la ejecución de los diferentes
programas de intervención educativa y las funciones de custodia de los menores internados, asegurar la
igualdad de trato, prestando especial atención a aquellos que presenten alguna discapacidad. Las
normas de convivencia comunes son las siguientes:
Con carácter general, el interno ocupará una habitación individual. Se podrá compartir la habitación si no
existen razones de tratamiento, médicas o de orden y seguridad que no lo aconsejen y las condiciones
de las habituaciones permitan preservar su intimidad. En caso de compartir la habitación cada menor
dispondrá de un lugar adecuado para guardar sus pertenencias.
El menor internado tiene derecho a vestir su propia ropa, siempre que sea adecuada a la disciplina y
orden interno del centro, u optar por la que le facilite el centro, que deberá ser correcta, adaptada a las
condiciones climatológicas y desprovistas de cualquier elemento que pueda afectar a su dignidad o que
denote su condición de internado.
El menor podrá conservar en su poder el dinero y los objetos de valor de su propiedad, si la dirección
del centro o el órgano que la entidad pública haya establecido en su normativa lo autoriza en cada caso
de forma expresa.
En cada centro habrá una lista de objetos y sustancias prohibidas por razones de seguridad, orden o
finalidad del centro.
Se consideran objetos o sustancias prohibidas:
1. Las bebidas alcohólicas
2. Las drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas
3. Cualquier otro producto o sustancia tóxica
4. Dinero de curso legal en cuantía que supere lo establecido en la norma de régimen interior del
centro.
5. Cualquier material o utensilio que pueda resultar peligroso para la vida o la integridad física o la
seguridad del centro.
6. Aquellos previstos por la normativa de funcionamiento interno de los centros.
En todos los centros habrá un horario por el que se regulen las diferentes actividades. Este horario
habrá de garantizar un mínimo de ocho horas diarias de descanso nocturno y, siempre que sea posible,
dos horas al aire libre.
Los menores deberán cumplir las normas higiénicas, sanitarias y sobre vestuario y aseo personal que se
establezcan en la normativa de funcionamiento interno del centro. También estarán obligados a realizar
106
las prestaciones no retribuidas que se establezcan en la normativa para mantener el buen orden y la
limpieza del centro, que en ningún caso tendrá la condición de actividad laboral.
El incumplimiento de deberes podrá ser objeto de corrección educativa siempre que no tengan como
fundamento la seguridad y el buen orden del centro.
El ingreso de un menor en un centro tendrá lugar en cumplimiento de un mandamiento cautelar o de una
sentencia firme adoptada por la autoridad competente, donde se establezca la medida de internamiento.
El menor podrá ingresar en el centro por presentación voluntaria en los siguientes casos:
Cuando sobre él se haya dictado un mandamiento de internamiento cautelar
Una sentencia firme de internamiento pendiente de ejecutar
Si se ha evadido o fugado del centro
No ha regresado después de una salida autorizada
En estos casos de presentación voluntaria del menor, el director del centro, dentro de las 24
horas siguientes al ingreso, solicitará del juez de menores, el correspondiente mandamiento, o
el testimonio de sentencia y liquidación de condena
III. Principio de resocialización
La ejecución de las medidas está dirigida a la resocialización y reeducación del menor. Todas las actividades
que se realicen en los centros estarán inspiradas por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho
y continúa formando parte de la sociedad. La vida en el centro debe tomar como referencia la vida en libertad,
reduciendo al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda representar para el menor o para su
familia, favoreciendo los vínculos sociales, el contacto con los familiares y allegados y la colaboración y
participación de las entidades públicas y privadas en el proceso de integración social, especialmente de las más
próximas geográfica y culturalmente. Con esta finalidad se establecen:
Los Permisos ordinarios se conceden, con carácter general, a los menores internados por sentencia firme, en
régimen abierto o semiabierto, siempre que se cumplan los requisitos imprescindibles para la concesión de los
mismos:
La petición previa del menor
Que no se encuentre cumpliendo o pendiente de cumplir sanciones disciplinarias por faltas muy graves
o graves impuestas de conformidad con este reglamento
Que participe en las actividades previstas en su programa individualizado de ejecución de la medida
Que se hayan previsto los permisos en el programa individualizado de ejecución de la medida, aprobado
por el juez competente
Que en el momento de decidir la concesión no haya sido imputado en un nuevo hecho constitutivo de
infracción penal
Que no exista un pronóstico desfavorable del centro que indique el probable quebrantamiento de la
medida, la comisión de nuevos hechos delictivos o una repercusión negativa que la salida pudiera tener
para el menor.
La Duración máxima de cada permiso no excederá nunca de 15 días y el tiempo de los mismos se establece
según el tipo de internamiento:
Menores internados en régimen abierto, podrán disfrutar de un máximo de 60 días por años
Menores internados en régimen semiabierto, de un máximo de 40 días por año, distribuidos
proporcionalmente en los dos semestres del año
Menores internados en régimen cerrado, podrán disfrutar de permisos, una vez cumplido el primer
tercio del período de internamiento, cuando la buena evolución personal durante la ejecución de la
medida lo justifique, favorezca el proceso de reinserción social, y cumplan los requisitos establecidos.
Podrán disfrutar de 12 días de permiso al año, con una duración máxima, cada uno de ellos, de hasta
cuatro días, cuando el juez de menores competente lo autorice.
Los menores internados podrán disfrutar de permisos extraordinarios de salida en caso de
fallecimiento o enfermedad grave de sus padres, cónyuge, hijos, hermanos u otras personas
íntimamente vinculadas con los menores o de nacimiento de un hijo, y por otros importantes motivos de
análoga naturaleza, que hayan sido comprobados, salvo que concurran circunstancias excepcionales
que lo impidan. La duración del permiso no podrá exceder de cuatro días.
Podrán disfrutar de salidas de fin de semana los menores internados, por sentencia firme, en régimen
abierto y semiabierto, si concurren los requisitos exigidos para disfrutar de permisos de salida
107
ordinarios. Como norma general, las salidas de fin de semana se disfrutarán desde las 16.00 horas del
viernes hasta las 20.00 horas del domingo. Si el viernes o el lunes es festivo, la duración de la salida de
fin de semana podrá incrementarse 24 horas más. El número de salidas dependerá del régimen de
internamiento:
Los menores ingresados en régimen de internamiento abierto podrán disfrutar de salidas todos los fines
de semana, salvo que la evolución en el tratamiento aconseje otra frecuencia de salida
Los internados en régimen semiabierto podrán disfrutar de una salida al mes hasta cumplir el primer
tercio del período de internamiento y de dos salidas al mes durante el resto, salvo que la evolución del
menor aconseje otra cosa
Los menores internados en régimen cerrado podrán disfrutar una salida de fin de semana al mes, una
vez cumplido el primer tercio del período de internamiento, cuando la buena evolución personal durante
la ejecución de la medida lo justifique y ello favorezca el proceso de reinserción social, siempre que
cumplan los requisitos exigidos para ello y el juez de menores lo autorice
Las salidas programadas forman parte de la ejecución de la medida impuesta, no son permisos de
salida ni ordinarios ni extraordinarios. Las organiza el centro para el desarrollo del programa
individualizado de ejecución de la medida. Podrán disfrutar de salidas programadas:
Los menores internados en régimen abierto y semiabiertos, cuando estas formen parte del programa
individualizado de ejecución de la medida.
Los menores internados en régimen cerrado, una vez cumplido el primer tercio del período de
internamiento, cuando la buena evolución personal durante la ejecución de la medida lo justifique,
favorezca el proceso de integración social y el juez de menores competente lo autorice. Se realizarán
preferentemente durante los fines de semana y festivos.
Las salidas, permisos y comunicaciones con el exterior podrán ser dejadas sin efecto por el juez de
menores, en cualquier momento, si el menor incumple las condiciones. La entidad pública podrá
suspender motivadamente el disfrute de un permiso ordinario, extraordinario, salidas de fin de semana,
salidas programadas, antes de iniciarse, cuando se produzcan hechos que modifiquen las
circunstancias que propiciaron su concesión. Si el permiso o la salida se hubiese autorizado por el juez
de menores, la suspensión tendrán carácter provisional y se pondrá inmediatamente en conocimiento
del juez para que resuelva lo que proceda. El permiso o salida quedará sin efecto desde el momento en
que el menor se vea imputado en un nuevo hecho constitutivo de infracción penal.
IV. Derechos de los menores durante la ejecución
Los menores, durante la ejecución de las medidas, gozarán de los derechos y libertades que les reconoce la
CE, los tratados internacionales ratificados por España y el resto del ordenamiento jurídico vigente, a excepción
de los que se encuentren expresamente limitados por la ley, el contenido del fallo condenatorio o el sentido de la
medida impuesta. Todos los menores internados tienen derecho a que se respete su propia personalidad, su
libertad ideológica y religiosa y los derechos e intereses legítimos no afectados por el contenido de la conducta,
especialmente los inherentes a la minoría de edad de edad civil cuando sea el caso.
Se reconocen a los derechos internados los siguientes derechos:
Derecho a que la entidad pública de la que depende el centro, vele por su vida, su integridad física y su
salud, sin que puedan ser sometidos a tratos degradantes, malos tratos de palabra o de obra, ni se
objeto de un rigor arbitrario o innecesario en la aplicación de las normas.
Derecho del menor de edad civil a recibir una educación y formación integral en todos los ámbitos y a la
protección específica que por su condición le dispensan las leyes.
Derecho a que se preserve su dignidad y su intimidad, a ser designados por su propio nombre y a que
su condición de internados sea estrictamente reservada frente a terceros.
Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, religiosos, económicos y culturales que
les correspondan, salvo cuando sean incompatibles con el objeto de la detención o el cumplimiento de
la condena.
Derecho a estar en el centro más cercano a su domicilio, de acuerdo a su régimen de internamiento, y a
no ser trasladados fuera de su Comunidad Autónoma excepto en los casos y con los requisitos previstos
en la Ley.
Derecho a la asistencia sanitaria gratuita, a recibir la enseñanza básica obligatoria que corresponda a su
edad, cualquiera que sea su situación en el centro, y a recibir una formación educativa o profesional
adecuada a sus circunstancias.
Derecho de los sentenciados a un programa de tratamiento individualizado y de todos los internados a
participar en las actividades del centro.
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Derecho a comunicarse libremente con sus padres, representantes legales, familiares u otras personas,
y a disfrutar de salidas y permisos, con arreglo a lo dispuesto en esta Ley. Derecho a comunicarse
reservadamente con sus letrados, con el juez de menores competente, con el MF y con los servicios de
Inspección de centros de internamiento.
Como mínimo se autorizarán dos visitas ordinarias por semana, además se podrán conceder otras
visitas de carácter extraordinario o fuera del horario establecido, por motivos justificados o como
incentivo a la conducta y buena evolución del menor. La comunicación tendrá una duración mínima de
40 minutos. Una vez al mes podrá tener lugar una visita de convivencia familiar por un tiempo no inferior
a tres horas.
Los menores podrán efectuar y recibir comunicaciones telefónicas de sus padres, representantes
legales y familiares dentro del horario establecido en el centro. El número mínimo de llamadas que
podrán efectuar los menores será de dos por semana, con derecho a una duración mínima de 10
minutos. Podrán enviar y recibir correspondencia escrita libremente, sin ningún tipo de censura, salvo
prohibición expresa del juez. Asimismo, podrán enviar y recibir paquetes.
Derecho a una formación laboral adecuada, a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de
la entidad pública, y a las prestaciones sociales que pudieran corresponderles, cuando alcancen la edad
legalmente establecida.
Derecho a formular peticiones y quejas a la Dirección del centro, a la entidad pública, a las autoridades
judiciales, al MF, al Defensor del Pueblo y a presentar todos los recursos legales que prevé la ley ante el
Juez de menores competente, en defensa de sus derechos o intereses legales.
Derecho a recibir información personal y actualizada de sus derechos y obligaciones, de su situación
personal y judicial, de las normas de funcionamiento interno de los centros que los acojan, así como de
los procedimientos concretos para hacer efectivos tales derechos, en especial para formular peticiones,
quejas o recursos.
Derecho a que sus representantes legales sean informados sobre su situación y evolución y sobre los
derechos que a ellos les corresponden, con los únicos límites previstos en esta Ley.
Derecho de las menores internadas a tener en su compañía a sus hijos menores de tres años, en las
condiciones y con los requisitos que se establezcan reglamentariamente.
Requisitos:
En el momento del ingreso o una vez ingresada, la madre lo solicite expresamente a la entidad pública o a la
dirección del centro
Se acredite fehacientemente la filiación
A criterio de la entidad pública, dicha situación no entrañe riesgo para los hijos
Lo autorice el juez de menores
V. Deberes de los menores internados
Los menores internados también tienen unos deberes que cumplir y en virtud de ellos estarán obligados a:
Permanecer en el centro a disposición de la autoridad judicial competente hasta el momento de su
puesta en libertad, sin perjuicio de las salidas y actividades autorizadas que puedan realizar en el
exterior.
Recibir la enseñanza básica obligatoria que legalmente les corresponda.
Respetar y cumplir las normas de funcionamiento interno del centro y las directrices o instrucciones que
reciban del personal de aquél en el ejercicio legítimo de su funciones.
Colaborar en la consecución de una actividad ordenada en el interior del centro y mantener una actitud
de respeto y consideración hacia todos, dentro y fuera del centro, en especial hacia las autoridades, los
trabajadores del centro y los demás menores internados.
Utilizar adecuadamente las instalaciones del centro y los medios materiales que se pongan a su
disposición.
Observar las normas higiénicas y sanitarias, sobre vestuario y aseo personal establecidas en el centro.
Realizar las prestaciones personales obligatorias previstas en las normas de funcionamiento interno del
centro para mantener el buen orden y la limpieza del mismo.
Participar en las actividades formativas, educativas y laborales establecidas en función de su situación
personal a fin de preparar su vida en libertad.
VI. Medidas de vigilancia y seguridad
Para mantener el orden y la seguridad en los centros donde se cumplen las medidas de internamiento, la ley
prevé la realización de actividades de vigilancia y seguridad interior de los centros. Estas funciones las
realizarán los trabajadores de los centros con arreglo a los cometidos propios de cada uno y a la distribución de
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servicios. La autoridad pública podrá autorizar el servicio de personal especializado, en funciones de vigilancia y
apoyo a las actuaciones de los trabajadores del centro. Cuando exista riesgo inminente de graves alteraciones
del orden, con peligro para la vida o la integridad física de las personas o para las instalaciones, la entidad
pública o el director del centro podrán solicitar la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
competentes en cada territorio.
Las actuaciones realizadas para garantizar la seguridad interior de los centros consistirán en la observación de
los menores internados. Podrán realizarse inspecciones de los locales y de las dependencias del centro, con la
periodicidad que la entidad pública o el director del centro establezca.
También, en el ejercicio de las funciones de vigilancia y seguridad, se podrá proceder a los registros de
personas, ropas y enseres de los menores internados, que se ajustará a las siguientes normas:
Su realización se regirá por los principios de necesidad y proporcionalidad y se llevarán siempre a cabo
con el respeto debido a la dignidad y a los derechos fundamentales de la persona.
Los registros de ropas y enseres personales del menor se practicarán normalmente en su presencia.
El registro de la persona del menor se llevará a cabo por el personal del mismo sexo, en lugar cerrado
sin la presencia de otros menores y preservando la intimidad.
Solamente por motivos de seguridad concreto y específicos, cuando existan razones individuales y
contrastadas que hagan pensar que el menor oculta en su cuerpo algún objeto peligroso o sustancia
susceptible de causar daño a la salud o integridad física de las personas o de alterar la seguridad o
convivencia ordenada del centro y cuando no sea posible utilizar medios electrónicos, se podrá realizar
el registro con desnudo integral, con autorización del director del centro, previa notificación urgente al
juez de menores de guardia y al fiscal de guardia.
Si el resultado fuera infructuoso y persistiese la sospecha, se podrá solicitar por el director del centro a
la autoridad judicial competente la autorización para la aplicación de otros medios de control adecuado.
De estos registros se formulará informe escrito que deberá especificar los registros con desnudo integral
efectuados y los demás extremos previstos en el apartado d).
En el ejercicio de las funciones de vigilancia y seguridad, los trabajadores podrán emplear medios de
contención, únicamente, en los casos más graves, considerándose como tales los siguientes:
Los actos de violencia o lesiones de los menores a sí mismos o a otras personas
Los intentos de fuga
Los daños en las instalaciones del centro
La resistencia activa o pasiva a las instrucciones del personal del centro en el ejercicio legítimo de su
cargo
En estos casos, los medios de contención que podrán utilizar los funcionarios encargados de la
vigilancia de menores serán:
La contención física personal
Las defensas de goma
La sujeción mecánica
Aislamiento provisional
El uso será proporcional al fin pretendido, nunca supondrá una sanción encubierta y solo se aplicarán cuando no
exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y por el tiempo estrictamente
necesario.
VII. Régimen disciplinario de los Centros
Los menores internados, durante el cumplimiento de la medida de internamiento pueden cometer faltas
disciplinarias, y para castigarlas se establece un régimen disciplinario en los Centros. Las medidas disciplinarias
no tienen naturaleza penal, sino administrativo y se impondrán conjuntamente con la medida impuesta. El
régimen disciplinario tiene como finalidad contribuir a la seguridad y convivencia ordenada de los mismos,
estimular el sentido de la responsabilidad, la capacidad de autocontrol de los menores internados y corregir al
menor que durante la ejecución de la medida de internamiento ha cometido faltas disciplinarias.
El ejercicio de la potestad reglamentaria se regirá por los siguientes principios:
El ejercicio de la potestad reglamentaria en los centros propios y colaboradores corresponderá a quien la tenga
expresamente atribuida por la entidad pública. En su defecto, corresponderá al director del centro.
No podrán atribuirse al mismo órgano las fases de instrucción y resolución del procedimiento.
La potestad disciplinaria habrá de ejercerse siempre respetando la dignidad del menor. Ninguna sanción
disciplinaria podrá implicar castigos corporales ni privación de los derechos de alimentación, enseñanza
obligatoria y comunicaciones y visitas.
110
Las sanciones impuestas podrán ser reducidas, dejadas sin efecto en su totalidad, suspendidas o aplazadas en
su ejecución.
La conciliación con la persona ofendida, la restitución de los bienes, la reparación de los daños y la realización
de actividades en beneficio de la colectividad del centro, voluntariamente asumidos por el menor, podrán ser
valorados para el sobreseimiento del procedimiento.
Aquellos hechos que pudiesen ser constitutivos de infracción penal podrán ser también sancionados
disciplinariamente cuando el fundamento de esta sanción, que ha de ser distinto de la penal, sea la seguridad y
el buen orden del centro. Los hechos serán puestos en conocimiento del MF y de la autoridad judicial
competente.
Las faltas disciplinarias se clasifican en muy graves, graves y leves, atendiendo a la violencia desarrollada por el
sujeto, su intencionalidad, la importancia del resultado y el número de personas ofendidas:
Son faltas muy graves (entre otras): a) agredir, amenazar o coaccionar de forma grave a cualquier
persona del centro; b) instigar o participar en motines, plantes o desórdenes colectivos; c) Intentar o
consumar la evasión del interior del centro o cooperar con otros internos en su producción; etc.
Son faltas graves (entre otras): a) agredir, amenazar o coaccionar de manera leve a cualquier persona
del centro; b) insultar o faltar gravemente al respeto a cualquier persona dentro o fuera del centro; c) no
retornar al centro, sin causa justificada el día y hora establecidos después de una salida temporal
autorizada; etc.
Son faltas leves (entre otras): a) faltar levemente al respeto a cualquier persona fuera y dentro del
centro; b) alterar el orden promoviendo altercados o riñas con compañeros de internamiento; etc.
Las sanciones disciplinarias se establecen según la gravedad de las infracciones.
Por la comisión de faltas muy graves se puede imponer (entre otras) alguna de las siguientes sanciones:
a) la separación del grupo por tiempo de tres a siete días en casos de evidente agresividad; b) la
privación de salidas de fin de semana de 15 días a un mes.
Por la comisión de faltas graves (entre otras): a) la separación del grupo hasta dos días como máximo;
b) la privación de salidas de fin de semana de uno a 15 días.
Por la comisión de faltas leves: a) privación de participar en todas o algunas de las actividades
recreativas del centro por un tiempo de uno a seis días; b) la amonestación.
La determinación de las sanciones y su duración se llevará cabo según el principio de proporcionalidad y
teniendo en cuenta:
Las circunstancias del menor
La naturaleza de los hechos
La violencia o agresividad mostrada en la comisión de los hechos
La intencionalidad
La perturbación producida en la convivencia del centro
La gravedad de los daños y perjuicios ocasionados
Y la reincidencia en otras faltas disciplinarias
Si se imponen varias sanciones se cumplirán simultáneamente, si fuera posible. Si no lo fuera, se cumplirán
sucesivamente por orden de gravedad y de duración, sin que pueda exceder en duración del doble de tiempo
por el que se imponga la más grave.
En ningún caso en cumplimiento sucesivo de diversas sanciones supondrá para el menor estar
consecutivamente:
Más de siete días o más de cinco fines de semana en situación de separación del grupo
Más de un mes privado de salidas de fin de semana
Más de dos meses privado de salidas programadas de carácter recreativo
Más de 15 días privado de todas las actividades recreativas del centro
Se establecen dos tipos de procedimiento para la imposición de sanciones por las faltas disciplinarias
cometidos, uno ordinario para las faltas muy graves y graves, y otro abreviado para las faltas leves.
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2. REGLAS ESPECÍFICAS PARA LA EJECUCIÓN DE DETERMINADAS MEDIDAS NO PRIVATIVAS DE
LIBERTAD El Reglamento de la ley establece unas reglas específicas de ejecución para determinadas medidas no
privativas de libertad, concretamente para seis de ellas, cuyo rasgo común es el exigir la elaboración de un
programa individualizado para la ejecución de la medida. El profesional encargado de la ejecución es el que
elabora el programa individualizado de cumplimiento de la medida.
I. Tratamiento ambulatorio
Esta medida se impondrá a los menores que padezcan una anomalía o alteración psíquica, adicción al consumo
de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas o sustancia psicotrópicas o alteraciones en la percepción, que no
requieran internamiento terapéutico, por no revestir gravedad o por sus circunstancias. Se ejecutarán en el
centro o institución más adecuado según la enfermedad, anomalía o adicción a tratar y el más cercano al
domicilio del menor en el que exista plaza disponible. En este centro se elaborará el programa individualizado de
tratamiento.
Si el tratamiento es para la deshabituación del consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes
o sustancias psicotrópicas, el menor tiene que prestar consentimiento para iniciarlo, si no lo hace, la entidad
pública no iniciará el tratamiento y lo pondrá en conocimiento del juez de menores para que le aplique otra
medida adecuada a sus circunstancias.
II. Asistencia a un centro de día
Los menores a los que se les impone esta medida residen en su domicilio habitual y acuden a un centro de día,
a realizar actividades de apoyo, educativas, formativas, laborales o de ocio. La entidad pública elegirá el centro
de día más adecuado para las carencias o necesidades del menor entre los más cercanos a su domicilio.
Designará a un profesional que se entrevistará con el menor para evaluar sus necesidades y que, en
coordinación con el centro donde se vaya a ejecutar la medida, será el encargado de elaborar el programa
individualizado de ejecución de la misma. En dicho programa constarán:
Las actividades que tendrá que realizar el menor y su naturaleza
La periodicidad de asistencia al centro
El horario de asistencia
III. Libertad vigilada
Esta medida tiene una doble función, ya que se impone como medida independiente y también constituye el
segundo período de cumplimiento de las medidas de internamiento. En ambos casos las reglas de ejecución
son iguales. Se designa al profesional encargado de la ejecución y dicha designación se notifica al juez. El
profesional se entrevista con el menor para elaborar el programa individualizado, donde el profesional recogerá:
La situación general detectada del menor
Los aspectos concretos relativos a ámbitos persona, familiar, social, educativo, formativo o laboral en los que
considera necesario incidir
Las pautas socioeducativas que deberá seguir el menor para superar los factores que determinaron la comisión
de la infracción penal
La frecuencia mínima de las entrevistas con el menor, para el seguimiento y control de la medida
Con esta medida, el juez también puede imponer al menor alguna regla de conducta.
IV. Convivencia con otra persona, familia o grupo educativo
Como paso previo, la entidad pública seleccionará a la persona, familia o grupo educativo que considere más
idóneo para la convivencia con el menor, teniendo en cuenta sus características especiales, de entre aquellos
que se hayan ofrecido voluntariamente para colaborar en la ejecución de la medida. Durante la selección, la
entidad pública deberá escuchar necesariamente, al menor y cuando sea necesario, a sus representantes
legales. La persona o personas que integren la familia o grupo que acepten convivir con el menor deben reunir
una serie de requisitos: estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles, no estar incursas en alguna de las
causas de inhabilitación para los tutores establecidos en el CC y tener unas condiciones personales, familiares y
económicas adecuadas a criterio de la entidad pública, para orientar al menor en su proceso de socialización.
Adquiere las obligaciones civiles de la guarda y debe colaborar con el profesional encargado de la ejecución de
la medida o del seguimiento de su ejecución.
En este programa deberá constar la aceptación expresa de la convivencia mostrada por la persona, familia o
grupo seleccionado, la predisposición mostrada por el menor para la convivencia y, cuando proceda, la opinión
de los representantes legales.
Durante la ejecución de la medida el menor conservará el derecho de relacionarse con su familia, salvo que
haya una prohibición judicial expresa.
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V. Prestaciones en beneficio de la comunidad
El profesional designado para la ejecución de la medida, se entrevistará con el menor para conocer sus
características personales, sus capacidades, sus obligaciones escolares o laborales, su entorno social, personal
y familiar, para determinar la actividad más adecuada a estas características. En esta entrevista le ofertará las
plazas existentes, con indicación expresa de su contenido y los posible horarios de realización.
El profesional elaborará el programa individualizado de ejecución de la medida, que deberá contener los
siguientes extremos:
Las actividades que el menor tiene que realizar
El cometido que le corresponde al menor en dicha actividad
El beneficiario
Lugar de realización
La persona responsable de la actividad
El número de horas de cada jornada
El horario de realización
El consentimiento expreso del menor para realizar las actividades y las condiciones de su realización
Si el menor no acepta las actividades propuestas o las condiciones de su realización, se pueden cambiar por
otras actividades o modificar las condiciones de ejecución. Cuando no se pueda ofrecer la realización de otras
actividades, el juez deberá sustituir esta medida por otra que se adapte a las características del menor y a los
objetivos que se persigan con la misma.
Las actividades que los menores han de realizar como contenido de esta medida tienen que reunir las siguientes
condiciones:
Han de ser de interés social o realizarse en beneficio de personas en situación de precariedad y que por
lo tanto necesitan ayuda.
Se intentará que estén relacionadas con la naturaleza del bien jurídico lesionado por los hechos
cometidos por el menor.
No podrán atentar contra la dignidad del menor.
No persiguen la consecución de intereses económicos. La asignación de estas actividades no tendrá por
finalidad la consecución de intereses económicos.
Las prestaciones del menor no serán retribuidas pero podrá ser indemnizado por la entidad a beneficio de la que
realice la prestación por los gastos de transporte y, si los hubiera, de manutención, si estos servicios no los
presta o son asumidos por la entidad pública encargada de la ejecución de la medida.
Durante la realización de la actividad, si los menores tienen la edad para acceder a la protección de la
Seguridad Social, gozarán de la misma protección que establece la legislación penitenciaria para los
condenados a la pena de trabajos en beneficios de la comunidad y también estarán protegidos por la normativa
laboral en materia de prevención de riesgos laborales. Si no tienen la edad establecida, la entidad pública
encargada de la ejecución le garantizará una cobertura suficiente por los accidentes que pudiera padecer
durante la prestación de la actividad y una protección igual o superior a la regulada por la normativa laboral en
materia de prevención de riesgos laborales.
La duración de las jornadas para la realización de las actividades se establece en función de la edad de los
menores. Si el menor tiene de catorce a dieciséis años, la duración de cada jornada no podrá exceder de cuatro
horas diarias. Si es mayor de dieciséis años, no podrá exceder de ocho horas diarias.
VI. Realización de tareas socioeducativas
Esta medida se puede imponer directamente, como medida independiente y conjuntamente con la medida de
permanencia de fin de semana, también está indicada en los supuestos en los que se concede la suspensión de
la ejecución del fallo. La finalidad de estas medidas es que la realización de tareas socioeducativas faciliten al
menor el desarrollo de su competencia social. El profesional designado para la ejecución de la medida se
entrevistará con el menor para conocer sus características personales, su situación y sus necesidades y con
estos datos elaborará el programa individualizado de ejecución de la medida. En el programa constarán:
Las características específicas de carácter formativo, cultural y educativo que debe realizar el menor
El lugar donde se realizarán
El horario de realización, que deberá ser compatible con el horario escolar, si el menor se encuentra en el
período de la enseñanza básica obligatoria, y si no fuera así y estuviera desarrollando una actividad laboral, se
hará compatible, si ello fuera posible, con la realización de la misma
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VII. Medidas cautelares
Las medidas de libertad vigilada o convivencia con otra persona, familia o grupo educativo, se pueden imponer
como medidas cautelares, según lo dispuesto en el art. 28 de la Ley. En los casos en que esto suceda, en la
ejecución de estas medidas como medidas cautelares, se observarán las reglas previstas en los artículos 18 y
19 del Reglamento. En su ejecución se respetará el principio de presunción de inocencia.
