Pelea por MEJORAR la DEMOCRACIA

PELEA POR MEJORAR LA DEMOCRACIA


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Pelea por…MEJORAR LA DEMOCRACIA Los socialistas queremos que nuestra democracia sea más eficaz y funcione mejor. A través de la misma se ha podido alcanzar un mayor grado de bienestar. Los avances y conquistas sociales, como la educación, la sanidad, las pensiones, la atención a la dependencia, y muchos derechos civiles fueron posibles gracias a la democracia. Todos estos avances son obra de los gobiernos del Partido Socialista. Como lo son también los debates electorales. Hoy, asistiremos al “cara a cara” entre Rubalcaba y Rajoy, pero hay que recordar que tuvo que volver a presidir el Gobierno un socialista –José Luis Rodríguez Zapatero-‐ para que, en 2008, los españoles pudieran recuperar el derecho a ver debates y asistir a la confrontación sana y democrática de ideas y de programas entre los dos candidatos a la presidencia del Gobierno. Hasta ese debate entre Zapatero y Rajoy, de 2008, tuvieron que pasar 15 años sin debates porque el Partido Popular se negó a celebrarlos. El PP no entiende que los debates electorales son un derecho de los ciudadanos y no una concesión de los partidos. Mejorar la democracia requiere un esfuerzo conjunto de todos. Perfeccionarla para que esté a la altura de lo que demandan los ciudadanos y protegerla de los ataques y desafíos a los que se enfrenta en un mundo globalizado, especialmente en lo económico, requiere compromiso y trabajo. Los socialistas nos sentimos firmemente comprometidos con la tarea de construir más y mejor democracia. Los socialistas siempre hemos mejorado la rendición de cuentas cuando hemos gobernado. Hemos impulsado la transparencia y el control en la gestión pública, tomando las siguientes medidas: • En febrero de 2005, se aprobó el Código de Buen Gobierno de los miembros del

Ejecutivo y de los altos cargos de la Administración General del Estado. • En 2006, se aprobó la Ley de regulación de los conflictos de intereses de los

miembros del Gobierno y de los altos cargos de la Administración General del Estado, que contempla una serie de principios éticos y garantiza la publicidad, la transparencia y el control de su actividad.

• En 2007, se aprobó la Ley de Contratos del sector público que establece un riguroso principio de publicidad para las adjudicaciones de contratos públicos, y la Ley de Transparencia Financiera, que tiene como objetivo controlar las relaciones financieras existentes entre las empresas públicas y las Administraciones. También se aprobó la Ley Orgánica de Financiación de Partidos Políticos que vigila tanto por la suficiencia presupuestaria de éstos como por la transparencia de su actividad económica.

• En 2009, por primera vez en España, se publican en el BOE las declaraciones de bienes de todos los miembros del Gobierno.


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• En 2011, la Ley de Economía Sostenible profundiza en las medidas de transparencia y publicidad en el sector económico y financiero. Modifica el funcionamiento de diversos organismos reguladores, ampliando la información y el control sobre las políticas de remuneración de las sociedades cotizadas y estableciendo el principio de que las empresas presenten anualmente informes de gobierno corporativo.

• Ha sido un Presidente de Gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, quien ha instaurado las comparecencias en el Senado después de cada investidura. Así como las comparecencias mensuales en sesiones de control. Dando valor a la transparencia política y haciendo que la Cámara Alta adquiera mayor relieve político e institucional.

• La elección del Presidente de RTVE se hace a través de votación en el Parlamento con un respaldo de al menos dos tercios de la Cámara.

• El PSOE siempre ha apostado por la transparencia y el control político del Parlamento. El Presidente Zapatero, en las dos Legislaturas de gobierno, ha contestado 431 cuestiones formuladas por los distintos grupos parlamentarios (192 en esta Legislatura y 239 en la anterior). Aznar contestó 100 veces menos. En las comparecencias, también existe una diferencia abrumadora porque frente a las 42 de Aznar, Zapatero compareció en 69 ocasiones.

• El Grupo Parlamentario Socialista renunció desde 2004 a que el Presidente del Gobierno fuese sometido a preguntas de su propio Grupo, algo que hacía Aznar. El PP copaba el espacio de control al Gobierno con preguntas de su propio grupo limitando el tiempo disponible para el resto de grupos.

0 10 20 30 40 50 60 70

AZNAR

ZAPATERO

42

69

COMPARECENCIAS EN EL PARLAMENTO


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No es lo mismo PSOE que PP • No es lo mismo consultar al Parlamento el envío de misiones militares al exterior

como ahora hace el Gobierno socialista (al amparo de la Directiva de Defensa Nacional 1/2004) que meternos en un guerra ilegal ni siquiera respaldada por la ONU y con la oposición absolutamente mayoritaria de la sociedad, como hizo el PP.

• No es lo mismo la manipulación política e informativa de los medios públicos de

comunicación ejercida por el PP que desembocó en una sentencia de la Audiencia Nacional, del 23 de julio de 2003, condenando a TVE por manipulación en la cobertura informativa de la huelga contra el “decretazo” del gobierno de Aznar, que establecer por Ley que el Presidente de RTVE será elegido por el Parlamento con mayoría de dos tercios.

• Por una parte, están los recientes nombramientos de directores generales de

televisiones autonómicas por parte del PP como Telemadrid o Radio Televisión Castilla-‐La Mancha donde la transparencia o la participación de los parlamentos autonómicos ha brillado por su ausencia; o que el nuevo director general de la Radiotelevisión de Baleares (IB3), nombrado mediante Decreto Ley, sea el mismo Conseller de la Presidencia del Gobierno Balear (PP); o está el número de licencias de emisión en TDT otorgadas por el gobierno de Esperanza Aguirre exclusivamente a grupos de ideología neoconservadora. Por otra parte, está el modelo de RTVE -‐una televisión plural de servicio público orientada al interés general-‐, que ha puesto en práctica el Gobierno socialista.

• No es lo mismo aprobar un Código de Buen Gobierno, como ha hecho el Gobierno

socialista, publicando la declaración de bienes y rentas de Ministros y Altos Cargos del Estado. Que la actitud de la Presidenta de Castilla-‐La Mancha y Secretaria General del PP, la Sra. Cospedal, que no publicará ni ella, ni sus consejeros y altos cargos sus declaraciones de bienes y rentas, no antes del 20N. A pesar de existir una ley pionera en Castilla-‐La Mancha aprobada por un Gobierno socialista anterior.

• No es lo mismo que la Junta de Andalucía gobernada por el PSOE apruebe una Ley de

Cajas en la que se regulan las retribuciones de los órganos rectores de las entidades de andaluzas para que no puedan ser superiores a la del Presidente de la Junta de Andalucía. Que la actitud del PP de Arenas que se opuso y votó en contra en el Parlamento de Andalucía.

• No es lo mismo la actitud virulenta del PP con respecto al movimiento 15-‐M, que la

comprensión y recepción por parte del PSOE de algunas de sus propuestas incorporándolas a su programa electoral para las elecciones del 20N.

La demanda ciudadana de mayor representatividad y proporcionalidad en nuestro sistema electoral y, en definitiva, mayor conexión entre políticos y ciudadanos nos hace


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tomar conciencia a los socialistas de que es necesaria una reforma de sus reglas y procedimientos. Las democracias se legitiman cuando funcionan, y son capaces de atender las necesidades y demandas de los ciudadanos. La democracia requiere de instituciones fuertes. Una de las más importantes en nuestro país es el Congreso de los Diputados que tiene que funcionar mejor y de manera más transparente y abierta a la ciudadanía. Necesitamos mejorar la conexión entre electores y elegidos, representantes y representados. Más transparencia, mayor control y un Gobierno más abierto son posibles si escuchamos lo que demanda la ciudadanía y hacemos las reformas necesarias. Hay que adoptar nuevas reglas y procedimientos parlamentarios para que la democracia se acerque cada vez más a lo que deseamos. En este sentido, la transparencia vuelve a tener un papel protagonista y lo debe tener no sólo en el Gobierno de España sino también en todas las Administraciones Públicas, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. Para mejorar nuestra democracia también es necesario un sector audiovisual que garantice a los ciudadanos el acceso a una información veraz y plural, con voces representativas de todos los sectores de la sociedad. Objetivo deseable para los medios privados, pero exigible fundamentalmente a los públicos que son financiados por los contribuyentes. Seguiremos trabajando por MEJORAR LA DEMOCRACIA, por eso nos comprometemos a: • Mejorar la calidad de la democracia en España, y contribuiremos a hacerlo en el

ámbito europeo e internacional. • Reformar nuestra ley electoral (L.O. 5/1985 de 19 de Junio) que requiere mayoría

absoluta. Con la intención de proponer un sistema consensuado que se aproxime al alemán, con la inclusión de las siguientes modificaciones:

- La posibilidad de aplicar listas electorales desbloqueadas con la posibilidad de voto preferencial a un número determinado de candidatos según el modelo vigente en algunos países europeos.

- Estudiar el voto por internet como sistema complementario al voto por correo y el voto en consulado, como ejemplos en este sentido en países como Suiza.

• Aproximar de manera decidida las instituciones políticas a la ciudadanía española. Ya

que ésta requiere más espacios para la participación política. Para ello hay que actualizar la legislación y otros reglamentos con estos matices:

- Promulgar una nueva Ley Básica de Participación Cívica e Institucional en desarrollo del artículo 23 de la Constitución española.


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- Facilitar y mejorar los procedimientos de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso y en el Senado. Rebajando limitaciones, requisitos y ofreciendo la posibilidad de un “Diputado 351” que represente a los impulsores de la ILP. Para que intervenga a lo largo de todo el proceso legislativo.

- Conversión de la Comisión de Peticiones en una verdadera Comisión de Participación ciudadana.

- Establecer en los procesos legislativos la obligatoriedad de que las Mesas de las Comisiones correspondientes organicen una sesión de comparecencias con representantes de los sectores afectados.

- Institucionalizar una verdadera “carta de servicios” de diputados y senadores que regule las obligaciones de contacto directo y comunicación con sus representados.

- • Adoptar una Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Para que los

Gobiernos y sus Administraciones estén sometidos al escrutinio no sólo de la oposición política, sino también a la de los ciudadanos.

- Regulando el derecho de acceso a la información elaborada por los poderes públicos.

- Ampliando el círculo de ciudadanos que puedan acceder a la información. - También se ampliará el tipo de información que pueda ser susceptible de

hacerse pública. - Se establecerá la “huella legislativa”. Es decir, se obligará a publicar toda

decisión o actuación que implique la adopción de leyes u otras disposiciones.

- Se adoptarán las reformas legales necesarias para garantizar que los cargos públicos no puedan cobrar más de un sueldo de las Administraciones Públicas o de los partidos políticos.

• Aprobar una Estrategia de Gobierno Abierto. Para facilitar los mecanismos con los que

los ciudadanos puedan participar activamente en la formulación de las políticas. Especialmente a través del Gobierno electrónico (Internet u otras posibilidades de las tecnologías de la información y comunicación).

• De acuerdo a lo contemplado en la Ley General de la Comunicación Audiovisual se

impulsará la creación efectiva del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales (CEMA). Con el objetivo fundamental de que vele por el cumplimiento de las previsiones legales que afectan al sector tanto para operadores como para ciudadanos. Del mismo modo se pretende que cada Comunidad Autónoma cuente con una Autoridad Audiovisual independiente del Ejecutivo con funciones similares a las del CEMA.

• Revisar los mecanismos que sirven para financiar a nuestras televisiones públicas, evitando distorsiones en la competencia con el resto de operadores.

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