Paul Almeida...Aperturas de régimen y cierres violentos, 1925-1962 45 III. Liberalización renovada...

Paul Almeida

Olas de movilización popular:movimientos sociales en El Salvador,

1925-2010

UCA Editores

972.84A447o Almeida, Paul Olas de movilización popular: movimientos sociales en Elsv Salvador, 1925-2010. / Paul Almeida. --1a. ed. -- San Salvador, El Salv. : UCA Editores, 2011. 504 p. ; 21 cm. -- (Estructuras y procesos. Serie mayor ; v. 33) ISBN 978-99923-59-51-8

1. El Salvador-Histgorial. 2. Movimientos sociales-El Salvador--Historia. 3. El Salvador-Condiciones sociales. 4. Sociología. 5. Cambio social. I. Título

D. R. © 2011 Paul AlmeidaD. R. © 2011 UCA Editores

Título originalWaves of Protest. Popular Struggle in El Salvador, 1925-2005,University of Minnesota Press, 2008

TraductoraNataty Guzmán

UCA EditoresUniversidad Centroamericana “José Simeón Cañas”Apartado postal 01-575San Salvador, El Salvador, CentroaméricaTeléfono y fax: (503) 22 10 66 [email protected]

1.a edición 2011

Derechos reservados. Prohibida la reproducción parcial o total de esta obra, por cualquier medio, sin la autorización escrita de UCA Editores. P 2011

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INTRODUCCIÓN

Índice

Agradecimientos ................................................................ vii

Prólogo............................................................................... xi

Introducción. El Salvador y la movilización popularen el Sur global .................................................................. xix

Acrónimos y siglas ............................................................ xxxv

I. Liberalización, intimidación y globalización .............. 1

II. Aperturas de régimen y cierres violentos, 1925-1962 45

III. Liberalización renovada y movilización masiva, 1962-1972 ....................................................... 111

IV. El Estado nos lo da y el Estado nos lo quita (de nuevo), 1972-1981 ................................................. 177

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CONFLICTOS TRANSNACIONALES

V. Movilización impulsada por la globalización: El Salvador en el marco del neoliberalismo ................ 307

VI. Conclusión: la secuencia de la lucha del Tercer Mundo ......................................................... 371

Epílogo: elecciones y movimientos sociales, 2004-2010 .. 389

Apéndice: datos y métodos ................................................ 403

.................................................. 415

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INTRODUCCIÓN

IntroducciónEl Salvador y la movilización popular

en el Sur global

El estudio sobre los movimientos políticos se ha ampliado enor-memente durante las dos últimas décadas. Una explicación de esta tendencia reside en un poderoso conjunto de herramientas teóricas que subrayan las condiciones generales en el ambiente político para el surgimiento del movimiento social, es decir, la movilización de recursos y de los modelos del proceso político de acción colectiva. El tremendo impacto en años recientes de las actividades de los movimientos sociales a nivel mundial (por ejemplo, el forzar transiciones democráticas y obtener nuevos derechos para los grupos que han sido marginados) también le sirve de estímulo al conocimiento. La presente ronda de protestas globales se deriva de un número de fuentes tales como las nuevas libertades asociadas con la difusión internacional de las democracias formales y la proliferación de instituciones no gubernamentales (ONG) que patrocinan toda una variedad de nuevos movimientos sociales, la expansión de solidaridades transnacionales basadas en el islamismo, y el movimiento cibercoordinado de justicia global internacional.

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OLAS DE MOVILIZACIÓN POPULAR

De hecho, a la hora de redactar este texto, en solo una semana en marzo de 2006, se pueden observar en los puestos de venta de periódicos y revistas algunos eventos de desobediencia civil a gran escala en una gran variedad de contextos. Las organi-zaciones indígenas más destacadas de Ecuador están desatando un levantamiento nacional no violento que se opone a que el

cerradas de los círculos elitistas que elaboran las políticas, mien-tras más de medio millón de jóvenes y sindicalistas en Francia se lanzan a las calles en contra de la imposición de leyes de

la oposición democrática de Bielorrusia confronta un régimen cada vez más autoritario que continúa realizando elecciones no competitivas, las organizaciones no gubernamentales y los ambientalistas llevan a cabo demostraciones en las afueras del Foro Mundial del Agua realizado en la ciudad de México, una huelga de cinco meses persiste en el sistema de salud pública de Nicaragua por el congelamiento de salarios dictado por el Fondo Monetario Internacional en el sector público y varias ciudades de los Estados Unidos realizan protestas masivas a favor de los derechos de los inmigrantes. La mayoría de estas protestas se centra en temas relacionados con la globalización (por ejemplo, políticas económicas neoliberales, la privatización del agua, y los

(y de forma más reciente, los hechos acaecidos en Honduras) demuestran que la gente alrededor del mundo continúa luchando en contra de las renovadas imposiciones autoritarias. Por otra parte, mientras que reconocen las importantes variaciones que ocurren en regiones y tiempos a lo largo del mundo, algunos investigadores académicos creen que hoy en día estamos siendo testigos de un “mundo de movimientos sociales” (Goldstone, 2004; Snow, Soule y Kriesi, 2004).

A pesar de estas observaciones en relación con el rápido crecimiento de los movimientos sociales a nivel mundial, hay

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INTRODUCCIÓN

todavía muchas áreas dentro del estudio sobre los movimientos populares de las cuales se conoce relativamente muy poco. Uno de estos marcos menos estudiados incluye el surgimiento de olas de protesta en el Sur global y las formas que estas adoptan. Es decir, ¿bajo qué condiciones grandes cantidades de personas de diferentes clases y sectores sociales se involucran en desafíos masivos en contra de sus respectivos regímenes en el mundo en vías de desarrollo y a través de qué repertorios contestatarios y bajo qué estandartes o pancartas presentan sus reclamos? El presente estudio intenta prestar atención a estas preguntas. De

Salvador para contribuir a nuestra comprensión sobre los tipos de ambientes políticos que conducen a la realización de una lucha masiva de movimientos sociales en la periferia global.

1. El Salvador y el estudio de las olas de protesta

El Salvador presenta un caso importante que permite destacar el trabajo de la investigación académica sobre los movimientos sociales en el Sur global debido a la beligerante historia de la nación y al momento en el que comienzan a brotar estas olas masivas de protesta. A principios de los años treinta, trabaja-dores, campesinos y comunidades indígenas se lanzaron hacia una insurrección popular en los distritos cafetaleros occiden-tales en contra de una dictadura recién implementada en el área. Estos hechos se consideran como uno de los eventos más importantes del descontento civil en Latinoamérica durante la Gran Depresión económica (y las masacres que le siguieron a estos sucesos representan uno de los más grandes fenómenos de

ola colosal de protestas y disturbios arrasa al país en contra de la administración gubernamental militar de más larga duración en América; eventualmente, esa ola de protestas se convierte

los investigadores académicos observaban el regreso hacia las

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políticas institucionales y hacia un estado relativo de calma en las calles de Latinoamérica asociado con la “tercera ola” de democratización global, los activistas salvadoreños, las ONG, y los sindicalistas del sector público le dieron inicio a una de las campañas más trascendentales en contra de la privatización en la región. Casi en el mismo momento histórico, los movimientos populares en varios países latinoamericanos pusieron en marcha batallas similares en contra de las políticas económicas directa-mente vinculadas con la globalización neoliberal.

El pequeño pero densamente poblado país de El Salvador también le proporciona a los estudiosos de la acción colectiva episodios de fuertes estallidos de descontento civil en cada una de las épocas económicas y políticas fundamentales del siglo XX en el mundo menos desarrollado: los cultivos de la monoex-portación destinados a la venta (1900-1950), el desarrollo propi-ciado por el Estado (1950-1980) y la globalización neoliberal (1980-2010). Con frecuencia, las olas de protesta más intensas y duraderas en El Salvador ocurrieron bajo circunstancias no siempre enfatizadas por las teorías de los movimientos sociales predominantes (por ejemplo, bajo gobiernos extremadamente represivos o bajo regímenes neoliberales que quebrantan la base del sector de movimientos sociales y liquidan a los sindicatos organizados). Al mismo tiempo, muchos países, en Latinoamérica y en el Sur global, experimentaron tipos similares de regímenes

en el siglo XX e implementaron estrategias de desarrollo econó-mico comparables, incluyendo el enfoque actual centrado en la liberalización del mercado. De ahí que, el trazar las dimensiones analíticas clave que generan y vigorizan a las protestas masivas en todas sus formas, secuencias, y múltiples combinaciones, contribuye a desarrollar el entendimiento de las dinámicas de los movimientos sociales en el Tercer Mundo en general. Un ejercicio académico tal aspira a ser de utilidad para activistas, para movimientos y para investigadores académicos, de manera

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INTRODUCCIÓN

que esto permita aumentar nuestro conocimiento común sobre cómo y cuándo los grupos sociales excluidos emplean formas de lucha colectiva para mejorar su situación económica, social y política bajo lo que parecen ser circunstancias inesperadas.

2. El Salvador, 1925-2010

2.1. El sistema de exportación del monocultivo

El colonialismo español insertó por la fuerza a El Salvador en el mundo de la economía capitalista en el siglo XVI. El territorio se mantuvo como zona de ocupación colonial para la produc-ción de añil y de otras cosechas de exportación, como son los casos del cacao, bálsamo y henequén. Fue más bien durante el período de la posindependencia en El Salvador, en el siglo XIX, cuando el país estableció sus “débiles estructuras institu-cionales” (Lindo-Fuentes, 1990) y se convirtió en un importante

más de dos tercios de las exportaciones anuales, sobrepasando a la producción de añil, el cultivo de venta que solía predominar.

y 1890, una pequeña elite de la clase cafetalera se convirtió en la clase política y creó así, prácticamente, una república cafeta-lera (Lauria-Santiago, 1999). Fuera de este exclusivo y cerrado grupo, los demás miembros de la sociedad trabajaban como agricultores de subsistencia, trabajadores rurales, parte de una clase más pequeña de artesanos, empleados domésticos, y como personas empleadas en servicios urbanos.

Un importante paso hacia la consolidación económica ocurrió entre 1870 y 1890 con la privatización de las tierras comunales y ejidales en las municipalidades occidentales del país habitadas por agricultores indígenas de subsistencia. La clase emergente de las plantaciones —apoyada por los decretos

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gubernamentales— convirtió a las tierras comunales en planta-ciones de café y los grupos indígenas ahora desplazados consti-tuían una gran porción de la fuerza de mano de obra asalariada de la agricultura durante la temporada de cosecha. Para los años veinte, las exportaciones de café constituían un 90% de

siglo XX, El Salvador ocupó la octava posición en la lista de los países productores de café más importantes del mundo.

2.2. Desarrollo inducido por el Estado

La economía cafetalera moldeó a la sociedad salvadoreña y creó una estructura de clase sociales piramidal compuesta por una amplia base con muy pocas variaciones graduales verti-cales (Marroquín 1977). No obstante, el país avanzó más allá de la producción de monocosechas en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial —la época conocida como la era del “desarrollo inducido por el [E]stado” en el Sur global (Sunkel, 2005)—. En las décadas de los cincuenta y los sesenta, como

producción (mayoritariamente con el algodón, el azúcar y la cría de ganado) y le dio inicio a un programa de manufactura

período muchos más salvadoreños del área rural emigraron de las aldeas hacia las ciudades (especialmente hacia la capital, San Salvador, y las municipalidades aledañas). El Gobierno militar modernizador expandió la estructura económica y social a través de la construcción de carreteras y de escuelas, y a nivel nacional, por medio de la integración de las telecomunicaciones y de los sistemas de energía. Tales cambios incrementaron considera-blemente el “potencial de movilización” (Klandermans, 1997) para la acción colectiva a escala nacional. Por lo tanto, nuevos actores sociales surgieron en el escenario político, como maes-tros, estudiantes de bachillerato y universitarios, y trabajadores urbanos (incluyendo a aquellos que trabajaban en el sistema de

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INTRODUCCIÓN

transporte, en construcción, en los servicios gubernamentales, y en las industrias manufactureras), así como campesinos que trabajaban en haciendas con cultivos de expansión de caña de azúcar y de algodón.

2.3. La globalización neoliberal

Para los años setenta, con una recesión económica a nivel

crecientes tasas de interés a la par de los decrecientes precios de la mercancía, el modelo del desarrollo inducido por el Estado llegó a agotarse. Los Gobiernos en la periferia del sistema mundial lidiaron con la crisis social de diversas maneras. Algunos regímenes centroamericanos optaron por adoptar altos niveles de represión, incluyendo El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y en menor grado Honduras. A medida que estos regímenes se sumer-

década de los ochenta, la economía global se desplazaba a lo largo de las líneas de un mercado cada vez más libre. Para la década de los noventa, gran parte de Latinoamérica pasó por el proceso homogenizador de la democratización neoliberal. En la era de la globalización (de 1980 hasta el presente), nuevos actores sociales, así como toda una variedad de organizaciones no gubernamentales y partidos políticos de la oposición en Estados recientemente democratizados se fusionaban con agrupaciones ya establecidas en el período anterior de desarrollo (por ejemplo, estudiantes, empleados del sector público y cooperativas rurales) en forma de coaliciones ad hocA inicios de 2000, estos grupos constituyen la oposición central

-cando en El Salvador y en la región.

3. Modos variados de lucha popular

Entre la movilización de trabajadores campesinos y la posterior masacre de 1932, y a mediados de los años sesenta, la sociedad

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civil salvadoreña raramente mantenía campañas de movilización por más de unos meses en contra de los regímenes militares. De hecho, la masacre de 1932 (conocida como “la matanza”) le dio muerte al 1% de la población nacional —una represión masiva empleada como una cruda medida para desincentivar a la ciudadanía y que esta no se involucrase en movilizaciones populares por décadas—, sobre todo a personas del sector rural. Durante los años cincuenta e inicios de los sesenta, líderes de la oposición salvadoreña como Salvador Cayetano Carpio, Fabio

Medrano y José Mario López con frecuencia se encontraban guardando prisión o en el exilio después de campañas esporá-dicas de protesta y acciones estatales represivas. En contraste

los movimientos populares a los que pertenecían sostuvieron la ola de protesta más grande que sacudió a El Salvador desde la última etapa de los años veinte e inicios de los treinta. La subes-

comprendido entre 1967 y 1972 adoptó la forma de acciones masivas organizadas y no violentas. Una nueva asociación de maestros de escuelas públicas emergió en el horizonte político desde la militancia con la organización de huelgas masivas y protestas en las calles a través de los catorce departamentos del país, y a través de la ocupación de lugares públicos de ubicación estratégica tales como la entrada del Ministerio de Educación (la Plaza de la Dignidad “Saúl Santiago Conteras”) y la del Palacio Nacional, para demandar un sistema moderno de retiro,

manifestar el simple hecho de exigir un trato digno como grupo que desempeñaba una ocupación profesional, y no servir como la antigua base de clientelismo para las campañas electorales del partido militar. Al mismo tiempo, los conductores de auto-buses, así como los empleados de la industria metalúrgica, de

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INTRODUCCIÓN

paros laborales y huelgas de hecho para obligar al Gobierno militar a reconocer su recién adquirido derecho a la huelga.

Con el rápido y creciente nivel de inscripciones en la univer-sidad, los estudiantes lideraron una serie de acciones al inicio de los años setenta, relacionadas con los temas de la asignación del presupuesto, las admisiones universitarias y los requisitos generales de la educación. En este mismo momento histórico (los años sesenta), la Iglesia católica de forma discreta coordinó una serie de iniciativas organizacionales de gran importancia en la zona rural, por primera vez desde la masacre de 1932. Sumándose a los líderes del movimiento tradicional de la última etapa de los años cincuenta e inicios de los sesenta, la ola de protesta del período comprendido entre 1967 y 1972 generó

los sectores laborales, educativos y eclesiásticos —tales como Ernesto Jovel, Francisco Jovel, Mélida Anaya Montes, Fermán Cienfuegos, Salvador Sánchez Cerén, padre Ernesto “Neto” Barrera, y padre José Inocencio “Chencho” Alas— que entrega-rían el legado de sus recién adquiridos conocimientos sobre la organización de masas a una nueva generación de jóvenes disi-dentes que confrontarían a un régimen cada vez más tiránico.

Desde mediados de 1972 hasta 1976, disminuyó la cantidad de protestas con el paso hacia un gobierno militar más represivo. Sin embargo, en 1977 resurgió una sostenida acción masiva de forma más intensa, disruptiva y violenta —guiada por organi-zaciones que hacían reclamos radicales y que fomentaban las identidades colectivas revolucionarias—. De 1977 a 1981, otra enorme ola de protestas hizo erupción. Un sector más repre-sentativo de la sociedad civil participó esta vez en los hechos. Sin algún precedente en la historia de El Salvador moderno, grandes contingentes de campesinos ocuparon las plantaciones de café, de azúcar y de algodón y marcharon hacia las calles del centro de la ciudad de San Salvador demandando tierras,

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créditos, subsidios estatales para los insumos de la agricultura, y el cese de la violencia paramilitar en sus poblaciones. Tanto los empleados públicos como los del sector de servicios, los párrocos de las iglesias locales, los estudiantes de bachille-rato, los habitantes de zonas marginales y los vendedores de los mercados ahora se unían a las coaliciones multisectoriales

-gente creció en forma de espiral dentro de la guerra civil de El Salvador en la década de los ochenta. Muchos de los líderes de las protestas reformistas de los años sesenta que habían eludido la represión gubernamental ahora se encontraban dirigiendo a guerrillas armadas o sirviendo como embajadores políticos internacionales de un movimiento revolucionario que buscaba una transformación radical en la sociedad salvadoreña.

A medida que la guerra civil continuaba con la represión en las zonas rurales, los años ochenta y noventa fueron testigos

uno dominado por mucho tiempo a través del control militar y las estrategias tradicionales de desarrollo económico agro-exportador a una forma de gobierno con tendencia democrática conducida por administradores estatales que se suscribían a programas de crecimiento económico neoliberal con vigor ideo-lógico. En síntesis, hacia la década de los noventa, El Salvador

-cráticas y sus reformas económicas neoliberales. El país parecía ser muy similar al resto de naciones de Latinoamérica también

ola no violenta de descontento crecía en contra de los planes gubernamentales de privatizar parte del sistema de atención a la salud pública. El Salvador ahora se unía a la lista de países en la región que experimentaban protestas masivas inducidas por la globalización a inicios de 2000, incluyendo a Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Paraguay.

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INTRODUCCIÓN

4. Preguntas básicas

¿Qué podría explicar la amplia variación de los niveles y formas del fenómeno de la protesta popular en El Salvador en el siglo XX y en el siglo XXI? ¿Por qué en un momento histórico hay líderes de oposición simplemente luchando por establecer orga-nizaciones cívicas equipadas para realizar estrategias legales y

e reformas moderadas de las políticas, mientras que en otras etapas de la historia se demanda una reestructuración revolucionaria del Estado y de la sociedad? ¿Cómo es que los opositores de un régimen sean capaces de generar acciones colectivas masivas en contra de un régimen militar represivo organizado nacionalmente o en contra de un Estado neoliberal que mina la base del sector del movimiento social al destruir la viabilidad de los sindicatos tradicionales de trabajadores y otras asociaciones laborales similares? ¿Cómo es que las condiciones asociadas con las olas de protesta y la radicalización política en El Salvador apoyan la reconceptualización de los marcos

Estados autoritarios, países en vías de desarrollo y democra-

teorías de los movimientos sociales desarrolladas para explicar dinámicas de acción colectiva en democracias capitalistas avan-zadas, y de qué forma pueden estas mejorarse para explicar los movimientos en otros contextos históricos y ambientes políticos tales como Centroamérica? Estas son las preguntas centrales que se abordan en los capítulos que siguen.

5. Organización del texto y las proposiciones

Este libro está organizado alrededor de las siguientes proposi-ciones básicas:

1. Los Gobiernos autoritarios en la mayoría de épocas y lugares reducen el potencial de la actividad de los movimientos sociales a razón del acceso restringido que tiene la sociedad

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a las instituciones estatales, la falta de libertades políticas y de libertades de asociación, y las severas penalidades en las que se incurre al tratar de hacer efectivas tales libertades.

2. Los períodos de liberalización política en regímenes auto-ritarios crean condiciones favorables para la fundación y la expansión de asociaciones cívicas y organizaciones civiles (como sindicatos, asociaciones profesionales, cooperativas y organizaciones no gubernamentales).

3. La formación de un espacio de organizaciones cívicas incre-menta en gran medida el nivel del potencial de movilización política al vincular a individuos y a grupos previamente aislados.

4. Los períodos de liberalización sostenida en última instancia se convierten en formas no violentas de protesta (conven-cionales y disruptivas) inducidas por organizaciones cívicas nuevas o ya expandidas que reclaman cambios moderados en las políticas referentes a nuevas ventajas o a la preven-

5. Cuando los Estados invierten el sentido de las políticas de liberalización al negarle a la población sus derechos básicos y al aplicar la represión de forma descuidada están radicali-zando a las organizaciones civiles y a sus formas de agrupa-ción heredadas de los períodos anteriores de liberalización, creando las condiciones para la movilización a través de la intimidación.

6. La continua represión estatal en contra de movimientos sociales ya organizados y otros problemas sociales que cada vez más se le atribuyen al Estado, da como resultado una ola de protesta radical, desordenada y violenta.

7. En la presente era de una integración económica global y de una democratización cada vez más grande, más grupos y colectividades operan con más libertades a través de las

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INTRODUCCIÓN

cuales pueden establecer asociaciones y organizaciones mientras sus reclamos se concentran cada vez más en polí-ticas económicas relacionadas con la globalización neoli-beral. Cuando los grupos de la sociedad civil se organizan como federaciones y se fusionan con partidos políticos fuertes de la oposición, aumenta la posibilidad de una ola de acción colectiva inducidas por la globalización.

En este trabajo sobre El Salvador, en un análisis del período comprendido entre 1925 y 2010, he documentado el proceso

anteriores. Estas destacan las características particulares del ambiente político y parecen ser las más importantes a la hora de incitar a la acción colectiva masiva y de moldear sus formas en regímenes que oscilan entre la liberalización y la represión. En resumen, he estructurado esta investigación alrededor de tres contextos políticos que potenciaron la movilización de masas en los países subdesarrollados a lo largo del siglo XX y al inicio del XXI: la movilización inducida por la liberalización, por la intimidación y por la globalización.

6. Organización de la discusión

-riormente descritas, y aporta un elaborado marco teórico para examinar el surgimiento expansivo y las formas de las olas de protesta en los Estados autoritarios y en el mundo en vías de desarrollo con enfoque democrático. Trabajando dentro de la tradición analítica del proceso político, el capítulo aborda tanto la “oportunidad política” como los modelos emergentes de “amenaza” (Goldstone y Tilly, 2001) para explicar la acción

líneas de la teoría del proceso político para explicar mejor la secuencia de la protesta popular en ambientes políticos no democráticos y transitorios. Destaco tres ámbitos que producen protestas (la liberalización, la intimidación y la globalización) y

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las formas posibles de acción colectiva asociadas a cada uno de estos ámbitos. El capítulo dos ofrece un análisis sobre la orga-nización popular en El Salvador entre 1925 y 1962 basado en el marco teórico del capítulo anterior. Le otorgo especial atención al período de liberalización del régimen y de construcción organizativa ubicado entre 1927 y 1930. Los gremios posibi-litados por la liberalización del régimen aportaron los bloques de la estructura organizativa para el levantamiento mucho más radical de 1932 en respuesta a las amenazas represivas que ya se habían acumulado para entonces. Discuto el hecho de que la revuelta de 1932 resultara de la secuencia particular de eventos a través de la cual el Gobierno primero toleró la organización de las masas y luego de repente invirtió esta tendencia a través de un mecanismo sin precedentes de cara a la depresión económica global y a la caída del precio del café en el mercado mundial. La consecuencia de la represión masiva que le siguió a la revuelta anularía, por más de treinta años, tanto la organización social civil sostenida como la movilización social. No obstante, hasta las “miniaperturas” de 1944 y de 1960 crearon las ocasiones para el intento de realizar acciones masivas que fueron de la movilización impulsada por la liberalización hacia la intimida-ción en una escala mucho más pequeña.

El capítulo tres examina el período comprendido entre 1962 y 1972, incluyendo un análisis de fondo de la ola de protesta concerniente a la reforma que se desarrolló entre los años de 1967 y 1972. A diferencia de la revuelta de 1932, esta ola particular de movilización popular de mentalidad reformista ha quedado pobremente documentada en la historiografía salvadoreña —pero es crucial para explicar posteriores rondas de acción colectiva en ambientes menos cordiales1—. El capítulo cuatro comienza

de los treinta, me siento especialmente agradecido con la nueva genera-ción de historiadores y de sociólogos que han generado un activo debate sobre esta era histórica a través de sus recientes investigaciones en torno a la

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INTRODUCCIÓN

enfocándose en el “punto bajo” entre las olas de protesta que van de mediados de 1972 hasta 1976. En esta parte abordo la intrigante pregunta sobre por qué disminuyó la intensidad de las

bajo condiciones de mayor riesgo que las existentes durante la década de los sesenta. Las elecciones de 1972 juegan un papel crucial en la transformación del ambiente político de la movilización impulsada por la liberalización a la movilización impulsada por la intimidación con el regreso de una violencia estatal en aumento. De manera adicional, el capítulo cuatro aporta una discusión detallada de la ola de protestas de la etapa comprendida entre 1977 y 1981 —el período más intenso y más largo de disputas políticas en la historia de la nación hasta la presente fecha—. Algunos observadores reportan que la escala

última parte de los años setenta (González, 1991; Harnecker, 1993). Aquí discuto la forma multisectorial de estruc turación organizativa que montaron las organizaciones civiles sobrevi-vientes por ser un factor clave que explica el porqué de una movilización tan extensa de cara a la violencia epidémica patro-cinada por el Estado. El capítulo cinco cubre el resurgimiento de la movilización popular no violenta, dándole seguimiento al período de la represión estatal muy intensa que va de 1980 a 1983, y luego se centra en el período de la posguerra en El Salvador, la ola de descontento popular en contra de la priva-tización parcial del sistema de salud pública entre 1999 y 2003 —un ejemplo de un nuevo modo de movilización que arrasa a través de los países en vías de desarrollo y a la que he llamado “movilización por globalización”—. El capítulo seis concluye el estudio abordando las grandes implicaciones de las olas de protesta en el desarrollo político del país y la contribución del

misma. Esta lista de intelectuales incluye nombres como Jeffrey Paige, Erik Ching, Aldo Lauria-Santiago, Rafael Lara Martínez, Jeffrey Gould, Patricia Alvarenga, Virginia Tilley y Héctor Pérez Brignoli, entre otros más.

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presente análisis al debate contemporáneo referido a los tipos de ambientes políticos en el Sur global que condicionan la acción masiva. Finalmente, incluimos un epílogo hasta el período de 2010.

Se recolectó una amplia variedad de fuentes de datos para el estudio, incluyendo 37 años de información sobre eventos diarios de protestas (1916-1932,1962-1981), 57 años de datos sobre huelgas (1949-2005), y cinco años de datos sobre acciones colectivas contra la privatización de la salud (1999-2003). Esto se recopiló a través de fuentes de la prensa escrita salvadoreña, por medio de instituciones que trabajan el tema de los derechos humanos, a través de diversos movimientos, y de archivos ecle-siásticos; asimismo, esta información se recopiló por medio de entrevistas con participantes sobrevivientes del ámbito de la política del período que aquí se estudia. El apéndice contiene una descripción de algunos de estos datos y de los métodos de recolección de la información. El tema central de este trabajo hace énfasis de forma constante en el hecho de que durante los gobiernos de regímenes autoritarios los períodos de liberaliza-ción política (hasta aquellos implementados por los Gobiernos controlados por militares) animan a grupos atrevidos de la sociedad a formar organizaciones para defender sus intereses y

política, se arriesgan a formas más disruptivas y violentas de acción política por parte de los actuales grupos que si bien se encuentran privados de sus derechos ciudadanos aún así están organizados. Aunque las luchas políticas violentas siguen siendo una característica importante de la política en el Sur global, más movimientos y aquellos que se sienten con la capacidad de retar al sistema emplean estrategias masivas no violentas, especial-mente en los Estados recién democratizados. A principios del siglo XXI, los temas relacionados con la globalización neoli-beral fueron acumulando una porción substancial del descon-tento expresado por las nuevas formas de movilización popular.

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LIBERALIZACIÓN, INTIMIDACIÓN Y GLOBALIZACIÓN

I. Liberalización, intimidación y globalización

No hay que felicitarse en exceso. La gran mayoríade los estudios sobre los movimientos sociales de los que

exclusivamente, a democracias avanzadas y a movimientos

una comunidad “internacional” de especialistas en movimientossociales, cuando agrupa exclusivamente a estudiosos

norteamericanos y de Europa occidental. Si ha mejoradotanto nuestra comprensión de las dinámicas de acción

colectiva por medio de la comparación de casos y situacionesque se han dado en un medio político relativamente

homogéneo, se puede imaginar sin esfuerzo lo mucho queaprenderíamos si pudiéramos ampliar la perspectiva,

e incluir procesos que han tenido lugaren tiempos y lugares muy diferentes.

Doug McAdam, John McCarthy y Mayer Zald*

Hay un reconocimiento y un consenso cada vez mayor entre los analistas de los movimientos sociales acerca de que carecemos de un entendimiento sistemático del proceso que siguen las protestas populares más allá de las democracias industrializadas y avanzadas o de lo que ahora comúnmente se conoce como el Sur global. Un nuevo interés en explorar dinámicas de acción colectiva fuera de las democracias industrializadas guía a los estudiosos de la acción colectiva hacia una variedad mucho más amplia de ambientes políticos (Boudreau, 1996; Osa, 2001; Wiktorowicz, 2001; Wickham, 2002; Shock, 2005). De hecho, la existencia de movimientos que parten de las masas que se

* Véase Doug McAdam, John D. McCarthy y Mayer N. Zald (compiladores).

(Cambridge: Cambridge University Press, 1996), xii.

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encuentran viviendo en toda una variedad de regímenes hace surgir preguntas importantes en relación con los modelos convencionales sobre la forma en que emergen los movimientos sociales y la movilización.

Un subconjunto particular de regímenes que a veces expe-rimentan movilizaciones populares son los Estados autoritarios o los Estados no democráticos. Tales contextos políticos debe-

investigan los movimientos sociales expliquen cómo surgen las acciones de protesta popular debido a que estas formas de gobernabilidad ponen demasiados obstáculos para que perdure la acción colectiva. De hecho, los regímenes antidemocráticos

una acción colectiva independiente (Johnston, 2005). Los acadé-micos que aceptan el reto de aplicar las teorías sobre los movi-mientos sociales a las no democracias se encuentran con que las aperturas políticas disponibles para los grupos sociales que han sido excluidos están asociadas con los cambios en los niveles de protesta y sus resultados (Cook, 1996; Hipsher, 1998; Bunce, 1999). Estos estudios innovadores muchas veces hacen énfasis en los contextos autoritarios en los que un gobierno experimenta un período de liberalización política (Osa, 2001). El seleccionar casos que pueden permitir variaciones en el contexto no demo-crático podría producir diferentes fuentes y patrones de protesta. Por ejemplo, ¿qué condiciones están vinculadas con el punto de inicio de las olas sostenidas de descontento popular en escenarios autoritarios y represivos donde los signos de la liberalización política son escasos? Una pregunta igualmente complicada es el reciente surgimiento en países subdesarrollados de movimientos sociales masivos en contra de los impactos sociales negativos de la globalización económica, donde las elites gubernamen-tales y sus políticas económicas sistemáticamente desmantelan los frágiles Estados de bienestar. Este libro aborda los temas fundamentales sobre las dinámicas de los movimientos sociales

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en el Sur global al analizar los varios ambientes políticos de El Salvador que moldearon las olas de protesta popular entre 1925 y 2010. Estos contextos políticos variados, que son confrontados por grupos contestatarios, sirven como modelos para muchos de los diferentes tipos de escenarios y de barreras a los que se enfrentan los grupos subalternos y los movimientos sociales a lo largo de todos los países en vías de desarrollo, tanto en el siglo XX como en el XXI.

1. Olas de protesta

El presente estudio se concentra en el análisis de las olas de

muestran un amplio espectro de actividades de movilización popular a través de colectividades múltiples que con frecuencia abarcan una porción muy amplia del territorio nacional (Tarrow, 1989: 48-49; Booth, 1991; Brockett, 1993)1. En la reseña elabo-rada por Koopmans (2004: 22), en la que subraya los principales

“las olas de protesta se caracterizan por una fuerte expansión de las protestas a través de grupos y sectores sociales” y que

me enfoque en esta parte en el surgimiento de varios actores colectivos que se agrupan en la misma unidad de tiempo y espacio. En otras palabras, ¿qué ambientes políticos particulares conducen a la expansión de las protestas de corte popular en las que se involucra una gran cantidad de personas y grupos en los países del Tercer Mundo? Mucha de la acción colectiva a gran escala en el Sur global está marcada por la participación de múltiples sectores sociales. La diversidad de los grupos que participan en una ola de protesta, sin embargo, estará restringida por la forma y el nivel del desarrollo económico particular de

1. Los términos “ola de protesta” y “ciclo de protesta” se utilizan para

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y con distinciones entre dos importantes formas de estímulos para la acción colectiva de las masas: (1) la oportunidad polí-tica y (2) la amenaza; a esto le sigue una descripción teórica de tres ambientes políticos que moldean las olas de beligerancia popular en el mundo subdesarrollado.

2. Mecanismos que producen las protestas en el Sur global: estableciendo la diferencia entre la amenaza y la oportunidad política

Los modelos de movilización planteados por Tilly (1978: 133-138) y por Goldstone y Tilly (2001) sostienen que son dos las condiciones generales que impulsan la acción colectiva expansiva: (1) la oportunidad política y (2) la amenaza. En años recientes, en la literatura sobre los movimientos sociales, los analistas han reconocido que las variables de la oportunidad política han recibido mucha más atención que las variables de la amenaza (véase McAdam, 1999: x-xi; Tarrow, 2001: 12; McAdam, Tarrow y Tilly, 2001: 42-43; Meyer, 2002; Tarrow, 2002: 241). Por otra parte, en las teorías estándar sobre los movimientos sociales, la amenaza (como, por ejemplo, la repre-sión estatal) se combina con frecuencia dentro del concepto de oportunidad política como el lado negativo de la oportunidad asociado con bajas en la cantidad de protestas (Goldstone y Tilly, 2001: 181). Sin embargo, al expandir el campo de la investiga-ción sobre los movimientos sociales fuera de las democracias capitalistas avanzadas, los estudiosos de la acción colectiva se dan cuenta de que los movimientos populares no son motivados solamente por las instituciones políticas receptivas y por los Gobiernos que actúen relativamente como facilitadores de los procesos de participación colectiva.

Para analizar los roles de la oportunidad política y las dimensiones de la amenaza, que contribuyen a niveles cada vez más altos de protesta, los académicos que analizan el tema de

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los movimientos sociales necesitan separarlos conceptualmente y desarrollar indicadores de amenaza, así como lo han hecho ya anteriormente con el abordaje del concepto de oportunidad

que tienen aquellos que protestan de llevar a la práctica sus

en la actualidad le sean arrebatados a un grupo de personas o que se impongan nuevas formas de problematizar negativamente los intereses de los grupos afectados y en disputa si estos no actúan de manera colectiva (Tilly, 1978: 133; Goldstone y Tilly, 2001). Al percibir la oportunidad y la amenaza como tipos ideales, puede que los grupos sean motivados por los estímulos ambientales y los incentivos institucionales para llevar a cabo

las oportunidades políticas) o ser presionados para actuar por miedo a perder sus bienes actuales, sus derechos y su sentido de la seguridad (es decir, amenaza).

Dos dimensiones de la oportunidad política que son impor-tantes para las dinámicas de acción colectiva en el mundo en vías de desarrollo incluyen (1) el acceso institucional y (2) las elecciones competitivas. Estas oportunidades políticas centrales no solo estimulan la movilización de una multiplicidad de

semiautoritarios y liberalizadores, sino que también alientan la formación de organizaciones cívicas que mantienen la capa-cidad de sostener la existencia de olas de protesta. De forma adicional, yo empleo tres dimensiones de la amenaza: (1) los problemas económicos que se le atribuyen al Estado, (2) el menoscabo de los derechos y (3) la represión estatal. Todos los cinco elementos de oportunidad y de amenaza se pueden

ambientes políticos incrementando o impidiendo la posibilidad

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de una acción colectiva masiva. Así también, la constelación particular de la oportunidad y de la amenaza moldea la forma de la protesta masiva (es decir, acciones colectivas violentas frente a no violentas). En la siguiente sección se describen

-ciones particulares tanto de la oportunidad política como de la amenaza con el surgimiento de las olas de protesta en el Sur global. Estos tres ambientes políticos son: (1) movilización indu-cida por el régimen de liberalización (2) movilización inducida por el régimen de intimidación y (3) protesta inducida por la globalización.

3. Liberalización del régimen: movilización inducida por la oportunidad

La expansión de la oportunidad política es análoga a la forma en que los politólogos caracterizan la liberalización del régimen en las formas autoritarias de gobierno (por ejemplo, la dismi-nución de la represión gubernamental, la competencia política, la legalización de las asociaciones no gubernamentales) (Linz y Stepan, 1996; Whitehead, 2002). El modelo de oportunidad política de los movimientos sociales es más que nada una teoría de protesta estimulada por un entorno institucional y un contexto político relativamente más receptivos (Meyer, 2004). Es decir, el ambiente político se abre de forma tal que contri-buye a que múltiples grupos sociales establezcan demandas y presión. En la conceptualización inicial de Tilly (1978) sobre la oportunidad, los grupos tienen más probabilidades de hacer efectivos sus intereses o de tener nuevas ventajas a su favor si deciden actuar de forma colectiva. El Estado y los administra-dores del Estado son probablemente los actores más importantes en el proceso de organizar este ambiente político cambiante (Jenkins, 1995; Goodwin, 1997; Foweraker y Landman, 1997). El Estado moderno intenta controlar y regular a todas las otras organizaciones sociales y políticas que se encuentran dentro del

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perímetro de sus fronteras (Tilly, 1990), reteniendo ampliamente la capacidad de apoyar o de acabar con los tipos de asociaciones a través de las cuales los movimientos sociales originalmente se materializan.

Mientras las oportunidades políticas incrementan la probabi-lidad de que emerjan los movimientos en entornos democráticos, en los contextos no democráticos o en los cuasi democráticos, primero estimulan la formación de organizaciones autónomas de la sociedad civil, como parte del proceso de liberalización.

se requiere de un cierto nivel de tales recursos organizacio-nales y de atribuciones colectivas que analicen e interpreten el ambiente político. Sin recursos organizacionales (tanto formales como informales), es probable que la acción colectiva no sobre-viva por mucho tiempo. Los recursos organizacionales incluyen a las instituciones de apoyo, a las redes asociativas, a las orga-nizaciones cívicas y a las formas de capacitación organizacional (McCarthy, 1996). Las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y las redes de interrelación entre estas constituyen combinadas una infraestructura organizacional (Andrews, 2004) para que múltiples grupos puedan intercambiar recursos e información y lanzar campañas de acción colectiva que se desencadenan en una ola de protesta.

Aunque varias organizaciones cívicas y sus bloques de estructuración constituidos por redes de asociaciones e institu-ciones receptivas funcionan como importantes variables para explicar las dinámicas de la protesta en escenarios democrá-ticos, su mera existencia debe ser entendida como el factor primario en contextos autoritarios y semiautoritarios donde el Estado restringe las libertades civiles básicas y los derechos de libre asociación. Las dos dimensiones de la oportunidad política asociadas con la liberalización del régimen y con el hecho de terminar con estas obstrucciones y fomentar la formación de organizaciones de protesta incluyen: (1) el acceso

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institucional y (2) las elecciones competitivas (Tarrow, 1989 y 1994; Jenkins, 1995; Markoff, 1996; Linz y Stepan, 1996). Estas dos dimensiones de liberalización de régimen se analizan más adelante en relación con el surgimiento de una infraestructura organizacional.

3.1. El acceso institucional y la activación del sector social

Nuevas leyes, nuevas agencias estatales, compromisos sobre recursos y gestos simbólicos emitidos por los Estados liberali-zadores hacia la sociedad civil funcionan como fuerzas positivas para grupos que se encuentran despojados de poder. Cuando el Estado emite leyes nuevas que son favorables y las coloca en los

sistema de incentivos políticos cada vez más estable, predecible y consistente para que los grupos contestatarios puedan vincu-larse con instituciones receptivas y con redes de asociación para formar y expandir las organizaciones civiles. Además, el regis-

(por ejemplo, sindicatos, asociaciones profesionales y cívicas,

a fomentar el desarrollo) en contextos autoritarios liberaliza-dores proporciona una modalidad organizacional legitimada y autorizada por el Estado a través de la cual se puede apoyar los reclamos presentados de forma colectiva.

La composición particular de actores sociales que se encuen-tran disponibles para ejercer la movilización política a través del acceso institucional depende del nivel de desarrollo económico de una nación y de la articulación con la economía capitalista mundial. Durante la primera mitad del siglo XX, la mayoría de los países de la parte del mundo que vive en el subdesarrollo produjo solo unas cuantas mercancías minerales y agrícolas de exportación, lo cual representó el factor de la mayoría de sus ganancias en términos de divisas (Paige, 1975). La infraes-tructura del transporte y de las telecomunicaciones concentrada

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en los enclaves de exportación y en las ciudades más grandes

En este momento, las principales divisiones de clase social se centraban en las clases trabajadoras rurales (a veces aliadas con los grupos urbanos) que confrontaban a las elites vinculadas a la agroexportación (es decir, a los terratenientes y a los proce-sadores), o se centraban en los mineros que permanecían en

ahí que el surgimiento de las huelgas y de los levantamientos populares más relevantes en América Latina en las décadas posteriores a la Revolución mexicana implicara la presencia de los trabajadores de las plantaciones de Colombia, Costa Rica y Honduras, de los trabajadores de las zonas cafetaleras en El Salvador, de los cortadores de caña de azúcar y los empleados del proceso de su producción en Cuba y de los mineros de lata, de cobre y de plata en Bolivia, Chile y Perú (Melgar Bao, 1998).

En la era del desarrollo inducido por el Gobierno, desde los años cuarenta hasta los setenta, la industrialización, la urbani-zación y la inversión gubernamental crearon una variedad más grande de ocupaciones y de sectores sociales con capacidad de movilizarse políticamente en cantidades substanciales (por ejemplo, estudiantes, maestros, trabajadores urbanos, ocupantes ilegales de terrenos urbanos, empleados públicos, etc.) por medio del acceso institucional (Walton, 1998)2. Finalmente, en el período actual de globalización y de democratización neoliberal, hay una variedad todavía más grande de grupos que pueden reunirse con miras a la acción colectiva con el incremento de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo y una

2. Hasta las organizaciones corporativistas y clientelistas que han sido establecidas por el Estado pueden convertirse en organizaciones de la

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colectivas (por ejemplo, de género, sexualidad, ecología, origen étnico, religión, etc.) que fomentan la formación de grupos.

Más allá de las estructuras de división nacional que deter-minan el conjunto probable de grupos que se activarán con base en el nivel y el carácter del desarrollo económico, el acceso institucional tiende a ser selectivo considerando solo a grupos

instituciones estatales pone en marcha a ciertos sectores sociales para la creación de organizaciones y la posterior acción colec-tiva. Por ejemplo, la reforma agraria iniciada por el Estado y los programas de las cooperativas rurales activan al campesinado y a sus aliados (así como a sus oponentes), como fue el caso de Guatemala a inicios de los años cincuenta, de Ecuador y Honduras en los sesenta, de Brasil en los ochenta y de Bolivia en los noventa (Yashar, 2005). Los nuevos códigos de trabajo estimulan a los trabajadores urbanos, los programas de expan-sión universitaria y las declaraciones de autonomía dan pie a las actividades de organización estudiantil, mientras que los decretos gubernamentales que reconocen los nuevos derechos y la autonomía de los pueblos originarios e indígenas refuerzan las identidades de grupo y motivan una acción colectiva basada en el origen étnico (García Linera, 2008). Una vez activados, puede que estos sectores sociales se organicen en nombre de más sectores que también se encuentran excluidos. Un sistema

este acceso institucional en expansión.

3.2. Elecciones competitivas

Una de las formas más importantes en las que varían los regí-menes autoritarios reside en la relativa apertura del proceso electoral (Cook, 1996; Markoff, 1996; Linz y Stepan, 1996)3.

3. Linz y Stepan (1996), por ejemplo, perciben la competitividad del proceso electoral como un rasgo clave que establece la distinción entre

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Los esfuerzos de liberalización que permiten elecciones cada vez más competitivas le brindan a los grupos anteriormente excluidos una arena en la cual puedan comenzar a organizar sus acciones (Tilly, Tilly y Tilly, 1975). Estas condiciones nacionales generalizadas de permitir elecciones relativamente abiertas contribuyen a que una variedad de grupos contestatarios formen organizaciones y asociaciones. Al convocar a elecciones en las que participan múltiples partidos, la legitimidad del partido polí-tico en el poder se vincula al proceso electoral y al resultado. Como consecuencia de ello, una severa represión de las organi-zaciones cívicas emergentes puede cuestionar la legitimidad del Estado y la futura competitividad electoral. El nuevo incentivo estatal diseñado para evitar las acciones represivas le ofrece a los grupos de la sociedad civil la oportunidad de tener acceso a instituciones receptivas para crear y expandir organizaciones en

Los grupos que han sido excluidos con anterioridad calculan que tienen más probabilidades de organizarse exitosamente y de ejercer presión política sin llegar a ser amenazados en su inte-gridad física o eliminados. Tilly (1978: 167) describe al “efecto paraguas” protector que las elecciones competitivas brindan para que los grupos contestatarios débiles formen asociaciones.

El crecimiento de las elecciones promueve la cristalización y la expansión de la manifestación pública como una forma de acción colectiva. ¿Por qué? A causa de un efecto paraguas: el paraguas legal que surgió para proteger el proceso electoral, y para soste-nerlo junto al centro lejos de la lluvia, tiene un borde irregular. Hay cabida para otros que pueden ubicarse alrededor de sus márgenes. El otorgar un estatus de legalidad para una asociación electoral o para una asamblea electoral brinda a las asociaciones y a las asambleas que no pertenecen del todo al ámbito electoral la oportunidad de reclamar su legalidad, y también a aquellas

los regímenes autoritarios en los que se da la “liberalización” y aquellos procesos más sustanciales de “democratización”.

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que no son solo electorales o no electorales en este momento. El otorgar un estatus de legalidad baja los costos de movilización y de acción colectiva del grupo.

Una vez que los partidos de oposición se aseguran algún nivel de representación en una forma de gobierno de corte liberal, estos se interesan en formar alianzas con organizaciones civiles a nivel externo para incrementar su propio poder electoral. Los partidos políticos de la oposición puede que animen y vean a las organizaciones civiles emergentes como un componente vital para su propio distrito electoral. Con aliados en el sistema de gobierno, los grupos civiles incrementan las posibilidades de que su inversión en el proceso de organizarse dé como resultado nuevas ventajas y una supervivencia organizacional. Fomentar los esfuerzos de las organizaciones contestatarias incluye

a organizaciones civiles, asegurar un debate parlamentario o una audiencia para demandas, un arbitraje estatal más neutral para

a los partidarios para que participen en las actividades de los movimientos sociales (Aminzade, 1995).

En resumen, el acceso institucional y las elecciones compe-titivas funcionan como dos facetas clave de la liberalización del régimen que alientan el crecimiento organizacional de la sociedad civil. A medida que la liberalización se ensancha, un espacio de nuevas organizaciones civiles tendrá posibilidades de surgir. Por lo tanto, la liberalización del régimen le da vida a todo un conjunto de asociaciones de la sociedad civil. Esta podría ser una diferencia crítica entre los regímenes autoritarios y las democracias establecidas, en el sentido que en los Estados menos democráticos los agentes de la sociedad civil primero deben construir una infraestructura organizacional antes de lanzar campañas relativas a los movimientos sociales que luego se expanden y se convierten en olas de protesta. En Estados democráticos más estables y perdurables, los activistas pueden

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inmediatamente surgir de organizaciones de movimientos sociales y civiles ya existentes y esto puede llevar a una movi-lización mucho más rápida4. Mientras que la liberalización del régimen será más pronunciada cuando un acceso institucional amplio y las elecciones competitivas sean dos procesos que ocurran simultáneamente y que se refuercen mutuamente, el acceso institucional en sí mismo o los cambios moderados en la apertura de un sistema electoral, tales como las elecciones

comiencen a organizar sus actividades en la sociedad civil.

intenso de las organizaciones cívicas cuando tanto el acceso institucional como las elecciones competitivas se desplieguen al mismo tiempo; sin embargo, incluso los niveles moderados de estas dos dimensiones de liberalización le señalarán a los grupos excluidos en las sociedades opresoras que existe una debilidad política y que ellos deben intentar organizarse políticamente.

La formación de un espacio de organizaciones cívicas repre-senta un gran avance en los regímenes históricamente opresores

de los grupos que están marginados socialmente respecto a las elites políticas y económicas. Oxhorn (2003: 40), por ejemplo, ve el crecimiento de las organizaciones civiles en Latinoamérica

parcial del poder previamente concentrado en las manos de las clases hegemónicas.

La habilidad de los distintos grupos para organizarse contribuye a la dispersión a su favor del poder político. La existencia de múltiples organizaciones autoconstituidas basadas en categorías

-turas sociales tradicionales segmentadas ya existentes, como es el caso de la formación de grupos basada en lazos étnicos y comunitarios (Oberschall, 1973).

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de clase social, género, religión, origen étnico, cultura, lenguaje, comunidad, identidad colectiva compartida, y cuestiones por el

colectivos en interacción con otros actores, incluyendo al Estado, para mejorar su posición al interior de una sociedad dada. Esta dispersión de poder político ayuda a mitigar la tendencia de las sociedades capitalistas de subordinar los intereses de los actores y las clases sociales menos poderosas ante los intereses de los actores y de las clases sociales dominantes.

Las asociaciones civiles no son algo dado; estas necesitan tener ingenio y creatividad, además de hacer una interpretación adecuada del clima político predominante, de manera que los grupos subordinados puedan establecer sus organizaciones. Potencialmente, la construcción de una infraestructura organiza-

política, en relación con el Estado y a las elites económicas que cuando las asociaciones civiles están relativamente ausentes.

que brindan las organizaciones de la sociedad civil al sostener

establecidas.

Tanto el acceso institucional como la convocatoria a las frecuentes elecciones competitivas son oportunidades funda-mentales que caracterizan la llegada de la liberalización del régimen. El mismo Estado inicia ambos procesos y motiva a los sectores de la sociedad civil que han sido afectados de forma más positiva por las reformas para construir y expandir orga-nizaciones civiles autónomas. Gould (1995) apunta que una de las funciones más importantes de las organizaciones formales (por ejemplo, asociaciones, clubes sociales, sindicatos, coopera-tivas, sociedades de ayuda mutua, etc.) en relación con la acción colectiva es elevar considerablemente el nivel de la formación de la identidad colectiva potencial —mucho más allá de lo que podría ser posible para los grupos que se encuentran limitados por ataduras organizacionales informales (como, por ejemplo,

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un vecindario en particular, una aldea aislada, un solo lugar de trabajo, etc.)—. Este nivel de expansión es posible por un grado mayor de conciencia mutua y de reconocimiento compartido que brindan las organizaciones al conectar, unos con otros, a grupos previamente distanciados que experimentan circunstancias similares. La habilidad de los líderes de la sociedad civil para movilizarse con éxito entre un gran número de grupos está rela-cionada sobre todo con el grado de conectividad organizacional existente entre los sectores hacia los que se dirige el llamado.

Con el tiempo, las membresías de estas unidades de asocia-ción recién puestas en marcha probablemente desarrollarán rela-

como entre las organizaciones mismas. Una expansión organi-zacional tan impresionante le proporciona a la sociedad civil

(Schock, 2005). Los períodos durante los que se estructura la organización y la liberalización también le proporcionan a más individuos y a más grupos destrezas organizativas y experiencia al interior de una población que sufre. El capital organizacional y las organizaciones que están interrelacionadas proporcionan la infraestructura necesaria para sostener una ola de protestas

-chos. Bajo estas condiciones, las organizaciones civiles quieren reformar al Estado, obtener nuevas políticas y ampliar los bene-

con esta tendencia liberalizadora en las prácticas estatales, y en el entorno político en general, pueden producirse más formas civiles y no violentas de protesta, ya que los canales institucio-

legitimados (Goldstone, 1998). Por lo tanto, la identidad colec-tiva de los grupos contestatarios organizados que se encuentran bajo los regímenes de liberalización estará muy marcada por la creencia popular de que reformar el Estado a través de cambios

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que desemboca en una ola no violenta de protestas. Yo delimito el proceso global de liberalización de régimen, formación orga-nizacional y protestas reformistas dentro de una “movilización inducida por la liberalización5.

4. La infraestructura organizacional como “remanente” de la liberalización

Un prolongado período de liberalización en los contextos auto-ritarios también permite la supervivencia de una infraestructura organizacional después de que disminuyen los factores insti-tucionales que moldean su surgimiento. En otras palabras, los períodos de liberalización política dejan estructuras organizacio-nales duraderas, estructuras “remanentes”, las cuales continúan presentes en el ambiente político después de que las condiciones favorables que contribuyeron a crearlas se desvanecen (Taylor, 1989; Meyer y Whittier, 1994; Minkoff, 1997b). Por lo tanto, las aperturas de régimen ubican a las estructuras organizacionales en el entorno político y luego se desvanecen. Estas relaciones sociales organizadas y duraderas que existen entre los activistas de la sociedad civil aportan los planes organizacionales básicos desde los cuales emergen nuevas olas de protesta masiva bajo

amenazantes.

De hecho, el mantenimiento y la supervivencia de las orga-nizaciones civiles, de las instituciones sociales y de los indivi-duos con habilidades organizacionales y con experiencia puede que sean el resultado más importante de la liberalización del

5. De ninguna forma intento minimizar la intensidad de los riesgos a los que se expusieron los movimientos sociales durante los períodos de aper-tura institucional. Tal y como lo solía destacar Max Weber (1968a: 54), el Estado moderno monopoliza los medios legítimos de coacción y de violencia. Hasta bajo las condiciones políticas más favorables, los acti-vistas políticos enfrentan obstáculos enormes cuando se esfuerzan por alcanzar las metas de sus movimientos en la búsqueda del cambio social.

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régimen en los contextos autoritarios. Organizaciones tan perdu-rables aportan una infraestructura de recursos intercambiables (por ejemplo, organizaciones, destrezas intragrupales dinámicas, patrones y rutinas organizacionales, líderes, relaciones sociales) desde los cuales las olas de protesta se pueden materializar en ambientes políticos muy distintos. En resumen, los períodos de liberalización de régimen dejan a su paso un cúmulo intercam-biable de herramientas organizacionales y de capital organiza-cional que pueden utilizar los grupos contestatarios en encuen-tros posteriores de movilización bajo condiciones distintas. Dicho contexto político es el de una movilización inducida por la amenaza a través del cual un conjunto de condiciones polí-ticas negativas y represivas empuja a los grupos hacia formas más radicales de reclamos colectivos.

5. La transición ambiental de la liberalización hacia las amenazas represivas

Mucho se ha escrito sobre el proceso lineal que va del dominio autoritario hacia la liberalización política y que termina en tran-siciones democráticas relativamente estables (Huntington, 1991)

democratización global—. Sabemos mucho menos acerca de lo opuesto a la liberalización del régimen, especialmente lo que tiene que ver con la probabilidad de la movilización popular. Un ambiente político que se desplaza de la liberalización hacia la desliberalización es muy probable que inicialmente tome desprevenida a toda la esfera de organizaciones civiles. Después de años de invertir tiempo y recursos en la fundación de orga-nizaciones, en el reclutamiento de miembros, y en las estrate-gias acordes con un Estado autoritario de corte liberalizador, los grupos contestatarios que tienden a buscar reformas y que encaran un revés en las prácticas de liberalización del sistema se dan cuenta de que las formas antiguas de organizarse y de

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costos irrecuperables que afectan a los grupos contestatarios probablemente causarán una inmovilidad organizacional y un efecto de letargo al intentar responder y adaptarse a un esce-nario político más represivo.

Sin embargo, si el ambiente político se dirige hacia la transi-ción y a través de un camino consistente en el tiempo (como, por ejemplo, una trayectoria políticamente más represiva), los grupos contestatarios reciben señales del Estado que les indican una vez más que deben cambiar sus modelos de organización y sus estrategias. Por ejemplo, el participar en marchas disciplinadas

las fuerzas de seguridad los dispersan con municiones letales, motiva a los grupos civiles bien organizados y activistas a radicalizar sus estructuras organizacionales y sus estrategias. Tener acceso a (y conocimiento de) una infraestructura organi-zacional preexistente les permite a los colectivos que desafían el orden establecido adoptar nuevas prácticas y nuevas formas de organizarse (por ejemplo, un incremento de las organizaciones radicales y de protestas tumultuosas) en respuesta a un ambiente amenazante donde el Estado revierte las reformas políticas que había concedido recientemente.

Con una infraestructura organizacional ya en su lugar, los grupos contestatarios emplean con mayor facilidad el recluta-miento por bloques, mientras que “la presencia de numerosas organizaciones asegura una red de comunicaciones preesta-blecida, recursos ya parcialmente movilizados, la presencia de individuos que poseen cualidades de liderazgo, y una tradición de participación entre miembros de la colectividad” (Oberschall, 1973: 125). Por tanto, la continuidad histórica emerge como un factor crítico en el cual las unidades organizacionales y parte de sus miembros constitutivos del período de liberalización sobre-viven al interior del ambiente político en transición. Sin la cons-trucción previa de una infraestructura organizacional o sin “los remanentes de la liberalización”, la acción colectiva inducida

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por la amenaza tenderá a ser débil o a no existir del todo. En las formas autoritarias de gobierno abundan los ejemplos de estas infraestructuras organizacionales que sobreviven y que actúan como la vanguardia organizacional que resiste a los Estados más represivos.

Este parece ser el patrón que se detectó en Chile entre 1965 y 1986. Desde inicios de los años sesenta hasta inicios de los setenta (en el período preautoritario), los sucesivos Gobiernos democráticos de Eduardo Frei y de Salvador Allende así como los partidos políticos de la oposición fomentaron la creación de asentamientos de zonas marginales urbanas y de organizaciones. Fueron precisamente las perdurables organizaciones de zonas marginales que lideraron la ola de protesta en contra de la dicta-dura del general Augusto Pinochet entre 1983 y 1986 (Schneider, 1995). El Frente Islámico de Salvación (FIS), que dominó las disputas argelinas extremas a lo largo de los años noventa e inicios del nuevo siglo, surgió de un partido electoral de masas al que el Estado en 1992 le había negado la mayoría parlamentaria (Martínez, 2000). El primer sector en manifestar una amplia actividad de oposición en contra del Gobierno militar brasileño a

(UNE) formada años antes del golpe militar (Moreira Alves, 1985). En Guatemala, los líderes laborales que resistieron los posteriores Gobiernos militares en los años sesenta y los setenta recibieron su primera capacitación organizacional durante la apertura democrática que ocurrió a inicios de la década de los cincuenta por parte del programa de la Juventud Obrera Católica (JOC) de la Iglesia católica (Levenson-Estrada, 1994). El movimiento de la guerrilla en Guatemala que confrontó a los Gobiernos militares en los años sesenta y los setenta nació tanto al interior del movimiento laboral organizado (a través del Partido Comunista, PGT, el cual tuvo un estatus legal por poco tiempo, pero luego fue declarado como un partido ilegal)

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inicios de los años cincuenta (Levenson-Estrada, 1994: 18-19). En otras palabras, los períodos anteriores de liberalización parecen generar bloques de estructuración organizacional para los grupos contestatarios que operan en los contextos más auto-ritarios6. En la siguiente sección, se hace un esbozo de cuáles

organizacionales sobrevivientes a preparar campañas de acción colectiva en escenarios más represivos.

6. Reveses de la liberalización: movilización por intimidación

El concepto multidimensional de la amenaza (Tilly, 1978; Goldstone y Tilly, 2001) contribuye con nuestra comprensión de

en regímenes que restringen el proceso de liberalización. Los estudios académicos dividen la amenaza en indicadores más precisos. Las tres amenazas principales que generan la acción colectiva y que con frecuencia pueden relacionarse con los Estados ubicados en la periferia global incluyen: (1) los problemas económicos que se le atribuyen al Estado, (2) el menoscabo de los derechos y (3) la represión estatal. La primera es una amenaza económica y las últimas dos son amenazas represivas. Por lo general, las tres formas de amenaza incrementan los costos de la acción colectiva e impiden la protesta (Tilly, 1978: 100). Sin embargo, si los destinatarios de estas amenazas son

6. La ola de democratización que se expandió lo largo de Latinoamérica durante los años ochenta y los noventa también parece haber cimentado una nueva generación de organizaciones civiles y de organizaciones no gubernamentales. En lugar de movilizarse en contra de la represión estatal, los recién organizados grupos de la sociedad civil parecen estar reaccionando de forma defensiva con campañas de acción colectiva en contra de la agudización de las reformas económicas neoliberales o de las amenazas económicas que se le atribuyen al Estado (véase el capítulo cinco).

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grupos bien organizados con una infraestructura organizacional compleja, se espera que existan niveles más amplios de acción colectiva y de resistencia. Las organizaciones contestatarias

mutua, y brindan un vehículo colectivo para resistir los cambios no deseados a través de la beligerancia popular. En resumen, las infraestructuras organizacionales sobrevivientes que logran sobrepasar el período de liberalización de régimen durante el que fueron creadas desempeñan un papel clave para determinar

6.1. Los problemas económicos que se le atribuyen al Estado

Como lo sugiere la perspectiva de movilización de recursos, los problemas económicos y la injusticia no son con frecuencia

gradual de las protestas, ya que son omnipresentes; mientras que las protestas masivas no lo son (McCarthy y Zald, 1977; Jenkins, 1983). No obstante, cuando los grupos organizados

el deterioro de su situación económica, pueden iniciar campañas para resistirse a los cambios no deseados (Klandermans, 1997; Javeline, 2003). La expansión del Estado-nación como regu-lador de la vida económica y de los recursos vitales lo vuelve un blanco común para la reparación de las condiciones econó-micas que experimentan un proceso de deterioro. Los problemas

la periferia global incluyen el acceso a las tierras (Paige, 1985; Wickham-Crowley, 1992; Wood, 2003), el incremento básico de los precios (Goldstone, 2001; Osa, 2003), el desempleo masivo (Auyero, 2002)7 y, cada vez más en el período contemporáneo de

7. Existe una cierta cantidad de problemas económicos potenciales que podrían atribuírsele al Estado y que podrían desatar la acción colectiva

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la globalización neoliberal, se le atribuyen además temas tales como las políticas de austeridad económica y la privatización del sector público (Walton y Seddon, 1994).

Cuando las políticas de agroexportación patrocinadas por el Estado expulsan a los campesinos de las parcelas donde realizan los cultivos de subsistencia y son incapaces de instaurar una reforma agraria sustantiva, o cuando aumentan los precios básicos de forma repentina, se incrementan entonces los incen-tivos para que los grupos organizados y los que se encuentran interconectados en redes con otros grupos opongan resistencia8. Tales problemas económicos atribuidos al Estado experimen-tados directamente a través de la vida cotidiana de los colec-tivos subalternos que poseen recursos sociales pueden ser un estímulo amenazador que les incita a unirse a la acción colectiva de resistencia9. De hecho, en la mayor parte del mundo en vías de desarrollo, entre un 25% y un 80% de la población vive por

defensiva de los grupos contestatarios tanto en contextos de liberaliza-ción como en contextos de represión (por ejemplo, la reducción de las prestaciones laborales relativas al bienestar social, el atraso en el pago de los salarios, los nuevos impuestos, el desempleo masivo, etc.). La médula del concepto se centra en atribuirle al Estado de forma convin-cente las amenazas en contra del bienestar material que empeorarán las condiciones de vida de la gente común y corriente si no reciben la debida atención y la ayuda de las autoridades jurisdiccionales competentes.

8. Paige (1985) sugiere que los campesinos que quedaron recién despla-zados, quienes por cierto estaban en la región algodonera nicaragüense y que estaban agobiados por los problemas económicos, jugaron un papel fundamental al participar en los levantamientos urbanos en contra de Somoza que se llevaron a cabo entre 1978 y 1979.

9. Tilly, Tilly y Tilly (1975) y Tilly (1978: 135) proporcionaron original-mente los ejemplos de resistencia rural al pago de los impuestos y a la entrega de las tierras de las que fueron despojados los campesinos como episodios de acción colectiva propiciada por amenazas (es decir, por los problemas económicos que se le atribuyen al Estado). En estudios más recientes, los analistas se han enfocado más en la amenaza de la represión estatal (Goldstone y Tilly, 2001).

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mientras que la vasta mayoría de las personas no gana más

dé lugar en el sector informal10. En los países menos desarro-llados que cuentan con una cifra muy alta de población rural, la posesión de tierras es una fuente importante de subsistencia, es decir, una fuente para ganarse la vida y una fuente de valor. El perder el acceso a este medio de supervivencia puede estimular la acción colectiva que ejercen los grupos organizados. En las ciudades del mundo en vías de desarrollo, la mayoría de los

consumo básico y sus necesidades; esto hace que el incremento de los precios al consumidor sea algo especialmente agobiante.

Aunque los problemas económicos que se le atribuyen al Estado incrementan la probabilidad de las intensas protestas entre los grupos organizados, la forma de protesta estará propensa a volverse más radical y violenta solo cuando se combina con las amenazas represivas relativas a una erosión de los derechos básicos y con una creciente represión estatal11. En otras palabras, las amenazas represivas (mucho más que las amenazas económicas) son en gran medida responsables por

10. Véase los Indicadores de Desarrollo del Banco Mundial relativos al tema de la pobreza global que corresponden a los inicios de la década del año 2000.

11. La razón más probable de que no ocurriera la radicalización del movi-miento de oposición de Chile en la década de los ochenta (en términos de la adopción de tácticas violentas) está relacionada con la forma como el régimen de Pinochet logró llegar al poder a través de un rápido golpe militar en contra de una larga tradición de gobiernos democrá-ticos. Yo sostengo que es más probable que se genere la radicalización a partir de una escalada gradual de represión gubernamental en contra de los movimientos sociales. Además, al Estado se le atribuyen en gran medida los problemas económicos que provocaron la ola de protesta de 1983 (Schneider, 1995: 153-157), la cual tiene menos probabilidades de radicalizar los movimientos que factores como la represión estatal y la erosión de los derechos.

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la radicalización de la acción colectiva porque ponen en riesgo toda la legitimidad de la forma de gobierno y el sistema de reglas y de leyes que controla el comportamiento político. No obstante, las amenazas económicas que se le atribuyen al Estado con frecuencia funcionan como el catalizador inicial de la movilización de los actores organizados en los climas políticos represivos (Kim, 1996). La respuesta brutal del Estado ante las protestas respecto a la economía funciona como un mensajero inequívoco para los grupos contestatarios respecto al hecho de que el Gobierno está desplazándose hacia una trayectoria polí-tica represiva. Por ejemplo, Booth (1985: 274-275) sostiene que en Nicaragua durante los años setenta, inmediatamente antes de la revolución sandinista, una creciente carencia de tierras y de desempleo en el campo se combinó con una disminución de los salarios reales asignados a los trabajadores urbanos y que “estos reveses económicos que afectaron al proletariado y a las clases medias condujeron a una serie de disturbios cada vez más intensos en relación al trabajo, el cual se politizó porque el régimen reprimía constantemente a los activistas sindicales”.

6.2. La erosión de los derechos

Después de un período en el que se amplió el rango de los dere-chos civiles, el instituir estados especiales de emergencia que le niegan a los grupos de la sociedad el derecho a congregarse públicamente y a asociarse libremente deteriora la legitimidad gubernamental. Además, despojar a las personas de su derecho al voto y de su sentido de la ciudadanía bloquea los medios convencionales de participación política12. Las estrategias y las organizaciones políticas no convencionales parecen mucho más atractivas bajo estas circunstancias. Cuando las elecciones

12. Useem (1985) observó un proceso análogo a partir de un motín en una prisión en Nuevo México, el cual estalló después de que la posibilidad de gozar de un período de expansión de derechos se les negó a los reclusos.

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competitivas locales y nacionales se anulan, se cancelan, y/o se

anuncia el cierre del sistema de gobierno y pone en duda su credibilidad institucional. Estos tipos de acciones que violan los derechos le señalan a las organizaciones civiles que el Estado como audiencia y como árbitro de las exigencias a través de las cuales se demandan las reformas se ha restringido fuertemente (o se ha vuelto claramente hostil). Al mismo tiempo, el público en general es privado de sus derechos cívicos y pierde el derecho a elegir y a destituir a los representantes políticos, de consultar con el Gobierno, y de congregarse públicamente.

Con el tiempo, debido a situaciones que menoscaban los derechos de las personas, es probable que los grupos contesta-tarios usen la infraestructura organizacional ya establecida que han heredado para formar organizaciones extraparlamentarias y revolucionarias y que intenten utilizar estrategias más disrup-

13. Los administradores de Estado que son indiferentes y que son perci-bidos como poco responsables en el ámbito público transforman esta radicalización en demandas populares y en protestas, mientras que las solicitudes ante las autoridades a través de los

inútiles14. Tales escenarios crean una crisis que se esparce

13. La erosión de los derechos al interior de las sociedades democráticas también genera episodios de acción defensiva de índole colectiva. El presente análisis se centra en la pérdida de los derechos que fundamen-talmente transforman la naturaleza de la competencia política en una sociedad, como por ejemplo la pérdida de los derechos de la ciudadanía y del derecho al voto.

14. Goodwin (1997: 18) sostiene que “todo movimiento revolucionario rele-vante del presente siglo virtualmente se desarrolló bajo un régimen de exclusión, incluyendo a los bolcheviques, en Rusia; los comunistas, en China y en Vietnam; el Movimiento del 26 de Julio de Castro, en Cuba; la amplia coalición que se opuso al Sha, en Irán, y los movimientos de la guerrilla de Centroamérica”. Otros ejemplos incluyen el movimiento

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rápidamente en el comportamiento político institucionalizado, abriendo la posibilidad de que ocurran desórdenes masivos y que se propicie una situación de violencia política colectiva como estrategias alternas en búsqueda de poder político por parte de los grupos contestatarios.

6.3. Represión estatal

La represión estatal funciona como un factor crítico que desenca-dena episodios más radicales de acción colectiva. Una cantidad

las democracias industrializadas avanzadas ha mostrado que la represión estatal impulsa las actividades de protesta de grupos

y Schock, 2004; Almeida, 2005; Viterna, 2006). La represión estatal puede generar escándalos morales y malestares repen-tinos tanto para el público en general como para los grupos de activistas (Wood, 2003). El comportamiento estatal coactivo también rompe de forma obvia y poderosa con la creencia popular de una relación entre el Estado y la sociedad civil, espe-cialmente cuando los actos represivos se salen de proporción en relación con el tipo de demandas y reclamos que sostienen aquellos que protestan (Goldstone, 1998).

Los activistas pueden utilizar los actos represivos del Estado -

tradores estatales para gobernar, así como también para generar incentivos dentro de las organizaciones y las redes interorgani-zacionales para participar en futuras acciones de protesta. Estos

masivo M-19 de la guerrilla, en Colombia, el cual se sabe que se fundó en reacción a las elecciones nacionales fraudulentas realizadas en 1970 (Rojas, en Castañeda, 1994: 116) y los primeros movimientos de la guerrilla de Guatemala que se constituyeron a inicios de la década de los sesenta después de los repetidos fraudes electorales del régimen del general Ydígoras (Schlesinger y Kinzer, 1983).

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escenarios organizacionales brindan incentivos solidarios, identidades compartidas entre los activistas y presiones norma-tivas para participar en protestas de alto riesgo (Loveman, 1998; Petersen, 2001)15. Además, los actos represivos crean las condiciones para eventos relevantes cargados de emotividad en los que participa una cantidad masiva de manifestantes, tales como las marchas que acompañan a los cortejos fúnebres y las ceremonias que rinden homenaje a las víctimas de la violencia estatal (Pfaff y Yang, 2001)16. La represión estatal, entendida como la acción que menoscaba los derechos, también empuja a los grupos contestatarios que se encuentran bien organizados al interior de las redes hacia formas más radicales de organización y de disenso, a medida que los frecuentes y escandalosos hechos de violencia convencen a estos grupos contestatarios de que una reorganización fundamental del Estado y de la sociedad es una meta deseable (Goldstone, 1998; Boudreau, 2002). En resumen, la radicalización de las organizaciones civiles condicionada por el menoscabo de los derechos civiles y por la represión estatal promueve tanto una conciencia mutua como una identidad

15. El sentido del daño, sin embargo, tiene unos límites extremos en la inten-

parezca demasiado peligrosa a medida que las acciones represivas del Estado convierten la indignación en temor (Brockett, 1993) y desman-telan la infraestructura organizativa de la oposición. Gran parte de los estudios internacionales sobre la represión estatal y sobre la violencia política que trabajan con muestras multisectoriales descubren que existen evidencias de una relación curvilínea con los regímenes semirrepresivos que generan los niveles más altos de descontento político (Muller, 1985; Muller y Seligson, 1987; Boswell y Dixon, 1990; Muller y Weede, 1994).

16. Dos de las más grandes marchas de protesta que se llevaron a cabo en Argentina en 2002 se realizaron en Buenos Aires el 27 de junio y el 3 de julio para denunciar públicamente la muerte de dos manifes-tantes desempleados ocasionada por la policía el 26 de junio (pique-teros pertenecientes a las subdivisiones Lanus y Solano del Movimiento de Trabajadores Desocupados, MTD) en la terminal subterránea Avellaneda (Fernández Moores, 2002).

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colectiva que son mucho más antisistémicas. El proceso culmi-nará en una ola radical de disturbios y de malestar popular que busca derrocar al régimen (es decir, una acción revolucionaria colectiva), una trayectoria a la que yo denomino “movilización por intimidación”.

7. Movilización por globalización: el ambiente híbrido de la oportunidad y la amenaza económica

Durante la mayor parte del siglo XX, los activistas de la sociedad civil en los países en vías de desarrollo se ajustaron a los regímenes que oscilaban entre la liberalización y la represión (es decir, entre la oportunidad y las amenazas represivas). En el período actual, más naciones se mantienen dentro de una trayec-toria democrática como parte de la tercera ola de democrati-zación global (Huntington, 1991; Markoff, 1996; Mainwaring y Hagopian, 2005)17. Esta tendencia política transforma las elecciones competitivas en una característica más permanente de los modos de gobierno en el Sur global. De hecho, en 1974, en los albores de la tercera ola democrática, solo 39 democracias electorales existían en el mundo (en un 27% de los países). Para 1997, 117 democracias electorales representaban a un 61% de las

de 2004, 119 democracias electorales existían en 192 países (un 62%) (Puddington y Piano, 2005). Un proceso electoral relativa-mente más estable permite un acceso institucional más abierto para más grupos, especialmente en términos de tolerancia guber-namental y de reconocimiento legal por parte de asociaciones de la sociedad civil y de partidos políticos electorales. Por tanto, en el período contemporáneo de una transición democrática global, en los países en vías de desarrollo más Gobiernos que

17. Las demás olas de democratización global (las más pequeñas) ocurrieron entre 1828 y 1926 y entre 1943 y 1962 (Huntington, 1991) o, de acuerdo con Markoff (1996), de 1780 a 1900, de 1910 a inicios de los años veinte, y de 1945 a inicios de los cincuenta.

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nunca brindan aperturas procedimentales a la sociedad civil18. En cambio, los Estados-nación que no son capaces de democra-tizar o de cambiar las reformas democráticas permanecen bajo el riesgo de confrontar insurgencias violentas (movilización por intimidación), tal como sucedió en Argelia durante la década de los noventa o en Nepal a inicios del siglo XXI, y en menor grado en Arabia Saudita, Egipto, Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán y Siria, entre otros19.

En términos de las transiciones democráticas que generan acción masiva colectiva en la presente era, una vez más el acceso institucional y las elecciones competitivas entran en juego. Mientras que una transición democrática es capaz de producir una ola de disputas reformistas en el corto plazo, tal y como lo predijo el modelo de liberalización por movilización, con el tiempo, el resultado más importante parece ser el esta-blecimiento de partidos políticos, organizaciones civiles y una creciente densidad de asociaciones en la sociedad civil. Es decir, una vez que el acceso institucional y las elecciones competitivas se estabilizan y funcionan como características rutinarias del sistema político —o van más allá de una mera liberalización del régimen dirigiéndose hacia una transición democrática— su función más vital se centra en la legalización y la protección de los partidos de oposición y de las organizaciones civiles.

sociales particulares continúen activando a los movimientos

18. Sin embargo, existen serios obstáculos para la sociedad civil y para los grupos excluidos en aquellos Estados recientemente democratizados en términos de las relaciones que se dan entre la sociedad y el Gobierno,

mantenimiento de las normas de la ley.19. El caso excepcional en Latinoamérica de las constantes insurgencias

de Colombia ahora parece estar más ligado al comercio internacional de drogas que a las condiciones políticas originales en las que recae la responsabilidad de su surgimiento en la década de los cincuenta (esto es, el asesinato de Gaitán).

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sociales individuales en Estados democratizados, la tolerancia general de las organizaciones civiles por el Estado destacará el surgimiento potencial de una ola de protesta capaz de involucrar a varios sectores sociales. Además, las elecciones competitivas en curso y las futuras en Estados recientemente democratizados crean partidos políticos electorales de oposición más dura-deros que pueden alinearse con los movimientos sociales en la

dentro de una forma democratizada de gobierno, le proporciona

mayor en comparación con la liberalización del régimen, de manera que ellas pueden alcanzar el éxito al ganar las demandas que se entablan y conseguir las metas que se proponen.

El despliegue de la democratización también coincide con la expansión de la globalización neoliberal (Almeida y Johnston, 2006). Los académicos que estudian el fenómeno del desarrollo hablan de una transición histórica muy importante en el capita-

2004; Harvey, 2005). A pesar de los Estados petroleros prósperos y las economías regionales dinámicas en Brasil, China, India, Corea del Sur, y Asia Sureste, Walton (1998: 465) indica que en general para los países en vías de desarrollo “el crecimiento económico y la movilidad social se detuvieron después de 1980 debido a la crisis de la deuda. Un importante desplazamiento histórico de la modalidad de desarrollo dependiente hacia la globalización neoliberal le dio inicio a una nueva etapa de competencia y de desigualdad”. Más o menos durante el mismo momento histórico, cuando muchos países menos desarrollados hicieron la transición hacia formas más democráticas de gobierno entre 1980 y 2000, se integraron cada vez más en la economía global a lo largo de las líneas del libre mercado (Dicken, 2007). Esta combinación particular de condiciones (una expansión

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del siglo XX y a inicios del siglo XXI. Las presiones econó-micas que han sido provocadas de forma global y mediadas por las políticas del Estado-nación tienden a desencadenar nuevas rondas de movilización popular en el Tercer Mundo. De forma

las temáticas actuales tanto étnicas como religiosas que están ocurriendo en África, Asia del Sur y Eurasia (Olzak, 2006), parece que las políticas económicas neoliberales impulsan las olas más grandes de beligerancia popular en Latinoamérica y en otras regiones del Sur global (Almeida, 2010a).

La amenaza de los problemas económicos que se le atri-buyen al Estado en forma de políticas económicas neoliberales que han surgido por iniciativa del Estado se presenta como un tema cada vez más relevante en la era de la globalización para grandes cantidades de personas que habitan en los países en vías de desarrollo. Al mismo tiempo, un amplio proceso de homogenización, como lo es la globalización neoliberal, al principio parece ser poco útil para determinar la probabilidad de que inicie una ola de protesta en un momento y en un lugar

más espontáneos de protestas de austeridad y de disturbios para explicar las campañas relevantes de la oposición organizada ante las políticas neoliberales—. Los académicos que investigan el fenómeno de la acción colectiva necesitan descifrar la naturaleza particular del problema económico que se le atribuye al Estado vinculado al proceso de globalización neoliberal para predecir la probabilidad de que esto lleve a una ola sostenida de descon-tento popular. Después de haber observado la expansión de la liberalización económica por lo menos durante treinta años, los académicos ahora poseen pistas prometedoras que pueden ayudar a determinar dónde y cuándo una ola de protesta puede surgir (de forma opuesta a los disturbios de corto plazo o a la apatía de la sociedad) causada por una política económica parti-cular asociada con la globalización neoliberal.

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Desde la década de los ochenta, con la duradera crisis de la deuda externa del Tercer Mundo que incrementó el saldo de $76 mil millones de dólares en 1973 a un total de $2.2 billones de dólares para el año 2000 (Robinson, 2004), los Gobiernos de los países en vías de desarrollo concibieron toda una gama de estrategias para pagar los préstamos obtenidos en el exterior (o simplemente pagar los intereses); estrategias que iban desde el acto de recortar la inversión en los proyectos de infraestructura social (como la vivienda, la educación, la salud pública, etc.) hasta la decisión de privatizar los servicios, los negocios y las utilidades públicas que administra el Estado. Con frecuencia, los Gobiernos del Tercer Mundo han promulgado estas polí-

-nales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

la deuda en nombre de los países y de los bancos en el Norte global condicionando el calendario de pagos y las futuras líneas de crédito sobre los ajustes que los países en vías de desarrollo deben cumplir en relación con sus economías nacionales y a sus infraestructuras públicas (por ejemplo, la devaluación de la moneda, los impuestos, la privatización, el congelamiento de los salarios, etc.). Estos acuerdos de condicionalidad también exigen que los Gobiernos del Tercer Mundo rebajen los aranceles de las importaciones y que reduzcan el número de restricciones que existen en el ámbito de la inversión extranjera. En los últimos veinticinco años, el resultado acumulativo de estos programas de ajuste estructural y de estabilización económica ha sido una política de desarrollo que está más orientada hacia fuera en rela-ción con las naciones en vías de desarrollo, lo que las vuelve cada vez más globalizadas o integradas al proceso de globa-lización (Walton y Seddon, 1994; Schaeffer, 2005). Además, estas políticas neoliberales se han vuelto un procedimiento de operación estandarizado para los diseñadores de las políticas a

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medida que se han institucionalizado en la sociedad mundial. Por lo tanto, no solo la presente crisis de la deuda del Tercer Mundo contribuye a la implementación de las políticas domés-ticas de austeridad, sino también las normas y las ideologías de los administradores estatales que se suscriben a este modelo de desarrollo económico (Babb, 2001).

Después de disfrutar de muchos servicios urbanos subsi-diados por el Estado por varias décadas (hasta en los regímenes autoritarios y semiautoritarios), los organizadores de la sociedad civil pueden usar la pérdida del acceso a los servicios guber-namentales básicos en los llamados a la movilización como un problema económico atribuido al Estado. Al Estado mismo se le culpa por la política neoliberal como algo opuesto al destino de los ciclos económicos generales. Las limitaciones impuestas a los servicios sociales, a los programas y a los subsidios son espe-cialmente problemáticas y afectan a múltiples sectores sociales y a una gran cantidad de personas, particularmente las medidas a las que la mayoría de la gente se opone. Tales modalidades de políticas no deseadas incluyen cambios en las leyes nacionales de jubilación y la privatización de los servicios públicos básicos y de los servicios sociales tales como el agua, la electricidad, las telecomunicaciones, y de la salud pública. Por ejemplo, muchas

los noventa y a principios de la siguiente se centraron en el incremento de los precios de los bienes básicos de consumo después de que el Gobierno eliminó los controles de los precios como parte de sus acuerdos de ajuste estructural con el FMI. Políticas similares suscitaron el malestar popular en 1998, y el resultado de ello fue la expulsión de Suharto en Indonesia. La inminente privatización de las telecomunicaciones y de la energía eléctrica en Costa Rica a inicios del año 2000 llevó a la movilización popular más grande que se había visto en el país en muchas décadas (Alvarenga, 2005; Almeida, 2008b). Panamá se estremeció con masivas protestas en las calles y con huelgas

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entre mayo y julio de 2005 a causa de una nueva política neoli-beral que intentaba incrementar la edad estipulada para recibir los pagos de jubilación por parte del sistema nacional del retiro. Estos enormes episodios de protestas y otros similares parecen ser recurrentes, y con mucha más intensidad y frecuencia que a

años de la siguiente (Almeida, 2007a).

Muchas de las olas de protesta más grandes en contra del neoliberalismo han ocurrido en países que han sido parte de un proceso de democratización durante al menos una década o más (como por ejemplo en el caso de Argentina, Bolivia, y Ecuador); por tanto, no solo la democratización del régimen es lo que motiva las campañas. Más allá de Latinoamérica, varias docenas de protestas en contra de las políticas neoliberales han sido reportadas en África y en Asia. En un corto período de tres años, de 2000 a 2002, Woodroffe y Ellis-Jones (2000) y Ellis-Jones (2002, 2003) documentaron importantes eventos de protestas en contra del neoliberalismo en los siguientes países: Angola (2001 y 2002), Bangladés (2002), Benín (2002), Ghana (2001), India (2001 y 2002), Indonesia (2001 y 2002), Kenia (2000, 2001 y 2002), Líbano (2002), Malaui (2000 y 2001), Marruecos (2001 y 2002), Mozambique (2001), Nepal (2001), Níger (2002), Nigeria (2000, 2001 y 2002), Pakistán (2001 y 2002), Papúa Nueva Guinea (2001), Filipinas (2002), Sudáfrica (2000, 2001 y 2002), Corea del Sur (2001 y 2002), Tailandia (2002), Turquía (2001 y 2002), Zambia (2000, 2001 y 2002) y Zimbabue (2001).

Aun con las amenazas económicas cada vez mayores vincu-ladas a las medidas gubernamentales de austeridad, con la privatización de los servicios públicos, y con organizadores de mucha experiencia llevando a cabo peticiones persuasivas de movilización en contra de las políticas sobre las que ha tomado la iniciativa el Estado que resuenan entre múltiples sectores de la población, es improbable sostener una campaña de protesta

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sin una red de organizaciones de la sociedad civil y sin partidos políticos de la oposición que puedan actuar en nombre de la coalición de protesta en contra del neoliberalismo al interior de los círculos legislativos y en los círculos donde se diseñan las políticas. En otras palabras, las amenazas económicas de las reformas neoliberales que percibe la mayoría usualmente no activan la movilización masiva cuando no hay una infraestruc-tura preexistente de organizaciones civiles ni partidos políticos receptivos que se oponen a las políticas inminentes. Mientras que las medidas particulares de austeridad y las medidas “escandalosas” como el incremento repentino de los precios de la canasta básica y del transporte público pueden suscitar acciones colectivas espontáneas de corto plazo semejantes a los disturbios y a los saqueos, las organizaciones civiles y los partidos políticos de la oposición necesitan estar bien ubicados para lanzar una ola sostenida de protestas para poder revocar una política neoliberal no deseada. De hecho, muchas políticas de privatización y reformas neoliberales se promulgan cuando hay una oposición poco organizada (véase Teichman [1995] en el caso de México).

Los estudios que contribuyen a que pueda entenderse en qué momento ocurre una disputa inducida por una política neoliberal deberían examinar el rol de una variedad de insti-tuciones incluyendo a las organizaciones no gubernamentales, los sindicatos, la estructura del sector público y la fuerza de los partidos políticos receptivos para sostener campañas de protesta en contra del neoliberalismo —tanto para proporcionar recursos organizacionales y legales como para construir activa-mente políticas de liberalización económica como parte de un problema social importante—. Usualmente se necesita adquirir experiencia a través del conocimiento de varios programas de ajuste estructural antes de que las organizaciones civiles cuenten con el apoyo de la opinión pública y el conocimiento organiza-cional para lanzar campañas de protestas antineoliberales que

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sean perdurables y que involucren a múltiples sectores sociales. De hecho, en el estudio internacional de Walton y Ragin (1990) sobre 56 países en vías de desarrollo que experimentan la crisis

que la “presión del FMI” es una de las dos variables clave (siendo la otra el grado de densidad urbana) que explican el surgimiento de eventos importantes de protesta en contra del neoliberalismo. Los países que sostienen más interacción y más

puede ser la condicionalidad y las políticas de ajuste estructural) experimentaron un malestar civil más intenso.

Las olas sostenidas de protestas en contra de las políticas neoliberales tienen más probabilidades de ocurrir en socie-dades cuyos regímenes han pasado por un proceso sustancial de democratización, como en el caso de la mayoría de países de Latinoamérica durante los años ochenta e inicios de los noventa. Los períodos extensos de democratización le permiten formar organizaciones duraderas a los grupos de la sociedad civil (por ejemplo, organizaciones no gubernamentales, sindicatos, organizaciones de mujeres, grupos comunitarios, cooperativas, instituciones educativas, etc.) —en mayor grado que con los episodios de liberalización de régimen y de democratización parcial—. Cuando las medidas de liberalización económica y de austeridad a gran escala (como la reducción de los subsidios, el incremento de los precios y de los impuestos, los programas de privatización, los tratados de libre comercio) son inminentes o son implementadas, estas pueden generar una ola de acción colectiva defensiva inducida por una amenaza económica para prevenir el cambio de política. Tales olas de protesta popular cuentan con una amplia posibilidad de tener éxito (como por ejemplo en el hecho de poder detener la implementación de la política) si una buena parte de la opinión pública se sostiene en contra de la política económica y si la campaña puede alinearse con un partido político fuerte de la oposición al interior de

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un sistema electoral competitivo. Debido a que la forma de gobierno se ha democratizado, se puede predecir que habrá más protestas no violentas con algunos componentes estatales

reacción más sosegada por parte de la policía y por parte de las fuerzas de seguridad que en regímenes menos democráticos. También se espera que tanto las demandas que se llevan a cabo como las identidades colectivas sean moldeadas y enmarcadas a lo largo de líneas reformistas, ya que la meta usualmente se

desea adoptar (y a veces también se enfoca en destituir a las elites políticas relacionadas con la medida en particular), no el régimen en su totalidad20.

siguiente, al menos media docena de países latinoamericanos estuvieron involucrados en un escenario similar. Esto incluiría las olas de protesta más importantes en contra del neolibera-lismo en Argentina (1999-2002), Bolivia (2000-2005), Costa Rica (2000, 2006-2007), República Dominicana (2003-2004), Ecuador (1997-2001), El Salvador (1999-2003), Guatemala (2004-2005) y Panamá (2003-2005), así como también varias campañas más pequeñas en cada país latinoamericano (con la posible excepción de Cuba) (Almeida, 2007a). En resumen, este ambiente político híbrido se caracterizó por formas más estables de acceso institucional y por elecciones competitivas (es decir, la oportunidad), así como también por problemas económicos que se le atribuyen al Estado (es decir, amenazas económicas) que afectan a varios sectores de la sociedad. Las políticas económicas

20. En Argentina, en el clímax de la ola de protesta antineoliberal que se dio entre diciembre de 2001 y enero de 2002, el grito de guerra en las calles era “Que se vayan todos, que no quede ni uno solo”. Con esto se daba a entender que todos los políticos nacionales y los funcionarios de gobierno vinculados con la crisis económica debían renunciar a sus puestos de trabajo (López Levy, 2004).

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implementadas por el Estado que impulsan estas olas de protesta se derivan de presiones ubicadas a nivel de la economía

internacionales que buscan una integración económica global

de la competencia entre partidos y el desarrollo de la sociedad civil al interior de los Estados-nación determina si las presiones económicas inducidas desatarán una ola de movilización popular en contra de políticas neoliberales particulares y cuándo esto puede suceder. Yo denomino “movilización por globalización”21 a este ambiente político híbrido de amenaza económica y de oportunidad que genera estas olas de protesta de gran escala en contra de las medidas económicas neoliberales que se dan entre

8. Resumen teórico: liberalización, intimidación y globalización

El cuadro 1 resume tres ambientes políticos distintos que impulsan olas de movilización popular a gran escala y sus modalidades en el Sur global durante el siglo XX e inicios del siglo XXI: (1) movilización inducida por la liberalización, (2) movilización inducida por la intimidación y (3) movilización inducida por la globalización. Un régimen autoritario que libera-liza a través de un acceso institucional y/o a través de elecciones competitivas conduce hacia el desarrollo de una infraestructura organizacional (es decir, a la formación y a la legalización de organizaciones civiles, asociaciones, cooperativas, sindicatos, aptitudes organizacionales y experiencia) por medio de la acti-vación de múltiples sectores sociales. La creación de un espacio de organizaciones civiles genera un sentido de conciencia mutua y de identidades colectivas reformistas sobre una escala de

21. Agradezco mucho los comentarios de Sharon Lean, los cuales señalan la naturaleza híbrida de este ambiente político.

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gran expansión. A medida que los grupos cívicos interpretan las señales relativamente positivas emitidas por el ambiente político en proceso de apertura, estos usan su recién constituida infraestructura organizacional y lanzan campañas de moviliza-ción que llevan al surgimiento de una ola reformista de protesta. Bajo estas condiciones, una multiplicidad de grupos presiona al

-zando tácticas más ordenadas y no violentas22. Yo llamo a este proceso “movilización inducida por la liberalización”.

Cuando la liberalización del régimen se contrae y la ola de protesta desciende, una infraestructura organizacional queda instalada (como en el caso de las “estructuras remanentes de la liberalización”). Si al seguir la ola de protesta inducida por la liberalización los grupos contestatarios reciben una retroali-mentación ambiental consistente que les indique que el clima político se desplazaría hacia otro rumbo potencialmente más dañino si ellos no actúan (como en el caso de la pérdida de los derechos políticos y la seguridad), estos se sienten motivados a adaptar su propia infraestructura organizacional al ambiente represivo y a crear organizaciones más radicales. Una vez que la infraestructura organizacional se radicaliza, los líderes del movimiento intentan reorganizar la conciencia común y las identidades colectivas en una dirección mucho más antisistémica (es decir, los llamados a la movilización son mucho más revo-lucionarios). Eventualmente, los frecuentes y represivos incen-tivos que proporciona la amenaza (la erosión de los derechos y la represión estatal) activan una ola de protesta de carácter mucho más militante. Las organizaciones contestatarias radica-lizadas emplean formas de protesta más disruptivas y violentas como canales institucionales para impedir el menoscabo de sus

22. Es más probable que la presión ejercida por las nuevas ventajas y los

el Estado cuando el Gobierno está más activo en términos de inversión social y/o durante un período de crecimiento económico sostenido.

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derechos y la represión estatal disminuye la credibilidad del Gobierno nacional. Yo llamo a esta secuencia de eventos “movi-lización inducida por la intimidación”.

Los problemas económicos que se le atribuyen al Estado también podrían activar episodios de acción defensiva colec-tiva. En situaciones en las que el régimen claramente se aleja del camino de la liberalización, los problemas económicos atribuidos al Estado tenderán a tener un efecto acumulativo mezclándose con las demandas sobre el menoscabo de los dere-chos fundamentales y la represión del Estado (Goodwin, 2001). Los problemas económicos por los que se culpa en gran parte al Estado tales como el acceso a las tierras, el incremento de precios y el desempleo masivo con frecuencia llevan hacia a las primeras rondas de movilización en los ambientes políticos auto-ritarios. En tales climas represivos, los problemas económicos atribuidos al Estado podrían ser utilizados por más líderes y organizaciones militantes en llamados a la motivación y convo-catorias para establecer una movilización cada vez más radical y extraparlamentaria (como lo examino en los capítulos dos y cuatro). En los regímenes que siguen la línea de la democrati-zación, los problemas económicos atribuidos al Estado tenderán a terminar en una protesta reformista, buscando alivio para el

del incremento de los precios básicos o de los programas de privatización del sector público que son generalmente percibidos como negativos para los sectores populares si estos llegaran a implementarse. Estos tipos de acciones defensivas colectivas y protestas en contra de la austeridad están activándose con una regularidad cada vez más intensa a medida que en mundo en

del siglo XX e inicios del XXI. Estas movilizaciones en contra de las políticas neoliberales parecen ser más potentes, espe-cialmente en los países menos desarrollados que cuentan con muchas organizaciones cívicas y con partidos políticos fuertes

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de la oposición que están en contra del neoliberalismo. Yo denomino “movilización inducida por la globalización” a este último proceso híbrido de democratización general del sistema combinado con las amenazas económicas de la implementación de las políticas neoliberales. Tal escenario proporciona el tema que se discute en el capítulo cinco de este texto en la medida en que El Salvador hace la transición de la guerra civil hacia la democratización neoliberal.

9. Los siguientes capítulos

En los siguientes capítulos exploro los variados ambientes políticos en El Salvador entre 1925 y 2010 que producen olas

el período entre 1925 y 1962, a través del cual la liberalización

por una expansión organizacional sin precedentes en la sociedad civil. Esta apertura política acabó rápidamente con la llegada de la represión estatal que ocurrió entre mediados del año de 1930 e inicios de 1932. El retroceso gubernamental en las reformas de liberalización en 1930 y 1931 radicalizó las organizaciones reformistas laborales y culminó en la revuelta revolucionaria de enero de 1932 (movilización inducida por la intimidación). La Guardia Nacional, el Ejército y las patrullas paramilitares aplastaron el levantamiento con una fuerza extrema y rápida —el resultado de todo esto fue el baño de sangre conocido como La matanza—. Estos actos de violencia estatal masiva y aplas-tante dieron como resultado un período de treinta años de débil infraestructura organizacional de la sociedad civil, muy pocas aperturas políticas, y campañas de protesta fragmentadas y débiles. El capítulo tres se enfoca en la prolongada liberalización de régimen del período ubicado entre 1962 y 1972 (movilización inducida por la liberalización) y en la creación, durante el punto culminante del desarrollo inducido por el Estado, de una nueva infraestructura organizacional en la sociedad civil más durable

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y con bases nacionales. El período de liberalización alcanzó su punto máximo cuando los actores sociales previamente excluidos de los sectores laborales, educativos y eclesiásticos utilizaron sus organizaciones civiles recientemente establecidas

sesenta.

El capítulo cuatro documenta el período entre 1972 y 1976, cuando el régimen salvadoreño dejó de lado el intento por esta-blecer una liberalización política, y por ende radicalizó las orga-nizaciones contestatarias existentes (es decir, los “remanentes de la liberalización”) al arrebatar los recién adquiridos derechos electorales y aplicar niveles masivos de represión que llevaron a una nueva ola de movilización inducida por la intimidación. El capítulo cuatro también proporciona una explicación detallada de la ola colosal de acción radical colectiva que sacudió a El Salvador entre 1977 y 1981, llevándolo a una violenta guerra civil. El capítulo cinco examina el ambiente político contem-poráneo neoliberal de la posguerra (civil) en El Salvador.

país en el contexto de la movilización masiva en respuesta a la privatización del sistema de salud pública durante los primeros años del siglo XXI (uno de los ejemplos principales de una movilización inducida por la globalización). La conclusión, en el capítulo seis, explora las implicaciones de las olas de protesta en El Salvador para la comprensión de las formas de acción colectiva en otros escenarios en Latinoamérica y en el Sur global. También, incorporamos un epílogo para los años entre 2005 y 2010.

Paul Almeida...Aperturas de régimen y cierres violentos, 1925-1962 45 III. Liberalización renovada...

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