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En 1999, fueron asesinados seisperiodistas en Colombia. Los pro-fesionales de la prensa colombia-nos coinciden en afirmar que lasamenazas contra los medios decomunicación ya no suelen emanarprincipalmente de los narcotra-ficantes, sino más bien de los gru-pos armados, es decir, los gruposde guerrilleros como las FuerzasArmadas Revolucionarias de Co-lombia (FARC) de tendencia mar-xista y el Ejército de LiberaciónNacional de orientación guevarista,y también los grupos paramilitares,principalmente las AutodefensasUnidas de Colombia (AUC) de ex-trema derecha.

Las negociaciones de paz enta-bladas por el Gobierno con los dis-tintos grupos guerrilleros han pro-vocado una radicalización de la ex-trema derecha, que está en contrade toda tentativa de pacto. Seisperiodistas que defendieron lasnegociaciones se vieron obligadosa exilarse por haber abogado porlas negociaciones. No se sabe aciencia cierta si son los parami-litares o los sectores ultras del ejér-

cito los autores del asesinato deJaime Garzón. Las organizacionesde guerrilla no les van mucho a lazaga, ya que son responsables dela muerte de un periodista y no va-cilan en secuestrar a los profesio-nales de la prensa para denunciarlas exacciones perpetradas por losmilitares. Cuando los grupos arma-dos sospechan que un periodistaapoya al «otro bando», automá-ticamente lo consideran un «obje-tivo militar».

Periodistas asesinados

El 13 de agosto de 1999, el pe-riodista y humorista de la emisoraRadionet y del canal Caracol Tele-visión, Jaime Garzón, fue asesina-do en Bogotá por dos hombres quecirculaban en una moto. Era públi-camente sabido que Garzón habíaintervenido varias veces en las ne-gociaciones entabladas para con-seguir que los movimientos guerri-lleros liberaran a personas secues-tradas y que las autoridades enta-blaran conversaciones con el ELN.Algunos observadores presumen

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que pueden estar implicados en suasesinato los militares ultras hosti-les al proceso de paz, especialmen-te algunos miembros de los servi-cios de información del ejército.

El 16 de septiembre, GuzmánQuintero Torres, redactor en jefe deldiario local El Pilón y corresponsaldel canal de televisión regionalTelecaribe de Valledupar (Departa-mento de César), una localidad delnordeste del país, fue asesinado enun bar en presencia de dos cole-gas suyos. Este periodista habíacondenado en sus artículos las vio-laciones de los derechos humanosperpetradas por el Ejército.Guzmán Quintero había sido ante-riormente corresponsal del diarioregional El Heraldo y en 1996 ha-bía recibido amenazas de los gru-pos militares que luchaban contralas guerrillas en esta región. El 30de septiembre, fueron detenidos yacusados del asesinato de esteperiodista Jorge Eliecer EspinalVelázquez y Rodolfo Nelson Rosa-do Martínez, que al parecer perte-necen a una banda de sicarios.

El 21 de octubre, la policía encon-tró el cadáver de Rodolfo Julio To-

rres, corresponsal de la emisora deradio Fuentes en la localidad deSincelejo. Había sido asesinado detres disparos en la cabeza despuésde haber sido secuestrado pocashoras antes en su domicilio por ungrupo de hombres armados. En1998, se habían difundido en lacomarca algunos pasquines atri-buidos a los paramilitares de lasAUC, en los que se le acusaba deser simpatizante del ELN.

El 28 de noviembre, los cadáve-res de un operador independientede cine y televisión, Luis AlbertoRincón, y del propietario y directorde la empresa Producciones Co-lombianas Ltda, Alberto SánchezTovar, fueron encontrados cerca dela localidad de El Playón, en el de-partamento de Santander. Ambosperiodistas fueron respectivamen-te víctimas de una y dos balas dis-paradas a bocajarro. Se dirigían aEl Playón para cubrir las eleccio-nes municipales. Las pesquisas seorientan hacia los grupos militaresque están muy implantados en lacomarca. Dos meses antes ya seles había atribuido el asesinato delanterior alcalde de El Playón. No

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obstante, la policía no descarta lahipótesis del móvil del robo, ya queno se pudo encontrar el materialque llevaban los dos periodistas.

El 3 de diciembre, Pablo EmilioMedina, un operador del canal detelevisión TV Garzón del departa-mento de Huila, fue asesinadocuando cubría la ofensiva de lasFARC contra la localidad de Gigan-te situada a 260 km. al sur de Bo-gotá. Según la policía, Pablo Emi-lio Medina perdió la vida a manosde este grupo armado cuando setrasladaba en moto a Gigante encompañía de un policía que logródarse a la fuga.

Nuevos elementos sobre pe-riodistas asesinados antes de1999

El 16 de abril de 1999, el sicarioLibardo Humberto Prada Bayonafue acusado del homicidio de laperiodista Amparo Jiménez Paya-res. El asesino fue detenido por lapolicía pocos días después de ha-ber consumado el crimen y confe-só haber recibido 35.000 dólares(35 000 euros) por perpetrarlo.

Amparo Jiménez era corresponsalen Valledupar (Departamento deCésar) del diario televisado «EnVivo» de Cadena A, y se presumeque muy probablemente fuerongrupos paramilitares los que la ase-sinaron el 11 de agosto de 1998.Al parecer, no le habían perdona-do un reportaje que hizo en 1996acusándoles directamente de des-plazar por la fuerza a los campesi-nos de sus tierras.

El 26 de abril, Julio Cesar OspinaChavarro et Carlos Arturo MoralesOsorio fueron acusados del asesi-nato de Bernabé Cortés, un perio-dista del canal de televisión Tele-pacífico. Este periodista fue asesi-nado por tres sicarios en Cali el 19de mayo de 1998, cuando estabarealizando una investigación sobreel tráfico de droga. Julio CesarOspina Chavarro ya ha sido dete-nido, pero no se ha podido dar to-davía con el paradero de CarlosArturo Morales Osorio.

En la primavera, se ordenó elarresto de José Edgar GarcíaGonzález por ser el presunto autordel homicidio de Jairo Elías Mar-qués, director de la revista humo-

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rística El Marqués de Armenia (De-partamento de Quindío), que fueasesinado el 20 de noviembre de1997. En su revista, este periodis-ta había puesto en entredicho laprobidad de un miembro del Con-greso, Carlos Alberto Oviedo, en uncaso de desaparición sospechosade fondos pertenecientes al erariopúblico.

El 23 de julio, Juan Carlos HenaoMosquera fue acusado del homici-dio de Ernesto Acero Candena, di-rector del semanario InformadorSocioeconómico. Este periodistafue asesinado el 12 de diciembrede 1995 en pleno centro de la ciu-dad de Armenia (Departamento deQuindío). Juan Carlos HenaoMosquera ha sido encarcelado.

Periodistas secuestrados

El 26 octubre de 1999, el fotógra-fo de la agencia Reuters, Henry Ro-mero, fue secuestrado por el ELNcuando cubría una entrevista entrejefes guerrilleros y familias de per-sonas secuestradas por este gru-po armado. El ELN acusó a estefotógrafo de haber publicado fotos

en las que los guerrilleros apare-cían con la rostro al descubierto.Henry Romero fue liberado el 3noviembre y pocas semanas des-pués decidió salir de Colombia.

El 29 de octubre, fueron raptadospor los guerrilleros del «Frente 24»de las FARC los siguientes perio-distas: Blanca Herrera y John JairoLeón del canal de televisión CM1;Wilson Lozano de Caracol Televi-sión; Hidamys Acero y ReynaldoPatiño de la emisora de televisiónRCN TV; Aldemir Luna del diarioVanguardia Liberal; y FrankChagual, operador del diario televi-sado «Noticiero de las siete». LasFARC explicaron que el objetivo delsecuestro era atraer la atención delos periodistas sobre las exac-ciones perpetradas por los parami-litares en la parte septentrional delpaís, en el Departamento de Bolí-var. Los siete periodistas fueron li-berados el 2 de noviembre.

El 10 noviembre, fueron secues-trados por las FARC los siguientesprofesionales: José Urbano Céspe-des y Aldemar Cárdenas del canalCaracol Televisión; Gregorio Maes-tre del diario televisado «CM1»; Isa-

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bel Ballesteros y David Sierra de laemisora de televisión RCN; y Edgarde la Hoz y Pablo Camargo del dia-rio El Pilón de Valledupar (Depar-tamento de César). Dos días mástarde, este grupo armado canjeó acinco de ellos por un delegado delComité Internacional de la CruzRoja para que esta organización leproporcionara explicaciones sobrela asistencia sanitaria dispensadaa los miembros de grupos parami-litares. Cuando liberaron a los cin-co periodistas, las FARC publica-ron un comunicado denunciandolas exacciones perpetradas por lasAUC en el Departamento de Cé-sar. Los dos periodistas restantesfueron liberados el 14 de noviem-bre.

Periodista detenido

El 7 de octubre de 1999, CarloPizatti, colaborador del diario italia-no La Repubblica, fue detenido porel Departamento Administrativo deSeguridad (DAS) tras haber efec-tuado un reportaje en la zona des-militarizada de San Vicente delCaguán situada al sur de Bogotá y

ocupada por las FARC. Al periodis-ta le incautaron todo el material(magnetófono, ordenador, cámarafotográfica, etc.) y se le interrogósobre la entrevista que le habíaconcedido uno de los representan-tes de las FARC, Raúl Reyes.Pizzati fue puesto en libertad al díasiguiente.

Periodistas agredidos

El 11 de abril de 1999, Wilson Lo-zano y el operador Henry Durán, deldiario televisado NTC, que difundela emisora estatal de televisión Ca-nal A, resultaron levemente heridoscuando se desplazaban a bordo deun helicóptero de la policía que fuetiroteado por grupos de las FARCy del ELN. Ambos profesionalesestaban realizando un reportajesobre la lucha contra el tráfico dedroga en la región de Barrancaber-meja, que está situada al norte deBogotá y es un escenario de vio-lentos enfrentamientos entre gue-rrilleros y grupos paramilitares.

El 10 de junio, Hans Sarmiento ysu equipo del noticiero televisadodel canal RCN fueron hostigados

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por las FARC en la comarca de ElEspino (Departamento de Boyacá).Este equipo de televisión intentabacubrir el asalto de un pueblo por laguerrilla. Ninguno de los periodis-tas resultó herido.

El 14 de noviembre, una bombaexplotó en las proximidades de lasoficinas que tiene en Cali el diarioEl Tiempo. En la tarde de ese mis-mo día, un desconocido llamó porteléfono a la emisora de radioTodelar y al diario El Espectador,explicando que se trataba de unaoperación de represalias de lasFARC como consecuencia de lasrevelaciones de ese diario sobre losobjetivos militares de la guerrilla.Parece ser que el ELN y un miste-rioso comando de «resistencia pa-triótica colombiana» reivindicarontambién el atentado.

Periodistas amenazados

El 3 de marzo de 1999, JoséLaureano Restrepo Colé, corres-ponsal en Sucre (Departamento deBolívar) de Radio Caracol y perio-dista del diario local El Meridianode Sucre, se vio obligado a escon-

derse durante varios días por ha-ber sido seguido y amenazado porunos desconocidos. Este periodis-ta es conocido por sus investiga-ciones sobre la corrupción de loscírculos políticos.

El 27 de mayo, Yinet Bedoya, pe-riodista del departamento de «ca-sos policiales» del diario El Espec-tador salió ilesa de una agresiónperpetrada por dos hombres quecirculaban en una moto. YinetBedoya había sido objeto de ame-nazas en varias ocasiones por susinvestigaciones en los medios pe-nitenciarios. En agosto de 1998, yase la había intimidado por haberrevelado un proyecto de evasión devarios narcotraficantes encarcela-dos en Bogotá.

El 23 de junio, el reportero JuanCarlos Aguiar y el operador JohnJader Jaramillo del canal RCN Te-levisión se vieron obligados a aban-donar sus domicilios respectivos delas localidades de Manizales yPereira. Desde el 8 de junio, estosdos periodistas recibían sin cesaramenazas y eran seguidos por lacalle o agredidos. En uno de susreportajes, habían cuestionado la

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pasividad de policías que habíanpresenciado el linchamiento mortalde una persona a manos de un gru-po numerosos de manifestantes.Otro profesional, el fotógrafo deldiario La Patria, Darío AugustoCardona, declaró también que ha-bía recibido amenazas de muertedesde que se publicaron las fotosque había hecho de este mismoacontecimiento.

El 23 de agosto, el Ejército Re-belde Colombiano (ERC) difundióun documento en el que amenaza-ba de muerte a veintiuna persona-lidades comprometidas en el pro-ceso de paz. El ERC les acusabade «fomentar la guerra entre colom-bianos». Entre las personasintimidadas figuraban dos colabo-radores del diario El Espectador,Alfredo Molano y Arturo Alape, asícomo Patricia Lara del diario ElTiempo. Algunos observadorespresumen que detrás de este gru-po armado hasta ahora desconoci-do pueden escudarse militaresultraderechistas hostiles al proce-so de paz.

El 25 de noviembre, el colabora-dor y caricaturista del diario El Nue-

vo Siglo, Alvaro Montoya Gómez,anunció que renunciaba a seguirpublicando su crónica semanal trashaber recibido amenazas de muer-te contra él y su familia. El perio-dista había denunciado las violacio-nes de los derechos humanos per-petradas por el ejército. El periodis-ta había sido un allegado de AlvaroGómez Hurtado, el accionista prin-cipal y editorialista de El Nuevo Si-glo que fue asesinado en 1995 porlos paramilitares.

Presiones y trabas

El 14 de enero de 1999, Saulo Ar-boleda, ex Ministro de la Comuni-cación, y Rodrigo Villamizar, ex mi-nistro de Minas y Energía, fueroncondenados por «irregularidades»cometidas en julio de 1997 conmotivo de la atribución de bandasde frecuencia a emisoras de radio.Les fueron impuestas sendas pe-nas de multa de 16 y 12 millonesde pesos (8 000 y 6.000 euros, res-pectivamente) y una suspensióntemporal de sus derechos cívicos.Su dimisión del Gobierno la provo-có por aquel entonces la revista

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Semana con la publicación de unaconversación telefónica en la queambos hablaban de favorecer a los«amigos de Samper».

El 19 de enero, tuvo que abando-nar Colombia el cronista de El Es-pectador Alfredo Molano. El perio-dista había condenado la matanzade 130 personas perpetrada a prin-cipios de ese mes por las AUC di-rigidas por Carlos Castaño. Esteúltimo había calificado a Molano de«paraguerillero».

El 30 de marzo, los guerrillerosdel ELN guevarista declararon enun comunicado que «serían objeti-vos militares permanentes todos losperiodistas y la prensa que sirvie-sen de conducto de difusión políti-ca» a los grupos paramilitares deextrema derecha.

El 24 de abril, salió de ColombiaVíctor Sánchez Rincones del dia-rio El Meridiano de Córdoba publi-cado en Montería (Departamentode Córdoba). El periodista habíaestado recibiendo amenazas des-de que denunció en septiembre de1998 a las AUC por el rapto de va-rios profesores de la Universidadde Córdoba y por el atentado per-

petrado contra un policía.En mayo, salió de Colombia con

destino a los Estados Unidos laperiodista María Cristina Caballerode la revista Semana. Había reci-bido amenazas de muerte en va-rias ocasiones por haber entrevis-tado a narcotraficantes y a repre-sentantes de las organizacionesguerrilleras o de los grupos para-militares.

El 15 de septiembre, dejó Colom-bia Jorge Rivera Sena, correspon-sal del diario regional El Universaldel Departamento de Bolívar (nor-te del país). El 22 de mayo, el pe-riodista había sido secuestradodurante nueve días por un grupoarmado que muy probablementepertenecía a las AUC. Jorge Rive-ra Sena había mencionado en susartículos las matanzas perpetradaspor los paramilitares. En marzo de1999, un coronel del ejército le ha-bía tratado de «guerrillero». Desdeque fue secuestrado, este periodis-ta había seguido recibiendo ame-nazas.

El 16 de septiembre, tuvo quesalir de Colombia el periodista An-tonio Morales. Los grupos paramili-

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tares habían proferido amenazasde muerte contra Morales desdeque éste se había declarado en fa-vor de las negociaciones entre elGobierno y los grupos guerrilleros.

El 18 de septiembre, se exilióPlinio Apuleyo Mendoza que habíatrabajado para el diario El Espec-tador y la emisora de radio RCN.El 23 de marzo había salido ilesode un atentado perpetrado por elELN que le acusaba de ser «unideólogo y propagandista de la vio-lencia parainstitucional y parami-litar».

El 7 de octubre, las FARC con-minaron a la «prensa embustera»a no desplazarse a la zona de SanVicente del Caguán que el Gobier-no ha desmilitarizado en el marcode las negociaciones de paz. Enseptiembre, la agencia de prensaAnncol de las FARC publicó unaserie de artículos en los que sedesignaba al periodista Edgar To-rres del diario El Tiempo como «co-rresponsal de las Fuerzas Arma-das», al mismo tiempo que secuestionaba la independencia deAna Mercedes Gómez, directoradel diario El Colombiano, de Gabriel

García Márquez, director del sema-nario Cambio, y de la revista Se-mana respecto de los gruposparamilitares y del ejército.

El 14 de octubre, se refugió enAlemania Hernando Corral Garzón,subdirector del diario televisado«Telenoticiero de las 7». Estemiembro de la Comisión para laPaz, a la que el Gobierno habíaencomendado la preparación denegociaciones con el ELN, habíasido amenazado por los gruposparamilitares. Según HernandoCorral, los periodistas, intelectua-les y universitarios partidarios delas negociaciones son el blancoprincipal de una «guerra sucia» delos paramilitares que se oponen alproceso de paz iniciado por el Go-bierno. También era miembro de laComisión para la Paz el periodistaJaime Garzón que fue asesinadoel 13 de agosto de 1999.

El 7 de diciembre, también tuvoque dejar Colombia Carlos Pulga-rín, corresponsal del diario El Tiem-po en Bucaramanga (Departamen-to de Santander). Hacía diez díasque recibía llamadas telefónicasadvirtiéndole que iba a «pagar» el

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hecho de haber denunciado a lasautoridades las amenazas proferi-das contra él cinco meses antes.El 30 de junio, cuando CarlosPulgarín ejercía la corresponsalíade El Tiempo en la localidad deMontería (Departamento de Córdo-ba), fue acusado de ser «el porta-voz de la guerrilla». El periodistahabía relatado una derrota del ejér-cito y de los paramilitares en uncombate contra la guerrilla y habíaacusado a las AUC del asesinatode un dirigente de una comunidadindígena. El Tiempo decidió trasla-darle a otra ciudad.

Mientras las negociaciones depaz que el presidente AndrésPastrana entablara en 1998 con lasFuerzas Armadas Revolucionariasde Colombia (FARC-marxista) seencuentran en un impase, el con-flicto entre los grupos paramilitaresde extrema derecha y los gruposguerrilleros prosigue en el terrenoy hasta en las salas de redacción.A principios de febrero de 2000,Manuel Marulanda, jefe de lasFARC, acusó a los grupos de pren-sa de estar «al servicio de los gran-des monopolios» y de presentar lainformación relativa a su grupo ar-mado de manera «parcial». Esteaño, una vez más, una veintena deperiodistas fueron secuestradospor grupos guerrilleros, a menudopara protestar contra su coberturadel conflicto. En cuanto a los gru-pos paramilitares, en su mayoría alas órdenes de Carlos Castaño, jefede las Autodefensas Unidas deColombia (AUC), siguen amena-zando a todos aquellos que partici-pan en el proceso de paz o a quie-nes consideran sospechosos deapoyar al «otro bando». Al menosseis de los once periodistas

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exiliados este año fueron amena-zados por paramilitares. Entre ellos,María Alejandra González, acusa-da de ser una «ideóloga» de la gue-rrilla. Un periódico, Alternativa, quese disponía a publicar una investi-gación sobre la presunta estrate-gia de la extrema derecha para to-mar el poder, se vio obligado a ce-rrar tras el robo de su material detrabajo.

En el conflicto que desgarra alpaís desde hace cuarenta años, seconsidera a los profesionales de lainformación como «objetivos mili-tares». Según una encuesta de laUniversidad de la Sabana, publica-da en febrero de 2000, 42,5% delos periodistas interrogados afirmanhaber sido objeto de amenazas enalgún momento de su carrera.Amenazas que obligan a muchosa autocensurarse. Los que se nie-gan a callar saben que corren elriesgo de ser asesinados, como fueel caso, una vez más este año, dedos periodistas.

No obstante, cabe confiar en unaregresión de la impunidad pues laspesquisas sobre los asesinatos deperiodistas, a cargo de la oficina de

investigaciones del fiscal generalde la Nación, han permitido identi-ficar, e incluso arrestar, a los auto-res de varios de esos crímenes.Otro motivo de esperanza es queen 2000 el gobierno ha puesto enmarcha un programa de protecciónde los periodistas amenazados. Sinembargo, el hecho de que, el mis-mo día de su lanzamiento, dos pe-riodistas fueran tomados como re-henes demuestra que pasará tiem-po antes de que ese programa searealmente eficaz.

Periodistas asesinados

El 31 de octubre de 2000 fue ase-sinado Juan Camilo Restrepo, di-rector de la radio comunitaria Ga-laxia Estéreo, emisora de la locali-dad de Ebéjico, en el departamen-to de Antioquia (nordeste del país).Según fuentes cercanas a la pes-quisa, el periodista fue asesinadopor paramilitares por haber revela-do casos de corrupción. Al pare-cer, el asesino fijó una cita a la queel periodista acudió acompañadopor su hermano, quien fue testigodel crimen. Desde entonces, el her-

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mano del periodista está obligadoa esconderse y la familia ha aban-donado el pueblo.

El 15 de noviembre, Gustavo RuizCantillo, periodista de RadioGaleón, emisora privada de la ciu-dad de Santa Marta en el departa-mento de Magdalena (norte delpaís), fue asesinado en Pivijay (pro-vincia de Magdalena). El periodis-ta caminaba por la calle cuando dosindividuos se acercaron y le pega-ron dos tiros en la cabeza. Gusta-vo Ruiz Cantillo denunciaba las vio-lencias perpetradas por losparamilitares en la región. Segúnsus colegas y familiares, había re-cibido amenazas de muerte atribui-das a ese grupo armado.

Otro periodista fue asesinado en2000 pero, a la fecha del 1° de ene-ro de 2001, resulta imposible afir-mar si ese crimen guarda relacióncon las actividades profesionalesde la víctima.

El 13 de diciembre, Alfredo Abad,desde 1998 director regional de in-formación de la Voz de la Selva,antena regional de Radio Caracolen Florencia (sur del país), fue ase-sinado frente a su domicilio por dos

individuos que circulaban en moto.Según la emisora, no había recibi-do ninguna amenaza. No obstan-te, de acuerdo con una fuente quedesea conservar el anonimato, elperiodista fue asesinado porparamilitares en momentos en querealizaba indagaciones sobre lamuerte de un allegado, asesinadounos días antes.

Nuevos elementos sobre pe-riodistas asesinados antes de2000

Según un informe publicado enenero de 2000 por la Fiscalía Ge-neral de la Nación, HernandoRangel, director y propietario de larevista mensual Sur 30 días, publi-cada en Plato, fue asesinado, el 12de abril de 1999, por un sicario. Lapesquisa se orienta hacia FidiasOspino Fernández, ex alcalde dela ciudad, cuya probidad el perio-dista había puesto en entredicho enrelación con casos de corrupción.Este asesinato eleva a siete el nú-mero de periodistas asesinados enColombia en 1999 por sus opinio-nes o en el ejercicio de su profe-

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sión.El 11 de julio de 2000, Rodolfo

Nelson Martínez y Jorge EliécerEspinal Velásquez fueron inculpa-dos por el asesinato, el 16 de sep-tiembre de 1999, de Guzmán Quin-tero Torres, periodista y editor delperiódico regional El Pilón, publica-do en Valledupar, localidad del nor-te del país, cercana a la frontera conVenezuela. Los dos hombres ha-bían sido arrestados el 26 de sep-tiembre de 1999. La conclusión dela pesquisa fue que el asesinatohabía sido motivado por la activi-dad periodística de Guzmán Quin-tero. Éste había denunciado lasexacciones perpetradas por miem-bros de las fuerzas armadas y ha-bía recibido amenazas unas sema-nas antes de su asesinato. El 13de septiembre, la Fiscalía transmi-tió el expediente a las autoridadescompetentes de Valledupar a fin deque se abriera el proceso.

El 11 de julio, José Morales yOrlando Sánchez, presuntos miem-bros de las AUC, fueron inculpa-dos del asesinato de AlbertoSánchez Tovar, propietario de laempresa de producción Produccio-

nes Colombianas Ltda., y de LuisAlberto Rincón, cámara indepen-diente, el 28 de noviembre de 1999.Ambos periodistas fueron asesina-dos cuando se disponían a cubrirlas elecciones municipales de ElPlayón, en el departamento deSantander.

El 12 de diciembre, en una entre-vista concedida a Caracol Televi-sión, seis miembros de la organi-zación criminal La Terraza recono-cieron haber asesinado, el 13 deagosto de 1999, al periodista Jai-me Garzón. Los seis afirmaron ha-ber cumplido órdenes de CarlosCastaño, jefe de las AUC, quien alparecer les había prometido a cam-bio treinta millones de pesos(15.000 euros) y el control de unaparte del tráfico de drogas en elpaís. Los asesinos declararon ha-ber conservado el arma del crimeny estar dispuestos a negociar surendición. Confirmaron también lahipótesis de que el asesinato estu-vo motivado por el papel de inter-mediario desempeñado por el pe-riodista y humorista de Radionet yde Caracol Televisión en la libera-ción de personas secuestradas por

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movimientos guerrilleros. El 5 dejulio, la Fiscalía, a cargo de la in-vestigación, ya había pronunciadouna orden de arresto contra CarlosCastaño por «homicidio agravado»,acusación que podría valerle la con-dena a sesenta años de cárcel. Lasrevelaciones de los asesinos llevana reconsiderar la detención, a prin-cipios de año, de Juan Pablo Ortiz,Wilson Lozano y Diego León Ortiz,como presuntos autores del asesi-nato. Tras haber colaborado duran-te años, las AUC y el grupo La Te-rraza se enfrentan, desde haceunos meses, en una lucha sin cuar-tel.

El 21 de diciembre se tuvo cono-cimiento de que el tribunal de Neiva(sur de Bogotá) había absuelto aFernando Bermúdez, Víctor Trujilloy Álvaro Quintero, presuntos auto-res del asesinato, el 16 de abril de1998, de Nelson Carvajal. El juezestimó que las pruebas presenta-das por la acusación eran insufi-cientes y que los testimonios care-cían de credibilidad. El proceso sehabía abierto el 29 de noviembredespués de que los tres individuosfueran inculpados, el 17 de enero

de 2000. La investigación a cargode la Fiscalía había concluido queel hombre de negocios FernandoBermúdez era el autor intelectualdel crimen y que Víctor Trujillo yÁlvaro Quintero habían sido suscómplices. Varios testigos afirma-ron que Bermúdez había intentadosobornar al periodista antes deamenazarlo. El periodista de RadioSur fue asesinado cuando estabainvestigando acerca de casos decorrupción en la ex administraciónmunicipal de Pitalito (sudoeste deBogotá) a la que pertenecía Fer-nando Bermúdez.

Periodistas secuestrados

El 25 de mayo de 2000, JinethBedoya, del diario El Espectador,fue secuestrada en Bogotá pormiembros de las AUC. La periodis-ta fue liberada unas diez horas mástarde en los alrededores de la ciu-dad de Villavicencio (a unos 100Km al sudeste de Bogotá). Duran-te su cautiverio, se la amordazó ymaniató, y luego fue golpeada,drogada y violada. A principios demayo, su periódico había revelado

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la matanza de varias decenas dedetenidos en la penitenciaría LaModelo, en Bogotá, perpetrada pormiembros de las AUC que estánencarcelados allí. En mayo de1999, la periodista había salido ile-sa de una primera agresión y yahabía sido amenazada por sus in-vestigaciones sobre las prisiones.

El 13 de agosto, Guillermo Cor-tés, director del consejo editorial deltelediario «Hora Cero», fue libera-do por el ejército junto con otrascuatro personas, en su mayoríahombres de negocios, rehenescomo él de las FARC. El periodistaestaba detenido desde el 22 deenero de 2000 por la brigada 53 delas FARC, que había reclamado unmillón de dólares por su liberación.Ese grupo guerrillero negó en unprimer momento haber secuestra-do al periodista antes de exigir unrescate en el mes de mayo.

El 5 de octubre, Andrés Gil y Gus-tavo González, respectivamente re-portero y cámara del canal de tele-visión RCN, y Pedro Pinto, su chó-fer, fueron secuestrados por gue-rrilleros del Ejército de LiberaciónNacional (ELN – guevarista) cuan-

do cubrían la toma por ese grupoarmado de un sector de la autopis-ta entre Bogotá y Medellín. El ELNexplicó que reprochaba a la pren-sa no haber transmitido sus infor-maciones acerca de las violacionesde los derechos humanos cometi-das por el ejército. Los dos perio-distas y el chófer fueron puestosen libertad doce horas más tarde ala salida de Medellín. Al día siguien-te, el mismo grupo armado secues-tró, por los mismos motivos, a Jai-me Arango y Jesús Abad, respec-tivamente periodista y fotógrafo deldiario El Colombiano, publicado enMedellín, quienes fueron liberadosdos días después.

El 2 de noviembre, Carlos Arman-do Uribe y Jorge Otalora, respecti-vamente presentador y productordel programa semanal «ProfesorYarumo», difundido por el Canal 1de televisión, fueron secuestradospor miembros del ELN al concluirla filmación de un programa en eldepartamento de Tolima. El prime-ro fue liberado una semana mástarde, mientras que Jorge Otalorarecobró la libertad el 29 de noviem-bre. Al parecer, a cambio de su li-

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beración, el grupo armado exigióinformaciones sobre las actividadesde la Federación de Productores deCafé, que financia el programa.El 6 de diciembre, Oscar Montoya,Oscar Álvarez y Alexander Cardo-na, de la radiotelevisión Caracol,Fernando Tabares, Sergio Goez yPedro Pinto, de RCN, YolandoBedoya, Luis Fernando Marín yGildardo Álvarez, de la cadena detelevisión CM&, Diego Argáez, delcanal de televisión Canal A, LuisBenavides, del diario El Especta-dor, Miguel Jaramillo y el equipo deltelediario «Noticiero de las 7», fue-ron detenidos por las FARC cuan-do intentaban cubrir los enfrenta-mientos entre la guerrilla y el ejér-cito cerca de Granada (390 Km alnoroeste de Bogotá). Los periodis-tas fueron liberados al día siguien-te, al término de la ofensiva de esegrupo armado contra la ciudad.

El 15 de diciembre, Wiston Vira-cachá, corresponsal del canal detelevisión Caracol Televisión enPasto, departamento de Nariño (li-mítrofe de Ecuador), fue secues-trado durante una operación orga-nizada por miembros del ELN. Dos

otros miembros del equipo de tele-visión, Dolly Morales, asistente delperiodista, y Germán Arcos, cáma-ra, fueron interceptados con el pe-riodista y liberados después de quelos guerrilleros verificaran su iden-tidad. El periodista fue liberado nue-ve días más tarde, el 23 de diciem-bre. Atado y encapuchado durantetodo su cautiverio, Wiston Viraca-chá afirmó haber temido varias ve-ces por su vida. El periodista infor-mó de que el grupo armado le acu-saba de tener vínculos con los gru-pos paramilitares basándose enuna denuncia hecha por otro perio-dista.

Periodistas exiliados

El 11 de enero de 2000, por se-gunda vez en quince días, el perio-dista colombiano Carlos Pulgarín,ex corresponsal del diario El Tiem-po, recibió amenazas en Lima,Perú, donde estaba refugiado des-de el mes de diciembre de 1999.Los autores de las llamadas anóni-mas advirtieron al periodista quesabían donde se escondía y que lomatarían. Carlos Pulgarín había

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salido de Colombia el 7 de diciem-bre de 1999 tras haber sido ame-nazado, en varias ocasiones, enparticular por el ejército que le acu-saba de ser un «portavoz de la gue-rrilla». Poco después abandonó elPerú con destino a un país euro-peo.

El 20 de febrero, Mireya ÁlvarezRamírez, propietaria del bimensualLa palma en facetas, publicado enLa Palma, localidad del centro delpaís, fue amenazada de muerte porpresuntos miembros de las FARCque le dieron treinta días para queles entregara diez millones de pe-sos (5.000 euros). El 12 de marzola revista dejó de publicarse. Po-cas semanas después, MireyaÁlvarez abandonó el país. Ya sehabía visto obligada a exiliarse en-tre mayo y octubre de 1999 trasrecibir intimidaciones de la mismaíndole. En 1998, los rebeldes ha-bían difundido volantes en los quese prohibía la circulación de cual-quier periódico en la región.El 11 de marzo, Francisco Santos,jefe de redacción del diario El Tiem-po, salió de Colombia al enterarsede que existía un plan de las FARC

para asesinarlo. Francisco Santos,que es también presidente de lafundación «País libre», que luchacontra los secuestros, afirma ha-ber pagado así el precio de su com-bate y de su posición en contra delos secuestros (unos 3.000 en1999) perpetrados especialmentepor grupos guerrilleros con objetode financiar la lucha armada. Fran-cisco Santos había creado la fun-dación «País libre» tras haber per-manecido secuestrado duranteocho meses por Pablo Escobar en1990.

En marzo, William Parra, presen-tador en el canal Caracol Televisióny realizador del telediario de la no-che, se exilió en España. En Co-lombia, su nombre era el segundode una lista de seis periodistas quelos paramilitares se proponían eli-minar. El primero de la lista, JaimeGarzón, fue asesinado el 13 deagosto de 1999. William Parra cri-ticaba las relaciones entre el ejér-cito y los grupos paramilitares. Ins-talado en Madrid, sigue recibiendoamenazas.

En el mes de mayo, se exilióWilliam Maldonado, del Canal 5 de

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televisión. En marzo había recibi-do, junto con su colega Luis Fer-nando Murena, amenazas de lasAUC. Los paramilitares acusabana ambos periodistas de ser «auxi-liares» de los grupos guerrillerostras la difusión por Canal 5 de imá-genes de seis policías secuestra-dos por las FARC.

El 1° de junio, Ignacio Gómez,responsable de la sección de inves-tigaciones del diario El Espectador,director de la Fundación por la li-bertad de prensa de Colombia ycorresponsal de Reporteros sinFronteras en Bogotá, salió de supaís con destino a Estados Unidos.El 24 de mayo, un grupo de indivi-duos había intentado secuestrarlo.Entre febrero y mayo de 2000 ha-bía recibido cincuenta cartas deamenaza en relación con sus inves-tigaciones sobre una matanza ocu-rrida en 1997 y atribuida a CarlosCastaño y a las AUC.

El 3 de junio, María AlejandraGonzález, de Radio Super, emiso-ra de la ciudad de Popayán (depar-tamento de Cauca), salió de Colom-bia tras haber sido informada porlos servicios de informaciones de

que existía un plan de las AUC paraasesinarla. Los paramilitares laacusan de ser una «ideóloga» delas FARC. María Alejandra Gonzá-lez es también miembro de una or-ganización de defensa de los de-rechos humanos. Las amenazasestarían motivadas por su cober-tura de las manifestaciones decampesinos en la región, en no-viembre de 1999.

En septiembre, Hollman FelipeMorris, del diario El Espectador, serefugió en España tras haber sidoamenazado de muerte, en variasocasiones, por sus artículos sobrela situación de los derechos huma-nos en su país. En 1999, se habíadesempeñado también como co-rresponsal de RCN TV en la zonadesmilitarizada controlada por lasFARC, en el sur del país.

En el mes de octubre, abandonóColombia Alfonso Miranda Ricaur-te, periodista de la emisora RadarEconómico de la Costa, en la ciu-dad de Barranquilla, situada en elnorte del país. Desde el mes deabril, el periodista recibía periódi-camente intimidaciones telefónicas.Su interlocutor lo amenazaba con

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tomar represalias contra su fami-lia, dando detalles muy precisossobre las costumbres de sus hijosy de su esposa. El periodista difun-día informaciones acerca de casosde corrupción y sobre la presenciade grupos armados en la región.Al menos dos periodistas más sehan visto obligados a exiliarse en2000 por haber recibido amenazasvinculadas con sus actividadesperiodísticas: Felipe Zuleta, del dia-rio El Espectador, y Martín Movilla,del canal de televisión Caracol Te-levisión. El primero había redacta-do artículos sobre los secuestros.El segundo trabajaba en la zonadesmilitarizada controlada por lasFARC, en el sur del país, y habíasido amenazado en varias ocasio-nes.

Periodistas detenidos

El 9 de julio de 2000, los perio-distas franceses Georges Bartoli,fotógrafo del diario francésL’Humanité, y Gilles Gesson, pe-riodista independiente, fueron de-tenidos en la ciudad de Arauca, si-tuada en el nordeste del país, por

los servicios del Departamento Ad-ministrativo de Seguridad de Co-lombia (DAS). Ambos periodistas,a quienes se les reprochó oficial-mente no poseer visado de pren-sa, cubrían la visita del sindicalistafrancés José Bové. Este últimoparticipaba en una misión de ob-servación de las negociacionesentre el gobierno y la comunidadindia U’was que se opone a la ins-talación de empresas petroleras ensu territorio. Ambos periodistas fue-ron puestos en libertad al día si-guiente.

Periodistas agredidos

El 5 de abril de 2000, MarcoAyala, del diario El Caleño, y Car-los Chavarro, del diario El Occiden-te, ambos fotógrafos, fueron agre-didos por manifestantes cuandocubrían una marcha de protesta deempleados del sector público en laciudad de Cali, situada a 250 Kmal sudoeste de Bogotá.

El 8 de mayo, Rafael Poveda,Oscar Obregoso, Germán Espejo,John Ripe y Mauricio Anzola, delcanal de televisión Caracol TV, así

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como Andrés Gil, Fernando Giraldoy Harold Joya, de RCN TV, fueronel blanco de disparos. Los dos equi-pos de televisión fueron atacadosmientras se desplazaban por el ríoCimitarra, que delimita los depar-tamentos de Bolívar y Santander(en el norte del país). Esta regiónes escenario de violentosenfrentamientos entre el ejército,los paramilitares y los grupos gue-rrilleros.

El 14 de agosto, Maruja Parra, fo-tógrafa del diario El Universal, pu-blicado en Cartagena, (norte delpaís), y José Torreglosa, cámaradel telediario «Cartagena 6.25» quese difunde por el canal de televi-sión Telecaribe, fueron agredidospor estudiantes mientras cubríanun movimiento de protesta contrala elección del nuevo rector de launiversidad de esa ciudad. Los es-tudiantes se ensañaron en particu-lar con la periodista, a la que insul-taron y golpearon, e intentaron ro-barle su cámara fotográfica.El 21 de septiembre se tuvo cono-cimiento de que Ramón EduardoMartínez y Rafael Guerrero, res-pectivamente corresponsal y cáma-

ra de RCN TV, fueron atacados abalazos por varios individuos en elsector de San Cayetano, en el nor-te del departamento de Santander.Los periodistas realizaban un repor-taje sobre los candidatos a las elec-ciones municipales amenazados enesta región bajo control militar.El 19 de octubre, el vehículo quetransportaba a Carlos Bravo y Cé-sar Paredes, respectivamente pe-riodista y cámara de la televisiónecuatoriana Gamavisión, así comoa un periodista de La Hora, un dia-rio de ese mismo país, fue deteni-do por cinco hombres armados enLa Dorada, ciudad situada a pocoskilómetros de la frontera con Ecua-dor. Los agresores se apoderaronde los casetes vídeo y de las pelí-culas fotográficas y obligaron a losperiodistas a dar media vuelta. Suvehículo se convirtió entonces enblanco de las balas en una regióndonde se enfrentan grupos guerri-lleros y paramilitares. Los periodis-tas realizaban una investigaciónacerca del secuestro de una dece-na de personas en esa zona fron-teriza.

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Periodistas amenazados

El 28 de abril de 2000 se tuvo co-nocimiento de que Mario Parra, dela emisora de radio La Voz deCinaruco, que pertenece a la redCaracol Radio, había tenido queabandonar el lugar donde estabarefugiado por otro sitio más segu-ro. Desde febrero de 1999, el pe-riodista recibía amenazas atribui-das a grupos guerrilleros. Residen-te en Arauca, en el nordeste delpaís, el periodista, al intensificarselas amenazas, se había refugiadoprimero en Cúcuta (nordeste), enjunio de 1999. Comentando el ase-sinato de un político atribuido a laguerrilla, Mario Parra había decla-rado en directo: «Aquí, los únicosque mueren viejos son los guerri-lleros.»

El 30 de abril, Arturo Prado Lima,de los telediarios «Hora Cero» y«Noticiero 90», pudo escapar a unintento de secuestro atribuido a lasAUC cuando se disponía a partici-par, como mediador, en la libera-ción de un sindicalista secuestra-do por las FARC. Estas últimas,que habían bloqueado una carre-

tera del departamento del Cauca,incendiaron el vehículo y el mate-rial del periodista. Éste, al ver lacarretera bloqueada, había abando-nado su automóvil unos minutosantes.

El 24 de mayo, la redacción deldiario El Espectador recibió un faxatribuido a los paramilitares en elque se amenazaba de muerte a Ig-nacio Gómez y a Hollman FelipeMorris de ese diario y a PatriciaUribe y Erika Carrillo, periodistas detelevisión.

El 23 de junio, Álvaro GómezRengifo, del diario La Patria, publi-cado en Manizales (al este de Bo-gotá), fue objeto de amenazas. Enel marco de su investigación sobreuna serie de homicidios ocurridosen la región entre 1997 y 1999, elperiodista se había quejado, en va-rias ocasiones, de que la policía serehusaba a comunicar informacio-nes.

En septiembre se tuvo conoci-miento de que Olga Lucía Garzóny Juan Carlos Escobar, del diarioEl Nuevo Día, publicado en Ibague,recibían amenazas desde hacíatres meses. Ambos periodistas cu-

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brían el conflicto entre los gruposguerrilleros y paramilitares en laregión. En una llamada telefónica,un interlocutor anónimo les habíafijado una cita para que le entrega-ran las informaciones de que dis-ponían sobre el conflicto so penade hacerles «desaparecer».El 30 de octubre, la oficina regio-nal del diario El Tiempo en Barran-quilla recibió una llamada: «Gam-boa y Falla tienen 24 horas parasalir de Barranquilla, segundo avi-so.» Orlando Gamboa y Álvaro Fa-lla son, respectivamente, jefe deredacción y responsable de la ofi-cina regional del diario. Ocho díasantes, el diario había recibido unallamada en la que se amenazabacon tomar represalias contra am-bos periodistas si el alcalde de laciudad no era reelecto en las elec-ciones municipales del 29 de octu-bre. El Tiempo había criticado rei-teradamente la gestión del alcaldeen el transcurso de los últimosaños.

Presiones y trabas

El 11 de febrero de 2000, dos ve-hículos pertenecientes a la emiso-ra de radio Caracol y al canal Ca-racol de Televisión fueron incendia-dos por guerrilleros del ELN en lalocalidad de San Luis, departamen-to de Antioquia. El grupo armadoafirmó que sancionaba así a esosdos medios por su cobertura de unaoperación que el ELN había lleva-do a cabo en la autopista entreMedellín y Bogotá.

El 13 de abril, dos individuos ar-mados irrumpieron en los localesdel bimestral Alternativa, situadosen el centro de Bogotá. Tras neu-tralizar a Giselle Torres y a Caroli-na Arévalo, asistentes del directorde publicación, destrozaron las ofi-cinas y robaron los discos duros delos ordenadores, varios documen-tos, así como la maqueta de la re-vista cuya publicación estaba pre-vista cuatro días más tarde. El bi-mestral se disponía a publicar unreportaje sobre un supuesto com-plot de la extrema derecha para to-mar el poder. Después de estaagresión, Alternativa ha cesado de

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aparecer por falta de recursos eco-nómicos.

El 20 de junio, un camión quetransportaba 3.000 ejemplares deldiario El Tiempo fue interceptadopor el «Frente 19» de las FARC enuna carretera situada en el límiteentre las provincias de Magdalenay del César (en el norte). Los gue-rrilleros quemaron la totalidad de losejemplares al borde de la carreteraantes de dejar que el camión prosi-guiera camino. En 2000, este gru-po armado ya había robado en dos

oportunidades varios miles deejemplares del mismo diario en losdepartamentos del norte del país.

El 13 de octubre, unos cuarentahabitantes de Usme, un distrito deBogotá, penetraron en los localesdel canal de televisión RCN TV.Éste acababa de difundir un infor-me que acusaba al alcalde del dis-trito de corrupción. El guardián delos locales fue agredido y tuvo queser hospitalizado. Los manifestan-tes ocuparon las oficinas durantemás de siete horas.

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