Para más información: www.undp.org.sv

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Febrero de

2014

PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE MUJERES EN EL SALVADOR La participación de mujeres en asuntos públicos y la igualdad en el acceso a cargos de toma de decisión ha sido reconocida como un derecho humano y una condición necesaria para el fortalecimiento de la democracia salvadoreña. Los derechos políticos de las mujeres en una democracia participativa y representativa tienen dos aristas:

a. La inclusión de las mujeres en cargos públicos y b. La necesidad de que las prioridades de las mujeres se

vean representadas en la agenda pública. El involucramiento de los hombres y mujeres es indispensable para alcanzar estos fines.

Legislación internacional y nacional Distintos marcos normativos promueven la igualdad de género y la eliminación de la discriminación contra las mujeres, así como su derecho a la participación política, siendo los más relevantes los siguientes:

Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece

que toda persona tiene derecho a participar en el gobierno

de su país, directamente o por medio de representantes

libremente escogidos, y de acceder, en condiciones de

igualdad a las funciones públicas (1948)

Convenio sobre los Derechos Políticos de las Mujeres (1952),

que plantea el derecho de las mujeres de ser electas en

condiciones de igualdad que los hombres.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) que

establece el derecho a participar en los asuntos públicos y el

acceso en igualdad de condiciones a la función pública de su

país.

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra las Mujeres (1979) que reafirma los

derechos humanos y libertades fundamentales, así como la

igualdad de las mujeres en el mundo. Manifiesta además que

los Estados partes tomarán todas las medidas apropiadas

para eliminar la discriminación contra las mujeres en la vida

política y pública del país.

La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995)

establece el compromiso de los Estados de promover la

igualdad de la participación de hombres y mujeres en todos

los órganos y procesos de determinación de políticas a nivel

nacional.

Declaración del Milenio (2000) en su Objetivo No. 3

promueve la igualdad entre los géneros y el empoderamiento

de las mujeres, especialmente el político

Consenso de Brasilia (2010) recoge las líneas de acción a

implementar para el desarrollo de políticas que promuevan

efectivamente la igualdad de género en la región. Y una de

estas líneas se refiere precisamente a la necesidad de ampliar

la participación de las mujeres en los procesos de toma de

decisiones y en las esferas de poder

Resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas

(19/12/2011) que alienta a los Estados a designar más

mujeres para ocupar puestos en todos los niveles del

gobierno, a equilibrar la participación de mujeres y hombres

en órganos y comités gubernamentales y entidades de la

administración pública y apoyar la eliminación de los

obstáculos que impidan directa o indirectamente la

participación de las mujeres.

Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación

contra las Mujeres (2011) Art. 21 establece la obligación de

los partidos políticos de promover la igualdad de

oportunidades entre hombres y mujeres en espacios de toma

de decisión en puestos claves.

Los derechos políticos de las mujeres en una democracia participativa y representativa tienen dos aristas:

La inclusión de las mujeres en cargos públicos y

La necesidad de que las prioridades de las

mujeres se vean representadas en la agenda

pública.

La participación de mujeres en cifras Existe una brecha considerable entre el reconocimiento formal de los derechos políticos de las mujeres, y el grado de participación y representación política de las mujeres. Las mujeres constituyen el 53,1% (EHPM, proyección para 2014), no obstante su participación es limitada en la vida política nacional:

- 15% como ministras y viceministras (1 ministra y 4 viceministras de un total de 13 ministerios y 20 viceministerios)

- 27% como diputadas propietarias de la Asamblea Legislativa

- 40% como magistradas de la Corte Suprema de Justicia (6 magistradas de 15 magistraturas, siendo que dos de las cuatro salas son presididas por mujeres, aunque ninguna mujer ha participado como presidenta de la Sala de lo Constitucional)

- 11% como alcaldesas (28 alcaldesas de un total de 262 municipalidades)

- 10% de instituciones autónomas son dirigidas por mujeres (2 de 19 autónomas)

- Ninguna mujer ha ocupado una magistratura del TSE como propietaria. Únicamente se ha contado con 2 mujeres suplentes propuestas por el FMLN y la CSJ.

Barreras que las mujeres enfrentan en la política Diferentes estudios coinciden en que la mera existencia de mujeres en puestos de toma de decisión no es una condición suficiente para asegurar cambios en las leyes y políticas a favor de la igualdad de género. Dentro de las barreras más frecuentemente denunciadas por mujeres figuran:

a. Para el acceso a puestos de decisión:

- La discriminación histórica contra las mujeres

fundamentadas en las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres.

- La perpetuación de estereotipos de género en la cultura política, que encasillan a las mujeres al ámbito doméstico, y que promueve la percepción de que la política pertenece al “ámbito masculino”, en el esquema de la división sexual del trabajo.

- La persistencia de desequilibrios en la asignación social de responsabilidades familiares en manos de mujeres, lo cual limita las opciones de las mujeres para incursionar en la esfera pública.

b. Para mantenerse en los cargos:

- La presunción de que no están calificadas para el trabajo y el estar bajo prueba constante implica una presión adicional a sus responsabilidades o la necesidad de probar que son más capaces que los hombres en posiciones similares.

- La problemática de balancear sus vidas personales con las responsabilidades públicas.

Gobierno

Asamblea Legislativa

Corte Suprema de Justicia

Gobiernos locales

Fuente: Elaboración propia, 2014

16 26 15

84 74 85

1999-2004 2004-2009 2009-2014

Por cada mujer en el gobierno participan 8 y hombres (% de mujeres y hombres en el gobierno 1999 -2014)

% Mujeres % Hombres

11 17 19 27

89 83 81 73

2003-2006 2006-2009 2009-2012 2012-2015

Por cada 3 mujeres diputadas propietarias participan 7 hombres

( % de escaños legislativos por sexo 2003 - 2015)

% Mujeres % Hombres

13 27 20 40

87 73 80 60

2003 2006 2009 2012

Por cada 4 mujer existen 6 hombres magistrados (% de magistraturas de la CSJ

por sexo 2003-2012)

% Mujeres % Hombres

6 8 11 11

94 92 89 89

2003-2006 2006-2009 2009-2012 2012-2015

Por cada alcaldesa existen 9 hombres alcaldes (% de alcaldes por sexo 2003-2015)

% Mujeres % Hombres

- Tienen que vencer los roles y expectativas de género que ponen en duda sus capacidades de liderazgo.

- Muchas de estas son excluidas de la toma de decisiones conjuntas con sus colegas varones.

- La violencia que sufren al ingresar a la política.

La apuesta por la paridad La paridad implica la participación y representación igualitaria entre hombres y mujeres en el proceso de toma de decisiones y es uno de los principios democráticos en la región. La paridad es un concepto cualitativo que supone la redistribución del poder en tres ámbitos claves: el mercado de trabajo, vida familiar y de toma de decisiones. La paridad en el gobierno tiene como meta principal alcanzar una representación equilibrada de género en el proceso de toma de decisión y ha sido defendida como un principio democrático y como un mecanismo para incrementar la representación política de las mujeres. Dicha meta está basada en la idea de que las mujeres por derecho propio deben tomar parte en las decisiones que impactan el bienestar de todos y todas, no sólo como iguales sino también como una mitad diferente con sus propios intereses y necesidades. Ejemplos de buenas prácticas los encontramos en los siguientes países: En Chile, en el primer gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet impulsó una política de paridad en su gabinete, en el que aproximadamente 50% de los cargos en los Ministerios, Subsecretarías e Intendencias eran ocupados por mujeres. Otros países como Colombia, Panamá y Ecuador han incorporado el principio de equidad de género en la designación de su gabinete. Actualmente Ecuador cuenta con presencia de mujeres en ministerios tradicionalmente reservados a los hombres, tales como Defensa, Transporte y Obras Públicas. En Bolivia, las mujeres dirigen los ministerios de justicia, Desarrollo Productivo y Economía Plural; Desarrollo Rural y Tierras y Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción. En Argentina, los ministerios de Industria y de Seguridad son liderados por mujeres. En EUA la Secretaría de Seguridad Nacional, de Comercio y del Interior son lideradas por mujeres.

La inclusión de mujeres en la política ha mostrado contribuir a

fortalecer la democracia, ya que promueve la inclusión de las

voces y demandas de las mujeres.

Asimismo, la representación femenina en los cargos públicos

fomenta la rendición de cuentas hacia las mujeres y el aliento

de una mayor participación política de las mismas en general.

Información de contacto:

PNUD EL SALVADOR, xenia.diaz@undp.org

RETOS PARA LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA DE LAS MUJERES

Los grandes retos son:

- Redistribución del poder: Lograr la paridad en la representación numérica de mujeres y hombres en puestos de toma de decisión del gobierno (secretarías, ministerios, viceministerios, autónomas), mediante el nombramiento de mujeres en cargos ejecutivos superiores

- Eliminación de la segregación horizontal del trabajo: Promover que las mujeres sean incluidas en puestos de decisión en secretarías, ministerios, viceministerios e instituciones autónomas tradicionalmente reservados a hombres, tales como Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), Ministerio de Economía (MINEC), Ministerio de Obras Públicas, Transporte, Vivienda y Desarrollo Urbano (MOPTVDU), entre otros.

- Compromiso con la igualdad de género: Asegurar que hombres y mujeres que participen en los gabinetes de gobierno cumplan con requisitos de alto compromiso con la igualdad de género y la plena vigencia de los derechos de las mujeres.

- Empoderar a las mujeres: Invertir en la formación de liderazgos femeninos y masculinos para el ejercicio eficaz del liderazgo político y la acción de gobierno, libres de sexismo, que además asegure la profesionalización de la carrera política de las mujeres y mejore su participación sustantiva en las instancias de decisión.

- Necesidades diferenciadas de hombres y mujeres son atendidas: El que los planes de gobierno de las nuevas autoridades presidenciales tomen en cuenta la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

- Participación femenina y empoderamiento: Institucionalizar canales de participación en donde las mujeres puedan contribuir de forma sustantiva en el diseño, desarrollo e implementación de políticas públicas y programas que beneficien el desarrollo del país y su gente