PARTE 1 Desaparece el gobierno de Veracruz 645 millones de pesos; entrega el dinero a empresas fantasma Funcionarios cercanos al gobernador de Veracruz, Javier Duarte, entregaron contratos a una red de empresas fantasma para la compra de productos que debían destinarse a población vulnerable, pero que nunca llegaron a su destino. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Arturo Angel El procedimiento es simple: al arranque del sexenio se selecciona a promotores del voto del PRI, se les pide su firma sin decirles para qué la quieren y éstas se usan para crear nuevas empresas. A estas compañías se les asigna un domicilio fiscal falso, que ninguna autoridad revisa. Una vez creadas, las empresas se registran como proveedoras del gobierno, capaces de vender desde pañales hasta cemento. Un pequeño grupo de funcionarios, cercanos al gobernador, se asegura que se les otorguen contratos, vía adjudicaciones directas o licitaciones cerradas. En estos contratos se finge la compra de productos, que debían distribuirse en zonas populares, pero de los que no hay constancia que hayan sido entregados. Después de obtener el dinero, la empresa cierra. El gobierno de Veracruz utilizó este mismo procedimiento una y otra vez para desaparecer al menos 645 millones 693 mil pesos entre 2012 y 2013. En esos años, funcionarios de la administración de Javier Duarte en Veracruz firmaron 73 contratos para la adquisición y distribución de bienes que, en el papel, serían destinados a personas en situación de pobreza, damnificados por desastres naturales, niños y ancianos. Pero que no hay constancia de que fueran entregados. Las secretarías locales de Educación, Protección Civil, Desarrollo Social y el DIF estatal fueron las responsables de firmar estos contratos, que en todos los casos fueron concedidos a una red de 21 empresas, las cuales tienen diversos elementos en común: fueron fundadas al arranque del sexenio de Javier Duarte, desaparecieron después de conseguir el contrato, o –como ocurre con 13 de ellas– los socios están relacionados entre sí. No son las únicas “coincidencias”: 12 fueron registradas ante la Secretaría de Economía con las mismas dos direcciones de correo electrónico y 11 están ubicadas en un mismo barrio habitacional popular. En todos los casos, las direcciones fiscales son casas, vecindades, lotes baldíos, panaderías o herrerías, en las cuales los dueños o inquilinos aseguran que nunca ha existido una empresa y menos aún que reciban contratos millonarios.

En las entregas siguientes Animal Político explicará a detalle cuáles son estas compañías y sus nexos entre ellas. En tanto, se puede adelantar que no sólo hay empresas fantasma, sino que además los productos que supuestamente se adquirieron no llegaron a su destino o es imposible saber qué ocurrió con ellos, porque las dependencias involucradas reconocieron que no tienen ningún comprobante que pruebe su entrega. Un grafólogo revisó las firmas que aparecen en los contratos y determinó que, en algunos de los casos, son falsas o no corresponden a la misma persona. Los contratos fueron firmados por un pequeño grupo de funcionarios que pertenecen al grupo político de Javier Duarte desde hace años. Son los mismos que han ocupado en este sexenio las oficialías mayores o tesorerías de las principales dependencias públicas y se han relevado unos a otros. Estos funcionarios son los mismos que han estado presuntamente involucrados en otros casos de corrupción y hasta se han anunciado investigaciones en su contra, averiguaciones previas abiertas o denuncias de la Auditoría Superior de la Federación, pero nada ha pasado. Está, por ejemplo, Edgar Spinoso, quien fue Oficial Mayor de la Secretaría de Educación hasta que fue removido porque la Auditoría Superior de la Federación alertó de posibles desvíos en más de 80 por ciento de las aportaciones federales para los programas en Educación. Pero eso no hizo que terminara su carrera política y hoy Spinoso es diputado federal. Otro es Vicente Benítez González, quien era el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol-Veracruz y quien colabora con Duarte desde que éste era diputado federal, en 2009. Benítez era Tesorero en la Secretaría de Finanzas local cuando, en enero de 2012, la Policía Federal decomisó una maleta con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban dos funcionarios de esa secretaría de Finanzas de Veracruz. Tras este hecho, Duarte anunció la renuncia de Benítez al cargo de Tesorero. Pero Benítez sólo estuvo un año fuera del gobierno porque regresó como subsecretario de Desarrollo Social, desde donde le tocó anunciar un programa estrella del gobierno de Duarte: la fundación de tiendas comunitarias, que hoy –como reconoce la propia Sedesol local– no existen. En marzo de 2014, Benítez llegó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz para relevar precisamente a Edgar Spinoso. Hoy es candidato a diputado local. Un ejemplo más de los funcionarios de las dependencias que avalaron los 73 contratos: Tarek Abdalá Saad, quien fue director de Finanzas y Administración de DIF y más tarde sustituyó a Vicente Benítez como tesorero, cuando éste tuvo que salir del cargo por el escándalo de los 25 millones de pesos decomisados. Tarek Abdalá es hoy diputado federal por Cosamaloapan y la PGR tiene abiertas tres averiguaciones previas vinculadas en su contra por el presunto desvío de más

de casi dos mil millones de pesos durante su gestión como tesorero de Veracruz en 2012 y 2013. La investigación de Animal Político, cabe subrayar, sólo se centra en 73 contratos por poco más de 645 millones de pesos que asignaron estas cuatro dependencias en 2012 y 2013. Una mínima parte de los contratos que cada año firman estas dependencias. De estos 73 contratos analizados, 16 fueron por adjudicación directa –sin concurso– y otros 57 se otorgaron vía licitaciones cerradas, en las que los propios funcionarios siempre invitaron a las mismas 21 compañías, 19 de las cuales fueron creadas en el sexenio de Javier Duarte y su historial comercial es nulo más allá de obtener estos contratos. Luis Pérez de Acha, abogado experto en derecho fiscal y constitucional, revisó los documentos de esta investigación –que incluyen contratos, actas constitutivas y respuestas de transparencia de las dependencias– y consideró que en la entrega de estos contratos “hay señales claras de irregularidades fuertes, que pueden calificarse incluso de delictivas por parte de los funcionarios del estado de Veracruz que están involucrados en (la entrega de) licitaciones directas o restringidas”. Animal Político buscó desde la semana pasada la versión del Gobierno de Veracruz y de las dependencias estatales involucradas en la firma de estos contratos. Se les entregó la base de datos de todas estas adjudicaciones y licitaciones para su revisión. El Director de Información del gobierno del estado, Bernardo Gutierrez Parra, señaló que debido al periodo de veda electoral estaban impedidos para dar un posicionamiento público. También se pidió la postura de los funcionarios que participaron en la entrega de estos contratos y que ahora son diputados federales por el PRI. La respuesta que entregó la Coordinación de Comunicación Social de la bancada de ese partido fue que los legisladores se encontraban participando en las campañas electorales de Veracruz y que no estaban disponibles para dar su posicionamiento. El caso Sedesol En 2013 la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) de Veracruz firmó 45 contratos en los que siempre participaron empresas de esta red, por un monto de 243 millones 766 mil 548 pesos. Los conceptos fueron variados: desde materiales de construcción para pisos y techos de viviendas en zonas marginadas hasta útiles escolares, artículos de limpieza, cobertores, cobijas y despensas. Los contratos se entregaron vía “licitaciones simplificadas”, un mecanismo legal que establece que deben participar tres empresas en una competencia, pero son seleccionadas por los funcionarios. Este mecanismo sólo tiene una limitación: el monto total del contrato no puede superar los seis millones de pesos, pero los funcionarios cuidaron que esto no sucediera.

En los 45 contratos participaron las mismas empresas. En algunas licitaciones les tocaba ganar y en otras perder, pero siempre eran las mismas. Por ejemplo, en la licitación 222-13 por paquetes de láminas, Sedesol Veracruz invitó a las empresas Importadora Denylk, Merca Carrey y AD911. La primera es propiedad de Román Ulises Alvarado y la segunda, de Adriana Montes Hernández. Román es sobrino de Adriana y ambos, en realidad, son habitantes de una zona marginada en Boca del Río y no sabían –según confirmaron– que eran “propietarios” de empresas. La tercera empresa invitada, AD911, es una compañía creada seis meses antes de la licitación. El contrato fue para Importadora Denylk. Pero hubo “revancha” para AD911 porque tres días después, la misma dependencia la invitó a la licitación 233-2013, también por paquetes de láminas. En esta ocasión ganó y derrotó a una empresa llamada Mogarver. Esta última empresa es propiedad de Martha Hernández, media hermana de Adriana y madre de Román Ulises Alvarado. Ya en 2012 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) había detectado que Sedesol de Veracruz estaba usando esta misma estrategia: para evitar que hubiera licitaciones abiertas y así pudieran controlar qué empresas participaban, los funcionarios de la dependencia dividían un mismo contrato en partes para que no superaran los 6 millones de pesos que fija la ley como tope. La Contraloría de Veracruz anunció que había integrado por ello el expediente 094/2013, pero no hubo sanción alguna. En 2013, Sedesol Veracruz continuó con la misma práctica y por eso los contratos que se entregaron son máximo por 5 millones 800 mil pesos. Otro caso detectado se dio en cinco contratos para la compra de uniformes, útiles escolares y despensas de artículos no perecederos o de limpieza. Los productos debían repartirse a través de “tiendas comunitarias en zonas marginadas” que forman parte del programa social “Adelante”, pero estas tiendas no existen, según reconoció en entrevista el coordinador de dicha estrategia, Jesús González Herrera. –Esto implicaba un despliegue presupuestal amplio que no pudo llevarse a cabo (…). Sí hubo reglas de operación para este programa, pero no se ha materializado nada por la insuficiencia presupuestal –señaló. – ¿Entonces no hay ninguna tienda comunitaria de Sedesol local? –No. Dijo desconocer por qué se pagaron esos contratos si las tiendas nunca se crearon. Aquí el audio de esa entrevista: (…) En el periodo en que se concedieron estos contratos Vicente Benítez González era el Subsecretario de Desarrollo Social y Humano de la Sedesol-Veracruz, el

área que se encarga de los programas sociales y combate a la pobreza de acuerdo con el organigrama de esa dependencia. Benítez empezó el sexenio como Tesorero en la Secretaría de Finanzas local, hasta que perdió el cargo porque la Policía Federal decomisó en el Aeropuerto de Toluca, en enero de 2012, una maleta con 25 millones de pesos en efectivo que llevaban dos funcionarios de la secretaría de Finanzas de Veracruz. La Procuraduría General de la República investigó los hechos, pero determinó que no había delito y autorizó el regreso de los 25 millones de pesos. Benítez fue reubicado como subsecretario de Desarrollo Social. En una denuncia contra el gobernador Duarte que el PAN interpuso en marzo pasado ante la PGR, por presunto lavado y enriquecimiento ilícito, Benítez fue identificado como uno de sus presuntos prestanombres. La denuncia señala que a través de él, el gobernador habría realizado inversiones en Miami, Florida, mediante una firma denominada Capital Investment Property Services. En marzo de 2014 volvieron a reubicar a Benítez, que fue nombrado en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. Ahí relevó a Edgar Spinoso. Se mantuvo en ese cargo hasta el 22 de febrero de este año, cuando renunció para ser candidato del PANAL por la diputación local de San Andrés Tuxtla. Cuando Sedesol-Veracruz emitió las 45 licitaciones adjudicadas a la red de empresas, en 2013, el titular de la dependencia era Alberto Silva Ramos, quien colaboró con el exgobernador Fidel Herrera desde que él era senador de la República, en 2002. Los contratos fueron firmados en su totalidad por su director jurídico, Juan Carlos Rodríguez, y su jefe administrativo Humberto Benítez Pérez. Ambos son colaboradores cercanos de Silva desde que era alcalde de Tuxpan, en 2010. De acuerdo con un perfil de su trayectoria política y personal, Alberto Silva y Javier Duarte se conocieron cuando trabajaron juntos en la Secretaría de Gobernación en 1994. Antes de trabajar directamente en el gabinete de Duarte, Silva se desempeñó como alcalde del municipio de Tuxpan hasta 2012 y en 2013 pidió licencia para asumir la titularidad de Sedesol Veracruz. En 2015 fue electo como diputado federal por Tuxpan pero en marzo de este año pidió licencia indefinida al Congreso para regresar al gabinete de Duarte como coordinador de Comunicación Social. Los contratos de la Secretaría de Educación Entre octubre de 2012 y marzo de 2013, la secretaría de Educación de Veracruz adjudicó siete contratos a seis empresas por un total de 324 millones 414 mil pesos para la compra de materiales didácticos. En este caso se entregaron vía

adjudicaciones directas, a pesar de que la Ley de Adquisiciones de Veracruz sólo permite esta opción en situaciones de “emergencia”. Una de las empresas fue Abastecedora Romcru, que recibió un contrato por 131 millones. Está registrada ante la Secretaría de Economía con uno de los dos correos electrónicos con los que 12 de estas empresas se dieron de alta:palermo712@hotmail.com y bruno061887@hotmail.com. Su accionista, Raúl Chirinos Escobar, es hijo de Concepción Escobar, una mujer que aparece como socia de Publicidad Akkira, otra compañía de esta red. Ambos niegan ser dueños de empresa alguna. En otro de los casos la empresa Comersil, cuyo correo electrónico es el mismo con el que se registró Abastecedora Romcru, recibió dos adjudicaciones de esta dependencia por 26 millones 23 mil pesos. Se pidió a la Secretaría de Educación local nombres y ubicaciones de las escuelas “beneficiadas” y comprobantes de su entrega. La respuesta fue: “Distribuidos a diversos centros educativos del Estado”, pero se negaron a precisar cuáles. La adjudicaciones directas de estos contratos estuvieron avaladas por Edgar Spinoso Carrera, quien fue Oficial Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz en 2012 y 2013. Spinoso coincidió con Javier Duarte en el gobierno de Fidel Herrera entre 2005 y 2009: Duarte como secretario de Finanzas del estado y Spinoso como tesorero en la Secretaría de Educación. Al iniciar su sexenio, en diciembre de 2010, Duarte colocó a Spinoso en la Subsecretaría de Finanzas y luego lo mandó a la Oficialía Mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz. En marzo de 2014, después que la Auditoria Superior de la Federación alertó de posibles desvíos en más de 80 por ciento de las aportaciones federales para los programas en Educación, Spinoso fue relevado del cargo, pero no hubo ninguna investigación en su contra. En 2015 se dio a conocer que dos años antes la PGR abrió una investigación por peculado contra él, Tarek Abdalá y Tomás Ruíz González, otros funcionarios involucrados en esos contratos de los que se hablará más adelante. La denuncia fue por acusaciones hechas tanto por la Auditoría Superior de la Federación como por particulares. En 2016 el nombre de Spinoso fue incluido en una denuncia del candidato del PAN al gobierno de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, como parte de una supuesta red de prestanombres a través de los cuales Duarte habría adquirido propiedades por tres mil millones de pesos en Estados Unidos. Otro funcionario que trabajó en la Secretaría de Educación de Veracruz cuando se entregaron los contratos es Adolfo Mota Hernández, quien la encabezó desde el inicio del gobierno de Duarte. Entre 2002 y 2004 fue presidente estatal del PRI en

Veracruz y de 2006 a 2009 fue diputado federal. Duarte nombró a Mota secretario de Educación y durante su gestión la Auditoría Superior de la Federación alertó de desvíos del dinero público. Por ejemplo, en la Cuenta Pública del 2012 los auditores detectaron 120 millones de pesos que la Secretaría de Educación no comprobó qué destino tuvieron. Pese a eso Mota se mantuvo en el cargo hasta que renunció para iniciar campaña como candidato a diputado federal, labor que desempeña actualmente.

PARTE 2 Las sedes de la red de empresas de Veracruz son casas, tienditas y lotes baldíos La red de empresas coincide en socios, e-mails, fecha de fundación y ubicaciones geográficas. En ninguna de sus sedes opera una compañía real. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad. Arturo Angel El gobierno de Veracruz, con Javier Duarte a la cabeza, le entregó a una red de empresas fantasma 645 millones de pesos para supuestamente comprar cobijas, útiles escolares y zapatos para damnificados por desastres naturales o personas en situación de pobreza. Sin embargo, es imposible saber si estos productos llegaron a su destino. Los recursos, en realidad, fueron entregados por funcionarios del gobierno a empresas cuyos supuestos dueños son vecinos de colonias populares, quienes afirman que les hicieron firmar documentos a cambio de promesas de apoyo. Estos funcionarios, que se aprovecharon de licitaciones a modo y adjudicaciones directas, son colaboradores cercanos de Javier Duarte desde hace años y han estado relacionados con otros casos de presunta corrupción. Esta es la segunda de tres partes de la investigación de Animal Político que demuestra cómo estos funcionarios firmaron documentos y aprobaron la entrega de estos 645 millones de pesos. La primera puede consultarse aquí. Mañana publicaremos la tercera. Nada de empresas La pintura de la casa se cae a pedazos y la corrosión devora las rejas que protegen la única ventana. La puerta de la entrada es un rectángulo de madera carcomida y decolorada y, al interior, el polvo recubre los pocos muebles que están sobre el maltrecho piso de concreto. No hay televisión, radio o algún otro aparato. Mucho menos una computadora o una impresora en el interior 3 de la calle Michoacán 410, en el puerto de Veracruz. Esta es la sede de la empresa Carrirey, una comercializadora que obtuvo contratos millonarios del gobierno veracruzano y que en su acta constitutiva señala que se dedica a 17 rubros distintos, entre ellos vender cualquier producto legal. En un solo contrato el gobierno de Javier Duarte le adjudicó 19 millones de pesos por la venta de material didáctico especializado. “Aquí no hay nada (de empresas). Este terreno es mío y esta casa la hizo mi mamá y se la dejó a mis hijos. Es una herencia de mi mamá para ellos”, dice José Adrián Álvarez Molina, dueño del predio.

A José Álvarez le sorprende poco escuchar que su predio es la dirección de una compañía. A su domicilio, dice, llegan recibos de por lo menos cuatro empresas más que supuestamente tienen ahí su sede, las cuales también obtuvieron contratos con el gobierno veracruzano. Carrirey, en efecto, no es la única empresa que opera desde una casa casi en ruinas y cuyos habitantes dicen no ser dueños de ninguna compañía. La red de empresas En un lapso de 18 meses, entre junio de 2012 y diciembre de 2013, Veracruz adjudicó 73 contratos por más de 645 millones de pesos a una red de 21 empresas. De estos contratos, 16 fueron por adjudicación directa y el resto mediante licitaciones restringidas, en las que el Gobierno decidió a qué empresas invitaría. Tras revisar sus actas constitutivas, contratos, fallos de licitaciones, registros ante la Secretaría de Economía, páginas web y entrevistas, se descubrió que estas empresas se encuentran relacionadas por distintos factores. Primero están las fechas de fundación: 19 de ellas se crearon en la actual administración de Javier Duarte. En 2011 fueron constituidas las sociedades anónimas de capital variable Anzara, Rinoxa, Cymaned, CERENE, Matrusca, Grupo Balcano y Pefraco. En 2012 nacieron Abastecedora Romcru, Marvercarr, Publicidad Akkira, Saervizios Oktagonales, Desarrolladores Mercalim, Merca Carrey, Carrirey, Bienart, Comersil y Mogarver. En 2013, meses antes de que se realizaran las licitaciones y adjudicaciones, fueron constituidas AD911 y Bloques 2DM, así como Importadora Denylk. Solamente hay dos empresas, Ravsan y Comercializadora Alifresh, que fueron creadas en 2010, en los meses previos a que tomara posesión el actual gobierno. Luego están las ubicaciones de la red de empresas. Once de ellas se encuentran dentro de un mismo radio de 200 metros en los límites de las colonias Virgilio Uribe y Formando Hogar, una zona habitacional popular al norte del puerto de Veracruz. Ocho más están en otros puntos del puerto y otras dos en la ciudad de Xalapa. Da click sobre cada icono en el mapa para ver información sobre la red de empresas: (…) Al acudir a esas direcciones se pudo constatar que esos sitios no son sedes de empresas, sino casas particulares y cuartos de vecindades. Hay una dirección que no existe, otra que es de una tiendita de abarrotes y una más de una herrería. En

el domicilio de otra empresa, en Xalapa, lo que hay es una panadería y un consultorio. Otras coincidencias: 12 fueron registradas en la Secretaría de Economía con los mismos correos electrónicos y en 13 los nombres de los socios aparecen en distintas empresas o tienen relación familiar entre sí. Ninguna de las comercializadoras tiene ni tuvo una página web propia o cuentas en redes sociales. No hay registros o antecedentes de sus actividades empresariales más allá de los contratos que obtuvieron. Animal Político acudió a la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO) de Veracruz para buscar información de la red de empresas. Dos expresidentes de la Canaco, Erick Suarez Márquez y Belgio Amaya, dijeron no conocerlas y agregaron que no tienen presencia en la actividad comercial de la entidad y tampoco han estado afiliadas a esa cámara. Pese a ello, el gobierno de Veracruz las invitó participar directamente en 57 licitaciones para que compitieran entre sí y les dio 16 adjudicaciones directas con el argumento de que eran las “más adecuadas” -en el caso de los contratos de Protección Civil local- o sin argumento alguno -en los de la Secretaría de Educación local-. Para 2014, un año después de que se realizaran la mayor parte de las licitaciones y adjudicaciones directas, 19 de las empresas habían desaparecido del Registro de Proveedores de Veracruz. Las dos restantes lo hicieron en 2015. A continuación se detallan los datos de cada una de estas empresas: Abastecedora Romcru S.A. de C.V. Se creó en marzo del 2012, según su acta constitutiva. Se le adjudicaron 180 millones 913 mil 832 pesos producto de 10 contratos: uno de la Secretaría de Educación local en 2012, ocho de la Secretaría de Desarrollo Social local en 2013 y otro más del DIF Veracruz en 2012. La compañía fue invitada directamente a 18 licitaciones por la Secretaría de Desarrollo Social junto con otras compañías de la misma red. De acuerdo con su objeto social se dedica al comercio de todo tipo de artículos legales existentes. El gobierno lo mismo le adjudicó contratos por venta de juguetes didácticos que por artículos electrodomésticos y láminas de acero para restaurar viviendas endebles. La compañía fue registrada ante el Sistema de Información Empresarial de la Secretaría de Economía (SIEM) con el correo electrónico palermo712@hotmail.com, el mismo que tienen otras seis empresas de esta red. El domicilio de la empresa, ubicado en la calle Carlos Cruz número 169, en el centro del Puerto de Veracruz, corresponde en realidad a un patio con una vivienda al fondo cuyo propietario murió hace 10 años, y que hoy es ocupada por

Mónica Gertrudis y sus dos hijos. La entrada a este predio es solo una reja metálica oxidada y deteriorada, que no tiene número exterior visible. “Esa empresa aquí no existe. Han llegado recibos de préstamos en el banco y un documento de que el gobierno les había prestado no sé cuántos millones de pesos. Pero aquí no hay ninguna empresa, nosotros nunca prestamos documentación, eso es una empresa totalmente fantasma”, dijo Mónica en entrevista. Carrirey S.A. de C.V. Se constituyó en julio de 2012. La Secretaría de Educación le adjudicó directamente un contrato por 19 millones 992 mil pesos en marzo de 2013 y la de Desarrollo Social la incluyó en tres licitaciones restringidas, donde la invitó junto con otras dos empresas de este mismo grupo. De acuerdo con su acta constitutiva, se trata de una empresa dedicada a 17 cosas distintas, desde comprar o vender todo tipo de artículos legales existentes hasta hacer anuncios publicitarios o fabricar e imprimir facturas. La empresa fue registrada ante el SIEM con el correo electrónico bruno061887@hotmail.com, el mismo que otras cuatro compañías de esta misma red. El domicilio de esta empresa, Michoacán 410 Interior 3, colonia Villa de Guadalupe, Puerto de Veracruz, es una casa propiedad de José Adrián Álvarez Molina, quien señaló que su domicilio ha sido utilizado como dirección de compañías que nunca han tenido ahí su sede, y lo sabe por la documentación que llega a veces a su domicilio: “Este terreno es mío pero aquí llegaban estados de cuenta de unas empresas que manejaban dinero. Había cuatro empresas en este mismo lugar. A nosotros se nos perdieron recibos de luz y, después nos dijo el banco, con esos abrieron las cuentas de estas empresas”. Marvercarr S.A. de C.V. Se constituyó en julio del 2012. Recibió 31 millones 821 mil pesos, entre junio y noviembre de ese año, en cinco contratos: uno de la Secretaría de Educación y cuatro más de la Secretaría de Protección Civil. Fue registrada ante el SIEM con la misma dirección de correo electrónico de otras cuatro empresas: bruno061887@hotmail.com. Es una compañía que se dedica a comercializar todo tipo de artículos. El domicilio de la compañía es Emiliano Zapata 440, en el centro de Veracruz. En realidad es la vivienda de Benjamín Franco: una casa de dos niveles de no más de 40 metros cuadrados. Franco, además de aclarar que él nunca prestó sus documentos para que se diera de alta a compañía alguna, dijo que ya denunció esta situación al banco pues llegan recibos a nombre de esa compañía. Ravsan Servicios Múltiples S.A. de C.V.

Se constituyó en 2010. Recibió un contrato de cinco millones 130 mil pesos del DIF Veracruz en 2012 y está involucrada en 11 licitaciones de la Sedesol local en las que participaron otras compañías de la misma red en 2013. Una de esas licitaciones es la 214-13, en la cual el contrato fue adjudicado a la compañía Bloques 2DM. Ambas empresas fueron registradas ante el SIEM con el mismo correo electrónico: bruno061887@hotmail.com. Su dirección es Guadalupe 1599, colonia Virgilio Uribe, Puerto de Veracruz, un área habitacional donde está la sede de otras 11 compañías de la misma red. Se trata de una casa de un solo nivel. El propietario es un señor de la tercera edad, Javier Gómez, quien dijo “estar harto” de que le lleguen “papeles” de una compañía que ahí nunca ha existido. Explicó que esta situación ocurre desde hace tres años por lo menos. Bloques 2DM S.A. de C.V. Se creó en mayo del 2013. Se le adjudicaron siete contratos por 38 millones 56 mil pesos, todos de Sedesol-Veracruz, apenas seis meses después de que se constituyera. Para obtener esos contratos la empresa fue invitada por Sedesol-Veracruz a licitaciones simplificadas en donde aparecen compañías de la misma red. También a otras seis licitaciones donde no ganó el contrato, pues lo obtuvieron otras empresas aliadas. Fue registrada ante el SIEM con la misma dirección de correo electrónico que otras cuatro empresas: bruno061887@hotmail.com. Su dirección es Cervantes y Padilla 1490-2, colonia Formando Hogar, en el Puerto de Veracruz. Es la misma calle donde está la sede de tres compañías más del grupo. El domicilio corresponde a un cuarto de vecindad que renta María Solís. La entrada al lugar son dos puertas metálicas carcomidas por el óxido y sin cerradura. Ella señaló que no tiene conocimiento de esa empresa y que el domicilio que señalan los documentos es el del cuarto que ella renta. Agregó que antes de que ella llegara al sitio, hace dos años, el cuarto estaba desocupado. Comersil S.A. de C.V. Se constituyó en mayo de 2012. Un año después se le adjudicaron 38 millones 773 mil pesos a través de un contrato de la Secretaría de Educación y cuatro más de Protección Civil. Fue registrada ante la Secretaría de Economía con el correo electrónico palermo712@hotmail.com, igual que otras seis empresas de la red. Su dirección está en el número 640 de la calle Santo Domingo, colonia Formando Hogar: la misma zona donde tienen sede otra decena de compañías. En realidad es una vecindad a la que se ingresa por una reja oxidada. El inquilino, Fernando Rosas, dijo que ni ahí ni en toda la colonia hay empresa alguna, que es una zona habitacional y que muchos de los habitantes son personas de la tercera edad.

Aseguró que personas de la colonia han entregado comprobantes de domicilio a representantes de partidos políticos a cambio de supuestos apoyos de programas sociales. “Aquí hay coordinadoras (de partidos políticos) que manejan estos programas de Sedesol, de Sin hambre y 70 y más. Los mismos que recogen las credenciales manejan estos programas”. Añadió: “Hay una señora que es coordinadora del PRI y, junto con otras vecinas, recolectan recibos y credenciales para los apoyos, pero quién sabe qué hagan con ellas”. Anzara S.A. de C.V. Se constituyó en julio de 2011. Se le adjudicaron contratos por 29 millones 204 mil pesos: cuatro de Sedesol Veracruz y uno del DIF Veracruz. También participó en tres licitaciones más relacionadas con empresas de la misma red. La compañía fue registrada ante el SIEM con el correo electrónico palermo712@hotmail.com, al igual que otras seis empresas. Los accionistas son las mismas personas que los de otra empresa de la misma red: Rinoxa. La dirección de esta empresa es Cervantes y Padilla 1490, colonia Virgilio Uribe, la misma calle del norte del puerto de Veracruz donde está la sede de otras tres compañías. En el lugar en realidad hay un negocio de herrería cuyo propietario dijo que ahí no existe la empresa Anzara, solo ese local y cuartos en renta. AD 911 S.A. de C.V. Se constituyó en mayo de 2013. Seis meses después se le adjudicaron 36 millones 522 mil pesos en ocho contratos de Sedesol Veracruz, que obtuvo tras ser invitada a licitaciones con otras empresas de la red. Participó en otras similares, donde los invitados fueron las mismas empresas. Su dirección es Costa Rica 63, dentro de la misma zona popular y habitacional del norte del puerto donde se ubican otras 10 empresas. Es una vía angosta donde apenas hay espacio para que circule un auto compacto en un solo sentido. En esa calle no hay ninguna casa marcada con el número 63. Vecinos señalaron que no conocen de la existencia de compañía alguna. CERENE S.A. de C.V. Se constituyó en mayo de 2011. El DIF Veracruz le adjudicó un contrato por cinco millones 25 mil pesos y fue invitada a tres licitaciones por parte de Sedesol-Veracruz con otras empresas de la misma red. Su dirección es Cervantes y Padilla 1881, colonia Virgilio Uribe, la misma calle en la que se ubican otras tres compañías. El sitio corresponde en realidad a una casa con techo de lámina cuya inquilina, Jacqueline Terrón, dijo que esa dirección fue utilizada para dar de alta a “una compañía” y que lo sabe porque unos “licenciados” fueron a recoger correspondencia a nombre de esa supuesta comercializadora.

Explicó que ella llegó a vivir allí hace medio año pero que el propietario anterior le dijo que “del sitio se robaban recibos de luz y otros documentos”, por lo que no descarta que se haya hecho un mal uso de ellos. Grupo Balcano S.A. de C.V. Se constituyó en agosto de 2011. Firmó 13 contratos por 60 millones 757 mil pesos. Ocho corresponden a Sedesol-Veracruz y le fueron asignados tras competir en licitaciones con otras empresas de la misma red. Se le invitó a otras nueve licitaciones similares, en la cual quedó en segundo lugar. Los otros cinco contratos corresponden a una adjudicación directa de la Secretaría de Protección Civil local y a cuatro licitaciones restringidas del DIF local. Su domicilio es la calle Caracol 186, colonia Geovillas, en la zona periférica del puerto de Veracruz. Se trata de una unidad habitacional. No se encontró en la calle alguna vivienda con el número 186 visible, pero en el sitio donde debería estar hay una cerca metálica. Por las rendijas se aprecia un patio de tierra y una casa. No existe ningún letrero que señale que se trata de una empresa. Pefraco S.A. de C.V. Se constituyó en agosto de 2011. Un año después la Secretaría de Educación le adjudicó un contrato por 106 millones de pesos para venta de material didáctico. La empresa además recibió tres contratos del DIF Veracruz por 14 millones 937 mil pesos y participó en dos licitaciones simplificadas de SEDESOL Veracruz con otras compañías de esta misma red. Su domicilio es Río Zapopan 909, colonia Río Medio, en el puerto de Veracruz, una zona habitacional donde se ubican otras tres empresas de esta red. En realidad el sitio corresponde a una casa deteriorada, con un jardín abandonado, el pasto crecido, y con basura acumulada. Merca Carrey S.A. de C.V. Se constituyó en 2012. Meses después obtuvo dos contratos por 21 millones 196 mil pesos, uno con la secretaría de Educación y otro con la de Protección Civil de Veracruz. Además fue invitada a cuatro licitaciones con la Sedesol local, junto con otras empresas de la misma red, en 2013. Fue registrada en el SIEM con la misma dirección de correo electrónico que otras seis sociedades anónimas: palermo712@hotmail.com. El domicilio es Calle 3 número 179, colonia Río Medio, en el puerto de Veracruz. El único domicilio de esa calle que parece coincidir es una casa en la que no está visible el número, pero en la que no hay algún anuncio o referencia a la empresa. Los vecinos dijeron que no conocen de empresas en esta zona, solo casas y tiendas de abarrotes. Comercializadora Alifresh S.A. de C.V.

Se constituyó en diciembre de 2010. Obtuvo en 2013 cuatro contratos por parte de Sedesol-Veracruz por 19 millones 322 mil pesos, tras competir con otras compañías de la red. Su dirección es calle Talquezal 35-B, colonia Los Torrentes, del puerto de Veracruz. Es una zona de viviendas de interés social. El sitio es en realidad una casa de dos pisos con la fachada deteriorada y las rejas oxidadas. Bienart S.A. de C.V. Fue creada en junio del 2012. En diciembre de 2013 se le adjudicaron 18 millones 767 mil pesos a través de tres contratos que le dio la Sedesol-Veracruz, que ganó en licitaciones tras competir con otras compañías de la misma red. Su domicilio es Bolivia 15, colonia Francisco I. Madero, en Xalapa. Se trata de un edificio en el que existe una panadería llamada “La Perla” y un consultorio médico. No existen carteles que indiquen que ahí exista una comercializadora. De acuerdo con su acta constitutiva se dedica a 13 actividades distintas, que incluyen la venta de todo tipo de productos, así como el seguimiento de carteras vencidas o el arrendamiento de terrenos. Importadora Denylk S.A. de C.V. Se creó en 2013. Ese mismo año recibió tres contratos de Sedesol-Veracruz por 18 millones 744 mil pesos para la venta de materiales de construcción. Los ganó a través de licitaciones simplificadas a las que fueron invitadas otras empresas de la red. Esta empresa tiene dos direcciones, según sus documentos. La que aparece en el contrato es una casa particular en la calle Francisco I. Madero, colonia Francisco Ferrer, en Xalapa. En las invitaciones a la licitación aparece una dirección en la Ciudad de México: Homero 229, colonia Polanco. Dicho número corresponde a un edificio donde lo que hay es una sucursal del banco Banorte y una tienda GNC. Empresa Mogarver S.A. de C.V. Se constituyó en mayo de 2012. Obtuvo un contrato por 1 millón 99 mil pesos con el DIF local por la compra de utensilios de cocina. También fue invitada a dos procesos de licitación por Sedesol-Veracruz, junto con otras empresas de la misma red. Su dirección es Santo Domingo 639, colonia Formando Hogar, del puerto de Veracruz. El sitio es una casa con un deterioro evidente cuyo ocupante, quien no quiso dar su nombre, dijo que se trata de una vivienda y no es sede de ninguna empresa. El domicilio está justo al lado de otra empresa de la misma red: Comersil. Ambas fueron creadas el mismo mes. Rinoxa S.A. de C.V.

Fue creada en noviembre de 2011. La empresa estuvo inscrita en el padrón de proveedores del estado de Veracruz en 2013, pero durante esta investigación no se encontraron contratos asignados. La compañía está registrada ante la Secretaría de Economía con el correo bruno061887@hotmail.com, el mismo que utilizan otras cuatro empresas. Sus accionistas son los mismos que los de la empresa Anzara. Su domicilio es Cervantes y Padilla 1335, colonia Virgilio Uribe, al norte del Puerto de Veracruz. Es la misma calle en la que tienen su sede otras tres empresas de esta red. El sitio es en realidad una tienda pequeña de abarrotes de nombre “ODY”, cuya propietaria negó que ahí exista comercializadora alguna. CYMANED S.A. de C.V. Se constituyó en agosto de 2011. Participó entre septiembre y diciembre de 2013 en tres procesos de licitación simplificada con otras empresas de la misma red, a los que fue invitada por Sedesol Veracruz. La dirección de esta empresa, según los documentos de la licitación, es exactamente la misma que la de la compañía Comersil: 640 de la calle Santo Domingo, colonia Formando Hogar del Puerto de Veracruz. En realidad es un cuarto en una vecindad. El inquilino Fernando Rosas negó que alguna vez haya existido ahí alguna empresa de cualquier tipo. Publicidad Akkira S.A. de C.V. Fue creada en noviembre de 2012 y se inscribió en el padrón de proveedores del gobierno de Veracruz en 2013, pero no se han encontrado licitaciones en las que haya participado hasta ahora. La empresa fue registrada ante la Secretaría de Economía con el correo electrónico palermo712@hotmail.com, el mismo que utilizan otras seis compañías. La dirección de esta empresa es calle Puerto Rico número 88, colonia México, al norte del puerto de Veracruz. Es la misma zona donde están otras diez compañías. En el sitio hay una vivienda popular. Desarrolladores Mercalim S.A. de C.V. Fue creada en febrero de 2012 e inscrita en el padrón de proveedores del gobierno del Veracruz en 2013. Para el 2015 ya no aparecía en el referido padrón. No se tienen detectados contratos que se le hayan asignado. La empresa fue registrada ante la Secretaría de Economía con el correo electrónico palermo712@hotmail.com, el mismo que utilizan otras seis compañías. Saervizios Oktagonales SA de CV. Fue creada en noviembre de 2012. Fue inscrita en el padrón de proveedores del gobierno del estado en 2013 pero para 2015 ya no aparecía. No se tienen detectados contratos que se le hayan asignado.

La empresa fue registrada ante la Secretaría de Economía con el correo electrónico palermo712@hotmail.com, el mismo que utilizan otras seis compañías. La dirección de esta compañía, en Urbina 87 colonia Unidad Veracruzana, corresponde a un inmueble en el que hay cinco cuartos que se rentan. *Animal Político pone a disposición de sus lectores los documentos que se utilizaron en la realización de esta serie de reportajes.

PARTE 3 Los socios de la red empresas de Veracruz en realidad conducen un taxi o venden cosméticos Quienes aparecen como socios de las 21 empresas viven en zonas populares, niegan ser accionistas y afirman que promotores del voto les ofrecieron apoyos a cambio de documentos personales. Esta investigación fue posible gracias al apoyo de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad Arturo Angel El gobierno de Veracruz, con Javier Duarte a la cabeza, le entregó a una red de empresas 645 millones de pesos para supuestamente comprar cobijas, útiles escolares y zapatos para damnificados por desastres naturales o personas en situación de pobreza. Sin embargo, es imposible saber si estos productos llegaron a su destino. Los recursos, en realidad, fueron entregados por funcionarios del gobierno a empresas cuyos supuestos dueños son vecinos de colonias populares, quienes afirman que les hicieron firmar documentos a cambio de promesas de apoyo. Estos funcionarios, que se aprovecharon de licitaciones a modo y adjudicaciones directas, son colaboradores cercanos de Javier Duarte desde hace años y han estado relacionados con otros casos de presunta corrupción. Esta es la última de tres partes de la investigación de Animal Político que demuestra cómo estos funcionarios firmaron documentos y aprobaron la entrega de estos 645 millones de pesos. La primera puede consultarse aquí y la segunda en este link. Firmas a ciegas Concepción Escobar dice que cuando “los licenciados” le llevaron los papeles a firmar ella apenas podía ver sus propias manos: tenía entonces 65 años y cataratas en los ojos, y su mundo eran puras imágenes borrosas. Los licenciados –de quien ella no recuerda los nombres– de todas formas la hicieron firmar los documentos que le pusieron enfrente. Colocaron en el papel una tarjeta de colores para marcar el sitio exacto donde debía poner su firma. La señora no sabe dónde ocurrió esto, no pudo verlo, pero su hijo Raúl Chirinos dice que la llevaron con un notario –¿Qué fue lo que firmó, Concepción? –Me dijeron que me iban a dar algo… que me iban a dar un apoyo, que necesitaban que yo firmara. Mire señor, ¿cómo iba yo a leer? No veía nada. A partir del 2012 Concepción y Raúl se convirtieron, sin saberlo, en empresarios: son socios de dos comercializadoras, Abastecedora Romcru y Publicidad Akkira, con las que ganaron más de 180 millones de pesos en diez contratos que les entregó el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

Ellos nunca vieron ese dinero. Incluso, Concepción dice que no le entregaron ni siquiera “el apoyo” que le prometieron para que firmara los papeles que no pudo leer. Su esposo, un trabajador pensionado, tardó tres años para poder juntar el dinero y pagar una cirugía que habría de quitarle las cataratas. –¡Que voy a ser yo empresaria! Si yo soy pobre… ¿Usted cree que si tuviera yo eso, estaría aquí viviendo? Escucha aquí su testimonio: (…) Concepción vive en la colonia Infonavit Buenavista, una zona popular al poniente del puerto de Veracruz. Aquí las casas de interés social, de no más de 40 metros cuadrados, tienen paredes derruidas y agrietadas. Lo mismo que las calles, que son una colección de hoyos y baches. Raúl, quien también asegura que no es dueño de empresa alguna, vivió aquí hasta hace un año. –Hasta pensé que me agarraron de mensa, porque no me llegó nada (…) inocentemente nos agarraron y no nos dieron ni un quinto –dice Concepción. Raúl también dio su testimonio: (…) Concepción y su hijo Raúl no son las únicas personas que supuestamente son dueñas de empresas que han recibido millones de pesos del gobierno que encabeza Javier Duarte. Las empresas Las dos empresas de las que son socios Raúl y Concepción forman parte de una red 21 compañías a las que funcionarios del gobierno de Veracruz, ligados al gobernador Javier Duarte, otorgaron entre 2012 y 2013 contratos por más de 645 millones de pesos. Distintos elementos ligan a estas compañías, que van desde la ubicación –la mitad están en un radio de 250 metros– hasta que 12 de ellas están registradas con los mismos dos correos electrónicos. En 13 empresas existen nexos entre los socios, ya sea porque el nombre de al menos uno de los accionistas se repite en otra compañía, o porque son integrantes de una misma familia. Estas personas en realidad son habitantes de zonas marginadas que, bajo promesas de apoyos –como dinero en efectivo o materiales para sus casas– aceptaron firmar documentos y entregar su credencial de elector. Por ejemplo, Olaya Vásquez García es accionista de Marvercarr y madre de uno de los accionistas de Bienart, Juan Luis Domínguez Vásquez. El otro socio de Bienart es Victorino Benítez Márquez, quien también aparece como accionista de la empresa Publicidad Akkira. En esta última también es accionista Concepción

Escobar de Paz, madre de Raúl Antonio Chirino Escobar, quien a su vez es dueño de Abastecedora Romcru. Marvercarr, Bienart, Publicidad Akkira y Abastecedora Romcru obtuvieron 231 millones 503 mil pesos en contratos del gobierno de Veracruz. Martha Hernández Rodríguez es accionista en Mogarver y su hijo, Román Ulises Alvarado Hernández, es dueño de Importadora Denylk. Adriana Montes Hernández, quien se identifica como media hermana de Martha y tía de Román, es socia de Merca Carrey. Esas tres compañías obtuvieron contratos por 40 millones 941 mil pesos. Tanto Martha como Adriana Montes reconocen que han sido promotoras de voto para el Partido Revolucionario Institucional, y que entregaron sus credenciales de elector y firmaron documentos para personas que trabajan para ese partido. Virginia Quiroz Cárdenas y Yadira Becerra Arrieta, accionistas de Carrirey, aparecen en el padrón de militantes del partido que llevó a Javier Duarte al gobierno. Rosalía Gonzalez Rivera, de Grupo Balcano, y Virginia Cano Aguilera, de AD911, están en la misma situación. Lucía Rodríguez Hernández es accionista en Comersil y Saervizios Oktagonales, empresas que obtuvieron 38 millones 773 mil pesos en contratos con el gobierno. Ella vive en la calle Lucio Cabañas de la colonia Lombardo Toledano, una zona donde las casas ni siquiera tienen número pues se creó hace años producto de un asentamiento irregular. Yadira Becerra, dueña de Carrirey, en realidad vende cosméticos. Los sectores empresariales, políticos y sociales del estado afirman que no conocen ni a estas empresas ni a los empresarios. En buscadores de Internet no existe tampoco registro de la actividad empresarial de uno solo. Los últimos dos expresidentes de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Veracruz, Erick Suarez Márquez y Belgio Amaya, afirmaron en entrevistas por separado que desconocen tanto a los supuestos accionistas como a las empresas. Estas son las casas y calles donde viven los accionistas de estas empresas: Las amapolas En Las Amapolas las calles no tienen pavimento. Los habitantes de esta colonia al norte del municipio de Boca del Río, Veracruz, viven respirando la tierra que inevitablemente levanta el viento. Si llueve deben pelear contra el agua que se cuela dentro de las casas, muchas de ellas con pisos de tierra y techos de lámina. Martha Hernández Rodríguez, su hijo Román y su media hermana Adriana han vivido toda su vida en esta colonia. Sus ingresos dependen de lo que el esposo de Martha obtiene vendiendo carnitas en un puesto callejero los fines de semana, y del sueldo que Román gana trabajando todos los días como chofer de taxi.

Cuando se les muestran los documentos en donde aparecen como socios de una empresa que ganó millones de pesos en un solo año por contratos con el gobierno de Veracruz, Adriana abre los ojos y ríe nerviosa. – ¿Y a nosotros nos llegará algo de ese dinerito? –pregunta la señora de 60 años. En el papel, Martha Hernández es accionista de la empresa Mogarver, Adriana Montes es socia de Merca Carrey y Román Alvarado es dueño de Importadora Denylk. Estas empresas firmaron seis contratos por 41 millones de pesos. Pero de esos millones y de las empresas, ellos dicen no saber nada. Lo que reconocen es que han entregado e incluso han firmado documentos a coordinadores del PRI, pues Martha y Adriana han trabajado como promotoras de voto de ese partido político. “Hay una coordinadora de campaña del PRI y esa invita a la gente a que sea promotora del voto y te dice que necesita 10 credenciales. ¿Y de dónde los agarramos? Pues de los más próximos, que son nuestros familiares”, relata Martha. Una de las ocasiones en que fueron promotoras del voto, recuerda Martha, fue en 2012 durante la campaña del priísta Oliver Aguilar Yunes a una diputación local por Boca del Río. Justo a finales de ese año y los primeros meses de 2013 se constituyeron las tres empresas en donde aparecen como accionistas. Adriana dice que aceptaron entregar sus documentos a cambio de un supuesto apoyo de dos mil pesos que los representantes del PRI les entregarían junto con materiales para reforzar sus viviendas. Estos materiales son justamente los que venden las empresas en donde aparecen como dueños. “Yo le dije el otro día a mi hermana que si no nos dan nada nos regresen nuestras copias, porque no dan nada pero agarran las credenciales para otra cosa. Lo malo de ser promotora es que no te cumplen, y quedas mal con la otra persona”, finaliza Adriana. Músicos y empresarios Mateo aparece como socio de otra de las empresas, pero pide que no se mencione de cuál ni su nombre real, por temor a represalias. Dice que no quiere problemas “con esa gente; tengo familia y aquí pasan muchas cosas”. En la compañía en la que aparece como dueño hay otro socio, a quien Mateo identifica como amigo suyo. Ambos son músicos y viven de lo que cobran por tocar los fines de semana. Firmaron los documentos a cambio de apoyos: les dijeron que les pagarían el recibo de electricidad, lo cual nunca pasó. Dice que hay más personas que han aceptado dar papeles y firmas a cambio de distintos apoyos. A una amiga suya, agrega, unos “licenciados” la llevaron hasta Xalapa y la hicieron firmar papeles del Seguro Social: “Es para que te den ayudas y supuestamente firmas para que sea legal, por eso te llevan con un notario. Ellos

tienen su cuadro bien hecho… pero nosotros no somos empresarios, si nos estamos muriendo de hambre”. Mateo dice desconocer con quién estaban conectadas estas personas, solo les decían que eran apoyos que venían de empresas privadas. Sin rastro Victorino Benítez Márquez es socio de dos de estas empresas: Bienart y Publicidad Akkira. Ambas fueron creadas en 2013. Bienart obtuvo contratos por más de 20 millones de pesos del Gobierno veracruzano. En la dirección de Victorino que señalan los documentos, nadie sabe de él desde hace más de una década. “Uy, él tiene como diez años que no vive aquí, más o menos. Era un inquilino y rentaba un cuarto, pero luego se fue y ya no supimos nada. Sabíamos que era un empleado de algo, creo, no un empresario”, dice Marisela, una vecina del condominio ubicado en la colonia Rigo, Boca del Río. Su caso no es el único. Hay otros socios de empresas que no viven en los domicilios en los que aparecen registrados o cuyos supuestos domicilios no existen. Moisés Jiménez García, por ejemplo, es socio de las compañías Rinoxa y Anzara. Esta última obtuvo contratos por más de 30 millones de pesos. Él no vive desde hace 14 años en el domicilio que aparece registrado en las actas de las empresas, aunque aún llega ahí parte de su correspondencia. “Rentaba aquí un cuarto, vivió unos dos años, pero ya no ha regresado ni para recoger lo que aún le llega”, afirma Antonio, un vecino que vive en el condominio desde hace cuatro décadas. Olaya Vásquez García y Juan Luis Domínguez Vásquez se supone que viven en la misma casa ubicada en la calle Cervantes y Padilla de la colonia Formando Hogar, en el puerto de Veracruz. En esa zona popular, llena de inmuebles con pintura casi invisible y con rejas a medio derruir, están las direcciones de 10 empresas de esta red. Olaya y Juan Luis son accionistas de las empresas Marvercarr y Bienart –la misma en la que aparece Victorino Benítez Márquez–, que fueron creadas en 2012 y 2013, respectivamente. Los contratos que obtuvieron del gobierno de Veracruz superan los 40 millones de pesos. Ellos tampoco viven donde señalan los documentos. Un matrimonio vecino, que vive en un departamento del condominio, afirma que Olaya y Juan Luis son madre e hijo y que alquilaban uno de los departamentos. Agrega que se fueron del sitio hace cuatro años y no cree que regresen pues, dice, deben dinero. El vecino muestra un documento bancario que señala que están buscando a Luis para que cubra un adeudo de tres mil pesos.

Fabiola Jacqueline Mundo González es accionista de la empresa Grupo Balcano, que obtuvo del gobierno de Veracruz 60 millones de pesos en 13 contratos. La dirección que tiene registrada la empresa, en la colonia Remes del puerto de Veracruz, es una casa en donde vive Zoyla García, quien dice que Fabiola rentaba un cuarto pero que se fue de ahí tres años atrás. “Ella ya tiene mucho tiempo que no vive aquí. Incluso han venido a preguntar por ella de una tienda, creo que les debe dinero. Esta es mi casa y yo le rentaba un cuarto. Solo veía que se iba a trabajar y regresaba, pero (que sea) empresaria, la verdad no”, agrega. Hay casos donde el rastro de los accionistas es aún más escaso. Por ejemplo Virginia Cano, propietaria de la empresa AD 911, involucrada en diez licitaciones y con contratos que superan los 35 millones de pesos, tiene registrada como dirección el número 1467 de la Avenida 2 de abril, en el Fraccionamiento Reforma del Puerto de Veracruz. Sin embargo, no hay ninguna vivienda con ese número. Lucía Rodríguez y los hermanos Cesar y Jorge Álvarez Alegría son algunos de los empresarios cuya dirección está en la colonia Lombardo Toledano, una zona pobre del oriente del puerto de Veracruz, cuyas calles están sin pavimentar. Muchas de las casas están hechas de lámina o de tabla roca y ni siquiera tienen número. Al preguntar a vecinos sobre Lucía y los hermanos Alegría, nadie dio razón de ellos. Lucía es, en el papel, dueña de dos empresas: Saervizios Oktagonales y Comersil, esta última con adjudicaciones directas por más de 40 millones de pesos. – ¿Aquí vive Lucía Rodríguez? Es dueña de una comercializadora que vende muchos productos. Ha ganado varios millones –se le pregunta a un joven que maniobra con su bicicleta por el camino de tierra. – ¿Millones? Si aquí la gente no tiene ni tres pesos para caerse muerta. *Animal Político pone a disposición de sus lectores las actas constitutivas de estas empresas: (…)