Panamá pone a salvo sus recursos naturales

Los panameños confirman con una moderna ley sobre vida silvestre su decisión de continuar desarrollando el país, sin que esto signifique la destrucción de su medio ambiente.

Flor del Espíritu Santo, la flor nacional de Panamá. Foto Flatau, A.A. 1269, Panamá.

Por Arnulfo Barroso, corresponsal del Servicio Informativo Iberoamericano de la OEI, Ciudad de Panamá, Panamá.

. Panamá dejó de ser el único país de Latinoamérica que no contaba con una Ley General de Medio Ambiente que estableciera los principios y normas básicas para la conservación, protección y recuperación de la naturaleza, así como para la promoción del uso sostenible de los recursos naturales que posee.

La Ley 41 creó, además, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) y el Consejo Nacional del Ambiente, este último integrado por tres ministros de Estado, que deberán formular la estrategia nacional en este tópico, a un costo de medio millón de dólares, y revisar su cumplimiento cada seis meses.

El Consejo recibirá apoyo de la Comisión Consultiva Nacional del Ambiente y los Recursos Naturales que estará integrada por 15 representantes del gobierno, la sociedad civil y las comarcas indígenas. Esta estrategia busca reunir en un solo documento los lineamientos aislados que existen en el país en torno a la preservación del medio ambiente e incorporar la dimensión ambiental en los diversos aspectos de orden político, económico y social del país.

La confección de la estrategia se hará a través de una consulta nacional con organizaciones no gubernamentales, clubes cívicos, el sector industrial, empresarial, autoridades provinciales y locales.

Es la primera vez en la historia del país que un gobierno formula una política ambiental encuadrada en el concepto de desarrollo sostenible y de la globalización.

El presidente de la república, Ernesto Pérez Balladares, afirmó que la Ley General de Medio Ambiente pone al país al nivel de las expectativas mundiales sobre

preservación de su naturaleza y el funcionamiento del Canal de Panamá, infraestructura que depende casi en su totalidad del recurso natural agua.

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional Legislativa, Gerardo González, afirmó que nunca en la historia de ese órgano del Estado una ley había sido tan consultada antes de su aprobación.

La Autoridad Nacional del Ambiente tiene entre sus funciones garantizar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y política nacional sobre este tema.

Mientras que el Consejo Nacional del Ambiente formulará la política general de la nación, dirigirá y supervisará la ejecución de las estrategias ambientales del país, representará a Panamá ante los organismos nacionales e internacionales y asumirá todas las responsabilidades que tenía el desaparecido Instituto de Recursos Naturales Renovables (INRENARE).

Pérez Balladares hizo incapié en que la función más importante de la Autoridad Nacional del Ambiente es sentar las bases para que las actividades de desarrollo se realicen con el menor impacto posible sobre los recursos naturales y la calidad de vida de los panameños.

Los ecologistas aseguran que uno de los puntos más importantes de esta Ley es la obligación que tiene el Estado de crear las condiciones legales y financieras para la inversión estatal o privada en sistemas de tratamiento de aguas residuales con fines de reutilización, siempre que ello no afecte la salubridad pública ni los ecosistemas naturales.

Consideran de mucha importancia también la obligatoriedad del Estado de regular, manejar y controlar el manejo diferenciado de los desechos domésticos, industriales y peligrosos en todas sus etapas.

Paralelo a esta Ley, el Gobierno ha adoptado medidas como la aprobación de leyes que brindan incentivos a la reforestación, programas para el desarrollo sostenible de los parques nacionales e internacionales, el manejo de las cuencas hidrográficas, incluyendo la del Canal, el Plan Regional y de Uso de Suelo de esta vía acuática, el Corredor Biológico del Atlántico y las estrategias sobre biodiversidad y de normas de salud ambiental.

A través de esta Ley se crea el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), que estará conformado por todos los lugares legalmente protegidos por leyes, decretos, resoluciones o acuerdos municipales y las que se establezcan en el futuro.

La falta de una Ley General de Medio Ambiente limitaba el acceso de Panamá a los mercados y a beneficios de carácter internacional que se ofrecen a los países

que dedican sus esfuerzos a la protección de la naturaleza, a desarrollar el campo jurídico ambiental, la agricultura orgánica y las transacciones internacionales sobre captación de carbono.

Panamá espera el próximo año estar en condiciones de vender en el mercado internacional la fijación de carbono que producen sus bosques. Los panameños esperan emular a sus vecinos costarricenses que reciben ingresos aproximados a los 25 millones de dólares anuales por la venta de carbono a los países industrializados.

Los ecologistas aseguran que esta Ley es moderna, de fácil comprensión y no represiva, ya que concede hasta ocho años a la industria para que voluntariamente haga su reconversión, adecúe sus sistemas de producción y logre parámetros e instrumentos concretos, reales y objetivos acordes con las exigencias ambientales internas y de los mercados internacionales.

Destacan la creación de una fiscalía superior del ambiente y fiscalías de circuito en todas las provincias del país para instruir las sumarias contra las personas naturales o jurídicas que incumplan la Ley General de Medio Ambiente. Las faltas a esta Ley se calificarán como delitos ecológicos. La Ley considera un contaminante cualquier elemento o sustancia química, biológica, energía, radiación, vibración, ruido, fluido o combinación de estos, presentes en niveles de concentración que representen un peligro para la seguridad y salud humana, animal y vegetal del ambiente. Este instrumento prohibe la existencia, importación y distribución de desechos peligrosos, con base en lo estipulado en el Convenio de Basilea, el Acuerdo Regional sobre Movimiento Transfronterizo de Desechos Peligrosos y el Protocolo de Montreal. Sostiene que el uso de los suelos deberá ser compatible con su vocación y aptitud ecológica, de acuerdo con los programas de ordenamiento ecológico del territorio, que eviten prácticas que produzcan erosión, degradación o modificación de las características topográficas con efectos ambientales adversos.

A su vez, el Estado y las empresas privadas que realicen actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica están obligadas a cumplir con los requerimientos que establezcan la Comisión Nacional de Política Energética y la Autoridad Nacional del Ambiente.

Este nuevo ordenamiento legal faculta a la Autoridad Nacional del Ambiente a convocar a consultas públicas, a través de un referendo, para decidir sobre aquellos temas o problemas ambientales importantes que aquejen al país. La Autoridad deberá desarrollar un plan de concesiones a particulares de los recursos protegidos existentes en el país, incluyendo las áreas adyacentes a la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá. OEI.