RDENES PRESIDENCIALES, ESTADOS DE EXCEPCIN Y DERECHOS HUMANOS: Apuntes a propsito del caso Peruano y de la Ley USA Patriot

I. JUSTIFICACINEs usual que muchas de las personas que estudiamos derecho nos cuestionemos sobre si determinada decisin ha sido correcta o no, si tiene justificacin legal o si fue una actuacin arbitraria, en consecuencia exigimos, y criticamos (bajo nuestros saberes) el actuar de muchos intrpretes en cuyos despachos se deciden cuestiones trascendentales que incluso pueden decidir el futuro de las personas. Sin embargo, ser intrprete no es una tarea sencilla pues en el ejercicio de la labor, el juez se encontrar ante casos fciles y casos difciles, ms all de su relevancia o irrelevancia, a lo que nos referimos es a que en determinadas situaciones los jueces se encuentran contra la espada y la pared, incluso puede ocurrir que por un lado tengan una fuente legal, pero por otro cuestionen el origen de la misma disposicin (en trminos materiales)[footnoteRef:1]. (Es el caso de la disyuntiva a la cual se enfrent la jueza Antonia Saquicuray en la apertura de juicio que vena haciendo a los miembros del grupo paramilitar Colina, pues por un lado la presin poltica la incitaba a la aplicacin de la ley de amnista y por consiguiente dejar impunes tales actos, mientras que por otro lado se encontraba sus convicciones sobre lo que es correcto en correlacin con la constitucin. Caso Corte IDH Barrios Altos Vs. Per) [1: Un ejemplo de esto ltimo es la disyuntiva a la cual se enfrent la jueza Antonia Saquicuray en la apertura de juicio que vena haciendo a los miembros del grupo paramilitar Colina, pues por un lado la presin poltica la incitaba a la aplicacin de la ley de amnista y por consiguiente dejar impunes tales actos, mientras que por otro lado se encontraba sus convicciones sobre lo que es correcto en correlacin con la constitucin. Caso Corte IDH Barrios Altos Vs. Per, ]

II. INTRODUCCINCul es el lmite a las intervenciones del derecho penal en la regulacin de la vida de las personas? Toda legislacin es legtima y vlida por el solo hecho de haber cumplido con cuestiones formales? se toman en cuenta los factores polticos que condicionan cierta toma de decisin? El tema es muy amplio por donde se le mire, pero desde nuestra ptica, en base a los requerimientos del Estado Democrtico Constitucional, consideramos que las leyes (penales, civiles, administrativas, por citar algunas) deben de encontrar su razn fundante en los principios que el ordenamiento consagra, por consiguiente no pueden contravenir tales principios.[footnoteRef:2] Ello sin desmerecer que puedan surgir circunstancias muy excepcionales a la anterior regla, como ocurre en los Regmenes de Excepcin; no obstante, la crtica va en cuanto la excepcin termina convirtindose en la regla, ms aun si consideramos la grave afectacin que sufren las personas. [2: Robert Alexy sostiene que los principios son mandatos de optimizacin pues requieren concretizarse en la medida de los posible, sino de lo mximo concretizable, as plantea tres criterios a usar: Afirmacin de la correccin; garanta de fundamentabilidad, expectativa de que todos los destinatarios de la pretensin lo reconozcan como correcto.La pretensin de fundamentabilidad, implica que quien -por ejemplo- se encargue de legislar, o de decidir antes de emitir una sentencia frente a un caso difcil, debe de basarse en juicios razonables lo cual implica el deber de argumentar para justificar cada una de las decisiones que tome, teniendo no solo en cuenta a un grupo reducido (efecto inter partes), sino a la sociedad en general (efecto erga omnes). En concordancia con lo anterior, y en vista a que dicha decisin a tomar, afectar a una colectividad es que tambin se buscar que los miembros de sta se adhieran y reconozcan su decisin como aceptable, lo cual signifique que es la ms acorde con los derechos humanos (y ello necesariamente deber de incluir a las minoras, grupos vulnerables o que a lo largo del tiempo hayan sido privados de derechos).]

Kai Ambos plantea un caso ideal que nos puede servir de modelo para aclarar lo anterior: Una persona, sospechosa de haber cometido un delito, p. ej., de haber secuestrado a otra persona o haber puesto una bomba, es arrestada y se niega a cooperar con los investigadores. Si stos no obtienen inmediatamente la informacin sobre el paradero de la persona secuestrada o sobre cmo desactivar la bomba, la vctima va a morir y la bomba va a explotar. Para impedir que esto suceda, los investigadores obtienen del sospechoso la informacin necesaria aplicando tortura. De este modo la vctima puede ser rescatada y la bomba puede ser desactivada. De ms est decir que en este caso los investigadores son agentes del Estado.[footnoteRef:3] [3: AMBOS, Kai. Terrorismo, tortura y Derecho penal: Respuestas en situaciones de emergencia. Barcelona, Atelier, 2009. Pp. 36-37.]

El sentido comn nos puede indicar que si dicha persona ha sido quien ha colocado la bomba o quien ha secuestrado a otra persona, es necesario extraer la informacin a como d lugar; sin embargo en la realidad no suele ser tan sencillo tomar ese tipo de decisin, sobre todo porque no siempre se tendr certeza de quin ha realizado tal accin; en el mejor de los casos se tendr a unos presuntos culpables, pero aun as ser difcil aceptar sin taras el aplicar mecanismos de tortura.

III. ANLISIS COMPARADO DE LA LUCHA DE STADOS UNIDOS CONTRA EL TERRORISMO

En los Estados Unidos la poltica anti-terrorista que rige actualmente el pas tiene su principal antecedente en el famoso atentado del 11 de setiembre del 2001, ya es bastante conocido los hechos del mencionado acto terrorista. Luego de este hecho, el 14 de setiembre del 2001, el gobierno de los Estados Unidos bajo el mando del presidente George W. Bush declar Emergencia Nacional ante la continua e inmediata amenaza de ms ataques terroristas[footnoteRef:4], lo cual dio paso a la creacin del Departamento de Seguridad Nacional y la muy famosa, y criticada, Ley Antiterrorista o Ley Patriota. [4: EXCELSIOR. Por un ao ms, EU vivir bajo estado de alerta terrorista. Ciudad de Mxico. Mxico. 04 de setiembre del 2014. Consulta: 30 de setiembre del 2014. ]

Lo cierto es que desde el atentado del 11 de setiembre el gobierno de los Estados Unidos inicio una campaa de lucha antiterrorismo que ha dado paso a medidas muy criticadas y polmicas. Tal es el caso de las famosas rdenes ejecutivas o presidenciales que dan pena de muerte a los acusados de terrorismo; esta medida consiste en que el presidente de los Estados Unidos decreta que una persona representa una amenaza a la seguridad nacional[footnoteRef:5] por su participacin en el terrorismo (frecuentemente con vinculaciones manifiestas con Al Qaeda), por lo que declara la bsqueda constante de esta persona, actividad que es realizada por los organismos de investigacin nacional (FBI CIA) y al ser encontrada es sometida a la famosa Ejecucin Sumaria[footnoteRef:6], en otras palabras el equipo de bsqueda tiene la facultad de ejecutar a esta persona. [5: Definicin de Seguridad Nacional en la Seccin 302 de la Ley USA Patriot: por"Seguridad nacional"se entender "la defensa nacional, las relaciones exteriores o los intereses econmicos de Estados Unidos. Consulta: 28 de setiembre del 2014. < http://interamerican-usa.com/articulos/Leyes/Ley-Ant-Terr-USA.htm>] [6: HENTOFF, Nat. Can Obama assessinate Americans?. Institute CATO. Londres. Inglaterra. 25 de Febrero del 2010. Consulta: 30 de setiembre del 2014. < http://www.cato.org/publications/commentary/can-obama-assassinate-americans>]

Todo lo sealado anteriormente no se detuvo en el 2001, sino que ao tras ao el gobierno declara Emergencia Nacional. En palabras del actual presidente Barack Obama Dado que la amenaza terrorista contina, la emergencia nacional declarada el 14 de septiembre de 2001 y los poderes y autoridades adoptados para lidiar con esa emergencia deben continuar en efecto ms all del 14 de septiembre de 2014 seal en una carta enviada al Senado.[footnoteRef:7] [7: TELESUR. Obama extiende alerta antiterrorimo. Caracas. Venezuela. 05 de setiembre del 2014. Consulta: 30 de setiembre del 2014. < http://www.telesurtv.net/news/Obama-extiende-alerta-estadounidense-ante-terrorismo-20140905-0003.html>]

Producto de la Emergencia Nacional llamada as por el Pdte. de aquel momento, G. Bush -el 14 de noviembre de 2001, se emiti un decreto mediante el cual se estableca Tribunales Militares para juzgar a extranjeros, que son o hayan sido miembros de Al Qaeda, por actos cometidos en contra de los Estados Unidos o de sus ciudadanos.[footnoteRef:8] Sin embargo, lo anterior ha recibido fuertes crticas, as se cuestiona que se otorgue una competencia muy amplia a los tribunales, de la mano con la discrecin absoluta del gobierno para retirar un proceso de un Tribunal ordinario y referir el caso a un Tribunal Militar; la potestad unilateral del Presidente para designar a aquellas personas que sern juzgadas por estos tribunales; el carcter secreto de los procesos y juicios, incluso dejando abierta la posibilidad de que en ciertas partes del proceso no est presente el investigado; desincentivos para la participacin de abogados defensores privados; falta de independencia de los tribunales (El Presidente tiene la ltima potestad de revisin de las sentencias)[footnoteRef:9]; entre otras razones que podemos resumir en el doble discurso sobre los derechos humanos que los EUA mantiene.[footnoteRef:10] [8: Dicho decreto establece que sern juzgados por los Tribunales Militares y por tanto sujetos a los mismos, todos aquellos inmigrantes a quienes el Presidente considere que son o han sido miembros de la organizacin Al Qaeda, o que hayan estado involucrados, ayudado o sido cmplices, o conspirado para cometer actos de terrorismo internacional, , o que hayan auxiliado a tales individuos.] [9: Vase: SALAS, Luis. La Ley patritica USA. En: GMEZ COLOMER, Juan (Coord.). Terrorismo y Proceso Penal Acusatorio. Valencia, Tirant lo Blanch, 2006. Pp.255- 269.] [10: Sobre el doble discurso norteamericano de los derechos humanos, un claro ejemplo es lo que ocurre en las crceles de Guantnamo.]

Las limitaciones antes referidas en resumen afectan dos principios fundamentales, uno a nivel interno y otro externo: el primero concierne a los requisitos bsicos del debido proceso, mientras que lo segundo hace referencia a la violacin de convenios internacionales (Convenios de Ginebra, entre otros).

Uno de los organismos principales de investigacin norteamericana, el FBI, ha sido uno de los principales encargados de dar bsqueda constante a los llamados terroristas. Este organismo publica unas listas de criminales a los que se les persigue por determinados delitos, estas son:1ro.- Ten Most Wanted Fugitives del ao 1949 que era una lista de los 10 criminales ms buscados por el gobierno. Los delitos no se limitaban a terrorismo.2do.- FBI Most Wanted Terroristslist, creada despus de los atentados del 11 de setiembre. Publicaba a todos aquellos que eran fugitivos por atentados terroristas cometidos.3ro.- FBI Seeking Terror Information list creada despus de los atentados del 11 de setiembre. Publica a todos aquellos con sospecha de actos terroristas o vinculaciones con algn autor de terrorismoCASOS DE RDENES PRESIDENCIAL CON EJECUCIN SUMARIA:-Saleh Ali Saleh Nabhan, asesinado el 14 de setiembre del 2009, se le consideraba el lder de Al-Qaeda en Somalia. Apareca como terrorista en la lista FBI Seeking Terror Information list.- Anuar Al-Aulaki, estadounidense nacido hace 40 aos en Nuevo Mxico de padres islmicos originarios de la regin de Yemen fue asesinado el pasado viernes 30 de septiembre 2011 en Yemen, tras ser declarado terrorista y anunciarse a los medios en abril de 2010 que estaba en una lista presidencial de ejecuciones extrajudiciales. Era considerado por el FBI como el lder de Al Qaeda en Yemen.Luego de este suceso, salieron importantes anuncios en la prensa internacional:El presidente Obama advirti que ese golpe demuestra, adems, la decisin de su Administracin de perseguir sin tregua a los cabecillas terroristas all donde se encuentren. "Al Qaeda no va a encontrar un santuario en ninguna parte del mundo", asegur. El Gobierno de Obama ha multiplicado en los ltimos meses este tipo de ataques selectivos, especialmente con aviones sin tripulacin(drones)en Afganistn, pero tambin en Pakistn.

Diario El pas de Espaa. Sbado 1ro de Octubre del 2011[footnoteRef:11] [11: CAO, Antonio. Obama: Es un hito para la derrota de Al Qaeda. Diario El Pais. Madrid. Espaa. 1 de Octubre del 2011. Consulta: 30 de Setiembre del 2014. ]

Es en este caso en donde por primera vez se puede observar alguna duda sobre la legitimidad las rdenes presidenciales de ejecucin sumaria evitando as un proceso con garantas ante un tribunal ya que Anuar Al-Aulaki, el presunto terrorista, era un ciudadano norteamericano.IV. CASO PERUANO (Derechos fundamentales, excepcionalidades, presuncin de inocencia)La poca del terrorismo en el Per dur aproximadamente desde 1980 hasta el ao 2000. Sendero Luminoso, a cargo de Abimael Guzmn (un catedrtico radicado de Ayacucho) se ubicaron principalmente en el sur del Per y hacen su aparicin en 1980 en Ayacucho. Por su parte, el MRTA (Movimiento Revolucionario Tpac Amaru) ubic su centro de operaciones en la zona de la selva nororiental pues buscaba aliarse con las bandas de narcotraficantes, hicieron su aparicin en el ao de 1984 a cargo de un ex-militante aprista Vctor Polay Campos. Mientras dur esta poca, el Per tuvo tres presidentes: Fernando Belande Terry, Alan Garca Prez y Alberto Fujimori Fujimori. Durante el gobierno de Fernando Belande Terry (28 de julio de1980 - 28 de julio de 1985) se dio el atentado al local del registro electoral ubicado en la pequea comunidad de Quisqui en Ayacucho, en donde se destruyeron documentos, el guardin fue maniatado, los asaltantes huyeron dejando en las paredes inscripciones a favor de la lucha armada. Otros atentados, no menos importantes, que podemos mencionar es el atentado al fundo San Agustn de Ayzarca en Ayacucho, cuyo propietario fue torturado y asesinado y con l su empleado. Tambin, en octubre de 1981 fue asaltado el puesto de guardia civil de Tambo en Ayacucho en donde fueron asesinados un polica y dos civiles. Despus del cruento ataque a Tambo, el gobierno se decidi a declarar en Estado de Emergencia a 5 provincias del departamento de Ayacucho, sin embargo, en diciembre levant esta medida. Y pese a todos estos atentados que el Estado presenciaba, este practicaba la poltica del avestruz pues no quera ver lo que ocurra a su alrededor. En 1982, el terrorismo envalentonado por la inercia oficial caus la muerte de 170 personas. El presidente de la repblica, por intermedio del Ministro del Interior, orden el repliegue de los puestos de la guardia civil de Ayacucho, es decir, dej amplias zonas del departamento en manos de Guzmn. En marzo de 1982 el terrorismo tom la ciudad de Ayacucho y liber a los presos senderistas, hubo muchos muertos y heridos de uno y otro lado. El gobierno se neg a ordenar la intervencin de las tropas del ejrcito que se encontraban en el cuartel los Cabitos, a 5 minutos de Ayacucho, con esta medida se hubiese cambiado el rumbo de los acontecimientos. En agosto de 1982, el ministro del interior, un general retirado de la fuerza area, hizo una curiosa declaracin, ofreci en nombre del gobierno, todas las facilidades para que el Dr. Guzmn Reynoso viajara con sus familiares para someterse a un tratamiento mdico en el extranjero. Mucho despus se revel lo que hubo detrs de esta declaracin, Guzmn, que haba sido ubicado por la polica en la casa de su suegro, en la avenida Pershing, hizo llegar al gobierno una solicitud de asilo, en vista de que se encontraba gravemente enfermo. Uno de los colaboradores de jefe de estado de entonces, Sr. Gustavo Gorriti, dijo que fue el Sr. Belande quien extendi su manto protector en torno al temible terrorista, pues, como lo seala Gorriti en su libro SENDERO, el presidente no quera que se capturara a Guzmn en esas condiciones, pues si se lo arrestaba, y mora en el proceso o luego, en manos de la polica, l y su gobierno, serian acusados de haberlo asesinado; no quera un mrtir y menos uno, cuya muerte fuera imputada al gobierno. El 7 de mayo de 1982, el diario el Comercio, bajo el titular UBICAN A UNO DE LOS PRINCIPALES DIRIGENTES DE SENDERO LUMINOSO, public textualmente parte de las declaraciones del entonces jefe de relaciones pblicas de la PIP, coronel Pajuelo Roldn, formuladas en rueda de prensa en su despacho, Abimael Guzmn haba sido ubicado. Pajuelo Roldn afirm: por sentido de humanidad no se procede a su detencin, sabemos dnde est, conocemos sus movimientos. Belande facilit la huida y la impunidad de Guzmn. Luego de aquello Abimael Guzmn desapareci.Durante el gobierno de Alan Garca (28 de julio de 1985 28 de julio de 1990) se amotinaron en junio de 1986, los terroristas, recluidos en los penales de Lurigancho, El frontn y Santa Mnica. La represin culmin con la muerte de 200 amotinados. En 1988 las vctimas del terrorismo fueron 1986 y en el ao siguiente en 1989 fueron 3198. Al concluir el gobierno del Aln Garca Prez, era evidente que en los 5 aos de su administracin, muy poco, casi nada haba hecho para combatir en forma efectiva al terrorismo y al narcotrfico. El problema carcelario y la crisis del poder judicial estuvieron siempre estrechamente vinculados con el problema del terrorismo. En 11 aos del terrorismo fueron 7 000 los detenidos por terrorismo, el 85% de estos fue puesto en libertad por disposicin del ministerio pblico y el poder judicial. Esto revela la absoluta incapacidad de los poderes del Estado para encarar el problema del terrorismo. Durante el gobierno de Alberto Fujimori Fujimori (28 de julio de1990 21 de noviembre de 2000) al amparo de la Ley 25327, el presidente promulg a fines de 1991, 37 decretos legislativos para derrotar a corto plazo la agresin de sendero luminoso, el MRTA, del narcotrfico y de otras formas de delincuencia comn. El parlamento rechaz esta legislacin con el pretexto que invada los fueros del poder legislativo, y conduca la militarizacin de la lucha contra el terrorismo. El propsito de la partidocracia era conducir esta lucha con criterio poltico, es decir, bajo la conduccin de los mismos partidos polticos que en 11 aos toleraron y estimularon con su inaccin el terrorismo y el narcotrfico. Fueron derogados 10 de los 37 decretos legislativos, otros cuatro decretos legislativos fueron modificados hasta hacerlos inservibles. El presidente Fujimori, observ este proyecto de ley. Este enfrentamiento del parlamento con el poder ejecutivo se agudiz en el primer trimestre de 1992. El congreso no iba a permitir una lucha frontal contra el flagelo que amenaza la Repblica y el castigo de sus cmplices, particularmente de quienes se beneficiaban con el blanqueo del dinero del narcotrfico. Tampoco estaba dispuesto a permitir el ingreso de la fuerza armada a las universidades ni la reorganizacin del sistema nacional de inteligencia, ni el funcionamiento autnomo de las rondas campesinas. El penal Castro Castro haba cado bajo el control de los terroristas y narcotraficantes, la autoridad era inexistente. Desde all el narcoterrorismo desarrollaba impunemente sus atentados y crmenes. El presidente Fujimori orden restablecer la autoridad legtima, los terroristas ofrecieron resistencia, finalmente fueron doblegados. Ahora la autoridad ejerce sus funciones y los delincuentes se someten a esta. Las universidades fueron tradicionalmente el refugio de los terroristas, algunos delincuentes que vivan en las universidades se apoderaron de ellas y all se refugiaron al amparo de la autonoma universitaria. Este gobierno intervino con la fuerza armada en las universidades. Los terroristas fueron echados sin contemplaciones, hoy las universidades son centros de estudios y alumnos y catedrticos han expresado su respaldo a esta medida del gobierno. El asesor de seguridad de Fujimori, Vladimiro Montesinos, y la jefatura de las fuerzas armadas llevan a la prctica el planeamiento contrainsurgente desarrollado por el ejrcito en 1989, esta relacin se hace ms intensa con el apoyo de Alberto Fujimori a las fuerzas armadas, y el uso progresivo de estas. La existencia del grupo Colina, grupo paramilitar a las rdenes del servicio de inteligencia que dirige Vladimiro Montesinos, se evidencia con la matanza de Barrios Altos. En noviembre de 1991 se dictan los decretos legislativos sobre pacificacin, algunos de los cuales son rechazados por el congreso, debido a su carcter inconstitucional. El 5 de abril de 1992 Alberto Fujimori da un golpe de Estado y disuelve el Congreso, encargando a las fuerzas armadas el control de las principales ciudades del pas. La mayor parte de la poblacin respalda el autogolpe en el entendido de que la crisis nacional requiere de una mano dura. Abimael Guzmn y otros miembros de la cpula senderistas son capturados en una residencia. En Lima, la operacin es producto del minucioso trabajo de inteligencia realizado por el personal del GEI (grupo especial de inteligencia). Fujimori destaca el xito atribuyndolo al gobierno de facto, de esta manera recibe el apoyo del electorado en el referndum que aprueba el texto de una nueva constitucin en 1993. En 1993 se hace pblica la carta en donde Guzmn, desde la prisin, solicita un acuerdo de paz. El mando senderista scar Ramrez Durand Feliciano decide prolongar la lucha armada reduciendo la presencia de su accionar principalmente en el Ene y el Huallaga. La derrota del senderismo no es solo un xito de inteligencia policial, tambin refleja la resistencia de las rondas campesinas y de las organizaciones populares, cientos de detenidos son condenados a cadena perpetua por tribunales sin rostro, torturas y ejecuciones clandestinas se convierten en procedimientos regulares a la sombra del servicio de inteligencia nacional. Alberto Fujimori gana las elecciones de 1995. El CCD cuya mayora controla el ejecutivo aprueba una serie de leyes de carcter inconstitucional, como la ley de Amnista general que beneficia a los militares y policas que cometieron crmenes durante la lucha antisubversiva. La toma de rehenes en la residencia del embajador japons en diciembre de 1996 es la puesta final de un debilitado MRTA para intentar salvar a sus presos. La operacin militar que libera a los rehenes, 4 meses ms tarde, deja el saldo de 14 emerretistas muertos en circunstancias no esclarecidas. En 1999, el mando senderista, scar Ramrez Durand es capturado en Jauja. La tercera victoria electoral de Alberto Fujimori en abril del 2000 genera el rechazo de un importante sector de la opinin pblica y la prensa sensible a los crecientes indicios de fraude y corrupcin. En setiembre, Fujimori se ve obligado a convocar a una nueva eleccin presidencial sin su participacin, dos meses ms tarde desde el Japn renuncia a la presidencia del Per. El 4 de junio del 2001 el gobierno transitorio de Valentn Paniagua crea la Comisin de la verdad con el fin de esclarecer los hechos de violencia ocurridos en el pas entre 1980 y el 2000, el 4 de noviembre del mismo ao, el presidente Alejandro Toledo ratifica y ampla su denominacin a Comisin de la verdad y reconciliacin.

V. IMPLICANCIA RESPECTO DE LOS DDHH-CONCLUSIN

Segn informacin de la CVR (Comisin de la Verdad y Reconciliacin), durante el gobierno de Fujimori se dio un impulso ante la lucha anti terrorista, esto se puede evidenciar ya que en 1991 se comenzaron a dar unos proyectos de ley los cuales al ser demasiados produjo que el congreso no pudiera analizarlos aun cuando se formaron grupos. Ante esta situacion los proyectos se aprobaron debido al plazo vencido de anlisis de los mismos, entre estos proyectos se manifiesta que las fuerzas armadas tenia pleno derecho de poder intervenir a las personas tan solo por la simple sospecha de apologa. Al mismo tiempo se vivian momentos tensos en la economa del Peru debido a que se deba disminuir el porcentaje de hiperinflacin que se haba dejado del anterior gobierno, esto se pudo lograr con el apoyo de Estados Unidos pero cuando llegar a notar que entre las leyes anti terroristas que haban en el pas estas se vulneraban los derechos fundamentales, la secretaria de Estado en Washington se pronuncio manifestando que quitaran su apoyo econmico si estas leyes seguan vigentes, razn por la cual Fujimori se ve en la obligacin de modificarlas haciendo se abra una investigacin a las personas con presunto vinculo o apologas terroristas. Esto tambin se pudo realizar debido a que conjuntamente con Montesinos se realizaron los cambios necesarios en las Fuerzas Armadas, asi tambin podemos ver que hubo leyes, entre ellas la de amnista, las que favorecan a los reos que tenan procesos por delitos como el terrorismo.