Nueva ruralidad y desarrollo humano

Nueva ruralidad y desarrollo humano

FORO SOBRE DESARROLLO HUMANO

3La nueva ruralidad en República Dominicana: ¿sigue siendo la parte atrás de lo urbano o es una oportunidad para el desarrollo humano?

Abril 2007

F O R O S O B R E D E S A R R O L L O H U M A N O2 2 2

Coordinación general: Rosa Cañete Alonso y José Horacio López.

Revisión técnica: Miguel Ceara-Hatton y Adriana Velasco.

Revisión editorial: Luis Rubio.

Organización del III Foro sobre Desarrollo Humano: Miosotis Rivas (INTEC) y Ofi cina de Desarrollo Humano/PNUD.

Apoyo logístico y técnico: Fidel Geraldino, Sarah Llibre, Roira Sánchez y Pamela Suero.

Transcripción de la participación del público y respuestas de los expositores: Mayelin Pichardo Guzmán.

Los textos de las ponencias presentadas durante el Tercer Foro sobre Desarrollo Humano así como las opiniones expresadas por el público participante que se reproducen en este libro son responsabilidad exclusiva de sus autores, y pueden no refl ejar las opiniones de la Ofi cina de Desarrollo Humano ni del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Copyright © 2007Ofi cina de Desarrollo HumanoPrograma de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)Todos los derechos reservadosSanto Domingo, República Dominicana

ISBN 9945-8595-3-6

Diseño y diagramación: Orlando Abreu y Gabriela Tierno. Equis, Diseño & Publicidad.Imprenta: Editora Corripio, C. por A.

3N u e v a r u r a l i d a d y d e s a r r o l l o h u m a n o

Índice de contenidos

PRÓLOGO ..............................................................................9

INTRODUCCIÓN ...................................................................13

Entendiendo la ruralidad dominicana ............................25Pedro Juan del Rosario, director e investigador del Centro Norte del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)

Las condiciones de vida en la zona rural .......................45Isidoro Santana, economista e investigador de Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007

Estructura sociodemográfi ca de los sectores rurales dominicanos .........................................................69Fátima Portorreal, antropóloga del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

La mujer rural en República Dominicana .......................83Luz Adelma Guillén, directora de la Ofi cina de Equidad de Género de la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA)

Estructura productiva del sector rural y agropecuario ................................................................103Juan José Espinal, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) e investigador del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007

Marco de intervención pública en lo rural ...................123José Horacio López, consultor en temas agrícolas y rurales


PARTICIPACIÓN DEL PÚBLICO Y RESPUESTAS DE LOS EXPOSITORES .....................................................................141

CONCLUSIÓN ....................................................................153

NOTAS ...............................................................................171

BIBLIOGRAFÍA .....................................................................183

ANEXOS ............................................................................193


Índice de cuadros, gráfi cos y mapas

CUADROS

Cuadro 1. Población en ciudades mayores de 20,000 habitantes en el país, 2002 .................................. 48

Cuadro 2. Población dominicana por zona de residencia y género, 2002. .............................................. 89

Cuadro 3. Necesidades Básicas Insatisfechas en zona urbana y rural (%), 2002 ......................................... 91

Cuadro 4. Región Nordeste. Población por género y zona de residencia, 2002 .................................. 92

Cuadro 5. Distribución de la población de la región Nordeste, 2002 ............................................ 93

Cuadro 6. Regiones Enriquillo y El Valle. Población por género y zona de residencia, 2002 ............. 93

Cuadro 7. Distribución de la población de las regiones Enriquillo y El Valle por género y zona de residencia, 2002 ............................ 93

Cuadro 8. Estado conyugal en la zona rural según sexo, 2002 ........................................................... 94

Cuadro 9. Tasa de analfabetismo de personas de 15 años o más según sexo y zona, 2002 ...................... 95

Cuadro 10. Tasa bruta de asistencia escolar, niveles primario y secundario, 2002 ................................. 95

Cuadro 11. Principales ramas de actividad económica no agrícola en la zona rural según género, 2002 ............... 98

Cuadro 12. Préstamos otorgados, montos fi nanciados y productores benefi ciados por el Banco Agrícola,2000-2005 .................................................................... 99


Cuadro 13. Composición sectorial del PIB y el empleo, 1996-2005 ................................................ 106

Cuadro 14. Tasas de crecimiento del PIB agrícola y no agrícola, promedios anuales, 1970-1999 . ............... 107

Cuadro 15. República Dominicana: contribución real de la agricultura, 2005 ......................... 108

Cuadro 16. República Dominicana: producción agropecuaria y productividad, 2003 .............. 111

Cuadro 17. Valor agregado por trabajador agrícola en países seleccionados, 1999-2001 ................. 111

Cuadro 18. Distribución regional de la pequeña propiedad agrícola, 2003 ................................ 114

Cuadro 19. Relación de incidencia de la pobreza y promedio de habitantes por municipio, 2005. ............... 136

GRÁFICOS

Gráfi co 1. Pirámide de edad rural y urbano, 2002 ............. 49

Gráfi co 2. Porcentaje de hogares que caen en cada decil de ingreso, en función del área de residencia, 2004 ................................................ 50

Gráfi co 3. Ratio entre el ingreso medio per cápita urbano y rural, 2000-2004 .................................... 51

Gráfi co 4. Niveles medios de ingreso familiar por regiones, 2004 ......................................................... 52

Gráfi co 5. Incidencia de la pobreza, 2004 ....................... 52

Gráfi co 6. Evolución de la incidencia de la pobreza, entre abril 1997 y abril 2004 .......................................... 53

Gráfi co 7. Estructura del gasto per cápita por zonas, 2004 ............................................................ 57


Gráfi co 8. Estructura de ocupación de la población según zona de residencia, 2005 ...................................... 58

Gráfi co 9. Tasas de participación en actividades económicas remuneradas de la población mayor de 10 años, 2005 ................................................ 58

Gráfi co 10. Tasas de desempleo, 2005 ............................. 59

Gráfi co 11. Ingreso por hora ocupada, 2005 .................... 59

Gráfi co 12. Población en edad escolar y atribución del gasto en educación preuniversitaria, 2004 ................... 60

Gráfi co 13. Porcentaje de la población de 5 años y más que asiste a establecimientos educativos, por grupos de edad y zona, 2004 .................................... 60

Gráfi co 14. Analfabetismo e indicadores de calidad de la educación por zonas, 2004 ..................................... 61

Gráfi co 15. Porcentaje de niñas y niños de 1 año de edad vacunados contra el sarampión, 2005 ................. 62

Gráfi co 16. Porcentaje de viviendas desocupadas por zonas, 2002 ............................................................ 62

Gráfi co 17. Calidad de la vivienda, 2004 ......................... 63

Gráfi co 18. Porcentaje de hogares con acceso a electricidad, 2004 ....................................................... 63

Gráfi co 19. Porcentaje de hogares que poseen bienes durables según zona, 2004 ................................... 63

Gráfi co 20. Porcentaje de hogares por fuente de abastecimiento de agua según zona, 2004 ....................... 64

Gráfi co 21. Porcentaje de personas residentes en hogares que utilizan combustibles sólidos (carbón o leña) para cocinar, 2005 .................................. 65


Gráfi co 22. Porcentaje de personas de 12 años y más de edad que han sido víctimas de atraco en los últimos 5 años, 2005 ............................................. 65

Gráfi co 23. Acceso a caminos pavimentados por áreas, 2004 ............................................................. 65

Gráfi co 24. Porcentaje de población de 12 años o más que ha usado Internet, 2005 ................................... 65

Gráfi co 25. Porcentaje de población de 12 años o más que ha usado computadoras, 2005 ......................... 66

Gráfi co 26. Evolución de la población dominicana según zona de residencia, 2000-2003 .............................. 73

Gráfi co 27. Total nacional. Promedio de miembros por hogar, 1981-2002 ..................................... 73

Gráfi co 28. Participación porcentual por subsector del sector agropecuario sobre el PIB, 1980-2005 ............. 109

Gráfi co 29. Distribución porcentual de los ocupados que declararon una actividad económica, según rama de actividad, 2002 ............................................... 110

Gráfi co 30. Participación de la producción total de ciertos productos provenientes de asentamientos de la reforma agraria, 2004-2005 ................................. 115

Gráfi co 31. Comportamiento porcentual de la movilización de ahorros en la Banca Múltiple en el área Metropolitana (Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo), 1993-2003 ................... 134

Gráfi co 32. Impuestos cobrados por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), 2005 ..................... 135

MAPAS

Mapa 1. Incidencia y severidad de la pobreza de ingresos, según provincia, 2004 .................................. 55


Prólogo

Para apoyar a la preparación del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007 y vincular el enfoque de desarrollo humano con diferentes temáticas, la Ofi cina de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha iniciado la celebración de una serie de foros de discusión sobre temas colaterales a la preparación de dicho informe. Los temas seleccionados para estos foros que se desarrollaron durante 2006 e inicios de 2007 son: áreas protegidas, descentralización y gobernabilidad local, nueva ruralidad y la descentralización de los servicios públicos.

La presente publicación sistematiza el tercer foro al recoger las ponencias presentadas, así como las preguntas del público asistente y las respuestas de los expertos. Este tercer foro, que se celebró el 1 de noviembre de 2006 en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), estuvo co-auspiciado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) e INTEC.

¿Por qué se seleccionó el tema de la ruralidad o la “nueva ruralidad” en el desarrollo humano? El Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007 intenta analizar la realidad dominicana aplicando un enfoque territorial; es decir, explorando las diferencias, convergencias y divergencias entre las diferentes regiones del país con respecto a las capacidades y oportunidades de las personas que viven en ellas. Las categorías de lo rural y lo urbano han sido muy utilizadas en el análisis económico y sociológico durante el último siglo, pero, en la realidad actual, esas categorías se empiezan a desdibujar y los límites entre una y otra ya no son tan claros.

Pese a esto, es evidente que aún existen claras diferencias entre una y otra y que, como ha ocurrido anteriormente, las políticas nacionales suelen priorizar estrategias de desarrollo enfocadas hacia lo que tradicionalmente se ha llamado urbano, desconsiderando y olvidando


una gran parte de la población que vive en los espacios rurales y que tiene una gran potencialidad además de ser un fuerte motor del desarrollo nacional. El subtítulo elegido para la convocatoria del foro ofrece una idea intuitiva del enfoque que se buscó debatir: La nueva ruralidad, ¿sigue siendo la parte atrás de lo urbano o es una oportunidad para el desarrollo humano?

La Ofi cina de Desarrollo Humano, con ánimo de generar un debate, convocó este tercer foro de desarrollo humano, para lo cual se estructuró un programa con una serie de preguntas y acotaciones a manera de provocación para que sirvieran de guía a los expositores de cada uno de los siguientes temas.

El primer tema que se abordó fue el concepto de ruralidad y su aplicación en la sociedad dominicana de hoy. Esta exposición se tituló “Entendiendo la ruralidad dominicana” e incluyó los siguientes puntos:

• Mitos sobre la ruralidad.• Estructuración del espacio rural dominicano.• Resultados del proceso de estructuración.• Visión dominante de la ruralidad.• Crisis de la sociedad rural.• Nueva ruralidad.• La necesidad de una nueva visión.• Desarrollo territorial rural.

El segundo tema tratado fue sobre las condiciones de vida en los sectores rurales dominicanos en comparación con los urbanos:

• Diferencias de condiciones de vida entre la población urbana y rural: niveles educativos, de salud, de nutrición, empleo, ingresos.

• Dotación de servicios públicos (cantidad y calidad) en las áreas rurales: educación (primaria, secundaria, universitaria), salud, infraestructura, agua, electricidad.

• Caracterización de la pobreza rural y la pobreza urbana.

• Análisis de equidad desde el paradigma de desarrollo humano en la distribución de capacidades entre lo rural y lo urbano.

Otro tema estudiado fue la estructura socio-demográfi ca de los sectores rurales dominicanos, con las siguientes especifi caciones:

• Perfi l poblacional (población, composición de hogar).• Etnografía de las comunidades rurales.• Migración campo/ciudad – ciudad/campo.


• Impactos de áreas protegidas en las comunidades rurales.• Implicaciones del desarrollo humano en el mundo rural

dominicano.

Pese a que la equidad de género es un eje transversal, siempre tomado en cuenta en cualquier estudio del PNUD, en este foro se decidió dedicar una ponencia que resaltara las características de la población femenina en las zonas rurales, dados los cambios que se perciben en sus condiciones y funciones tradicionales. Para esto se plantearon los siguientes puntos a abordar:

• Acceso y tenencia de la tierra.• Estatus familiar y social (nupcialidad, fecundidad,

escolaridad, salud, jefatura de hogar, migración).• Actividades productivas agrícolas y no agrícolas

generadoras de ingreso.• Acceso al crédito y a la tecnología.• Participación comunitaria.• Mujer rural y políticas públicas.

También se revisaron la estructura y dinámica productiva de las zonas rurales dominicanas, en base a las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son las fuentes de empleo en los sectores rurales? Tendencias.

• ¿Cuál ha sido el impacto de la reforma agraria en República Dominicana?

• ¿Cuáles son las nuevas fuentes de empleo? Revisión del impacto del turismo o el ecoturismo.

• Comparación de los niveles de empleo y desempleo entre las zonas rurales y las urbanas.

• Impacto de la liberalización comercial.• La efi ciencia desde el paradigma de desarrollo humano

en las zonas rurales.

Finalmente, se cuestionó el tratamiento y el abordaje de lo rural desde las políticas públicas, es decir, cuál es el marco de intervención público en lo rural, en base a estos puntos de interés:

• Lo rural como interregno del Estado.• El Estado frente al espacio rural dominicano: exacción e

inacción pública.• Caracterización de las estrategias e instancias públicas

que dan servicios en las zonas rurales y su forma de coordinación.

• Rol de los ayuntamientos, ¿ha mejorado la descentralización la dotación de servicios en las áreas rurales?


• ¿Cómo se podrían mejorar las condiciones de vida en el ámbito rural a través de lo institucional? ¿Es posible promover el desarrollo humano a través de las reformas institucionales?

Para hacer estas presentaciones se invitó a Pedro Juan del Rosario, director del Centro Norte del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), para abordar el primer tema; a Isidoro Santana, economista e investigador de Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007, para que presentara una descripción de las condiciones de vida de la población rural dominicana; a Fátima Portorreal, antropóloga de INTEC, para analizar la estructura sociodemográfi ca del sector rural del país; a Luz Adelma Guillén, directora de la Ofi cina de Equidad de Género de la SEA, para estudiar las características de la población femenina en las zonas rurales; a Juan José Espinal, director ejecutivo del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) y también investigador de Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007, para analizar la estructura y dinámica productiva de las zonas rurales dominicanas. Y fi nalmente, a José Horacio López, consultor en temas agrícolas y rurales para que, además de la edición general de la publicación, abordara también la última de las temáticas de estudio: el marco de intervención público en lo rural.

Por parte de la Ofi cina de Desarrollo Humano, Rosa Cañete fue responsable de la coordinación y seguimiento del foro, así como de la presente publicación, con el apoyo en la parte conceptual de Miguel Ceara-Hatton y Adriana Velasco, coordinador y subcoordinadora de la Ofi cina; y Sarah Llibre, que elaboró el Anexo I sobre las diferentes defi niciones de ruralidad. José Horacio López fue responsable de la edición de las conferencias y los debates, preparando también los borradores de la introducción y la conclusión, así como colaborando en la coordinación del foro.


Introducción

La historia del concepto de desarrollo económico es reciente1. Después de la Segunda Guerra Mundial surgió la preocupación en los países hegemónicos de Europa y Norteamérica en torno a la situación de pobreza de los pueblos del mundo. En gran medida, el interés estuvo promovido por las convulsiones sociales que se expresaban en las colonias europeas en África, así como las luchas de liberación nacional como vía al socialismo que se daban en el sudeste asiático y América Latina.

La realidad que se quiere transformar en las iniciativas del desarrollo siempre ha estado bien delimitada. Se busca mejorar las condiciones de vida de los grupos excluidos, de las poblaciones expuestas a la marginalidad y en situaciones vulnerables. El objetivo ha sido revertir unas dinámicas sociales que no estimulan, y con frecuencia bloquean, la posibilidad de los pobladores de una nación a tener una existencia digna.

El marcado sesgo economicista del capitalismo industrial hegemónico durante la mayor parte del siglo XX impuso su sello en las concepciones originarias del desarrollo2. Los indicadores primarios estuvieron dirigidos a medir el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita como señal irrefutable del avance de un país hacia la superación de la pobreza.

La debilidad de dicha asunción generó tempranas críticas aduciendo que esta medición no consideraba aspectos tan elementales como la distribución de las riquezas generadas, el desempleo o la desigualdad3. A partir de ese momento, se popularizaron algunas mediciones que buscaban mejorar el concepto incluyendo aspectos relacionados con la distribución del ingreso4.

Otras escuelas de pensamiento centraron su cuestionamiento en las limitaciones que ofrece la medición del PIB y de la distribución del ingreso para sociedades con diferentes niveles de monetarización


o con una presencia alta de las llamadas actividades de economía sumergida5. En algunos, la crítica se centró en las diferencias del poder de compra entre países, mientras otros señalan que la metodología para calcular el Producto Interno Bruto externaliza procesos económicos con gran impacto positivo en la calidad de vida, mientras que valoriza algunas actividades cuyo impacto es negativo6.

En el avance hacia nuevas concepciones del desarrollo surgieron otras corrientes cuyas críticas se centraban en superar el reduccionismo economicista con que se venía enfocando. De ahí devienen nuevas acepciones de desarrollo integral o desarrollo socioeconómico. En ambos casos, se buscaba integrar aspectos más allá de la generación de ingresos como determinantes del bienestar de las personas7. Más aún, estos análisis introducían la idea de ver el aumento de las variables económicas (incremento de la productividad laboral, aumento de los ahorros, generación de excedentes, entre otros indicadores macroeconómicos) como el resultado del desarrollo más que su causa. En ese sentido, se enfatizaba que la precondición del uso óptimo de los recursos para la riqueza colectiva estaba asociada al acceso de los ciudadanos a servicios sociales como salud, educación, seguridad social, entre otros.

Asociada a esta corriente, se crearon los estándares que defi nían las Necesidades Básicas Satisfechas (NBS) como los indicadores más generalizados que permitían crear la diferencia entre pobres y no pobres en una sociedad determinada8. El supuesto detrás de esta corriente es que el desarrollo puede ser medido por una adecuada provisión de bienes durables y servicios sociales. Se centra la atención en determinados indicadores fáciles de medir en el entendido de que los mismos son satisfactores universales (vivienda adecuada, posesión de electrodomésticos, entre otros) y servicios sociales con amplio reconocimiento asociados a la modernidad como servicios de agua potable, electricidad y educación.

De nuevo, el foco del desarrollo se ubica en aspectos que refi eren a las condiciones materiales en las cuales se desenvuelven las personas. El desarrollo, bajo estos paradigmas, sigue entendiéndose como un ejercicio de consumo, si bien no se restringe al acceso de bienes o servicios privados, pues integra también el acceso a servicios públicos, continúa determinándose como un resultado de una dotación de activos.

A fi nales de la década de los ochenta en el Siglo XX, el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) introdujo uno


de los elementos de mayor alcance en la conceptualización del desarrollo. Se trata del paradigma de desarrollo humano cuya base teórica se centra en el trabajo del Premio Nobel de Economía, Amartya Sen.

Como fruto del novedoso enfoque de desarrollo humano, se genera a partir de 1990 un reporte mundial conocido como el Informe de Desarrollo Humano. El Informe contiene, además de un análisis teórico sobre temas asociados al enfoque de desarrollo humano, una medición por país, utilizando un índice (Índice de Desarrollo Humano o IDH, construido a partir de una serie de indicadores sociales).

El Informe de Desarrollo Humano, tanto los reportes mundiales como los que se producen en cada país o regiones, ha ganado una extensa reputación por la versatilidad del instrumento, dado que permite comparaciones entre naciones, pero también entre regiones, o entre cualquier tipo de estrato poblacional para el cual se logren las estadísticas segregadas.

Como se afi rma en el párrafo anterior, el reconocimiento logrado por la entrega anual que hace el PNUD radica en la utilidad del ranking por país del IDH y de otros índices complementarios, con los que se puede monitorear la evolución de las diversas sociedades. Pero este no es ni el único ni quizás el principal aporte de la iniciativa del PNUD. Lo más trascendente ha sido la utilización del enfoque de desarrollo humano9 como un nuevo marco teórico para entender el tema del desarrollo.

Superando la visión predominante hasta el momento de este nuevo enfoque presenta el desarrollo como expresión, ejercicio y práctica de libertad. Se defi ne como el resultado de un proceso en el cual la gente ve multiplicadas sus opciones a través del incremento de sus capacidades y las funciones humanas.

El tema de la libertad en la teoría económica ha sido muy manoseado desde la escuela neoclásica en referencia a la soberanía de los consumidores, así como a la libertad de mercado. En el desarrollo humano, la referencia directa del concepto libertad se asocia a la capacidad de las personas de ser agentes. Mientras en los postulados de libre mercado se destaca el consumo como la versión más acabada de la democracia económica y de la autonomía personal, Amartya Sen propone el desarrollo como libertad o como el ejercicio individual para una vida que se considere valiosa10.


Al asumir el desarrollo humano como expansión de las libertades, se considera no sólo la realización de elecciones con independencia; tiene que ver, también, la cantidad y calidad de las opciones para elegir. La libertad debe ser evaluada tomando en consideración tanto lo que una persona hace, como las alternativas que se le ofrecen.

Ahora bien, el fi n último de la refl exión teórica es producir un conjunto de criterios para delimitar una estrategia de desarrollo humano. Busca generar una propuesta con aspectos normativos para las sociedades contemporáneas. Se enfoca hacia la vida real y concreta de las personas, y a las realidades de los países.

Los elementos de una estrategia acorde con los fundamentos teóricos del paradigma de desarrollo humano son la efi ciencia, la equidad, el empoderamiento y la libertad. Los cuatro criterios se asumen de forma simultánea y complementaria. Se trata de generar riquezas maximizando la expansión de las libertades, promoviendo situaciones donde nadie esté en condiciones de desventaja, construyendo capacidades para ganar mejor entendimiento y control sobre las fuerzas sociales, económicas y políticas y, fi nalmente, como producto de las tres anteriores y, al mismo tiempo, como condición de las mismas, logrando que las personas se desenvuelvan en un proceso creciente de disminución de las privaciones, en un pleno ejercicio de agencia individual y colectiva.

El paradigma de desarrollo humano no pretende producir fórmulas replicables para todos los contextos. Se defi ne pluralista en cuanto reconoce muchos fi nes perseguidos por los seres humanos. Al mismo tiempo, tiene una vocación universalista al reconocer la existencia de valores compartidos por todas las culturas.

En reconocimiento al universalismo del concepto del desarrollo humano, este paradigma puede ser utilizado para abordar realidades tan diversas como las encontradas en los 177 países analizados en el Informe Mundial de Desarrollo Humano. Sirve para monitorear sociedades tan disímiles como las encontradas en los países escandinavos, el Caribe, África Subsahariana o Asia Central.

Haciendo uso de dicha característica es posible considerar las oportunidades que presenta el espacio rural para impulsar una estrategia de desarrollo humano. Tomando en cuenta las especifi cidades en el campo de hoy, es útil plantear los alcances e implicaciones de los cuatro metavalores del paradigma.


Efi ciencia

A partir del último cuarto del siglo XX, la revolución de las tecnologías de información y en el proceso de globalización, han redimensionado el concepto de efi ciencia y productividad. “Si el crecimiento económico y la competitividad dependen de la productividad y ésta depende de la capacidad inventiva del ser humano, de las habilidades humanas, de la inteligencia y de la capacidad para desarrollar y difundir nuevas tecnologías; entonces las condiciones de vida del ser humano son un factor esencial para determinar el crecimiento económico, al ser las personas las portadores de las habilidades, conocimientos y las creadoras de los nuevos procesos. Para crecer hay que desarrollar al ser humano. Crecimiento y desarrollo humano son dos aspectos de un mismo proceso, en donde crecer exige mejorar las habilidades y condiciones del portador de conocimientos, que es el ser humano11.

Los cambios tecnológicos que se han experimentado en las últimas décadas han impactado de forma directa la producción de la zona rural. Se han observado cambios en las diversas actividades productivas en el ámbito del transporte, la comunicación, el comercio y todos los servicios en general y, por tanto, también en la industria establecida en las zonas rurales. De igual manera, se han experimentado los efectos de la nueva revolución tecnológica en la agricultura, tanto en los cultivos como en las crianzas.

A pesar del marcado reconocimiento existente en torno a la diversidad de actividades económicas presentes en el campo, la agricultura sigue siendo el sector de más extensa influencia, tanto en la conformación del paisaje, como en la dinámica de los asentamientos humanos y la vida rural en su conjunto. Por tal motivo, tiene sentido que el análisis de la eficiencia en la agricultura concentre mayor atención que los otros sectores.

Una de las preocupaciones que los neomalthusianos exponen para justificar la necesidad de incrementar la capacidad productiva de la agricultura es el imperativo de garantizar una oferta de alimentos suficientes para la creciente población mundial12. Este fue el principal soporte ideológico para el impulso de la revolución verde y es el argumento que esgrimen los defensores del uso de los cultivos transgénicos.


La biotecnología, principalmente en lo referido a la alteración de los códigos genéticos de plantas y animales, es la expresión más temeraria de los avances científi cos aplicados al campo. Lejos de tener un impacto generalizado en el mejor uso de los recursos naturales para la producción agrícola, esta tecnología amenaza con aumentar la concentración en pocas transnacionales del circuito agroalimentario mundial13.

Muchos de los países que evidencian mayores rendimientos y mejores éxitos en sus explotaciones agrícolas, como podrían ser los casos de los Países Bajos, Taiwán, Nueva Zelanda o Israel, no son necesariamente aquellos que utilizan tecnología de punta. Se trata de países en los cuales se han desarrollado procesos muy intensivos en conocimientos básicos entre sus agricultores y agricultoras. Más allá de tener algunas explotaciones agropecuarias completamente mecanizadas, la clave de esos países ha radicado en la ausencia de desniveles tecnológicos extremos, altos índices de escolaridad promedio entre sus productores/as y exitosos programas de transferencia de tecnología.

Aquellos que se oponen a la manipulación genética no sólo lo hacen atendiendo a razonables precauciones éticas o ambientales. Existen estimaciones muy responsables que dan cuenta de la capacidad de abastecer de alimentos al mundo entero con un uso adecuado de la tecnología disponible. El reto consiste en generar procesos de movilización de conocimientos que permitan masifi car el uso de los avances científi cos conseguidos hasta hoy, sin necesidad de traspasar la peligrosa línea de la alteración del ADN de seres vivos.

De continuar la tendencia del uso de organismos genéticamente modificados, el resultado será la exposición de mayores extensiones de terreno con vocación agrícola al monocultivo y la pérdida de biodiversidad. La extensión del latifundio en las mejores áreas de producción agrícola implicaría llevar millones de pequeños agricultores a tierras marginales y a la imposibilidad de convertir dichos predios en unidades productivas que garanticen los ingresos suficientes para la sostenibilidad de las familias rurales. Se debe tener en cuenta que la eficiencia en el paradigma de desarrollo humano debe tener como fin la ampliación de capacidades de las personas.

Por otro lado, la humanidad debe reconocer los límites de reproducción del capital asociados a los recursos naturales. Querer someter los fenómenos bióticos al dinamismo en la generación


de excedentes que permiten las inversiones en la tecnología digital, en las comunicaciones o en el capital especulativo es una amenaza permanente para el medio ambiente.

La medición de la efi ciencia en el espacio rural debe tomar en cuenta la internalización de los costos y riesgos ecológicos. La capacidad inventiva del ser humano creando nuevos procesos no puede dejar de lado la repercusión tanto en el presente como en el futuro de los cambios introducidos. Desde un punto de vista monetario, la sociedad siempre deberá pagar un costo extra por unos niveles de “inefi ciencia” relativos de las inversiones que suponen un uso sostenible de los recursos naturales.

El paradigma de desarrollo humano, tal y como explicábamos, contempla la necesidad de que los cuatro criterios básicos de éste se den simultánea y complementariamente. Por esta razón, no podemos llamar efi cientes a técnicas que pongan en peligro las oportunidades de desarrollo de las próximas generaciones, ya que la equidad intergeneracional, criterio básico del paradigma del desarrollo humano, se vería afectada.

Equidad

La población rural se encuentra expuesta, casi de forma generalizada en los países subdesarrollados, a peores condiciones de vida que la población urbana. Según diversos indicadores, incluyendo al Índice de Desarrollo Humano (IDH), se destaca la situación de desventaja que atraviesan quienes residen en las zonas rurales.

Dicha situación supone una ausencia de acciones que conduzcan a superar los obstáculos para lograr el equilibrio de las oportunidades sin importar los lugares de residencia.

Más aún, en los casos donde se han dirigido acciones positivas interesadas en contrarrestar la mencionada inequidad, éstas se comprueban como tímidas, de poco alcance y que no han logrado revertir la brecha de exclusión que sufren las comunidades campesinas14.

Por lo menos, en el contexto de los países subdesarrollados es una realidad ostensible que las circunstancias que rodean el nacimiento en las zonas rurales determinan, o por lo menos condicionan, muy desfavorablemente la capacidad de elección de los habitantes del campo. Esta situación adversa se expresa tanto en el ámbito


de las oportunidades como en los resultados. En el primer caso, las pocas opciones educativas, laborales y de ascenso social, características del espacio rural predominante en Latinoamérica, operan como una desventaja para las capacidades de la gente del campo, al tiempo que disminuyen sus posibilidades para convertir los recursos con que cuentan en realizaciones. En el segundo caso, la desigualdad de resultados se expresa en dinámicas de privación y de enajenación al acceso de bienes o servicios.

Como una de las notas características de la articulación rural-urbana, merece la pena destacar el pronunciado sesgo que suponen los prejuicios en contra de la cultura campesina. Todo el aparato ideológico de las sociedades modernas ha estado orquestado para crear el estereotipo de que los valores culturales urbanos representan lo civilizatorio, avanzado y desarrollado. En oposición, lo rural es la expresión de lo salvaje, tradicional y atrasado. Frente a tal dicotomía, sin dudas, los productos culturales campesinos no tienen las mismas oportunidades para recrearse y reproducirse como parte de la cultura nacional. A dichas manifestaciones apenas les queda el espacio nostálgico del folclor donde se fosilizan, convirtiéndose en movimientos circundantes a la fuerza cultural hegemónica15.

Un fenómeno de reciente preocupación de los estudiosos de la realidad agraria consiste en la creciente diferenciación interrural. En tal sentido, se habla de las Áreas Rurales Marginales (ARM) y Áreas Rurales Favorecidas (ARF)16 . Entre unas y otras se observan marcadas diferencias que pautan desigualdades e inequidades.

Una estrategia que busque promover el desarrollo humano en las áreas rurales requiere una atención especial para revertir las inequidades generadas por desequilibrios espaciales. Si las políticas públicas no impulsan políticas afi rmativas hacia las zonas rurales, los centros urbanos seguirán atrayendo población en busca de oportunidades y servicios públicos y, por tanto, las políticas públicas tenderán a seguir priorizando la inversión en éstos, provocando un círculo vicioso de concentración.

Empoderamiento

Las críticas a los proyectos y programas verticalistas en los cuales se asume a la población benefi ciaria como objeto y no como sujeto han proliferado en diversas esferas. La incapacidad de recoger el parecer de los pueblos ha signifi cado serias limitaciones para la implementación de las políticas sociales y económicas17.


Desde el punto de vista del desarrollo humano, el concepto de empoderamiento va más allá de las consultas y de escuchar opiniones. Apunta más bien a la cogestión, a la participación activa de todos los sectores involucrados. Se refi ere a una connotación trascendente de tal modo que la gente pueda ser protagonista en la toma de decisiones que afecten sus vidas. La gente no debe ser benefi ciaria pasiva de procesos determinados por otros. Debe constituirse en sujetos activos en la construcción de su propio desarrollo.

Las diversas organizaciones de base locales (comunales, vecinales o relacionadas a cualquier unidad de territorio), al igual que las sectoriales (sindicatos, cooperativas, asociaciones de agricultores, federaciones campesinas) se han defi nido como el “instrumento de lucha” de los sectores representados. Esa característica no es exclusiva de las organizaciones locales, sino que también se mantiene como estandarte de los gremios regionales o nacionales.

En el espacio rural dicha defi nición se concretiza en acciones reinvidicativas alrededor de la demanda del derecho a la tierra, de mejores precios para sus cosechas, de la construcción de infraestructuras, del acceso a créditos, entre otras. Se concibe tradicionalmente a los espacios colectivos como instancias para canalizar demandas frente a terceros. Dicho empeño se ha convertido en un esfuerzo con poco eco en las instancias de poder que han terminado por desoír de forma persistente los reclamos de las comunidades.

El reto de las distintas iniciativas de organización rural es de traspasar la frontera de lo reivindicativo para convertirse en espacios de poder locales18. Junto con la demanda de atención de las autoridades se requieren acciones que impulsen procesos de toma de decisiones desde abajo, que garanticen un control local del territorio y el impulso de políticas pro-rurales. De forma simultánea, se demandan expresiones organizacionales que ayuden a superar el aislamiento, la dispersión y el localismo de la agenda campesina. Sin redes nacionales de organizaciones de la sociedad civil del campo, los temas pro-rurales seguirán siendo excluidos de la agenda y las políticas públicas.

Libertad

El desarrollo humano en el ámbito rural está mediatizado por la capacidad de la población rural de ser agentes de su propia realización. Hasta ahora los habitantes en las áreas rurales han


sido considerados como elementos pasivos, cuyas dinámicas sociales reproducen el modelo excluyente más que lo que lo transforman. La población rural se considera como un elemento refl ejo de lo urbano. Se conciben más como estructuras que como agentes.

Al igual que los demás valores del desarrollo humano, la libertad no sólo deviene en un medio para la consecución de la efi ciencia, la equidad y el empoderamiento, sino también es un fi n en sí misma. La ampliación de las libertades es el punto de partida por defi nición del desarrollo humano, pero describiendo un círculo virtuoso es también su máximo resultado.

Un individuo, una familia o un grupo es libre según lo signifi cativas que le sean sus opciones de vida y el número de opciones que tenga para escoger. La libertad tiene sentido si existen los medios para plantearse propósitos propios y actuar en consecuencia. Si los individuos de una comunidad rural pueden evitar la desnutrición o ser infectados por epidemias prevenibles y si son capaces de mantener una vitalidad biológica que les permita ejercer sus facultades físicas e intelectuales, tienen base para ser libres. Sin embargo, la libertad también involucra la existencia de oportunidades para que las personas puedan refl exionar sobre su condición, plantearse planes de vida y llevarlos a cabo. Asimismo, involucra las posibilidades que tienen las personas para defi nir sus convicciones, transmitir sus valores, cooperar con otros, integrarse a la vida de su comunidad, participar políticamente y contribuir a defi nir las instituciones y, en defi nitiva, la sociedad en la que han de vivir.

En resumen

En este libro se intentará dar respuesta a la pregunta planteada de si la nueva ruralidad dominicana está siendo tomada en cuenta en los procesos de toma de decisiones y en la defi nición de políticas públicas en base a sus particularidades, limitaciones y potencialidades; o si por el contrario, es vista como un espacio secundario que tan solo es tomado en cuenta como suplidor de las zonas urbanas considerando a sus pobladores como ciudadanos de segunda categoría.

En la primera, se estaría desarrollando el espacio rural de acuerdo a los principios del enfoque de desarrollo humano. De esta forma, se aplicarían políticas que tomen En el segundo caso, estaríamos mirando a los espacios rurales con una visión limitada y limitante


que no busca ni aprovecha las potencialidades del espacio rural para crear desarrollo humano en sus pobladores, fortaleciendo las causas de la migración campo-ciudad y potenciando las disparidades de oportunidades entre las zonas rurales y las urbanas.


Pedro Juan del Rosario Director e investigador del Centro Norte del Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF)

Entendiendo la ruralidad dominicana


En la ruralidad dominicana, como en otros países latinoamericanos, persisten o se agudizan situaciones de pobreza crítica, niveles extremos de inequidad y persistente exclusión de su población de los mecanismos del poder; todas ellas inaceptables, tanto desde el punto de vista social y político, como ético. Los procesos históricos que confi guraron el espacio rural dominicano: las visiones erradas, las políticas inadecuadas, junto a problemas de carácter extraterritorial, han reducido las capacidades de la población rural para participar activamente en el proceso de desarrollo y sus benefi cios. En consecuencia, hay expresiones claras del deterioro de esos territorios y de sus sistemas productores, junto a transformaciones importantes en las relaciones familiares y comunitarias en lo rural. Las familias campesinas han reaccionado con nuevas estrategias en la búsqueda de opciones que les permitan mantener su reducida capacidad de producción y reproducción cultural.

Aún cuando persisten los elementos estructurales que la confi guran, no hay duda de que la ruralidad dominicana ha experimentado grandes transformaciones en los últimos 50 años, con fuertes impactos en la forma de vida de sus pobladores y también en la manera como perciben el mundo y a sí mismos.

Estas transformaciones dan lugar a nuevas expresiones y signifi cados en el mundo rural actual que requieren de nuevos mecanismos de interpretación para reorientar las acciones de desarrollo, “bajo un concepto que capte tanto la territorialidad, multisectorialidad y heterogeneidad del espacio rural, así como la complejidad cultural, la subjetividad social y el dinamismo de los procesos que allí devienen, con el propósito de revalorizar lo rural tanto en el plano económico, como cultural y sociopolítico”19. “Esto desafía profundamente las perspectivas y los conceptos que usamos habitualmente para defi nir y comprender lo rural”20.

En el marco de la discusión de los conceptos de “nueva ruralidad”, “desarrollo territorial rural” y “desarrollo humano”, este texto es una propuesta orientada a construir nuevos esquemas que “puedan ayudar a comprender unas sociedades y unos mundos muy cambiados y, en buena parte, invisibilizados… Quizá el término preciso es desoídos. Por esta razón, las refl exiones que siguen son un intento por escuchar una palabra –un discurso- que no está siendo escuchada por el sentido común urbano ni por el sector dirigente”21.


Conceptuación dominante

Cuando se toca el tema de lo rural, desconociendo los procesos históricos que dieron lugar al espacio rural y la conformación del campesinado dominicano, su cultura y procesos de cambio, en general; se asume un discurso de carácter ahistórico, simplista, parcial, sectorialista y vacío de contenidos para intervenir en esos espacios de manera efi caz. Este discurso no es exclusivo de República Dominicana.

La manera en que generalmente se enfoca lo rural está directamente ligada a la concepción del progreso que aparece en el siglo XVIII, la cual asumía que la humanidad se encaminaba hacia la modernización dando un salto de lo atrasado a lo moderno o, lo que es lo mismo, de lo rural a lo urbano, de una agricultura de subsistencia a una economía moderna industrial. La Revolución Industrial serviría de base para sustentar esta transformación.

Esta manera de concebir el desarrollo de las sociedades también fue asumida en las expresiones teóricas neoclásicas de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo por la situación calamitosa de los países subdesarrollados después de la Segunda Guerra Mundial. Los modelos de Rostow y Lewis constituyen las mejores expresiones de esta concepción del desarrollo22. El primero plantea un modelo lineal del crecimiento en una serie de etapas o pasos, desde la sociedad tradicional hasta una sociedad de alto consumo de masas, bajo el supuesto de condiciones similares en los países subdesarrollados y desarrollados. Por su parte, Lewis traza un modelo basado en la relación entre un sector tradicional, superpoblado, de agricultura de subsistencia y productividad marginal del trabajo igual a cero; y otro sector, moderno, industrial y de alta productividad. El sector moderno es el generador del crecimiento y demanda la mano de obra excedente del sector tradicional. El empleo y el aporte de la agricultura al producto nacional se reducirán. El salario y el empleo en el sector moderno crecerán y la economía se habrá transformado en urbana, moderna, dinámica e industrial.

El éxito relativo de la Revolución Verde23 afi anzó ideas importantes de esa concepción en los países de América Latina y el Caribe, en la medida que la agricultura moderna capitalista, con tecnologías intensivas en el uso de recursos (tierra, maquinarias, insumos químicos, agua) y sistemas de monocultivo se impuso en los países desarrollados. La eliminación de la agricultura campesina tradicional en los países subdesarrollados, en el marco de las nuevas tecnologías asociadas a la Revolución Verde, se presentó como un paso necesario para dar el salto hacia la modernidad. Este mismo enfoque expresa una concepción de la sociedad en la cual el campesinado aparece como un obstáculo, cuya desaparición es conveniente para alcanzar la “modernidad” y, como resultado, el desarrollo de la sociedad. “La empresarización del campo”, “la modernización de la agricultura”, “eliminar el conuco”, son expresiones típicas relacionadas con estos esquemas.


Esta visión domina la discusión sobre el espacio rural campesino dominicano. Se desarrolla un discurso que se asemeja a esa concepción de la historia considerada “como la enconada lucha entre barbarie y civilización... Los bárbaros siempre eran los otros, por supuesto. Desprovistos de esquemas racionales de interpretación y comportamiento, producen atraso, violencia y destrucción. La civilización, ligada a la racionalidad del saber científi co y al comportamiento educado, representa la paz y el progreso de los pueblos”24.

Este tipo de maniqueísmo moderno aparece también en la visión dicotómica de lo urbano y lo rural. Una visión de una sociedad dual, cuya racionalización de lo moderno y lo tradicional les asocia características que impiden la comprensión del fenómeno y la acción adecuada en la realidad rural. Lo rural se asocia a lo tradicional, la agricultura, el atraso, la ignorancia, el autoritarismo, la pobreza, el anacronismo; lo urbano es lo opuesto.

En esta visión se concibe lo rural como resultado, como estructura derivada o refl eja. O se asume lo rural y lo campesino como lo ya constituido, una realidad cosifi cada, que de algún modo está expuesta a ser contagiada, adulterada, por los efectos de la relación con lo urbano o las tecnologías modernas.

Bajo esas condiciones, “si se concibe lo rural como lo local, autárquico, cerrado, con unas pautas socioeconómicas y valores propios, una estructura social a partir de la propiedad de la tierra entendida como la territorialización de lo agrícola, se tendría como implicaciones que el progreso es la absorción de lo rural, los ajustes son exógenos y pasivos, lo agrícola tiene un comportamiento residual, y las políticas de desarrollo rural signifi can la absorción del rezago”25.

La construcción del espacio rural

La base social de la ruralidad dominicana se origina con la constitución del “campesinado criollo” a fi nes del siglo XVI y es fortalecida en el XVII, en situación de ausencia de control por parte de la corona española y en un proceso de despoblamiento de la isla26. Este campesinado era un grupo social de “gente común”, blancos pobres, mestizos, mulatos y negros, dedicado a la agricultura en pequeña escala de alimentos para el consumo familiar y ligado directamente al mercado, sobre todo los cultivadores de tabaco. El tabaco se convirtió en el cultivo más importante para la venta, a la sombra del control comercial español. En una economía donde el circulante era escaso, el tabaco permitía a los campesinos satisfacer sus necesidades monetarias para su “sustento y conservación”.

Desde sus orígenes, el campesinado dominicano ha asociado la agricultura de subsistencia con la de mercado (cash crops). Esta última dependía, sobre todo, de la primera. La agricultura de subsistencia permitía una independencia relativa del sector comercial y la venta de excedentes, aún en los momentos en que los términos de intercambio eran desfavorables. La zona del Cibao


Central concentró la mayoría de este campesinado, convirtiéndose en el centro de la economía de pequeños productores. Hacia el año 1680, la producción de alimentos (yuca, plátano, batata, y otros) del corredor Santiago-La Vega “era sufi ciente para satisfacer las necesidades de la isla”27. En 1785 el tabaco era aún el principal producto para la venta, cultivado por familias independientes, e integrado a la economía de subsistencia.

Estos sistemas de producción campesinos han persistido en el tiempo, incorporando nuevos cultivos para el mercado, como el café y el cacao, entre otros; en la medida que éstos fueron ocupando otras tierras como resultado de la construcción del espacio rural. Los hombres y mujeres del campo se incorporaron, desde temprano, a distintos circuitos de comercialización que los conectaban con centros más poblados y con el exterior, no sólo a través de la venta de productos agrícolas primarios, sino también con una canasta de bienes procesados importantes, como casabe, andullo, cigarros, embutidos, quesos, extractos y dulces, sólo por nombrar algunos.

Pero la manera como se estructuró el espacio rural en República Dominicana generó una situación sostenida de inequidad extrema en la distribución de la tierra. Aunque esta tendencia se inició en el siglo XVIII, con el predominio de la economía hatera y el resurgimiento de las plantaciones esclavistas28, el patrón de uso de suelo dual (latifundio-minifundio) en el país adquirió relevancia en los inicios del siglo pasado, con las plantaciones de caña de azúcar bajo el esquema de relaciones capitalistas de producción. El proceso de concentración de la tierra alcanzó su mayor expresión durante el régimen de Trujillo, aunque continuó su curso durante las primeras décadas de transición democrática.

“Las estadísticas y la cartografía disponibles confi rman una dicotomía fundamental y una continua competencia por la tierra, dentro de un patrón que puede ser considerado como crecientemente fi jo desde los últimos 30 años”29. Es obvio, por tanto, que la manera en que está estructurado el espacio rural dominicano refl eja una de las mayores limitaciones para el acceso al capital físico de los sistemas campesinos y, en consecuencia, para su desarrollo.

Ese proceso de estructuración social del espacio defi nió el paisaje rural de manera clara. Los grandes latifundios y plantaciones comerciales de tipo capitalista predominan en las zonas llanas30; mientras la mayor parte de los sistemas agrarios campesinos ocupan zonas de montaña31. Son zonas frágiles que han sido escenario de procesos de intensa degradación a través de actividades madereras, ganadería extensiva y procesos de “tumba y quema” para la agricultura.

Decisiones extraterritoriales, políticas gubernamentales nacionales, problemas de los mercados, junto a la limitada capacidad de gestión técnica y política del campesinado para controlar su base material, han provocado procesos de fuerte deterioro en la base de sustentación de sus sistemas productores, han transformado


el tramado de relaciones familiares y comunitarias, y en muchos casos, han desarticulado las sociedades locales rurales.

Es importante señalar que la limitación al acceso de tierras de calidad sigue siendo una de las fuerzas estructurales que más inciden en la indigencia rural. Estudios hechos a nivel regional muestran que los pequeños campesinos con acceso a tierras marginales en secano, sobre todo en zonas de montaña, se sitúan entre los grupos sociales más impactados por la indigencia y la pobreza crítica32.

Esta situación ha dado lugar a procesos complejos; respuestas de la familia rural que se expresan en migraciones, diversifi cación de las fuentes de ingresos, intensifi cación del uso del suelo; nuevas articulaciones con la ciudad. Pero a su vez, pérdida de la capacidad productiva de los suelos, deterioro de las organizaciones campesinas y transformación de la relación familia-tierra, con los cambios culturales profundos que ello supone. Los problemas sociales de nuestras ciudades no pueden verse al margen de esta situación. Pero, además, estos procesos tienen implicaciones políticas importantes con relación a la gestión del poder local.

Una sociedad en crisis

En el año 1973, el presidente Balaguer, para justifi car la exoneración de más de 60 millones de pesos a la industria privada dominicana, y en el marco del modelo sustitutivo de importaciones predominante en los años sesenta y setenta, señaló: “Este sacrifi cio constituye el precio que debemos pagar para que el país se desarrolle y cuente, al cabo de algunos años, con un potencial industrial que le permita, no sólo sustituir muchas de sus importaciones que hoy se hacen, con merma de nuestras divisas, sino absorber gran parte de nuestra mano de obra desocupada. No podemos pretender que nuestra agricultura, por más grande que sea el desarrollo que adquiera y por mayor extensión que tenga el área cultivable mediante sistemas de regadío, baste por sí sola para ofrecer ocupación en número sufi ciente a nuestra clase trabajadora. La gran proveedora de empleos es, obviamente, la industria”33.

Conceptos similares se adoptaron en muchos países de América Latina y el Caribe resultando en un empeoramiento de las condiciones de vida de los pobladores rurales, y particularmente del campesinado: “Se reconoce también en varios países que el manejo de la vieja concepción de lo rural como lo atrasado y el énfasis puesto en los procesos de industrialización han generado en estos países crisis de magnitudes impredecibles, con el aumento de la pobreza, el desempleo, la generación o agudización de confl ictos por la tierra, y procesos de luchas internas con características de guerra como es el caso actual en Colombia”34.

El discurso citado del presidente Balaguer marcó el momento inicial del proceso de abandono de la ruralidad dominicana dentro del marco de las políticas de


desarrollo del país. Las zonas francas industriales y el turismo ocuparon la atención máxima de los tomadores de decisiones.

La crisis de lo rural agrícola tradicional, que surgió en los años sesenta del siglo XX, dio paso a la emergencia de un nuevo tipo de liderazgo y de organizaciones rurales ligadas, directa o indirectamente, a diversos proyectos políticos y eclesiales enfrentados con la oligarquía trujillista reinante. El fracaso de estos proyectos, tanto cooperativistas como el de los movimientos sociales del agro, a principios de la década de 1980, se traducirá en una “crisis de esperanza” de los proyectos asociativos y en el debilitamiento de los proyectos campesinos y de pequeñas(os) agricultoras(es). Prácticamente todo el campo dominicano fue escenario de estos procesos.

Pero más allá de lo anterior, la sociedad rural muestra signos de crisis en aspectos fundamentales que chocan con sus prácticas y esquemas de valoración35:

• En la producción: el agricultor se debate entre la necesidad de garantizar la seguridad de su familia, la competitividad en los mercados y la diversidad de orientaciones que recibe, lo que aumenta las difi cultades para la toma de decisiones tanto de tipo productivo como de articulación al mercado.

• En la población: se nota desmotivación y en gran medida “envejecimiento”36. El predominio de lo urbano frente a lo rural ha propiciado un desprestigio social de la agricultura, de lo campesino, que ocasiona su abandono y difi culta la incorporación y retención de los jóvenes en el campo.

• En las formas de gestión tradicionales: habituado a tomar por sí mismo las decisiones sobre qué, cómo y cuánto producir con el simple recurso de la intuición moldeada por la lógica del mercado y de la sobrevivencia de la familia, el agricultor depende ahora más que nunca de las políticas nacionales e internacionales, de las señales del mercado y de la competitividad empresarial.

• En el manejo de los recursos ambientales: los procesos de deforestación, la contaminación del suelo, la erosión, el despilfarro y sobreexplotación del agua, la penetración urbana (población e industrias), son problemas cuyo tratamiento y solución sólo se pueden abordar teniendo en cuenta la presencia del agricultor en el medio rural.

• En las formas tradicionales de articulación social: el papel jugado por muchas instituciones del mundo rural ha entrado en crisis o ha cambiado en forma signifi cativa, y la búsqueda de las nuevas funciones genera confl ictos de competencia y vacíos de poder.

• Las fuertes transformaciones que suceden en la sociedad rural la convierten en un espacio de tensiones que se mueven dentro de múltiples memorias de lo que fue antes de cada cambio, y desde las incertidumbres sobre el futuro por lo que sucede ahora y sucederá después de los nuevos cambios. “Entre unas y otras, el presente subjetivo


de la ruralidad es también el de un sujeto en proceso, el de una historia en marcha. No es de extrañar, entonces, que la identidad rural sea hoy un concepto brumoso y hasta perdido para las propias personas del campo.”37

La mayor crisis de la sociedad rural dominicana está relacionada con la pobreza. Además de los exiguos ingresos, la pobreza rural es una situación y condición ligada también a otros factores, como el acceso a los activos productivos, la ausencia de oportunidades económicas (incluyendo aquellas no agrícolas), ausencia de servicios básicos, problemas de vivienda, ausencia de oportunidades para la mujer rural.

La pobreza también está asociada a la estructura del poder local y regional. Tiene que ver con los intercambios desventajosos con la ciudad. Además, guarda relación con las políticas sociales y económicas que desfavorecen el desarrollo rural. Finalmente, la pobreza deriva también de la ausencia de mecanismos efectivos de participación de la población rural en las estructuras de decisión, tanto en el nivel municipal como nacional.

Como afi rman Vinod et al, “más allá de la medición del ingreso de un individuo u hogar, el bienestar incluye oportunidad, cómo se expresa en el mercado y en las inversiones, en el mejoramiento de la salud y la educación. Incluye la seguridad, que es refl ejada en la reducción de la vulnerabilidad a los shocks físicos y económicos. Implica el empoderamiento evaluado por la inclusión social y la voz del individuo. Y encierra la sostenibilidad, representada por la protección del ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad”38.

¿Una “nueva ruralidad”?

El término de “nueva ruralidad”, tal como aparece en la literatura reciente, tiene un carácter ambiguo. En ocasiones se maneja el término como si se tratase de la necesidad de una base estructural totalmente distinta a lo que existía décadas atrás, para defi nir lo rural actual. En el caso dominicano, muchos de los elementos estructurales que han conformado la ruralidad siguen presentes: una cultura campesina arraigada en la relación familia-tierra, una economía basada en estrategias productivas y de generación de ingresos diversifi cadas (bienes para el autoconsumo y el mercado, actividades agrícolas y no agrícolas, servicios ambientales, alquiler de la mano de obra familiar), articulaciones culturales y comerciales con el medio urbano, formas organizativas basadas en relaciones familiares y de vecindad; además, la distribución desigual de la tierra, la ocupación de tierras marginales, la ausencia de mecanismos de participación en las instancias de poder local, regional y nacional, y la expresión de la pobreza crítica, como muestra de las condiciones de oprobio, explotación y exclusión a las que siguen sometidas las poblaciones rurales. Ésta es la ruralidad de siglos de existencia. Reconocer que esos elementos han cambiado en sus formas de


expresión y signifi cación en el tiempo es aceptar que las sociedades rurales son dinámicas. Pero esto es una “verdad de Perogrullo”, aunque no así reconocida por todos.

La discontinuidad del tratamiento de lo rural39, tanto en el trabajo académico como en las políticas de desarrollo, prejuiciado muchas veces por visiones sectorialistas, simplistas, estáticas y hasta denigrantes de lo rural, han impedido aprehender la sociedad rural como una sociedad en marcha continua.

La “nueva ruralidad” hay que asumirla entonces como una manera distinta de enfocar lo rural, “una nueva lectura de la ruralidad”40, reconociendo el carácter dinámico, multidimensional y complejo, de estructuras que presentan hoy nuevas formas y signifi cados.

Se reconoce como un hecho contundente que el espacio rural en América Latina y el Caribe “ha venido evolucionando, enfrentándonos hoy a un nuevo escenario rural, basado en un carácter territorial, que permite visualizar los asentamientos humanos y sus relaciones en un continuo rural-urbano expresado, entre otros aspectos, en el desarrollo progresivo de actividades agrícolas no tradicionales y actividades no agrícolas en el medio rural. Profundas innovaciones han ocurrido en este campo, observándose nuevas orientaciones productivas como el cultivo de bioenergéticos, plantas medicinales, artesanías, turismo rural, forestación, agricultura orgánica, agricultura sostenible, granjas de especies menores, empresas de servicios rurales y una mayor integración de la cadena agroproductiva y comercial con expresiones organizativas en el campo, la ciudad y en el extranjero”41.

Estos procesos muestran que las sociedades rurales presentan nuevos rasgos y condicionantes42 que pueden sintetizarse de la manera siguiente:

• Las economías rurales se encuentran cada vez más insertas en el proceso de globalización, el cual afecta el grado de autonomía sobre las decisiones locales.

• Los mercados locales, regionales, nacionales y globales se están articulando de tal modo que se diluyen las fronteras y diferencias entre los mismos. Las cadenas agroalimentarias y agroindustriales en general, y particularmente las cadenas de supermercados, dominan cada vez más los mercados de alimentos. Esto requiere de una mayor capacidad para competir.

• Hay un cambio de las ventajas relativas entre productos exportables y productos para el mercado interno y entre commodities y productos “nicho” o diferenciados, que ha permitido un crecimiento signifi cativo de las exportaciones de rubros no tradicionales. No obstante, esta situación “ha sido aprovechada en particular por empresas con mayores recursos y potencial para la producción de productos exportables, con capacidad de acceder al fi nanciamiento, a la tecnología y a la información sobre las condiciones de los mercados interno y externo”43.


• Cambian los pesos relativos de los sectores rurales agrícolas y los no agrícolas. Un porcentaje creciente del empleo rural depende de las actividades no agrícolas. Ambos sectores se complementan cada vez en mayor grado.

• La globalización y los procesos de privatización desnudan las imperfecciones de los mercados fi nancieros, de tecnología, información, trabajo y tierra. Bajo esas condiciones las sociedades rurales tienen que ajustarse a las nuevas reglas de juego para sacar ventajas de los mismos.

• Las instituciones para dar soporte a la dinámica de las sociedades rurales en estas nuevas condiciones no están presentes o no han logrado hacer los ajustes correspondientes en cuanto a propuestas institucionales novedosas ni en nuevas formas de intervención.

• Hay un aumento de los procesos democráticos, aun con grandes fallas en los gobiernos y en la gobernabilidad.

• Surgen nuevas demandas sobre el espacio rural: objetivos ambientales, necesidad de facilidades de recreación y presión de las áreas urbanas densamente pobladas, entre otras. Una de las tendencias más importantes es la que tiene que ver con el aprovechamiento de las ventajas paisajísticas de los territorios. La conservación del paisaje rural se justifi ca por razones económicas (turismo verde, etiquetaje de productos, denominación de origen), ecológicas (biodiversidad) y sociales o culturales (identidad, solidaridad social).

En efecto, el espacio rural presenta nuevos escenarios que conciernen a su función y a problemas de mayor predominancia, más allá de su inserción en la actividad agropecuaria. Los procesos más recientes están relacionados con la creciente fusión entre las áreas rurales y urbanas, en algunas regiones, y el problema de la despoblación, en otras. La cuestión pública tiene entonces que enfocar los problemas ambientales que resultan de ambas situaciones, tanto por el uso intensivo de los recursos rurales como por el abandono de la actividad agrícola dentro del paisaje. En todo caso, hay que buscar soluciones tomando en consideración el problema de las presiones sobre el uso del suelo, que surge a partir de los distintos intereses que se manifi estan en el espacio rural.

Lamentablemente en los países latinoamericanos se ha mantenido una defi nición de ruralidad sobre la base de conceptos sectoriales y demográfi cos. Lo rural se suele defi nir como aquellas zonas donde residen poblaciones de baja densidad, con escaso desarrollo de infraestructura y dedicadas fundamentalmente a actividades primarias de la agricultura44. Aquí se excluye cualquier referencia a la actividad económica, pero sobre todo a las dinámicas e interrelaciones que los centros urbanos puedan tener con el medio rural circundante.

En consecuencia, defi nir lo rural en función de la densidad poblacional o la existencia de servicios públicos básicos, es una simplifi cación. Sería por analogía,


tratar de defi nir un elefante por el tamaño de su pelo. Aunque reconocemos que por orden práctico, para fi nes del registro estadístico y censal por ejemplo, se asumen defi niciones como la anterior. No obstante, estas son inútiles para la comprensión de la dinámica rural y la intervención en procura del desarrollo rural.

Otras defi niciones tratan de capturar la multisectorialidad de los espacios rurales al asumirlos como “el conjunto de regiones o zonas con actividades diversas (agricultura, ganadería, pesca, minería, extracción de recursos naturales y turismo, industrias pequeñas y medianas, comercio, servicios) y en las que se asientan pueblos, aldeas, pequeñas ciudades y centros regionales, espacios naturales y cultivados...”45.

Aunque se trata de un avance importante, los contenidos del concepto de “terrritorialidad” se pierden en la defi nición anterior. Aquí también el espacio rural es cerrado, limitado, por la ausencia de las interdependencias con otros espacios, lo que impide una conceptuación adecuada del desarrollo rural. Un enfoque diferente debe enfatizar, además de la multisectorialidad, la heterogeneidad y la territorialidad, en tanto procesos que devienen de la construcción social del espacio rural, y de la cual emergen dinámicas entre grupos sociales diferenciados en un tramado de actividades productivas y de reproducción cultural que no atañen solamente a la agricultura, ni sólo se ubican físicamente en las demarcaciones llamadas rurales. En la defi nición de Schejtman y Berdegué, “el territorio no es un espacio físico ‘objetivamente existente’, sino una construcción social; es decir, como un conjunto de relaciones sociales que dan origen y a la vez expresan una identidad y un sentido de propósitos compartidos por múltiples agentes públicos y privados”46.

¿Por qué una nueva visión de lo rural? Es evidente que las acciones encaminadas a corregir la situación de inequidad en la ruralidad no han tenido efectos satisfactorios en las últimas tres décadas. “Cada vez somos más quienes pensamos que si queremos que los resultados sean diferentes en el futuro, debemos evitar seguir haciendo más de lo mismo.”47

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “el concepto de “lo rural” vigente en América Latina y el Caribe es anticuado y afecta severamente la calidad del diseño y de la ejecución de las estrategias y políticas de desarrollo, subestima el peso de lo rural, confunde lo rural con lo agropecuario y oscurece los vínculos urbano-rurales. Estos vínculos son esenciales para el desarrollo de las actividades agrícolas y no agrícolas, por cuanto es a través de ellos que opera la relación con la demanda externa al territorio, pero además porque determinan la viabilidad de ciertos emprendimientos debido a sus condiciones de acceso a insumos, conocimientos, redes y relaciones, que son externos al mundo rural”48.

Además se señalan otros argumentos para asumir una nueva visión de lo rural49:


• Es necesario enfrentar la situación de la pobreza y la generación de ingresos en el medio rural. La pobreza, la ausencia de oportunidades económicas, es una situación políticamente insostenible y moralmente inaceptable. Más aún, hay sufi cientes argumentos que indican que la incorporación a la economía de la población rural de manera activa debe redundar necesariamente en el desarrollo nacional.

• Es impostergable reducir los desequilibrios en el medio rural. Se requiere de un “reposicionamiento” de la ruralidad en la agenda nacional que permita eliminar las inequidades crónicas que han afectado a la población rural. Esto implica un aumento sustancial del gasto social (sobre todo en educación y salud) e inversiones en infraestructura productiva en esos territorios. Es necesario reducir la vulnerabilidad social, económica y ambiental de la población rural y alcanzar un aumento de la efi ciencia productiva agrícola y no agrícola.

• Hay que reconocer que existe un potencial en el medio rural para el desarrollo. En el medio rural hay un importante acervo de capital físico, cultural, natural, humano y social que, acompañado de iniciativas novedosas, tanto tecnológicas como organizativas, puede generar procesos de empoderamiento de los actores sociales y económicos orientado al mejoramiento en la distribución del ingreso nacional, la superación de la pobreza y la participación ciudadana. Se hace necesario potenciar una cultura agrícola y rural que permita la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.

• La creciente importancia del desarrollo focalizado en unidades territoriales. El territorio o dimensión espacial está adquiriendo mayor importancia en la formulación y ejecución efi caces de las políticas de desarrollo, acompañadas de procesos de descentralización, democratización, autonomía municipal y desarrollo local con un enfoque participativo. Esto supone el desarrollo de acciones afi rmativas para visibilizar y apoyar la participación de las mujeres y jóvenes y otros grupos vulnerables, en el desarrollo nacional desde lo rural.

Valorización de las empresas campesinas

La diversidad y complejidad de la realidad campesina indican la necesidad de abordar el desarrollo rural a partir de una conceptuación que pueda expresar el carácter multidimensional de esa realidad. Un primer paso es reconsiderar el concepto del desarrollo rural a la luz de la revalorización de las empresas campesinas. La visión neoclásica y tecnocrática del desarrollo ha impedido ver el campo como un espacio donde las empresas campesinas defi nen el marco económico en el cual se desenvuelven la mayoría de las familias rurales.

No se trata, según lo que muchos plantean desacertadamente, de “empresarizar el campo”50, puesto que la empresa campesina existe y tiene un carácter histórico, sino de entender la dinámica propia de este tipo de


empresa, mejorar su organización, para focalizar el proceso del desarrollo rural. Para dar sentido a lo anterior, hay que preguntarse primero qué es una empresa, para luego defi nir lo que es una empresa campesina. En esa dirección es oportuno presentar los argumentos de Geilfus51. Él plantea tres características relacionadas con el concepto de empresa, comunes para cualquier unidad califi cada como tal:

• Es una unidad económica donde trabajan personas de manera coordinada para la producción y transformación de bienes o servicios.

• Tiene como objetivo la obtención de benefi cios que son reinvertidos o apropiados por sus miembros.

• Es un centro de decisión económico donde se asignan recursos, se deciden actividades y se establecen relaciones con el mercado.

Bajo estos criterios, las empresas campesinas son verdaderas empresas, aunque no tienen las características de las empresas comerciales capitalistas. En este sentido, las particularidades propias de la empresa campesina pueden sintetizarse como sigue:

• Están ligadas a la tierra y, en general, se ubican en áreas rurales.• Una parte de sus actividades requiere de acceso a la tierra y otros recursos

naturales.• Son empresas donde los socios / trabajadores son miembros de la familia.• Al menos una parte de los integrantes reside en el campo, otros residen

fuera, ya sea periódica o permanentemente.• Son unidades de producción y al mismo tiempo de consumo. Combinan

la producción para la subsistencia y para el mercado.• Están conectadas a redes sociales de apoyo mutuo y también participan

en relaciones de dependencia con agentes sociales de más fuerza.• Su objetivo no es sólo el benefi cio en términos monetarios, sino también,

y sobre todo, la seguridad de la familia.

La relación de la empresa campesina con la tierra varía en función de la diversidad de las fuentes de ingreso. De ahí que exista una gama muy diversa de empresas campesinas que oscilan entre aquellas que son totalmente agrícolas (todos los recursos están invertidos en la producción agropecuaria y todos los ingresos provienen de ésta) y la empresa campesina “deslocalizada”, donde los miembros tienen fuentes de ingresos no agrícolas, pero mantienen una base productiva por razones de autoconsumo, renta u otro motivo para la seguridad de la familia, y una reducida inversión en mano de obra a tiempo parcial o de un solo miembro.

En la empresa campesina el uso de la mano de obra familiar es fl exible, dependiendo de las necesidades y oportunidades de ingresos y no de las condiciones del mercado. Al mismo tiempo, la mano de obra familiar se ajusta a los objetivos compartidos de la empresa sin que medie ninguna relación de tipo contractual. “Esta capacidad de ‘autoexplotarse’ es la que permite a una empresa familiar campesina sobrevivir a las condiciones económicas más adversas. En las mismas condiciones, una empresa comercial puede quebrar por los costos de mano de obra.”52


Desde el punto de vista del destino de la producción para el mercado o para el autoconsumo, hay también dos situaciones extremas: aquellas empresas que dependen en gran medida de la producción de subsistencia para satisfacer sus necesidades básicas y aquellas para las que la producción de autoconsumo es sólo marginal, pero se mantiene y cobra mayor importancia en caso de necesidad. La empresa que deja las actividades de autoconsumo de manera defi nitiva, pierde su carácter campesino.

En cuanto a las redes sociales se plantean dos situaciones extremas. Por un lado, las empresas autónomas con una amplia red social que implica relaciones de apoyo mutuo, intercambios y solidaridad para enfrentar necesidades; las cuales pueden tener otras empresas dependientes y constituirse en unidades dominantes; y en el otro extremo, las empresas dependientes con escasas relaciones sociales, tanto por falta de recursos como por el aislamiento social. “Las familias más pobres no son necesariamente dependientes; pero, si son muy pobres y a la vez desprovistas de redes sociales, es muy probable que se encuentren más allá de la pobreza, en la indigencia.”53

Los objetivos de la empresa campesina se orientan en tres direcciones fundamentales:

• Satisfacción de las necesidades básicas (alimentación, educación, salud, vivienda).

• Reducción de la precariedad debida a limitaciones surgidas por cambios repentinos o progresivos en su base de recursos (humanos, fi nancieros, físicos y sociales), y debido a las condiciones sociales y económicas del entorno.

• Incremento de la base de recursos.

Las estrategias de ingresos están confi guradas por el conjunto de decisiones de los miembros de la familia acorde con las realizaciones de sus objetivos, cuyos pesos relativos serán variables según las características de cada empresa. Esta dinámica compleja de decisiones económicas en las empresas campesinas defi ne diferentes marcos de actuaciones en las estrategias de desarrollo rural.

La literatura reciente sobre el empleo rural no agrícola en América Latina y el Caribe presenta argumentos interesantes para entender la dinámica de las micro y pequeñas empresas rurales no agrícolas (MPERNA) y su relación con la agricultura en República Dominicana.54

Las informaciones existentes ratifi can el fenómeno del crecimiento de la actividad no agropecuaria en el medio rural dominicano. En general, el sesgo agropecuario en el diseño de las políticas ha limitado las potencialidades existentes para el desarrollo de la zona rural. El espacio rural no es un espacio solamente de agricultura, aunque hay que reconocer que la agricultura sigue siendo el sector empleador más importante del medio rural. Pero las actividades no agropecuarias,


tomadas en conjunto, tienen un mayor peso relativo respecto al empleo rural, lo cual crea la necesidad de considerar esas actividades en toda política, programa o proyecto orientado al desarrollo rural.

En efecto, es claro que las familias rurales han asumido una estrategia de diversifi cación de las fuentes de ingresos y del uso de la mano de obra familiar a partir de la dotación de activos (tierra, capital humano, capital fi nanciero, capital social, etc.) que cada hogar posee. Mientras más pobres son estos hogares mayor es la dependencia de fuentes de ingresos no agropecuarios. Entonces, desde el punto de vista del desarrollo es necesario valorar el espacio rural en esa doble dimensión agropecuaria - no agropecuaria, de componentes incluyentes, complementarios y mutuamente potenciadores de sus efectos multiplicadores sobre el empleo y el ingreso de los hogares rurales. Las estrategias para el desarrollo de las actividades no agropecuarias no pueden ser orientadas como estrategias de sustitución de la agropecuaria.

En ese sentido, hay que tomar en consideración que las empresas de subsistencia son distintas a las empresas de acumulación55. Las primeras cumplen una importante función de garantía de la seguridad de la familia, complementando los ingresos provenientes de la fuente principal, así como reduciendo los riesgos de las fl uctuaciones estacionales de los ingresos. Parafraseando a Cela, son muy buenas para desenvolverse en la pobreza, pero no sirven para salir de ella56.

Constituyen probablemente la diferencia entre la indigencia y la pobreza de muchas familias rurales. En efecto, estas empresas se orientan a garantizar la subsistencia de la familia rural, pero de ningún modo son la mejor opción para promover el empleo y sobre todo el empleo asalariado. En cambio, las empresas de acumulación, con capacidad para generar excedentes, se pueden enrolar en un proceso de crecimiento sostenido con efectos multiplicadores sobre el empleo y el nivel de los ingresos. De ahí que las estrategias de desarrollo de las microempresas de subsistencia haya que enmarcarlas dentro de un contexto de transición, lo que signifi ca crear oportunidades para que evolucionen hacia empresas de acumulación o hacia oportunidades de empleo remunerado.

Existe una relación compleja entre las MPERNA y la agricultura. Cuanto más deprimida es la agricultura ocurre una mayor dependencia de ingresos fuera de la fi nca (incluyendo las actividades de las MPERNA). Asimismo, las mejores opciones de negocios no agrícolas están más relacionadas con la agricultura dinámica. Eso explica la mayor presencia de empresas de carácter acumulativo en zonas donde se desarrolla ese tipo de agricultura. El efecto de potenciación mutua entre las actividades agrícolas y no agrícolas explica este fenómeno.

Efectivamente, en zonas rurales con agricultura tradicional deprimida, sin conexión a economías dinámicas y ausencia de infraestructura, las microempresas existentes se desenvuelven en un contexto desventajoso, ya que estos negocios


suelen asumirse como componentes complementarios a la reducida productividad de la agricultura. Con escasa capacidad de ahorro y, por tanto, con limitadas posibilidades para el crecimiento sostenido, estos negocios tienden a ser muy frágiles.

Bajo estas circunstancias las posibilidades de desarrollo de microempresas rurales con altos niveles de retornos económicos son muy escasas. Los negocios no agrícolas en zonas de agricultura deprimida y dependientes de la demanda local comunitaria propenden a mantenerse como negocios de subsistencia y a la desaparición en tiempo relativamente corto. Este último es el caso de la mayoría de las MPERNA dominicanas. Son negocios que generalmente se desenvuelven en comunidades rurales pobres, las cuales son precisamente aquellas carentes de motores de desarrollo que dinamicen el consumo y las actividades no agrícolas.

Se reconoce que el desarrollo de la agricultura no es condición sufi ciente para el desarrollo rural, mas para el caso de la mayoría de la población rural dominicana, son escasas las oportunidades de desarrollo, y particularmente las relacionadas con las MPERNA, sin una agricultura dinámica o la carencia de otros motores de desarrollo. Para esta población, el desarrollo de las MPERNA “al menos en sus primeras fases, no puede visualizarse de forma aislada al desarrollo de la agricultura y del manejo de los recursos naturales”57. En ese caso, el desarrollo de las MPERNA debe necesariamente vincularse al aumento de la productividad de la agricultura, particularmente de la agricultura tradicional. Diversos estudios reafi rman estos argumentos, proponiendo que sólo después que el sector agropecuario alcance niveles de productividad mayores, es de esperar que el subsector de las actividades rurales no agrícolas adquiera un crecimiento más acentuado58.

Lo anterior obliga a adoptar necesariamente una perspectiva territorial en las estrategias de desarrollo rural, particularmente en el caso de las MPERNA. En ausencia de una agricultura que genera demandas sostenidas de bienes y servicios no agrícolas, las opciones más dinámicas de desarrollo de las MPERNA tienen un carácter regional, en tanto existe la posibilidad de vincularse con mercados más amplios que la propia comunidad. Esta vinculación puede ser debido a los requerimientos de bienes y servicios no agrícolas de actividades productivas también no agrícolas, a la demanda de poblaciones urbanas relativamente cercanas, al comercio interregional o las nuevas demandas creadas por obras de infraestructura. Los motores de desarrollo exógenos con mayor frecuencia son los responsables de la dinamización de las actividades no agrícolas de altos rendimientos económicos y sociales, y capacidad de crecimiento. En general, se trata de actividades productivas con efectos multiplicadores amplios a nivel regional (minería, turismo, etc.) o la presencia de centros urbanos que impulsan, a través de los fl ujos de ingresos o demandas de bienes y servicios no agrícolas, múltiples actividades económicas rurales.

De acuerdo con lo anterior, en el territorio dominicano se observan varias confi guraciones espaciales relacionadas con el desenvolvimiento de las MPERNA y


su relación con la agricultura59. De ahí que podemos considerar distintas categorías que suponen tratamientos diferenciados:

• De agricultura dinámica.• De agricultura tradicional con acceso a infraestructuras o actividades

turísticas.• De agricultura tradicional con actividades mineras.• De agricultura tradicional deprimida sin acceso a infraestructuras.• De infl uencia de centros urbanos.• De comercio interregional.

La creciente interdependencia de las actividades agrícolas y no agrícolas rurales, y de éstas con los centros urbanos, requiere de enfoques diferentes respecto al desarrollo rural. Se requiere un planteamiento de base territorial más que de carácter sectorial.

Desarrollo territorial rural

El desarrollo territorial rural se defi ne “como un proceso de transformación productiva e institucional en un espacio rural determinado, cuyo fi n es reducir la pobreza rural. La transformación productiva tiene el propósito de articular competitiva y sustentablemente a la economía del territorio a mercados dinámicos. El desarrollo institucional tiene los propósitos de estimular y facilitar la interacción y la concertación de los actores locales entre sí, y entre ellos y los agentes externos relevantes, y de incrementar las oportunidades para que la población pobre participe del proceso y de sus benefi cios”60.

En vista de las situaciones críticas de la ruralidad, el fenómeno de la pobreza rural y su superación debe ser el tema central de las estrategias de desarrollo rural en República Dominicana. En este contexto, la agricultura sigue siendo relevante: Primero, porque si no es la fuente principal, es una fuente importante de ingreso y empleo de una gran parte de las familias rurales61. Segundo, de la agricultura derivan opciones probadas para enfrentar el problema del deterioro ambiental y la conservación de los bosques en las zonas rurales, particularmente en aquellas comunidades y regiones asociadas directamente a territorios ecológicamente frágiles. Tercero, la agricultura es importante por su indiscutible rol en la seguridad alimentaria nacional, sobre todo para los sectores urbanos y rurales más pobres.

Más aún, como se afi rma, “es en la unidad campesina donde podemos encontrar los elementos de un nuevo paradigma de la agricultura: la cultura que han desarrollado en torno a la relación seres humanos - naturaleza, su conocimiento del medio, sus estrategias económicas diversifi cadas, la combinación de producción para autoconsumo y para el mercado, el manejo integrado y múltiple de los recursos tierra, ganado, agua, bosque. Los campesinos pueden ser los principales actores de la construcción de una agricultura sustentable”62.


Pero el problema del desarrollo rural va más allá del problema de la agricultura. Probablemente, el peso que tiene la agricultura en la generación de ingresos y empleos, en el problema ambiental y en la seguridad alimentaria de las familias rurales, no facilita la comprensión de las funciones que se atribuyen al espacio rural. Lo rural es un ambiente mucho más cambiante e impredecible que lo urbano. Por lo tanto, el tratamiento del desarrollo rural no es simplemente atribución de las discusiones y propuestas que se desarrollan tradicionalmente en el ámbito de la agricultura.

El espacio rural debe ser un ambiente de oportunidades diversas y de nuevas potencialidades. Y éstas hay que visualizarlas también en otros temas relacionados con las actividades productivas no agrícolas, con los usos agrarios no alimentarios, con la recreación y la producción de bienes y servicios ambientales, con la protección de la biodiversidad, con el equilibrio territorial, así como otros aspectos relacionados con la calidad de vida.

La literatura relacionada aporta elementos importantes que facilitan la formulación de un enfoque de desarrollo territorial rural63:

• Competitividad, determinada por la difusión masiva del desarrollo tecnológico y el conocimiento como condición necesaria para la permanencia de las unidades productivas en el mercado. Es importante considerar que en un contexto de poblaciones afectadas por condiciones de pobreza y marginalidad como la rural, la competitividad debe traer como resultado un mejoramiento de “la capacidad de generar mejores empleos (incluido el autoempleo), que conduzcan a incrementos sostenibles de los ingresos como condición para el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias rurales o, si se quiere, de incidir positivamente en su vida cotidiana”64.

• Innovación tecnológica en procesos, productos o gestión que mejoren la colocación en los mercados, la productividad y la efi ciencia.

• La competitividad es sistémica, no depende de características de las empresas de forma aislada, sino del entorno en que se mueven; en consecuencia, de las condiciones del sistema educativo, la investigación, información y servicios disponibles, entre otros.

• El principal motor de las transformaciones productivas es la demanda externa al territorio. En su defecto, habrá una tendencia a la reproducción ciclo a ciclo de las condiciones de sobrevivencia de las unidades productivas. “Se trata de cambiar la estrategia orientada por la oferta, característica de muchos proyectos, por otra orientada por la demanda externa al territorio. O, en otras palabras, por una lógica que busca hacer lo necesario para satisfacer los requerimientos del exterior por los bienes y servicios que el territorio puede generar.”65

En conclusión, la refl exión anterior indica la necesidad de revalorar hacia el futuro la estrategia de desarrollo dentro de una visión más comprehensiva de la


realidad rural. Es necesario un mayor entendimiento de las interacciones de lo urbano-rural-natural. “El concepto de lo rural, cuando el objetivo es la superación de la pobreza, debe necesariamente incluir el o los núcleos urbanos con los que las áreas pobres tienen o podrían tener vínculos funcionales en aspectos tanto productivos como sociales.”66 Esta territorialidad debe trascender el espacio rural para potenciar las vinculaciones con los centros urbanos, pequeños y grandes. De ahí que, “más que una estrategia de desarrollo rural debería ser una estrategia de desarrollo urbano-rural”67. Esto implica considerar las interdependencias del mundo rural con el resto de la economía y con el medio urbano en particular.

El desarrollo territorial rural es, en defi nitiva, una manera de pensar y accionar para el logro de una transformación productiva agrícola y no agrícola orientada a crear las bases competitivas que permitan articular sustentablemente las unidades territoriales rurales a los mercados dinámicos. Tiene que ver con el desarrollo institucional que estimule y propicie la interacción de los actores locales entre sí y con los agentes externos. Se fundamenta en el desarrollo de las capacidades humanas, sobre todo de los más pobres, para una participación activa y equitativa, como productores y ciudadanos, en el proceso de desarrollo (local, regional y nacional) y de sus benefi cios. En defi nitiva, el desarrollo tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, expandiendo su capacidad para diseñar su propio futuro68.


Isidoro Santana Economista e investigador del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007

Las condiciones de vida en la zona rural


E l análisis que se presenta en este reporte se hace a partir de la defi nición usada en República Dominicana de lo que es población rural. Según la misma, toda población ubicada en cabeceras de municipios y distritos municipales se considera urbana y, por diferencia, la parte restante es rural. De acuerdo con este criterio, y tomando los datos del más reciente censo demográfi co (2002), el 36.4%69 de los dominicanos vive en zonas rurales.

Esta defi nición tiene múltiples inconvenientes, principalmente porque no distingue entre los tamaños de las aglomeraciones humanas ni responde a otros criterios como disponibilidad de infraestructuras o servicios, ni mucho menos a la estructura económica ni a las relaciones económicas y sociales que se establecen. Pero la más importante limitación que tiene es que, en virtud de la frecuencia con que se cambia en República Dominicana la denominación de demarcaciones geográfi cas, las cuales pasan sucesivamente de parajes a secciones y de éstas a distritos municipales, para después ascender a municipios e incluso a capitales de provincia, es habitual que los habitantes de un lugar cambien de ser considerados rurales a urbanos por una simple disposición administrativa, sin que haya cambiado ninguno de los atributos que suelen defi nir tal condición.

Distintos países de América Latina utilizan otros criterios70 (cantidad de viviendas, cantidad de habitantes, servicios disponibles, ocupación mayoritaria de la población) que, de ser aplicados aquí, terminarían determinando porcentajes diferentes de población rural. Sin embargo, algunas otras zonas del mundo aplican puntos de vista distintos y organismos internacionales sugieren otras defi niciones. Por ejemplo, en un estudio reciente del Banco Mundial71 se utiliza la defi nición aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que agrupa a los más grandes economías, según la cual, una población se considera rural con una densidad demográfi ca inferior a 150 habitantes por km2 y una distancia de más de una hora a una ciudad mayor a los 100 mil habitantes.

Este estudio encontró que, en base a este criterio, la importancia de la población rural en América Latina es muy superior a la que le suelen atribuir las estadísticas. Muestra también que el aporte de las actividades agropecuarias a la economía es mayor que lo que indican las estadísticas de cuentas nacionales, que valoran los productos al valor de venta del agricultor en la fi nca y atribuyen los procesos


posteriores de transporte, secado o molido, empaque y comercialización a otros sectores. Otro hallazgo de dicho estudio es que generalmente, en virtud de esa errada percepción, las políticas públicas aplicadas tienen un sesgo antirural cuando debería ser todo lo contrario, por ser más pobre la población rural y ameritar un mayor apoyo del Estado.

Sin embargo, curiosamente, para los países de pequeñas dimensiones geográfi cas y alta densidad de población, como suelen ser las islas del Caribe, si se aplica dicho criterio de medición, termina siendo más urbana que lo que se creía. Por ejemplo, en la República Dominicana sólo un 27% caería en la condición de población rural, en vez del 36.4% indicado por el censo.

Al revés, un criterio recomendado y utilizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para países de América Latina conduce a conclusiones opuestas72. Según el mismo, toda población que vive en aglomeraciones humanas de menos de 20 mil habitantes es rural. Siendo así, la mayoría de las cabeceras de municipios y distritos municipales dominicanos seguirían siendo rurales, y sólo las siguientes ciudades tendrían la categoría de zona urbana. De acuerdo este criterio, en 2002 la población urbana del país sería de sólo 4.5 millones de habitantes y el 47.8% seguiría siendo rural.

Santo Domingo 2,102 Mao 48Santiago 507 Boca Chica 46San Pedro de Macorís 194 Cotuí 42La Romana 191 Esperanza 41San Cristóbal 137 Villa Altagracia 35San Francisco de Macorís 122 Hato Mayor 34Puerto Plata 112 Nagua 32Higüey 104 Villa Bisonó 30La Vega 98 Constanza 27Barahona 75 Jarabacoa 27Bonao 73 Consuelo 25San Juan de la Maguana 71 El Seibo 22Baní 62 Tamboril 22Haina 61 San José de Ocoa 21Moca 59 Las Matas de Farfán 21Azua 56

TOTAL 4,497

Cuadro 1 Población en ciudades mayores de 20,000 habitantes en el país, 2002 (en miles)

Fuente: Preparado con datos de la Ofi cina Nacional de Estadísticas (ONE) 2002

Ahora bien, en virtud de que todos los datos dominicanos están preparados a partir de la defi nición administrativa defi nida por el censo, se seguirá trabajando con el 36.4% en esta presentación.


Diferencias de estructura demográfi ca

Como muestra el Gráfi co 1, al igual que en otras partes del mundo, en la estructura demográfi ca de la zona rural predomina la población masculina, pues las mujeres encuentran más poderosas razones para emigrar a las ciudades. El índice de masculinidad registrado a partir de los datos censales es de 1.079 frente a 0.946 en las ciudades.

También se puede apreciar una mayor concentración de población joven, muy particularmente la de las primeras edades. La pirámide se ve muy ancha en la base, mientras que en la zona urbana se mantiene ancha hasta los grupos de edad de adultos- jóvenes. El 41.8% es menor de 18 años en el campo, frente a un 38.8% en la zona urbana, lo que puede estar refl ejando tanto las anteriores tasas más altas de natalidad (cosa que ha venido desapareciendo) como la apreciación de que el campo tiende a convertirse en depositario de niños que permanecen con otros familiares mientras sus padres se van a trabajar a las ciudades.

Gráfi co 1Pirámide de edad rural y urbano, 2002

Fuente: Preparado con datos de la Ofi cina Nacional de Estadísticas (ONE) 2002

Zona urbana Zona rural

Otro aspecto que se destaca es que los hogares son habitualmente más completos. El fenómeno de los hogares encabezados por mujeres es particularmente urbano, con un 31.2%, frente a una porción mucho menor, de 21.7%, en los campos. Esto también se manifi esta en la proporción de niños que viven con ambos progenitores, que es 60.1% en el campo mientras que sólo alcanza el 52.9% en la ciudad.


Disparidades en los niveles de ingreso familiar y la pobreza

Históricamente, las encuestas de hogares muestran diferencias muy signifi cativas entre las condiciones de vida de la población en función del lugar donde vive. Esto se aprecia tanto al examinar los niveles medios de ingreso familiar como otros indicadores de bienestar. Por lo general, los ingresos medios son más elevados en las zonas urbanas que en las rurales. Eso se manifi esta al observar el Gráfi co 2, en que se presenta el porcentaje de hogares que caen en los deciles altos y bajos, en función del área de residencia.

Como se aprecia, los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ENCOVI) 2004 indican que las familias de la zona rural se ubican en los grupos bajos en una proporción mucho mayor que las de la zona urbana. Mientras la mitad de los hogares correspondientes al decil más pobre están en el campo, se encontró que sólo un 21.6% de los residentes en dicha área cae en el decil superior. Independientemente de que se trate de los grupos altos o bajos, en prácticamente todos los deciles los ingresos son más elevados para los que viven en la zona urbana que en los habitantes de las áreas rurales.73

Gráfi co 2Porcentaje de hogares que caen en cada decil de ingreso, en función del área de residencia, 2004

Fuente: CESDEM, Informe de la Encuesta sobre Condiciones de Vida, ENCOVI 2004

Sin embargo, es bueno advertir que sí se encontró una situación bastante novedosa, al menos para las encuestas especializadas, y es que en el primer quintil (el 20% más pobre), el ingreso rural es ligeramente superior al urbano. Esto presumiblemente se explica por la notoria importancia que adquiere el autoconsumo alimenticio para los pobres del campo, así como por la coyuntura en que se hizo


la encuesta, tras registrarse una fuerte devaluación de la moneda nacional, que normalmente favorece bastante a los pobres del campo, debido a que se encarecen mucho los bienes comerciales, dentro de los cuales, uno de los primeros son los alimentos, que a su vez representan la fuente por excelencia de generación de ingresos para los campesinos pobres.

De hecho, eso se confi rma si se elabora una serie histórica, lo cual se hizo con datos de la única encuesta de hogares que se hace sistemáticamente en el país con metodología comparable, que es la Encuesta sobre Fuerza de Trabajo que lleva a cabo semestralmente el Banco Central, y que indica un diferencial de ingresos permanentemente muy pronunciado, por lo general de más del doble, entre las zonas urbana y rural (Gráfi co 3). La diferencia se atenuó algo con la devaluación, a principios de 2004, pero es razonable suponer que ha de haberse vuelto a elevar posteriormente con la revaluación que tuvo lugar del peso.

Gráfi co 3Ratio entre el ingreso medio per cápita urbano y rural, 2000-2004

Fuente: Elaborado con cálculos tomados del Informe sobre Pobreza en República Dominicana, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo 2006

Igualmente, y congruente con el grado de urbanización, los promedios de ingresos son mayores en la región Metropolitana (Distrito Nacional y provincia Santo Domingo) que en el resto del país. El Gráfi co 4 presenta los niveles medios registrados de ingreso familiar en función de las regiones geográfi cas, resultantes de la ENCOVI 2004. Como se aprecia, hay por lo menos dos regiones en el sur de la República, El Valle y Enriquillo, donde los ingresos familiares medios ni siquiera alcanzan la mitad del valor promedio en Santo Domingo. Otra región caracterizada por bajos ingresos familiares es la de Valdesia, que incluye el sur cercano a Santo Domingo.

Los ingresos promedio más elevados, por encima de la media nacional, se encuentran particularmente en la región Metropolitana, en el Este y en las partes del Cibao llamadas Norcentral y Noroeste.


Gráfi co 4Niveles medios de ingreso familiar por regiones, 2004 (RD$ mensuales)


La tasa de pobreza registrada en 2004, de acuerdo con el estudio del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), era de 55.7% de la población rural frente a 34.7% en la urbana, como se indica en el Gráfi co 5. Las tasas de indigencia o pobreza extrema eran de 24.3% y 11.2%, respectivamente.

Gráfi co 5Incidencia de la pobreza, 2004 (% de la población)


El Gráfi co 6 confi rma que la pobreza, primero, no había cedido durante el periodo de crecimiento con estabilidad que tuvo lugar entre fi nales del decenio de 1990 y principios del actual, y que se elevó abruptamente con la crisis, aunque los pobres del


Gráfi co 6Evolución de la incidencia de la pobreza, entre abril 1997 y abril 2004


Por otro lado, las tasas de pobreza son más elevadas en algunas provincias marginadas en las que hasta las dos terceras partes de su población caen en la condición de pobres. Como se aprecia en el mapa, las diez provincias con los niveles de pobreza más difundida se localizan en el oeste del país y en todas ellas la pobreza abarca a más de la mitad de sus habitantes, mientras en el Distrito Nacional inalcanza al 21.6%.

En esas diez provincias, no sólo existen proporcionalmente más pobres, sino que la pobreza es más pronunciada. El siguiente mapa presenta la severidad de la pobreza, medida como la brecha porcentual que separa el ingreso de los pobres del mínimo necesario para dejar de ser pobres. Destaca el caso de algunas provincias, como Elías Piña, en que un pobre promedio tendría que aumentar su ingreso en 41.4% para alcanzar la línea de pobreza. Aunque la pobreza medida por ingreso dista mucho del concepto de pobreza que sustenta el paradigma de desarrollo humano, en términos de falta de capacidades, en este caso, al no contar con información sufi ciente, utilizaremos este dato.

En términos cuantitativos hay más pobres concentrados en las ciudades grandes, pues las provincias de mayor incidencia de pobreza suelen ser de menor densidad

campo experimentaron un alivio con el aumento inicial de los precios de los alimentos. Sin embargo, terminaron perdiendo lo ganado en la medida en que la infl ación se generalizó mientras que la moneda volvió a apreciarse, lo cual provocó que la relación de precios relativos entre alimentos y otros bienes se deteriorara de nuevo.


demográfi ca, debido a que la población tiende a concentrarse en los polos de mayor ingreso relativo. Aunque en estos lugares tienen mayores oportunidades, no quiere decir que de inmediato dejen de ser pobres, por lo que es habitual encontrar que la pobreza se traslada de lugar.

Por esta razón, el hecho que algunas provincias o zonas geográfi cas tengan una tasa de pobreza más elevada, no quiere decir que cuantitativamente haya más pobres. La cantidad de pobres en una demarcación es el resultado de una combinación de la tasa de pobreza con la población total de la provincia o municipio. Las grandes concentraciones de población pobre suelen estar en las mayores concentraciones demográfi cas, que normalmente son las de menor incidencia de pobreza.

Esto es curioso y puede conducir a efectos contradictorios en el diseño y aplicación de las políticas de lucha contra la pobreza. Normalmente, los gobiernos concentran mucho la inversión pública, tanto en infraestructura como en servicios, en los lugares geográfi cos donde se concentra mucha población, incluidos pobres. Pero en virtud de que coincide con ciudades en que la pobreza es menos difundida y menos severa, esa misma política atrae más población de las zonas geográfi cas verdaderamente más pobres. Esto indica que la ciudad de Santo Domingo, incluido el Distrito Nacional y la provincia, seguirá siendo por mucho tiempo el lugar donde se reúne la mayor cantidad de pobres, y la tendencia es seguir atrayendo pobres de sus zonas de origen. También se encuentran muchos pobres concentrados en otros grandes conglomerados humanos, como es la provincia de Santiago.

Un ejemplo crítico de errores de este tipo se encuentra en la disposición gubernamental de construir un ferrocarril metropolitano para la ciudad de Santo Domingo, lo que con mucha probabilidad obligará a concentrar el esfuerzo de inversión pública durante muchos años, quizás decenios, en dicha ciudad. Estas políticas conducen a un círculo vicioso: la concentración de recursos fi scales provoca el doble fenómeno de concentración de riqueza y atracción de más pobreza al mismo lugar. Por eso lo correcto parecería ser que el esfuerzo fi scal se canalice a enfrentar los problemas de los pobres en su hábitat natural, en su lugar de origen, y no en atraerlos para concentrarlos en la gran ciudad, con la expectativa de que allí el Estado les ofrece las mayores oportunidades.

Por otro lado, en el siguiente mapa se presentan las principales diferencias entre la estructura de gastos de los hogares en las zonas urbana y rural. Tal como ocurre en el análisis por niveles de ingresos, en que los pobres destinan una mayor porción de su presupuesto a la alimentación, en la zona rural el componente alimentos pesa mucho más en la canasta familiar. Claro está que en esta zona es mucho más común que una parte de dichos alimentos sean de producción propia del hogar.


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Formas de medir la pobreza

• Incidencia de pobreza: Es el porcentaje de personas en una provincia cuyo ingreso per cápita está por debajo de la línea de pobreza.

• Severidad de la pobreza: Indica la distancia de la pobreza promedio con respecto a la línea de la. La brecha de pobreza de una persona pobre es igual a la diferencia entre su ingreso per cápita y la línea de pobreza; la cual se expresa como porcentaje de la línea de pobreza. Cuando las brechas de pobreza de todas las personas pobres de una provincia se suman y esta suma se divide por el total de personas en una provincia, se obtiene la severidad de la pobreza.

• Porcentaje del total de pobres: Es el número de pobres en una provincia expresado como porcentaje del total de pobres en el país.


Gráfi co 7Estructura del gasto per cápita por zonas, 2004


Urbana Rural

En el campo también es marcadamente mayor el gasto en transporte en la estructura de gastos de los hogares, probablemente por las distancias habituales de recorrido y por la falta de sistemas de transporte colectivo. Recuérdese que el motoconcho, que constituye el medio de transporte más costoso, tiene una importancia fundamental en el campo. Por el contrario, en las ciudades pesa más el componente vivienda (incluyendo servicios como electricidad y teléfono) y el de educación, posiblemente por la mayor preponderancia de la educación privada, así como porque se priorice más.

El mercado de trabajo por zona urbana y rural

Aunque históricamente se vincula la ruralidad con la agricultura, según los datos actuales, menos de la mitad (41.5%) de la población rural trabaja en la rama agropecuaria. Además, una parte apreciable de la población llamada urbana también trabaja en la agropecuaria, alcanzando un 8.2% fuera del Distrito Nacional. Otro factor que probablemente infl uye en que este porcentaje sea tan elevado es la defi nición de zona urbana que se está usando, porque se debe seguramente a la inclusión de poblados pequeños. Naturalmente, eso no niega que en las grandes ciudades también existe cierta población en trabajos agrícolas, pero proporcionalmente no es grande.

El Gráfi co 8 presenta que de los trabajadores residentes en zonas rurales una

buena parte trabaja en la industria y la construcción, así como en el comercio, el turismo y los servicios. Es de destacar que, además de las actividades industriales, comerciales y de servicios que tienen lugar en las propias zonas rurales, una parte de la población sigue residiendo en los campos pero, por su cercanía, pueden trasladarse a trabajar en las ciudades, particularmente en las zonas francas, hoteles u otros tipos de negocios.


Gráfi co 8Estructura de ocupación de la población según zona de residencia, 2005

Fuente: Elaborado con datos del Banco Central, Mercado de Trabajo 2005

En el mercado de trabajo se destaca también una menor participación de la mujer campesina en actividades económicas remuneradas. La reclusión a las labores del hogar y a trabajos no remunerados en el campo ha de ser una de las razones principales de que las mujeres emigren del campo más que los hombres. Como se aprecia en el Gráfi co 9, mientras en el Distrito Nacional más de la mitad de las mujeres mayores de 10 años están integradas al mercado de trabajo, eso se reduce a un tercio en la zona rural.

Gráfi co 9Tasas de participación en actividades económicas remuneradas de la población mayor de 10 años, 2005


La condición de habitante rural no determina mayor probabilidad de desempleo (Gráfico 10). Al contrario, hay ligeramente menos desempleo en el campo. Hay más vínculos del desempleo con otros factores, como la edad, el sexo o la condición de jefe de hogar o no. Este hecho sugiere la



Gráfi co 10Tasa de desempleo, 2005


Ni siquiera la educación determina mayor posibilidad de empleo, aunque sí de los ingresos que reporta el empleo, como se ve en el Gráfi co11, el cual muestra el perfi l de ingresos del empleado. Los ingresos del trabajo están muy diferenciados por edad, por educación y por rama de actividad, desfavoreciendo grandemente a la agricultura. Sin embargo, las diferencias no son tan marcadas por sector formal o informal ni por sexo.

Acceso a infraestructura y a servicios públicos

En la mayoría de los servicios públicos, si bien las diferencias entre el campo y la ciudad se han venido atenuando frente a la situación de decenios atrás, todavía persisten diferencias grandes, tanto en cobertura como en calidad. En el caso de la educación básica, incluso, hay un ligero sesgo prorural (Gráfi co 12). Podríamos decir que probablemente la infraestructura escolar de nivel básico es el único aspecto de la política pública en que las grandes zonas urbanas está en desventaja.

Gráfi co 11Ingreso por hora ocupada, 2005

idea de que el móvil principal de la migración del campo no sería tanto el acceso a empleo, sino la aspiración a mejorar los ingresos y el acceso a servicios e infraestructura pública. Pero el hecho de que se mantengan tan altas las tasas de desempleo también desmiente las referencias frecuentes de que en el campo dominicano hay una demanda laboral desabastecida. Por esta razón, las políticas que buscan retener la población no deberían concentrarse mucho en promover empleos, sino en mejorar la calidad del empleo rural y los servicios.


Gráfi co 12Población en edad escolar y atribución del gasto en educación preuniversitaria, 2004

Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Mundial, República Dominicana: Informe sobre el Gasto Público 2004

Gráfi co 13Porcentaje de la población de 5 años y más que asiste a establecimientos educativos, por grupos de edad y zona, 2004


Esto no obedece a una política deliberada del Estado de favorecer a la población del campo, sino a los movimientos migratorios. En virtud de que no se han dispuesto los recursos públicos necesarios para dotar al país de la nueva infraestructura educativa que demanda el crecimiento de la población, y dado que los campos se han venido quedando relativamente menos poblados, la infraestructura que ya estaba se ha hecho más sufi ciente para los que permanecen; contrario a lo que ocurre en la ciudad, pues en los grandes conglomerados que se fueron desarrollando no se hizo la inversión requerida y el fenómeno de la insufi ciencia de recursos educativos de nivel básico se fue convirtiendo en un problema eminentemente urbano.

Naturalmente, al generarse una demanda, o al menos una gran necesidad insatisfecha en las grandes ciudades, el sector privado fue supliendo la diferencia, originando así el fenómeno de la escuela privada marginal urbana, de muy cuestionable calidad.


Gráfi co 14Analfabetismo e indicadores de calidad de la educación por zonas, 2004


Algo parecido a lo que se aprecia en la educación tiene lugar en el aspecto de los servicios de salud: en lo relacionado al acceso a la asistencia primaria, la desventaja de la población rural no es grande. Por ejemplo, el Gráfi co 15 indica que en servicios como vacunación, la cobertura es signifi cativamente elevada en el campo dominicano, casi igual que en la ciudad.

Por esta última razón, pese a la menor inversión pública, la cobertura educativa es más alta en la zona urbana. Aún así el campo no está en una gran desventaja, particularmente en la niñez (Gráfi co 13). Pero su capacidad para ascender en el nivel educativo se agota rápidamente, pues gran parte de las escuelas rurales apenas alcanza el cuarto grado de primaria, lo que obliga a abandonar el esfuerzo o emigrar.

Hay que considerar que, por las características demográfi cas de República Dominicana, mucha gente puede seguir viviendo en la zona rural y trasladarse diariamente a poblaciones cercanas a continuar cursos superiores.

Tampoco hay mayores diferencias de acceso por género, pues, tanto en el campo como en la ciudad, la cobertura del sistema educativo es mayor en el sexo femenino que en el masculino. Por ejemplo, entre la población alfabetizada de 15 a 19 años, la relación de mujeres a hombres fue de 1.024 a nivel nacional, pero en las zonas rurales fue más elevada, de 1.035, según la ENHOGAR 2005.

Aunque la cobertura en la primera edad no implica gran diferencia entre zona rural y urbana, sí es grande en términos de calidad, con tasas de repitencia y deserción mucho mayores. Además, persisten niveles de analfabetismo mucho más elevados en el campo (Gráfi co 14).


Gráfi co 15Porcentaje de niñas y niños de 1 año de edad vacunados contra el sarampión, 2005

Fuente: ENHOGAR 2005

El problema se presenta cuando se requiere continuar a niveles más complejos, en que el traslado a la ciudad es necesario, con todos los costos que esto implica. De modo que, tanto en educación como en salud, el problema de desventaja lo tiene el habitante rural cuando su requerimiento supera el nivel primario, sobre todo por el encarecimiento de los costos y la separación de los miembros del hogar o, sencillamente, por adaptarse a no procurar el servicio, con la consiguiente diferenciación en términos de equidad y creación de capacidades.

En lo referente a la vivienda ocurre un fenómeno que tiene algo en común con lo de la escuela primaria, aunque no atribuible a la política de inversión pública. En términos cuantitativos, el problema de vivienda es menor en el campo debido a que la migración deja una población relativa menor para la oferta habitacional disponible. Como se aprecia, hay más viviendas desocupadas en la zona rural que en la ciudad, incluyendo a veces unidades que no necesariamente son las de peor calidad (Gráfi co 16).

Gráfi co 16Porcentaje de viviendas desocupadas por zonas, 2002

Fuente: Preparado con datos de ONE, Censo Nacional de Población y Vivienda 2002

Congruente con los más bajos niveles de ingresos de la población rural, el problema de la vivienda campesina es fundamentalmente de carácter cualitativo. Una cuarta parte de las viviendas está construida de materiales precarios, según la ENCOVI 2004, y más de la mitad ofrecen la apariencia de pobreza (Gráfi co 17).

Respecto al servicio de electricidad, si bien la cobertura nacional es considerablemente elevada al compararse con algunas décadas atrás, la diferencia campo-ciudad permanece siendo considerable (Gráfi co 18). Y no es mucho mayor por la propia naturaleza de la zona rural dominicana: una parte muy grande de la población se ubica alrededor de las ciudades o pueblos, y otra porción en las cercanías de las carreteras por donde necesariamente deben pasar las líneas de transmisión. Es decir que, en muchos casos, la dotación del servicio eléctrico no responde a una intención expresa de llevarles a ellos el servicio. De todas formas, en la zona rural hay por lo menos un 22% de los hogares que desearían alcanzar el privilegio de sufrir apagones, es decir, que no disponen de servicio eléctrico.


Gráfi co 18Porcentaje de hogares con acceso a electricidad, 2004

Así como ha venido llegando la electrifi cación a una parte grande de hogares campesinos, eso mismo ha permitido que haya llegado a la zona rural la posibilidad de disponer de artefactos que se relacionan con la vida moderna. Claro está, dado que permanecen diferencias en cuanto a acceso de electricidad, y mucho más en términos de generación de ingresos, todavía hay una brecha cuantitativa tremenda que separa al campo de la ciudad en muchos de ellos, como muestra el Gráfi co 19.

Gráfi co 19Porcentaje de hogares que poseen bienes durables según zona, 2004


Gráfi co 17Calidad de la vivienda, 2004 (% de hogares)


El acceso a agua corriente ha mejorado sistemáticamente en la zona rural, pero aún está muy lejos de la zona urbana. En este caso, la brecha de acceso es mucho más marcada que en otros servicios (Gráfi co 20). Como se desprende de los datos de ENCOVI 2004, sólo el 21% de los hogares rurales está conectado a redes de agua corriente, frente a un 53% de la zona urbana, aunque eso, ni en un caso ni en el otro, garantiza la disponibilidad permanente del servicio ni mucho menos la potabilidad del agua.



En el campo es más habitual que las familias se abastezcan de agua mediante una llave disponible cercana a la vivienda, o bien recurriendo a pozos o trayéndola de ríos o arroyos cercanos.

Similar se presenta el caso de la eliminación de desechos sólidos. En las ciudades, aún con todas sus precariedades, el 79% de la población responde, según datos de ENCOVI 2004, que el ayuntamiento les presta el servicio, en tanto que en el campo el caso más habitual es quemarla (54%) o depositarla en el patio de la casa (12%). Sólo el 22% de las familias del campo respondió que el ayuntamiento la recoge, refl ejando la tradicional cultura política dominicana que concentra los recursos y esfuerzos de los municipios en su parte urbana de población.

Por otra parte, ENHOGAR 2005 encontró que el uso de gas propano en la cocina también se ha generalizado, pero sigue con bastantes diferencias por zonas. El uso de combustibles sólidos, como leña o carbón, se ha reducido a menos de un uno por ciento de los hogares de Santo Domingo y a porcentajes también pequeños en las demás ciudades, que se van elevado conforme disminuye su grado de urbanización, para terminar con un 30 por ciento en los hogares campesinos.

Gráfi co 20Porcentaje de hogares por fuente de abastecimiento de agua según zona, 2004


Otro hallazgo importante de ENHOGAR 2005 es que el problema de la delincuencia, que tanto preocupa actualmente a la sociedad dominicana, es mucho menos grave en la vida rural. Mientras el 14.2% de los habitantes de Santo Domingo y el 10% de los residentes en otras ciudades mayores de 100 mil habitantes respondió haber sido víctima de algún robo en su vivienda durante los 5 años anteriores a la entrevista, el porcentaje se reduce al 6.8% en la zona rural. La diferencia es más marcada en términos de porcentajes de personas que han sufrido atracos (Gráfi co 22).


Gráfi co 21Porcentaje de personas residentes en hogares que utilizan combustibles sólidos (carbón o leña) para cocinar, 2005


Gráfi co 22Porcentaje de personas de 12 años y más de edad que han sido víctimas de atraco en los últimos 5 años, 2005


Gráfi co 23Acceso a caminos pavimentados por áreas, 2004

Fuente: Cálculos en base al Informe sobre Pobreza en la República Dominicana, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo 2006

Gráfi co 24Porcentaje de población de 12 años o más que ha usado Internet, 2005


En términos de acceso a bienes públicos, el más notorio problema que enfrenta la población rural es el de la infraestructura. Y si no es mayor, es justamente por el ya expuesto fenómeno de que una parte muy grande de la población catalogada como rural en el país está localizada cerca de las ciudades o a orillas de las carreteras.

Muy vinculado a la educación, al ingreso y a la electricidad, existe una gran brecha de acceso a la tecnología. El 17.3% de los hogares de Santo Domingo tiene computadoras y el 8.5% puede disponer de conexión a Internet, porcentajes que se reducen a 3.5% y 0.9% en la zona rural. Respecto a la población mayor de 12 años que alguna vez ha usado estos instrumentos, tan fundamentales hoy para el desarrollo, los resultados se revelan en los Gráfi cos 24 y 25.


Gráfi co 25Porcentaje de población de 12 años o más que ha usado computadoras, 2005


¿Contribuyen las políticas públicas a agravar o atenuar las diferencias?

Por estar en desventaja relativa, la población del campo debería ser objeto de una atención especial por parte del Estado. Sin embargo, casi siempre las políticas macroeconómicas han privilegiado sectores económicos y sociales urbanos. El instrumento más efi caz que suele tener el Estado para crear capacidades y atenuar desequilibrios es el gasto público, aunque no hay dudas de que otros medios, como impuestos, tasas de interés y tipo de cambio real pueden contribuir.

La incidencia geográfi ca o por zonas del gasto público es un tipo de análisis poco común en la literatura económica dominicana, probablemente por la disposición de las estadísticas sobre las fi nanzas públicas, que normalmente privilegian los datos sobre montos agregados de gasto público o sobre su clasifi cación económica, institucional y funcional. La mayor parte de los análisis que suelen realizarse sobre el efecto de la política presupuestaria se orientan, o a determinar su impacto sobre la estabilidad macroeconómica, o al estudio de su efi cacia en materia de provisión de servicios públicos y promoción del crecimiento o al análisis de su impacto distributivo a nivel nacional a partir de su orientación por grandes funciones, como educación, salud, agricultura, etc.

La falta de un sistema de estadísticas que publique informaciones sobre la distribución del gasto fi scal, por regiones o por zonas, hace que se perciba poca motivación en los medios académicos e intelectuales del país por este tipo de discusión, lo que implica que llame poco la atención de los dirigentes gubernamentales y políticos sobre la concentración de la acción fi scal. Es decir, no se convierte el tema en un problema de la política económica.

Sin embargo, esto tiene una crucial relevancia, puesto que, en igualdad de condiciones sociales (nivel de pobreza, por ejemplo) todos los ciudadanos merecen el mismo trato del Estado, independientemente del lugar del país en que viven. En


adición, el desarrollo de la sociedad tiene que ser inclusivo e integral, lo que indica que las políticas tienen que procurar un mayor equilibrio espacial, de modo que ninguna zona quede excluida del curso regular de la sociedad.

Si no hubiera un propósito de equidad en la gestión fi scal, entonces cabría esperar una estructura de gastos en que el presupuesto se distribuyera de manera más o menos uniforme por zonas y provincias, en función de la cantidad de habitantes de cada una. Pero si la política presupuestaria ha de proponerse lograr progresividad en la atribución de los benefi cios del gasto público; es decir, lograr que el esfuerzo gubernamental benefi cie más que proporcionalmente a los grupos más pobres, necesariamente debe privilegiar los programas y acciones que impliquen destinar más recursos hacia aquellas zonas del país donde los niveles de ingresos son más reducidos y existe mayor prevalencia y profundidad de la pobreza.

La mayor parte de las investigaciones sobre incidencia del gasto público se centran en el enfoque de quiénes perciben el benefi cio, no en el lugar que se ejecuta el gasto, medido a partir de los fl ujos monetarios. No obstante, es importante indicar que este último criterio de análisis no es del todo desdeñable, pues el lugar en que tiene lugar el gasto público infl uye poderosamente sobre la dinámica económica. Pero en realidad, cualquier interpretación sobre el impacto de una acción estatal ha de considerar que la incidencia es mucho más amplia y difusa que lo que se deriva de atribuirla exclusivamente al lugar en que se realiza.

A esto se añade que, por las características geográfi cas, sociales y demográfi cas de República Dominicana, existe la posibilidad de que un gasto determinado vaya encaminado a benefi ciar una población que no es necesariamente la misma que reside en la localidad en que el mismo se ejecuta. Algunos ejemplos son los siguientes:

• Si se construye y se opera un hospital, la obra física y el gasto de operación tienen lugar en una demarcación, pero su orientación es también servir a otras, aunque ha de reconocerse que el residente en esa ciudad tiene la mayor ventaja para convertirse en benefi ciario.

• Hace unos años el fi sco estaba realizando una muy voluminosa inversión en la provincia de Peravia para la construcción del acueducto Nizao-Valdesia, pero el destinatario fi nal era la población de la ciudad de Santo Domingo.

• Habitualmente se invierte una suma cuantiosa en la construcción de una autopista o carretera; la mayor parte de la obra física está en la zona rural, pero sería muy superfi cial atribuir los mayores benefi cios a los habitantes de la misma.

• Del gasto público en la educación superior, la mayor parte se destina a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) que pretende ser de carácter nacional. Si bien su estudiantado e instalaciones se ubican preponderantemente en Santo Domingo, (aunque tiene extensiones en el interior), sus benefi ciarios directos proceden de todas las provincias y zonas del país.


Intentando salvar esas cuestiones metodológicas, se han llevado a cabo algunos estudios sobre el tema74. Generalmente, han llegado a la conclusión de que el gasto público favorece preponderantemente a las provincias más urbanas y a las grandes ciudades. Parece que el Estado dominicano establece una distinción entre sus ciudadanos, privilegiando con la provisión de servicios públicos y las inversiones en infraestructura a los que residen en determinadas zonas, particularmente a los del Distrito Nacional, y postergando a un plano secundario a los que residen en zonas rurales, los cuales reciben el trato de una especie de ciudadanos de segunda categoría.

Contrario a lo que parecería lógico si las políticas fueran prorurales o tuvieran fi nes distributivos, los resultados muestran que la relación gasto público/habitantes no privilegia a las provincias con mayores índices de pobreza ni a las zonas rurales. Por lo general, el indicador más alto de gasto público recae en el Distrito Nacional, justamente donde la pobreza es menor. Esto refl eja que, visto estrictamente desde el punto de vista presupuestario, el Estado está jugando un papel que tiende a profundizar los desequilibrios entre las zonas y provincias.

Siendo así, una de las premisas que suele argüirse para justifi car el fi nanciamiento y la gestión centralizada de las funciones estatales, que es la posibilidad que ofrece para extraer recursos de las zonas más prósperas y localizarlos en las más necesitadas, no se está cumpliendo, sino todo lo contrario.

Resumen de las condiciones de vida de la población rural

Las evidencias estadísticas muestran que las grandes diferencias entre ambas zonas se han venido reduciendo con el tiempo. Hoy muchos de los servicios que antiguamente estaban reservados a una porción no siempre grande de habitantes urbanos, también están disponibles para habitantes rurales. Es cierto que al interior de las zonas rurales hay notables diferencias, pues algunas provincias con una fuerte presencia de población rural disfrutan también de proporciones moderadas de pobreza. Pero también es cierto que la gente en el campo es en general más pobre, y que el acceso a los requerimientos de salud y educación le resulta más costoso, particularmente cuando se trata de acceder a los niveles superiores. Además, se ha demostrado que la vida rural está menos afectada por la delincuencia.

En gran medida las menores diferencias en infraestructura y servicios se deben a que una porción muy grande de la población rural vive cerca de las ciudades o cerca de las carreteras que las comunican. Es decir, no es que los servicios se han acercado a la población, sino la población a los servicios. Las zonas más apartadas son las que tienden a quedarse deshabitadas.

Normalmente, los gobiernos invierten muy poco en infraestructura rural, y cuando lo hacen priorizan la satisfacción de las necesidades urbanas. En la concepción del Estado dominicano, el campesino siempre ha sido un ciudadano de segunda.


Fátima Portorreal Antropóloga del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Estructura sociodemográ ca de los sectores rurales dominicanos


La defi nición de lo rural pasa por fuertes problemas teóricos, tendiendo a trazarse una frontera altamente arbitraria entre lo urbano y lo rural75. En términos teóricos, esta frontera es defi nida a partir de características como tamaño de las poblaciones, densidad poblacional y dotación de servicios. En el caso específi co de República Dominicana, la delimitación de lo rural y lo urbano se concretiza desde un punto de vista legal, según el cual todas las poblaciones ubicadas en las cabeceras municipales y distritos municipales son urbanas, mientras las localizadas en secciones y parajes son rurales.

Dado el carácter legal de esta clasifi cación se presentan diversas difi cultades. Muchas comunidades defi nidas como distritos municipales, e incluso municipios, parecen estar más cerca de las zonas rurales que de las urbanas. Este es el caso, por ejemplo, de distritos municipales como Esperalvillo, en la provincia Monte Plata; Peñón y Fondo Negro en Barahona; Pizarrete, en Peravia, o Peralta, en Azua. Estas comunidades poseen una cantidad de habitantes e infraestructura urbana relativamente reducidas y la actividad agrícola o agropecuaria es predominante en todas ellas.

Por otra parte, grandes comunidades integradas a importantes ciudades del país permanecieron bajo defi nición rural hasta muy recientemente. Esta es la situación de Los Alcarrizos y Mendoza, en la provincia Santo Domingo, y de Gurabo, en Santiago.

Aún reconociendo estas difi cultades, se hace obligatorio utilizar ese concepto administrativo de lo rural y lo urbano, puesto que todas las estadísticas nacionales se basan en él y una redefi nición implicaría la pérdida de información importante que no permitiría desagregar las comunidades de clasifi cación dudosa.

Las consideraciones expuestas hasta este punto llevan a sugerir la necesidad de una discusión nacional sobre los criterios utilizados para considerar urbanas o rurales las diversas demarcaciones del país.

Dejando de lado los problemas conceptuales, en República Dominicana se observan marcadas desigualdades económicas, sociales y culturales entre la zona urbana y la zona rural. Estas diferencias se ponen de manifi esto en los diversos indicadores sociodemográfi cos, tanto censales como muestrales.


En el presente trabajo vamos a analizar los datos sociodemográfi cos que nos ofrecen los censos, encuestas de población y otros registros sobre la población rural en general, haciendo un esfuerzo por enriquecerlos con nuestras observaciones cualitativas en las zonas rurales del país. Con dicha perspectiva antropológica, nos proponemos trascender el nivel descriptivo de las características sociodemográfi cas y analizar aspectos relacionados con las estructuras de parentesco, la familia y la migración, entre otros.

Perfi l general de la población

El espacio rural dominicano se ha caracterizado por ser un medio geográfico tendente a reducir en términos relativos su población dada la creciente urbanización que ha experimentado el país en los últimos veinte años; además de sus importantes transformaciones sociodemográficas en proceso, tales como el descenso de la tasa de mortalidad general, de la fecundidad y el incremento de la escolaridad, entre otros. Igualmente, es notorio el impacto ocasionado por la pobreza y las desigualdades sociales imperantes en la población, lo cual ha limitado el crecimiento y desarrollo de la ruralidad dominicana.

El Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2002 indica que de un total de 8,5 millones de habitantes, de los que 3,1 millones (36.4%) habitan en la zona rural. A diferencia de la zona urbana, en la rural predominan los hombres sobre las mujeres (52% y 49% respectivamente), registrando una razón de sexo de 107.9 hombres por cada 100 mujeres, valor signifi cativamente mayor al índice urbano de 94.5 hombres por cada 100 mujeres.

Esta diferencia porcentual entre la población femenina con la masculina en las zonas rurales ha sido ampliamente estudiada en toda la región del Caribe y Latinoamérica76 y es típica de poblaciones que están sufriendo transformaciones aceleradas en su base socioeconómica y cultural, debido a diversos factores asociados con estrategias de subsistencia: falta de acceso a la tierra u otros recursos naturales, insufi ciencia alimentaria, la declinación del trabajo rural femenino o la aparición de las áreas protegidas, entre otras77.

De acuerdo a ENDESA 2002, estas diferencias se basan sobre todo en una mayor incidencia de mano de obra masculina haitiana y mayores niveles de emigración femenina interna y externa en las zonas rurales.

Como vimos en el Gráfi co 1, en la presentación de Isidoro Santana, la población rural dominicana se caracteriza por ser predominantemente joven, con una media de edad de 26.6 años, ambos valores más reducidos que la población urbana, cuya tendencia al envejecimiento ha sido mayor. No obstante, debido a la emigración de población joven a la zona urbana, la tendencia de la zona rural78 es a un mayor envejecimiento de la población.


De acuerdo con los indicadores estadísticos presentados, República Dominicana se encuentra en una fase intermedia de la transición demográfi ca, en el sentido de que está pasando de tener una población joven y de rápido crecimiento, a otra de bajo crecimiento y relativamente envejecida, ya que combina una tasa moderada de natalidad con una baja tasa de mortalidad79.

Por ejemplo, la tasa de fecundidad global es 3 hijos por mujer: en la zona urbana es de 2.8 hijos y en la rural es signifi cativamente más alta, de 3.3 hijos por mujer. En lo que respecta a la tasa bruta de mortalidad del país, la misma es de 5.4 por mil80.

Todo lo anterior permite estimar que la población rural del país continuará descendiendo en su participación relativa, aunque no así en términos absolutos. Por el contrario, la población urbana tenderá tanto a un aumento relativo como absoluto. Ambas poblaciones han mostrado una reducción sostenida de sus tasas de crecimiento intercensales.

Gráfi co 26Evolución de la población dominicana según zona de residencia, 2000-2003

Fuente: Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2001, 2002, 2003, 2004

Composición de los hogares

De acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002, la zona rural concentra alrededor de un 36% de los hogares dominicanos. La diferencia entre el porcentaje de población y de hogares no difi ere signifi cativamente, lo cual apunta a tamaños similares de los hogares en ambas zonas.

La composición de los hogares, tal y como se observa en el Gráfi co 27, ha tendido a variar y, en cuanto al número de miembros, se ha observado una tendencia sostenida a la reducción del tamaño de los hogares, pasando de 5.9 miembros promedio en 1981 a 3.9 en 2002.

En términos de los tipos de hogares según la estructura del parentesco, la zona rural muestra un mayor porcentaje de hogares nucleares que el resto. Tanto el Censo de 2002 como la Encuesta de Ingresos y Gastos de 1998, muestran una

Gráfi co 27Total nacional. Promedio de miembros por hogar, 1981-2002

Fuente: Elaboración propia a partir de Censos 1981, 1993 y 2002. Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 1984 y 1998


mayor presencia de hogares nucleares, principalmente de tipo biparentales, en la zona rural. Esto se explica porque en las zonas urbanas es mucho mayor la frecuencia de divorcios y separaciones, y al producirse la ruptura matrimonial suelen incorporarse otros miembros a la familia, con lo cual dejan de ser familias de tipo biparentales para pasar a ser familias expandidas o simplemente nucleares monoparentales81. Otra razón de este fenómeno es ˝…la insufi ciencia de viviendas a costos accesibles y a la migración interna hacia las ciudades, principalmente de jóvenes y adolescentes, en búsqueda de mejores condiciones de vida y de acceso a la educación secundaria y universitaria˝82.

Las observaciones etnográfi cas revelan que los hogares rurales, pese a que hay un predominio relativo de familias nucleares biparentales integradas por la prole y los progenitores, también se observa la presencia en aumento de las monoparentales. Igualmente, se aprecia que las nucleares monoparentales rurales no se comportan igual que las nucleares monoparentales urbanas, ya que los entramados culturales que vinculan a este tipo de familia en el campo, específi camente las relaciones que se dan con los parientes que residen cerca o alrededor de la casa, forman parte de estructuras culturales ampliadas que dinamizan las relaciones socioproductivas y familiares, estableciendo redes de apoyo mutuo para minimizar los impactos críticos de la pobreza, tales como: cuidado de los niños de madres que han migrado a la ciudad, la adopción de jóvenes en edades adolescentes cuyos padres se enfrentan a fuertes carencias económicas y la distribución de alimentos, entre otros83.

De esta manera, las estructuras nucleares monoparentales no se comportan con un carácter cerrado como se observa en las ciudades, sino más bien responden perfectamente a estructuras expandidas al favorecer la integración de otros miembros de la familia o vecinos, sin tener que cambiar las plataformas en que se apoya este tipo de familia nuclear.

Con respecto al género del jefe de hogar, la Encuesta Demográfi ca y de Salud 2002 revela que un 28% de los hogares del país está encabezado por mujeres, de los cuales, en la zona urbana, encontramos un 31 % y en la rural un 22%. A nivel nacional, diversos estudios84 coinciden que son mujeres tendencialmente adultas, separadas, divorciadas o viudas con bajos niveles socioeconómicos y educativos.

La observación etnográfi ca sugiere que las mujeres jefas de hogares rurales suelen ser mujeres muy jóvenes que oscilan entre los 18 y 25 años, con niveles de pobreza que caen en la categoría de extrema o indigente. Muchas de ellas viven con familiares ancianos o están residiendo solas, en áreas altamente vulnerables, a orillas de ríos, arroyos, lomas de altas pendientes, y su subsistencia es crítica; por eso, la mano de obra infantil es importante para la obtención de alimentos básicos para la casa85.

Ahora bien, como explicamos en párrafos anteriores, la diferencia fundamental que se presenta entre lo urbano y rural, en cuanto al número de hogares encabezados por mujeres está relacionado con: la prevalencia en las áreas rurales de unidades


económicas que se sostienen en ciertas prácticas culturales relacionadas con el sistema de parentesco y la división sexual de trabajo. En las zonas rurales todavía predominan prácticas de apoyo mutuo y cooperación, las que se sustentan en marcos culturales de reciprocidad y en patrones de residencia neolocales o virilocales86, que favorecen el apoyo familiar a mujeres sin consorte y, en cierta forma, alivian la situación crítica de empobrecimiento87.

En los sistemas de familias nucleares rurales en los que predominan los patrones de residencia de tipo virilocal o neolocal, los arreglos vinculados con el matrimonio, las separaciones, la propiedad, el cuidado, la protección de la familia, el reconocimiento del otro/a están sostenidos por reglas precisas que organizan las relaciones entre parientes. Observamos que no se produce un aislamiento social de las mujeres que se separan o divorcian, comenzando a establecerse como jefas de hogar; como tampoco las expulsan de la residencia. Lo que observamos es que se mantienen los lazos de interacción entre los /as miembros del grupo de parientes cercanos o en cohabitación, y esos contactos traen consejos, sostén psicológico, ayuda fi nanciera, ayuda para educar a los hijos /as, cumplir tareas domésticas entre las mujeres emparentadas e incluso ofrecimiento de trabajo para aliviar la carga de las mujeres, entre otros.

Migración interna

A lo largo de cinco décadas y media (1950-2006), la población dominicana ha mantenido un nivel de movilidad geográfi ca relativamente elevado. En efecto, la población urbana creció aceleradamente en detrimento de la rural debido a una serie de factores, tales como: falta de empleo en las zonas rurales, limitado acceso a la tierra, acelerado proceso de urbanización, insufi ciencia alimentaria y fragmentación de la economía agropecuaria, entre otras causas88.

La mayor parte de la población que está involucrada en este proceso de transferencia de población son adultos jóvenes con predominio del sexo femenino89. Estos desplazamientos internos, en particular, están asociados a los niveles de pobreza que caracterizan al campo dominicano. Por ejemplo, para el 2004, en las zonas rurales, la población indigente era de 24.3% y la pobre, 55.7%; mientras que en las zonas urbanas, el 11.2% era indigente y el 39.7% era pobre90.

La diferencia es particularmente notoria y puede ser uno de los móviles fundamentales por lo que las familias campesinas migran a las ciudades. Es palpable, en el caso de la emigración femenina, que los recursos que se obtienen con los ingresos que perciben son utilizados para solventar bienes de consumo familiar como: comida, calzado, utensilios domésticos, útiles escolares, aparatos eléctricos, entre otros.

Ahora bien, más allá de las connotaciones sociales y económicas de la migración, nos interesa apuntar que los/as emigrantes establecen lazos y relaciones


de naturaleza distinta a la usual y de cómo el individuo vive y convive dentro de su comunidad permanente. Los contactos familiares con la comunidad se tornan singulares en el mediano plazo y también discriminan en correspondencia con el carácter o el tipo de migración, la cual puede ser temporal o defi nitiva.

En este sentido, hemos observado etnográfi camente que tanto la migración

temporal como la defi nitiva pueden considerase estrategias de subsistencia que afectan directamente a las unidades domésticas, en el entendido de que los/as emigrantes defi nitivos ya no forman unidades productivas que actúan o forman parte del sistema económico rural91.

En cambio, los emigrantes temporales usualmente conservan lazos familiares afectivos /culturales con la comunidad de origen a la vez que establecen redes que impulsan y a veces facilitan tanto la migración temporal como la defi nitiva de otros miembros de la comunidad, convirtiéndola en conductas planifi cadas y organizadas socialmente desde los espacios en que residen.

Estas redes funcionan a través del reforzamiento de lazos parentales, ya no como un simple comportamiento individual, sino como una pauta más compleja de estrategias colectivas, tales como facilitar el cuidado de los hijos, acceder a préstamos, y sistemas de ahorro (crianza de animales), dar empleos por períodos cortos, distribuir la herencia antes de la muerte de los padres, alojar o recibir a miembros de la comunidad que están en proceso de tránsito temporal, etc.

Particularmente, en la Cordillera Central de República Dominicana, encontramos que la migración hacia distintos mercados de trabajo de las ciudades vecinas o zonas urbanas como Santo Domingo, Santiago o Puerto Plata, responden a ciertas estrategias previamente trazadas y organizadas al interior del núcleo familiar en lo que se refi ere a factores que involucran ventajas y desventajas relativas al proceso migratorio. Esto incluye antecedentes y experiencias anteriores, además del grado de conocimiento del lugar, actividades, redes familiares, y contactos en el mercado laboral al cual se dirigen, así como las destrezas de las personas que pretenden esos empleos. Esto se observa en mujeres y jóvenes que buscan trabajo en la zona franca de Santiago o en los hoteles de Puerto Plata, entre otros92. Algunas trabajadoras jóvenes dejan a sus hijos e hijas con sus familiares, específi camente con la madre. Se han observado hogares con varios niños de diferentes madres que laboran fuera de sus espacios comunales, por lo que se aprecian núcleos familiares de mujeres mayores con pequeños de diferentes edades y de grupos generacionales distintos. Los grupos matrifocales son frecuentes entre las familias pobres de la Cordillera Central de República Dominicana93.

Como se puede apreciar, la migración temporal en su modalidad campo-campo o campo-ciudad responde a ciertas estrategias que están bien diseñadas y que obedecen a modelos de comportamientos socioculturales y económicos que facilitan la obtención de recursos y bienes para compensar la insufi ciencia en sus lugares de origen.


De ahí que el proceso migratorio como estrategia de subsistencia, producción y obtención de ingreso constituye un sistema interactuante, donde se establecen relaciones que, a través de las redes parentales y de afi nidad, refrendan las estrategias productivas. En realidad, pensar hoy día en la posibilidad de una sociedad rural estática y cerrada, sin desplazamientos continuos de su población joven o adulta, es situarse en una imagen idílica y atemporal.

Las comunidades rurales dominicanas son heterogéneas y están en un contacto permanente con el mundo urbano y sus mercados, además de estar sometidas al cambio social y cultural continuo. En algunos casos se han convertido en lugares de tránsito de emigrantes haitianos, dominicanos o de otros países, como se puede apreciar con las comunidades rurales que están en la zona costera del país.

Según diversos estudios94, un fl ujo importante de haitianos se traslada desde hace aproximadamente 90 años hacia República Dominicana debido a diversos factores críticos que padecen en su país, entre los que se destacan el empobrecimiento progresivo de su población, el analfabetismo, la insalubridad, la falta de infraestructura, las convulsiones políticas y el deterioro de los recursos naturales, entre otros. Esa diversidad de factores ha impulsado a un alto contingente de población a cruzar la frontera para integrase a diversos trabajos como mano de obra barata en actividades vinculadas a la agropecuaria, la construcción y al comercio en general.

Un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales95 de 2002 estima que unos 180,000 haitianos residían en el país, de los cuales el 28% se encuentran residiendo en la zona metropolitana; el 18% está viviendo en la zona de Santiago; el 22.3 % reside en la zona norte; el 19.4 % en el este, y el 11.3% en el sur. En cambio, para otras investigadores/as el estimado oscila entre 200,000 a 1,000,000 de personas96.

Esta diferencia en los porcentajes presentados está relacionada con las posiciones ideológicas que tienen los/as expertos/as en la temática. Para los más conservadores, la migración haitiana asciende aproximadamente a un millón de personas y para la ofi cina de migración no pasan de 100,000 individuos. Tengan razón unos u otros, en cuanto a las cifras que proponen, lo relevante es que los/as haitianos/as constituyen un importante fl ujo de emigrantes en condiciones de pobreza que ha ido aumentando signifi cativamente en las zonas rurales y urbanas de República Dominicana.

En lo que respecta a las zonas rurales, su presencia afecta el ingreso femenino, ya que sustituye97 la mano de obra femenina en labores vinculadas con la recogida de café, de habichuela u otros rubros agrícolas. Esto se observó en la Cordillera Central y en otras zonas del área rural dominicana.

Ahora bien, es fundamental señalar que los trabajadores haitianos son maltratados y discriminados por ser una mano de obra pobre y negra con poca


posibilidad de insertarse en la sociedad dominicana, dado los prejuicios históricos y culturales que han primado en la mayoría de sus dirigentes e intelectuales conservadores. La población haitiana o domínico-haitiana que reside en República Dominicana está segregada y explotada en el medio socioeconómico en que se desenvuelve por razones raciales, étnicas, de clase, religiosas y de género; aunque la explotación y discriminación de clase se observa también con los dominicanos pobres rurales o urbanos, a causa de las desigualdades sociales y económicas que todavía imperan en la sociedad dominicana.

Por otra parte, es importante señalar que existe otro fl ujo migratorio de carácter temporal o defi nitivo de hombres y mujeres del área rural que se han visto obligados a abandonar sus espacios comunales por la aparición de áreas protegidas, como se audita en la siguiente sección.

Impacto de las áreas protegidas en las áreas rurales

Las áreas rurales dominicanas, especialmente aquellas que por su especial biodiversidad están protegidas o conservadas por la ley, han sido impactadas por la emigración de su población circundante. Esta emigración se produce por desalojos forzosos o por las presiones de carácter socioeconómico a las que se ven sometidos los campesinos/as que residen o se relacionan de manera directa o indirecta con las áreas protegidas. Dicha situación se explicita bajo los discursos legitimados por la mayoría de los/as ambientalistas locales, ecólogos/as e instituciones públicas o privadas que consideran los recursos naturales amenazados por los habitantes del área rural.

Este proceso ha sido llamado por algunos especialistas con el épico nombre de ˝desterritorialización˝ o, en términos menos confusos, de expropiación de los lugares o localidades en donde se mantiene algún tipo de enraizamiento o conexión del área protegida con la vida diaria de la población circundante98.

Sin embargo, este modelo de intervención conocido como bioregional ha sido muy criticado y rechazado por ecólogos/as y científi cos sociales99 porque excluye a los pobladores rurales de la posibilidad de participar activamente en el manejo de la propiedad y de los recursos naturales. En República Dominicana, la propuesta de co-manejo y de empoderamiento de dichos pobladores se propone en la mayoría de los discursos actuales, pero, a pesar de que la ley lo contempla, no se toma en cuenta ni se vincula a los/as campesinos/as con la conducción de las áreas protegidas, salvo dos casos conocidos, como son: la Reserva Guaconejo y la Loma Quita Espuela. En esas áreas los/as campesinos/as jugaron un papel diferente, ya que tomaron parte de las decisiones y lograron detener los desalojos, fruto de las experiencias vividas en otras zonas (muchos de ellos habían sido desalojados por la construcción de presas hidroeléctricas o por la aparición de las áreas protegidas).

La desprotección de los derechos tradicionales sobre las posesiones y territorios es impulsada desde el Estado y con mayor profundidad en el actual


modelo neoliberal, el cual se sustenta en la reconvención de territorios que tienen importancia para la biodiversidad; pero sin incluir las poblaciones locales o interesadas, puesto que los supone depredadores o una “amenaza para el ambiente”. Por ello, el Estado dominicano desvincula cualquier tipo de régimen de propiedad y de concesión a particulares. El resto de los recursos naturales se regulan por la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64-00) o indistintamente mediante diferentes códigos, tales como el Código de Agua, Código de Minería, Ley de Pesca, entre otros100.

La desprotección de los derechos sobre los recursos y territorios es una situación gravísima en términos de derechos humanos, y desde una perspectiva de desarrollo que implemente principios democráticos y de equidad es imposible sostener y apoyar dicha situación; pero con el argumento irrefutable de que las áreas protegidas están siendo salvadas y conservadas para las futuras generaciones por la importancia ecológica que revisten, se acusa a los opuestos al modelo de sostenibilidad neoliberal de seguir un pensamiento precapitalista, puesto que se oponen al desarrollo y a un nuevo manejo de las áreas protegidas101.

El paradigma ecológico que ha dominado en República Dominicana ha expulsado a millares de campesinos de sus comunidades y territorios, aunque nunca se ha cuantifi cado. Desde que comenzó a extenderse el modelo neoliberal de sustentabilidad o sostenibilidad, una gran parte de las poblaciones que residían en áreas críticas o de interés para particulares (extranjeros, empresarios, Estado y otros científi cos/as urbanos) han sido desalojadas y expropiadas, conformando un nuevo contingente de refugiados ambientales en las ciudades y zonas aledañas a las reservas102.

Igualmente, el modelo vigente de ecología política103 propicia el ˝turismo sustentable˝, basado en un desarrollo en el que los pobladores rurales poco tienen que ofrecer y están desvinculados de sus prácticas tradicionales y de los dividendos que genera este tipo de actividad económica. Los pobladores de Los Haitises llaman a esto “la profesión de los que tienen uñas largas”104. Los parques nacionales y reservas científi cas constituyen para muchos/as campesinos/as los espacios que perdieron y sobre los cuales no tienen ningún tipo de poder o autoridad para su manejo y control105.

La problemática ambiental implica siempre una postura política sea esta explícita o no, por ello es importante destacar que no existe neutralidad política en torno a la conservación y a cómo se ha tratado a las comunidades rurales implicadas en este proceso de expropiación, como tampoco la burocracia se puede refugiar en la gestión técnica, pues también desde allí se esconde una posición política.

En el contexto de nuevos discursos, los pobladores rurales y los nuevos refugiados ambientales tienen derechos y la libertad de exponer sus necesidades


apelando a sus propias experiencias de lucha para reivindicar aquellas prácticas y patrones culturales que signifi cativamente les permitan relacionarse, construir y experimentar lo biológico y lo natural, a la vez que demandan sus derechos a la libre determinación y al libre ejercicio de la plena autoridad y control sobre el territorio y los recursos naturales. Esto contribuye, en términos del paradigma de desarrollo humano, a potenciar su libertad y a la condición de ser agente de su propio bienestar106.

¿Representa la nueva ruralidad107 una oportunidad para el desarrollo humano?

A mi entender, dentro el parámetro de pensamiento de la nueva ruralidad, hay una sincronía de conceptos que los liberales manejan desde la postura Kantiana. Es importante comenzar con la siguiente “la libertad sólo se alcanza mediante el respeto de la legalidad˝108. Mi pregunta la enfoco desde ese principio comprometedor: ¿puede la nueva ruralidad dar una oportunidad para el desarrollo humano al considerar sólo aquellos aspectos que tienen que ver con lo multisectorial, la reestructuración geoeconómica, dejando de lado la cuestión de las relaciones de producción? Ya en este enfoque, ¿no se preguntan si han cambiado dichas relaciones o si aún existen, o quiénes comandan esos cambios espaciales o a quiénes afectan, o que relación tienen esos cambios con las políticas que promueve la globalización y que favorecen la superioridad económica de las transnacionales de los alimentos y de la producción de organismos genéticamente modifi cados como son los transgénicos?

La respuesta del modelo de desarrollo de la nueva ruralidad ha sido, en términos generales, identifi car los cambios, no los que los originan. Por tanto, no se cuestiona la desagrarización ni la pluriactividad presente en el mundo rural hoy día, porque eso implica ir de lleno a cuestionar el sistema de producción que lo ha generado. Tampoco se pregunta cómo habrán de enfrentar los productores agrícolas la superioridad económica de las transnacionales agrícolas. Igualmente es importante saber cómo ha de afectar a los productores del campo ese mundo rural más articulado y conectado con lo urbano, a sabiendas que se producen modifi caciones de valores y de saberes. Es importante preguntarse, además, qué ha pasado en los países europeos que acogieron el modelo ˝Leader˝, conocido en América Latina como nueva ruralidad, pues se han reducido las explotaciones agrícolas, tanto en España como en Francia, dejando a un sinnúmero de productores fuera del circuito productivo. También me pregunto si el vínculo agricultura/industria ha desaparecido en la fase neoliberal, a sabiendas que es precisamente el dominio de la industria sobre la agricultura lo que ha traído los cambios esenciales en el medio rural, y esto tampoco se lo cuestiona el referido modelo.

En consecuencia, tal vínculo no ha desaparecido, sino que impulsa una forma de subordinación que genera la exclusión de los/as productores/as, relación que se encuentra en el desarrollo desigual entre ambos sectores. También me pregunto


si esa unidad diversifi cada de producción y consumo no responde a la lógica de extracción de excedentes en la venta de los productos o si la desagrarización es una consecuencia del actual modo de producción en el que la urbanización se impone por la naturaleza propia del capitalismo.

En este sentido, ver el modelo como una oportunidad para el desarrollo humano resulta difícil porque presupone un orden que desde mi punto de vista no constituye una alternativa razonable, ya que el hilo común, en lo que concierne a la orientación política, es desconocer los procesos de dominio, la subordinación y la explotación; lo que en términos kantianos signifi ca el respeto a la legalidad. Es decir, obedecer el orden establecido institucionalmente, aunque sean injustas las leyes que lo originan. Por eso, los pensadores de la nueva ruralidad consideran que el orden civil es un recurso para regular las relaciones sociales. Y en un orden civil, basado en una supuesta democracia, la legalidad es el medio que hace posible actuar libremente, aún sea en detrimento de las poblaciones campesinas.


Luz Adelma GuillénDirectora de la Ofi cina de Equidad de Género de la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA)

La mujer rural en República Dominicana


Desde que en 1995 fue celebrada en Beijing la V Conferencia Mundial de la Mujer, las mujeres rurales vienen ocupando espacios importantes en las agendas públicas de los países, dado que fue en ese marco cuando se consagró el 15 de octubre como Día Internacional de la Mujer Rural. La celebración de esta fecha especial tiene sus motivaciones en la necesidad de romper con la invisibilidad de la mujer rural. Pero, tras esa ruptura, subyace el hecho de la exclusión social que sufren los territorios rurales de América Latina y el Caribe, y en especial las mujeres que los pueblan, dada la pobreza y la tradición basada en valores androcéntricos109 que predominan en tales territorios. Conforme a los planteamientos de Janvry, A. et al110, la pobreza en los países latinoamericanos y del Caribe es un fenómeno rural.

La exclusión social de los territorios rurales111 afecta de manera preponderante

a las mujeres.

Dado el impacto de la pobreza en la población y sus demandas crecientes, la mayor parte de los discursos de los gobernantes de la región giran en torno a su superación, sin que se diseñen y apliquen políticas públicas que garanticen una distribución equitativa de los benefi cios que se derivan del crecimiento económico. Aunque el fenómeno de la emigración ha empujado a elevar la pobreza en las zonas urbanas, la misma tiene una alta incidencia en la zona rural, dadas las inequidades estructurales entre lo urbano y lo rural en lo referente a servicios básicos y al desarrollo del capital humano, así como el bajo acceso a activos productivos para generar ingresos.

En esta línea de pensamiento, cabe suponer que la pobreza rural afecta mayormente a la mujer en virtud del predominio androcéntrico en todos los escenarios de la vida en sociedad y del bajo acceso de la mujer a los activos productivos.

El presente trabajo enfoca algunas de las determinantes que confi guran la situación actual de la mujer rural dominicana, en un esfuerzo de llamar la atención hacia la necesidad de diseñar políticas públicas diferenciadas por zona de residencia, por territorio y por género, como mecanismos de distribución de la equidad social que contribuyan a elevar signifi cativamente el índice de desarrollo humano de mujeres y hombres en el país.


Contexto histórico

Las preocupaciones por la situación de la mujer dominicana se presentan de manera formal a raíz de la Primera Conferencia de la Mujer, celebrada en México, en 1975, dando lugar al surgimiento de organizaciones no gubernamentales que colocan el tema en la agenda pública. Sin embargo, sobre la mujer rural se viene hablando en el país desde la década del 60, cuando se establecen las instituciones creadas en virtud del Plan de la Alianza para el Progreso, el cual surge como respuesta de Estados Unidos de Norteamérica a los aires revolucionarios que soplaban en el continente y, particularmente, en el Caribe.

El paquete de la Alianza para el Progreso incluía el Programa de Desarrollo de la Comunidad, mejor conocido como Ofi cina de Desarrollo de la Comunidad (ODC) el establecimiento del Servicio Nacional de Extensión en la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) y del programa de reforma agraria en la versión actual, ya que previamente existía en el país un programa de colonización, mediante el cual se asentaron inmigrantes extranjeros, especialmente españoles y japoneses para desarrollar actividades agrícolas.

Desde la ODC y el Servicio Nacional de Extensión se iniciaron programas dirigidos a las “amas de casa” de la zona rural, integrando a la mujer a los denominados “Clubes de Madres” y “Clubes de Amas de Casa”. En el caso particular del Servicio Nacional de Extensión, el cual data de 1962, su objetivo fundamental se orientó al desarrollo de la familia rural: padre, madre e hijos, quienes organizaban en tres tipos de clubes: Clubes de Agricultores (padre), Clubes de Amas de Casa (madre) y Clubes 5-D (hijos). El modelo era similar al Servicio Nacional de Extensión de los Estados Unidos, donde aún existen los Clubes 4-H como un mecanismo de organización fuerte de los jóvenes de las áreas agrícolas.

La fi losofía que orientaba el modelo de extensión de ese entonces se centraba en la infl uencia que el modelo podía ejercer en la población rural para lograr cambios de conducta, de manera que la extensión, actuando como un mecanismo de motivación, persuasión y como factor de interacción para integrar el conocimiento empírico del trabajo del hombre rural con el generado por la sistematización científi ca, contribuyera a mejorar los niveles vida de la familia rural y al desarrollo del país.

Con el establecimiento en el país del Servicio Nacional de Extensión, la SEA incorpora a su accionar institucional el trabajo con la mujer campesina, bajo el enfoque de la fi losofía extensionista, el cual enfatiza el trabajo con “el triángulo familiar”: padre, madre e hijos. El aprendizaje para las mujeres se iniciaba con el establecimiento de clubes de amas de casa, dando apoyo para que aprendieran a bordar, tejer, coser, cocinar, el reconocimiento y uso de plantas alimenticias no tradicionales y aprendizaje sobre algunas labores para el mejoramiento de la


comunidad. Si bien por primera vez desde una política de Estado se piensa en la “visibilización” de la mujer rural, esta “visibilidad” se lleva a cabo sin darle participación en lo público, sino reforzando los lazos que la atan al mundo de lo privado: el hogar.

Posteriormente, la metodología del Servicio Nacional de Extensión fue objeto de múltiples cambios en función de los paradigmas de desarrollo predominantes en agencias internacionales. Uno de estos cambios, en la década de los 70, fue el impulsado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a través de un macro proyecto denominado Plan Integrado de Desarrollo Agropecuario (PIDAGRO), conformado por varios componentes que se orientaban hacia la vinculación de la producción agropecuaria con el mercado. Este plan excluyó a las mujeres de todos los componentes, bajo la concepción de que las mismas no eran productoras agropecuarias.

El PIDAGRO generó importantes logros, particularmente en agricultura y reforma agraria, y a pesar de que las mujeres se benefi ciaron de las viviendas construidas en los asentamientos seleccionados, muchas de ellas fueron perjudicadas por las ventas de las viviendas realizadas sin que pudiesen alegar derechos ante las autoridades por el despojo realizado por sus parejas.

Para la misma época, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de los recursos generados por la ley PL-480, otorgó fondos para dos programas con mujeres y jóvenes dentro del Departamento de Extensión. Se introdujeron nuevos elementos cualitativos y se emplearon trabajadoras sociales egresadas de universidades locales y extranjeras, así como agrónomos, educadores, sociólogos y otros profesionales, para el trabajo con mujeres y jóvenes campesinos. Este proyecto logró impulsar las organizaciones de mujeres, haciéndolas más visibles dentro del rol comunitario, pero al agotarse los fondos, terminó también el proyecto.

A fi nales de la época de los ‘70, el modelo del PIDAGRO había comenzado a mostrar síntomas de agotamiento, por lo que a principios de los ‘80 se negoció una segunda fase que incluyó un nuevo modelo de extensión que incluía capacitación y visitas, de origen israelí. Éste también excluyó a las mujeres como segmento a atender de manera especial.

La exclusión de las mujeres rurales en estos proyectos podría estar vinculada al no reconocimiento del rol de la mujer como productora y a su débil acceso a activos productivos, especialmente la tierra.

En 1980, con los auspicios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, se inicia un programa que pretende vincular a la mujer del medio rural al mercado, al tiempo que garantiza la alimentación y la nutrición de su familia. El proyecto se denominó “Proyecto de Capacitación de la Mujer para la Producción


y el Mercado” (CAMPROMER). A través de este proyecto, se ejecutaron proyectos productivos en forma asociada en ocho áreas pilotos, privilegiando las zonas de mayor pobreza, como la suroeste.

Entre los logros de este proyecto se citan los materiales educativos que se generaron durante su duración, basados en la experiencia de los técnicos que laboraron en la transferencia de tecnología con las mujeres benefi ciarias. La mayor parte de los proyectos fueron de cerdos, cabras, conejos y hortalizas que se cuidaban y cultivaban en forma asociativa. Esta experiencia, aunque valiosa, resultó costosa, quedando en la historia de extensión como una experiencia más que no volvió a replicarse.

Finalizado el CAMPROMER, la Secretaría de Estado de Agricultura recibe un apoyo del Servicio Técnico Alemán (1982), el cual también fi nanció un proyecto similar que procuraba que las mujeres generaran ingresos a partir de proyectos productivos, principalmente de crianza.

Un aspecto que cabe destacar fue el énfasis que pusieron todos estos proyectos en sus diferentes etapas por organizar a las mujeres, en el entendido de que la organización facilita la labor de acompañamiento de los técnicos y contribuye a lograr un mayor impacto de las acciones emprendidas.

Sin embargo, cabe señalar que estos proyectos se ejecutaron como estructuras institucionales paralelas, por lo que no contribuyeron a fortalecer a la División de Organización Rural a la cual estaba adscrito el Programa Mujer Rural dentro del Servicio Nacional de Extensión. Con la separación de Organización Rural del Servicio Nacional de Extensión y su elevación a Departamento dentro de la SEA (1978), se crea la División Mujer Rural, lo que constituyó un paso de avance hacia la diferenciación en el accionar institucional y la defi nición de mecanismos para el diseño y especialización de recursos para el trabajo con las mujeres.

En 1984, el Departamento de Organización Rural vuelve a transformarse en una División del Departamento de Extensión Agropecuaria y la División Mujer Rural se reduce de nuevo a un programa, manteniéndose así hasta 1996, cuando mediante la Resolución No.114-96 del Secretario de Estado de Agricultura, se crea el Departamento de Organización Rural con tres Divisiones: Productores, Jóvenes y Mujer Rural. Este hecho, aunque mantiene la percepción de la mujer como reproductora más que productora, coincide con el impulso del movimiento de mujeres del país, estimulado por la Cumbre de la Mujer de Beijing (1995), en procura de una mayor participación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida en sociedad y el proyecto de creación de la Secretaría de Estado de la Mujer, cuya materialización en 1997 dio como resultado que en las demás secretarías de Estado se establecieran Oficinas de la Mujer.


En el año 2000, mediante la Resolución No.528-2000, se ejecuta un proyecto que había sido diseñado por la División Mujer Rural de la Secretaría de Estado de Agricultura para elevar su rango, convirtiéndola en Ofi cina Sectorial Agropecuaria de la Mujer, acción que es apoyada por el decreto del Poder Ejecutivo No. 974-01, mediante el cual se crea en cada una de las secretarías de Estado la Ofi cina de Equidad de Género.

Características que defi nen la condición general de la mujer rural en República Dominicana

Población rural, mujeres y migración

Las cifras demográfi cas del Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002 muestran que, siendo la cantidad de mujeres un poco más elevada que la de los hombres (50.2%) en el total de la población, esta relación se mantiene para la zona urbana; pero en la zona rural la cantidad de mujeres es inferior a la de los hombres, lo que sugiere que la fuerte migración campo-ciudad es responsable de tal hecho.

Cuadro 2 Población dominicana por zona de residencia y género, 2002

Fuente: VIII Censo Nacional de Población y Vivienda, ONE 2002

Un estudio realizado en España112 sobre la migración de mujeres procedentes de República Dominicana y Marruecos plantea, en torno al origen de las emigrantes dominicanas residentes en Madrid, que “el contexto de origen seleccionado de la migración dominicana ha sido la región suroeste del país. Dicha región se ha constituido, desde fi nales de los años ochenta, en un verdadero epicentro expulsor de población de inmigrantes a España, en concreto a la Comunidad de Madrid, siendo su mayoría mujeres. La región se caracteriza con respecto a otras regiones de República Dominicana por su ruralidad y por ser una de las más pobres. Las actividades económicas predominantes en la región son las agropecuarias –en muchos casos de subsistencia- y las actividades comerciales son, sobre todo, de carácter informal”.

La cita precedente confi rma las apreciaciones que existen en los mecanismos institucionales gubernamentales y no gubernamentales que trabajan en acciones afi rmativas a favor de la mujer rural de existencia de una gran migración de mujeres de la zona rural de las regiones Sur y Suroeste del país113.


La migración de las mujeres del sur profundo y el suroeste es un hecho bien percibido por las familias de esas regiones. Un estudio realizado en 1999 por el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA)114 reveló diferencias sustanciales entre las opiniones de las familias de la zona Suroeste y las del Cibao, ya que en tanto la migración de mujeres en provincias como San Juan, Barahona, Neyba y Elías Piña fue altamente valorada por los jefes y jefas de familia, en las provincias del Cibao, de mayor nivel económico, se consideró como un desarraigo a la familia, recibiendo una valoración inferior. Estas percepciones diferentes refl ejan la infl uencia que ejerce la pobreza en la valoración de un hecho que tiene fuertes implicaciones económicas y sociales para las familias, cuya reproducción depende de las remesas que reciben del exterior.

Mujer rural y pobreza

Uno de los mayores desafíos que enfrenta República Dominicana es la pobreza generalizada de amplios segmentos poblacionales y, de manera particular, la pobreza rural, que aunque afecta a hombres y mujeres, se estima que la proporción de esta última es más elevada. Aunque no existen estudios puntuales actualizados de República Dominicana que documenten la pobreza rural en todas sus dimensiones y por género, un estudio regional del BID estima que más del 70% de las personas que viven en pobreza absoluta son mujeres115. En estas condiciones sobresalen las mujeres de la subregión centroamericana y del Caribe, las cuales son las responsables de incorporar estrategias de sobrevivencia familiar y de articular momentos y espacios del proceso productivo de la unidad campesina.

Conforme se plantea en el Informe sobre la Pobreza en República Dominicana116, a pesar de que se estima que la pobreza experimentó una disminución tangible a partir de 1990, la pobreza en las áreas rurales permaneció sin cambios signifi cativos, ampliándose la inequidad social entre ambas zonas de residencia si se compara el 42% de la población rural en situación de pobreza con el 21% de la población urbana que vive en esa misma condición.

Se estima que en el país existen alrededor de 5.6 millones de personas en situación de pobreza y que de este total el 58.7% corresponde a la zona rural117. Estimar el número de mujeres rurales en situación de pobreza es una tarea difícil, dada la no desagregación de datos por sexo que aún prevalece en la mayoría de las instituciones que generan informaciones primarias. Existe la percepción de que éstas constituyen mayoría en el conglomerado de población pobre, tanto urbana como rural, dado que los indicadores sociales más desfavorables son los correspondientes a mujeres.

La pobreza de las mujeres rurales está asociada a la carencia de medios de producción, a la falta de oportunidades y ausencia y defi ciencia de los servicios básicos. Tal y como enfatiza la teoría del desarrollo humano, “la desigualdad afecta la posibilidad de ampliar la base material de la sociedad, en la medida que ésta distorsiona los mercados y reproduce la mala distribución de las oportunidades…”.118


De ahí que las mayores demandas de las mujeres giran en torno a la falta de infraestructura social, de mejoramiento de viviendas, de construcción de acueductos, escuelas, clínicas rurales, caminos vecinales, retretes, centros comunales multiusos, especialmente como centros de enseñanza laboral, de programas de nutrición materno-infantil y producción artesanal, así como la existencia de una alta preocupación por el deterioro ambiental.119

La zona rural constituye un monumento a la desigualdad y a la falta de oportunidades, inequidad que impacta con mayor fuerza en las mujeres, quienes tienen que desenvolverse en una sociedad construida con arreglo a lo androcéntrico; aunque en el espacio rural tanto hombres y mujeres no son libres, debido a la falta de acceso a las oportunidades que les confi eran la capacidad de alcanzar una calidad de vida adecuada.

Cuadro 3 Necesidades Básicas Insatisfechas en zona urbana y rural (%), 2002


Determinantes sociodemográfi cas

Los datos del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda dan cuenta de la transformación que ha venido operándose en República Dominicana desde hace alrededor de cuatro décadas, al pasar de una sociedad predominantemente rural a una urbana. Actualmente, la población rural dominicana representa el 36.4% del total.

Sin embargo, se observan interesantes contrastes entre regiones. Por ejemplo, la población de la región Nordeste, cuya actividad económica es fundamentalmente agropecuaria, muestra la siguiente distribución:

Del total de la población de la región Nordeste, el 54.13% reside en la zona rural. La proporción nacional de residentes urbanos y rurales es de 63.6% frente a 36.4%, respectivamente. Estos datos podrían evidenciar que un porcentaje


Cuadro 4 Región Nordeste. Población por género y zona de residencia, 2002


La proporción menor de mujeres que de hombres en la zona rural de la región Nordeste implicaría que, a pesar del carácter rural de la región y su dinámica económica ligada de manera directa a las actividades agropecuarias, las mujeres emigran debido a las restricciones para el acceso a los activos productivos que le impone su propia condición de mujer, que se desenvuelve en una sociedad cuyo desempeño responde a un esquema androcéntrico.121

A diferencia de la región Nordeste, para el caso de la región Enriquillo, el 67% de la población reside en la zona urbana. En relación a la población, los hombres representan el 51% en tanto que las mujeres rurales son el 49% del total de la población y el 46% la población rural. La región Enriquillo presenta fuertes restricciones de suelo y agua para el desarrollo de la agricultura diversifi cada.

En cuanto a la región El Valle, con dos provincias con una fuerte actividad agropecuaria como son Azua y San Juan, una proporción ligeramente mayor de su población reside en la zona rural. Sin embargo, cuando se analiza la distribución espacial por género, el porcentaje de mujeres (46.3%) en la zona rural de la región es menor que la de los hombres (53.7%).

apreciable de la población rural de esta región tiene acceso a activos productivos y que la fuerte actividad agropecuaria y otras actividades asociadas generan recursos y empleo en cantidades sufi cientes como para mantener a la población rural en este espacio.120

En cuanto al género, la proporción de mujeres es ligeramente menor que la de los hombres a nivel de la población total regional, en tanto que a nivel urbano sobrepasan la cantidad de hombres, y en la zona rural representan el 47.5%.


Cuadro 6 Regiones Enriquillo y El Valle. Población por género y zona de residencia, 2002


Un caso interesante es el de la provincia Elías Piña, donde a nivel urbano las mujeres sobrepasan a la población de hombres. Este hecho podría explicarse debido a que una de las actividades económicas más signifi cativas de esa demarcación geográfi ca es el amplio mercado que semanalmente tiene lugar en el municipio cabecera (Comendador). Este mercado mantiene un intenso intercambio con Haití y también acuden personas de todo el país. La mayor proporción de vendedoras corresponden a mujeres.

Cuadro 7 Distribución de la población de las regiones Enriquillo y El Valle por género y zona de residencia, 2002


Cuadro 5 Distribución de la población de la región Nordeste por género y zona de residencia, 2002



En lo que respecta al Índice de Desarrollo Relativo al Género (IDG)122 regional, el Informe Nacional de Desarrollo Humano de 2005 coloca a las regiones Enriquillo y El Valle en las dos últimas posiciones. Estas regiones también ocupan las dos peores posiciones con respecto al Índice de Desarrollo Humano (IDH) general de la población por lo que, la dimensión de género es también una de las peores con respecto a las otras regiones y por tanto no consigue mejorar su posición al incluirla.

Nupcialidad

Una de las características de las mujeres rurales es la formación de familia a edad temprana. La unión de parejas predominante en el país es la consensual, siendo mayor este tipo de unión en la zona rural. El VIII Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002 arrojó los siguientes datos:

Cuadro 8 Estado conyugal en la zona rural según sexo, 2002


El cuadro anterior pone de manifi esto una cultura androcéntrica muy arraigada en el país y particularmente en la zona rural, que es la del hombre declararse soltero aún viva en unión consensual o negar la relación de pareja. Todas las cifras son más altas en las mujeres, con excepción de la soltería y, particularmente, la viudez, donde las mujeres presentan cifras altamente signifi cativas con relación al hombre123.

Fecundidad

Los datos de la ENDESA 2002 indican que a pesar de que la fecundidad ha venido descendiendo de manera gradual aún presenta tasas relativamente altas. El promedio se sitúa en 3.3 hijos por mujer, en tanto que para la zona rural el indicador se ha estimado en 3.3 hijos por mujer, la cual inicia la reproducción a edad temprana.


Niveles de instrucción

Uno de los sectores en que el país presenta un mayor retraso es el educativo, lo que gravita de manera profunda en la zona rural, donde se carece de infraestructura escolar adecuada, maestros y maestras con sufi ciente formación y acceso a tecnologías educativas que apoyen el proceso de aprendizaje. No obstante, el país ha experimentado una reducción en los índices de analfabetismo.

Se estima que en los últimos años las mujeres han venido cerrando la brecha educativa con respecto a los hombres, conforme a los datos del VIII Censo Nacional de Población y Vivienda de 2002.

Cuadro 9 Tasa de analfabetismo de personas de 15 años o más según sexo y zona, 2002

Fuente: ODH/PNUD en base a ONE, 2002

Cuadro 10 Tasa Bruta de Asistencia escolar, niveles primario y secundario, 2002


Del total de la población que durante el censo, la población adulta analfabeta del país es de aproximadamente de un 13%. Del total de iletrados, las mujeres superan a los hombres en la zona urbana pero no en la rural. Este dato se corresponde con los resultados de la ENDESA 2002124, los cuales indican que la proporción masculina sin educación en la zona rural es más alta que la de las mujeres, lo que podría estar indicando dos cuestiones: un cambio producido por la alta migración femenina y un resultado de la creciente incorporación de la mujer a la educación.

Un ejemplo del aumento de la incorporación de la mujer rural a la formación educativa está representado por la Tasa Bruta de Asistencia (TBA) a los niveles primario y secundario, aunque persiste la brecha urbano-rural, presentados por la Secretaría de Estado de la Mujer a partir de la ENDESA 2002. Los datos indican que la TBA mejora sustancialmente a favor de la mujer en el nivel secundario, tanto a nivel urbano como rural, lo que podría estar indicando que la falta de empleo y de incentivo en la zona rural está gravitando en el abandono de los estudios por parte de los hombres.


Jefatura del hogar

Los datos del Censo de 2002 indican que del total de jefes de hogares censados en la zona rural, el 29.8% son mujeres. La publicación reciente de la Secretaría de Estado de la Mujer (SEM) sobre Mujer Rural en República Dominicana da cuenta de que, según estimaciones de la Ofi cina Nacional de Planifi cación (ONAPLAN) que datan de 2003, el 41.5% de los hogares con jefatura femenina son pobres.

Existe una percepción generalizada de que los hogares encabezados por mujeres, son los más pobres entre los pobres, aunque en el país no se han realizado estudios comparativos de profundidad que avalen tal aseveración. Esta percepción se basa en el hecho de que las mujeres acceden en menor proporción que el hombre al mercado laboral y reciben menos ingresos. Si bien la jefatura femenina constituye un gran problema en la zona urbana, debido a la carencia o muy baja cobertura de servicios de guardería, cuando la mujer trabaja en la zona rural los hijos e hijas quedan al cuidado de las y los mayores.

Acceso a activos productivos

Acceso a la tierra

Después de la celebración de la Primera Conferencia de la Mujer (México, 1975), en diferentes foros se planteó la necesidad de que las mujeres fueran favorecidas por los planes de la reforma agraria, dado el hecho de que éstas solo podían acceder a la tierra por vía de la herencia o compra de parcela.

Veinte años después, de acuerdo con datos del Informe Nacional preparado para la V Conferencia Mundial de la Mujer (Beijing, 1995), para 1994, de un total de 87,743 parceleros, 7.5% eran mujeres. Para el año 2000 la proporción de mujeres parceleras representaba aproximadamente un 10% del total asentado, no obstante la existencia de la Ley No. 55-97 que instruye al Instituto Agrario Dominicano (IAD) para que distribuya de manera equitativa la tierra entre hombres y mujeres. La poca efectividad de esta ley está asociada a la pérdida de importancia del proceso de reforma agraria, cuya manifestación más importante es la reducción de las inversiones y la distribución de tierras carentes de condiciones para la agricultura125.

La situación real de las mujeres productoras es difícil de evaluar, debido a que se carece de un Censo Agropecuario, el cual, afortunadamente, está en fase de preparación con el monitoreo de la Secretaría de Estado de la Mujer. No obstante, en 1999, la Secretaría de Estado de Agricultura realizó una encuesta nacional denominada “Registro Nacional de Productores Agropecuarios”, cuyos resultados indican que para ese año existían en el país


243,939 productores agropecuarios, de los cuales, 218,332 eran hombres y 24,762 mujeres. Los resultados dan cuenta de la existencia de 845 empresas agropecuarias126.

Del total de superfi cie bajo explotación, sólo el 5.50% corresponde a mujeres. La mayor proporción de tierras la concentran mujeres entre las edades de 55 a 64 años. La menor proporción la poseen los segmentos de mujeres comprendidos entre 25 y 34 años.

En relación a la forma de tenencia de la tierra, los resultados de este estudio indicaron que del total de mujeres con acceso a la tierra, el 77.4% no pertenece al sector reformado. Sólo los terrenos del 22.6% de mujeres pertenecen al sector reformado.

Del total de tierras bajo explotación fuera del sector reformado en manos de mujeres, el 34,7% es propia con título, en tanto que el 30.5% es propia sin título. Los porcentajes restantes corresponden a arrendamiento, préstamo, aparcería, sucesión, del Estado y otras. En el sector reformado, del total de mujeres con parcelas, el 17.7% posee título defi nitivo, en tanto que el 67% posee título provisional.

La titulación constituye un elemento clave para el ascenso social de los pobres, ya que este documento representa una garantía para acceder a otros activos productivos. La falta de titulación, tanto dentro como fuera del sector reformado, afecta por igual a hombres y mujeres y ésta deberá ser una de las tareas importantes que deberá acometer la reforma y modernización del sector agropecuario que se está gestando desde hace aproximadamente un año.

Actividades productivas agrícolas y no agrícolas generadoras de ingresos

Las mujeres rurales desempeñan diversos roles productivos como estrategia de sobrevivencia para la reproducción de la familia. En la producción agropecuaria laboran como productoras por cuenta propia, como trabajadoras en predios familiares sin percibir ningún tipo de salario y como asalariadas en fi ncas agropecuarias, empresas de servicios y agroempresas. La mano de obra femenina es muy preciada, no sólo porque la misma recibe menor paga que el hombre por igual trabajo, sino también por su destreza motriz para manejar frutas y vegetales. De igual manera, desempeñan un papel preponderante en la comercialización de productos agropecuarios y derivados en los mercados, plazas públicas y en el hogar.

También, las mujeres rurales, apoyadas por el trabajo creciente tanto de la Secretaría de Estado de Agricultura como de ONGs, están desarrollando el área de servicios, dedicándose a actividades productivas no agrícolas: comedores, tiendas de insumos, tiendas de consumo, salones de belleza, costura y otras. Un análisis de los resultados de algunas de las ramas de actividades no agrícolas más importantes en las zonas rurales, según el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2002 arroja el siguiente dato:


Como puede observarse, en lo referente a las actividades no agrícolas, los mayores desempeños de las mujeres en la zona rural se concentran en actividades tales como trabajadoras domésticas, labores de enseñanza, confección de prendas de vestir, comercio al por menor y otros servicios, principalmente venta de comidas y belleza.

El cuadro precedente muestra también la permanencia de la baja participación de mujeres en actividades tradicionalmente masculinas, como es la construcción, el transporte y el ingreso a los cuerpos castrenses, a pesar del esfuerzo que realizan, principalmente ONGs, para romper la tradición a través de la capacitación.

La Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo 2005, realizada por el Banco Central, indica que en la zona rural existen 921,063 mujeres en edad de trabajar, en comparación con 1,056,093 hombres. Del total de mujeres, el 34.9% constituye la Población Económicamente Activa (PEA) femenina, en tanto que el 65.1% está inactivo. La PEA masculina se estimó en un 66.5%. Del total de la PEA, el 50.3% estaba inactivo. De la PEA femenina, el 7.2% se dedica a la agricultura y la ganadería, en tanto que un 12.4% labora en industrias manufactureras y el 16.4% en el comercio mayorista y minorista. El mayor número de la PEA femenina, el 29.9% se reporta como trabajando en otros servicios.

Un hallazgo interesante es el que señala la ENDESA 2002, en relación al uso dado por la mujer a sus ingresos. Según el dato, “aproximadamente dos de cada tres mujeres cubren la mitad, más de la mitad o todos los gastos del hogar”. La mayor proporción de mujeres asalariadas que destinan sus salarios a los gastos del hogar reside en provincias muy pobres del país, como son Sánchez Ramírez, Pedernales y El Seibo, en tanto que las mujeres asalariadas de las provincias Duarte y Peravia, con menor proporción de población pobre, son las

Cuadro 11 Principales ramas de actividad económica no agrícola en la zona rural según género, 2002



que menos contribuyen a los gastos del hogar. Este dato constituye un elemento de gran valor para el diseño de políticas públicas diferenciadas conducentes al desmantelamiento de las privaciones que frenan el desarrollo humano.

Acceso al crédito y a la tecnología

A pesar del aporte signifi cativo de la mujer a la reproducción de la familia y al sostenimiento del hogar, la mujer rural continúa rezagada en cuanto al acceso al crédito y, por ende, a la tecnología agrícola y no agrícola.

Las cifras que muestran la dinámica del movimiento de la cartera de préstamos del Banco Agrícola de República, aunque disponibles, no están discriminadas por sexo, hecho que revela el débil peso de la mujer en este movimiento.

Cuadro 12 Préstamos otorgados, montos fi nanciados y productores benefi ciados por el Banco Agrícola, 2000-2005

Fuente: Elaborado por la Secretaría de Estado de la Mujer, a partir de documentos del Departamento de Planifi cación del Banco Agrícola de la República, octubre 2006

A pesar de la falta de discriminación por género de los datos, los mismos revelan que las mujeres benefi ciarias de los créditos de la banca estatal destinada al fomento agropecuario y actividades productivas en las zonas rurales, no superan el 3%, lo que se corresponde también con los montos otorgados. Entre 2000 y 2002 el monto desembolsado a las mujeres fue de 138.5 millones, aproximadamente.

Participación comunitaria

Para el período 1981-1982, existían 272 asociaciones conformadas por mujeres, que recibían cierto nivel de asistencia de los extensionistas de la SEA. Entre 1997 y 1998 la Secretaría de Estado de Agricultura realizó un inventario de las organizaciones de productores, mujeres y jóvenes existentes en la zona rural, el cual arrojó 4,249 organizaciones rurales y comunitarias que agrupaban 141,134 personas. De este total, el 69% eran hombres y el 31% mujeres.


El crecimiento de la organización comunitaria a nivel rural se vincula al apoyo otorgado por los extensionistas, dado que los diferentes enfoques del servicio priorizan la organización como punto focal para la entrega de bienes y servicios. También las amplias acciones que ejecutó el PIDAGRO, tanto a nivel de la SEA como del IAD, dieron especial importancia a la organización campesina, destinando fuertes inversiones para este propósito, impulsando el trabajo de las ONG y de los diferentes gremios de campesinos y campesinas organizadas, dando como resultado el empuje desplegado por las federaciones, confederaciones y juntas.

Las organizaciones de mujeres rurales constituyen escenarios de actuación de éstas en la vida pública, a través de los cuales han podido lograr importantes conquistas en la búsqueda de la equidad en sus espacios territoriales.

Por lo general, la preocupación de los hombres de la zona rural gira en torno a los insumos para la agricultura (semillas, fertilizantes, etc.), la comercialización, los precios y otras variables asociadas. A las mujeres les preocupa la situación de los servicios comunitarios: agua, luz, instalaciones escolares, de salud, carreteras, iglesias y centros comunales; así como los aspectos relacionados con la alimentación, tales como precios y disponibilidad de los alimentos.

En el país existe la Confederación Nacional de Mujeres del Campo (CONAMUCA), la cual agrupa alrededor de 8 mil mujeres a nivel nacional, aunque no cuenta con una cobertura en toda la geografía. CONAMUCA tiene reconocimiento nacional e internacional. Sin embargo, la efectividad de su intervención a favor de la consecución de políticas públicas para las mujeres se diluye dada su baja participación en las corrientes actuales que rigen los esquemas económicos de países como República Dominicana. Su accionar demanda, además del mejoramiento y ampliación de su representatividad, de un remozamiento y adecuación de sus objetivos y estrategias, de manera que sus planteamientos incidan en la toma de decisiones en materia de política de desarrollo rural.

Mujer rural y políticas públicas

A pesar de la gran pobreza que afecta a la población rural, en el país no existen políticas públicas que apunten al desarrollo rural integral. Las políticas públicas son globales y su instrumental no diferencia entre zona urbana y zona rural, y mucho menos tienen como eje transversal el género y el ambiente.

La temática del presente foro en torno a la nueva ruralidad en República Dominicana y el desarrollo humano abre la posibilidad de que el país se sensibilice sobre las desigualdades territoriales y sus gentes, sobre la falta de libertad que afecta a más de la mitad de la población rural, dada las privaciones materiales y espirituales que la agobian y que no permiten la creación de capacidades para la gestión de su liberación.


La nueva ruralidad, como noción construida a partir de la necesidad de aplicar un enfoque integral que permita la sobrevivencia del territorio rural y su gente, puede constituir un instrumento conceptual que oriente el logro del desarrollo humano en los territorios rurales, visto esto como una continuación –y no como una ruptura- de lo urbano.

La nueva ruralidad percibe a la mujer como un ser altamente vulnerable, que al ser prisionera de las privaciones, no goza de libertad ni de la capacidad de gestionar su desarrollo como persona. Pero al mismo tiempo plantea el instrumental, a partir del enfoque territorial, para lograr la equidad de género, como crear capacidades en los grupos vulnerables para el aprovechamiento y valoración de sus oportunidades.

En este contexto, en el marco de una nueva ruralidad que apunta al logro del desarrollo humano de la población rural, las políticas públicas orientadas al desarrollo rural deben diseñarse bajo el enfoque territorial y de manera diferenciada y bajo el reconocimiento de que la mujer rural, al tiempo que participa en el proceso productivo, constituye un eje fundamental en la redistribución de los benefi cios que se derivan de ese proceso por ser base del núcleo familiar y del desarrollo comunitario.


Juan José EspinalDirector Ejecutivo del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal (CEDAF) e investigador del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2007

Estructura productivadel sector ruraly agropecuario


La agricultura y el medio rural históricamente han desempeñado un rol fundamental en el desarrollo de los pueblos. La oferta de alimentos para la población ha sido la primera y más reconocida contribución de la agricultura. Unida a esta función, también se le ha reconocido a la agricultura sus aportes como abastecedora de materias primas para los procesos de industrialización. Sin embargo, en los debates de las últimas décadas se incorporan otras dimensiones de la contribución de la agricultura al desarrollo, en particular, lo relativo al rol que la agricultura ha desempeñado de manera fundamental en la sostenibilidad ecológica y ambiental. Las últimas tendencias han introducido al debate mundial la idea de la multifuncionalidad de la agricultura.

En la actualidad, el debate sobre las contribuciones del sector agropecuario al desarrollo ha incorporado el tema del desarrollo territorial rural y su vínculo con el desarrollo agrario, estableciendo que sin desarrollo agrario no puede haber desarrollo rural; pero que el sector agropecuario actual no puede ser, ni es, la única actividad económica del territorio rural. Es decir, la ruralidad es más que la agricultura, y la agricultura no es sólo rural; de hecho ya se habla de la importancia que tiene la agricultura urbana en muchos países.

Adicionalmente, el impacto de la agricultura y la vida rural a la economía incluye el hecho de que la mayor parte de las provincias del país dependen principalmente de las actividades productivas asociadas a la agricultura y la ruralidad, por lo que las posibilidades de mejorar la efi ciencia y la equidad en la sociedad dominicana están asociadas a los cambios que ocurran en el mundo rural.

Hay que destacar que la agricultura y lo rural tradicionalmente han sido asociados a sectores “poco desarrollados”. La modernidad se vincula a actividades no agrícolas, lo cual ha servido de base para profundizar un proceso de incomprensión de la vida rural y mantener un esquema de inversión en los sectores no agrícolas. Sin embargo, las posibilidades de desarrollo del país requieren cambios sustanciales en la calidad de vida rural, no sólo porque representan una parte importante de la población dominicana, sino también porque los problemas de la pobreza rural, si no se solucionan en su propio espacio, se trasladan hacia el resto de los territorios urbanos nacionales.


La vida rural tiene en su estructura económica varios ejes productivos importantes como son: el sector agropecuario, la industria y la manufactura, el turismo, el ecoturismo y otros servicios. La vinculación a un sector u otro es un factor importante que infl uye en la calidad de vida de la población rural.

El sector agropecuario

Aunque la vida productiva rural no está determinada exclusivamente por la agricultura, es innegable que la agropecuaria es la principal actividad económica de las zonas rurales dominicanas. En adición, muchas actividades productivas de la industria y los servicios se desarrollan en función de la dinámica que genera la actividad agropecuaria. El sector agropecuario no sólo es determinante para la vida rural, sino que también constituye individualmente uno de los sectores más importantes en la economía dominicana.

Como podemos apreciar en el Cuadro 13, el sector agropecuario aportó el 11.5% del PIB y alrededor del 14.6% del empleo nacional en el año 2005. Como también podemos observar, estos aportes han ido decreciendo de forma progresiva en la última década. Esta tendencia no signifi ca que en términos reales sus aportes hayan disminuido, ya que éstos se han mantenido creciendo, sino que lo han hecho a una tasa inferior que otros sectores de la economía que han tenido una notable expansión.

Cuadro 13Composición sectorial del PIB y el empleo, 1996-2005

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Banco Central de República Dominicana, Encuesta Nacional de Fuerza de Trabajo.

En efecto, si bien la economía dominicana ha tenido un desempeño muy exitoso en las últimas tres décadas y media, al crecer a una tasa promedio anual del 5%, la agricultura sólo alcanzó una tasa promedio de 2.9%, cercana a las tres quintas partes de la tasa general de la economía. Este crecimiento fue cercano a la tasa de crecimiento de la población entre 1970 y 2005, que fue de 2.4%127.


La estructura productiva del sector rural dominicano está dominada por la actividad agropecuaria. Ésta se compone de cuatro subsectores que son: el agrícola, el pecuario, la silvicultura y la pesca.

Históricamente, la agricultura ha sido el subsector más importante, aunque en los últimos años la actividad pecuaria ha tenido un mejor desempeño. En 2005, los cultivos representaron 38% del total, la producción pecuaria el 51%, y la silvicultura y la pesca el 11% del valor de la producción a nivel de fi nca.

Los principales cultivos, en términos de valor, son el arroz en cáscara 14% , el café 9%, la caña de azúcar 6% , el plátano 6% , el tomate 3%, el cacao 2%, el banano 2% , la yuca 2% y las frutas 38%.

Los principales productos pecuarios son la carne bovina que representa el 39% de la producción pecuaria, la leche con un 24% y la carne de pollo con un 18%128.

No sólo en República Dominicana

Si comparamos República Dominicana con otros países de la región, observamos que el crecimiento sectorial agropecuario, al igual que el crecimiento general de la economía dominicana, fue superior al de la mayoría de los países de la región y superior al promedio, como se observa en el Cuadro 14.

Cuadro 14Tasas de crecimiento promedio anual del PIB agrícola y no agrícola, 1970-1999

Fuente: Banco Mundial, 2005


El desnivel en el desempeño del sector agropecuario con respecto al del resto de la economía es un hecho que ocurre en casi todos los países. Esta tendencia sólo tuvo algunas excepciones en países donde la agricultura creció de forma ligeramente superior al resto de las actividades económicas, como es el caso de Argentina, Venezuela, Nicaragua, Jamaica y Guyana.

La razón principal es que el proceso de diversifi cación de las economías de los países de la región se ha orientado hacia actividades no agropecuarias; también se debe al hecho de que el proceso de transformación de la agricultura hacia actividades de mayor valor, y que implican una transformación del producto, como la agroindustria, hace que estos aportes se contabilicen en otras ramas de la economía. En el caso dominicano esto es importante, ya que si se analizan los rubros más dinámicos del sector industrial, fuera de las zonas francas, la mayoría son rubros agroindustriales.

Contribución ampliada

Es importante destacar que en la actualidad el análisis de la importancia de la agricultura agrega otros elementos con el fi n de refl ejar adecuadamente estos aportes, incorporando los encadenamientos con la industria de la transformación y el consumo, por una parte, y con las empresas proveedoras de insumos y servicios, por otra. Un estudio reciente del IICA129, estima que los encadenamientos de la agricultura primaria con la producción de alimentos y manufacturas derivadas de la misma, eleva su contribución como PIB agrícola ampliado a un 27,5%.

Cuadro 15República Dominicana: Contribución real de la agricultura, 2005

Fuente: IICA en base a datos del Banco Central de la República Dominicana, 2005

Participación por subsector

El comportamiento de la agropecuaria estuvo sustentado básicamente en el crecimiento de los subsectores agricultura y ganadería. Como se puede observar en el Gráfi co 28, entre 1980 y 2000 las actividades del subsector agricultura en


promedio fueron las que más aportaron al PIB. Entre 2000 y 2005, el subsector ganadería se colocó ligeramente por encima del subsector agricultura.

La producción agrícola ha mostrado una tendencia decreciente, aún cuando la producción agrícola orientada al comercio internacional ha aumentado. La pecuaria, la silvicultura y la pesca han tenido tasas de crecimiento positivas. Los datos más recientes indican que para el año 2005 el crecimiento de la actividad agropecuaria (7.2%) se basó en el crecimiento del subsector ganadero, el cual registró un incremento de 17%, en tanto que la agricultura se contrajo en -2.2%130.

Importancia de la manufactura y los servicios en la generación de empleos en la vida rural

Individualmente, la agricultura es uno de los sectores que más empleo genera. El total de los ocupados en 2006 fue de 3.4 millones de personas, de los cuales un 26.9% pertenecía a zonas rurales131. La participación en el empleo de los distintos subsectores refl eja la composición de la estructura productiva del sector rural, con la predominancia de las actividades agropecuarias, seguida por las actividades de comercio, industria, servicios y construcción.

La actividad agrícola y ganadera concentraba el 42.8% del total de ocupados rurales. Le siguen en importancia los servicios relacionados al comercio (14.4%), la industria manufacturera (10.4%), los servicios relacionados al transporte y comunicaciones (5.9%), y la construcción (5.9%).

El sector agrícola-ganadero genera empleos entre la población más pobre del país, particularmente rural, lo que le brinda una particular importancia en la vida socio-económica y en las políticas que puedan establecerse para combatir la pobreza en la sociedad dominicana.

Gráfi co 28Participación porcentual por subsector del sector agropecuario sobre el PIB total, 1980-2005

Fuente: Elaborado a partir de datos del Banco Central.


En la economía rural dominicana, la producción de bienes es más importante en la generación de empleos que la producción de servicios. Para 2004, la mayor parte de los ocupados rurales se dedicaba a la producción de bienes (59.7%), principalmente en agropecuaria y manufactura de productos agropecuarios. El resto de los ocupados rurales se dedicaba a la provisión de servicios (40.3%). En consecuencia, la participación de la manufactura y los servicios constituyen un importante eje de la estructura productiva del sector rural, como se refl eja en el Gráfi co 29, donde se reporta la participación de las diferentes fuentes de empleo por provincias del país.

Gráfi co 29Distribución porcentual de los ocupados que declararon una actividad económica, según rama de actividad, 2002

Fuente: Censo Nacional de Población y Familia, 2002

Productividad del trabajo agrícola

La productividad de los factores ha estado aumentando en la agricultura dominicana. Esto es un hecho importante ya que, contribuye a mejorar la efi ciencia de la economía dominicana y a que ésta sea más competitiva. El Cuadro 16 reporta la productividad agrícola, así como la productividad del trabajador agrícola y, en ambos casos, se nota el incremento que se ha producido en las últimas décadas.


En el caso específi co de la productividad del trabajador agrícola, la productividad media del país es superior a la de los países centroamericanos, excepto la costarricense. Queremos indicar que en esto ha contribuido de manera importante la mano de obra de inmigrantes en la agricultura, como reveló un estudio reciente del Banco Mundial132.

Turismo y agricultura

Uno de los ejes potenciales más importantes de la estructura productiva del sector rural es el turismo y el ecoturismo. El turismo, en primer lugar, tiene una relación de creciente importancia con la producción agropecuaria como demandante de productos. Un estudio del IICA133 revela un volumen signifi cativo de demanda de productos agropecuarios que tiene el sector turístico dominicano, donde se ve claramente el potencial de este sector y los productos que se proyectan como grandes oportunidades de inversión y producción.

Cuadro 16República Dominicana: Producción agropecuaria y productividad, 2003

Fuente: Banco Mundial 2003, World Development Indicators, Pag. 128.

Cuadro 17Valor agregado por trabajador agrícola en países seleccionados, 1999-2001

Fuente: Banco Mundial 2003, World Development Indicators, Pag. 128.


Adicionalmente, el turismo ha estado creciendo como actividad propia de la vida rural. El turismo agrícola y el ecoturismo son actividades cada vez más importantes en el país. Esto permite diversifi car las fuentes de empleo e ingresos de los habitantes rurales y constituyen un instrumento económico clave en los esfuerzos por superar la pobreza rural y por vincular la vida rural a las actividades más dinámicas de la economía dominicana.

Políticas agrícolas y reducción de la pobreza rural

El pensamiento sobre los determinantes de la pobreza rural y sus implicaciones para el desarrollo rural han evolucionado notablemente en los últimos años. Hasta hace poco, las corrientes de pensamiento sobre la ruralidad no tomaban en consideración el alto grado de heterogeneidad que caracteriza a las sociedades rurales y el carácter multidimensional de la pobreza. De igual forma, se centraban en la actividad agrícola y no incorporaban al análisis el trabajo en la pequeña empresa rural no agrícola, el trabajo rural no agrícola y tampoco la participación de las mujeres al mercado laboral remunerado. La búsqueda de nuevos enfoques para el problema rural en América Latina llevó a que los organismos internacionales de cooperación diseñaran estrategias que incorporaran el enfoque territorial.

De ahí surgió el enfoque de la “nueva ruralidad”, mediante el cual se vinculan los temas de pobreza rural con aspectos claves del desarrollo económico local, la competitividad, la descentralización y el medio ambiente. En esta visión, lo rural se entiende como un conjunto más allá de lo agropecuario, refl ejando un modo de vida. Otras corrientes han desarrollado el enfoque de la multifuncionalidad de la agricultura, intentando hacer énfasis en otras nuevas fuentes de empleo, así como en las tareas, valores y visiones que se dan hoy en el ámbito rural.

El sector agropecuario ha estado marcado por una visión desde la oferta, donde el enfoque central ha sido producir sin vincular la producción con las posibilidades del mercado. Actualmente, se comienza a comprender la relevancia de una visión orientada al mercado en las actividades agropecuarias. Sin embargo, todavía para los productores agropecuarios tradicionales, hay difi cultades para asumir el hecho de que crecientemente son el mercado y sus agentes quienes tienen el peso decisivo en la determinación de las tendencias, oportunidades y restricciones que enfrentan los pobres rurales.

Esta limitada visión ha conllevado la desvinculación de las acciones orientadas a la trasformación productiva de aquellas que apuntan a las reformas de las instituciones rurales y a la necesidad de políticas diferenciadas para la pequeña agricultura. En particular, se han tenido difi cultades en adecuar las políticas y estrategias centrales a las potencialidades y restricciones específi cas que presenta cada localidad.


Las zonas rurales en República Dominicana han sido las menos favorecidas por la prosperidad económica. Los cambios ocurridos en la economía dominicana han implicado una nueva forma de inserción en la economía mundial donde nuevos renglones han sustituido a la agricultura como la fuente más dinámica de la actividad económica, como es el caso de las zonas francas o el turismo.

Todavía la pobreza tiene mayor impacto relativo en la vida rural que en la urbana. Según las estimaciones del Banco Mundial, “la incidencia de la pobreza rural en 2004 era 21 puntos porcentuales más alta que en las zonas urbanas, mientras que la tasa de pobreza extrema era 13 puntos mayor”.134 Sin embargo, en las ciudades vive una mayor cantidad de pobres como consecuencia del crecimiento poblacional urbano. En la ponencia presentada por Isidoro Santana en este mismo Foro, se perciben claramente las diferencias existentes entre los ámbitos urbanos y rurales, la incidencia de la pobreza y la insatisfacción de necesidades en el sector rural.

Adicionalmente, las transferencias del sector agrícola hacia las actividades urbanas no agrícolas (vía control de precios, impuestos a las exportaciones, etc.) reducen la capacidad de inversión a largo plazo del sector agrícola y, por ende, su habilidad para crear oportunidades de trabajo. A esto se agrega la existencia de actividades más rentables y menos riesgosas en otras esferas de la economía, lo cual no permite estimular las inversiones hacia el sector rural. En realidad, si no se logran compensar los riesgos de la actividad agropecuaria y las diferencias de rentabilidades con otros sectores, las posibilidades de captar recursos fi nancieros por el sector agropecuario serán limitadas.

Hay que considerar que pese a que la economía rural actual está inserta en el proceso de globalización, es el sector con mayores limitaciones para articularse a las disciplinas comerciales y es la fuente de enfrentamiento más fuerte entre las corrientes de apertura y las de protección. Sin embargo, el proceso de apertura mundial crece, el comercio y los mercados de capitales están articulados globalmente, operando siempre y a cualquier distancia, se diluyen las fronteras y las distinciones entre los mercados locales, regionales, nacionales y globales. La infl uencia de esta apertura marca el rumbo de la dinámica agrícola, y la capacidad de los gobiernos nacionales para orientar su propia economía, se ven limitadas.

Por otro lado, esta situación incrementa la necesidad de mejorar la gestión de los gobiernos locales de cara a impulsar políticas que fortalezcan la capacidad de las economías rurales para competir globalmente.

Tipología de productores y familia rural

La agricultura es una actividad relevante en la economía nacional aún cuando haya perdido participación en el Producto Interno Bruto (PIB), ya que los productores y las familias de agricultores constituyen parte importante de la población dominicana y del uso del espacio rural.


La agricultura dominicana opera en un esquema dual, donde existen una agricultura empresarial comercial y otra agricultura campesina de subsistencia. La agricultura campesina de subsistencia, aunque sus aportes al ingreso total del productor son muy limitados, está también orientada al mercado, ya que la mayor parte de su producción se destina a éste, pero tiene una capacidad muy limitada de capitalización a causa del pequeño tamaño de sus unidades productivas y de sus bajos niveles de desarrollo tecnológico.

En República Dominicana, la “pequeña agricultura” representa la de mayor cobertura en cuanto a número de productores involucrados y en cuanto al tipo de rubros producidos. Del total de productores agropecuarios, el 64% tiene una propiedad inferior a 50 tareas (3.1 hectáreas). Estos productores poseen apenas un 12% del total de las tierras135.

La pequeña propiedad se distribuye en todo el territorio nacional, ya que en todas las regiones, los productores con menos de 50 tareas representan más del 50% del total de productores. Pese a esto, se observa una mayor concentración de la pequeña propiedad en las regiones Norte, Norcentral, Noroeste, Nordeste y Suroeste.

La agricultura familiar se desarrolla en condiciones donde es difícil separar las actividades del hogar de las de carácter productivo, siendo ésta al mismo tiempo, una unidad de consumo (la familia) y una unidad de producción (la fi nca o parcela). Esta agricultura utiliza fuertemente el trabajo familiar, aunque puede incorporar trabajo asalariado en diferentes momentos en la medida que va moviéndose hacia una actividad comercial o empresarial. Obviamente, es una producción que se destina al mercado aunque tiene diversos niveles de autoconsumo.

Cuadro 18Distribución regional de la pequeña propiedad agrícola, 1998

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura (SEA). Registro Nacional de Productores Agropecuarios, 1998. 1 hectárea = 15.9 tareas


La familia es la unidad social y productiva principal. Sus valores centrales de convivencia son la independencia (no asalariarse), la reciprocidad y la solidaridad. El trabajo familiar no remunerado se convierte en la base de su subsistencia.

Agricultura y reforma agraria136

República Dominicana llevó a cabo un proceso de reforma agraria que procuró, entre otras cosas, consolidar a la pequeña propiedad agraria como parte importante del sector rural, justo en el tiempo en que se impulsaban políticas nacionales que favorecían el desarrollo industrial y el proceso de urbanización. No obstante, este proceso de reforma agraria contribuyó a consolidar una importante franja de pequeños productores en los “asentamientos de la reforma agraria”, los cuales son parte importante del proceso de consolidación de la familia rural y de la agricultura familiar. Un dato relevante que refl eja la importancia de la reforma agraria en el proceso de consolidación de la familia rural, es el hecho de que el 20% del total de productores agropecuarios identifi cados en el Registro Nacional de Productores Agropecuarios son parceleros de la reforma agraria137.

Gráfi co 30Participación de la producción total de ciertos productos provenientes de asentamientos de la reforma agraria, 2004-2005

Fuente: Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), Diagnóstico del Sector Agropecuario, 2005, Instituto Agrario Dominicano (IAD), Cuadro de las principales Variables Estadísticas Ejecutadas por el IAD en 2004-2005

El sector de reforma agraria fue fundamental en el proceso de producción agrícola orientada a suplir los bienes-salarios que reclamaba la política de desarrollo industrial con bajos salarios, para lo cual los alimentos tenían que estar disponibles al menor precio posible. La producción agropecuaria basada en la unidad familiar era esencial


en este proceso. Los datos de participación de los asentamientos de reforma agraria en la oferta nacional indican claramente la alta concentración de la reforma agraria en la producción de arroz, donde aporta más del 40% de la producción nacional.

Impacto del DR-CAFTA en el sector rural

La incorporación de República Dominicana al DR-CAFTA constituye la decisión nacional de política comercial más importante de los últimos tiempos, ya que Estados Unidos constituye el principal socio comercial del país y un gran productor agropecuario. El proceso de apertura que implica el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, por sus siglas en inglés) tendrá importantes implicaciones para el país y su agricultura, no sólo en términos comerciales, sino también en términos institucionales.

La entrada en vigencia del DR-CAFTA constituye uno de los grandes retos que tiene la agricultura dominicana en el futuro. Al mismo tiempo, es una oportunidad para poder continuar los esfuerzos orientados a promover la diversifi cación de la oferta agropecuaria. En cuanto a las implicaciones institucionales, la entrada en vigencia del mismo, conllevará mayores niveles de disciplina en las relaciones comerciales, en las normas productivas e incluso en la gestión económica del país.

Bajada de precios de bienes y servicios

Otra de las implicaciones que se espera es que los precios de los bienes y servicios disminuyan. El acuerdo eliminaría las barreras a las importaciones de todo tipo y, por tanto, la competencia entre los productores nacionales y extranjeros abarataría los precios. La entrada en vigencia del acuerdo tendrá diversos efectos sobre la economía rural, comenzando con cambios en los precios de bienes e insumos, y, eventualmente, en los precios del trabajo y la tierra agrícola.

Para muchos productos agrícolas que compiten con importaciones se anticipan caídas de precios que reducirían la rentabilidad del productor agrícola y reducirán la demanda de trabajo, llevando fi nalmente al cambio hacia otros productos, en la medida que sea posible. Los menores precios a su vez reducirían el costo de vida del consumidor en general y, por esa vía, moderarían el impacto negativo en el productor y en los obreros rurales.

Aunque el bienestar de los habitantes rurales como consumidores se elevaría por las bajas de precios de alimentos, los ingresos netos podrían reducirse en tal magnitud que no alcance para adquirir mayores niveles de consumo. Este escenario es concebible tanto para productores de bienes importables como para sus obreros. Los productos importables representan más de la mitad del valor actual de la producción agropecuaria y en ellos se anticipan presiones hacia la baja de sus precios138.


Mercado de la tierra

Otro impacto del DR-CAFTA es que podría conducir a un aumento en el valor de la tierra en la medida en que se desarrolle un mercado de este bien. Esto permitiría una mayor movilización de recursos fi nancieros hacia el sector rural, al mismo tiempo que contribuiría a una mayor efi ciencia de la actividad agropecuaria, ya que los productores más efi cientes serían los que podrían invertir en tierras que requieran cada vez mayor inversión.

Importaciones dominicanas de productos agropecuarios

Los productos del sector agropecuario fueron clasifi cados en diferentes canastas, las cuales están sometidas a diversos procesos progresivos de desgravación arancelaria, que pueden comenzar desde la entrada en vigencia del acuerdo hasta 20 años después.

Además de las canastas, República Dominicana ha establecido cuotas de importación para proteger, por un tiempo máximo de 20 años, los productos de consumo y producción local que presentan mayor sensibilidad a la competencia internacional. Las cuotas fueron establecidas tomando en consideración la rectifi cación técnica que se negoció con la Organización Mundial de Comercio (OMC). Los productos como el arroz, los muslos de pollo y la leche en polvo tienen cuotas por 20 años. El ajo, la habichuela y la carne de res y cerdo, tienen cuotas que van desde los 12 hasta los 15 años. Otros productos afectados por el régimen de cuotas de importación son el azúcar, la mantequilla, algunos quesos, los helados y el yogurt.

Exportaciones dominicanas de productos agropecuarios

Por otro lado, el impacto favorable del DR-CAFTA en los bienes exportables se limita a aquellos productos que tendrán mayores oportunidades de comercio; la mayoría de los bienes exportables no tendrán cambios en su acceso al mercado de Estados Unidos.

El DR-CAFTA benefi ciaría, de manera inmediata, a seis grupos de productos exportables de República Dominicana, sujetos a cuotas OMC en Estados Unidos, cuyo acceso sería aumentado a través de nuevas cuotas DR-CAFTA libres de arancel o mediante la disminución progresiva del arancel sobre-cuota OMC. Las nuevas cuotas DR-CAFTA son para carne bovina, azúcar, quesos, leche evaporada o condensada, helado y otros lácteos. Estados Unidos no abrirá cuotas DR-CAFTA para maní, mantequilla de maní, algodón ni para tabaco, pero el arancel sobre-cuota OMC disminuiría progresivamente hasta desaparecer hacia el año 15. Tampoco habrá cuotas para leche en polvo, mantequilla, leche fl uida y crema, pero su arancel sobre-cuota se elimina en los años 11 a 20.

Estados Unidos aplicará medidas de salvaguardia139 a algunos productos como la leche, los productos lácteos y el algodón, pero no aplicará esta medida a las importaciones de tabaco.


Quince años después del inicio del acuerdo habrá libre acceso al mercado estadounidense para carne bovina, maní, mantequilla de maní, algodón y tabaco. Las exportaciones de estos cuatro productos han sufrido por falta de acceso al mercado de Estados Unidos y su producción, muy probablemente, crecerá cuando el acuerdo entre en vigencia. El maní y el algodón fueron importantes en la producción nacional, pero casi desaparecieron por causa de los subsidios internacionales que deprimieron los precios de venta. En veinte años habrá libre acceso para productos lácteos y, en adelante, sólo quedarán el azúcar y el etanol sujetos a restricciones cuantitativas de acceso al mercado de Estados Unidos.

La excepción del azúcar es signifi cativa, considerando que Estados Unidos no concede libre mercado para edulcorantes, mientras que República Dominicana y Centroamérica sí lo hacen. Además, cuando reintrodujo la cuota azucarera en 1982, Estados Unidos redujo signifi cativamente el acceso del azúcar exportada por República Dominicana y Centroamérica. En contraste, el jarabe o sirope de maíz, rico en fructosa, un sustituto del azúcar, estará sujeto a salvaguardias con un pequeño volumen de activación, pero en quince años estará libre de arancel.

Los productos importables recibirán cada vez menos protección a través de reducciones de los aranceles ordinarios y de los aranceles adicionales de salvaguardias, así como del aumento de las cuotas de importación libre de arancel.

Oportunidades

Otro impacto esperado de la puesta en vigencia del tratado es que podría conducir a un mayor dinamismo de las exportaciones no tradicionales, fortaleciendo una tendencia que se inició antes del tratado, pero que con el mismo debería profundizarse. Para aprovechar estas oportunidades será necesario modernizar los sectores, ya que éstas requieren de inversión privada, tecnologías modernas e integración estratégica.

En base a los estudios que se han realizado sobre el impacto del DR-CAFTA, se espera que algunos productos aprovechen estas oportunidades, como las frutas y los vegetales; otros tendrían que desarrollar acciones importantes para aprovechar las oportunidades y algunos se verían fuertemente amenazados.

Según las posibilidades que tienen los productos nacionales frente al DR-CAFTA, se los puede clasifi car en:

• Dinámicos: frutas y vegetales (hortalizas).• Rezagados (perdedores netos): granos básicos como arroz, habichuelas,

y maíz.• Con ventajas competitivas: café, cacao, y tabaco en mercados especiales

(orgánico, comercio justo).• Con fuertes limitaciones: productos pecuarios.


Otra de las implicaciones de la entrada en vigencia del DR-CAFTA es la expansión de las actividades rurales no agrícolas, debido a los siguientes factores:

• Modernización de las cadenas agroempresariales.• Mayor integración (transporte, distribución).• Aumento del comercio (agroquímicos, semillas, frigorífi cos,

supermercados).• Aumento del uso de los servicios fi nancieros (tarjetas de crédito, banca

virtual).• Aumento de las aplicaciones biotecnológicas.• Aumento de la participación de las empresas locales (posicionamiento

en nichos específi cos tales como turismo rural, artesanías, servicios especiales de transporte), para lo cual se necesita crear un clima de negocios y mecanismos innovadores como las alianzas estratégicas con empresas grandes nacionales y/o extranjeras.

De igual forma, otra de las implicaciones importantes sería la posibilidad de cambio/sustitución de los modelos de cultura/consumo nacionales, como sería la sustitución de alimentos simples (granos básicos, ganadería intensiva) hacia alimentos con mayor proceso industrial. Esto se debe al crecimiento de las comidas rápidas, al proceso de urbanización, a la transnacionalización del sector agroindustrial, así como a la difusión de estos patrones y modas vía televisión, cine, e Internet.

Sobre importaciones agropecuarias

República Dominicana es el octavo importador de maíz y el quinto de soya y sus derivados provenientes de Estados Unidos. Este crecimiento de las importaciones y el cambio en los productos importados son indicadores de los cambios que han ido ocurriendo en los patrones de consumo a través del tiempo. Esto crea importantes interrogantes sobre la seguridad alimentaria en el marco de un proceso de apertura, lo cual debe ser considerado en la defi nición de las políticas públicas.

Sobre las exportaciones agropecuarias

Otro aspecto del sector agropecuario dominicano es que ha perdido dinamismo e importancia en las últimas décadas; actualmente, es tan sólo el quinto sector del país en volumen de generación de divisas representando un 2% del volumen total. Con la puesta en vigencia del DR-CAFTA se abre una amenaza, pero también una oportunidad, con respecto las exportaciones del sector agropecuario.

En el volumen de aporte de divisas, los principales productos exportados son el azúcar con un 37% del valor de las divisas generadas por el sector agropecuario, el guineo con un 16.4% y el cacao con el 15.3%. Es de resaltar la importancia creciente en las exportaciones agropecuarias de productos no tradicionales como el mismo guineo o el aguacate, los frutos y vegetales o el coco seco.140 De todos éstos, el azúcar es el único producto protegido a través de la rectifi cación técnica.


¿Cuáles son los desafíos?

Varios factores han contribuido141, en distinta medida, al subdesarrollo de la agricultura en la mayoría de los países en desarrollo. Se destacan principalmente dos:

• El sesgo de las políticas internas contrario a la agricultura. • El alto grado de distorsión producido en los mercados mundiales de

productos agropecuarios por la protección y las subvenciones a ese sector en muchos países desarrollados.

Aunque se han realizado progresos en ambas esferas en los últimos años, todavía queda mucho por hacer. Los países en desarrollo tienen una oportunidad crucial en las actuales negociaciones de la OMC sobre la agricultura, dado que en ella se determinará principalmente si se han realizado reformas signifi cativas en relación con esas cuestiones.

El segundo factor clave que limita el potencial agrícola de los países en desarrollo es el grave problema que representan los altos niveles de subvenciones y de protección proporcionados a la agricultura en el mundo desarrollado. Esta realidad perjudica a los países en desarrollo de diversas maneras. La ayuda interna a la agricultura fomenta la superproducción que, a su vez, aumenta los suministros de los mercados mundiales (reduciendo la demanda de importación o aumentando los suministros de exportación) y hace bajar los precios mundiales. La baja de los precios hace más difícil que los productores de los países en desarrollo puedan competir en sus mercados internos, así como en los mercados internacionales, con lo que disminuyen los incentivos para la producción y se retarda el desarrollo del sector agropecuario.

Estudios realizados142 sobre el comportamiento del sector agropecuario dominicano coinciden al señalar que su defi ciencia obedece a causas internas y externas. Entre los factores internos, cabe mencionar:

• La desarticulación de la política sectorial.• La inefi ciencia institucional en la ejecución de proyectos de desarrollo

agropecuario y forestal.• La baja productividad de algunos rubros debido a la falta de innovación

tecnológica, al alza de los precios de los insumos y a la vigencia de precios pocos remunerativos.

• El deterioro de los recursos naturales y del patrimonio, la reducción de la cobertura forestal y la salinización de los suelos irrigados.

• Los impactos negativos de las políticas macroeconómicas143 implementadas en el país durante los últimos tres decenios.

En cuanto a los factores de orden externo, podemos citar: • Las caídas de los precios internacionales de los productos tradicionales

de exportación (café, cacao, azúcar y tabaco) y de los no tradicionales (cítricos).


• El incremento de los precios de los insumos importados.• La competencia desleal por la importación o donación de productos

subvencionados en sus países de origen.• El proteccionismo de los países desarrollados.

Según Linares, (1998)144, la causa principal de la pérdida de dinamismo del sector agropecuario parece residir en la profunda crisis de la agricultura campesina, inducida por la internacionalización de los mercados agrícolas, la creciente inestabilidad de los precios y la falta de capital y de capacitación. Estos factores son, en mayor grado, los elementos constitutivos de la escasa interrelación que existe entre las agroindustrias y el sector agropecuario. Dicha crisis es un circuito perverso, generando mayores contingentes de la población rural hacia las ciudades y, consecuentemente, el aumento de las poblaciones urbanas.

República Dominicana tiene una geografía diversa en tipos de suelos y microclimas. En general, se puede afi rmar que el país dispone de una rica biodiversidad que abre el abanico de posibilidades de producción tropical dentro de un territorio relativamente pequeño.

El entorno internacional presenta grandes desafíos para los productos agroalimentarios. En la actualidad, y como parte de una tendencia mundial, los mercados de productos agroalimentarios se caracterizan por niveles crecientes de competencia, debido a un bajo crecimiento del comercio agrícola en su conjunto y a la alta protección vigente en los países desarrollados.

El cambio en la estructura del comercio agrícola muestra un escenario que combina oportunidades atractivas con amenazas y riesgos importantes. Lo que se vislumbra, es un mayor dinamismo asociado a productos de alto valor, así como la declinación sostenida en productos agrícolas tradicionales y una revalorización de los productos energéticos.

La política agropecuaria del país deberá orientarse a resolver dos problemas seculares de la agricultura dominicana y que adquieren mayor relevancia en el marco del actual proceso de apertura, que son: aumentar la competitividad de la actividad agropecuaria y promover el desarrollo con equidad en el sector rural.

Sobre la estrategia de desarrollo rural

Las discusiones sobre la conveniencia o no de la liberalización de los mercados han relegado a un segundo plano la discusión de una agenda nacional para el desarrollo del sector agropecuario y del sector rural. Esto, obviamente, es lo fundamental para la agricultura dominicana y la vida rural en el largo plazo, a fi n de crear una agricultura que mejore el desarrollo del sector rural y que sea efi ciente, competitiva, sostenible y promotora de la equidad. Entre los aspectos que esta estrategia debe incluir están:


• Sistema nacional de sanidad e inocuidad para poder exportar carnes de pollo y res, y vegetales, entre otros.

• Programas de transformación y modernización de la producción agroalimentaria.• Reforma y modernización institucional.• Programas de buenas prácticas agrícolas y de búsqueda de nichos.• Programas de alianzas para promover la inversión en el campo.• La creación de servicios para generar empleos no agrícolas rurales, como

por ejemplo, agroturismo, ecoturismo o turismo de aventura.


José Horacio LópezConsultor en temas agrícolas y rurales

Marco de intervenciónpública en lo rural


La defi nición de “lo rural” se tropieza con muchos obstáculos de naturaleza conceptual. Buscando su signifi cado se suele armar una madeja sin cuenda de términos relacionados como campo, agricultura, agrarismo, naturaleza145. En fi n, un sinnúmero de aproximaciones que pocas veces permiten una descripción. Otras tantas veces, lo rural se defi ne por características más bien accidentales como serían la pobreza, la escasez de servicios públicos, el aislamiento…; atributos todos que son perfectamente circunstanciales, a lo sumo, expresiones particulares de la zona rural en contextos del mundo subdesarrollado.

Pero si lo rural es conceptualmente difuso, políticamente ha sido un territorio muy poco maleable, cuyas instituciones tradicionales han resultado difíciles de vulnerar a pesar de ser uno de los espacios privilegiados por el clientelismo de los políticos. Las sociedades locales con frecuencia han resultado un nudo de resistencia frente a los proyectos promovidos por el Estado moderno, de modo tal que las políticas públicas suelen encontrar en el campo un terreno muy poco fértil para las iniciativas nacionales. Se trata de un territorio que con frecuencia se observa como la frontera interna donde se desvanece la efi cacia del accionar público.

Lo rural como interregno del Estado

La torpeza del Estado moderno para lidiar con el campo, no signifi ca que las zonas rurales hayan podido neutralizar la intervención pública. Tampoco sugiere unos terrenos con dinámicas autónomas al margen del resto de la sociedad. Lo que expresa es una relación compleja, que ha exigido una intensidad de las políticas a implementar con resultados a veces pírricos, evidenciando altos niveles de inefi ciencia. Siguiendo a Gramsci146, con su fi gura del minotauro, se puede entender que ha sido una realidad que ha exigido más el uso de la fuerza que del consentimiento.

Las razones para la inefi ciencia estatal en el campo responden a muchos vectores. Entre ellos hay algunas limitaciones de naturaleza estructural que caracterizan las dinámicas campesinas, que no encajan a plenitud en el engranaje social de las sociedades modernas147.

Para iniciar la revisión de algunas de las referidas limitaciones veamos la precariedad del funcionamiento del mercado en las zonas campesinas. Como se


sabe, el mercado es la institución social por excelencia utilizada por el Estado capitalista para asignar recursos, pautar la producción, normar la circulación de bienes, entre muchos otros roles que trascienden la esfera económica.

Al margen de las explicaciones de la economía clásica, del neoinstitucionalismo, de los estructuralistas o de los neoliberales, existe un consenso en que los mercados rurales operan como mercados imperfectos148. Los altos costos de transacción, la asimetría de la información, la presencia de oligopsonios149, el intercambio desigual o la concentración de la tierra, son algunos de los múltiples razonamientos que, desde las diversas escuelas, han querido explicar el inadecuado funcionamiento del mercado en el campo.

Otra de las atipicidades del campo está referida con la agricultura. El cultivo de la tierra sigue teniendo un peso determinante en la dinámica de las sociedades rurales, aún sin menospreciar la diversidad de actividades industriales y de servicios existentes.

La agricultura, a pesar de los avances para domesticar la naturaleza, sigue siendo una actividad económica con dependencia del ciclo biológico, por lo que permanece expuesta a un ritmo, a una estacionalidad y a fenómenos atmosféricos y bióticos no controlados por el ser humano. Esto provoca dos efectos: por un lado, suele existir un desfase entre la respuesta del mercado y los estímulos de los incrementos de precios150; por otro lado, la imposibilidad de ajustarse a patrones industriales precisos plantea retos difíciles de superar a la hora de realizar programaciones y proyecciones de la oferta. Esto provoca un desequilibrio típico en el mercado de bienes agrícolas. El resultado es que mientras la oferta de bienes agropecuarios sufre cambios bruscos de una campaña a otra, la demanda de los consumidores tiene tendencia a ser inelástica.

Otra limitación de la agricultura para someterse por completo a la lógica de producción del mercado lo constituye que el recurso principal (la tierra) es el capital no transable151 por excelencia. El capital fi nanciero no tiene fronteras, la tecnología se difunde, la mano de obra migra, el conocimiento se universaliza; pero el suelo seguirá siendo un activo fi jo de forma inalterable.

De igual manera, se puede destacar la dispersión de la población campesina como otra de las causas del torpe desempeño de las políticas públicas, tal y como se conciben en los Estados modernos. Se da por descontado que resulta más costoso y difícil garantizar una buena cobertura de salud, educación, energía, agua potable o transporte, a comunidades con baja densidad poblacional, ante la pérdida de economías de escala que se logran en los centros urbanos con alta concentración poblacional.

Cuando se busca el uso más efi ciente de los recursos invertidos en la administración del presupuesto público se suele operar con una racionalidad que


busca ampliar la intensidad de la cobertura, en contra de la expansión de la misma. Se persigue llegar a la mayor cantidad de personas por peso invertido, propiciando exclusiones y marginaciones hacia las zonas con menos densidad poblacional. La centralización en el Estado como garante de atenciones que, en otras formaciones sociales eran responsabilidad comunitaria, ha propiciado inequidades y desequilibrios espaciales en el acceso a servicios básicos.

Por otro lado, el uso tan extendido de mano de obra familiar diluye el impacto de las regulaciones del mercado laboral en el campo. Así los aspectos referidos a los derechos de los obreros, la organización sindical, la fi jación de salarios mínimos, entre otros instrumentos válidos para garantizar condiciones de trabajo dignas, resultan con frecuencia inefi caces. Incluso en otras modalidades de explotación como de aparcería o con jornaleros temporales, siempre ha representado dolores de cabeza la plena cobertura de la protección social de los trabajadores del campo.

Situación similar se presenta con las políticas monetarias que tan versátiles resultan en las economías dinámicas. La estrategia campesina del ahorro en especie resulta inmutable frente a decisiones macroeconómicas de subir la tasa de interés o depreciar la moneda. Aún la ecuación que iguala ahorro a inversión a través de la intermediación de la banca pierde sentido en este contexto. Aún más, el ahorro en especie viene a sustituir la ausencia de un sistema de seguridad social frente a situaciones imprevistas.

Lo propio se observa con la racionalidad de los sistemas de producción. Mientras las empresas campesinas tienden a disminuir la exposición a las vulnerabilidades y los cambios bruscos del entorno152, las empresas capitalistas buscan la maximización de las utilidades. Mientras unos disminuyen el riesgo diversifi cando sus actividades, otros son tomadores de riesgos para maximizar sus benefi cios153. Estas lógicas productivas, en ocasiones opuestas y casi siempre divergentes, han hecho fracasar innumerables iniciativas impulsadas con el interés de dinamizar las sociedades rurales.

En los países desarrollados, así como en los países pobres, el espacio rural se ha convertido en un terreno de desaciertos. En los primeros se manifi esta en un envejecimiento de la población y en un despilfarro de subsidios con el interés de sostener de forma artifi cial una realidad ajena, mientras que en los segundos se expresa en unos niveles de pobreza lacerantes unidos a traumáticos procesos migratorios. En ambos casos, es la evidencia de contradicciones de una sociedad donde lo sintético, intenso y efímero se ha convertido en el santo y la seña del futuro.

La idílica propuesta de Machu Pichu, ciudadela utópica donde se integran en armonía la zona agrícola con la residencial, en un mismo asentamiento humano queda como legado de una realidad inaccesible en la situación actual.


Políticas del Estado dominicano para el mundo rural dominicano: entre la exacción y la inacción

República Dominicana es uno de tantos ejemplos de la jornada épica lanzada desde el Estado para transformar la realidad del campo. Se trató, sin duda, de un esfuerzo de los grupos dominantes locales y extranjeros con el interés de hacer fl orecer el “progreso” en los agrestes lugares de la campiña154.

La élite imperante, con el infl ujo y, muchas veces, dominio de poderes extranacionales, inscribió su accionar en el de la corriente hegemónica en occidente bajo la impronta de la ilustración y el positivismo. Así se creó un consenso alrededor de la necesidad de superar el atraso en base a una estrategia de urbanizar a nuestras sociedades. Este precepto suponía no sólo transformar los asentamientos humanos en pueblos y ciudades, sino transformar la cultura, la producción, la racionalidad y la vida cotidiana de nuestros países.

De ahí que la primera odisea republicana consistió en revertir la realidad del campo, partiendo de una dramática lectura que pervive en la actualidad. No es casual que al día de hoy, una de las acepciones del término rural que nos ofrece la Real Academia de la Lengua es “inculto y tosco”. Como tampoco resulta accidental el éxito que signifi có la publicación del “Manual de Urbanidad”, de Manuel Carreño, marcando desde mediados del siglo XIX las pautas de una nueva civilización alejada de los modales y valores incivilizados imperantes en la mayoría de la población155.

En ese contexto de prejuicios, donde el fi n último ha sido superar, o por lo menos negar lo rural, se moldea el Estado dominicano y sus instituciones. Se diseñan un conjunto de políticas en correspondencia con la necesidad de intensifi car los procesos productivos para la generación de excedentes alimentarios, liberalizar mano de obra para las industrias urbanas y convertir una población mayoritariamente campesina en consumidores, para garantizar el fl orecimiento del mercado interno.

La medida de mayor impacto en la construcción del nuevo paisaje rural lo constituye la imposición del Sistema Torrens156 de ordenamiento agrario. De un régimen de propiedad inmobiliaria, basado mayormente en la posesión, el usufructo y en la legitimidad comunitaria, se pasa a un orden jurídico donde la tierra es en principio del Estado y es frente a las instancias ofi ciales donde se reclama su propiedad.

El nuevo régimen agrario basado en este sistema, que inició su instauración con la Orden Ejecutiva 511 durante la ocupación norteamericana y fue asumido defi nitivamente en la Ley 1542, de 1947, sirvió para legitimar una secuencia de despojos, mediante el fraude, la falsifi cación y el engaño a familias de agricultores, que desconocían por completo las intríngulis del nuevo sistema imperante. El registro de títulos y el catastro establecido dio pie a que ofi cialistas, burócratas, políticos y oligarcas tomaran control de las mejores tierras del país o legitimaran su posesión


irregular. A esto se le añaden acciones de expropiación utilizando los mecanismos represivos del Estado que llegaron a hacerse extensivas durante la dictadura de Trujillo.

Habiendo desatado una transformación radical en la estructura de la tenencia de tierra, alterando de forma signifi cativa la base de sustentación de las comunidades campesinas157, se sucedieron otras políticas desventajosas para los/as agricultores/as. Entre ellas se destacan, desde mediados del siglo pasado, las que estuvieron vinculadas a la industrialización sustitutiva de importaciones. Este modelo se ha reconocido como un prototipo de intervención pública con un reconocido sesgo antirural. Asociado a su impulso en América Latina, se observó el mayor fl ujo migratorio del campo a la ciudad y la emergencia de las fabelas y cordones de miseria en las principales urbes de la región158.

La crisis generada por políticas de control de precios, sobrevaluación de la moneda, depresión de los precios de los bienes básicos (commodities) en el mercado mundial, unidas con un creciente intercambio desigual entre los bienes de consumo urbanos y rurales, provocó una nueva propuesta formula hacia el campo dominicano. Se trata de la agroexportación no tradicional impulsada en el país en el inicio de la década de los ochenta del siglo pasado.

La propuesta vino impulsada por la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), que marcó una nueva inserción de República Dominicana en la economía mundial159. De la misma forma que se crearon las condiciones para la promoción de las zonas francas y el turismo como ejes dinámicos de la economía, asimismo el modelo supuso un nuevo impulso a la penetración de las transnacionales en el país.

En respuesta a esta nueva estrategia se vieron llegar inversiones de renombradas empresas multinacionales, así como importantes capitales locales se dispusieron a desarrollar proyectos de agroexportación de productos no tradicionales como camarones, melones, piñas, fl ores, algodón, entre otros.

Esta ambiciosa iniciativa constituyó el último proyecto con pretensiones de transformación del espacio rural dominicano. Ya a mediados de los noventa casi todos los proyectos se habían retirado, iniciándose un extraño proceso de “nacionalización” del campo dominicano. A partir de ese momento, nos enfrentamos a una pérdida de importancia relativa en la cual la clase dirigente del país perdió la perspectiva y la fe en el espacio rural. Lo propio ha ocurrido con el sector público, lo cual se ha expresado en una pérdida de liderazgo en el sector productivo del campo.

Estrategias e instituciones con mayor incidencia en el campo dominicano

La revolución verde fue el paradigma seguido por el Estado en su proyecto modernizador de las relaciones sociales y de producción en el campo. Para


dar respuestas a las demandas de la renovación productiva, se creó un soporte institucional especializado en proveer los requerimientos tecnológicos. Para garantizar el suministro del riego, tal como lo demandan las variedades mejoradas, se constituyó el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI). De igual manera, la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) creó el Programa de Servicios y Maquinarias (PROSEMA), para facilitar los tractores y las maquinarias requeridos. También el Centro de Venta de Materiales Agropecuarios (CEVEMA), para la distribución de los insumos (fertilizantes, herbicidas, fungicidas, entre otros)160.

La modifi cación que signifi caba el cambio de un modo de producción casi natural por uno intensivo en agroquímicos, junto con el desplazamiento de la tracción animal por el uso de maquinarias, signifi có una modifi cación importante en la función de producción. Supuso una pérdida relativa del peso de la mano de obra sustituida por una mayor necesidad de capital. Para suplir los requerimientos de capital demandado por el nuevo paradigma productivo, se funda el Banco Agrícola cuya misión es garantizar el fi nanciamiento requerido por los productores.

De la misma manera, los nuevos paquetes tecnológicos demandaban capacitar a los agricultores en densidades de siembra, las dosifi caciones, formulaciones y el conjunto de prácticas culturales de la revolución verde. Para ello, se fortaleció el programa de Extensión y Capacitación que durante años consumió una de las principales partidas del ministerio.

Lo propio ocurrió con la investigación, la cual contó con el Departamento de Investigación de la SEA. Esta instancia focalizó su accionar en las nuevas tecnologías, dejando a un lado las simientes mejoradas por años por la sabiduría campesina y el conocimiento tradicional de los/as agricultores/as.

Otra de las instituciones que sirvieron para ejecutar la política del Estado en el campo fue el Instituto Agrario Dominicano (IAD). A dicha institución le tocó el rol más sofi sticado en el tinglado de ejecutorias públicas que caracterizaron la intervención pública en la zona rural: la administración de la reforma agraria, garantizando la distribución de la tierra a miles de parceleros. Sin embargo, su impacto nunca fue de tal magnitud que revertiera el inequitativo acceso a la tierra predominante en el país.

Al mismo tiempo, esta institución garantizaba la subordinación de la agricultura a las dinámicas no campesinas, ya sea mediante el dominio de la tecnología de capital intensiva o mediante la especialización de la producción para el mercado. Mientras, por un lado, el IAD permitía una disminución de las contradicciones sociales en el campo, por el otro, fomentaba la pérdida del control de la base productiva de los agricultores. Suponía una intervención que fomentaba la dependencia y el paternalismo estatal, y la articulación desventajosa de estos sujetos al mercado.


Un balance de la estrategia de intervención pública, ya sea vía el accionar institucional o a través de la implementación de políticas, permite llegar a las siguientes conclusiones:

1. El Estado ha utilizado su plataforma institucional y burocrática como mecanismos de cooptación del campesinado161. La debilidad de las organizaciones partidarias en el campo y la casi inexistente sociedad civil dejaron un vacío que fue utilizado por las instituciones públicas como brazo político al servicio de las autoridades de turno.

La situación puede resultar más evidente si se analiza que dos exsecretarios de Agricultura han sido presidentes de la República, y que personas que han sido titulares de la cartera con frecuencia son utilizados como acompañantes de boleta del candidato a la presidencia. Esta recurrente situación evidencia, por un lado, las difi cultades de los partidos para proyectar sus liderazgos citadinos hacia el interior del país y, por otro lado, el intenso proselitismo que acompaña el desempeño del jefe del gabinete agropecuario en la tradición política dominicana, lo cual le permite proyectarlo como una fi gura de arrastre fuera de los centros urbanos.

2. El objetivo inmediato para el diseño de la intervención pública ha sido suplir alimentos baratos a la población, principalmente a aquella de los centros urbanos, la cual vende su mano de obra, con frecuencia, en condiciones de sobreexplotación que ni siquiera le garantizan la reproducción de la fuerza de trabajo. La importancia asignada a la generación de divisas se ha debilitado, en tanto otras actividades como las remesas, el turismo y las exportaciones de las maquiladoras, asumen con relativo éxito ese rol.

En correspondencia con ese rol, hoy en día los precios de la canasta alimenticia son el indicador por excelencia del éxito de un buen secretario de Agricultura. Quizás la expresión más dolorosa de esa realidad se observa los días posteriores al paso de un huracán por el país. Mucho antes de ayudar a socorrer a las comunidades afectadas o antes de ir en auxilio de las familias damnifi cadas, salen las brigadas de la SEA distribuyendo semillas y material de siembra de ciclo corto para garantizar que haya alimentos en abundancia para los habitantes.

La gravedad de la situación es tal que meses después las familias campesinas viven una segunda devastación cuando los precios de los productos tienden a deprimirse por efectos de la masiva intervención pública para inducir la producción. Por suerte, en más de un sentido, esos fenómenos no ocurren sino de forma esporádica y su mención en este ensayo busca ejemplifi car de forma, acaso un tanto macabra,


que aún en situaciones extremas prevalece la visión de lo rural como abastecedor de comida.

3. A partir de la última década del siglo XX se evidencia la pérdida de fe de los grupos de poder de República Dominicana en las potencialidades del campo como generador de riquezas. El turismo, las comunicaciones, las zonas francas, la construcción o el comercio son los sectores que atraen inversiones y hacia los cuales se movilizan los proyectos, los ahorros y las expectativas.

Se puede ver que la ruralía es un punto agotado en la discusión nacional. Ya no despierta ilusiones en las esferas del poder y, más bien, se limita a reproducir su actitud de pasividad. La inercia se ha constituido en la fuerza de movilización, cuyo resultado político más cierto es la pérdida de liderazgo de las instituciones públicas destinadas a atender el campo.

Los sectores de mayor dinamismo en la agropecuaria en las últimas dos décadas (avicultura, producción orgánica, frutales y vegetales orientales162) son los que menos prioridad reciben en el gasto público y son los tomados menos en cuenta por las instituciones oficiales. El andamiaje burocrático evidencia anacronismo, agotamiento, trillando caminos recurrentes.

4. La pérdida de perspectiva nacional frente al tema no ha impedido algunos proyectos novedosos con financiamiento internacional. Se trata de iniciativas pertinentes cuya gran debilidad es su dependencia de recursos externos, que cuando se agotan, terminan dejando a la deriva los procesos iniciados.

Entre éstos, vale la pena destacar la transferencia del riego a los usuarios, emprendida con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial163. Una acción que ha contado con el apoyo de tres gobiernos sucesivos y que se enmarca dentro de una acertada estrategia de empoderar a los regantes en la administración, control y gestión del riego.

Otra iniciativa bien concebida es la del Proyecto de Apoyo a la Transformación Competitiva Agroalimentaria (PATCA), ejecutada mediante un préstamo del BID. Las acciones previstas en el área de sanidad vegetal, transferencia tecnológica y mejoramiento de las políticas comerciales se corresponden con una definición adecuada del rol que debería desempeñar el sector público en el interés de mejorar la eficiencia del aparato productivo nacional.


El famoso proyecto de los invernaderos, doblemente empañado tanto por el diseño sobredimensionado de las unidades como por la poca transparencia de su gestión, plantea un esquema de soporte apropiado para los retos del país. La realización del mismo se gestionó mediante un préstamo con el Deutsche Bank de España.

Todas estas acciones tienen en común la falta de voluntad de canalizar recursos internos para el campo. Evidencian la poca disposición de los gobiernos de invertir en el campo, de imponerse sacrifi cios fi scales para introducir innovaciones en sus ejecutorias agrarias.

5. Un caso digno de análisis lo representa el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), el cual se puede ver como el germen de lo que podría signifi car una nueva institucionalidad rural. Sin obviar las limitaciones que supone el trabajar en un medio político tan inhóspito como el descrito con anterioridad, a las cuales no se ha podido escapar por completo, el IDIAF representa un paso acertado, tanto desde el punto de vista tecnológico como de la metodología de trabajo, la profesionalidad en el manejo de los recursos humanos y la creación de una masa crítica de investigadores/as con un creciente respeto en sus respectivas especialidades.

La incidencia de los gobiernos locales (los ayuntamientos)

En las últimas dos décadas, el tema de la descentralización y el fortalecimiento de la vida municipal ha tomado un importante auge en el país. Uno de los principales impulsos para colocar el tema en la agenda nacional lo constituyó el Proyecto de Apoyo a Iniciativas Democráticas (PID), ejecutado por la Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) con fondos de la Agencia Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID, por sus siglas en inglés)164.

Junto al PID se abrieron otros foros en los cuales se generó una corriente de problematización en torno a la alta centralización política y económica de República Dominicana. Este movimiento encontró eco en los partidos políticos, lo cual resultó determinante para aprobar una nueva ley de fi nanciamiento a los municipios.

Se han incrementado de manera sustancial los fondos destinados a los ayuntamientos, con lo cual se ha mejorado la capacidad de los cabildos de cumplir con sus responsabilidades. La asignación del gobierno central ha pasado de un 2% a un 8% del presupuesto nacional en un lapso de 6 años. Pero el aumento de los montos transferidos en términos absolutos ha sido mucho mayor, porque en ese período los ingresos públicos han aumentado en términos reales en un 167% (STP).


Este considerable incremento en los fondos públicos podría dar la impresión de que en República Dominicana se ha vivido un proceso de descentralización, al menos a nivel de inversión pública. Esa presunción contrasta con las cifras de algunos de los principales indicadores económicos165. El Gráfi co 32 muestra el comportamiento durante los últimos años de las captaciones de ahorros y colocaciones de préstamos de la banca formal. Las curvas se corresponden con el porcentaje de los totales nacionales.

El porcentaje de los ahorros captados en el área metropolitana ha tenido una estabilización en alrededor de 70%, indicando que siete de cada diez pesos ahorrados en el país se captan en el área metropolitana (Distrito Nacional y Santo Domingo). Si bien esta cifra es preocupante, de mucha mayor signifi cación resulta que de los préstamos concedidos en 2003, el 88% se haya realizado en el área metropolitana, exhibiendo un incremento de 13.5 puntos porcentuales desde 1993, año en que empieza a cobrar importancia el tema de la municipalidad en el país, hasta 2003.

Otro indicador utilizado para observar la distribución geográfi ca de la actividad económica son los impuestos captados. El Gráfi co 33 presenta la distribución porcentual de los impuestos internos pagados por los agentes económicos durante 2005.

Gráfi co 31Comportamiento porcentual de la movilización de ahorros en la Banca Múltiple en el área Metropolitana (Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo), 1993-2003

Fuente: Banco Central de la República Dominicana 2003


Si se analizara esta información por medio de la fuente impositiva arancelaria, la alta participación de la zona metropolitana se podría explicar por el hecho de que los principales puertos del país se ubican en las proximidades de Santo Domingo. Pero en el caso de los impuestos internos, éstos, sin duda, muestran de una forma directa la concentración de la dinámica económica.

Sin embargo, en torno al comportamiento de los préstamos como de los impuestos, puede alegarse que los datos expresan un sesgo porque las corporaciones y grandes empresas tienen su sede principal en el área metropolitana, realizando sus trámites y pagando sus impuestos en las ofi cinas que corresponden a esa demarcación, pero que sostienen actividades en todo el país. Si bien esto es cierto en muchos casos, también esa presencia dominante de las principales empresas en el país con su sede en dicha localidad evidencia el fenómeno que se pretende denunciar.

La realidad que se busca alertar con las estadísticas presentadas es la inconsistencia del contexto de descentralización en el país. Mientras el modelo económico reproduzca un patrón de concentración económica en una zona del país, el incremento en los fondos municipales tendrá muy poco impacto en la mejoría de la población no capitaleña y en el equilibrio territorial.

Otro fenómeno al cual hemos asistido en el país en los últimos años ha sido un inusitado auge en la creación de nuevos municipios y distritos municipales166. Las iniciativas tomadas en ese sentido deberían corresponderse con el interés de mejorar la administración de los asentamientos humanos. Se supondría que debería

Gráfi co 32Impuestos cobrados por la Dirección General de Impuestos Internos, 2005

Fuente: Dirección General de Impuestos Internos 2005


haber una relación estrecha entre la cantidad de nuevas demarcaciones creadas y la concentración poblacional.

El análisis de la cantidad de pobladores promedio por ayuntamiento evidencia que las provincias con los ayuntamientos más pequeños (con el promedio menor de habitantes) son aquellas donde existe un mayor índice de pobreza (Cuadro 19).

Se observa que de las diez provincias con mayor porcentaje de hogares pobres, ocho están entre las que tienen un promedio más bajo de habitantes por municipio. El punto aquí radica en que la atomización territorial propiciada por el Congreso Nacional ha sido propiciada con el interés de auspiciar mecanismos de asistencia social para las zonas más pobres. De forma implícita ha sido una modalidad, poco responsable tal vez, para canalizar recursos que lleguen hasta regiones remotas que de otra forma no se benefi ciarían de los subsidios mínimos que se le asignan a cada cabildo.

Otra debilidad de la manera como se ha venido impulsando el municipalismo en el país, afectando de forma particular las poblaciones no urbanas, es que a pesar de haberse mejorado el fl ujo de recursos no se han aumentado las exigencias ni los roles que deben desempeñar los gobiernos locales. La población sigue viendo a los síndicos/as como responsables de la recogida de basura, encargados/as de la iluminación pública y alguna obra de menor cuantía.

En lo referido a los servicios municipales para las áreas rurales, no se notan cambios signifi cativos. El alcalde pedáneo, con todo su espíritu macondiano, sigue siendo la institución por excelencia que vincula las secciones y los parajes a la

Cuadro 19Relación de incidencia de la pobreza y promedio de habitantes por municipio, 2005

Fuente: Focalización de la pobreza en la República Dominicana, Secretariado Técnico de la Presidencia y Ofi cina Nacional de Planifi cación, 2005


alcaldía municipal. Continúa siendo una fi gura premoderna que desempeña roles judiciales, paralegales, policiales, edilicios; en fi n, todo un compendio que sugiere el rezago del pasado de un soberano cuyo reino es la comarca.

En algunas de las ciudades mejores dotadas, los ayuntamientos han incorporado la recogida de basura en las áreas periurbanas. El servicio ha comenzado a operar, sobre todo, en zonas donde la red de carreteras y la construcción de residencias diluyen los límites de la ciudad.

En otras localidades se ha iniciado la elaboración de presupuestos municipales participativos. Esta nueva práctica democrática ha propiciado la construcción de algunas obras de infraestructuras a partir de las prioridades de las comunidades, con lo cual se abre una posibilidad para favorecer a aquellos residentes que viven fuera del poblado.

En resumidas cuentas, la sociedad dominicana sigue esperando el efecto de reales procesos de descentralización económica y empoderamiento local. De igual forma, el nuevo municipalismo dominicano, si existe, todavía tiene pendiente el tema de los servicios para la población rural. La mayoría de los ayuntamientos del país tienen más del 50% de sus ciudadanos residiendo fuera del entorno urbano, resultando imprescindible que se elaboren planes edilicios para atender a las comunidades campesinas.

Nuevas instituciones para el desarrollo humano

La revisión de la misión se plantea como una de las prioridades de las instituciones públicas con incidencia en el campo. Su accionar se ha orientado en diversos momentos a promover la autonomía alimentaria, la exportación agrícola y, más recientemente, hacia el paradigma de la competitividad. Sin ser estos objetivos excluyentes, el énfasis dado a cada uno de ellos ha variado con el tiempo.

Al día de hoy, la demanda más perentoria es convertir el orden institucional del Estado que atiende las zonas rurales en un instrumental al servicio del desarrollo humano en dichas áreas, colocando como objetivo central de sus ejecutorias la promoción de los valores de equidad, empoderamiento y participación, efi ciencia y, en defi nitiva, la expansión de las libertades. Es decir, poner en el centro del accionar público (como el resultado directo de las ejecutorias, no simplemente como el impacto esperado) el desarrollo humano de las zonas campesinas. La cantidad de quintales de arroz producidos, los millares de plátanos cosechados y los precios de venta de los rubros no signifi can mucho si se sitúan al margen de las condiciones de vida de los pobladores rurales.

Esto supone, claro está, cambios trascendentes que permitan una real concertación entre políticas macroeconómicas, políticas sectoriales y políticas locales. De igual manera, plantea un desafío mayor en el cambio de paradigma y de la cultura institucional en su conjunto.


El cambio exigido demanda algo más que una reforma en el sector público167. Se requiere de un nuevo contrato social en el campo. Una redefi nición de roles de los actores sociales que intervienen donde desaparezcan los espacios al paternalismo y la práctica rentista de grupos que, durante años, se han convertido en instrumentos de presión para obtener benefi cios de sus conexiones ofi cialistas168. Por muy profunda y sincera que sea la reforma en el sector público, su alcance se verá limitado si los demás actores no se plantean cambios en sus demandas, responsabilidades y compromisos.

A nivel de los gobiernos locales es necesario superar el papel de conserjería de la ciudad y las construcciones de infraestructura para el ocio, para convertirse en gestores del territorio169. Las experiencias novedosas de municipios productivos que se desarrollan en Bolivia y Centroamérica dan cuenta de la incorporación de los cabildos como aliados válidos en la búsqueda de alternativas económicas en sus respectivos municipios.

En el plano de las negociaciones comerciales es necesario reivindicar las razones económicas, políticas y éticas para un modelo de proteccionismo basado en criterios sociales y ambientales170, sin desconocer las implicaciones perniciosas del proteccionismo como política generalizada.

La necesidad de políticas de apoyo a sectores muy focalizados es clara, si se tiene en cuenta que muchas veces los actores con más capacidad de crear corrientes de opinión a su favor son grupos económicos que han logrado su sobrevivencia mediante la promoción de prácticas lesivas en contra de los pequeños productores, en contra de sus obreros o bien en contra del medio ambiente. Frente a ese panorama, es válida la pregunta sobre la pertinencia de cerrar las fronteras para benefi ciar “al empresariado nacional”. Sin embargo, la protección de pequeños/as productores/as con sistemas de producción garantes de la preservación del medio ambiente en zonas vulnerables y que sirven de soporte a numerosas comunidades rurales resulta ética, social y económicamente imprescindible.

En el plano de políticas domésticas se hace necesario revisar a profundidad la efi cacia de los subsidios a través de la venta de bienes o servicios baratos para disminuir los costos operativos. La acción del Estado debe moverse hacia el apoyo a la transformación tecnológica, estableciendo alianzas de inversión para la efi ciencia. Mientras la oferta de semillas o fertilizantes a bajo precio, al igual que abaratar la preparación de terrenos fomenta inefi ciencia a largo plazo y reproduce un paternalismo no deseado, la inversión conjunta del Estado en la reconversión de las unidades de producción, tiene un efecto multiplicador con gran impacto económico.

De igual manera, cualquier estrategia de gestión territorial con énfasis en el campo deberá incluir la diversifi cación de las actividades económicas. La dependencia rural de la agricultura disminuye las alternativas laborales, crea una mayor presión sobre los recursos naturales y desestima las enormes ventajas asociadas al eslabonamiento con otros sectores productivos.


El gran desafío es colocar al campo dominicano en la agenda nacional. Redescubrir sus potencialidades para generar procesos dinámicos de generación de excedentes con efectos directos en las poblaciones locales y de manera particular en las unidades domésticas en extrema pobreza, las cuales han evidenciado mayores difi cultades para aprovechar las escasas oportunidades de movilización vertical que ofrece la sociedad dominicana.


Participación del público yrespuestas de los expositores


Domingo MarteExperto en temas ambientales

Quiero hacer un breve comentario acerca de lo que dijo Fátima Portorreal. Ella mencionó el tema del pensamiento libertario, que fi ja la atención en el tema de los derechos. Eso es deontología, que implica que el deber, los derechos y las leyes son importantes y hay que respetar, independientemente de las consecuencias. En respuesta a eso, planteamos que en el otro extremo está la visión teleológica, que dice que lo importante es la consecuencia y hay que ajustar los procesos a las consecuencias.

En el desarrollo humano, y en el pensamiento decente, se da una mezcla entre un enfoque teleológico y otro deontológico; es decir, lo importante es el resultado de cómo vive la gente, si la ley o las leyes no contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la gente entonces hay que cambiarlas. Creo que ese es el enfoque que está en toda la literatura de Sen y toda la literatura del desarrollo humano. Es una visión que tiene como eje el consecuencialismo, la visión teleológica, pero sin apartarse del tema de los derechos como una forma de ampliar las libertades. Los derechos son importantes sólo si contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la gente.

Tesy WoopeDirectora del Proyecto Comunidad hacia el progreso, Monte Plata

Lo que me gustaría saber de ustedes es cuáles son las soluciones para este problema. Estamos hablando mucho de los problemas, pero quiero saber realmente qué vamos hacer, porque yo trabajo en un proyecto que intenta solucionar los problemas. Trabajamos con las mujeres, capacitándolas en cursos técnicos y tenemos el problema de los caminos malos, la discriminación en la capital contra las campesinas, contra la gente pobre, contra los negros... Y a todos estos problemas

Participación del público


quiero buscarle una solución, porque les dije a las mujeres con quien trabajo: “Voy a un foro y espero que con este vayamos a solucionar algo.” Estamos hablando mucho, pero quiero saber, para cuando vuelva al campo, cuáles son los nombres de las personas o de las instituciones que nos van a ayudar.

Ustedes están hablando mucho, como hace el gobierno. Quiero los nombres y teléfonos de los que están solucionando problemas, que los voy a llamar hoy mismo, ya que quiero trabajar en eso y mi organización tiene muy pocos recursos. Ya saben, por si alguien me puede ayudar. Todos queremos una solución para echar para adelante. Gracias.

Daly PerdomoIngeniera agrónoma y trabaja en Codo Café

Pienso que estos temas de ruralidad buscan la equidad en el bienestar tanto de la población rural como de todas las personas. Aunque tengo muchas preguntas, sólo haré una. No es que sea feminista, pero voy con mi género.

Creo que aunque hay muchos países que no exhiben una macroeconomía tan alta ni un PIB tan alto, sí tienen un índice de desarrollo humano muy bueno. Pero cuando hablaban de que hay muchas mujeres que estudian mucho, que ahora estudian más que antes y vemos los altos niveles de desempleo que hay, que la mujer se gradúa y no encuentra trabajo, me cuestiono si vale la pena el costo de oportunidad, ya que la mujer deja muchas veces de casarse joven, de tener una familia y las que tienen su familia dejan sus hijos al cuidado de otras personas. El costo de oportunidad se ve cuando al terminar de estudiar la mujer se queda sin trabajo.

Quiero preguntar a las personas que participan en la toma de decisiones: ¿Qué se está haciendo para resolver esta situación?


Jorge Luis MaldonadoOfi cina nacional de Fe y Alegría

Quiero dar lectura a algunos elementos que me parecen importantes. De entrada, en la Secretaría de Estado de Educación no existe una unidad que atienda de manera específi ca el contexto rural; las universidades del país adolecen de planes y programas que aborden ese contexto y son escasos los organismos del sector ofi cial que lo enfocan.

En la ponencia anterior, el Licenciado Isidoro Santana plantea que, tal y como actúa el Estado dominicano, el campesino y la campesina dominicanos son ciudadanos de segunda. Considero que en términos del diseño de política pública, es un ciudadano en un contexto invisible y olvidado, a pesar de sus aportes al desarrollo nacional, como bosques, producción agropecuaria, alimentos, agua, etc.

Quien de verdad conoce y ha vivido en el contexto rural sabe que ese sujeto rural tiene ansias de que se le tome en cuenta en la elaboración y ejecución de los pocos proyectos de desarrollo sostenible que apuntan a mejorar su calidad de vida, con todas sus limitaciones y olvidos. El mundo rural existe con sus particularidades y demandas distintas al marco urbano. Por eso, la nueva ruralidad en República Dominicana y el desarrollo humano exigen un Estado que focalice ese contexto rural como un espacio importante que demanda programas y políticas en el sector educativo, vivienda, salud, estructura productiva, saneamiento ambiental y de agua, que involucren y den participación a todos los sectores que interactuaron en ese contexto. Ellos y ellas también tienen derecho a la palabra y a la acción.

Reina Celeste GarcíaSubsecretaría de Producción

He escuchado las diferentes ponencias. Quizás hoy me voy más triste de lo que estuve durante todo este tiempo porque escuchar las palabras de Luz Adelma da pena. Quiero decirles que he venido a este foro por estar cursando una maestría en economía agrícola, por ser mujer y pertenecer al gobierno. A ustedes, a los que están elaborando estos foros, ¿cuáles son las respuestas que nos van a dar a las mujeres? Daly Perdomo hacía una pregunta sobre la educación, ya que muchas de las que vivimos en los pueblos tenemos que dejar nuestras fi ncas, nuestro puesto y


todo para venir a estudiar aquí en la capital. La mujer debe tener la oportunidad o el derecho que le corresponde al representar alrededor del 50% de la población y aportar tanto a la economía dominicana.

Participante desconocido

Por una coyuntura especial estoy colaborando con el proceso de reforma y modernización del sector agropecuario.

Ciertamente, como ése no era el tema del Foro no lo abordé, pero se podría decir que existe una gran preocupación entre las autoridades del sector agropecuario desde hace más de un año, cuando se anunció el DR-CAFTA. Ustedes escucharon lo que planteó Juan José que, aunque fue rápido, quedó claro que lo que nos espera no es una caja de rosas.

La reforma contempla un conjunto de leyes que el país tiene que modifi car y/o crear; porque las leyes del sector agropecuario desgraciadamente datan de los años ‘50. La más joven, creo, es la ley de lo que se conoce hoy como IDIAF, que se basó en una ley que data del ‘85. También la ley de semillas, que es del ‘71, y la de plaguicidas, del ‘68.

Además, en todo el andamiaje legal de la Secretaría de Agricultura de hoy día no aparece la palabra competitividad ni una recopilación de buenas prácticas agrícolas.

En el marco de la política, sí se ha considerado, no solamente la parte de competitividad, sino también esa parte que tiene que ver con el desarrollo rural porque, como decía Juan José al principio, todo el mundo ve a la Secretaría de Agricultura como responsable del desarrollo rural. Entonces ésta asumió esa percepción de la gente de que somos responsables del desarrollo rural. Ahí sí se han contemplado determinadas políticas para ver cómo atacamos el asunto de la pobreza rural. Hasta ahora ese proceso no se ha sometido a socialización, pero se va a dar a conocer y serán convocados todos los actores a nivel nacional para que conozcan estos documentos. Se han considerado políticas muy diferenciadas para la zona rural bajo el enfoque territorial y algunas fi guras bastante interesantes, donde no solamente interviene el sector público, sino que también participa el sector privado y organizaciones locales. Ahí también está contemplado lo que se dice que son ejes transversales como el género y la dimensión ambiental.


Respuestas de los expositores

Pedro Juan del RosarioDirector del Centro Norte del Instituto Dominicano de Investigaciones

Agropecuarias y Forestales (IDIAF)

Mi comentario está relacionado con lo que decía Domingo Marte. El problema no es participar en muchos foros a los que hemos invitado a participar a campesinos. El problema es ser ciudadano como grupo social y eso signifi ca que en las defi niciones del poder tiene que estar presente la voz y la voluntad del campesinado. Aunque hayamos invitado a campesinos a participar a este foro, lo importante es lo que tiene que haber son estructuras específi cas que faciliten la capacidad de decisión, de valorar esa población para benefi cio de lo que ellos creen que es lo mejor para sus vidas.

Defi nitivamente, lo que he podido apreciar con el análisis de los datos que les mostré es que la vida del campo y la ciudad se han venido acercando y esto se refl eja en los patrones culturales. Creo que ha habido un proceso de transculturización: el campesino emigra a la ciudad, donde conserva muchos de sus patrones de comportamiento en la ciudad de hoy. Por esta razón, vemos personas con conductas no muy “urbanas” en el medio de la ciudad.

Por una especie de inclinación profesional, siempre le di mucho seguimiento a estas variables. Tenía unos años que no lo hacía y cuando examiné los datos más recientes, me di cuenta que ha habido un cambio muy importante con respecto a este tema. Pero lo que siempre es cierto es la brecha existente en las condiciones materiales.

Alguien me preguntaba para qué sirven los datos, y le contesté con el ejemplo del acceso a la educación para la mujer. En realidad el sistema educativo dominicano no discrimina; al contrario, en todos los niveles de educación, y especialmente en los más altos, la participación de las mujeres es mucho mayor. El mercado de trabajo sí discrimina y, aún en niveles altos de educación, la tasa de desempleo femenina es más elevada que la del hombre. Además, el ingreso de las mujeres que trabajan es más bajo que el de los hombres.


Llama poderosamente la atención el tema del desempleo, ya que hay una diferencia abismal entre el desempleo del hombre y la mujer; y esto aplica tanto al campo como a la ciudad. Aquí la diferencia no es cuestión geográfi ca ni de ruralidad. Este es otro tipo de problema social.

Fátima PortorrealAntropóloga, Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC)

Comparto con Domingo algunos de los temas que planteó sobre la conservación, la preservación y el modelo de desarrollo neoliberal de sostenibilidad, como yo lo he llamado. En principio, el modelo que plantea el desarrollo humano no se ha visto en la realidad, no sólo en República Dominicana sino en el Caribe, Latinoamérica y el mundo. Ha habido una expropiación total de las tierras y del manejo. El modelo es muy bueno; implica proteger, conservar y actuar en el aquí y el ahora. Pero también implica mejorar las condiciones del futuro. El problema es cómo ha sido aplicado y desde qué instancia en términos de las estructuras productivas y económicas del mundo.

Realmente el modelo contempla lo humano y la integración de lo humano, pero no ha sido la experiencia que se aplique o se lleve a cabo. Por ejemplo, lo relacionado con el manejo de la biodiversidad, los movimientos indígenas o de pueblos originarios es una lucha continua. Ahora mismo, parte de la Patagonia está siendo comprada por un ambientalista para protegerla o conservarla. Muy pocas tierras han sido pagadas, ni la de muchos grandes propietarios, ni mucho menos las de los pequeños productores campesinos y campesinas.

Comparto lo implica, pero el problema de que lo implica, o se diga teóricamente y que se aplique, es otra realidad. De manera que si me pongo a ver en términos de los productores o de los campesinos, la mayoría han sido expropiados no sólo de la tierra, sino de los recursos, del manejo total del territorio y, con ello, se han eliminado una serie de prácticas culturales que eran importantísimas para el manejo de esos recursos y que en muchas sociedades, no sólo en Dominicana, se han perdido.

Con relación a la libertad, opino que no sólo se alcanza mediante el respeto de la legalidad. En sí mismo, Kant tiene un manejo teológico doble, aunque no comparto el asunto del elemento de la legalidad, porque la legalidad no sólo implica la aceptación de la ley como tal, sino que se supone que ésta implica una obediencia.


En el asunto de la aplicabilidad de esa legalidad y de la libertad en términos del individuo o del actor social, implica que la disensión en términos de un pensamiento social y político distinto no puede ser posible. La libertad no puede ser posible basada en estructuras productivas neoliberales o un sistema capitalista y estadista. Entonces, si las leyes son formuladas y esa legalidad es formulada dentro de esas estructuras, ¿qué posibilidad tiene de producir libertad?

A Kant no le interesaban esos cambios sociales, sino que esos cambios sociales se dieran en el preciso momento. Pero, ¿pueden ser logrados esos cambios sociales a partir de ser un sujeto o un individuo excluido, expropiado, explotado?, es la gran pregunta. Por eso, mi posición es que si la libertad sólo se alcanza mediante el respeto de la legalidad; en la ruralidad actual no es posible el desarrollo humano.

Juan José EspinalDirector ejecutivo del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal

(CEDAF)

El problema más grande que hay siempre es ofrecer soluciones. Los documentos de planifi cación, generalmente, tienen un 90% de diagnóstico y un 10% de propuesta, y casi siempre la parte propositiva es bastante genérica, porque lo difícil es ofrecer una solución general para todos, porque cada caso es particular y cuando trata de ofrecer una respuesta general entonces, o no se ofrece ninguna respuesta, o se hace un lineamiento de tipo genérico.

Por eso, en foros o eventos como éste es imposible darle un número de teléfono y un nombre para que la joven llegue a su proyecto con una respuesta. Lo más que se puede aportar en este foro es tener una comprensión que pueda transmitirle la necesidad de que en la sociedad dominicana se revalorice la agricultura, que la actividad agrícola es una actividad digna, que vivir de la agricultura no es malo, que hacer riqueza como agricultor es bueno, que es posible y el que el Estado debe trabajar para que el agricultor haga negocios tan legítimos como el que hace negocios y riqueza en un banco; que el que logra hacer una fi nca y tener una casa en un campo, no por eso es un narcotrafi cante, sino que de la vida rural se puede hacer riqueza y vivir en las mejores de las condiciones.

Debemos crear un concepto de valorización propia de la actividad rural, agropecuaria y de la vida en ese entorno; que esos tres y pico de millones de dominicanos que hay hoy en día en el campo sigan siendo parte de la sociedad


dominicana y que, como parte de ésta, tienen que ir adquiriendo una comprensión de que tienen un poder y que el poder lo tiene cada uno en sus manos y lo ejerce en su espacio, en su territorio.

Crear una fuerza que le ayude a transformar la visión política con la que ha sido conducida la sociedad dominicana, comenzar a construir fuerzas y ejes de poder popular en las poblaciones, comunidades, organizaciones que sirvan de base para impulsar una visión diferente de la sociedad dominicana, del mundo o de la forma de ver la vida humana. Plantear paradigmas, como plantea el paradigma de desarrollo humano, con una visión con la humanidad como centro, que contemplen otra forma de organizarse, de ser, donde haya un propósito claro de bienestar. Esto es lo único que de un foro puede salir, un mensaje, un sentido positivo de abordar el día a día, porque desde un foro no se puede responder en específi co.

Sí se puede construir ese mensaje de positividad; porque de esa misma manera fue que se destruyó la voluntad agraria, haciendo todos los días lo contrario y hundiendo todos los días a los que debieron haber actuado y no actuaron.

Pensar que puede haber una respuesta aquí no es correcto, porque no la va haber. Pensar que pueden sacar de aquí un mensaje positivo de que la agricultura vale la pena, eso sí; que tres y pico de millones de personas necesitan vivir de una mejor manera, eso sí; y que la vida mejor posible depende de esos mismos tres millones y pico más del resto de la sociedad, también. Pero parte de los que determinan la dinámica rural son los mismos pobladores que están en las comunidades, los que trabajan en esas comunidades, los que hacen que la agricultura también tenga otra visión; que, en lugar de explotación del trabajo rural, conciban una explotación de la riqueza rural, que vean al trabajador como ese eje que necesita una vida digna que tiene que desarrollar él mismo para que su entorno productivo sea efi ciente.

El productor agrícola tiene que ser un trabajador que recibe ingresos con los cuales pueda vivir mejor, porque eso es condición para que esa actividad agropecuaria también sea mejor.

Este mensaje es el que les puedo dar como respuesta de línea de pensamiento sobre qué hacer. Llevarlo al día a día es una cuestión de la esfera en que cada quien se mueve y estar conscientes de que a nadie le va a llegar la respuesta. La respuesta hay que buscarla y crearla a partir de construir poderes locales.


José Horacio López Consultor en temas agrícolas y rurales

Quiero señalar algo sobre el marco de intervención de las organizaciones no gubernamentales. Dentro de todo ese proceso de creación y de nuevas fórmulas y nuevas propuestas, creo que son iniciativas muy valiosas y que hay que auspiciar; pero entiendo que las ONG dominicanas y las agencias internacionales con proyectos en el campo dominicano y en todas las esferas donde operen deben de someterse a la contabilidad pública.

Nos encontramos permanentemente con ONG que cuestionan, que enrostran la inefi cacia del Estado. Si nosotros sumamos el presupuesto que gastan las ONG en la región sur, de seguro que supera con creces el presupuesto per cápita que el Estado dispone para invertir allá y que el impacto en el combate a la pobreza, en la inequidad y en la superación de los problemas ambientales de esa zona sigue siendo calamitoso. Creo que el trabajo de la sociedad civil, que es válido e importante y como parte de la institucionalidad que interviene en el espacio rural, también está hoy día puesto en discusión. Debe entender que los paradigmas con que aborda, las relaciones asistencialistas que promueve, la forma tradicional con que enfocan los problemas, también deben ser puestos seriamente en consideración.


Conclusión


El desarrollo humano como paradigma y el índice de desarrollo humano (IDH) como instrumento de medición se han convertido en referentes obligatorios de gobiernos, organismos internacionales, académicos y de los diversos actores preocupados por la ausencia de oportunidades que padecen millones de personas. Para enriquecer los aportes conceptuales sobre el desarrollo humano y promoverlo en el país se ha propiciado este foro sobre las áreas rurales en el contexto actual de República Dominicana, el cual es el cuarto de su serie.

¿Qué es lo rural?

Para la mayoría de los/as académicos/as que han participado en esta refl exión, el punto de partida fue la discusión sobre el concepto de la ruralidad, el espacio rural y el campo. Todos/as coincidieron en la necesidad de una defi nición más positiva del término, en tanto las concepciones utilizadas con mayor recurrencia refi eren a la negación de algo: baja densidad de población, falta de servicios, difi cultades de acceso, poca diversidad en el empleo, entre otras. Se hace evidente, pues, la necesidad de una defi nición libre de prejuicios y que no mutile las potencialidades de lo rural.

Pedro Juan del Rosario destaca la manera prevaleciente hasta hoy en que suele enfocarse lo rural, en base a la concepción del progreso nacida en los albores de la revolución industrial. En aquella época se asumía que la humanidad se encaminaba hacia la modernización dando un salto de lo atrasado a lo moderno, o lo que consideraban lo mismo, de lo rural a lo urbano.

Similar preocupación expresa José Horacio López cuando cuestiona el lugar común de defi nir lo rural por características más bien accidentales, como serían la pobreza, la escasez de servicios públicos, el aislamiento…, atributos todos que son perfectamente circunstanciales o, a lo sumo, expresiones particulares de la zona rural en contextos del mundo subdesarrollado. De igual manera,

Conclusión


resalta el sesgo ideológico estereotipado con que se aborda el término, de tal suerte, que todavía una de las acepciones que nos ofrece la Real Academia de la Lengua de la palabra rural es “inculto y tosco”.

Para Fátima Portorreal, la defi nición de lo rural pasa por fuertes problemas teóricos. Ante esta indefi nición, se acostumbra trazar una frontera altamente arbitraria para distinguirlo de lo urbano. Esta diferencia se establece a partir de características como tamaño de las poblaciones, densidad poblacional y dotación de servicios. Parámetros que, para la investigadora, no recogen la complejidad de factores que determinan lo rural.

Sin desconocer lo complejo del tema, en el caso dominicano, para poder investigar de forma sistemática, se requiere hacer uso de la división legal según se establece en el país. De otra forma, no podría hacerse uso de las estadísticas como están organizadas en las diversas fuentes ofi ciales.

Tal consideración la refuerza Isidoro Santana, quien observa múltiples inconvenientes en la defi nición ofi cial de población rural. Principalmente, esta defi nición no distingue entre los tamaños de las aglomeraciones humanas ni criterios como disponibilidad de infraestructura o servicios ni mucho menos la estructura económica ni las relaciones económicas y sociales que se establecen en este ámbito. Pero la más importante limitación que tiene es que, en virtud de la frecuencia con que se cambia en República Dominicana la denominación de demarcaciones geográfi cas, es habitual que los habitantes de un lugar cambien de ser considerados rurales a urbanos por una simple disposición administrativa, sin que haya cambiado ninguno de los atributos que suelen acompañar tal condición.

Se generó un consenso entre los ponentes en cuanto a la necesidad de enriquecer la forma de aproximarnos al concepto de ruralidad. Se hizo énfasis en cuanto al desafío de construir nuevas defi niciones que apunten al carácter de lo rural como espacio abierto, con fuertes vínculos interpersonales, en el cual hay estrechas relaciones con los recursos naturales, principalmente entre la tierra y las actividades productivas.

Resulta imprescindible una aproximación a la realidad rural a partir de premisas consistentes. De lo contrario, se continuarán diseñando políticas erróneas y el interés de promover el desarrollo humano entre los pobladores de las diversas localidades se mantendrá como una


tarea pospuesta. Un abordaje teórico adecuado debe favorecer el logro de comunidades campesinas efi cientes en la esfera productiva, con una estructura equitativa, donde la expresión del poder local garantice el ejercicio de la libertad de los/as comunitarios/as.

Bajo este entendido, Pedro Juan del Rosario aborda con gran profundidad conceptual el tema de la ruralidad dominicana. En dicho apartado se subraya el papel protagónico del campesinado y los sistemas campesinos en la construcción del espacio rural dominicano a partir de mediados del siglo XVIII.

Señala que los campesinos, al seguir una estrategia de combinación de productos para la subsistencia con productos para el mercado, lograron una fl exibilidad de adaptación a los ciclos económicos que les permitió ser la clase hegemónica en el campo durante más de un siglo. No obstante, las propuestas modernizantes impulsadas con la revolución verde y las diversas iniciativas de “empresarizar el campo” destruyeron la base social y de sustentación comunitaria del campesinado. Pero mucho antes, a fi nales del siglo XIX, con el auge de los hatos ganaderos y las plantaciones azucareras se empezó a generar una estructura agraria inequitativa que auspiciaba la preeminencia de otras formaciones sociales.

Los cambios experimentados por el desplazamiento sufrido por la pequeña producción explican muchos de los problemas por los que hoy atraviesa la sociedad dominicana, que se manifi estan de forma muy aguda en la población rural. Dicha crisis se expresa a nivel de la producción, de la población, en la gestión de los recursos naturales y en la articulación social.

Los cambios ocurridos en la estructura agraria han provocado una sobreexplotación de los recursos naturales y una degradación de los suelos. Han generado también un défi cit en el suministro alimentario doméstico. De igual manera, han provocado un dramático cambio en la relación familia-tierra, han generado en la vida de las comunidades un signifi cativo movimiento migratorio y, sobre todo, profundos cambios culturales.

La extensiva pobreza, que se ha convertido en la nota más característica de dicho medio, ha despertado un nuevo interés en volver la vista hacia los fenómenos del campo. Esta renovada aproximación ha producido un cuerpo teórico conocido como nueva ruralidad, la cual es un intento de ver de una forma diferente las mismas realidades del pasado, al tiempo que se destacan y contextualizan nuevas situaciones presentes en el campo de hoy.


Estos nuevos rasgos distintivos se refi eren a la inserción creciente de las economías rurales en los procesos de globalización, dándose una mayor articulación entre mercados locales, regionales y mundiales. Se han dado también cambios en el peso relativo de los sectores agrícolas y no agrícolas, al tiempo que los procesos de privatización evidencian la imperfección de los mercados, agravada por el retiro de las instituciones públicas llamadas a dar soporte al campo.

Estas nuevas condicionantes ofrecen oportunidades para el impulso del desarrollo humano en las comunidades rurales. Para el logro de dicho propósito, es importante impulsar una estrategia a partir de una revalorización de las empresas campesinas, desde aquellas totalmente agrícolas hasta las más deslocalizadas con una diversidad de ingresos, donde el cultivo de la tierra sólo se hace con fi nes de producción alimentaria para el autoconsumo.

En el interés de aprovechar la multiplicidad de recursos existentes y ampliar las opciones para los/as pobladores/as, resultan de singular importancia las micro y pequeñas empresas rurales no agrícolas (MPRNA). Tales unidades productivas mantienen una compleja relación con la agricultura y en ausencia de articulaciones con polos urbanos o turísticos, requieren de una agricultura dinámica para que su crecimiento trascienda la esfera de la supervivencia.

Una nueva reconceptualización del espacio rural para el desarrollo humano implica una visión territorial en la cual se trascienda lo local para potenciar las vinculaciones con los centros urbanos y con el resto de la economía. Requiere una red institucional que estimule y propicie la interacción de los actores locales entre sí y con los agentes externos, fundamentada en el desarrollo de las capacidades humanas, sobre todo de los más pobres, para una participación activa y equitativa, como productores/as y ciudadanos/as.

La equidad en el espacio rural dominicano

El paradigma del desarrollo humano ha hecho de la equidad uno de los aspectos consustanciales. Se trata de entender la igualdad de oportunidades para la realización plena del ser humano como un derecho consustancial de las personas. Las expresiones de inequidad en las zonas rurales son por lo regular resultado de desequilibrios territoriales a favor de los asentamientos humanos. Así se puede notar la inequidad de los campos en lo relativo a las condiciones de vida, tanto de los ingresos como de los servicios públicos, en los patrones demográfi cos, incluyendo las migraciones y en las condiciones de las mujeres.


En la presentación de Isidoro Santana se hace un análisis exhaustivo de las condiciones de vida en las áreas rurales en República Dominicana, el cual presenta algunas mejorías en las últimas décadas. No obstante, la situación de la población rural sigue siendo, en todos los casos, inferior al promedio nacional y muy por debajo de la situación en los asentamientos urbanos.

Como lo señala Isidoro Santana, los niveles de ingresos muestran una marcada disparidad. La mitad de los hogares del 10% de la población con ingresos más bajos residen en el área rural y apenas un cuarto del 10% más rico de la población reside en este espacio. En los últimos años, los ingresos promedio en las ciudades [zona urbana] han sido entre 60% y 140% superiores a los ingresos promedio del campo [zona rural].

La severidad de la pobreza, medida como la brecha porcentual que separa el ingreso de los pobres del mínimo necesario para dejar de ser pobres, ha sido más fuerte en las provincias con menor densidad de población, viéndose el caso de Elías Piña, en que un pobre promedio tendría que aumentar su ingreso en 41.4% para alcanzar la línea de pobreza. También la incidencia de la pobreza es más alta en las provincias más rurales. No obstante, por efecto de concentración poblacional, aunque en algunas provincias existe una mayor proporción de pobres con respecto a su población total, en los centros de grandes concentraciones de habitantes se encuentra una mayor cantidad de pobres en términos absolutos.

En lo concerniente al mercado laboral se destaca que, contra lo que sugiere el sentido común, menos de la mitad (41.5%) de los empleos en el campo se concentran en la agricultura. Apenas el 33.8% de las mujeres campesinas participan en actividades económicas remuneradas, contra un 51% en la zona metropolitana y un 42% en otros centros urbanos del país.

Con respecto al acceso a la infraestructura y servicios públicos, sólo la educación básica exhibe una leve desventaja para las ciudades. No obstante, el porcentaje de la población que asiste a los centros educativos es, aunque con poca diferencia, ligeramente mayor entre las personas residentes en los centros urbanos. Lo propio sucede con los servicios básicos de salud, los cuales están extendidos de forma uniforme en todo el territorio. Tanto en educación como en atención médica, la divergencia se expresa en los servicios especializados, pues a nivel básico se observan comportamientos bastantes similares en la cobertura de unos y otros pobladores.


Agudas asimetrías territoriales se observan en las condiciones de la vivienda, servicios de agua potable y electricidad. Algo similar ocurre con el uso de combustibles sólidos (leña y carbón), pues mientras en Santo Domingo son utilizados por menos del 1% de los hogares, en las regiones del interior son la fuente de energía para cocinar en el 30% de las familias.

Las inequidades que se expresan no han sido debidamente enfrentadas por las políticas públicas. A pesar de que el gasto público es una de las principales armas para fomentar capacidades y atenuar desequilibrios, no se han diseñado los instrumentos de focalización necesarios. Al contrario, si se analiza la ejecución presupuestaria, el Estado dominicano ha jugado un rol que acentúa las disparidades espaciales. Una de las premisas que suele argüirse para justifi car el fi nanciamiento y la gestión centralizada de las funciones estatales y, que no se está cumpliendo, es la posibilidad que ofrece para extraer recursos de las zonas más prósperas y localizarlos en las más necesitadas.

El trabajo de Fátima Portorreal analiza aspectos relevantes de la sociodemografía de la zona rural. Señala que se ha caracterizado por ser un medio geográfi co con propensión a reducir en términos relativos su población, dada la creciente urbanización que ha experimentado el país en los últimos veinte años. Así, el Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2002 indica que sólo el 37.8% de la población habita en la zona rural. Este conteo de la población ratifi ca la tendencia generalizada de la disminución porcentual de los/as pobladores/as rurales, aunque en términos absolutos la población sigue aumentando.

A diferencia de la zona urbana, en la rural predominan los hombres sobre las mujeres (52% y 49% respectivamente), registrando una razón de sexo de 107.9 hombres por cada 100 mujeres, valor signifi cativamente mayor al índice urbano de 94.5 hombres por cada 100 mujeres. A su vez, la tasa de fecundidad rural es de 3.3 hijos/as por mujer, signifi cativamente más alta que la urbana, la cual es de 2.8 hijos/as.

El análisis de la composición de los hogares expresa cambios importantes en el campo. Estudios realizados muestran mayor porcentaje de hogares nucleares en el campo que en el resto del país. Por otro lado, observaciones etnográfi cas destacan, sin embargo, una diferencia cualitativa importante, puesto que las estructuras nucleares monoparentales no se comportan con un carácter cerrado como se observa en las ciudades, sino más bien responden perfectamente a estructuras expandidas al favorecer la integración de otros miembros de la familia o vecinos.


Los estudios a profundidad sugieren que más que diferencias cuantitativas entre las estructuras familiares, sobresalen diferencias cualitativas entroncadas en la cultura de las comunidades. En las zonas rurales todavía predominan prácticas de apoyo mutuo y cooperación, las que se sustentan en experiencias de reciprocidad y en patrones de residencia neolocales o virilocales que favorecen el apoyo familiar a mujeres sin consorte y, en cierta forma, alivian la situación crítica de empobrecimiento.

El fenómeno migratorio, en general, constituye uno de los procesos que más ha marcado la sociedad dominicana. La movilidad poblacional interna, sin ser exclusiva del desplazamiento campo ciudad, ha repercutido de forma evidente en la constitución del espacio rural en el país. Se observa que la incidencia de la pobreza, y más específi camente de la indigencia, está asociada a la expulsión de la población, pues en la zona rural afecta al 21.1% de los hogares mientras que en la zona urbana sólo al 7.8%.

Entre las connotaciones sociales y económicas de la migración interesa apuntar las diferencias de vínculos del emigrante con la comunidad y la familia de origen. Tanto la emigración temporal como la defi nitiva pueden considerarse estrategias de subsistencia. Pero, mientras la primera conserva los lazos familiares, afectivos y culturales con la comunidad, convirtiéndose en estrategias planifi cadas y organizadas desde los espacios de residencia, los emigrantes defi nitivos dejan de constituir unidades productivas que actúan o forman parte del sistema económico rural.

Las redes comunitarias de apoyo a la migración a través del reforzamiento de lazos parentales funcionan como una red compleja de estrategias colectivas. Ese tejido de cooperación se expresa en iniciativas como facilitar el cuidado de los hijos, los préstamos, los sistemas de ahorros (crianza de animales), dar empleos por períodos cortos, distribuir la herencia antes de la muerte de los padres, alojar o recibir a miembros de la comunidad que están en proceso de tránsito temporal, entre otras.

Junto con la expulsión de familias por razones de ingresos, se dan dos movimientos poblacionales de alta signifi cación en las comunidades. El primero es la presencia de los/as inmigrantes haitianos/as, quienes en el campo se dedican, casi de forma exclusiva, a labores agrícolas. El segundo es el referido a los desplazamientos generados por la designación ofi cial de áreas protegidas.


Con relación al primero, existe una enorme disparidad en cuanto a las estimaciones sobre el tamaño de la comunidad haitiana en el país. La cifra presentada con frecuencia refl eja la posición ideológica de quien la ofrezca, pero, independiente del número preciso, lo innegable es que su presencia no puede desestimarse, mucho menos al analizar la realidad del mercado laboral agrario. Se trata de una oferta de mano de obra vulnerable, con un estatus migratorio que la hace presa de abusos y que opera en un medio de prejuicios y hostilidades que crean condiciones idóneas para la sobreexplotación.

La otra modalidad de migración es aquella de naturaleza forzosa provocada por medio de mecanismos represivos. Tal vez en términos numéricos no permita califi carla de un fenómeno masivo, pero el dramatismo con que ha impactado cientos de comunidades exige una mirada especial.

El desplazamiento de la población circundante de las áreas protegidas, motivado por fi nes proteccionistas, se puede entender como una práctica de expropiación de territorios, en los cuales se han mantenido diversos tipos de vida comunitaria. A pesar de un discurso ofi cial de co-manejo y participación, la práctica más utilizada en el tiempo ha sido la exclusión y el desarraigo de los pobladores y las pobladoras.

La disparidades y carencias asociadas a la situación de la mujer campesina es tratada por Luz Adelma Guillén, quien analiza la situación de la mujer rural, así como del tratamiento al tema de género y, de forma particular, del trabajo con mujeres rurales hecho por las instituciones públicas. Esta mirada resulta obligatoria para comprender en su plenitud la realidad del campo en lo concerniente a la equidad como uno de los aspectos relevantes del desarrollo humano. El enfoque pretende la implementación de políticas diferenciadas como mecanismos de distribución y de promoción de la equidad.

El trabajo describe los primeros esfuerzos en visualizar la mujer como un sujeto diferenciado a partir de los años sesenta del siglo pasado. Diversas iniciativas, impulsadas por la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), la Ofi cina de Desarrollo de la Comunidad y el Instituto Agrario Dominicano (IAD), introdujeron programas para trabajar con la población femenina adulta en los campos dominicanos. No obstante, en sus inicios, las actividades se centraban en capacitación sobre temas que, lejos de promover su participación en espacios públicos, reforzaban sus lazos con la esfera privada y el hogar.


Durante varias décadas se reprodujo esa visión hasta que, entrados los ‘80 del siglo pasado, se dieron las primeras experiencias de incorporar a la mujer en la producción agrícola, de la mano de proyectos para promover la alimentación y nutrición, fomentando, además, el acceso a los mercados. En los años subsiguientes se estuvieron ejecutando proyectos, tanto de crianza como de cultivos o empresas de transformación y de comercialización, pero siempre como estructuras institucionales paralelas con escasa coordinación con el resto de los trabajos de la secretaría. Por tal motivo, no se logró generar una transformación signifi cativa en el accionar de la Secretaría de Estado de Agricultura.

La creación de la División de Mujer Rural, con su posterior evolución a Ofi cina Sectorial Agropecuaria de la Mujer, ha signifi cado tímidos avances en la promoción de la equidad en el ámbito rural. Lo propio puede decirse de la creación de la Secretaría de la Mujer, por lo que todavía hoy las políticas públicas son globales y su instrumental no diferencia entre zona urbana y zona rural, y mucho menos tienen como eje transversal el género.

Como resultado, se observan serias limitaciones de las mujeres para acceder a activos productivos. Las cifras ofi ciales dan cuenta de un reducido número de mujeres como propietarias de predios, siendo éstas sistemáticamente marginadas de los procesos de reforma agraria. El problema se hace más complejo dada la inexistencia de estadísticas diferenciadas por género y el sesgo patriarcal de quienes diseñan los instrumentos para recoger la información.

En lo referido al crédito, en los años en que se reportan los datos clasifi cados por género, los préstamos canalizados a mujeres representan menos del 3% de la cartera del Banco Agrícola.

En las labores no agrícolas continúa la exclusión de las actividades consideradas “para hombres”. Es el caso de construcción, transporte, administración pública o cuerpos castrenses, la presencia femenina no llega al 10%.

El servicio de extensión de la SEA ha privilegiado durante años la constitución de asociaciones de mujeres. De igual forma, como complemento del accionar ofi cial y, a veces, como contrapeso del Estado, se han estado promoviendo organizaciones de mujeres desde otras instancias. Son grupos que en algunos casos han logrado movimientos nacionales, es con demandas de mejoramiento y ampliación de su representatividad de manera que sus planteamientos incidan en la toma de decisiones en materia de política de desarrollo rural.


Sin embargo, las diversas iniciativas no han alterado de forma signifi cativa el patrón de desigualdad que afecta a las mujeres en las zonas rurales. Siguen siendo sometidas a un sistema patriarcal que en el campo ha adquirido agudos niveles de exclusión.

En defi nitiva, se hace evidente la inequidad entre las zonas rurales y las urbanas, provocando fuertes desigualdades de oportunidades entre los pobladores de una zona y otra, y, por tanto, se producen movimientos migratorios. También es clara la inequidad de género dentro de las mismas áreas rurales. Es, por tanto, absolutamente necesario que las políticas públicas se hagan conscientes de la necesidad de adoptar estrategias de lucha contra la pobreza y de equidad de género que tomen en cuenta la variable territorial.

La efi ciencia productiva en el campo

Así como a la equidad se le confi ere una alta importancia dentro del concepto de desarrollo humano, a la efi ciencia también. Incluso quienes tienen posiciones más críticas contra el productivismo y el economicismo reconocen la importancia de mejorar el uso de los recursos para la generación de riquezas y mejorar la oferta de bienes y servicios a la sociedad.

Desde ese punto de vista, la incorporación del conocimiento y de las nuevas tecnologías se reconocen como aliados insustituibles para satisfacer las necesidades humanas. En el campo se hace evidente cómo las precariedades educativas limitan la creación de nuevas y más efi cientes formas de generar ingresos y ahora con énfasis en un contexto de economía globalizada.

Juan José Espinal describe la situación de la agricultura dominicana como suplidora de alimentos, productora de divisas o generadora de ingresos para los pobladores rurales. Resalta en los demás países de la región la creciente diversifi cación de las actividades económicas en las zonas rurales, aunque sin dejar de reconocer que la agricultura es la actividad de mayor incidencia.

En cuanto al aporte general a la economía se reconoce la pérdida relativa de la agricultura en el Producto Interno Bruto (PIB), llegando a signifi car en 2005 el 13.8%. El análisis de lo que se reconoce como la contribución ampliada arroja una realidad diferente, al estimarse el aporte superior al 27.8%.

El crecimiento de los bienes y servicios agropecuarios en las últimas tres décadas muestra un promedio anual de 2.5%, mientras el


crecimiento total de la agricultura fue de 5.5%. Más allá de los valores numéricos, el cambio más signifi cativo de los últimos dos años lo representa el desplazamiento de la agricultura por la pecuaria como la actividad de mayor peso en el sector. Esta tendencia resultó más aguda en 2005, cuando el subsector ganado creció un 17%, mientras la producción agrícola decreció un 2%.

En cuanto al desempeño del obrero agrícola se nota un balance favorable comparado con la región. En toda Centroamérica y el Caribe, apenas Costa Rica tiene un mayor valor agregado por trabajador que República Dominicana.

Se reconoce que en la actualidad, las economías rurales, a pesar de ser el sector de mayores limitaciones para articularse a las disciplinas comerciales, tanto a nivel nacional como en la mayoría de los países del mundo, están insertas en el proceso de globalización. La agricultura sigue siendo la fuente de enfrentamiento más fuerte entre las corrientes de apertura y la de protección. Sin embargo, el proceso de apertura crece al interior del sector agropecuario y las infl uencias de esta apertura marcan el rumbo de la dinámica agrícola y de la economía global. Cada vez con mayor claridad se evidencia la reducida capacidad de los gobiernos nacionales para orientar su propia economía.

Entre las nuevas vinculaciones auspiciosas para la zona rural en el país se encuentra el turismo. Además de posibilidades como ecoturismo, turismo rural, entre otras, tiene una relación de creciente importancia con la producción agropecuaria como demandante de productos de origen agropecuario. Un estudio reciente del IICA revela el volumen de la demanda de productos agropecuarios que tiene el sector turístico dominicano, donde se ve claramente el impacto de este sector en la producción de importantes rubros agropecuarios.

Desde el punto de vista de tratados comerciales, la entrada en vigencia del DR-CAFTA constituye uno de los grandes retos que tiene la agricultura dominicana en el futuro. Se hace más necesario que nunca impulsar esfuerzos orientados a promover la diversifi cación de la oferta agropecuaria. El acuerdo tendrá implicaciones de manera primordial en términos de cambios en los esquemas institucionales. Tendrá diversos efectos sobre la economía rural, iniciando con cambios en los precios de bienes e insumos, y eventualmente en los precios del trabajo y la tierra agrícola. Lo que es evidente es la necesidad de políticas públicas bien enfocadas de cara a impulsar la competitividad sistémica del área rural y un acompañamiento de la


necesaria reestructuración que va a vivir el campo dominicano como resultado de la entrada en vigencia del acuerdo.

Los estudios de impacto que se han realizado apuntan a resultados diferenciados por grupos de productos. Así se observan aquellos como las frutas y vegetales los cuales se califi can como dinámicos. Los granos básicos como arroz, habichuela y maíz se reconocen como perdedores netos. Hay un sector representado por los que tienen ventajas comparativas entre los cuales se encuentran el café, cacao, tabaco y cultivos con mercados especiales (orgánico, comercio justo). Por último, se encuentran aquellos con “fuertes limitaciones” constituidos por los rubros pecuarios.

Además de las limitaciones del comercio agrícola internacional generadas por las políticas proteccionistas de los países desarrollados, hay factores internos con un marcado efecto negativo en el comportamiento del sector agropecuario dominicano. Dentro de estos factores, cabe mencionar: a) la desarticulación de la política sectorial; b) la inefi ciencia institucional en la ejecución de proyectos de desarrollo agropecuario y forestal; c) la baja productividad de algunos rubros, debido a la falta de innovación tecnológica; d) el deterioro de los recursos naturales y del patrimonio, la reducción de la cobertura forestal y la salinización de los suelos irrigados; e) los impactos negativos de las políticas macroeconómicas implementadas en el país durante los últimos tres decenios, entre otras.

La efi ciencia de la producción en el campo cuenta con fuertes carencias y limitaciones producto de la falta de visión sistémica en las políticas públicas desarrolladas hasta el momento. La falta de visión del poblador rural como centro de las políticas públicas y la falta de previsión de las nuevas circunstancias en que nos encontramos en la actualidad (globalización, entrada en vigencia del DR-CAFTA, la incidencia de las exportaciones chinas en los mercados internacionales); han hecho que el campo dominicano se encuentre ante una situación de cambios bruscos que debería ser acompañada por el Estado. Creemos que impulsar la diversifi cación de las fuentes de ingresos y la búsqueda de nuevas oportunidades competitivas, así como la mejora de las condiciones de vida en las áreas rurales, son parte de las soluciones que pueden mejorar la efi ciencia productiva rural.

El empoderamiento de las comunidades y habitantes rurales

Para la concepción del desarrollo humano el empoderamiento y la participación protagónica de las comunidades se convierte en uno


de los aspectos centrales de cualquier estrategia. El empoderamiento es la capacidad de las personas y las colectividades de motorizar procesos a partir de sus propios intereses. Se reconoce también como la situación en la cual la gente puede, por medio de iniciativas autogestionarias, promover acciones en su benefi cio.

José Horacio López hace un balance sobre el rol de las instituciones públicas en la gestión del territorio rural. Sobre ese particular, ofrece una lectura crítica en torno al papel de la intervención del Estado, en cuanto la misma no ha promovido el protagonismo de los actores del campo ni ha hecho prevalecer sus intereses. Las políticas públicas han favorecido procesos de extracción de excedentes y de subordinación de las comunidades campesinas, generando situaciones de desapoderamiento de las mismas.

El cuestionamiento se inicia con una presentación de las particularidades que han hecho de la zona rural un territorio de enormes desafíos para el Estado moderno. Desde el punto de vista estructural se destacan las imperfecciones típicas de los mercados agrícolas, así como los constreñimientos que le impone la naturaleza a la producción agropecuaria.

Se destaca por igual la irregularidad del mercado laboral afectado por la importante presencia de la mano de obra familiar, la cual no está sometida al cumplimiento de las leyes que regulan las condiciones de los trabajadores. Lo mismo ocurre con los sistemas de ahorro desmonetizados que representan una economía subterránea insensible a las políticas monetarias.

Fuera de la esfera económica, se refi ere como limitante la dispersión de las familias cuyo patrón de asentamiento encarece la provisión de servicios públicos. También se observa la racionalidad de los sistemas campesinos, cuya lógica no coincide con los procesos de maximización de benefi cios del sistema capitalista.

Este rosario de atipicidades, junto a otras no reseñadas, han mediatizado las innumerables iniciativas promovidas en las zonas rurales. A la par de las limitaciones descritas, las políticas públicas han sido fallidas porque las mismas no se han correspondido con un proceso de desarrollo nacional auténtico ni centrado en la gente.

En la intervención pública hacia lo rural ha prevalecido el interés de favorecer procesos extranacionales y elitistas. En ese tenor, sobresale el impulso de la legislación agraria basada en el Sistema Torrens,


la ejecución de políticas con sesgo antiagrícola de industrialización sustitutiva, la promoción de los paquetes tecnológicos de la revolución verde, entre otras. Estas políticas se caracterizan por quebrar dinámicas propias de las comunidades campesinas.

La política pública ha contado con las llamadas “instituciones del sector agropecuario”, encabezadas por la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el Banco Agrícola, el Instituto Agrario Dominicano (IAD), entre otras de menor relevancia. Entre ellas ha operado una suerte de división técnica del trabajo cuyo producto fi nal ha sido el fomento entusiasta de la revolución verde en el campo dominicano.

El resultado del accionar de dichas instituciones, más allá del objetivo inmediato de introducir una tecnología intensiva en capital e insumos químicos con un incremento de la productividad de dudosa efi ciencia social y ambiental, revela una agenda con prioridades diferentes a la de los pobladores del campo. Distante del propósito de favorecer el desarrollo de las comunidades, el Estado ha utilizado su estructura burocrática para generar procesos de cooptación del campesinado mediante prácticas clientelistas de diversas índoles. Desde el punto de vista productivo, su interés inmediato ha sido proveer alimentos baratos para los sectores populares de los centros urbanos.

La preeminencia mediática del tema de la descentralización no se corresponde con agudos procesos de concentración territorial de la actividad económica en el país. Lejos de alterar la centralización económica de la capital, los procesos vividos en las últimas décadas siguen acentuando esa distorsión.

En lo concerniente a los gobiernos municipales, no se observan todavía cambios signifi cativos. Aún los ayuntamientos se reducen a ofrecer precarios servicios a los cascos urbanos. A pesar de haber incrementado sus ingresos todavía no se advierten cambios que apunten hacia la incorporación responsable de servicios municipales para la población rural. Con entusiasmo se podría observar la proliferación de los presupuestos participativos, a menos que los mismos reproduzcan la generalizada visión de que la sindicatura es el conserje de los citadinos.

A nivel de los gobiernos locales hay que convertir los espacios edilicios en gestores del territorio. Algunas experiencias novedosas de “municipios productivos” dan cuenta de la incorporación de los cabildos como aliados válidos en la búsqueda de alternativas económicas.


El gran desafío es convertir las instituciones públicas con incidencia en el campo en promotoras de la autogestión comunitaria y transformar sus orientaciones tecnocráticas en procesos incluyentes al servicio del desarrollo humano. Es necesario colocar como objetivo central de su trabajo la promoción de los valores de equidad, empoderamiento y participación, efi ciencia y, en defi nitiva, de libertad. Es decir, poner en el centro del accionar público el desarrollo humano de las zonas campesinas como el resultado directo de su trabajo, no como un impacto esperado que pocas veces se concretiza.


1 Ver Martinussen 1997 y Corbridge 19952 El economista con más infl uencia lo fue sin dudas el inglés Walter

Whiltman Rostow, quien con su publicación “Las etapas del crecimiento económico: Un manifi esto no comunista” (un título muy sugestivo, por demás) promovió la idea de la existencia de un sendero universal para el desarrollo.

3 Dudley Seers fue uno de los pioneros en la crítica a la teoría económica convencional. En un seminario sobre la Enseñanza de Economía del Desarrollo, celebrado en Manchester en abril de 1964, presentó una ponencia titulada “Las limitaciones de los casos especiales”, donde introduce una seria discusión sobre la debilidad del uso de los indicadores macroeconómicos utilizados como señal de desarrollo. Ver Seers 1968

4 El estadígrafo italiano Cordino Gini había creado a principios del siglo XX un coefi ciente que permitía medir las concentraciones del ingreso. El “coefi ciente Gini”, como se conoció, fue muy bien recibido al momento de su publicación en 1921, pero luego durante las próximas décadas estuvo en desuso hasta muy avanzado el siglo pasado.

5 Ver Derek et al 19746 Un ejemplo típico que se utiliza es el referido a los gastos invertidos

en remediación o mitigación ambiental. Un país A con una febril actividad de degradación tendría más gastos en mejorar el medio ambiente que un país B con una economía con pocos efectos perversos hacia la ecología que no tenga que invertir mucho en revertir los daños causados. El país A tendría, ceteris paribus, un mayor PIB que el país B, sin que esto suponga mejor nivel de vida en el primero que en el segundo.

7 La obra “Lo pequeño es hermoso”, aunque no es una publicación que represente una escuela de pensamiento económico en el sentido académico, signifi có una importante contribución a las críticas contra las propuestas de corte economicista aplicadas a los países pobres. Ver Schumacher 1973

8 El primer esfuerzo en el uso del concepto Necesidades Básicas Satisfechas se dio con la publicación del Mapa de la Pobreza Crítica en Chile, en 1975. Con posterioridad la CEPAL trabajó

Notas


dicha metodología para dar una mayor versatilidad en su aplicación. Ver Feres y Mancero 2001

9 El concepto es el producto de un trabajo de equipo lidereado por Mahbub ul Haq cuando sirvió como consejero especial del PNUD desde 1989 hasta 1995. Junto a él trabajaron su esposa Khadya Haq, Paul Streeten, Frances Stewart, Amartya Sen, Richard Jolly y Meghnad Desai, quienes elaboraron el marco teórico y metodológico de los primeros reportes de desarrollo humano.

10 Amartya Sen publicó una colección de artículos sobre la relación entre ética, libertad y economía donde desarrolla con amplitud el concepto de desarrollo como ejercicio de la libertad humana. Ver Sen 2000

11 ODH/PNUD 200712 Ver Ross 199813 Sobre las implicaciones de los transgénicos se ha producido

un amplio debate en el cual coinciden activistas ambientales y académicos de casi todo el mundo. Ver Altieri 2004; Anderson y Nielsen 2004; Baily y Lappé 2002

14 Ver FIDA 200115 Ver García Canclini 199016 Ver de Janvry, Alain y Sadoulet, Elizabeth 200417 Stiglitz 2003. En este documento, el autor no sólo dirige sus

críticas al tipo de medidas impulsadas por las instituciones fi nancieras internacionales, sino que por igual cuestiona la poca participación de las comunidades y poderes locales, quienes con frecuencia son ignorados por los tomadores de decisiones.

18 Ver Contreras, Rodrigo 200019 Chaparro y Rivera 2000, p. 2020 Canales 2005, p. 121 Ídem22 Higgings 1968, p. 174, 30523 En círculos internacionales se bautizó con el nombre de Revolución

Verde al importante incremento de la producción agrícola que se dio en el siglo XX, como consecuencia del empleo de técnicas de producción modernas, concretadas en la selección genética y la explotación intensiva permitida por el regadío y basada en la utilización masiva de fertilizantes, pesticidas y herbicidas.

La importancia de esta revolución radicó en que mostraba perspectivas muy optimistas con respecto a la erradicación del hambre y la desnutrición en los países subdesarrollados.

Los resultados en cuanto a aumento de la productividad fueron espectaculares. Pero los aspectos negativos no tardaron en aparecer: problemas de almacenaje desconocidos y perjudiciales, excesivo costo de semillas y tecnología complementaria, la dependencia tecnológica, la mejor adaptación de los cultivos


tradicionales eliminados o la aparición de nuevas plagas. Por lo que fue muy criticada desde diversos puntos de vista que van desde el ecológico al económico, pasando por el cultural e incluso nutricional. (http://es.wikipedia.org/)

24 Cela 1984, p. 3025 Pérez 2002, p. 1826 Baud 1991; Machín 1975; LLuberes 1975; García Tamayo

1979; San Miguel 198727 Baud 1991, p. 2328 Geilfus 1994, p. 85; Cassá 1979, p. 140-15029 Ídem, p. 9630 Excepto en el Cibao Central, debido a su ocupación temprana

por el campesinado y su fortaleza económica asociada a las exportaciones.

31 Geilfus 1994; Del Rosario et al. 1996a32 Geilfus 1991 y 1994; Del Rosario et al. 1996; Del Rosario y

López 1998; Del Rosario 199933 Ceara Hatton 1984, p. 5734 Pérez 2002, p. 1935 Ídem, p. 2136 Es cada vez es más notable la presencia de adultos mayores y

niños conviviendo en los hogares rurales. Los miembros jóvenes de la familia salen a trabajar fuera de la comunidad, dejando sus hijos al cuidado de los abuelos.

37 Canales 2005, p. 238 Vinod et al. (2000), p. XXIV. Traducción del autor.39 En República Dominicana, el análisis sobre la realidad rural, sus

dinámicas productivas y culturales en general, prácticamente desaparece a partir de la segunda mitad de los años ochenta del siglo XX.

40 IICA 2000, p. 841 Ídem42 Schejtman y Berdegué 2003, p. 243 BID 2003, p. 444 Ídem, p. 645 Ceña 1993, citado por Pérez 2002, p. 2346 Schejtman y Berdegué 2003, p. ii47 Ídem, p. i48 BID 2003, p. 849 IICA 2000, p. 950 Más que “empresarizar el campo” habría que hablar de organizar

(“profesionalizar”, en los términos franceses) la empresa rural.51 Geilfus 2000, p. 2552 Ídem, p. 2953 Ídem, p. 33


54 Del Rosario y López 200055 Dávalos 199856 Cela 1984, p. 3557 BID, FAO, CEPAL 1999. p. 5658 Escobar 1999, p. 1059 Del Rosario y López 2000, p.5060 Schejtman y Berdegué 2003, p. 1-261 La mayoría de los municipios dominicanos son rurales. Es decir,

se trata de demarcaciones territoriales cuya cotidianidad está condicionada más por los procesos económicos y culturales de su entorno rural, que por dinámicas internas propiamente urbanas.

62 Citado en Aguilar 1993, p. 1463 Schejtman y Berdegué 2003, p. 2664 Ídem65 Ídem66 Ídem, p. 367 FAO 2000, p.1268 Vinod et al., p. XXIII69 ONE 200270 Ver Anexo I71 Banco Mundial 200672 Ariza M., Duarte I., Gómez C. y Lozano W. 199073 CESDEM 200474 Ver Santana, Isidoro, El gasto fi scal en algunos servicios públicos

por provincias, (GTZ, Santo Domingo, 2000). Del mismo autor ver también Participación de la población rural en la tributación y los benefi cios del gasto público, Revista Tributación, (INCAT, Santo Domingo, No. 47/48, 1986). Un excelente ensayo que también se refi ere al tema fue preparado por Rolando M. Guzmán, Magdalena Lizardo y Edmundo Rivera, de ONAPLAN, titulado Estructura económica, funcional y regional del gasto público social en la República Dominicana 1978-1997 (Santo Domingo, 1998)

75 Newby y Sevilla Guzmán 1983, p. 19-2176 FLACSO y UNICEF 199377 Rodríguez 200478 CESDEM, STP y ONAPLAN 2003 y BC 199879 OPS 200280 ONE 2006. Calculada para el quinquenio 2005 - 2010. Es

importante destacar que no está desagrada por zona, lo que difi culta saber la diferencia entre las áreas rurales y las urbanas.

81 Gómez y Zúñiga 200682 Ídem, p. 2483 Observaciones realizadas por la autora en la Zona de Tireo


(Constanza), Blanco (Bonao), Puerto Escondido (Duvergé) y comunidades relacionadas con el Parque Nacional Juan B. Pérez Rancier.

84 CESDEM, STP y ONAPLAN 2003, PUCMM 200385 Observaciones de campo realizadas en comunidades rurales del

Parque Nacional Los Haitises, J. Armando Bermúdez y Parque Nacional J. B. Pérez Rancier.

86 Costumbre de residir con los parientes del marido tras el matrimonio o vivir cerca a estos, con o sin el cónyuge.

87 Schwartz, Timothy T., McPherson, Matthew y Portorreal, Fátima. 2001

88 Romero 200589 Ortiz 199790 Banco Mundial/ BID, 200691 TNC , USAID y Fundación Progressio, 199992 Schwartz, Timothy T., McPherson, Matthew y Portorreal, Fátima.

200193 TNC , USAID y Fundación Progressio, 199994 FLACSO 2002, CID y SJR 200295 FLACSO 200296 Núñez 200197 Sustituye la mano de obra femenina, pues las mujeres no son

contratadas para la recogida de café en la zona que se observó la situación. Esto no signifi ca que en otros lugares, las mujeres no sean contratadas junto a los haitianos.

98 Gupta y Ferguson 199299 Escobar, 2000, Casey 1993, Dirlik, 1997100 Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00101 O’Connor, 2000. De acuerdo con O’Connor la evidencia empírica

favorece que el capitalismo no es sostenible ni puede amparar la sostenibilidad ecológica, dado que ˝la sostenibilidad capitalista depende de la acumulación y las ganancias, también señala que si los costos del trabajo, los recursos naturales, la infraestructura y el espacio se incrementan de manera signifi cativa, el capital enfrenta la posibilidad de una segunda contradicción, una crisis que surge del lado de los costos…˝.

102 Portorreal 1998103 La conceptualización parte de un modelo de desarrollo turístico

que, si bien se plantea lo sustentable, no toma en cuenta la autonomía, la diversidad y la economía alternativa, dado que implicaría que los activistas (ecologistas) y las comunidades reclamen su derecho sobre los recursos y como productores de conocimiento, entre otros.

104 TNC 1992105 Ídem, 1992


106 Rey 2002107 Se trata de una propuesta de desarrollo iniciada en Europa con el

nombre del Proyecto Leader que surgió en el sector agrícola a raíz de las reformas de la Política Agraria Común (PAC). Pasó a las Américas con el nombre de nueva ruralidad. De ahí que la Unión Europea trató de introducir algunas medidas y programas de tipo multisectorial e integrado en donde se trataba de promover sistemas locales que pusieran en marcha programas capaces de generar procesos endógenos de desarrollo. Los puntos fundamentales son los siguientes: interés en la dimensión territorial en contraste con la sectorial agraria, ˝interés en las distintas funciones y servicios prestados por la agricultura más allá del aspecto productivo; i) reconocimiento de los múltiples vínculos entre las pequeñas ciudades y el campo circundante y de la relación entre desarrollo urbano y rural; iii) reconocimiento de la complementariedad entre agricultura y otras ocupaciones en la generación de ingresos rurales, de la generalización de la agricultura a tiempo parcial y del origen multisectorial del ingreso de muchas familias rurales; iv) conciencia de la función residencial de las zonas rurales, en oposición a una percepción puramente productiva o recreativa de las mismas, que lleva a prestar atención a la provisión de servicios sociales y residenciales a las poblaciones rurales; v) reconocimiento de la creciente integración de las zonas rurales en los mercados (de productos, insumos, tecnología y mano de obra) y su incorporación al proceso de globalización, así como conciencia de la importancia de la competitividad territorial frente a la sectorial; vi) atención al potencial económico que ofrecen los activos ligados al territorio, de tipo geográfi co, histórico, cultural, paisajístico y ecológico; y vii) acento en la participación de los diversos agentes involucrados en el diseño y la aplicación de las políticas y programas de desarrollo rural˝ (FAO, Banco Mundial, 2003).

108 Kant 1989, pp 319109 En tanto los valores son criterios o pautas culturales básicas que

norman el comportamiento de los seres humanos, cuya defi nición histórica se refl eja en la mentalidad colectiva, las leyes y costumbres, la religión y la cultura. Los valores infl uyen de manera decisiva en el comportamiento de hombres y mujeres; por tanto, son claves en la construcción social del género, el androcentrismo es el enfoque que centraliza la experiencia humana únicamente desde la perspectiva masculina. De ahí que en toda sociedad con predominio de los valores masculinos se exhibe una cultura androcéntrica que se manifi esta en la posición social superior del varón.

110 Estos autores plantean que la proporción del sector rural en la


pobreza total es mayor al 50% en todos los países latinoamericanos y del Caribe, con excepción de México, cuya proporción es de un 33% (p. 9).

111 En relación a la “exclusión social”, Marcela Ballara (2001), de FAO, plantea que “un enfoque reciente es el que se refi ere a la exclusión social, inicialmente desarrollado en Francia, donde se considera que ciertos grupos son excluidos de las redes sociales, de instituciones y normas”. De igual manera, en un informe del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), relativo al Proyecto Género en el Desarrollo Rural Sostenible fi nanciado por la Agencia Sueca de Cooperación Internacional (ASDI), plantea que el análisis de los indicadores sociopolíticos y económicos de la región latinoamericana y del Caribe evidencian la profundidad de la crisis que afecta a los residentes en los espacios rurales, aunque, al mismo tiempo, muestran escenarios de agudos contrastes. Por un lado, es una región cuyos recursos naturales constituyen un pulmón de inapreciable valor para el planeta, aunados a la gran riqueza cultural e histórica. Por otro, coexiste la exclusión social y económica de origen étnico y de género, la discriminación en el gasto social para satisfacer las demandas de los territorios rurales e ingresos inferiores al mínimo requerido para cubrir los gastos de bienes y servicios que percibe más del 50% de la población de los territorios rurales. Estas determinantes de la pobreza rural asumen manifestaciones particulares en cada país en función de su interrelación y el peso específi co de cada una.

112 Gregorio y Ramírez 2000113 Durante un diagnóstico realizado en 1990 por un grupo de

consultoras para formular el proyecto FIDA I, durante una visita al asentamiento agrario de Vicente Noble, se pudo comprobar que en un plazo de 1 mes habían emigrado 500 mujeres residentes en el área, incluyendo el propio asentamiento, pudiéndose notar una gran cantidad de hogares monoparentales, con la presencia de hombres, niños y ancianos y ancianas.

114 Este estudio, auspiciado por el Consejo Nacional de Población y Familia (CONAPOFA), en 1999, fue realizado en 10 provincias: Santiago, Valverde, San Francisco de Macorís, Cotuí, El Seibo, Hato Mayor, Elías Piña, San Juan y Barahona, para evaluar mediante la técnica de grupos focales, la percepción sobre el impacto de las políticas públicas en familias pobres de la zona rural. Los grupos focales estuvieron conformados mayormente por mujeres de todas las edades, a los cuales se les formularon alrededor de 10 preguntas relativas a políticas públicas en el área de la salud, la educación, la emigración, el cuidado de ancianos y otros tópicos de interés.


115 Campillo y Kleysen, IICA/BID 1996116 Auffret, P. 2002117 SEA 2005118 PNUD 2005119 Los reportes disponibles en la Ofi cina Sectorial Agropecuaria de

la Mujer de la SEA, el Departamento de Desarrollo Social del IAD, el Programa de Apoyo a la Mujer Rural del Despacho de la Primera Dama, estudios puntuales de la Secretaría de Estado de la Mujer realizados para la elaboración del Plan Nacional de Equidad de Género (PLANEG), Ofi cina de Desarrollo de la Comunidad (ODC), Mujeres en Desarrollo, Inc. (MUDE) y en las Organizaciones de Tercer Nivel como CONAMUCA, dan cuenta de que las mujeres son las que expresan mayor preocupación por las carencias comunitarias, lo cual es entendible por el impacto que tales carencias tienen sobre la reproducción familiar.

120 Alarcón, Diana, 2002. Los activos productivos se clasifi can en cuatro grandes renglones: capital natural (tierra, agua, subsuelo y medio ambiente); capital humano (educación, salud, capacitación para el trabajo y capacidad de emprendimiento); capital fi nanciero (ahorros y activos líquidos), y capital social (asociado a los niveles de confi anza que existe entre la gente y su capacidad de organización). Ver Köbrich and Divern (2001), citado por Marcela Ballara, de FAO. Se considera que la falta de acceso a activos y la disparidad en el control de éstos, es un factor crítico que se asocia a la pobreza en América Latina y el Caribe, disparidades que tienen como base los estudios que revelan que la pobreza impacta especialmente a las mujeres y jóvenes, envejecientes y comunidades étnicas, dado su acceso limitado a activos productivos.

121 Esta afi rmación está basada en las defi niciones de Diana Alarcón sobre la clasifi cación de los activos productivos, estimándose que el espacio geográfi co receptor de la mujer migrante, por lo general, le ofrece mejores perspectivas que su lugar de origen.

122 Este índice confi ere un rango en función las variables del IDH (valor de la esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetización de adultos a partir de los 15 años, tasa bruta combinada de matriculación primaria, secundaria y terciaria, y estimación de los ingresos percibidos).y de las diferencias entre hombres y mujeres dentro de ellas.

123 No es un caso raro que las mujeres rurales sean despojadas por sus parejas o sus familiares de algún bien, particularmente tierras y muebles, al predominar la creencia de que las uniones consensuales no les confi eren derechos, aunque la Suprema Corte de Justicia reconoce este tipo de unión.

124 En la publicación Mujer Rural en República Dominicana se plantea


que “la población de mujeres sin educación en el área rural es de 13%, casi el doble de la zona urbana, la cual registra un 8.1%. En el caso de la población de hombres sin educación es más alta que las de las mujeres en ambas zonas”. Ver SEM, 2006, en base a datos de ENDESA 2002.

125 Informaciones del IAD dan cuenta de que a partir de 1990 se continuó distribuyendo tierra, pero de inferior calidad. Por ejemplo, se cita el hecho de que entre 1996 y 2000 se entregaron alrededor de 3 millones de tareas cuyo uso era exclusivamente forestal. En el primer informe del Diagnóstico del Sector Agropecuario de 2005, se plantea que en los años 2001-2003 se observó una marcada reducción en la distribución de tierra y aunque en 2004, al amparo de la contienda política, se activó la distribución de tierras, la mayor parte de éstas se clasifi can en terrenos inadecuados para la agricultura.

126 SEA 2000127 ODH/PNUD en base a BCRD y ONE128 Banco Central de República Dominicana 2005129 IICA 2005130 Banco Central de República Dominicana 2006131 Banco Central de República Dominicana 2006132 Banco Mundial 2006133 IICA 2005134 BM 2006, p. 16135 SEA 1998136 Banco Interamericano de Desarrollo 2006137 SEA 1998138 BID 2006139 Salvaguardia: medida que permite aumentar los aranceles

durante un año después de que las importaciones de un producto hayan aumentado por encima de niveles ya negociados.

140 Banco Central de República Dominicana 2005141 FAO 1999142 IICA 1992; CEPAL 1994; SEA 1996 y 1998; JAD 1997143 Entre 1986-1990 estas políticas enfatizaron el aumento de la

inversión pública en el sector construcción y en el incentivo de la inversión extranjera en el sector servicios, especialmente en el turismo y las zonas francas.

144 Linares 1988145 Ver Anexo 1146 Se trata del análisis del Estado comparado con el ser mitológico

que combina la cabeza de un hombre (racional, inteligente) con el cuerpo de un toro (una bestia con fortaleza y posibilidades de embestidas feroces). Sobre esa concepción gramsciana del Estado ver Christine Buci-Glucksmann 1978.


147 Aunque en el documento hacemos la oposición entre la “sociedad rural premoderna” contra la “urbanización moderna” promovida por el Estado capitalista, la dicotomía también se ha planteado entre el “campesinado arcaico” y el “proletariado rural modernizante”. El debate planteado en esos términos fue representado desde inicios del siglo XX por Chayanov como defensor del sistema campesino en su libro “La organización de la unidad económica campesina” y por Kaustky como abanderado de la proletarización del campo, defendido ampliamente en su libro “La Cuestión Agraria”.

148 Ver Ellis 1992149 Oligopsonio se defi ne como los mercados donde existen pocos compradores, lo

cual se asume como una restricción a la competencia entre actores, creando las condiciones para que las condiciones de venta sean manipuladas con facilidad en perjuicio de los vendedores o de los consumidores fi nales.

150 El Cobweb Theorem fue desarrollado por Mordecai en 1938 para explicar los ciclos de precios de los bienes agrícolas y sus efectos tardíos en el incremento de la producción.

151 El capital no transable se refi ere a aquellos recursos que no pueden ser exportados.

152 Ver Warman 2001 y Ellis 1998153 Ver Geilfus 2000154 Los principales ideólogos de la sociedad de principios del Siglo XX, Américo

Lugo, José Ramón López, Federico García Godoy expresan en gran medida esa preocupación por el “atraso de nuestra sociedad”, entendido éste como la distancia de los patrones de vida occidentales.

155 Ver Bauer 2002156 El Sistema Torrens debe su nombre a su creador, el abogado Rober Torrens,

de origen australiano. Se implantó en el país mediante la Orden Ejecutiva No.511, dictada durante la ocupación norteamericana, la cual promulgó la Ley de Registro de Tierras. El principio cardinal en el cual se sustenta este orden jurídico de la propiedad inmobiliaria es considerar al Estado como propietario originario de todos los terrenos.

157 Ver Del Rosario et al 1996158 Ver Gwynne and Kay 1999159 República Dominicana es el país de la región que más ventajas en términos de

acceso a mercado ha obtenido con esta iniciativa, ver al respecto el Capítulo 3 de BID, 2002.

160 Ver el trabajo de Colón, donde se recoge el marco legal que rige las instituciones del sector.

161 Dicha estrategia se remonta a los albores del Estado dominicano. Ver Baud, 1996

162 Los fondos especializados para cultivos específi cos son canalizados para CODOCAFÉ, Fomento Arrocero, Departamento de Cacao, INTABACO, INAZUCAR, entre otros. Los demás rubros suelen recibir los servicios de la Secretaría de Estado de Agricultura (SEA), cuyas acciones suelen tener un reducido impacto.


163 A pesar de que la iniciativa de transferencia de riego a los usuarios ha venido postulándose en el país desde fi nales de los ochenta no fue si no a partir del Proyecto de Manejo de Cuencas Regadas y Cuenca (PROMATREC) y el Programa de Administración de los Sistemas de Riegos por los Usuarios (PROMASIR) cuando se le dio impulso defi nitivo a la idea.

164 El Proyecto de Apoyo a Iniciativas Democráticas (PID) fue un proyecto ejecutado por la Pontifi cia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM). Inició en 1992. El objetivo era promover los valores de la democracia en la sociedad dominicana. Entre los temas a los que se le dieron mayor atención están la descentralización y la municipalidad.

165 La relación entre el dinero ahorrado y los préstamos concedidos fue analizada por Yunén (1985). En la obra el autor propone que en el país operan mecanismos de movilización de ahorros y extracción de excedentes hacia la capital.

166 Domingo Matías en el II Foro sobre descentralización y poder local en el desarrollo humano propone algunas razones para el aumento desproporcionado del número de municipios y distritos municipales: incremento de los fondos recibidos, ausencia de una agenda legislativa vinculada de la ciudadanía, la concentración del gasto público municipal en el casco urbano en detrimento del ámbito rural, el deseo de una falsa autonomía territorial y la revalorización del municipio como unidad gestora de políticas públicas. De todas estas razones la que resulta menos obvia es la última por las escasas capacidades de gestión de políticas públicas asociadas a los nuevos ayuntamientos.

167 Con frecuencia se oyen demandas muy pronunciadas de parte de Organizaciones No Gubernamentales hacia el gobierno donde refi eren la desatención e inefi ciencia ofi cial en el combate a la pobreza. En ese sentido, es necesario que estas ONG también se sientan cuestionadas ante la incapacidad exhibida por muchos de los proyectos que realizan en lograr un impacto signifi cativo en revertir la pobreza en las zonas donde trabajan.

168 Ver CEPAL 1999169 El concepto de desarrollo territorial asociado a desarrollo rural ha venido ganando

reconocimiento en la comunidad académica. El RIMISP- Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural con sede en Chile ha estado generando discusiones de muy alto nivel sobre el particular. Para un análisis de sus potencialidades y alcances, ver De Janvry y Sadoulet, 2004.

170 Ver Sneesens 2003


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Anexos


Cada país utiliza sus propios criterios para delimitar las áreas rurales. Así pues existen un sinnúmero de características que ayudan a establecer la línea divisoria entre las zonas urbanas y rurales dependiendo de cada país, como son: cantidad de habitantes, tamaño del asentamiento y disponibilidad de servicios básicos. Por esta falta de estándares y criterios homogéneos en lo que se refi ere a la defi nición de ruralidad, se difi culta en gran medida el estudio y la comparación entre países. A continuación se presentan algunas defi niciones de ruralidad:

• “En la República Dominicana se considera como urbana a toda la población residente en la cabecera de los municipios y distritos municipales del país. La población rural es entonces la que habita en el resto del territorio, es decir en las secciones y parajes.” En este concepto, el incremento en la cantidad de municipios ha infl uido de manera directa en la cantidad de habitantes que residen en zonas urbanas, porque automáticamente son creados, la cabecera de los municipios pasan a formar parte de las zonas urbanas.

• David De Ferranti, et al (2005) relaciona al espacio rural con las áreas de baja densidad demográfi ca y distantes de los centros urbanos. Esta metodología, aunque tiene que ser todavía mejorada, representa un ejemplo empírico de cómo puede ser medida la ruralidad, permitiendo la comparabilidad entre países. Los países miembros de la OCDE también utilizan la densidad y distancia como características para defi nir la condición rural, llegando a establecer una defi nición estándar como “las densidades demográfi cas inferiores a 150 habitantes por kilómetro cuadrado y una distancia importante de las zonas urbanas superior a una hora de viaje.”

• Los participantes del IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura) proponen que “un territorio es rural cuando el proceso histórico de construcción social que lo defi ne se sustenta principalmente por los recursos naturales y mantiene esta dependencia estructural de articulación. Un territorio es rural cuando su especifi cidad es su dependencia de los recursos naturales y su base económica se estructura alrededor de la oferta ambiental en que se sustenta.”

• Por ultimo, existen defi niciones basadas en la estructura y forma del territorio, como aquella propuesta por Wiggins, Steve y Sharon Proctor (2001) en donde se defi ne área rural como aquel “espacio donde asentamientos humanos e infraestructura ocupan pequeños parches en un territorio dominado por campos y pasturas, bosques, agua, montañas y desiertos.”

Anexo I: Diferentes defi niciones de ruralidad


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