Calidad es democratización

Guillaume Long

Uno de los argumentos más recurrentes de ciertos sectores que se autoproclaman como oriundos de la

izquierda, para oponerse a la transformación de la educación superior llevada a cabo por el actual gobierno,

es el rechazo de la calidad, referida a menudo como un factor de “elitización” de la universidad ecuatoriana.

De hecho, la palabra “calidad” eriza los pelos de muchos, como si referirse a ella revelara de imperialismo

epistemológico. Calidad todavía suena, para algunos, a lenguaje empresarial anglosajón, imbuido de

connotaciones fordistas y oriundo del léxico del mundo del “eficientismo” productivo. El aseguramiento de la

calidad, la fiebre de los ISO, las acreditaciones de toda índole, y todo el discurso de “los procesos” les resulta

nauseabundo, como si el fetichismo por la calidad fuera el testimonio de una sociedad preocupada con lo

procedimental y no con lo estructural: meollo del asunto.

¿Pero qué pasa si un proyecto político progresista empuña el principio de la calidad para reivindicar causas

históricas de la izquierda: la regulación estatal, el fin de los abusos mercantilistas, la recuperación pública de

un bien público, la democratización?

Fue, después de todo, gracias a la calidad que se pudo cerrar 14 “universidades” que hacían un gran daño a

sus estudiantes y a la sociedad que recibía a los graduados en su seno. Y es gracias a esa misma calidad que

se puede enfrentar uno de los males mayores del neoliberalismo: la oferta irresponsable de carreras con

nombres pomposos pero sin ningún asidero académico, diseñadas para seducir a clientes y no a estudiantes

sujetos de derechos.

El aseguramiento de una calidad, cuyo significado debe estar en constante construcción, puede motivar

muchas transformaciones progresistas; incluso, para cambiar la naturaleza machista de la universidad

ecuatoriana, por ejemplo si se mide la proporción de autoridades académicas mujeres en una universidad que

sabemos plagada históricamente por el caudillismo patriarcal; para incentivar la participación académica de

los pueblos y nacionalidades; para evitar la precarización laboral de los docentes; o para fomentar regímenes

de becas; entre muchos otros estímulos.

Por otro lado, la gratuidad de la educación superior pública de tercer nivel, conseguida en la Constitución,

debe ser acompañada de mecanismos para asegurar su calidad. Sin ese tándem simbiótico, esta histórica

consecución, que contraría la tendencia global de creciente arancelamiento y privatización, será un simple

saludo a la bandera, sin consecuencias emancipadoras para la sociedad.

La resistencia a las políticas de calidad por parte de un puñado de intelectuales de izquierda es en realidad

muy desveladora de aquella misma visión ultra-autonomista que tanto caracterizó al fundamentalismo

neoliberal. Aquella academia sacrosanta, muy “post-todo”, más allá del bien y del mal, y que se rehúsa a

sujetarse a la regulación del Estado moderno, defiende, en últimas circunstancias, la misma universidad-

hacienda y el mismo “coronelismo” universitario que aquellos que se encuentran, supuestamente, en la otra

orilla del espectro político.

Lejos de elitizar la educación superior en términos socioeconómicos, la calidad es intrínseca a cualquier

proceso redistributivo y de reconocimiento fomentado desde lo público. ¡Calidad es democratización!

prensa-latina.cu – 09 abril 2013

Busca Ecuador reconocimiento internacional de universidades públicas

El Estado ecuatoriano trabaja para que siete de sus universidades públicas categoría A, obtengan reconocimiento internacional entre las mejores del mundo, anunció el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces).

Para lograr ese objetivo se inició el proceso con vistas a que esos establecimientos obtengan la acreditación de la Agencia de Acreditación de Carreras Abet, y los estudiantes obtengan una formación de calidad con altos estándares. Las universidades públicas escogidas son: Escuela Politécnica Nacional; Escuela Superior Politécnica del Litoral; Universidad Técnica de Ambato; Universidad de Cuenca; Escuela Politécnica de Chimborazo; Escuela Politécnica del Ejército y Universidad Central de Ecuador. Sin un sistema universitario de calidad no vamos a poder dar el salto que todos los ecuatorianos anhelamos, en temas como el desarrollo, cambiar la matriz productiva y el Buen Vivir, expresó Guillaume Long, presidente del Ceaaces. Este año se van a seguir evaluando a las universidades y todos los centros académicos desde la categoría A hasta la D estarán bajo análisis, y las carreras de ingeniería son una prioridad. La depuración del sistema responde fundamentalmente al contexto de desintegración del Estado antes del 2007, de su rol regulador y planificador, al impacto de esta ausencia y abandono sobre el Sistema de Educación Superior, precisa un documento oficial del Ceaaces. Esta situación de vacío regulador permitió se diera rienda suelta a la creación indiscriminada de universidades, sin adecuada planificación y políticas de control de calidad, y entre los años 1992 y 2006 se crearon 40 universidades y escuelas politécnicas en Ecuador. Eso duplicó la cantidad total de instituciones de educación superior de tercer y cuarto nivel en el país y algo similar pasó con la oferta de carreras y programas que en muchos casos su apertura respondió a estímulos meramente mercantiles, agrega el documento. Esta gran proliferación de nuevas carreras, con frecuencia dotadas de nombres descabellados y sin ningún asidero académico, significó que el sistema llegue a sumar cerca de cinco mil carreras ofertadas a nivel nacional, todo lo cual está ahora en proceso de reordenamiento.

lahora.com.ec – 02 abril 2013

Pedido de reformas a Ley de Educación Superior no es nuevo

La marcha de la Universidad Central, que concentró a miles de estudiantes, profesores y autoridades en el Consejo de Educación Superior (CES), el 20 de marzo, no es la primera que exige reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior y al Reglamento de Escalafón Docente.

Desde la aprobación de la normativa en septiembre de 2010, cuyo veto parcial pasó por el Ministerio de la Ley, después de que la Asamblea Nacional no pudiera resolverlo por falta de quórum, las críticas no han faltado y la posición del titular del CES y de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Senescyt), René Ramírez, no se han modificado.

Por un lado, se asegura que los problemas que se anunciaron desde que entró en vigencia la Ley y el Reglamento ya se están evidenciando. Por otro, se critica que las instituciones de educación superior no han sabido planificar y que no se suman a la propuesta de buscar la excelencia y calidad del sistema educativo.

Cambios

La exigencia de que los profesores principales titulares posean un título de doctorado, siendo 2017 el plazo máximo para su obtención, la renuncia obligatoria de los profesores que hayan cumplido 70 años, la injerencia en la autonomía universitaria por el trámite de aprobación en el Ministerio de Finanzas de las partidas para profesores, son sólo algunos aspectos que han estado en la mira de los involucrados.

En junio de 2010, durante el segundo debate de la Ley, se dio una muestra de rechazo a la normativa, por parte de una facción de estudiantes universitarios, que argumentaron que se estaba atentando contra los principios de la universidad ecuatoriana.

Lo mismo ocurrió en octubre del año pasado, antes de la aprobación del Reglamento de Escalafón Docente el 31 de ese mes, cuando los universitarios insistieron que los requisitos que se establecían allí eran “irreales” y que no se iban a poder cumplir.

“Nosotros lo dijimos hace un año e insistimos que es necesario reformar la Ley”, señaló el presidente de los profesores de la Universidad Politécnica del Ecuador, Jaime Calderón, quien indicó que se está organizando el segundo encuentro de asociaciones de maestros.

Lo mismo sostuvieron cuatro consejeros de 10 en el CES, quienes votaron en contra de la normativa. Ellos habían propuesto un régimen de transición más largo acorde a lo que consideran la realidad de la universidad en el Ecuador.

Posiciones

Ramírez ha sido claro en que “jamás” se va a reformar la Ley Orgánica de Educación Superior, mientras que el presidente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces) insiste en que las reformas podrían pensarse en unos 20 o 30 años.

“Son requisitos mínimos”, alega Ramírez, quien visibiliza como única alternativa una reforma a las disposiciones transitorias del Reglamento solamente para que las universidades logren que sus profesores alcancen los doctorados.

La responsabilidad viene de varias partes, explicó Milton Luna, director de Contrato Social por la Educación. Por un lado, asegura que las universidades tienen un problema estructural en relación al envejecimiento de los profesores, pero por otro, que existe norma rígida, donde se evidencia una “falta de comprensión cabal de la realidad”.

Luna cree necesario abrir un espacio de diálogo para conversar sobre qué soluciones se van a dar para prevenir la crisis en el interior de las universidades.

ecuadorinmediato.com – 10 abril 2013

No todos los profesores universitarios que se jubilan son de excelencia, advierte Ministro Espinosa

E indicó que universidad ecuatoriana no tiene capacidades ni competencias de alto nivel para investigación.

Augusto Espinosa, ministro Coordinador de Conocimiento y Talento Humano, señaló que no se puede ocultar que no todos los profesores que se jubilan de las universidades ecuatorianas son de excelencia. Por ello, considera necesaria aplicar una evaluación de esos maestros para conocer en qué nivel se encuentran. "Si es que hay profesores de excelencia, encontremos los mecanismos para que se mantengan en la universidad aportando", precisó.

El Ministro sostuvo que es evidente que la universidad ecuatoriana estaba atravesando una “profunda crisis”. Según Espinosa, el Gobierno comparaba los indicadores en el ámbito de investigación de la universidad ecuatoriana con las regionales “teníamos un enorme rezago”.

“Lo que estamos proponiendo es que se cumpla con la ley del 2000 ni siquiera con la del 2010, en donde se decía que todos los profesores universitarios deberían tener título de cuarto nivel, hoy todavía las universidades ecuatorianas tienen dentro de su staff profesores con título de tercer nivel”, comentó.

El Secretario de Estado recalcó que cuentan con recursos a universidades para financiar los procesos de jubilación. Explicó además que no es cierto el hecho que de todos los profesores que se jubilan sean docentes de “excelencia”.

“Habría que hacer una evaluación de esos profesores, si es que hay profesores de excelencia, encontremos los mecanismos para que se mantengan en la universidad aportando, pero esto es para un pequeño grupo de profesores”, acotó en declaraciones para Gama TV.

La universidad ecuatoriana no tiene capacidades ni competencias de alto nivel para investigación, afirmó el Ministro Espinosa, quien indicó que, con este escenario, se puede optar por dos cosas: “auto engañarnos o realmente iniciar un proceso serio de transformación”.

“Para tener universidades de investigación necesitamos tener infraestructura, tecnología e investigaciones ¿quiénes son los investigadores?, los PhD, el mundo reconoce a los PhD como investigadores”, puntualizó.

andes.info.ec – 10 abril 2013

Universidad Estatal de Guayaquil deberá pagar USD 94.000 por realizar cobros indebidos a sus estudiantes

El Consejo de Educación Superior (CES) impuso una sanción económica de USD 95.400 a la Universidad Estatal de Guayaquil por cobros ilegales de cursos, seminarios y derechos de grado a sus estudiantes.

El pleno del CES, en sesión ordinaria décimo cuarta y mediante resolución RPC-SO-14 No. 118-2013, determinó que el centro de estudios incumplió el principio de gratuidad de la educación superior pública, señalado en el artículo 356 de la Constitución de la República del Ecuador.

René Ramírez, Secretario Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) y miembro del Consejo Superior del CES, señaló que la sanción impuesta a la Universidad de Guayaquil fue tomada en base a la investigación de las denuncias presentadas por los estudiantes y a los informes técnicos de la Senescyt.

El funcionario recordó que el CES conformó una comisión de sustanciación que comprobó la veracidad de las denuncias. La comisión estuvo integrada por Francisco Cadena, Enrique Santos, Gustavo Estrella y Marcelo Aguilera.

Ramírez recordó que la Senescyt emitió dos informes técnicos que confirmaron la violación al principio de la gratuidad por parte de la Universidad de Guayaquil. “Dichos informes tenían unas quinientas denuncias y el Consejo de Educación Superior recibió separadamente 150 denuncias adicionales”, manifestó Ramírez.

La universidad porteña cobraba por cursos de inglés entre USD 30 y USD 70, por cursos de computación los valores se situaban entre los USD 15 y USD 70, por seminarios de titulación los estudiantes pagaban valores que oscilaban entre los USD 300 y USD 935; y los talleres de tesis tenían un costo de USD 300 y USD 1.035.

“Por ejemplo, la facultad de Administración cobraba USD 1.035”, sostuvo el secretario de la Senescyt.

Los alumnos también pagaban por materias extracurriculares entre USD 50 y USD 180 y por especies valoradas, derechos y donaciones entre USD 2 y USD 200.

Ramírez destacó que el CES cumplió en todo momento con el derecho a la defensa de la universidad y al debido proceso.

“Vale la pena señalar que la Universidad de Guayaquil ha devuelto a un total de 240 estudiantes rubros indebidamente cobrados por estar cubiertos por la gratuidad. Esto nos hace ver que las denuncias están confirmadas y se ratifica que ha existido un proceso de violación a la gratuidad”, señaló el secretario de la Senescyt.

En este marco, el CES resolvió el cese inmediato de los cobros ilegales y la devolución a los estudiantes de los valores y una multa de 300 remuneraciones básicas unificadas (USD 95.400).

Además, se estableció que el rector del centro de educación superior deberá presentar un informe del cumplimiento de la resolución del CES en treinta días.

andes.info.ec – 08 abril 2013

Ecuador busca la proyección internacional de 7 universidades públicas categoría A

Además de buscar el mejoramiento de la educación superior, el Estado ecuatoriano trabaja para que siete universidades públicas que cuentan con categoría A, obtengan el reconocimiento internacional.

El Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (Ceaaces), inició el proceso para que estos establecimientos obtengan la acreditación de la Agencia Abet.

“Esto servirá para que los estudiantes cuando se hayan graduado obtengan una formación de calidad y con altos estándares”, manifestó, Michael Milligan, director Ejecutivo de la Agencia de Acreditación de Carreras Abet.

Las universidades públicas que constan en el inicio del proceso son: Escuela Politécnica Nacional, la Escuela Superior Politécnica del Litoral, la Universidad Técnica de Ambato, la Universidad de Cuenca, la Escuela Politécnica de Chimborazo, la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE) y la Universidad Central del Ecuador.

La acreditación es fundamental para exigir mayor calidad y para beneficiarnos todos, sin un sistema universitario de calidad no vamos a poder dar el salto que todos los ecuatorianos anhelamos, en temas como el desarrollo, cambiar la matriz productiva y el Buen Vivir”, expresó Guillaume Long, presidente del Ceaaces.

En esta primera etapa del proceso, Abet se dedicará exclusivamente a la acreditación de carreras y programas en un campo específico como son las ingenierías, tecnologías y las carreras informáticas. “Este campo es estratégico para el Ecuador, hay mucho énfasis, incluso desde el ejecutivo para que tengamos realmente técnicos del más alto nivel en el campo de las ingenierías, de las ciencias duras y básicas, etc.”, acotó Long.

El proceso formal de la acreditación toma 18 meses y tiene un tiempo de duración de seis años. "Esto nos permitirá ingresar en un concierto de universidades de tipo internacional y de élite es lo mejor que le puede pasar al país, por el bien de los estudiantes", dijo el vicerrector académico de la ESPE, Roberto Aragón.

Abet cuenta con una base de datos de 3.200 programas acreditados en alrededor de 670 universidades ubicadas en 24 países.

El Comercio – 12 abril 2013

Trayectoria doctoral Enrique Ayala Mora El grado de doctor se ha concedido en nuestro país desde tiempos coloniales. No solo permitía el ejercicio de una profesión, como abogado médico o sacerdote, sino que daba un estatus social elevado. En la segunda mitad del siglo XX se lo concedía como habilitante para un ejercicio de una profesión (médico, abogado, odontólogo, psicólogo, etc.,), en algunos casos en unidad de acto con el título profesional propiamente dicho. También se crearon para doctorados a quienes, luego de haber obtenido la licenciatura hacían estudios posteriores. Estos doctorados eran de diferente nivel y duración. Algunos tenían cierto componente investigativo y otros eran simplemente una continuidad de estudios profesionales. Proliferaron cuando se aceptaron como requisito para ascensos de categoría en el magisterio. La urgencia de poner al sistema académico del país a la altura de los del exterior, y el colapso del "doctorado profesional de pregrado" o de "tercer nivel", impulsaron los intentos de establecer en el país programas que culminaran con una titulación de nivel internacional equivalente al PhD anglosajón. En la década de los noventa se organizaron programas doctorales propiamente dichos, que funcionaron con apoyo de universidades prestigiosas del exterior. La Escuela Politécnica Nacional fue la pionera y presentó un reglamento que fue aceptado por el Conuep. En 1998, la Universidad Andina Simón Bolívar Sede Ecuador convocó a su primer programa doctoral que se inició el año 2000. Luego seguirían otros en la misma universidad. La Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales inició programas doctorales algún tiempo después. El año 2000, la Ley de Educación Superior dictó por primera vez normas para el régimen académico, entre ellas, la existencia del doctorado "de cuarto nivel", como máxima titulación en el país. Aunque se puso una norma expresa para que el Conesup regulara el doctorado, y a pesar de repetidos reclamos, por años ese organismo no dio un paso en ese sentido. Fue en la segunda mitad de la primera década del siglo XXI que se retomó el esfuerzo por regular el doctorado. En noviembre de 2006, el Conesup dirigido por Gustavo Vega designó una comisión que, tras años de trabajo sostenido, formuló un "Reglamento de Doctorados", que fue aprobado por el Consejo en diciembre de 2008. Allí se pusieron las bases para regular la creación y funcionamiento de doctorados en nuestro país, tratando de evitar que sucediera con ellos lo que había acontecido con las maestrías, cuya proliferación y facilidad de aprobación trajo el descenso del nivel de no pocas de ellas. Ese reglamento está vigente y ha permitido que existan regulaciones que han preservado el nivel académico. Ahora se debe dar un paso adelante cuando el Consejo de Educación Superior discuta el nuevo Reglamento de Doctorado.

ces.gob.ec – 09 abril 2013

En la Ciudad de Guaranda, Provincia de Bolívar, se Celebró la Tercera Ronda de Construcción Participativa del Reglamento de Régimen Académico.

La Universidad Estatal de Bolívar, en la ciudad de las siete

colinas, Guaranda, continúa con la Construcción

Participativa del Reglamento del Régimen Académico, este

martes 9 de abril del 2013.

Gracias al espíritu incluyente e intercultural de la Universidad Estatal de Bolívar, un importante número de estudiantes participó activamente en los talleres. Se contó además con la presencia de representantes de universidades de las provincias de Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua y Pastaza.

El Sr. Rector de la Universidad de Estatal Bolívar, el Ing. Diómedes Núñez expresó que "era necesario que se diera un giro total a estos procesos académicos y que esto se vincule a las demás funciones sustantivas de la universidad, eso nos motiva enormemente. Que las modalidades se definan con claridad, cuáles tienen que ser y en qué entornos deben desarrollarse. Lo académico debe vincularse con la realidad del país, reconociendo que estos procesos son dinámicos y fundamentales."

Las jornadas continuarán en la ciudad de Cuenca, en la Universidad Politécnica Salesiana el día 11 de abril y; seguidamente en la ciudad de Ibarra, en la Universidad Técnica del Norte, el 12 de este mes.

andes.info.ec – 15 abril 2013

En Ecuador la educación superior gratuita es un derecho garantizado en la Constitución; en Chile lo reclaman en las calles

La actual constitución ecuatoriana manda que la educación superior en el país sea gratuita, esa es la razón por la que el acceso a la formación de tercer nivel registró un crecimiento desde la aprobación del referéndum de 2009 en el que se reformó la constitución.

El libre ingreso a las universidades públicas es uno de los puntos altos que ha conseguido la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), ente encargado de manejar la formación de tercer nivel en Ecuador.

“El Sistema de Nivelación y Admisión –adscrito a la Senescyt- lejos de restringir oportunidades en el acceso, las ha incrementado, por ejemplo el ingreso a las universidades pasó de 52.781 estudiantes en 2009 a 71.995 en 2012”, dijo René Ramírez, secretario de la Senescyt.

La otra cara de la moneda ocurre en Chile, en donde actualmente los estudiantes universitarios realizan marchas y manifestaciones casi diarias para pedir al gobierno de Sebastián Piñera que desarrolle una reforma en la Constitución para que la educación en este nivel sea gratuita.

El fin al lucro y una educación pública gratuita y de calidad son el motivo central de las multitudinarias manifestaciones estudiantiles que se iniciaron en 2011, exigiendo una profunda reforma al sistema educativo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), refirió el diario El Tiempo de Chile sobre la última marcha ocurrida el pasado jueves 11 de abril.

En Ecuador, el Estado no solo ha promovido una educación superior gratuita sino que también trabaja por la calidad de la misma, un ejemplo de eso fue suspensión de 14 universidades por falta de calidad académica. Ante esto la Senescyt y el Consejo de Educación Superior (CES) aplicaron el Plan de Contingencia.

El Plan de Contingencia, más los hijos de familias que reciben el Bono de Desarrollo Humano, suman más de 75.000 personas que pueden cumplir con la consecución de sus estudios de tercer nivel. “De los 35.878 ciudadanos que se acogieron al plan de contingencia, que tuvo una inversión de más de USD 60 millones, 16.452 están en proceso de graduación”, informó Ramírez.

Todos estos programas y proyectos que benefician a la educación superior se la ha hecho con una inversión de más de USD 1.300 millones, lo que representa el 1,9% del producto interno bruto (PIB). “Una democracia de calidad debe estar sustentada en la verdad”, comentó René Ramírez.

El Comercio – 16 abril 2013

Y si tuviéramos todos esos genios? Si en el país hubiera -como el Gobierno anhela- una cantidad nada despreciable de personas con título de PhD, ¿cuánta investigación adicional se generaría? Posiblemente poca. Porque para investigar se necesita, en primer lugar, datos. Y en el Ecuador hay hartas trabas para acceder a información que debiera ser pública. No hace falta tener un PhD para darse cuenta de las barreras que existen para conseguir información pública. Basta escuchar los periplos que tienen que hacer los estudiantes universitarios para obtener los datos para realizar sus tesis. Un estudiante que quiso analizar el impacto del gasto público en la educación superior se encontró con que sólo se publican los datos agregados de "educación y cultura", mas no sus componentes. Solicitó la información del gasto en educación superior al Ministerio de Finanzas, pero le dijeron que vaya al Banco Central. En el archivo del Banco Central obtuvo los datos históricos hasta el año 2006 y le explicaron que los más recientes estaban en otro departamento del Banco, donde le indicaron que vaya a la Senescyt. Ahí recibió los datos del año 2011 y le informaron que los de 2007 a 2010 se hallaban en el Conesup. Pero en esa dependencia le dijeron que habían remitido toda la información a la Senescyt y que ya no tenían nada. Así, después de poner a prueba la resistencia de sus suelas y su paciencia, el estudiante no logró obtener las cifras de 2007 a 2010 y tuvo que inferirlas de algunas publicaciones oficiales. Esta experiencia no es la excepción. Si alguien -interesado en investigar la inseguridad- busca los datos relativos a las víctimas (como la edad o el sexo) o a las circunstancias de los crímenes; si alguien -interesado en investigar el crecimiento económico por actividad- pretende analizar el pago del Impuesto a la Renta y del Impuesto al Valor Agregado por contribuyente y por sector al que pertenece; si alguien -interesado en investigar el cumplimiento de los derechos humanos- quiere saber las causas por las cuales el Gobierno no ha reconocido la condición de refugiado a ciertos solicitantes; si alguien -interesado en investigar la evolución del endeudamiento público- desea revisar las condiciones de los contratos de deuda con la China; o si alguien -interesado en hacer investigación específica- necesita información pública desagregada, esa persona debe estar dispuesta a vivir una gran frustración, especialmente si revisa lo que establece la Constitución y la Ley de transparencia y acceso a la información pública, y peor aún si se entera que parte de la información que busca sí era pública hasta hace pocos años. Así que si tuviéramos un ejército de ciudadanos con título de PhD, para poder aplicar sus destrezas primero tendrían que convertirse en detectives. Si el objetivo no es acumular cartones de PhD sino generar investigación, la transparencia y la sistematización de la información pública deben trascender la retórica.

El telégrafo – 14 abril 2013

Las universidades, en rojo sobre profesores Ph.D

En los cinco centros de educación superior públicos de las provincias centrales, es bajo el nivel de profesionales con estudios de posgrado, requisito indispensable para enseñar

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), en su artículo 150, señala como requisito para ser profesor titular principal de una universidad o escuela politécnica pública o particular el tener un título de doctor, Ph.D o equivalente. Además, haber publicado obras o artículos indexados en el área del conocimiento relativa a su cátedra, más cuatro años de experiencia.

En la región centro se localizan cinco centros de educación superior públicos que albergan a gran parte de la población estudiantil de esta zona y de otras provincias del país, que no llegan aún a cubrir los requisito establecidos por la LOES y cuyo plazo vence en el 2017.

La Universidad Nacional de Chimborazo (UNACH), por ejemplo, cuenta con un solo profesor con Ph.D. Sin embargo, María Angélica Barba, Vicerrectora Académica, mencionó: “Tenemos 30 maestros que están fuera del país, de los cuales seis han sido becados por la Secretaría Nacional de Educación Superior Ciencia Tecnología e Innovación (Senescyt) y 14 son beneficiados con la ayuda de nuestra Universidad. Además, tenemos convenios con varios países en los cuales nuestros compañeros se encuentran en capacitación, por ejemplo Perú, España, Italia, y con esto garantizamos que podremos cumplir con lo que exige la LOES”.

Por otra parte, la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo (ESPOCH) cuenta con 400 profesores, de los cuales siete son Ph.D y 14 catedráticos están fuera del país (cuatro de ellos en Europa becados por el Senescyt y 10 en Cuba), los cuales han buscado su propio financiamiento para estudiar.

“Para obtener esta categoría se debe estudiar cuatro años; no podemos mandar a todos los profesores a especializarse en otros países pues las universidades se quedarían sin docentes. Es una excelente idea el mantener ese nivel académico; sin embargo, el tiempo es muy poco”, señaló Fernando Proaño, Director de la Escuela de Postgrado.

Lo mismo ocurre en la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), que cuenta con 416 docentes, de los cuales 257 tienen título de tercer nivel, mientras que 156 tienen título de cuarto nivel y apenas 3 tienen Ph.D.

Gloria Vizcaíno, Directora de Evaluación Interna de la UTC, mencionó que cumplir con la meta es “difícil” dado la falta de tiempo. “Estamos apenas a cuatro años del 2017 y es complicado que en tan poco tiempo la universidad ecuatoriana consiga esa meta. Es una política que requiere al menos un decenio”, dijo.

De esa universidad, 10 docentes están el extranjero cursando los estudios que les otorgarán el título de Ph.D.

RECTOR DE LA UTC DICE QUE FALTAN RECURSOS PARA LA CAPACITACIÓN

Guido Yauli, Rector (e) de la Universidad Técnica de Cotopaxi (UTC), mencionó que más allá del tiempo, la principal limitación para mejorar el nivel académico de los docentes radica en el factor económico. “Las estancias que regulan el sistema de educación superior exigen el cumplimiento de la ley, pero no hay la contraparte en cuanto a la asignación de recursos”, aseguró.

Yauli explicó que el 6% destinado para la formación de docentes en la UTC representa 800.000 dólares. “Si analizamos que un profesor debe recibir aproximadamente 80.000 dólares, nos alcanza solo para capacitar académicamente a 10 de ellos al año”, sostuvo. Por ello, la autoridad universitaria dijo que conforme a esta realidad, cumplir la meta impuesta por el Gobierno no es viable.

lahora.com.ec – 18 abril 2013

10 universidades indagadas por presuntas irregularidades

En total, 10 universidades han pasado por un proceso de investigación en el Consejo de Educación Superior (CES) por presuntas irregularidades. Esto, tras cientos de denuncias presentadas por estudiantes y profesores, que fueron validadas en las comisiones de la entidad.

Cobros en las instituciones públicas, exceso de costos en las particulares, problemas administrativos e ilegalidad en la elección de autoridades son de las razones más comunes por las que se han iniciado los procesos.

Desde que el CES comenzó a funcionar, el 5 de septiembre de 2011, hubo una “avalancha” de denuncias, especialmente de las 14 universidades que fueron cerradas, según el presidente subrogante, Marcelo Cevallos.

Actualmente, existen cinco comisiones ocasionales que se han dedicado a las investigaciones por cada caso. Se ha sancionado a la Universidad Estatal de Guayaquil por violación a la gratuidad de la educación superior, considerada una falta grave. Tiene que pagar 300 salarios básicos, es decir, 95.400 dólares.

En los otros casos, existen prórrogas para la presentación de los informes finales. Posiblemente para mayo, según Cevallos, se definan nuevas penalidades.

Casos

Las universidades públicas Técnica Luis Vargas Torres de Esmeraldas, Técnica de Machala y Estatal de Guayaquil, y las privadas: Tecnológica Israel y Del Pacífico, tienen procesos de investigación por presuntas irregularidades (ver recuadro).

Las universidades Católica de Cuenca, Metropolitana, De Cuenca, Cooperativa de Colombia del Ecuador y la Escuela Politécnica Superior de Chimborazo tienen procesos iniciados o concluidos por faltas cometidas en el interior.

Según Cevallos, la época más fuerte de irregularidades y denuncias se dio entre 2011 y 2012.

Etapas

Alrededor de 150 requerimientos mensuales ingresan a la Comisión de Universidades. De estos, entre el 5 y el 10% corresponde a denuncias, explicó Cevallos. Una vez calificadas, es decir, que se verifique que tienen una firma de responsabilidad y estén fundamentadas, se crea una comisión ocasional.

Luego, se hacen informes parciales. Hay audiencias, se elabora el informe final y el pleno que define la sanción. La universidad puede apelar.

La Universidad Estatal de Guayaquil ya comenzó a entregar el dinero que había sido cobrado

ilícitamente.

El Comercio – 19 abril 2013

Doctorado ecuatoriano

Hay ya una tradición de doctorado en nuestro país. El Reglamento de Doctorados emitido por el

antiguo Conesup, que aún está vigente, fue un gran paso. Al prepararlo, la preocupación

fundamental fue garantizar la calidad de los programas e incentivar a las instituciones superiores

a que los realicen. Se fue definiendo un modelo nacional, a partir de experiencias de otros

países. Así se establecieron algunas características de las bases del doctorado ecuatoriano.

Según el Reglamento, el doctorado es el más alto grado académico que se concede en el país y

debe tener el nivel de los programas internacionales de PhD o equivalentes. Pone énfasis

fundamental en la investigación. Las universidades deben organizar programas específicos,

destinados a esta exclusiva titulación.

Se espera que los programas doctorales se organicen con la colaboración de instituciones

académicas de prestigio del exterior. Todos los directivos, docentes tutores y examinadores de

los programas de doctorado deberán ser doctores con titulación de nivel internacional (PhD o

equivalente). Los alumnos, cuyo número será limitado a 18 cada tres años por programa, deben

dedicar tiempo completo al programa, al menos en la fase docente. La institución superior debe

dotar obligatoriamente de becas a un porcentaje de los alumnos.

Los programas deben tener un marco flexible, dadas las diferencias entre las ciencias duras,

médicas o sociales. Y también debido a que se esperaba que buena parte de los alumnos

nacionales fueran académicos de media carrera, con una base de experiencia en investigación.

El Reglamento mantuvo un mínimo de tres años para cursar los programas y otros requisitos.

Para la tramitación, aprobación y seguimiento de los programas doctorales se creó la Comisión

de Doctorados, integrada por catorce doctores (siete principales y siete suplentes). Esta comisión

realizó una intensa labor: Legalización de títulos de programas doctorales nacionales, creación

del registro especial de doctorados, normas para aprobación de nuevos programas doctorales y

reconocimiento de grados obtenidos en el exterior.

La Comisión de Doctorados cesó en sus funciones al desaparecer el Conesup. En su última

sesión formuló un informe con algunas observaciones para el futuro. Lamentablemente, el

informe ha tenido muy poca divulgación, pero sería útil consultarlo en la preparación del nuevo

Reglamento de Doctorados que se apresta a realizar el Consejo de Educación Superior. Esa

labor, que parecería lo sensato se realice luego de la emisión del reglamento de régimen

académico, que es el marco general, debe estar acompañada de una amplia consulta a las

instituciones superiores. Solo garantizando su efectiva participación se puede esperar su

aceptación positiva.