Contiene fundamentación y nueve apartados, mismos que son los siguientes: primero (Propósito) con tres artículos; segundo (Autonomía e independencia judicial) con un artículo; tercero (Imparcialidad Judicial) con dos artículos; cuarto (Diligencia Judicial) compuesto por un artículo; quinto (Transparencia, apertura a la sociedad y uso de los medios de comunicación) con un artículo; sexto (El comportamiento del Juez) integrado por un artículo; séptimo (Declaración de bienes e ingresos) con un artículo; octavo (Comité de Ética Judicial) constituido por dos artículos y por último el noveno (Extensión de la aplicación del Código) compuesto por un artículo.

Dividido en cuatro capítulos a saber: primero (Introducción); segundo (Principios Generales) conformado por nueve puntos; tercero (De la Comisión de ética) con doce puntos; y cuarto (Del procedimiento) con un solo punto.

La carretera más importante de la Ciudad Blanca está a medio construir, millonarios fondos para los estudios de factibilidad y un testigo que asegura haber quedado fuera de un turbio negocioLa primera etapa de la denominada autopista Arequipa – La Joya, es un proyecto que nació como la solución a los problemas viales de esta región, pero que hoy se encuentra en el ojo de la tormenta por una serie de graves denuncias que han motivado, incluso, la intervención de la Contraloría General de la República. Jack López Acuña, es un ingeniero civil muy reconocido en esta región y es también el personaje principal de esta historia. Una historia por lo demás extraña y que incluye también a altos personajes del gobierno regional arequipeño. López Acuña formó parte del consorcio peruano – español que ganó en febrero del 2013 la buena pro para realizar un estudio de factibilidad y un estudio definitivo del proyecto para construir lo que resta de esta autopista. Una vía de casi 40 kilómetros que conectará a la ciudad de Arequipa, a través del distrito de La Joya, con la carretera Panamericana, disminuyendo el tiempo de conexión a solo 20 minutos, cuando ahora es de casi una hora y media. La actual administración de esa región, presidida por Juan Manuel Guillén, solo ha construido 16 kilómetros, sin señalización, luego de idas y venidas en torno a este tema a lo largo de los años. Fecha 11 junio del 2014

Las autoridades del Colegio de Ingenieros de Lambayeque lamentaron que el alcalde de Chiclayo, Roberto Torres Gonzáles,

no asista al Primer Foro Regional “Estrategias para combatir la corrupción en obras públicas”, donde los candidatos a la alcaldía y región, presentarán sus propuestas para evitar los hechos de corrupción en las licitaciones de obras públicas.El decano del Colegio de Ingenieros, Ciro Salazar Montaño, señaló que el burgomaestre chiclayano ya ha anunciado abiertamente y que no irá a este importante encuentro pese a que su gestión es la más cuestionada por retraso y mala adjudicación de las obras.“Quizá no viene porque no tiene propuestas o porque quiere continuar esta política irregular de corrupción en todas sus obras. Lamentamos eso porque es una gran oportunidad para que la gente conozca sus propuestas”, indicó Salazar Montaño.El evento ha sido programado para este viernes 5 de setiembre y cada uno de los candidatos provinciales tendrá un espacio de 10 minutos para exponer sus propuestas en este delicado tema, además 5 minutos más de réplica del auditorio que estará integrado por especialistas, técnicos e ingenieros.Cabe precisar que el último informe del Colegio de Ingenieros revela que en la mayoría de municipios existen denunciar por direccionamiento de obras, pago de los “diezmos” entre otras irregularidades.

Chiclayo: denuncian que obras de riego en Olmos no tienen supervisión

Consejeros regionales de Lambayeque recomendaron paralizar los trabajos del Proyecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT)El consejero regional de Lambayeque, Andrés Palma, denunció en conferencia de prensa que las obras de riego del proyecto de irrigación de Olmos, con un avance del 48%, se ejecutan sin supervisión, por lo que recomendó paralizarlas.“Junto a los consejeros Ana Toro, Lázaro Villegas, José Eneque, Óscar Zeña y Maritza Mocarro visité el Proyecto Especial Olmos-Tinajones (PEOT), donde los ingenieros de la concesionaria H2Olmos –a cargo de los trabajos- revelaron que no hay

supervisión en el lugar. Ellos están preocupados porque no saben a quién entregarán la obra”, manifestó.Asimismo, cuestionó a los funcionarios del PEOT por no contratar a la empresa supervisora. “Han pasado 10 meses y nadie vigila la construcción del túnel, de la bocatoma”, añadió. La obra comenzó en noviembre del 2012 y una vez culminada dotará de agua a 38 mil hectáreas.Este grupo de consejeros está solicitando una sesión extraordinaria al pleno del consejo para citar la próxima semana al gerente del PEOT, Francisco Gayoso, y que explique cuál es la situación real de las obras.Por su parte, Gayoso rechazó la acusación y aseveró que su institución sí supervisa los trabajos en Olmos. “[Palma] habla sin conocimiento y trata de sorprender a la opinión pública. Ayer [martes] nos presentamos en el gobierno regional pero él no asistió”, afirmó.

Decano del Colegio de Ingenieros de Chimbote es sentenciado por corrupción

Creado el Viernes, 16 de Enero de 2015 09:23

Lo encontraron responsable de haber cometido el delito de colusión.

La Sala Penal Liquidadora Transitoria de la Corte Superior de Justicia del Santa sentenció a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida a tres al exgerente de Chinecas y actual decano del Colegio de Ingenieros de Chimbote, Hugo Rojas Rubio.

El Poder Judicial lo ha encontrado responsable de haber cometido el delito de colusión cuando se desempeñaba como gerente del proyecto especial Chinecas.Los magistrados consideran que permitió una serie de irregularidades en el proceso de adjudicación de alquiler de maquinaria para la descolmatación del río Santa con el fin de favorecer a dos postores “comandos”, hecho que ocurrió en el año 2008, informa el Diario de Chimbote.También han sido sentenciados a la misma pena los integrantes del Comité de Licitación Pedro Barreto Aranda, Rubén Sandoval Calvo y Ananias Britto Mejía (reo contumaz). Otros sentenciados son el exintegrante de la Oficina de Control Interno de Chinecas, Demetrio

Julca Clemente, y las proveedoras Jesús Monzón Faustino y María Marilú Pereda Vega.La proveedora María Pereda resultó ser una comerciante de pollo del mercado 21 de Abril, quien resultó siendo beneficiada con más de 1 millón de soles en contratos en Chinecas y la Subregión Pacífico, ambas entidades dependientes del Gobierno Regional de Áncash. Esto ocurrió en la gestión del ahora preso César Álvarez. Se presume que esta mujer solo habría prestado su nombre para que otros ganen estos contratos.Los sentenciados deberán pagar una reparación civil de 5 mil soles y quedan inhabilitados por dos años para el ejercicio de cargo público. (RSD Noticias).

‘Sindicatos’ cobran hasta US $ 170 mil por dar ‘seguridad’ a obras de

construcciónMuchos empresarios aceptan porque "el que no paga o se va o

lo matan. Y cuando buscan protección policial en comisarías del

lugar, les piden US$ 60 por efectivo pero los 'dirigentes' les dan

hasta US$ 1,500 para que no intervengan. La División de

Protección de Obras Civiles ha investigado estas denuncias y

cuenta con un expediente revelador.

Óscar Chumpitaz C.

La extorsión por parte de los supuestos sindicatos de construcción

civil es un costo aceptado por las pequeñas empresas, las grandes

compañías constructoras e incluso por el ciudadano común.

Quizás la violencia que azota a Lima no difiera en nada del fenómeno de

inseguridad que se enquistó en el resto del país; pero la diferencia está

en que, en este caso, y gracias a una investigación que realiza la Policía,

se sabe con pelos y señales el reto al que se enfrentan con estas

bandas, la manera escandalosa como operan, el poder que ostentan y el

terror que imparten.

Gracias a interceptaciones telefónicas, testimonios de víctimas y

manifestaciones de detenidos hoy la División de Protección de Obras

Civiles (Diproc) cuenta con un grueso expediente, que revela que

estos delincuentes ordenan y planean crímenes, controlan el negocio del

boom inmobiliario y detallan extorsiones.

CÓDIGO DE PROTECCIÓN

La mayoría de esas pruebas son tan contundentes y escalofriantes que a

los criminales no les queda otra que aceptar los cargos. Pese a ello, sin

embargo, muchos han sido liberados por fiscales y jueces corruptos.

"Conozco ingenieros y maestros de obras que han sido extorsionados y

la cifra varía de acuerdo con el genio del jefe de la banda, y el que no

paga se va o lo matan", dijo un empresario que pidió reserva de su

nombre. Refirió que el año pasado le enviaron a su casa una carta con

una bala.

“Los denunciantes deberíamos tener un código de protección para poder

acusar sin temor a estos criminales. En mi caso tengo que salir con

agentes de seguridad y a mis hijos los he tenido que enviar a estudiar a

provincia”, explicó.

DEL 2 AL 5% DE LA OBRA

El coronel José Saavedra Ballón, jefe de la Diproc, señala que los

'dirigentes' de estos ‘gremios’ cobran cupos para no interrumpir el

avance de las construcciones a cambio de un pago que oscila entre el 2

y 5% del costo de la obra en total.

Para marcar su ‘territorio’ y no permitir que otro grupo ataque la misma

obra, los delincuentes pegan papeles firmados por las víctimas y los

cabecillas en la fachada. De hacer caso omiso a la advertencia, les

declaran la guerra.

En muchos casos esta práctica es facilitada por policías corruptos de

comisarías que cobran dinero a cambio de protección y colaboran con

los mafiosos.

NEGOCIO ACEPTADO

Los extorsionadores pueden cobrar hasta 170 mil dólares por la

seguridad en la zona de construcción, o entre 15 y 17 mil dólares al

mes.

Cuando los dueños de grandes obras buscan protección policial, les

cobran 60 dólares por efectivo pero esto sirve de poco porque los

extorsionadores les pueden pagar hasta 1,500 dólares para que no

intervengan.

El coronel Saavedra afirma que la Policía se encuentra realizando un

mayor control en las obras de construcción en la capital, sin embargo, es

una promesa que para los empresarios suena utópica.

“En San Isidro, las autoridades municipales están obligando a

implementar cámaras de seguridad en las obras. Es un ejemplo a imitar

para poder identificar a los extorsionadores”, señala.

121 BANDAS CRIMINALES

Según el oficial, gracias al trabajo de Inteligencia que realiza la Policía

los cabecillas de estas bandas ya fueron identificados en diferentes

penales.

Señala que desde el 2010 al 14 de julio de este año, la Diproc ha

desarticulado 121 bandas criminales dedicadas al cobro de cupos en el

rubro de la construcción.

"Se ha capturado a 104 requisitoriados, hemos intervenido en 1,986

delitos flagrantes y confiscado 103 armas de fuego", sostiene a La

República.

Dice que "le estamos pisando los talones a esos seudo dirigentes que

trafican en Chilca, Mala y Asia. Esperemos que la fiscalía y el Poder

Judicial actúen sin temor y les apliquen todo el peso de la ley".

LIGADO AL TRÁFICO DE TERRENOS

El general (r) PNP Víctor Gandolfo, asesor de la Cámara Peruana de la

Construcción (Capeco), advirtió que algunas municipalidades

entregan a los extorsionadores información sobre los proyectos

inmobiliarios.

“Su acción se extiende también al sector comercio. Por ello, debemos

hacer que las autoridades entiendan la necesidad de combatir este

grave problema que crece en la capital”, alertó.

El delito de extorsión está íntimamente ligado al tráfico de tierras.