NOTAS DE PRENSA

Boletín de Prensa COP (Año 2011) 1

BOLETÍN DE PRENSA Nº135

SEMANA DEL 28 DE FEBRERO AL 6 DE MARZO

COORDINADORA DE POLICÍAS (COP)


ÍNDICE DE ARTÍCULOS DEL BOLETÍN

MEDIO DE COMUNICACIÓN LOCALIDAD FECHA El Correo de Andalucía Sevilla 06.03.11 El Almería Olula del Río 06.03.11 Europa Press Almería 06.03.11 Diario Qué Fuenlabrada 06.03.11 La Voz de Galicia A Coruña 05.03.11 Europa Press Valencia 05.03.11 Agencia Efe Madrid 04.03.11 Diario Qué Galapagar 04.03.11 Agencia Efe Valencia 04.03.11 Europa Press Castilleja de la Cuesta 04.03.11 El País Valencia 03.03.11 La Voz de Galicia Lugo 03.03.11 La Opinión de Murcia Murcia 03.03.11 El Comercio Oviedo 03.03.11 Diario de Navarra Navarra 03.03.11 Granada Hoy Granada 02.03.11 Diario de Noticias Pamplona 01.03.11 La Voz de Galicia Noia 01.03.11 El Correo País Vasco 28.02.11 Diario de Sevilla Almonte 28.02.11


EL CORREO DE ANDALUCÍA (06.03.11)

Uno de los agentes investigados fue recolocado al salir de prisión

El policía local imputado por tráfico de droga y cuya detención hizo que se abriera una investigación por una supuesta trama de cobros ilegales de tasas fue apartado por el Ayuntamiento de Sevilla de la unidad de motoristas tras estar tres meses en prisión provisional. El agente estuvo dado de baja varios meses, pero cuando se reincorporó a su puesto de trabajo fue recolocado en talleres, según confirmaron fuentes policiales a este periódico. Aunque el Juzgado de Instrucción número 8 mantiene imputado al agente por supuesto tráfico de droga y cohecho, esto no supone que el Ayuntamiento pueda proceder a su despido, ya que aún no existe una sentencia firme al respecto que acredite la comisión del delito. Las fuentes consultadas señalaron que los servicios jurídicos municipales estudiaron la situación determinando que si no había un fallo judicial firme que lo condenase no se podía tomar ninguna medida contra él, ya que prevalece el principio de presunción de inocencia. Lo que hizo el Consistorio entonces fue apartar al agente de la unidad de motoristas, que es la que está siendo investigada por la supuesta trama de las tasas, a otro destino que, según fuentes policiales, es el taller, conservando, eso sí, la misma categoría profesional. Antes el policía estuvo de baja médica varios meses, tras salir de prisión, cobrando el 100% de su sueldo. Este policía pasó en prisión preventiva tres meses tras ser detenido en una operación antidroga, en la que fueron arrestadas 11 personas e incautados 1.500 kilos de hachís, en septiembre de 2009. La juez rechazó varios recursos presentados por su defensa reclamando la libertad provisional al considerar que los delitos que se le imputan no justificaban su encarcelamiento y que tiene arraigo personal y laboral en la ciudad, de ahí que no hubiese riesgo de fuga. A mediados de diciembre de 2009 salió de la prisión bajo fianza de 3.000 euros e imputado por su supuesta vinculación con la red de narcotráfico, por cohecho y por tenencia ilícita de armas, ya que se le encontró en su taquilla un arma con la numeración borrada. Según la investigación, el agente no está imputado por participar directamente en el tráfico de drogas, sino por favorecer a los narcos. Fue esta investigación la que llevó a sospechar de la existencia de una supuesta trama de cobro ilegal de tasas, gracias a las escuchas telefónicas


realizadas al agente y a la documentación localizada en su taquilla. Entre ella, había diversas multas que, según las primeras pesquisas, podrían tratarse de sanciones que fueron retiradas a los narcos. La juez decidió entonces abrir otra rama del caso, para cuya instrucción puso al frente a una unidad interna de la Policía Local, dirigida por un intendente, quien incluso llegó a denunciar supuestas amenazas. La instrucción trata de esclarecer qué agentes participaban en una supuesta estafa que pudo alcanzar hasta el medio millón de euros, según apuntan algunas fuentes. Las pesquisas se centran en la unidad de motoristas y estuvo a punto de ser archivada porque el supuesto responsable del cobro de las tasas había fallecido, según confirmaron fuentes judiciales. Sin embargo, tras el pasado verano la investigación tomó un nuevo impulso, ya que se ordenó requisar media docena de ordenadores. Además, unos 30 agentes han prestado ya declaración, aunque por ahora no hay ninguna imputación. El Ayuntamiento decidió entonces cambiar el sistema de cobro de tasas por prestación de servicios especiales. Así, se reordenaron los trámites de forma que el dinero ya no se entrega en mano a los agentes, sino en el banco y toda la gestión de documentos se realiza directamente con la Delegación de Movilidad. Una medida que, pese a la elevada cantidad supuestamente defraudada, no se tomó hasta pasado un año de la apertura de la investigación interna. El hecho de que estas tasas se cobrarán por los propios agentes permitió, según fuentes policiales y judiciales, que los agentes prestaran este servicio en sus horas libres. Los policías se vestían de uniforme y realizaban estas funciones, generalmente de acompañamiento al traslado de grandes mercancías, sin declarar las tasas cobradas.


EL ALMERÍA (06.03.11)

Los policías locales denunciarán al Consistorio por amenazas e insultos

A pesar de que las posturas se han ido acercando paulatinamente para limar asperezas, los seis policías locales de Olula del Río van a emprender acciones judiciales contra el Ayuntamiento de la localidad. Así lo ha asegurado Juan Fernández Cabezas, presidente de Administración Local de CSI-F, a Diario de Almería al señalar que los agentes han contratado los servicios de un abogado por las presuntas amenazas e insultos por parte de un concejal del equipo de Gobierno por su situación laboral. Fernández explica que "ha habido situaciones no muy agradables" lo que motivado a los agentes a poner en manos de la justicia la tensa situación que viven en estos momentos ya que hay que recordar que 5 de los 6 policías locales sigue aún de baja psicológica. De hecho, la querella que van a interponer en contra del concejal olulense, del que no ha trascendido el nombre por parte de la citada fuente sindical, podría ser "inminente". "Todo eso depende del abogado pero es un hecho. La acción sindical aquí concluye por nuestra parte ya que el letrado no pertenece a CSI-F por lo que desconozco cuáles van a ser los pasos que va a dar", ha explicado Fernández. Una acción judicial que viene desatada por las desavenencias de los agentes con la jefa del Servicio y que provocó que uno a uno fueran solicitando la baja laboral a mediados del pasado mes de octubre de 2010 y que cinco meses después, la situación siga en el mismo punto de partida. Ni siquiera el hecho de que uno de ellos solicitara hace algo más de una semana su alta y servir así como punta de lanza para desbloquear el conflicto ha servido como acicate. "La situación es muy complida. Todo está muy enrarecido", añade el presidente e Administración Local de CSI-F. En este sentido, hay que recordar que uno de los dos policías locales que están en régimen de segunda actividad -realizan labores de administración dentro de la jefatura de policía- solicitó también su baja al sufrir un infarto.


EUROPA PRESS (06.03.11)

Cárcel para un policía por golpear a un joven

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado a seis meses de cárcel y dos años de inhabilitación para empleo o cargo público a un agente de la Policía Local de Almería por dar una paliza a un joven de 19 años tras una persecución por las calles de la ciudad, que se saldó con la colisión del ciclomotor en el que viajaba la víctima con el coche patrulla. La sentencia del Alto Tribunal, a la que tuvo acceso Europa Press, estima parcialmente el recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado y rebaja de un año a seis meses la pena impuesta por la Audiencia Provincial por atentado leve contra la integridad moral al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas ya que los hechos se remontan a 2001. Le absuelve, asimismo, de la falta de lesiones por la que fue condenado a multa de un mes a razón de doce euros al día por haber prescrito aunque mantiene la indemnización de 6.000 euros al joven de 19 años, quien como consecuencia de la agresión sufrió policontusiones y un trastorno de estrés postraumático. Según se recoge en el apartado de hechos probados, el acusado se encontraba de patrulla a las 22,40 horas del 5 de octubre de 2001 cuando, con motivo de una incidencia de tráfico, intentó interceptar un ciclomotor marca Yamaha conducido por su propietario, quien no respetó las indicaciones de la Policía Local y no se detuvo. Se inició entonces una persecución por las calles de la ciudad hasta que se produjo una colisión entre el coche patrulla y la moto a la altura de la intersección entre las calles Motril y Jaúl. En ese momento, el acusado se dirigió a la víctima, quien estaba atrapada bajo el ciclomotor accidentado y encajado en el vehículo policial, y, con "ánimo de atentar contra su integridad física y moral" y prevaliéndose de su condición de agente de la autoridad, comenzó a golpearle "de forma absolutamente innecesaria e injustificada, con profusión de puñetazos y patadas".


DIARIO QUÉ (06.03.11)

Molina dice que si es alcalde, el jefe de la Policía Local no será “ni mucho menos” su “hombre de confianza”

El candidato del PP a la Alcaldía de Fuenlabrada , Manuel Molina, ha asegurado que, si es alcalde, el jefe de la Policía Local de Fuenlabrada, José Francisco Cano, no será su "hombre de confianza, ni mucho menos" después de los "reiterativos episodios" en los que se ha visto envuelto. "Siempre que ha habido problemas, siempre ha estado implicado este hombre que creo que no da confianza ni a sus propios compañeros ni tampoco a los propios sindicatos. Se trata de una persona que tiene una actitud poco democrática, muy impositiva en cuanto a sus decisiones", ha denunciado el candidato 'popular' en declaraciones a Europa Press. Molina se ha referido en concreto al caso de la cámara oculta que apareció en el Ayuntamiento de Fuenlabrada tras la desaparición de unos expedientes, caso que ha sido archivado y ratificado por la Audiencia Provincial de Madrid. "Quizás la orientación no fuese penal, pero poner una cámara en un espacio público sin que se anuncie a los trabajadores que se les está grabando está tipificado. Otra cosa es que se grabasen aspectos de la intimidad personal o no se grabasen", ha valorado Molina, al tiempo que ha asegurado que "se presentará el recurso correspondiente". Molina se ha referido también a "otras ocasiones en que ha habido problemas con el funcionamiento de la policía municipal" y ha recordado también a los "incumplimientos" con respecto a la manera en que se interpretó el convenio Bescam.


LA VOZ DE GALICIA (05.03.11)

Dos o más Concellos podrán unir sus Policías Locales con una norma tipo

La fusión de las policías locales de dos o más concellos gallegos limítrofes que sumen menos de 40.000 habitantes será un trámite muy sencillo. Tras el acuerdo político y la firma de un convenio, las corporaciones podrán acudir a la página de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y copiar una ordenanza -total o parcialmente- en la que han trabajado tres años un equipo formado por miembros de diez concellos españoles, junto a seis mandos policiales, entre ellos los únicos representantes gallegos: el edil coruñés Florencio Cardador, así como Germán Lago, su jefe de Seguridad Ciudadana. La norma busca fomentar la creación de servicios de 092 para que los cuarteles de los municipales no cierren por las noches, como sucede en la actualidad en 70 de los 131 cuerpos de Galicia que carecen de plantilla para estar operativos a partir de las diez de la noche. Precisamente los ponentes gallegos tuvieron que negociar cambios para adaptar la ordenanza a la dispersión de la población en Galicia. En el texto original se establecía el requisito de que los municipios no podían sumar más de 20.000 habitantes y no debían de sumar más de diez los agentes de los nuevos cuerpos. Pero el representante de A Coruña logró imponer que el tope se quede en 40.000 habitantes y no se acote el número de policías. «El objetivo es dar servicio durante las 24 horas, aunar esfuerzos y tener más efectivos en la calle», precisa Germán Lago, que dirige la sección de seguridad ciudadana de A Coruña y procede de la Jefatura Superior de Policía de Galicia. El Ministerio del Interior, a través del Gabinete de Estudios de Seguridad Interior, ya ha dado el visto bueno a la nueva ordenanza, que a finales de mes superará el último trámite con la aprobación en una comisión ejecutiva. A partir de entonces, los concellos simplemente tendrán que copiarla de la página web de la FEMP, donde habrá otras tres nuevas normas, entre las que figura una para el botellón. Es más que probable que los municipios de Ames y Brión sean los primeros en utilizar la norma, puesto que los alcaldes ya han llegado a un acuerdo.



Botella pide a Barberá que suscriba el protocolo entre FCSE y Policía Local para luchar contra la violencia de género La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, ha reclamado este viernes al Ayuntamiento de Valencia que suscriba el protocolo de colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y los Cuerpos de Policía Local para la protección de las víctimas de violencia doméstica y de género. Ha afirmado que no comprende que no se formalice este convenio, vigente desde el año 2006. Botella, que se ha pronunciado en estos términos en una rueda de prensa en la que ha hecho un balance sobre la aplicación de las políticas de igualdad del Gobierno central en la Comunitat, ha resaltado que es "especialmente importante" que los municipios de más de 20.000 habitantes que todavía tienen pendiente firmar este protocolo "lo suscriban sin demora". Ha indicado que por el momento se han adherido a este protocolo un total de 86 municipios de la Comunitat --41 en la provincia de Valencia; 25 en la de Alicante y 20 en la de Castellón--, pero "todavía quedan por adherirse municipios muy importantes", entre los que ha citado, con más de 50.000 habitantes, a Torrevieja, San Vicent del Raspeig (Alicante), Castellón y Valencia. A este respecto, ha advertido de que ante esta situación "no se están aprovechando todos los recursos disponibles", ya que esta iniciativa permite, además de una coordinación, la incorporación a un sistema de seguimiento de expedientes para casos de violencia de género, que registra desde el año 2008 todas las denuncias por violencia y se integra el seguimiento de las actuaciones judiciales, medidas de protección o cualquier incidencia. "Permite asegurar la correcta atención de todos los casos y evitar que víctima quede desprotegida". Botella ha afirmado que pese a que los municipios intenten organizar esta actividad "de la mejor manera posible", este trabajo "no debe hacerse de manera casual o voluntarista". Así, ha instado a todos los ayuntamientos a adherirse al protocolo, "con el objetivo de mejorar los recursos". Preguntado por el caso de Valencia, ha pedido al Ayuntamiento que apruebe en la próxima Junta Local de Seguridad --que es el ámbito competente-- esta adhesión, porque de no hacerlo no tiene acceso al seguimiento de expedientes integrados y, además, ha comentado que "no es necesario estar fuera cuando existe una voluntad de coordinación". "No comprendemos que no se formalice esta relación", ha puntualizado.


AGENCIA EFE (04.03.11)

La Comunidad regula los uniformes de los agentes de Policía Local

El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco Granados, ha anunciado hoy que se han iniciado los trabajos necesarios para regular la uniformidad de los agentes de policía local de la Comunidad de Madrid . Granados hizo este anuncio en la clausura de la II Jornada Profesional sobre Seguridad Local, celebrada en Galapagar y organizada por la Asociación Profesional de Mandos y Directivos de Policía Local (APROPOL). "Esta actuación, sin duda, contribuirá a mejorar la imagen e identificar a los cuerpos de Policía Local de Madrid", ha dicho Granados y ha agregado que por ello se están iniciando las conversaciones con Ayuntamientos y sindicatos para llegar a un consenso. De esta forma, cualquier ciudadano, independientemente del municipio en el que se encuentre, será capaz de identificar a un agente, puesto que se pretende que tanto el diseño de sus vehículos como el de la uniformidad sea la misma, explicó el consejero. A pesar de que la Comunidad de Madrid no tiene competencias en materia de seguridad, se han puesto en las calles a 2.500 policías locales, con vehículos y equipamiento, en 110 municipios madrileños, y en los que se invierte anualmente más de 100 millones de euros, ha dicho Granados.


DIARIO QUÉ (04.03.11)

El alcalde aboga por que las Policías Locales se integren en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad El alcalde de Galapagar , Daniel Pérez, ha abogado este viernes por que la seguridad vuelva a ser competencia exclusiva del Estado y, de esta forma, las Policías Locales formen parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Durante la clausura de unas jornadas de la Asociación Profesional Mandos y Directivos de Policía Local (Apropol) celebradas hoy en Galapagar, el primer edil ha expresado su opinión sobre la actual situación de competencia compartida entre administraciones en materia de seguridad, lo que a su juicio "conlleva a la descoordinación y falta de eficacia" porque "el lío de competencias siempre produce desconcierto e incomprensión por parte de los ciudadanos que achacan al alcalde unos problemas que realmente no competen a la Administración local". "El alcalde siempre tiene la culpa de todo aunque no tenga la competencia. Este follón de competencias a la gente no le importa, le da lo mismo; lo que quieren es que le solucionen el problema o que no tienen acceso a hablar con el ministro o la delegada del Gobierno", ha agregado el regidor galapagueño. Así, como solución personal a esta problemática, Pérez considera que el Gobierno central debe recuperar las competencias exclusivas en materia de seguridad y que la Policía Local se integre en las FCSE o se reconvierta en un Cuerpo policial más del Estado. Mientras, los municipios deben contar con personal para el cumplimiento de las ordenanzas y del tráfico que, en su opinión, no deben ser policías municipales porque estos están preparados para otras responsabilidades superiores. Por último, el alcalde de Galapagar ha pedido una clarificación de competencias, una mayor coordinación entre Cuerpos policiales y una mayor eficacia que contribuya a un ahorro económico para los ayuntamientos y para el Gobierno central y para un mayor beneficio para los ciudadanos.


AGENCIA EFE (04.03.11)

Domínguez a Policía Local: no es momento de generar alarmismo innecesarios

El concejal de Seguridad Ciudadana, Miquel Domínguez, ha manifestado hoy que "no es el momento para generar alarmismos inciertos e innecesarios", en respuesta a las denuncias de los sindicatos policiales de Valencia sobre la "falta de personal" durante Fallas. En un comunicado, Domínguez ha asegurado que Valencia es la segunda la ciudad con mayor número de policías locales por ciudadano, solo por detrás de Madrid, con un 2,1 por ciento de agentes por cada 1.000 habitantes. El edil ha asegurado que "la prestación de servicios de la Policía Local está garantizada" durante las Fallas, porque "se ha realizado una planificación muy estudiada con el fin de optimizar al máximo los excelentes recursos" de los que se dispone para "reducir también los costes económicos". "Con la situación de grave crisis actual resulta prioritario definir al milímetro todos los servicios públicos para seguir prestándolos con garantías", ha señalado Domínguez. El concejal cree que es necesario "asumir por parte de todos la corresponsabilidad de no generar alarmas", dado que "la situación "ya es de por sí bastante alarmante en millones de ciudadanos". Finalmente, ha afirmado que la Policía Local de Valencia cuenta con "las más modernas infraestructuras y equipamientos", gracias al trabajo conjunto de los sindicatos, la jefatura y la Concejalía.



El concejal de Seguridad Ciudadana de Castilleja de la Cuesta dimite por el conflicto con la Policía Local El hasta ahora concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Castilleja de la Cuesta (Sevilla), Francisco Vega Garrido (PSOE), ha presentado esta semana su dimisión de sus responsabilidades como consecuencia de la situación de la localidad, con una merma de efectivos como consecuencia del conflicto mantenido entre Ayuntamiento y Policía Local por el impago de determinados servicios. En declaraciones a Europa Press, Vega ha señalado que, aún manteniendo su acta como edil, ha decidido abandonar sus responsabilidades al frente de la Policía Local, declarándose "harto" de "bregar" con el conflicto, producido y enquistado durante el último año de mandato, ya que durante los tres primeros "no hubo problemas y todo fue bien". "Habida cuenta de que, además, al parecer se ha perdido la confianza en mi gestión, me he preguntado qué pinto aquí", ha explicado el edil socialista --no irá en las listas del PSOE para las próximas elecciones--, que ha defendido durante todo este tiempo la incorporación de más agentes de Policía, "y no de más jefes", puesto que con la situación actual "no hay para cubrir los servicios en el momento en que hay que dar algún permiso por alguna razón". Y es que, a juicio de Vega, "no se ha contado conmigo" en todo el conflicto, una apreciación que hace extensible a la labor de su colega de bancada José Correa, concejal de Festejos, que también ha presentado su dimisión de sus responsabilidades, dado que "lo han puenteado en varias ocasiones". Ha añadido que hace cuatro años había una plantilla de 23 policías, siendo ahora de 16 efectivos, y con una situación en la cual a corto plazo hay que afrontar festejos importantes como procesiones o la Semana Santa. Por su parte, desde los sindicatos con representación en la Policía Local (Sppme, CSI-F y CCOO) se ha expuesto a Europa Press que solicitaron hace varios meses por escrito la dimisión del edil "por entender que este hombre sólo complicaba las relaciones entre el colectivo policial y la corporación municipal, ya que no tenía capacidad de decisión alguna, condiciones para mediar ni decidir sobre asunto alguno, siendo utilizado como escudo por parte del alcalde, el socialista Manuel Benítez, a la hora de depurar responsabilidades". La Policía, cuyos sindicatos convocaron recientemente una manifestación contra la inseguridad que a su juicio vive el pueblo, da cuenta de la "delicada" tesitura del municipio por "la multitud de sucesos que vienen ocurriendo en Castilleja, donde tras pasar tres noches más sin policías locales y sin nadie que atienda el teléfono el delegado sabe que cualquier día pueden que se exijan responsabilidades por esta grave situación de inseguridad y dejadez".


Los sindicatos han asegurado recibir con "alegría" la noticia, indicando que "es una postura responsable por parte de Francisco Vega". "Se demostrado que todas las personas tienen un límite, y que ahora sean otros los que se hagan responsables de lo que sucede en Castilleja", han concluido Por parte del Consistorio, el alcalde ya mostró su "indignación y repulsa" por la "posición oportunista de los sindicatos policiales y utilización partidista de la oposición", asegurando que no cederá a "las presiones de los sindicatos de la Policía Local". Así, el regidor alixeño incidió recientemente en "la absoluta insensibilidad en una época de crisis, pues tienen unos sueldos más que dignos añadiéndole productividad, y en la que muchos vecinos lo están pasando realmente mal", máxime cuando "se han creado tres nuevas plazas en la Policía Local y cuenta el municipio con la nueva dotación de la Guardia Civil".


EL PAÍS (03.03.11)

La Policía de Valencia pondrá menos multas en Fallas como señal de protesta

La Policía Local de Valencia no solo no es la mejor dotada de España, como dice el Gobierno local, sino que en Fallas dispondrá únicamente de un millar de agentes para atender 2.000 puntos en la ciudad. Los cinco sindicatos con representación en la Policía Local llamaron ayer a los agentes a movilizarse por la falta de personal de refuerzo en las fiestas falleras, por el recorte de medios materiales y el impago de servicios especiales pasados. Los agentes trabajarán "a reglamento", lo que significa que si habitualmente ponen 100 multas, ahora pondrán 10. "Vamos a denunciar lo estrictamente necesario", comentó uno de los dirigentes sindicales. "No tenemos suficiente plantilla para atender a toda la ciudad", agregó Jesús Santos, del SPPLB-CV, que ejerció de portavoz. En su comparecencia pública, los cinco sindicatos -SPPLB, FSP-UGT, CSI-CSIF, CC OO y el STA-IV- denunciaron el brutal recorte presupuestario sufrido por la Policía Local, que impide cubrir las vacantes de los 200 agentes veteranos que pasan a la segunda actividad o las jubilaciones. "Además, no hay dinero para gorras pero sí para PDA o radares de control de la velocidad. Porque lo que es un hecho es que se ha incrementado el número de denuncias cobradas", denunció Santos. Los sindicatos policiales arremetieron contra la Delegación de Policía, que dirige el concejal Miquel Domínguez, y pidieron la mediación de la alcaldesa Rita Barberá."No es una reivindicación económica ni de convenio, tampoco es política", declaró el portavoz del SPPLB, que se quejó de que otros servicios especiales como la fórmula 1 tengan refuerzos especiales y el mayor evento de Valencia, que son las Fallas, no cuente este año con un dispositivo de refuerzo. "El día de la Ofrenda, por ejemplo, quieren que alarguemos el servicio hasta la una o las dos de la madrugada, el mismo agente hasta que reviente", describieron ayer. Y ¿por qué? Porque en la Policía Local de Valencia no se pagan horas extraordinarias sino que el trabajo adicional se cobra en horas libres. "Así el año pasado hubo gente que se tuvo que coger hasta tres meses de vacaciones para quedar en paz. Así nunca estamos los agentes que dicen", prosiguieron. De los cerca de 1.700 agentes en nómina de la Policía Local, únicamente un millar patrullan por las calles y además repartidos en tres turnos. A las demandas de los sindicatos de que se convoquen las comisiones técnicas de seguridad, los sindicatos se quejaron ayer de que han recibido "la callada por respuesta". "No nos hacemos responsables de lo que suceda", añadieron mientras explicaron que si los agentes se concentran en el centro de la ciudad se desatenderán los barrios periféricos. Los peores días serán el 18 y 19 de marzo, días finales de las fiestas, con la coincidencia de la Ofrena, la Nit del Foc, la llegada de más viajeros previstos por la entrada en funcionamiento del AVE.



El juzgado da la razón a un policía local y le asigna 123 euros más al mes

El Juzgado de lo Contencioso número 1 de Lugo acaba de dar la razón a un agente de la Policía Local que reclamó que se le abonase 173, 26 euros (actualizada esta cantidad es de 183,85 euros) al mes en concepto de nocturnidad. Actualmente, se le paga 60 euros. Otras muchas reclamaciones similares fueron desestimadas en primera instancia, pero el TSXG ya resolvió un recurso a favor del reclamante. En el caso del agente al que acaba de dar la razón el citado juzgado de Lugo se trata de un representante de Comisiones Obreras. Presentó recurso para exigir la citada cantidad por silencio administrativo (el gobierno local no respondió a su reclamación) y el juzgado condena al Concello a abonar al demandante 183,85 euros al mes desde mayo de 2004.


LA OPINIÓN DE MURCIA (03.03.11)

División en la plantilla de la Policía Local por los turnos de tarde

La plantilla de la Policía Local de Murcia anda revuelta desde hace unos meses porque los nuevos agentes y los que están en el turno de la tarde han alzado su voz para que se aplique en ciertos servicios una rotación de turnos y todos puedan beneficiarse y acogerse al horario de mañana. De momento, las posturas están enfrentadas y hasta los sindicatos que los representan tienen ideas dispares. Tanto es así que cuatro de ellos (el Sindicato de Policía Local de la Región de Murcia –SPLRM–, CC OO, UGT y CSIF, que tienen menos de la mitad de la representación total) han convocado un referéndum.

En la actualidad, la plantilla de la Policía Local está integrada por más de 650 agentes, de los que 180 trabajan siempre en el mismo horario. Son los que están adscritos a la Patrulla Ecológica, servicio de Patrimonio, Atestados, Barrios y Tráfico. Con turnos rotatorios trabajan los que prestan su trabajo en el Grupo Especial de Seguridad y los destinados a los cuarteles de pedanías. Los que desempeñan sus funciones durante la tarde consideran injusto que no puedan rotar y tener acceso al turno de mañana.

Estos agentes que se consideran perjudicados son principalmente los que se han incorporado al cuerpo policial en los últimos años, es decir, son los de menor experiencia. UPLB (Unión de Policías Locales y Bomberos), que es el sindicato mayoritario en la Policía Local, considera injusto que la antigüedad sea el criterio que se siga para elegir y asignar el turno de mañana, explicó un portavoz de esta organización, quien añadió que «la rotación es una de las propuestas que llevábamos en nuestro programa electoral. Hay policías locales que llevan, por ejemplo, ocho años en la plantilla y aún no han salido del turno de tarde. Si los de la mañana hubieran sido más solidarios no estaríamos así». El SIME también se ha unido a esta reivindicación y su coordinador municipal, Manuel Martínez, indicó que este sindicado hizo hace seis meses una encuesta y el 80% estaba de acuerdo con que se rotara.

El sindicato SPLRM apuesta por un sistema mixto en el que una mayoría de policías tenga derecho a elegir turno y quede un pequeño grupo de rotación, en función de criterios como la antigüedad. El portavoz de esta organización que, Juan Antonio Espín, adelantó que en el servicio de Tráfico si sería más fácil entrar en rotación y que se compartiera la mañana y la tarde, que en el de Barrios, donde «hay discrepancias con la jefatura». El SPLRM es partidario de


que se establezca una reglamento de destino y turno y «los que luego no han podido elegir, que roten».

El SPLRM, CC OO, UGT y CSIF han llamado a referéndum, para el próximo 7 de marzo (de ocho de la mañana a tres de la tarde en el cuartel Infante), a los 180 policías de turno fijo, para conocer su opinión sobre las propuestas de rotación. La concejala de Policía Local Nuria Fuentes, está de acuerdo con la rotación siempre que el servicio sea el mismo. «Me parece justo que se rote porque una persona no puede estar condenada a hacer un turno siempre», resaltó.


EL COMERCIO (03.03.11)

Una sentencia reconoce el derecho de los policías locales al vestuario de 2009

Un juez ha reconocido el derecho de los policías locales de Oviedo a que se les suministre el vestuario correspondiente al año 2009, lo que el Ayuntamiento no hizo. Así lo acuerda el juez de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Oviedo en una sentencia en la que estima el recurso de UGT contra la decisión del Ayuntamiento de rechazar la solicitud de este sindicato. El magistrado fundamenta que "la abogada consistorial presenta varias facturas correspondientes a contratos menores que, para evitar un fraudulento fraccionamiento para eximir al ayuntamiento de seguir el trámite de adjudicación distinta a la directa, difícilmente podría cubrir las previsiones iniciales con las que se hubiese cubierto la obligación del suministro de vestuario para los empleados municipales correspondientes". Además, en el caso del policía local que testificó ante el Juzgado, "aún cuando pertenezca al sindicato recurrente, lo que no le descalifica para pronunciarse, aseguró fehacientemente que no había recibido las prendas ni complementos de 2009 refiriéndose a situaciones un tanto precarias en el uso y en el intercambio de la ropa entre sus compañeros". La resolución recuerda que el acuerdo regulador de las condiciones de trabajo de los empleados del ayuntamiento aplicable en 2009 establece una serie de lotes que incluyen las distintas prendas como pantalón, cazadora, forro polar, jersey, polo, gorra, etcétera, indicando en todos los casos la cantidad y la periodicidad o en su caso los supuestos de reposición, que deben suministrarse a los empleados municipales concernidos. Agrega que en este caso la administración ha intentado cumplir con la obligación "pero por una serie de razones no ha sido posible". Sin embargo, para el juez "ninguna de las razones aducidas, como los problemas burocráticos o la reposición de artículos de absoluta necesidad y cuyo importe no exceda de los límites de los contratos menores, puede considerarse imputable a los empleados municipales afectados ni constituye una causa de exención o de exoneración del cumplimiento de tal obligación por el ayuntamiento". Por otra parte, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Oviedo ha admitido a trámite la demanda de UGT contra el ayuntamiento sobre el calendario laboral y el encuadramiento de destinos de este año de la Policía Local.


DIARIO DE NAVARRA (03.03.11)

Las Policías navarras piden ayuda al Parlamento por su situación laboral

"No hay negociación colectiva. No la va a haber. Dependemos completamente de ustedes, de lo que legislen en este Parlamento para los policías de Navarra ". Alfonso Martínez, presidente de la Comisión de Personal de Policía Foral, se dirigió así a los miembros de la comisión parlamentaria de Interior. A propuesta de toda la oposición, representantes de Policía Foral y policías locales acudieron a la Cámara para exponer sus demandas. Junto a Martínez, asistieron el presidente de la comisión de personal del Ayuntamiento de Pamplona, Jorge García (UGT), Benito Basterretxea (SPF), Gonzalo Mora (Afapna) y Javier García (CC OO). El presidente de la Comisión de Personal de Policía Foral afirmó que en esta legislatura han mantenido 16 reuniones con los representantes del Gobierno. "No han sido suficientes para alcanzar acuerdo alguno". Contó que el 24 de noviembre mantuvieron una reunión con el consejero de Interior, Javier Caballero, en la que se comprometieron a enviarle un escrito con sus peticiones. Y que en ese encuentro, él les pidió "silencio mediático" para favorecer el clima negociador. Los agentes accedieron, avisando que sólo tenían convocada una concentración el 3 de diciembre en Javier. Enviaron el escrito al consejero, pero Caballero les respondió que lo daba "por no recibido". Argumentó que no habían cumplido su compromiso. Los agentes discrepan de varias de las modificaciones de la Ley de Policías aprobadas por el Parlamento el pasado año. Confían en que la propuesta que ha llevado ahora IU a la Cámara, y que recoge sus reivindicaciones, sea aprobada. Sin embargo, tanto UPN como PSN dejaron claro ayer que no van a aprobar nuevos cambios en la ley y que, además, no hay tiempo material, ya que se disuelve el Parlamento. Por el contrario, NaBai, CDN e IU mantuvieron


que cambiar la norma era cuestión de voluntad y apoyaron las reclamaciones sindicales. Entre otros puntos, los representantes policiales criticaron el endurecimiento del régimen disciplinario. "¿Pero qué faltas han cometido los policías de Navarra, aparte de denunciar a un Phaeton?", señaló Alfonso Martínez, en relación con las multas que recibieron algunos vehículos oficiales por infracciones en la etapa álgida de las protestas. Pese a destacar la ruptura de las negociaciones, el representante de Policía Foral desveló que ayer recibieron una convocatoria de la mesa sectorial para el viernes de la semana que viene, con el fin de analizar un borrador de reglamento de provisión de puestos de trabajo. Ante lo expuesto por los representantes de las policías, este periódico se puso en contacto con el consejero de Interior. Javier Caballero destacó que los agentes "no son un colectivo privilegiado para tener una negociación laboral a través de los medios o del Parlamento". Y les urgió a utilizar "los mismos cauces" que el resto de trabajadores de la administración. El consejero destacó que no quería entrar en ninguna polémica pública con los representantes sindicales ni en sus demandas concretas, ya que las cuestiones laborales "se deben resolver en las mesas de negociación". Sobre su negativa a aceptar el escrito con las demandas de los policías, Caballero indicó que en la reunión trasladó a éstos que era "intolerable" que se insultara a cargos públicos (en referencia a lo ocurrido en concentraciones frente a las instituciones o cuando se celebraban actos políticos) y que no pidió "silencio mediático", sino que la negociación se desarrollara "en las mesas y no en los medios o en la calle", "desde el respeto" a las instituciones. "Y ese compromiso no se cumplió", dijo. Aseguró, no obstante, que mantiene su disposición al diálogo "con respeto, lealtad y sin presiones ni coacciones".

Quejas de los policías: Juicios. Prestar testimonio en los juicios forma parte de su jornada de trabajo. Lo tienen reconocido en un acuerdo y quieren que se recoja en una norma. Asesoría jurídica. La nueva ley dice que tendrán derecho a esta asistencia ante responsabilidades que se les exijan por hechos cometidos en el ejercicio de su función, siempre que éstas estén "ajustadas a los principios básicos de actuación". Creen que eso supone un juicio previo para poder contar con esa asesoría. Distintos salarios. Se quejan de que en Policía Foral hay grandes diferencias en los complementos que se dan según la sección. Formación. Dicen que, sobre todo en Policía Foral, es un "caos". Plantilla orgánica y vacantes. Piden que antes de que ingresen nuevos funcionarios los que ya están puedan optar a las vacantes que haya, algo que no ocurrió, señalan, cuando entró en diciembre la XX promoción de Policía Foral. Pusieron como ejemplo que 13 de los nuevos agentes cubrieron las


plazas necesarias para que Policía Foral se hiciera cargo de los detenidos en el Palacio de Justicia. El servicio militar. Reclaman que se compute en el cálculo de grado y premio de antigüedad. Compatibilidad. Critican que en Policía Foral se han desestimado todas las solicitudes de compatibilidad con otros trabajos. Policía Foral y locales. Piden que se suprima por ahora la posibilidad de que las entidades locales puedan convenir la integración de sus policías en la Policía Foral. Consideran que no se ha hecho de modo coherente y se debe armonizar, por ejemplo, con el futuro mapa local. Ingreso en el cuerpo. Critican que con 35 años ya no se pueda acceder. Ponen como ejemplo que Ricardo, el portero de Osasuna, no podría entrar. Régimen disciplinario y otros. Reclaman que los agentes que accedan a otro puesto de trabajo en la administración no pierdan su condición de policía. También demandan que la segunda actividad sea con o sin destino. Y critican que se haya endurecido el régimen disciplinario.


GRANADA HOY (02.03.11)

Las horas extra de la Policía Local y bomberos se han multiplicado por cuatro

El candidato de IU a la Alcaldía de Granada , Francisco Puentedura, criticó ayer "el descontrol en horas extra" del Ayuntamiento de la capital al haberse multiplicando "casi por cuatro" la cantidad prevista para este puente en los presupuestos municipales de 2010, año en el que en total se abonaron dos millones de euros por este concepto. El grupo de izquierdas aseguró que en el documento presupuestario del pasado ejercicio reflejaba medio millón de euros para servicios de horas extras de Bomberos y Policía Local, aunque finalmente la cifra invertida ha sido de más de 1,8 millones de euros. Puentedura aseguró que, después de que en 2009 el equipo de gobierno prometiera reorganizar los servicios y reducir las horas extras a la mitad, "el gobierno de Torres Hurtado lleva tres años engañando a los granadinos con respecto al coste de horas extra". Según mantiene el edil, "no es verdad que se haya hecho un esfuerzo importante en estructurar al personal funcionario, especialmente al de Policía Local, que son quienes acaparan el 80% del coste de las horas extras". De hecho, el concejal de IU no concibe cómo es posible que distintos eventos que se repiten todos los años, como la cabalgata de Reyes Magos o el Corpus, se estén cubriendo con servicios extraordinarios en lugar de organizarse bien de antemano. Por otro lado, Puentedura criticó al equipo de gobierno local que privatizase el servicio de custodias en el Ayuntamiento de Granada, ya que así tendrían más agentes en la calle y necesitarían menos horas extras para la custodia de los edificios. "Un servicio que ha costado 600.000 euros y, sin embargo, no se ha reducido la cantidad destinada a horas extras", añade.


DIARIO DE NOTICIAS (01.03.11)

Piden cuatro años de cárcel para el policía que grabó a hombres en unas piscinas

El Ministerio Fiscal solicita una condena de 4 años de prisión para el policía municipal de Pamplona acusado de haber realizado grabaciones en el interior de los vestuarios de unas piscinas públicas de la capital navarra. Le imputa un delito continuado contra la intimidad, ya que acusa al agente de tomar imágenes de "numerosos usuarios" de las citadas instalaciones, incluidos menores de edad, cuando se encontraban desnudos en las duchas o cambiándose de ropa. Según recoge el escrito de calificación provisional de la Fiscalía, en fechas no determinadas, situadas entre los meses de julio y agosto de 2009, el acusado, mayor de edad y sin antecedentes penales, utilizó una microcámara "debidamente ocultada para evitar ser detectado", en el vestuario de hombres de las instalaciones de las piscinas de Arantzadi de Pamplona, donde "grabó a numerosos usuarios varones de dichas instalaciones, tanto mayores como menores de edad, que se encontraban desnudos, duchándose o cambiándose, sin que los mismos o sus representantes legales prestaran su consentimiento y sin que sospecharan que estaban siendo grabados". De este modo, prosigue el escrito de acusación provisional, el procesado obtuvo "numerosas imágenes correspondientes a dichas grabaciones" hasta que finalmente fue descubierto el 19 de agosto de 2009. En ese momento le fue ocupada dicha microcámara y en su ordenador portátil se comprobó que "gran parte de los archivos de vídeo contenían imágenes correspondientes a dichas grabaciones". El policía municipal implicado en estos hechos fue suspendido el pasado 20 de julio de 2010 de sus funciones, a pesar de haber realizado las grabaciones a los usuarios de los vestuarios de las piscinas municipales de Arantzadi hasta agosto del año anterior. También fue expedientado por haber sustraído supuestamente la tarjeta de la cámara para eliminar las pruebas, aunque hasta el 16 de abril de 2010 no se le incoó expediente disciplinario, como consta en la resolución del área de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Pamplona.


En aquellos momentos el entonces Cabo 46 estaba ocupando una plaza interina de subinspector de tráfico, de la que se le relevó, según resolución municipal del 27 de agosto de 2009. Por estos hechos, que serán enjuiciados próximamente, el Ministerio Fiscal pide una pena de 4 años de cárcel, así como una multa de 8.640 euros por un delito continuado contra la intimidad.



Agentes de la Policía de Noia creen que había más grabadoras escondidas

La aparición a mediados de la semana pasada de una grabadora oculta y activada en el marco superior de una de las puertas que hay en la sede de la Policía Local de Noia ha generado un polvorín en la localidad. En la calle, la situación ya ha sido bautizada como el Noiagate. Aunque los agentes que integran este cuerpo de seguridad han optado por cerrar filas y mantener silencio con el objetivo de que el revuelo se calme lo antes posible, lo cierto es que en el seno de este cuerpo existe la creencia generalizada de que el aparato encontrado el pasado miércoles, que podría grabar hasta 300 horas, no es el único que se ocultó en estas dependencias policiales. Y es que esta supuesta trama de espionaje está siendo avivada en el día a día pese al silencio que mantienen casi todas las partes implicadas. Lo último que ha trascendido sobre la grabadora hallada en el cuartel de la Policía Local de Noia es que el agente que la encontró realizó una serie de anotaciones relacionadas con sus características. Según ha podido saber La Voz, entre esos apuntes se indicaba que la grabadora tenía pegado el número tres, lo que ha dado pie entre los trabajadores a pensar que también podría haber dos grabadoras más, que se corresponderían con los números uno y dos. La aparición del aparato con el número pegado con celo también ha dado pie a una segunda hipótesis. Entre los miembros de este cuerpo de seguridad también se ha valorado la posibilidad de que ese número sea una forma de hacer referencia a la cantidad de grabaciones que se realizaron de manera irregular, siendo la cinta que contenía esta grabación la tercera que se realizaba. Sobre esta última teoría, fuentes de la Policía Local de Noia desvelaron ayer que, cuando fue encontrada, la grabadora marcaba en el temporizador 23 minutos de grabación, lo que hace pensar que se trataba de la tercera cinta que se utilizaba para recoger las conversaciones tanto de los agentes como de los vecinos que acudiesen a las dependencias que se encuentran en los bajos de la casa consistorial de Noia.


EL CORREO (28.02.11)

Policías express

«Me dieron una charla de una mañana, me entregaron un arma y el uniforme y me mandaron a la calle. Formación, cero. He tenido que sacar la pistola dos veces en tres años, en una persecución y por un atraco. El primer caso de violencia de género me tocó con otros cuatro interinos y no sabíamos ni qué hacer. ¿Puede una persona ejercer de policía sin haber pasado un curso de formación?». Quien habla es un agente municipal interino que no revela la localidad vizcaína donde ejerce por miedo a perder su trabajo. «¿Es legal llevar un uniforme así?», se pregunta. La respuesta es sí. «La interinidad se consiente porque hay un vacío legal, la ley no dice nada al respecto», explica José Ángel Bogajo, coordinador de Policías Locales del sindicato Erne . Esta figura, la del 'agente de la autoridad exprés', se ha generalizado en las comisarías municipales vizcaínas, y pese a concebirse como una solución provisional, hay interinos que llevan años en la misma situación. Mientras, el Gobierno vasco está elaborando un anteproyecto para regular la figura del interino, que de aprobarse en el Parlamento, supondría la cuarta modificación de la Ley vasca de Policía de 1992 y permitiría ofrecer un mínimo adiestramiento en la Academia de Arkaute a los agentes locales contratados. Junto al País Vasco, otras tres comunidades autónomas permiten aún este supuesto: Cataluña, Islas Baleares y Valencia, aunque acotada a localidades turísticas y sólo en verano. Todo empezó en 1996 en el pueblo castellanomanchego de Herencia. El Ayuntamiento decidió contratar a un policía temporal, pero la Junta recurrió las bases. El caso llegó al Tribunal Supremo, que dio la razón a Herencia argumentando que la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no regula el tipo de contratación de los policías. «Hay que remitirse a la de Función Pública, que establece que en casos de urgencia se puede recurrir a personal interino», aclara Bogajo. Aquella sentencia abrió la espita para que los consistorios contratasen a policías interinos. El primer municipio vasco en hacerlo fue San Sebastián; hoy un tercio de su plantilla es temporal. En Vizcaya uno de los precursores fue Basauri, aunque desde hace años -y al igual que ocurre en Bilbao, ahora Barakaldo y alguna otra localidad- sólo cuenta con funcionarios de carrera entre sus policías. En Getxo, por ejemplo, de una plantilla de unos 100


agentes, 18 son interinos, y ha llegado a haber 35, la mitad recibieron formación y llevan arma y la otra mitad no. En Mungia, hay 20 agentes y seis son interinos. La diferencia entre unos y otros radica en la formación. En la mayoría de los casos, los municipios crean sus propias bolsas de trabajo, es decir, los opositores que aprueban la OPE pero no consiguen plaza, pasan a formar parte de la plantilla como interinos. También se da cada vez con más frecuencia la cesión de unos ayuntamientos a otros. Aspirantes que han aprobado la oposición de Bilbao, por ejemplo, son llamados para trabajar en otro municipio. Más sangrante resulta la contratación de opositores pese a haber estos suspendido. Se les dota de uniforme y salen a la calle a poner multas y detener delincuentes. Mientras que los funcionarios de Policía local reciben una formación de cuatro meses y los ertzainas de nueve en Arkaute, los interinos más afortunados siguen un minicursillo de tiro en la Academia de la Policía Local de Bilbao -la única homologada- y pueden llevar arma. Charlas sobre legislación, callejero del municipio y nociones de tráfico completan en el mejor de los casos el raquítico aprendizaje. Lo demás lo aprenderán en la calle. «Nuestra palabra tiene presunción de veracidad, por ejemplo, si denuncio a un conductor porque va hablando por el móvil», explica un afectado. Las consecuencias de una actuación errónea pueden ser graves. «Nuestro trabajo está muy fiscalizado, mirado con lupa. Tenemos en frente los derechos fundamentales de las personas», advierte Bogajo. Entre los interinos hay mucha movilidad. Algunas policías están mejor pagadas que otras, aunque interinos y funcionarios de carrera cobran lo mismo. Para que aprendan, suelen ser asignados en el coche patrulla con un agente experimentado, pero algunos veteranos no ocultan sus recelos. «El compañero es tu salvavidas, son instantes en los que debes tener capacidad de reacción y las cosas claras», afirma un afectado. «Ocho horas en un vehículo de emergencia, con toda la responsabilidad y encima tener que cuidar del otro. Les consideramos compañeros desde el primer día, como uno más, lo que queremos es que se queden, pero fijos», señala el representante de Erne. A juicio de Gontzal, del Sindicato Vasco de Policía y Emergencias (SVPE), la interinidad «dice poco del aprecio de los ayuntamientos por sus policías locales». «El día que haya una desgracia, alguien tendrá que responsabilizarse por permitirlo», advierte. La crisis económica impide a los consistorios sacar plazas a oposición, que en algunos casos no se convocan desde hace diez años. Para cubrir las vacantes por jubilaciones o bajas, y en otros casos para afrontar fiestas patronales o el aumento de la población en verano, acuden a contrataciones temporales, la forma más rápida de solucionar el problema. El presidente de la Asociación de jefes de Policías Locales de Euskadi, César Pérez, que además ejerce como jefe de la Policía Municipal de Basauri, no es «partidario» de estos contratos, aunque reconoce que a veces los ayuntamientos están tan «necesitados» de agentes que recurren incluso a opositores suspendidos, algo, a su juicio, reprochable. Pérez cita como ejemplo


de buen hacer al Ayuntamiento de Gorliz, que completa su propia bolsa de trabajo. Se dan casos dramáticos de nueve años y hasta de 24 de interinidad o contratos de policía por cuatro horas para cubrir un evento. Hay trabajadores que cuando sale la OPE ya no cumplen los requisitos de edad, o que pese a la veteranía, suspenden algún examen y se quedan en la calle.


DIARIO DE SEVILLA (28.02.11)

La Policía de Almonte contrató para las prácticas al marido de la jefa

El marido de la jefa de la Policía Local de Almonte , Francisca Borrero, fue contratado como tutor de unas prácticas de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) pese a que no es policía local. Antonio Fernando Lorenzo Barba pertenece al ramo de la construcción y trabaja en el Ayuntamiento de Almonte. Sin embargo, figura como "tutor de los traslados en autobús" en las prácticas de la XXX promoción de policías locales de la ESPA en el curso 2008-09, tal y como muestra el documento que se reproduce junto a estas líneas. Pese a ello, la jefa de la Policía Local de Almonte aseguró a este periódico que "es falso" que su marido haya sido contratado para los desplazamientos de los aspirantes a policías y que este trabajo lo realizó un policía local identificado como José Manuel M. L. Es cierto que el nombre de este agente figura en el documento, pero lo hace en el mismo apartado que el de Antonio Fernando Lorenzo Barba, marido de Francisca Borrero. Estas prácticas se pagan habitualmente a 60 euros la hora. La promoción 2008-09 realizó cinco jornadas prácticas, cuatro de ellas en la aldea del Rocío y una en Sierra Nevada. Las prácticas se realizaron los días 24 y 25 de enero, 31 de enero y 1 de febrero de 2009. Los alumnos fueron recogidos en la sede de la ESPA, en la localidad sevillana de Aznalcázar, y llevados hasta El Rocío o Sierra Nevada, en función del grupo que les tocara. En el caso de Sierra Nevada, el desplazamiento superó las cinco horas tanto a la ida como a la vuelta. El Sindicato Profesional de Policías Municipales de España en Andalucía (Sppme-A) ha enviado un escrito al viceconsejero de Gobernación de la Junta en el que solicita un mayor control por parte de la administración sobre estas prácticas de la ESPA con la Policía Local de Almonte. En el documento, el sindicato pide a la Junta que investigue si "personal no perteneciente al cuerpo de la Policía Local de Almonte recibe remuneración por parte de la ESPA por realizar trabajos relacionados con estas prácticas, tales como traslados de los alumnos de un punto a otro o reparto de


avituallamiento pudiendo ser realizado éste por personal del Ayuntamiento de Almonte sin coste para la Consejería de Gobernación". El sindicato solicita también a la Administración que repase los expedientes de pago a los tutores y se pregunta por qué son siempre los mismos funcionarios los que ejercen las funciones de tutor y detalla que "sólo pueden tutorizar las prácticas un pequeño grupo de oficiales afines a la jefa de la Policía Local de Almonte". Igualmente, la central pide explicaciones a la Junta acerca de por qué se permite que realicen las funciones de tutores funcionarios que normalmente no prestan servicio en la calle. También se pregunta por qué se elige a la plantilla de Almonte para las prácticas cuando este cuerpo "no tiene los suficientes funcionarios para asegurar unas prácticas de calidad y seguras". Por último, el Sppme lamenta que desde la dirección de la ESPA "no se acude a plantillas con mayor número de funcionarios y con mayor actividad para realizar prácticas de calidad". El sindicato pone como ejemplo las jefaturas de Huelva y Sevilla, donde los alumnos podrían asistir a grandes eventos como conciertos o maratones donde "podrían curtirse en el verdadero trabajo de la Policía Local". En las prácticas celebradas durante la romería del Rocío en mayo de 2010 la jefa y los oficiales que fueron tutores de alumnos cobraron entre 54 y 48 horas, tal y como figura en los expedientes de nombramientos de pago. Sin embargo, en años anteriores sólo se habían cobrado 24 horas por los mismos conceptos, pese a que había más alumnos y más horas de prácticas. Este periódico se puso en contacto con la directora de la ESPA, Reyes Pro, que declinó realizar declaraciones sobre la contratación del marido de la jefa de la Policía Local de Almonte como tutor de las prácticas y aseguró que contestará al sindicato por los cauces reglamentarios.

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