No. 54 Jornaleros

17 de marzo de 2012 • Número 54

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

TEMA DEL MES

Pág. 18 y 19

17 de marzo de 20122

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo número 04-2008-121817381700-107.

Suplemento informativo de La Jornada 17 de marzo de 2012 • Número 54 • Año V

LA TIERRA NO SE VENDE, ¿LAS PERSONAS SÍ?

A muchos nos indigna leer que están tratando de privatizar los lugares de peregrinación anual de los huicho-les. “La tierra de los pueblos es sa-

grada y no se vende”, decimos.

Pero sucede que la mayor parte de los huicho-les que defienden Wirikuta son jornaleros: hombres, mujeres y niños que trabajan en campos agrícolas sujetos a jornadas extenuan-tes y expuestos a plaguicidas neurotóxicos.

Sin embargo, pocos decimos que la capaci-dad de trabajo de los huicholes es sagrada y no se vende. Quizá porque la mercantiliza-ción de la naturaleza aún nos agravia, mientras que la mercantilización de las fuerzas vitales de hombres y mujeres se ha vuelto algo co-tidiano, aceptable, normal.

Y no. La universalidad del trabajo asalariado es la ma-yor perversión del mundo moderno, como lo fue la esclavitud en sociedades an-teriores. Las personas no so-mos mercancía y tampoco lo son nuestras energías, capa-cidades y talentos, de modo que ponerlos en el mercado violenta lo medular de la condición humana. Cierta-mente así funciona el mundo, pero no por ello es menos vicioso que de lunes a sábado y durante ocho horas diarias nuestro tiempo y nuestra fuerza laboral no sean nuestros sino de quien nos contrató.

La histórica proletarización de la humanidad es una ofensa, pero las formas que adopta el trabajo asalariado en el medio rural son aún más oprobiosas.

En el reclutamiento de los jornaleros sigue operando el sistema de enganche de origen colonial y aún se recurre a la esclavitud por deudas, es decir a los pagos adelantados para asegurar la permanencia del peón; como en las antiguas fincas y haciendas, cabos y capa-taces se encargan de disciplinar a unos traba-jadores que de por sí se esfuerzan al máximo pues por lo general son retribuidos a destajo; hombres, mujeres y niños laboran entre ocho y 15 horas diarias y en los picos de las cosechas los siete días de la semana; los braceros son obligados a manejar agrotóxicos, además de que trabajan con herramientas peligrosas y en medio de animales ponzoñosos, pero casi nunca disponen de servicios de salud; las fa-milias jornaleras cocinan, comen y duermen hacinadas en inhóspitos galerones; los pizca-dores son “golondrinos” que viajan de campo en campo pues su empleo es temporal y pocos acabalan más de 150 días remunerados en un año; cuando son indios reciben un trato racis-ta y, en general, no se respetan sus derechos laborales y carecen de sindicatos… El infier-no sobre la tierra, pues.

Los peones, en especial los migrantes, son parias entre los parias. El censo registra unos dos millones y medio de jornaleros, de los que medio millón son golondrinos y, si considera-mos a sus familias, tendremos que, disponga o no tierra, la mayor parte de la población económicamente activa en el campo mexica-no trabaja en el peonaje, sea a tiempo parcial o permanentemente.

La otra cara de la moneda es que la mayor parte de los granos, frutas y hortalizas que nos comemos y los miles de toneladas de produc-tos agrícolas que enviamos al extranjero son cultivados y cosechados por trabajadores asa-

lariados, cuya extenuante y mal pagada labor es la que hace ricos a los agroempresarios y a las trasnacionales.

Nos ofende que privaticen la tierra, el agua, los vientos, los bosques, los lugares sagrados, los pájaros, los reptiles, los paisajes y los códigos genéticos. Es políticamente correcto encabro-narse porque venden y destruyen a la madre naturaleza. ¿Y el ser humano? ¿Que las fuerzas vitales de las personas se hayan vuelto pieza de cambio y sean consumidas sin medida ni clemencia nos indigna igual que la mercanti-lización de la Pachamama? Me temo que no.

La privatización de los bienes colectivos, lo que algunos llaman “acumulación por despo-sesión”, es una maldición añeja que se agrava en el tercer milenio cuando la Gran Crisis –que es una crisis de escasez– hace evidente el progresivo enrarecimiento de los factores so-ciales y naturales de los que depende nuestra existencia.

Entonces el gran capital se va sobre la tierra fértil, sobre el agua potable, sobre los recur-sos del subsuelo, sobre la diversidad biológica, sobre los territorios geoestratégicos… Pero el agandalle de los comunes se quedaría en sim-ple atesoramiento si los bienes privatizados no se valorizaran productivamente.

Y la clave de esta valorización es el trabajo humano. De nada sirve el petróleo si no lo ex-traemos, refinamos y quemamos en motores de combustión interna; de nada sirve el geno-

ma si no lo alteramos, patentamos y vendemos como semillas para cultivos trasgénicos…

La acumulación de capital –que hoy por hoy mueve al mundo– se sustenta no en el acapa-ramiento de recursos como tal, sino en la ex-plotación: la explotación del hombre y el me-dio, es decir del hombre y de su prolongación natural, del hombre y de su cuerpo inorgánico.

Y esto es así aunque los que acumulan especu-lando con recursos naturales escasos o con el propio dinero, empleen muy pocos trabajadores pues, por medio del sobrelucro que son las ren-tas, esos grandes capitales explotan el trabajo de todos los que –asalariados o no– hacemos que el mudo en el que ellos medran siga marchando.

La mercancía de la que se alimenta el capi-tal es la humana. Pero las personas no somos

mercancía y hay que reivin-dicarlo. Defendamos de la privatización a la naturale-za, sí, pero saquemos tam-bién del mercado a nuestras energías vitales.

–La pizca de la fresa es un trabajo matador. Todo el santo día te la pasas encorva-do pepenando, y cuando por fin te tumbas en el catre no tienes fuerzas ni para quitar-te los zapatos…

Eso lo cuenta Santiago, aún adolorido, a su hermano Do-nato. Pero la mirada se le sua-viza cuando mira su rancho.

–Aquí, en cambio, no trabajamos: que si or-deñas la vaca, que si te arrimas a la milpa a doblar algo de mazorca, que si compones la despulpadora que se trabó… Y así te la llevas.

–¡Esto es trabajo!, replica Donato. El jale en el gabacho no es trabajo, ¡es pura chinga!

Tiene razón Donato en distinguir el esfuer-zo antinatural que conlleva la esclavitud asalariada en los campos de cultivo de Esta-dos Unidos o del noroeste de México, de la la-bor continua y a veces agotadora, pero diversa y satisfactoria, del campesino que trabaja por cuenta propia. Porque si en el mundo urbano industrial llegamos a pensar que trabajar para otro y a cambio de un salario es lo natural, en el mundo agrario está viva la gratificante experiencia de trabajar para uno mismo, para la familia, para la comunidad…

Entonces ¿porqué no imaginar un mundo en el que ni la naturaleza ni nuestra energía vital fueran mercancías? Un mundo en donde el precio de las cosas y aun del trabajo fuera un medio útil para intercambiarlas o para medir-lo y retribuirlo, pero no un fin en sí mismo. La economía moral y solidaria es una utopía posible de la que en el campo quedan vesti-gios. No la dejemos morir.

¡La naturaleza no se vende… las personas tampoco!

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

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Antonieta Barrón fue coeditora en el presente número del suplemento

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John Steinbeck

Hubo un empo en que California perteneció a México y su erra a los mexicanos; y una horda de americanos harapientos la invadieron. Y su hambre de erra era tanta, que se la apropiaron: se robaron la erra de Su er, la de Guerrero, se quedaron con las concesiones y las dividieron y rugieron y se pelearon por ellas aquellos hambrientos frené cos; y protegieron con rifl es la erra que habían robado. Levantaron casas y graneros, araron la erra y sembraron cosechas. Estos actos signifi caban la posesión y posesión equivalía a propiedad. Los mexicanos estaban débiles y hartos. No pudieron resis r, porque no tenían en el mundo ningún deseo tan salvaje como el que los ame-ricanos tenían de erra. Luego, con el empo, los invasores dejaron de ser tales para conver rse en propietarios; y sus hijos crecieron y tuvieron sus hijos en esa erra.

Y el hambre, aquella hambre salvaje, que les corroía y les desgarraba, el hambre de e-rra, de agua y campo y buen cielo cubriendo todo, acabó por dejarles, hambre de hier-ba verde en con nuo empuje hacia arriba, de raíces engrosadas. Poseían estas cosas tan completamente, que ya no pensaban en ellas. Ya no tenían ese deseo vehemente que les desgarraba el estómago, de tener un acre fér l y una reja brillante para ararlo, simiente y un molino agitando sus aspas en el aire. Ya no se levantaban en la oscuridad

para oír el primer piar de los pajarillos ador-milados, y el viento de la mañana alrededor de la casa, a la espera de la llegada de la primera luz que cayera sobre los preciosos acres. Estas cosas se perdieron, las cosechas se calcularon en dólares y la erra se valoraba en capital más interés, las cosechas eran compradas y vendidas antes de estar plantadas. Entonces, la pérdida de la cosecha, la sequía y la inundación dejaron de ser pequeñas muertes en vida y se convir eron sencillamente en pérdidas monetarias. El dinero fue merman-do el amor de aquellas gentes y su carácter indómito se disolvió gota a gota en los intereses hasta que de ser granjeros pasaron a ser pequeños tenderos de cosechas, pequeños fabricantes que debían vender antes de hacer. Entonces

los agricultores que no eran buenos comerciantes perdieron su erra, que fue a parar a manos de comerciantes competentes. Por más inteli-gente que fuera un hombre, por más ternura que sin era por la erra y los cul vos, si además no era buen comerciante, no podía sobrevivir. Y conforme pasó el empo, los hombres de negocios se fueron quedando las fi ncas y éstas se hicieron más extensas, pero al propio empo hubo un menor número de ellas.

La explotación de una fi nca pasó a ser industrial y los propietarios imitaron a Roma, aunque sin ser conscientes. Importaron esclavos, aunque no les dieron ese nom-bre: chinos, japoneses, mexicanos, fi lipinos. Se alimentan de arroz y judías, dijeron los hombres de negocios. No necesitan demasiado. No sabrían qué hacer cobrando buenos salarios. Si no hay más que ver cómo viven, lo que comen. Y si empiezan a espabilar, se les deporta. Las fi ncas se hicieron cada vez más extensas y el número de propietarios disminuyó…

Y llegó el día en que los propietarios dejaron de trabajar sus fi ncas; cul varon sobre el papel, olvidaron la erra, su olor y su tacto, y sólo recordaron que era de su propie-dad, sólo recordaron lo que les suponía en ganancias y pérdidas. Algunas de las fi ncas llegaron a ser tan extensas que no cabían en la imaginación, tan enormes que se hizo necesaria una compañía de contables para poder llevar la cuenta de intereses, ganan-cias y pérdidas; químicos que analizaran el suelo, que repusieran las sustancias que se habían agotado; jefes de paja para asegurar que los hombres encorvados se movieran a lo largo de las hileras tan rápidamente como la materia de sus cuerpos pudiera re-sis r. Entonces, un granjero tal se conver a en tendero y se ocupaba de una enda. Pagaba a los hombres y les vendía comida y recuperaba el dinero. Y después dejó de pagarles en absoluto y se ahorró contabilidad. En las fi ncas se daba la comida a crédito. Un hombre podía trabajar y alimentarse; y se daba el caso de que, al acabar el trabajo, este hombre debía dinero a la compañía. Y los propietarios no sólo no trabajaban las fi ncas, sino que muchos de ellos ni siquiera las habían visto.

(La novela fue e scrita en 1939 y en 1960 John Ford hizo una película basada en la novela y protagonizada por Henry Fonda, Jane Darwell, Charley Grapewin y Dorris Bowdon)

"IMPORTARON ESCLAVOS: CHINOS, JAPONESES, MEXICANOS, FILIPINOS..,"Las uvas de la ira (The grapes of wrath) Fragmento, capítulo XIX


Antonieta BarrónProfesor de carrera, Facultad de Economía, [email protected]

Con base en la estadística más re-ciente, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), se estima que hay 2.5 millones de

jornaleros, de los cuales cerca de 700 mil son migrantes, sin contar a los miembros de la fa-milia que los acompañan, señala el programa de Jornaleros Agrícolas. Todos, pero en parti-cular los migrantes, enfrentan precariedad del empleo, en el tránsito migratorio y en sus con-diciones de vida. Se trata de un grupo social vulnerable, y si son indígenas, esta situación se acrecienta y genera una exclusión social.

Los jornaleros agrícolas provenientes de las re-giones más atrasadas del país, muchos de ellos indígenas, frecuentemente se ven obligados a migrar a las regiones de agricultura de expor-tación, además de los que migran a las ciuda-des o a Estados Unidos por la falta de oportu-nidades de trabajo en su lugar de origen.

Entre los migrantes, además de la presencia de indígenas, muchos son jóvenes, madres solteras y niños que acompañan a sus padres en la migración. Una proporción alta carece de instrucción. Mientras a nivel nacional 5.6 por ciento de los hombres y 8.1 de las mu-jeres son analfabetas, entre los jornaleros las cifras son superiores, 18 y 20 por ciento, respectivamente.

Lo más evidente y documentado sobre la vulnerabilidad de estos trabajadores es la jornada irregular de labores. Cuando el pago es por jornal, aunque en principio estén re-guladas ocho horas, las empresas establecen mecanismos para que los jornaleros llenen una cierta cantidad de cubetas, 35 en pro-medio de 20 kilos de jitomate cada una, o recorran un número determinado de surcos. Si no los cubren, no les pagan el jornal.

Trabajan sin prestaciones, sin jornada de tra-bajo fija, sin contrato de trabajo, sin conti-nuidad en la contratación, y si son migrantes enganchados, la mayoría de los albergues a los que llegan son insalubres y faltos de ser-vicios básicos.

Según el Programa de Jornaleros Agrícolas, el 14 por ciento de los jornaleros trabajan los siete días a la semana sin ningún comple-mento al salario.

Tanto por el uso de agroquímicos como por las condiciones en que laboran (inclemencias del sol, campos anegados, uso de herramien-tas, presencia de alacranes y demás animales ponzoñosos), los riesgos son frecuentes y algu-nos no se atienden como riesgos del trabajo, además de que los jornaleros están al margen de la seguridad social (del Instituto Mexicano de Seguridad Social, IMSS) y el seguro popu-lar no está generalizado entre ellos.

Desde su creación, el Programa de Aten-ción a Jornaleros Agrícolas (PAJA) identifi-có los problemas que significaba la presencia de las tiendas dentro de los campamentos, los precios más caros y un sistema de fiado don-de todos los miembros de la familia pueden pedir. En el pasado reciente, a finales de los 90s, buena parte del ingreso de las familias jornaleras se iba en pagar el gasto de la tien-da; en la actualidad no es poco frecuente que el salario de la semana no alcance para pagar la tienda, considerando que el tamaño medio de la familia migrante es de 4.9 miembros. Entre ellos hay muchos niños, van a la tienda y consumen productos, generalmente chata-rra; el tendero sólo se los apunta y al final la familia paga mil 500 pesos o más a la sema-na. Si por cada persona que trabaja hay 3.62 personas que no trabajan, entonces la carga del gasto sin control excede los ingresos de la familia. Y si intentan irse sin pagar son regre-sados, diríase que en calidad de esclavos, sin encontrar respuesta.

Otro problema que enfrentan los jornaleros que migran al noroeste del país es el au-mento del desempleo. La crisis económica, que ha contraído la actividad productiva y reduce las oportunidades de empleo, auna-da a la persistencia del retiro del Estado be-nefactor, han provocado un aumento de las migraciones, entre ellas la rural-rural, de las regiones de expulsión a las regiones de atrac-ción, alterando la relación oferta-demanda de mano de obra jornalera en las regiones de agricultura de exportación como Sinaloa y Baja California. Más de 20 por ciento de los jornaleros migrantes llegó a las regiones de atracción en los dos años recientes.

Los migrantes asentados enfrentan desem-pleo (de alrededor del diez por ciento), pues son desplazados por los jornaleros engan-chados. Además de que 9.3 por ciento de los asentados trabaja de uno a tres días, casi 20 por ciento con problemas de empleo, y no encuentran muchas alternativas, ni el pro-grama de Oportunidades.

Un problema ya muy añejo es la instru-mentación de la seguridad social y el dere-cho a la jubilación de los jornaleros. Una mi-noría de los asalariados trabaja todo el año, la mayoría lo hace por períodos específicos; la capacidad de movilidad geográfica del jorna-lero le permite reducir sus períodos de ocio: cuando se acaba la cosecha en una región, se regresa a su casa o se va a otra región donde sabe que hay trabajo. Según una encuesta levantada por el PAJA en 2003-04, en 23 re-giones agrícolas del país, el 47.7 por ciento de los jornaleros migrantes trabajaban todo el año como jornaleros y el resto combinaba el ser jornalero con otras actividades; sin em-bargo, este dato no registra días trabajados ni jornada. El 89 por ciento de los jornaleros consideró su trabajo como eventual, trabaja-ban de cuatro a seis meses en una determi-nada región agrícola y luego se iban a otra o se regresaban a su pueblo.

La cuarta visitadora de Derechos Humanos señalaba: “La mayoría de los jornaleros agrí-colas carecen de seguridad en el empleo y se encuentran expuestos a las vicisitudes del trabajo eventual y al desempleo; su perma-nencia en el trabajo depende del tipo de cul-tivo, de las fluctuaciones del mercado

DÓNDE ESTÁN Y CÓMO ESTÁN

LOS JORNALEROS AGRÍCOLAS

Salariados del sector

agropecuario por entidad. 2010

En dad Jornaleros %

Veracruz 337,907 13.04

Puebla 214,048 8.26

Michoacán 204,822 7.90

Jalisco 155,525 6.00

Guanajuato 145,363 5.61

Chiapas 139,328 5.37

México 136,035 5.25

Sinaloa 110,258 4.25

Sonora 96,982 3.74

Hidalgo 89,760 3.46

Oaxaca 87,069 3.36

San Luis Potosí 84,304 3.25

Tabasco 82,596 3.19

Chihuahua 69,834 2.69

Baja California 64,185 2.48

Otras en dades 574,156 22.15

Estados Unidos Mexicanos

2,592,172 100.00

Fuente: INEGI. Censo General de Población 2010

Salariados

Jornaleros migrantes por

entidad federativa. 2006

En dad Migrantes % Municipios con más migrantes

Sinaloa 76,000 32.5 Región Centro

Sonora 57,000 24.4 Hermosillo

BC 21,030 9.0 San Quin n

Veracruz 13,000 5.6 Zona cañera

BCS 11,734 5.0 Vizcaíno

Durango 9,869 4.2 Zona Lagunera

SLP 7,551 3.2 La Huasteca

Chihuahua 7,518 3.2 Cuauhtémoc

Nayarit 7,081 3.0 Zona Norte

Puebla 6,000 2.6 Sierra Norte

Jalisco 4,900 2.1 Zayula

Michoacán 4,189 1.8 Tierra Caliente

Morelos 4,000 1.7 Tlayacapan

Tamaulipas 3,175 1.4 Zona citrícola

Hidalgo 995 0.4 Mezquital

Total 234,042 100.0

Fuente: DIF. 2006

Año Salario de jornaleros

Salario Mínimo

1977* 2,294.40 5,619.001978* 2,655.00 6,474.001989** 3,000.00 6,670.001991** 24,000.00 14,600.001998 Sinaloa 42.00 28.32

1998 BC 52.00 28.322007 BC 100.00 48.882007 Sinaloa 64.00 48.88

2008** n.d. 52.592009** 98.00 54.82010** 100.00 57.462011** 106.00 59.822012** 150.00 62.33

Fuente: Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, PAJA, varios años, SARH. Econotecnia Agrícola. Julio 1980.* El Salario de la segunda columna es salario industrial.** Salario en el corte de hortalizas en Sinaloa.*** Zona A del Salario mínimo.

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laboral, así como de la modalidad que asume el salario (tarea, destajo o por jorna-da). De esta manera, la duración continua del empleo jornalero es, en promedio, de 160 días al año aproximadamente, en el mejor de los casos; esto ocasiona que los jornaleros cam-bien constantemente de región agrícola y de patrones para poder laborar otros días durante el resto del año”.

Ya en el mercado de trabajo, el jornalero la-bora todos los días, de lunes a sábado y en la época pico los siete días de la semana en jor-nadas que oscilan entre nueve y 14 o 15 horas. Mientras en el empleo formal, la jornada de trabajo supone entre 40 y 48 horas a la sema-na, entre los jornaleros, la media semanal para los hombres es de 57.2 horas y para las mujeres de 65.4 horas. Sin embargo, por las formas de medir las cotizaciones, los jornaleros no pue-den acceder a la seguridad social, aun bajo el supuesto de que se generalizara el seguro so-cial entre los trabajadores no formales.

La ley del Seguro Social señala que cuando se trabaja con un patrón, el asalariado deberá cotizar durante mil 250 semanas o tener 65 años. Lo anterior supone una jornada nor-mal de lunes a sábado con el domingo de descanso y una duración de ocho horas.

En el caso de los jornaleros, considerando que cuando trabajan lo hacen en prome-dio los siete días de la semana y 12 horas al día, si trabajan 160 días, ello supone trabajar mil 920 horas en un año, o sea 23 semanas aproximadamente casi seis meses. Mientras, un trabajador en el mercado formal trabaja dos mil 496 horas al año, implicando aquí las vacaciones pagadas, lo que significa que el jornalero que trabaja seis meses apenas cubre 576 horas menos que el trabajador del empleo formal.

Si una proporción importante trabaja de forma intermitente diez meses del año, en-tonces seguramente cubre los requisitos para ser beneficiado con la seguridad social. El 19 por ciento de los jornaleros tiene más de 20 años migrando y el ocho por ciento más de 30 años; algunos tienen más de 44 años tra-bajando como jornaleros y no cuentan con ningún registro de que trabajaron con dife-rentes patrones.

Así, reducir las desventajas que sufren los jornaleros implicaría que la política social considere los mecanismos de financiamien-to para el abasto en las regiones de atracción, ampliar la cobertura de apoyo al empleo temporal, acabar con las tiendas de raya y modificar los criterios de acceso a la segu-ridad social y la jubilación que permita a los jornaleros acceder a éstas.

La temporalidad de la ocupación restringe la posibilidad de organizarse aunque hay avan-ces. Así, se genera un círculo vicioso de la pobreza al que contribuye la ausencia de po-líticas correctivas de respeto a sus derechos como trabajadores y al reducido gasto social dirigido a los jornaleros.

Luz María Chombo Tovar

Jovita es una adolescente que cada día recorre las viviendas del campo agrí-cola donde vive temporalmente con su familia, les pide a los padres que

traigan los documentos de sus hijos para que puedan inscribirlos y estudiar en las escuelas “que sí enseñan”. Ella lamenta ha-ber perdido dos años, porque los maestros únicamente la ponían a jugar y hacer dibu-jos. De grande quiere ser licenciada.

Así como Jovita, las expectativas de vida de muchos niños, hijos de los trabajadores even-tuales del campo que migran al Valle Agrí-cola del Río Culiacán, han cambiado. Antes querían ser jornaleros, apuntadores, jefes de lote o mayordomos. Ahora quieren ser inge-nieros, médicos, maestros y hasta astronautas.

En los años 90s, el escenario en los surcos de los campos de Sinaloa era dramático:niños trabajando, bebés en cajas de plástico y en rebozos como hamacas sostenidos de los estacones, niños jugando entre las batan-gas, avionetas aplicando agroquímicos y los niños dormidos entre los cultivos, niños llo-rando de hambre atrás de sus padres, quie-nes angustiados cumplían con sus labores.

Durante diez años, los productores de Si-naloa e instituciones de gobierno –Sistema DIF estatal y Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)– realizaron esfuerzos importantes para retirar a los niños de los lotes de cultivo.

Pero fue apenas en año 2007 cuando los empresarios hortícolas, convocados por la Confederación de Asociaciones Agrícolas del Estado de Sinaloa (CAADES), firma-ron un Pacto Económico para la Erradi-cación de la Mano de Obra Infantil en la Agricultura en la entidad. Pacto que fue ratificado ante la Sedesol, que instituye el Programa Monarca como política com-pensatoria para las familias que envían a sus hijos a la educación primaria.

Desincorporar a los niños del trabajo es una acción relativamente sencilla, sólo se requiere que las empresas establezcan la política de NO contratación de mano de obra infantil, y que al internamente los res-ponsables del área de producción se com-prometan y colaboren para hacer efectivo el retiro de los niños que trabajan, los que juegan o ayudan a sus padres en los surcos.

Que los niños no trabajen tiene un impacto directo en la economía de las familias de

los trabajadores migrantes: anteriormente laboraban en promedio cuatro personas por familia y ahora es de 2.6. Los ingresos de los menores representaban el ahorro para la subsistencia en lugares de origen. Ahora el ingreso familiar promedio anual es menor y mayor la pérdida de poder ad-quisitivo en nuestro país.

Los trabajadores que migran a Sinaloa para emplearse provienen de comunidades con altos niveles de marginación y pobreza, principalmente de los estados de Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Hidalgo, San Luís Poto-sí y Puebla.

Cuando las empresas hortícolas incorpo-raron la política de NO contratación de mano de obra infantil en toda la cadena de producción, hubo quienes establecie-ron como edad mínima de contratación 14 años, conforme lo establece la Ley Federal del Trabajo, pero otras empresas decidieron que la contratación la harían a partir de los 16 años.

Las familias migrantes que provienen de comunidades indígenas fueron las que más se opusieron y presionaron para que sus hijos fueran empleados, pero poco a poco las posibilidades se fueron reduciendo. Los empresarios se mantuvieron firmes y fue-ron cerrando filas para lograr que ningún niño estuviera en los cultivos. Las familias se movían de campo a campo, de valle a valle. Movilidad que impactó directamente en el incremento de costos de producción.

Retirar a los niños de los surcos también in-crementó la demanda de servicios de guar-derías y educativos en los albergues de los campos. Fue necesario que las guarderías ampliaran su cobertura para atender a los hijos de los trabajadores de hasta 13 años. La infraestructura de servicios asistenciales resultó insuficiente.

Ahora los productores, además de las in-versiones que requieren hacer en tecnolo-gía de agricultura protegida para hacerle frente a los cambios climáticos y la esca-sez de agua, incorporan a la estructura de sus empresas un equipo de trabajo para desarrollar una serie de acciones para la protección de los infantes en los ámbitos de salud, educación, nutrición, deporte y recreación.

Pero también hay cambios en las formas de migración: de una migración familiar, a una migración de hombres y mujeres solos.

Como los ingresos resultan insuficientes para la subsistencia de todo el año, en-tonces los trabajadores en lugar de regresar a sus pueblos continúan la migración a Sonora, Baja California o Chihuahua. Se incrementa la migración “golondrina”, y con ella, el desarraigo y el abandono de las familias en los pueblos de origen.

Hay padres que se organizan y deciden que los niños de primaria no migren para que se queden en sus pueblos y tengan acceso a los apoyos del programa Oportunidades. En el mejor de los casos, dejan a los niños con los abuelos y los padres migran con los hijos más pequeños.

Ello, con el riesgo de que los niños ante la incertidumbre decidan emprender el viaje en busca de sus padres o de una mejor vida, y formen parte de la estadística del Insti-tuto Nacional de Migración de menores deportados, que en el 2011 ascendieron a 11 mil 520 niños mexicanos repatriados por las autoridades estadounidenses, de acuer-do con datos oficiales de dicho Instituto.

A partir de la desincorporación de la mano de obra infantil, las estadísticas en Sinaloa también se mueven: en el 2006, el 44.5 por ciento de la población total en albergues de población migrante, eran niños de cero a 13 años; para el 2011, únicamente 30 por cien-to están en ese rango de edad.

Que los adultos arriben solos a los campos de cultivo es cada vez más común, como también lo es que los varones migren con sus hijos e hijas mayores de 14 años. Y que las hijas inicien asistiendo a los padres y hermanos y que terminen en relaciones de incesto.

La Asociación de Agricultores del Río Culiacán (AARC) emprendió una serie de acciones para apoyar a los productores agremiados para hacerle frente a las ne-cesidades gestadas por la eliminación del trabajo infantil, entre las que destaca la in-tegración de los niños a las escuelas prima-rias regulares ubicadas en las comunidades aledañas a los campos agrícolas.

Ahora sabemos que no se requiere de es-tigmatizar a los niños migrantes, tratar-los como ciudadanos de segunda y hacer “boletas únicas”. Los hijos de las familias migrantes pueden insertarse en el sistema educativo regular, a pesar de la movilidad de sus padres.

Estamos haciendo del derecho a la educa-ción una realidad para los niños migrantes. Niños que están destacando en la prueba Enlace, en las Olimpiadas deñ Conoci-miento, o como el niño Carlos Alberto Díaz Cuahutenango (originario de Chila-pa Guerrero), quien fue elegido como di-putado infantil para representar a los niños del Distrito XV, perteneciente al municipio de Navolato, para levantar su voz ante la Cámara de Diputados y referirse a la situa-ción de maltrato y discriminación de que son objeto los niños en el entorno escolar, y de manera particular los niños migrantes.

La situación de vulnerabilidad de las fa-milias migrantes requiere que el gobierno voltee a las comunidades de origen y diseñe una política social que genere beneficios de desarrollo nacional. Que se haga algo más que dispersar dinero, que ayuda pero no transforma.

LOS NIÑOS DE

LAS FAMILIAS

MIGRANTES

Los jornaleros agrícolas

provenientes de las regiones

más atrasadas del país,

muchos de ellos indígenas,

frecuentemente se ven obligados

a migrar a las regiones de

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Samuel Salinas Álvarez*

Durante las tres décadas recien-tes, estrechamente vinculados a la crisis del campo mexicano, se han configurado procesos de

migración masiva de jornaleros que viajan con sus familias de Guerrero, Oaxaca y Ve-racruz, principalmente, hacia entidades de agricultura de exportación, demandantes de fuerza de trabajo.

Las condiciones predominantes en las re-giones de destino de los jornaleros son de aislamiento, hacinamiento, exposición a sus-tancias tóxicas, endeudamiento, precariedad en la vivienda y en la contratación y explota-ción del trabajo. Ello afecta a toda la familia migrante, sobre todo a los niños y jóvenes.

Hay una invisibilización deliberada de los jornaleros que descansa en la omisión en es-

tadísticas oficiales; exclusión en las políticas públicas educativas, laborales y de desarrollo social; ocultamiento de las agroempresas de la utilización de trabajo infantil; limitada pro-ducción de conocimiento en las instituciones de investigación; escasez de organizaciones no gubernamentales trabajando efectivamen-te en el tema, e indiferencia de la sociedad.

La falta de consistencia y continuidad en las estadísticas sobre los jornaleros agrícolas y en particular de los migrantes tiene conse-cuencias en la definición y puesta en marcha de políticas públicas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de esta población.

Según la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), basada en una encuesta nacional realizada por la Universidad Autónoma Cha-pingo (UACh) en 2009, hay en México dos millones 40 mil jornaleros agrícolas; de ellos, casi 434 mil son migrantes, 90 por ciento ca-

recen de contrato formal y 54 por ciento están expuestos a plaguicidas. Asimismo, 727 mil niños y adolescentes jornaleros trabajan con algún tipo de remuneración y cuatro de cada diez jornaleros agrícolas son indígenas.

Tal encuesta implicó dos mil 824 cuestiona-rios y fue realizada en 31 entidades federa-tivas. Lo reducido de la muestra, según la UACh, se debió a restricciones presupues-tarias . Cabe recordar el levantamiento reali-zado por Sedesol diez años antes, con cinco mil 716 cuestionarios, y el estudio de caso realizado por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM en 1999 con ocho mil 117 cuestionarios en cuatro estados.

Ligada a la precarización laboral, está la explotación del trabajo infantil en la agri-cultura, que implica riesgos a la salud y fre-na el ejercicio de los derechos de la infancia, en especial el de la educación.

Para ocultar el trabajo infantil y eludir su responsabilidad y la del Estado, los emplea-dores argumentan que los padres exigen que se contrate también a sus hijos y que esto es parte de los usos y costumbres de la po-blación indígena migrante. Tal argumento legitimador propicia una culpabilización de los padres. La solución de fondo está –como lo han dicho públicamente las autoridades indígenas– en el pago de salarios suficientes y oportunos que permitan al jefe de familia alimentar, vestir y calzar a sus hijos, enviarlos a la escuela y contar con una vivienda digna.

Otro argumento legitimador de la explota-ción de los jornaleros migrantes es el que les escatima su calidad de sujetos productores de riqueza y los reduce a menesterosos nece-sitados de asistencia.

Frente a sus competidoras en Estados Uni-dos o Europa, la ventaja de las empresas agroexportadoras que trabajan en México es el acceso a una reserva de fuerza de traba-jo barata. Un jornalero agrícola en México gana menos de la séptima parte de lo que obtiene un migrante en Estados Unidos rea-lizando el mismo trabajo.

El argumento de la pobreza funciona como dispositivo invisibilizador de la explotación del trabajo de la infancia migrante, no sólo porque oculta el carácter de sujetos produc-tores de riqueza de los padres, sino porque sostiene, como causa de la migración, las condiciones de marginación y pauperización en las comunidades de origen de la migra-ción. Aunque es cierto que los lugares de ori-gen de los jornaleros registran los más bajos índices de desarrollo humano, también lo es que las regiones receptoras de fuerza de trabajo migrante no sobrevivirían sin la con-tribución laboral de los jornaleros.

El argumento de la pobreza, interiorizado por las familias jornaleras, convierte en de-manda la contratación de la unidad familiar completa en las labores de cosecha de los cultivos y despoja de capacidad de negocia-ción a los padres en pago de salarios, dura-ción de las jornadas y condiciones de trasla-do y vivienda en las regiones de destino.

Para el gobierno tal argumento se traduce en políticas asistenciales e incluso en la induc-ción a que organizaciones filantrópicas se ocu-pen del asunto. Se deja a la buena voluntad de los empleadores o de las organizaciones no gu-bernamentales el retirar a unos cuantos niños de los surcos por tandas, como ocurre con los centros Florece que instaló la industria taba-calera en la planicie costera de Nayarit.

Un elemento más de la invisibilización ideo-lógica sobre la explotación a los jornaleros es la subordinación del interés público a las decisiones de los empresarios agrícolas, que conduce a la parálisis de las acciones guber-namentales en la defensa de los derechos la-borales de los jornaleros y combate a la explo-tación del trabajo infantil. Está ampliamente documentado en testimonios en video que se oculta la presencia de infantes en los surcos cuando se sabe que habrá una inspección de autoridades laborales o de desarrollo social.

Los campamentos de concentración de fa-milias jornaleras migrantes de las grandes agroempresas del noroeste de México son una de las modalidades de control privado de la vida pública, quizás el caso extremo por las condiciones geográficas de aislamiento, las enormes distancias hasta los centros ur-

JORNALEROS EXPUESTOS A PLAGUICIDASEntre 1998 y 2001 el Proyecto Huicholes y Plaguicidas realizó un estudio pionero en México y, con seguridad, en el resto de América La na, sobre exposición de jor-naleros agrícolas indígenas huicholes a los plaguicidas neurotóxicos (organofosforados y carbamatos) empleados en el cul vo del tabaco, por cierto, del mismo po que los u lizados para el control de plagas en otras plantas solanáceas como el jitomate. El es-tudio midió la inhibición de ace lcolineste-rasa eritrocí ca en sangre a par r de dos muestras obtenidas de 220 personas. De todos los grupos analizados por edad, sexo y categoría, las niñas jornaleras indígenas pre-sentaron los mayores niveles de inhibición en los niveles de ace lcolinesterasa eritro-cí ca (ACE).

La ACE es una enzima que interviene en la transmisión normal de los es mulos nervio-sos. Una intoxicación aguda con plaguicidas organofosforados o carbamatos, es decir, la exposición durante breves periodos a dosis altas del veneno, puede producir rinorrea, lagrimeo, mareos, y en casos extremos, convulsiones e incluso la muerte. La intoxi-

cación crónica que ocurre por la exposición a dosis pequeñas del veneno durante perio-dos prolongados, ha sido asociada en estu-dios realizados en México, Estados Unidos y otros países, con diversos pos de cáncer, malformaciones congénitas y daño neuro-lógico expresado en el retraso del desarro-llo de la coordinación motora fi na.

La exposición a plaguicidas es el riesgo más grande para la salud de las niñas, niños y jóvenes de las familias jornaleras agrícolas, no solamente para aquellos que trabajan,

sino para todos los que viven en las proxi-midades de los campos de cul vo donde se hace un uso intensivo de estos venenos.

Además de la intoxicación por plaguicidas y otros productos agroquímicos, la infancia jornalera migrante está expuesta a numero-sos riesgos: atropellamientos, picaduras de animales venenosos, golpes de calor, enfer-medades de la piel, parasitosis, heridas cau-sadas por el uso de las herramientas punzo cortantes empleadas en la cosecha, etcéte-ra. Quienes trabajan en el corte y ensarte de tabaco pueden padecer la llamada “enfer-medad del tabaco verde”, ocasionada por la absorción a través de la piel de la nico na que se desprende de las hojas húmedas.

Es urgente que el Estado mexicano esta-blezca un control efec vo sobre el uso de plaguicidas sinté cos en la agricultura de modo que se proteja la salud de los jorna-leros y de sus familias, pero también de la población que vive en zonas de uso inten-sivo de estas sustancias tóxicas, ya que se ha demostrado que las aspersiones pueden llevar los venenos hasta los centros de po-blación en varios kilómetros a la redon-da (Samuel Salinas Álvarez, inves gador independiente).

JORNALEROS AGRÍCOLAS:

INVISIBILIZACIÓN DELIBERADA

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banos de las regiones, y las grandes dimensiones de las unidades productivas. En el otro extremo podemos ubicar, por ejemplo, las diminutas uni-dades productivas de los ejidatarios que cultivan en promedio 2.5 hectáreas de tabaco en la pla-nicie costera de Nayarit y quienes, junto con los jornaleros nayari y wixaritari, constituyen los dos últimos eslabones de la cadena de explotación de esta industria liderada en México por las tras-nacionales British American Tobacco y Philip Morris. Ahí las familias jornaleras agrícolas son dejadas, literalmente, a su suerte, que si es muy buena, implicará una negociación que incluya dotación de agua potable y, a veces, tortillas.

En cuanto a la educación, en la década reciente ha habido programas gubernamentales encamina-dos a ampliar y mejorar la atención a niños y jóve-nes jornaleros migrantes, los cuales generan la ex-pectativa de que la escolarización y el ejercicio del derecho constitucional a la educación básica obli-gatoria y gratuita contribuyan a combatir el traba-jo infantil en las agroindustrias. Lamentablemen-te los resultados han sido precarios: no se cubre ni el diez por ciento de la demanda y hay graves problemas de acreditación de aprendizajes y certi-ficación de estudios, derivados de la fractura en la experiencia de escolarización de los estudiantes a causa de la movilidad y la débil o nula coordina-ción interinstitucional entre los programas.

Ante todo lo dicho, es urgente diseñar políticas públicas con un enfoque de derechos, y no accio-nes asistenciales, para atender la situación que viven los jornaleros agrícolas migrantes.

Es indispensable que el Estado cumpla su obliga-ción de garantizar que exista contratación legal y pago de salarios dignos. Además, la experiencia de diversos productores agrícolas en México y en otros países de América Latina demuestra que erradicar el trabajo infantil, pagar salarios justos y ofrecer condiciones dignas de vida a los jornaleros y a sus familias no conduce a la quiebra, por el contrario, incrementa la productividad y el desempeño.

Es necesario que el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi) y el Consejo Nacional de Po-blación (Conapo) impulsen líneas de investigación sobre jornaleros agrícolas y en particular sobre sus procesos de migración familiar. Actualmente en es-tas instituciones y en las universidades y los centros de investigación superior predominan líneas que se ocupan de la migración internacional, con poco inte-rés y recursos sobre la interna de jornaleros agrícolas.

Es prioritario que la infancia migrante ejerza su derecho a recibir educación básica en escuelas públicas debidamente establecidas y con docen-tes contratados. Las autoridades de educación de-ben ya resolver los aspectos técnicos que plantea la migración para que sea el sistema educativo el que siga a los estudiantes y no deban sufrir ellos la fractura de su escolarización por falta de coordi-nación entre instituciones educativas.

*Samuel Salinas Álvarez es coautor con Patricia Díaz Romo del estudio Plaguicidas, tabaco y sa-lud: el caso de los jornaleros huicholes, jornaleros mestizos y ejidatarios en Nayarit, México. Proyec-to Huicholes y Plaguicidas. 2002.

Amparo Muñoz Coronado

Hablar del transporte de los jornaleros agrícolas migran-tes implica reconocer tres momentos: a) el del traslado

de la comunidad al punto de encuentro y concentración; b) el del lugar de con-centración al espacio de alojamiento temporal en el mercado de trabajo, y c) el del espacio de alojamiento a la parcela de trabajo. En cada uno de los momen-tos, el espacio, la distancia y el tiempo están sujetos a la percepción y a la subje-tividad de los hombres y mujeres que se desplazan de manera intermitente para emplearse en los campos.

En el primer momento, el desplaza-miento al punto de con-centración se realiza en camionetas de redilas, que suelen contar con asientos adaptados. Este tradicional “transporte pi-rata” es común en las zo-nas rurales y se carece de prácticas que resguarden el confort y la seguridad del usuario. El tiempo de traslado está en función de la distancia y de las condiciones del camino. Los puntos de encuentro tradicionalmente identifi-cados son: Chilapa de Ál-varez, Tlapa de Comonfor y Ometepec, en Guerrero; Mexquital, en Durango; Huejutla de Reyes, en Hi-dalgo; El Nayar, en Naya-rit; Coatecas Altas, Ejutla de Crespo, Miahuatlán de Porfirio Díaz, Santiago Juxtlahuaca y Putla Villa de Hidalgo, en Oaxaca, y Tantoyuca y Zongolica, en Veracruz.

Este primer momento es resultado tanto de la pro-blemática económica de sus habitantes como de las expectativas de los migrantes. Al respecto, la ten-dencia general en las investigaciones nos habla de la ausencia de alternativas de empleo e ingreso; de la precariedad de la producción agrícola; de situacio-nes graves como la militarización, el narcotráfico, los conflictos agrarios, la violencia comunitaria, la inseguridad y el debilitamiento sociopolítico de ins-tituciones y gobiernos locales. A ello se agrega la demanda de trabajadores tem-porales y las actividades de promoción por parte de contratistas, enganchadores y productores.

Los contratistas, enganchadores y pro-ductores son actores que intervienen en la promoción, recolección y traslado de jornaleros. Tienen a su cargo, la tarea de contratar mano de obra y llevarla a las re-giones de atracción. Para comprometer a los líderes o jefes de familia, llegan a otorgar un anticipo económico.

Quienes se insertan en estos circuitos migratorios son sujetos con una acti-tud positiva a la movilidad, al cambio y al tránsito, actitud que les significa dejar temporalmente su casa, su familia, amigos, paisanos y parientes. Sus sueños y expectativas suelen ser en torno a ad-quirir recursos económicos que les per-mitan pagar la deuda con el prestamista, y comprar ropa, alimento y calzado, ade-más de cubrir los gastos que se derivan de los compromisos comunitarios: ma-yordomías, faenas, etcétera. Al salir de su comunidad, los jornaleros aumentan su capacidad de negociación laboral, me-diante el acceso a las redes sociales que enlazan los diferentes mercados de tra-bajo, y tienen el conocimiento de cómo se comporta el mercado de trabajo, fruto

de su propia experiencia, pues a pesar de tener niveles de escolaridad básicos o nulos, se mueven con inteligencia y sagacidad.

En el segundo momento, que va “del lu-gar de concentración al espacio de aloja-miento en el mercado de trabajo”, el trans-porte usado está definido por la distancia a cubrir. Cuando la movilidad es en la misma región o entre áreas colindantes, la distancia es corta y los jornaleros son transportados en camiones de redilas de tres toneladas, donde el cupo de “pasa-jeros” suele estar al máximo de la capa-cidad. Esto se observa en el periodo de cosecha de café, donde los migrantes y sus familias se desplazan hacia las fincas que se ubican en la Sierra Norte en Puebla; la zona de Tapachula en Chiapas y/o la región de Pluma Hidalgo en Oaxaca. La relativa cercanía a la comunidad, conlleva a incluir en este circuito migratorio sólo a los integrantes de la familia que trabajan.

Cuando la distancia a recorrer es mayor, las condiciones de traslado “mejoran” por el uso de autobuses turísticos, que en la mayoría de los casos carecen de se-guro de viajero; en estos casos el tiempo de traslado varía de 30 a 46 horas prome-dio. A manera de ejemplo, el jornalero de Cochapan el Grande, Guerrero cuyo destino es el valle de Culiacán, Sinaloa, el tiempo que destina para su trayecto en el primer momento es de siete a ocho ho-ras si el camino está en buenas condicio-nes, a ello se suman entre 12 y 14 horas para llegar a la ciudad de México, más 20 horas de camino a Culiacán.

Es una constante que el enganchador o no les dé de comer, o sólo les ofrezca una comida, no obstante que éste recibe

dinero para el traslado de los jornaleros. Cuando lle-gan a tener un accidente, nadie es culpable; sólo a veces el chofer.

El tercer momento, cuyo destino es la parcela del cultivo que los demanda, la distancia es corta y en ella participan actores que tie-nen a su cargo la organiza-ción del trabajo. El tipo de transporte usado suele pre-sentar asimetrías a lo largo y ancho del país. A manera de ejemplo, señalamos dos extremos: uno se registra entre algunos productores de los valles agrícolas de Sinaloa, Sonora, Baja Ca-lifornia y Baja California Sur, que en los años recien-tes han generalizado el uso de autobuses escolares de segundo uso (importados de Estados Unidos), y el otro en la zona Cuauhté-moc, Chihuahua; allí ve-hículos aptos para ganado o para los productos cose-chados se utilizan para el traslado de los cortadores

de manzana. En otras regiones del país, el tipo de transporte suele conjuntar tanto al producto cosechado como a los trabajado-res, esto se presenta en el corte de naranja.

En el tercer momento los actores que participan son, entre otros: los capita-nes de las cuadrillas, los cortadores de ejote de Morelos e Hidalgo; los cabos y ayudantes que coordinan y organizan el corte en los cañaverales de Jalisco, Mo-relos, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Oaxaca, Tamaulipas y Vera-cruz; las caporalas a cargo de reclutar y supervisan el trabajo de los cortadores en chile, maíz, frijol y mango. Ellos son acto-res que tienen en común la organización de conglomerados de jornaleros agrícolas.

Al igual que el transporte del lugar de concen-tración a los mercados de trabajo, ante cual-quier accidente, nadie asume la responsabili-dad. Desafortunadamente, no existe ningún mecanismo de control sobre estos traslados.

CÓMO SE TRANSPORTAN L@S JORNALER@S MIGRANTES

Para ocultar el trabajo infantil y

eludir su responsabilidad y la del

Estado, los empleadores argumentan

que los padres exigen que se contrate

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parte de los usos y costumbres de

la población indígena migrante

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Lourdes Edith Rudiño

Como todo en la vida, las cosas ma-las tienen su contraparte. Existen productores agropecuarios que han asumido con responsabili-

dad un comportamiento humano con sus trabajadores jornaleros. Exigencias de los mercados –que inciden sobre las empresas del campo por medio de certificaciones que vigilan las materias laboral y ecológica– in-fluyen definitivamente en decisiones relati-vas a horarios de trabajo, presencia infantil en los campos, condiciones de los asenta-mientos de los trabajadores y manejo de pla-guicidas, entre otras cosas. Pero también una conciencia moral y “el poder dormir en paz” llevan a varios agroempresarios a realizar prácticas laborales adecuadas.

En entrevista, Silvia Ildelisa López Ibarra, administradora de De la Costa, SA CV, co-menta que esta empresa productora de maíz, ejote y pepino contrata unos 500 jornaleros de Guerrero para la cosecha de ejote, de oc-tubre a abril cada año.

La compañía comenzó a construir vivien-das para sus trabajadores desde hace casi 18 años y desde entonces el dueño, Juan Habermann, “tuvo la atención de que las viviendas siempre tuvieran piso de cemento, fueran cerradas y que los módulos sanitarios estuvieran tal como debe ser, con regaderas y baños”. El albergue inició con galeras con cuartos para dormir y áreas de baños y co-cinas comunitarios. Ha venido mejorando y cuenta ya con 38 casitas que adentro tienen cocineta, recámaras con literas y sanitarios. “Les ofrecemos viviendas dignas cuando

llegan, con energía eléctrica, agua potable, estufa de gas, ventanas…”.

“No sé cómo trabajen los demás (empre-sarios), pero aquí hacemos un trabajo en conjunto con los gobiernos estatal y federal. Pues al tener albergue guardería infantil y primaria, la Secretaría de Educación Pú-blica trabaja con nosotros; la Secretaría de Salud vacuna a todos los niños; tenemos una clínica que da atención de primer nivel y to-dos los trabajadores tienen Seguro Social, y tenemos un carro para que, ante cualquier urgencia médica, traslade a los jornaleros al hospital a cualquier hora del día”.

Desde hace 12 años, comenta, la empresa ha avanzado en “sacar a los niños del cam-po” y desde 2010 cuenta con la certificación de la Secretaría del Trabajo, de “empresa agrícola libre de trabajo infantil”. Los jorna-leros llegan en familia, pero saben que los menores no podrán trabajar –hay la posibili-dad de que lo hagan sólo los de 14 a 18 años de edad, pero con jornadas de seis horas diarias con una intermedia de descanso y con auto-rización expresa de los padres–. Lo que hace la empresa es inducir que los chicos asistan a la escuela, y por cada niño que atiende las clases “le damos una despensa a la familia”.

Además a los niños la compañía les da el desayuno y la comida más dos colaciones, y tiene transporte para conducir a los que van a la secundaria, fuera del albergue. Les paga también los útiles que se requieren para el estudio. “Su única obligación es estudiar (…) y vemos que han aumentado los niños. Hace seis años había como 80 y ahorita son 1 20 o 130. Y es muy bonito ver su alegría, por ejem-plo cuando les llevan la comida”. El alber-gue tiene para ellos canchas de basquetbol y fútbol y un jardín con juegos infantiles.

Silvia señala que los jornaleros –que son en su mayoría los mismos año con año, vienen de Santa Catarina e Ixtla, Guerrero, aunque este año llegaron también de Acapulco– lle-gan a Sinaloa conducidos por 13 “responsa-bles de grupo”, con quienes trabaja la em-presa desde hace más de siete años. “Aclaro:

como empresa asumimos la responsabilidad de todos los trabajadores que vienen con nosotros. Enviamos un camión en buenas condiciones y con baño, que cuente con se-guro de transporte y seguro de traslado de las personas, y vigilamos que les den los tres alimentos al día durante el traslado. Nunca hemos tenido algún accidente, pero si ocu-rriera, tenemos los seguros”.

Otro factor que muestra el interés de esta empresa por sus jornaleros es la decisión de contar con un “aula inteligente” para apoyar a los niños menores 13 años a que concluyan su primaria, y también el hecho de que se coor-dinan con autoridades escolares de Guerrero para que la educación que reciben en Sinaloa pueda tener secuencia y reconocimiento en los lugares de origen de los trabajadores.

Asimismo, la empresa realiza el pago sema-nal a los jornaleros por medio de depósitos bancarios –y ellos acuden cada fin de sema-na a un pueblo cercano a realizar sus com-pras; no hay tienda dentro del albergue– y les da la prestación de vacaciones y aguinaldo al final de cada temporada de cosecha, así como el pago del transporte para el regreso a sus lugares de origen.

La compañía exporta ejotes y pepinos, sobre todo a Estados Unidos, pero cuenta con la cer-tificación GSF que otorga la Unión Europea, la cual es muy exigente en los temas de medio ambiente y de jornaleros –implica entre otras cosas un manejo muy cuidadoso de los pla-guicidas y con los horarios de trabajo y los sa-larios–. La entrevistada comenta que con esta certificación la empresa está lista para vender a Europa y en general a cualquier mercado. Pero en realidad lo que logra la compañía y quienes allí trabajan al dar un trato digno a los jornaleros “es dormir bien”.

LAS BOYANTES AGROEXPORTACIONES La revisión de los rubros en que Méxi-co es exitoso nos remite siempre a las agroexportaciones, par cularmente a la línea de frutas y hortalizas.

Y el tomate (jitomate), generado por Sinaloa, fundamentalmente y también Baja California –como el grueso de las legumbres y hortalizas– ocupa el lugar estelar, pues nuestro país es líder mun-dial de sus ventas al extranjero, con dos millones de toneladas equivalentes a más de mil 200 millones de dólares, según datos del Consejo Nacional del Sistema Producto Tomate.

Cifras de una tesis de Óscar García Celis, de El Colegio de la Frontera Norte, so-bre ´”Apertura económica, el TLCAN y la expansión del sector agrícola de horta-lizas”, muestran que entre 1990 y 2008 el valor de las exportaciones mexicanas de legumbres y hortalizas frescas casi se cuadruplicaron, al pasar de 858 millones dólares a tres mil 409 millones en el pe-riodo y con ello representaron entre 32.8 y 47.6 por ciento del valor toral de las ventas foráneas del sector agropecuario.

Los datos sistema zados más recientes de la Secretaría de Agricultura, al 2009, indican que ese año las exportaciones del tomate fresco o refrigerado suma-ron mil 227 millones 855 mil dólares, esto es 18.6 por ciento del total de ex-portaciones agrícolas (aunque menos del 10 por ciento de los 15 mil 193 mi-llones 433 mil dólares registrados para el total de exportaciones agropecuarias y agroindustriales).

Con cifras menores que las del tomate, pero no desdeñables, aparecen en la lista de exportaciones, el pepino y pepinillo, los ajos, las coles frescas, los melones y sandías, los chiles morrón, el café, todos ellos altamente demandantes de la mano de obra jornalera, desde la guatemalte-ca en el sureste para el café y las frutas, hasta la de los sin erra del país que se trasladan a las cosechas al noroeste.

La pregunta después de observar estas estadís cas es ¿comparten los jornale-ros el mérito de este gran éxito? O queda sólo en manos de los 200 mil producto-res (del total de cuatro millones del país) dueños de ocho por ciento de la superfi -cie agrícola nacional que están registra-dos como exportadores agrícolas?

Existen productores

agropecuarios que han asumido

con responsabilidad un

comportamiento humano con

sus trabajadores jornaleros

Enviamos un camión en buenas

condiciones y con baño,

que cuente con seguro de

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EMPRESARIOS SINALOENSES:

LE DAMOS TRATO DIGNO

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JORNALEROS DE SAN QUINTÍN:

SITUACIÓN Y DEMANDAS*

Juan Pérez GuzmánJornalero triqui

La región de San Quintín se localiza a 300 kilómetros la frontera con el estado de California. Esto permite a las más de 14 empresas agroex-

portadoras ventaja frente a otros productores-comercializadores no sólo nacionales sino estadounidenses. Sus costos son menores, por supuesto en transporte, pero también en pago de salarios y prestaciones de los miles de hom-bres y mujeres que contratan los patrones para la siembra, limpieza, fertilización y cosecha.

San Quintín cuenta con una superficie menor de diez mil hectáreas susceptibles de riego mien-tras que en el estado de Sinaloa (el otro gran por-tento exportador de hortalizas), esa cifra es diez veces superior. Ambas zonas compiten, aunque participan en el mercado en temporadas dife-rentes en productos principales. La primera en primavera-verano y la segunda en verano-otoño, como es el caso de tomate (jitomate).

Por las características de los productos que se cosechan en ambos lugares, como tomate, calabaza, cebolla, fresa, brócoli y pepino, se requiere de grandes contingentes de mano de obra, que tradicionalmente provienen de las comunidades indígenas mas pobres del país: Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, etcéte-ra. En el caso de San Quintín se requiere tras-ladar la mano de obra por más de tres mil kiló-metros. Para Sinaloa la distancia es la mitad.

La necesidad de garantizar la mano de obra en los campos agrícolas de San Quintín y tener un mayor control en el mercado de tra-bajo propició asentamientos de las familias

jornaleras desde hace 20 años. Hoy existen más de 80 asentamientos con cerca de 30 mil jornaleros como reserva de mano de obra en-tre hombres, mujeres, niños y niñas.

Los agroexportadores han evolucionado no sólo en términos de la producción sino que también han restructurado sus empresas para ser más afines a lo que demanda el mercado internacional. De haber sido empresas familia-res, como las de los Rodríguez, los Castañeda y los González, hoy la relación con los brokersy la necesidad de mayor capital han implicado nuevas formas de asociación. Y el mercado glo-balizador exige organismos que se aboquen a estrategias de comercialización, de ahí que los grandes productores han integrado el Consejo Estatal Agrícola, una especie de confedera-ción patronal agrícola para la exportación.

A pesar de estas estrategias del capital, que permanentemente requieren para su cre-cimiento la modificación organizativa em-presarial, en el caso de las y los jornaleros agrícolas pocos cambios se perciben, a no ser por los mayores niveles de productividad e intensidad de trabajo que ocurren.

Las familias jornaleras, que suman más de 70 mil personas, en su mayoría indígenas, han realizado grandes movilizaciones para reclamar sus derechos. En el caso de los asentamientos exigen la regularización de sus predios, la introducción de agua potable, electrificación, vivienda digna, educación y particularmente la salud.

La demanda en salud ha sido, sigue y será la afiliación al régimen permanente del Segu-ro Social. Institucionalmente la responsabi-

lidad recae en el gobierno federal, y es ahí donde el Poder Legislativo debe actuar.

Al trabajador se le descuenta su cuota del seguro, pero en muchos casos la empresa simula que los ha dado de alta. Según un es-tudio realizado por el Consejo Nacional de Población y el Colegio de la Frontera Norte, en 2003, del total de derechohabientes repor-tados en el Valle de San Quintín, cerca de 20 mil personas, en realidad menos del 30 por ciento estaban afiliados al Seguro Social.

La situación de las mujeres es crítica. Los derechos de las madres trabajadoras no se respetan en lo que se refiere a trabajos pe-sados durante la gestación y el postparto; menos del uno por ciento de las mujeres ha recibido permiso en tiempo para amamantar a sus bebés.

Por otro lado, sindicatos blancos controlados por la Confederación de Trabajadores de Mé-xico y la CROM han venido desde hace más de 40 años estableciendo las reglas de la relación laboral sin participación alguna de los asalaria-dos del campo. A los jornaleros los patrones les descuentan cuotas sindicales pero no reciben ninguna protección. Veamos: la mayoría de los jornaleros agrícolas, migrantes o no, se contra-tan diariamente por tratos a la palabra e indivi-duales, con enganchadores o contratistas. No media ningún contrato escrito; los patrones se sustraen así con facilidad a la regulación de las autoridades laborales. Su pago es a destajo. De este modo, los productores aumentan la pro-ductividad y prolongan la duración del trabajo sin tener que retribuir horas extras. Los traba-jadores tienen además que aportar sus propias herramientas de labor. No existe seguridad en el empleo, de modo que los trabajadores están siempre expuestos al desempleo. No existen prácticamente prestaciones sociales. Los traba-jadores laboran seis días a la semana y no se les paga una prima adicional por el trabajo do-minical y tampoco son compensados los días perdidos por enfermedad.

Los jornaleros migrantes no disfrutan de los días festivos, de una prima vacacional, ni d e reparto de utilidades que la Ley del Trabajo contempla para los trabajadores tem-porales. Los salarios se pagan en cheque, y algunos comerciantes, en contubernio con las empresas, les cambian los cheques por medio de compras de mercancías.

Otra situación que enfrentan son los riesgos de trabajo durante los traslados desde las co-lonias o campamentos a los campos agríco-las, y la falta de reglamentación ha ocasiona-do accidentes fatales.

* Resumen de ponencia presentada en el Foro temático “Jornaleros agrícolas y movimientos campesinos”, realizado por el Movimiento Regeneración Nacional el 10 de enero de 2012 en el Valle de San Quintín, Baja California.

Fabiana Sánchez PlataInstituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales (ICAR)-UAEMEX

Acambay se sitúa al noroeste del Es-tado de México, habitado por po-blación indígenas otomí y mestiza. Las actividades económicas son va-

rias, y destacan la agricultura y la ganadería de leche y carne.

La relación entre agricultura de riego (prac-ticada con agua extraída de norias y bordos) y de temporal es histórica y está mediada por el empleo de la fuerza de trabajo a cargo de los medianos productores.

Los ranchos de la “Laguna” son propiedad de los denominados “güeros”. En los 80s, los vínculos de las familias de los “güeros” se ex-tendían a la cabecera municipal y la Ciudad de México. El capital económico se sostenía en la vivienda fincada en las tierras de culti-vo, las tierras de riego y las granjas de ganado bovino para leche y carne. El rancho se con-sideraba como una casa de campo, sólo uno o dos miembros de la familia estaban de tiempo permanente ayudados por un capataz; el resto de la familia y el dueño iban poco al rancho.

La relación entre los ranchos y las locali-dades vecinas se dio por la contratación de trabajadores agrícolas para necesidades es-

pecíficas. Estos ranchos iban a la vanguar-dia: utilizaban variedades de maíz mejora-das, y cierta maquinaria, como tractores e implementos, sembradoras, camionetas, e incluso avionetas, para aplicar los herbicidas líquidos desde el aire en los meses de julio y agosto. Siendo una acción repetitiva anual, y agresiva por los químicos, se volvió una pesadilla para los campesinos y pequeños ganaderos que sacaban a pastar a los ani-males en las propiedades de pastizal que los “güeros” daban en renta.

Los ranchos más prominentes fueron los que llevaban los apellidos de “los Rosendo, las Barajas y los Colín”. Sólo uno de los ran-chos era comandado por mujeres, las Bara-jas, que sobrevive a los tiempos aunque muy disminuido.

Los trabajadores en estos ranchos no tienen más que buenos recuerdos, pues aun con po-breza y salarios bajos, permitían año con año reunir a las familias de campesinos de locali-dades de la Loma de San Ángel, La Soledad, San José Bocto y San Mateo el Viejo y fortale-cer lazos de amistad durante los dos meses que duraba la cosecha de maíz en la “Laguna”.

En la década de los 80s fue más fuerte la relación entre los “güeros” y los trabajadores de las localidades vecinas. Los trabajadores era traídos a puntos específicos y regresados en una camioneta de redilas o un remolque. Éstos tenían que organizar bien los tiempos

para irse de jornaleros y recoger las cosechas de sus milpas. A ellos la cosecha de la milpa se les facilitaba pues persistía el sistema de ayuda mutua, donde las familias se organi-zan para trabajar. Los trabajadores iban en grupo, todos los integrantes con capacidad para “aguantar” el ayate de mazorcas de maíz. Esto representaba para los jóvenes una ilusión muy grande, gracias a ello ganaban dinero y se compraban zapatos y ropas de vestir a su gusto.

Esa dinámica de trabajo, que volvía a los campesinos de agricultura de temporal en jornaleros estacionales, dejó de ser intensa a mediados de la década de los 90s. Algo ocurrió con los rancheros de la “Laguna” y los jornaleros jóvenes agarraron camino para Estados Unidos. El cultivo del maíz pare-ce ya no ser el articulador de las relaciones entre los rancheros y los productores de sub-sistencia. Son pocos los varones adultos que van a trabajar a los ranchos, ahora van más mujeres y niños.

EXPERIENCIA DE

TRABAJADORES

EN ACAMBAY

La relación entre agricultura

de riego (practicada con agua

extraída de norias y bordos)

y de temporal es histórica y

está mediada por el empleo de

la fuerza de trabajo a cargo

de los medianos productores.

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Beatriz Canabal CristianiUniversidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco

El análisis de la migración jornalera en la Montaña de Guerrero obliga a hacer referencia a las condicio-nes ambientales y económicas que

privan en regiones como ésta, con una larga historia de despojo de sus recursos naturales y una población productora de granos bási-cos que se ha pauperizado presionada por las políticas agrícolas contrarias a la producción campesina de auto-subsistencia.

Un sentir muy generalizado es la imposibi-lidad de elección que estos guerrerenses tie-nen sobre migrar o no hacerlo. Los que mi-gran como jornaleros agrícolas se exponen a las dificultades de su traslado, a la situación de insalubridad en los campos de destino, al hacinamiento, la mala alimentación, al mal-trato por parte de los empleadores, al incum-plimiento de las condiciones de trabajo acor-dadas, los bajos salarios, las enfermedades y el envenenamiento por la exposición a los agroquímicos. Estas condiciones de trabajo y de vida son resultado del papel que estos mercados de trabajo saturados y segmenta-dos asignan a la población montañera con una gran necesidad de incorporarse a ellos.

En Sinaloa se ubican grandes empresas que contratan miles de jornaleros y que han en-contrado en esta fuerza de trabajo la posibilidad de tener brazos en abundancia durante las eta-pas productivas que más los requieren. Se trata de una población que está dispuesta a ser con-tratada por un salario seguro y superior al de su región de origen pero que en las zonas agrícolas norteñas es sumamente bajo con relación al es-fuerzo, la intensidad de las jornadas de trabajo y las condiciones laborales a que se ve sometida.

Este tipo de migración jornalera ha ido en aumento. Los registros oficiales así lo indi-can y permiten constatar que se ha intensi-ficado la migración familiar por la cantidad de niños que acompañan a sus padres. Si bien la cantidad de hombres y mujeres tra-bajando en estos campos es similar, la pobla-ción joven es mayoritaria y la presencia de adolescentes y niños no ha decaído a pesar de las prohibiciones que intentan limitarla.

Los ahorros que los jornaleros migrantes lo-gran hacer sirven para financiar su sosteni-miento por algunos meses en la comunidad y significan la posibilidad de seguir ligados a su tierra, a la producción de maíz y a sus comunidades mediante su cooperación para actividades cívico-religiosas.

La migración pendular sigue siendo la más importante en número y proporción de migrantes pero está cediendo el paso a la migración circular que se da en cualquier momento del año y a cualquier destino. La población va de campo en campo y de región en región buscando la opción de ocuparse; se queda por cortos periodos en sus comuni-dades y vuelve a partir. Alguna parte de esta población se está estableciendo ya alrededor de los campos de Sinaloa y de Morelos.

Estos cambios en el tipo de migración de los jornaleros de la Montaña se deben a que los sistemas productivos se están intensificando y requieren mano de obra en distintos meses del año, en diversos lugares y para diferentes actividades.

Las condiciones de flexibilidad laboral, la diversidad de destinos y la contratación por temporada evitan que los migrantes cuenten con prestaciones como pueden ser la jubila-ción o algún tipo de indemnización por par-te de los patrones en caso de accidente, por lo que las percepciones que obtienen se re-ducen al tiempo de vida útil de un jornalero.

Las jornaleras llegan a los campos de trabajo con altos índices de monolingüismo, anal-fabetismo y con una salud debilitada que empeora al someterse a largas jornadas de trabajo en condiciones de vida desfavorables. Su estatus de migrantes no las exime de to-dos sus deberes domésticos además de que acuden con los hombres a los campos cum-pliendo con una jornada de trabajo similar, independientemente de su estado de salud, incluso en condiciones de embarazo, de par-tos recientes o con niños muy pequeños.

El problema de los niños jornaleros es se-vero porque sus familias requieren de su salario para completar el ingreso familiar. Estos niños no pueden cursar todo un ciclo educativo al tener que trasladarse con sus padres a los campos agrícolas del noroeste, situación que ha pretendido paliarse con programas educativos para los niños migran-tes. Sus logros son limitados, dado que los programas de estudio que ofrecen a los ni-ños en sus comunidades no son compatibles con los existentes en sus lugares de trabajo; falta una estrategia educativa conjunta que contemple la situación particular de los ni-ños migrantes.

En cuanto a la salud, si bien el cuadro que presentan las familias jornaleras se relaciona con las condiciones en que salen de sus en los campos de trabajo se complica. En el tema

de salud, al igual que en el de educación, no hay comunicación ni coordinación entre las instituciones que brindan estos servicios en la Montaña y en los lugares de destino; no se les da seguimiento a determinadas enferme-dades, a embarazos o al desarrollo de niños recién nacidos.

En años recientes ha sido importante el apoyo a los jornaleros mediante diversos programas de gobierno, pero los esfuerzos no han sido suficientes ya que sigue habiendo muchos re-zagos en cuanto a sus condiciones de vida y de trabajo, mientras que el presupuesto para estos rubros ha ido descendiendo. Una opi-nión muy generalizada es que la aplicación de los programas para los jornaleros muestra una descoordinación entre las instituciones que colaboran en este frente de acción.

Es cierto, la mayoría de los programas no se centran en atacar las causas de la migración jornalera y son sólo compensatorios, pero aun así, con mayores recursos, mejor planeación y coordinación institucional, podrían mediante un diálogo permanente con la sociedad civil, con los jornaleros y sus organizaciones, ayu-dar a mejorar algunas de sus condiciones de trabajo y de vida. Se trata de una población de campesinos indígenas; hombres, mujeres, niños y ancianos convertidos por fuerza al jornalerismo que han permitido el desarrollo de grandes emporios capitalistas en el norte y occidente del país, y que siguen ligados mayo-ritariamente a la tierra y a sus comunidades.

En general, los jornaleros y sus organiza-ciones no conocen los planes de gobierno ni los programas que se aplicarán para ellos. Las organizaciones independientes tra-bajan con una gran cantidad de obstáculos, no son bien vistas por las centrales priistas ni por los empresarios; tienen que afrontar barreras legales y administrativas para poder funcionar; su camino es difícil, y aun así han surgido distintas propuestas organizativas que se dedican a acompañar a los jornaleros en la solución de sus problemas laborales, como habitantes periódicos de los campos de trabajo y como grupos con pertenencias étnicas diversas. Han permitido, al lado de diversos centros de derechos humanos, hacer visibles las condiciones en que se ejerce el trabajo jornalero en México y han logrado que mejoren algunos aspectos en la vivienda, en los servicios educativos y de salud en los campos de trabajo. Los frentes en que estas organizaciones han tenido que pelear son di-versos y han ganado algunas batallas que han significado un avance importante en la vida de estas familias de trabajadores.

Evento: Seminario Megaproyectos y Resistencia de los Pueblos Indí-genas. Organiza: Red-Interdisciplina-ria de Investigadores de los Pueblos Indios de México, AC y la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Lugar y fecha: Javier Romero, edifi cio anexo de la ENAH. Jueves 22 de mar-zo del 2012. Informes:difusió[email protected] / [email protected] / www.investigadoresindigenas.org

Evento: Foro El maíz: Reto de la So-beranía Alimentaria de Oaxaca. Or-ganizan: Varias organizaciones. Lugar y fecha: Ciudad de Oaxaca. Viernes 23 de marzo de 2012.

Evento: Grandes Problemas Nacio-nales: Diálogos por la Regenera-ción de México. Organiza: Morena y Fundación Equipo. Lugar y fecha: Club de Periodistas de México, Filo-meno Mata No. 8. Centro Histórico. A partir del martes 6 de marzo. Infor-mes: www.grandesproblemas.org.mx

Libro: La economía feminista como un derecho. Informe: Teléfono 55 44 22 02 / [email protected]

MIGRACIÓN

JORNALERA

DESDE LA

MONTAÑA DE

GUERRERO

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Tlachinollan Centro de Derechos Humanos de la Montaña

El rostro cubierto de Silvia Salgado Aranda, que enmarca la portada del informe de Tlachinollan Mi-grantes somos y en el camino an-

damos, es una niña naua de 15 años, de la comunidad de Ayotzinapa, municipio de Tlapa, Guerrero. En ella se esconde la tra-gedia que padecen centenares de familias me’ phaa, nauas y na savi de la Montaña que anualmente migran como jornaleros y jorna-leras a los campos agrícolas del norte del país.

En México 405 mil 712 familias, aproxima-damente, están en continuo movimiento entre sus zonas de origen y las regiones a las que migran. Alrededor del 26 por ciento de la población es migrante. Se calcula que 3.5 millones de personas son migrantes internos, en su mayoría indígenas.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Jor-naleros Agrícolas, realizada por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en 2009, el 58.5 por ciento de las y los jornaleros agrícolas pro-viene de municipios de muy alta marginación, de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Veracruz.

En la región de la Montaña, de 2006 a 2011 el Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Mon-taña y Tlachinollan documentaron la salida de 32 mil jornaleros y jornaleras de 362 co-munidades indígenas. Se trata de familias numerosas, como la de Silvia, que abando-nan sus comunidades por más de seis meses, para trabajar en las cosechas de jitomate, pe-pino, chile y hortalizas. Las rutas migratorias se centran en Sinaloa, Sonora, Baja Califor-nia y Chihuahua.

El rostro de Silvia cubierto con paliacates rojos y azules nada tiene que ver con el atuendo de un juego, una ronda infantil o una danza tradicional; es la ropa que usan las y los jornaleros para cubrirse del sol y pro-tegerse de los agroquímicos. A pesar de que en otros países los insecticidas, pesticidas o fungicidas están prohibidos, en México los

empresarios tienen todo el apoyo para com-prarlos y usarlos sin ningún control. Se han documentado muchos casos de intoxicación y desmayo de trabajadores que sufren dentro de los campos; sin embargo, los empresarios evaden su responsabilidad de garantizar el de-recho a la salud. Cuando los jornaleros se en-ferman, ellos tienen que salir de los campos para acudir a médicos privados, que no sólo los tratan con desprecio, sino que les cobran muy caro por la consulta y las medicinas.

Según la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), 90.9 por ciento de las y los jornaleros realiza su trabajo sin un contra-to formal. El 72.3 por ciento gana por jor-nal o día de trabajo, mientras que el 23.8 por ciento recibe su pago a destajo. A 76.5 por ciento les pagan cada semana y el 18.4 por ciento recibe su pago de manera diaria.

La falta de un contrato formal provoca que se violen de manera masiva los derechos hu-manos y laborales de los jornaleros agrícolas. Desde que salen de su comunidad viven el calvario de la discriminación, los abusos, los maltratos y la explotación. Este sufrimiento es invisible para las autoridades, porque no verifican en terreno las condiciones infrahu-

manas en que viven las familias indígenas dentro de los campos agrícolas.

Los niños y niñas de la Montaña, al igual que Silvia, viajan con sus padres en autobu-ses destartalados que contratan los empresa-rios agrícolas para trasladarlos en condicio-nes indignantes. En cada autobús viajan más de 80 personas entre adultos y niños, en un trayecto que va de 48 a 72 horas.

El Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña y Tlachinollan, documentaron en el ciclo agrícola 2010-2011 que 42 por cien-to de las y los migrantes tenían menos de 15 años y seis por ciento eran menores de un año. Esta realidad oprobiosa sigue siendo to-lerada por las autoridades federales que son cómplices de los empresarios, quienes sin ningún rubor contratan a niños y niñas indí-genas para amasar impunemente su fortuna.

Para la niña Silvia y los centenares de menores que crecen en los campos, su infancia se reduce a vivir en medio de un inmenso surco. Cuan-do Silvia tenía 12 años, era una niña experta en llenar cubetas de jitomate. Ella le enseñó a su hermanito David, de ocho años, a recolectar y llenar su cubeta para que también pudiera ga-

nar cien pesos. La mejor manera de jugar y de entretenerse era ver quién llenaba más cubetas.

La historia de Silvia y de su familia sinteti-za el drama de centenares de familias de la Montaña de Guerrero, que como nómadas recorren territorios y fronteras ante la impo-sibilidad de sobrevivir como tlacololeros.

Para las autoridades de los tres niveles de go-bierno, las y los jornaleros agrícolas no existen oficialmente. No hay presupuesto público des-tinado a atender sus principales demandas. El único programa que existía a nivel federal lo desaparecieron para fusionarlo con la Direc-ción de Grupos Vulnerables. El gran drama de estos trabajadores es que los sindicatos, las empresas agrícolas y las dependencias encar-gadas de proteger sus derechos se coluden a la usanza de los señores feudales para tener, en pleno siglo XXI, peones acasillados en condi-ciones de semiesclavitud, con el fin perverso de obtener ganancias estratosféricas en el ne-gocio de la horticultura, con el sudor y la san-gre de niños, niñas, jóvenes, mujeres y padres de familias indígenas sumamente pobres.

A nivel nacional ha sido imposible romper esta cadena que deshumaniza y denigra la dignidad de quienes trabajan el campo. El capital trasnacional sigue haciendo cuentas alegres con los gobiernos empresariales por-que mantiene en el olvido estas regiones in-hóspitas donde nace, crece y se reproduce el jornalero y la jornalera agrícola.

¡Basta de criminalizar la pobreza y el modo de vivir de las familias que trabajan en el campo! ¡Basta de tanto olvido, de tanta de-magogia, de tanto racismo y de tanta rapiña! Los jornaleros y jornaleras agrícolas de la Montaña, a pesar de tener el rostro cubierto como Silvia, por tanto sufrimiento y explota-ción, siguen de pie con su dignidad de acero, para desnudar al poder, para exigir justicia y demandar respeto a sus derechos como perso-nas y como trabajadores del campo.

No olvidemos que migrantes somos y en el camino andamos.

TRABAJO JORNALERO EN LA GUATEMALA RURAL DEL SIGLO XXIPablo Sigüenza RamírezColectivo de Estudios Rurales IXIM

La mañana inicia aún con oscuri-dad para los habitantes del cam-po. El día se hace corto para todo el trabajo que realizan y pocos son

los beneficios económicos a cambio de la energía gastada en la faena diaria. Hay un prejuicio, bastante extendido en los sectores urbanos y totalmente alejado de la realidad, que imagina la vida campesina como sem-brar maíz, sentarse a esperar que crezca y vivir en la pobreza. Por el contrario, la eco-nomía campesina es poliactiva, no es sólo producción de granos básicos o sólo agricul-tura. Además, una misma familia campesina desarrolla actividades en el comercio, en la construcción, en el cuidado familiar, comu-nitario y ambiental, en la artesanía; en oca-siones también en el turismo, el arte y los ser-vicios urbanos. Nada hay más dinámico que el campo. Nadie hay más explotado que el campesinado. El trabajo en las fincas como jornaleros es una parte de esta dinámica.

En Guatemala, la estructura agraria sigue manteniendo la relación latifundio-minifun-dio. Alrededor de 400 mil familias campesinas cultivan su producción alimentaria en 0.3 hec-táreas de suelo cada una, pedazo de tierra en el cual llegan a producir no más de la mitad de alimentos que necesita la familia por año. Por esta razón están obligados a buscar completar sus ingresos con la venta de su fuerza de tra-bajo. Las grandes fincas para la producción de agroexportación son el destino de esta fuerza de trabajo campesina. Ante una gran deman-da de trabajo, las fincas han mantenido bajos salarios de forma sistemática e histórica. Es evidente el resultado de esta explotación or-ganizada: 70 por ciento de la población rural en Guatemala es pobre, y 75 por ciento de la población indígena es pobre. Uno de cada dos niños en el país sufre desnutrición crónica. El sistema económico que causa esto, sus impul-sores y beneficiarios sólo pueden ser tildados de criminales.

La vida del jornalero agrícola en grandes fincas de café, caña de azúcar o banano es dura, mal pagada y expuesta a enfermeda-

des severas por el desgaste físico y mental. El 92.1 por ciento de los jornaleros y peo-nes no recibe ni siquiera el salario mínimo. Recientemente han circulado noticias pú-blicas sobre enfermedades renales crónicas en trabajadores agrícolas de las regiones costeras de Centroamérica. Las consecuen-cias han llegado hasta la muerte de estas personas. La enfermedad está asociada a dos causas: a) la exposición a agroquímicos usados en las plantaciones de algodón, caña de azúcar y banano, y b) la exposición al sol en largas jornadas de corte y cultivo en es-tos productos, sumada a la poca hidratación del cuerpo.

Por otro lado, es un secreto a voces, las tác-ticas de drogadicción a que se someten vo-luntaria o involuntariamente los cortadores de caña en la Costa Sur del país. En suma, el trabajo en estas condiciones no dignifica la vida del jornalero. Sigue llegando tempo-rada tras temporada al lugar de explotación porque no hay muchas más opciones. El úni-co escape factible es llegar a los cinturones pobres de la ciudad o emigrar a Estados Uni-dos. Ninguna de estas alternativas dignifica.

Según la Alianza de Mujeres Rurales, las mu-jeres que son empleadas en las grandes fincas

reciben menos salario por igual tiempo de trabajo que el pagado a los hombres y en oca-siones no reciben pago, pues son vistas como ayudantes de los trabajadores. También indi-can que el abuso y el acoso sexual son cosa diaria en el trabajo. Un aspecto toral en el tema del trabajo agrícola es el reconocer que existe todo un andamiaje doméstico de traba-jo femenino que cuida y alimenta a la fuerza de trabajo explotada. Es decir, todos los cui-dados y trabajos de las mujeres en casa no son remunerados por el sistema pero sí garantizan que los jornaleros campesinos puedan repo-ner las energías exprimidas durante el día.

Hoy la economía campesina enfrenta otro atropello más: la expansión de grandes agronegocios, de plantaciones forestales, de ganadería y narcotráfico le está arreba-tando la poca tierra donde se reproducía parte de su subsistencia. El despojo histó-rico se acentúa. La sociedad y el gobierno son mudos testigos, desentendidos del pro-blema. El sistema promete un futuro sin campesinos, con mayor pobreza, alimentos importados en latas, desiertos donde había bosques, sequía donde había ríos. Mientras eso pasa, disfrutemos de la comida hecha con productos frescos del campo, parece que no será para siempre.

MIGRANTES SOMOS

Y EN EL CAMINO

ANDAMOS

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INCLUSIÓN FINANCIERA

EL DINERO DE LOS MIGRANTESIsabel Cruz HernándezDirectora general de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, AC

[email protected]

Cada año, desde múltiples puntos de Estados Unidos (EU), Canadá y la República Mexicana, mi-grantes y jornaleros envían millo-

nes de remesas a sus familias que viven en comunidades rurales y pequeñas ciudades de México. El producto de su trabajo, en forma de envíos de dinero, forma parte de una enor-me, diversificada y sofisticada “industria de transferencias” que ha evolucionado fuerte-mente en los 15 años recientes, lo cual se pro-fundizará aún más en el futuro inmediato.

Se trata de migrantes trasnacionales tem-porales o definitivos en EU y Canadá que envían dólares que llegan en forma de pe-sos, y de jornaleros nacionales que viajan miles de kilómetros por el corredor Chiapas - Oaxaca - Guerrero - Sinaloa - Sonora - Baja California - EU para trabajar en los campos agrícolas de hortalizas, o que van desde múl-tiples puntos de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas hacia las playas y los centros turísti-cos para vender hamacas o artesanías en las zonas turísticas. Muchas de estas personas son indígenas que necesitan complementar su ingreso familiar.

La discusión reciente sobre migración y desarrollo reduce el análisis de las remesas a dos temas: 1) cómo reducir el costo de los envíos y hacerlos más seguros, y 2) cómo orientar las inversiones de los migrantes para proyectos productivos en sus comunidades de origen. Ambos puntos son importantes, sin duda, pero hasta ahora escapa al análisis el tema más importante: la bancarización de las remesas o cómo lograr que las familias migrantes y sus comunidades tengan acceso a servicios financieros.

Para analizar el tema de costos de envíos, hay que separar la problemática de los envíos na-

cionales (poco estudiados y monitoreados) del tema del costo de las remesas internacionales.

Los envíos nacionales que se hacen desde bancos comerciales que operan en el país y vía empresas de remesas (Money Gram, Uni-teller, Elektra y Coopel, entre otras) se ca-racterizan por costos excesivos y comisiones de alrededor de seis por ciento respecto del valor del envío.

Y lo costoso se exacerba 1) porque las opera-ciones son frecuentes y de doble vía, pues los jornaleros remiten dinero a sus familias pero también piden que éstas les envíen para so-brevivir cuando el trabajo escasea; 2) por la escasa bancarización de ellos tanto en sus lu-gares de origen como en los de destino, pues carecen de cuentas de ahorro o de débito en bancos o cajas de ahorro, y 3) por la creciente inseguridad que se vive en el país. Cientos de historias muestran las extorsiones de que son objeto los trabajadores en los campos agríco-las, por parte de capataces y enganchadores que los convierten en mercado cautivo de sus tiendas o negocios.

A los costos de las comisiones hay que agre-gar el de transacción de las familias recep-toras, que deben viajar desde su comunidad de origen hasta la ciudad más cercana para cobrar las remesas. Este costo puede variar entre cien y 200 pesos (transportes más ali-mentos), más el día de trabajo que deben per-der por viajar para cobrar el dinero. Cuando estos envíos son cobrados en las tiendas Ele-ktra o Coopel, existe una exigencia: la afilia-ción forzosa como cliente de Banco Azteca y las ventas de electrodomésticos asociadas.

Bancarización de las remesas. El acceso a medios de pago seguros, baratos y confiables está estrechamente vinculado a la existencia de instituciones financieras de proximidad. Éstas pueden ser cajas de ahorro, cooperati-vas de ahorro y préstamo, microbancos o ca-jas solidarias. Son los diferentes nombres que adquieren los tres organismos que legalmente pueden ofrecer depósitos de ahorro: coopera-tivas de ahorro y préstamo, sociedades finan-cieras comunitarias y sociedades financieras populares. Lo importante es verificar que estos organismos estén autorizados por la Co-misión Nacional Bancaria, pues existen mu-chos que operan sin licencia ni confiabilidad.

Las remesas internacionales han evolucio-nado en forma diferente y relativamente más favorable: del 20-25 por ciento de cos-tos registrados a principios de los años 90s, cuando Western Union y Money Gram fun-cionaban como cuasi monopolios, a la actua-lidad, con más de cien empresas involucra-das en las transferencias de dinero de EU a México, el costo se ha reducido a un diez por ciento promedio en los años 2000’s y a diez dólares costo promedio actualmente por en-víos menores a mil dólares. Muy pronto estos costos de reducirán aún más, cuando se logre incorporar al mercado los envíos con tarje-ta de débito y las transferencias por celular, que están a punto de llegar y provocarán una reorganización de los agentes en la “indus-tria de transferencias” de dinero. Esta reduc-ción radical de precios (que siguen bajando pero con menor ritmo) se ha dado por la am-plia diversificación de canales de captación y distribución, por la fuerte competencia entre empresas y por la aparición de envíos electró-nicos vía bancos centrales.

Tanto los jornaleros internos en México, como los migrantes indocumentados que van a EU y Canadá sufren de falta de me-dios adecuados para enviar sus remesas, para cuidarlas y no perderlas, pero sobre todo para administrar de buena forma sus necesidades cotidianas de dinero. Carecen de acceso a servicios financieros (ahorros, créditos, segu-ros, hipotecas y medios de pago) en bancos y en otro tipo de instituciones. Reciben su pago en efectivo y a veces en cheque o de-pósito en tarjeta sin que exista suficiente in-formación o educación financiera de cómo funcionan estos mecanismos de los que des-confían. El Censo de Población 2010 registra 3.2 millones de migrantes; a pesar de la crisis del 2008 y la fuerte reducción de remesas internacionales, éstas se han recuperado sis-temáticamente a lo largo de 18 meses, llegan-do en enero del 2012 al nivel de envíos que existía en 2006, y se ha recuperado en EU el nivel de empleo para hispanos (21.5 millo-nes), de los cuales la mayoría son mexicanos.

El poder de las remesas: avanzar en la inclusión financiera. Más allá de los cos-tos y la seguridad en el pago de remesas, la oportunidad que ofrece el fenómeno de los envíos de dinero es una discusión cuidado-sa, informada y sobre todo realista de cómo aprovechar este fenómeno para apoyar la expansión de la inclusión financiera en el México rural. En diez años, el número de operaciones por envíos de remesas interna-cionales ha superado los 600 millones. Y los pagos del programa Oportunidades, que son 6.5 millones cuatro veces al año; de Pro-campo, con tres millones de pagos 1.5 veces al año; de Adultos Mayores, becas y otros programas sociales de los gobiernos de los estados, podrían ser parte de una estrategia bien organizada y concebida para ampliar el acceso a servicios financieros confiables y de proximidad (instituciones locales). Ofrecen la posibilidad de apoyar el desarrollo de co-munidades de origen.

Comisiones por envíos de dinero

Cientos de historias muestran

las extorsiones de que son

objeto los trabajadores en los

campos agrícolas, por parte

de capataces y enganchadores

que los convierten en mercado

cautivo de sus tiendas o negocios


Fernando BejaranoGonzálezRed de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM)www.rapam.org

Las y los jornaleras agrícolas se ex-ponen en su trabajo a plaguicidas altamente tóxicos que pueden po-ner en peligro su salud y la de sus

familias con efectos a corto y largo plazos que vulneran derechos laborales y humanos fundamentales.

Los plaguicidas químicos –incluidos in-secticidas, herbicidas y fungicidas– son por definición tóxicos y los jornaleros pue-den entrar en contacto con ellos de distintas maneras en las diversas tareas que realizan: sea porque los apliquen directamente, por la deriva de las fumigaciones de los predios vecinos, por los residuos en el follaje o frutos en las tareas de recolección, o por el polvo que llevan los residuos de plaguicidas de los campos agrícolas.

Los y las jornaleras además están expuestos no a uno sino a un gran número de plaguici-das en un ciclo agrícola y a lo largo de su vida ocupacional. En un estudio del patrón de uso de estos productos en el Valle del Yaqui, Sonora, realizado en 2009, se identificaron 130 ingredientes activos de plaguicidas que pueden presentarse a su vez con distintas marcas y formulaciones, y 35 de ellos (el 45 por ciento) se han caracterizado como posi-bles cancerígenos humanos.

Existen cada vez más estudios que docu-mentan los daños a la salud por la exposición ocupacional crónica y múltiple a estos agro-tóxicos. En los congresos nacionales sobre la situación de los plaguicidas organizados por investigadores de la Universidad del Estado de Morelos en 2009 y 2011, se han presenta-

do estudios realizados de jornaleros agríco-las en Morelos, Sinaloa y Guerrero que de-muestran evidencias del daño a nivel celular y alteraciones del ADN, al igual que daños genotóxicos en trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín, Baja California; en trabajadores de la floricultura en el Estado de México, y daños en hígado y en funciones del sistema nervioso, corazón y músculos en el valle agrícola de Navolato, Sinaloa.

También se ha observado que las mujeres que han trabajado en agricultura durante el primer trimestre del embarazo sufren un riesgo mayor de tener hijos con malforma-ciones congénitas que las que no lo han he-cho. Y se ha documentado la presencia de plaguicidas piretroides en suelo y agua que afectan la salud de los niños en comunidades agrícolas y urbanas del sur de Sonora.

La norma oficial mexicana NOM 003-STPS obliga a los empleadores a informar a los tra-bajadores sobre los riesgos a la salud por el uso de plaguicidas, asegurarse de contar con condiciones de seguridad e higiene y prohí-be que se emplee a mujeres gestantes y niños o jóvenes menores de 18 años en las tareas de aplicación de los plaguicidas químicos. Pero esta norma no se difunde ampliamente entre las y los jornaleros, ni es supervisada adecua-damente por los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Las condiciones son más duras cuando se trata de jornaleros migrantes indígenas.Hay numerosos ejemplos, como los docu-mentados en la prensa escrita y los videos realizados por la organización Huicholes y Plaguicidas a lo largo de varios años. Otro ejemplo se vio en un foro organizado en

enero pasado por el Movimiento Regene-ración Nacional (Morena); lo presentó una jornalera mixteca de la Organización Nue-vo Amanecer, del Valle de San Quintín: dijo que las mujeres representan 42 por ciento de los jornaleros agrícolas en ese valle; el 77 por ciento son menores de 29 años, 28 por ciento son analfabetas y 18 por ciento aplican agro-químicos y tienen jornadas diarias de hasta 14 horas.

La evidencia científica acumulada en Méxi-co y en el mundo sobre los riesgos e impac-tos en la salud y ambiente de los plaguicidas químicos –aun con las incertidumbres que se tienen– y las denuncias de los afectados laborales y ambientales, deberían ser razones suficientes para aplicar un principio precau-torio y establecer medidas de prevención que eviten los riesgos y no sólo los toleren, sobre todo cuando los efectos pueden ser irreversi-bles y hay alternativas.

Se trata de ir más allá del discurso de la in-dustria química que propone sólo un manejo adecuado de los plaguicidas y el cumplimien-to de la normatividad vigente: se deben esta-blecer políticas y programas de reducción y sustitución en el uso de plaguicidas químicos, con metas específicas, a la par de impulsar formas de control agroecológico de plagas.

De forma prioritaria deben reducirse y sus-tituirse los plaguicidas altamente peligrosos, esto es aquellos que tienen mayor probabi-lidad de causar efectos dañinos inmediatos (de mayor toxicidad aguda, con banda roja); los que estén asociados a efectos crónicos graves, y los incluidos en los convenios am-bientales. Ello repercutiría en menores ries-gos laborales de jornaleros y jornaleras y en un beneficio para la salud y el ambiente de comunidades y consumidores que exigen sis-temas agroalimentarios sustentables.

María Guadalupe Ochoa

Familias enteras arribando a grandes campos de cultivo, durmiendo en galerones provisionales e insalu-bres, cosechando desde el ama-

necer hasta pasado el anochecer, cargando cajas y comiendo junto con otras familias; tiendas que venden a cuenta del próximo pago, y cercas vigiladas, son algunas de las imágenes cinematográficas recurrentes que muestran las condiciones de vida de los jor-naleros agrícolas.

Los documentales que abordan el tema desde 1977 hasta la fecha no tienen grandes diferencias, las condiciones de los jornale-ros no han mejorado; eso sí entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se cambió la Constitución para dar paso a las grandes propiedades de la tierra, se terminaron los precios de garantía…

Si en Jornaleros (1977), Eduardo Maldonado –quien anteriormente había realizado Testi-monio de un grupo (1970), Sociedad colectiva quechehueca (1971), Santo Domingo de los Re-yes (1971), Reflexiones (1972) y Atencingo, caci-cazgo y corrupción (1973)– filmó los testimo-nios de campesinos de Oaxaca, Michoacán y Guerrero en su búsqueda de trabajo temporal que les permitiera obtener salarios que en su

tierra natal no encuentran, Luis Rincón en México bárbaro 2010 (2010) nos revela que a los mexicanos se les han sumado campesinos guatemaltecos en las fincas del país.

La entrada en vigor del TLCAN ha empo-brecido aún más a las familias rurales y tam-bién ha cambiado: la siembra del maíz, el jitomate y el frijol, que son la esencia de la cocina nativa, fue sustituida por la produc-ción de frutas y los vegetales destinados a la agroindustria y exportados en su mayoría a los Estados Unidos y a Canadá. Los dueños

de una de las fincas en Sinaloa que entre-vistó el equipo de Migrar o morir, jornaleros agrícolas en los campos tóxicos de Sinaloa (2008), de Alexandra Halkin, son chinos provenientes de Canadá.

Se trate de fincas cafetaleras en Chiapas o viñedos en Sonora, en todos existe el sistema de deudas y bajísimos salarios que mantiene en niveles de subsistencia a los trabajadores agrícolas, aun cuando los patrones y los ca-pataces se empeñen delante de la cámara en convencer a los futuros espectadores de

que son los salvadores de los campesinos al “capacitarlos”, pagarles más del salario mí-nimo, obligarlos a trabajar jornadas de 12 o 14 horas y en algunos casos hasta reducirles los descansos dominicales para “evitar que malgasten y se endeuden en demasía”.

El trabajo sin cesar, reptando bajo los jitoma-tales, eludiendo –sin lograrlo– la picazón de los algodoneros, cortando brócolis, llenando bolsas, pesando cajas y cargando los camio-nes, y la vida cotidiana: las mujeres cocinan-do y lavando de manera colectiva, los ratos de esparcimiento de jóvenes y adultos, y los niños y las niñas jugando, trabajando como si fueran adultos, sin perder la sonrisa, cre-ciendo vertiginosamente, son las imágenes constantes de los documentales sobre los jornaleros agrícolas.

Como la mayor parte del cine mexicano, estos documentales sólo se hubiesen visto en circuitos restringidos; sin embargo, Jornaleros fue exhibido innumerables veces en miles de comunidades rurales de todo el país, fábri-cas, escuelas y universidades, y fue visto por más de tres millones de personas entre 1978 y 1980. Migrar o morir está disponible en la web y México bárbaro 2010 pudiese ser exhibido en salas si algún distribuidor se motivara por-que la película está seleccionada para com-petir por uno de los Arieles de este año.

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A 50 años de lucha

LA UFW SE TRANSFORMA UNA VEZ MÁSGaspar [email protected]

Este año el legendario sindicato de tra-bajadores agrícolas migrantes funda-do por Cesar Chávez en California, mejor conocido como la Unión de

Campesinos, o la UFW (por sus siglas en in-glés), cumple 50 años de lucha. Ya es de todos conocida la leyenda de que el día de su cum-pleaños número 35, un 31 de marzo de 1962, Chávez dejó su trabajo como organizador en la Organización de Servicios Comunitarios en la cual había laborado diez años al lado de otro organizador comunitario de mucho impacto, Fred Ross, para ir a trabajar con campesinos. En septiembre de ese año tal esfuerzo culminó en la primera convención de la Asociación Nacio-nal de Trabajadores del Campo (National Farm Workers Association-NFWA) en la ciudad de Fresno. Fue allí que la bandera con el águila azteca negra, incrustada en un círculo blanco y con un trasfondo rojo, se dio a conocer.

Desde un principio, la UFW enfrentó seve-ros retos para avanzar en la sindicalización de los jornaleros agrícolas. El primero era de naturaleza legal, ya que los jornaleros agrícolas habían quedado fuera, junto con las trabajadoras domésticas y empleados de restaurantes, de la cobertura y protección de la ley nacional laboral en Estados Unidos promulgada por Roosevelt en

1935. Uno de los obstáculos principales era la fal-ta del reconocimiento al derecho a la sindicaliza-ción a nivel federal para los jornaleros agrícolas.

Esto sigue siendo el caso, pero gracias a la lucha de la UFW en California se aprobó en junio del 1975 al Acta de Relaciones La-borales Agrícolas, que permite el derecho a la sindicalización de los jornaleros agrícolas en elecciones con voto secreto. Tal derecho está sumamente restringido o es inexistente en otros estados de la Unión Americana.

El segundo reto ha sido de tipo estratégico-organizativo, ya que la fuerza laboral en los campos de cultivo en California ha cambia-do de manera drástica desde la década de los 60s, cuando la UFW comenzó a organizar jornaleros en los campos de California. Esto es el resultado de la incorporación de nuevas olas de migrantes que llegan a incorporarse al mercado laboral del campo.

Los trabajos agrícolas son los más duros y peor pagados, y los migrantes más recientes están en la cosecha de uvas y fresas, uno de los trabajos más pesados. Es tal el sufrimiento físico que produce estar agachado por horas y horas cosechando fresas que entre los campe-sinos ésta se denomina “la fruta del diablo”.

Habría que recordar que los primeros miem-bros de la UFW eran trabajadores como Ce-

sar Chá vez, méxico-americanos nacidos en Estados Unidos (Cesar nació en Yuma, Arizo-na, en 1927). Sin embargo, desde sus inicios la UFW tuvo que lidiar con la diversidad étnico-racial de los trabajadores del campo. La pri-mera transformación étnica de los miembros del sindicato se produjo en septiembre de 1965, cuando la Asociación Nacional de Tra-bajadores del Campo, el entonces sindicato dirigido por Cesar Chávez, se unió a la huelga de trabajadores de la uva en Delano, que los trabajadores filipinos habían iniciado por me-dio del Comité Organizativo de Trabajadores Agrícolas, afiliado ya a la principal central sin-dical en Estados Unidos, la AFL-CIO. De esta coalición forjada entre jornaleros agrícolas méxico-americanos y filipinos surgió la UFW.

En las décadas posteriores a la conclusión en 1965 del programa bracero, los trabajadores que se incorporaron de manera masiva al tra-bajo en el campo provenían en su mayoría de cinco estados del centro-occidente de México —Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Durango y Zacatecas–. Sin embargo, en los 90s la fuer-za laboral agrícola de California sufrió otro cambio étnico con la incorporación masiva de trabajadores indígenas de México provenientes principalmente de la región mixteca de Oaxa-ca. Para inicios del 2000, miles de triquis y mix-tecos de Guerrero se habían integrado de ma-nera masiva al trabajo agrícola en California.

Es interesante hacer notar que el futuro de la UFW ahora depende de su habilidad de organizar a los miles y miles de trabajadores

indígenas mexicanos que se han incorporado al flujo migratorio provenientes de las áreas rurales del sur de México.

Por ello la UFW ha iniciado una campaña estratégica para organizar a los trabajadores migrantes que laboran en el corredor agrícola que va de Oxnard a Salinas, en lo que se conoce como la Costa Central de California. La gran mayoría son mixtecos. En una reunión realiza-da el 29 de febrero pasado en la ciudad de Ox-nard, se dieron cita cientos de jornaleros agrí-colas que laboran para diferentes compañías de productos agrícolas. Fue en esta reunión, con-ducida en su mayoría en mixteco, donde me di cuenta que comenzaba otro capítulo en la histo-ria de la UFW. Un capítulo donde la viabilidad de la organización sindical depende de saber cómo decir “sindicato” y “huelga” en mixteco.

Este futuro está en manos de trabajadores mix-tecos como Gonzalo, una de las estrellas de esta reunión. Él es originario del municipio de San Martín Peras y actualmente trabaja para una compañía que cuenta ya con un contrato colectivo con la UFW. En un mixteco caden-te, fluido y elocuente que capturaba la atenta atención de sus paisanos, Gonzalo explicó la diferencia entre trabajar en un campo como miembro de un sindicato y como un trabaja-dor sin protección ante el patrón. La diferen-cia, dijo, es que “nos traten como humanos y no como animales”. Al final Gonzalo levantó su voz y preguntó: ¿se puede? Los más de cien paisanos de San Martín Peras corearon con entusiasmo y convicción: “¡sí se puede!”

Claroscuros

JORNALEROS EN EEUUHugo Salgado

La más reciente Encuesta Nacional de Jornaleros Inmigrantes en Estados Unidos, realizada en 2009, reporta que en un día típico más de 117 mil

jornaleros buscan trabajo en este territorio. El jornalero o day laborer, se reúne en áreas públi-cas buscando trabajo en jardinería, construc-ción, mantenimiento, y renovaciones residen-ciales. Sus informales sitios de contratación incluyen principalmente ferreterías, gasoline-ras y esquinas con altos índices de tránsito.

Está rigurosamente documentado que la in-formalidad de este mercado resulta en la vio-lación de los derechos laborales del jornalero, y en acciones negativas en contra los trabajado-res, entre ellas la negación de salario, el abuso, y el trabajo riesgoso sin protección adecuada.

Asimismo, por su visibilidad, el jornalero se ha convertido en un símbolo utilizado nega-tivamente por individuos anti-inmigrantes y grupos tales como los Minutemen, y grupos de ultra derecha como el Tea Party lo difun-den como ejemplo de las fallas de la política migratoria del país y como promotor del de-clive económico del mismo.

Los trabajadores operan en un ámbito polí-ticamente cargado, donde existen legislacio-nes específicas en contra del jornalero. Estas ordenanzas son solicitadas a los gobiernos correspondientes utilizando al trabajador diurno como un “ejemplo vivo” de lo que las comunidades tienen que “soportar”. Ciuda-des en California como San Mateo, Redondo Beach, San José, y Redwood City, poseen es-tatutos de este tipo.

También, la crisis económica que se ha expe-rimentado en este país desde 2007 ha azotado fuertemente los sectores tradicionalmente trabajados por el jornalero; ellos mismos co-mentan que los trabajadores desplazados de estas áreas han buscado resguardo dentro de los sitios de contratación comúnmente habi-tados por la comunidad jornalera.

La organización del jornalero. En gran parte de las principales ciudades estadounidenses, los jornaleros se enfrentan a diversos tipos de adversidades. Están expuestos a no ser com-pensados, a políticas anti-jornalero y abusos. Además también están sufren la muy real probabilidad de no ser contratados por largos periodos. Un jornalero originario de Veracruz en la ciudad de San Diego comentaba: “ya llevo tres semanas sin trabajo, ahorita es peor con eso de la economía”. Y el jornalero se en-cuentra bajo la particular presión de competir en contra de sus propios compañeros en estos lugares establecidos.

El mismo ecosistema que acorrala al jornale-ro lo ha llevado a crear un activismo organi-zado. Por ejemplo en la ciudad de Anaheim, California, existe un grupo de inmigrantes yucatecos que se han organizado para iden-tificar a contratistas que deciden o que pre-tenden no pagarle al jornalero una vez que el trabajo ha sido terminado. En este grupo, comenta un yucateco: “si alguien nos quiere robar, hacemos todo lo posible por tomarle el número de placas y tratamos de encontrar quién es para que nos pague”.

Este tipo de apoyo social también se obser-va en programas más formalizados, diseña-dos específicamente para atender al jornale-ro; cuentan con la ayuda de organizaciones no gubernamentales, y son financiados prin-cipalmente por ciudades y/o condados. Hay principalmente tres diferentes modelos de programas: 1) Los llamados centros de trabajo, en donde se ofrece una distribución sistemá-tica y ordenada de trabajos, talleres de habi-lidades de trabajo y clases de inglés; 2) agen-cias de servicio social, en donde se trata de atender las necesidades básicas como comi-da, techo, transportación, servicios médicos y salud mental, y 3) grupos de organización civil diseñados para coordinar programas de abogacía cívica, y la educación acerca de los derechos laborales. Existen también centros que incorporan o que tratan de incorporar los tres modelos bajo un mismo techo. Algunos de estos centros, con diferentes capacidades, llevan ya operando más de 20 años en el país.

Programas modelo, como el San Francisco Day Labor Program (SFDLP), en California, tiene una lista generosa de logros que reflejan la naturaleza de su filosofía de justicia social y educación popular. El programa, con más de 20 años de haber abierto sus puertas, requiere un sueldo mínimo de 50 dólares por jornalero por las primeras tres horas de trabajo y 15 por

cada hora subsiguiente. Para trabajadoras do-mésticas, las tarifas son más elevadas; considera 60 dólares por las primeras tres horas. Durante las juntas semanales, atendidas por aproxima-damente 40 jornaleros, varios temas de planea-ción son abordados formando plataformas que posiblemente terminarán en proyectos de abo-gacía para la equidad del jornalero.

El SFDLP, junto como más de 40 organi-zaciones similares, pertenecen a la Red Nacional de Organizaciones de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés), cuya fi-losofía es defender los derechos humanos y civiles de los trabajadores e inmigrantes. La red, que este año cumple su décimo aniversa-rio, reunió en su sexta asamblea nacional, en febrero, a cientos de trabajadores inmigrantes provenientes de más de 15 diferentes estados del país. La red está presente en una fuerte campaña en contra del programa Comunida-des Seguras (S-comm).

Lanzado por el gobierno federal en el 2008, S-comm es presentado por el gobierno como un arma para encontrar y deportar a inmigran-tes con antecedentes penales. Ésta permite a los departamentos locales de policía notificar electrónicamente al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando se ha detenido a un inmigran-te no autorizado. NDLON recientemente obtuvo una orden judicial que le permitió acceso a información acerca de las conse-cuencias de S-comm. En la averiguación se cuenta que más de 195 mil inmigrantes con antecedentes penales fueron deportados en el 2010, y 93 por ciento de los arrestados son de origen hispano, Asimismo, destaca que más de 88 mil familias han sufrido rupturas fami-liares a raíz de la deportación. Este tipo de reglamentos son una muestra clara de la exis-tencia de discriminación racial hacia latinos por apariencia física.


Joseph Sorrentino

Estados Unidos no va a detener la inmigración ilegal proceden-te de América Latina por la vía de construir más muros y vallas

en su frontera sur. Más soldados, agentes fronterizos, los aviones o incluso los acti-vistas Minutemen no detendrán tampoco el flujo de personas a través de la frontera. Lo que originará todo esto sin dudas es más muertes de migrantes, pero millones de personas continuarán corriendo los riesgos.

Cualquiera que dude al respecto tendría que visitar un albergue para migrantes en México y hablar con las personas que bus-can llegar a la Unión Americana. Dos cosas resultarán hirientes en esas conversaciones: lo horrible que es el viaje y la desesperación de la gente.

Aproximadamente mil personas llegan cada mes a Hermanos en el Camino, un albergue para migrantes en Ixtepec, Oaxa-ca, que fue fundado por el padre Alejandro Solalinde. Y eso es sólo una fracción de aquellos que bajan del tren allí. La mayo-ría están en camino al lado de los llamados coyotes o polleros.

El grueso de los migrantes que arriban al albergue provienen de Guatemala, Hon-duras y El Salvador; unos cuantos son de

Nicaragua, y viajan en un tren conocido como La Bestia, un apodo ganado a pulso.

Los migrantes enfrentan muchos horro-res en el viaje. Tan sólo sentarse en la parte superior de un tren o entre sus vagones ya es bastante peligroso. Manuel, un migran-te de Guatemala, se quedó dormido en el tren. Se cayó al cruzar un pequeño puente sobre un pequeño arroyo cerca del refugio. Descansa en un banco, con un brazo roto, una cadera fracturada y heridas en una pierna. Gritó durante ocho horas antes de que alguien lo encontrara. Leopoldo, de El Salvador, fue asaltado por hombres vestidos con uniformes de la policía. Marta fue vio-lada. Michael habla de una mujer que per-dió el control sobre su bebé y lo vio caer del tren; gritando, se lanzó también ella.

Estos son algunos números fríos: 80 por ciento de los migrantes será asaltado o robado, el 60 por ciento de las mujeres serán violadas. Un negocio lucrativo para las bandas de narcotraficantes (sobre todo Los Zetas): el secuestro de migrantes pro-duce ganancias netas de mil 500 a dos mil 500 dólares por persona. Entre abril y sep-tiembre de 2010 había 11 mil 333 secuestros denunciados.

La gente está migrando debido a que la pobreza en sus países se agrava. Decir que quieren algo mejor para su familia no reve-

la realmente la situación; lo que realmente quieren es que sus familias sobrevivan.

Cuando se les pregunta acerca de los ries-gos del viaje, la mayoría de los inmigrantes dicen que saben que es peligroso, pero se encogen de hombros y dicen que no tienen opción. La mayoría reconoce un poco de miedo, pero José Luis, de El Salvador, no. “Todos sabemos que vamos a morir”, dice. “Aquí o allá, no importa”.

Así que Estados Unidos se enfrenta a millo-nes de personas desesperadas y empobrecidas en su frontera sur. Hasta ahora, la respuesta para impedir su entrada al país ha consistido en más obstáculos, más agentes fronterizos, más soldados. Nada de esto va a funcionar. Lo que se necesita ahora por lo menos es un programa para trabajadores extranjeros ampliado y justo; el programa actual, lla-mado H2A, tiene sus defectos, pero es un comienzo. Para soluciones de largo plazo, Estados Unidos necesita cambiar sus políti-cas comerciales y migratorias y debe realizar inversiones en América Latina enfocadas a estimular la economía de esta región.

He escrito aquí sólo acerca de la migración de América Central. Un poco más hacia arriba, la crisis agrícola en México se agrava y no ha llovido en los estados del norte du-rante 18 meses. ¿A dónde piensa usted que van a ir los millones de campesinos?

DEMANDAS DEL FIOB

En fechas recientes, en el foro Jor-naleros Agrícolas y Movimientos Campesinos, realizado en enero en San Quintín, Baja California,

el Frente Indígena de Organizaciones Bina-cionales (FIOB) expresó su apoyo a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la Presidencia de la República y dio a conocer sus demandas en el tema de jornaleros:

• Que el fenómeno migratorio sea recono-cido como consecuencia de las políticas neoliberales y tratados comerciales impues-tos por Estados Unidos (EU) sobre México. Exigimos que se nos considere “exiliados económicos” y no “ilegales” porque nuestras comunidades fueron desplazadas a causa de estas políticas económicas.

• Es urgente encontrar mecanismos para cambiar estas políticas injustas para que las comunidades indígenas busquemos alterna-tivas de sobrevivencia y lograr que la migra-ción no sea vista como la única solución a la pobreza extrema en la que nos encontramos. Que el próximo presidente de México repre-sente los intereses de su pueblo de una forma decidida, sin agachar la cabeza, demandan-do una reforma migratoria para los millones de mexicanos que ya vivimos en EU.

• El próximo gobierno de México debe crear programas efectivos para aliviar la crisis humanitaria generada por las deportacio-nes masivas y el tránsito migratorio de dos vías, en la frontera México-EU, con especial énfasis en los derechos humanos de niños y mujeres.

• Que haya una revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ya que si las mercancías pueden transitar li-bremente, ¿por qué sostener una frontera de la muerte?

• Que el próximo gobierno federal impulse proyectos de desarrollo en las comunidades con mayor índice migratorio para hacer efectivo el derecho a no migrar. Algunos de estos proyectos ya existen en regiones como la Mixteca oaxaqueña.

• Que también establezca mecanismos efec-tivos para garantizar la seguridad y el respe-to a los derechos humanos de los indígenas que se desplazan por el territorio nacional en busca de internarse en EU, combata la delincuencia organizada y castigue confor-me a la ley a las corporaciones policiacas y militares que victimizan a los migrantes en toda la ruta migratoria.

• Que establezca además mecanismos lega-les y judiciales que garanticen la integridad y el respeto a los derechos humanos de los inmigrantes procedentes de países al sur de la frontera mexicana que atraviesan el terri-torio nacional hacia EU.

• En relación con el narcotráfico, que el go-bierno mexicano exija a su contraparte en EU que reconozca y asuma su responsabi-lidad en el problema de la violencia provo-cada por tal fenómeno (que en México ha costado más de 40 mil vidas en el sexenio de Felipe Calderón), en su calidad de principal mercado de drogas y como exportador de ar-mas a México.

¿POR QUÉ

CORREN

RIESGOS?

MIGRANTES

LATINOAMERICANOS QUE

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Tracy L. BarnettEscritora independiente y fundado-ra del Proyecto Esperanza

REAL DE CATORCE, San Luis Potosí.Llegaron por cientos desde la Sierra Madre Occidental, nativos wixárika o huicholes en una búsqueda espiritual, tratando de consul-tar con los espíritus de sus ancestros y de la tierra donde comenzó su mundo. Vinieron en su atuendo ceremonial, en coloridos bor-dados con sus símbolos sagrados del vena-do, el águila y el peyote. Llegaron con sus ofrendas hechas de chaquira, de calabazas y de cera. Las ofrendas las habían hecho pre-ciosas con su amor y sus oraciones, como sus antepasados lo hicieron durante siglos.

Este año, sin embargo, sería muy diferente. La tierra sagrada de Wirikuta se encuentra bajo la sombra de un futuro incierto. Am-

plias franjas de la reserva natural han sido concesionadas a mineras canadienses, y cientos de hectáreas han sido arrasadas por compañías agroindustriales. Este año, los huicholes atendían al llamado que circuló por todas sus comunidades, esparcidas a tra-vés de la Sierra Madre en cuatro estados: Las velas de la vida se estaban muriendo, y ellos se juntarían en aquel lugar para orar por su renovación.

¿Qué sería diferente en esta ceremonia? Por un lado, que los peregrinos de todas las comunidades se concentrarían en el Cerro del Quemado, la montaña de la que se dice nace el sol, y harían una ceremonia conjun-ta, en lugar de hacerla en grupos pequeños durante el año. Normalmente, cada centro ceremonial enviaba a su propio mara’akame(chamán) y a los delegados a hacer una serie de rituales íntimos en los sitios sagrados a lo

largo del camino, cada grupo a su manera tradicional. Por otro, que a nosotros –qui-zás– se nos permitiría asistir.

Los huicholes son uno de los grupos cultura-les más vitales que quedan en el continente americano, en parte debido a la complejidad y cuidadoso resguardo de sus rituales, crea-dos hace siglos para mantener una relación viva y recíproca con la naturaleza. Estos ri-tuales son resguardados tan cuidadosamente que sólo en raras ocasiones se han abierto a los extraños –o incluso a los huicholes de otras comunidades.

Así ocurrió la noche del 6 de febrero, el Cerro del Quemado cobró vida con las can-ciones de más de mil mara’akate (plural de mara’akame), jicareros, cantadores y comu-neros wixaritari, conectando con la esencia de la vida encontrada ahí y rezando a sus

dioses en un nivel sin precedentes de Peri-taje Tradicional o de consulta espiritual para la orientación. Y es por eso que, por primera vez, decenas de teiwaris o mestizos, activistas y miembros de los medios de comunicación recibieron invitaciones especiales para asistir a la ceremonia.

La idea era que esperaríamos al pie de la montaña e iríamos acompañados de un mara’akame en una ceremonia especial du-rante la noche. Mientras, en la cima los an-cianos se comunicaban con sus antepasados, sus dioses y las “esencias de la vida”, y espera-ban respuesta a su pregunta: ¿Qué debemos hacer respecto de las amenazas a Wirikuta?

Podría ser que se nos invitara a subir a la cima durante la noche para unirnos a la ceremo-nia, o esperar al pie de la montaña hasta el amanecer, cuando los mara’akate bajaran a compartir con nosotros el mensaje recibido.

A las 10 pm llegó el mensaje de que a los me-dios de comunicación e invitados se les

DETENGAMOS LA MINERÍATodos somos seres humanos, porque de aquí nace el corazón, el pensamien-to. Con eso decimos que con esa erra pensamos que todo lo que se nos da es de todos. Estoy triste. Queremos defen-der este lugar sagrado, que lo conside-ren a través de su pensamiento. Quiero que no se saque el corazón y la sangre de Wirikuta, porque está vivo. Si así su-cediera, el pueblo wixárika desaparece.

Es por eso que solicitamos de igual ma-nera a toda la humanidad que se detenga la minería, la destrucción. Que ahora sí estemos unidos, especialmente el pueblo wixárika, como a los pueblos del mundo, que realmente valoren este lugar sagra-do, y que nos sintamos orgullosos al llevar a cabo la renovación de la vida según se cuenta en este lugar sagrado.

Fragmento de las palabras del mara’akame relatando la conversa-ción entre los dioses wixaritari duran-te la noche del 6 de febrero del 2012 en el Cerro del Quemado, Wirikuta, Real de Catorce, SLP.

Iván Guzmán Chávez

El pueblo wixárika, en pleno uso de derechos cons-titucionales, ha insistido que Wirikuta es territo-rio sagrado y no es posible allí la realización de ningún proyecto minero y agroindustrial, pues

atenta de muerte a su propia cultura.

Wirikuta ha recibido el reconocimiento como lugar sa-grado a fin de ser protegido de toda amenaza depredadora. En 1991 fue decretado por el gobierno de San Luis Poto-sí (SLP) como Sitio de Patrimonio Histórico, Cultural y Zona de Conservación Ecológica del grupo étnico wixá-rika. En 1999 el mismo gobierno lo decretó Área de Reser-va Natural Protegida (ARNP) y Lugar Sagrado del Pueblo Wixárika. En 2000 el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) reconoció a la Nación Wixárika, al gobierno de SLP y a Conservación Humana, AC, por sus esfuerzos por la conservación ambiental y cultural de Wirikuta. Desde

1988, Wirikuta es parte de la Red Mundial de Sitios Sagra-dos Naturales (UNESCO, 1988) y está en la lista tentativa para ser Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad.

En abril de 2008, en el Pacto Hauxa Manaká, en Durango, el presidente Felipe Calderón y los gobernadores de Naya-rit, Jalisco, Durango, SLP y Zacatecas se comprometieron a respetar y proteger las rutas históricas de peregrinación y los lugares sagrados wixárikas.

Al año siguiente el pacto fue violado con el otorgamiento de concesiones mineras por parte de la Secretaría de Eco-nomía sin que existiera una consulta a los pueblos afecta-dos previa, libre y bien informada, como lo marca la ley.

Las autoridades wixáricas decidieron conformar en el 2010 el Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta, y con la asesoría y acompañamiento de organizaciones so-ciales se creó el Frente en Defensa de Wirikuta, lo que ha permitido la visualización, la solidaridad y difusión nacio-

nal e internacional de su causa (ver www.frenteendefensa-dewirikuta.org)

Representantes del Consejo Regional Wixárika asistie-ron a Vancouver, Canadá, a la sede de la minera First Magestic Silver Corp. y al Foro Permanente de la Organi-zación de las Naciones Unidas (ONU) sobre Asuntos Indí-genas, en Nueva York, y se entrevistaron con su presidenta, Mirna Cunningham, y con el relator especial de la ONU sobre Derechos Indígenas, James Anaya, quien hiciera una serie de preguntas y observaciones al gobierno de México en el sentido de salvaguardar los derechos del pueblo wixá-rika. El gobierno mexicano, fiel a sus usos y costumbres, respondió que se hacían las cosas conforme a la ley.

Con la reciente suspensión otorgada por el Poder Judicial de la Federación a todo permiso tendiente a los trabajos de explotación minera por la First Magestic Silver por medio de su filial mexicana Real Bonanza, en la Sierra del Ca-torce, hasta no llegar a una solución de fondo, se abre una posibilidad para que el Estado resuelva favorablemente en favor del pueblo wixárika, en virtud de su más alta natu-raleza y mandato, respetando el derecho a lo sagrado.

WIRIKUTA, EL DERECHO A LO SAGRADO

MENSAJE DE LOS DIOSES:

UNIRSE PARA DEFENDER

LA CUNA DEL SOL*

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permitiría acercarse por un tiempo li-mitado, con la condición de permanecer en silencio y no tomar fotografías.

Salí en la punta para ver la brillante cresta de la cima con fogatas a lo largo de su espi-nazo. Una brillante luna llena brillaba sobre el mar de nubes de abajo. En el centro, en el círculo concéntrico de piedras llamadas Tatewarita, o lugar del Abuelo Fuego, casi una docena de mara’akate se arremolinaban. La mayoría llevaba su sombrero de ala ancha adornado con plumas de guajolote, antenas que captaban y amplificaban los mensajes enviados por sus dioses. Otros estaban en-vueltos en cobijas para protegerse del intenso frío. Todos vestían su atuendo ceremonial de algodón, delgada protección contra los vientos que arreciaban. Muchos de ellos lle-vaban días caminando en peregrinación, sin dormir y comiendo muy poco, y habían sido sorprendidos por los helados aguaceros de la tarde-noche.

De pronto, los mara’akate reunidos y el gemi-do lastimero de los violines wixárika comen-zaron a sonar en la oscuridad. Los cantos de los mara’akate subieron con el viento; la cere-monia había comenzado.

Durante la larga noche, cantaron sus plega-rias a los espíritus que habitan en este lugar. Guiaron su diálogo ancestral con el Abuelo Fuego, un intermediario entre el mara’akame y sus dioses. El peyote sagrado que había sido cazado en el desierto el día anterior estaba ejerciendo su magia. Las horas pasaron bo-

rrosamente y me acurruqué agotada cerca de una fogata en la cresta de la montaña, dor-mitando por momentos antes de sentir un cambio en el viento. Sentí que algo sucedía y regresé al fuego para encontrar un cambio en la energía.

Los mara’akate se habían puesto de pie y comenzaban a danzar, un rítmico y op-timista movimiento de pies, un meneo ha-cia adelante y hacia atrás que calentaba el cuerpo y el alma. Pronto, toda la multitud se movía al unísono, los huicholes en el centro, los visitantes en las orillas. El frío comenzó a disiparse y el ritmo gozoso hizo retroceder la fatiga.

Sorprendida por el optimismo dada la gra-vedad de la situación, le comenté al antro-pólogo Johannes Neurath sobre la aparente ligereza. “Si quieres que los dioses vengan a tu ceremonia, tienes que hacerla interesante. Ellos no vendrían a una ceremonia aburri-da”, dijo.

Un cordero fue llevado al centro y un mara’akame elevó una oración por él y le pi-dió que entregara su espíritu por el bienestar de la humanidad. El sacrificio fue lo mas rápido y cordial. Su sangre se ofreció junto con oraciones de todo corazón a las cinco direcciones.

“Me pregunto cómo se están sintiendo los dioses con todo esto”, reflexionaba yo. “Oh, creo que ellos están muy contentos”, dijo Armando Loizaga, fundador de Nierika, un

centro para el estudio de las plantas sagradas. “Para empezar, hubo la gentileza del sacrifi-cio –que fue una buena señal–. Por un lado, hemos sido bendecidos con una noche clara llena de estrellas. Y por el otro, aquí estamos todos. Se nos permitió estar aquí, y eso es un gran regalo”.

En un cierto momento, wixáritari y teiwaris por igual sucumbieron a la tentación del sueño. Sin embargo, cientos continuaban danzando con los fascinantes cantos de los mara’akate.

Luego el sol comenzó a aclarar el cielo del este, y nos permitieron fotografiar algunos momentos de la ceremonia. Finalmente, una procesión comenzó su caminata de la cresta sur al xiriki, un altar como una pequeña casa en la cumbre, donde centraron sus oraciones de nuevo y depositaron sus ofrendas.

Los cantos paulatinamente se desvanecie-ron a media mañana, y los mara’akate y los líderes comunitarios tradicionales se reunie-ran en el centro para discutir, en su lengua wixárika, el significado del mensaje que les habían dado. Casi al medio día se reunieron en el círculo de Tateiwarita para compartir su visión con el mundo.

“Ellos (los dioses) están tristes, y piden con lágrimas, llanto y dolor, que no se haga, que no arranquen el corazón, que no sa-quen la sangre de esta montaña sagrada”, dijo el mara’akame Eusebio de la Cruz, de Santa Catarina, Jalisco, quien transmitió el mensaje de los dioses en su lengua materna, seguido por un traductor.

Quizás lo más importante, dijo: “Pidieron que todos los del pueblo wixárika estén uni-dos para defender este lugar, y que todos los seres humanos, aun aquellos que invaden y destruyen este sitio sagrado, se unan a nosotros”.

Ese fue un mensaje fuerte para un pueblo que ha estado dividido por casi un siglo con disputas territoriales y de otro tipo que han generado rencor entre las comunidades. Y quizás también fue una indicación, junto con la decisión de permitirnos unirnos a ellos la noche de este ritual, de una nueva apertura por parte del pueblo wixárika con el mundo exterior.

“Finalmente, la palabra llegó con el ama-necer: ellos habían pasado la prueba y ter-minaron con una gran unidad, una gran coincidencia de ideas”, dijo Eduardo Guz-mán, juez en la comunidad desértica de Las Margaritas y líder del Frente en Defensa de Wirikuta. “Eso nos da la esperanza de que juntos podemos formar una fuerza mucho más potente para impedir los proyectos destructivos y perjudiciales que amenazan Wirikuta. Me voy con una gran alegría y un gran sentido de esperanza, de que algo pue-de hacerse”.

El antropólogo Paul Liffman dijo: “Los hui-choles se han posicionado como los sacerdo-tes de la lluvia que beneficia al mundo entero, y por eso la mina representa una gran amena-za, porque ellos están tratando de ser un tipo de sacerdocio ecológico y todo está en juego.

“El hecho es que vivimos en una época de desecación planetaria a causa del cambio climático, y el respeto por el agua que está totalmente implícito en esta ritualización de la adquisición de agua de una montaña, nos

enseña a tener una relación de respeto y ho-nor con los elementos naturales, que ellos tra-tan como divinidades. Los manantiales son la corporalización terrenal de los ancestros.

“Aquí todos, incluyendo a los que están a favor de las minas, creen que los Huicholes traen la lluvia”, continuó. “Y ahora no ha llovido en 14 meses y llueve repentinamente con la llegada de un grupo sin precedentes de líderes de los centros ceremoniales. Ellos siempre han argumentado que son un vín-culo esencial para la reproducción ecológica no sólo de la región, sino del mundo”.

El sol brillaba a su salida y la de los cientos de peregrinos y sus invitados. Al momento de escribir este relato, la noche ha caído sobre Real de Catorce y la ciudad está en silencio una vez más –excepto por el suave golpeteo de una lluvia constante.

*Este texto es resumen de una crónica que es la tercera parte de un serie sobre el peregrinaje reciente y la ceremonia para salvar Wirikuta. Las otras dos partes se encuentran en www.theesperanzaproject.org/es. Para más información sobre la lucha para proteger Wirikuta, vea http://www.frenteendefensadewirikuta.org Para la declaración del Pueblo Wixarika compartido con el mundo el 7 de febrero, lea http://su.pr/5stJ8y

Con materiales aportados por José Peguero. (Traducción: Luis Fernández V.)

QUÉ OCURRE EN WIRIKUTA?• En este territorio sagrado, el gobier-no mexicano ha entregado al menos 22 concesiones mineras a la canadiense First Majes c Silver Corp en el área de Real de Catorce, por medio de la mexi-cana Real Bonanza SACV. El 70 por cien-to de las seis mil 326.58 hectáreas de la superfi cie concesionada está dentro de la Reserva de Wirikuta.

• En diciembre de 2011 se anunció el lanzamiento del Proyecto Universo, un mega proyecto minero de la canadien-se Revolu on Resources que pretende explotar recursos minerales ¡en 59 mil 678 hectáreas! dentro del Área Natural Protegida de Wirikuta, esto es 42.56 por ciento de la superfi cie total de Wirikuta. Por el po de yacimientos, el método más adecuado para su explotación sería el de minado de tajo a cielo abierto, y posiblemente el método de benefi cio sea el de lixiviación a montones me-diante cianuración.

• En pleno corazón de Wirikuta en el área de El Bernalejo (ejido de Las Marga-ritas), el Proyecto Universo posee cuatro concesiones mineras ac vas. Esa región es uno de los puntos más importantes de Wirikuta, donde está la casa del ve-nado, de Kauyumari, lugar sagrado wixá-rika de entrega de ofrendas y cacería de peyote. Aquí también se planea realizar un proyecto de explotación de oro con el método de tajo a cielo abierto.

• Las grandes can dades de agua u liza-das por la mega minería, provocarían el desecamiento de cuencas hídricas, que ya están sobreexplotadas y enen muy poca capacidad de recuperación. Además, los manan ales sagrados donde el pueblo wixárika recolecta sus aguas benditas, corren riesgo de ser contaminados con cianuro, xantantos y metales pesados.

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EL MEDIO AMBIENTE EN MÉXICO, UN DESASTRE

Los indicadores ecológicos en México son trágicos a tal grado que un gru-po de organizaciones y ciudadanos han decidido generar una iniciativa

de propuesta de política pública ambiental, y aquel candidato a la Presidencia que los asuma obtendrá el respaldo de este conglo-merado social, afirmó Víctor Toledo, ecólogo e investigador de la UNAM, durante la mesa dedicada a este tema, dentro de la serie Los Grandes Problemas Nacionales. Diálogos por la Regeneración de México, organizada por el Movimiento Regeneración Nacional (More-na), la Fundación Equipo, Equidad y Progre-so y el Sindicato Mexicano de Electricistas.

Toledo mencionó grandes retos y riesgos que existen en materia ambiental y donde debe-ría ponerse orden por medio de una política pública en el próximo sexenio, aun cuando el panorama político de México es suma-mente corrupto. Y tal política tocaría temas que van desde transgénicos y la minería a cielo abierto hasta los plaguicidas, el uso del agua y el manejo forestal.

En la mesa –la cual es la primera de una se-rie que tendrá sesiones semanales en el Club de Periodistas y que durarán hasta el cierre de mayo próximo– otros especialistas habla-ron detalladamente de cada tema.

Enrique Provencio, consultor de la Organi-zación de las Naciones Unidas, advirtió que una tercera parte de la morbilidad y la morta-lidad humanas tienen causas explícitas en el deterioro ecológico, y lo que está por venir en cuanto a este deterioro es muy preocupante: “estaremos ante procesos más difusos, d e esca-la más amplia, para los cuales no tenemos tec-nologías ni formas sociales para enfrentarlos”.

Explicó que en los 30 años recientes las tasas de crecimiento del PIB nacional han sido relativa-mente bajas, apenas se duplicó la producción a lo largo del periodo, al tiempo que se dobló también el uso de los recursos naturales, pero, alertó, aun manteniendo un ritmo económico bajo, para el 2050 los impactos ambientales se triplicarán (por los efectos acumulados).

Esto no quiere decir que México deba dejar de crecer, pero sí tener una política que reduz-ca los impactos. Y en el centro, como aspecto fundamental, debe estar la preocupación por la salud de las personas. El problema hoy es que en las decisiones cruciales del país, la polí-tica ambiental es tradicionalmente desdeñada.

Eckart Boege, ambientalista reconocido, dijo que la minería a cielo abierto, que se está imponiendo en México y otros países, es negocio de “un puñado de trasnacionales de

origen canadiense”. Esta actividad es inten-siva en uso de recursos naturales y energía, y su tecnología es brutalmente extensiva en territorio con costos ambientales ocultos de tal magnitud que no sería viable si tuvieran que pagarse con dinero esos costos.

Por ejemplo, dijo, para producir un metro cúbico de oro de yacimientos que tienen 0.6 gramos de metal por tonelada de tierra removida, se destruyen 400 hectáreas, cuyos propietarios (muchos, ejidatarios) son previa-mente “conminados” a vender o rentar. Afir-mó: “la biodiversidad que se destruye tiene valores únicos e irreparables para el mundo”. De los millones de toneladas de tierra que re-mueven las empresas mineras, aproximada-mente dos terceras partes tienen interés para ellas y van a dar a las “tepetateras”, donde se generan drenajes ácidos con efectos am-bientales nocivos de largo plazo. Y la tierra que sí utilizan, una vez procesada, va a dar a terreros o pilas de lixiviación. Además, esta industria utiliza miles, millones de litros o toneladas de diesel, cianuro, ácido clorhídri-co y explosivos, sumamente contaminantes y dañinos a la salud, y se le da prioridad para la utilización del agua por sobre el interés para el consumo humano.

Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comer-cio (RMALC) y de la Red de Afectados por la Minería, afirmó que la movilización y la pre-sión social son fundamentales para proteger el ambiente. Predomina el modelo extractivista

que viene desde la Colonia y que implica una apropiación de bienes sin producirlos, bienes que pertenecen a las comunidades y al país, y “se confunde el desarrollo con el crecimien-to”. Así, tan sólo en los diez años que llevamos de gobiernos panistas, y sin considerar a la minería –que es la actividad que hoy registra las más fuertes tasas de crecimiento en la eco-nomía–, se ha generado una deuda ambiental que implica el 60 o 70 por ciento del PIB. Con-sideró que la clase política es parasitaria, poco creativa y subordinada al capital financiero, y por tanto resulta un obstáculo para alcanzar una política ambiental socialmente justa.

Gonzalo Chapela, experto en los tema de bosques, manejo de cuencas y desarrollo rural, dijo que México debería ser campeón forestal en el planeta, dado que es centro de origen de los pinus y de diversas plantas tropi-cales y tenemos condiciones para que esos or-ganismos evolucionen. Señaló que cuatro de cada cinco hectáreas de bosque son propie-dad social, pero la productividad de ésta ha sido muy limitada, pues aporta menos del 15 por ciento de la producción forestal nacional. Consideró que la política debe enfocarse a tener bosques sustentables con y para la gen-te, y se debe impulsar particularmente a las comunidades con una visión de largo plazo. La política hoy tiene efectos muy ineficaces: en los dos sexenios recientes se incrementó el presupuesto de la Comisión Nacional Fores-tal en tres mil 200 por ciento, y sin embargo ha habido una reducción reducido en una tercera parte de la producción y la balanza comercial del sector ha acentuado su déficit, además de que la deforestación avanza a pe-sar de que las cifras oficiales digan otra cosa.

Otros participantes en la mesa fueron Elena Álvarez Buylla, experta en el tema de trans-génicos, Fernando Bejarano, quien habló sobre los riesgos y daños de los plaguicidas, e Hilda Salazar, de la Red Género y Medio Ambiente. (Lourdes Edith Rudiño)

Más información de estas mesas de diálogo, en http://grandesproblemas.org.mx/

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Claudia Sheinbaum Pardo

Entre 2005 y 2009 el agotamiento de los recursos na-turales y la degradación del ambiente le costaron a México cada año cerca de 8 por ciento del PIB, equivalente a 150 salarios mínimos por habitante.

La afectación ambiental ocurre por emisiones de contami-nantes al aire (en niveles que sobrepasan lo aceptable para la salud); contaminación y degradación del suelo; descar-gas de aguas residuales; sobreexplotación del agua subte-rránea; deforestación; consumo de energía sustentado en combustibles fósiles; daño a 65 por ciento de los manglares; aprovechamiento al límite de más de 80 por ciento de las pesquerías nacionales, y extinción de especies (dos mil 583, entre plantas y animales, están en categorías de riesgo).

En los años recientes se han impulsado grandes desarro-llos con impactos ambientales y para la salud humana su-mamente graves, en muchos casos irreversibles. Es el caso de la minería, cuyas concesiones y permisos, que ocupan ya 40 por ciento del territorio nacional, se han dado con violación de leyes, reglamentos y procedimientos jurídicos, afectando a miles de pobladores. Se ha evitado la actuali-zación de reglamentos y normas ambientales incluso para su homologación con criterios internaciones.

Se promueven grandes desarrollos energéticos como los campos eólicos del Istmo de Tehuantepec, a partir del des-pojo de tierras a los pobladores y provocando mayor pobre-za local en vez de beneficios. Grandes proyectos eléctricos

privados junto a comunidades sin servicio eléctrico.

También los grandes desarrollos turísticos en la costa. Un ejemplo es Cabo Pulmo, en Baja California Sur, que pre-tende la construcción de cerca de 27 mil habitaciones y campos de golf en un Parque Nacional Marino que tiene una de las mayores coberturas de corales en el Golfo de California y que alberga una rica variedad de especies de peces, crustáceos, moluscos, quelonios, aves y mamíferos marinos, muchos de ellos bajo alguna categoría de protec-ción ambiental en riesgo.

Y está la aprobación de la siembra de maíz transgénico a pesar de las normas nacionales e internacionales de pro-tección y de los graves efectos que puede traer por la pérdi-da de diversidad biológica y soberanía alimentaria.

El descontento social ante proyectos de este tipo en diver-sos estados de la República ha tenido en la mayoría de los casos respuesta sorda, criminación de la protesta o incluso represión o venganza de los promotores de los desarrollos ante la ausencia de autoridad. Asesinatos y desapariciones

de dirigentes comunitarios que cuestionan estos desarro-llos se esconden en el clima de violencia nacional.

En México, el tema ambiental se ha convertido en adorno para el discurso oficial, en especial si está dirigido a la co-munidad internacional.

El modelo económico que defiende que el mercado es el mejor distribuidor de los recursos, y cancela los derechos sociales y ambientales, ha fracasado porque ha generado mayor pobreza, falta de equidad y endeudamiento, además del deterioro ambiental.

Si a esto se agrega la corrupción, estamos ante una situa-ción límite. Regulaciones incumplidas, proyectos devas-tadores de los recursos naturales aprobados por tráfico de influencias y dinero.

Este proceso de descomposición ambiental nos resta ca-pacidades productivas, nos hace vivir mal, genera pobreza y nos pone cada vez ante mayores riesgos humanos. La si-tuación ambiental en México es trágica.

Una nueva estrategia de regeneración ambiental no puede concebir la política ambiental aislada de las grandes deci-siones del desarrollo. Es factible generar riqueza, distribuir-la y, en el proceso, minimizar los impactos ambientales.

*Resumen de ponencia presentada el 6 de marzo de 2012, en las mesas de diálogo Los Grandes Problemas Nacionales. Para ver el documento completo, incluida la parte proposivita, ver: http://grandesproblemas.org.mx/temas/consulta-las-ponencias

POLÍTICA AMBIENTAL Y DE RECURSOS NATURALES EN

MÉXICO*

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