No. 33 Sembrar y cosechar en ABYA YALA

TEMA DEL MES

19 de junio de 2010 • Número 33

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

EL AGRO EN PAÍSES DEL CONTINENTE Y EL CARIBE

19 de junio de 20102

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

Suplemento informativo de La Jornada 19 de junio de 2010 • Número 33 • Año III

LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMPESINO EN UN CONTINENTE COLONIZADO

El mito milenario no es solamente un absoluto recomenzar, una

ruptura con el estado actual del mundo, sino también reinicio,

restauración de la pureza o de la potencia original. La imagina-

ción del futuro se apoya siempre sobre la memoria del pasado.

Jean Pierre Sironneau.

El retorno del mito y del imaginario sociopolítico

Con 42 millones de kilómetros cua-drados y 813 millones de habitan-tes, coloreado por la multiplicidad de ambientes naturales y de cul-

turas originarias y aclimatadas, dividido por la migración en un ámbito anglosajón y otro latino, fragmentado en decenas de Estados na-cionales a veces hechizos, y fracturado por la economía política entre un prepotente norte imperial y un escarnecido sur tercermundista, nuestro continente es diversidad extrema y con frecuencia enconada. Variedad que no impide la lenta pero terca conformación de un campe-sinado de vocación continental. Y es que, más allá de nuestras diferencias, compartimos la condición de colonizados. Hace 500 años fui-mos invadidos y esto nos marcó a fuego.

Los americanos de hoy provenimos sobre todo de la población originaria, de la migra-ción europea y de los africanos traídos como esclavos. Pero amerindios, criollos, mestizos, mulatos o zambos, en nuestro origen está una irritante experiencia de conquista y coloniza-ción que dejó su impronta sobre la sociedad continental, aun la de aquellos países con escasos vestigios de los originarios y de los transterrados a fuerzas.

“Como en toda sociedad colonizada, el an-cho y oscuro fondo de la pirámide social fue ocupado, primordialmente, por aquellos cu-yas raíces se hunden en culturas anteriores a la conquista. Aunque con el correr del tiempo (los países) se fueron haciendo intensamente mestizos en lo étnico y lo cultural, nunca se alcanzó a diluir la miseria y la subordinación”, escribe Florencia E. Mallon en Campesino y nación. Y esto vale para la conformación de nuestras clases sociales.

La comunidad agraria es ethos milenariopero los hombres y las mujeres de la tierra fue-ron recreados por sucesivos órdenes sociales dominantes y lo que hoy llamamos campesi-nos, los campesinos modernos, son producto del capitalismo y de su resistencia al capitalis-mo. Sólo que hay de campesinos a campesi-nos, y los de nuestro continente tienen como trasfondo histórico el sometimiento colonial y sus secuelas. Los campesinos de por acá son, en sentido estricto, campesindios.

El indio americano es al principio una in-vención de la Corona Española. Categoría impuesta con fines tributarios pero también político-morales pues suplantaba denomina-ciones autóctonas y establecía una división del trabajo y una jerarquía social de natura-leza étnica y base comunitaria. Junto a los in-dios fueron apareciendo rancheros, granjeros, colonos; labriegos pequeños y medianos que por lo general no eran indios pero tampoco campesinos propiamente dichos.

Entre nosotros –que no conocimos al campesi-nado feudal propio del ancien regime europeo– el concepto de campesino, habitualmente asociado al de obrero, designa una clase de las sociedades poscoloniales y es obra de moder-nidad. Su uso se extiende por el continente al calor de las mudanzas que arrancan hace un siglo con la Revolución mexicana, trance ini-ciático que con la nueva Constitución y la Re-forma Agraria, institucionaliza al campesina-do: un inédito contingente social cuyo estatuto ya no remite a la etnia ni tiene origen colonial (tan así, que a las tierras dotadas a los pueblos se les llama ejidos, término que viene del latín y de la tradición europea, y no, por ejemplo, calpullis). Y lo mismo sucede años más tarde en Bolivia, donde “con la Revolución Nacional de 1952 –escribe Carlos Vacaflores en La per-sistencia del campesinado en América Latina– los indígenas se campesinizan y se suscriben formalmente a la ciudadanía”.

Pero el triunfo de la clase sobre la etnia es epidérmico, entre otras cosas debido a que en nuestro continente opresión de clase y de raza se entreveran. Así, el indio ancestral, presun-tamente transmutado en moderno campesi-no, reaparece junto a éste revestido de su es-pecífica identidad. Y en muchos casos renace dentro de éste, que lo descubre como su raíz más profunda. Recuperada su verdadera faz, en el último tercio del siglo XX los indios ame-ricanos debutan como tales en el escenario de la lucha social contemporánea. Aun en países como Chile y Argentina donde pocos se iden-tifican con los pueblos originarios, el nuevo movimiento rural deviene con pertinencia y justicia un movimiento indio y campesino, campesino e indio. Convergencia plural pero unitaria donde, sin fundamentalismos pero sin renunciar a sus particularidades, todos son indios y todos campesinos, todos son campe-sindios. No es casual que la red global llamada La Vía Campesina que agrupa a 140 organiza-ciones de 70 países, entre ellas 84 americanas o caribeñas, haya nacido hace 18 años, en el corazón de nuestro continente, en el cruce de caminos e historias que es Centroamérica.

La insoslayable presencia de lo étnico en el curso moderno de Latinoamérica se mani-festó de bulto en las revoluciones agrarias del pasado siglo y después en el discurso del indigenismo institucional. Pero también apa-rece en las propuestas políticas de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA) y del Partido Comunista del Perú, en los años 20s; en el neokatarismo boliviano de los 70s; en la perspectiva de nación pluriétnica im-pulsada desde fines de los 80s por el movi-miento Pachakutic, en Ecuador; y desde los 90s en el altermundismo indianista del mexi-cano Ejército Zapatista de Liberación Nacio-nal (EZLN). Hoy, a la luz de la Revolución

boliviana, es claro que en América no habrá cambio verdadero sin eliminar lo mucho que resta de colonialismo interno, sin erradicar tanto la explotación de clase como la opresión de raza. Y sobre esto los campesindios ameri-canos tienen mucho que decir.

Hablo aquí del continente todo y no sólo de Nuestra América, porque aun en los países del extremo norte subsiste el síndrome colonial in-terno: estigma encarnado en las etnias amerin-dias que sobrevivieron pero también en la du-radera minusvalía de los afro-descendientes y en el trato a la creciente migración de mestizos latinoamericanos, con la que los pueblos origi-narios de América toda se hacen presentes en un norte anglosajón que reproduce con ellos el racismo y los modos criollos del colonialismo interno propios del área latina del continente.

El mito amerindio. Un combate como éste: sustentado en parte en la comunidad agraria y la identidad étnica de los originarios, además de las tácticas convencionales de otros lucha-dores, está en condiciones de emplear recur-sos míticos-simbólicos; palancas espirituales que, en una modernidad desencantada donde el racionalismo priva hasta en la lucha de cla-ses, resultan heterodoxas y hasta “exóticas”.

Decía Georges Sorel a fines del siglo XIX que ”los mitos revolucionarios permiten compren-der la actividad, los sentimientos y las ideas de las masas populares que se preparan para entrar en una lucha decisiva; (y estos mitos) no son descripción de cosas, sino expresión de volunta-des”. Ideas que fueron rechazadas por los mar-xistas ortodoxos, a quienes no movía un mito sino la profecía “científica” de la inevitabilidad del socialismo. Pero cuando el sujeto libertario no es tanto una clase moderna: el proletariado, sino los ancestrales campesindios, que reivin-dican 500 años de resistencia, es inevitable –y pertinente– que la lucha se llene de imágenes, sentimientos, intuiciones que remiten a un pa-sado profundo; es previsible y deseable que el combate se ritualice y cobre un carácter no sólo terrenal sino también simbólico.

Empeñado en entreverar lo clasista con lo ét-nico, el pasado con el futuro y el socialismo con la utopía incaica, el peruano José María Mariátegui abrevó con provecho en Sorel: “El mito mueve al hombre en la historia. Sin un mito la existencia del hombre no tiene nin-gún sentido histórico. La historia la hacen los hombres poseídos e iluminados por una creencia superior”, escribe en El artista y la época. Y en Alma matinal, concluye: “Los pueblos capaces de la victoria (son) los pue-blos capaces de un mito multitudinario”.

Algo del mismo tenor escuché hace unos me-ses en boca de Alejandro Almaraz. Decía el viceministro de Tierras en el gobierno de Evo Morales: “La importancia económico-social de la Revolución Agraria es enorme, pero tam-bién su importancia simbólica (...) Lo que es aún más profundo en los pueblos indígenas”. Así, alba del tercer milenio, los campesindios de América están inmersos en una batalla de símbolos donde la utopía se traviste en mito.

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ABYA YALA es el nombre dado al continente americano

por la etnia Kuna de Panamá y Colombia antes de la

llegada de Cristóbal Colón. Quiere decir "tierra madura", o

según algunos "tierra viva" o "tierra en fl orecimiento".

COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuellar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

BUZÓN DEL CAMPO

CAMPESINDIOS DE

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Participación promedio de las importaciones de alimentos

en la oferta doméstica calórica (Porcentajes)

Fuente: Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas, CEPAL, FAO, IICA.

Participación % del agro en el Producto Interno Bruto (2008)


Dependencia alimentaria Producción agro VS industria y servicios

Población rural en América Latina (Porcentaje)

e/ Estimado. Fuente: Estadísticas 2010, CEPAL

Proporción de personas ocupadas en la agricultura


Trabajo agrícola

Habitantes del campo


Steve Suppan

Han empezado ya los “audiencias sobre el campo” (field hearings)

del Congreso de Estados Unidos (EU) para de-terminar el marco de una Ley Agrícola (Farm Bill) para 2012. ¿Por qué ocurre de forma tan an-ticipada esta iniciativa, a pesar de otros asuntos legislativos de emergencia y cuando apenas se ha implementado la Ley Agrícola de 2008? En-tre las muchas razones, dos me parecen princi-pales: la crisis económica y el cambio climático.

El Censo Agrícola federal indica que sólo dos por ciento de la población rural estadouniden-se es agricultor de tiempo completo. (No hay un censo oficial de los trabajadores agrícolas, mayormente de origen mexicano y en parte indocumentados.) Dado este hecho y la crisis del empleo rural, el Departamento de Agri-cultura de EU (USDA) quiere invertir más de su presupuesto en el desarrollo rural, sobre todo en la creación de empleos no agrícolas.

Pero los miembros del Congreso, quienes han orientado los subsidios hacia una lista restringida de materias primas, están en des-acuerdo con la inversión pública en desarro-llo rural. Para ellos, lo prioritario es definir los subsidios y su reparto en formas que no propicien disputas comerciales ni represalias desde la Organización Mundial de Comer-cio (OMC). Quieren evitar lo que ha pasado con el programa de subsidios al algodón, el cual fue objeto de una demanda de parte de Brasil y fue calificado de ilegal por la OMC.

El seis de abril se anunció un acuerdo entre EU y Brasil, según el cual el gobierno estado-unidense pagará anualmente al país sudame-ricano 147 millones de dólares por concepto de �“ayudas técnicas”� para los algodoneros hasta que el Congreso cambie la Ley Agrí-cola para cumplir con el fallo de la OMC del 2008. Bajo este peso jurídico y fiscal, los miembros de los comités de agricultura en el Senado y la Cámara de Representantes quie-ren tomar medidas para asegurar los fondos de 2012-2017 para los productores agropecua-rios. Pero sin incitar más disputas comercia-les ni resoluciones adversas de la OMC.

Se espera reclasificar los subsidios inconsis-tentes con la OMC para que quepan en la

“caja verde”, la cual supuestamente no distor-siona el comercio. Entre los subsidios permiti-dos están los que subvencionan la compra de pólizas de protección contra la pérdida de las cosechas y los que sirven para proteger el me-dio ambiente. En las audiencias campesinas se ha hecho hincapié en la importancia de no recortar estos subsidios, pues se rumora que la Ley Agrícola 2012-2017 los reducirá en siete mil millones de dólares a lo largo de los cinco años.

Nadie quiso hablar del cambio climático como una razón del inicio anticipado de la elaboración de consensos hacia la Farm Bill de 2012. Ocurre que los granjeros y terratenientes miembros del American Farm Bureau niegan la existencia de este fenómeno planetario y, por ende, rechazan la necesidad de limitar los gases de efecto inver-nadero (GHG, por sus siglas en inglés). Ellos portan gorros de béisbol con el lema “Don’t cap my future!” (¡Que no se limite mi futuro!).

Los socios de la National Farmers Union, por otro lado, creen que sí existe el cambio climá-tico y que ciertas prácticas agrícolas pueden reducir los GHGs. La organización misma facilita la venta de bonos de reducción de los GHGs en la Bolsa de Clima de Chicago, y aboga para que el Congreso apruebe una ley que haga obligatorias y masivas estas ventas. Pero es poco probable que el Congreso aprue-be una ley sobre el cambio climático en 2010.

Mientras tanto y de cara a las crisis climáticascada vez más frecuentes, costosas y a veces vio-lentas, los granjeros �–crean o no en el cambio climático–, quieren que el Congreso aumente los subsidios gubernamentales a la compra de pólizas de seguros para proteger la viabilidad de sus fincas. Están enfrentando tormentas fi-nancieras también, causadas por precios bajos pagados por la agroindustria, en muchos casos por debajo del costo de producción.

El USDA, después de dos décadas de indife-rencia a las prácticas anti-competitivas de la industria agropecuaria, lanzó en marzo unas audiencias campesinas para averiguar si em-presas como Monsanto han impuesto precios de usura a las semillas y los demás insumos. Si los costos de producción son altos y los pre-cios de materias primas siguen vinculados a la volatilidad de Wall Street, los agricultores buscarán cualquier fuente de estabilidad.

Por eso, buscan los granjeros su salvación en una Farm Bill con subsidios para compensar los da-ños del cambio climático y los precios volátiles e inferiores en general al costo de producción.

Poco ha servido la retórica agropecuaria de que la salvación campesina se encuentra en las exportaciones subsidiadas. La fórmula pronun-ciada por el secretario de Agricultura, Tom Vil-sack, para concluir las negociaciones agrícolas

de la Ronda de Doha de la OMC es de una ma-temática utópica: Estados Unidos –propone el funcionario– reducirá sus subsidios a la par con el valor comercial de la reducción de arance-les de los miembros de la OMC. EU exige un acceso inmediato e universal a los mercados, mientras que los pagos de subsidios de emer-gencias, cada vez más frecuentes, contrarrestan el recorte prometido de los subsidios. Por eso, el intercambio exigido por Vilsack es más bien un cálculo político para posponer una conclusión de negociaciones en la OMC hasta que haya un consenso sobre la próximo Farm Bill. Lue-go será deber de los negociadores de EU que se conforme el próximo Acuerdo sobre Agri-cultura de la OMC con los términos y cifras presupuestarias de la Farm Bill.

Con la Ronda de Doha estancada, la diploma-cia comercial de la administración de Obama se ha enfocado en la vigilancia de los acuerdos vigentes y en las disputas comerciales, mayor-mente sobre barreras no arancelarias. Entre ellas destacan las de tipo sanitario que en-frentan a EU con México, pero también con Brasil, China, Japón, Rusia, Corea del Sur y Vietnam. La mayoría de estas disputas tiene que ver en parte con asuntos auténticos de salud humana, animal y vegetal. Sin embar-go, también hay un trasfondo común de una concurrencia desleal de las industrias agrope-cuarias trasnacionales, sobre todo de cárnicos, que afecta a los productores nacionales.

Por ejemplo, Tim Wise y Becky Rakocy de la Universidad de Tufts (Boston, EU) mostraron cómo Smithfield se ha beneficiado de un sub-sidio implícito y fuera de regla de la OMC y del TLCAN, que aplica sobre la alimentación animal estadounidense por debajo del costo de producción (http://www.ase.tufts.edu/gdae/Pubs/rp/PB10-01HoggingGainsJan10.html). Entre 1997 y 2005, los autores estimaron este subsidio en un valor de dos mil 500 millones de dólares. Smithfield en México se ha bene-ficiado también de este subsidio, además de la importación libre de maíz. Esto favorece a las operaciones de grandes granjas porcícolas, donde los animales están confinados en condi-ciones que propician enfermedades y contagios que dañan la salud animal y pública. Ni los estadounidenses ni los mexicanos han encon-trado la salvación en este sistema ampliamente subsidiado del comercio agropecuario. Instituto de Políticas Agrícolas y Comerciales (IATP)

CÓMO OPERA LA FARM BILLPara entender la famosa Farm Bill o Ley Agrícola de Estados Unidos (EU) es necesario entender el modelo que está detrás de las polí cas de este país. Desde los años 70s el sistema de agricultura de EU se ha estado diseñando para dotar a los gi-gantes del comercio de granos y cereales como Archer Daniels Midland (ADM) y Cargill de las herramientas necesarias para capturar mercados alimentarios nacionales e internacionales.

Estas empresas ingresan en los mercados del Tercer Mundo por medio de mecanismos estrechamente vinculados entre sí. En primer lugar, trabajan mano a mano con el gobierno de EU y con ins tuciones como la Organización Mundial de Comercio (OMC), el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Interna-cional (FMI) para forzar a los países del Tercer Mundo a abrir sus puertas a las exportaciones agrícolas de EU y a recortar drás camente sus aranceles y otras medidas de protección de sus mercados y sus productores nacionales. Una vez abiertos los mercados, el segundo paso es derribar la competencia de los productores locales por medio de una polí ca de precios bajos, que de hecho es el verdadero mo vo detrás de las leyes agrícolas que se hacen cada cinco o seis años. Para dominar los mercados de terceros países, estas empresas necesitan ofre-

cer un alto volumen de mercancías baratas, lo cual no repre-senta para ellas ningún problema ya que les es fácil ofrecer granos a un precio tan bajo que nadie puede compe r con ellas. Cada seis años surge una nueva Ley Agrícola diseñada para reducir los precios a niveles de, o, en ocasiones, por de-bajo de los costos de producción. El propósito de los subsidios que paga el gobierno de EU a los grandes agricultores es otor-garles pagos compensatorios que les permitan vivir y crecer en condiciones de contracción de precios que de otra manera les imposibilitarían seguir produciendo.

Que muera el pequeño agricultor. La Farm Bill benefi cia enormemente a los grandes productores de cul vos predi-lectos como el maíz, soya y algodón, pero perjudica al pe-queño agricultor familiar. No es exagerado afi rmar que la Ley Agrícola deja perder a la granja familiar, pues pasa por alto todos los temas por los que tanto habían luchado los pe-queños agricultores y las organizaciones campesinas –como por ejemplo la prohibición de que las empacadoras de carne posean ganado en pie, o que un agricultor familiar pueda benefi ciarse del Programa de Incen vos para la Calidad Am-biental, o la posibilidad de incrementar el ingreso agrícola por medio de emprés tos o de subsidios. La Ley Agrícola re-formula las desigualdades preexistentes. Un diez por ciento

de las personas que reciben subsidios agrícolas prác camen-te captan dos terceras partes de los fondos, mientras que 80 por ciento recibe tan sólo la sexta parte.

Los estadounidenses no pueden consumir toda la producción agrícola de su país, por ello deben vender más al extranjero. Alrededor de 25 por ciento del ingreso de los agricultores de EU es generado por las exportaciones, lo que signifi ca que los mercados extranjeros son esenciales para la sobrevivencia de los productores. Para ponerlo en términos más simples: “lo que queremos es vender nuestra carne, maíz y frijol a la gente alrededor del mundo que necesita comer”, según dijo George W. Bush en mayo de 2002, cuando era presidente de EU.

La Ley Agrícola está basada en el mito de que las exportacio-nes son la única posibilidad de salvar al pequeño agricultor de EU. Sin embargo, esto no se ha cumplido. Los bajos pre-cios de las mercancías han causado el incremento de ganan-cias de las empresas procesadoras, exportadoras y produc-toras de semillas y químicos y han destruido el modus vivendide los agricultores familiares. *Este texto fue armado con extractos tomados del texto “Perdiendo nuestra tierra: la Ley Agrícola de 2002”, de Anuradha Mittal y Peter Rosset, que se publicó en el libro Cosechas de ira, de Armando Bartra, editado por Itaca, 2003.

SEMBRAR ENABYA YALA

¿LA SALVACIÓN POR

EL PRESUPUESTO?

Estados Unidos

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19 de junio de 2010 5

Según cifras oficia-les, en Guatemala 45 por ciento de la población es indí-

gena –fundamentalmente maya, pero tam-bién xinca y garífuna–, pero hay otras fuentes que llevan esta cifra a 60 o incluso hasta 80.

Y de acuerdo con Carlos Batzin, miembro del Consejo Indígena de Centroamérica, los prin-cipales retos de los indígenas hoy son “la digni-ficación de nuestros pueblos, con un combate serio a las estructuras de discriminación y ra-cismo; la identidad na-cional, pues lo que hoy existe es una identidad ladina, con patrones occidentales que invi-sibilizan a las culturas originarias, y lograr una reforma agraria profun-da”, ya que luego de la privatización ocurrida en los siglos XIX y XX de las tierras y otros bie-nes comunales, “hoy 90 por ciento de la tierra productiva de Guatemala está en manos de dos por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA)”.

Y otro reto más es enfrentar la vulnerabi-lidad en la seguridad alimentaria, pues el maíz, el principal cultivo del país, está ame-nazado por el posible ingreso de semillas transgénicas, y por importaciones masivas del grano, que desestabilizan los precios al pro-ductor. Además de que el gobierno guatemal-teco está generando una división en la pobla-ción rural al ofrecer fertilizantes a bajo costo sólo para quienes se afilien al partido oficial. “Nos preocupan todas las manipulaciones que hay alrededor de nuestro grano básico, que tiene mucho significado para nosotros”.

Un asunto que está encendiendo los focos ro-jos son los programas que el Estado guatemal-teco tiene, “de repartición de tierras a pueblos indígenas”. Estos esquemas están plagados de vicios y corrupción, pues implican el pago de fincas de terratenientes y el otorgamiento de créditos a los indígenas para que cubran des-pués el pago. “Pero la tierra se está vendiendo diez o 15 veces más cara de su valor real”.

Mientras tanto y considerando que –según cálculos personales de Batzin– alrededor de

40 por ciento de los indígenas carece de tierra y quienes sí tie-nen son microparce-las que no llegan ni a una hectárea, hay una lucha constante por la tierra pero que el Es-tado reprime muy vio-lentamente, con el re-sultado de desalojos e incluso gente muerta en enfrentamientos. Los grupos indígenas han tratado de esta-

blecer espacios de diálogo con entidades de-signadas por el gobierno, pero “no llegamos a acuerdos reales porque los terratenientes no han querido sentarse a la mesa, y el Estado en Guatemala es muy débil”.

Los latifundistas no tienen límites. “Hay al-gunos que dicen que recorren sus propieda-des en helicóptero y no terminan de cruzar-las; son unas cuantas familias que cuentan con miles y miles de hectáreas de las mejores tierras, planas”.

De acuerdo con Batzin, la situación de los indígenas en el área rural guatemalteca es de extrema pobreza, “pero eso no es lo más significativo para nuestras comunidades, pues

hemos vivido en esas condiciones durante los últimos 500 años. Lo más significativo y por lo que se lucha es por una dignificación de nuestros pueblos. O sea, hablamos de un combate serio a las estructuras de discrimina-ción y racismo. Con sus políticas de desarrollo, los gobiernos de Guate-mala, y de Centroamé-rica toda, ofrecen que si hoy tenemos un pan mañana vamos a tener dos. El problema para nosotros no es más ri-queza, sino cómo se distribuye esa riqueza y por eso nuestras críti-cas a las estrategias de combate a la pobreza son muy serias. La po-breza continuará si no se botan esas viejas es-tructuras donde se sostiene la discriminación y si no se respetan las diferencias culturales”.

Es cierto, dice, que después de años prolonga-dos de guerrilla en el país, hay cambios, “algo que nosotros llamamos seudo-desarrollo, por-que nos están permitiendo la lengua, fortale-cer nuestros trajes, ciertas formas de tecnolo-gía... Pero no quieren acceder a que nosotros hablemos de derechos como la autonomía; la libre determinación; el consentimiento previo, libre e informado, o el derecho a la diferencia, que son derechos básicos que los pueblos indígenas necesitamos para proyectar un desarrollo de acuerdo con nuestras capaci-dades y realidades actuales (...) Nuestras pro-puestas son de pluriculturalidad, donde haya la participación de todos los pueblos en la definición de un proyecto político de nación que se construya sobre procesos incluyentes, no discriminatorios, no de explotación y para nosotros este tipo de proyecto político pluri-cultural sería iniciar discutiendo una nacio-

nalidad, una identidad nacional para el Esta-do guatemalteco, que en estos momentos no existe, porque es una identidad ladina, desde patrones occidentales que invisibilizan a las culturas indígenas”.

El entrevistado comenta que lo que se conside-ra “la era de la democracia, de la paz, de los de-rechos humanos” en la región de Centroamé-rica es otra cosa, pues con el establecimiento

de los tratados de libre comercio y la injeren-cia de la Organización Mundial de Comercio, se está decidiendo des-de fuera la propiedad intelectual de los recur-sos indígenas, y además a los campesinos, a los indígenas, se les crimi-naliza y se les tacha sin fundamento de narco-traficantes y terroristas, lo cual es muy peligro-so, pues sin una defini-

ción clara de lo que es ser terrorista, cuando a alguien se le acusa de eso se le ignoran todos sus derechos humanos, “y han pasado casos con hermanos indígenas, que son secuestrados, torturados, tan sólo por sospechas en ese tipo de situaciones”. Además, dada la creciente infiltra-ción del narcotráfico en los territorios indíge-nas, hay temor en los pueblos, “las autoridades comunitarias mismas están atemorizadas”,

Para rematar, dice Batzin, los indígenas resien-ten tres crisis: la energética, por el agua y la del cambio climático. Y en lugar de que haya políticas públicas que permitan utilizar el co-nocimiento indígena para enfrentar esto, “nos imponen modelos extranjeros de adaptación y mitigación”. El conocimiento indígena dice que debemos asegurar primero el desarrollo de la naturaleza –conservando el territorio con los usos culturales que le damos, con espacios sagrados, de engendramiento, de observación, de comunicación con los ancestros, etcétera– y luego el nuestro, si no, vamos a perecer fren-te a la furia de la Madre Tierra” (LER).

Guatemala

MAÍZ, TIERRA Y DIGNIDAD, RETOS DE INDÍGENAS

Ricardo Zepeda

Guatemala his-tór icamente ha ocupado los últimos lu-

gares de desarrollo social en América. Los datos generales de pobreza (56 por ciento) y desnutrición infantil (51 por ciento) son de los más altos del continente y su tendencia es de aumento Sin embargo, estos datos escon-den una realidad aún mucho más grave: que la pobreza se concentra en el campo, y que afecta especialmente a la población indíge-na, lo que denota un país racista y excluyente que incluso ha institucionalizado estos rasgos en sus políticas públicas.

Guatemala es un país sumamente rico en recursos naturales, ubicado en un área geo-gráfica estratégica y con la riqueza cultural de más de una veintena de grupos étnicos. Además cuenta con variados climas, suelos fértiles y abundantes recursos hídricos, lo que ha posibilitado el desarrollo de prácticas agrícolas sumamente desarrolladas y avanza-

das. Esto no sería realidad si no existiera ade-más una relación estrecha de la población con la tierra, que va más allá de lo cultural: abarca la espiritualidad. Para la población campesina guatemalteca, la tierra es mucho más que un medio de producción: es el espa-cio donde desarrollamos nuestra vida, donde socializamos y producimos nuestros alimen-tos, el sustento de nuestra vida y nuestro país.

A pesar del fuerte vínculo con la tierra, la población campesina históricamente ha sido despojada de ella, mediante diversos mecanis-mos: el arrebato violento; la ocupación ilegal; el engaño a las comunidades para generar confusiones jurídicas, o la compra simple, propiciada por situaciones de empobreci-miento que van rompiendo las capacidades de la población para resistir ante estas amenazas.

En general, la pérdida de la tierra por par-te de la población campesina es tan grave que nos ha llevado a ocupar otro último lu-gar continental en la equidad en la posesión de este recurso. La concentración de la tierra en pocas manos, marcado con un índice de Gini de 0.84 –que implica que dos de cada

cien productores posee el 57 por ciento de la tierra, mientras que el 45 de cada cien posee solamente tres por ciento.

La respuesta estatal a esta problemática ha sido seguir la recomendación del Banco Mun-dial: promover el acceso de la población cam-pesina a la tierra mediante la compra de la misma al grupo de familias latifundistas. Este �ensayo, denominado �Reforma Agraria asistida por el mercado, fue un fracaso total en tanto que no se planteó de una forma coherente a las necesidades campesinas y no es integral en sus planteamientos, además de que motivó la corrupción mediante la compra de las peores tierras disponibles a precios exorbitantes. Ante el evidente fracaso de esta opción, posterior-mente se planteó la renta de tierras para que los campesinos tuvieran donde trabajar, sin lograr la propiedad de la tierra. Este ha sido el ensayo que más se ha consolidado, aunque, de nuevo, implica el enriquecimiento de las familias latifundistas, con fuertes costos para el Estado y el mantenimiento de las condicio-nes de pobreza para el campesino.

Hoy día surgen nuevas amenazas para las familias campesinas. La fertilidad de los sue-los y la abundancia de agua, especialmente, han implicado que grandes corporaciones agroindustriales fijen su mirada en el campo

guatemalteco. Éstas, de capital nacional o trasnacional, compran y alquilan las tierras para desarrollar monocultivos orientados a la exportación, básicamente palma africana y caña de azúcar, o cultivos como melón o ba-nano. Además ofrecen comprar el producto a futuro, sin arriesgarse. Estas empresas se in-sertan agresivamente en el campo guatemal-teco, expulsando a las familias campesinas, ocupando su territorio, consumiendo sus recursos y contaminando sus aguas y suelos.

La existencia misma de la población campe-sina se ve amenazada por los grupos de poder que detentan el poder del Estado, promovien-do un campo sin campesinos, una produc-ción alimentaria orientada a la exportación, el cambio en la utilización de semillas y la in-troducción de fertilizantes químicos que de-gradan los suelos y promueven la dependen-cia alimentaria de toda la población nacional.

La respuesta de las organizaciones sociales a estas situaciones es la apertura de un Sistema de Desarrollo Rural Integral, en el cual se centralicen las acciones de acceso a la tierra, de créditos al pequeño productor, de asisten-cia técnica, de diversificación de los cultivos, de almacenamiento de granos básicos y de apoyo a la comercialización. Investigador IDEAR-CONGCOOP

Guatemala

EL CAMPO REZAGADO

SEMBRAR ENABYA YALA

SEMBRAR ENABYA YALA

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Ariel Torres Funes

El golpe de Estado del 28 de junio del año pasado y sus repercusiones

confirmaron que Honduras es una nación con profundas divisiones internas, producto de las desigualdades que se han acumulado durante muchos años. Específicamente las condiciones de vida y productivas que se viven en las zonas rurales de este pequeño país centroamericano son alarmantes; la riqueza económica se acumu-la en pocas manos, mientras 15 personas mueren diariamente por una alimentación insuficiente.

Ocho de cada diez familias campesinas en Honduras no tienen tierras o poseen predios menores de cinco hectáreas, básicamente en zonas de ladera, aisladas de los mercados y de las vías de comunicación. En contraste, uno de cada cien productores posee la tercera parte de las tierras cultivables, por lo general en los valles.

En el agro lo que se vive es una tragedia so-cial y productiva. Mientras los campesinos reclaman tierras para trabajar, el país pierde anualmente unas 108 mil hectáreas por diver-sas razones, entre ellas la deforestación. En unos diez años más, de continuar este mo-delo que privilegia a los grandes ganaderos y explotadores de la madera, Honduras perderá más de dos millones de hectáreas de bosques. Por otra parte, con las actuales políticas pú-blicas, además de los bosques, se avanza ha-cia la desaparición del agua y de los suelos. Según diversos estudios, la zona sur del país en pocos años se considerará semidesértica.

El rezago en las zonas rurales hondureñas es tal que, por ejemplo, los niños más pobres tienen cuatro años promedio de educación, mientras que los más ricos tienen diez años y más. El 42.1 por ciento de los niños campesinos son desnutri-dos, frente a 24.6 por ciento en las zonas urbanas.

Actualmente, el salario agrícola promedio alcanza los 148 dólares, lo que les ajusta úni-camente para cubrir un 49.7 por ciento del total de la canasta básica de alimentos.

Al margen de las cifras, la desigualdad se agrava en los grupos sociales más vulnerables: desde los indígenas hasta las madres solteras. En grupos sociales como los indígenas de la Montaña de la Flor o los tawahkas no existe un solo nativo que se haya graduado de algu-na universidad y pocos son los egresados de educación media. Nacer campesino e indíge-na es tener una vida más cuesta arriba que la del resto de la población –y más si se es mujer.

Es evidente el abandono creciente del cam-po por parte del Estado. Basta señalar que del Presupuesto General de la República se le asig-na menos de dos por ciento a la agricultura, mientras que en 1990 la inversión era del 11.1 por ciento. Resulta paradójico porque, en com-paración con el resto de los sectores económi-cos, el agro es el que más empleos genera: casi 40 por ciento de los puestos de trabajo del país.

A pesar de todos estos hechos, la necesidad de promover reformas profundas en el agro es un debate que rechazan los grupos de po-der en Honduras, pues no les interesa que se cuestione la desigualdad en el acceso a los

recursos productivos. Los terratenientes y gobernantes dicen estar de acuerdo con fo-mentar la agricultura, pero le temen a una transformación agraria, a políticas que pro-muevan la justicia en el campo. “Y es que no es lo mismo: el concepto de agricultura se limita a la producción y productividad de alimentos, mientras que transformación agraria implica cambios políticos, económi-cos y sociales”, comenta Rigoberto Sandoval Corea, uno de los ideólogos de los procesos de la reforma agraria iniciada en los años 60s y que tuvo su auge y declive en los 70s.

“Los gobiernos no hablan sobre la necesidad de impulsar reformas políticas a fondo, bus-car la seguridad alimentaria por medio de la justicia económica, que se reconozca el pa-pel fundamental de la economía social, po-tenciar cambios en las políticas públicas a fa-vor de los pequeños y pequeñas agricultoras; defender el medio ambiente y los recursos na-turales o impulsar una gestión de riesgos que parta desde las aldeas hasta la administración central”, comenta Edgardo Chévez, coordi-nador general del Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), organización miembro de la Campaña por la Agricultura “Vamos al Grano”, iniciativa que se desarrolla además en México y Guatemala.

Pero no existe voluntad política ni interés para resolver el problema de la pobreza rural; los retos por mejorar las condiciones de los y las campesinas no se ven reflejados en los pla-nes de país definidos por los gobiernos, cuyo enfoque neoliberal sólo contribuye a profun-dizar las desigualdades sociales y económicas. Para el caso, el término de “reforma agraria” ni se menciona en el Plan de Nación presen-tado por el presidente Porfirio Lobo Sosa.

Ante esta inoperancia, el panorama empeora si le agregamos los nuevos elementos que ca-racterizan el agro hondureño, entre ellos la presencia intimidante de bandas delincuen-ciales, como el narcotráfico que se vuelve un terrateniente más ante la incapacidad insti-tucional para detenerlo. O el impacto nega-tivo y devastador del cambio climático, que afecta con mayor fuerza a los pequeños y pe-queñas agricultoras. Naturalmente, son los pobres, sin acceso a los espacios de participa-ción y decisión, quienes se ven cada vez más afectados ante estas realidades agrarias. Ofi cial de Medios y Comunicación de la Campaña por la Agricultura “Vamos al Grano” en Honduras

Honduras

UNA TRAGEDIA SOCIAL

Nicaragua

SEGURIDAD JURÍDICA PARA LA TIERRA DE LOS INDIOS

SEMBRAR ENABYA YALA

SEMBRAR ENABYA YALA El momento actual

de los indígenas de Nicaragua está dividido en

dos. Por un lado están los pueblos de la Cos-ta Atlántica, que históricamente han perma-necido en sus territorios y están en medio de un proceso gubernamental de titulación de sus tierras, lo cual les da seguridad jurídica –aunque también genera un capítulo de ne-gociación con colonos no originarios.

Y por otro están los indígenas del Pacífico y del centro quienes desde la Colonia han ve-nido siendo despojados de sus tierras (sufrie-ron confiscaciones durante el gobierno de Anastasio Somoza y la Reforma Agraria tam-bién les afectó parte de sus territorios). Estos pueblos, de las etnias matagalpa, chontal y nahoa vislumbran caminos legales para re-cuperar tierras, pues el Estado de Nicaragua firmó recientemente, en mayo de este año, el Convenio 169 de la Organización Interna-cional del Trabajo (OIT), el cual reconoce los derechos territoriales y a la autodetermi-nación de los pueblos indígenas y tribales.

María Hazel Law Blanco, indígena miskita, precisa que desde 2006 el gobierno de Nica-ragua ha venido extendiendo títulos de las

tierras de la Costa Atlántica a los pueblos in-dígenas y afrodescendientes miskito, rama, creole y garífuna y “podemos decir que están adquiriendo seguridad jurídica”. Esto, obvia-mente no resulta fácil, pues por ejemplo en la Región Autónoma Sur, compartido por ramas y creoles, hay dificultades en la defi-nición de las fronteras.

Además se ha abierto un nuevo capítulo, en que los pueblos indígenas deben negociar con los colonos que se han asentado en sus tierras a lo largo de años. Hay algunos, sobre todo los que viven allí desde hace tres o cua-tro décadas, que no implican problema, pues se ha establecido con ellos una convivencia armónica, no obstante que son mestizos. Pero hay otros, que llegaron y con artimañas se asentaron allí en los años 90s. “De acuer-do con la Ley de Intendencia y Propiedad, habrá que ver con cuántos de ellos se llega a

acuerdos, que pueden ser de arrendamiento, alquiler, o que salgan del territorio si no hay posibilidad de convivencia”.

En Kukalaya, en la región autónoma del Atlán-tico Norte, hay gente que llegó allí para explotar la madera, y lo hizo con artimañas. La comuni-dad ha dicho que no quiere a esos colonos.

La entrevistada comenta que en total, las etnias del Atlántico y Pacífico-centro repre-sentan alrededor de 15 por ciento de la pobla-ción nacional.

Señala que más allá de lo que está ocurrien-do con la tenencia de la tierra, un desafío importante que tienen es recuperar la capa-cidad productiva, debido a que la mayoría de las comunidades de la Costa Atlántica fue-ron devastadas totalmente por los huracanes Beta, de 2005 y Félix de 2007. Y los efectos siguen presentes.

En este marco, los indígenas nicaragüenses están buscando encarar el tema del “buen vi-vir”, que es el desarrollo con identidad y con respeto a la Madre Tierra (LER).

Ocho de cada diez familias

campesinas en Honduras no

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básicamente en zonas de ladera,

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Desde 2006 el gobierno de

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Con más de 285 mil indígenas registrados en el censo de

2000, y con ocho etnias, los pueblos origi-narios representan diez por ciento de la po-blación total de Panamá, y hoy día tienen 23 por ciento del territorio nacional reconocido oficialmente como posesión de sus comar-cas, lo cual representa un elemento de van-guardia en las movilizaciones indígenas del continente Americano.

De acuerdo con José Isaac Acosta, director nacional de Política Indígena del Ministerio de Gobierno y Justicia, estas demarcaciones iniciaron con un primer reconocimiento gu-bernamental en 1953, otros más en 1980 y los más recientes a fines de 1990 y significan la definición de casi todo el territorio indígena y el respeto de las leyes específicas de cada etnia. Además el gobierno, mediante decreto ejecutivo, reconoce a las organizaciones ad-ministrativas tradicionales internas.

La situación que viven hoy los indígenas en Panamá –quienes en su gran mayoría son del pueblo kuna, pero también de las etnias emberá, buglé, bokota, wounaan, ngöbe, naso-ñteribe y bri-bri– es algo que hubiera sido impensable hace 15 años, señala el fun-cionario entrevistado, quien se identifica como buglé.

“Además de la demarcación, en los cinco años recientes se han venido aplicando pre-supuestos de inversión para que los indíge-nas mejoren sus niveles de vida, que tengan

acceso a servicios básicos, como educación, salud, comunicación, etcétera”, pues como en todo el continente, en Panamá los indíge-nas arrastran una pobreza ancestral.

“No es justo que los hijos de los indígenas sean sólo trabajadores no calificados. Ameri-ta que sean también profesionales de prime-ra línea. Y que participen y se eduquen en las mejores universidades locales e internacio-nales. Esa es la visión que tiene el gobierno del presidente Ricardo Martinelli.

Según el entrevistado, Panamá está entran-do en procesos democráticos que benefician a los indígenas. “En estos momentos, por ejemplo, se desarrolla un proyecto hidro-eléctrico en una zona que está fuera de área comarcable (a lo largo del Río Changuinola, en la provincia Bocas del Toro), y sin embar-go, dado que allí existen comunidades indí-genas, el gobierno ha solicitado a la empresa inversionista (la trasnacional AES) sentarse en una mesa de trabajo y ha solicitado a las comunidades que escojan a sus representan-tes auténticos. Y el Estado participa en la mesa. Los tres actores han acordado que los

beneficios del proyecto lleguen a la comuni-dad indígena, al grado que se ha establecido un mecanismo de fideicomiso para las fami-lias, cosa que 15 o 20 años atrás no hubiera sido posible.

“Esto manda un mensaje al mundo y tam-bién al pueblo panameño indígena de que los derechos adquiridos y los derechos histó-ricos que ellos demandan serán respetados y serán participes al momento que le gobierno inicie cualquier proyecto de envergadura.”

Cabe decir, sin embargo, que versiones pe-riodísticas muestran que este proyecto ha sido sumamente controvertido y que incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó en junio de 2009 suspender la obra debido a una denuncia presentada un año atrás por el pueblo ngöbe, por los daños que el proyecto causa a sus bie-nes, honra y cultura.

Según el entrevistado, los indígenas además están en puestos de representación y gobierno. “Tenemos cinco diputados (indígenas) hoy día; gobernadores y gobernadoras indígenas, alcaldes indígenas, las direcciones nacionales de salud pública, de protección al medio am-biente y de política indígena están en manos indígenas. No ha sido un logro fácil. Sino que los indígenas han asumido compromisos”.

Los pueblos indígenas de Panamá tienen sus formas de autoridad propias; tomadas originalmente del modelo de los kuna, estas formas implican congresos generales, caci-ques y autoridad comunitaria. En las leyes comarcales se acuerda la administración de justicia y resolución de conflictos según su cultura, las formas de uso y usufructo de la tierra y la educación bilingüe y se garantiza la representación política de las comarcas en la nación. Estas formas de autoridad, señala Acosta, son respetadas (LER).

Panamá

BRINDAN RESPETO A LAS AUTORIDADES INDÍGENAS

Venezuela

PUEBLOS ORIGINARIOS EN EL OJO DEL HURACÁN

SEMBRAR ENABYA YALA

SEMBRAR ENABYA YALA Cuando los espa-

ñoles coloniza-ron Venezuela, reconocieron

sólo cuatro pueblos indígenas; hoy día el gobierno de Hugo Chávez reconoce 40 y los propios indígenas dicen que son 42. El más reciente censo de comunidades indígenas del país, de 2001, señala que suman casi 540 mil los originarios y representan 2.3 del total de la población.

De acuerdo con David Hernández Palmar, del pueblo wayuú y miembro del Colectivo Creador de la Muestra de Cine Indígena de Venezuela, es un hecho que los pueblos originarios “gozamos de una prioridad” en el actual gobierno chavista: “tenemos un Mi-nisterio de Pueblos Indígenas y un Departa-mento permanente para Asuntos Indígenas en la Asamblea Nacional”.

Pero también es cierto que estos pueblos es-tán en el ojo del huracán, dentro de los pro-cesos políticos y económicos complicados de Venezuela. Es el caso por ejemplo del pueblo wayuú, presente tanto en Venezuela como en Colombia. En Venezuela están en el esta-

do de Zulia; pertenecen a cinco pueblos, de los cuales tres son fronterizos con Colombia. “Zulia es el lugar de donde se extrae 70 por ciento del petróleo venezolano, es el estado opositor de (del gobierno de) Venezuela, es el estado paramilitar de Venezuela, es don-de hay mayor número de ganaderos del país. Hay muchas complicaciones, y cuando se habla de pueblos indígenas, surgen muchos intereses, guerrilla, paramilitares, políticos, ganaderos, politiqueros...”.

Asimismo, el pueblo yukpa, también presen-te en Zulia, en la Sierra de Perijá, enfrenta una situación difícil. “Ellos han querido ha-cer reocupación de sus tierras, han reocupa-do haciendas, y mucha gente en Venezuela

cree que Chávez los apoya en esta reocu-pación, lo cual es totalmente falso, porque Chávez tiene conciencia del conflicto que se formaría a nivel social (...) A los yukpa los iban a juzgar bajo las leyes del sistema occidental, no obstante que tenemos una ley orgánica de pueblos indígenas y se había pasado por alto que debían ser juzgados por sus propios usos y costumbres y en su lengua. Ahorita ya se está visibilizando esta ley, y se les va a juzgar por medio de ésta. Los indíge-

nas estaban siendo acusados de cosas que no habían hecho, por ejemplo de robar ganado, de asesinato, etcétera, y se ha dicho incluso que el asunto era sólo una pelea doméstica entre indios”.

“Todas estas situaciones son difíciles, pero el hecho de que nos mantenemos cantando, cocinando, caminando, viviendo, es un acto de resistencia, que molesta muchos intereses dentro y fuera de Venezuela, incluidos inte-reses colombianos y de Estados Unidos.

El caso es que el avance de derechos for-males de los indígenas ha permitido que la polarización de la sociedad, que siempre ha existido entre indígenas y su pensamiento humanista o de otredad y gente que defiende el modelo capitalista, neoliberal, hoy se haga más visible. “Antes esa polarización era ver-tical. Los indígenas estábamos abajo. Ahora nos han igualado y estamos de tú a tú, pues incluso los indígenas tenemos acceso a los medios. Esto crea un clima de tensión “que nunca pensamos experimentar”.

Un reto para los indígenas venezolanos está en el tema de soberanía alimentaria, dice David Hernández. “Hemos vivido el paterna-lismo petrolero. Y dependimos mucho tiem-po de alimentos y otras cosas importadas –el petróleo da plata para eso– a tal grado que es hoy muy difícil detectar la identidad venezo-lana. Apenas estamos aprendiendo a sembrar nuestra propia comida” (LER).

Zulia es el lugar de donde se

extrae 70 por ciento del petróleo

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Luis Felipe Rincón

Los resultados de la reciente votación en Colombia para elegir al presidente

del próximo cuatreño abren muchas interro-gantes, principalmente para el ámbito rural del país y en especial para los miles de pequeños productores, campesinos, indígenas y afroco-lombianos que componen el grueso del sector.

En el mandato del presidente Álvaro Uribe (2002-2010) el país alcanzó un alto grado de polarización política y social, promovi-do por el discurso oficial, que orientó toda la atención en la lucha contra el llamado te-rrorismo y por sus políticas que tuvieron un claro sesgo a favor de los conglomerados eco-nómicos, agroindustriales y terratenientes, y que concentraron en la figura presidencial el poder político y económico del país.

Digo el “llamado terrorismo” porque a pesar que el país enfrenta un conflicto interno ar-mado desde hace más de cinco décadas, que tiene profundas raíces políticas y económicas, el gobierno central niega la figura de belige-rancia a los diferentes grupos guerrilleros alza-dos en armas y les da el apelativo de terroristas.

El actual período presidencial que culmina-rá el próximo 20 de julio cerrará un ciclo de ocho años, donde el país y la región atestigua-ron como nunca antes una enorme ofensiva militar que tuvo como justificación la lucha frontal contra la insurgencia armada y el nar-

cotráfico –como su principal fuente de finan-ciación–. La política de seguridad democráti-ca, aplicada bajo un esquema de persecución política y criminalización social, limitó los derechos ciudadanos y las garantías civiles que cualquier Estado democrático debe respetar. Este modelo exigió al país destinar cerca de 3.8 por ciento de su producto interno bruto al gasto militar, consolidándolo con un pie de fuerza de 373 mil efectivos, el más grande de la región. Alrededor de 80 por ciento de los servi-dores públicos son parte del sector de Defensa.

En políticas económicas se desarrollaron reformas laborales que favorecieron la fle-xibilidad laboral, disminuyendo el ingreso real de los trabajadores vía salario, y crean-do condiciones de exención impositiva para garantizar la inversión extranjera en el país, lo cual se tradujo en números positivos de crecimiento económico pero negativos en generación de empleos, de modo que en la actualidad cerca de 60 por ciento de los trabajadores están en el subempleo o con empleos informales o mal remunerados. De cada cien hogares, 46 están en condición de pobreza y 18 de ellos en la indigencia.

La política social para el sector rural se carac-terizó por una marginal atención a la grave crisis humanitaria que el país vive a causa del conflicto armado interno que ha dejado mi-llones de familias desplazadas y desterradas. En el ámbito agrario fueron constantes los escándalos que emergieron a la luz pública por la corrupción para favorecer a empresarios agroindustriales y en el plano económico se dio una profundización del modelo neoliberal.

El actual modelo agrario del país ha con-ducido a una profunda crisis donde el sector viene perdiendo cada vez más su vo-cación productiva como consecuencia de la masiva importación de productos agrícolas, que pasó de 4.3 millones de toneladas en 2002 a más de 9.8 millones el año pasado. El modelo se centra en generar las condiciones propicias para el libre mercado y en favore-cer el sector agroindustrial, principalmente a productores de biocombustibles, caña de azúcar y de flores. La entrega a un selecto grupo de empresarios de la palma africana de un predio de 17 mil hectáreas a cambio de beneficiar a 80 familias desplazadas por la violencia en un episodio que se dio a conocer como Carimagua; o la entrega de subsidios a políticos, reinas de belleza y em-presarios regionales por medio del Programa Agroingreso Seguro –que tenía por objetivo proteger a los productores del campo ante las distorsiones derivadas de los mercados– re-flejan el trato que se dio a la política agríco-la y a los sectores campesinos y de pequeña economía históricamente excluidos.

En el plano social la situación del sector no es más alentadora. Enmarcadas en un con-flicto interno armado que ostenta la guerri-lla más antigua del mundo, las sociedades rurales han debido sufrir consecuencias del embate de las fuerzas del Estado y los grupos paramilitares en su supuesta guerra contra el

terrorismo y el narcotráfico en la década re-ciente. A pesar de los ingentes recursos inver-tidos en estas acciones, el objetivo de lograr la paz sostenida está lejos de conseguirse. Y cerca de 3.5 millones de campesinos, indí-genas y afrodescendientes han quedado en condición de desplazamiento forzoso, y 500 mil están refugiados en Ecuador, Venezuela y Panamá. En suma han debido abandonar algo más de cuatro millones de hectáreas, que actualmente se encuentran en posesión de sus victimarios o tienen como destino la explotación agroindustrial.

En el futuro cercano no se avizoran señales de cambio para el país. Con una clara venta-ja sobre su más cercano contendiente, el can-didato oficialista en las elecciones presiden-ciales, Juan Manuel Santos se postula como el más seguro ganador en la segunda vuelta, y desde ya advirtió que continuará de las políti-cas económicas, militares y sociales de Uribe.

La tenencia improductiva de la tierra, la agudización del modelo económico neolibe-ral, la intensificación del conflicto armado interno, la polarización política y la crimina-lización de todas las expresiones de protesta y resistencia social son algunos de los rasgos de la actualidad rural del país. Las comuni-dades campesinas, indígenas y afro han de-cido hacer frente a esta situación de agobio con una gran Minga de Resistencia Social y Comunitaria que exige: el cumplimiento de acuerdos firmados pero ignorados por dife-rentes gobiernos durante años; el cambio del modelo económico y de la actual legislación del despojo; que se garantice el derecho a la vida; el acceso a tierras y el respeto a los te-rritorios y la soberanía. También reclama la construcción de una agenda común y nacio-nal de los pueblos. De este modo la Minga ha puesto a caminar la palabra para que la esperanza persista.

Los 102 pueblos in-dígenas de Colom-bia –integrados por casi un millón 400

mil personas– están bajo una serie de fuegos reales y metafóricos, que ponen en riesgo su sobrevivencia. El sufrir pobreza y discrimi-nación históricas y el estar en medio del en-frentamiento de más de cuatro décadas entre grupos guerrilleros y fuerzas de seguridad y paramilitares, pone a estos pueblos en situacio-nes límite, que son agravadas además por las multinacionales “que se están apropiando de los recursos hídricos, ambientales y minerales”.

De acuerdo con José Vicente Otero Chate, coordinador de Comunicación y Relaciona-miento Externo del Consejo Regional Indíge-na del Cauca (CRIC), “existe un plan de muer-te contra los pueblos indígenas” en Colombia.

“Hay un verdadero genocidio de los indíge-nas: 75 por ciento de nuestros niños padecen desnutrición; 32 pueblos están en extinción porque poseen entre 22 y 200 miembros y la pérdida de estos pueblos tiene su origen en el conflicto armado, el narcotráfico, las multi-nacionales, la militarización y el olvido estatal –como lo ha consignado Amnistía Internacio-nal–. A causa del enfrentamiento de la gue-rrilla y las fuerzas militares y paramilitares,

tan sólo entre 2002 y 2009 mil 400 indígenas murieron, 90 fueron secuestrados y 195 sufrie-ron desaparición forzosa, además de que hubo cuatro mil 700 amenazas colectivas”.

Un indicador más de la estrategia de guerra que sufren los indígenas es que miles han de-bido desplazarse de sus tierras –que son zo-nas de intenso conflicto militar y ricas en bio-diversidad, minerales y petróleo– y otro más es que a los niños indígenas se les niega la educación, pues las partes en el conflicto de guerra ocupan escuelas como bases militares.

Otero Chate considera que la militarización de las zonas indígenas va en ascenso porque el go-bierno de Álvaro Uribe busca someter y obligar a la gente a salir de los territorios autónomos

para entregarlos al capital trasnacional. Ello, al tiempo que negocia tratados de libre comercio sin consultar a los pueblos indígenas. Además, el control territorial de los indígenas se vuelve sumamente difícil con la infiltración del nar-cotráfico, que ha incrementado la violencia y la desobediencia a las autoridades comunales.

“Creo que la estrategia de guerra del gobier-no colombiano ha sido precisamente aniqui-lar todos los procesos sociales, especialmente los indígenas, pues cada vez que hablamos de autonomía, identidad, territorialidad, cultura, hablamos de principios cosmogónicos, y eso es muy molesto para el gobierno de turno (...) de allí vienen las militarizaciones, las perse-cuciones y más cuando hay una alianza en entre el gobierno colombiano y multinacio-nales que han entrado fuertemente a nuestro territorio con el interés de saquear lo que nos queda, la riqueza ambiental y minera. Como nuestros territorios han sido cuidados de for-ma milenaria, hay una conservación intacta y vienen para llevarse eso. Hay una alianza de compra y venta de recursos naturales”.

Los pueblos indígenas han diseñado sin embargo mecanismos de defensa, como es “la Movilización por la Dignidad, esto es la Minga de Resistencia Social y Comunitaria”; están buscando establecer una “guardia in-

dígena”, que sería un sistema de seguridad propia sin uso de armas; exploran la posi-bilidad de crear un ”parlamento indígena y popular de los pueblos”, pues “más de 50 por ciento de los miembros del Congreso en el país están manchados con sangre del para-militarismo y no nos representan”, y están ar-mando una “propuesta de paz integral, que busca una paz no restringida, la liberación de la Madre Tierra, la inclusión social, la au-todeterminación de los pueblos, el respeto a los derechos humanos y a un modelo econó-mico alternativo y la solución negociada al conflicto armado”, señaló Otero. (LER)

Colombia

EL CAMPO QUE DEJA URIBE TRAS OCHO AÑOS DE GOBIERNO

Colombia

SOBREVIVENCIA INDÍGENA EN RIESGO

Cerca de 3.5 millones de

campesinos, indígenas y

afrodescendientes han quedado

en condición de desplazamiento

forzoso, y 500 mil están refugiados

en Ecuador, Venezuela y Panamá

SEMBRAR ENABYA YALA

SEMBRAR ENABYA YALA

75 por ciento de nuestros niños

padecen desnutrición; 32 pueblos

están en extinción porque poseen

entre 22 y 200 miembros y la

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Fernando Larrea

La presencia cam-pesina, siempre constante y persis-tente, unas veces

silenciosa, otras elocuente en la movilización y lucha por sus demandas frente al Estado y la sociedad, ha sido una característica del campo ecuatoriano durante las dos décadas recientes. Esparcidas en los múltiples y diver-sos agro-ecosistemas del Ecuador, las peque-ñas parcelas campesinas configuran el paisa-je rural, ya sea en las comunidades indígenas de altura de los Andes, en los valles serranos, en las estribaciones de la cordillera, en las zonas de bosque seco subtropical, o en las tierras bajas tropicales húmedas de la costa.

Los campesinos no han sido ajenos sin em-bargo a las agudas transformaciones que ha experimentado el campo ecuatoriano en el proceso de modernización y desarro-

llo capitalista de la agricultura. Así, con un limitado acceso a los recursos productivos, precios bajos de sus productos y condiciones de pobreza, las agriculturas campesinas con-trastan fuertemente con la expansión de la agricultura capitalista en gran escala, susten-tada por empresas agropecuarias orientadas primordialmente hacia la agro-exportación y la agroindustria. Este contraste se expresa al observar los niveles de concentración en la tenencia de la tierra y la multiplicación del minifundio. Así, a pesar de las reformas agrarias realizadas en las décadas de 1960 y 1970, el más reciente censo agropecuario, de 2000, constató que mientras 43 por ciento de productores rurales con propiedades menores a dos hectáreas apenas controlaba el dos por ciento de la tierra cultivable, las propieda-des mayores a cien hectáreas representaban 43 por ciento de las tierras cultivables y co-rrespondían solamente al dos por ciento de productores. El índice de Gini, que mide los niveles de concentración y desigualdad, co-rresponde en este caso a 0.81; es uno de los más altos de América Latina. La brecha en-tre los campesinos y la agricultura capitalista se agudiza más al considerar la calidad de la tierra ocupada, los niveles de inversión de ca-pital y la concentración de otros recursos pro-ductivos como el agua y el acceso al crédito.

Las políticas agrarias desplegadas por el Es-tado ecuatoriano durante las dos décadas pasadas tuvieron un claro corte neoliberal y anticampesino. Enterraron el proceso de Re-forma Agraria y favorecieron declaradamente

la expansión de las empresas capitalistas vin-culadas a la agro-exportación y la agroindus-tria, mediante la liberalización del comercio, la apertura de importaciones de materia pri-ma e insumos, la eliminación de subsidios a la producción de alimentos para el mercado interno y la liberalización de precios de los productos agropecuarios. En la lógica neoli-beral los campesinos no fueron considerados en su rol como productores, por lo tanto eran sujetos prescindibles de las políticas agrarias y quedaron relegados a ser receptores de pro-gramas sociales asistenciales, orientados a pa-liar los efectos del modelo económico.

La expansión de la agricultura y la agroindus-tria capitalistas no se produjo ni se desarrolló al margen de la existencia y la presencia cam-pesina. Continua y cotidianamente el capital, en su incesante afán de contar con mejores

condiciones de acumulación, domina, explo-ta y subordina a las agriculturas campesinas. En unos casos como proveedores permanen-tes o eventuales de fuerza de trabajo barata en los agro-negocios dedicados a la exporta-ción, por ejemplo en empresas florícolas en la sierra y bananeras en la costa. La parcela doméstica y la producción de alimentos para el autoconsumo se convierten en estos casos en el refugio en el que descansa una parte importante de la subsistencia familiar.

En otros casos las empresas agroindustriales incorporan a los campesinos como produc-tores a domicilio para la provisión de materias primas para estas empresas. Se trata aquí de productores “integrados” bajo diversas formas de contrato, convertidos así en jornaleros en sus propias parcelas, por ejemplo en la producción de maíz duro para la industria avícola y cárnica o de tabaco para las empresas tabacaleras. Tam-bién tenemos los casos de subordinación al ca-pital comercial y de control de los procesos pro-ductivos campesinos cuando ellos entran en el círculo de la dependencia tecnológica que les convierte en compradores de insumos agro-químicos caros y vendedores de sus productos baratos por debajo de sus costos de producción.

Sin embargo, la persistencia campesina y su férrea voluntad de mantenerse en el campo también construyen cotidianamente ele-mentos de resistencia económica, social y cultural a las condiciones de dominación y explotación capitalista. Mientras estas con-diciones prevalezcan, el campo ecuatoriano continuará siendo el escenario de las luchas y levantamientos de las organizaciones cam-pesinas e indígenas, ahora con nuevos desa-fíos que se agregan, como la posible expan-sión de la minería en territorios campesinos o los cambios climáticos adversos que agudi-zarán la escasez de los recursos.

Los indígenas de Ecuador –30 por ciento de la pobla-ción, según cifras

oficiales, pero casi 40, de acuerdo con cálculos independientes– “se están yendo a las calles, a movilizarse”, para enfrentar embates del gobier-no, que ponen en riesgo los recursos naturales, en particular el agua, y que buscan desarticular la unidad de las organizaciones indígenas.

Luis Gilberto Guamangate, miembro de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), afirma que el presi-dente Rafael Correa Delgado, “ha perdido su horizonte, su norte, y eso es una traición para con los indígenas”, pues su gabinete, infiltra-do en 80 por ciento por la derecha y extrema derecha, está tomando acciones (por medio de legislaciones) para dar marcha atrás a la Constitución, la cual en 2008 incorporó “los derechos de la naturaleza” gracias a la influencia definitiva de las agrupaciones in-dígenas en el proceso constituyente.

“La actual Asamblea está impulsando leyes que van en contra de la Constitución y esto representa un peligro. Sin embargo, la Cons-titución es un libro macro, y apelamos a ella, estamos dando una lucha dura, y eso genera

polarización en el país (...) El gobierno está utilizando instancias públicas para dividir al movimiento indígena (pero) acabamos de fir-mar un acuerdo monolítico las tres organiza-ciones (del país): la Conaie, la Federación de Evangélicos del Ecuador y la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin). Hemos vivi-do 500 años de dificultades, tendremos que seguir luchando y nuestra única arma es la organización, la minga, la unidad. Vamos a seguir presentando proyectos alternativos de desarrollo que a la larga queremos que sean sustentables (...), señaló Guamangate, quien fue asambleísta constituyente en 2008.

Destacó entre los embates legislativos, el relati-vo al agua. “Por medio de la Ley de Agua se ha determinado que el Estado maneje todo con una autoridad única; con ello se acaba con las juntas de agua en el país de un solo porrazo, a pesar de que fueron fundadas y organizadas por el movimiento indígena y sin aporte del Estado (...) Esto es un problema porque, no di-gamos el actual gobierno, sino los posteriores, podrán hacer lo que quieran, y las concesiones de agua de las haciendas hoy por hoy no se han revisado: sigue 80 por ciento de ellas en manos de los floricultores y otros grupos de poder y las comunidades no hemos sido beneficiados.

“Por ejemplo, en la población de Pomasqui, en Quito, hay una hacienda de la policía na-cional que tiene 80 por ciento de la conce-sión del agua y los 120 mil habitantes tienen sólo el 20 por ciento, y esto sucede en todas las provincias del país, en Cotopaxi, en Imba-bura... Queremos que en la ley se integre un transitorio para que se revisen las concesio-nes, pero también para que el agua no sea ad-ministrada por el gobierno sino por un conse-jo plurinacional, donde estén presentes todas las organizaciones, no sólo las indígenas.”

Otro embate del gobierno se observa en el in-terés por dividir al movimiento indígena: van a los pueblos y llegan con proyectos direc-tos a la gente y a las familias sin respetar los procesos organizativos de las comunidades, de las juntas parroquiales. Eso es un peligro para la unidad indígena, sobre todo porque es población muy vulnerable, muchos ca-recen de recursos productivos –no hay una sola política pública que dote de tierra a los pobres–; muchas comunidades se asientan en los páramos o en los nacimientos de agua.

Pero no todo es negativo, destacó el entre-vistado. En el rubro de la soberanía alimen-taria, los indígenas están registrando logros. Impulsan el regreso al consumo de produc-tos naturales autóctonos, “como los tuvieron nuestro aborígenes”.

“Esta lucha ha logrado traspasar en algo las barreras de las instancias públicas. Tanto así que el Programa Aliméntate Ecuador co-mienza por lo menos a comprar alimentos

de las regiones del país, antes se importa-ban”. Iniciativas indígenas están prosperan-do, como la de pensar en la producción sana ligada a la conservación del medio ambien-te y en la salud de los ecuatorianos. “Con el apoyo de ciertos organismos internaciona-les, se han hecho foros, ferias, exposiciones, y la gente va haciendo cada vez más con-ciencia” (LER).

Ecuador

PERSISTENCIA CAMPESINA Y AGRICULTURA CAPITALISTA

Ecuador

CONCULCAN LA CONSTITUCIÓN EN LEYES SECUNDARIAS

Con un limitado acceso a

los recursos productivos,

precios bajos de sus productos

y condiciones de pobreza,

las agriculturas campesinas

contrastan fuertemente con

la expansión de la agricultura

capitalista en gran escala

SEMBRAR ENABYA YALA

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Guillermo Almeyra

Desde el norte hasta el sur la América Lati-na campesina e

indígena protesta y se moviliza contra los in-tentos de despojar a los pueblos y a los países de los bienes comunes –bosques, agua, biodi-versidad– así como de exacerbar la depredado-ra política minera, extractiva, tanto en el caso de los minerales y de los combustibles como en el de la misma agricultura de monocultivo.

Todos los medios rurales sienten, además, los efectos terribles del recalentamiento am-biental, de la desertificación, de la desapari-ción de especies vitales para la reproducción vegetal y animal (como las abejas o las ma-riposas, esenciales para la polinización, que en Sudamérica están en peligro de extinción debido a las fumigaciones de los soyeros).

La destrucción ambiental producida por las emisiones de gases de la industria y de la agroindustria capitalistas está expulsando a cientos de miles de habitantes de los medios rurales, donde falta agua para la agricultura, u otros tantos que deben huir de las zonas cos-teñas debido a la contaminación y al peligro de tornados y huracanes cada vez más fuertes y destructivos, así como de inundaciones.

La lucha directa contra el robo de los recur-sos naturales y la depredación del territorio se une así a una lucha ambientalista que es política porque se enfrenta a los intereses y las políticas del capital y, muchas veces, con-tra los gobiernos.

Por ejemplo, en Guatemala los campesinos y las poblaciones indígenas quiché combaten exitosamente en defensa de su territorio y del agua, que una compañía minera canadiense explotadora de oro quiere contaminar lavando el mineral con gran cantidad de arsénico. Ese combate comunitario, al igual que en otras partes del mundo rural latinoamericano, cuen-ta con el apoyo de las autoridades eclesiásticas locales y de estudiantes y sectores de clase me-dia mestizos de las localidades afectadas por la agresión ambiental al territorio y por el inten-to de despojo del agua. Se ha formado así un frente común entre esos sectores y las comuni-dades indígenas, lo que permite tener mayor peso para presionar a nivel político nacional.

En Honduras, al mismo tiempo, el Movi-miento Nacional de Resistencia prosigue vigoroso, a pesar de los asesinatos de acti-vistas y de periodistas que informan sobre los hechos. A la defensa del ex presidente

Manuel Zelaya, depuesto por un golpe de Estado cívico-militar de la oligarquía (con la complicidad del Departamento de Esta-do estadounidense), el Movimiento añade ahora reivindicaciones agrarias, sociales y, sobre todo, la exigencia de una asamblea constituyente que determine cuál debe ser la estructura política del país y su política eco-nómica. Ese movimiento unifica sindicatos obreros, intelectuales, maestros, organizacio-nes indígenas y centrales campesinas.

En Nicaragua y El Salvador, países de gran emigración hacia Estados Unidos (EU) y que sufren una fuerte sequía, las crecientes dificul-tades que encuentran los inmigrantes en EU ante el aumento del racismo y de la xenofobia, que se expresa en la ley votada en Arizona, y la disminución de las remesas de los emigrados han hecho aumentar la tensión social en las zonas rurales de ambos países, a pesar de que cuentan con gobiernos de centro-izquierda.

Mientras los indígenas y los campesinos colombianos sufren por las matanzas pro-vocadas por los paramilitares aliados del gobierno de derecha, con su secuela de des-plazamientos masivos de población hacia las ciudades en busca de una vida más segura, en Venezuela los campesinos de la región del Orinoco enfrentan el reto de responder al crecimiento de un polo industrial en la zona y, los de otras regiones a la necesidad de sustituir con sus productos la reducción del volumen de alimentos importados des-de la vecina Colombia, debido a la tensión provocada por el gobierno de Bogotá al ins-talar siete bases militares estadounidenses en territorio colombiano, desde las cuales se puede atacar cualquier punto de Sudamérica y del Caribe. De este modo, mientras en Co-lombia los habitantes de los medios rurales tratan de sobrevivir en condiciones de cruen-ta guerra civil, en Venezuela se plantea el de-sarrollo de la producción de las cooperativas.

En Brasil sigue la lucha de los campesinos y de los ecologistas contra el agronegocio, con su monocultivo destructor del territorio y que no absorbe mano de obra. El Movimiento de los Sin Tierra (MST) continúa exigiendo tierras, que el gobierno entrega con extrema lentitud y a cuentagotas y, por consiguiente, el MST asu-me una posición crítica frente al gobierno de centro-izquierda y mantiene independiente-mente su política de ocupación de latifundios para poner a trabajar en ellos a los campesinos y sus familias que carecen de tierras.

En el vecino Paraguay, toda la parte norte del país está conmovida por movimientos agrarios y la derecha impuso en el Parla-

mento la declaración de la suspensión de las garantías constitucionales en la región con el pretexto de combatir con el ejército a un supuesto grupo guerrillero y, sobre todo, para desestabilizar al gobierno del ex obispo Fernando Lugo, cuya base principal está en esa zona. En realidad, lo que sucede es que grupos de campesinos guaraníes ocupan tie-rras de los terratenientes paraguayos, “bra-siguayos” o argentinos que en la zona eran hasta ahora señores de horca y cuchillo. De modo que en el norte del Paraguay, en la frontera con Brasil, se combinan la contra-rrevolución agraria preventiva de los terrate-nientes amenazados por los campesinos y la toma de tierras con el golpismo derechista, a la hondureña.

En la costa del Pacífico, en Ecuador, el poderoso movimiento indígena –la Con-federación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE), con su partido, el Pachakutik– tiene contradicciones con el gobierno democrático y antiimperialista de Rafael Correa, sobre todo en lo que respec-ta al uso del agua y de los recursos naturales presentes en las zonas indígenas que, según la nueva Constitución impulsada por el pre-sidente, pertenecen a los pueblos originarios. La CONAIE exige ser consultada antes de redactar ningún proyecto de ley y cortó las carreteras ante un proyecto de ley de aguas que el gobierno terminó retirando en la últi-ma semana de mayo, para discutir mejor un proyecto común con los indígenas. En Perú, en junio del 2009, el gobierno derechista de Alan García perpetró otra nueva matanza de campesinos indígenas en Bagua, en la Ama-zonía peruana, en un intento de despojar a los pueblos originarios de los bienes comu-nes. Los campesinos e indígenas peruanos están en movilizaciones continuas, de un extremo al otro del país, por tierras y por sus derechos pisoteados.

En Chile el reciente y terrible terremoto gol-peó sobre todo a las regiones y poblaciones más pobres y desprovistas de medios y, por lo tanto, a los indígenas de la Araucania en lucha y a los campesinos pobres de Bío Bío. El gobier-no de Sebastián Piñera ha debido reconocer a los primeros, aunque no ha hecho ninguna oferta concreta para responder a la lucha secu-lar de los mapuches en defensa de su cultura, sus tradiciones, derechos y territorio. Dada la destrucción de la economía y de las infraes-tructuras y fuentes de trabajo del sur chileno, decenas de miles de campesinos están optan-do por la migración a la Argentina mientras exigen la reconstrucción del territorio.

En Argentina misma, a la resistencia de los pequeños campesinos contra el despojo de sus tierras por los soyeros se unió la reivindicación masiva de los pueblos indígenas que hicieron marchas multitudinarias de casi dos mil kiló-metros hasta la capital, donde confluyeron, con el apoyo popular, en una movilización cuyo único precedente se registró en 1946.

Por último, en Bolivia, donde los campesi-nos e indígenas son mayoría en el gobierno, el Parlamento, las autonomías y los municipios, el gran desafío es combinar la construcción de un Estado y una economía nacionales con el desarrollo del poder democrático y comu-nitario local, y la justicia legal con los usos y costumbres, al mismo tiempo que se forman dirigentes locales, comunitarios y políticos rompiendo con el gremialismo corporativo y el localismo. Pero eso es todo un problema en sí, que merece ser tratado por separado y excede el marco de este breve pantallaza.

SEMBRAR ENABYA YALA

Proyección Mercator.

Comparación entre las proyecciones de Gerardus Mercator y Arno Peters.

Proyección Arno Peters

MAPAS E IDEOLOGÍARolando Espinosa Hernández

A mediados de los 70s, Arno Peters difundió un mapa con una proyección en la que se aprecia un tamaño más proporcionado

entre las masas con nentales de ambas la tu-des. De modo que se puede observar que el nor-te no es tan grande como popularmente se había sugerido con la cartogra a basada en la proyec-ción de Gerardus Mercator. El mapa que difundió Peters generó una fuerte polémica, pues eviden-ció el uso ideológico, e incluso racista, implícito en las proyecciones cartográfi cas u lizadas con-vencionalmente, en par cular la de Mercator.

Para proyectar una realidad ovoide (geoide), irre-gular, como es nuestro planeta, por medio de un plano, es decir, en una carta cuadrada perfecta, los cartógrafos inevitablemente deben distorsio-nar la realidad. Podríamos decir: proyectar es aquí distorsionar. Y todo ello para acreditar, parcelar, dividir o medir con la mayor precisión la extensión o el alcance de la propiedad territorial. El mapa que difundió Peters está basado en la proyección desarrollada por el astrónomo escocés James Gall, a mediados del siglo XIX, justo cuando el mundo capitalista se volvió realmente planetario

Así pues, se trata de una proyección cilíndrica. Como si se me era una bombilla iluminada –en este caso nuestro planeta– dentro de un vaso,

AMÉRICA

CAMPESINA

EN LUCHA

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Blanca Rubio

Durante la etapa neoliberal, los campesinos la-tinoamericanos

compartieron un mismo destino: el despojo del valor de sus cosechas y la exclusión producti-va generalizada. De sur a norte del continente se impusieron políticas que marginaban la agricul-tura, privilegiaban la importación de alimentos y visualizaban a los campesinos como indigentes.

Sin embargo, en los tempranos años 2000 este panorama común ha cambiado sustan-cialmente. La segunda crisis de hegemonía de Estados Unidos fue una condición im-portante para que surgieran gobiernos con mayor autonomía, fortalecidos por la invia-bilidad del neoliberalismo.

Como señala Emir Sader en su libro El nuevo topo. Los caminos de la izquierda latinoamerica-na (2009, Editorial Siglo XXI y CLACSO. Ar-gentina), ahora el panorama político latinoame-ricano se ha diversificado. Están por un lado los países “postneoliberales” (Venezuela, Bolivia y Ecuador) que impulsan un proyecto alternativo al neoliberalismo. Están los que llama “progre-sistas” (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) que, sin modificar las bases del neoliberalismo, están impulsando un fuerte proyecto social, y finalmente aparecen los que continúan con el proyecto neoliberal (México, Perú, Colombia, Costa Rica y Chile), cada vez más anacrónicos.

A la par con estas mudanzas, la agricultura devino en la salida de la crisis energética con el impulso de los agrocombustibles. Tal situa-ción ha generado que el sector recobre un rol estratégico en el ámbito mundial, una revalo-rización estructural de los bienes alimentarios y materias primas, un proceso de concentra-ción de la tierra y los recursos naturales y una tendencia de los países emergentes a producir sus propios alimentos comprando tierras en países con buenas condiciones productivas.

En este contexto, la exclusión rasa que igua-laba sin distinción a los campesinos latinoa-mericanos se ha trasformado. Hoy enfrentan por un lado el embate del capital y de los go-biernos que intentan apropiarse de la tierra y los recursos naturales para impulsar agrocom-bustibles, extraer minerales y agua o bien pro-ducir alimentos básicos para sus poblaciones. Pero también enfrentan un proceso inclusivo que los privilegia como los depositarios de la producción alimentaria nacional ante el alza sostenida del precio de los alimentos.

Incluso el Grupo de los Ocho y el Banco Mundial hablan de la necesidad de que los países pobres produzcan internamen-te sus alimentos y la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) y la Organización de las

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) plantean abiertamente el objetivo de la soberanía alimentaria y se-ñalan a los pequeños productores como los depositarios de este proceso.

En esta línea inclusiva pero con mayor efec-tividad, los países postneoliberales están em-peñados en recuperar la soberanía alimen-taria, entendida como un proyecto político de independencia, para lo cual ponen en el centro a la agricultura familiar.

Por lo anterior, los campesinos latinoameri-canos se debaten hoy entre el despojo y la inclusión, mientras el destino común que los igualó en el neoliberalismo se ha bifurcado.

Así, se observa que, aun cuando en todos los países se fomentan actividades extractivas, fundamentalmente en los “progresistas” y neoliberales es donde se impulsan los agro-combustibles, basados en monocultivos y el uso de transgénicos. El caso más emblemáti-co es el de la expansión de la soya en Argen-tina. En Colombia el cultivo de la palma de aceite ha traído también un fuerte despojo de los campesinos, sobre todo en el sur de Bolívar y en Magdalena Medio. En Perú hay intereses por desforestar el bosque ama-zónico para la producción de palma acei-tera para biodiésel. En la costa, la empresa estadounidense Maple adquirió cerca de 12 mil hectáreas de tierras eriazas en el Valle del Río Chira para sembrar caña de azúcar y producir etanol (Eguren, Fernando, 2009, ”La concentración del control de las tierras agrícolas”. La República, Perú. 28/07/09).

Asimismo, Brasil, Uruguay y Paraguay han sido elegidos por los países emergentes que están comprando tierras para sembrar sus propios alimentos, debido a sus buenas tierras.

En cuanto al despojo de recursos naturales y contaminación de recursos por las mine-ras, empresas como Barrick Gold, Pacific Rim Mining y Patagonia Gold, cuyas sedes se encuentran en Canadá, con oficinas en Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, extraen oro, plata y cobre de países como Perú, Chile y Argentina.

En el caso de México se han visto afectadas comunidades de Oaxaca, Durango, Chia-pas, Zacatecas y San Luis Potosí. La empresa Minefinders Corporation despojó de tres mil 498 hectáreas de tierras de uso común al eji-do Huizopa en el municipio de Ciudad Ma-dera, Chihuahua (Concha, Miguel. 2008, “México, despojo de tierras y explotación minera trasnacional”, www.biodiversidadla.org/content/view/full/43040).

En contraposición a la tendencia al despojo que es generalizada a todos los países, la ten-dencia a la integración productiva se encuen-tra muy restringida. Son fundamentalmente los países postneoliberales y algunos de los llamados progresistas los que están transfor-mando la visión hacia los campesinos.

En Venezuela, Bolivia y Ecuador, se impul-saron nuevas Constituyentes sustentadas en Asambleas Nacionales, en las cuales se consa-gró la soberanía alimentaria como un derecho

constitucional. Ahí se están impulsando refor-mas agrarias como una condición para la inte-gración campesina. El gobierno de Venezuela impulsa el Plan de Lucha Contra el Latifun-dio, mientras que Ecuador echó a andar a fines del 2009 el Plan de Tierras para Pequeños Pro-ductores Campesinos. Bolivia, por su parte, ha desarrollado desde el ocho de noviembre del 2006 la Revolución Agraria con la Ley 3545.

En el ámbito productivo se han impulsado también experiencias importantes como el Nuevo Modelo Nacional Productivo Rural, que forma parte de la Política de Seguridad y Soberanía Alimentaria en Bolivia, mientras que en Venezuela se creó la Corporación de Autoabastecimiento para la Seguridad Ali-mentaria que distribuye alimentos a los “mer-cales” (centros de distribución popular de alimentos de gestión público-comunitario), abastecida por pequeños productores rurales: En Ecuador se está impulsando la política del Desarrollo Rural para el Buen Vivir, Sumak Kawsay, basada en el Plan de Desarrollo Rural.

Entre los países “progresistas”, Brasil ha dado un fuerte impulso a la pequeña producción con el Programa de Adquisición de Alimen-tos, iniciado en el 2003, que ha garantizado la compra de sus productos estimulando con ello la integración productiva.

En conclusión, la crisis capitalista ha abier-to un camino para la integración de los cam-pesinos en los países postneoliberales y en al-gunos progresistas, al tiempo que en el resto avanza una tendencia potente por el despojo de los recursos y la tierra de los pequeños pro-ductores, al convertirse la agricultura en un sector estratégico en el ámbito mundial.

¿Cuál de estas tendencias se impondrá como la dominante en la salida de la crisis? Sin duda esto dependerá de la correlación de fuerzas de los sectores en disputa. Por ello, resulta fundamen-tal expandir y fortalecer el proyecto alternativo al neoliberal que germinó en la zona andina.

La crisis abrió una rendija de luz y los campe-sinos luchan por aprovecharla y salir de la ex-clusión. Se requiere, sin embargo, construir una gran fuerza colectiva para lograrlo. Investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM

CAMINOS ANTE LA ENCRUCIJADA DE LA CRISIS MUNDIAL

SEMBRAR ENABYA YALA

o sea, un cilindro. El cilindro sería la pantalla en donde se proyectarían las siluetas del planeta. Uno podría dibujar en el vaso todos los bordes de los con nentes tal cual se proyectan en él. Con ello se ob ene una proyección equiárea, es decir, en donde las superfi cies dibujadas en el cilindro son iguales o casi iguales a aquellas de la bombilla. De esta manera, esta proyección se puede u li-zar para hacer mediciones de las superfi cies de terreno, por ejemplo en los catastros, sin un gra-do considerable de error. Sin embargo, no es una proyección equidistante, o sea, las distancias en-tre un punto y otro no son reales, están exagera-das, sobre todo en las porciones polares. Por eso el mundo se ve alargado en esta proyección. Pero eso no quiere decir que en la realidad las distan-cias sean tan grandes en esas partes del mundo.

Lo que a Peters le interesaba demostrar es que los mapas y sus proyecciones cartográfi cas son un instrumento comunica vo de poder, u liza-dos generalmente para sobrevalorar y reafi rmar el gran poder de los países coloniales del norte sobre el resto del mundo.

Aunque la proyección de Peters no es estrictamen-te equiárea, pues él no era cartógrafo de profesión sino historiador, ha demostrado el profundo ca-rácter polí co y social de una ciencia hasta enton-ces considerada neutra y desprovista de un sesgo ideológico. Centro de Análisis Social, Información y Formación Popular, A. C (Casifop)

Los campesinos latinoamericanos

se debaten hoy entre el despojo y

la inclusión, mientras el destino

común que los igualó en el

neoliberalismo se ha bifurcado

La crisis capitalista ha abierto

un camino para la integración

de los campesinos en los

países postneoliberales y en

algunos progresistas


Armando Bartra

Para poder avanzar en el desarrollo económico y social (...) el sector agropecuario es determinante (...) y los cam-

pesinos juegan un papel esencial. Estas circunstancias demandan una actualización de nuestro modelo.

Marino Murillo, ministro de Economía y Planificación

Hace medio siglo Cuba hizo una revolución para liberar de opre-

sión y explotación a los trabajadores, la mayoría del campo. Aun así, la vía dominante de eman-cipación rural no fue la campesina, sector al que se le asignó un papel segundón en la gran mudanza. Pero a fines del pasado siglo cambia-ron los vientos y hoy muchos obreros agrícolas cubanos se tornan labriegos. Y lo hacen con en-tusiasmo, con alegría. En la isla está en curso una nueva Reforma Agraria y todo hace pensar que la Revolución se campesiniza.

En el histórico alegato titulado La historia me absolverá, el joven Fidel Castro enumera los principales componentes del “pueblo cuba-no” en tiempos de la dictadura: 500 mil obreros del campo que trabajan cuatro meses al año y no tienen tierra; cien mil campesinos casi to-dos arrendatarios o aparceros; 400 mil trabaja-dores industriales; 600 mil desempleados.

La Ley Número 3 del Ejército Rebelde, promulgada el 10 de octubre de 1958 en la Sierra Maestra, da salida parcial a esta situa-ción concediendo la propiedad de la tierra a quienes cultivan extensiones no mayores de cinco caballerías (67 hectáreas), y en 1959, al triunfo de la Revolución, se emite la Ley de Reforma Agraria que “proscribe el lati-fundio”, entendiendo por éste la propiedad mayor de 60 caballerías (804) hectáreas; prohíbe a los extranjeros la propiedad agra-ria, golpeando así a trasnacionales como la United Fruit, dueñas de más de la mitad de las tierras cultivadas; y ratifica el decreto de Sierra Maestra al adjudicar a los campesinos tierras a título gratuito, en extensiones que no superen las cinco caballerías. En 1963, a raíz de la invasión de Playa Girón y el apoyo de Estados Unidos a guerrillas rurales “anti-castristas”, se aprueba una segunda Ley de Reforma Agraria que proscribe las propieda-des de más de 67 hectáreas, base territorial de un sector presuntamente contrarrevolu-cionario de agricultores acomodados.

Producto de estas reformas, es la consoli-dación de un contingente de casi 200 mil pequeños agricultores, antes precaristas o aparceros. Sin embargo, estos campesinos son menos de un tercio de los trabajadores del campo, y sus tierras, en general pobres, representan sólo el 30 por ciento de la super-ficie agrícola. La mayor y mejor parte de la tierra –antes usufructuada por latifundios, trasnacionales y campesinos acomodados– pasa a manos del Estado, que a raíz de la primera Ley de Reforma Agraria controla el 40 por ciento de la tierra agrícola, y con la se-gunda el 70 por ciento. Las Granjas del Pue-blo y las grandes empresas cañero azucareras administradas por el gobierno, constituyen el “sector socialista del agro”, donde laboran al-rededor de 400 mil asalariados, que antes lo eran de la empresa agrícola privada. De esta manera el estatismo rural se asocia con el preexistente monocultivo cañero azucarero, prolongando en tesitura “socialista” el mode-lo agro-exportador dominante en la isla des-de la Colonia, al tiempo que se arrincona al sector diversificado y principal productor de alimentos para el mercado interno –que son los campesinos– lo que conduce a una cre-ciente y alarmante dependencia alimentaria.

Había razones pragmáticas para que Cuba mantuviera el monocultivo que la unció al Imperio, sólo que ahora orbitando en torno a las nuevas metrópolis socialistas. Pero se esgrimían también argumentos doctrinarios para susten-tar la presunta minusvalía técnica, económica, social, ideológica y civilizatoria de los campe-sinos diversificados productores de alimentos.

“La alianza obrero campesina consiste en (...) respetar los derechos, pensamiento y volun-tad del campesino (...) ¿Pero quiere esto acaso decir que eternamente vamos a permanecer como campesinos? Nosotros sabemos que esto no es posible (...) y que llegará el día en que no exista el campesino independiente (...) Porque nosotros no vamos a estar a la zaga de la civilización”. Esto lo dijo Fidel Castro en 1974, y un año después, el Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) abun-daba sobre el tema: “El sector campesino constituye aproximadamente el 30 por ciento de la superficie agrícola del país, (pero) esta explotación minifundiaria del suelo compor-ta la subutilización de un recurso vital para la nación: la tierra. Por ejemplo: en las zonas ta-bacaleras aproximadamente una cuarta parte del área se siembra de tabaco, mientras que

el resto se dedica a la producción de autocon-sumo (...) En las tierras óptimas para la caña, menos de la mitad está dedicada a este culti-vo. De otra parte, el trabajo del campesino en su parcela, en las más diversas labores, impi-de el incremento de la productividad que es posible por la especialización”. A la enume-ración de atentados contra el monocultivo, sigue el desahucio del productor familiar: “El progreso técnico sólo es posible en la misma medida en que la producción se concentra y especializa”. Y finalmente, la solución buro-crática y proletarizante: “La incorporación de la tierra de los campesinos a los planes estata-les es una de las formas de tránsito gradual de la propiedad privada a la propiedad de todo el pueblo (...) Cuando esto sucede, el campesi-no da un gran paso hacia delante, deja atrás el concepto de propiedad privada (y) pasa a las filas de la clase social más revolucionaria y avanzada: la clase obrera”.

El monocultivo estatista agro-exportador sostenido con trabajo asajariado, perece un modelo viable para el socialismo cubano, hasta que, producto del proteccionismo y la competencia de otros edulcorantes, en los 80s del pasado siglo comenzaron a caer los precios del azúcar de caña, a lo que se añadió el fin de los apoyos a la isla por parte del “campo socialista”, que compensaban el bárbaro bloqueo comercial decretado por el gobierno de los Estados Unidos.

La obligada conversión resultó ardua, do-lorosa y sobre todo lenta. Pero si sustituir exportaciones fue cuesta arriba, más lo es reducir la dependencia alimentaria; déficit externo insostenible cuando los precios inter-nacionales crecen, como viene sucediendo desde 2007. Hoy Cuba gasta unos dos mil mi-llones de dólares anuales en la importación de comida –sobre todo arroz, frijol, maíz, gra-sa, carne, leche, huevos y café– de modo que producirla en el país es “asunto de seguridad nacional”, a la que se debe sumar “el mayor número posible de personas, mediante todas las formas de propiedad existentes”, dijo en agosto de 2009, el presidente Raúl Castro.

Y los campesinos salieron por el balón. Des-de fines del siglo XX el gobierno cubano co-menzó a redimensionar al sector agropecua-rio estatal y las tierras en manos de labriegos pasaron del 30 al 40 por ciento. Módica cam-pesinización que se aceleró en años recientes con el impulso a la agricultura urbana y su-burbana, y el Decreto-Ley 259, por el que se entregan en usufructo tierras ociosas.

El X Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), que desde 1961 representa a los campesinos cubanos organizados en cooperativas de crédito y ser-vicios o de producción, refleja lo drástico del viraje, la profundidad de lo que en la reunión se llamó “actualización del modelo”. “Hoy la lucha a librar es por la seguridad alimen-taria de nuestro país”, se dijo. Para ello hay que “incrementar la producción en renglones alimenticios que sustituyan efectivamente

importaciones”, lo que supone fortalecer al sector campesino que con el “41 por ciento de la superficie agrícola aporta cerca del 70 por ciento del valor de la producción agropecua-ria”, mediante “la aplicación del Decreto-Ley 259 (por el cual ya) se han entregado 952 mil hectáreas a más de cien mil personas”. Contra el centralismo burocrático hay que “propiciar la descentralización de la producción hacia los territorios, delegando una mayor partici-pación a los gobiernos locales, para lograr el autoabastecimiento municipal”; hay también que impulsar el procesamiento local median-te “micro y minindustrias”, y por último hay que buscar que “se resuelvan las causas que están limitando la autonomía de las coopera-tivas”. Todo esto apoyado en un “movimiento agroecológico”, que mediante “abonos orgá-nicos y productos biológicos para el control de plagas” impulse una “agricultura sostenible”.

Lo que en 1975 satanizaba el PCC, es aho-ra el nuevo paradigma: entonces el atraso lo representaba “la pequeña parcela campesina, que se caracteriza por la subdivisión en peque-ñas áreas destinadas a la producción comer-cializable; a las siembras de viandas, hortalizas y granos para el autoconsumo; a la arboleda frutal, al potrero para el ganado mayor y los animales de trabajo, y al patio de los animales de corral”. En cambio hora este es el modelo a seguir: “Se trata de acercar los alimentos a las ciudades sobre la base de una agricultura diversificada”, dijo Rodríguez Nodals, jefe del Grupo Nacional de Agricultura Urbana y Suburbana. Lo que según la ANAP, se logrará “aprovechando intensivamente las tierras que rodean las ciudades (...), con el menor gasto posible de combustible, empleando los propios recursos locales y con amplio uso de tracción animal”; además de que hay que fomentar la siembra de frutales, “producción que permite la intercalación de cultivos”. ¿Dónde quedó la especialización a toda costa, la mecanización a ultranza, la división extrema del trabajo, la estatización de las tierras campesinas...?

Pese a todo, el buey sigue embarrancado. Hay en Cuba entre un millón 230 mil y tres millones de hectáreas cultivables que están ociosas, y de las 952 mil que desde 2009 se han entregado en usufructo en extensiones de entre tres y 20 hectáreas, cerca de la mi-tad están baldías o mal cultivadas. Y es que recampesinizar no es cosa fácil. En los meses recientes “se ha incorporado a la ANAP una alta cifra de asociados, muchos de los cuales no poseen toda la experiencia para las labo-res del campo”, reconoce la organización.

En un país como Cuba donde siete de cada diez personas viven en ciudades, la batalla por la se-guridad alimentaria tiene entre otras dos tareas estratégicas. Así lo plantea la ANAP: en primer lugar hay que difundir “el quehacer del cam-pesinado en los diferentes medios de difusión masiva, transmitiendo lo que el sector represen-ta en la economía del país, así como la imagen verdadera del campo cubano”; en segundo lugar hay que imbuir valores y actitudes campesinas en “los niños, jóvenes y socios recién incorpo-rados a nuestra organización (...) de manera que comprendan que vivimos en un país agrícola”.

Tras 60 años de revolución, los labriegos cubanos aún demandan reconocimiento a su labor y trato justo, de modo que su lucha confluye con la del resto de las “organizacio-nes campesinas e indígenas del mundo”, con quienes la ANAP mantiene una política de “apoyo recíproco y unidad internacional de acción”. ¡Campesindios del mundo precapi-talista, capitalista y poscapitalista, uníos!

SEMBRAR ENABYA YALA

¿CAMPESINIZAR

LA REVOLUCIÓN?

CUBA

RETOÑAN LOS BOHÍOS EN EL “LARGO LAGARTO VERDE”

Hoy Cuba gasta unos dos mil

millones de dólares anuales en

la importación de comida –sobre

todo arroz, frijol, maíz, grasa,

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modo que producirla en el país es

“asunto de seguridad nacional”

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El avance de la agroindustria en Argentina du-rante las dos dé-

cadas recientes ha casi borrado de este país al campo en manos de campesinos. Cifras de 2006 indican que tan sólo cuatro explo-taciones agropecuarias se han adueñado de 65 por ciento de la tierra productiva del país, mientras que 82 por ciento de los produc-tores argentinos son familias campesinas y trabajadores rurales y ocupan únicamente 13 por ciento de la tierra.

Los datos, reportados por el Movimiento Na-cional Campesino e Indígena (MNCI) de Ar-gentina, también indican que más de 200 mil familias han sido expulsadas de sus tierras por la fiebre neoliberal que prevalece desde los años 90s, y estas personas están hoy en la pe-riferia marginal de las ciudades acumulando pobreza al igual que lo hacen los campesinos que continúan en las áreas rurales.

En este escenario, el monocultivo de la soya (o soja como allá se denomina) orientada a la exportación y el avance de la producción ga-nadera y de empaques de frutas y conservas, también para los mercados del exterior, han destruido enormes superficies de bosques, han sobre-explotado y contaminado (con fuertes dosis de agroquímicos) los recursos hídricos, y por tanto han liquidado otras acti-vidades agropecuarias de interés local como la lechería, la fruticultura y la horticultura diversificada, el trigo y el maíz, todas éstas fundamentales para garantizar una alimen-tación suficiente y a precios accesibles para la población de los argentinos.

El MNCI detalla los resultados sociales y económicos de la situación: “El modelo tecnológico de los agronegocios se basa en grandes extensiones de tierra sin gente, de-siertos verdes donde empresas semilleras, far-macéuticas y de agrotóxicos encadenan la in-dependencia económica de los agricultores, controlando todos los resortes productivos como el suministro de insumos y la compra de productos, uniformizando calidades y la cultura productiva, convirtiendo el agro en una industria donde no hay comida ni tra-bajo”, dice en un texto de análisis de la cues-tión agraria.

Y a todo esto hay que agregar la acción de las minas, como la llamada Los Gigantes, en el departamento de Córdoba, que con su explotación de uranio ha contaminado por años el río San Antonio y el medio ambiente de la región.

Pero en medio del túnel hay luz. Así se ob-serva en la lucha activa del MNCI y del Mo-vimiento Campesino de Córdoba, los cuales la última semana de abril pasado realizaron una serie caminatas de kilómetros y kilóme-tros desde diversas puntos hacia la capital de Córdoba, la provincia más campesina de Argentina. Su objetivo fue hacerse visibles e invitar a la población entera a solidarizarse.

“Caminamos por la vida, porque el modelo agro-exportador sojero, ganadero y minero es de muerte, contaminación del agua y el aire, exterminio de los árboles que protegen

el suelo y el agua, expulsión de las familias campesinas y finalmente de producción de commodities, forrajes, y no de alimentos sa-nos. No hay registros de la cantidad de en-fermedades incurables que existen desde la implementación de esta forma de produc-ción ni de lo invertido como forma paliativa e insuficiente en salud. Caminamos por re-forestar el campo popular, porque esto no es algo que afecte sólo a las comunidades rura-les, todos estamos involucrados. No hay casi góndolas de supermercado que vendan comi-da sin agroquímicos, es difícil encontrar pro-ductos del comercio justo, no existen políti-cas universales ni marco legal que promueva el desarrollo del campo con campesinos, con familias que lo protejan y dignifiquen la mesa de todos los días, con niños y jóvenes que puedan soñar su futuro en el medio rural (...)”, explicaron en su convocatoria.

Un elemento que resaltaron en su marcha fue la identidad cultural de los alimentos, ligada con la soberanía alimentaria y la salud públi-ca. Dijeron que el modelo alimentario que avanza en Argentina, el del fast food, también en manos de pocas empresas, no correspon-de a lo que necesita la gente para alimentar-se adecuadamente –“no trae garbanzos”–, y aunque “tenemos el derecho a comer lo que producimos y a producir lo que comemos (...), no tenemos los medios para producir los alimentos que el pueblo necesita, de acuerdo con sus costumbres y sus gastos”.

Una de las demandas de los movilizados fue el reclamo de títulos de propiedad, el reco-nocimiento de tierras comunitarias y la sus-pensión de desalojos, así como la aprobación urgente de una ley de bosques.

De acuerdo con una de las participantes de la caminata Ana Agnelli, miembro de la Unión Campesina del Oeste Serrano (UCOS) –quien dio una entrevista a la agencia de noticias Bio-diversidadla–, los campesinos de Córdoba enfrentan una “clarísima criminalización” debido a que jueces, policías, abogados y otros frenan los procesos campesinos de demanda y regularización de tierras. Aunque hay una ley desde hace cuatro años que ampara el derecho campesino a este recurso, “no nos ampara”.

La lucha por la tierra campesina tiene que ver con el fenómeno de avance de 95 por ciento que se observa en la tala de bosques de Córdoba, y que permitido que grandes empresas utilicen esta tierra en producción agroindustrial. Y hay planes de continuar esta tala. Según los marchistas, en su convocato-ria, “permitir el avance de la frontera agro-pecuaria que provoca el desarraigo de miles de familias por medios poco transparentes

no sólo despobló el campo de guardianes del bosque y de los incendios, sino llenó los ba-rrios marginales de pueblos y ciudades de in-dignidad y planes sociales de contención (de la pobreza) sin proyección ni futuro”.

Agnelli, quien caminó 200 kilómetros, resal-tó que la marcha logró su objetivo de hacer visible lo invisible, pues “el campesinado en Córdoba pareciera que fuera parte de lo invi-sible, y esto (la marcha) ha demostrado que existen las comunidades, que existe la gente del campo y que son quienes le dan de co-mer a los pueblos”.

Otra luz en el túnel está en la lucha legal que en Córdoba han emprendido varias agrupaciones sociales a favor del medio am-biente. En septiembre de 2008 lograron que Córdoba aprobara una ley que prohíbe en todo su territorio la minería metalífera a cie-lo abierto y la explotación de uranio y torio, ambos minerales nucleares.

Una entrevista publicada por la agencia Bio-diversidadla, con María Cuestas, joven abo-gada miembro del movimiento ¡Traslasierra Despierta!, menciona que la ley aludida, la Ley 9526, impide esa minería en todas sus

etapas –cateo, prospección, elaboración, ex-plotación, desarrollo, etcétera– y el uso de sustancias químicas contaminantes, tóxicas o peligrosas como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico. Sin embargo en mayo de 2009 la Cámara Empresarial Minera de la Provincia de Córdoba y la Asociación de Pro-fesionales de la Comisión Nacional de Ener-gía Atómica y la Actividad Nuclear promovie-ron una controversia de inconstitucionalidad y el Tribunal Superior de Justicia acaba de darle entrada a este recurso.

Detrás de este intento contra la ley está la búsqueda insistente de la Comisión Nacio-nal de Energía Atómica (CNEA) de contar con permisos para la exploración en la región de Altas Cumbres de Córdoba. Ya en 1992 la CNEA promovió este proyecto, pero fue frustrado por la oposición de los pobladores.

El recurso agua, estrechamente ligado con el interés social y campesino es el que está en riesgo. La abogada explica: “Sólo por el principio precautorio que rige en todo lo ambiental, simplemente con la duda, alcan-za para que este tipo de explotaciones no tenga que llevarse a cabo. Existen pruebas contundentes de que sí ocasionan daños (...) El daño que queremos combatir no es tanto paisajístico, sino el que tiene que ver con la contaminación de los acuíferos a través de la decantación de los metales pesados y de que se filtran los ácidos”.

María Cuestas considera que la controver-sia contra la ley es improcedente debido a que la ley ya había entrado en ejecución, ya había sido publicada antes de que se presen-tara tal recurso ante el Tribunal Superior de Justicia. (LER)

SEMBRAR ENABYA YALA

Argentina

CAMPESINOS CORDOBESES SE “VISIBILIZAN”

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El modelo tecnológico de

los agronegocios se basa en

grandes extensiones de tierra

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donde empresas semilleras,

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encadenan la independencia

económica de los agricultores

En septiembre de 2008 lograron

que Córdoba aprobara una

ley que prohíbe en todo

su territorio la minería

metalífera a cielo abierto y la

explotación de uranio y torio,

ambos minerales nuclearesÓ


Félix Modrego

La innovación es ampliamente re-conocida como una condición ne-

cesaria para el crecimiento económico sos-tenido y la reducción de la pobreza, y puede conducir a un desarrollo más inclusivo si los procesos de generación y difusión de conoci-miento y aprendizaje contribuyen a reducir las brechas de oportunidades existentes en nuestras sociedades. El Estado de Chile así lo ha reconocido, y ha impulsado desde me-diados de la presente década una activa es-trategia nacional de innovación que –como han reconocido las autoridades nacionales y sectoriales– hace una apuesta explícita al ganador, fortaleciendo aquellos sectores con un elevado potencial de crecimiento y consolidación en el escenario internacional. Un trabajo encargado al Boston Consulting Group ha definido ocho clusters productivos prioritarios y uno de ellos es la industria de los alimentos. El Ministerio de Agricultura, alineado con esta visión, ha dado prioridad a cinco rubros en su estrategia sectorial de mediano plazo: alimentos procesados, porci-no-avicultura, fruticultura, vitivinicultura y carnes bovinas y ovinas.

Esta estrategia tiene profundas implicacio-nes en términos de distribución de recursos públicos de fomento a la innovación, que van desde la focalización y priorización de inicia-tivas de inversión, pasando por el diseño de políticas y programas de fomento productivo y transferencia tecnológica, hasta asignación de recursos para la formación de capital humano.

Tiene también importantes consecuencias distributivas en sus impactos potenciales. Como muestran estudios recientes desarro-llados por Rimisp en el marco del proyecto “Visión Chile Agroalimentario, Forestal y Rural 2030”, coordinado por la Fundación para la Innovación Agraria del Ministerio de Agricultura, la estrategia sectorial de innova-ción en la práctica deja al margen a diversos segmentos de las sociedades rurales y depen-dientes de la agricultura.

Un claro ejemplo de ello es la agricultura fa-miliar. Según los más recientes censos agro-pecuarios, este grupo se aleja de la visión tradicional de la producción de subsistencia hacia modelos de gestión incipientemente empresariales, con una mayor orientación a los mercados y una amplia capacidad de in-novación intrínseca. Sin embargo, este grupo muestra claras fallas en sus iniciativas, como el limitado acceso al crédito, a instrumentos de fortalecimiento del capital humano o a la transferencia tecnológica, entre otros. La política pública parece obviar a este actor en tierra de nadie, con demasiados activos para ser sujeto de la política social, pero con muy pocos para ser foco de las políticas de inves-tigación, desarrollo e innovación.

Otro ejemplo es el de la mano de obra agrícola, eslabón clave en la cadena de ge-neración, difusión e implementación del conocimiento y la tecnología aplicada a la producción sectorial. En Chile los asala-riados agrícolas siguen mostrando brechas

enormes respecto al resto de los trabajadores del país en términos de capital humano, ac-ceso a tecnologías de información, a capaci-tación, etcétera. A pesar de algunos avances, el mercado laboral agrícola tampoco ha lo-grado reducir las disparidades salariales y de condiciones del trabajo, como para contener la migración sectorial y geográfica de quie-nes tienen las capacidades para optar por empleos en otros sectores de la economía. La estrategia agroalimentaria de innovación todavía está en deuda con el fortalecimiento de la mano de obra y del funcionamiento de los mercados de factores.

Finalmente, la estrategia de innovación deriva en profundas disparidades territo-riales. Las cadenas priorizadas se han asen-tado en zonas dinámicas, muy vinculadas a los centros urbanos y sus mercados, con una fuerte base de servicios y con estruc-tura agraria de corte predominantemente corporativo. Los territorios rurales cuya base económica no se sustenta en estos rubros, en cambio, se caracterizan por elevados niveles de pobreza, aislamiento, con predominancia de la agricultura familiar y, en algunos casos, con conflicto social.

En síntesis, la estrategia de innovación de los clusters excluye por defecto a importantes acto-res y segmentos del mundo rural de la innova-ción silvo-agropecuaria. Quizás esto responda a un desconocimiento de los efectos distributi-vos de este tipo de políticas. O tal vez a un ac-cionar consciente de los tomadores de decisio-nes. ¿Debe la política de innovación del sector agroalimentario tener un foco explícito sobre la pobreza rural? O por el contrario, ¿debe la innovación potenciar actividades generadoras de excedentes que el Estado pueda después redistribuir a los hogares rezagados por medio de los programas sociales? Esta es la pregunta que definirá los espacios de oportunidad para los agentes de la innovación en el sector agroa-limentario en Chile. Sincerar la discusión res-pecto del rol que deben jugar los actores exclui-dos parece ser el primer paso hacia una política sectorial de innovación más inclusiva. Investigador de Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural www.rimisp.org

Chile

LOS MARGINADOS DE LA INNOVACIÓN AGROALIMENTARIA

Características del trabajo asalariado en la agricultura y en otros sectores

Agrícola No agrícolaDiferencia agrícola – no agrícola (%)

Caracterís cas 1992 2006 1992 2006 1992 2006

Ingreso Promedio del trabajo1

$155.312 $206.910 $308.616 $409.831 50* 50*

% con contrato de trabajo 71 73 87 94 16* 21*

% que co za en algún sistema provisional

60 73 83 84 23* 11*

% que co za en sistema de salud

87 95 92 96 5* 1

Notas: (1) ingresos en pesos reales de Diciembre de 2008. * Indica diferencia signifi cativa al 95% de confi anza. FUENTE: Elaborado por Félix Mondrego.

SEMBRAR ENABYA YALA

Evento: Primer Congreso Nacional del MNCI (Argentina). Organiza: Movimiento Na-cional Campesino Indígena (MNCI). Fecha: del 10 al 14 de setiembre de 2010, en Buenos Aires, Argentina. Informes: http://www.movi-mientos.org/cloc/show_text.php3?key=17370

Evento: IV Congreso de la CLOC. Organi-za: CLOC. Fecha: 16 de octubre de 2010. Lugar: Quito, Ecuador. Informes: http://www.movimientos.org/cloc/

Evento: IX Encuentro Nacional de Porcicul-tura. Organiza: Confederación de Porcicultores Mexicanos. Fecha: 22–25 de septiembre de 2010. Lugar: Centro de Convenciones Campe-che XXI. Campeche, Camp. Informes: [email protected] / 52-86-15-15.

Convocatoria: Premio Bicentenario de Proyectos Agroindustriales. Organiza: FOCIR. Fecha: Hasta 30 de junio. Informes: www.focir.gob.mx

Libro: La tierra tiene nombre de mujer: Equidad y género en el proceso de sana-miento de tierras. Edi-tora: Presencia. Pro-ducción Editorial: Insti-tuto Nacional de Refor-ma Agraria (INRA).

Libro: La mafi a que se adueñó de Méxi-co... y el 2012. Autor: Andrés Manuel López Obrador. Editorial: Gru-po Grijalbo-Mondadori.

Libro: San Juan Copala: dominación po-lítica y resistencia popular. De las rebe-liones de Hilarión a la formación del Mu-nicipio Autónomo. Autor: Francisco López Barcenas. Editor: UAM–Xochimilco. División de Ciencias Sociales y Humanidades.

Libro: Movimiento El Campo No Aguanta Más. El auge, contradicciones y declive (México 2002 – 2004). Autora: Sonia Pu-ricelli. Editorial: Plaza y Valdés Editores.

Revista: Biodiversidad, Sustento y Culturas. Infor-mes: http://www.grain.org/ biodiversidad/?type=57 (CON LA IMAGEN DE LA REVISTA). Informes: h t tp : / /www.g ra in .o rg /biodiversidad/?type=57

Web: www.nomanipulenlamadretierra.org. En el sitio Web de la campaña encontrarán noticias sobre los esfuerzos globales que per-sonas y organizaciones estamos haciendo para detener los experimentos con el planeta. También la información básica sobre la geoin-geinería y sus técnicas, falsas soluciones a la crisis climática. La página de la campaña con-tra la geoingeinería, “No Manipulen la Madre Tierra” ya está lista. Y se puede acceder a ella también desde la página de la campaña en inglés: www.hansdoffmotherearth.org

Web: http://www.biodiversidadla.org/Porta-da_Principal. Un sitio destinado al encuentro y el intercambio entre las organizaciones lati-noamericanas y todos y todas aquellos/as que trabajan en defensa de la Biodiversidad.

¿Debe la política de innovación

del sector agroalimentario

tener un foco explícito

sobre la pobreza rural?

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Marta B. Chiappe

El agro de Uru-guay vive profun-das transforma-ciones, inéditas

en la historia del país. Desde la crisis econó-mica de 2002 que sacudió a todos los secto-res de la sociedad, el Producto Interno Bruto (PIB) agropecuario creció a un ritmo consi-derablemente mayor que el resto de la econo-mía. Entre 2002 y 2007 aumentó en 5.85 por ciento anual, en comparación con la tasa de alrededor de dos por ciento del PIB nacional.

Esta situación obedece fundamentalmente a una mayor producción de cereales y oleagino-sos, cuyo valor bruto se elevó en casi 361 por ciento, mientras que la tasa de aumento pro-medio para todo el sector (actividades agríco-las, pecuarias, forestales, etcétera) fue de 107 por ciento. Las exportaciones también se incre-mentaron en todos los rubros, especialmente en carne, granos y lácteos. En carne bovina, por ejemplo, pasaron de 269 millones de dóla-res a 823 millones entre 2002 y 2007 y en granos de 321 millones a 680 millones de dólares.

Paralelamente, a partir de 2002 la presión por la tierra se intensificó, provocando un aumento sostenido en el área vendida y en el valor promedio de la tierra, que se incrementó en 600 por ciento entre 2002 y 2009, al pasar de 385 dólares por hectárea a dos mil 329. En este período se efectuaron contratos de com-

pra-venta por seis millones de hectáreas; es decir, 37 por ciento de la superficie agropecua-ria cambió de propietario. En total se pagaron casi seis mil millones de dólares por los cam-pos, lo cual equivale a un precio promedio de 965 dólares por hectárea. El precio medio en 2000-02 fue de 415 dólares por hectárea, frente a mil 45 en 2006 y mil 842 dólares en 2008.

Es así que en un corto período el “mapa” agra-rio se modificó sustancialmente: se produjo un “conflicto” entre las diversas actividades por el uso del suelo; en particular, la producción de cereales y oleaginosos desplazó a la engorda vacuna y en menor medida a la lechería, y la forestación fue ocupando tierras antes dedica-das en gran parte a la producción ovina. Si bien aumentó el área de todos los cultivos, la soja (soya) fue la que más se expandió: de ocupar unas 30 mil hectáreas pasó a 670 mil. La fores-tación pasó de 40 mil hectáreas en 1990 a 800 mil en 2008. La intensificación del sector agro-pecuario ocurrió no sólo por una mayor área sembrada, sino también por un aumento en la productividad, atribuibles a cambios técnicos generalizados. El cambio del manejo del suelo por medio de siembra directa, la incorporación de especies genéticamente modificadas y de variedades transgénicas (en el caso de la soja y en menor grado del maíz) y un uso más eficien-te de los fertilizantes, contribuyeron a obtener más producto por unidad de superficie.

Cabe decir que los transgénicos no necesaria-mente tienen rendimientos más altos, pero ofre-

cen mayor facilidad para su manejo. Las modi-ficaciones en los patrones productivos han ido de la mano de cambios en la forma de gestión y organización de las explotaciones. Compañías nacionales y extranjeras que cultivan grandes superficies comienzan a tener cada vez más in-cidencia en el territorio. La agricultura tiende a concentrarse en empresas de gran tamaño. En-tre 2000 y 2007 la proporción del área en siem-bras mayores a mil hectáreas creció de 20 por ciento a más de 50. Las seis más grandes empre-sas –la mayoría de origen argentino– siembran un 20 por ciento del área total. Simultáneamen-te, muchos productores que arriendan sus tie-rras a capitales extranjeros comienzan a crear compañías especializadas para el suministro de servicios agrícolas (siembra, cosecha, aplicación de productos sanitarios, etcétera).

En los años recientes, se han instalado ade-más trasnacionales (Cargill, L. Dreyfus, Ar-cher Daniels Midland, entre otras), ya sea en forma directa o mediante alianzas con opera-dores locales. En función de estos cambios, han surgido también nuevas formas de comer-cialización, de manejo de los productos (ven-tas anticipadas y mercados de futuro) y de los insumos (compras en grandes volúmenes e im-portación directa) que tienden a minimizar el riesgo de mercado. Al mismo tiempo, se ha ge-nerado la necesidad de una mejor infraestruc-tura que permita responder a las demandas de cargas y de crecimiento de la producción.

Desde un ángulo social –al predominar la agri-cultura continua–, los productores que anterior-mente desarrollaban sistemas agrícola-ganaderos alternando cultivos con pasturas, hoy no compar-ten el territorio: los agricultores y los ganaderos se constituyen en actores diferenciados. No obs-tante, la ganadería interactúa con la agricultura por medio del uso de productos provenientes del

manejo de cultivos. Además, la reorganización de la actividad agrícola conlleva una mayor exi-gencia en capacitación de recursos humanos, lo que repercute en mejores condiciones de trabajo.

En la medida que los contingentes poblacio-nales se encuentran en las ciudades, la escasa población del campo uruguayo –apenas un ocho por ciento de la población total, 266 mil 289 personas– no representa una traba al mo-delo imperante, que encuentra las condiciones económicas y políticas adecuadas para su ex-pansión. Sin embargo, la organización de los agricultores familiares, la mayoría de los pro-ductores del país, ha hecho oír sus reclamos relativos a la necesidad de contar con opciones y condiciones adecuadas de desarrollo que posibiliten su permanencia en el campo (sus propuestas se pueden leer en www.cnfr.org.uy/uploads/files/propuestapoliticas.pdf).

Como consecuencia del avance del modelo agro-exportador y de la aplicación de políticas que favorecen la producción empresarial de mayor escala, la agricultura familiar sufrió en las cuatro décadas pasadas un proceso de des-mantelamiento difícil de revertir. En la actua-lidad, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha mostrado mayor sensibilidad para contemplar la situación de los productores fa-miliares, y se orienta a la implementación de una estrategia de desarrollo del sector por me-dio de políticas diferenciadas. Éstas incluyen medidas tales como subsidios para los aportes a la seguridad social, atención a la salud, com-pensación por catástrofes climáticas, y apoyos vía programas específicos (por ejemplo el Pro-grama Ganadero) que operen como aliciente para este sector de la economía nacional. Profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República Oriental del Uruguay

Uruguay

MÁS PRODUCCIÓN, MENOS CAMPESINOS

ALTO A LA REPRESIÓN DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES Y

SINDICALES, LA VIOLENCIA NO ES LA VÍA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Condenamos el rompimiento y represión de la huelga de los mineros de Cananea y el bloqueo de la Caravana Humanitaria a San Juan Copala

Rechazamos la violación de los derechos huma-nos y laborales contra el Municipio Autónomo de San Juan Copala y el sindicato de mineros de Ca-nanea

El gobierno de Calderón propicia la violación de las libertades constitucionales para favorecer a caciques, corporaciones y la entrega de la riqueza y soberanía nacionales

En días recientes se han suscitado dos hechos de evi-dente violación a los Derechos Humanos y Laborales de los mexicanos:

En los acontecimientos contra la primera Caravana Humanitaria a San Juan Copala poblado, cercado por paramilitares y posteriormente el día 8 de junio con la segunda caravana llamada “Bety Cariño y Jyri Jaakkola” con el objetivo de romper el cerco paramilitar y entregar alrededor de 30 toneladas de víveres y medicinas. Pro-pósito que no se cumplió porque el gobierno tendió un cerco “gubernamental” para proteger a los paramilitares de UBISORT e impedir que dicha caravana ingresara a San Juan Copala a entregar la ayuda humanitaria.

Queda en evidencia la complicidad del gobierno federal con el gobierno auotritario y represor de Ulises Ruiz para

proteger a caciques y violentar el estado de derecho en el Municipio Autónomo de San Juan Copala, cercado desde hace más de 6 meses por un grupo paramilitar. Ha quedado claro que ni el gobierno estatal ni el gobier-no federal tienen la voluntad para controlar y castigar a ese grupo criminal y paramilitar; lo que sucede en la región no le interesa a ninguno de los dos gobiernos.

Esta misma actitud del gobierno federal se vive en todo el territorio del país, en donde, a través de la estrategia policiaca, militar y paramilitar, se reprimen luchas socia-les y sindicales. La represión y el silencio gubernamental se han intensifi cado ante las protestas y las huelgas de hambre del Sindicato Mexicano de Electricistas, el des-alojo de los mineros de Cananea (Sonora) y las familias de mineros en Pasta de Conchos (Coahuila). Calderón mantiene una política económica generadora de pobre-za, desigualdad y desempleo, un ambiente de violación a los derechos humanos y laborales con una política de constante confrontación y no de diálogo, un Estado de privilegio para las empresas que tienen el control econó-mico del país.

Cananea nuevamente es zona de resistencia y repre-sión. El antecedente en junio de 1906, cuando los mi-neros de Cananea regresaron al trabajo luego de la violenta represión que sobre la huelga minera realizó el gobierno dictatorial de Porfi rio Díaz. La historia se re-pite en pleno 2010, en el Centenario de la Revolución. El pasado 6 de junio, cerca 2000 efectivos de la policía federal, a través de un operativo violento, con armas de fuego, gases lacrimógenos y balas de goma, entraron por los cerros traseros de la mina y rompieron la huelga, desalojando a los mineros de la sección 65 del sindicato, que llevaba más de tres años en defensa de los dere-chos de los trabajadores.

La violencia de estado en San Juan Copala, Cananea y Pasta de Conchos, es una derivación de una la política contra los movimientos sociales y sindicales del gobier-no neoliberal, que ya había quedado en evidencia con el decreto de extinción de Luz y Fuerza. El gobierno fede-

ral continua apostando peligrosamente por una violación a los derechos constitucionales de los trabajadores del campo y de la ciudad y optando por la resolución violen-ta de los confl ictos que su propia subordinación a intere-ses externos, corporativos y caciquiles genera.

Por todo lo anterior el CONOC expresa:

1. Condenamos la complicidad por omisión del gobierno de Felipe Calderón en los hechos de represión y violencia en el Municipio Autónomo de San Juan Copala, le exigimos que abando-ne su complicidad con el gobierno autoritario de Oaxaca y los caciques y paramilitares de Ubisort, cumpla con su obligación de restable-cer el estado de derecho en dicho municipio y se garantice la entrega de ayuda humanitaria.

2. Exigimos el castigo para los responsables inte-lectuales y materiales de los asesinatos de Bety Cariño y Jyri Jaakkola y de Timoteo Alejandro Ramírez y Cleriberta Castro.

3. Exigimos la salida inmediata de la Policía Federal de Cananea y el respeto irrestricto al derecho de huelga de los mineros de Cananea.

4. Nos sumanos a la exigencia del movimiento sindical nacional para que renuncie el secreta-rio del trabajo Javier Lozano.

Hacemos un llamado a las organizaciones y mo-vimientos sociales a solidarizarse con las luchas sindicales y los movimientos sociales que pugnan por la transformación real del país.

Atentamente

Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas CONOC:

AMUCSS, ANEC, CNOC, CEPCO, FDC, MAIZ, Red MOCAF

www.conoc.org.mx [email protected]

SEMBRAR ENABYA YALA


Sílvio Isoppo Porto

En la década de los 90s, periodo de neoliberalismo, fueron privatiza-

das –en especial en los países en desarrollo– una serie de estructuras gubernamentales, en respuesta a planteamientos de agencias multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que argu-mentaban que ya no era más papel del Esta-do intervenir en la economía.

En el caso de Brasil se sabe muy bien que este proceso inició con el gobierno de Fernando Co-lor. La Compañía Nacional de Abastecimiento (Conab) surgió en 1991 a partir de la fusión de las compañías de Financiamiento de la Pro-ducción (CFP), Brasileña de Almacenamiento (Cibrazem) y Brasileña de Alimentos (Cobal), lo cual implicó un profundo cambio en la es-tructura y las atribuciones; desactivó una serie de unidades almacenadoras, de abastecimiento y comercialización, y despidió a un número sig-nificativo de empleados y funcionarios.

Inmediatamente después, en los gobiernos de Fernando Hernique Cardoso (1995-99 y 1999-2003), fueron privatizadas empresas públicas en las áreas estratégicas de energía, minería, siderurgia, infraestructura, teleco-municaciones, sistema financiero (privati-zaron una gran mayoría de los bancos del Estado), abastecimiento, alimentación y al-macenamiento, entre otras.

A finales de 2002, la Conab se encontraba en una lista de empresas privatizables. Felizmen-te, gracias a la comprensión de su papel es-tratégico por parte del propio presidente Luiz Inácio Lula da Silva –que inició su gobierno en 2003– se negoció con un equipo de transi-ción que se borrara de esa lista, lo que ocurrió al finalizar de diciembre de aquel año.

A partir de 2003, en el contexto de la estra-tegia Hambre Cero, la Conab asumió im-portantes responsabilidades: a) regular los precios agrícolas, sobre todo los de productos básicos y de los procedentes de la agricultura familiar y de los asentamientos de la reforma

agraria; b) rearticular las intervenciones del mercado agrícola brasileño, a fin de regu-lar la disponibilidad de granos (en especial arroz, maíz, frijol y trigo) a partir de la forma-ción de reservas estratégicas bajo el dominio del gobierno federal; c) ampliar la asistencia a las poblaciones con vulnerabilidad alimen-taria, principalmente las familias pendientes de atención en el proceso de reforma agraria, los pueblos indígenas, las comunidades qui-lombolas (descendientes de esclavos negros) y los afectados por catástrofes climáticas.

Para asegurar un foro de concertación política, el gobierno federal recreó un Consejo Nacio-nal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) en febrero de 2003. La Conab parti-cipó activamente en este consejo, como repre-sentante del Ministerio de Agricultura, Gana-dería y Abastecimiento (MAPA, por sus siglas en portugués); allí encontró un espacio para discutir y redefinir su papel en el contexto de la política agrícola, de abastecimiento y de so-beranía y seguridad alimentaria y nutricional.

Una de las primeras propuestas del Con-sea fue establecer un Plan de Cosecha para los beneficiarios del Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar (Pronaf), que debería ser lanzado en 2003, con bases para su ejecución en 2003-04. Este plan agrícola debía estructurarse con tres líneas es-tratégicas: la reformulación y ampliación del Pronaf e implantación del seguro agrícola; la aplicación de un nuevo sistema de asistencia técnica y extensión rural, y la creación de una política de comercialización que atendiera las especificidades de los receptores del Pronaf.

La Conab aceptó el desafío de desarrollar ese plan, y constituyó un Grupo Técnico Intermi-nisterial (GTI), creado en el ámbito del Consea, para formular una propuesta de aplicación de instrumentos específicos de comercialización de la producción agrícola de los beneficiarios del Pronaf. El GTI fue compuesto por represen-tantes del Instituto de Investigación Económica Aplicada; del MAPA, por medio de la Conab; del Ministerio de Desarrollo Agrario (MDA), y del entonces Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Combate al Hambre, que actualmente es el Ministerio de Desarrollo Social y Combate al Hambre (MDS)

A partir de esa iniciativa, se constituyó en la Conab un Grupo de Trabajo (GT), coordina-do por este autor, para dar seguimiento a las discusiones y propuestas del GTI, El GT tra-dujo las propuestas del GTI en un formato operativo, práctico, y resultó así la base para la implantación del Programa de Adquisi-ción de Alimentos (PAA).

Cabe destacar que, por ley, el PAA tiene como objetivo fomentar la agricultura familiar, e implica acciones vinculadas a la distribución de productos agropecuarios para personas en situación de inseguridad alimentaria y forma-ción de reservas estratégicas. El PAA promue-ve la compra de cosechas de la agricultura fa-miliar, de asentamientos de la reforma agraria y de pueblos y comunidades tradicionales, sin licitación pública y a precios de mercado.

En esa misma línea, se hizo necesario repen-sar la Política de Garantía de Precios Mínimos (PGPM), que inició en 2003, cuando las reser-vas eran escasas (de apenas 462 mil toneladas) y el país era vulnerable a oscilaciones de la oferta, en función de posibles quiebras de la produc-ción y de los precios, por falta de capacidades del gobierno para intervenir debido a la falta de reservas públicas que regularan ese mercado.

Se actualizaron los precios mínimos de la PGPM, corrigiendo un desfase de la década anterior, y se crearon condiciones para re-componer las reservas públicas, asegurar el estímulo a la producción de granos en nues-tro país y regular su abastecimiento.

Multiplicidad biológica y social. Al mismo tiempo que Brasil ocupa un papel destacado en la producción agrícola mundial, por medio de las exportaciones de algunas materias primas, en especial soya, café, carnes y azúcar, es un país que posee una enorme complejidad de bio-masa, entre la pampa en el sur; la Amazonía en el norte, o el pantanal denso en el centro-oeste, o las condiciones semiáridas, con una vegeta-ción agreste en el noreste. Y tenemos una repre-sentación de la selva virgen atlántica en el lito-ral brasileño, en el noreste y en el sur del país.

En ese contexto de biodiversidad, hay de la misma forma una fuerte representación so-cial y económica, donde están insertos los productos de expresión regionales, entre ellos los alimentos, las fibras, los aceites y los productos no maderables, provenientes de la agricultura familiar y campesina, de los asen-tamientos de la reforma agraria, y en especial de los pueblos y las comunidades tradiciona-les, como los indígenas, los ribereños, los pes-cadores artesanales y los remanentes de qui-lombos, entre otros que poseen características sociales, económicas y culturales propias.

Reconociendo las peculiaridades de esos grupos y su enorme fragilidad (pues están ofuscados por la presencia del agronegocio en su entorno, por las grandes distancias que los separan de los centros consumidores y por el bajo nivel de acceso a las políticas públicas), el gobierno federal consideró la necesidad de crear una política propia para los pobres y las comunidades tradicionales (Decreto 6.040, del siete de febrero de 2007.)

El reto era desarrollar instrumentos que per-mitieran la comercialización de la producción de estos grupos. Así, a partir del Decreto 6.040, y después de un largo debate entre los repre-sentantes de varios ministerios (el de Medio Ambiente, MDS y MDA), la Conab y la Casa Civil, se llegó a la conclusión de que la forma más rápida para atender esta demanda sería re-

forzar el PAA con la adquisición de cosechas de los pobres y las comunidades e incluir los no maderables, con la denominación de “pro-ductos de la sociobiodiversidad” (como cau-cho, castaña y fibra de palma) en el PGPM. Esta parte de la política se llamó PGPMbio.

Con estas acciones el gobierno federal quiere ga-rantizar alternativas económicas y transferencia de ingresos para los pobres y comunidades tra-dicionales (presentes en 43 municipios del “arco de la deforestación”, en la región amazónica).

El Programa de Adquisición de Alimentos ha significado para la Conab más que un pro-grama de comercialización; sirvió como una estrategia para reorganizar la actuación de esta compañía. Se ha logrado comprender, por medio del PAA, la complejidad de la produc-ción de la agricultura familiar y de los pueblos y las comunidades tradicionales, y se respetan las diferentes formas de organización.

Las discusiones y acuerdos en torno al PAA entre los diversos ministerios y los consejos de seguri-dad alimentaria y nutricional (federal, estatales y municipales), así como con los movimientos sociales, han legitimado este programa y eso se evidencia con un crecimiento de los recursos que se invierten en él y el número de familias que producen alimentos y comercializan por medio de él. Entre 2003 y 2008 su presupuesto pasó de 81.5 millones de reales a casi 276 millo-nes, y las familias de 41 mil 341 a 91 mil 622.

La producción que adquiere el PAA se des-tina a la formación de reservas de alimentos del Estado y a atender a las familias en situa-ción de inseguridad alimentaria y nutricio-nal. Además, el PAA paga hasta 30 por ciento sobre el precio de mercado para productos agroecológicos con la intención de fomentar la transición desde el modelo convencio-nal hacia una producción ambientalmente sostenible, asegurando a los consumidores productos con mayor valor biológico y sin contaminación por residuos de agrotóxicos. El volumen de productos agroecológicos adquiridos por el programa es aún pequeño, pero su diversificación es muy importante: implica más de 160 de un universo de más de 300 tipos de productos que entran en el PAA.

Después de seis años de aplicación de la PAA como un instrumento de comercialización agrícola y como un poderoso mecanismo para la asistencia a innumerables personas que padecen seguridad alimentaria, se puede afirmar que ha creado un círculo virtuoso en los circuitos locales de abastecimiento, permi-tiendo a las organizaciones que producen ex-pandir y diversificar su producción y generan-do excedentes más allá del programa (lo que ha posibilitado en muchos casos establecer relaciones con el mercado por medio de otros canales de comercialización). Y en el frente de los consumidores, ha permitido una mejo-ría en cantidad y calidad de alimentos, lo cual refuerza y promueven hábitos de consumo de base regional con mayor valor nutricional.

Por estas virtudes, el gobierno brasileño ha presentado el PAA en el contexto de la coope-ración internacional Sur-Sur, especialmente para los países de América Latina y del Caribe, y con los países africanos. Todo esto posibilita la valorización del uso de la biodiversidad y el rescate de hábitos alimentarios propios de las comunidades rurales pobres e indígenas. También permite sustituir alimentos otros países, adquiridos vía grandes compras públi-cas o donaciones de terceros países. Director de Dipa / Conab

SEMBRAR ENABYA YALA

LAS POLÍTICAS DE

COMERCIALIZACIÓN Y

ABASTO DE ALIMENTOS

BRASIL


Víctor Suárez Carrera

Por medio de la Secretaría de Agricul-tura (Sagarpa), el gobierno federal ha pedido a organizaciones agrícolas y campesinas su opinión sobre la con-

veniencia o no de negociar un tratado de libre comercio (TLC) con Brasil. Pero más que eso, lo que debería hacer esta secretaría es convocar a un diálogo y trabajar en la construcción de consensos respecto de la congruencia de toda la política agrícola y comercial de México.

Y es que México acumula ya tres décadas de políticas de libre mercado, y casi dos de nume-rosos TLCs –el más importante, el puesto en vigor en 1994 con Estados Unidos (EU), la ma-yor potencia económica y agroalimentaria del mundo– y de acuerdos de asociación econó-mica (AAEs) y los resultados son de pérdida de soberanía alimentaria, cesión de nuestro mer-cado interno a las grandes corporaciones agroa-limentarias vinculadas a las importaciones y anulación de la regulación pública del comer-cio exterior y del mercado agrícola doméstico.

El diálogo que se necesita debe pasar por temas tales como a) la renegociación del capítulo agrí-cola del TLC de América del Norte (TLCAN); b) la revalorización del sector agroalimentario como un asunto de seguridad nacional; c) la recuperación de la soberanía alimentaria del país; d) la revalorización y reactivación econó-mica de la agricultura en pequeña y mediana escalas; e) la revalorización y fortalecimiento del papel del Estado en la conducción y regu-lación del desarrollo agroalimentario del país, y f) medidas estructurales para disminuir la dependencia alimentaria e impulsar la produc-ción sustentable de alimentos, el empleo y la conservación ambiental con base prioritaria-mente en la agricultura campesina.

Para argumentar este planteamiento, debemos remitirnos a 1982, cuando en el marco de la llamada crisis de la deuda y de la debilidad del gobierno mexicano, se impuso en México –por medio del Tesoro estadounidense, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial– el modelo de libre comercio y privatización de la economía. Con la adhesión de nuestro país al Acuerdo General Sobre Aranceles y Comer-cio (GATT) en 1986 y sobre todo con la nego-ciación y firma del TLCAN, nuestro país se encaminó a la crisis de creciente dependencia alimentaria y pérdida de soberanía.

Una primera constatación de ello es que el modelo de libre mercado y los TLCs/AAEs han favorecido a EU, Canadá y al resto de países socios y ha sido desfavorable para nuestro sector agroalimentario. Los hechos así lo demuestran: la balanza comercial agroalimentaria de nuestro país ha sido sis-temática y crecientemente negativa todos los años de 1994 a la fecha, con la excepción un año (1995, debido a la recesión económica). De 1994 a 2009, de acuerdo con el Banco de México, el saldo negativo acumulado de la balanza comercial agropecuaria ascendió a 27 mil 321 millones de dólares, mientras que

el saldo negativo acumulado de la balanza comercial agroalimentaria fue de 41 mil 867 millones 900 mil dólares.

La segunda constatación se observa en que los TLCs/AAEs, en el marco del modelo de libre mercado, no impulsaron el crecimiento eco-nómico del sector agroalimentario. De 1994 a 2009, el PIB agropecuario aumentó a una ínfima tasa promedio anual del 1.77 por cien-to, muy por debajo del también mediocre cre-cimiento promedio anual de la economía de 2.43 por ciento. En contraste, de 1934 a 1980, el PIB agropecuario aumentó a tasas anuales superiores a cuatro por ciento como media.

Tercera constatación. Los TLCs/AAEs han promovido: a) la dependencia alimentaria de nuestro país (diez por ciento en los años 80s, 40 por ciento en 2010 y 80 por ciento para el 2020, según proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, USDA); b) la desigualdad (con datos del Banco Mundial: en 2008 el diez por ciento más rico concen-tró 41.3 por ciento del ingreso total nacional, mientras que el diez por ciento más pobre dis-puso únicamente de 1.2 por ciento; en 2004, el diez por ciento más rico concentraba 35.4 por ciento del ingreso total nacional mientras que el diez por ciento más pobre disponía de 1.5 por ciento); c) el desempleo rural (pérdida de 2.5 millones de empleos agropecuarios de 1994 a 2009); d) la pobreza (70 por ciento de la población rural) y la migración (250 mil migrantes rurales anualmente); e) la con-centración del mercado agroalimentario en pocas megacorporaciones nacionales y ex-tranjeras (20) las cuales han impuesto un mo-delo alimentario que produce desnutrición y obesidad para el 20 y 70 por ciento de los mexicanos, respectivamente.

Cuarta constatación. Los TLCs/AAEs no han promovido el libre comercio, mucho menos el comercio justo apegado a los princi-pios y reglas internacionales de comercio. El comercio agroalimentario está en manos de unas cuantas megacorporaciones agroalimen-tarias que imponen precios de monopolio, de-terminan las políticas agrícolas y comerciales en EU, México y el mundo y eliminan a cien-tos de miles de pequeños y medianos agricul-tores y agroempresarios. Al mismo tiempo, el comercio agrícola internacional está marcado por el dumping económico, social y ambiental practicado por EU y por medidas proteccio-nistas en función de su política de soberanía alimentaria y de seguridad nacional.

Quinta constatación. Los TLCs/AAEs se han negociado e impuesto de manera autori-taria, a espaldas de la sociedad civil y en parti-cular de los pequeños y medianos productores y de las pequeñas y medianas agroempresas. Se han negociado y acordado con la partici-pación de y en función de los intereses de las grandes corporaciones agroalimentarias agru-padas en el Consejo Nacional Agropecuario (CNA). La mayor parte de las organizaciones rurales del país y de la ciudadanía tienen una percepción negativa del TLCAN en el sector agroalimentario. En una encuesta de la Divi-sión de Estudios Internacionales del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), dada a conocer en mayo de 2009, se constata que “el 73 por ciento de los mexica-nos y el 72 por ciento de sus líderes consideran que México debe renegociar el TLCAN, so-bre todo en el capítulo agropecuario”.

Sexta constatación. A la par que México se comprometió a lo largo de las tres décadas pa-sadas con el modelo de libre comercio, otros países como China, India y Brasil adoptaron modelos de desarrollo y comercio propios, au-tónomos, soberanos, pragmáticos, con visión de Estado, con lo cual lograron mayores tasas de crecimiento económico y agroalimentario y mejores resultados en la distribución del ingreso y combate a la pobreza. Esos países han emergido como potencias económicas, comerciales y diplomáticas mundiales, a la par que México ha perdido competitividad y prestigio en el escenario internacional.

Incongruencia de las políticas agrícolas y comerciales de México 1994-2010. Cuando se decidió iniciar la negociación del TLC con la Unión Europea (UE) a finales de los 90s, el CNA y el gobierno argumentaron a favor de excluir el sector agroalimentario en razón de los “altos subsidios agrícolas, las ex-portaciones agrícolas dumping y las medidas proteccionistas de la UE”. Por su parte, la UE exigió al gobierno mexicano un trato similar al TLCAN en este sector. Al final, cuando entró en vigor el TLCUE en 2000, se exclu-yó correctamente al sector agroalimentario.

La incongruencia del CNA y el gobierno mexicano radica en que por las mismas razo-nes por las que se excluyó al agro del TLCUE debería ser sacado del TLCAN o, al menos, impulsarse su renegociación. Al no hacerlo, el resultado es que se protege a México de la competencia desleal de la UE para que el mercado agroalimentario mexicano sea com-pletamente dominado por la competencia desleal de las agroexportaciones y corporacio-

nes de Estados Unidos. Es decir, la agenda de las políticas agrícolas y comerciales de Méxi-co está determinada por los intereses de EU y su complejo agroindustrial y agroexportador.

Ahora que se analiza el posible inicio de ne-gociaciones de un Acuerdo Estratégico de Integración Económica (TLC) con Brasil, de nueva cuenta emergen las incongruencias del CNA y el gobierno mexicano: según dijo Juan Carlos Cortés, presidente del CNA, citado en una nota de El Financiero, del 14 de abril de 2010, debe excluirse al sector agroalimentario de un eventual TLC con la potencia econó-mica, agrícola, comercial y diplomática su-ramericana “porque el sector agropecuario mexicano es una actividad sustancialmente sensible y no tiene nada que ganar”, y “no es que haya mejores productores en Brasil que en México, sino que las condiciones estructu-rales son diferentes. Mientras la obligatorie-dad de la banca brasileña es prestar al sector agropecuario un porcentaje de su captación a una tasa preferencial; nosotros carecemos de ese apoyo, lo que nos pone en desventaja... Como ejemplo citó que la inversión que hace el gobierno de Brasil en tecnología es muchas veces mayor a la que realiza el de México, por lo que es difícil competir en sectores que tienen esas diferencias tan abruptas”.

Sí es cierto que existen condiciones estruc-turales diferentes (y adversas) para México respecto a Brasil, pero es aún más cierto para el caso de Estados Unidos respecto a Méxi-co. Por tanto, si hubiera un mínimo de con-gruencia, no sólo debería excluirse al sector agropecuario de un eventual TLC con Bra-sil, sino sobre todo debería excluirse el sector del TLCAN por medio de una renegocia-ción, tal y como lo han exigido la mayoría de las organizaciones rurales y la ciudadanía del país. ¿O se trata como en el caso del TLCUE: excluir a Brasil de la competencia en el mer-cado agroalimentario mexicano para que el dominio y control estadounidense sea total y no tenga competidores? ¿Las decisiones del gobierno mexicano y el CNA (dominado por las corporaciones agroalimentarias con intereses en EU) de nueva cuenta se toman en función de los intereses geopolíticos y geoeconómicos de EU y sus corporaciones?

Es indispensable que haya congruencia en las decisiones de política agrícola y comer-cial y no decisiones a modo de los intereses de EU y de las corporaciones.

En su posicionamiento sobre el tema, la ANEC se opone rotundamente a la posición de excluir al sector agroalimentario en las ne-gociaciones de un eventual TLC con Brasil a la par que se mantiene sin modificaciones el TLCAN y la política agrícola y comercial basada en el paradigma fracasado del libre comercio. Esta posición únicamente serviría a los EU y a las megacorproaciones agroali-mentarias mexicanas y estadounidenses y pro-fundizaría los resultados adversos del modelo de libre comercio y TLCs señalados arriba.

El país y el sector agroalimentario demandan un nuevo paradigma de desarrollo económi-co y agroalimentario propio, autónomo, so-berano, pragmático, alejado del fundamen-talismo neoliberal, con visión de Estado, de largo plazo, tal y como Brasil lo tiene y al que tanto teme el CNA y el gobierno mexicano.

Debemos construir una nueva política agrí-cola y comercial que deje atrás el modelo fra-casado de libre comercio y TLCs. Director ejecutivo de la ANEC

CONGRUENCIA EN POLÍTICAS COMERCIAL Y AGRÍCOLA, DEMANDA CAMPESINA• Consulta gobierno sobre TLC con Brasil, pero urge una recapitulación total de los acuerdos internacionales en el agro

El comercio agroalimentario

está en manos de unas

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determinan las políticas

agrícolas y comerciales en

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Luis Eduardo Pérez Llamas

Este 2010 la comunidad de Vicen-te Guerrero cumplirá 73 años de existencia y más de la mitad los lleva construyendo sistemas de

producción alternativos a la agricultura capi-talista moderna. Se fundó con diez familias que solicitaron 200 hectáreas; les pareció que era un buen pedazo de tierra para sembrar. Con el tiempo, la tierra resultó insuficiente, y más cuando sus descendientes resultaron muy apegados al modo de vida campesino, como nos relata Rogelio Sánchez, hijo pródi-go de la comunidad.

Durante 40 años los campesinos laboraron en condiciones sumamente adversas –topo-gráficas, climáticas, técnicas, etcétera– y con una producción magra, lo que los obligaba a emplearse fuera de sus parcelas. A fines de los 70s del siglo pasado la comunidad empe-zó a experimentar un cambio profundo en su estrategia de desarrollo, al tiempo que el mundo transitaba del paradigma keynesiano y su Estado benefactor hacia el neoliberalis-mo, con estrategias de desarrollo mucho más agresivas en contra de la naturaleza y la so-ciedad. Más les valía a los campesinos cons-truir sus propias alternativas, ya que eran des-deñados por los propios técnicos e ingenieros que el Estado les mandaba, quienes, dada su formación, consideraban que las tierras de la comunidad no eran aptas para la agricultura basada en la revolución verde.

La comunidad de Vicente Guerrero se lo-caliza a unos 40 kilómetros de la ciudad de Tlaxcala, al nororiente del estado, en el municipio de Españita. La mayor parte de su superficie es de laderas con pronunciadas ba-rrancas; el ambiente es seco y de temperatu-ra extrema; las heladas lo mismo se pueden retrasar y aparecer en mayo que adelantarse en octubre. Las lluvias anuales, que van de 700 a mil cien milímetros, se concentran de junio a septiembre.

Amantes de la tierra y negados a formar parte del ejército de mano de obra barata in-dustrial, los miembros de la comunidad se vieron obligados a forjar su propio destino, y el reto de la autosuficiencia alimentaria se convirtió en motor impulsor del que emana-ron diversas estrategias. Si bien el Grupo de Vicente Guerrero (GVG) –como mejor se les conoce– se constituyó legalmente en 1997

como Proyecto de Desarrollo Rural Integral Vicente Guerrero, AC, en realidad su inicio ocurrió a finales de los 70s.

El primer antecedente lo tenemos en los trabajos –caminos, estufas ahorradoras de leña y huertos biointensivos– realizados con el apoyo de la organización cuáquera esta-dounidense Comité de Servicio de los Ami-gos, bajo la dirección del tlaxcalteca Rogelio Cova Juárez. Particular importancia tuvo el aporte de Erick Holt, con las camas bio-intensivas de producción de hortalizas. Un segundo momento para la consolidación del proyecto se dio con la conformación de grupos de trabajo en torno de sistemas de producción agrícola sostenible. La vocación de servicio comunitario y de promoción de desarrollo local de Rogelio Cova vinculó la necesidad de desarrollo alternativo de Vicen-te Guerrero con la experiencia exitosa de la cooperativa y escuela de Conservación de Suelos y Agua Katoqui Ketzal, de San Mar-tín Xilotepeque, Chimaltenango, Guatema-la, bajo la dirección de Marcos Orozco.

En 1979 cuatro compañeros tlaxcaltecas vi-sitaron por varios días la cooperativa; uno o dos años después un segundo grupo hizo lo mismo. Estos grupos tuvieron la tarea de diseminar lo aprendido en la comunidad de Vicente Guerrero; a partir de ello o parale-lamente se conformó el “grupo promotor de procesos de desarrollo hacia otras comuni-dades”, que desarrolló la diseminación del saber de campesino a campesino (de C a C).

Rogelio Sánchez, fundador del proyecto y miembro del primer grupo promotor, nos co-menta al respecto: “lo que nosotros hacemos es reimpulsar algo que ya estaba arraigado en el modo de ser de la comunidad campesina. Lo que ocurrió en Guatemala forma parte de este modo de ser. Lo novedoso fue que estaba ocurriendo entre miembros de dos comunidades de países distintos. Pero es lo

mismo que continuamos haciendo en Vicen-te Guerrero y en sus comunidades vecinas; también lo hicimos en Puebla y Veracruz, lo mismo que en Nicaragua a principios de la revolución sandinista”.

El concepto de C a C retoma el saber cam-pesino como eje de retroalimentación entre pueblos y comunidades campesinas e indíge-nas, a contracorriente de lo que ocurre en las universidades, con la introducción del mo-delo de revolución verde y la preparación de técnicos e ingenieros que rompen la trans-misión de ese saber de generación a genera-ción. La comunidad de Vicente Guerrero le dio un impulso en México a este concepto, revalorando su importancia y enriqueciendo el proceso metodológico.

Un tercer momento de la consolidación de este proceso ocurrió con la llegada de re-fugiados guatemaltecos en los 80s. Rogelio Cova gestionó que compañeros de Katoqui Ketzal dejaran los campamentos de refugio ubicados en Chiapas y pasaran a ser invita-dos de comunidades de Tlaxcala y Oaxaca.

De los guatemaltecos se retomó la herra-mienta fundamental del manejo de los suelos y del agua, lo que significó de manera inme-diata la siembra del agua de lluvia, evitando los escurrimientos y el deslave de los suelos, con lo que se incrementó la humedad, se incorporaron árboles frutales y maderables y se recuperaron el maguey y los nopales. A mediano y largo plazos ello significó el au-mento en la fertilidad de la tierra, de la bio-diversidad y por supuesto de la rentabilidad, lo que acercó a la comunidad a su objetivo básico: la autosuficiencia alimentaria.

Con la mayor producción de granos se pudo fortalecer la crianza de animales de traspa-tio. Milpa, huertos biointensivos y animales de traspatio formaban parte de una misma estrategia. Y también la recuperación de la

herbolaria en la gestión de la salud de ma-nera colectiva. En todos los casos la mujer ha jugado un papel protagónico, y por tanto surgió una nueva necesidad: la de procurar la equidad de género, permitiendo la partici-pación de las mujeres en la toma de decisio-nes de la comunidad.

La historia da lecciones. La agricultura rural integral de Vicente Guerrero fue reco-nocida en 2009 con el premio a la producti-vidad (lograron rendimientos de seis tonela-das de maíz por hectárea). Lejos se está de los 800 kilos que se obtenían en los ciclos agrícolas más favorables antes del proyecto y lejos también de los mil 500 kilos que se lograban cuando se aplicaban hasta 12 bultos de fertilizantes químicos por hectárea. Hoy el promedio de producción de maíz es de 3.5 a cuatro toneladas. Y como lo que se cultiva no es maíz, sino milpa, a este rendimiento hay que sumarle la cosecha del cultivo acom-pañante. Si fuera el caso del frijol matero, sus tres toneladas de rendimiento; 1.5 toneladas si es frijol trepador; una tonelada si es haba, y 400 kilos si es semilla de calabaza. Hoy está garantizada la producción para el autocon-sumo, pero también para la crianza de ani-males y para la venta. En el caso del maíz la producción se divide a partes iguales para los tres propósitos. La aplicación de abonos orgánicos con insumos locales influye de manera fundamental en el incremento del rendimiento por hectárea.

Pero el trabajo no sólo consistió en aspectos técnicos; se exploró también el cómo generar procesos autogestivos en la comunidad, lo que llevó a establecer áreas comunes de re-forestación, así como a la compra de un área de reserva donde se localizan los manantia-les que proveen a la comunidad de agua de beber. Se trataba de desarrollar un concepto de agricultura sostenible que cuidara todos los aspectos que tiene una comunidad: el autogestivo, el cultural, el ecológico, el eco-nómico, etcétera.

Así por ejemplo, si bien la milpa es el centro de la vida campesina, a partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y de la consecuente caída de los precios del maíz, el GVG se vio obligado a buscar una opción comercial que compensara la pérdida de in-gresos monetarios y la encontró en el tomate de cáscara, que hoy es la principal fuente de dinero en efectivo y provee 500 empleos du-rante cuatro o cinco meses del año. El maíz ocupa el segundo lugar en la generación de empleos y en los ingresos de dinero; le si-guen la calabaza y el frijol, y más abajo están el chícharo, el haba, la cebada y el trigo. En menor escala se produce fruta asociada a los sistemas de producción principal y también un poco de miel.

Diversificar los sistemas de producción forma parte de la estrategia de agricultura sostenible de esta comunidad. Además de recuperar el sistema tradicional de la milpa, se incorporaron frutales, plantas medicina-les, árboles maderables y otros. El manejo

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LA AUTOSUFICIENCIA

ALIMENTARIA COMO

EJE DE DESARROLLO

Los miembros de la comunidad

se vieron obligados a forjar su

propio destino, y el reto de la

autosufi ciencia alimentaria se

convirtió en motor impulsor del

que emanaron diversas estrategias

Se retomó la herramienta

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FOTO: Tomada del libro Agricultura sostenible campesino-indígena, soberanía alimentaria y equidad de género; seis experiencias de organizaciones índigenas y campesinas en México, de Eckart Boege y Tzinnia Carranza, editado en septiembre de 2009.


Sergio Madrid

A diferencia de la mayoría de los países del mundo, en México las tierras forestales son fundamental-mente de propiedad social. En un

estudio reciente, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS) re-porta que del total de superficie con bosques y selvas del país 60.3 por ciento está en ma-nos de comunidades y ejidos y cubre más de 39 millones de hectáreas.

En las zonas forestales donde existe arbola-do comercial, las comunidades y los ejidos desarrollan sus actividades bajo esquemas de manejo planificado basados en lo que se llama el “Programa de manejo forestal”. El aprovechamiento de la madera se da en un marco de producción sostenible; es decir, se mantiene el mismo nivel de extracción a lo largo de los años sin demeritar las cualidades y funciones ecológicas del bosque.

Contrario a lo que normalmente se piensa, las actividades de aprovechamiento forestal en las comunidades son precisamente lo que permite la conservación, la protección y el mantenimiento de la cobertura fores-tal. Los ingresos por la venta de la madera constituyen un fuerte incentivo para que los ejidatarios se ocupen de cuidar el bosque contra las amenazas de la tala ilegal, de los incendios, de las plagas e incluso del sobre-aprovechamiento. En algunos lugares donde las autoridades gubernamentales han veda-do el aprovechamiento por alguna causa, los ejidatarios se desmoralizan y descuidan el bosque pues no pueden obtener beneficio económico alguno, y por tanto el recurso

forestal queda a merced de la tala ilegal, la cual, por cierto, es financiada por decenas de madererías de las zonas urbanas.

Por todo ello, hoy día existe un enorme interés por parte de organizaciones de pro-ductores y no gubernamentales por impulsar la producción forestal sustentable en manos de las comunidades dueñas de los bosques y evitar los actos de autoridad que obstacu-licen las iniciativas comunitarias a favor del manejo forestal. Hay docenas de ejemplos de comunidades que tienen que esperar muchos meses o incluso años para tramitar, ante la Secretaría del Medio Ambiente, una autorización para el aprovechamiento o sa-neamiento del bosque.

El manejo forestal comunitario, además de generar estímulos para la conservación del bosque, ha demostrado que dinamiza las eco-nomías locales por medio de la generación de empleos directos e indirectos, y de ingresos y derrama que se traducen en el mejoramiento de la calidad de vida de la población local.

Algunas estimaciones (ya que no hay infor-mación gubernamental) reportan que exis-ten unas dos mil 300 comunidades y ejidos que tienen un programa de manejo forestal vigente y en operación. Sin duda, ésta es una cifra muy sorprendente, ya que en la gran mayoría de los países forestales existen sólo unas pocas comunidades trabajando formal-mente el bosque.

Pero también es cierto que estas comunida-des con programa de manejo enfrentan enor-mes problemas que están poniendo en riesgo el modelo de silvicultura comunitaria que tanto provecho le ha hecho al recurso forestal del país. Aproximadamente 74 por ciento de las comunidades forestales tienen que vender su madera en pie, es decir hacen contratos de compra-venta donde ya no son ellas las que desarrollan el manejo y aprovechamiento del bosque, sino que son empresas de fuera las que realizan los trabajos del monte y de la in-dustria. En la actualidad 600 comunidades mantienen el control del proceso productivo y se encargan de los trabajos de corte y extrac-ción del arbolado y venden su madera en ro-llo (troncos) o bien le dan un valor agregado la producción de madera aserrada.

Así que quedan aún mil 700 comunidades forestales que requieren ser consolidadas para que puedan apropiarse del proceso pro-ductivo y con esto generar las condiciones para que en México tengamos una estrategia sólida de conservación de bosques ligada a un desarrollo rural sustentable. Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible

hidrológico de los suelos aprendido de los guatemaltecos fue enriquecido a partir de la formación de represas, jagüeyes, cisternas de ferro-cemento, etcétera. En el control de insectos hubo cambios; de ser considerados una plaga, algunos como los chapulines pa-saron a formar parte de la dieta de las per-sonas, recuperando así una práctica de los oaxaqueños. Y qué decir del rescate y preser-vación de las semillas nativas: Tlaxcala cuen-ta con cinco razas y 57 variedades de maíz; 13 variedades de frijol y ahora mismo se en-cuentran en una estrategia de recuperación de las semillas de amaranto locales.

La experiencia de Vicente Guerrero ha trascendido hasta conformar una pequeña región que incluye los municipios de Espa-ñita, Tlahuapan, Ixtacuixtla, Ixtenco, Tepe-titla y Nanacamilpa. Y se está planteando la conformación de cuatro regiones para tratar de cubrir todo el estado. Ya se arrancó en el sur con Zacatelco, donde se consolidó una agrupación que tiene bajo su responsabili-dad capacitarse y transmitir el conocimiento de GVG hacia todos sus asociados y después difundirlo en toda la región.

En la organización es muy importante la formación de cuadros, para la renovación de los promotores y garantizar la sostenibili-dad de los planteamientos a mediano y largo plazos. Por ello la concienciación comienza desde la infancia: se cuenta con un grupo de niños que se llaman Guerreros por la Natu-raleza, en quienes se siembra la semilla del proyecto; estos niños a su vez actúan sobre el resto de los niños de la comunidad sensibili-zándolos sobre la ecología y la colectividad.

Por otra parte, la comunidad tiene una necesidad apremiante: dotar de tierra a las familias que no cuentan con ella. Actual-mente existen 67 ejidatarios. La superficie total ha crecido gracias a la compra que la comunidad y los pobladores han venido ha-ciendo. Entre tierras ejidales, comunales y de pequeña propiedad la comunidad cuen-ta con entre 800 y mil hectáreas. Se tienen censados 112 productores y, como son 160 familias, se calcula que alrededor de un 30 por ciento de familias no cuentan con tierra. Son las que se ven obligadas a migrar para ganarse el pan de cada día.

Finalmente, resaltemos que el GVG posi-blemente es la única organización en Méxi-co que ha venido organizando la Feria del Maíz durante 13 años consecutivos. Tuvo y tiene como estrategia principal la preser-vación, difusión y enriquecimiento de las variedades de maíz, frente a lo que ha sig-nificado la apertura comercial detonada en 1994. Se realiza el segundo sábado de marzo de cada año.

DIVERSIDAD DE COMUNIDADES FORESTALES

En México las tierras forestales

son fundamentalmente de propiedad

social. En un estudio reciente, el

Consejo Civil Mexicano para la

Silvicultura Sostenible (CCMSS)

reporta que del total de superfi cie

con bosques y selvas del país

60.3 por ciento está en manos

de comunidades y ejidos y cubre

más de 39 millones de hectáreas

Hoy el promedio de producción de

maíz es de 3.5 a cuatro toneladas.

Y como lo que se cultiva no es

maíz, sino milpa, a este rendimiento

hay que sumarle la cosecha

del cultivo acompañante

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Zoila Reyes Hernández

A la mañana siguiente de mi depor-tación el pollero me dijo: “¿Lista señora?, ya se va”. Yo no estaba pre-parada moralmente. Como pude,

rápido, me puse doble blusa, suéter y cha-marra, guardé el peine, cepillo y pasta den-tal, pero el celular era lo más importante, siempre iba conmigo. Me encomendé a Dios y salí muy nerviosa. Afuera estaba el señor Pelos, mi guía para intentar cruzar la línea por segunda ocasión. Tenía que afrontar el miedo, mi obstáculo principal para cumplir mi sueño. Caminamos por el mismo lugar; como el día anterior, tuve que pasar el río sola; el corredor se quedó aún más lejos, sólo me gritaba: “¡Brínquese rápido! ¡Piérdase en las casas! ¡No se quede parada!”.

Crucé aquel río que el día anterior fue testigo de mis temores; ahora ya sabía dónde podía pisar. ¿De qué me sirvió?, la mala suerte me seguía. Apenas salí a la brecha de terracería y ya me esperaban dos patrullas fronterizas, yo casi no podía avanzar con el pantalón moja-do. “¡Alto ahí!” Y me quedé esperando como hipnotizada a que los oficiales llegaran a mí. “¡Levanta las manos!” –gritaron mientras me revisaban–. Y otra vez: “¿Traes droga? ¿Cómo te llamas? ¿A dónde vas? ¿Qué vas hacer? ¿Con quién vienes? ¿No te da miedo? ¿No sabes lo que está pasando en Juárez con las mujeres?”. Les dije que estaba enterada de todo lo de las muertas de Juárez. “¿No tienes miedo?”. “Sí, pero el hambre y la necesidad es más fuerte que el miedo”.

En esos momentos me sentí más sola que nunca, me hacían falta mis hijos, pero más que nada un apapacho del hombre que amo con toda mi alma y que por obra del destino se encontraba muy lejos. La soledad que in-vadía mi alma me hacía sentir más miedo. Llegué a la oficina de migración a las dos de la tarde. Una vez más me revisaron, traté de repetir lo mismo del día anterior para no per-judicar mi visa, al terminar mi declaración me encerraron en la misma celda. Mi triste-za era muy grande, no tanto porque la migra me había detenido pues sabía a ciencia cierta que luego estaría libre, sino porque no podía ir al lado de mis hijas que viven en Denver, Colorado, ni podía trabajar para darles una buena educación a mis hijos que estaban en casa, en Oaxaca. Pero, ¿qué más daba si la suerte no era para mí en esos momentos?

Eran como las diez de la noche cuando tra-jeron a una mujer sola, le tomaron sus datos y después la metieron en la misma celda. Temblando de frío apenas podía detener-se, su ropa estaba empapada. La vi tan mal que no dudé ni un instante de quitarme una blusa y un suéter para ofrecérselos. El frío la dominaba, decía que sentía mareos. En ese momento llevaron a una joven, le tomaron sus datos y la metieron en nuestra celda. En-tró sonriente, tal vez porque era la primera vez que lo intentaba. Intercambiamos pala-bras pero nos preocupaba la otra compañera porque se quejaba de dolor. Con toquidos en las ventanas llamamos a un oficial: “¿Qué pasa?”. “Se siente mal la señora, tiene dolor de estómago, es por el frío”, le dijimos. Re-gresó como en cinco minutos trayendo una cobija. Le preguntamos que si tenía café o

agua caliente. “No”, respondió. El estómago nos gruñía. Con señas le dijimos al oficial que teníamos hambre y sed. Nos trajo jugos de manzana y barras de granola con choco-late, medio nos quitamos la sed.

Esperanza, la joven, dijo: “Saliendo lo voy a intentar de nuevo, no me queda de otra, o me quedo en la cárcel o logro llegar a mi destino. No puedo volver a mi casa en Chiapas porque está de por medio mi vida”. Con lágrimas nos contó que acababan de matar a su papá y a su hermano por falta de dinero para darle al asesino que los chantajeaba y no sabían por qué; nos dijo que todo era por vía telefónica: “Primero le pidieron una cantidad de dinero a mi papá y como no cumplió lo mataron, lo mismo sucedió con mi hermano. Ahora las llamadas son para mí. Tengo mucho miedo, no me quedé ni al entierro de mi hermano. Salí huyendo con mi esposo y mis hijos. No tengo a dónde ir, no puedo volver porque me matarán y no sé por qué están matando a to-dos los varones de mi familia”. Sentía compa-sión, pero juro que las palabras entrecortadas de Esperanza me contagiaban su miedo. No sabíamos cómo animarla pues las tres estába-mos encerradas esperando la misma suerte.

En ese momento, de mi corazón salían palabras hacia México: “No se preocupen, estamos con vida, quizás en otro intento lo-gremos la meta”. Pasamos la noche en vela. Mientras tanto, otra recién llegada no corría la misma suerte porque en su primer intento sería enviada a la cárcel. Su semblante refle-jaba angustia y desesperación. Cada vez que la sacaban a firmar papeles o requisitos nos regalaba una sonrisa, pero detrás de aquella sonrisa había dolor, una pena tan grande que contagiaba a todos los que la observaban. Vamos, yo no podía quitarle la vista ni un instante porque su pena también era mía. Le pusieron las esposas y se la llevaron como delincuente, yo sentí en carne propia el do-lor que ocultaba detrás de la mirada pero no podía hacer nada. Pensé en la crueldad, por-que nuestro único pecado es querer trabajar. Al amanecer Esperanza decía: “Nos vamos pero mañana estamos aquí”. Su sonrisa fue cambiando porque a las diez de la mañana nosotras seguíamos encerradas y el hambre aumentaba. Como a las 11 abrieron la puerta y dijo un oficial: “Salgan rápido, pónganse de frente a la pared”. Nos esculcaron a las tres, abiertas de pies una oficial nos metió mano donde no debía. Como no llevábamos nada, nos dieron nuestras cosas y luego nos subieron a la perrera, parecíamos perros en-jaulados. En ese momento nadie iba derro-tada porque sabíamos que había vida y ob-viamente porque ya nos iban a liberar. Nos llevaron a la migración de Texas, ahí estuvi-mos encerradas como dos horas, por la ven-tana pedíamos unos burritos a los oficiales pero nunca llegaron. Yo les dije: “¡Qué malos son!, les pedimos algo de comer y no nos die-ron nada”. Uno de ellos respondió altanero y prepotente: “Aquí no es hotel. Váyanse y no vuelvan”. Caminamos entre reja y reja hasta llegar al pasillo que nos conduciría al puente de Santa Fe, la salida a Ciudad Juárez.

Siendo las dos de la tarde, nos encontramos en la calle sin saber qué hacer. Yo no traía dinero porque don Arturo quedó de dárme-lo cuando estuviera del otro lado. La com-

pañera me dijo: “Yo traigo dinero, vamos a buscar un hotel”. Al instalarnos en el Hotel Bambaneo descansamos un momento, luego salimos a comer a un restaurantito, casi me comí todo el pedido pues habían pasado 28 horas del alimento anterior. Mi compañera no probaba bocado, sólo lloraba en silencio porque no logró llegar con su esposo. ¡Tantas ilusiones de estar con él!, tenía más de tres años de no verlo.

Yo le decía: “No llores, tenemos vida y sa-lud, quizás pronto regresará”. “Sí, pero yo quería ayudarlo cuando menos un año. No se pudo”. Le dije: “Si tú quieres inténtalo de nuevo”. Me contestó: “Ya con lo que sufrí fue suficiente, ya no quiero volver a sufrir lo mismo. Mi comadre me engañó, yo no pen-saba venir pero ella es coyote y me dijo que me animara, que me iba a pasar, que no me dejaría sola ni un momento. Yo no quería porque tenía miedo, mi comadre convenció a mi esposo para que permitiera el viaje. Él le dijo: ‘Tú te vas a hacer responsable ¡Cui-dado y me la dejes!’. Y mira dónde estoy”. Yo la escuché con calma y atención, parecía que éramos grandes amigas, conocidas de mucho tiempo. Rumbo al hotel me seguía contando su historia. Le pregunté por su comadre y me dijo: “Creo que ya pasó, se fue antes que yo, a mí me mandaron con dos hombres, uno de ellos me apoyó mucho en el camino, no me dejaba, cada que me quedaba jalaba, pero al cruzar el río ya no podía caminar con la ropa mojada y le dije a ese muchacho ‘¡Corre, vete, déjame aquí! ¡No permitas que te agarren!’. No quería hacerlo, pero yo insistí, no podía permitir que por mi culpa lo agarraran. Creí que más adelante me esperarían, pero corrie-ron tanto que ya no los vi, traté de alcanzarlos pero mis piernas no daban más. Avancé len-tamente como media hora, les grité y les grité pero nadie respondió. Pensé que ya habían cruzado la línea y yo sola en aquel desierto a las diez de la noche. No sabía qué hacer ni para dónde ir. Tenía mucho miedo de encon-trar algún hombre malo en pleno desierto y me volví para atrás, crucé el río de nuevo, el agua estaba helada y al salir a una brecha me quedé sentada con la esperanza de que

la migra me levantara, mi ropa se pegaba en mi piel y el frío inmenso traspasaba hasta mis huesos. Como a los 20 minutos aparecieron las luces de una patrulla, me levanté y me puse a media carretera. Los oficiales bajaron gritándome de mala forma y apuntándome con un arma; supongo que creían que era un hombre, pero cuando vieron que era mujer ya me hablaron con tono de compasión y me subieron a la patrulla. No les importó mi frío, pusieron el clima helado. Así llegué a las ofi-cinas de migración, lo demás ya te lo sabes porque lo estás viviendo en carne propia”.

“No te preocupes, todo va a estar bien”, le dije. Al llegar al hotel descansamos como dos horas, luego me levanté y me fui a bus-car al pollero para que me diera mi mochila y algo de dinero. Al llegar a la casa de este señor, no me quiso dar dinero, me entregó mi mochila y me dijo: “Dígale a don Arturo que le dé”. No era la persona honesta que yo creía porque se quedó con mis 20 dóla-res. De nuevo regresé al hotel, por la noche mi compañera me contó su vida y ni cuenta nos dimos cómo nos quedamos dormidas. Al otro día, salimos a buscar un café caliente y a almorzar, ya estábamos más relajadas.

Al regresar al hotel le hablé a don Arturo para que me trajera dinero. Al llegar este señor, me dijo: “¿Qué pasó señora?, ¿no se pudo? El Paso está muy caliente, nunca me había sucedido algo parecido. Usted dice si lo intentamos otra vez, pero ya no quiero ex-ponerla. De verdad lo siento mucho, mejor véngase para mayo o junio”. Pero yo había decidido volver a Oaxaca. Entonces don Ar-turo dijo: “Las llevo a la salida de autobuses que van al aeropuerto”.

El plan era perfecto. Ya en la parada de la ruta, el señor Arturo nos deseó buen viaje. El dinero se fue, de mil 200 dólares que le di sólo me devolvió 240. ¿Qué podía hacer? No tenía caso discutir. Al subir al autobús quedaban atrás mis ilusiones de trabajo y mis hijas. No lo había logrado, pero sí logré un objetivo: tenía material para escribir, había vivido en carne propia algo de los sufrimientos de los ilegales al pasar la línea. ¡Nadie me lo iba a contar!

De pronto, una llamada de mi hija Martha desde Denver me sacó de mis pensamientos. Me dijo que dónde estaba porque pasaría a recogerme un corredor en el que confiaba plenamente. Yo le dije: “No hija, ya me voy, ya no quiero jugar con mi destino, que tal que ahora sí me voy a la cárcel, ya me lo ad-virtieron”. Mi chaparra se sintió desesperada: “¡No mami, no se vaya!, usted nunca le ha tenido miedo a nada, hoy no se me puede echar para atrás. Bájese de la ruta, por favor escuche a este señor mamita, yo sé lo que le digo”. Le dije: “No hija, ya me voy”. “Mamá, la esperamos sus dos hijas y sus nietas, intén-telo la última vez”. Le pedí que me hablara en media hora, cuando yo estuviera en el ae-ropuerto. “Está bien mamita ¡Piénselo!”. Las lágrimas humedecieron mis mejillas. Me sentía en una encrucijada: volver a Oaxaca con mis pequeñas o jugármela para estar con mis hijas y mis nietas que me esperaban en Denver, Colorado. Continuará… Escritora indígena de la Mixteca oaxaqueña. La edición del manuscrito original ha sido realizada por Gisela Espinosa Damián (UAM-Xochimilco).

M Á S F U E R T E Q U E E L M I E D O

Segunda parte

Apenas salí a la brecha de

terracería y ya me esperaban

dos patrullas fronterizas, yo

casi no podía avanzar con el

pantalón mojado. “¡Alto ahí!”

FOTO

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No. 33 Sembrar y cosechar en ABYA YALA

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