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11 de septiembre de 2008 • Número 12

Directora General: Carmen Lira Saade Director Fundador: Carlos Payán Velver

Suplemento informativo de La Jornada

Pag. 17

ADÓNDE VAN LOS DINEROS DEL CAMPO TEMA DEL MES

11 de septiembre de 20082

Te invitamos a que nos envíes tus opiniones, comentarios y dudas a [email protected]

La Jornada del Campo, suplemento mensual de La Jornada, editado por Demos, Desarrollo de Me-dios, SA de CV; avenida Cuauhtémoc 1236, colonia Santa Cruz Atoyac, CP 03310, delegación Benito Juárez, México, Distrito Federal. Teléfono: 9183-0300.Impreso en Imprenta de Medios, SA de CV, avenida Cuitláhuac 3353, colonia Ampliación Cosmopolita, delegación Azcapotzalco, México, DF, teléfono: 5355-6702. Reserva de derechos al uso exclusivo del título La Jornada del Campo en trámite. Prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta publicación, por cualquier medio, sin la autorización expresa de los editores.

Suplemento informativo de La Jornada 11 de septiembre de 2008 • Número 12

Cáncer del campo y del país, el corporativismo de Estado no remitió en 2000 con la alternan-

cia de las derechas en el poder. Igual que antes el PRI, el PAN apela al clientelismo social como instrumento de control.Pero si el corporativismo de la “revolución

hecha gobierno” fue tragedia, el neocorpo-rativismo panista resultó comedia de enre-dos. Pese a ser electoralmente redituable, socialmente desmoralizador y políticamen-te peligroso, el clientelismo blanquiazul es apenas remedo del vertical y disciplinado gremialismo de Estado que fuera lastre estabilizador de la nave nacional en los años del “partido casi único”. Corporativismo de los tiempos heroicos que desmerece cuando el reformismo posrevolucionario pierde impulso, se tambalea en los 70s del siglo pasado al agotarse el llamado “desarrollo estabilizador” fincado en el mercado interno y por tanto económicamente redistributivo, y entra en crisis terminal durante los 90s cuando los tecnócratas imponen un modelo extrovertido y excluyente donde aun con crecimiento no habría bienestar para las mayorías.

Víctima de desprendimientos que se intensifican en el último tercio de la pasada centuria; desairado y traicionado por los tecnócratas de su pro-pio partido; desertado por sus bases, a las que ya no puede “bajar” en la proporción de antes las nutricias dádivas del Estado social, el corporati-vismo histórico llega tambaleante a la alternancia. Y la pérdida del Poder Ejecutivo federal por el PRI es un nuevo revés: algunos gremios, como los que agrupa el Congreso del Trabajo, se desmadejan; otros, como el magisterial que regentea Elba Esther Gordillo, logran recrear la habitual relación chantajista-clientelar, ahora con los gobiernos de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y otros más, entre ellos los rurales, se empeñan, con éxito desigual, en forzar la puerta de los secretarios de Estado blanquiazules que son los que ahora manejan las arcas presupuestarias.

En el ocaso del sexenio pasado la carroza de Fox se volvió calabaza. Más próximos a la sórdida picaresca priísta que a la impoluta derecha de-mocrática que presumían ser, los panistas resultaron tepocatas y víboras prietas del montón. Porque el poder corrompe y es adictivo, pero también porque lo que está en juego es el proyecto de país oligárquico y trasnaciona-lizado y ante esto las derechas se amanceban y comparten mañas.

El presunto “gobierno del cambio” defrauda al México raso porque su proyecto económico resultó ser el de los tecnócratas del PRI, pero también porque su modelo político reproduce sin recato las trapacerías habituales del viejo régimen. Así, al mediar la pasada administración, el PAN exhibe la fragilidad de sus convicciones democráticas empleando impúdicamente los dineros de la nación en el amarre de sus propias clientelas corporativas.

El Programa de Capacitación en Programas Federales es un manual que el Grupo Parlamentario del PAN le encargó a Arnulfo Montes Cuén, ex priísta ducho en comprar fidelidades campesinas con gasto público. Ahí se explica cómo “generar, a través de la gestión, estructuras sociales que le den fuerza a Acción Nacional en los próximos procesos electorales” y cómo “integrar a la población del campo mexicano a organizaciones civiles identificadas con el PAN”.

Debidamente instruidos por el experto en ordeñar presupuestos, los diputados blanquiazules solicitaron a la panista Josefina Vázquez Mota, cabeza de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), 330 mil apoyos del programa Adultos Mayores, la incorporación de 11 mil familias al padrón de Oportunidades y casi 10 mil ingresos al Programa de Empleo Temporal (PET), entre otros recursos. Al panista Javier Usabiaga, de la Secretaría de Agricultura, le pidieron, además de otros apoyos, 900 millones de Alianza para el Campo para distribuir en 28 estados. Y así.

Según se lee en las cartas cruzadas con José de Jesús Castellanos, titular del PET: “que dichas solicitudes, tal como habíamos acordado, nos sean presentadas para que pueden ser validadas y eventualmente autorizadas (...)” y en las intercambiadas con Rodolfo Guzmán, secretario técnico de Oportunidades: “la entrega de esta base de datos (11 mil seis familias del padrón de Oportunidades) cumple uno de los acuerdos en nuestra reunión de trabajo (...) con el propósito de encontrar juntos vías para atender su pe-tición”. Y con base en el balance titulado “Principales logros y avances en programas federales”, así como en otros informes del diputado Jorge Luis Preciado, puede afirmarse que entre 2004 y agosto de 2005 los legisladores panistas consiguieron “una inversión superior a los mil 300 millones de pesos”, provenientes de los programas PET, Adultos Mayores, Apoyo Ali-mentario, Vivienda Rural, Opciones Productivas, Reconversión Produc-tiva, Maquinaria Cañeros, Apoyos Directos, Fondo de Apoyo a Proyectos Productivos Agrarios y Programa de la Mujer en el Sector Agrario.

Para esto fue necesario apurar al subsecretario de Egresos de la Secreta-ría de Hacienda, Carlos Hurtado, con el propósito de que liberara rápido el dinero, y urgir al subsecretario de gobierno de la Secretaría de Goberna-ción, para que interviniera con Sedeso y se diera “cumplimiento al acuerdo hecho por el titular de dicha secretaría desde el 19 de agosto pasado con un grupo de 35 diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario del PAN (...) consistente en apoyar las poco más de mil 300 solicitudes para el programa de Vivienda Rural”. (La información, en Jesusa Cervantes, “Dinero pú-

blico a la campaña de Calderón”, Proceso, 1540, 7 de mayo 2006, y Jesusa Cervantes, “El PAN compra el voto rural”, Proceso, 1541, 14 de mayo 2006).

Cuén se distanció del PAN, pero pronto puso sus habilidades al servicio Alianza De-mocrática Nacional, organización encabe-zada por el senador Enrique Bautista, aliado de la corriente Nueva Izquierda del PRD, que tras una huelga de hambre y una foto con Felipe Calderón, logró 400 millones cash y la promesa de mil millones más, para

cuya gestión formal se solicitaron los calificados servicios del ex priísta y ex panista. Su última hazaña conocida fue ocupar la secretaría técnica de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, de la que fue despedido cuando su presidenta, la senadora Rosario Ibarra, descubrió que en realidad Cuén trabajaba para el priista Manlio Fabio Beltrones. Toda una ficha.

Pero el corporativismo rural panista no arranca en 2004, tiene antece-dentes. En 1998, cuando Felipe Calderón era presidente del PAN, fundó en Irapuato, Guanajuato, la Liga de Acción Agraria, en presencia de seis mil campesinos pastoreados por el gobierno estatal, entonces encabezado por Vicente Fox. A mediados de 2004, en un evento del más puro corte priísta, repleto de acarreados y con presencia del ya entonces presidente Vicente Fox; del secretario de Agricultura, Javier Usabiaga; de la responsa-ble del Desarrollo Social, Josefina Vázquez Mota; del titular de Economía, Fernando Canales; del encargado de la Secretaría de Medio Ambiente, Alberto Cárdenas, y de Florencio Salazar, quien era titular de la Secretaría de Reforma Agraria, el PAN anunció la creación de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss) y del Programa de Acción Rural (Plantar), que según Luís Felipe Bravo Mena, entonces presidente de Acción Nacional, deberían organizar a “los cientos de miles de campesinos y hombres del campo que son panistas”. Para mayor evidencia de que los blanquiazules han adoptado la costumbre tricolor de uncir las organizaciones sociales a los partidos y a los gobiernos, la cabeza de Unimoss resultó ser Javier López Macías, que en unos días pasó de distribuir recursos públicos a las organizaciones rurales, como di-rector operativo del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fonaes), a dirigente de las mismas agrupaciones. Y su desempeño como líder social es pasmoso: en menos de tres años Unimoss pasó de agrupar poco más de mil agremiados a tener medio millón de socios, 300 empresas integradoras y seis mil organizaciones de productores.

El mismo 2004, y gracias a la esforzada labor de los diputados del blan-quiazul, el neocorporativismo panista embarnece con 22 flamantes or-ganizaciones clientelares, como la Federación Nacional de Productores Agropecuarios Forestales y Pesqueros A.C (Fenpa) y el Organismo de Pro-ductores Agropecuarios, Ganaderos y Acuícolas Nacional (Opagan), entre otros muchos nombres y siglas como Opamex, OPS, ABC, Opasur, Movi-miento Campesino, AC, etcétera.

Todo iba en caballo de Hacienda, hasta que el cochinero se destapó porque en 2006 el expriísta Montes Cuén, coautor del plan y fundador de Fempa, fue requerido de entregar a la campaña electoral de Felipe Cal-derón la mitad de 55 millones obtenidos del programa Vivienda Rural. Cuando se hizo pato, Sedeso le retiró el recurso para transferirlo a la pre-suntamente más dócil asociación Huehuetépetl, y Cuén denunció el caso ante la Procuraduría General de la República (Alma E. Muñoz, “Admite organización comunitaria que el PAN la usó para triangular recursos”, La Jornada, 19 de mayo, 2006). El que con tepocatas se acuesta...

Marginalidad y pobreza son marca de fábrica del capitalismo desme-catado que desde hace un cuarto de siglo impulsa la derecha mexicana re-presentada por la mancuerna PAN-PRI. Un modelo crudamente neolibe-ral donde no hay márgenes de verdadera inclusión societaria, ni siquiera en el modo disparejo que caracterizó a los gobiernos de la “revolución hecha gobierno”. Y sin un modelo económicamente redistributivo y socialmente integrador, la legitimidad del orden político siempre será precaria si no es que inexistente.

Inseparable del Estado social posrevolucionario, el viejo corporativismo no volverá. Pero, aunque mellado su filo legitimador, el empleo clientelar de los dineros de la nación, que hoy practican los aprendices de brujo blan-quiazules, se monta sobre una añeja y viciosa relación paternalista Estado-sociedad –que en México es cultura–, llenando de piedras el camino de los movimientos societarios emergentes que reclaman derechos pero ejercen la autonomía, y poniendo obstáculos a la edificación de una nueva ciuda-danía que ya no se le hinca al ogro filantrópico –como lo bautizara Octavio Paz–, un autócrata achacoso pero marrullero que debe ser maniatado antes de que haga más estropicios.

Por todo ello, en el primer aniversario del suplemento decidimos abor-dar algunos aspectos del neoclientelismo rural. Tema del mes en el que además de los artículos de nuestros colaboradores, incluimos una investi-gación propia sobre el destino de los dineros públicos.

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COMITÉ EDITORIAL

Armando Bartra Coordinador

Luciano Concheiro Subcoordinador

Enrique Pérez S.Lourdes E. RudiñoHernán García Crespo

CONSEJO EDITORIAL

Elena Álvarez-Buylla, Gustavo Ampugnani, Cristina Barros, Armando Bartra, Eckart Boege, Marco Buenrostro, Alejandro Calvillo, Beatriz Cavallotti, Fernando Celis, Luciano Concheiro Bórquez, Susana Cruickshank, Gisela Espinosa Damián, Plutarco Emilio García, Francisco López Bárcenas, Cati Marielle, Brisa Maya, Julio Moguel, Luisa Paré, Enrique Pérez S., Víctor Quintana S., Alfonso Ramírez Cuéllar, Jesús Ramírez Cuevas, Héctor Robles, Eduardo Rojo, Lourdes E. Rudiño, Adelita San Vicente Tello, Víctor Suárez, Carlos Toledo, Víctor Manuel Toledo, Antonio Turrent y Jorge Villarreal.

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Diseño Hernán García Crespo

BUZÓN DEL CAMPO

APRENDIZ DE BRUJODe cómo las mañas clientelares

tricolores se tornaron blanquiazules

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DEL EMBUTE COMO UNA

DE LAS BELLAS ARTESOrígenes del Estado patrimonial mexicano

CLIENTELISMO: CHAHUIZTLE

DE LA ORGANIZACIÓN RURALRecursos públicos - discordias privadas: La fractura del Mecnam

Gonzalo N. Santos, Villa de Guerrero, San Luis Potosí (1896-1979). General de división en el maderismo. Funda-dor en 1929 del Partido Nacional Re-volucionario (PNR), en el que ocupa el cargo de secretario general. Cinco veces diputado federal y una sena-dor, gobierna su estado natal entre 1943 y 1949. Combinando política y negocios, amasa inmensa fortuna y se hace de El Gargaleote, uno de los mayores latifundios del México posrevolucionario.

César Garizurieta, fue magistrado, diputado federal, consejero de la Pre-sidencia de la República, embajador, literato, ensayista y, por sobre todo, hombre claridoso.

Octavio Paz, poeta, ensayista, Premio Nobel y autor de la fórmula “Ogro fi lantró-pico”, para designar al Estado mexicano.

Movimiento El Campo no Aguanta

más (2003)Algunas organizaciones

recurren a lamentaciones y denostaciones hacia el gobierno, como una estrategia de presión

y de chantaje para obtener benefi cios de grupo o particulares y perpetuar la práctica del clientelismo en el

campo.Mecnam. Primera reunión de

evaluación del ANC convocada por las Comisiones Unidas de la

Cámara de Diputados

Frente Democrático Campesino de

Chihuahua (2004)Si no actuamos contra las

inercias de la dispersión y del refl ujo (...) lo más probable es que el gobierno federal (...) consolide una política

de negociaciones bilaterales con cada una de nuestras organizaciones para hacer

concesiones-hormiga, desactivar inconformidades

y evitar la reactivación de un movimiento nacional.

Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDCCh)

Asociación Nacional de Empresas

Comercializadoras de Productores del

Campo (2004)El Mecnam no puede (...)

consolidarse reproduciendo las mismas prácticas de

las organizaciones de Estado (...) buscando sólo

un espacio de interlocución para tener nuestra propia

cuota para “bajar” recursos y prebendas.

Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productores

del Campo (ANEC)

Unión Nacional de Organizaciones

Regionales Autónomas (2004)

Otra de nuestras diferencias consiste en que el Movimiento

no lo integramos para gestionar, sino para ser un verdadero interlocutor del

Estado (…) Por ello, está fuera de la acción del movimiento la gestión de sus organizaciones

(…) y la distribución de porcentajes y prerrogativas.Unión Nacional de Organizaciones

Regionales Autónomas (UNORCA)

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (2003)

Las organizaciones fi rmantes del Acuerdo Nacional para el Campo defi nirán entre ellas y harán del conocimiento de la Secretaría (…) los proyectos produc-tivos que, de acuerdo a sus prioridades, serán presentados al Comité para la

autorización del apoyo. Esta defi nición corresponderá al menos al 75 por ciento de los proyectos productivos a los que haya capacidad presupuestal de atender.

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), en Reglas de operación del Programa de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras (Prosap)

Coordinadora Nacional de de Organizaciones Cafetaleras (2005)

Varios grupos campesinos, principalmente del Congreso Agrario Permanente (CAP), pero también algunos que participaban en el

MECNAM, como la CCC, CIOAC, CODUC y la CNPA, le dieron prioridad a la negociación de las programas inmediatos, como los de Vivienda

Rural y Adultos Mayores (...) La lógica de estos grupos era que las movilizaciones valían la pena, siempre y cuando se obtuvieran resultados concretos para sus afi liados a partir de cuotas de recursos seguros que

permitieran a los dirigentes demostrar que habían tenido éxito. Estos grupos tenían como objetivo central que 80 por ciento de los recursos

de los nuevos programas se asignaran a las organizaciones campesinas fi rmantes del ANC (...) Otros grupos, como ANEC, CNOC, Red Mocaf,

AMUCSS, UNOFOC (...) centraron más sus esfuerzos en la revisión de las reglas de operación (...)

Fernando Celis, Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), “El movimiento no aguantó más”. Masiosare, La Jornada, 3 de abril de 2005

Nota de La Jornada, 7 de octubre (2004)Los cerca de dos mil campesinos de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas y Autónomas (UNORCA) participan-tes en la Caravana Nacional por el Campo abandonaron ayer la Ciudad de México, tras lograr que la Secretaría de Reforma Agraria se comprometiera a destinar 36.1 millones de pesos para resolver asuntos del agro y que la Secretaría de Agricultura les ofreciera 30.1 millones de pesos para 22 proyectos productivos. “Se avanzó, pero no estamos satisfechos”, dijo Alberto Gómez, de la comisión eje-cutiva de la organización. Explicó que la Secretaría de Desarrollo Social mantuvo su política de “trato diferenciado” a los no fi rmantes del ANC, a los cuales se les incluye en un paquete integrado con sólo 25 por ciento. En el caso de UNORCA, explicó, sólo se entregaron 11 millones de pesos del programa de vivienda y se logró que se introdujera a dos mil 13 adultos mayores en el programa respectivo.

Matilde Pérez,” Insufi cientes, ofertas del gobierno; fomentan el asistencialismo: UNORCA”, La Jornada, 7 octubre 2004

Vivir fuera del presupuesto es vivir en el error.

El patrimonialismo es la vida privada

incrustada en la vida pública.

A fi n de cuentas lo que que-da claro es que el modo de relacionarse con el gobierno ha sido importante causa de distanciamientos y podero-so factor de ruptura. Eviden-cia que llama la atención sobre un problema de fondo que el movimiento del 2003 planteó pero no pudo resol-ver: la perversa y recurrente relación corporativa entre Estado y sociedad, que sur-ge de la “revolución hecha gobierno” y que, transforma-da en cultura política, sobre-vive a la caída del sistema de “partido único”.

Demandar recursos públicos a los que se tiene derecho, es legítimo, y también movilizar-se y presionar para obtenerlos. Pero hay organizaciones campesinas que confundiendo a papá go-bierno con la madrecita de Tepeyac, están impuestas a ir año tras año en peregrinación al Palacio de Cobián, mientras le rezan a la SRA, se encomiendan a Sedesol y le prenden veladoras a San Garpa. Y si sus ruegos son escuchados, prometen pagar la manda a la hora buena de las elecciones. Pero la mala costumbre que tienen algunos de pegarse a las chichis del Estado tiene historia.

A fi nes de 2002 y principios de 2003, una amplia convergencia campesina aglu-tinada en torno a la consigna “¡El campo no aguanta más!”, organizó grandes movilizacio-nes: proverbialmente la marcha de los cien mil al Zócalo capitalino el 31 de enero de 2003, cuyo saldo fue el Acuerdo Nacional para el Campo (ACN), fi rmado por la mayoría de las or-ganizaciones y por el gobierno federal. El presidente Fox no cumplió lo pactado, entre otras cosas porque la alianza se rompió y los campesinos perdieron su capacidad de presionar.

Soy hijo legítimo de la Revolución, de la que obtuve mis ideas (…)

Para despedirme del general Arrieta le dije: “Y de amigo a amigo, entre tú y yo, ¿si te dejo un regalo lo aceptas?”. Él me contestó: “De ti sí, de

otro no, porque yo no me vendo”. Vacié todo lo que traía en mi cartera y se lo eché a la bolsa. Eso era verdad, el general Domingo Arrieta era de

los hombres que no se vendían por ningún dinero. Regresé con el general Ávila Camacho, que estaba muy satisfecho con la conquista de Arrieta y me dijo: “Llévale una ayuda económica al general”. ”Ya le hice un regalo bastante decoroso –le contesté– y yo le pido que esto quede entre usted

y yo, pues Arrieta es muy digno y muy susceptible”. (…)

No sé que opinen los moralistas, pero para mí (…) el político debe vivir de la política y asignarse sus emolumentos según el poder de que dispone. (…)

Está bien que mamemos de la ubre de la nación, que es nuestra madre. (…)

Yo les dejé votar libremente, pero las boletas electorales que depositaron por Padilla se las estamos cambiando a favor de Alemán pues mi

compromiso es con la Revolución y no con una pinche ley electoral que nosotros mismos hemos hecho. Luis Loyola me preguntó: “¿Esto no es

inmoral, señor gobernador?” Yo le contesté rápidamente: “En política y en el juego la moral es un árbol que da moras”.

El Tlacuache

El Nobel

El Alazán Tostado

AYER

HOYLa

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Mem

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s, Ed

itoria

l Grij

albo,

1984

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1. Petra Santos (diputada federal); 2. Alfonso Valenzuela (UNORCA); 3. Álvaro López (UNTA); 4. Luis Peinado (UNOFOC); 5. Pedro Torres (FDC); 6. Víctor Quintana (FDC); 7. José Narro (CNPA); 8. Rafael Galindo (CCI); 9. Alberto Gómez (UNORCA); 10. Francisco Hernández Juárez (UNT); 11. Alfonso Ramíres Cuellar (El Barzón); 12. Manuel Morales (Covahesa); 13. Víctor Suárez (ANEC); 14. José Durán (UCD); 15. Max Correa (CCC).

Movimiento El campo no aguanta más: convergencia plausible pero efímera

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31 de enero de 2003

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Jonathan Fox* y Libby Haight **

En el debate sobre las políticas públicas para el campo, los términos “transparen-cia” y “rendición de cuentas” han cobra-

do más y más fuerza en los años recientes, sobre todo desde que entró en vigor la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Públi-ca Gubernamental (LFTAIPG) en 2003.

Pero, ¿qué significa tener mayor transpa-rencia en las políticas públicas, y qué efecto se puede esperar? ¿Cómo se puede exigir mayor rendición de cuentas a los servidores públicos en la práctica? A veces parece que el discurso convencional presume que hay un consenso sobre la definición de estos dos tér-minos, pero en verdad su contenido real es un tema en disputa. Además, muchos suponen que las reformas oficiales en materia de trans-parencia van a fomentar automáticamente la rendición de cuentas y un mejor desempeño del sector público, cuando lo cierto es que son herramientas que no funcionan por sí solas.

Transformación del discurso. En el cam-po mexicano, el debate sobre los conceptos de transparencia y rendición de cuentas se da en el contexto del desfase histórico entre el discurso oficial y el desempeño real del sector público. Lo que se expresa en la Constitu-ción, las leyes y las reglas de operación de los programas pasa muchas veces por una trans-formación al momento de operarse en las co-munidades rurales. La opacidad, complemen-tada con el acceso selectivo y discrecional a la información para los aliados de los que están en el poder, sirve para reforzar el poder del aparato de Estado sobre la ciudadanía.

Lo mismo parece pasar, a veces, en la tra-ducción del significado de “exigir transparen-cia” y “buscar mayor rendición de cuentas” en la operación de los programas públicos para el campo. Por ejemplo, las instancias de contraloría social se han puesto muy de moda, y es cierto que tienen potencial, pero hasta ahora resulta difícil encontrar una de-pendencia en el campo donde estas oficinas hayan servido para resolver problemas gra-ves. Por ello, varias organizaciones sociales y campesinas, comunidades rurales y académi-cos han estado trabajando para forjar mayor consenso sobre cómo entendemos estos tér-minos y sobre su aplicación en la práctica, por medio de un llamado a que se respete el derecho a saber.

Participación de la sociedad. El concepto al derecho a saber abarca mucho más que los tecnicismos implícitos en la transparencia y la rendición de cuentas. Busca expresar la de-manda social de que el quehacer del gobier-no salga de la oscuridad y se sujete al escru-tinio público. Expresa una demanda de que las y los ciudadanos organizados tengan voz en la toma de decisiones sobre la distribución y el gasto de los recursos públicos, y que se consideren las verdaderas necesidades de las comunidades en el diseño y la aplicación de las políticas públicas.

Informarse para modificar. En lo relativo a programas públicos destinados al campo, la exigencia al derecho a saber se ha manifestado en varias formas. Algunas organizaciones y co-munidades han utilizado las herramientas insti-tucionales de acceso a la información pública para conocer más sobre la operación de los

programas de desarrollo rural que los afectan –incluyendo las reglas de operación, normas oficiales y estructuras administrativas de las de-pendencias–. Ello, para fortalecer sus trabajos de incidencia con base en evidencias concretas y así desarrollar propuestas alternativas para me-jorar el desempeño de los programas públicos. Sin conocer todos los eslabones en la cadena de decisiones dentro del sector público, resultaría difícil apuntalar sus estrategias con precisión.

Asimismo, grupos civiles han estado traba-jando con organizaciones sociales rurales a efecto de afinar sus demandas de mayor in-formación sobre los programas del gobierno; buscan acceder a documentos básicos que detallen los derechos de los beneficiarios en los programas públicos que operan en estas comunidades, y las responsabilidades del go-bierno en cuanto la prestación de los servicios públicos. Otras iniciativas persiguen informar a comunidades sobre sus derechos socio-am-bientales frente a propuestas de mega pro-

yectos que les pudieran afectar directamente, como presas o minas.

Incluida intrínsecamente en todas estas ac-tividades en el marco del derecho a saber, está la demanda de que las políticas públicas para el campo y los programas gubernamentales para el desarrollo rural se ejecuten con mayor transparencia. Se busca que este concepto no se limite a la divulgación de datos y docu-mentos oficiales, sino que también incluya el monitoreo ciudadano y la vigilancia desde los afectados. Sólo así se puede exigir mayor rendición de cuentas a las dependencias res-ponsables. Así se busca que el derecho a saber sea una herramienta para que los esfuerzos por defender los demás derechos sean esfuer-zos informados.* Profesor en la Facultad de Estudios Latinoamericanos y Latinos en la Universidad de California, Santa Cruz [email protected]** Analista de políticas públicas para el campo [email protected]

Ernesto Isunza Vera y Almudena Ocejo Rojo

La crisis de legitimidad de los sistemas electorales, junto con la necesidad de eficacia de las políticas públicas y la lucha contra la corrupción, impulsan una mayor par-

ticipación ciudadana en los asuntos públicos más allá de la es-fera electoral. Si, en teoría, la presencia ciudadana contribuye a mejorar las instituciones del Estado y por tanto a fortalecer la democracia, se torna entonces necesario permitir el acceso a los ámbitos de poder y de toma de decisiones a quienes son influi-dos directamente por los programas y las políticas del Estado.

El concepto de rendición de cuentas se refiere a la obligación del gobierno a responder a los ciudadanos acerca de sus acciones. Tradicionalmente se habla de rendición de cuentas horizontal –mecanismos formales de control entre instancias del Estado, incluida la división de poderes y el “sistema de pesos y contra-pesos”—, donde se detectan ineficiencias, y vertical –mecanis-mos de control de la sociedad hacia el Estado— como son las elecciones; sin embargo, en el Estado hay un número impor-tante de funcionarios no electos, para los cuales el voto no es un mecanismo de control. Así, es indispensable poner en práctica otras formas complementarias de control desde la sociedad (vi-gilancia, monitoreo y denuncia), esto es, la rendición de cuen-

tas social –también denominada auditoría social, control social o contraloría social, monitoreo o control ciudadano, e incluso “accountability social”–. Con este mecanismo, la rendición de cuentas vertical sucede más allá del voto y la horizontal ocurre de manera efectiva. La vigilancia aplica sobre cualquiera de los poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y de los niveles de go-bierno (federal, estatal, municipal y/o local/comunitario).

En México, organizaciones de la sociedad civil han empezado a actuar colectivamente para supervisar la acción del gobierno y exigir rendición de cuentas. Es propicio el nuevo marco legislati-vo, con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), que garantiza el acceso a la información; la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), que incluye el derecho a la participación ciudadana y a la contraloría social, y la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por Organizaciones de la Sociedad Civil (LFFAROSC), que fo-menta y regula el trabajo de la sociedad civil organizada.

Y en este marco se sitúa el Centro de Contraloría Social del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropolo-gía Social (CCS-CIESAS), nacido en agosto de 2007, como un espacio de apoyo a proyectos de contraloría social realizados desde la sociedad civil, así como un núcleo académico para la documentación, investigación y análisis de temas relacionados con la rendición de cuentas en México y Latinoamérica.

Actualmente están en proceso 11 proyectos dirigidos a vigilar y/o monitorear algún aspecto del quehacer del Estado mexicano: 1) “Fortalecimiento de los comités de contraloría social para el desa-rrollo de la gestión del programa de rescate de espacios públicos en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco”, desarrollado por ACCEDDE Desarrollo Local, AC, de Jalisco; 2) “Monitoreo ciudadano en salud pública: vigilancia de la prestación de servi-cios de los programas de salud para población en pobreza

LOS DINEROS DEL CAMPO: ¿OPACIDAD O TRANSPARENCIA?

PARTICIPACIÓNCIUDADANA Y CONTRALORÍA SOCIAL

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EL DERECHO A SABER


por medio del monitoreo directo de uni-dades y clínicas de salud en Aguascalientes, Coahuila, DF, Guerrero, Oaxaca y Puebla”, por Alianza Cívica, AC; 3) “El caso del Programa de Coinversión Social del INDESOL: monitoreo a la operación de los mecanismos introducidos al Programa de Coinversión Social (PCS) para documentar avances y retrocesos en el apoyo al sector de las OSC en México”, por Alterna-tivas y Capacidades, AC, del DF; 4) “Control social sobre el gasto agropecuario en México: monitoreo presupuestario e institucional del gasto público en materia de subsidios para la comercialización agrícola, operados por Apoyos y Servicios a la Comercialización Agropecuaria (Aserca)”, por la Asociación Nacional de Em-presas Comercializadoras de Productores del Campo, AC; 5) “Observación-incidencia en políticas públicas sobre el tema de discapacidad

en comunidades rurales e indígenas, por medio del abordaje de rehabilitación basada en y con la comunidad”, por CAI Piña Palmera, AC, de Oaxaca; 6) “Monitoreo de la construcción e instalación de una planta tratadora de aguas re-siduales que llegan al Valle del Mezquital”, por CEDEHCO-Centro de Desarrollo Humano y Comunitario, AC, de Hidalgo; 7) “Evaluación de los servicios públicos de salud de atención prenatal y del parto en unidades médicas de pri-mer nivel de atención a la comunidad indígena en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, Oaxaca”, por el Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, AC, de Oaxaca; 8) “¿Cómo rinden cuentas los municipios respecto al gasto social de aportaciones federales?: Monitoreo al proceso de rendición de cuentas de los recursos recibidos por medio de aportaciones y subsidios federales (Fondos FISM y FAM del Ramo 33)”,

por el Centro de Investigación y Desarrollo, AC, del Distrito Federal; 9) “Contraloría ciudadana para mejorar el desempeño de los juzgados cívi-cos y las policías del DF en materia de respeto a los derechos humanos y seguridad pública”, por Democracia, Derechos Humanos y Seguri-dad, AC, del DF; 10) “Evaluación comparativa de tres procesos de gestión social para el sanea-miento de aguas residuales en las cabeceras mu-nicipales de El Tajín, El Espinal y Tatahuicapa, Veracruz”, por Escuela de Ciencias Ecológicas, AC, de Veracruz, y 11) “Monitoreo de la Quin-ta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: evaluación e incidencia de sus acciones con el propósito de garantizar su buen funcionamiento y capacidad de in-cidencia con el fin de proteger a la población migrante”, por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, AC, del DF.

Para consolidar el campo de la contraloría social, es fundamental fortalecer a los actores sociales interesados en la vigilancia y el con-trol, pero también que el Estado abra espa-cios efectivos de participación y deliberación. La rendición de cuentas no tiene que ver so-lamente con el diseño de políticas, o con una ciudadanía activa e informada conocedora de sus derechos y con capacidad para exigirlos, sino, en buena medida, con la existencia de instancias dentro del Estado que hagan po-sible su funcionamiento. Se necesitan insti-tuciones que protejan realmente el derecho ciudadano a la rendición de cuentas, garan-ticen la atención a las demandas que puedan surgir de la evaluación y monitoreo de la la-bor gubernamental y, sobre todo, que sancio-nen en caso de violaciones a la ley.Centro de Contraloría Social (CCS-CIESAS)


Mauricio Soberanes Hernández

Con el argumento del Programa Especial Concurrente (PEC), el Ejecutivo ha dicho que en 2008 sumarían 200 mil millones de pesos los orientados al campo. Bonita

cifra, sin embargo el PEC es sólo un mecanismo virtual; consiste en poner en un cuadro los recursos que destinan las diferentes dependencias federales en áreas rurales. Salvo honrosas excep-ciones, cada dependencia gasta su presupuesto por su lado. Del gran total nos quedan 64 mil millones que es el presupuesto real-mente para al campo, el de la Secretaría de Agricultura (Sagar-pa), que apenas rebasa 30 por ciento de ese PEC y no llega a la décima parte del total del gasto programable del ramo adminis-trativo del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2008.

Al ser 2008 el primer año que planea y programa esta admi-nistración federal (el anterior se los dejó programado el grupo saliente) era de esperarse cambios tendentes a simplificar la operación tortuosa que siguen estos exiguos recursos. Muchos vimos con agrado el que se agruparan programas: de 80 se hi-cieron ocho, según se pregonó. Y sí, en el PEF 2008, el presu-puesto de la Sagarpa todos los recursos de la Alianza Contigo y los chorrocientos más, se convirtieron en ocho instrumentos de política pública, de los cuales en números redondos, tres se llevan casi 80 por ciento: Procampo, con 16 mil millones y me-

dio; Activos Productivos (AP), con 13 mil millones, y Apoyos Compensatorios (AC), 11 mil millones de pesos.

Largo debate. El cómo se distribuirían estos recursos en-tre la Sagarpa y las secretarías de Desarrollo Rural o equi-valentes de las entidades fue materia de debate durante el primer trimestre y entrado el segundo. Resulta que de los 64 mil, cuatro mil millones es lo que cuesta la operación de la Sagarpa (sueldos, carros, viáticos y demás) y otros 55 mil, 85 por ciento del total, son ejercidos directamente por la fede-ración vía la Sagarpa. Sólo 10 mil millones son convenidos con los estados y municipios del país.

Esta generosidad poco federalista no termina ahí. Con las muy afamadas nuevas reglas de operación, la Sagarpa estable-ció unilateralmente la obligatoriedad de una contraparte de los gobiernos estatales a razón de 65-35 por ciento. Esto es, para que las entidades puedan participar en el ejercicio de los recursos, tendrán que destinar parte de su presupuesto a cubrir ese 35 por ciento, lo cual aparece en el anexo 7A del PEF.

Además, fundados en interpretaciones del PEF dictamina-do por el Congreso, el Ejecutivo (la Secretaría de Hacienda y la Sagarpa) determinan que de AP –el programa con mayo-res recursos después del Procampo y con mayor transferen-cia para los estados– se tome para cubrir las necesidades del resto de los programas. De este modo, las bolsas considera-

das por el PEF para cubrir los programa de soporte, apoyo a organizaciones y uso sustentable de los recursos naturales, unos cuatro mil millones, se ejercen centralmente; es decir, el destino lo decide el Comité Técnico Nacional (CTN), que lo conforman los funcionarios de la Sagarpa.

Legislación ignorada. También, como parte de esa interpre-tación, los recursos de AP asignados a los que no sean soportados por el paripasu (contraparte estatal) del 35 por ciento, también se someten a la decisión central del CTN. Y los consejos nacio-nal, estatales, distritales y municipales de desarrollo rural susten-table consagrados en la ley reglamentaria del 27 Constitucional de igual nombre, ¿qué pitos tocan si los que deciden cuánto y a quién se otorga el 90 por ciento de los recursos son la Sagarpa y sus comités? ¿No se supone que estos órganos colegiados, con representación de los productores, industriales, organismos de la sociedad civil, academia y prestadores de servicios profesiona-les en todos los niveles comparten esa responsabilidad?

Dos detalles más que han estado en el debate: El primero es el tema de las variables de dictaminación. Encima de la desproporción de recursos en los que participan los estados y más aún los municipios, la aprobación o rechazo de los pro-yectos que se convienen con las autoridades estatales se tiene que dar con los criterios impuestos por la Sagarpa o alguno de sus comités, vía esas variables de dictaminación.

El segundo: las nuevas reglas de operación establecen los tiempos de recepción de las solicitudes, la apertura y cierre de las llamadas ventanillas (las oficinas federales de la Sagarpa en todo el país). Así, el proceso va de abril a junio, lo que quiere decir que, si bien nos va, el dictamen ocurre entre julio y agos-to, para que en septiembre se entreguen las cartas de autori-zación a los beneficiarios y que puedan finalmente empezar a ejercer los recursos, previa su aportación, en septiembre, ¡¡al inicio del último trimestre del año!!

Eso sí, en diciembre tiene que estar todo el presupues-to comprometido para el cierre del ejercicio, que para no variar es también virtual. Lo que se gestione este año y sea aprobado por las autoridades federales se utilizará en el ciclo del próximo año si se trata de los productores de temporal, los que dependen de las lluvias del verano, los pobres, la mayoría. A quienes tienen riego, los agricultores y ganaderos acomodados, la minoría –a los que los recursos públicos les perforó pozos, construyó presas y canales, los que siembran en el otoño-invierno–, a ellos tal vez sí les llegue con oportu-nidad el apoyo para este año.

Cabe aclarar que considero que el impulso a la coinversión de los estados en el campo es en sí misma constructiva; sin em-bargo, tendría que ser sobre una agenda transversal y comparti-da de prioridades, no punitivamente a base de una proporción sin fundamento. La federalización y transferencia de atribucio-nes de las tareas de fomento al campo que muy tímidamente se inició en el primer trienio del sexenio anterior y que terminó por desdibujarse, en el actual sexenio no aparece ni en el discur-so. Quién sabe, tal vez después de las elecciones intermedias.Territorios rurales A.C. [email protected]

Virtual, la federalización de los recursos para el campo

El 90 por ciento del presupuesto de Sagarpa se ejerce desde el centro•

Programa (millones de pesos)

% Forma de ejercicio

1.-Activos productivos 12,943 24.6 70% Federalizado, concursable con techo por entidad fi jado con fórmula en el PEF anexo 7 A

2.-PROCAMPO 16,678 31.7 Central, cuota fi ja con un padrón en estratos3.-Financiamiento al medio rural 2,686 5.2 Central, vía propuestas para acceso a instrumentos fi nancieros4.-Uso sustentable de recursos na-turales para la producción. Primaria

4,200 8 Federalizado, concursable con techo por entidad fi jado con fórmula incluye PROGAN

5.-Soporte 3,463 6.5 Medio federalizado. Con techo por estado con fórmula. Planeación prospectiva y promoción con ejecución central.

6.-Apoyos compensatorios 11,345 21.7 Central, con techos por entidad por promedio histórico. Incluye diesel agropecuario y gasolina para lanchas pescadoras en padrón

7.-Atención a contingencias 900 1.7 Central, con techos por entidad por promedio histórico y por ocurrencia de siniestros

8.-Fomento a la organización rural 275 0.5 Central, de acuerdo con los ámbitos. Incluye operación de comités siste-ma producto y organizaciones sociales, nacionales regionales y estatales

Fuente: Sagarpa, Sección de programas. www.sagarpa.gob.mx.

APLICACIÓN DE PROGRAMAS RURALES


Lourdes Edith Rudiño

Las comunidades rurales es-tán todavía muy pero muy lejos de hacer uso del dere-

cho a la información, y por tanto, de dar el paso posterior de utilizar esta herramienta en la persecución de otros derechos de desarrollo eco-nómico, acceso a servicios básicos como salud y educación y defensa de los derechos humanos elemen-tales, afirmó Juan Pablo Guerrero Amparán, uno de los cinco comi-sionados del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI).

En sus poco más de cinco años de existencia, el IFAI ha recibido 332 mil solicitudes de información, lo cual es aceptable en compara-ción con estadística internacional. Pero la demanda está extremada-mente concentrada: de los 100 mil usuarios registrados, sólo 6 mil son responsables de la mitad de las soli-citudes y son muy pocos los que pi-den información del medio rural.

Jóvenes urbanos, los solicitantes. Además, el perfil medio de los soli-citantes es hombre joven (de 25 a 35 años de edad), metropolitano (DF y estado de México) y con nivel de ingresos y educación superiores a la media nacional, esto es gente que ya antes tenía acceso a la información y que ahora la obtiene más fácil, vía internet. “Falta mucho para que el solicitante sea una mujer indígena, de una población claramente mar-ginada. Éste es un gran reto”.

En entrevista, Guerrero Amparán destacó el Programa Comunidades que el IFAI desarrolló en 2006 y 2007 en nueve estados de la Repú-blica para motivar a poblaciones marginadas a hacer uso del derecho a la información. “En estos lugares la gente en muy pocas ocasiones participa, interviene, manifiesta sus

preferencias. Y quisimos conocer la mejor forma de allegarles este de-recho para que estuvieran en una condición menos adversa en rela-ción con las autoridades”.

El programa, financiado por la Fundación Hwellet, se operó con intermediación de 20 organizacio-nes sociales con trabajo acreditado en las comunidades, pues sólo éstas resultan agentes confiables para la población marginada, y sólo éstas podían traducir y adaptar (en tér-minos de idioma pero también de idiosincrasia) el mensaje de por qué es útil la información.

El trabajo –que enfrentó muchas limitantes, porque no abundan las organizaciones sociales con arraigo en las comunidades; porque la gente está más interesada en información

local, y el IFAI se centra en informa-ción del gobierno federal, si bien es cierto que ya la mayoría de estados es-tán aprobando su marco legal de de-recho a la información; y porque hay muchas trabas burocráticas para tras-ladar recursos económicos para que las organizaciones realicen sus traba-jos de capacitación— generó “expe-riencias dignas de consideración en materia de permisos para aserraderos, cuencas de agua, distribución de re-cursos federales, entre otras”.

Mecanismo para exigir dere-chos. Un ejemplo es la petición de información que hizo el Centro de Estudios Municipales Heriberto Jara, sobre los montos recibidos vía el Ramo 33 en el rubro de desa-rrollo municipal en Veracruz. Los municipios se rehusaban a dar esa información pero, con la interven-ción del IFAI, se les obligó a entre-garla a la Secretaría de Desarrollo Social. Así, el Centro pudo acudir a los municipios “y decirles ‘tú reci-bes tanto, por lo cual hay una asig-natura de rendición de cuentas (...) y se tendrían que estar haciendo estas inversiones para el desarrollo rural que no se realizan’”.

Asimismo, “tuvimos experiencias en las que jóvenes que, haciendo servicio social en las organizacio-nes, acudieron a cafés internet con cúmulos de solicitudes de informa-ción generadas por las comunida-des. Por más que estén alejados estos establecimientos, resultan mucho más cercanos a las comunidades que las oficinas de la Secretaría de Agricultura en el DF (...) Contrario a lo que puede pensarse, el derecho a la información, así pase por una herramienta tan moderna como el internet para su ejercicio realmente efectivo, puede ser usado por estas comunidades. La brecha tecnológi-ca no es forzosamente una barrera para que los grupos más apartados del desarrollo usen el derecho”.

Una evaluación externa a este programa realizada por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM mostró que un porcenta-je significativo de la población be-neficiada dijo estar dispuesta a usar nuevamente este derecho cuando le fuera útil y necesario.

El programa sin embargo está ahora en stand by debido a que el pleno del IFAI con la oposición de Guerrero Amparán, decidió cance-larlo con el argumento de que el IFAI no debe intermediar recursos económicos de una fundación pri-vada. El IFAI está ahora buscando formas de generar una nueva etapa del programa y se discute el usar centros de capacitación técnica, como los del Conalep, para dar las capacitaciones sobre el derecho a la información en el medio rural.

Interpretar los datos. El entrevis-tado destacó que las organizaciones sociales, incluidos aquí académicos, agrupaciones campesinas, partidos políticos, son un factor clave, “in-sustituible”, para el acceso a la in-formación rural debido a los obstá-culos que plantea la complejidad de la propia información. En muchos casos debe ser procesada, pues la for-ma que el gobierno genera la infor-mación está orientada para el auto-consumo o en el mejor de los casos para evaluadores. Y en otros casos se requiere mayor penetración.

“Se debe hacer la traducción de la información compleja a algo que

genere la respuesta, la reacción, que realmente haga útil el derecho a la información para este tipo de comunidades.

“Recuerdo el caso de que el IFAI resolvió que la información de Pro-gresa/Oportunidades/Vivir Mejor debía darse hasta al nivel de la co-munidad, esto es los montos asigna-dos por unidad territorial específica. El gobierno había dicho que no la daría así debido a que revelaría da-tos confidenciales de los beneficia-rios. (El IFAI consideró que) sólo si sabemos dónde se encuentran éstos podremos saber si el subsidio de este programa se distribuye bien. Las or-ganizaciones, los expertos podrán analizar si los recursos atienden necesidades de carácter socioeco-nómico estrictamente o no”.

Aunque hay información que puede ser asimilada de inmediato, como es el caso de una obtenida en el marco del Programa Comu-nidades, donde se observó que en una lista de beneficiarios de mamo-grafías y de colposcopías (estudios de detección de cáncer femenino) había 10 mujeres que no habían recibido el servicio y también dos hombres. “Allí no se necesita ser especialista para decir: ‘trampa’”.

Información del IFAI detalla que durante la vigencia de este instituto se han recibido 13 mil 608 solici-tudes de información relativas al sector agrario, en el cual entran las secretarías de Agricultura y Reforma Agraria, Agroasemex, Apoyos y Ser-vicios al a Comercialización Agro-pecuaria (Aserca), Comisión para la Regularización de la Tierra (Coret), Financiera Rural, INIFAP, Procura-duría Agraria, Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, Gana-dería y Avicultura, Registro Agrario Nacional (RAN) y el Servicio Na-cional de Sanidad, Inocuidad y Ca-lidad Agroalimentaria (Senasica).

De ellas, 56.3 por ciento han obtenido la información vía medio electrónico, y el resto ha recibido respuestas negativas por “no ser competencia de la unidad de en-lace” (de la institución a la que se hace la petición), porque, “ya está disponible públicamente la infor-mación”, por inexistencia de la in-formación, por ser ésta reservada o confidencial, o porque la petición no corresponde al marco de la ley.

Del total de los casos 622 interpu-sieron recursos de revisión (quejas porque la respuesta resulta insatis-factoria) y el IFAI ha resuelto 578 a través de modificación, revocación, confirmación o sobreseimiento.

El entrevistado comentó que en términos generales las solicitudes de información sobre subsidios del medio rural son atendidas, y el IFAI ha favorecido el acceso a esta infor-mación porque “hay un principio de la ley muy claro que establece que el uso y destino de los recursos públicos es público”.

ÍNFIMO, EL USO DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN POR LAS COMUNIDADES RURALES: IFAI


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Miguel Pulido

El diablo está en los detalles, reza el adagio. Y en el caso de los progra-mas gubernamentales esto se con-

vierte en máxima. Como recordarán, 2007 cerró con una intensa controversia entre el secretario de Agricultura, integrantes del Congreso y representantes de orga-nizaciones campesinas. La manzana de la discordia, o la mazorca para estar más a tono, fueron precisamente las reglas de operación de los programas gubernamen-tales que conforman el Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sus-tentable (PEC, un bolsón de demagogia presupuestaria disfrazado de anexo técni-co, que no es momento de cuestionar).

Por aquellos días, el secretario Alberto Cárdenas emitió carretonadas de con-trovertidas declaraciones: por ejemplo, prometió que las reglas de operación erradicarían la corrupción, discrecionali-dad y manejo partidista de recursos y apo-yos. “Con estas reglas estamos buscando la libertad del campesino, que no debe pertenecer a organizaciones ni partidos políticos, ¡que llegue Juan Pueblo a pedir y que el Estado mexicano le responda!” (Roberto Garduño, La Jornada, 21 de di-ciembre de 2007). No se entiende cómo una perspectiva individualista de las soli-citudes puede traducirse en reducciones de la corrupción y de la discrecionalidad. Y conste que nos queda claro que comen-tar la nota de prensa no es hacer análisis, pero tampoco la declaración hace la polí-tica pública. Lo cierto es que hay una dis-tancia considerable entre las supuestas in-tenciones y los medios para conseguirlas.

La transparencia como instrumento para la reducción de la discrecionalidad, tan llevada y traída en los discursos políti-cos, es bastante más que una afirmación cantada al calor de una audiencia ante diputados. Sobre todo cuando no se en-tiende con meridiana claridad cuál es el beneficio de una (la transparencia) y qué es lo indeseable de la otra (la discreciona-lidad). Así, como componente de las po-líticas públicas, la transparencia requiere un marco normativo adecuado, condi-ciones institucionales favorables, instru-mentos operativos apropiados, voluntad política y un objetivo claro y determina-do. Es decir, no se trata de transparentar lo que sea y como sea, sino aquello que es sustancial y por medios útiles. Por su par-te, la discrecionalidad no es en sí misma

una insuficiencia, sino cuando ocurre de forma injustificada, con amplios már-genes y bajo condiciones de opacidad. Después de todo, muchas decisiones gu-bernamentales suponen algún grado de discrecionalidad, el punto es el criterio en función del cual se ejerce.

Veamos algunos de los detalles de las reglas de operación publicadas en el Dia-rio Oficial de la Federación el lunes 31 de diciembre de 2007, a guisa de caso con-creto. El artículo 10, que da creación a un comité técnico nacional con el supuesto objetivo de dar certidumbre y transparen-cia, no incluye un mecanismo de revisión de las decisiones de los agentes técnicos.

Vacío en la impugnación. Para ilus-trar las consecuencias de este vacío, ejemplifiquemos: la fracción II.2.2 del artículo 13 contempla el procedimien-to de selección para el Programa para la Adquisición de Activos Productivos; nutrido de siete numerales y dos diagra-mas, se prevén criterios de valoración y la publicación de los resultados (positivos y negativos). Sin embargo, nada se dice de posibles mecanismos de impugnación o de medios de control de estos resultados por parte de quienes no fueron bene-ficiados. Esto es importante, pues si las decisiones que significan la preferencia de determinado solicitante sobre otros (y por tal razón la exclusión de alguien al acceso a un programa) no se sujetan a mecanismos sencillos de impugnación, distintos de los controles administrativos propios de las contralorías y fiscalización, lejos de reducirse la discrecionalidad, sólo “se transparenta”.

Esta podría ser considerada una cues-tión menor. No lo es si atendemos que ninguno de los siete programas a los que se aplican las reglas de operación que se comentan (sin contar Procampo) y a los que se asignaron 30 mil 467.4 millones de pesos en 2008 contiene un control adecuado. Sin mecanismos de este tipo, los campesinos de México que quieran participar de los recursos públicos, a los que por ley tienen derecho, pasarán a ser simples espectadores de las decisiones que los incluyen o excluyen. O lo que es lo mismo, podría llegar Juan Pueblo a pedirle al Estado mexicano y éste respon-derle una arbitrariedad, eso sí, de forma muy transparente.Coordinador del área de transparencia y rendición de cuentas de [email protected]

Discrecionalidad y arbitrariedad en las reglas de operación

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Kristina Pirker

En los debates sobre las políticas de desarrollo rural, los subsidios agrícolas son un tema particularmente sensible. La Ronda de Doha –el más reciente proce-

so de negociación de la Organización Mundial del Comer-cio (OMC) para liberalizar el comercio agrícola– fracasó a finales de julio de 2008 porque los países del Norte se resistieron a levantar medidas proteccionistas y reducir las cuantiosas subvenciones que permiten a sus agricultores ser competitivos en el mercado internacional. En respuesta, el Sur –liderado por India, China y Brasil– se negó a abrir sus fronteras a los bienes manufacturados y de servicios que las naciones industrializadas pretenden exportar.

Tanto la Unión Europea (UE) como Estados Unidos (EU) destinan una cantidad considerable de recursos públicos al apoyo agropecuario: Según la Organización para la Co-operación y el Desarrollo Económico (OCDE), de 2004 a 2006 la UE canalizó a este propósito 159 mil 169 millones de dólares y EU 101 mil 516 millones. En comparación, lo que aplica México es ridículo: seis mil 235 millones de dólares en este mismo periodo. Existe consenso entre los críticos del sistema actual de subsidios que es proteccionista y beneficia primordialmente a las grandes empresas agroindustriales, por lo cual acelera los procesos de descampesinización. Sin embargo, hay poca información respecto de cuáles serían las consecuencias de una eliminación o reorientación de los subsidios para la agricultura en los países del Norte.

Esto se debe a la falta de datos confiables sobre la distribu-ción de los apoyos agrícolas y los principales beneficiarios. Los

sistemas de subsidios pertenecen a los ámbitos más opacos del gasto público, debido en parte a los intereses agroindustriales que inciden en las asignaciones. En este contexto ha emergi-do una serie de iniciativas desde la sociedad civil para transpa-rentar pagos y beneficiarios en sus respectivos países.

Concentración de recursos. La precursora es la organi-zación Environmental Working Group (EWG) en EU, que desde el 2001 pone a disposición del público una estadísti-ca basada en información gubernamental con nombres y ubicación geográfica de personas y empresas agropecuarias que reciben apoyos directos del gobierno federal. Al mos-trar la concentración de los subsidios en los grandes pro-ductores de algodón o arroz por ejemplo, EWG evidencia la necesidad urgente de repensar la política agropecuaria estadounidense. La construcción de esta base de datos re-vela también la opacidad: hasta hoy los investigadores de EWG (y, por tanto, las instituciones gubernamentales que proporcionan los datos) no pueden identificar el destino final de una tercera parte de los subsidios.

Los reyes británicos obtienen apoyos. La falta de da-tos y la incompatibilidad de la información entre países europeos es un obstáculo para la rendición de cuentas de la UE, como lo ha señalado la red de activistas sociales, investigadores y periodistas que desde 2005 publican datos sobre pagos y beneficiarios de 21 Estados miembros en su página electrónica Who gets what from the Common Agri-cultural Policy? La UE destina 40 por ciento de su presu-puesto anual a la agricultura –aproximadamente cien euros por habitante–, pero se sabe relativamente poco sobre la distribución. La página electrónica cubre así una laguna de información importante porque permite identificar montos totales de pagos y beneficiarios –por ejemplo la familia real de Gran Bretaña, que entre 2003 y 2005 recibió 633 mil 423 euros–. Adicionalmente visibiliza con un índice (Trans-parency league table) las políticas de transparencia de los gobiernos europeos con respecto a la distribución de los apoyos directos.

Transparencia obligatoria. Llama la atención que los principales beneficiarios de los fondos destinados a la agri-cultura ocupan los últimos lugares de este Índice: Francia, que en 2007 recibió diez mil 400 millones de euros por este concepto, ocupa el lugar 19 (de 22), Alemania y Es-paña, que captaron cada uno siete mil millones de euros, están en los lugares 17 y 13 respectivamente. Esta red se apoya en iniciativas locales como, por ejemplo, la Iniciativa para Transparentar las Subvenciones Agropecuarias de la UE, una red de organizaciones campesinas, ecológicas y de cooperación internacional alemanas. Como el gobierno alemán se resiste a entregar las listas completas de bene-ficiarios por clasificarlas como confidenciales, la red ha realizado una serie de campañas para exigir mayor transpa-rencia. La opacidad en la distribución de estos recursos es posible porque la UE no ha obligado a los países miembros a publicar estos datos. Pero eso está a punto de cambiar, gracias a la presión social: a partir de abril de 2009, anunció la Comisión Europea, todos los gobiernos están obligados a publicar en sus páginas electrónicas, en un formato similar, los registros de beneficiarios y un buscador.

La simultaneidad de estas iniciativas demuestra la cre-ciente demanda por una mayor transparencia en la po-lítica de subsidios agrarios en los países del Norte. Los motivos son diversos: desde consumidores y campesinos preocupados por la falta de criterios ecológicos y sociales en la política agropecuaria, hasta organizaciones de co-operación internacional que advierten sobre los efectos nefastos de los subsidios para el desarrollo sustentable en los países del sur. La opacidad impide que estos grupos sociales –que finalmente financian con sus impuestos los apoyos y consumen los productos subvencionados– ten-gan elementos suficientes para participar con conoci-miento de causa en la discusión pública sobre el futuro de las políticas de desarrollo rural.Subdirectora y coordinadora académica de FUNDAR [email protected]

El mundo

Lucha social obliga a publicitar las subvenciones agrícolas

Jorge Romero * y Felipe Varela **

Desde su creación en 2002, el Programa Especial Concu-rrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) ha re-presentado la base de la estrategia intersecretarial de la ad-

ministración pública federal para el apoyo al campo. El programa surge de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, producto de un amplio movimiento para impulsar reformas en el sector en 2001.

La Ley define al PEC como “un conjunto de programas sectoriales relacionados con las materias motivo de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable” (Artículo 3). Definido tan am-pliamente, en el PEC cabe prácticamente cualquier actividad, y pierde sentido como instrumento para valorar la estrategia de apoyo al campo y sus resultados. Al caber todo en él, el PEC se difumina. Deja de ser útil para apuntalar y desarrollar estratégicamente el sector.

Falta claridad. El PEC se oficializó en 2002 y en 2004 por fin aparece un anexo del presupuesto en el que se incorporan deta-lles. Un análisis de las condiciones de integración y ejercicio del instrumento arroja resultados que no son sorprendentes, pero sí graves: hay un amplio margen de discrecionalidad en el ejercicio; hay variaciones importantes durante el año; no se evalúan los re-sultados e impacto de los componentes, ni en términos globales ni por vertiente de actividad, y una buena parte de las actividades contempladas no se justifica cabalmente como apoyo al sector.

La heterogeneidad en la composición del PEC es de tal mag-nitud que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), sin dejar de reconocer el “esfuerzo” del gobierno mexicano para diseñar una política federal integral

para el desarrollo rural de México, también ha reconocido en el PEC una suerte de inventario de programas más que una herramienta para desarrollar o aprovechar sinergias entre ellos, y el resultado es una distorsión de la realidad de la política sec-torial (Imagen Agropecuaria, “El PEC para el agro mexicano, inventario de programas: OCDE”, 18 de julio de 2007).

El principal problema de esta dispersión –además de que no está ampliamente justificada en los documentos presupuesta-rios, lo cual implica opacidad– es que genera ineficacia. No se han concretado los resultados esperados, y el instrumento no permite una conducción estratégica de las acciones del sector. Por si esto fuera poco, la información presupuestaria oficial no es oportuna y no incorpora detalles fundamentales para valo-rar las variaciones en programas y sus resultados.

Ajustes sólo de forma. Para enfrentar esta excesiva disper-sión, en 2008 el gobierno federal trató de acotar el margen de acción de los programas y actividades contempladas. Como re-sultado, el PEC 2008 establece nueve vertientes, mientras que en 2007 no se consideraba la vertiente del ejercicio presupues-tario; considera 47 programas, contra más de cien en 2007, y 97 componentes o actividades, contra más de 300 en 2007.

Este esfuerzo de reclasificación, sin embargo, es meramente simbólico. Ni se han enfocado los esfuerzos del sector ni se

ha generado información detallada que explique el impacto de algunas actividades. Un ejemplo está en los programas de la Secretaría de Relaciones Exteriores que son parte del PEC, y que incluyen apoyo para la repatriación de cadáveres, apoyo a migrantes en situación de maltrato y defensa de condenados a muerte, entre otras. El monto asignado a este conjunto de pro-gramas fue 70 millones de 2008 (50 por ciento menos que en 2004). Sin ser montos relativamente altos, no deja de ser signifi-cativo que los recursos no se destinen directamente a apoyos al campo ni encajen en las vertientes señaladas por el Ejecutivo.

Confusión. Otro ejemplo es el relacionado con el programa social Oportunidades que en 2008 aporta un monto total de 31 mil millones de pesos al PEC. Los apoyos de Oportunidades no son en estricto sentido parte de la estrategia sectorial, y al incorporarlos en el instrumento no se cuenta con una perspec-tiva clara del diseño, justificación e impacto de las políticas. En consecuencia, el PEC se mantiene como un gran catálogo en el que todo cabe, pero en el que no se da cuenta puntual de por qué, para qué, y cuáles son los resultados, es decir, cómo se afecta, para bien o para mal, el desarrollo rural.

Estos recursos importan, por supuesto, y se debe dar cuenta de ellos. Pero como parte de la política sectorial correspondien-te, no como parte de la estrategia de desarrollo rural. La conse-cuencia de su incorporación es que se pierde dirección sobre los esfuerzos de desarrollo rural, y se difumina su impacto.

A estos ejemplos de la dispersión del PEC y su carácter nomi-nativo más que estratégico, se suman otros problemas más directa-mente relacionados con la opacidad que habilita esta dispersión. Al depender de una comisión intersecretarial ad hoc, se difumina la responsabilidad por el ejercicio del gasto, y se hace más difícil el monitoreo puntual de los recursos, ya que los instrumentos de información del gobierno no incorporan la información necesa-ria. El resultado es una política de desarrollo sin ton ni son.* Director ejecutivo de FUNDAR [email protected]** Asistente de investigación en el área de transparencia y rendición de cuentas FUNDAR [email protected]

SIN TON NI SONDispersión y obscuridad en el •

Programa Especial Concurrente

Carencia de criterios claros en el PECEl PEC integra diversos programas y actividades de la mi-tad de los ramos de la administración pública federal: 17 en 2006, 2007 y 2008. No siempre son los mismos ramos, aunque hay algunos que han sido constantes desde su creación. El problema central de esta diversidad es que no se establecen claramente los criterios que justifican la incorporación de algunos ramos y actividades. Como resultado, hay una amplia gama de actividades cuya apor-tación al desarrollo del campo es cuestionable.


De la redacción

Pronto se hicieron humo las promesas re-novadoras de Acción Nacional. Lejos de impulsar el desarrollo de nuevos actores

sociales rurales por medio de políticas de Estado, los gobiernos de Fox y Calderón van sobre la hue-lla de los priístas, empleando el presupuesto para dividir y corromper al movimiento campesino, comprar legitimidad y apoyar carreras políticas.

Millones y millones de pesos asignados a las secretarías de Agricultura, Desarrollo Social y Re-forma Agraria han sido empleados en programas neoclientelares como Vivienda Rural, Adultos Mayores, Fondo de Apoyo a Proyectos Produc-tivos Agrarios (FAPPA), Programa de la Mujer en el Sector Agrario (Promusag), Programa de Apoyo a la Participación de Actores para el Desa-rrollo Rural (Prosap-Organízate) y Programa de Fomento al Desarrollo Agario (Formar).

Nuestra carta magna establece que es res-ponsabilidad del Estado impulsar “todas las formas de organización social para la produc-ción, distribución y consumo de bienes y ser-vicios socialmente necesarios” (Artículo 25) y que la producción, transformación y comercia-lización de los productos agropecuarios es “de interés público” (Artículo 27), de modo que es constitucional el derecho a recibir apoyos fiscales que tienen las organizaciones campe-sinas que desarrollan actividades económico-sociales legítimas y pertinentes. Pero el empleo patrimonial y clientelar de estos recursos por el viejo régimen priísta fue base del corporativis-mo social a la mexicana, y pese a la alternancia es aún grave problema nacional. Por ello La Jornada del Campo emprendió una investiga-ción sobre el empleo que, entre 2003 y 2007, hi-cieron las secretarías de Agricultura y de la Re-forma Agraria de los mil 141 millones de pesos asignados a dos programas: Prosap-Organízate y Formar, que son apenas la punta del iceberg, pues lo que ejercen es una porción mínima del presupuesto rural al que suponemos se da un uso clientelar. Por dirigirse expresamente al fortalecimiento de las organizaciones, estos dos programas constituyen una buena muestra de la profundidad del fenómeno.

De los casi 300 grupos que recibieron recur-sos de Prosap entre 2003 y 2007, y de Formar, entre 2005 y 2007, en 129 casos pudimos detec-tar genealogía organizativa y filiación o proxi-midad con algún partido político. Muestra sufi-ciente para establecer las proporciones con que se reparten los recursos de estos dos programas, aunque no para determinar los montos absolu-tos recibidos por cada constelación de organiza-ciones o por la cauda de cada instituto político.

Multiplicación de los membretes. Para eludir las restricciones de la normatividad e incrementar su participación en el presupuesto público, algunos agrupamientos rurales se des-doblan en organismos filiales, a veces fantasma-les y con frecuencia encabezados por familiares de los dirigentes de las organizaciones madre, de modo que el monto real de lo captado por cada holding social es la suma de lo recibido por la matriz más lo que se allegan las sucursales.

La Confederación Nacional Campesi-na (CNC), vinculada al PRI, opera con 24 membretes, y en el lapso analizado se llevó al menos 191 millones 428 mil 856 pesos, lo que representa casi 17 por ciento del presu-puesto total ejercido por Prosap y Formar. Por su parte, la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss), formada apenas en 2004 y vincu-lada al PAN, maneja 10 membretes y captó al menos 50 millones 63 mil 265 pesos, lo que re-presenta 4.4 por ciento de dicho presupuesto; la Unión General de Obreros y Campesinos de México, Jacinto López (UGOCM-JL), con tres filiales, se llevó algo más de 50 millones; la Unión Nacional de Organizaciones Regiona-les Campesinas Autónomas (UNORCA), con seis filiales, casi 47 millones; la Confederación Nacional de Propietarios Rurales (CNPR), con dos subsidiarias, casi 32 millones; la Cen-tral Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC), con cuatro filiales, 30 millones; la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), con seis filiales, casi 26 millo-nes; la Alianza Campesina del Noroeste (Al-cano) se llevó más de 22 millones; el Consejo Nacional de Sociedades y Unidades de Cam-

pesinos y Colonos (Consucc), 22 millones; la Central Campesina Cardenista (CCC), casi 21 millones; la Fundación Mexicana para el De-sarrollo Rural (FMDR), más de 17 millones; la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (Cocyp), casi 15 millones; la Asocia-ción Nacional de Empresas Comercializado-ras de Productores del Campo (ANEC), más de 13 millones; la Fundación Mexicana para la Investigación Agropecuaria y Forestal (FU-MIAF), casi 11 millones, para mencionar algu-nas de las que recibieron montos mayores.

No afirmamos que todos estos dineros se fueron al caño ni que todas las organizacio-nes mencionadas están en venta o son corrup-tas. Sostenemos, sí, que las asignaciones son desproporcionadas y sospechosas de sesgo. ¿Cómo no pensar mal cuando vemos que la CNC se lleva casi dos de cada diez pesos canalizados a estos programas? ¿Cómo no dudar de los criterios de asignación, cuando en sus primeros cuatro años de vida Unimoss, una debutante panista apadrinada por Fox y la plana mayor de su gabinete, se lleva más de 50 millones? ¿Cómo no creer que se pagan favores políticos con los impuestos de todos los mexicanos, cuando vemos que la ex priísta UGOCM-JL, que en enero de 2006 le ofreció entre 600 mil y 800 mil votos a Calderón y seis meses después le alzó la mano en señal de triunfo, se ha embolsado otro tanto?

Gasto público partidizado. El análisis de la adscripción política de los destinatarios sugiere que cuando menos el 60 por ciento de los re-cursos fiscales presuntamente destinados a for-talecer las organizaciones sociales rurales, llega a manos de agrupamientos con sesgo partidista.

Entre 2003 y 2007, los 75 membretes co-rrespondientes a organismos beneficiarios del Prosap y/o Formar, afiliados o cercanos al PAN, se embuchacaron más de 423 millones, cerca de 75 por ciento de la parte de los re-cursos de esos programas en cuya asignación pudimos establecer un sesgo político. Por su lado, los 38 membretes que giran en la órbi-ta del PRI se llevaron algo más de 201 millo-nes, casi un tercio de la bolsa políticamente etiquetada. En cambio, a las organizaciones relacionadas con los otros seis partidos regis-trados les tocó alrededor del 5 por ciento del total, apenas unos 32 millones de pesos.

Cambios de cachucha bien retribuidos. En junio de 2003, en Benito Juárez, Sonora, Olegario Carrillo y Alfonso Valenzuela, ex-diputados locales por el PRD y dirigentes de UNORCA, le ofrecieron al candidato del PRI a la gubernatura, Eduardo Bours Castelo, los votos de los cinco mil campesinos de la Red de Acción Democrática. “Nos hemos pro-puesto acompañar este proyecto de gobierno –dijeron–. Es por Sonora”. Las fotos publica-das por la prensa muestran al sonriente Valen-zuela, alzándole el brazo a Bours (Nota en el diario Sucesión, Sonora 16/6/03).

Menos de tres años después, en Cajeme, el mismo sedicente perredista le alzaba el brazo a Felipe Calderón, candidato a la Presidencia de la República por el PAN. “Muchas organi-zaciones sonorenses nos estamos “enfelipan-do” aunque no nos empanicemos”, declaró el líder de UNORCA (Nota de Luz María González, en El Imparcial, Sonora 4/2/06). ¿Alguien se extrañará al ver que entre 2003 y 2007 UNORCA “bajó” cuando menos 46 millones del Prosap y Formar?

La transformación es redituable. Organiza-ción rural de prosapia fundada por el agrarista si-naloense Jacinto López, originalmente vinculada al Partido Popular y más tarde afiliada al PRI, la UGOCM-JL, es liderada hoy por José Luis Gon-zález Aguilera, quien fue tres veces diputado por el PRI, lo que no impidió que en enero de 2006 ofreciera su apoyo y entre 600 mil y 800 mil vo-tos, al entonces candidato a la Presidencia, Feli-pe Calderón; “El hombre al que México necesi-ta”, y que ayudará a los campesinos a “rescatar el pensamiento zapatista de tierra y libertad”, según dijo al visitar al panista en su casa de campaña. Al ser cuestionado el candidato por el carácter cor-porativo del apoyo recibido, Calderón alegó que busca “el voto libre de los ciudadanos”, pero que

Sesgo en la distribución de los recursos públicos en los tiempos del Mecnam

Las diferencias entre las distintas organizaciones campesinas (...) son un fenómeno natural y de efectos virtuosos, en la medida en que en ello se expresa la diversidad rural. No lo son, en cam-bio, los conflictos que se originan en la inade-cuada relación entre las agrupaciones sociales y el Estado; una dialéctica perversa que marcó el siglo XX mexicano y que se reproduce en el XXI, pese a que en 2000 vivimos la alternancia el Poder Ejecutivo federal. Un ejemplo de esta viciosa disputa por los recursos fiscales es el Pro-grama de Apoyo a las Organizaciones Sociales Agropecuarias y Pesqueras (Prosap), uno de cuyos objetivos es: “Apoyar el fortalecimiento y operación de los Sistema Producto a través de los Consejos Nacionales y Regionales de Producto-res Agrícolas (...)”, según señalan las reglas de operación del programa. El sesgo presupuestario a favor de la Confederación Nacional Campe-sina (CNC) se manifiesta en que ésta en 2001 recibió seis millones de pesos; en 2002, 10 millo-nes; en 2003, 14 millones, y en 2004, 16 millones. Detrás de la CNC están la Unión General de Obreros y Campesinos de México-Jacinto Ló-pez (UGOCM-JL) y la Confederación Nacio-nal de Propietarios Rurales (...) que en el mismo lapso recibieron entre 2.5 y 6.5 millones anuales cada una. En el otro extremo organizaciones (...) como CIOAC, UNTA y UNORCA recibieron en el período menos de cuatro millones anua-les cada una, mientras que los apoyos a CNPA, CODUC, CCC y UCD están por debajo de los 3.5 millones anuales. El problema no está en los montos, que en todo caso deberían justificarse en función de proyectos; el problema radica en la discrecionalidad de la asignación de unos recur-sos que más que en el fortalecimiento institucio-nal de los actores sociales parecen invertirse en gobernabilidad rural. Balance del primer semes-tre de 2005. Observatorio de las organizaciones sociales rurales CEDRSSA-Instituto Maya

USOS PERVERSOSDEL GASTO PÚBLICO RURAL

Corporativismo en tiempos del PAN: los casos de Prosap y Formar•

Los exdiputados locales del PRD, Alfonso Valenzuela Segura y Orespaldan la candidatura del priista Eduardo Bours Castelo a la guValenzuela alza el brazo de Felipe Calderón, entonces candidato

Reunión del 29 de febrero de 2006, en la que el priista y dirigentepresidente electo al panista Felipe Calderón, antes de que las ele

“Bajar” recursos del presupuesto ha sido objetivo de muchas organiza-ciones, y una de sus estrategias ha

sido la creación de membretes.Unimoss, creada en marzo de 2004 por el

PAN, es presidida por Javier López Macías, ex director de Operación Regional del Fondo Nacional de Empresas en Solidaridad (Fo-naes), quien desde ese puesto modificó las reglas del Fondo, de modo que los recursos devueltos por los beneficiarios, que antes iban a Hacienda, ahora se reintegran a las organiza-ciones a través de empresas sociales de capita-lización (ESC). Organismos a los que tienen que afiliarse los solicitantes si quieren obtener recursos de Fonaes. Curiosamente, de un to-tal de 65 ESC registradas, 21 son de Unimoss. Javier López presume que Unimoss, nacida con 120 agrupaciones miembros, crece a un ritmo de cien por año de modo que hoy repre-senta a medio millón de campesinos. Todos con cachucha azul.

En la multiplicación de membretes, la CNC no se queda atrás. Durante el foxis-mo y el calderonismo ha inaugurado varias agrupaciones, como la Fundación El Gran Olvidado, de 2001 –que ha sido administrada por el senador Heladio Ramírez, el hoy líder nacional cenecista Cruz López y el diputado Héctor Padilla–, que captó más de 14 millo-nes de Prosap y Formar en 2003-07; o sus dos uniones juveniles registradas en 2005: Jóvenes Productores Agropecuarios de México Van-guardia y la Unión Regional de Jóvenes Cam-pesinos, Productores e Indígenas de México, que “bajaron” juntas casi 12 millones de pesos. También cenecista es la Fundación Organi-zados para Servir, del 2005, que en menos de año y medio recibió 11 millones de pesos de Prosap y Formar, como lo son la Fundación para el Desarrollo de los Pobres de Zonas Ári-das y Semiáridas y la Asociación Nacional de Profesionistas para el Desarrollo Integral del Campo, de las cuales Cruz López es presiden-te y que el año de su fundación recibieron casi dos millones de pesos cada una.

Legisladores y ex legisladores, ex funcionarios, ex candidatos a puestos de elección popular, ex

dirigentes de partidos, pero también hermanas, esposas y demás parientes de algunos líderes campesinos aparecen como representantes de las organizaciones beneficiarias de Prosap y For-mar. Hay algunos que hasta dobletean.

Entre ellos, la guanajuatense miembro de Unimoss, Ivonne Solís, conocida como la “li-deresa de nylon”, quien siempre se puso de parte de Javier Usabiaga durante las negocia-ciones del Acuerdo Nacional para el Campo. Ella dirige la Asociación Nacional de Sector Agropecuario y Campesino (ANSAC), fun-dada en 1999, y también la Red Nacional de Mujeres Vigilantes, Contraloría Social, del 2005, y logró bajar del Prosap y Formar poco más de 20 millones de pesos.

Otra mujer destacada es Elia Sánchez Cer-da, esposa de Ignacio Irys Salomón, quien fundó su asociación en 2005 con el nombre de Institución Universalmente Humanos y re-cibió un millón de pesos de Formar. Irys fue dirigente de la Coalición de Organizaciones Democráticas, Urbanas y Campesinas (CO-DUC) y luego de una escisión –en que el ma-trimonio fue acusado de adueñarse de autos e inmuebles de la organización— es ahora líder de la Coordinación Organizadora de la Unidad Campesina (COUC).

Otra más: Nuria Costa Leonardo, quien fuera funcionaria de la Secretaría de Agri-cultura en el zedillismo; entre 2003 y 2007 obtuvo casi 17 millones de pesos de Prosap y Formar con dos organismos registrados en 2003, la Red Nacional de Mujeres Rurales y la Red Mexicana de Mujeres.

Entre las agrupaciones de parientes de políticos aparecen la panista Organización Campesina de la República Mexicana, cuyo secretario general es Luis Alejandro Orea, es-poso de Ana Teresa Aranda, ex candidata del PAN al gobierno de Puebla; nacida en 2004, esta agrupación captó más de 3 millones de pesos de pesos del Prosap. Está también Tania González Aguilera, hermana del dirigente de la UGOCM-JL, quien capitalizó su Demo-cracia Integradora Rural con 6 millones de pesos de Formar y 100 mil del Prosap. La hija del cenecista Heladio Ramírez, Narcedalia Ramírez, recibió casi 21 millones de pesos vía su Instituto para el Desarrollo de la Mixteca.

Los Castelo, sonorenses primos de Eduardo Bours, el gobernador priista más panista de México y con Bachoco empresario líder en po-llo y huevo, se han hecho expertos en “bajar” recursos públicos. Dos agrupaciones creadas por Javier Castelo en 2004, cuando era dipu-tado federal panista (hoy cobra como senador) “bajaron” más de 24 millones entre ese año y 2007. Se trata del famoso Organismo de Pro-ductores Agropecuarios, Ganaderos y Acuícola Nacional (que hizo su ceremonia inaugural en

la explanada de la Cámara baja), y de la Asocia-ción Nacional de Productores Agropecuarios. Héctor Raúl Castelo, presidente de la Asocia-ción de Pequeños Ganaderos de Sonora, tam-bién ha recibido apoyos de ambos programas, más de 3 millones, por medio de su otra organi-zación Productores Integrados del Noroeste.

Los siguientes datos son botón de muestra del registro total de beneficiarios de Prosap y Formar en 2003-07 (que aparece completa en http://www.jornada.unam.mx/suplementos/ junto con este número de La Jornada del Campo). Alejandro Gómez Olvera formó Los de Abajo en abril de 2007 y ya captó casi 3 millones de pesos. El ex priista y ex articulador del proceso de creación de organizaciones campesinas panistas, Arnulfo Montes Cuén, recibió casi 3 millones de pesos por medio de su Federación Nacional de Produc-tores Agropecuarios, Forestales y Pesqueros. El ex alcalde panista de Zacatecas, Francisco Murguía, recibió 3 millones de Prosap. La sonorense ex precandidata a senadora del PAN, Eloísa Flores García captó 4 millones de pesos por medio de su Red de Mujeres por la Equidad y el Bienes-tar Humano. Al ex director de operación de la Coordinación de Giras Presidenciales, el panista Agustín Martínez Herrera le ha ido bien pues su Agenda Ciudadana Fundación para el Desarrollo captó más de siete millones de pesos. El ex coor-dinador en el Estado de México de Agronegocios del FIRCO (fideicomiso de la Secretaría de Agri-cultura), Sergio Fernández Acevedo, hizo nacer en septiembre de 2007 su Desarrollo Integral de la Caprinocultura por México, y ese mismo año ob-tuvo 2 millones de pesos de Formar. El ex priista y diputado local en Chiapas, Rafael Cevallos, tiene su Fundación Militancia Efectiva no Reelección, con la cual captó un millón de pesos de los dos programas. Una excandidata a regidora del PRD en Xalapa, Veracruz, Rosalba Rangel captó 3.8 millones de pesos vía su Desarrollo Veracruzano afiliado a la Unión Nacional de Trabajadores Agrí-colas (UNTA); Nabor Ojeda, quién se escindió de la CNC por conflictos con Heladio Ramírez, no quedó descobijado pues maneja varias organiza-ciones como la Fundación Campesina para el Desarrollo Rural, que captó 12.7 millones de pesos de Prosap y Formar.

EL CLIENTELISMOCOMO PICARESCA

Algunas organizaciones

que “bajan” recursos

tienen nombres

memorables:

Biotecnología y Más,

Donativos Voluntarios

de México, Potencialidad

Humana, Motivo para la

Productividad, Fundación

Libre Ciudadano, Playeros

de Sayula, El Campo Vale

Más, Fundación Diez Mil

Mujeres por Morelos,

Por Ti Trabajamos…

Subsidiando con dinero público la “filantropía” de los empresarios

Violando sus reglas de operación, el go-bierno panista ha beneficiado con recur-sos públicos de Prosap y Formar a funda-ciones creadas por grandes corporaciones alimentarias. Dio 17. 3 millones de pesos a la Fundación Mexicana para el Desa-rrollo Rural de Lorenzo Servitje (Grupo Bimbo), que patrocinó la campaña de Calderón; otros 10.8 millones a la Funda-ción Mexicana para la Investigación Agro-pecuaria y Forestal, de Roberto González, mayor accionista de Maseca; 8.2 millones a Jalisco, Desarrollo y Fomento; 8.2 millo-nes más a la Red para el Desarrollo Rural Sustentable, vinculada al Centro Mexica-no de Filantropía; 1.9 millones a la Funda-ción Murrieta, y 1.5 millones de pesos a la Fundación para el Desarrollo Sustentable de la Comunidad, entre otros.

aceptó la alianza “para alcanzar la meta de obtener por lo menos 16 y medio millones de votos” (Nota de Claudia Herrera Beltrán en La Jornada, 26/1/2006).

Seis meses después, y en compañía de líderes rurales blanquiazules, Agui-lera le reiteraba a Calderón la “lealtad absoluta” de la UGOCM-JL, al tiempo que le alzaba la mano como triunfador de los comicios, aun cuando el Tribunal Federal Electoral no había resuelto sobre la elección (Nota de Claudia Herrera Beltrán, La Jornada 29/7/06). ¿Alguien se dirá sorprendido porque la UGOCM-JL ha “bajado” cuando menos 50 millones del Prosap y el Formar?

Olegario Carrillo Meza, ambos dirigentes de la UNORCA, bernatura de Sonora en 2003. Tres años después, el mismo panista a la Presidencia de la República.

e de la UGOCM-JL, José Luis González, en la foto, declaró ecciones hubieran sido califi cadas.

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Érika Ramírez

Durante los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, la Secretaría de Agri-cultura (Sagarpa) ha transferido –por

medio de sus órganos desconcentrados– más de mil 500 millones de pesos al Instituto Interameri-cano de Cooperación para la Agricultura (IICA).

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) documentó en el Informe de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública 2005, que la entrega del erario al IICA es “costosa y excesi-va”. No obstante, el actual titular de Agricultu-ra, Alberto Cárdenas, continúa beneficiando al organismo, brazo agropecuario de la Orga-nización de Estados Americanos (OEA).

Informes obtenidos vía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pú-blica Gubernamental revelan que de 2002 a la fecha las transferencias al IICA suman mil 584 millones 456 mil 37 pesos. Se erogaron mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Sena-sica), de Apoyos y Servicios a la Comerciali-zación Agropecuaria (Aserca) y de la Subse-cretaría de Agricultura.

Generoso Servicio de Sanidad. Senasica, facultado para desarrollar y aplicar planes y programas sanitarios que apoyen al campo, así como atender las emergencias sanitarias agropecuarias, asignó el presupuesto más alto al IICA durante el foxismo: más de mil 400 millones de pesos; le siguió Aserca, con 105 millones, y luego la Subsecretaría de Agricul-tura, con seis millones de pesos.

De acuerdo con el Concentrado de Progra-mas y/o Proyectos Administrados por el IICA de 2002 a 2008, que opera el Senasica, fueron erogados mil 276 millones 172 mil pesos, con Javier Trujillo Arriaga como titular del Ser-vicio, y otros 196 millones 606 mil 520 pesos en 2007 y 2008, con el actual director en jefe, Enrique Sánchez Cruz.

El recurso fue erogado por medio de siete proyectos principales: “Senasica-IICA, Contin-gencias, Programa Operativo Moscamed, Mos-

cas de la Fruta, Apoyo de Personal Técnico para Prevenir el Ingreso de Plagas y Enfermedades Exóticas al país, CPA 80 por ciento-20 por cien-to, y el Programa de Seguimiento y Control de Oficinas de Inspección de Sanidad”.

En 2005, la ASF evaluó la aplicación de re-cursos a través de 13 programas y señaló que no encontró “evidencia de las acciones que realizaría el IICA, en cuanto a aportación de experiencias, resultados y recomendaciones en desarrollo agropecuario, cooperación téc-nica y capacitación, apoyo a la planeación es-tratégica, servicios profesionales y desarrollo tecnológico”. Por el contrario, se “limitó” a la contratación de bienes y servicios para la operación de dichos esquemas.

Aserca, órgano desconcentrado de la Sa-garpa traspasó al IICA 105 millones 302 mil 467 pesos de 2002 a 2007, sólo para cubrir los gastos en servicios de asesoría profesional y el pago de cuotas a organismos internacionales, según indica la información entregada me-diante la Ley Federal de Transparencia.

Mientras, la Subsecretaría de Agricultura, a cargo de Francisco López Tostado, entregó en 2004 otros 6 millones 375 mil pesos para cumplir con los compromisos adquiridos con la firma del Acuerdo General Interinstitucio-nal de Cooperación Técnica.

Cárdenas, en la misma línea. Los infor-mes indican que la entrega de recursos pú-blicos del erario al organismo internacional fue operada en la administración del ex secre-tario de Agricultura, Javier Usabiaga, y de los subsecretarios López Tostado y Antonio Ruiz García, por medio del Acuerdo Interinstitu-cional signado el 2 de julio de 2002 con Ed-gardo Moscardi, encargado de la oficina de IICA México.

A pesar de las observaciones hechas por la ASF, Alberto Cárdenas Jiménez firmó en agos-to de 2007 el Acuerdo General de Coopera-ción Técnica y de Gestión de Proyectos con el representante del IICA, Christopher Hansen; vigente hasta al 30 de noviembre de 2012.Contralínea, periodismo de investigación

Jesús Ramírez Cuevas

En un hecho sin precedentes en la historia moderna, si-multáneamente en todas las regiones del mundo, ricas y pobres, sus poblaciones resienten los efectos combinados

de varias crisis: una financiera-económica, otra alimentaria, una más energética, y los resultados de la depredación ecológica. Las protestas en unos 20 países, lo mismo en Europa, Estados Uni-dos, México o Filipinas, son síntoma de que las consecuencias devastadoras del capitalismo salvaje y su modelo neoliberal abren paso a una crisis social de alcances incalculables, incluida la disputa por los recursos naturales como el petróleo y el agua.

Los actores principales de la catástrofe económica son los centros financieros internacionales y las empresas trasnacio-nales que controlan los mercados, de cuyas decisiones pende la vida de millones de personas, de pueblos enteros, que son arrojados al hambre y a la pobreza.

La crisis financiera, advierte el Fondo Monetario Interna-cional, amenaza con extenderse con una combinación letal de recesión económica más inflación. A su paso dejará una estela de quiebras, desempleo y destrucción de economías locales. Mientras, los especuladores del mercado mundial de alimentos y combustibles, provocan un incremento exagerado de precios.

Sin embargo, el alza de precios de los alimentos no es cau-sada por la escasez. De hecho, en la Cumbre de Roma, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció una cosecha récord de cereales para este año. Eso no modificará los precios; los dos gigantes que controlan el mercado, Cargill y Archer Daniels Midland, no renunciarán a sus enormes ganancias.

El encarecimiento de los alimentos (desde 2007 los precios han subido 90 por ciento a escala global) es causada por el incremento de las gasolinas, por la creciente demanda con el uso de alimentos para generar agrocombustibles (una cuarta parte de la tierra cultivable de Europa y Estados Unidos estará destinada a ello) y por la especulación de intermediarios inter-nacionales. Aunque, según la FAO, las hambrunas que vienen “serán resultado de la oferta y la demanda y del cambio global, que se encuentran fuera del ámbito gubernamental”.

El incremento del petróleo impacta la industria, la agricultu-ra y los servicios, provocando un efecto dominó en la economía y el bienestar de la gente, una espiral inflacionaria y carestía.

Sin embargo, los altos precios del petróleo, que amenazan con llegar a los 200 dólares por barril a fin de año, no tienen que ver con los costos de producción (15 dólares por barril en promedio), ni con su disponibilidad en el mercado. Se deben a la especula-ción de bancos y grupos financieros en los índices, mercados a futuro y de materias primas, quienes están invirtiendo en petró-leo para recuperar sus capitales perdidos por la crisis hipotecaria y financiera.

Los especuladores en el mercado del petróleo son Goldman Sachs; Morgan Stanley; British Petroleum (BP); Société Genérale de Francia; Bank of America, el mayor banco de Estados Unidos, y Mercuria de Suiza. Detrás de ellos están las grandes petroleras.

Así la depresión económica genera más riqueza y poder de unas cuantas empresas globales. En México se pulverizaron los ingresos de la mayoría. En unos meses los salarios perdieron más de 40 por ciento de su poder de compra. En cambio, los precios de los productos básicos y los servicios aumentaron más de 70 por ciento. El incremento de la cartera vencida es muestra de ello (hay 110 mil juicios de desalojo por créditos hipotecarios). El desempleo es galopante. Hay más de 60 millones de pobres y 20 millones de mexicanos padecen hambre y desnutrición.

Hoy importamos 40 por ciento de nuestros alimentos. Y a pe-sar de la cosecha récord de maíz este año (25 millones de tone-ladas), seguimos trayendo granos del exterior. Maseca y Cargill monopolizan el mercado de maíz y diez empresas acaparan la producción del campo y reciben más de 80 por ciento de los subsidios y apoyos del gobierno federal a los productores.

Las crisis alimentaria, financiera y energética no están separa-das; son parte de un proceso de reestructuración económica y so-cial. El encarecimiento de los alimentos, combustibles, créditos y servicios es instrumento de una guerra económica a escala global.

“Quien controle el petróleo controlará naciones enteras, quien controle los alimentos controlará pueblos enteros”. De esa dimensión es el tiempo que vivimos y el reto de la humani-dad para construir alternativas.

RECURSOS CUANTIOSOS A IICA

Érika Ramírez

C argill y Minsa, así como otras 18 agroindustrias nacionales, reci-bieron casi 300 millones de pesos

entre 2006 y 2007 provenientes de la Secre-taría de Agricultura (Sagarpa), encabezada por Alberto Cárdenas Jiménez.

De acuerdo con el padrón de beneficia-rios de Apoyos y Servicios a la Comerciali-zación Agropecuaria (Aserca) –órgano des-concentrado de la Sagarpa–, las compañías comercializadoras de maíz recibieron 292 millones 432 mil 575 pesos, por concepto de cabotaje y flete terrestre, en dos periodos.

Aserca registra entre las primeras benefi-ciarias a la Compañía Nacional Almacena-dora, que al 29 de diciembre de 2006 obtuvo 85 millones 971 mil 853 pesos. Para el segun-do trimestre de 2007 ya había recibido 83 millones 781 mil 686 pesos más.

Le sigue Minsa –segundo productor más grande de harina de maíz para tortillas en México–, que recibió en la primera fecha 19 millones 728 mil 909 pesos y, posterior-mente, 13 millones 959 mil 421 pesos.

La trasnacional estadounidense Cargill, calificada por organizaciones campesinas como “coyote del maíz”, consiguió 18 mi-llones 47 mil 265 pesos en diciembre de 2006 y medio año más tarde, cinco millo-nes 387 mil 15 pesos más.

Los “apoyos” fueron asignados a éstas y otras 18 comercializadoras por el coordinador general de Comercialización, Manuel Martí-nez de Leo; el director general de Desarrollo de Mercados, Ulises Luna Ferra, y el director de Pagos de Apoyos a la Comercialización de Aserca, Eduardo Jacobo González.

La entrega de recursos fue operada por el esquema de “subsidios” dotados por concepto de cabotaje o flete terrestre de maíz blanco, de la cosecha otoño-invierno

2005-2006 de Sinaloa, y fue aprobada por la directora en jefe de la oficina guberna-mental, Ana Graciela Aguilar Antuñano.

La crisis del maíz. Documentos obte-nidos por medio de la Ley de Transparen-cia y Acceso a la Información Pública Gu-bernamental revelaron que en la segunda quincena de junio de 2007 Cargill recibió recursos públicos millonarios previamen-te al desabasto de maíz en México.

Apenas comenzaba 2007 cuando el precio de la tortilla aumentó de un pro-medio de seis pesos a 11 y hasta 18 pesos en algunas zonas del país, como Tijuana, según documentó la Procuraduría Fede-ral del Consumidor.

El incremento en el precio del maíz fue el resultado de múltiples factores: el alza en la demanda del grano en Estados Unidos para producir etanol, y el control y especulación de precios que ejercen trasnacionales de la talla de Maseca y Cargill, documentaron los medios de co-municación nacionales.

Los documentos conseguidos por el mecanismo de transparencia indican que la Secretaría de Agricultura favoreció a Cargill con 13 millones 920 mil 289 pesos, por medio de Aserca.

El monto asignado fue el mayor de los subsidios entregados por concepto de ex-portación del grano a países africanos en 2006. El flete que Cargill transportaría a Mozambique fue de 30 mil 522 toneladas de maíz blanco; mientras, Comercializa-dora Profesional Mexicana, SA de CV re-cibió siete millones 390 mil 639 pesos para la transportación de 19 mil 974 toneladas del grano, y a La Gradesa, SA de CV, le otorgaron cinco millones 228 mil 843 pesos para el traslado de 14 mil 132 toneladas.

De acuerdo con la prensa nacional, durante el último año foxista, en la Se-cretaría de Agricultura, que encabezaba Francisco Mayorga, ya conocían de la cri-sis que se avecinaba.Contralínea, periodismo de investigación

Trasnacionales consentidas

EN QUÉ SE GASTAN LOS DINEROS DEL CAMPO

LAS CRISIS DE LOS ALIMENTOS, DEL PETRÓLEO Y DE LAS FINANZAS


Clientelismo multicolorVíctor M. Quintana S. Frente

Democrático Campesino de Chihuahua.A pesar de transiciones y alternancias el clien-telismo sigue ahí, en el campo coleteando, ter-co como el terminator de la película.

Tal vez el clientelis-mo nace con la sociedad patrimonialista de las haciendas. La total desprotección de los peones acapillados y la cuasiomnipotencia de los hacendados hacen emerger una “cultura política de los favores”: es decir, los peones reciben un favor del patrón y ellos a cambio le hacen el favor de someterse a él en lo labo-ral, en lo social, en lo económico y hasta en lo sexual. A esta cultura de los favores, propia de la sociedad tremendamente desigual del porfiriato, escaparon las comunidades indí-genas y las comunidades de rancheros libres, como los habitantes de los pueblos del oeste de Chihuahua. En estas sociedades mucho menos desiguales el clientelismo no pudo sentar bien sus reales.

La gran participación campesina en la Re-volución de 1910 y en las luchas agrarias de los años posteriores parecía anunciar el fin del clientelismo, al crear los “gobiernos emanados de la Revolución” ciertas condiciones para la emancipación, como el reparto de tierras. Sin embargo, como señala Armando Bartra en Los Herederos de Zapata, a la vez que Cárdenas arma a los agraristas, les pone una rienda para controlarlos: la Confederación Nacional Cam-pesina (CNC). Setenta años de priísmo-cene-cismo, de canalizar prestaciones económicas, sociales y políticas sólo por su intermediación, tienen un enorme impacto en la consolidación evolutiva del clientelismo en el campo: logran domeñar a los solicitantes de tierra y a una bue-na parte de los ejidatarios y de los pequeños propietarios. La ingeniería cenecista-priísta de la manipulación y el control genera una cultu-ra política no de derechos, sino de favores, de sumisión al líder. Y, lo peor, en muchos casos destruye la autoestima colectiva, la confianza en sí mismos, como individuos y comunidades de los hombres y las mujeres del campo; con-sideran que no pueden ser sujetos individuales y colectivos de su propia transformación y me-joramiento de sus condiciones de vida, y que todo depende de los favores que les puedan dispensar a cambio de su sometimiento.

Parecía que todo esto iba a terminar con la alternancia en el año 2000, la consolidación de instituciones democráticas y la competen-cia entre las organizaciones campesinas. Pero no, el clientelismo, como el terminator resur-ge, así sea sólo un pedazo de brazo mecánico. Su pervivencia la generan varios factores:

–Las inercias organizativas y de pertenen-cia: la falta de confianza de los campesinos en sus capacidades y organización los hacen afe-rrarse a las viejas agrupaciones clientelistas.

–El no establecimiento claro e institucio-nalizado de los derechos de los campesinos en lo que se refiere al acceso a programas gubernamentales. La falta de reglas claras y las complicaciones burocráticas para acceder a recursos hacen necesario el surgimiento de intermediarios entre el gobierno y los campe-sinos, lo que genera nuevos clientelismos.

–El que el PAN necesite generar una base social en el campo y para esto canalice in-

formación privilegiada, programas y recursos por medio de las organizaciones rurales que ha creado, como el Plantar.

–El monopolio de los mecanismos de rela-ción con el Estado. Incluso en algunas organi-zaciones de las llamadas independientes, los liderazgos se perpetúan con el monopolio de los mecanismos de representación y media-ción ante las dependencias de gobierno.

Todo eso hace que en muchos casos se dé en el medio rural lo que Alberto Olvera llama la “ciudadanía por intermediación”, condi-ción básica que permite la perpetuación del clientelismo de todos los colores. El único an-tídoto eficaz en contra de éste es que los hom-bres y las mujeres del campo, mediante su ac-ción social desde abajo, inicien procesos de construcción de su ciudadanía integral, por el pleno acceso a sus derechos civiles, económi-cos, sociales, culturales y ambientales.

El corporativismo, igualAlfonso Ramírez Cuellar El Barzón

El esquema corpora-tivo ha sido histórica-mente la base para la aplicación de todas las políticas del campo. La acción organiza-tiva del Estado sobre los grupos campesinos ayudó a impulsar la

reforma agraria con Lázaro Cárdenas, pero luego degeneró en un esquema de control político y burocrático, en una alianza entre gobierno y líderes.

El problema lo vivimos por décadas con la hegemonía del PRI, y desde el gobierno de Vicente Fox estamos sufriendo la reedición del esquema, ahora impulsado por el PAN, que antes siempre se había opuesto al clien-telismo. Las autoridades federales panistas usan los recursos públicos para favorecer a organizaciones y liderazgos que se sometan a sus políticas; el resultado es que se aplas-ta la iniciativa y libertad de los campesinos mientras que se favorece la economía agríco-la empresarial.

También usan los recursos del erario para constituir una base política y electoral en el medio rural, favoreciendo regiones, lideraz-gos y organizaciones específicas. Es la misma receta que aplicó el PRI para sostener por 70 años su dictadura.

La esencia del corporativismo sigue siendo la misma: manipula con el fin de vulnerar cualquier iniciativa de organización y lucha independiente, cualquier propuesta alternati-va que vaya a favor de la agricultura campe-sina del país.

Quizá las formas han cambiando, pero el clientelismo sigue siendo fundamento de la política rural.

Para modificar esta situación, necesitamos transformar las organizaciones campesinas en verdaderas entidades de interés público, sujetarlas a reglas de transparencia en el sis-tema financiero, que sean fiscalizadas lo más ampliamente posible, que rindan cuentas y apliquen mecanismos democráticos en sus decisiones, de modo que se garantice la apli-cación transparente, equitativa y despolitiza-da de los recursos públicos.

Parte fundamental de los trabajos del Con-greso de la Unión son las reglas de operación de los programas de apoyo al medio rural. Es-tas reglas –que deben evitar que se privilegie

a ciertos sectores, organizaciones y regiones del país— son atribución del Ejecutivo, pero el Congreso debe jugar un papel importante desarrollando un marco conceptual adecua-do en el decreto de presupuesto.

Intercambio de favoresFernando Celis Callejas Coordinadora

Nacional de Organizaciones CafetalerasEl clientelismo es uno de los principales obstáculos para el de-sarrollo de las organi-zaciones campesinas. Consiste principal-

mente en el intercambio de favores; se otor-gan apoyos económicos a condición de apoyos a gobiernos, organizaciones o personas. El ori-gen de esta cultura tan arraigada en México está en las décadas de dominio político priísta que impidió en el campo la existencia de un asociacionismo plural y autónomo. Las or-ganizaciones campesinas y grupos locales se limitaban a demandar apoyos y los gobiernos priístas los daban a cambio de subordinación.

Esta cultura impregna a toda la sociedad, incluso a los partidos políticos que eran de oposición y que ahora también son gobierno como el PAN y PRD.

También en varias agrupaciones campesinas de corte progresista está presente este tipo de relaciones. Se negocian apoyos de los gobier-nos de distintos niveles, para otorgarse a los campesinos por medio de la organización a condición de afiliación y apoyo a sus acciones.

Para una parte importante de las dirigen-cias campesinas, las cuales operan de manera caudillista y personalista, el objetivo principal es conseguir recursos públicos para sostener oficinas en la Ciudad de México y los gastos de la dirigencia, además de obtener apoyos para “bajar” a sus agremiados. La organiza-ción es fuerte y puede ampliar su base social, en función del monto de recursos que absor-ba de los programas públicos a favor de sus seguidores. La discusión sobre la relación con el Estado y los mecanismos de obtención de recursos públicos es estratégica en las organi-zaciones campesinas.

Cabe recordar que la división en el movi-miento campesino independiente más impor-tante que se ha dado en el país, el de El Cam-po no Aguanta Más (Mecnam), se debió a las diferencias en torno a los mecanismos de acce-so a los programas de apoyo a los productores.

Grupos como la CCC, CIOAC y CODUC consideraban que lo más importante era nego-ciar cuotas de programas para garantizar un ac-ceso mínimo a sus afiliados en una relación tipo clientelar. La oposición de otras organizaciones generó una discusión que llevó a la ruptura y al debilitamiento del Mecnam, movimiento que había generado grandes expectativas.

La situación de precariedad económica e incertidumbre de los campesinos les lleva en muchos casos a buscar salidas familiares y re-laciones pragmáticas y “oportunistas” con or-ganizaciones, grupos políticos y gobiernos, lo cual hace terreno fértil para el clientelismo.

Este fenómeno impide un fortalecimiento sostenible de la organización campesina, que requiere para su desarrollo de mayor consisten-cia, participación consciente, responsabilidad, disciplina, disposición a la solidaridad y la ac-ción conjunta, pero también mayor eficiencia en los proyectos económicos, entre otras cosas.

Las organizaciones campesinas que im-pulsan cambios de fondo en México deben reconocer las prácticas clientelares y tener estrategias para evitarlas.

También los empresariosCarlos Ramos Coordinadora Nacional Plan de AyalaQue el campo no aguante más se debe al Tratado de Libre Co-mercio de América del Norte, pero también a la corrupción, el cor-

porativismo y la estructura clientelar que pa-decemos. Muchos de los beneficios destina-dos al campo se distribuyen en la burocracia y en aquellos que le son afines.

Los gobiernos panistas han asimilado y mejorado las prácticas clientelares. Así, cen-tralizaron excesivamente el presupuesto y al mismo tiempo colocaron a sus operadores políticos en puestos de decisión.

Al conjunto de desempleados del PAN, el Ejecutivo los ubica en puestos importantes, como es el caso del ex gobernador de Yuca-tán, Patricio Laviada Patrón, que es ahora procurador federal del Medio Ambiente. Les abren espacios en puestos federales para que manejen políticamente los recursos, y operan utilizando los padrones de Oportunidades, Procampo y otros programas.

Con el PAN se ha construido una franja importante de agrupaciones empresariales clientelares, que se llevan una gran tajada de recursos públicos; es el caso de monopolios que captan subsidios y se enriquecen por me-dio de la especulación y manejo indiscrimi-nado del comercio agroalimentario.

Además, desde el aparato público se ha pe-netrado a los Sistemas Producto con un afán empresarial, pero más que nada para control político. Es el caso de la membresía del Con-sejo Mexicano de Desarrollo Rural Sustenta-ble, que ha crecido enormemente.

También se está modificando la aplicación del presupuesto rural: se emplean cada vez más mecanismos bancarizados que excluyen a los campesinos pobres y benefician al em-presariado. Esto habla de un nuevo corpora-tivismo, de un empresariado neopopulista, que usa el poder político conquistado para obtener ventajas económicas, sobre todo vía los Sistemas Producto.

La bancarizacíón ocurre porque, para que el recurso “baje”, se exige la creación de figu-ras financieras. Los programas involucrados en esto son todos los de inducción al finan-ciamiento, y aplican vía las Sofomes o los in-termediarios financieros rurales, figuras éstas en que el sector social acaso tendrá 10 o 15 en el país mientras que en el sector financiero privado hay varias decenas.

Para el campesinado medio o pobre, acudir al notario, darse de alta en Hacienda, cons-tituir figuras financieras implica costos ele-vados; los compañeros no cuentan con esos recursos, mientras que los empresarios sí.

Por otra parte, las organizaciones tradiciona-les se mantienen actuando clientelarmente; en lugar de ser instrumento de servicio para que la gente pueda acceder a los programas, se vuel-ven intermediarios, vendedores de los recursos, cobran por realizar proyectos. Y el gobierno las solapa. Unimoss hizo mal manejo de recursos, pero nada se puede probar. Las mismas auto-ridades cerraron los expedientes. Hay un ciclo de corrupción vicioso, pernicioso.

El debate que hemos venido dando desde las organizaciones independientes ha puesto el dedo en la llaga: la única vacuna posible contra el manejo, acarreo y manipulación de la gente es la formación y capacitación de líderes naturales para que efectivamente la gente sea la que tome las decisiones.

Hablan líderes y asesores de organizaciones rurales

EL CLIENTELISMO: UNA PLAGA

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María Cecilia Oviedo

Para enfrentar una situación de injusticia y marginación, diversas organizaciones campesinas e indígenas en México y otros

países practican y promueven desde mediados de los 80s una agricultura sostenible, que les ga-rantice seguridad alimentaria, con desarrollo de la milpa y de sistemas agroforestales; diversifi-cación de cultivos; alimentos sanos, utilización de los recursos locales, y recuperación de suelos, aguas, bosques, semillas y especies nativas, con lo que han logrado un mejoramiento lento pero sólido en sus condiciones de vida, y una capaci-dad de autosostenimiento y autodesarrollo.

Han realizado también procesos de comer-cialización campesina que fortalecen mer-cados locales, y de incidencia política en co-munidades, municipios y estados, exigiendo derechos y planteando propuestas, e incluso ejerciendo como autoridades en sus comuni-dades y municipios.

Esto lo realizan aplicando el métodoCampesino a Campesino, que revaloriza el papel y protagonismo de los campesinos, de sus conocimientos y saberes, de quienes saben cómo resguardar su biodiversidad. Campesinos y campesinas que realizan inter-cambios con otros campesinos y campesinas y generan un proceso de experimentación e

innovación local. Lo hacen también procu-rando una relación de género más justa en sus familias, organizaciones y comunidades. La perspectiva es avanzar hacia un movimiento de desarrollo local dirigido por ellos mismos.

Estas experiencias se plasmaron a inicios de los 90s en el Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria (PIDAASSA), apo-yado por Pan para el Mundo.

En México, las primeras experiencias fue-ron en Oaxaca, Tlaxcala y Chiapas, y se fue-ron extendiendo a Michoacán, Campeche, Veracruz, Querétaro y Guerrero. Existen avances importantes en 16 organizaciones, con logros significativos en Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas, Michoacán y Campeche. Convenci-dos de que los saberes y alternativas no están en un solo grupo, el PIDAASSA ha buscado el diálogo, el intercambio y las alianzas con otras organizaciones y redes con las cuales se pueda fortalecer una agricultura familiar y campesina sostenible, asentada en los desa-rrollos locales y regionales. Su expresión es el espacio Voces de la Soberanía Alimentaria.

El programa se desarrolla en 12 países y 75 organizaciones de Latinoamérica, des-tacando su presencia en Cuba, Guatema-la, México, Nicaragua, Honduras, Bolivia, Ecuador, Perú y Brasil.

La realidad ha puesto sobre la mesa la ne-cesidad de asegurar los alimentos hoy y para el

futuro; la noticia del día es la crisis alimentaria. Tener alimentación asegurada es una necesidad que se nos enseña como derecho; sin embargo, 600 millones de personas no comen lo mínimo, mil millones viven en pobreza, y como amarga paradoja, más del 50 por ciento en las ciudades sufren de mala nutrición y obesidad.

Las políticas gubernamentales nos siguen imponiendo como única alternativa ante la carestía y alzas de precios de los alimentos, la dependencia alimentaria con incremento de las importaciones, el aumento en la produc-tividad y el apoyo que privilegia a los grandes productores. Los beneficios son para los mo-nopolios agroalimentarios y a los campesinos y pequeños agricultores se les dan paliativos. No plantean ningún cambio en el paradig-ma de cómo se produce y cómo se distribuye, para hacerlo en forma justa, en beneficio de la vida humana y el medio ambiente.

Por ello, el camino elegido por las organi-zaciones que conforman el PIDAASSA tiene un gran potencialidad y es un reto; han su-perado el hambre, recuperando su seguridad y soberanía alimentaria y fortaleciendo su organización; y han mostrado que es posible vivir, producir y comer de otra manera, con dignidad, con respeto a la Madre Tierra, y al Maíz Padre y Madre.Secretaria técnica del PIDAASSA Mé[email protected]

ENTRE LA SUSTENTABILIDAD Y EL ABISMO

Rodrigo Aveldaño Salazar

De acuerdo con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, hay 40 mi-llones de mexicanos con desnutrición en sus dife-

rentes grados (grave, moderada y leve), y la situación es más crítica en las zonas indígenas y de alta marginalidad.

Como una forma de enfrentar el problema por medio de una estrategia productiva, el Instituto Nacional de In-vestigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Tri-go (CIMMYT) desarrollaron los Maíces con Alta Calidad de Proteínas (QPM, por sus siglas en inglés), esto es, con mayores contenidos de los aminoácidos esenciales lisina y triptofano, que no están presentes en forma suficiente en los materiales criollos ni en los mejorados, y que son decisivos para el desarrollo humano.

La proteína del grano de maíz común o normal contiene 1.6 por ciento de lisina y 0.47 de triptofano, mientras que los QPM contienen en promedio 3.1 y uno por ciento, respec-tivamente. Esta característica le confiere al QPM un 90 por ciento de eficiencia metabólica respecto a la leche; el maíz normal sólo representa 39 por ciento.

Los QPM no son transgénicos. Su alta calidad de pro-teína se refleja en una mayor ganancia diaria en peso en aves y cerdos, de 30 por ciento. Esta misma característica se observa en humanos, lo cual le da un carácter muy especial y grandes ventajas al QPM respecto del maíz normal.

En el año 1999-2000 se realizó un gran esfuerzo por intro-ducir este maíz en los sistemas de producción, básicamente en el sur-sureste del país, logrando establecerse en 40 mil

hectáreas. La producción de semillas estuvo a cargo de la extinta Productora Nacional de Semillas (Pronase) y la pro-moción la realizó el INIFAP. Este esfuerzo se acabó al arribo del gobierno de Vicente Fox. A la Secretaría de Agricultura no le interesó promover esta tecnología, y menos aún luego de la desaparición de la Pronase.

A partir de entonces, la transferencia de tecnología estuvo a cargo de los gobiernos de los estados interesados (Hidalgo, Puebla, Veracruz, Chiapas y Yucatán) y de empresas priva-das de producción de semillas.

Para el caso de Hidalgo en 2004 y 2005 se logró establecer cuatro mil hectáreas de QPM, básicamente en la Huasteca. Las autoridades de la actual administración no han mostra-do interés en seguir con esta tecnología.

El gobierno de Puebla fue de los primeros en promover la siembra de variedades QPM en zonas marginales; los pro-gramas que ha desarrollado llegaron a sumar una superficie de siembra de 10 mil hectáreas, y hoy el enfoque es en la promoción de la tecnología en zonas de alta marginalidad. Como complemento, el gobierno del estado inició un pro-grama de producción de semillas para asegurar el abasto de este insumo. La superficie actual de siembra es de dos mil hectáreas.

No hay estímulo en precio. En Veracruz se ha promovi-do en los tres años recientes el uso de esta tecnología con poco éxito. La superficie actual de siembra es de dos mil hectáreas. El problema es que el QPM, a pesar de sus carac-terísticas de calidad, tiene un precio de venta similar al de los maíces normales, por lo cual los agricultores no tienen un incentivo para su producción. Hay negociaciones en la entidad, que están en etapa inicial, para que los industriales pecuarios paguen un sobreprecio por el QPM.

Los estados en los que mayor promoción se está reali-zando para la siembra de QPM son Chiapas y Yucatán. Actualmente el gobierno de Chiapas tiene un programa de siembra de 20 mil hectáreas, vinculado con organiza-ciones de productores que se encargan de la producción de semillas. Éste es el camino más seguro para tener el abasto necesario de semillas específicas de QPM por región. Se prevé que el programa crecerá al menos al doble en los próximos ciclos.

En Yucatán se ha trabajado en los cuatro años recientes, con la producción de variedades QPM y se ha logrado un importante avance en la adopción de esta tecnología en zonas indígenas. Considerando que el QPM realmente en-frenta el problema de altos niveles de desnutrición en zonas marginales, debería de establecerse una política pública de promoción de su siembra.

Política social. Diconsa, que en su sistema de distribución comercializa harina de maíz normal, debería orientarse a los maíces de alta calidad de proteína, por su capacidad de afron-tar la desnutrición de las zonas marginales. Éste debería ser un programa prioritario para la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso). La negociación que está iniciando Veracruz con los pecuarios para que paguen un sobreprecio por el QPM debe-ría realizarse en todo el país; si se tienen incrementos en pesos diarios de un 30 por ciento con este germoplasma, se debería transferir parte de las ganancias a los productores primarios mediante un pago diferencial por la calidad.

Por otra parte el sistema de investigación ha generado nuevos materiales de alto rendimiento de QPM, tal es el caso del híbrido H-564, específico para zonas tropicales que compite con los maíces de empresas trasnacionales y otros híbridos de maíz normal.

Es claro entonces que existen las alternativas tecnológicas para que el maíz tenga un alto impacto en la productividad y en la calidad nutrimental en este país. Se requiere deci-siones de política para coordinar desde la federación (desde la Secretaría de Agricultura) los esfuerzos actuales de los estados, y generar un programa nacional de alto impacto. Los crecientes precios internacionales del maíz dan la pauta para lograr este objetivo.

Además en la región sur-sureste del país, en el ciclo otoño–invierno, se puede producir al menos seis millones de toneladas de este grano en tierras que actualmente estas ociosas o dedicadas a otras actividades de bajo rendimiento. Esta decisión se puede complementar con la producción de maíz de alta calidad de proteína como eje central en esta línea de política.Ex investigador del INIFAP. Actualmente investigador privado del Corporativo de Desarrollo Sustentable SA de [email protected]

Subaprovecha México el Maíz con Alta Calidad de Proteína

ALIMENTOS SANOS Y UNA VIDA MEJORALIMENTOS SANOS Y UNA VIDA MEJOR

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SER MUJER EN MESOAMÉRICA

“En la cooperativa somos 28 mujeres y ningún varón”, dice socarrona María

de los Ángeles Mejía. Y remacha: “Algunas cooperativas no dejan entrar

hombres, porque en cuando entran, rapidito quieren controlar el poder”.

Armando Bartra

Central de Cooperativas Manos Unidas. En las co-munidades de Chacraseca

y Lechecuagos, al pie del volcán Ce-rro Negro y vecinas de la ciudad de León, al occidente del país, operan 28 cooperativas de ahorro, crédito y comercialización, formadas por al-rededor de 800 familias, que dispo-nen de una planta agroindustrial y de servicios y están integradas en un centro regional que a su vez forma parte de la federación de coopera-tivas de carácter nacional; cuentan también con un centro comercial campesino en Managua, mediante el cual adquieren insumos y venden productos procesados. Seis de cada diez cooperativistas son mujeres.

El esfuerzo organizativo empezó hace pocos años, cuando aún no sanaban las heridas causadas por el huracán Mitch. Y en tiempo de desafanados gobiernos neolibe-rales, es natural que el proyecto corriera por cuenta de los propios campesinos, asesorados por la aso-ciación civil CIPRES y con apoyo de la cooperación internacional.

Apoyadas por una donación de bienes productivos consistente en animales, plántulas, materiales de construcción y un biodigestor –paquete que a partir de septiem-bre de 2003 fueron recibiendo las primeras familias participantes–, en cinco años se duplicó el núme-ro de cooperativas. Hoy cosechan y comercializan alimentos básicos (maíz, sorgo, trigo, frijol y yuca), además de cultivar huertos de frutas y verduras; pero también producen ajonjolí y cacahuate de exporta-ción; manejan alrededor de 16 mil

cabezas de ganado (bovinos, porci-nos y aves); la planta agroindustrial fabrica alimentos balanceados, re-produce cerditos y pollos para cría, procesa leche para obtener crema y quesos, opera un rastro de aves y brinda servicios de asistencia técni-ca y capacitación.

Además del autoconsumo de los socios y sus comunidades, las coo-perativas abastecen de alimentos a la ciudad de León, entre otros me-canismos mediante un sistema de agricultura por contrato con sindi-catos y gremios. Actualmente apor-tan la mitad de la leche que se con-sume en la ciudad y una cantidad importante del resto de los básicos.

Las comunas de León. Para los nicaragüenses, León y su entorno son emblemáticos, pues en 1979, después de un cerco a la Guar-dia Nacional que dura más de un mes, los guerrilleros y ciudadanos insurrectos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) transforman la ciudad en capital de la Nicaragua liberada. Durante las semanas que transcurren entre la ocupación de León, la caída de So-moza, la llegada de los sandinistas al poder y el restablecimiento de un orden centralizado en Managua, los leoneses en rebeldía toman en sus manos las actividades vitales (pana-derías, gasolineras, farmacias, hospi-tales, entre otros), ocupan tierras de las fincas circunvecinas abandona-das por los oligarcas y por un tiem-po organizan la vida toda a través de unas 80 comunas autogestionarias. Después llegará el nuevo gobierno a refrenar “excesos” y reordenar las cosas, pero a los efímeros comune-ros la experiencia nadie se las quita. No es casual, entonces, que tras la derrota electoral del FSLN en 1990, la reorganización desde debajo de la sociedad nicaragüense tenga en León un escenario privilegiado. Así, para Orlando Núñez, uno de los protagonistas de la batalla de León y fundador del CIPRES, el actual cooperativismo leonés es heredero y continuador del fugaz comunalis-mo de hace casi 30 años.

Programa Hambre Cero. En enero de 2007 el FSLN regresa al gobierno por vía electoral. Pero el presidente Daniel Ortega se en-cuentra con un país devastado, pues los gobiernos neoliberales depredaron los recursos naturales, privatizaron salud y educación, descobijaron a los campesinos, abrieron fronteras a la importación de alimentos y provocaron el éxodo de más de un millón de personas. En 2006 Nicaragua importó 350

millones de dólares en comida (arroz, maíz, carne, huevos, leche, verduras, frutas...), siendo que se trata de un país básicamente agro-pecuario, donde la mayor parte de la población es campesina y con un temporal que en condiciones nor-males permite obtener dos y hasta tres cosechas anuales.

El gobierno diseñó, entonces, el Programa Hambre Cero, destinado a reactivar la economía, reducir productivamente la pobreza, re-montar la dependencia alimentaria y fortalecer el poder ciudadano me-diante la organización. “Con este programa –se lee en un documento explicativo– estamos combatiendo la injusticia social (...) que se expre-sa en un conjunto de relaciones de desigualdad: división entre el hom-bre y la mujer, entre la ciudad y el campo, entre el trabajo intelectual y el trabajo manual, entre poseedo-res y desposeídos, entre diferentes etnias (...)”

Y más adelante propone un nuevo y revolucionario paradigma: “Con-ceder al campo la misma prioridad que hoy concedemos a la ciudad, conceder a la economía popular la misma importancia que hoy con-cedemos a la gran economía em-presarial, conceder a las mujeres la misma importancia que hoy conce-demos a los varones, conceder a la naturaleza la misma importancia que hoy concedemos al crecimien-to, conceder a la productividad más importancia que al crecimiento de áreas, conceder a la educación téc-nica la misma importancia que hoy concedemos a profesiones liberales como la abogacía (...)”

La palanca de Hambre Cero es el campesinado, que constituye la gran mayoría de los 224 mil peque-ños y medianos productores agro-pecuarios del país, un sector que controla 70 por ciento de las tie-rras, representa 85 por ciento de la población económicamente activa agropecuaria, produce 80 por ciento de los granos básicos y 65 por ciento de todos los alimentos, posee 65 por ciento de la ganadería vacuna y en-tre 80 y 90 por ciento de la porcina y aviar y cosecha la mayor parte de los productos de exportación como ajonjolí y café. Pero también, y pa-radójicamente, un sector con el que se ensaña la pobreza.

El instrumento es un Bono Pro-ductivo Alimentario, consistente en animales, semillas, plántulas de árboles frutales y maderables, alimentos balanceados, material de construcción, biodigestor para producir gas con el estiércol, entre

otros bienes productivos; así como entrenamiento y capacitación. El paquete, considerando gastos de ejecución, tiene un costo de mil 500 dólares y se planea que en los próximos cinco años llegue a 75 mil familias pobres, lo que representa-ría un costo de 30 millones anua-les, 150 millones en total. Nada comparado con los cien millones que se pagan todos los años a los banqueros por el servicio de la deu-da interna o con los 300 millones que Nicaragua recibe anualmente como donaciones.

Pero lo más importante es que el programa no es fruto de escritorio, se basa en la experiencia coopera-tivista de León, un modelo hecho a mano en más de cinco años y a contracorriente de las políticas pú-blicas, que hoy se busca replicar y escalar con el respaldo del nuevo gobierno sandinista.

Y, como el de León, es un pro-yecto basado en la mujer, que es quien recibe los bienes pues “es mayor administradora, más res-ponsable, asume la manutención de la familia y tiene mayor cultura doméstica y alimentaria”, sostiene el documento antes citado. “Lo que pasa es que los hombres ya se fueron a Costa Rica”, comenta en corto una nicaragüense que, como yo, escucha la explicación. Tiene razón, la migración laboral al veci-no país es creciente y despoblado-ra, y éste es un desafío mayor que las mujeres y el programa tienen que asumir.

Hambre Cero no fuerza la organi-zación de los productores. No la im-pone, pero sí la induce, pues si bien los beneficiarios son familias, la re-cuperación de parte del capital para la creación de un fondo revolvente, propicia la formación de cooperati-vas que concentren los recursos, fa-ciliten la comercialización conjunta y más tarde permitan operar equipos agroindustriales mayores.

El programa puede darle se-guridad y soberanía alimentarias no sólo a Nicaragua sino a otros países de Centroamérica severa-mente deficitarios en básicos. Pero además, debe ser una escuela de poder popular: “La mayor cruzada de concienciación, organización, participación, cooperativización, movilización, educación cívica y gestión ciudadana en nuestro país”, reza el documento. Una cruzada capitaneada por las mujeres.

Hambre Cero enfrenta, y enfren-tará, enormes dificultades, que no escapan a sus animadores. Una de ellas, la tentación de convertirlo en un programa clientelar. “¿Cómo van a hacer con aquellos alcaldes, sandi-nistas o liberales, que sólo escogen a sus correligionarios?”, pregunta un desconfiado. ”Los alcaldes deben par-ticipar, pero en ultima instancia es el consejo comunitario el que seleccio-na a las familias”, es la respuesta.

El FSLN ha recibido muchas crí-ticas, con frecuencia justas, y Ortega es un presidente polémico. Pero en Nicaragua por vez primera en casi dos décadas, la gente del común cree mirar la luz al final del túnel. Porque, como dijo el cooperativista Julio Zamora: “Para hacer lo que es-tamos haciendo necesitábamos ha-ber agarrado de nuevo el gobierno después de 16 años”.

Pero no se trata sólo de “agarrar el gobierno”, pues, como el mismo Julio redondeó: “El cambio no es cambiar un presidente, el verdade-ro cambio es la producción en ma-nos de los productores y en manos de las cooperativas”.

Nicaragua

MUJERES AL MANDOOrígenes sociales del Programa Hambre Cero•

Un nuevo modelo

Nos han dicho que el mercado es amo y señor (...) Y los cam-pesinos tenemos que producir, pero con este sistema producir no sirve. Entonces hay que cambiar el modelo sobre la marcha, no esperar a que al-guien invente uno nuevo (...)

Un problema es que cuando los países fuertes nos quitan ba-rreras arancelarias, nos ponen no arancelarias. Por ejemplo: si competimos en carne nos dicen que no tratamos huma-namente a los animales, cuan-do ellos tratan como animales a las personas (...)

Algunos países de Centro-américa entramos directamen-te a la Alba, otros motivados por la crisis energética y sus efectos en los costos agrícolas, entraron en el Pretrocaribe, un plan por el cual Venezue-la se compromete a entregar petróleo a cambio de un pago efectivo no mayor de 100 dó-lares el barril, y si el precio se pasa, la diferencia se cubre a 25 años y con tasa uno, que a ese plazo será negativa. Pero lo más importante es que del precio de cada barril de crudo, 50 centavos de dólar se van para producir alimentos en nuestros países, en total serán algo así como 500 millones de dólares al año (...)

Ahora bien, ¿cómo hacer que estos ahorros, y los de la factura petrolera, no se los apropien los agronegocios oligárquicos de siempre por medio del gasto público, sino que lleguen realmente a los campesinos? Para eso, nosotros tenemos el Programa Hambre Cero, que le da prioridad a los pobres del campo. Y en cuan-to al conjunto de los países de Agrocaribe, se creó el Consejo de Ministros de Agricultura.Ariel Bucardo, ministro de Agricultura de Nicaragua

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Lorena Paz Paredes

María Edith Villanueva, líder de la Coordinadora de Mujeres Campesinas de La Paz (Comucap), es una hondureña de la etnia lenca, de armas to-

mar, que bordea los 45 años y lleva más de 15 defendiendo los derechos de las mujeres.

En 1993 siete mujeres empezaron a organizarse en Marcala, La Paz; hoy son 256 socias en 16 grupos de cuatro municipios: Cabañas, Santa Elena, Marcala y Chinacla, que producen café orgánico, lo exportan a Alemania, y operan ocho microempre-sas donde procesan sábila y soya, que también ellas cultivan. La sábila se vende como materia prima a la industria nacional de alimentos, cosméticos y medicinas, y una pequeña porción la procesan ellas y hacen jabones, champú, gel y almíbar. Una de sus pequeñas empresas, Alfa y Omega, produce vino de naranja y de mora que exporta a España, México y Alemania.

Todo empezó por el Siemprevivas, un programa de capa-citación radiofónica dedicado a cambiar la mentalidad de las mujeres. “Y es que éramos sumisas, tímidas –cuenta Maria Edith–, pero la radio nos hizo despertar y nos levantó la au-toestima”. El programa “lleva sonando una hora cada lunes desde hace 15 años formando a las mujeres en sus derechos. Aquí denunciábamos la violencia familiar, hacíamos llamados de auxilio y de protesta, la falta de derechos, de todo (...) hoy el programa se ha vuelto el corazón del enlace y la comunicación entre nosotras en toda la frontera de El Salvador y Honduras”.

En 1998, 15 mujeres animosas hicieron su primera asam-blea en Marcala y decidieron comprar una manzana de

terreno, que fue la escuela para experimentos agrícolas, in-tercambio de saberes y siembras de diversos cultivos, porque todas querían tener un ingreso y una actividad propios y no depender tanto del marido. Finalmente la tierra resultó buena para el café. Y consultando aquí y allá lograron que desde el año 2000 la fundación británica Oxfam las apoyara con sus proyectos del grano aromático. Poco a poco fueron comprando pequeñas parcelas para sus cafetales hasta com-pletar 57 manzanas que hoy atienden en colectivo. Aparte, y ya con la buena experiencia de producción grupal, 40 se animaron a comprarse una manzana de terreno cada quien, para establecer sus fincas individuales. Hoy comercializan y exportan juntas a Alemania café orgánico certificado tanto de la parte individual como la colectiva. Quisieron que su café, además de aroma, tuviera nombre de mujer así que la etiqueta dice Café Santa Elizabeth.

Ganaron un premio de Fair Trade Labelling Organisa-tions (FLO) en 2008 y otro de la Organización de las Na-ciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) que obtuvo María Edith por colaborar en proyectos produc-tivos por la seguridad alimentaria. Aparte de café orgánico producido con abono “bocachi” que hacen con ceniza, hojarasca y materia natural, tienen una pequeña empresa de este abono que venden en la región para educar a los campesinos a “cultivar de otro modo, sin contaminar y en armonía con la naturaleza. Así nos beneficiamos todos”, dicen ellas.

Hombres ventajosos. Pero nada fue sencillo; se esforza-ron mucho y a veces se equivocaron: durante cuatro años le encargaron la exportación del aromático y el trato con la compradora alemana a un grupo de intermediarios, por cierto uno de ellos esposo de la coordinadora del Comucap. Y resulta que estos “hombres ventajosos, se quedaban con el premio social, cinco dólares por quintal, confiadas no-

sotras, ignorantes de ese premio, y sinvergüenzas ellos (...) Nos dimos cuenta hasta que una socia viajó a Alemania y lo miró con sus propios ojos (...) El enlace de allá nos ayudó a separarnos de los engañadores. Cierto que ya no recuperamos nada y no quisimos demandar a los hombres, pero aprendimos bien la lección: informarnos, hacer por nosotras mismas”.

Hoy están buscando entrar al mercado justo del café, ha-ciendo ellas mismas todas las gestiones que hagan falta.

En 2008, las mujeres formaron cajas de crédito rural con ocho mil lempiras del premio social del café, y un fondo para el mantenimiento de las fincas con algún aporte del gobierno. Así, hoy financian a muy bajo interés, cuatro por ciento mensual, sus propias empresas y se prestan para ur-gencias familiares y hasta para darse gustos.

Las socias creen que se ha vencido un poco el machismo; mediante el programa de radio educan también a los varo-nes, para animarlos a trabajar con ellas en sus fincas, y si lo hacen, les echan flores, a ver “si las van dejando salir a talle-res, reuniones, o bochinches, que ellas se desarrollen –dice María Edith– y que ellos se encarguen un rato del hogar, de los niños (...) Hoy en dos grupos de mujeres todos los hom-bres dan días de trabajo al colectivo en vez de sus señoras, y para agradecer y enamorarlos yo les mando chilate fresco (atole), tamalitos, pisques, cocada, mantequilla (...) Y es que ahora las mujeres viven mejor, tienen sus propias huertas familiares, llevan un ingreso y sienten que valen como ellos (...) Mi pensamiento es que si la mujer en casa, la democra-cia se atrasa. Hoy ya falta ella una semana a su casa por irse al taller y el marido ya atiende a los hijos, ya los lleva a la escuela y hace comida, nomás lavar ropa no, esa la encarga, y así los niños dicen: ‘mi papá en la casa y mi mamá fuera, en su taller, aprendiendo cosas’”.Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural “Maya” A.C.

Lorena Paz Paredes

Que los jóvenes sepan del monstruo que viene

Fabiana Gómez

Delfina Tut, partera y líder en salud de la Asociación Madre Tierra, de la Costa

Sur de Guatemala, vive sola con cinco hijos porque tuvo el valor de separarse de un marido golpeador. Cultiva una parcelita que todavía está pagando al Fondo de Tierra de la asociación, que también le dio un becerro. Además, trabaja en las empacadoras de plátano. Pero Delfina es muy pobre: “A veces me siento a llorar en mi trabajadero por no poder dar mejor vida a mis hi-jos”, se lamenta.

Ahora Delfina vive de nuevo en Guatemala, pero en los años 80s, ella, como cientos de miles de guatemaltecos, vivió el infierno de la persecución que el ejército emprendió contra la guerrilla y de paso contra la población civil, arrasando comunidades y obligán-dolas a refugiarse en México. Así, Delfina y la gente de su comunidad salieron una noche del pueblo para

esconderse en la montaña. Más tar-de cruzaron la frontera.

Una sola lengua. Como andaban huidos y a salto de mata, en el éxodo se revolvieron las etnias. Además, la gente dejó atrás, o escondió, los tra-jes típicos y dejó de hablar su idioma porque, para proteger a sus hijos, durante el exilio los padres se comu-nicaban solamente en castilla. Por eso los niños crecieron sin la tradi-ción y ahora, cuando algunos están de vuelta en Guatemala, resulta que casi todos olvidaron su lengua natal.

Fabiana Gómez Jiménez, de la región de Ixcan, vicepresidenta de la Junta directiva nacional de la or-ganización Mama Maquín, cuenta que desde que llegó al refugio en México guardó su huipil y su ama-rre, y no se lo volvió a poner sino 15 años después, cuando regresó a Guatemala. “Teníamos miedo de que nos deportaran.”

“Entre 1980 y 1984 salimos la mayoría –se narra en el libro de la Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad, Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Editorial Magna Terra, Gua-temala 2007–; llegábamos de Hue-

huetenango, Quiché, Petén y Alta Verapaz (...) Éramos q’anjob’ales, mames, chujes, akatekas, q’eqchi’s, entre otros y pocos hablaban la castilla. Dicen que llegamos a ser entre 150 mil y 200 mil personas las que cruzamos la frontera (...) En el camino, en los ríos, se murieron muchos niños (...) Para quienes vivíamos en la frontera, ya cono-cíamos más de alguna persona. Ir a México en cuadrilla para el corte de café era parte de la vida; por eso fuimos bastantes quienes encontra-mos mucha solidaridad (...) Al prin-cipio nos daban posada las familias mexicanas. Luego la diócesis de San Cristóbal nos ayudó a construir los campamentos”.

En 1982 se crea la Comisión Mexicana para Refugiados (Comar) y un año después llega a Chiapas el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR). “Ellos nos auxiliaron, nos dieron ayuda humanitaria –se narra en el libro–. Fue la etapa más difícil, sólo en el campamento de Puerto Rico morían casi dos personas por día.”

Y es que la vida en el exilio no era vida, pues entre 1984 y 1985, el

ejército masacró los campamentos de Chajul, Chupadero y Puerto Rico en territorio mexicano, y por esta amenaza la Comar sacó por la fuerza a Campeche y Quintana Roo, a 18 mil personas de Chiapas. A esto se le llamó ”el otro exilio”. Sin embargo, “la mayoría nos que-damos en Chiapas –asegura Fabia-na– pues se rumoraba que en vez de llevarnos a Campeche, el go-bierno mexicano iba a entregarnos al ejército guatemalteco”.

Organizadas para producir. Al principio vivir en los campamentos de refugio fue muy triste: los niños estaban desnutridos y los viejos no duraban, se iban muriendo. Pero “poco a poco –dice Delfina– fui-mos descubriendo que el refugio era una oportunidad para organi-zarnos nosotras las mujeres (...) Empezamos haciendo yogur para los niños y personas mayores y bor-dando y tejiendo productos que el obispo Samuel Ruiz nos ayudó a vender en San Cristóbal”.

“En el refugio –agregan testi-monios del libro– empezamos un espacio de libertad, con la alfabe-tización, los talleres de alimenta-ción, los proyectos de hamacas, de artesanías.”

A cinco años de iniciado el exi-lio ya habían nacido en Chiapas tres organizaciones femeninas: la asociación de mujeres guatemal-tecas Mama Maquin, formada, entre otras, por campesinas de

Huehuetenango y Alta Verapaz; la Ixmucané, de la región Petén, y la Madre Tierra de la Costa Sur. Ya en Guatemala estas tres agrupacio-nes integraron la Alianza de Mu-jeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad.

Salidas de su país entre 1980 y 1982, los primeros retornos de estas mujeres fueron en 1993 y los últi-mos en 1997. Y la experiencia de la repatriación fue excepcional,

Honduras

cafetaleras

Guatemala

ORGANIZADAS PARA RESISTIRAlianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad•

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Adriana Gómez Bonilla

Entre Manzanillo y Puerto Vallarta se en-cuentra la Bahía de Chamela, una zona costera cuya belleza despertó la idea de

generar un polo turístico. El proyecto falló. Hoy la bahía sufre un gran deterioro ambiental. Y la po-blación vive en condiciones precarias.

El deterioro ambiental amenaza la alimentación de los chamelinos: recuerdan que hace una década sacaban peces, camarones y jaibas del estero. ¡Se comía rico! Era fácil cazar animales como venado, jabalí, iguanas o algunas aves silvestres y colectar plantas silvestres comestibles. Hoy el estero está con-taminado, los animales y las plantas han disminuido drásticamente y las cosechas son menores.

Día a día mujeres y hombres luchan por la sub-sistencia. Los hombres se encargan de la milpa, la recolección y la caza en los cerros cercanos, al tiempo que obtienen algunos ingresos monetarios de su empleo en el turismo local, opción que dis-minuye a medida que crece el problema ambien-tal. Las mujeres se encargan del solar, crían aves de corral y cultivan árboles frutales, hortalizas y hier-bas aromáticas y medicinales. Los escasos recursos monetarios y los productos del solar, de la milpa y de la recolección se destinan principalmente a la alimentación. Hacer milagros para que la familia coma es tarea de las mujeres.

Aunque ellas apoyan en la milpa, este trabajo se considera cosa de hombres; sólo en su ausencia –porque muchos migran– o cuando enviudan, las mujeres se hacen cargo de la parcela. “Yo qué iba a saber de cómo trabajar la milpa. Pero cuando se murió mi marido y mis hijos se fueron al norte, no hubo de otra”, dice una señora.

Pérdida de productividad. Un grupo de muje-res que desde hace 19 años maneja un restaurante y un hotel comunitario empezó a inquietarse por los escasos ingresos que les reporta su negocio, por la ola migratoria que arrastra cada vez más a los va-rones de sus familias y por los problemas cotidianos para que alcance la comida. Las cosas se agravaron hace ocho años, cuando cayó la productividad de las tierras, y a causa de la contaminación del man-glar murieron peces, jaibas y camarones.

Entonces, gracias a que estaban organizadas, pu-dieron exigir que algunos programas de las secretarías de Desarrollo Social y Salud se enfocaran a mejorar su vida. Y empezaron a capacitarse en la producción de hortalizas y en la conservación de alimentos.

Malas costumbres. Los migrantes que retornan, el turismo y la televisión, han traído a Chamela nuevos hábitos de consumo. Ahora los alimentos chatarra y la comida rápida son tan comunes como los problemas de nutrición. Los habitantes de la bahía comen menos tortilla y ya no saborean la jai-ba, el camarón y el pescado.

“Los niños y la gente que vuelve del norte ya no quieren comer nada de maicito ni de lo que aquí acostumbramos (…) Bueno, ya ni el venado les gusta (…) Sólo quieren de las esas papas, cereal, hamburguesas. Pero a nosotras vinieron a darnos unos cursos y aprendimos que eso no es comida, sólo engorda, que hay que comer verduras y frutas también. Nosotras les decimos en la escuela y lue-go hasta hemos ido a la asambleas a decir que no tiene por qué darnos vergüenza lo que comemos”, explica una mujer.Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural de la UAM-Xochimilco [email protected]

pues los refugiados participaron activamente en la definición de los tér-minos del regreso. Así, en los Acuerdos del 8 de octubre de 1992, firmados por el gobierno de Guatemala y las Comisiones Permanentes de Refugiados Guatemal-tecos (CPRG), se incluían condiciones para un retorno voluntario, que garan-tizaran “el derecho a la tierra, la vida e integridad personal y comunitaria”.

El caos. Pero al regreso, las comuni-dades originarias habían desaparecido y las tierras que dejaron ya no eran suyas. “Llegamos todos revueltos y nos estable-cimos como pudimos”, recuerdan.

En un encuentro convocado por Madre Tierra de desarraigadas, retorna-das y desplazadas internas de Quiché, Huehuetenango, San Marcos, Quetzal-tenango y la Costa Sur, se integró una comisión negociadora de tierras para las mujeres y para la equidad de los géneros, con el propósito de luchar por la igual-dad, la valoración del trabajo doméstico, el acceso de las mujeres a la copropiedad de la tierra y el derecho a ser socias de las cooperativas, con la posibilidad de elegir y ser de electas a cargos de dirección.

En el curso de la lucha, las tres asocia-ciones se fueron dando cuenta de que, en realidad, tampoco tenían libertad de orga-nización ni derechos civiles, que no eran tomadas en cuenta por las instituciones de gobierno y que no se les reconocía el valor de su trabajo como mujeres. Entonces, en 2003 nació la Alianza, que además de im-pulsar reivindicaciones agrarias tiene una escuela regional de formación política in-tegral para mujeres rurales, donde se les

enseña a defender sus derechos. Además se imparten talleres de género, participa-ción social, organización, salud reproduc-tiva, salud mental e interculturalidad.

Madre Tierra, con 390 socias, tiene también proyectos productivos; cada mu-jer trabaja una manzana de terreno pres-tada por su hombre para criar novillos y comercializan colectivamente carne de pollo y huevo. En Mama Maquín, que agrupa a mil 500 socias, las mujeres pue-den ser copropietarias de la tierra con su pareja o propietarias plenas si son separa-das o solteras con hijos; en sus parcelas cultivan maíz, frijol, yuca, plátano, plan-tas, frutas y frijol. Pero aun estando orga-nizadas, para las mujeres es difícil traba-jar porque hay mucha discriminación y machismo. Por eso llama la atención que en Madre Tierra participan 120 socios y se ayudan entre mujeres y hombres.

El maíz, prioritario. Todas están pre-ocupadas por la alimentación y compar-ten la idea de que es muy importante educar en la siembra de maíz, “que es lo más principal”. Pero cada región tie-ne sus problemas específicos. Por ejem-plo en Xalala, en la Costa Sur, donde empresarios y gobierno proyectan una hidroeléctrica y amenazan con inundar las tierras, ya se organiza la resistencia. En Ixmucané hay diez comunidades del Petén con 566 mujeres trabajando en pe-queños proyectos ganaderos, de piscicul-tura, panaderías, para hacer mantequilla de maní, y cardamomo.

Aunque cada agrupación es autónoma y con identidad propia, la Alianza tiene una estructura unitaria: juntas locales

o por comunidad, juntas regionales y la junta nacional, con sede. Esta junta tiene una oficina en la ciudad de Guatemala y ahí laboran las delegadas cuando les toca cargo, y durante los dos años que dura tienen que abandonar casa y parcela.

Pero “se hace el esfuerzo, porque de otro modo no hay organización, y sin or-ganización la gente no puede defenderse y los ricos se aprovechan –dice Fabiana–. Así pasó con la compañía minera que con engaños hizo firmar a la gente y luego les quitó sus tierras (…) Por eso estamos or-ganizadas, para darle a las compañeras una preparación sobre lo que dice el con-venio 169 de la Organización Internacio-nal del Trabajo (OIT), para defender la tierra, para recuperar la costumbre, para rescatar las semillas nativas”.

Aunque a veces se cansan de tanto tra-bajo, piensan en las nuevas generaciones y no dejan la organización. Porque de otro modo “los jóvenes no van a poder jalar la carreta ellos solos y los terratenientes, los empresarios, terminarán adueñándose de la tierra”. Y es que “los muchachos no tienen oportunidad de estudio, de prepa-ración –dice María Raquel Vásquez, de Madre Tierra–. Entonces, queremos que se preparen, aquí, en nuestro centro de formación profesional e integral, donde se capacita la juventud en técnicas agrí-colas, computación y donde hay semina-rios sobre el problema de la migración”.

“Nuestro sueño –insiste Fabiana– es educarlos bien; que los jóvenes sepan del monstruo que viene.”Instituto de Estudios para el Desarrollo Rural “Maya” A.C.

Juan C. Pirir, Martín Jiménez y Quimy de León

La Cooperativa Integral Agrícola Nuevo Horizonte, ubica-da en el departamento de Petén, en el kilómetro 443 del municipio de Santa Ana, es una experiencia que vale la

pena rescatar. Es esfuerzo y lucha de hombres, mujeres, niños y niñas por construir un modelo alternativo.

La nuestra es una comunidad de ex combatientes de la guerri-lla, que nos reincorporamos a la legalidad luego de la firma de los acuerdos de paz en 1996, que dieron fin a 36 años de guerra. El proceso estuvo plagado de dificultades: tuvimos que pasar un período prolongado en un albergue, mientras otras instancias negociaban por nosotros una finca, la cual no satisfizo nuestras necesidades, pero eso sí, nos dejó una deuda millonaria impo-sible de pagar.

El 28 de febrero de 1998 llegó el último grupo a la finca, en la cual hoy estamos construyendo un Nuevo Horizonte. Fue cuan-do nos propusimos crear una cooperativa, una estructura legal que nos permitiera hacer gestión y garantizar la sobrevivencia de nuestras familias.

Conseguimos apoyo para la reincorporación, techo míni-mo, semillas y algunas cabezas de ganado. Así, sin capital, iniciamos un proceso de producción. Los primeros créditos los obtuvimos con bancos privados y organizaciones de apoyo cooperativo, pero pronto renunciamos a ellos pues sólo incre-mentaban el capital de los prestamistas. Desde entonces bus-camos establecer relaciones de solidaridad y cooperación y no de explotación.

Con visión de largo plazo y con un pequeño capital resulta-do de la producción y del trabajo comunitario, apoyamos inicia-

tivas tanto productivas, como de salud, educación y recreación, al tiempo que fortalecemos la solidaridad y la organización. Nuestro principio es que “somos copropietarios, no dividiremos la tierra”, de modo que hombres y mujeres podemos impulsar proyectos forestales, ganaderos, piscícolas, apícolas, de gallinas ponedoras, tiendas comunales, turismo solidario y diversifica-ción en pequeña escala, con especies tales como piña, papaya y sandía. Todo esto mediante un sistema de riego y el empleo de abono orgánico.

Las iniciativas se apoyan en producción colectiva y se orga-nizan por medio de grupos de interés semi individual (de dos a siete personas por afinidad o por capacidades) y con producción individual para el autoconsumo.

Otra actividad de la cooperativa es la comercialización de fruta, miel, ganado y huevos hacia mercados locales. Contamos con dos centros de acopio y un camión, aunque hace falta ca-pital. También impulsamos la investigación comunitaria para el mejoramiento genético del hato ganadero y contamos con un banco de semillas criollas.

Los retos son lograr suficientes ingresos para generar fuentes de empleo y poder vivir con dignidad sobre nuestras tierras, así como contar con certeza jurídica. Nuestra pretensión es avanzar hacia un nuevo modelo autónomo y sostenible desde lo organi-zativo, la gestión, la comercialización, los servicios básicos y la recuperación de las economías locales.

El compromiso con la organización es el motor que nos im-pulsa para que prevalezcan los intereses colectivos sobre los indi-viduales, que es lo que nos da el sentido de comunidad.Vocal de la junta directiva, gerente y colaboradora de la Cooperativa Integral Agrícola Nuevo Horizonte

Jalisco

Comer en Chamela

Guatemala

CAMBIAMOS LAS ARMAS POR LA TIERRA



Silvestre Pacheco León

“Estamos contentos con la oportunidad que tu-vimos de participar en

el concurso estatal de proyectos exitosos, y los compañeros produc-tores de noni están más entusias-mados porque piensan que con el reconocimiento del primer lugar en nuestra categoría, estaremos en posibilidad de conseguir más clien-tes que consuman el jugo nutricio-nal que producimos”, dijo Ezequiel García López, presidente de la cooperativa Productores Orgánicos de San Miguelito, después de que ganaron el concurso de la Red Na-cional para el Desarrollo Rural Sus-tentable, realizado en junio pasado en la Secretaría de Agricultura, en Chilpancingo.

Los cuatro productores de noni comisionados para presentar el pro-yecto instalaron su propia exposición de productos de esa planta exótica cuyo nombre científico es morinda citrifolia. Originario de las Antillas e islas de Asia, el noni se ha aclimata-do en la Costa Grande y se ha popu-larizado su cultivo y consumo.

Para el presidente de esta organi-zación, el reconocimiento los com-promete a seguir trabajando en la línea de orgánico y sustentable. La cooperativa agrupa a 17 familias que cultivan 17 hectáreas de noni. Esta planta es casi milagrosa; em-

pieza a producir a los nueve meses de sembrada, a razón de un kilo de fruta semanal durante su vida útil, calculada en diez años.

La venta del jugo. El cultivo de noni en este poblado a los pies del cerro del Corte, en las inmediacio-nes del aeropuerto de Ixtapa, está cambiando de manera acelerada la economía local. Parcelas aban-donadas o que se cultivaban por temporadas ahora ocupan a de-cenas de trabajadores porque sus dueños están beneficiándose con la producción y destilación del noni. El jugo entra en canales de comer-cialización que las mismas familias construyen con el viejo sistema de “ranchar” el producto casa por casa y pueblo por pueblo.

De acuerdo con sus cálculos, el cultivo de noni genera dos empleos permanentes por hectárea, más cinco temporales, todos ellos bien pagados si se toma en cuenta que en esta parte del país el peón gana 150 pesos diarios en promedio.

Lo más relevante de esta ex-periencia iniciada en el ejido del Caocoyul en 2005 –cuando Serapio Geovences y Fidel Pineda repro-dujeron con éxito las semillas de noni que recibieron de manos de un gringo– es el afán de organiza-ción que se ha despertado entre los productores. En la cooperativa que han creado, unen esfuerzos para realizar trabajos colectivos y en los

dos años recientes consiguieron apoyos oficiales que aceleraron el establecimiento de las plantaciones y la destilería.

Generar mercado. Ahora su principal preocupación consiste en ampliar la demanda de los consu-midores para garantizar la venta de un volumen creciente de jugo y de productos diversos que están pro-bando con los derivados de la fruta.

Una idea del tamaño del mer-cado que requieren para colocar el principal producto de noni (al que se le atribuyen propiedades para la recuperación de los pacientes de quimioterapias o radiaciones,

y también para quienes padecen diabetes o alto colesterol) es la pro-ducción prevista para este 2008, de poco más de medio millón de litros de jugo. Si se consume conforme a las recomendaciones de tomarlo por 90 días a razón de tres litros por tratamiento, supondría la existencia de casi 200 mil clientes.

Ezequiel García explica que la necesidad de agregar el valor de orgánico a la producción de jugo les ha hecho ver la conveniencia de adoptar lo que los especialistas denominan “buenas prácticas” en el cultivo y que consiste en que las parcelas no estén contaminadas

de sustancias químicas y basura. El agua también preocupa. Dado que el riego es indispensable, los productores están adoptando sis-temas de goteo para ahorrar agua y entre todos vigilan que el arroyo que abastece las norias se manten-ga limpio de contaminación.

Ahora los cooperativistas están enfocados en diversificar su produc-ción, aprovechando el apoyo de la Universidad Tecnológica de la Costa Grande que tiene su sede en Petat-lán, la cual ha comisionado técnicos para explorar la elaboración de pro-ductos como champús, cremas, ja-bones y mermeladas con el noni.

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Paloma Bonfil S.

¿Cuál es la situación de las mujeres indígenas ante la carestía?

En mi región la migración es muy alta, el esposo y los hijos se van y entonces, de apoyar en el campo, las muje-res pasan a asumir el cultivo ayudándose de otras personas, porque tienen que alimentar a la familia. Es un gran apoyo tener tierras y granos básicos, porque si compráramos todo, no alcanzaría el gasto.

Nosotras vemos que hay que cultivar y completar con lo que ganen los señores como jornaleros en Estados Unidos o Canadá. La seguridad alimentaria es sembrar maíz, frijol, ca-labaza, cacahuate y hortalizas y tener animalitos domésticos, así se asegura la alimentación y no dependemos de fuera. Quienes no tienen tierras compran todo y, si no hay dinero, se dificulta la alimentación, sin hablar de enfermedades o de la escuela. Las mujeres de Noche Sihuame desarrollan proyectos pequeños de molinos comunitarios, tiendas de pro-ductos básicos abiertas con parte de capital y trabajo suyo, ahorro y préstamo, panadería, artesanía de palma y granjas de pollo. Con eso tratamos de batallar para alimentar a nues-tros hijos. Los hombres se van y no ven cómo darles de co-mer, dan a la casa y hasta allí; pero ahorita cualquier dinero

es poco. Ellos sufren porque no tienen para pasar a la familia y nosotras porque tenemos niños y hay que darles de comer si no tres, cuando menos sí dos veces al día.

El problema es peor por la migración. Muchas mujeres no tenemos tierra para sembrar. Algunas pueden disponer todo el año de la cosecha y los ingresos son para otras nece-sidades, otras no y eso implica doble o triple jornada.

Creo que lo principal es ya no comprar, sino producir lo que consumimos para no depender. Eso plantean la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autó-nomas (UNORCA) y la AMMOR. El gobierno federal debe revisar el apartado agropecuario del Tratado de Libre Comer-cio de América del Norte porque los básicos suben y lo que

alcanzaba la semana pasada ya no alcanza. Planteamos prote-ger los granos básicos y dar apoyos al campo. La seguridad no son los millones de toneladas de granos que se importan cada año; esos son el consuelo del gobierno de que ya está resuelto el problema, no se trata sólo del abasto, sino de producir los alimentos básicos en México. Como indígenas y mujeres nos preocupa qué va a ser de nosotros sin las semillas criollas de nuestros antepasados. Ahora quieren comprar todo y el go-bierno nos tiene amarrados de pies y manos porque condicio-na los apoyos para sembrar al uso de semilla mejorada; por eso la criolla está en riesgo. Tenemos es un futuro incierto.

¿Qué propuestas hay de las mujeres?Noche Sihuame, UNORCA y AMMOR informamos las

consecuencias de lo que pasa, algunas compañeras han con-vencido al esposo y usan ya semilla criolla a pesar de que con la mejorada dan fertilizante e insecticidas, porque saben del desgaste de las tierras. Algunas prefieren semilla criolla porque hasta la hoja es bonita, sirve para forraje y otros usos; pero como dicen que la mejorada aguanta más, que resiste plagas, que no quema la milpa si llueve demasiado y que si falta el agua tampoco se seca, algunas sólo usan mejorada. Es difícil convencer a la gente. Eso pone en riesgo el maíz negro, amarillo, colorado que tienen más nutrientes que el blanco. Quedarnos sin eso es como quedarnos sin casa.

Esperamos sensibilizar a la gente antes que sea demasiado tarde, aunque sabemos que vamos contracorriente y contra el gobierno que apoya a productores con potencial econó-mico y no a los de autoconsumo en tierras de ladera, sin riego, con cultivos temporales y una cosecha anual, como en nuestra región. Nosotras sembramos ideas para cuidar lo que han hecho generaciones. Si lo dejamos ir, ya no vamos a ser dueños de nada.Estudiante del Doctorado en Desarrollo Rural, UAM-Xochimilco [email protected],

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Entrevista con Brígida Chautla

Los trabajos de Noche Sihuame

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El noni (Morinda Citrifolia) es un arbusto recubierto de corteza verde brillante y hojas elípticas. Florece a lo largo de todo el año, su fruto contiene muchas semillas. Cuando madura, posee un olor penetrante.


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Víctor M. Quintana S.

El futuro nos alcanzó. El campo que ahora tenemos, el campo que ahora vi-vimos es lo que era el futuro del campo

para quienes trataron de imaginarlo y pensarlo hace 50 o cien años. Al comenzar el tercer mi-lenio, el campo mexicano es muy distinto al de hace un siglo, al de los albores de la Revo-lución de 1910, una gesta social con un fuerte sello agrario en la que fueron precisamente los campesinos quienes más muertos pusieron.

Hay en México más campesinos que nunca, más gente viviendo en el medio rural que en cualquier etapa de nuestra historia y, sin em-bargo, el porcentaje de ellos ha ido disminu-yendo en relación con la población total del país. Hay más tierra en manos campesinas que en vísperas de la Revolución, han mejorado indudablemente las condiciones de vida y de escolaridad de la mayoría de los habitantes del medio rural, lo mismo que se dio un increíble salto hacia adelante en la frontera agrícola, en la producción, en la productividad, en la generación de valor en el sector agropecua-rio nacional, en la adopción de innovaciones tecnológicas. El llamado milagro mexicano de mediados del siglo pasado se debió en buena parte al crecimiento y al aporte –¿sacrificio?– del medio rural a favor de la industria.

Sin embargo, a pesar de esos indudables avances, las cosas no marchan bien para las y los campesinos, las y los indígenas. El campo mexicano expulsa hoy más migrantes que en toda su historia. La mayor parte de su pobla-ción vive en la pobreza y la mayor parte de la pobreza extrema del país se asienta en él.

Al contrario de hace un siglo cuando los campesinos pasaron a la ofensiva, ahora se en-cuentran a la defensiva, arrinconados en todos los sentidos: la expansión de los agronegocios en el contexto de la globalización capitalista los ha excluido de los beneficios y del creci-miento económico. Las políticas del gobierno, que alguna vez se proclamaron agraristas y procampesinas ahora benefician a los grandes capitalistas rurales y favorecen el lucro. Las tecnologías campesinas tradicionales y las se-millas nativas y criollas sufren el embate de los monocultivos, de las técnicas y maquinarias para las mega explotaciones y de los organis-mos genéticamente modificados. Incluso en el plano cultural, el sentido común dominante ataca a lo campesino como lo atrasado, lo obso-leto, lo opuesto al desarrollo, lo políticamente superado: el populismo, el acarreo, etcétera.

Ciertamente los campesinos y los indígenas no se han quedado de brazos ante esta ofensi-va, ante este arrinconamiento. Han desatado movimientos de muy diversa índole, que en muchos casos han trascendido lo meramente ofensivo y han echado los cimientos de una nueva propuesta rural, pero esto no es lo más fuerte ni lo más característico ni de todos los países ni todas las regiones de nuestro país.

En este contexto, es pertinente preguntarse ¿cuál es el futuro del campo?

El futuro del campo es el futuro de sus actores. No hay futuro sin proyecto y no hay proyecto sin sujeto. Así, el porvenir del medio rural depende de la capacidad de los actores

que en él se encuentran para constituirse como sujetos, es decir, actores con un proyec-to propio, con capacidad de acción y fuerza social y política para impulsarlo.

Es indudable que ahora quien tiene un pro-yecto de campo más claro y con más fuerza económica y política para realizarlo es lo que podríamos llamar el complejo trasnacional de los negocios agroalimentarios. Lo constituye un puñado de corporaciones del agronegocio como Cargill, Conagra, Monsanto, etcétera. En México habría que agregar a grupos como Maseca, Viz, Bimbo, Lala, y los grandes pro-ductores de las regiones de agricultura y gana-dería más desarrolladas del país, como el no-roeste, el Bajío y las principales zonas de riego. Aunque tienen algunas contradicciones entre ellos, son actores que se funden en torno al pro-yecto de un campo altamente productivo de valores capitalistas, muy avanzado tecnológica-mente, con gran capacidad exportadora y poca mano de obra. Este gran sujeto trasnacional rural ha amasado un inmenso poder económi-co, pero no sólo eso: poco a poco se ha ido ga-nando para sí a los Estados nacionales, con lo que incide poderosamente en las políticas de éstos, y ha llegado a controlar organismos mul-tilaterales como la Organización Mundial del Comercio (OMC). Al mismo tiempo, cuentan con una muy avanzada base de investigación y desarrollo tecnológicos y pueden difundir no sólo sus productos, sino también su proyecto e ideología porque tienen acceso a los mejores espacios de los medios de comunicación influ-yentes. Su dominancia ha llegado hasta la coci-na, literalmente, es decir, han logrado penetrar los gustos e incidir en la manera de comer de las personas: el fast food, las franquicias como Mac Donalds, los snacks, la comida lista para preparar de los supermercados, son instrumen-tos que reproducen el poder de estos actores, a la vez que les ganan clientes y aliados.

Al lado de éstos, al menos en México, hay actores en retirada. En un momento pensaron que podían integrarse al grupo anterior, aspira-ron a sus métodos e imitaron su nivel de vida. Son los que pueden denominarse la clase me-dia rural: pequeños y medianos productores, pequeños propietarios, ejidatarios alguna vez prósperos de las zonas de riego. Disfrutaron de un buen nivel de vida en el contexto de una economía semicerrada, de mercados pro-tegidos y de subsidios gubernamentales. Pero desde que empezaron a imponerse las polí-ticas neoliberales de ajuste en la agricultura mexicana, comenzaron a ser desplazados: les han pegado duro la apertura comercial; el en-carecimiento de los insumos, sobre todo de los energéticos y de los agroquímicos; la dis-minución de los subsidios oficiales, y la cares-tía de créditos bancarios. Muchos de ellos se han integrado a organizaciones como El Bar-zón y otras similares para defender lo que les queda de patrimonio y lograr una cierta viabi-lidad económica. Otros siguieron el consejo de Serra Puche y “cambiaron de giro”, sólo para fracasar con otros cultivos o actividades económicas. Y unos más, finalmente, se acer-can a los movimientos campesinos y buscan hermanar sus causas. Su debilidad es el gran obstáculo para su porvenir.

Vienen luego los diferentes estratos campe-sinos e indígenas. En cierto sentido son más débiles que las capas medias rurales en retira-da, pues disponen de menos recursos econó-micos, pero también son más fuertes porque tienen muchas más fórmulas de sobrevivencia y resistencia. No obstante, hay que distinguir aquí varios tipos de actores:

En primer lugar está la gran masa de fami-lias campesinas e indígenas refugiadas en las estrategias familiares o cuando más, comunita-rias –en el caso de los últimos, de sobreviven-cia fundamentalmente–: combinan el trabajo agrícola con el que realizan fuera de la explota-ción rural, sobre todo como jornaleros agríco-las en las regiones de agricultura comercial o como peones en las ciudades; reciben ingresos de sus familiares migrantes; se mantienen en la actividad agropecuaria en buena parte gracias a que ellos mismos la financian. Están luego los campesinos e indígenas que se han orga-nizado a escala local para producir o comer-cializar sus productos y resisten a partir de sus agrupamientos principalmente económicos. Vienen enseguida las agrupaciones regionales y nacionales campesinas e indígenas, que pue-den tener el carácter de organizaciones de base económica, como la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC), o la Asociación Nacional de Empresas Comerciali-

zadoras de Productores del Campo (ANEC), u organizaciones multifuncionales, ya sea regio-nales como el Frente Democrático Campesi-no de Chihuahua (FDCCh), ya sea nacionales como la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNOR-CA), la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA), la Asamblea Nacional de Asociacio-nes Agrícolas y Pesqueras, (ANAP) o la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campe-sinos (CIOAC). Estas organizaciones son prin-cipalmente socio-políticas, en cuanto basan su fuerza en el agrupamiento de bases campesinas e indígenas y en la capacidad de movilización de las mismas, para ir generando correlaciones favorables que les permitan arrancar al Estado distintas reivindicaciones: económicas, políti-cas, culturales, etcétera. Indudablemente en estas organizaciones, más cuando se aglutinan en movimientos como El Campo no Aguanta Más o la campaña Sin Maíz no hay País, los distintos actores regionales y o nacionales se van convirtiendo en verdaderos sujetos de un proyecto campesino, con capacidad de cuajar alianzas nacionales e internacionales.

Existe otro sujeto muy importante en el campo mexicano: las comunidades zapatistas de Chia-pas. Se trata de un verdadero sujeto colectivo con un proyecto propio de futuro, con una for-ma de organización y acciones a todos los

LOS FUTUROS DEL CAMPO MEXICANO

Palabras al vientoILUMINACIONESMIRADAS AL FUTURO DEL CAMPO


niveles para llevarlo a cabo en las juntas de buen gobierno o en los caracoles. Su proyecto es muy claro; se articula nacional e internacio-nalmente; tiene una gran capacidad de difusión, y conjuga la fidelidad a sus raíces históricas con la apertura selectiva a la modernización.

Por supuesto que existe una gran masa campesina e indígena excluida, arrojada del proyecto dominante, que no participa como actor colectivo en las formas antes señaladas y que oscila entre la extrema pobreza, la partici-pación pasiva en organizaciones clientelistas, las orientaciones lumpen hacia la delincuen-cia –organizada o desorganizada– o la mera sobrevivencia al mínimo.

Estos son los actores que hay en el campo mexicano actualmente. De su capacidad de convertirse en sujetos y de llevar adelante su proyecto depende el futuro de nuestro agro. En este sentido podemos prever varios escenarios:

Tres escenarios para el futuro del campo mexicano. A) El campo homogéneo de los negocios: Éste

es el sueño de las corporaciones trasnacio-nales, los grandes empresarios agrícolas mexicanos, del gobierno federal, del PAN y de parte del PRI: el campo como un gran negocio capitalista: moderno; altamente productivo gracias a los avances biotecnoló-gicos, incluidos ahí los organismos genéti-camente modificados; totalmente abierto al libre comercio, y orientado a la explotación de grandes extensiones, al tipo de las mega plantaciones de soya en Brasil y Argentina; es decir, con una orientación al monoculti-vo y no a la granja diversificada, basándose en la teoría de las ventajas comparativas. Se trata de un campo dominado por la lógica de la ganancia, de la producción de valores de cambio, cuya propiedad está concentra-da en unas cuantas agroempresas multimi-llonarias, con uso intensivo de la tierra, el agua y los agroquímicos. Es el campo de la homogeneidad: en los cultivos, es decir en los monocultivos; en el tipo de productos, misma clase, mismo tamaño, mismo valor; en el tipo de productores, altamente capita-lizados y tecnologizados; en las estrategias de mercado. De él se han expulsado la bio-diversidad y la humanodiversidad. Aquí los campesinos y los indígenas ocupan tierras marginales; la producción de ellos no cuen-ta más que para su propia subsistencia y no pueden aspirar siquiera a emplearse como jornaleros pues, dado el desarrollo tecnoló-gico, se usa poca mano de obra. Este esce-nario sería muy probable en países con alta capacidad de inversión en el campo, con un porcentaje muy bajo de la población en el sector primario y condiciones agroclimáti-cas muy favorables: Estados Unidos, Fran-cia, Australia, o hasta cierto punto Argen-tina. En México, lo veremos más abajo, la modernización neoliberal del campo podrá darse, pero a sangre y fuego, con altísimos costos sociales y ecológicos. Entonces pasa-ríamos más bien al segundo escenario.

B) El campo anómico y violento: Sería el re-sultado más lógico de tratar de imponer a toda costa el modelo anterior en las con-diciones del agro mexicano: el desorden social, la destrucción de las comunidades, de las identidades colectivas, de las formas de producción tradicionales y del medio ambiente: unas cuantas y muy grandes ex-plotaciones prósperas junto a millones de campesinos en una miseria todavía más terrible que la actual. El agro mexicano se convertiría en un espacio tan violento como muchas de las ciudades fronterizas donde se ha impuesto el modelo maquila-dor y ha sentado sus reales el crimen orga-nizado. Incluso el capital social tan valo-

rado por las organizaciones como el Banco Mundial tendería a desaparecer, pues ha-bría muy pocos incentivos para la actividad comunitaria organizada. Por otro lado, la explotación intensiva del suelo, del agua y de los bosques, y el empleo de transgénicos y de agroquímicos tendería a provocar un colapso ambiental y productivo en diversas regiones del país, como ya se ha produci-do por la sobreexplotación de mantos en La Laguna, en la Costa de Hermosillo y en varias regiones de Chihuahua. En este escenario la diversidad no desaparece, pero no hay un reconocimiento, sino un enfren-tamiento con violencia entre los diversos.

C) El campo diverso, justo y sustentable. Es el que resultaría de triunfar el proyecto de los campesinos e indígenas organizados, como las comunidades zapatistas de Chia-pas o las organizaciones aglutinadas en la campaña Sin Maíz no hay País. Su pivote fundamental es la soberanía alimentaria: es la producción sustentable de alimentos de calidad, suficientes y de acuerdo con las tradiciones culturales de las comunidades, de las regiones, de la nación, de tal manera que al tiempo que genera buenas condi-ciones de vida para los productores, sobre todo campesinos e indígenas, proporciona alimentos accesibles a los consumidores y contribuye con esto a la soberanía nacio-nal. Tiene cuatro características básicas: produce sobre todo valores de uso y no se orienta al lucro; hace un uso sustentable de los recursos naturales y conserva la bio-diversidad, sobre todo la dotación genética de semillas nativas y criollas; se basa en la explotación diversificada: combinación de cultivos, ganadería de traspatio, agregación de valor mediante la transformación inicial de algunos productos por la familia cam-pesina; y parte de los mercados locales y regionales. A contrario de lo que muchos piensan, no es un modelo excluyente: no somete a la agricultura capitalista, pero tampoco se subordina a la lógica de ésta. Como las diferentes experiencias de eco-nomía social, puede convivir con otros modelos económicos, pero su propósito es que sus beneficios se extiendan y cada vez cubra más población. Un campo de este tipo, también –a contracorriente de lo que señalan los neoliberales cuando dicen que el libre comercio favorece la integración de las comunidades y la democracia– es propi-ciador de la participación democrática des-de las comunidades y desde lo local; de for-mas de democracia directa y participativa muy favorecidas desde el asociacionismo y el cooperativismo de los productores. Ade-más, como lo demuestran las comunidades zapatistas y como señala Manuel Antonio Carretón, es una vía de modernidad y no sólo de modernización: un proceso en que los campesinos y los indígenas eligen críti-camente, desde su enraizamiento cultural, las formas de modernización que más les convienen. Indudablemente que la con-dición de posibilidad para este campo di-verso, justo y sustentable es que los campe-sinos y los indígenas organizados con este proyecto puedan desarrollar tal fuerza so-cial, política, intelectual y moral y no sólo a escala nacional sino también internacio-nal, que logren que las políticas públicas y los modos de consumo se orienten a apoyar este modelo. No es nada fácil. Las tendencias, las condiciones y las ta-

reas. Es indudable que las condiciones nacio-nales e internacionales actuales favorecen la deriva hacia el segundo de los escenarios: el campo anómico y violento. Porque a escala internacional lo que Blanca Rubio llama la

fase agroalimentaria global, que no es sólo una etapa histórica sino un modo de domina-ción en el campo, sigue imponiéndose a pe-sar de la Ronda de Doha de la OMC o gracias a ella. Y el gobierno mexicano sigue orien-tando su política hacia el espejismo de un campo totalmente empresarial y capitalista, sin tener clara, y mucho menos operativiza-da, una salida digna para los cuatro millones de familias campesinas e indígenas. No es por perversidad o por maldad de los grandes em-presarios agrarios, es porque las condiciones estructurales de la economía mexicana y el contexto internacional no permiten la inclu-sión de los millones de familias campesinas e indígenas en un modelo de desarrollo que está hecho sólo para beneficio de unos cuan-tos miles. La correlación de fuerzas actual, favorable a las trasnacionales del agronegocio y a la gran empresa agroalimentaria nacional –las cuales además inciden poderosamente en las decisiones del gobierno– no permite prever a corto plazo más que la precipitación a este campo de la anomia y de la violencia.

El campo próspero, y homogéneo de los negocios es sólo wishful thinking, como dicen los estadounidenses. En México, por más que sueñen los neoliberales, este escenario del campo es muy poco viable: todavía tenemos alrededor de 20 por ciento de la población económicamente activa en el sector primario, y si la industria y los servicios no han sido capa-ces, ni en sus mejores momentos, de absorber toda la población expulsada del campo, ahora menos, en el contexto de la fiera competen-cia global por las inversiones y los mercados. Dejar el campo abierto sólo para las grandes corporaciones y producir políticas públicas que las privilegien más todavía no es construir el campo idílico de los buenos negocios; en un contexto económico y social como el de nuestro mundo rural, es lanzar a una cuarta parte de la población nacional al mundo de la anomia y de la violencia. Habría que ver que en todos lados donde las corporaciones agroa-limentarias han impuesto su ley –Argentina el más reciente ejemplo, pero también el medio oeste de la Unión Americana– no solamente se extinguen los campesinos pobres, sino tam-bién los otrora admirados farmers.

Aunque el campo diverso, justo y sustenta-ble es ya mucho más que un sueño, aunque a diversos niveles se está llevando a cabo como experiencia cotidiana –ya hablamos de las comunidades zapatistas y habría que agregar los asentamientos de la Reforma Agraria del Movimiento de los Sin Tierra (MST) en Bra-sil–, para convertirlo en el futuro realmente existente del campo mexicano son necesarias muy diversas y difíciles condiciones y tareas: en primer lugar, se impone quebrar la domi-nancia de la fase agroalimentaria global. Para esto se requiere que las organizaciones campe-

sinas nacionales e internacionales logren que los gobiernos, sobre todo de los países en desa-rrollo, como los del Grupo de los 20, cambien su actitud y presenten una misma posición en el seno de organismos como la OMC. Deben superar las fisuras que hacen, por ejemplo, que Brasil aparezca como un esquirol a los intereses del campesinado mundial, privile-giando a sus compañías agroexportadoras. El rumbo de las negociaciones internacionales debe orientarse a sacar de la agricultura el li-bre comercio, es decir, a no incluir el sector agrícola y de alimentos básicos en los tratados comerciales ni en los acuerdos internaciona-les. Concentrar los esfuerzos en que los países desarrollados bajen o eliminen los subsidios a la agricultura y abran sus fronteras es un craso error; lo que debe fortalecerse es el derecho de cada pueblo a trazar sus políticas agríco-las con autonomía y a construir su soberanía alimentaria con los instrumentos de fomento y de protección aduanera necesarios. Por eso insistimos en que debe salir el libre comercio de la agricultura.

Pero el cambio de postura a nivel interno y externo de los gobiernos sólo se logra con un cambio de correlación de fuerzas al interior de cada país, donde las agriculturas campesi-nas e indígenas y sus aliados tengan más peso e incidencia sociales y políticas. Esto implica que los individuos, las familias, las comunida-des y las organizaciones de los campesinos e indígenas desarrollen su capacidad de acción, de demanda, de propuesta, de influencia en la opinión pública. Todo esto va mucho más allá de la simple alternancia, pues no se trata de cambiar de portabanderas o de partido que se abroga la representación campesina. Se trata de un profundo cambio en la cultura políti-ca no sólo de los habitantes y trabajadores del campo, sino también de quienes se dicen apo-yarlos. Comienza por una toma de conciencia de los derechos civiles, económicos, sociales, culturales y ambientales de los hombres y de las mujeres del medio rural, con el desarrollo de la consiguiente actitud para exigir y ejercer dichos derechos. Prosigue por un continuo ejercicio de la democracia directa y de las for-mas participativas de discusión, con delibera-ción de lo público y toma de decisiones en los diversos aspectos de la vida a escala comunita-ria y regional, y presencia activa en los espacios de generación de políticas públicas. Entraña una relación mucho más crítica, exigente de cuentas y simétrica de los campesinos e indí-genas con quienes ejercen la representación política, llámense funcionarios, legisladores o partidos políticos. Requiere una mucho mayor participación de los hombres y las mujeres del campo en la vida cultural e intelectual de la nación, no sólo como consumidores-recepto-res de significados, sino también como pro-ductores y transmisores de los suyos propios.

En resumidas cuentas, el que en el futuro del campo mexicano estén la diversidad, la justicia y la sustentabilidad depende de que los hombres y las mujeres del campo dejen de ser ciudadanos por intermediación, simple base de maniobra de partidos de derecha o de izquierda. De que desarrollen una ciudadanía integral con pleno acceso a sus derechos de todo tipo y construyan ellos mismos innova-ciones que les permitan ejercer la democracia directa, a la vez que diseñen nuevas formas de intermediación para ser representados y exigir cuentas a quienes los representan. Todo esto, enraizados plenamente en su relación con la tierra, con la naturaleza, con su historia y con su comunidad, fuentes inagotables de su cul-tura, de su identidad y de su vida.

Sólo así se podrá construir desde abajo el único futuro no de pesadilla, sino de sueño para el campo mexicano.

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Ricardo Gutiérrez Zapata

“Nos morimos sembrando café”. Con esta lapidaria frase Julián Morales de la Pava, un tradicio-

nal cultivador del departamento (estado) del Quindío empieza el diálogo. Reconoce que no son fáciles los tiempos para el grano, pero asegura que insistirá con él, a pesar de que desde finales de los 90s su finca El Balso se convirtió en un alojamiento turístico.

Su caso es similar al que han vivido miles de colombianos. Por décadas, el denomina-do Triángulo del Café, con jurisdicción en el norte de los departamentos de Valle del Cauca y Tolima, el sur de Antioquia, y los de-partamentos de Quindío, Caldas y Risaralda, mostraron los mejores índices de desarrollo humano del país. Al lado de los grandes cen-tros urbanos como Bogotá, Medellín y Cali esta región reflejaba altos niveles de educa-ción, una buena red de vías de comunicación y, sobre todo, indicadores de violencia muy por debajo de la media nacional.

La Federación Nacional de Cafeteros de Co-lombia (FNCC), la ONG más poderosa del país, fue en buena parte la responsable de este desa-rrollo. En su afán por mejorar las condiciones de vida de los caficultores, empezó a ejecutar acciones que le correspondían al Estado, como la construcción de escuelas, el mejoramiento de hospitales y la adecuación de carreteras.

El retroceso económico de la esta zona se inició con la caída de las cotizaciones del pre-

cio del aromático tras la eliminación del Pacto de Cuotas de la Organización Internacional del Café (OIC), que se produjo en julio de 1989, a instancias de Estados Unidos. Desde ese momento, las cerca de 550 mil familias cafeteras que viven del cultivo en el país em-pezaron a sufrir una considerable pérdida de su poder de compra, calculada por algunos analistas en cerca de 75 por ciento.

Guerrilla, precios bajos y terremoto. A partir de la década de los 90s, los grupos ar-mados ilegales empezaron a adentrarse en el Triángulo del Café.

La economía se deterioró al punto que los departamentos cafeteros se convirtieron en los principales expulsores de migrantes de Colombia: España, su principal destino.

Un ingrediente letal se sumó a la crisis cafete-ra, el 25 de enero de 1999 un terremoto de 6.2 gra-dos en la escala de Richter destruyó a Armenia, la capital de Quindío, afectó a toda la región y dejó

como saldo mil 230 muertos, 5 mil 300 heridos y cerca de 200 mil damnificados. La infraestructu-ra cafetera se afectó de forma severa.

Paradójicamente este fue el revulsivo que ne-cesitaban muchos de los cafeteros para retirarse del negocio que les inculcaron sus padres y los padres de sus padres. Aprovechando el buen clima de la zona, entre 20 y 25 grados centígra-dos; los extensos paisajes de múltiples verdes; la ubicación en el punto intermedio entre Bogotá, Medellín y Cali, y en especial, una riqueza cul-tural propia de la región “paisa” de Colombia se empezaron a vender como un destino turístico.

La opción turística. “Sol, lluvia, flores y frutos durante casi todo el año, y una oferta ambiental óptima para el cultivo del café, cali-dad suave colombiano, hace del Eje Cafetero el destino más atractivo para los turistas inno-vadores que buscan naturaleza y paisaje”, reza uno de los catálogos del Balso, pero las mismas condiciones se repiten en las por lo menos 500 fincas que se convirtieron en destino turístico.

Asumiendo el potencial de la zona, que para 2002 ya se había transformado en el segundo destino turístico más visitado de Colombia después de la Costa Caribe, el go-bierno se interesó en el tema. Así fue como las gobernaciones empezaron a capacitar a los cafeteros en la atención de la gente. “Nos trajeron expertos españoles en agroturismo”, resalta Horacio García, un caficultor del de-partamento de Caldas.

El proceso fue convertir las grandes casas de las haciendas cafeteras en hospedajes de

calidad para visitantes que al tiempo que dis-frutan del campo, conocen los secretos del cultivo del mejor café del mundo.

En este papel jugó un rol preponderante el denominado Parque Nacional del Café, que acá denominan el Disneylandia de Colom-bia. Un lugar temático que se ubica a pocos kilómetros de Armenia y que cuenta con 12 hectáreas, donde se puede apreciar todo lo relacionado con la cultura del grano. En sus primeros diez años de construido, al parque arribaron tres millones de visitantes.

Después se creó en el Quindío el Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria (Pana-ca), otro sitio que, de acuerdo con sus crea-dores, busca que los más pequeños conozcan los secretos del agro, bajo el lema “Sin campo no hay ciudad”. Hoy la franquicia funciona en Bogotá y Costa Rica, y se espera expandir a otros países como México.

En la actualidad, la crisis sigue golpeando al sector, pero no por los precios internacio-nales que para el caso del café nacional se sitúan alrededor 1.48 dólares la libra, sino por la sobrevaluación del peso colombiano frente al dólar. En marzo de 2003 cada dólar equivalía a 2.953 pesos colombianos, hoy se ubica cerca de 1.9, después de caer por de-bajo de los 1.7 pesos, a lo que se suman los incrementos en los insumos por causa del encarecimiento del petróleo.

Pero en general en Colombia muchos as-piran a que, sumando a la tradicional caficul-tura el ingrediente turístico, este trago de la sobrevaluación no sea tan amargo. Así lo es-pera un sector que representa el 30 por ciento del PIB rural del país. Así lo esperan Julián, Horacio y millones de colombianos más.Periodista de El Espectador, de Colombia

Colombia

DE CAFETEROS A EMPRESARIOS DEL TURISMO

Emma Cosío Villegas

Los campesinos de la India, el grupo social más grande del mundo, sufren una crisis de extinción. Dos tercios de la población del país, cien millones, viven de la

agricultura, tarea que vienen haciendo hace cinco mil años.El endeudamiento es el principal motivo de los suicidios

masivos de campesinos pobres. Se ha llegado a las terribles paradojas de que ¡vendan sus riñones para sobrevivir! Tam-bién para morir ingieren los pesticidas que debieran ayudar a vivir a sus plantas. Desde 1997 más de 40 mil campesinos se han quitado la vida.

Por un tiempo el gobierno pagó compensaciones a las familias, pero pronto dejó de hacerlo con el pretexto de que esto inducía más suicidios, pues así las familias conseguían algo de dinero, pero sólo por un tiempo. Hay quienes opi-nan que debiera declararse una “emergencia financiera” e invertir ese dinero para estimular la producción agrícola.

Desde hace nueve años el gobierno prácticamente no otorga créditos y deben recurrir a usureros que cobran en-tre 40 y 60 por ciento de interés anual. Las sequías y las malas cosechas agravan la situación.

Ganancia de corporaciones. El Banco Mundial forzó a la India para que abriera su sector semillas a las trasnaciona-les Cargill, Monsanto y Syngenta, así que los campesinos pobres se ven obligados a comprarles a ellas. La producción de semillas naturales del país está desapareciendo.

El gobierno ha cortado las subvenciones para la compra de semillas, abono, electricidad, etcétera. Estos vitales in-sumos para la agricultura se han dejado en manos privadas; además, son de mala calidad.

Las reformas al sector electricidad van, a todas luces, hacia la privatización. Las tarifas han aumentado hasta en 800 por ciento y esto ocasiona la clausura de muchos siste-mas de riego.

Pérdida por semillas modificadas. Cuando en 2002 Monsanto introdujo el algodón transgénico BT, los cam-pesinos perdieron 250 mil millones de pesos por el fracaso de las cosechas. La producción prometida por la trasnacio-nal se redujo ocho veces, y la ganancia por hectárea, a una quinta parte de lo esperado.

La caída brutal de la producción algodonera ha sido causada, en gran parte, porque la India está atada a los de-

signios de la Organización Mundial de Comercio y por los subsidios que Estados Unidos da a sus agricultores, contro-lando así los mercados internacionales.

Desde los años 90s, al igual que en muchos países, se han seguido los lineamientos del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Las trasnacionales agroalimenta-rias han entrado en el sector agrícola de la India para sa-quear y controlar su economía, al igual que en tantos otros países. Además están presionando al gobierno para que eli-mine las leyes que impiden poseer grandes extensiones de tierra, la fusión de las pequeñas parcelas y arrendar tierras de cultivo.

La muerte extendida. En el estado de Kerala, al mero suroeste de la India, uno puede viajar maravillado del ver-dor y el agua de los campos donde se producen las mejores especies del mundo: pimienta, vainilla, cardamomo, clavo; sin embargo, aquí también ha llegado la ola de suicidios provocada por la baja de los precios después de la importa-ción masiva de estos productos.

La crisis también afecta a los estudiantes que dejan la es-cuela porque sus familias no pueden sufragar los gastos. Esto resulta más alarmante en un Estado socialista donde ¡no existen analfabetas! Hasta ellos padecen la globalización.

Las familias pobres cada vez consumen menos alimen-tos. Es una reducción masiva del consumo de cereales. En cambio, la sexta parte más rica de la población, principal-mente urbana, ha mejorado y diversificado su dieta. Esto, por supuesto, ha reducido la oferta de empleo.

Muchos campesinos con deudas, y ya sin tierras, se han colocado como jornaleros que están perdiendo su identi-dad económica y social. De estos 110 millones de personas, la mayoría son de las tribus o de las castas inferiores (intoca-bles o dalits) que apenas consiguen algo para comer… y los suicidios aumentan. Éstos son los despiadados resultados de la agricultura en la India… ¿Sólo en la India?

Alimentar a la humanidad no debiera depender del exterminio de los pequeños campesinos y de las especies. Otra agricultura es posible y necesaria. Una agricultura que proteja la vida de los campesinos, la salud pública, la tierra y su biodiversidad.

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CUANDO VEAS LAS BARBAS DE TU VECINO CORTAR…

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No. 12 Organizaciones en venta

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