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Boletín informativo / / Año 3 Número 12 / Página 1

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Año 3 Número 12 Índice de este número Feb. 2021 – Abril 2021 ISSN 2683-7382

El Grupo de Jóvenes Inves-tigadores del IRI fue creado en el marco de la Secreta-ría de investigaciones del Instituto y está coordinado por la doctora Carolina Sampó.

El conflicto sirio y los recursos naturales 2 Yamila B. Barberis*

De nuevos y viejos (D/d)erechos: el caso “Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina” 6 Antonella Paparini*

Al filo de luces y sombras. Lo visible y lo oculto de la crisis israelí 12 Ignacio Rivas Plutman

El virus y la vacuna: Cooperación, desconfianza y una nueva carrera global 16 Maximiliano Buteler

Palestina, tierra y demografía: los términos aplicados a los desplazados 20 Rocío Camerlengo Demmler

Biden y las perspectivas ante el desafío chino 24 Follis, Emanuel y Silva, Carolina

La posición de China frente al golpe de Estado en Myanmar 29 María Florencia Shqueitzer*

La administración de la desconfianza 33 Santiago Yarcho Coscarelli *

Piratería en el continente africano: el caso de Nigeria 37 Belen Álvarez Bertonasco*

Migraciones y Derecho Internacional Privado 41 Juan Martin Romano*

Los Acuerdos Artemisa y el futuro de la exploración espacial: un análisis a la luz de los postulados del Derecho del Espacio 43 Andrés Pienizzio43

Marxismo como herramienta para el análisis crítico de las relaciones internacionales 48 Fabrizio Zicchini y Laura Pulleiro



El conflicto sirio y los recursos naturales

Yamila B. Barberis1*

Introducción

En la actualidad, los países ricos en recursos naturales que sustentan su economía principalmente de

la extracción de minerales y la exportación de estos tienden al desarrollo de sociedades poco demo-

cráticas, o incluso totalitarias, con índices de bajo crecimiento, altos niveles de desigualdad y conflictos

(Brunnschweiler & Bulte, 2008). Además, las grandes potencias dominan, de manera clientelar, las

zonas periféricas y dependientes, consolidando la subordinación no solo económica, sino también

científica y tecnológica (Bruckman, 2012).

A su vez, la necesidad de los recursos naturales de las distintas poblaciones y la tendencia creciente a

una mayor demanda de energía y productos de origen natural genera en sí una disputa de carácter

mundial, que afecta e involucra no solo cuestiones políticas, sino también económicas y militares

(Forti, 2015).

Países como Siria, y la región del valle del Éufrates, en general, carecen de una política integral referida

a la protección del petróleo, y en defensa de los recursos naturales de la zona. Asimismo, no han

podido evitar el quiebre del equilibrio interno y el Estado de Derecho, y mucho menos han logrado, o

querido evitar la intromisión tanto de Rusia como de Estados Unidos en el conflicto.

En este caso en particular se realizará un análisis de los recursos naturales y su vínculo con el conflicto

sirio, su soberanía sobre la explotación del petróleo y la intervención de las potencias extranjeras en

su territorio.

Desarrollo

La República Árabe Siria (en adelante, “Siria”) podría ser incluida dentro de la conceptualización reali-

zada por Brunnschweiler y Bulte: “las economías ricas en recursos tienen una mayor propensión a las

dictaduras militares y a regímenes de gobierno generalmente opresivos, lo que resulta en quejas ge-

nuinas en una proporción abundante de la población”2 (Brunnschweiler & Bulte, 2008, pág. 5). Este

conflicto se origina debido a un enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas de Siria y grupos armados

rebeldes -oposición siria- cuando estallaron las protestas contra el presidente sirio, Bashar el Asad,

cabeza del régimen del partido Baaz.

Sin embargo, cuando el conflicto trascendió, se involucraron también distintos grupos armados ex-

tranjeros. Esto puede ser considerado, entre otras razones, como una consecuencia de la ubicación

estratégica del país en términos geopolíticos, y por los grandes lotes de petróleo de la zona que están

en juego (Ross, 2004; Butter, 2015). No solo Estados Unidos y Rusia, sino también Irán, Irak, Israel,

Reino Unido y Alemania, por mencionar algunos ejemplos, forman parte del conflicto a través de la

injerencia de grupos armados, o a través del apoyo militar. Muchos de estos grupos armados extran-

jeros, indirectamente, tienen como objetivo la “apropiación” del petróleo de la región, independien-

temente de las causas que originaron la disputa (De Paula, 2009).

1Abogada con orientación en Derecho Internacional (UBA), Magister en Relaciones Internacionales (UniBo) [email protected]

2 Traducción propia

mailto:[email protected]



En el caso sirio, los recursos naturales presentes en la región podrían llegar a ser una de las tantas

causales a tener en consideración al momento de analizar la duración de la guerra civil (Ross, 2004).

Este conflicto se inició formalmente en el año 2011 y “finalizó” hace algunos años, habiendo transcu-

rrido siete años con altos índices de conflictividad. Los yihadistas, grupo beligerante a favor de las

Fuerzas Armadas de Siria, pudieron llevar a cabo la explotación de estos campos de petróleo por tres

años y pudieron haber financiado sus actividades combativas a través de los recursos económicos

obtenidos por dicha explotación (Butter, 2015). Sin embargo, los recursos naturales no fueron la única

fuente de ingresos que proporcionó el financiamiento de dichas actividades. Estados Unidos y Rusia

también apoyaron económicamente a los grupos beligerantes.

Sin perjuicio de lo expuesto, el inestimable valor del petróleo, sumado a la posición geopolítica del

país y el acceso a este recurso, puede llegar a ser un motivo para que los distintos grupos beligerantes

continúen el conflicto (Aas Rustad & Binningsbo, 2012). Muchos estudios científicos han demostrado

que, en los conflictos que existe una relación o un vínculo con los recursos naturales, generalmente,

la paz fracasa en mayor medida y con mayor rapidez, respecto de otros conflictos. En este caso, el

petróleo que se encuentra en el área del valle de Éufrates podría llegar a ser un elemento que perturbe

la paz y estabilidad social, pudiendo ser una causal para el renacimiento de la conflictividad entre los

distintos grupos armados (Aas Rustad & Binningsbo, 2012).

Por otro lado, la intervención de Estados Unidos en el asunto puede ser analizada desde la perspectiva

de la necesidad que tiene este país en asegurarse los recursos energéticos suficientes para poder abas-

tecer la demanda de su población. Liderando la lista de los importadores de energía a nivel mundial

dentro de la agenda política estadounidense, es prioritario mejorar la seguridad del suministro. Su

intervención en Siria no es una mera casualidad; la fragilidad doméstica de los principales países pro-

ductores de energía es una de las preocupaciones primordiales de este país (Correlje & Van Der Lideb,

2006; Ebel, 2002).

Según De Paula (2009), la percepción que tiene Estados Unidos sobre la importancia del petróleo,

considerándolo en este contexto un recurso natural estratégico, adquiere mucha relevancia, ya que

se vincula estrechamente con sus intereses y objetivos como potencia mundial y Estado nación.

Bajo este contexto, Estados Unidos busca controlar la explotación de este recurso que se encuentra

por fuera de sus fronteras, en un punto geopolítico estratégico, ejerciendo poder, en este caso eco-

nómico y militar (De Paula, 2009). El petróleo de la región es fundamental para garantizar a Estados

Unidos la oferta necesaria de energía, otorgándole a Siria un lugar trascendental con relación a ese

recurso (Forti, 2015). En este caso en particular, medio oriente es el escenario del conflicto ya que la

guerra se desarrolla en donde se encuentra el recurso (Forti, 2015).

Todas las decisiones están atravesadas por dinámicas y relaciones de poder, y los recursos naturales

no son la excepción. Siria es soberana respecto de los recursos que se encuentran situados en su te-

rritorio, y está dentro de sus facultades como tal, llevar a cabo la explotación y el aprovechamiento

del petróleo, sin perjuicio de que hubo momentos en los cuales no lo realizó. Esto involucra no solo la

soberanía en sentido estricto, sino también la soberanía política o económica y las decisiones que

debe tomar Siria, respecto del modelo de desarrollo al que apunta como Estado (Bruckman, 2012). Si

al momento Siria decide no explotar el petróleo, ningún otro Estado puede obligar a realizarlo. Es el

Estado el único que decide de manera exclusiva cómo y cuándo disponer de sus recursos naturales3

(Cervel Hortal, 2008).

3 En referencia a esto, existe la Declaración sobre Soberanía Permanente sobre los Recursos Naturales (resolución 1803 [XVII] de la Asamblea

General del 14 de diciembre de 1962 que establece, entre otros puntos, que el derecho de los pueblos y de las naciones a la soberanía



Conclusión

El caso sirio, es un caso que conjuga múltiples elementos con relación a los recursos naturales. Sin

embargo, sería ingenuo concluir que este conflicto perdura en el tiempo únicamente por la presencia

de campos de petróleo en medio oriente, ya que trasciende este hecho, estando en juego también

cuestiones políticas y religiosas.

También sería ingenuo pensar, que la intervención de las potencias extranjeras se debe exclusiva-

mente a la presencia de petróleo, ya que Siria se encuentra ubicado en un punto del mapa estratégico,

tanto geográfica como políticamente, que les interesa a las grandes potencias dominar.

Sin embargo, debemos tener presente que a pesar del quiebre del Estado de Derecho y la guerra civil

desarrollada en el territorio, Siria continúa siendo un Estado que puede hacer ejercicio de su sobera-

nía, y no obstante los conflictos internos, mantiene la totalidad de las facultades referidas a la explo-

tación, y comercialización de los recursos naturales que se encuentran en su territorio, así como la

decisión de explotarlos o no.

Este conflicto es un ejemplo que nos permite, aplicar en la práctica, las teorías desarrolladas por múl-

tiples autores que analizaron empíricamente la influencia de los recursos naturales en los conflictos y

guerras civiles, y nos permite de manera preliminar, abordar una mínima causal de un conflicto tras-

cendental a nivel mundial.

Bibliografía

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Butter, D. (primavera de 2015). Estudios de política Exterior. Recuperado el 27 de noviembre de

2018, de https://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/la-guerra-por-el-pe-

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Cervel Hortal, M. J. (2008). El derecho internacional y los recursos naturales compartidos. Anuario de

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Correlje, A., & Van Der Lideb, C. (2006). Energy supply security and geopolitics: A European perspec-

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De Paula, G. (2009). Diseño de políticas de defensa para el control y defensa de recursos naturales

estratégicos. Politica y Estrategia (114), 243-270.

Ebel, R. (2002). The geopolitics of Energy into 21st Century. Washington D.C.: CSIS.

permanente sobre sus riquezas y recursos naturales debe ejercerse en interés del desarrollo nacional y del bienestar del pueblo del respec-

tivo Estado, y 5. El ejercicio libre y provechoso de la soberanía de los pueblos y las naciones sobre sus recursos naturales debe fomentarse

mediante el mutuo respeto entre los Estados basado en su igualdad soberana. Luego, la resolución 3171 (XXVIII), de 17 de diciembre de

1972, de la Asamblea General, reafirmó el control de los Estados sobre sus recursos naturales, independientemente de donde estén situados.

https://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/la-guerra-por-el-petroleo-en-siria-y-en-irak/

https://www.politicaexterior.com/articulos/afkar-ideas/la-guerra-por-el-petroleo-en-siria-y-en-irak/



Forti, A. (2015). La Defensa y los Recursos Naturales en Suramérica: Aportes para una estrategia re-

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Ross, M. (2004). How do natural resources influence civil war? Evidence from 13 cases. International

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De nuevos y viejos (D/d)erechos: el caso “Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”

Antonella Paparini4*5

Lo nuevo que no acaba de nacer y lo viejo que no termina de morir, o sobre la tran-sición del Derecho Internacional Clásico al Contemporáneo

Un conocido aforismo latino afirma “ubi societas, ibi ius”, o lo que es lo mismo, “donde hay sociedad,

hay derecho”. La pregunta que cabe formular es qué tipo de sociedad y qué tipo de derecho son los

existentes. A los fines de esquematizar la respuesta, es ya un lugar común en la doctrina la utilización

de dos tipos ideales: el Derecho Internacional Clásico y el Contemporáneo.

A decir de Pastor Ridruejo (2010), el Derecho Internacional Contemporáneo se presenta fundamen-

talmente como una tendencia o aspiración, como no puede ser de otro modo en un sistema de yux-

taposición de Estados. Sin embargo, que se trate de una “realidad tendencial” no impide que tenga

efectos concretos en la práctica. Uno de esos efectos es, según el autor, el hecho de que la concepción

contemporánea del Derecho Internacional asuma entre sus funciones la de promover el desarrollo

integral de los individuos y los pueblos (Pastor Ridruejo, 2010: p. 257).

En ese sentido, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso objeto de

análisis puede pensarse como una manifestación concreta de los caracteres propios del Derecho In-

ternacional Contemporáneo. En primer lugar, la tendencia o aspiración a la humanización y socializa-

ción. En los términos de Diez de Velasco (2013), asistimos a una “… «renovación cuantitativa del De-

recho internacional», en el doble sentido de una expansión del campo objetivo de la regulación jurí-

dica internacional y de una proliferación de los sujetos participantes” (p. 271). Si el Derecho Interna-

cional Clásico, liberal, no se preocupaba del trato que el Estado dispensaba a los individuos bajo su

tutela, en el Derecho Internacional Contemporáneo, ese planteamiento cambia:

.y a lo que se aspira mediante la protección internacional de los derechos del hombre

es a la imposición de obligaciones a los Estados respecto de todos los individuos (…) y

a que éstos puedan reclamar directamente contra el Estado infractor (Pastor Ridruejo,

2010, p. 200).

A la aseveración del autor podría agregarse que no sólo los individuos, también los colectivos o grupos

han asumido progresivamente, cierta capacidad6 a ese respecto.

En segundo lugar, la tendencia a la institucionalización y el rol crucial de las organizaciones interna-

cionales. En efecto, los sistemas internacionales de protección de Derechos Humanos están anclados

en este tipo de organismos, que les prestan apoyo institucional para el efectivo cumplimiento de sus

funciones. (Pastor Ridruejo, 2010, p. 204).

A raíz de lo anterior, parece pertinente recuperar los dichos de la Oficina del Alto Comisionado de

Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). “Durante el último decenio una serie de no-

vedades jurídicas de ámbito regional ha contribuido en gran medida a la evolución de la jurisprudencia

4 Estudiante avanzada de Licenciatura en Relaciones Internacionales.

5 Este artículo es una versión revisada de la exposición presentada como tema de examen final en la asignatura “Derecho Internacional

Público”. 6 Excede los objetivos de este artículo ahondar en la cuestión de la subjetividad jurídica internacional. Baste decir que sigo aquí la definición

técnico-jurídica propuesta por Sorensen y recuperada por Diez de Velasco (2013), basada en la capacidad (p. 270-271).



internacional relativa a los pueblos indígenas”7, al punto de haberse convertido en parte del “corpus

del derecho vinculante de los derechos humanos” (ACNUDH, 2013, p. 10). Dos comentarios deben

hacerse respecto a esa aseveración: a nivel del debate teórico, parece confirmar la convicción de al-

gunos/as autores/as (por ejemplo, las tesis de Lauterpatch y De Visscher) acerca de la importancia de

la jurisprudencia en el desarrollo progresivo del Derecho Internacional (Pastor Ridruejo, 2010, p. 84).

A un nivel más empírico, en páginas posteriores el mismo documento reconoce al sistema regional

interamericano como pionero en el desarrollo de estándares en la materia.

El caso “Comunidades Indígenas Miembros de la Asociación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina”

En apretada síntesis, el caso versa sobre la demanda de un título colectivo sobre su territorio ancestral

por parte de 132 comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos Wichí (Mataco), Iyjwaja (Cho-

rote), Komlek (Toba), Niwackle (Chulupí) y Tapy’y (Tapiete), nucleadas en la asociación Lhaka Honhat.

El territorio en cuestión se ubica en el Departamento de Rivadavia (Salta), cerca de la frontera con

Bolivia y Paraguay, en los ex lotes fiscales 14 y 55 (actualmente bajo las matrículas catastrales 175 y

5557).

La formalización del reclamo frente al Estado argentino data de 19918, habiéndose presentado el caso

ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante, la Comisión) en agosto de 1998.

El informe de fondo de la Comisión fue finalmente aprobado el 26 de enero de 2012 y notificado a la

Argentina, junto a las recomendaciones pertinentes. No obstante, la aplicación íntegra de las medidas

fue objeto de 22 prórrogas sucesivas, que la Comisión decidió no renovar el 16 de enero de 2018,

frente la solicitud argentina de extender nuevamente los plazos de efectivización. Consecuentemente,

el 1 de febrero de 2018 el caso fue sometido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en lo

sucesivo, la Corte).

En términos generales, lo que la Corte debía determinar no era la existencia o no del derecho de las

comunidades a sus tierras, derecho que había sido reconocido por el propio Estado argentino, sino

más bien si la acción de este último había sido suficiente para respetar y garantizar el derecho de las

comunidades indígenas a la propiedad colectiva sobre sus tierras (Cabrera, Cerqueira y Herencia,

2020).

Luego de evaluar las solicitudes, argumentos y pruebas presentados por las partes, la Corte estableció

en su sentencia la responsabilidad internacional de la República Argentina. A lo fines de ordenar el

análisis del caso, podemos desglosar el hecho ilícito internacional del Estado en los dos elementos

definidos por el régimen consuetudinario de responsabilidad internacional de los Estados9:

Un elemento objetivo, es decir, un hecho que constituye violación de una obligación internacional del

Estado. En la sentencia de la corte, las violaciones de obligaciones internacionales por parte de Argen-

tina se estructuran en tres grandes núcleos:

7 Adopto aquí la noción de “pueblos indígenas” porque esa es la forma en que se ha designado a los susodichos en sucesivos instrumentos

internacionales y la que la documentación comentada adopta. Véase Convenio N° 169 “Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Inde-pendientes” (la Organización Internacional del Trabajo, 1989), “Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (Asamblea General de Naciones Unidas, 2007) y “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas” (Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, 2016). 8 Si bien existen antecedentes de demandas relacionadas a la titularidad del terreno que pueden rastrearse a partir de 1984. Véase Corte

Interamericana de Derechos Humanos, 2020a, p. 24-25. 9 Hay acuerdo en reconocer la Resolución 56/83 de la Asamblea General (2001), como la expresión más acabada del régimen consuetudina-

rio vigente. Dicha resolución establece, en su artículo 2, que “Hay hecho internacionalmente ilícito del Estado cuando un comportamiento consistente en una acción u omisión: a) Es atribuible al Estado según el derecho internacional; y b) Constituye una violación de una obligación internacional del Estado.”



1) violación del derecho a la propiedad, establecido en el artículo 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los deberes de respetar, garantizar y adecuar los orde-namientos jurídicos internos (artículos 1.1 y 2).

Según la Corte, esta violación se constata de dos maneras:

a) por la falta de titulación adecuada, por la falta de demarcación de la propiedad, por la permanencia de terceros en la misma y por la ausencia de una normativa adecuada10 para garantizar de forma suficiente el derecho a la propiedad comunitaria (párrafos 167-168)

b) por el incumplimiento de Argentina en “su obligación de procurar mecanismos adecuados de consulta libre, previa e informada a las comunidades afectadas”, en relación con la construcción de nuevas obras en el territorio (párrafo 184).

2) violación a los derechos a participar en la vida cultural, en lo atinente a la identidad cultural, al medio ambiente sano, a la alimentación adecuada y al agua, establecidos en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el deber de respetar y garanti-zar (artículo 1.1).

3) violación al derecho a las garantías judiciales, establecido en el artículo 8.1 de la Convención Ame-ricana sobre Derechos Humanos, en relación con la obligación de respetar y garantizar (artículo 1.1). (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020a, p. 120)

Un elemento subjetivo, en el sentido de que el hecho sea atribuible al Estado según el Derecho Inter-

nacional11. Siguiendo los núcleos descriptos up supra, podríamos decir que:

1) En lo que hace a la violación del derecho a la propiedad, la identificación de un órgano específico resulta, como mínimo, compleja, en vista de que se trata de una violación por omisión de concre-ción12. No obstante, en lo relativo a la insuficiencia de la normativa argentina existente en cuanto a procedimientos de reclamación de la propiedad indígena, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha señalado que la instrumentación de dichos procedimientos se trata de una competen-cia concurrente de los gobiernos federales y provinciales13.

El punto en donde puede establecerse más claramente el órgano del que se deriva la responsabi-lidad es el atinente a la ausencia de mecanismos de consulta libre, previa e informada a las comu-nidades. Allí podría identificarse claramente al Poder Ejecutivo salteño, y específicamente, a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Salta.14

2) En lo que respecta a los derechos asociados a la vida cultural, el medioambiente y el acceso al agua, puede decirse que la tala ilegal, la cría de ganados y la instalación de alambrados, se tratan de actos de particulares, que no desencadenan per se la responsabilidad del E. Sin embargo, el E incurre en responsabilidad por “omisión del deber de protección” (Pastor Ridruejo, 2010, p. 553),

10 Este derecho está reconocido en la Constitución Nacional (artículo 75, inciso 17), como así también en el nuevo Código Civil y Comercial

(artículos 9 y 18). No obstante, el reconocimiento del derecho no ha traído aparejada la promulgación de la ley especial prevista ni el diseño de mecanismos efectivos de titulación. 11 La misma Resolución 56/83 define, en su artículo 4, párrafo 1 “Se considerará hecho del Estado según el derecho internacional el com-

portamiento de todo órgano del Estado ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del Estado.” 12 En principio, podría señalarse al Poder Ejecutivo de Salta, en virtud del Decreto 461/99, por ejemplo, que pretendía asignar parcelas,

contra la unidad del título acordada con las comunidades por el Decreto 2609/91. Cabe mencionar también los sucesivos edictos y propues-tas gubernamentales para entregas fraccionadas de la propiedad, como así también el Decreto 2398/12 (2012), que supedita la entrega del título comunitario al proceso de “acuerdos”. Por otro lado, en julio de 2013 criollos e indígenas señalaron la “inacción” de la Unidad Ejecutora Provincial. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020a, p. 30. 13 “Tanto la Nación como las provincias tienen la competencia suficiente de reglamentación en materia de derechos de los pueblos origina-

rios en sus respectivas jurisdicciones” (CSJN, Confederación indígena de Neuquén c/Neuquén, 2013). 14 Específicamente, la sentencia se refiere a la falta de “participación efectiva” de las comunidades en la decisión de construcción del puente

internacional Misión La Paz (Argentina)- Pozo Hondo (Paraguay), comenzado en 1995 y finalizado en 1996.



en tanto no previene o evita la lesión del goce de derecho por particulares (Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020a, p. 272).

3) Por último, la violación del derecho a las garantías judiciales se trata de un ejemplo de denegación de justicia en sentido propio (retrasos excesivos e injustificados), atribuible a órganos judiciales provinciales y federales.15

A su vez, dentro de los puntos resolutivos, la Corte ordenó al Estado argentino una serie de medidas

reparatorias de distinta índole. En primer lugar, medidas restitutivas, como las contempladas en los

puntos 7 y 9. Estas conminan a la Argentina a que, en un plazo no mayor a seis años, concluya las

acciones necesarias a fin de delimitar, demarcar y otorgar un título único que reconozca la propiedad

de las 132 comunidades sobre su territorio; y remueva del territorio indígena los alambrados y el ga-

nado de pobladores criollos y concrete el traslado de la población criolla fuera de ese territorio. En

segundo lugar, la sentencia estipula medidas de indemnización, como la creación de un fondo de desa-

rrollo comunitario, en un plazo de no más de cuatro años (punto 13). Finalmente, también se incor-

poran formas de satisfacción. No sólo la Corte establece que la sentencia constituye en sí misma una

forma de reparación (punto 3), sino que también, en el punto 15 compele a Argentina a “adoptar, en

un plazo razonable, las medidas legislativas y/o de otro carácter que fueren necesarias para dotar de

seguridad jurídica al derecho de propiedad comunitaria indígena, previendo procedimientos específi-

cos”. Este último punto ha sido objeto de un recurso de interpretación por parte de los y las represen-

tantes de las víctimas.16

La ampliación del Sistema Internacional de protección de Derechos Humanos por vía jurisprudencial

Luego de la breve revisión del caso esbozada en el apartado anterior, pueden destacarse dos aspectos

centrales en relación con la transición del Derecho Internacional Clásico al Contemporáneo:

Por un lado, el hecho de que el Estado argentino incurriese en responsabilidad internacional por la

violación de derechos colectivos. Lo innovador es que, como señala ACNUDH (2013), “los derechos de

los pueblos indígenas tienen, por definición, carácter colectivo.” (p. 8), y su tutela implica una amplia-

ción de los destinatarios del sistema internacional de protección de derechos humanos. En esa misma

línea, el primer Relator de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Sta-

venhagen, señalaba que la “creciente preocupación por los derechos de los pueblos indígenas expresa

un cambio de énfasis de los derechos universales individuales a los derechos humanos colectivos”

(1989, p. 40).

Si bien excede a los propósitos de este artículo profundizar en el debate acerca de la subjetividad

jurídica internacional de los pueblos, debe señalarse que el hecho de que la Corte reconozca, por lo

menos, locus standi a los pueblos y comunidades indígenas como colectivos, entraña un elemento

innovador.17

15 El 8 de marzo de 2000, Lhaka Honhat presentó un recurso de amparo contra el Decreto 461/99 y contra la Resolución 423/99. El 15 de

junio de 2004 la Corte Suprema de Justicia de la Nación dispuso que el Poder Judicial de Salta debía emitir una decisión y, a pesar de ello, fue recién tres años después, el 8 de mayo de 2007, que la Corte de Justicia de Salta dejó sin efecto el Decreto y la Resolución. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020a, p. 103. 16 El 13 de agosto de 2020 se presentó un recurso de interpretación relacionado al alcance del punto resolutivo 15, específicamente, si las

medidas ordenadas debían incluir el “derecho de consulta” a pueblos indígenas. El 24 de noviembre del mismo año, la Corte se pronunció en favor de esa inclusión. Véase Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2020b. 17 En efecto, en la Opinión Consultiva OC-22/16 de 26 de febrero de 2016, la Corte ha indicado que “las comunidades indígenas son titulares

de derechos protegidos por el sistema interamericano y pueden presentarse ante éste en defensa de sus derechos y los de sus miembros” (párrafo 72).



En línea con un amplio repertorio de jurisprudencia previa sobre pueblos indígenas, el caso Lhaka

Honhat retoma la ampliación que la Corte ha hecho por vía interpretativa de ciertas disposiciones de

la Convención Americana de Derechos Humanos que protegen derechos civiles y políticos, particular-

mente el artículo 21. Aunque dicha disposición hace mención del derecho de propiedad privada, su

alcance ha sido ampliado para abarcar la propiedad colectiva de los pueblos indígenas y tribales. (Ca-

brera et al, 2020). Así, desde el señero caso Comunidad Mayanga (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua,

la Corte Interamericana (2001) lo ha interpretado como base del derecho a la propiedad comunitaria

de la tierra, entendiendo que “…entre l[a]s [personas] indígenas existe una tradición comunitaria so-

bre una forma comunal de la propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de

ésta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad.” (p. 78)

Por otro lado, el caso asigna justiciabilidad directa a una serie de derechos económicos y sociales. El

giro en la interpretación jurisprudencial se da desde el Caso Lagos del Campo vs. Perú (2017), en el

que la Corte estableció la competencia del tribunal para declarar la violación directa del artículo 26,

hasta entonces considerado justiciable sólo de manera indirecta. Sin embargo, el derecho a un medio

ambiente sano18 no tiene correlato en la Carta de la Organización de Estados Americanos ni en ningún

otro instrumento interamericano, a excepción del Protocolo de San Salvador, cuya justiciabilidad no

contempla19.

Contra el señalamiento de Pastor Ridruejo (2010), acerca de la prevalencia de los compromisos de soft

law en el derecho internacional del medioambiente (p. 464), esta sentencia constituye un “…avance

jurisprudencial genuino, pues establece reglas más claras de actuación estatal, particularmente con

relación al principio de prevención de daños ambientales frente a actos de particulares; y fija linea-

mientos de restitución y compensación por la vulneración de derechos de pueblos indígenas en con-

textos de afectación a sus recursos naturales.” (Cabrera et al, 2020)

Asimismo, tanto esta sentencia como la de interpretación del punto resolutivo 15, abren la puerta a

importantes modificaciones del ordenamiento jurídico nacional. Sobre todo, si atendemos al impacto

estructural, en términos de políticas públicas y desarrollos legislativos que sentencias previas de la

Corte han impulsado en los países de la región (Michelini y Banfi, 2014, p. 193).20

Bibliografía

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tencia-de-la-corte-interamericana-sobre-el-caso-lhaka-honhat-vs-argentina/

18 De hecho, la Corte misma reconoce en la sentencia la innovación jurisprudencial que significa el pronunciarse sobre ese conjunto de

derechos. “La Corte advierte que este es el primer caso contencioso en el que debe pronunciarse sobre los derechos a un medio ambiente sano, a la alimentación adecuada, al agua y a participar en la vida cultural a partir del artículo 26 de la Convención.” (p. 69) 19 El artículo 19.6 del Protocolo Adicional en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Protocolo de San Salvador) prevé que

sólo la violación de los derechos establecidos en los artículos 8 (derechos sindicales) y 13 (derecho a la educación) podrá dar lugar al sistema de peticiones individuales regulado por la Convención Americana de Derechos Humanos. 20 Cabe mencionar, a modo de ejemplo, el gran impacto de los informes de la Comisión Interamericana y las sentencias de la Corte en

materia de derogación y declaración de inconstitucionalidad de las leyes de amnistía en una serie de países latinoamericanos. Para un desa-rrollo en profundidad, véase Michelini y Banfi, 2014, p. 193-204.



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Al filo de luces y sombras. Lo visible y lo oculto de la crisis israelí

Ignacio Rivas Plutman21

Síntomas del Bloqueo Parlamentario

Cuatro elecciones consecutivas estremecen a la República israelí, mientras que, en su seno se desen-

vuelve una situación conflictiva emergente de mayor publicidad, la crisis política. Una lectura precisa

la demuestra como aquel momento en el que los órganos representativos del país no responden a las

demandas de los sectores sociales, desencadenando conflictos por estos retornos que el sistema ge-

nera, entre inputs y outputs (Easton, 1953, p. 384). En Israel, la compleja crisis se generó desde el

Poder Ejecutivo y se extendió hacia los demás órganos, principalmente el legislativo. Asimismo, acer-

cando la lente, observamos la presencia de otros elementos, de otros conflictos, que al agudizarse han

desentrañado formas distintas de reacciones frente al sistema.

Llegamos a principios de 2021, y algunos de sus efectos más superficiales ya son observables. Exami-

nando transversalmente el caudal comunicacional, fácilmente se evidencia que existen demandas sec-

toriales que no son cubiertas, que no son atendidas por el Estado. Demandas que entablan un proceso

de lucha desde hace años y aún se ven impedidas de ingresar a través de los guardagujas. Son estas

demandas de sectores más vulnerables y silenciados, sistemáticamente aislados, que expresan la con-

flictividad latente. Una perteneciente al mainstream Ashkenazí, y la otra, al orden israelí No Ashkenazi.

La Knesset a la Luz de las Elecciones desde 2019

En Abril de 2019 se presentaron 40 partidos a los comicios, bajo el umbral de un 3, 25 % de escaños,

sólo 11 accedieron a bancas en la Knesset. La configuración de entonces arrojaba 5 bancas más para

Likud, lo que lo dejaba en una posición dominante con 35 bancas en total. Pero ocurrió que el partido

Kahol Lavan (Azul y blanco), un partido que nació para oponerse a Likud, con una afiliación de centro,

se llevó 24 bancas más, lo que lo empató con Likud en 35 bancas. Como dato relevante, se observa

que, en estas elecciones, la perdida de escaños de los partidos laboristas como Avodá fue muy signifi-

cativa (13 de sus bancas fueron perdidas), y prácticamente todos los partidos de izquierda redujeron

números en el órgano legislativo. De esta manera, se planteaba la imposibilidad de que Likud pudiera

garantizar una mayoría legislativa para formar gobierno en coalición.

En Septiembre del mismo año, se reorganizó una segunda elección, cuyo resultado fue el bloqueo

parlamentario debido a que ninguno de los líderes de las principales fuerzas, ni Netanyahu de Likud,

ni Gantz de Kahol Lavan pudieron formar una coalición de gobierno estable frente a la mediación del

presidente Rivlin. Es de destacar que la figura del presidente en este caso particular fue fundamental

para evitar el colapso del sistema de partidos, ya que logró conducir a los líderes a negociar bases y

condiciones de la próxima elección en 2020.

Similar situación se repite en los comicios de Marzo de 2020. La Coalición de gobierno encabezada por

el Likud se apropió de 55 bancas, mientras que la oposición se armó en bloque con 65. Lo que volvió

teóricamente ingobernable e ilegítima la figura de Netanyahu como Primer Ministro. Sin embargo, las

mediaciones anteriores lograron establecer que ante dicha eventualidad, el líder de Kahol Lavan

Gantz, pasaría a presidir la Knesset como Viceprimer Ministro, en coalición con el gobierno de Likud.

21 Rivas Plutman, Ignacio. Miembro activo del Grupo Jóvenes Investigadores por el Instituto de Relaciones Internacio-nales de la Universidad Nacional de La Plata (GJI-IRI-UNLP). Tesista de Licenciatura en Ciencia Política.



Al ocurrir dicho acontecimiento se desencadenó una protesta dentro del parlamento ante la traición

del líder de la oposición, la renuncia del entonces Presidente de la Knesset, el quiebre del bloque

opositor y la ampliación de la agenda política que benefició la emergencia de las ultraderechas. La

salida del bloqueo político sólo garantizó una gobernabilidad muy debilitada, y a los efectos de la pan-

demia por Co Vid 19, el plano económico golpeó a la clase media alta Ashkenazí, restando apoyo y

traduciéndose en la fragmentación de las derechas y apariciones de movimientos antisistema.

Lo Visible y lo Invisible en las Protestas Sociales

A principios de 2020, la inestabilidad y la fragmentación de los partidos atravesaron a los conflictos

sociales de tal forma, que emergieron protestas, confluidas en un movimiento paraguas llamado Ban-

deras Negras. Dicho movimiento reunió a partidos de centro y de derecha, independientes y de iz-

quierdas, resaltando una posición anti sistema, anti Netanyahu, culpabilizándolo de la crisis, del daño

hacia el sistema político y de no haber enfrentado su responsabilidad ante sus crímenes por corrup-

ción, exigiendo su reemplazo y encarcelación. La figura de “Bibi, rey de Israel” (Levin, 2019, p. 2), se

debilitó ante la imposibilidad de garantizar los proyectos de gobierno, y los conflictos sociales que se

profundizaron con rapidez.

Adoptando la perspectiva de Lavie para tratar los conflictos sociales, entendemos que existió una dis-

tinción de fondo que agrupó a las síntesis conflictivas, reproduciendo una cadena silenciamientos so-

bre disidencias, que pusieron en juego la estructura de la arena política. De acuerdo con la autora, la

distinción Ashkenazí / Mizrahí se hizo visible frente a los intentos del primer grupo de silenciar al se-

gundo, apropiándose de un discurso hegemónico (Lavie, 2006), no permitiendo que las disidencias

ocuparan espacios que disputaban el orden social, configurándose en una dimensión etnocéntrica.

Esto mismo lo encontramos reflejado en las protestas sociales del año pasado, en su amplia cobertura

mediática, en el lugar que obtuvieron en la agenda, en la forma que impactaron sobre el sistema po-

lítico, en el uso de los slogans como: Vete a Casa o Primer Ministro del Crimen (Aurora, 2020) que se

observaron publicados y replicados en varios periódicos.

Las protestas de Banderas Negras confluyeron en esta relación conforme al discurso Ashkenazí. Es

decir, centralizaron su atención sobre la figura del Primer Ministro, desplazaron del plano político a

otros movimientos sociales que hace años se manifestaban en contra de las desigualdades, el abuso

institucional y la Ocupación, como lo son B´Tselem, los movimientos sociales de protestas Israelíes

Árabes y las palestinas, tanto fuera como dentro del territorio jurisdiccional de Israel.

De esta manera, la crisis política también se reflejó como una consecuencia de la reproducción de la

contraposición Ashkenazí/ Mizrahí en las esferas sociales. Ya que, suponiendo que, desde el Poder

Ejecutivo, el líder movilizó recursos, presionó a otros líderes, para obtener las bancas necesarias y

cerrar su coalición de gobierno, simultáneamente, dejó fuera de agenda a los grupos y representantes

no ashkenazíes. Este desplazamiento fue evidente antes de las elecciones, como durante ellas.

La Crisis Institucional como Expresión de los Conflictos Sociales

El interrogante abierto, tanto a nivel político como a nivel social, es ¿qué se nos escapa sobre la crisis?

En este sentido, desde el neoinstitucionalismo, marcamos una línea divisoria entre dos perspectivas

de análisis hacia la cuestión: a) desde arriba, y b) desde la base hacia arriba, teniendo en cuenta la

distinción Ashkenazí/ Mizrahí. Es decir, que tal como “…existe una causalidad recíproca entre agente

y estructura” (Guy Peters, 2003. p. 59), las instituciones políticas y la esfera social están imbricadas



mutuamente en relaciones permeadas por los conflictos subyacentes. Sin embargo, para poder ob-

servarlas con precisión, es necesario ajustar el punto hacia dónde dirigimos nuestra atención, y sobre

todo qué lentes utilizamos para analizar las instituciones y sus relaciones con la sociedad israelí.

Las protestas palestinas en Israel son acuñadas por los movimientos sociales y políticos ligados al ex-

tremo No Ashkenazi, identificados por el mainstream Ashkenazi categóricamente, ubicados dentro del

espectro político en un lugar incómodo, y a medida en que el electorado se desplaza hacia las dere-

chas, menos apoyo contienen dentro de los órganos estatales para alimentar su lucha. La última con-

figuración del Parlamento que desplazó a estos partidos de la arena política, aún con una representa-

tividad mínima, pone de manifiesto el lugar que ocupan las demandas de estos sectores en la agenda.

Es allí donde la crisis política se evidencia como la articulación de los conflictos sociales. Es decir, la

imposibilidad de asegurar un gobierno estable se debe al desplazamiento de los partidos que dedican

esfuerzos en atender las demandas de los sectores sociales no ashkenazíes.

De esta manera, un análisis desde arriba demuestra que a medida en que se silencian los movimientos

de aquellos sectores no ashkenazíes, a medida en que los partidos que los representan pierden rele-

vancia política, o dejan de estar en la Knesset, ubica al bloque del gobierno en una posición más favo-

rable y puede discutir con mayor amplitud la agenda de gobierno.

Un análisis desde abajo hacia arriba marca que este desplazamiento evidencia que existe un cerco

político que reproduce la síntesis Ashkenazí/Mizrahí, excluyendo a los sectores no ashkenazíes.

Finalmente, el nudo de esta operación se vuelca sobre todo el gobierno, en la formación de un bloque

anti Netanyahu, en el estallido de protestas en puntos distintos del país, en la imposibilidad de la

ejecución de los proyectos (como lo demuestra el fatal desenlace de la anexión de los territorios en

Cisjordania, o el proyecto de paz impulsado por los Estados Unidos, la debilidad diplomática en los

Acuerdos de Abraham), desenvolviendo las elecciones de 2021 como el escenario donde el espectro

se enlaza en posiciones aún más extremistas que en la anterior, reproduciendo violentamente, y en

mayor medida, el gran malestar socialmente presente.

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El virus y la vacuna: Cooperación, desconfianza y una nueva carrera global

Maximiliano Buteler22

Lo que dejó la pandemia

El 11 de marzo de 2021 se cumplió un año desde que la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.)

declaró que el virus SARS-COV-2 había pasado a conformar la categoría de pandemia, es decir, que se

había extendido a nivel mundial. La fenomenal interconexión humana posibilitada por componentes

fundamentales de la globalización (abaratamiento en los costos de transporte y comunicación) fue,

sin dudas, clave para la rápida difusión de esta enfermedad a lo largo y ancho del globo.

A la luz de las trágicas escenas provocadas por los primeros brotes en las principales ciudades euro-

peas, las normativas de confinamiento o lockdowns se popularizaron en casi todos los países, comen-

zando un período de crisis económica y social autoinducida sin precedentes. Con la ventaja del paso

del tiempo, puede entenderse que aquellas medidas restrictivas han sido fundamentales para que la

situación sanitaria no haya sido peor de lo que realmente fue.

El año 2020 fue catalogado como el año de la pandemia y la crisis económica más profunda desde la

Gran Recesión de 2007-2009, trayendo, también, a la memoria la crisis de la Gran Depresión de 1929-

1932. El Fondo Monetario Internacional (2021) informó que el coronavirus ha implicado, no solamente

poco más de 3 millones de fallecidos, sino también, una caída del 4,4 por ciento en la economía mun-

dial, siendo más grave en economías de ingresos medios y de ingresos bajos. Esto echó por tierra los

importantes avances que se habían realizado en la erradicación de la pobreza extrema y en la conver-

gencia económica mundial (The Economist, 2020).

A medida que fueron pasando los meses, el miedo que había originado la aparición de esta novedosa

enfermedad disminuyó al compás del malestar social provocado por el desgaste psicológico y emocio-

nal derivados del encierro y de la merma en la actividad social normal, así como también, de la angus-

tia por las consecuencias económicas que se manifestaban en diferentes Empresas (Grandes Empre-

sas, Pequeñas, Medianas y Microempresas), y trabajadores autónomos. Aunque sin duda, la peor

parte la llevaron los pobres, las mujeres, los jóvenes, los trabajadores en sectores de contacto inten-

sivo con otras personas y aquellos que se desenvuelven en el ámbito informal de la economía (Fondo

Monetario Internacional, 2021).

Cada país, por supuesto, vivió la pandemia y el confinamiento de manera particular, adecuada a cada

realidad territorial. Hubo gobiernos federales que no siguieron la línea recomendada por la O.M.S., y

hubo otros que combinaron restricciones y relajaciones, de acuerdo con el ritmo de contagio que pre-

sentaba el virus en cada localidad.

En aquellos países donde la polarización política es la norma, la discusión pública retomó la agenda de

ruptura y de enfrentamiento, sembrando sospechas y llamando a las personas a desconocer las me-

didas de seguridad sanitaria, convocando diferentes manifestaciones con claros tintes antiguberna-

mentales. Por otro lado, los oficialismos aprovecharon la coyuntura de pandemia para seguir una

agenda propia, desconociendo los intereses prioritarios de la emergencia sanitaria, y muchas veces,

22Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad Siglo 21)



violando ellos también, sus propias medidas de distanciamiento físico, aumentando el descontento y

la desconfianza.

El coronavirus no interrumpió la marcha política de algunos procesos que ya venían desde antes de

este estallido global. En Chile, por ejemplo, se siguió con las protestas anti establishment logrando

retomar la agenda plebiscitaria y votando positivamente por un referéndum que establece el cambio

de su constitución. En Bolivia y en Estados Unidos, por su parte, se llevaron a cabo elecciones que

cambiaron el statu quo político imperante.

Así las cosas, el año de la pandemia cerró con una luz de esperanza y con mucha expectativa. Los

laboratorios más importantes a nivel mundial anunciaban que estaban próximos a posicionar las va-

cunas contra el covid-19 en el mercado mundial. No obstante, ello, este anuncio esperanzador pronto

se transformaría en un nuevo panorama de desconfianza, recelos, egoísmos y campañas de despres-

tigio, con el afán de ganar una nueva carrera: la carrera por posicionarse como país proveedor de

vacunas y la carrera por vacunar en la menor cantidad de tiempo posible a su población. Una nueva

dinámica de soft power emergió en el orden mundial.

2021, el año de la vacuna

Durante la primera parte de este nuevo año, comenzó el operativo de vacunaciones masivas en varios

países. Asimismo, diferentes proyecciones se han lanzado al respecto de alcanzar el objetivo de vacu-

nar al 70 por ciento de la población en el mundo, que garantiza una cierta “tranquilidad” y certeza de

que la pandemia está contenida y superada. No obstante, para que esto suceda, se necesita de la

existencia real de dosis disponibles de vacunas contra el covid-19 (Bollyky y Bowm, 2020).

Lo cierto es que, solo una docena de países están en condiciones de producirlas, por lo que el acceso

depende de la capacidad productiva de los laboratorios -en su mayoría situados en países de ingresos

altos- y de la capacidad de logística de cada país receptor para poder dotar a sus pueblos con la vacuna,

así como también, de la puesta en marcha de mecanismos de solidaridad y de cooperación entre los

diferentes agentes.

Ante este panorama, conviven diferentes prácticas en el mundo: cooperación y competencia. Y los

primeros indicios demuestran que está primando la “lógica de la competencia” (Rubiolo, 2021). Es

decir, los Estados con mayores recursos están llegando antes, lo que trae consecuencias económicas

entrelazadas, porque en la medida en que se logra inmunizar a una mayor cantidad de gente, existen

menores riesgos de parálisis de actividad por difusión de la enfermedad.

Esta carrera, como consecuencia, ya parte con desventajas estructurales. Los países de ingresos altos

pueden concretar el objetivo de vacunar a la mayoría de su población para inicios del segundo semes-

tre del corriente año, mientras que los países de ingresos medios podrán lograr este objetivo para el

primer trimestre del año 2022, en el mejor de los casos. Finalmente, los países de ingresos bajos no

podrán alcanzar dicha meta hasta mediados del año 2023. Es decir, faltarían todavía un par de años

para que el mundo pueda volver a la “normalidad” (The Economist, 2021).

Una respuesta para revertir las desigualdades en la distribución de vacunas proviene del multilatera-

lismo. La O.M.S., UNICEF y GAVI (The Vaccine Alliance, una organización público-privada para hacer

frente a la escasez de vacunas a nivel mundial) han creado una plataforma para aunar esfuerzos en la

investigación, negociación y distribución de dosis de vacunas contra el COVID-19. Es un acuerdo global

que involucra tanto a países ricos como a países pobres, y el objetivo es contar con 2 mil millones de

dosis para distribuirlas en los países de ingresos bajos (Agudo, 2021).



A pesar de esto, el programa no deja de presentar altas cuotas de incertidumbre, porque depende de

que existan fondos y vacunas suficientes para poder materializarse. Voces pesimistas alegan que no

se podrá cumplir con el objetivo de vacunar al 90% de la población de riesgo de más de 90 países de

bajos ingresos en África y América Latina, hasta el año 2024 (Guarascio, 2020). Aunque lo cierto es

que, el Fondo de Acceso Global para Vacunas Covid-19 (conocido como COVAX por sus siglas en inglés)

afirmó que cuenta con 337 millones de dosis para 140 países a ser aplicadas durante el primer trimes-

tre de este año, por lo que se demuestra un avance concreto en esta materia (Agudo, 2021).

Finalmente, desde el panorama geopolítico, una mirada rápida ofrece un mundo en el que, por un

lado, las potencias tradicionales se repliegan sobre sí mismos, las economías desarrolladas compran y

venden sus propias vacunas y, por el otro lado, las potencias emergentes y economías pujantes desa-

rrollan la “diplomacia de las vacunas” (Medina, 2021). China, Rusia e India están ofreciendo sus vacu-

nas para las regiones en desarrollo, esto lo podemos ver mejor en nuestra región, América Latina.

Argentina fue pionera en recibir la “polémica” vacuna proveniente del laboratorio de Gamaleya, de

Rusia, nombrada Sputnik-V, haciendo alusión al satélite colocado por la Unión Soviética (URSS) en

plena competencia por el dominio mundial contra Estados Unidos, conocida como Guerra Fría. Quizás

fue esta alusión la que despertó la polémica en la comunidad occidental, y también, por los métodos

poco claros sobre resultados y eficacias. Sin embargo, esta discusión quedó saldada cuando la presti-

giosa revista científica The Lancet publicó que, la “vacuna rusa” tenía una efectividad de más del 90

por ciento, dotándola de seguridad y confianza.

El año de la vacuna recién comienza, el primer trimestre ha demostrado ser relativamente más opti-

mista de lo que se había previsto en un principio. Ya hay más de 841 millones de dosis que han sido

aplicadas, lo que equivale a 11 dosis cada 100 personas alrededor del mundo. Cada país se ha enfo-

cado en vacunar a grupos denominados “vulnerables”, como personas de 60, 70 y más de 80 años,

aquellas que están en el frente de batalla (médicos y enfermeros), docentes, entre otros (Holder,

2021).

Aunque, por supuesto, este optimismo debe ser matizado con las diferencias que persisten entre las

regiones y el acceso a la vacunación que cada país puede tener. Josh Holder (2021), en un artículo en

The New York Times, nos facilita datos para entender estas diferencias en porcentajes. De mejor a

peor desempeño en la campaña masiva de vacunación, se encuentra, Norteamérica con una tasa de

vacunación del 37 por ciento, Europa con 22 por ciento, Suramérica con 13 por ciento, Asia con 8,3

por ciento, Oceanía con 3,2 por ciento y África con 1 por ciento. Esto implica que un mayor aumento

en la brecha entre economías de altos ingresos con las economías de bajos y medianos ingresos.

Asimismo, existen más laboratorios con capacidad de producir la vacuna, existe una mayor aceptación

de la población a la vacuna, independientemente del laboratorio del que provenga, y la recuperación

económica podría implicar también un crecimiento, modesto, pero crecimiento al fin (FMI, 2021).

No obstante, este crecimiento no alcanzará a cubrir la contracción sufrida en el “año de la pandemia”

y los líderes políticos en América Latina y el Caribe ya han encendido las alarmas de alerta por el cre-

ciente deterioro en las cuentas fiscales de los Estados que se corresponde a un acelerado nivel de

endeudamiento (como contrapartida de las políticas fiscales y monetarias expansivas implementadas

para hacer frente al confinamiento y a la crisis sanitaria) que puede una reconstrucción sostenible y

con equidad (CEPAL, 2021).

Finalmente, las tensiones y desconfianzas quizás sean las que terminen predominando en el tablero

mundial, ya que es la dinámica que vienen ofreciendo las principales potencias desde tiempos pre

pandémicos. Lo que falta por ver es la celeridad de los diferentes gobiernos para llevar a cabo las

negociaciones de las vacunas y la logística interna para que llegue a toda su población.



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Palestina, tierra y demografía: los términos aplicados a los desplazados

Rocío Camerlengo Demmler23

The origin of the conflict is land and people. Mohammad Shtayyeh.

Even though Palestinians can be both diasporic and refugees,

the term embodies the potential to eclipse the legally derived term refugee. Julie Peteet.

En la actualidad, las comunidades palestinas que se encuentran fuera de los Territorios Palestinos es-

tán dispersas por distintas partes del globo. Si bien en su gran mayoría se encuentran en los países

cercanos, también existen diversas comunidades instaladas en otros continentes. La diáspora pales-

tina ha cobrado relevancia ya que sumados a los palestinos que habitan en los Territorios Ocupados y

en Israel, superarían en cantidad a la población israelí.

En este contexto, las comunidades palestinas en el exterior empiezan a tener mayor protagonismo, y

cobra relevancia la manera en que nos referimos a ellas. Por lo general, aplicamos una diversidad de

términos que pertenecen a denominaciones de comunidades desplazadas, pero que en algunos casos

no responden a las particularidades de cada comunidad palestina en el exilio. Es por ello, que en el

presente artículo realizaremos un recorrido histórico acerca del problema palestino-israelí, resaltando

el factor demográfico del mismo, para luego referirnos a las denominaciones que le damos a uno de

los resultados de dicho conflicto, que son las comunidades palestinas fuera de los Territorios Palesti-

nos.

Una vuelta a las bases del conflicto palestino-israelí: el factor demográfico

Con el Caso Dreyfus a finales del siglo XIX en Francia, surgió la inspiración para el nacimiento del sio-

nismo. Su fundador, Theodor Herzl, repetía en los Congresos Sionistas la necesidad del pueblo judío

de contar con un territorio propio donde serían libres de las discriminaciones imperantes en Europa.

Se consideraron varios destinos posibles para su establecimiento, como Argentina en América del Sur

y Uganda en el Continente Africano. Sin embargo, el destino más añorado por los sionistas era Pales-

tina, que se encontraba en manos británicas.

Fue en 1917, a través de la Declaración de Balfour, que se asienta por primera vez en un documento

de estado el apoyo al cumplimiento del principal sueño sionista: el derecho del pueblo judío y el apoyo

del gobierno británico al establecimiento de un “hogar nacional para el pueblo judío en Palestina”

(Tahhnan, 2018). Mediante dicha declaración se despejaron las dudas sobre la locación del nuevo es-

tado judío.

Durante las décadas siguientes, mediante diversas organizaciones y con el apoyo de las comunidades

judías, se fomentó la migración judía a Palestina. A medida que aumentaba la proporción de población

judía crecían también los choques con las poblaciones musulmanas y cristianas locales. La constitución

definitiva de la nación judía fue en 1948 en la ciudad de Tel Aviv.

23 Maestranda en Relaciones Internacionales en Beijing Foreign Language University y en Culturas Árabes y Hebreas en Universidad de

Granada. Magister en Estudios en Asia Oriental por la Universidad de Salamanca. Licenciada en Estudios Orientales por la Universidad del Salvador.



A partir de entonces, dicho pueblo contó con un país en el cual podrían instalarse gracias a la ley israelí

de la Aliyá, que garantizaba el derecho de cualquier judío a obtener la nacionalidad en el nuevo estado.

El asentamiento de nuevos llegados implicó el desplazamiento forzoso de palestinos, que recuerdan

dicho período como nakba o catástrofe.

Desde su nacimiento como estado, Israel participó en varias guerras con los países vecinos. La Guerra

de los Seis Días de 1967, en la que se produjo el mayor éxodo de palestinos después de la nakba, ha

marcado gran parte de los reclamos de fronteras de los palestinos. A poco más de setenta años de la

nakba, la situación palestina no parece tener respiro. A principios de la presidencia de Donald Trump,

el conflicto palestino-israelí ha cobrado vigor por el reconocimiento de los Estados Unidos de América

(EUA) de Jerusalén como la capital israelí y la consecuente mudanza de su embajada a dicha ciudad.

Debido a que desde el lado palestino se reclama a Jerusalén como la capital de un futuro estado pa-

lestino, el anuncio estadounidense desató protestas.

Dicha decisión también contradice la tradición diplomática que los EUA ha mantenido hasta el mo-

mento en los procesos de paz (Erekat, 2018). Unos meses después, el tema volvió a ser noticia por el

anuncio de Trump y el Primer Ministro Israelí Benjamín Netanyahu de un proyecto final para la reso-

lución del conflicto palestino-israelí. Esta propuesta fue anunciada sin consulta previa a la parte pales-

tina y se presentó como el último y mejor acuerdo que se podría alcanzar.

El “Acuerdo del Siglo” fue rechazado por las autoridades palestinas ya que su territorio quedaría ex-

tremadamente fraccionado, con necesidad de pasar por Israel para desplazarse entre sus ciudades.

Por lo tanto, denuncian una estrategia de “ahorcamiento” y mantienen el reclamo de retorno a las

fronteras de 1967, incluyendo Jerusalén Oriental como su capital.

Durante el año pasado, algunos países árabes como Bahrein, Marruecos, Sudán y Emiratos Árabes

Unidos entablaron conversaciones para establecer relaciones diplomáticas con Israel (U.S. Depart-

ment of State, 2020). Este hecho fue también controversial ya que hasta ese momento Egipto y Jor-

dania eran los únicos dos países árabes con los que Israel había establecido relaciones diplomáticas.

La noticia que podría resultar desalentadora no parece desanimar al primer ministro de la Autoridad

Palestina, Mohammad Shtayyeh, que en una entrevista afirmó que la causa palestina puede perder

aliados pero que, aun así, la mayor parte de la comunidad internacional la apoya (Council of Foreign

Relations (CFR), 2020).

Al afirmar que los palestinos tienen una ventaja demográfica en comparación con la población israelí

(CFR, 2020), Shtayyeh colocó el componente demográfico como eje central del conflicto. Sin embargo,

el avance de la construcción de asentamientos en Cisjordania y el continuo bloqueo de Gaza plantea

dudas sobre la voluntad israelí de ceder los territorios ocupados. A su vez, los anuncios producidos

durante los últimos años como el reconocimiento estadounidense de territorios ampliamente sensi-

bles como Jerusalén, o la partición de los territorios palestinos en enclaves rodeados de tierras israe-

líes y sin conexiones entre los mismos, abre más interrogantes que certezas acerca de la futura posi-

bilidad de resolución.

Los términos aplicados a los palestinos desplazados

Al observar que los factores de disputas por la tierra y los demográficos son elementos centrales a la

problemática, y siendo que gran parte de la población originaria vive fuera de los Territorios Palesti-

nos, es que cobra relevancia comprender cómo nos referimos a las comunidades palestinas desplaza-

das.



Para ajustar el análisis dividiremos a la población en tres grupos. Primero, los palestinos que se que-

daron en Israel luego de la nakba y que hoy en día son ciudadanos israelíes (conformando aproxima-

damente 20% de la población del país). Segundo, los palestinos que viven en los territorios de Cisjor-

dania y Gaza. Y tercero, los palestinos que no viven ni en los Territorios Palestinos ni en Israel y que

fueron desplazados a diferentes partes del globo. Nos dedicaremos a una reflexión sobre las denomi-

naciones atribuidas al tercer grupo poblacional.

Cuando recurrimos a bibliografía que hace referencia a las comunidades palestinas fuera de Cisjorda-

nia o Gaza, nos encontramos con una variedad infinita de denominaciones para su referencia. Desde

diáspora a refugiados, siguiendo por minorías a exiliados, e incluso nos encontramos con desplazados

o desposeídos (Schulz Lindholm, 2005, 2, 8-22, 39, 73-75, 221-2; Hammer, 2005, 3; Peteet, 2007, 627-

630).

A su vez, la denominación utilizada depende del campo de estudio y del enfoque utilizado. Lo cierto

es que las comunidades palestinas se encuentran dispersas por gran parte del globo y no forman una

comunidad homogénea. Además, cada comunidad palestina puede ser definida por más de un tér-

mino. Por ejemplo, en el caso de la comunidad en el Líbano, esta puede ser descrita como refugiados,

siendo que gran parte está inscrita en la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina

en Oriente Próximo (UNRWA) , y el término de minoría, ya que pertenecen a un grupo poblacional

menor en comparación a la local y desde su asentamiento han sufrido un estatus social y legal muy

frágil. Por lo cual, no cabe solamente un término y hay que atender a las múltiples instancias de la

realidad palestina en el exilio.

En el caso de la comunidad palestina en el Líbano, los términos de refugiados y minoría pueden apli-

carse atendiendo al enfoque y el contexto del mensaje. Por ende, las comunidades palestinas en el

exterior pueden tener la condición de refugiados y minorías al mismo tiempo, como es el caso de la

comunidad palestina en el Líbano.

Sin embargo, también encontramos otros términos aplicados a las comunidades palestinas desplaza-

das que parecerían poder yuxtaponerse, pero que su uso deriva en dos circunstancias diversas. Quizás

los términos más utilizados para la referencia a los palestinos en el exterior sean los de diáspora y

refugiados, implicando ambos un desplazamiento del lugar de origen, siendo su principal diferencia la

prolongación temporal del exilio.

El término refugiados se aplica a poblaciones desplazadas por conflictos políticos, armados o persecu-

ciones, que hacen que la subsistencia en su residencia de origen sea imposible de sostener (Alto Co-

misionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 2021). Es decir que, el desplazamiento

de refugiados se debe a causas de índoles conflictivas pero cuyo éxodo forzoso tiene la esperanza de

terminar, aunque carezca de una duración fija.

No obstante, el término diáspora puede no implicar un desplazamiento forzado (Peteet, 2007; 630).

Como casos de diásporas permanentes contamos con las chinas ubicadas alrededor del mundo, que

son comunidades organizadas y que, a su vez, mantienen lazos con su lugar de origen. Es decir que el

término refugiado se aplica mayormente a desplazamientos que son o parecerían ser temporales y

que son causa de un conflicto. Mientras que el origen de las diásporas puede tener causas no negati-

vas, su duración es más prolongada y puede no tener final.

Reflexiones finales

Por lo expuesto, concordamos con la posición de Julie Peteet que sostiene que la utilización del tér-

mino diáspora a la población palestina desplazada puede resultar ligera e incompleta, ya que no re-

presenta la complejidad del caso palestino (2007, 643). El término refugiado abarca la posibilidad de



un regreso, un retorno a la tierra arrebatada, pero el término diáspora implica un asentamiento dura-

dero, que puede tener reminiscencias a una cultura particular y ser ajeno o estar desconectado par-

cialmente al asentamiento de destino.

Sin embargo, el regreso al lugar de origen no implicaría el fin de la diáspora. En palabras de Julie Pe-

teet: “El regreso no evitaría la diáspora. (…). Los armenios y los judíos son los principales ejemplos de

que el regreso no significarían el fin de la diáspora24.” (Peteet, 2007, p. 643). Por lo tanto, la aplicación

de términos a las comunidades palestinas desplazadas puede ser múltiple, pero debe responder a las

condiciones reales de las comunidades referenciadas.

Establecer referencias ligeras acerca de las comunidades palestinas en el exilio puede pasar por alto

sus particularidades, y es por ello por lo que, cuando atendemos al caso de las comunidades palesti-

nas, debemos tener en cuenta los aspectos característicos de cada una al referenciarlas.

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24 Traducción propia.

http://www.plo.ps/en/article/80/Forget-Trump%E2%80%99s-US-as-the-Mideast%E2%80%99s-MediatorBy-Saeb-Erekat

http://www.plo.ps/en/article/80/Forget-Trump%E2%80%99s-US-as-the-Mideast%E2%80%99s-MediatorBy-Saeb-Erekat

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https://www.state.gov/the-abraham-accords/

https://www.state.gov/the-abraham-accords/



Biden y las perspectivas ante el desafío chino

Follis, Emanuel25 y Silva, Carolina26

Herencia Obama

El presidente de Estados Unidos Joe Biden, quien inauguró su mandato el 20 de enero de 2021, ha

heredado una situación extremadamente diferente a la que le había tocado vivir en su período de

vicepresidente del gobierno de Barack Obama. La política hacia China durante el gobierno de Obama

se apuntaba a una relación constructiva, en la cual el éxito de los EUA se entendía como directamente

relacionado al crecimiento económico de China, lo que conllevaba como contrapartida que el gigante

asiático adoptara valores estadounidenses a cambio (Esteban, 2020). Sin embargo, ya para aquellos

años, en el seno del Partido Demócrata estadounidense existían de forma latente posturas que no

miraban de buenos ojos esta política de compromiso hacia China (Campbell y Ratner, 2018).

Si como vicepresidente las relaciones diplomáticas de los EUA hacia el mundo eran las que predomi-

naban, al asumir la presidencia se encuentra con un país que apuntó al proteccionismo con una polí-

tica exterior errática, de endurecimiento de las relaciones bilaterales y de alejamiento de las relacio-

nes multilaterales (Campbell y Ratner, 2018). Basándose, la política exterior de los años previos a su

mandato, en la figura del presidente y en su búsqueda de generar respeto tanto en sus aliados como

en sus adversarios (Wolf, 2017).

Herencia Trump

Con el gobierno de Trump, en cambio, se vivió un profundo deterioro de la relación bilateral ya que

designó a China como la amenaza a la que se tenía que hacer frente a toda costa para la sobrevivencia

de EUA como potencia global. En otras palabras, no entendía a Beijing como una amenaza militar sino

de tipo económica.

Entre las medidas que se heredaron del gobierno trumpista en lo económico se encuentra la elevación

de los derechos aduaneros a diversos productos chinos. En cambio, con respecto a la batalla por el

conocimiento, en un intento de frenar el progreso de China, se impuso el veto a la venta de tecnología

a empresas chinas. Esta medida no solo incluye a empresas estadounidenses sino también a aquellas

de terceros países que utilizaran, en cualquier etapa de su proceso, productos provenientes de Esta-

dos Unidos. Estas tecnologías incluyen, como indica Klare (2021), a programas y microchips. Hay que

tener en cuenta que en estos últimos el país norteamericano aún es puntero y son necesarios para el

desarrollo de la red 5G. Al mismo tiempo se avanzó con políticas que apuntaban a impedir la compra

por parte de empresas chinas a las tecnológicas estadounidenses.

El estado de forma de China que se encuentra Biden al asumir no es de los más tranquilizadores para

los EUA. Así lo demuestra Klare (2021) al analizar los aspectos económicos, militares, científicos, tec-

nológicos, diplomáticos y financieros. La economía china es la segunda a nivel global y sigue de cerca

a la estadounidense, pero con un crecimiento que le permitiría ponerse a la delantera en los próximos

años, siendo de hecho la única economía en crecer en el segundo semestre de 2020. También ocupa

el podio en cuanto a volumen y arsenal del ejército, segunda solo al mismo EUA. Sin embargo, ha-

blando estrictamente de su zona de influencia, es incluso mayor. Respecto a los avances científicos,

25 Estudiante avanzado de Lic. en Ciencia Política. Miembro del Grupo Jóvenes Investigadores (IRI, UNLP)

26 Estudiante avanzada de Lic. en Relaciones Internacionales. Miembro del Grupo Jóvenes Investigadores (IRI, UNLP)



podemos citar el ejemplo de la vacuna con la COVID-19. En lo tecnológico, un caso ejemplar es el

desarrollo de la red 5G por parte de China. La influencia diplomática del país asiático es demostrada

por el creciente número de países que dejan de reconocer como Estado-Nación a Taiwán y empiezan

a reconocer a China. Finalmente, su poder en las finanzas internacionales se demuestra en que es el

mayor prestamista de los países en desarrollo.

Es debido también al poderío militar que se menciona en el párrafo anterior que en 2018 el Secretario

de Defensa de los EUA de por aquel entonces, Jim Mattis, publicó una doctrina militar llamada “Con-

currencia de grandes potencias” en la que se planificaba que el país debía retirarse de la lucha contra

el terrorismo islamista y preparar sus tropas en la contra de los ejércitos de China y Rusia.

La carrera tecnológica, sumada a la carrera belicista, parece haber llevado según autores como Klare

(2021) a una situación muy similar a la Guerra Fría debido a que ambas potencias se confrontan en el

desarrollo de armamentos para garantizar la primacía sobre el otro.

Finalmente, entre las herencias militares más importantes para el gobierno de Biden se encuentra la

creación de un acuerdo llamado “the Quad”, o Cuadrilateral en español, en conjunto con India, Japón

y Australia con el objetivo de estrechar sus vínculos militares y colaborar con la venta de armas esta-

dounidenses a estos países para “contener” de alguna manera al poderío chino (Agrawal, 2020).

Perspectiva futura

Las perspectivas esperanzadoras sobre la política de Biden hacia China que distintos analistas profe-

saban, luego de un mes de gobierno demócrata, han quedado lejos. De hecho, ya quedaron atrás

aquellas palabras del presidente de los EUA que decían no ver al país asiático como como un problema

relevante para los EUA (Sonmez, 2019). Ni siquiera acertaron aquellas perspectivas que preveían una

estrategia donde EUA retrocediera parcialmente con el confrontacionismo y que combinara “elemen-

tos de contención, un desacoplamiento selectivo, y de cooperación, especialmente en la lucha contra

la COVID-19, el cambio climático y la proliferación de armas de destrucción masiva” (Esteban, 2020,

p. 7). En pocas semanas el tono del presidente norteamericano se elevó y marcó al país asiático como

la mayor amenaza para los EUA (Biden, 2020) firmando, ya en su mandato, un decreto para reforzar

las cadenas de suministros de los EUA para revertir su dependencia de China (Sánchez Vallejo, 2021).

En el primer encuentro de alto nivel entre la nueva administración estadounidense y el gobierno chino

a mediados del mes de marzo 2021 en Anchorage, en el estado de Alaska, EUA marcó claramente sus

intenciones al tomar la palabra el secretario de Estado, Antony Blinken declarando que “vamos a dis-

cutir nuestras profundas preocupaciones con las acciones de China, incluso en Xinjiang, Hong Kong,

Taiwán, los ataques cibernéticos contra Estados Unidos, la coerción económica de nuestros aliados”

(Amaya, 2021).

Esto implica un punto de continuidad con la política del ex presidente Trump, dado que la separación

económica y tecnológica parecen estar más impulsada que nunca. Sin embargo, “no significa que Joe

Biden vaya a limitarse a seguir una política continuista hacia China” (Esteban, 2020, p. 2). Hay un cam-

bio importante con respecto al resto de la política exterior de los EUA en cuanto que busca un rein-

greso a posiciones de poder en aquellas organizaciones que la administración anterior se había ocu-

pado de desacreditar. Si bien este intento podría llegar demasiado tarde, se pretende generar nueva-

mente lazos positivos con sus aliados históricos que durante los últimos 4 años se habían distanciado

a favor de una relación más conveniente y pragmática en los organismos internacionales donde China

ganó terreno (Propper, 2020). Por otro lado, en el discurso de Anchorage de Blinken, se encuentra una

nueva arista de la estrategia estadounidense y esta es apoyarse en la defensa de los derechos huma-

nos para desacreditar a China, de hecho, al hablar de la región noroccidental china de Xinjiang lo que

hace es acusar al gobierno comunista de avanzar contra la minoría uigur de religión musulmana.



El cambio que se está vislumbrando en la política exterior de los EUA, al atraer nuevamente la simpatía

occidental y al enfrentarse a China, es la transformación de la estrategia. Hay una comprensión por

parte de la actual administración que los EUA, al haber apuntado a la guerra comercial con China,

únicamente logró que los otros países busquen el mejor trato, encontrándolo en el país asiático y

quedado solos. Ahora, con una China cada día más fuerte, la administración Biden intenta una nueva

estrategia que es tal vez la última chance de los EUA para mantener su status a nivel global y que

consiste en convocar a los países democráticos del globo en una cruzada contra los autoritarismos,

empezando por China (Pontijas Calderón, 2020). Siguiendo el autor Pontijas Calderón (2020), no ne-

cesariamente EUA obtendrá el apoyo del resto de los Estados democráticos o no necesariamente

acepten el liderazgo de EUA, existiendo entonces la posibilidad de que se ponga fin realmente a la

predominancia estadounidense que marcó el escenario internacional desde la Guerra Fría.

Con respecto a lo militar encontramos en Biden continuidades con respecto a su predecesor. Si bien

el mandato de Mattis fue relativamente breve se sigue, en cierta medida, la doctrina por él publicada.

Esto se refleja en eventos recientes como en la escalada de tensión en la cuestión de Ucrania contra

Rusia, en las provocaciones siempre mayores a China con la cuestión de Taiwán o en la retirada de

tropas de Afganistán.

En el caso taiwanés, la última confirmación del continuismo en la política exterior de EUA fue la re-

ciente reunión de alto perfil no oficial de importantes personalidades políticas estadounidenses en

Taiwán. Uno de los tres exponentes que participaron de la reunión, el exsenador Chris Dodd se ex-

presó a favor de que Biden ayude a Taiwán a ampliar sus horizontes en el espacio internacional y su

material de defensa. En sus declaraciones implica directamente al presidente de los EUA como el or-

ganizador de la reunión: "Estoy aquí a petición de mi viejo amigo el presidente (Joe) Biden. Estoy se-

guro de que esta administración les ayudará a ampliar su espacio internacional y a apoyar sus inver-

siones en materia de autodefensa" (Dodd, 2021).

Otros síntomas de esta continuidad se encuentran en la presencia del embajador de EUA en Palaos en

la comitiva oficial del presidente de este último país en visita en Taiwán, representando este hecho la

primera visita de un embajador estadounidense en la isla en más de 40 años (Ríos, 2021).

Con respecto al Quad no solo fue una prioridad para la política exterior de la administración Trump,

sino que lo sigue siendo con el nuevo Gobierno que apostó fuertemente a él en la primera reunión del

Cuadrilateral en marzo de este año (Mattis et al., 2021).

Conclusión

La herencia más grande de Trump para el futuro de la política exterior estadounidense es el conti-

nuismo en el endurecimiento de la política hacia China (Esteban, 2020). Biden adoptó este nuevo con-

senso bipartidista, pero ajustado a las formas de su gobierno con “formas diplomáticas más concilia-

doras y acompañada de un mayor énfasis en las alianzas y partenariados, así como reduciendo la cris-

pación y aumentando su liderazgo en las instituciones y organismos internacionales” (Pontijas Calde-

rón, 2020, p. 11), así como con el abandono de la mentalidad de Guerra Fría que podría llevar a pro-

vocar una catástrofe entre los países como podría ser una intervención militar en el estrecho de Tai-

wán (Campbell y Sullivan, 2019).

Sin embargo, hay que considerar para el bien de la estabilidad global que:

Biden deberá primero superar las herencias desestabilizadoras de su predecesor. Esto

significa sobre todo que deberá reducir las tarifas aduaneras y las barreras tecnológi-

cas punitivas y autodestructoras, ralentizar la carrera de armamentos con China y



abandonar los esfuerzos para rodear al continente con una red hostil de alianzas mi-

litares. Sin esto, se corre el riesgo de hacer prácticamente imposible ningún progreso,

cualquiera que sea, y el mundo del siglo XXI podría encontrarse arrastrado a una gue-

rra fría aún más insalvable que la que dominó la segunda mitad del siglo pasado. Si

ocurre así, y Dios nos guarde, podríamos encontrarnos ante una guerra nuclear o una

versión climática de esta en un planeta en delicuescencia. (Klare, 2021, pp. 8)

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La posición de China frente al golpe de Estado en Myanmar

María Florencia Shqueitzer27*

¿Qué sucedió en Myanmar? Poder formal vs. poder real

El mes de febrero de 2021 se inició con la noticia de lo que ha sido considerado por la comunidad

internacional como un golpe de Estado en Myanmar, en el momento en que debía producirse la pri-

mera sesión del Parlamento. El ejército, liderado por Min Aung Hlaing derrocó al gobierno civil, presi-

dido por Aung San Suu Kyi, premio nobel de la paz y gobernante electa desde el año 2015. Asimismo,

los militares han declarado el estado de emergencia por un periodo de un año, quebrando el statu

quo imperante hasta entonces.

Para comprender mejor lo que sucede en Myanmar es necesario retornar al pasado y revisar la histo-

ria. Observaremos, entonces, que el control político por parte del ejército no es una novedad. Antes

de la elección de Aung San Suu Kyi y su partido, la Liga Nacional de la Democracia (LND) en 2015, el

Estado vivió casi 50 años de gobiernos liderados por militares opresivos, lo que nos remite a la noción

de un autoritarismo implantado en el país. Ya en el año 1962 cuando fuerzas militares tomaron el

poder, desplazando al gobierno de U Nu, podemos rastrear un antecedente del presente proceso,

dado que es a partir de ese momento en que los militares ejercieron el gobierno del país birmano.

Debemos tener en cuenta que, a pesar de la elección considerada como democrática seis años atrás,

el detrás de escena de la política siempre ha sido manejado por el ejército. Ello podemos fundamen-

tarlo en el hecho de que la constitución de Myanmar, la cual data del año 2008, le garantiza una cuarta

parte de los escaños en el Parlamento, así como el control de los ministerios más importantes del país:

Asuntos Internos, Defensa y Asuntos Fronterizos.

Entonces, podemos apreciar que la milicia nunca dejó de tener control sobre el gobierno, al menos

tras bastidores, generando una brecha entre el poder formal y el poder real. De este modo, han lle-

vado las riendas del país, incluso en contexto de elecciones, como señala el especialista Ezequiel Ra-

moneda,

A diferencia de lo que se puede entender desde Occidente, el proceso de la transición

democrática no fue impulsado principalmente por las fuerzas civiles, sino que fue en-

cauzado fundamentalmente por las fuerzas militares, para lograr una democracia que

lejos está de ser liberal, más bien descrita como una “floreciente democracia discipli-

nada” según la constitución de 2008. (Ramoneda, 2021).

Frente a lo expuesto, la monotonía de control autoritario ha sido desafiada por la figura de Aung San

Suu Kyi, hija de quien ha sido considerado como el padre de la Patria, Aung San. Ella fue quien organizó

movilizaciones en pos de una reforma hacia la democracia y las elecciones libres. Ya en 1990, cuando

los militares llamaron a la realización de elecciones, el triunfo del partido Liga Nacional por la Demo-

cracia frente al partido apoyado por los militares, le valió la prisión domiciliaria hasta el año 2010.

En las elecciones del año 2015, Aung San Suu Kyi, tras haber terminado su prisión domiciliaria, obtiene

una nueva victoria con su partido, desafiando al enquistado sistema autoritario. Sin embargo, como

27 Licenciada en Ciencia Política y Relaciones Internacionales.



la Constitución establece ciertos requisitos para gobernar, y uno de ellos es que los hijos del gober-

nante deben ser nacidos en el país, al tener dos hijos de nacionalidad inglesa, Aung San debió ocupar

el cargo de Consejera de Estado, siendo elegido presidente U Win Myint.

La mayor crítica que ha recibido la administración de Aung San ha sido en relación con la cuestión

Rohingya. Este pueblo es una minoría étnica de creencia musulmana que ha debido afrontar la viola-

ción sistemática de sus derechos humanos, debiendo huir a Bangladesh debido a la persecución mili-

tar. Según datos provistos por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (AC-

NUR), al menos 723.000 rohingyas tuvieron que escapar hacia Bangladesh desde mediados de 2017

(Linietsky y Daniel Wizenberg, 2021). Los críticos esgrimen que Suu Kyi no ha hecho lo suficiente para

condenar a los militares frente a dicha violación de derechos, actualmente enfrentando un juicio por

genocidio en la Corte Internacional de Justicia.

Las elecciones de 2020 arrojaron nuevamente un resultado positivo para Aung San, obteniendo asi-

mismo una mayoría parlamentaria frente a los militares. Frente a ello, hubo denuncias de fraude para

desacreditar la victoria electoral y poder anular las elecciones. A esto se sumó el arresto de las auto-

ridades electas por parte de fuerzas del ejército. El poder entonces ha pasado a recaer sobre el Co-

mandante en Jefe de las Fuerzas Armadas Min Aung Hlaing, mientras que la población civil ha comen-

zado a manifestarse primeramente de forma pacífica frente a estos hechos.

Sin embargo, las movilizaciones han llevado a respuestas basadas en la represión por parte de los

militares, lo cual no ha estado ajeno a incidentes. En línea con ello, en el día 28 de febrero del año

2021 las manifestaciones han generado como respuesta represiones que han llevado a un saldo de

alrededor de 18 muertos por disparos de la policía, conforme datos provistos por la oficina de dere-

chos humanos de Naciones Unidas (BBC News Mundo, 2021).

A nivel internacional, diferentes países se han manifestado frente a la situación general. Algunos, de

forma más explícita, como Estados Unidos, han condenado el accionar anti-democrático de las fuerzas

militares. Por otro lado, estados como China, han decidido mantener una postura un tanto más alejada

y menos marcada, evitando condenar el golpe de Estado como tal.

De este modo, una consecuencia para Myanmar podría ser que llegase a convertirse en un Estado

paria en el escenario internacional, como proyectan varios analistas, entre ellos, el subdirector de

Human Rights Watch (HRW) en Asia, Phil Robertson (Drury, 2021).

Posición de China

Para comprender cuál ha sido la postura de China ante los acontecimientos en Myanmar, debemos

indagar en los intereses geopolíticos y económicos del gigante asiático. Es preciso destacar que, en el

año 2017, China invitó a diferentes países a unirse a la iniciativa de Belt and Road.

En línea con ello, Myanmar se constituye como una pieza importante para China, dado que se espera

construir en sus costas un puerto para acceder de manera directa al mar Índico, acompañado de un

oleoducto que permitiría importar crudo a menores precios. El Corredor Económico China-Myanmar

seguiría esta política, a pesar de que Beijing propuso con anterioridad a Myanmar unos 38 proyectos

que no lograron concluirse con la velocidad esperada. (Linietsky y Daniel Wizenberg, 2021).

China posee, entonces, tanto intereses económicos como geopolíticos con respecto a Myanmar, lo

cual incide en la postura frente a los acontecimientos desarrollados. En relación con ello,

La República Popular de China y Myanmar se han inscrito en una relación de coope-

ración muy estrecha. Algunos estudiosos incluso aseveran que el apoyo de Beijing al

régimen birmano tiene exclusivamente una racionalidad económica, en donde la



cooperación y la construcción de la infraestructura se ven como la única manera de

mejorar el nivel de vida de las poblaciones locales y mantener la estabilidad en esta

zona (Seekins, 1997, en Patiño Orozco, 2017).

Frente a los hechos acontecidos en febrero, China evitó condenar de forma directa lo ocurrido en el

país, tomando distancia de la aseveración sobre la existencia de un golpe de Estado, línea seguida por

Estados Unidos, limitándose a pedir estabilidad. En relación con ello, podemos destacar las declara-

ciones del ministro de relaciones exteriores Wang Wenbin, quien aseguró que “China y Myanmar son

buenos vecinos. Esperamos que todas las partes puedan resolver sus diferencias dentro del marco de

la Constitución y la ley, salvaguardando la estabilidad política y social” (Linietsky y Daniel Wizenberg,

2021).

En este sentido, frente a la posición de Reino Unido, o la Unión Europea, los que han rechazado el

golpe de Estado, China prefirió sostener una postura equidistante. Por su parte, la Casa Blanca, asu-

miendo su postura tradicional de defensa al sistema democrático, ha instado al ejército a “dar marcha

atrás en sus acciones de manera inmediata” y ha amenazado con tomar medidas contra los responsa-

bles. Sin embargo, Biden ha evitado calificar el hecho como un golpe, lo cual implicaría medidas uni-

laterales. Fiel al perfil esbozado en campaña, ha optado por inclinarse hacia acciones multilaterales y

consensuales (Vidal Liy, 2021).

Podemos preguntarnos, entonces, ¿qué consecuencias ha tenido la postura que ha decidido mantener

China respecto a los acontecimientos en Myanmar? Teniendo en cuenta que ha sido el principal in-

versor y socio económico del Estado, además de los proyectos que tiene en vista en relación con la

Ruta de la Seda, es entendible que haya optado por mantener una postura imparcial. Siendo que el

poder real en Birmania nunca ha dejado de estar bajo el ejército, condenar la situación actual impli-

caría que las relaciones y el intercambio entre ambos podría verse afectado. Por ello, se ha limitado a

realizar un llamamiento a la estabilidad.

Debemos, además, considerar que las inversiones chinas representan el 25% del total de inversiones

extranjeras en Myanmar. Asimismo, Beijing ha mantenido buenas relaciones tanto con el gobierno

civil de Aung San Suu Kyi como con los sectores militares, con los que los vínculos se retrotraen a los

tiempos de aislamiento internacional de Myanmar (Vidal Liy, 2021).

Estos hechos nos demuestran que la influencia china sobre Myanmar es independiente de quién esté

en el poder. Por lo cual, podemos observar que el gigante asiático privilegia sus propios intereses

frente a la situación política interna del Estado. El ser importador de productos como gas y petróleo

lleva a que China vea a Myanmar como una pieza importante con la que relacionarse de forma eco-

nómica, privilegiando la importancia estratégica y la conveniente relación costo-beneficio.

Este panorama ha tenido como resultado el hecho de que en el Consejo de Seguridad no se alcanzara

un acuerdo respecto a Myanmar, puesto que China ha mostrado una postura diferente a la de los

demás miembros permanentes. Como se ha desarrollado anteriormente, en lugar de rechazar abier-

tamente la situación, ha establecido que la cuestión debía resolverse considerando "sus desacuerdos

en el marco de la Constitución y de las leyes", es decir, como un asunto interno del país (La Nación,

2021). Ello ha impedido el poder adoptar una resolución de condena por parte del Consejo de Seguri-

dad de Naciones Unidas al golpe de Estado militar en Myanmar.

Habiendo esbozado la postura del gigante asiático frente a la situación de Myanmar, y proyectándose,

asimismo una división en la postura de la comunidad internacional cabe preguntarnos, ¿cuál será el

desenlace de esta álgida situación?

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La administración de la desconfianza

Santiago Yarcho Coscarelli 28*

Sin perjuicio del inquilino de turno en el despacho oval, la política estadounidense se encuentra en un

estado generalizado de incertidumbre y desconfianza que se propaga lenta, pero constantemente a

partir de las décadas de los 70´s y 80´s. A través de estos años, coronados por el término de la guerra

fría, se dieron una serie de procesos a nivel social, político y económico que, aún después de que

Estados Unidos se elevare al status de súper potencia única, tuvieron un costo que se proyectaría con

creciente intensidad una vez evaporado el triunfalismo de los 90´s. Pese a los esfuerzos intelectuales

de los think tanks en conceptualizar un “Nuevo Siglo Estadounidense”, el hegemón solitario atravesó

grandes desafíos, los cuales no siempre se debieron a actores ajenos, sino que tuvieron su origen en

la impericia de sus propios decisores. Podemos nombrar rápidamente entre estos desafíos a las impo-

pulares guerras e intervenciones en el extranjero, la crisis financiera del 2008 y la creciente influencia

de potencias revisionistas del orden mundial occidental. En un contexto de globalización acelerada,

donde los sistemas nacionales e internacionales funcionan en una sintonía cada vez mayor, esta im-

pericia tuvo sus repercusiones en la política interna, dando como resultado una ciudadanía fragmen-

tada, ya sea a causa de la creciente fractura social, donde se comenzó a vislumbrar una temida narra-

tiva clasista y el deterioro de las condiciones de vida de trabajadores de cuello azul frente al avance

de la transnacionalización de la economía; así como por el auge de movimientos contestatarios por

derecha e izquierda al orden establecido.

El clima de época que permea la actualidad es uno de desconfianza: desconfianza en la economía, en

la política, en las instituciones. Dos de los grandes perjudicados por esta desconfianza fueron los gran-

des partidos políticos, en específico sus élites, quienes debieron afrontar toda una serie de nuevos

clivajes a partir de los cuales orientar la oferta electoral. Al interior del Partido Republicano, la elección

de Donald Trump en el 2016 fue sintomática del estado de la situación: Trump propuso una adminis-

tración de esta desconfianza, o bien lo que podríamos denominar como la consagración política de la

insatisfacción que experimentaba (y experimenta) un sector determinado de la sociedad que viene

observando el desmoronamiento de las grandes narrativas sobre las cuales se estructuran los funda-

mentos de la política, la vida pública y el contrato social norteamericanos: el excepcionalismo, la he-

gemonía, la calidad de vida, la movilidad social ascendente, el grado en que los sectores confesionales

deberían incidir en la vida pública, entre otros.

Frente a estas demandas es que Trump ofreció un “estilo político espectacular” (Fraser, 2019; Busso

2020) basado tanto en la explotación de las fuerzas profundas “amenazadas” como en la interpreta-

ción de la coyuntura desfavorable que se ha descrito con anterioridad. La conceptualización del pro-

yecto como una cuestión de “estilo” es relevante, ya que el presidente saliente utilizó su carácter

disruptivo como eje para galvanizar en torno a su figura a un electorado disperso tanto en el seno del

Partido Republicano, donde con anterioridad se venían expresando tendencias cada vez más conser-

vadoras, como aquellos trabajadores desencantados con la pauperización de las condiciones de vida

(que no formaban parte del voto republicano sino que en gran parte se desplazaron desde las eleccio-

nes de Obama, profundizando la sangría durante la candidatura de Hillary Clinton), a la vez que legi-

timó a sectores de ultra derecha, xenófobos y racistas.

Si bien el proyecto trumpista propone un carácter nostálgico (Make America Great Again), en los he-

chos procuró empujar a las fuerzas conservadoras de la política en base a su propia reinterpretación

28 Abogado y Procurador



del contrato social para la etapa post hegemónica de los Estados Unidos: la administración de la des-

confianza. Con Donald Trump, el Estado pasa a ser la principal fuerza que impulsa el descreimiento

hacia un “afuera” social – político que actúa como válvula de escape para las tensiones de una socie-

dad cada vez más escéptica y polarizada: los migrantes latinoamericanos, la extrema izquierda, la

“ideología de género”, el multilateralismo, las organizaciones internacionales, China y “el virus chino”.

Todas estas fuerzas y actores se han aprovechado de Estados Unidos hasta la llegada de Trump, quien

se erige como el protector de lo “propio”, lo auténticamente estadounidense, basado en concepciones

maniqueas del nacionalismo y la tradición. Sería equivocado caracterizar a esta situación como un

estado proto – fascista, pero sí puede indicarse que la institucionalidad se deja en un segundo plano

para operar con una lógica mucho más visceral y muchas veces reñida con los mecanismos institucio-

nales, que algunos analistas como R. Hass (2021) califican a Trump como un “violador serial de nor-

mas”. Dicha lógica, que configura el sustrato del pacto social en la era Trump, actúa en dos frentes:

hacia su base de apoyo, reivindicando posturas vinculadas al libertarianismo (como la portación de

armas o la libertad de circulación frente al lockdown), lo que legitima ampliamente a sus seguidores

más radicales que encuentran poca o ninguna oposición desde el Estado; y hacia el afuera, mediante

la ya mencionada administración de la desconfianza.

En este contexto, la gestión de la pandemia del Covid – 19 implicó un error espectacular para una

administración espectacular y permitió ver en acción varios de los principios de la política en la era

Trump.

La relación de suma cero que se propuso entre la política interna y la política exterior, ya que la admi-

nistración de la desconfianza se encontró en los dos ámbitos y el uno estuvo inextricablemente unido

al otro: se descuidaron deliberadamente la política externa y las alianzas bajo la premisa de que lo

primordial era atender al frente interno. Pero atenderlo mediante el estilo político de Trump ocasionó

el “backfire”, sobreactuó su libertarianismo y la desconfianza (hacia China, la OMS, la letalidad del

virus, las recomendaciones de los expertos) y no fue capaz de modificar su manera de gobernar a

través de válvulas de escape o chivos expiatorios a tiempo para evitar el costo político. En ese con-

texto, la única gestión posible hubiera sido una administración omnicomprensiva de los reclamos de

una ciudadanía en creciente estado de movilización. Por el contrario, en el momento de la pandemia,

la propuesta de Trump fue receptada pero también exacerbada recíprocamente por su base de apoyo

que se continuó radicalizando, erigiéndose como un actor que progresivamente adquirió característi-

cas propias y específicas al interior de su partido. En las elecciones del 2020, el establishment político

intentó retrotraer la situación al statu quo anterior, y aunque parte de la élite del Partido Republicano

resintió activamente de Trump, en los hechos el suyo se convirtió en el proyecto hegemónico al inte-

rior del partido (aunque esta situación se fue deteriorando gracias a la conducta del presidente luego

de las elecciones, en especial tras el asalto al capitolio de sus partidarios).

Puede que ambos partidos estén en crisis si nos referimos a las ideologías o identidades partidarias

otrora dominantes, surgiendo en su interior corrientes nuevas o agendas más radicalizadas. Sin em-

bargo, el sistema institucional y partidario fue efectivo para encorsetar estas discusiones y hacer que

necesariamente se dirimieran al interior de las dos grandes formaciones: republicanos y demócratas.

Incluso ante los desafortunados hechos del 6 de enero la condena fue inmediata, vigorosa y transver-

sal a ambos partidos. En un contexto de crisis política, los partidos respondieron, pero no por ello se

debe perder de vista que la situación actual fue precedida por una crisis de partidos que la habilitó, y

más específicamente de las élites dominantes en dichas formaciones, quienes representan clivajes

que de hace unos años a esta parte han sido reemplazados. Las nuevas demandas encontraron voce-

ros (como hemos visto en el caso de Trump, incluso convirtiéndose en la narrativa dominante al inte-

rior de los Republicanos), pero hay condicionantes estructurales que son tanto o más importantes

para la configuración de la oferta electoral que la identificación o la confianza de los electores en sus



candidatos. Al interior del Partido Demócrata, esta pugna entre lo posible y lo deseable, si tomamos

el argumento de la izquierda según Iber (2019), que los votantes demócratas son más progresistas

que sus representantes, terminó por decantar en el triunfo de Biden frente a Sanders, lo cual requirió

de la unificación de todo el establishment y los candidatos centristas detrás de su candidatura. En este

punto, lo destacable es como ciertas cuestiones de la agenda progresista comenzaron a permear entre

las prioridades del centro como el Green New Deal, o la política económica expansiva para contrarres-

tar la recesión ocasionada por la pandemia. Queda por ver si el influjo excepcional de la pandemia, así

como el empuje de los movimientos sociales es capaz de generar un diálogo entre el cada vez más

amplio arco que se aloja en el interior del Partido Demócrata. Aunque en tanto “lo nuevo no termine

por nacer”, el riesgo de una profundización en la anomia intrapartidaria es real.

A fin de cuentas, gran parte de los nuevos movimientos sociales reflejaron en modo opuesto algunos

de los clivajes que estructuran la base de apoyo de Trump (localización demográfica y geográfica,

edad, raza, género), en lo cual también corren el riesgo de superponerse con los “liberales” que no

tienen problemas con la agenda progresista pero sí con la distribucionista. Las internas demócratas

dejaron en claro que el principal debate para estos nuevos actores es qué táctica adoptar frente al

corset institucional, ante la posibilidad cierta de seguir compitiendo con el establishment en forma

despareja y con menos recursos corriendo el riesgo de ser derrotados crónicamente y “normalizados”

(tal y como fue la crítica de los DSA - Demócratas Socialistas para desmarcarse de la candidatura de

Biden) mientras que el Partido no se despegue de su orientación neoliberal – progresista aún vigente,

aunque con la posibilidad de influenciar en la agenda y evitar la aventura de un tercer partido con

pocas chances.

¿Es posible para estos nuevos actores como los movimientos socialistas abrir cauces de representa-

ción? es indudable que han tenido influencia en el sentido de encarnar debates y propuestas prácti-

camente inexistentes en Estados Unidos que anteriormente hubieran sido ampliamente vilipendiadas,

por no mencionar el caudal de la movilización callejera y la interpelación entre jóvenes y desencanta-

dos por la política tradicional; pero la cuestión se vuelve más compleja si analizamos la manera en que

estos cauces se materializan en el juego político –institucional y los obstáculos que se encuentran en

este punto (calado generacional, alcance geográfico y demográfico, cobertura mediática, financiación,

la existencia de élites establecidas y reaccionarias). Esta dinámica requiere para tener éxito una forma

de interpelar al electorado moderado al interior de los demócratas, algo que no parece estar en los

cálculos de la izquierda, máxime en cuanto algunos de los sectores más radicalizados han elegido se-

gregarse del partido antes que apoyar a Biden o bien optar por tácticas comunicacionales que resultan

irritantes para el resto de los votantes (como los denominados “Bernie Bros”). Y en aras de evitar la

confusión, es preciso aclarar la diferencia entre movimientos sociales y movimientos socialistas: en

plena época de convulsión racial, uno de los puntos débiles de la campaña de Sanders fue conseguir

el voto de la comunidad afroamericana, que venía protagonizando uno de los movimientos sociales

más vigorosos de los últimos tiempos, pero a la hora de acudir a las urnas eligió mayoritariamente a

Joe Biden y continuó gravitando hacia el liderazgo de Barack Obama (Karp, 2020).

En un contexto tan convulsionado, podría decirse que varios de los incentivos para los movimientos

de izquierda para incidir con mayor asertividad en la esfera pública no fueron brindados por el Partido

Demócrata si no por el propio Trump y su base de apoyo. Ambos constituyen fenómenos contempo-

ráneos que, en lo profundo, están íntimamente relacionados: ambos son producto de un descontento

generalizado de los desaventajados ante las transformaciones de la sociedad, la economía y la política

norteamericana del siglo XXI. Trump les dió visibilidad señalando como parte de la izquierda a grandes

sectores que no necesariamente levantaban las reivindicaciones de los socialistas o los social demó-

cratas (al menos no en su totalidad), dándoles de esta forma una representación efectiva de colectivos



desaventajados que encontraron en el seno del propio Estado al contrincante, un Estado que abierta-

mente desconfía, ataca y segrega, a medida que se radicaliza en torno a posturas ultraconservadoras

frente a las cuales ciertas cuestiones como el uso de mascarillas comenzaron a parecer, lejos de una

agenda radical, cuestiones de sentido común. Pero esto también funcionó para amalgamar a los De-

mócratas en contraposición de una antítesis mucho mayor que el clivaje socialdemócrata – capitalista

que potencialmente divide a los socialistas de los liberales, brindando una motivación para la “norma-

lización” de los socialistas al interior del partido a fines de derrotar a Trump, lo que en los hechos

terminó sucediendo.

Es improbable que Biden recepte abiertamente la agenda de los socialistas, sin embargo, en tanto no

se aboque a reformar en profundidad o atacar las causas que provocaron el surgimiento de estos

movimientos que pusieron en jaque al sistema partidario, es posible que termine por fortalecerlos, en

tanto las bases de apoyo de Trump y Sanders continuarán activas y movilizadas. Sin embargo, Biden

cuenta con una oportunidad excepcional y esta es la persistencia de la pandemia del Covid – 19. En

esta ocasión, medidas excepcionales para el ideario neoliberal (ya sea progresista o conservador) no

sólo son aceptadas, sino que resultan urgentes. Biden puede reconstituir la confianza en el sistema

partidario, la cuestión es si esto será suficiente para reunir la voluntad y el capital político necesario

para llevar adelante estas reformas. Para esto se requerirá traer a la discusión a grandes actores de la

política que normalmente no están sujetos al juego de la democracia y los partidos.

Bibliografía

Davis, M. (2017) “The Great God Trump and the White Working Class”. Catalyst. Vol 1 N°1.

https://catalyst-journal.com/vol1/no1/great-god-trump-davis

Haas, R. (2020) “Foreign Policy By Example. Crisis at Home Makes the United States Vulnerable

Abroad”, Foreign Affairs, 5 de junio de 2020

Karp, M. (2020) “Bernie Sanders´s Five-Year War”. Jacobin. Disponible en https://jacobin-

mag.com/2020/08/bernie-sanders-five-year-war



Piratería en el continente africano: el caso de Nigeria

Belen Álvarez Bertonasco29*

Introducción

Los piratas africanos son unos de los más violentos y peligrosos del mundo, ya que tienen tácticas y

medios que los motivan a centrarse en las ganancias privadas que les deja, provocando que la piratería

evolucione de una manera descomunal.

La piratería de este tipo afecta negativamente al comercio internacional, y es por esto, que continua-

mente los actores internacionales buscan diferentes formas de apaciguar este tipo de delito transna-

cional.

En esta investigación, nos centraremos en la piratería del Golfo de Guinea, principalmente, la que se

da en Nigeria.

Causas de la piratería en Nigeria

Primeramente, vamos a hablar del Golfo de Guinea.

[..] El Golfo de Guinea abarca el espacio marítimo situado Costa de Marfil y Gabón, e incluye además aguas de Ghana, Togo, Benín, Nigeria, Camerún y Guinea Ecuatorial […] (Guedes, 2014, p. 401)30.

En segunda instancia, hay que tener en cuenta que, Nigeria es la principal potencia económica y polí-

tica del Golfo de Guinea, como también es una de las potencias económicas del continente africano y

la principal potencia de África Subsahariana.

Su potencial demográfico coincide, y va empalmado, a una pujante economía, que, desde hace

tiempo, viene desafiando la hegemonía de Sudáfrica en el continente africano (Sudáfrica es uno de los

5 países que integran el BRICS) (Blázquez, 2015).

La economía y la ubicación geopolítica nigeriana es muy importante. Con una gran mano de obra y

una gran abundancia de recursos naturales y de hidrocarburos, como son el caso de la bauxita, el oro,

el coltán, carbón, diamantes, uranio (perteneciente al primer grupo) y gas natural, y principalmente

petróleo (pertenecientes al segundo grupo) (Scharfhausen, 2014, p. 159).

La importancia geopolítica y económica de Nigeria, tiene una estrecha relación económica con los

Estados Unidos, ya que es uno de sus principales exportadores de crudo y con los Estados pertene-

cientes a la Unión Europea, ya que son grandes diversificadores del petróleo y el gas licuado del Golfo

de Guinea (Scharfhausen, 2014, p.160).

Además, la industria petrolera es la más próspera e importante de la región y, de hecho, el petróleo

es el verdadero sostén de las economías de la zona (Moral, 2015).

La piratería en el Golfo de Guinea aparece con el boom petrolero en Nigeria, que surge a mediados y

fines de 1970:

29 Licenciado en Relaciones Internacionales (Universidad del Salvador) 30 Recuperado de Guedes, H. (2014). La piratería marítima en el Golfo de Guinea aumenta día a día. Revista General de Marina, España, p.401-410.



[...]El negocio de la piratería florece en muy poco tiempo, formando grupos de cinco

a seis individuos fuertemente armados embarcados cada uno de ellos en cuatro o

cinco botes a motor fueraborda (algo que no podía permitirse ningún pescador), y que

disponían de información privilegiada sobre las víctimas más rentables, con lo que se

podía sospechar de cierta connivencia con funcionarios del puerto o de aduanas [...]

(Scharfhausen, 2014, pág., 163)31.

Siguiendo esta línea, es importante aclarar que el 80% del PIB de Nigeria proviene de la extracción y

venta de crudo (Blázquez, 2015). Además de que, Nigeria es el decimotercer productor de petróleo en

el mundo (Blázquez, 2015) y el vigésimo noveno productor de gas natural del mundo (Guedes, 2014,

p. 402).

Explicado esto, se puede ver la importancia que tiene el crudo en la economía interna de Nigeria,

como también externa, pudiendo posicionarlo como un país importante en el continente africano, y

también como país emergente.

Es importante remarcar que el petróleo es una gran herramienta para que Nigeria pueda progresar en

un futuro no tan lejano, pero la piratería está impidiendo este progreso necesario.

La piratería que se lleva a cabo en Nigeria no está relacionada con el comercio entre Asia, Oriente

Medio y Europa, sino que, en esta región de África, el comercio se lleva a cabo principalmente en

puertos de la región africana (Moral, 2015).

Explicado esto, la principal motivación de los piratas del Golfo no es un rescate millonario, sino que el

fin último es la obtención ilícita de petróleo (Moral, 2015).

El crudo obtenido de los robos de la piratería del Golfo es vendido luego al mercado negro de los

países que integran esta región, aunque varios países se han interesado en la importancia geoestraté-

gica de Nigeria y el Golfo (es decir, del petróleo de la región) como el caso de Estados Unidos, Reino

Unido, Francia, Brasil y Sudáfrica (Guedes, 2014, p. 402), como fue explicado previamente.

También es necesario explicar que el crudo fue el causante y el detonante de considerables problemas

y conflictos en la región del Delta de Nigeria (Blázquez, 2015). Como es el caso de los movimientos

separatista de la Península de Bakassi, entre Nigeria y Camerún.

Modus Operandi

Si comenzamos a hablar del modus operandi llevado a cabo por los piratas del Golfo de Guinea, pode-

mos decir que, los piratas suelen ir fuertemente armados y hacen uso de la violencia en sus operacio-

nes (Moral, 2015).

Aunque los modus operandi de los piratas nigerianos, puede variar de un ataque rápido a un ataque

con un secuestro de personal del buque, la característica anteriormente explicada, siempre está pre-

sente. Si las armas son usadas, muchas veces, los ataques terminan con varios heridos y hasta muertos

(Guedes, 2014, p.407).

El objetivo de los piratas es el cargamento, pero muchas veces para conseguirlo, secuestran buques y

a los miembros de las embarcaciones, algunas veces para pedir rescate y muchas otras la tripulación

es vendida a traficantes de seres humanos (Moral, 2015). Muchas veces se los usan para vender dro-

gas, o también para contrabando humano.

31 Recuperado de Scharfhausen, C. C. (2014). ¿Puede aplicarse la misma política exterior y de seguridad común de la UE en la lucha contra la piratería en el Cuerno de África y en el golfo de Guinea? En I. E. Estratégicos, Perspectivas de evolución futura de la política de seguridad y defensa de la UE. Escenarios de crisis (pág. 196). Madrid: IEEE.



Es importante recalcar, que los piratas necesitan una red criminal que haga de contacto para poder

hacer rentable el petróleo que fue robado, mediante el comercio ilegal (Moral, 2015).

Es en la etapa del pago por el petróleo robado, la manera que la actividad delictiva de la piratería se

relaciona con los grupos terroristas de la región, especialmente Boko Haram, ya que, es una gran

forma de financiación.

Medidas tomadas por el Estado de Nigeria, Cooperación Internacional y Regional en torno a la Piratería en Nigeria

1- Operaciones Nacionales:

1.1- Operación PULO SHIELD

2- Operaciones Regionales o Subregionales:

2.1- Operación de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental o ECOWAS (por sus siglas en inglés) y la Comisión del Golfo de Guinea.

2.2- Operación de la Comisión del Golfo de Guinea

2.3- Código de Conducta de Yaundé

2.4- Estrategia Marítima Integrada para África 2050

3- Operaciones Internacionales:

3.1- Estrategia de la Unión Europea para el Golfo de Guinea

3.2- Critical Maritime Routes in the Gulf of Guinea o CRIMGO (por sus siglas en inglés)

Respecto a las operaciones, sólo se van a nombrar, no van a ser explicadas una por una, pero es im-

portante remarcar que, la piratería en el Golfo de Nigeria tuvo acciones tanto nacionales, como regio-

nales e internacionales.

Una consideración importante para tener en cuenta es que, durante los proyectos de cooperación

internacional realizados en Nigeria, las fuerzas armadas locales nigerianas, fueron entrenadas para

poder erradicar la piratería.

También es importante aclarar que, Nigeria es un país que ha mantenido un papel preponderante a la

hora de la seguridad regional del continente africano, por su preponderancia e importancia militar por

lo que, la piratería como causa de contratiempo, le permitió expandir su predominio militar, además,

de dejar a la vista, como es ayudado con políticas de cooperación internacional, tanto regionales como

internacionales.

Para finalizar, se puede ver una preponderancia o un mayor compromiso a nivel regional y nacional,

que internacional. Es por eso por lo que las operaciones se dividieron tanto en internacionales, regio-

nales y subregionales y nacionales para poder explicarlas.



Conclusión

Es imperativo remarcar que las acciones ilegales de la piratería que se estuvieron explicando, no solo dejan consecuencias negativas a las economías locales, sino que también repercuten en el ámbito global e internacional.

Lo importante que hay que remarcar es que, la piratería marítima es un problema global y, por tanto, requiere de una solución global, de la comunidad internacional junto con los estados afecta-dos, en conjunto. Tenemos que poner ojos sumamente críticos respecto a esta problemática.

Bibliografía

Blázquez, A. (9 de febrero del 2015). “La maldición del oro negro: el robo de petróleo en Nigeria”. Re-

cuperado el 12 de Julio del 2019, de El Orden Mundial: https://elordenmundial.com/ni-

geria-y-el-oro-negro/

Guedes, H. (2014). La piratería marítima en el Golfo de Guinea aumenta día a día. Revista General de

Marina, España, p.401-410.

Moral, Pablo. (3 de junio de 2015). “Somalia y el golfo de Guinea: las dos caras de la piratería en

África”, Recuperado el 23 de febrero del 2021, de El Orden Mundial: https://elorden-

mundial.com/somalia-y-el-golfo-de-guinea-las-dos-caras-de-la-pirateria-en-africa/

Morales, S. M. (2014). Contextualizando el Fenómeno de la Piratería en el Golfo. Instituto Español de

Estudios Estratégicos (IEES).

Scharfhausen, C. C. (2014). ¿Puede aplicarse la misma política exterior y de seguridad común de la

UE en la lucha contra la piratería en el Cuerno de África y en el golfo de Guinea? En I. E.

Estratégicos, Perspectivas de evolución futura de la política de seguridad y defensa de la

UE. Escenarios de crisis (p. 196). Instituto Español de Estudios Estratégicos (IEEE).

https://elordenmundial.com/nigeria-y-el-oro-negro/



https://elordenmundial.com/somalia-y-el-golfo-de-guinea-las-dos-caras-de-la-pirateria-en-africa/





Migraciones y Derecho Internacional Privado

Juan Martin Romano32*

Una aproximación al tema

Dentro de las distintas y cada vez más amplias ramificaciones de la ciencia jurídica, el derecho inter-

nacional privado ha sido uno de los sectores o disciplinas que mayor desarrollo y crecimiento ha tenido

en las últimas décadas. A diferencia del Derecho Internacional Público que dispone el marco jurídico

donde se relacionan los Estados, organizaciones internacionales y otros sujetos con personalidad jurí-

dica internacional, el derecho internacional privado es definido como aquella rama del derecho pri-

vado que se ocupa del estudio de los casos iusprivatistas con elementos extranjeros y de sus solucio-

nes.

Los casos a resolver de esta naturaleza poseen dos presupuestos: pluralismo jurídico (distintos orde-

namientos jurídicos y realidades legislativas de los Estados) y tráfico privado externo (relaciones jurí-

dicas internacionales o trasfronterizas).

La fuente normativa por excelencia que regula estos conflictos trasfronterizos son los tratados inter-

nacionales celebrados por los estados, la codificación interna de los países, las normas que emergen

de los procesos de integración regional y los usos y costumbres derivados del comercio internacional.

Además, no debemos olvidarnos de que tienen aplicación las clásicas fuentes del derecho en general

como la doctrina, jurisprudencia, principios generales del derecho, etc.

El auge de los casos privados con elementos foráneos se debe a un conjunto de factores que determi-

nan los rasgos actuales de esta disciplina. Entre estos elementos encontramos a los procesos migra-

torios y desplazamientos internacionales de personas.

El incremento de los casos multinacionales

Uno de los fenómenos más relevantes del siglo XXI es el desplazamiento constante de personas o

grupos familiares que emigran a otros estados a desarrollar sus vidas. Estos flujos migratorios han

tenido distintos rasgos a lo largo de la historia de la humanidad. Actualmente las migraciones se ven

motivadas por problemas socioeconómicos, laborales, políticos, desastres naturales, personas que

huyen de los horrores de la guerra, etc.

El derecho del siglo XXI es influenciado, como casi han sido todos los aspectos de la vida humana, por

la globalización cultural, tecnológica, económica y financiera. Estos rasgos del mundo contemporáneo

hacen a la esencia del carácter cosmopolita de la humanidad.

La interculturalidad y el conglomeramiento de personas de diferentes nacionalidades, culturas, reli-

giones, etc., implica que de manera constante se entablen entre los particulares diferentes relaciones

jurídicas privadas de distinta naturaleza que producen diferentes efectos y consecuencias jurídicas.

Los particulares en el extranjero contraen matrimonio, tienen hijos, se divorcian, celebran contratos,

constituyen empresas, libran cheques, poseen bienes, fallecen, etc., todas estas situaciones siempre

que tengan elementos de extranjería relevante ante una controversia o situación de conflicto entre

particulares van a ser cuestiones a analizar por el derecho internacional privado.

32 Estudiante avanzado de Abogacía. Miembro del Grupo de Jóvenes Investigadores (IRI-UNLP).



Estas situaciones jurídicas son conflictos que se suscitan dentro del marco de un mundo global que

debe proporcionar nuevas respuestas y soluciones. Los problemas que se van a generar van a tener

como objeto determinar el juez de que Estado va a ser competente para resolver el caso, qué derecho

va a ser aplicable y demás situaciones a plantearse, siendo una cuestión fundamental la cooperación,

ayuda y colaboración jurídica internacional entre las diferentes jurisdicciones que pueden intervenir

en una causa de derecho internacional privado.

En estos casos de índole internacional suelen producirse inconvenientes para los ciudadanos extran-

jeros que deben litigar ante un juez local. Históricamente los litigantes foráneos han sido discrimina-

dos y han tenido que derribar muchos obstáculos para poder ejercer sus derechos ante los tribunales

de otros países, pero con el transcurso de los años los países han celebrado distintas normas conven-

cionales que han puesto a los extranjeros en igualdad a los ciudadanos nacionales a la hora de acceder

a la justicia.

Reflexión final

Las migraciones han causado cambios políticos, económicos, jurídicos y sociales en los estados. Uno

de los objetivos que actualmente debe tener todo estado de derecho es pregonar la convivencia pa-

cífica entre las diferentes comunidades que habitan en un mismo Estado. El derecho debe ser una de

las herramientas armonizadoras en estos nuevos paradigmas de conformación de los estados, siempre

estando impregnado del respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales.

Estos nuevos fenómenos globales obligan a los magistrados y operadores jurídicos a atender cada vez

más a las tendencias actuales del derecho internacional privado para resolver conflictos de mayor

complejidad.

Bibliografía

Dreyzin de Klor, Adriana (2015). El Derecho Internacional Privado Actual. 1ra. Edición. Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires. Editorial Zavala.

Scotti, Luciana B. (2018) Manual de Derecho Internacional Privado. 1ra. Edición. Ciudad Autónoma

de Buenos Aires. Editorial La Ley.

Fernández Arroyo, Diego P.(Coord.). (2003). El Derecho Internacional Privado de los Estados del Mer-

cosur.1ra Edición. Buenos Aires. Editorial Zavalia.



Los Acuerdos Artemisa y el futuro de la exploración espacial: un análisis a la luz de los postulados del Derecho del Espacio

Andrés Pienizzio33

Introducción

El día 13 de octubre de 2020 el mundo se hizo eco de la firma de los Acuerdos Artemisa. Este nuevo

instrumento internacional, cuyo nombre completo es “Principios para la cooperación en la exploración

civil y el uso de la Luna, Marte, cometas y asteroides con fines pacíficos”34, busca instituir un marco

jurídico que sirva de base para la cooperación, entre sus países adherentes, en materia de exploración

espacial durante las próximas décadas (NASA, 13 de octubre 2020).

La iniciativa, que surge por parte de los Estados Unidos y que fue canalizada a través de la Administra-

ción Nacional de Aeronáutica y el Espacio (mejor conocida como NASA por sus siglas en inglés), cuenta

además con la participación de Australia, Canadá, Italia, Japón, Luxemburgo, Emiratos Árabes Unidos

y el Reino Unido, que participaron del acto de suscripción a través de sus respectivas agencias espa-

ciales. A estos países se sumarían posteriormente Ucrania el 12 de noviembre del 2020, convirtiéndose

así en el noveno país firmante (U.S. Embassy in Ukraine, 2020) y Brasil, que en fecha 14 de diciembre

de ese mismo año no firmaría los acuerdos propiamente dichos, sino una declaración de intenciones

de unirse en el futuro (NASA, 14 de diciembre 2020).

Vale agregar, que este reciente pacto multilateral de cooperación está en consonancia con los postu-

lados del Programa Artemisa, el cual es la iniciativa norteamericana para volver a explorar la Luna y

establecer una presencia sostenida y sustentable en este satélite natural, como una etapa previa al

envío de misiones tripuladas a Marte (NASA, s.f.).

Resta entonces analizar los posibles impactos que podrán tener estos acuerdos en el futuro mediato

e inmediato. En consecuencia, habrá que examinar la categoría del Derecho del Espacio en la que

ingresarían estos acuerdos y si sus postulados pueden entrar en conflicto con la normativa vigente. A

su vez, será necesario evaluar como este pacto influirá en la conducta de los estados miembros y no

miembros de este y como podrá influir en la creación de nueva costumbre internacional.

Normativa dentro del ámbito de la ONU: principales fuentes convencionales

Para comprender mejor la relación de los acuerdos con las demás fuentes del Derecho Espacial, es

importante mencionar los tratados que forman el núcleo de este derecho y que regulan hoy lo rela-

cionado al uso del espacio exterior y a la exploración de los cuerpos celestes.

A propósito de lo expresado anteriormente, podemos encontrar dentro de las fuentes convencionales

a los siguientes: el Tratado sobre los Principios que Deben Regir las Actividades de los Estados en la

Exploración y Utilización del Espacio Ultraterrestre, incluso la Luna y otros Cuerpos Celestes (1967) -

en adelante Tratado del Espacio Exterior-, el Acuerdo sobre el Salvamento y la Devolución de Astro-

nautas y la Restitución de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre (1968), el Convenio sobre la Res-

ponsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales (1972), el Convenio sobre el

33 Abogado. Miembro del Grupo Jóvenes Investigadores (IRI, UNLP)




Registro de Objetos Lanzados al Espacio Ultraterrestre (1975) y el Acuerdo que Debe Regir las Activi-

dades de los Estados en la Luna y otros Cuerpos Celestes (1979) - en adelante Tratado de la Luna-.

Estos tratados se suman a otros instrumentos jurídicos de menor jerarquía como ser declaraciones de

principios, directrices y resoluciones conexas aprobadas por la Asamblea General de la Organización

de Naciones Unidas. Vemos de esta manera que dentro del ámbito de este organismo internacional

existe una vasta enciclopedia de normas que tienen como finalidad dar un régimen legal suficiente a

esta actividad humana. Por lo tanto, ahora deberemos analizar cómo se relacionan estas fuentes con

el nuevo pacto multilateral firmado en octubre del 2020.

El Tratado de la Luna y las “omisiones intencionales”

Se observa que, en el cuerpo de los Acuerdos Artemisa, se delinean una serie de principios rectores

como son la exploración pacífica, la transparencia, la asistencia en caso de emergencia, la interopera-

bilidad, la protección del patrimonio, el uso de recursos, entre otros. No obstante, es necesario anali-

zar los considerandos de los acuerdos, ya que veremos que allí se menciona la importancia de cumplir

con el Tratado del Espacio Exterior de 1967 y con los demás acuerdos posteriores de los años 1968,

1972 y 1975 que nombramos precedentemente. En esa parte de los pactos, también se hace alusión

a los beneficios que se obtienen de la participación en foros de discusión multilateral, como ser la

Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos (conocida como COPUOS

por sus siglas en ingles).

Siguiendo con el análisis de los considerandos, el punto más significativo a destacar es que no se hace

mención en ningún momento del Tratado de la Luna de 1979. Las razones de esta intencional omisión

se pueden deber a varios factores. En primer lugar, porque de los cinco tratados del espacio exterior

este último es el que menos adhesión internacional tiene, lo que le resta importancia al momento de

considerarlo como una fuente de derecho internacional de peso relevante. A modo de ejemplo, si

realizamos una comparación entre la cantidad de países firmantes y ratificantes del Tratado del Espa-

cio Exterior, notamos que este cuenta a enero del 2020 con 110 ratificaciones y 23 firmas. En cambio,

el Tratado de la Luna cuenta a la misma fecha con 18 ratificaciones y 4 firmas (UNOOSA, 2020), una

diferencia numérica considerable. Además, dentro de estas adhesiones no se encuentra la de Rusia,

China o los EEUU, siendo Australia la única integrante de este tratado y de los Acuerdos Artemisa. En

segundo lugar, podemos estimar que una de las razones más importantes que justifican la existencia

de la omisión aludida, es el conflicto entre los postulados y principios que plantean los Acuerdos Ar-

temisa y el Tratado de la Luna. En tal sentido, este último prescribe en su artículo 11 que:

La Luna y sus recursos naturales son patrimonio común de la humanidad (…) Ni la superficie ni la sub-

superficie de la Luna, ni ninguna de sus partes o recursos naturales, podrán ser propiedad de ningún

Estado, organización internacional intergubernamental o no gubernamental, organización nacional o

entidad no gubernamental ni de ninguna persona física... (ONUAEU, 2017, p. 36)

Este postulado es una interpretación y profundización del principio establecido en el artículo 2 del

Tratado del Espacio Exterior, el cual reza que: “El espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos

celestes, no podrá ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupa-

ción, ni de ninguna otra manera” (ONUAEU, 2017, p. 4).



La reinterpretación del artículo 2 del Tratado del Espacio Exterior

En cambio, en los Acuerdos Artemisa, al momento de hablar de los recursos naturales del espacio

exterior en la sección 10.2 se hace mención que:

Los Signatarios enfatizan que la extracción y utilización de recursos espaciales, incluida cualquier re-

cuperación de la superficie o subsuelo de la Luna, Marte, cometas o asteroides, debe realizarse de

manera que cumpla con el Tratado del Espacio Ultraterrestre y en apoyo de la seguridad y sustenta-

bilidad de las actividades espaciales. Los Signatarios afirman que la extracción de recursos espaciales

no constituye intrínsecamente una apropiación nacional en virtud del Artículo II del Tratado sobre el

Espacio Ultraterrestre [énfasis agregado], y que los contratos y otros instrumentos legales relaciona-

dos con los recursos espaciales deben ser compatibles con ese Tratado”35. (Artemis Accords, 2020)

De esta manera, se advierte que, para los países firmantes de los acuerdos, los cuales realizan una

interpretación propia del artículo 2 del tratado de 1967, el uso de los recursos de la Luna, Marte y

otros cuerpos celestes no constituye per se una apropiación de recursos siempre que se utilicen en

sustento de otras actividades espaciales. Esto se relaciona con los planes norteamericanos que ade-

lantáramos al comienzo, relacionados con el Programa Artemisa, de utilizar los recursos de la Luna

para establecer bases permanentes, para luego llegar a Marte y a otros cuerpos celestes.

Asimismo, esto deja abierta las puertas a cierto tipo de actividades como la minería espacial y la par-

ticipación en la misma de actores privados, lo cual no se encuentra prohibido en ninguna parte de los

acuerdos. Esto va de la mano con normas internas sancionadas por países integrantes de los Acuerdos

Artemisa como Luxemburgo ("Space Resources Initiative" del año 2016) y los Estados Unidos (“Space

Act” del año 2015), que admiten este tipo de prácticas (Newman, 2020).

Los grandes ausentes: Rusia, China y la Agencia Espacial Europea

Lo señalado en los párrafos precedentes puede acercarnos a entender porque otros importantes ac-

tores de la industria espacial como Rusia y China no forman parte de estos acuerdos. Por una parte,

el primero se excusó de participar cuando el encargado de la agencia espacial rusa dijo que la iniciativa

artemisa está demasiado centrada en una agenda particular estadounidense (Newman, 2020). Esto a

pesar de que existe una intensa colaboración en materia espacial entre estos dos países, como sucede

en la Estación Espacial Internacional.

Por otro lado, la ausencia de la República Popular China esta explicada en parte por la prohibición legal

de colaboración científica que existe entre esta última y los Estados Unidos, sancionada en el año 2011

por el congreso estadounidense. Y por las propias ambiciones chinas de ser los líderes de la industria

espacial y los primeros en establecer colonias en la Luna (Ji et al., 2020).

Por último, Alemania, Francia y la India, también se cuentan entre los ausentes. Esto puede explicarse

por una preferencia de estos al Tratado de la Luna (del cual Francia es firmante), y por el deseo de que

se negocie un acuerdo apropiado sobre lo que respecta a la exploración y gobierno de la Luna en un

ámbito de discusión multilateral. Hay que agregar, que la Agencia Espacial Europea tampoco ha fir-

mado estos acuerdos como organización, pero si lo han hecho algunos de sus miembros en particular,

como ser Austria, Luxemburgo o el Reino Unido. Esto puede deberse a la complejidad del proceso de

consulta de los 17 miembros de la agencia y a los imperiosos tiempos que los EEUU se fijaron como

objetivo (Newman, 2020).




La “nueva costumbre”

El jurista Julio Barboza (2008) cuando habla de las fuentes consuetudinarias del Derecho Internacional

Público introduce el concepto de nueva costumbre, la cual se diferencia de la costumbre clásica de

diversas maneras, pero principalmente porque:

…en lugar de inducir una cierta regla común de una serie de actos uniformes de los Estados, repetidos

en el tiempo y esperar hasta tener la prueba de que se cumplen como obligatorias por la generalidad

de la comunidad internacional, ahora la regla misma está preparada cuidadosamente en un texto que

no se inspira enteramente en actos pasados, sino que prevé conductas futuras. (p. 100)

En este sentido, no hay que olvidar que los Acuerdos Artemisa se celebraron por fuera de los canales

naturales del Derecho Internacional del Espacio como podría haber sido la Comisión sobre la Utiliza-

ción del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Y que, además, a pesar de tener un carácter multi-

lateral, parten de una iniciativa predominantemente unilateral impulsada por los Estados Unidos. Por

lo que, en suma, estamos ante una nueva forma de crear derecho internacional que puede marcar el

ritmo de aquí en adelante, no solamente afectando las conductas de los países firmantes, sino también

los comportamientos de los estados que no son parte del tratado.

Acerca de esto ya podemos encontrar indicios en las declaraciones de Song Zhongping, escritor, militar

y comentarista aeroespacial, que comparó a los acuerdos impulsados por los Estados Unidos con las

“leyes de cercamiento” británicas del siglo XVIII, donde la tierra común fue privatizada en beneficio

de la gente adinerada (Ji et al., 2020). Esta comparación se puede interpretar como una alusión al

carácter del espacio exterior como patrimonio común de la humanidad, en contrapartida de la postura

norteamericana de colonización y reclamo de soberanía de la Luna y otros cuerpos celestes.

En definitiva, solo el tiempo nos dirá si estamos ante la génesis de una nueva costumbre con base en

los Acuerdos Artemisa y si la actuación de Rusia, China y los demás países con capacidades espaciales

acompañaran o buscarán contrarrestar la agenda espacial que se está imponiendo. Lo cual puede ha-

cerse, ya sea desde el campo jurídico, impulsando un pacto similar o recurriendo a los organismos

pertinentes de la ONU, o tecnológico, buscando ser los primeros en llegar y en establecer bases per-

manentes en la Luna, marcando de esta manera el precedente de conducta a seguir por los estados

en los cuerpos celestes.

Reflexiones finales: ¿y Latinoamérica?

Para finalizar, no podemos dejar de hacer mención sobre la situación latinoamericana, involucrada en

la discusión en forma indirecta (al menos en estos momentos).

En atención a esto, y debido a los avances que se han producido en el campo aeroespacial en las

últimas décadas, no faltará mucho tiempo para que, con suerte, la región también se constituya en un

actor de peso en la materia; ya sea desde el ámbito de la tecnología o desde la esfera jurídica y política.

Siendo en esta última donde tal vez hoy se puedan conseguir los mejores resultados, intentando llevar

la discusión sobre los postulados planteados por los grandes jugadores de la industria a los ámbitos

de discusión multilaterales y a los organismos internacionales.

Sin embargo, también hay que ser consciente de que los países vecinos pueden actuar por su cuenta

y terminar acompañando uno de los lados de la moneda en esta virtual nueva carrera espacial que se

avecina. Esto es lo que se ha podido observar con las recientes acciones de la República Federativa de

Brasil, que se autoexcluyó de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y no participó



en la creación de la Agencia Espacial Latinoamericana y del Caribe, avalando en cambio, como vimos,

a los Acuerdos Artemisa. Nos queda esperar que hoy en día y hacia el futuro, este sea el único caso.

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Marxismo como herramienta para el análisis crítico de las relacio-nes internacionales

Fabrizio Zicchini36 y Laura Pulleiro37

El panorama internacional se vislumbra muy complejo, la pandemia causada por el COVID-19 ha re-

configurado todo el mundo y cambió las relaciones de los países entre sí.

La búsqueda de más cooperación internacional por parte de la casi totalidad de los países latinoame-

ricanos y europeos o la instalación de discurso xenófobos y agresivos por parte de la administración

del ex presidente Trump y el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, son algunos ejemplos del nuevo

panorama internacional.

En este contexto, los cientistas sociales tenemos que estar preparados para estos nuevos desafíos en

un mundo que se intuye multipolar por el ascenso de China y Rusia en términos políticos, ya que,

coincidiendo con Añorves y Gutiérrez:

Un caso de multipolaridad económica lo encontramos en la sociedad internacional actual, puesto que junto a las grandes potencias económicas (Estados Unidos, Japón, China, etc.) aparecen ciertas organizaciones intergubernamentales con una intervención real y deci-siva en las relaciones económicas, como es el caso de la Unión Europea, o con capacidades regulatorias en el ámbito financiero como el Fondo Monetario Internacional o comercial como la Organización Mundial del Comercio. (Añorves y Gutiérrez, p. 12, 2012)

Por todo lo expuesto, un teórico de las relaciones internacionales no puede “censurar” teorías por un

perjuicio académico, y esto es lo que consideramos que pasa habitualmente con el marxismo, el cual

es visto como una teoría más “política” que “teórica”; quizás, por ser la teoría que impulsó la Revolu-

ción Rusa y ser enarbolada por varios partidos de izquierda alrededor del mundo o por ser una teoría

crítica al sistema económico de Estados Unidos (país que alberga la mayor cantidad de teóricos de las

ciencias sociales), sea cual sea el motivo, la teoría marxista siempre ha tenido un asterisco en los de-

bates teóricos.

Con esta “censura” que marcamos el análisis internacional se pierde de los aportes del marxismo tra-

dicional y el neo-marxismo, estos han dejado líneas de investigación bastante interesantes para com-

prender la sociedad internacional. Un ejemplo de esto es Lenin, que además de ser el líder de la revo-

lución Rusa, ha sido el teórico que elevó el marxismo al plano internacional, sus conceptos de guerra

justa o injusta o el análisis sobre el Imperialismo son conceptos que no se pueden dejar de lado a la

hora de analizar la política internacional. Por lo que, en el presente artículo nos dispondremos a ana-

lizar dos elementos dentro del marxismo: el marxismo negro y el feminismo socialista.

Marxismo “Negro”

En línea con lo señalado en el comienzo del artículo, el COVID-19 ha vuelto a traer una fuerte ola de

racismo y xenofobia que, en su momento, fue analizada muy pertinentemente por Rodney y explicada

en el trabajo de Hernández titulado “Cuando los leones hacen la historia: el marxismo negro de Walter

36 Licenciado en Ciencia Política. 37 Licenciada en Sociología. Actualmente cursando Ciencia Política, Magister en Investigación Social



Rodney”; y también este tema fue abordado por Cox y expuesto por Pico en “La teoría del sistema-

mundo es negra y caribeña: capitalismo y racismo en el pensamiento crítico de Oliver Cox”. Estos au-

tores nos invitan a pensar al racismo como una consecuencia per se del capitalismo, de la opresión

que surge del capital y la propiedad privada.

Walter Rodney fue un activista político y un teórico guyanés, estuvo atravesado por el racismo y la

marginalidad que vivió en su país, terminado sus estudios se dedicó a querer influir políticamente en

distintos países de la región centroamericana, profundizando sus críticas hacia el capitalismo y al ra-

cismo que conlleva este sistema económico. Rodney “canibalizó el marxismo, considerándolo un mé-

todo y una ideología que, en sus diferentes planos, debían adaptarse creativamente a los entornos

concretos. Esto se evidencia claramente, en su tratamiento de las nociones de clase y raza, donde de

acuerdo con el contexto, una de ellas adquiría mayor centralidad –determinación” (Hernández, 2018,

p. 102)

Por otra parte, según Cox, el racismo empieza con los gérmenes del capitalismo. El autor nacido en

Trinidad y Tobago sostiene que el racismo y el antisemitismo se diferencian en clave de la violencia

ejercida hacia los pueblos “victimas”. Por lo que, mientras que el judío es visto como el “enemigo”, el

individuo de raza “negra” es visto como un ser inferior. Esto según el autor nace con la conquista del

continente americano y tiene su germen en el imperialismo (característica principal del capitalismo,

según Cox) que valida la expansión de las naciones “fuertes” con la excusa de dominar a una “raza

inferior” (Pico,2018).

En estos dos autores se simplifica el pensamiento del marxismo “negro”, el racismo no nace en el

capitalismo, pero si se fortalece en él. Para el marxismo negro la discriminación y opresión de una raza

hacia otra no es más que el fiel reflejo de la lógica capitalista: “el capitalista oprime al obrero”. Como

bien sostiene Rodney, esta dominación yace desde el propio capitalismo y no se superpone con la

dominación del capitalista al obrero si no que adquieren mayor o menor relevación depende del con-

texto en la que se encuentran.

Feminismo socialista

El feminismo socialista nos invita a pensar en las relaciones internacionales contextualizadas en el

mundo, ubicando su lugar en la producción capitalista. Para ello, se centrarán en las situaciones de las

mujeres y diversidades a nivel mundial y tendrán en cuenta las particularidades de cada uno de los

países. Para abordar la estrategia del feminismo socialista, tomaremos las palabras de Inés Zadu-

naisky:

El camino para la emancipación de la mujer se abre cuestionando las bases materiales de la opre-sión, encarando una batalla junto con el movimiento LGTTBI, en estrecha alianza con la clase trabajadora, por terminar con el sistema de explotación, por la abolición de la propiedad privada como punto de partida para establecer relaciones sociales sobre nuevas bases, más justas e igua-litarias. Al mismo tiempo, la conciencia socialista y feminista son fundamentales para encarar esa dura batalla, ya que tanto la opresión de género como cualquier otra forma de opresión sólo desaparecerán en la medida que la clase trabajadora adopte el programa del feminismo socialista y para ello acompañe e impulse la formación de organizaciones propias de las mujeres en esta tarea. (Zadunaisky, 2009, p. 346)

El objetivo es que no se pierda de vista que la lucha contra la opresión de las mujeres está hermanada

a la lucha de la clase obrera contra la explotación capitalista y por el socialismo. No hay manera de

crear las condiciones materiales para acabar con las relaciones de opresión sin acabar con la explota-

ción del sistema que es la base sobre la cual se levanta el edificio del resto de las relaciones de de-

sigualdad social.



Para el feminismo socialista, la lucha no se agota en la configuración de un nuevo discurso, ni se da

estrictamente en el terreno de lo cultural. Para esta estrategia el motor de la historia es la lucha de

clases, por lo que el progreso se consigue con la lucha por la mejora de las condiciones materiales de

existencia de las mujeres, porque parte de la teoría marxista y su método de análisis dialéctico y ma-

terialista. El feminismo socialista no concibe negociación entre el discurso hegemónico y la alteridad,

porque su estrategia es superar el capitalismo patriarcal como totalidad, y no acomodarse en él. Pa-

rafraseando a Flora Tristán, Tenemos casi al mundo entero en contra mía. A los hombres porque exijo

la emancipación de la mujer; a los propietarios porque exijo la emancipación de los asalariados

Este tipo de feminismo está ligado centralmente a la lucha internacional de las mujeres contra todo

tipo de opresión, entendiendo que el problema no es solo el patriarcado, sino que están íntimamente

relacionadas a las relaciones asimétricas de explotación que el capitalismo sostiene. Es fundamental

comprender de qué manera el capitalismo y el patriarcado están relacionados mutuamente. Las mu-

jeres reproducen la especie y están llamadas a seguir estando en la esfera privada, es decir, a la familia

y al trabajo doméstico.

El feminismo socialista realiza una síntesis a las problemáticas de todo tipo de opresión y explotación.

Esta corriente une dialécticamente los problemas de los explotados y oprimidos en un solo puño, te-

niendo en cuenta las especificidades que se hallan en cada pelea, que se encuentre al servicio de la

transformación de la realidad, y sea una herramienta de lucha, de la que puedan servirse las sujetas

oprimidas para la tarea histórica a la que se encuentran llamadas: su liberación.

El marxismo de ayer y de hoy

Sería injusto no señalar que en el siglo pasado los libros y debates eran distintos, el marxismo estaba

en la pluma de todos los teóricos y, para bien o para mal, muchos escritos versaban sobre la teoría

marxista o la Unión Soviética. Quizás con la Caída del Muro de Berlín y el desmembramiento posterior

de la URSS, el marxismo no fue una gran atracción para los teóricos que vieron el “triunfo” del capita-

lismo.

Desde el debate idealismo vs realismo en los comienzos de nuestra disciplina, se suscitaron muchas

discusiones en cuanto al marco teórico a utilizar por los analistas internacionales. Creemos que nin-

guna teoría ha sido capaz de describir y, por tanto, predecir los fenómenos internacionales. Entende-

mos que, quizás por el hecho de que el marxismo es una teoría filosófica-política que no nace del seno

de las discusiones de la disciplina, sumado a que el marxismo es enarbolado como una teoría política

partidaria por varios actores políticos nacionales e internacionales, es un motivo de resquemores a la

hora de utilizarla como un marco teórico optimo, “objetivo” y “científico”.

En sintonía con lo expuesto pretendemos que en el futuro de las Relaciones Internacionales tengan

en cuenta estas dos teorías para los análisis de temas tan complejos y actuales tales como el femi-

nismo y el racismo. En este sentido, la teoría marxista tiene la capacidad de darnos claves que nos

pueden ayudar para pensar en profundidad los problemas sociales que hay alrededor de todo el globo.

Por todo lo señalado, las Relaciones Internacionales deben dejar de lado los prejuicios, y nutrirse de

todas las teorías que intentan explicar y predecir los fenómenos de nuestra disciplina. Este artículo no

quiere ser un mero panfleto que señala las bondades de la teoría marxista, ni intenta convencer a los

cientistas sociales de su “perfección” la cual no es tal y, por el contrario, está llena de defectos. Estas

líneas quieren interpelar a los internacionalistas y politólogos para que nuevas teorías nos ayuden a

comprender el mundo que se nos avecina.



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