MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS: LA INCIDENCIA DEL

MOVICE EN LA POLÍTICA PÚBLICA DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN A

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COLOMBIANO

JAVIER DAVID RUIZ VARGAS Trabajo de grado para optar al título de politólogo

Director del trabajo de grado

EDWIN MURILLO AMARIS S.J.

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA

FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y RELACIONES INTERNACIONALESCARRERA DE CIENCIA POLÍTICA

BOGOTÁ D.C

2015

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“Los fugaces instantes de comunidad ante la belleza que experimentamos alguna vez al lado de

otros hombres, los momentos de solidaridad ante el dolor, son como frágiles y transitorios puentes

que comunican a los hombres por sobre el abismo sin fondo de la soledad. Frágiles y transitorios,

esos puentes sin embargo existen y aunque se pusiese en duda todo lo demás, eso debería

bastarnos para saber que hay algo fuera de nuestra cárcel y que ese algo es valioso y da sentido a

nuestra vida, y tal vez hasta un sentido absoluto.”

Ernesto Sábato. “Hombres y engranajes”.

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TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.................................................................................................121.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN.................................................... 131.2 ESTRUCTURA DEL TEXTO ................................................................................15

2. MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA:CONTEXTO Y PERSPECTIVAS TEÓRICAS.........................................................16

2.1 LA IRRUPCIÓN DE LA COMUNIDAD LGBTI.................................................... 202.2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA EL ANÁLISIS DEL MOVICE Y LAPOLÍTICA PÚBLICA.................................................................................................... 24

3. PROYECTO NUNCA MÁS Y JUSTICIA Y PAZ: LAS OPORTUNIDADESPOLÍTICAS DEL MOVICE......................................................................................30

3.1 EL PROYECTO ‘COLOMBIA NUNCA MÁS’ ..................................................... 313.2 LEY DE JUSTICIA Y PAZ (Ley 975 de 2005)..................................................... 34

4. EL MOVICE Y LAS DIMENSIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARAVÍCTIMAS...............................................................................................................38

4.1 DIMENSIÓN SIMBÓLICA.....................................................................................394.2 DIMENSIÓN SUSTANTIVA..................................................................................444.3 DIMENSIÓN OPERATIVA....................................................................................48

5. MOVICE Y DIÁLOGOS DE PAZ.........................................................................53

6. CONCLUSIONES................................................................................................57

7. ANEXOS.............................................................................................................61ANEXO 1 .......................................................................................................................61ANEXO 2 .......................................................................................................................62ANEXO 3 .......................................................................................................................62ANEXO 4 .......................................................................................................................63

8. BIBLIOGRAFÍA...................................................................................................64

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1. INTRODUCCIÓNEn un contexto nacional de diálogos de paz que como su nombre indica, pretenden

dar inicio a un proceso de construcción de paz y reconciliación en el país luego de

décadas de violencia y conflicto, resulta fundamental hablar acerca de víctimas. La

labor no solo del Estado, sino de la sociedad en su conjunto es una fuente vital para

atender un problema tan urgente como el de la reparación integral y la garantía de

los derechos de las víctimas que hasta nuestros días, parece progresar poco, aun

cuando existen y se han puesto en marcha distintos mecanismos y/o entramados

institucionales por parte del Estado para cumplir con tal fin. Del otro lado, los

ciudadanos autónomamente han tomado la decisión de visibilizar sus demandas e

influir en este proceso de formas variadas que van desde respuestas espontáneas

hasta la organización y movilización social en torno a esta situación y con el fin de

enmarcarla dentro de la agenda de gobierno.

En 2011 fue puesta en vigencia en Colombia la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas

y restitución de tierras), la cual tiene como objetivo primordial la atención, asistencia

y reparación integral de las víctimas del conflicto armado (Congreso de la República

de Colombia, 2011). Se cumplen ya más de 4 años de este hecho, que a la vista

parece prometedor pensándolo como potenciador de la construcción de paz, no

obstante, son variadas las críticas y expresiones de inconformidad que vienen

desde la sociedad, que en últimas, constituye y representa el propósito de la ley.

Uno de los principales exponentes y críticos de la mencionada ley, es el Movimiento

Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE) que nace en 2005 como

expresión colectiva que denuncia y reclama justicia ante los posibles crímenes que

por acción u omisión ha cometido el Estado, tales como agresiones desde la fuerza

pública o relacionadas con el conocido fenómeno del paramilitarismo en Colombia.

El movimiento reaccionó de inmediato ante la promulgación de la ley mediante

críticas directas a lo que allí se disponía y con propuestas alternativas que llevaran

a resultados más eficaces.

12

Así, consagró además como uno de sus objetivos la incidencia política en el proceso

de reparación de las víctimas y además, en los diálogos de paz de la actualidad

mediante distintas estrategias, repertorios y campañas como movilizaciones,

comisiones de verdad, trabajo con comunidad, reuniones con organismos naciones

e internacionales, entre otros, a fin no sólo de hacer visibles sus demandas sino

también apuntando a la obtención de una respuesta del Estado que intentara dar

solución a esta problemática.

1.1 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN

A partir de este panorama, surgen dos problemas: uno de tipo teórico y otro más

práctico. Por un lado, gran parte de la literatura que se ha centrado en el análisis de

los movimientos sociales, a menudo ha priorizado un enfoque basado en la

descripción de las causas que los originan y su evolución a través del tiempo, es

decir, de su trayectoria (López Leyva, 2012). Así, hacen énfasis en ciertas

dimensiones de los movimientos sociales como la cultura, lo social, lo económico y

lo político. Según esto, el grueso de la literatura sobre el tema desarrolla en su

mayoría una perspectiva causal y no sobre las consecuencias sociales o el impacto

político que pueden tener estos movimientos; esto ha llevado a que la dimensión

política de los movimientos sociales no haya sido desarrollada con profundidad y

menos aún, su relación con las políticas públicas, lo cual es muy importante

teniendo en cuenta el grado de complejidad que actualmente experimentan las

democracias en general.

Ahora bien, los movimientos sociales desde mi perspectiva han sido una forma de

acción colectiva fundamental para entender varias de las luchas sociales en

Colombia que de una u otra forma han logrado impactar en la realidad nacional, es

decir, que se han posicionado desde su trayectoria histórica en la escena política

nacional e incluso internacional, como actores fundamentales de la esfera política y

por ende, de las políticas públicas. Esta capacidad de los movimientos sociales, que

sólo hasta hace poco es reconocida y abordada desde la investigación social y

política, permite reconocer que ya no existe una relación tan rígida entre las

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instituciones políticas, los procesos de toma de decisión y los movimientos sociales

sino que ahora, es un conjunto de actores diversos el que conforma el espacio de

producción de las distintas políticas públicas y entre estos, los movimientos sociales

como forma de acción colectiva con potencial de incidencia adquieren un papel

protagónico (Ibarra, Martí, & Gomá, 2002) . Esto da cuenta, de que ante la

proliferación de nuevos actores, los espacios democráticos nacionales e

internacionales se complejizan pues ya no se basan en el mero ejercicio electoral y

de la representatividad, sino además de nuevos mecanismos participativos en los

que se observan redes, asociaciones, movimientos, etc. Esta complejización de la

democracia evidenciada en nuevos escenarios de governance y actores políticos,

ha resultado en un nuevo fenómeno de estudio del cual, en Colombia, no se ha

desarrollado mucho, sobre todo en el intento de establecer un vínculo directo entre

movimientos sociales y políticas públicas, aun cuando la acción colectiva popular se

ha presentado como un rasgo característico e importante en la historia del país.

A partir de este contexto y los vacíos en el estudio de los movimientos sociales y su

rol en la esfera de las políticas públicas, esta investigación consiste en identificar de

qué forma el MOVICE ha conseguido incidir en las distintas dimensiones de la

política pública de reparación a víctimas del conflicto puesta en marcha con la ley

antes nombrada; esto mediante la caracterización y descripción del movimiento, sus

alcances, logros y la revisión histórica de hitos que han marcado su trayectoria y

que además, pueden ser fundamentales en la construcción de paz que se plantea

el país al pensar las políticas públicas y la democracia como procesos plurales y

altamente participativos en donde el ciudadano y la acción colectiva juegan un rol

central. Se trata entonces de un trabajo de tipo cualitativo que dé cuenta del proceso

de incidencia del movimiento social, los hechos y los actores que lo acompañan,

con lo cual se puedan demostrar fallos y aciertos de la política pública, y que también

dé luces del significado de esto como pieza clave en el objetivo de la consecución

de la paz. Siendo así, la pregunta de investigación que guiará este trabajo es ¿cuál

es la incidencia política que ha tenido el MOVICE desde su origen (2005) hasta la

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actualidad (2015) en las dimensiones de la política pública para la atención,

reparación y restitución de tierras para las víctimas del conflicto armado interno en

Colombia?.

En cuanto al alcance de la investigación, siguiendo a Hernández Sampieri (2010),

este es en esencia descriptivo ya que busca analizar las dimensiones de un

fenómeno o caso (el MOVICE y la política pública de víctimas) a través de la

caracterización tanto del movimiento social como de la política pública. No obstante,

tiene también rasgos exploratorios ya que como se ha comentado, la producción

académica sobre el tema no es muy amplia o se enfoca muchas veces en el análisis

aislado o de los movimientos sociales o de las políticas públicas.

Siendo así, se ha escogido para este trabajo el análisis documental como técnica

de recolección de la información a través de la revisión de fuentes secundarias que

expongan la historia y las formas de participación dispuestas por el MOVICE a lo

largo de su existencia. De esta manera su planteamiento metodológico se encuentra

basado en la hermenéutica puesto que se ocupa de un ejercicio interpretativo y

contextual de los textos analizados (Cárcamo, 2005) como forma de identificar la

incidencia política.

1.2 ESTRUCTURA DEL TEXTO

La investigación está dispuesta de acuerdo a un diseño narrativo (Hernández

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) que se basa en la historia del

MOVICE, la cual se expone de forma cronológica para identificar su incidencia en

la política pública. Así, la investigación consta de 4 partes: la primera, ofrece al lector

el contexto nacional en el que se desarrolla la política y el movimiento social, así

como las perspectivas teóricas para su análisis; la segunda describe los

antecedentes del MOVICE como oportunidades políticas; en la tercera se hace el

análisis de las dimensiones de la política pública y el impacto que en ellas ha tenido

este movimiento social. Luego se describe la coyuntura de diálogos de paz actual y

su relación con el MOVICE. Para terminar, se ofrecen las conclusiones del trabajo.

15

2. MOVIMIENTOS SOCIALES Y POLÍTICAS PÚBLICAS EN COLOMBIA: CONTEXTO Y PERSPECTIVAS TEÓRICAS

Los movimientos sociales han sido formas de acción colectiva presentes desde los

procesos independentistas de Colombia, por lo que su estudio es altamente

relevante para la comprensión de la historia nacional. No obstante, la

preponderancia de distintas dinámicas de violencia en el país como el actual

conflicto armado interno extendido por décadas, han opacado la labor de los

movimientos sociales tanto en el escenario cotidiano nacional como en el estudio

de las ciencias sociales en este país. Incluso, han contribuido a la construcción de

estereotipos negativos que han alejado a los investigadores sociales de la

objetividad en su estudio, llevando a que, aunque sean parte fundamental del

devenir histórico nacional, sólo hayan entrado a formar parte importante de la

investigación académica colombiana desde la segunda mitad del siglo XX (Archila,

2001).

A pesar de su presencia histórica, los movimientos sociales en Colombia no han

gozado del éxito que ha caracterizado a algunos países vecinos como Venezuela,

Bolivia o Argentina, entendiendo este ‘éxito’ como la consecución de sus objetivos

en cuanto a la transformación de la realidad social de sus miembros y la capacidad

que tienen de incidir en la esfera política, en este caso, en contextos de sistemas

de gobierno democráticos. Esto ha hecho inevitable establecer una relación entre

democracia y movimientos sociales, y por ende, con el concepto de políticas

públicas, pues finalmente son estas las respuestas que dan los Estados a las

demandas sociales que bien pueden ser las de determinado movimiento social que

consigue llevarlas y posicionarlas en la agenda pública para así formar parte de

estos procesos (Cruz Rodríguez, 2012). La particularidad del caso colombiano en

cuanto al éxito de los movimientos sociales, quizás radique como se mencionó

anteriormente, en la fuerte ola de violencia que parece dominar la historia del país

llevando a que las expresiones populares ajenas al uso de la violencia pierdan

autonomía y capacidad de acción por el temor y el poder que ejercen los grupos

armados.

1 6

Siendo este el panorama general, resulta claro entonces que las ciencias sociales

y los investigadores colombianos no han podido ser ajenos a un devenir histórico

tan convulsionado como el colombiano, sin embargo, su forma de analizar y

acercarse a estos fenómenos ha sido diversa. Los primeros intentos de análisis y

comprensión estuvieron basados en las teorías marxistas y dependentistas que

trataban de comprender los fenómenos de una forma estructural con categorías que

respondían los conceptos de clase social y desarrollo; de allí que los movimientos

obreros y campesinos en el país estuviesen siendo catalogados bajo identidades de

clase o por categorías correspondientes a lo socioeconómico. Al ser muchas veces

poco correspondientes o vagas en el estudio, estas teorías entraron en decadencia

y empezaron a ser reemplazadas por categorías más amplias y comprensivas como

la noción de ‘pueblo’ o ‘movilización popular’ como sujetos protagónicos de la acción

colectiva, sin embargo, nuevamente se quedaban cortas en la labor explicativa.

Con el auge y escalamiento del conflicto armado en la década de 1990, proliferaron

en el país los estereotipos negativos respecto a la movilización social, lo que llevo

a que buena parte de la investigación académica sobre los movimientos sociales se

redujera al considerarse en varias ocasiones a estas expresiones como poco

influyentes en la construcción de democracia e incluso, como carentes de una real

racionalidad. El impacto de la violencia (especialmente del conflicto armado y sus

actores) es innegable y fundamental para comprender la evolución de los

movimientos sociales, entendiendo que este impacto se ha dado en varias

direcciones como bien ha sido con la muerte de varios dirigentes, activistas y

miembros de las organizaciones víctimas del enfrentamiento, la afectación que se

ha dado a los ritmos y oportunidades de protesta y en últimas, la reducción notable

de autonomía de la movilización no sólo respecto al Estado, sino aún más con los

grupos armados (Archila, 2001).

Tales cambios en los tipos de acción colectiva popular, hicieron incorporar a los

análisis académicos las teorías posestructuralistas y retomar la noción del

individualismo metodológico que ahora, en la actualidad, hacen plantear la relación

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entre las luchas sociales y la construcción de democracia en las diferentes

sociedades latinoamericanas, especialmente la colombiana.

Conviene mencionar respecto a esa relación la idea de Mouffe y Laclau (1987) sobre

radicalización de la democracia mediante la ampliación de la ciudadanía a través el

aprovechamiento de las distintas oportunidades políticas. Adoptar una idea de

democracia participativa radical como se hace en el presente trabajo conlleva a

pensar la democracia más allá de la mera representación, sumando a ella el

pluralismo, la igualdad y la efectividad de la participación social, lugar donde los

movimientos sociales son sumamente importantes. Siguiendo a Gomá (2002, pág.

12), esta adopción conceptual implica entonces trascender la clásica representación

electoral al ser evidente la difícil existencia de cierto interés general y armónico, y

sobre todo, la capacidad de los políticos electos para interpretar y satisfacer tal

interés. Por ende, la noción de radicalidad y la participación, actúa además como

un garante ante la ‘captura’ de las instituciones y los espacios de participación por

parte de grupos sociales reducidos y desconectados de la mayoría de la sociedad

que cuentan con suficientes recursos de poder para sobreponer sus intereses

particulares o privados a los del pueblo en su conjunto.

Es en este punto donde es necesario resaltar el papel de las políticas públicas y el

lugar que allí juegan los movimientos sociales. Como menciona Erik Neveu (2002),

al abordar el tema de lo político nos estamos refiriendo a los gobernantes no como

unos simples interlocutores, representantes o contradictores de los sectores

movilizados, sino como un conjunto de actores promotores de políticas públicas,

proyectos y/o programas que actúan frente a una situación social problemática

queriendo evitarlas o resolverlas para un determinado grupo social. En sus propias

palabras “estas políticas públicas conciernen doblemente a los movimientos

sociales. Pueden traducir las intervenciones que estos últimos reclaman y darles

respuesta y al mismo tiempo desactivarlos, constituir instrumentos de integración

de los protestatarios o de troquelado de los repertorios de acción colectiva” (Neveu,

2002, pág. 164).

18

El caso colombiano, a partir de su experiencia permeada por diversos actores

sociales y armados, hace posible reafirmar que ya no resulta tan pertinente hablar

de una marcada distinción de roles entre las instituciones públicas (Estado) y la

sociedad civil (movimientos sociales) puesto que ambos actores en sus diversas

formas de accionar, se hallan en constante interacción y confrontación mediante

diferentes mecanismos de visibilización que actualmente son bastantes por el

incremento del uso de la tecnología, por ejemplo, como herramienta política y social

que permite articular elementos discursivos, simbólicos y cognitivos los cuales,

llevan finalmente a dar por hecho que de una u otra forma los movimientos sociales

en Colombia y el mundo se encuentran en los espacios de producción y puesta en

marcha de múltiples políticas públicas dependiendo de su posición en los espacios

de governance, de las disposiciones de la agenda de gobierno y la forma en que se

llevan a cabo los procesos de toma decisiones públicas (Ibarra, Gomá, González, &

Martí, 2002).

Así, una interpretación de las políticas públicas como la que aquí se aborda, estaría

relacionada a la perspectiva teórica del primer modelo planteado por Mény y

Thoenig según la cual el Estado es concebido como una especie de ventanilla desde

la que se atienden las demandas sociales y cuya respuesta serían las políticas

públicas enfocadas a la resolución de estos problemas y la optimización de las

decisiones colectivas (Subirats, Knoepfel, Larrue, & Varone, 2008, pág. 20). Sin

embargo, una idea como esta asumiría que el Estado está en capacidad y atiende

el conjunto completo de demandas sociales, siendo así, los movimientos sociales y

sus acciones llevan a reconocer las limitaciones de un modelo como este (es decir,

que el Estado muchas veces deja de atender o dar relevancia a ciertas demandas

sociales debido a ciertos intereses o razones) y plantean como consecuencia, la

necesidad de analizar las políticas públicas y la labor del Estado en relación con los

actores sociales como partes esenciales de esto. Conviene entonces ejemplificar y

dar una idea real de esta relación con base en el contexto colombiano, para ello, se

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ofrece útil la experiencia reciente de la comunidad LGBTI en el país la, cual ahora

se describe de forma breve y general.

2.1 LA IRRUPCIÓN DE LA COMUNIDAD LGBTI

En la actualidad Colombiana, entra en escena un grupo social históricamente

excluido y afectado pero que aun así, poco protagonismo había tenido en el estudio

académico de los movimientos sociales y en las trayectorias históricas de los

países: es el caso de la comunidad LGBTI que hoy aparece con bastante ímpetu en

Colombia y el mundo. La comunidad LGBTI adquiere tal denominación en 2001

luego de que el Proyecto Planeta Paz así la reconociera. Con este acontecimiento,

la organización de la comunidad homosexual en Colombia pasaría de meras

acciones o movimientos espontáneos y transitorios a una forma de acción colectiva

con objetivos a largo plazo y trascendentales en aras no solo de hacer respetar y

garantizar sus derechos sino además de contribuir a la construcción de paz en el

país. Este sería el paso fundamental para el establecimiento de redes sociales a

nivel tanto local como nacional que en últimas consolidarían al movimiento como un

sector social de fuerte relevancia para el contexto del país por medio de varias

formas de visibilización.

Por un lado, la creación y establecimiento de una política pública de identidad ha

sido desde el comienzo uno de los pilares de la organización LGBT y continúa

siendo uno de los principales retos. Para tal fin, los mecanismos de visibilización

son su base y llevan a definir esta política como “acciones desplegadas para lograr

el reconocimiento social y político de grupos sociales con identidades particulares

en relación con la adscripción étnico-racial, el género o la orientación sexual”

(Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, 2008, pág. 61).

Tales mecanismos tienen como función la construcción de un ‘otro’ diferenciado y

que por ende es socialmente reconocido y visible; este ‘otro’ resulta ser un sujeto

de derechos como cualquier ser humano independientemente de, en este caso, su

orientación sexual. Con ello, no solo se visibiliza sino que se va transformando la

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cultura conservadora en Colombia y su imaginario social que tiende a discriminar a

quienes son ‘diferentes’, esto mediante la apertura de espacios de participación.

De otro lado, la incidencia política de la comunidad es otra de sus funciones

sociales, para ello distintos organismos se han propuesto esta tarea como su misión,

por ejemplo el ‘Polo de Rosa’, ‘Colombia Diversa’ y la asociación ‘ADALID’. Entre

estas, se han logrado ciertos objetivos importantes en casos como el de la Ley de

Parejas del Mismo Sexo en el cual se trabajó conjuntamente con representantes del

Polo Democrático Alternativo para la votación a favor de la ley. Se consiguió además

la elección de un edil y la Alcaldesa en la localidad de Chapinero y la obtención de

buen número de votos en Fontibón y Los Mártires con lo que se consiguió hacer

más visible y relevante el tema dentro de las agendas políticas1.

El 28 de junio de 2006, día Internacional del Orgullo Gay, el Alcalde Luis Garzón

presentó la política pública enfocada a la población LGBT bajo el marco de su

campaña ‘Bogotá Sin Indiferencia’ y como respuesta al apoyo electoral que había

recibido para su campaña por la alcaldía de Bogotá. La propuesta general de la

política estaba basada en “el desarrollo integral, la igualdad, la equidad y la no

discriminación de estas personas por motivos de su opción sexual o de género, así

como a garantizar el disfrute de todos sus derechos. Además, instituir acciones

afirmativas orientadas a superar la exclusión económica, social, política y cultural

de esta población en Bogotá, en especial lo relacionado con los servicios de

educación, salud y seguridad” (Velandia, 2006). Con esta política pública se

lograrían crear organismos especiales como la Subsecretaría de la Mujer, Géneros

y Diversidad Sexual; el IDPAC; y representantes de la comunidad en el Distrito como

Liza García de la Dirección de Diversidad Sexual de la Secretaría Distrital de

Planeación, Ana Lucía Ramírez en el IDPAC y Elizabeth Castillo quien dirigiría el

Centro Comunitario LGBT. Aun con estos logros, los retos para esta comunidad se

mantienen, tal como refleja el informe presentado por Colombia Diversa (2014)

1 Para ver con más detalle estadísticas actuales, se pueden consultar los informes anuales que presenta la ONG Colombia Diversa a través de su página web www.colombiadiversa.org

21

titulado ‘Cuando la guerra se va, la vida toma su lugar’, al menos 164 de sus

miembros fueron asesinados entre 2013 y 2014, por lo que aun con la puesta en

marcha de la política pública, la discriminación y la intolerancia siguen

presentándose como uno de los principales obstáculos y retos para su accionar.

Evidentemente, el movimiento LGBTI constituye un hito histórico, un acontecimiento

sin precedentes en cuanto al accionar de los movimientos sociales y su capacidad

de incidencia en la esfera pública. Su particularidad se basa en que en poco tiempo

y a pesar de los conflictos internos, el movimiento y sus organizaciones consiguieron

la visibilización social de sus demandas y así mismo, una respuesta del Estado

traducida en la implementación de una política pública enfocada a esta comunidad.

Esto demuestra que si bien los movimientos clásicos precedentes2 no fueron

suficientemente exitosos en relación a su impacto político, en la actualidad están

emergiendo nuevas identidades sociales como esta comunidad que a pesar de su

carácter reciente, ha conseguido varios de sus objetivos a partir de diferentes

repertorios de protesta, de acción y de movilización de recursos aprovechando por

ejemplo, las nuevas herramientas tecnológicas que día a día se están convirtiendo

en uno de los pilares de trabajo y planificación no sólo de los movimientos sociales

sino también de múltiples actores sociales y políticos.

Este caso, el del movimiento LGBTI, es un ejemplo claro de la relación entre los

movimientos sociales y las dimensiones de las políticas públicas3, esto ya que

representa la forma en que un movimiento reciente puede lograr incidir en la

formulación de una política pública que responda específicamente ante sus

demandas y es además, una muestra de la irrupción de nuevas identidades en los

movimientos sociales.

2 Algunos movimientos sociales históricos o clásicos de la nación colombiana pueden ser el movimiento obrero, el campesino y el estudiantil, ya que están presentes frecuentemente en la historia nacional reciente (post independencia).3 Según Ibarra, Martí y Gomá, las políticas públicas públicas se componen de tres dimensiones fundamentales en las cuales los movimientos sociales pueden incidir: simbólica, sustantiva y operativa. Cada una de ellas se interrelaciona y corresponde con las fases desde las cuales se ha hecho el análisis común de las políticas públicas (formulación, implementación, evaluación, etc.).

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Una de esas nuevas identidades es la del movimiento social de víctimas, una

identidad particular de la sociedad colombiana que ha experimentado más de medio

siglo de violencia y disputa entre actores armados que por ende, representa un gran

reto para la posibilidad de impacto y éxito no solo para incidir en la esfera pública

sino incluso para la construcción de una identidad de víctimas como tal.

Aunque los hechos victimizantes se remontan a los mismos inicios del conflicto, es

hasta los últimos años que las voces de las víctimas se empiezan a agrupar y a

llevar a la esfera pública sus demandas, sin embargo, teniendo como principal

obstáculo la continuación de la violencia y con ella, la reproducción de la

victimización4. Como menciona Eliana Sánchez (2013) “en entornos de conflicto

armado y violencia, la resignificación de la esfera pública asociada a la memoria

supone un proceso complejo, en tanto el conflicto armado ha alterado no solo la

vida cotidiana de las personas sino también sus lazos sociales; en ese sentido, las

comunidades se enfrentan al miedo de poner sus memorias en la esfera pública,

pues en muchas ocasiones a causa de estos relatos y duelos colectivos, han sido

constreñidas, silenciadas e incluso eliminadas por los poderes armados”.

Teniendo en cuenta este contexto y panorama general, es fundamental ahora,

precisar las perspectivas teóricas con las que se llevará a cabo esta investigación,

las cuales deben permitir analizar el movimiento social en relación a la política

pública, para así, finalmente identificar la incidencia de esta forma de acción

colectiva en los procesos de toma y ejecución de decisiones públicas.

4 Para una mejor idea y contextualización de los procesos que reproducen la victimización, se puede consultar el informe presentado por el MOVICE (2012) sobre este tema específico. Disponible en: http://www.cjlibertad.org/files/Revictimizacin_a_las_vctimas_de_crmenes_de_Estado.pdf

2 3

2.2 PERSPECTIVAS TEÓRICAS PARA EL ANÁLISIS DEL MOVICE Y LA POLÍTICA PÚBLICA

Se toma como punto de partida en esta investigación la definición de movimiento

social de Pedro Ibarra, según la cual este es “un actor político colectivo de carácter

movilizador (y por tanto, un espacio de participación) que persigue objetivos de

cambio a través de acciones (generalmente no convencionales), y que para ello

actúa con cierta continuidad, a través de un alto nivel de integración simbólica y un

bajo nivel de especificación de roles, a la vez que se nutre de formas de acción y

organización variables” (Ibarra, Martí, & Gomá, 2002). A partir de esto, es posible

afirmar que los movimientos sociales consisten además en cierto tipo de agentes

tanto de persuasión como de influencia, los cuales a través de distintos mecanismos

de acción pueden presionar y desafiar las estructuras dominantes en múltiples

aspectos sociales, es decir, que por ejemplo pueden incidir altamente en la esfera

de la política y de las políticas públicas en la sociedad. Siguiendo este ejemplo, los

autores establecen cuatro espacios o ámbitos en los que los movimientos sociales

pueden incidir en la esfera de la política:

• Ámbito simbólico: ya que manejan sistemas de narraciones,

discursivos, con bases culturales y estructuras mentales que llevan a

interpretar la forma en que ciertos conflictos sociales se presentan en

la cotidianidad y la necesidad ante esto, de transformar el orden social.

• Ámbito interactivo: pues al considerarse como actor colectivo, está

integrado por normas que se a lo largo se convierten en guías para la

acción.

• Ámbito institucional: debido a que tienen capacidad de incidir en las

estructuras y aparatos establecidos que regulan las conductas

sociales por medio del uso de estrategias alternativas.

• Ámbito sustantivo: puesto que finalmente y en esencia, el movimiento

social supone un instrumento para la transformación de las

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condiciones de la realidad: las relaciones sociales y las condiciones

de vida de los individuos (Ibarra, Martí, & Gomá, 2002).

Ahora bien, teniendo una definición del concepto y los espacios políticos en las

cuales puede incidir, cabe mencionar algunas de las características relevantes a la

hora de describir los movimientos sociales. Inicialmente, resulta importante

mencionar algunos elementos diferenciadores de los movimientos sociales de otros

tipos de actor colectivo en base a seis criterios generales: la intensidad de la

estructuración, el discurso que desarrollan, el ámbito preferente de intervención, la

orientación hacia el poder, la estrategia para la obtención del poder y, la naturaleza

de los recursos (Ibarra, Martí, & Gomá, 2002). En la siguiente tabla, los autores

resumen una tipología ideal de los actores colectivos:

Gráfico 1: Tipología de actores colectivos

P A R T ID O S G R U P O S DE

IN T E R É S

M O V IM IE N T O S

S O C IA L E S

E stru c tu rac ió n Formalizada, estable,

jerárquica

Formalizada, fuerte Horizontal, variable, redes

D isc u rso Global Sectorial Transversal

Á m b ito de in te rve n c ió n Institucional,

convencional

Institucional (variable) Social, no convencional

O rien tac ió n h ac ia el

p o d e r

Ejercicio Presión Cambio - enfrentamiento

E stra te g ia Competencia Acceso a autoridades Conflicto

R e cu rs o s Cargos, votos Experiencia, recursos,

acceso

Miembros comprometidos

Fuente: (Ibarra, Martí, & Gomá, 2002, pág. 25)

A partir de estas características, queda resumida la perspectiva y la base teórica

desde la que se trabajarán a los movimientos sociales a lo largo de esta

2 5

investigación. Sin embargo, es fundamental mencionar también el uso que se le da

al concepto de ‘víctima’, que es en últimas el tipo de movimiento social que aquí se

analiza. Para ello se asume la definición de ‘víctima’ que ofrece la Ley 1448 de 2011:

“Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del

1o de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno” (LEY 1448,

2011). A lo anterior se suman también las disposiciones que se añaden a esta

definición a lo largo de la ley. Sin embargo, se asumen también nociones criticas

del concepto de víctima que destacan algunas características que perjudican su

comprensión como las que destaca Arias Marín al mencionar que en la mayoría de

ocasiones, se asume a las víctimas desde un punto de vista histórico netamente

juridicista y de sacrificialidad (Arias Marín, 2012); y que por ende, es necesario

trascender estos limitantes al punto de poder hacer reales objetivos como los del

MOVICE en cuanto a la justicia y la reparación.

Partiendo de estas bases conceptuales, para comprender las razones por las que

aparece en la escena pública un movimiento social, se ha considerado como un

sustento teórico importante y básico la propuesta de Tarrow denominada Estructura

de Oportunidades Políticas (EOP), la cual se refiere a que, bajo ciertas

circunstancias del contexto en una sociedad, se abren o facilitan espacios para que

aparezcan los movimientos sociales (Tarrow, Poder en movimiento. Movimientos

sociales, acción colectiva y política de masas en el Estado moderno, 1997). Siendo

así, la EOP se concentra en factores contextuales que preceden al movimiento pero

que posteriormente pueden generarle posibles aliados, reducción en los costos de

su acción y la probable exposición de puntos débiles de las autoridades políticas de

la sociedad.

En suma, la EOP definirá las condiciones externas al movimiento que llevan a su

aparición y posiblemente facilitan su accionar de manera que puedan incidir en la

2 6

esfera política y con ello, quizás cumplir con sus objetivos primordiales. No obstante,

desde esta perspectiva no puede limitarse el accionar y la aparición de los

movimientos sociales a la existencia de una EOP, sino que estos gozan también de

cierto grado de autonomía, es decir, que considero que las oportunidades políticas

no son un condicionante necesario para la incidencia política y la existencia de

formas de acción colectiva y que además, los mismos movimientos sociales pueden

estar en capacidad de crear nuevas EOP.

A lo anterior, deben añadirse las características contextuales actuales que llevan a

la idea de existencia de una mayor complejidad en el ámbito de lo público y de la

democracia, que los autores desarrollan bajo los términos de governace

participativa y democracia radical (Ibarra, Martí, & Gomá, 2002). Esta radicalidad de

la democracia se compone de dos aspectos generales:

ü Pluralismo: Entendido como un conjunto de redes amplias en las

cuales diversos actores pueden participar e incidir, y donde no hay

formas de exclusión o reglas formales que obstaculicen la posibilidad

de formar parte de las interacciones en la red.

ü Radicalidad participativa:

o Igualdad: como conjunto de interacciones simétricas entre

actores. Hay una distribución igualitaria en cuanto a capacidad

de incidencia en la agenda y las fases de las políticas.

o Efectividad: La participación juega un papel relevante en la

toma de decisiones. La labor de los movimientos sociales

resulta importante como parte de la elaboración de políticas.

Así, estas y las agendas deberían reflejar los intereses más

amplios que se dan a través de los procesos participativos.

Con el concepto de democracia radical ya mencionado y descrito, ahora se da lugar

a la descripción de las políticas públicas y sus tres fases o dimensiones de acuerdo

a Ibarra:

97

- Dimensión simbólica o conceptual: Fase en donde se inician los procesos

de construcción de problemas socialmente relevantes y de demandas

sociales a través de un conglomerado de discursos, valores, marcos

cognitivos y creencias, los cuales llevan al establecimiento agendas

públicas para la actuación.

- Dimensión sustantiva: Es en esta fase donde se formulan las políticas

públicas para luego negociar sus contenidos, alcances y su formalización

por medio de un sustento jurídico, como bien puede ser en el caso de esta

investigación la Ley 1448 de 2011.

- Dimensión operativa: Es la conocida fase de implementación de la política

pública. A su vez, en esta fase pueden presentarse y abrirse nuevos

espacios para la participación incluso de nuevos actores que puede llevar

finalmente a un posible rediseño de las políticas (Ibarra, Martí, & Gomá,

2002).

Es en este conjunto de dimensiones, donde los movimientos sociales, en este caso

el MOVICE, pueden tener impacto e incidencia política de una u otra manera por

medio de la utilización de recursos, mecanismos de movilización, repertorios de

acción y protesta, estrategias, campañas, etc...

Para analizar estos mecanismos que permiten la incidencia política, sirven como

base también algunos conceptos y elaboraciones teóricas. McAdam trabaja el

concepto de estructuras de movilización para referirse a aquellos medios colectivos

de carácter formal o informal que los ciudadanos utilizan para movilizarse y formar

parte de los procesos de acción colectiva (McAdam, McCarthy, & Zald, 1999). Con

en esto, es posible caracterizar las formas de organización que presenta el MOVICE

y su articulación para cumplir sus objetivos primordiales, es decir, que a través de

estas formas se podría analizar el curso, el objetivo y los resultados de las diversas

acciones del movimiento social que a su vez, pueden conseguir la formación de

coaliciones entre diversos movimientos con miras a metas comunes.

28

Por otro lado, está el elemento de los ‘marcos cognitivos’ que elaboran Snow y

Benford y muchos otros investigadores sociales. Este es un elemento crucial en

cuanto a los procesos de elaboración de un discurso común entre los miembros del

movimiento a partir de la creación de significados y valores compartidos que

permiten la definición de la situación de las víctimas. No resultaría posible una

acción eficaz sin la precedencia de ‘cosmovisiones’ compartidas entre los individuos

y la coordinación entre los mismos. Esta tarea del Framming, la definen los autores

como “un esquema interpretativo que simplifica y condensa el mundo de ahí fuera

apuntando y codificando selectivamente los objetivos, situaciones, acontecimientos,

experiencias y secuencias de acciones dentro del entorno presente o pasado de

cada uno” (Snow & Benford, 1992).

Los marcos cognitivos son aspectos sumamente relevantes para comprender tanto

el discurso como la acción del MOVICE y los movimientos sociales en general, pues

permiten dotar de un sentido a los individuos miembros y además, dan cuenta del

orden social y los actos de injusticia que han sufrido colectivamente y por los que

es un deber moral y práctico luchar por una transformación de esta condición, la

condición de víctimas.

El Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, que será analizado en

este trabajo, es una de las principales organizaciones representativas de esta

identidad de las víctimas y su organización, la cual cumple ya 10 años de intenso

trabajo por la reivindicación de sus derechos y su reconocimiento. Intentar dar

cuenta de cómo este nuevo movimiento social, particular del caso colombiano, ha

logrado o no incidir en las dimensiones de una política pública supone una tarea

rigurosa que reconozca su historicidad y evolución través del tiempo, para así poder

llevar a cabo el análisis de sus acciones y estrategias dispuestas para formar parte

de los procesos de toma de decisiones y políticas públicas en el país, lo cual será

desarrollado en los capítulos siguientes.

2 9

3. PROYECTO NUNCA MÁS Y JUSTICIA Y PAZ: LAS OPORTUNIDADESPOLÍTICAS DEL MOVICE

Sidney Tarrow (1997) establece junto a otros autores pioneros en el estudio de los

movimientos sociales, la acción colectiva y la construcción de identidad como

Eisinger (1973) y McAdam (1985), la idea de la Estructura de Oportunidades

Políticas (EOP) referente a la influencia que tiene el contexto político en las

sociedades como un potenciador o posible obstáculo para el surgimiento de formas

de acción colectiva como los movimientos sociales. Este contexto político

representa el conjunto de recursos externos el grupo, los cuales pueden evidenciar

falencias en el accionar político del Estado, posibles aliados de influencia y formas

de acción colectiva a coste reducido. Los recursos y las dimensiones de esta EOP

pueden distinguirse en tres aspectos: la posibilidad de acceso a las élites

gubernamentales, la disponibilidad de aliados influyentes y la conexión con la

coyuntura internacional (Martí, 2008). Estos aspectos, no obstante, no se presentan

de manera rígida y vertical, es decir, que la acción colectiva no depende en su

totalidad del contexto político sino que esta misma puede crear oportunidades

políticas a partir de su acción colectiva (Martí, 2004).

Así, la EOP constituye una herramienta que ofrece respuestas a la pregunta de ¿por

qué aparecen los movimientos sociales? a partir del análisis de las condiciones del

ambiente político, las relaciones entre el Estado y los ciudadanos e incluso de la

coyuntura internacional.

Centrando el análisis al caso colombiano aquí planteado, el Movimiento Nacional

de Víctimas de Crímenes de Estado y la política pública para la atención de víctimas

del conflicto armado interno, no fueron acontecimientos espontáneos en la escena

sociopolítica de Colombia, ambos fueron producto de largos procesos de luchas

sociales, organizaciones previas, diálogos de paz, entre otros, que a la larga

sirvieron de base para la consolidación del movimiento social y la ejecución de esta

innovadora política pública. Juntos, representan hechos políticos, jurídicos y

30

sociales que marcaron la coyuntura nacional sobre todo en lo que respecta al

conflicto armado y que sin duda, tendrán una inmensa influencia en la difícil tarea

de construir la paz en este país. Así, en su conjunto estas luchas y el ambiente

político precedente representan las oportunidades políticas del MOVICE, las cuales

son trabajadas a continuación.

3.1 EL PROYECTO ‘COLOMBIA NUNCA MÁS’

La década de 1990 fue una de las más duras y difíciles en términos de violencia

para Colombia debido a los incrementos de acciones violentas en un conflicto

armado que ahora contaba no solo con guerrillas sino también con grupos

paramilitares y organizaciones criminales al servicio de dinámicas como el

narcotráfico. Ante esta irrupción de la violencia y la criminalidad, se fortalecieron los

esfuerzos de la comunidad por luchar contra la injusticia y la impunidad.

Para 1994, tuvo lugar en Bogotá el Seminario Internacional sobre Comisiones de

Verdad, en este, fueron compartidas diferentes experiencias de luchas sociales por

la memoria y en contra de la impunidad de varios países latinoamericanos como

Argentina, Chile, Bolivia, El Salvador y Guatemala, a partir de las cuales se concluyó

que la mayoría de esfuerzos en estos países no habían sido del todo exitosos pues

en muchos casos la lógica de ‘perdón y olvido’ terminó imponiéndose respondiendo

a la fuerza e influencia del oficialismo en los distintos países. Tal conclusión, reflejó

el reto que enfrenta Colombia al experimentar una situación mucho más compleja

que la de estos países vecinos por la perennidad de la violencia en el territorio y la

mayor magnitud de crímenes de lesa humanidad, no obstante, se alentó también a

los participantes a la lucha por la transformación ética de esta sociedad (Colombia

Nunca Más Zona 7, 2001).

Así, paralelamente a otros ‘Nunca Más’, EL 10 de abril de 1995 un conjunto de

diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos5 llegaron a la

5 Las organizaciones participantes en el proceso de fundación de Colombia Nunca Más fueron un total de 17: Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia -ASFADDES-, Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo", Comisión Intercongregacional de Justicia y Paz,

31

decisión de implementar un Proyecto Nunca Más en Colombia que luego de

sucesivas reuniones, estableció un primer equipo de trabajo para 1996. Los pilares

del proyecto fueron la lucha contra la impunidad y la reconstrucción de la memoria

histórica respecto a los crímenes de lesa humanidad acontecidos en Colombia

desde 1966 hasta 1998. Entre sus principales objetivos figuraba de forma

importante el de “Estimular a las Organizaciones Sociales, Víctimas, Familiares de

Víctimas y Organizaciones de Derechos Humanos de Colombia a la creación de un

movimiento social de lucha en contra y por la superación de la impunidad en que se

encuentran los Crímenes de Lesa Humanidad en el país” (Objetivos - Colombia

Nunca Más, 2008) lo cual concierne bastante al posterior nacimiento del MOVICE.

Uno de los principales logros de este Proyecto es el de la documentación de más

de 40000 casos de crímenes a lo largo de esta periodización6, los cuales se han ido

publicando por medio de diferentes informes que además de reconstruir la memoria,

han contribuido a la visibilización de esta problemática nacional a la que muchos

sectores y regiones del país se consideran ajenos. Para la documentación de estos

casos, el Proyecto utilizó como estrategia metodológica la división de ‘tres

momentos’ que reflejan este proceso: en primer lugar, se realiza un acercamiento a

Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos -CSPP-, Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos -CPDH-, Comisión Interfranciscana de Justicia, Paz y Reverencia con la Creación, Corporación Sembrar, Comité Regional de Derechos Humanos de Santander -CREDHOS-, Fundación Reiniciar, Colectivo de Derechos Humanos Semillas de Libertad -CODEHSEL-, Corporación Jurídica Libertad, Comunidades Eclesiales de Base y Grupos Cristianos de Colombia -CEBS-, Humanidad Vigente Corporación Jurídica, Fundación Manuel Cepeda, Asociación Nacional de Usuarios Campesinos Unidad y Reconstrucción -ANUC UR-, Asociación Nacional de Ayuda Solidaria -ANDAS- y la Comunidad de los Misioneros Claretianos de Colombia.6 En el año 2000 se publicaron dos informes regionales correspondientes a las zonas 7 que comprende los departamentos de Meta, Guaviare, parte de Boyacá y Cundinamarca y a la zona 14 que corresponde a Antioquia parte de Boyacá y parte de Santander.Desde abril de 2006 se adelantó un proceso de documentación en los departamentos de Valle y Nariño, y desde noviembre del mismo año en el departamento del Cauca. De este trabajo se publicó en mayo de 2007 el resultado en seis trabajos de recuperación de memoria histórica entre los que se encuentran:

- Crímenes de lesa humanidad en el resguardo de Túquerres.- Lucha por la tierra y crímenes de lesa humanidad en el departamento del Cauca- Persecución contra el movimiento estudiantil en el departamento de Nariño- Estado y narcotráfico en el centro del Valle

Crímenes de lesa humanidad contra “A Luchar” en el Valle del Cauca.

3 2

a memorias y testimonios ya escritos o archivados que dan cuenta del

acontecimiento de crímenes de lesa humanidad para así, sistematizar y clasificar

tales memorias en una base de datos común. En segundo lugar, se pasa a una

etapa de focalización para analizar una zona específica del país a través de la

recolección propia de testimonios y acercamientos a la sociedad, y se solicitan

además informes judiciales oficiales por medio del derecho de petición. Por último,

se realiza una sistematización y análisis a todos los datos que se han podido reunir

para posteriormente redactar y publicar informes, los cuales tienen la pretensión de

ofrecer una imagen más articulada y real de las dinámicas de violencia que enfrenta

el país y así mismo, de las formas de resistencia social que se han presentado

contra estas (Agencia Prensa Rural, 2008).

El Proyecto pretende además a partir de estos procesos de documentación, luchar

por la verdad restituyendo las dimensiones históricas y culturales de la memoria

trabajando directamente con las víctimas para entender las causas de los sucesos

y sus responsables; también la lucha por la justicia a través de la presión por que

no se den fenómenos de impunidad en los espacios de juzgamiento a responsables

por crímenes; y por último, lucha por la reparación integral de las víctimas (Colombia

Nunca Más, 2009).

Resulta claro que estos objetivos en general, y la labor del Proyecto en Colombia,

tienen relación directa con el impulso de la movilización social en Colombia y con la

articulación de las víctimas del conflicto armado. El trabajo continuo con las víctimas

en diferentes regiones del país ha fomentado enormemente la capacidad y el deseo

en cada uno de los ciudadanos por luchar en contra de la impunidad enfrentándose

de forma directa con el Estado. Colombia Nunca Más es entonces el antecedente

directo del nacimiento del MOVICE, el cual se puede catalogar dentro de la teoría

de la EOP como la posibilidad de tener aliados influyentes, en este caso,

intelectuales académicos diversos pertenecientes a la sociedad civil que con su

trabajo potenciaron el nacimiento del movimiento social de víctimas en Colombia.

Es además, una herramienta fundamental para su lucha y su investigación pues la

33

documentación que ha realizado es una de las bases que dan sustento a las

denuncias que hasta la actualidad viene haciendo el MOVICE ya que por ejemplo,

una de las particularidades de este movimiento social es que enfrenta y denuncia

directamente al Estado colombiano por su participación en los hechos victimizantes,

siendo (según este) el fenómeno del paramilitarismo uno de ellos. Tal situación ha

hecho que el objetivo de incidencia política del movimiento sea un gran reto al ser

un atacante directo del oficialismo.

3.2 LEY DE JUSTICIA Y PAZ (Ley 975 de 2005)

Durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez en el país, uno de los principales

objetivos nacionales fue la implementación de un marco legal que permitiese

enfrentar y desescalar el conflicto armado, esto por medio de procesos de

desmovilización con la principal estructura paramilitar del país: las Autodefensas

Unidas de Colombia (AUC). El objetivo principal de la ley fue definido como “facilitar

los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de

miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las

víctimas a la verdad, la justicia y la reparación” (Ley 975 de 2005). Así, la Ley

establece de forma explícita quiénes pueden ser considerados como víctimas del

conflicto y los derechos a los cuales tienen o no acceso. Por otro lado, intenta ofrecer

alternativas de reincorporación de los paramilitares a la sociedad civil luego de

haber sido juzgados y participado en los procesos de reparación de las víctimas

adecuando a estos penas de cárcel de un máximo de 8 años.

Esta ley constituyó un mecanismo innovador para desescalar el conflicto y promover

una respuesta del Estado hacia las víctimas de delitos atroces cometidos por los

grupos paramilitares, por ello, constituye uno de los sustentos y antecedentes de la

posterior Ley de Víctimas y la implementación de una política pública para ellas.

Además, esta etapa de implementación de la ley y el posterior proceso de

desmovilización, han marcado la coyuntura y el ambiente político nacional en

relación a las víctimas y al conflicto armado interno, es decir, han constituido en

buena medida la Estructura de Oportunidades Políticas para el MOVICE ya que

34

aunque en el papel se habla de reparación, verdad y justicia, la implementación de

la Ley de Justicia y Paz ha generado todo tipo de polémicas en relación a su

efectividad7.

Desde el MOVICE se critica fuertemente la Ley en seis puntos básicos: primero, se

argumenta una constante omisión y falta de disposición de los operadores jurídicos

para elaborar análisis contextuales correspondientes a los hechos atribuidos a un

determinado desmovilizado que actuaba bajo una estrategia de objetivos

específicos; lo anterior es fundamental en cuanto al derecho que tienen las víctimas

de conocer la verdad de los hechos, así como los principales autores de los delitos

y sus características lo cual además, es de necesario conocimiento para la sociedad

en su conjunto. Segundo, el MOVICE afirma que aunque en la Ley se haga explícito

que las víctimas son su razón de ser y que los procesos de juzgamiento reposan

supuestamente en principios inamovibles de verdad, justicia y reparación, en la

práctica se refleja que muy poco se ve de esto, pues los procesos se encaminan no

a beneficiar integralmente a las víctimas sino a los desmovilizados. Tercero, resulta

preocupante para el MOVICE que se presenten apoyos excesivos desde el Estado

para los postulados de la ley en materia de sus beneficios en penas y procesos lo

cual representa una extralimitación de las funciones de los encargados y la no

imparcialidad de estos ante la justicia. En cuarto lugar, se critica que la pena

alternativa y su cuantificación sean realizadas de acuerdo a criterios como la

gravedad de los crímenes y la colaboración que los postulados dan a la justicia ya

que esto contribuiría a la proliferación de estrategias de impunidad y por ende, a la

vulneración de los derechos de las víctimas.

Como penúltima crítica se cuestiona la llamada ‘libertad a prueba’ al considerarla

también como un instrumento de impunidad ya que coloca plazos a la revisión de

las penas alternativas y su posible revocatoria, por ende, de presentarse

irregularidades en cuanto a lo consagrado en la Ley por fuera de estos plazos, ya

7 Para una idea más detallada de la Ley y la percepción de las víctimas, se puede consultar el informe ‘Sin justicia y sin paz: verdad fragmentada, reparación ausente’ presentado por el MOVICE en 2009.

35

no sería posible revocar las penas. Por último, el MOVICE afirma que la reparación

se realiza conforme a los recursos y bienes que son declarados por los movilizados

y se limita sólo a estos. Lo anterior se traduce en una estrategia del Estado para

evadir sus responsabilidades en relación a la reparación integral de las víctimas y

además, colocan la carga de estos procesos en las víctimas mismas (Movimiento

Nacional de Víctimas de Crimenes de Estado, 2009).

En general, las organizaciones de víctimas, diversas organizaciones de derechos

humanos e investigadores sociales se han basado en argumentos de este tipo para

concluir que si bien la Ley de Justicia y Paz consigue la desmovilización de miles

de paramilitares, la violencia de los grupos restantes que no accedieron a este

proceso persiste y parece ir en aumento, lo que lleva a dinámicas de revictimización

y de vulneración a los derechos de las víctimas, lo cual sin duda ha sido uno de los

puntos fundamentales más abandonados por el Estado.

Tal fenómeno ha sido descrito así por Mariana Delgado Barón: “con el Proceso de

Justicia y Paz se ha configurado un campo social, jurídico y político que asigna un

lugar determinado a las víctimas y a los victimarios del conflicto armado, y que

otorga un tipo de capital diferenciado, a la vez que ha producido y reproducido no

sólo lógicas y dinámicas de dominación, exclusión y subordinación, sino también de

resistencia y de movilización que se materializan en construcciones discursivas y

acciones sociales en contra de la imposición de las disposiciones del espacio que

se formulan en la Ley” (Delgado Barón, 2011).

Así, el MOVICE resulta como una forma de resistencia y de demanda social

persistente ante la ineficacia de la ley, y la posterior Ley de Víctimas aparece como

la nueva propuesta de política pública que pretende resolver los problemas de

reparación y justicia para las víctimas del conflicto generados por Justicia y Paz. De

forma general, la Ley de Justicia y Paz y lo que ella acarrea posteriormente, es la

base de la EOP que consigue el MOVICE para aparecer en la escena pública de

Colombia.

36

Tanto el proyecto Nunca Más como la Ley 975 de 2005 constituyen desde la

perspectiva de Estructura de Oportunidades Políticas de Tarrow (1997) formas de

estas oportunidades ya que son las características del entorno que permiten explicar

el nacimiento y la consolidación del movimiento social de víctimas en el país. La

reconocida ineficacia de la Ley de Justicia y Paz en relación a las victimas (verdad,

justicia, reparación) generó no solo un incentivo para el accionar de las víctimas

sino también conflictos en las élites políticas que generaron espacios y vacíos

llenados por la aparición de los movimientos sociales y su irrupción en la esfera

pública.

Como se ha mencionado, una característica de las EOP es que está basada

también en la posibilidad de tener aliados influyentes los cuales actúan como un

recurso externo utilizado frecuentemente por los actores sociales para hacer visibles

sus demandas. Tal fue el caso descrito inicialmente con la historia del Proyecto

Nunca Más, pero a esto, cabe nombrar otros acontecimientos importantes que

también caben dentro de esta categoría o dimensión: el caso de la elección de Iván

Cepeda Castro (vocero y representante del MOVICE) como senador de la República

y la elección de Alirio Uribe como Representante a la Cámara, son una clara muestra

de aliado influyente para el movimiento social de víctimas debido a su capacidad de

incidencia en los espacios de toma decisiones públicas en una coyuntura nacional

donde el debate de víctimas es protagónico. Ambos, defensores y representantes

de los intereses de las víctimas, son recursos valiosísimos y hoy en día

fundamentales para que el MOVICE pueda posicionar sus demandas en la agenda

política nacional.

En suma, tal como mencionan Ibarra, Martí y Gomá (2002) “la acción colectiva

prolifera cuando la gente tiene acceso a espacios necesarios para escapar de su

pasividad habitual y encuentra oportunidades para usarlos”, tales espacios y

oportunidades fueron ofrecidos por el proyecto Nunca Más y Justicia y Paz, unos

nacientes de la misma sociedad civil y los otros creados por el Estado. Es esta

37

Estructura de Oportunidades Políticas la que posteriormente marcará la posibilidad

de incidencia del MOVICE en las distintas dimensiones (simbólica, sustantiva y

operativa) de la emergente política pública para las víctimas del conflicto armado, lo

cual constituye los ejes de análisis de los capítulos siguientes.

4. EL MOVICE Y LAS DIMENSIONES DE LA POLÍTICA PÚBLICA PARAVÍCTIMAS

Aunque en el análisis tradicional de las políticas públicas se conciben estas como

una secuencia lógica compuesta por fases como el diseño, la formulación, la

implementación y la evaluación, Ibarra, Martí y Gomá (2002), se refieren al análisis

de las políticas a través de tres dimensiones generales que representan el lugar en

el cual los movimientos sociales pueden incidir y visibilizar sus demandas (ver anexo

1). Una dimensión simbólica o conceptual asociada a la construcción del discurso y

exposición de demandas; una dimensión sustantiva que corresponde al proceso de

formulación de la política, sus proyectos y la posterior toma de decisiones; y por

último, una dimensión operativa que abarca todo lo relacionado con la

implementación de la política pública.

Tales impactos o incidencia política, se encuentran basados en las condiciones de

presencia o acceso al espacio de governance que tenga el movimiento social y las

condiciones dinámicas de protagonismo que existan en este espacio. Siendo así,

tales condiciones estarán marcadas por el capital social que disponga el MOVICE,

por las características de la red de governance (red temática de la política pública)

y por las perspectivas de la opinión pública en relación al discurso que maneja este

movimiento social (Ibarra, Martí, & Gomá, 2002).

A partir de la configuración de estas dos condiciones se marcará la posibilidad de

incidencia del MOVICE en el caso colombiano para la puesta en marcha de la

política pública de víctimas.

38

El siguiente esquema refleja este proceso de impacto:

Gráfico 2: Proceso de impacto de movimientos sociales en políticas públicas8

Condiciones de presencia de la Red Crítica en el espacio

de governance

Condiciones de Protagonismo de la Red Crítica en el espacio de

governance

\T/

Impacto de la Red Crítica sobre las Políticas Públicas

Impacto de la Red Crítica sobre el

modelo de Democracia

Fuente: (Ibarra, Martí, & Gomé, 2002, pág. 224)

En este capítulo se desarrollan entonces estas tres dimensiones, identificando para

ello las estrategias dispuestas por el MOVICE para incidir y llevar a la esfera pública

sus demandas en pro de la construcción de la política pública para las víctimas del

conflicto armado colombiano, así como los obstáculos con los que se ha encontrado

en tal labor.

4.1 DIMENSIÓN SIMBÓLICA

Difícilmente un movimiento social puede trascender de la mera expresión individual

si no agrupa estas en un discurso conjunto que articule las demandas de los

sectores sociales que lo integran, es decir, que la creación de identidad es

fundamental si se tiene como objetivo irrumpir en la escena pública. Una tarea como

esta ha sido e incluso sigue siendo llevada cabo por el MOVICE dada su

complejidad, pues el asunto de las víctimas se presenta en Colombia bastante

diverso dadas las distintas dinámicas y formas de violencia o victimización que han

empleado los numerosos actores armados que componen el conflicto. Para la

muestra, el movimiento está compuesto por familiares de desaparecidos,

8 Las redes críticas son, según los autores, una nueva instancia de los movimientos sociales, que van más allá de la teoría de los ‘n uevos m ov im ie n tos so c ia le s ’. Se trata de n ov ís im os movimientos sociales con potencial de incidencia en políticas públicas bajo una nueva morfología que se inserta en nuevas temáticas o problemáticas socialmente relevantes.

torturados, población víctima de desplazamiento forzado, comunidades indígenas

víctimas del conflicto, miembros de partidos como la Unión Patriótica que

sobrevivieron a la violencia sistemática ejercida en su contra, organizaciones como

Hijos e Hijas por la memoria y contra la impunidad, el olvido y el silencio, minorías

sexuales, entre otros, los cuales han trabajado conjuntamente para la construcción

de una identidad y objetivo común.

El asunto de la identidad, entendida bajo la óptica de Harrison White (2008, pág. 17)

citado por Jaramillo (2009, pág. 8) como “una forma primordial y continua de

búsqueda de control para saber cómo actuar en un mundo social que es caótico”,

sin duda va mucho más allá de en enfoques como el de Oportunidades Políticas

utilizado en el capítulo anterior ya que una vez existente el movimiento social, sus

integrantes buscan ganar en “control” lo que conlleva a la obtención de un equilibrio

en la organización que orienta igualmente la vida cotidiana de cada uno de ellos y

sus identidades.

Una de las formas para la creación de este discurso y un escenario simbólico

creador de identidad, es ofrecida por la teoría de los marcos cognitivos entre los que

se destacan autores como Snow y Benford (1992), Melucci (1985, 1988, 1990),

Gamson (1992) y Klandermans (1997). Según Benford (1993, pág. 199) el marco

cognitivo de acción colectiva puede definirse como “el conjunto de creencias y

significados emergentes y orientados a la acción que inspiran y legitiman las

actividades y campañas del movimiento” . Así, estos marcos funcionan como

discursos culturales que creadores de significados compartidos, los cuales

incentivan a los integrantes del movimiento a la acción colectiva y la contienda

política.

El acta constitutiva del MOVICE en 2005, es el primer elemento dispuesto a orientar

una identidad y unos objetivos políticos claros, allí inicia la tarea del ‘enmarque’. Al

asistir más de 800 delegados de diferentes organizaciones al II Encuentro Nacional

de Víctimas de Crímenes de Lesa Humanidad, violaciones graves a los derechos

humanos y genocidio, se fundó oficialmente el Movimiento Nacional de Víctimas de

40

Crímenes de Estado como una forma contrahegemónica y de resistencia ante la

coyuntura política y social del momento. Precisamente, el primer punto que se

dispone en el acta declara la identidad del movimiento, afirmando que este se

compone de: (1) Víctimas de crímenes de lesa humanidad perpetrados por el

Estado o estructuras armadas amparadas por este, y que hieren la conciencia de la

humanidad., (2) Víctimas de crímenes de guerra cometidos por el Estado, (3)

Víctimas de genocidio de orden político y étnico, (4) Organizaciones de

sobrevivientes de tales crímenes y (5), Organizaciones acompañantes de Víctimas

de violaciones de derechos políticos, sociales, económicos, sociales, culturales y

ambientales (MOVICE, 2005)9.

Evidentemente el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, intenta

articular y enmarcar a través de sí mismo diferentes hechos victimizantes y sectores

sociales bajo un discurso que enfrenta de manera directa al Estado, afirmándolo

como el principal responsable de las dinámicas de violencia ejercidas en el territorio

nacional contra la población civil. Precisamente esta postura marca bastante la

capacidad de incidencia del movimiento, pues no sólo reclama ante el Estado,

además lo nombra responsable de buena parte de los crímenes del conflicto10.

El segundo punto del acta consagra los objetivos básicos y fundamentales del

movimiento, en los cuales se puede identificar su vocación de incidir en la esfera

pública nacional al plantearse algunas metas como: (1) “actuar por una

transformación social e histórica planteando y construyendo alternativas contra la

impunidad de los Crímenes contra la Humanidad, el Genocidio y las Violaciones a

los Derechos Humanos perpetrados por el Estado a través de sus estructuras

militares y paramilitares, de sus modelos represivos, de sus leyes arbitrarias y, en

Para más detalles, se puede consultar el acta en la página web del Movice: http://www.movimientodevictimas.org/versionantigua/index.php?option=com_k2&view=item&id=258 4:acta-de-constitución-del-movimiento-nacional-de-v%C3%ADctimas-segundo-encuentro- movice&Itemid=34010 En el informe presentado por el MOVICE en 2010, se puede verificar la definción de crimen de estado de forma breve y clara (MOVICE, 2010, pág. 6). Disponible en: http://datoscolombianuncamas.org/images/abook_file/INFORME%20MOVICE%20MAYO%202010. pdf

41

general de todas las expresiones del terrorismo estatal”, (2) “Trabajar porque los

derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, se respeten y

realicen plenamente como condición de una paz duradera y de una auténtica

democracia”, y (3), “Buscar que las víctimas y sobrevivientes del terrorismo de

Estado sean reconocidas como sujetos de derecho, testigos históricos, y sectores

participantes en la vida política del país, preservando y reconstruyendo desde la

memoria histórica iniciativas que posibiliten que en Colombia Nunca Más se repitan

crímenes contra la humanidad” (MOVICE, 2005). Para estos fines, la política pública

es una de las herramientas que esta comunidad persigue como posible forma de

que el Estado asuma su responsabilidad en la tarea de reparar a las víctimas y dar

garantías para la no repetición o revictimización.

A la composición diversa del movimiento de víctimas articulada bajo estos objetivos

se suma una lista de 8 estrategias que el MOVICE declara como mecanismos para

lograr sus objetivos de verdad, justicia y reparación integral. Estas estrategias son

a su vez base para moldear el discurso y el marco simbólico que el movimiento

social se piensa para interconectar la diversidad de demandas y posturas que

surgen desde los distintos sectores que componen el movimiento.

La primera estrategia del MOVICE es la jurídica, encaminada a investigar y

documentar sobre el fenómeno del paramilitarismo en Colombia y la aplicación de

la Ley de Justicia y Paz, lo cual lleve a la judicialización de los posibles responsables

de crímenes contra la población civil, especialmente los relacionados con el Estado

colombiano. La segunda estrategia es la de verdad y memoria histórica, que se

desarrolla por medio de audiencias que permiten la participación, el diálogo y la

visibilización entre víctimas, con lo cual se contribuye además a la construcción de

un discurso y posición política conjuntos. En tercer lugar está la estrategia para la

memoria y la reparación integral de las víctimas por medio de la creación de una

Comisión Ética que cree entre la comunidad un referente de que el crimen y la

violencia no son instrumentos para imponer un modelo social o económico. Luego

viene la estrategia para la no repetición basada en un intento del movimiento por

42

hacer que el paramilitarismo se prohíba desde la constitución política misma. La

quinta estrategia busca implementar un catastro alternativo como medida de

reparación, la sexta es la lucha contra la desaparición forzada y la séptima contra el

genocidio político (MOVICE, 2010).

Por último, está la octava estrategia, que resulta fundamental para el movimiento

social ya que consiste en el fortalecimiento del movimiento de víctimas, donde el

MOVICE se compromete a integrar sectores diferentes del territorio nacional y

ofrecer mecanismos de coordinación a nivel nacional e internacional. Precisamente

la estructura del Movimiento de Víctimas es entendida como una plataforma de

coordinación de diferentes organizaciones e individuos que la conformar a nivel

nacional.

Así, la estructura del MOVICE es la siguiente:

Gráfico 3: Estructura del MOVICE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

•Encuentro Nacional de víctimas______________________________________________________ /----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

•Comité de Impulso Nacional______________________________________________________ /-------------------------------------------------------------------------------------- \•Secretaría Técnica Nacional______________________________________________________ /-------------------------------------------------------------------------------------- \•Capítulos regionales______________________________________________________ /-------------------------------------------------------------------------------------- \•Comités de Impulso Regionales______________________________________________________ /----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- \

•Secretaría Técnica Regional______________________________________________________ /

Fuente: (MOVICE, 2010)

La anterior estructura y funcionalidades del movimiento de víctimas en Colombia

cumplen la tarea de enmarque haciendo funcionar este discurso como un marco de

acción colectiva. Esta labor de enmarque no ha arrancado desde ceros, sino que

como es descrito en el capítulo anterior, ha sido resultado de la agregación de varios

factores y experiencias tanto individuales como colectivas que ha ofrecido el

contexto nacional y sus actores, así, la memoria colectiva, la memoria histórica, las

experiencias de violencia significativas e incluso la cultura misma del país, han sido

raíces para esta construcción y configuración de marcos cognitivos. El MOVICE

reconoce esto, y por ello, desde su creación no se ha detenido en el proceso de

adoptar una postura política bajo un discurso; sigue constantemente realizando

audiencias, eventos, reuniones, denuncias, entre otros mecanismos, para mantener

latente el pie de lucha de los integrantes y la estructura que ha definido para ello.

Incluso menciona una novena estrategia enfocada al trabajo conjunto con actores

internacionales en pro de trabajar por los exiliados políticos y el acceso a sus

derechos, trascendiendo así las fronteras nacionales y visibilizando el problema

social de las víctimas en el exterior.

Los marcos cognitivos creados por las organizaciones de víctimas y el MOVICE

sirvieron entonces tanto para dar identidad al movimiento como para dotar de

sentido la movilización y darle relevancia nacional al asunto de las víctimas de

crímenes de Estado.

Siendo así, la incidencia política del MOVICE en la dimensión simbólica de la política

pública para víctimas fue bastante alta pues fue y ha sido un actor protagónico en

la tarea de dar a conocer la relevancia nacional de los crímenes de Estado en el

país y con ello, a construir y unificar la identidad de varios sectores de víctimas en

uno solo. Siguiendo a Gamson (1992), este discurso movilizador que puesto en

práctica el MOVICE ha incidido en tres aspectos esenciales para la acción colectiva:

la injusticia, la identidad y la eficacia, en el primero identificado y dándole relevancia

nacional al tema de víctimas de crímenes de estado, en el segundo, dotando de

identidad un movimiento de víctimas a nivel nacional en el cual sus miembros se

consideran como una comunidad como tal, y en el tercero, llevando a que los

integrantes del movimiento tengan convicción y esperanza en que sus acciones

probablemente serán eficaces para conseguir los objetivos que se han propuesto.

4.2 DIMENSIÓN SUSTANTIVAEl grueso de la dimensión sustantiva de la política pública para víctimas se

encuentra compuesto por la implementación de la conocida Ley de Víctimas y

44

Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011), la cual dispone las medidas de atención,

asistencia y reparación integral para las víctimas del conflicto armado interno

colombiano (LEY 1448, 2011). La aprobación de esta norma legislativa así como el

proceso para ello se analizan en esta parte del capítulo.

Los antecedentes de directos de presentar un marco legal para la atención y la

reparación de víctimas del conflicto se remontan a 2007 (periodo de gobierno de

Álvaro Uribe Vélez) cuando fueron recibidas en el Congreso de la República por

primera vez diferentes y numerosas víctimas del conflicto armado para que

compartieran con Senadores y Representantes sus experiencias y sus demandas

para con el Estado colombiano. Juan Fernando Cristo, senador para ese momento

(hoy Ministro del Interior), se pronunció ante tales relatos reconociendo la necesidad

de impulsar un proyecto de ley que tuviera como protagonista a las víctimas del

conflicto (Partido Liberal Colombiano, 2010). Sin embargo, la mayoría de las

víctimas que fueron recibidas en el Congreso formaban parte de la Fundación

Víctimas Visibles que su vez, se encuentra integrada en gran parte por víctimas de

la insurgencia en Colombia. Siendo así, la visibilización de las víctimas de crímenes

del Estado y su incidencia en esta etapa de la ley fueron escasas al estar impulsado

el proyecto por congresistas de varios partidos tradicionales como Guillermo Rivera,

Roy Barreras, Armando Benedetti y el mismo Juan Fernando Cristo. Sólo hasta

2010 con la elección de Iván Cepeda como Representante a la Cámara (hoy

Senador de la República) el MOVICE contaría con un potencial aliado influyente

directo en el trámite de una ley de víctimas.

Posterior a este acontecimiento, a finales de 2007 se inició la presentación de un

proyecto de ley (044 de 2008) enfocado en la reparación de las víctimas, el cual

contaba con respaldo de organizaciones internacionales de derechos humanos

como la ONU, las cuales se encargaron de financiar buena parte de las audiencias

realizadas en la Comisión primera de la Cámara de Representantes en zonas del

país azotadas por el conflicto, donde a su vez se escuchaba y conocía a las víctimas

para tener una mejor percepción de lo que debía incluirse en el proyecto. Sin

45

embargo, la labor de la comisión respecto a la reparación fue bastante lamentable:

impuso un monto económico máximo de 19 millones de pesos y además excluyó a

las víctimas de crímenes de Estado.

A pesar de estas trabas en el proceso, finalmente las presidencias de Senado y

Cámara presentaron un informe para ser aprobado como ley en 2009, el cual fue

hundido por la bancada uribista argumentando la inviabilidad fiscal del proyecto de

ley, pues supuestamente costaría a la nación más de 80 billones de pesos (Partido

Liberal Colombiano, 2010). Ante tal impactante hecho, Iván Cepeda, vocero del

MOVICE, dijo en una entrevista para el periódico Vanguardia que “el gobierno ha

demostrado que está del lado de los victimarios; su actitud durante todo el trámite

legislativo fue torpedear esta iniciativa, y después, de una manera inmoral y a través

de unos argumentos que consideramos no tienen cabida los cuales son unas

cuentas fiscales, ha intentado echar por tierra una iniciativa que busca la verdad, la

justicia y la reparación para las víctimas” (Vanguardia, 2009).

Luego de estos sucesos, y antes de posesionarse a la Presidencia de la República,

Juan Manuel Santos aseguró que uno de los pilares de su gobierno sería la puesta

vigencia de una ley y una política pública para las víctimas concentrándose en el

tema de la restitución de tierras. Siendo consecuente con esto, para septiembre de

2010, el ahora Presidente Juan Manuel Santos radicó un nuevo proyecto de ley

junto a su bancada de la Unidad Nacional. Así, inició nuevamente su debate por el

congreso, de donde se destaca que en el segundo debate en Cámara se acordó

incluir a víctimas de crímenes de Estado y la indemnización de quienes sufrieron

hechos victimizantes a partir de 1991. Finalmente, en junio de 2011 y aun con la

escasa participación de las víctimas y sus organizaciones (entre ellas el MOVICE

que incluso proponía reformar varias cosas del proyecto11), fue aprobada por las

plenarias de Senado y Cámara la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley

1448 de 2011), marcando así un hito histórico nacional tanto para las víctimas del

11 Ver la propuesta del MOVICE en: https://notiagen.wordpress.com/2011/03/09/el-movice-propone- modificar-el-proyecto-de-ley-de-victimas/

46

prolongado conflicto como para la sociedad en su conjunto y poniendo inicio a la

política pública de atención y reparación para las víctimas por primera vez en la

historia nacional12.

A pesar de la alta expectativa generada por la implementación de la Ley, su

contenido no era del todo favorable para las víctimas de crímenes de Estado, ya

que entre sus disposiciones se establece que la atención a víctimas por parte del

Estado no implica que este último deba reconocer responsabilidades de él o sus

agentes y que de hacerlo, esto no podrá ser utilizado como prueba de

responsabilidad en un determinado juicio contra el Estado (Montero, 2011).

Ante disposiciones como estas, el MOVICE reaccionó con fuertes críticas. Para

2012 publicó un informe titulado: La Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas), ¿Garantiza

nuestros derechos?, en este, aparte de describir desde su postura la Ley de

Víctimas, ofrece una propuesta desde su inconformidad por la realización de un

Catastro Alternativo del Despojo como estrategia de lucha contra la impunidad, de

manera que se devele el proceso de despojo y abandono forzado desde las mismas

víctimas con el fin de que sean establecidas acciones legales que impulsen y

garanticen el acceso real a los procesos de restitución y reparación integral

colectivamente. Por otra parte, proponen la realización de una demanda de

inconstitucionalidad de la Ley de víctimas (algo que evidentemente nunca prosperó)

y la creación de un observatorio de las víctimas, el cual tampoco ha dado frutos

significativos (Cárdenas, 2012).

La dimensión sustantiva de la política pública para víctimas, ha sido a partir de lo

anterior una instancia de la política bastante difícil en cuanto a la incidencia por parte

del MOVICE, esto se debe a que en su camino ha encontrado distintos obstáculos

como un sistema político que cerró en buena medida los canales de participación

en los proyectos de ley, un Estado colombiano renuente a hablar sobre los asuntos

de crímenes de Estado y la constancia de la criminalidad que amenazaba y ponía

12 Ver el mapa conceptual de la política pública en: http://www.unidadvictimas.gov.co/images/snariv/Mapa_conceptual_de_la_Politica_Publica.pdf

47

en riesgo la labor de los integrantes del movimiento social. El avance real en su

incidencia política se da con la llegada al Congreso del entonces Representante a

la Cámara Iván Cepeda Castro, quien desde su llegada trabajó por la ejecución de

esta ley, aunque su contenido finalmente revela que en el carácter sustantivo de

esta política, ni siquiera con su participación y vocería por el MOVICE en el

Congreso logró hacer cambios significativos en las disposiciones de la ley, esto, ya

que tanto él como el partido Polo Democrático Alternativo al que pertenece son una

minoría en el Congreso. La escasa participación de este movimiento social en esta

dimensión de la política pública y la poca contundencia respecto a los crímenes de

Estado, generó posteriormente un ambiente político complejo que a continuación se

analiza en la dimensión operativa de la política.

4.3 DIMENSIÓN OPERATIVA

La última dimensión de la política pública para víctimas del conflicto concierne a su

proceso de implementación, es decir, a la puesta en marcha de mecanismos e

instituciones para la atención y reparación de las víctimas, lo cual no sólo se limita

a analizar la gestión de estos, sino también a considerar posibles nuevos espacios

de participación que apunten a rediseños e intervenciones en la política pública.

De forma general, la principal fuente para materializar la política pública es el

llamado Sistema Nacional de Reparación y Atención Integral a las Víctimas

(SNARIV), el cual se encuentra compuesto por 30 entidades del nivel nacional,

mesas de participación de las víctimas y por las entidades territoriales del nivel local

(departamentos y municipios). A estas se suman las entidades descentralizadas

relacionadas al Programa Presidencial de Atención Integral contra Minas

Antipersonales y el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho

Internacional Humanitario (Santamaría, 2011). La entidad encargada para la

ejecución y coordinación de estos elementos es la Unidad para la Atención y

Reparación Integral para las Víctimas (UARIV), cuyo trabajo se basa en el Registro

Único de Víctimas (RUV) de la Red Nacional de Información (RNI) para la atención

y reparación a las víctimas (Ver anexo 2). Para cumplir con las metas de reparación

48

y atención, el Gobierno Nacional estableció en 2013 que 3,34% del Presupuesto

General de la Nación (6,2 billones de pesos) serían destinados para la reparación;

para 2015, el presupuesto para esta finalidad es de 7,9 billones, equivalente a 1%

del PIB nacional (Ver anexo 3).

Tras sólo 5 meses de ser aprobada la Ley, el MOVICE hizo público un informe de

seguimiento a la implementación de la misma en el cual se mostró bastante crítico

e inconforme con este proceso y los pocos resultados que para el momento había

generado. Según el movimiento social, lo que se podía concluir hasta ese momento

sobre el proceso de llevar la ley a la práctica es que este no era más que “un manojo

de improvisación, desorden y en todo caso falta de apropiación de toda la

experiencia acumulada por el propio gobierno y sus instituciones en el proceso de

superación del Estado de Cosas Inconstitucionales y el diseño de la política pública

atención integral a población desplazada” (MOVICE, 2012). Tal afirmación era

justificada por el movimiento diciendo que había una falta de claridad y

desconocimiento general de la sociedad civil sobre la integración nacional de datos

sobre la victimización y el funcionamiento del SNARIV, es decir, que el gobierno se

había enfrascado en su accionar reparador desconociendo la importancia de

vincular a las víctimas de este proceso en el cual deben ser fundamentales y cuya

participación es necesaria.

En últimas, el informe expresaba nuevamente la inconformidad de sus dirigentes

con la forma en que se estaba llevando el proceso y las pocas garantías que se

estaban ofreciendo para ellos, los integrantes del movimiento y sus aliados.

De la misma forma, luego de tres años de implementación de la Ley de Víctimas y

de haber avanzado considerablemente en el tema de la reparación, el MOVICE

presentó un nuevo informe mucho más detallado y trabajado, que justificaba con

más contenido sus inconformidades, por lo que esta vez iba más allá de las meras

denuncias e intentaba incidir colocando sobre la mesa una serie de propuestas para

reestructurar la política pública. Principalmente criticaba falta de coordinación entre

las entidades encargadas y el nivel nacional-regional, así como su estructura

49

jerárquica como un impedimento para la reparación integral; sumando a esto un

déficit en los recursos dispuestos para tales tareas, los cuales eran insuficientes,

con lo que dejaban por fuera de la política pública o en espera a muchas de las

víctimas que además requerían atención prioritaria (Castillo, 2014).

Por otro lado, es claro que la burocratización afectó en buena medida los resultados

de la política pública pues muchas veces no había claridad en las funciones de los

miembros de las entidades, se malgastaban recursos y la calidad en la atención

para las víctimas era en muchas regiones del país alejada de lo deseable, puesto

que, por ejemplo, el sistema de registro de víctimas era bastante ineficiente:

excluyente, demorado en su implementación y falto de una infraestructura adecuada

(Castillo, 2014).

Un aspecto final, concerniente enormemente a la incidencia política del movimiento

social en la política pública, es la participación que han tenido las víctimas en el

proceso de la implementación. Para la fecha del citado informe del MOVICE, se

habían constituido mesas de participación de víctimas conforme a lo dispuesto en

la ley en alrededor del 80% de los municipios del país y en sus 32 departamentos,

un panorama bastante prometedor, si a ello se suma la creación de la Mesa

Nacional de participación de Víctimas, en la cual ha tenido presencia el MOVICE en

gran medida y con una posición influyente. No obstante, el Movimiento Nacional de

Víctimas de Crímenes de Estado mantuvo su postura de crítica incluso en este

aspecto, pues según ellos, las mesas de participación (incluso la nacional) se

habían convertido en aspectos meramente formales, burocratizados, en los que las

víctimas de base no tenían voz ni participación en los escenarios y procesos de

toma de decisiones.

Para finales de 2015, la Unidad de Víctimas y el Registro Único de Víctimas, tienen

registradas cerca de 7.800.000 víctimas de las cuales aproximadamente 6.000.000

han sido sujeto de atención y reparación (Ver anexo 4). Por el lado del MOVICE,

con la implementación de la Ley de Víctimas se incrementaron los procesos

judiciales por casos de Crímenes de Estado o sus agentes. Uno de los casos más

50

representativos fue el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales (falsos positivos)

perpetradas por agentes del Estado. Para mediados de 2015, se conoció que casi

1000 integrantes del Ejército Nacional (entre oficiales, suboficiales y soldados

profesionales) habían ya sido condenados por tales acciones lamentables y de igual

forma, más de 2000 casos de este tipo se encuentran abiertos o bajo investigación.

Sin duda este fue un logro importante del accionar del MOVICE y también para la

sociedad colombiana en aras de salvaguardar su integridad, su seguridad, y abogar

por justicia (El País, 2015).

Ante las distintas dimensiones de la política pública, no sólo la operativa, el MOVICE

se ha encontrado con obstáculos sumamente fuertes que lo han debilitado en su

objetivo de incidencia. Entre estos, se destaca principalmente la continuidad del

conflicto armado colombiano y de la proliferación de actores armados que durante

toda la existencia del movimiento social han amenazado, asesinado y generado

terror en los integrantes del MOVICE. Esta dinámica de violencia no sólo atañe a

este movimiento social, son muchas las organizaciones y personajes de la sociedad

civil y el Estado los que han recibido amenazas o daños por parte de grupos

armados criminales, los cuales se encuentran ejerciendo la revictimización a

quienes demandan transformaciones reales de las condiciones de vida de

individuos y grupos sociales que por años han recibido los estragos de la guerra13.

Aun así, el MOVICE no ha descansado en su afán de denuncia y reclamo ante el

Estado por resultados dignos, que garanticen la no repetición de la violencia y la

vinculación a sociedad de forma pacífica. Las víctimas de crímenes de Estado

organizadas bajo este movimiento han sido constantes en su lucha por la memoria

y la reivindicación de los derechos de las víctimas a través de estrategias diversas

que han puesto en marcha desde su constitución. Por ejemplo, han hecho uso de

la protesta social, manifestaciones, eventos, conversatorios, denuncias públicas,

13 Ver el informe de revictimización al MOVICE en:http://www.movimientodevictimas.org/versionantigua/images/archivos2/REVICTIMIZACION_MOVICE_ESP.pdf

51

entre otras, además de utilizar las herramientas que ofrece el internet a través de la

creación de propia página web y una base de datos donde almacenan todo tipo de

registros e informes que desde su organización han publicado.

Con todo lo anterior, no se puede afirmar que el MOVICE sea un movimiento social

perfecto y modelo, desde sus propios dirigentes han reconocido sus debilidades

como por ejemplo, una estructura que desde si misma ha generado formas de

exclusión, el aislamiento de sectores de víctimas diferentes a los crímenes de

Estado y paramilitarismo, y la falta de articulación con otros escenarios que

promueven iniciativas de paz y resistencia. Para redondear este capítulo y tener una

idea más concluyente del mismo, la siguiente gráfica representa el nivel de impacto

del MOVICE en cada una de las dimensiones de la política pública de atención y

reparación a víctimas:

Gráfico 4: Impacto del MOVICE en cada dimensión de la política pública

PO LÍTICA PÚBLICA DE VÍCTIM AS

M OVICE

r ̂DIMENSIONES IMPACTO

SIMBÓLICA

SUSTANTIVA

OPERATIVA

ALTO: Hubo una fuerte visibilización del tema de víctimas del conflicto y se logró la articulación de múltiples organizaciones de víctimas bajo el discurso movilizador y los marcos cognitivos del MOVICE.

BAJO: Escasa participación del MOVICE en el proyecto de Ley de Víctimas. Sus propuestas no prosperaron. Incide con la llegada de Iván Cepeda al Congreso.

DESIGUAL: Hubo incidencia en el aspecto legal con sentencias. Se abren espacios de participación, pero varios siguen ineficaces.

Fuente: Elaboración propia basado en Ibarra, Martí y Gomá (2002)

52

5. MOVICE Y DIÁLOGOS DE PAZ

En agosto de 2012 se hizo público por medio del Presidente de la República Juan

Manuel Santos, el inicio de diálogos con la guerrilla FARC-EP para dar fin al conflicto

armado que durante más de medio siglo el Estado colombiano ha tenido con este

grupo armado insurgente. Para ello fueron dispuestas como sedes las ciudades de

Oslo donde se iniciaron los diálogos, y La Habana, donde transcurren actualmente;

esto, bajo la veeduría de los países de Chile y Venezuela. Sin duda esta noticia es

una de las más importantes y de mayor trascendencia nacional pues luego de la

puesta en marcha de una política pública de atención y reparación a víctimas, la

posibilidad de dar solución al conflicto armado interno se muestra como la

esperanza que finalmente empiecen a cesar las formas de violencia y victimización

que tanto han sufrido los colombianos, independientemente de quiénes han sido los

victimarios.

Precisamente, uno de los seis puntos de la agenda de negociación está dedicado a

las víctimas y su resarcimiento en lo que respecta a sus derechos humanos y al

derecho de conocer la verdad. Para mediados de 2014 se inició el debate sobre

este punto tomando como base 10 principios orientadores14 para la negociación,

entre los que se destaca uno concerniente a la participación de las víctimas (FARC-

EP & Gobierno Nacional, 2014). Para este fin, a través del citado Comunicado

Conjunto, las partes acordaron recibir varias delegaciones de víctimas para que con

su participación directa aportaran propuestas y expectativas sobre los diálogos, sus

derechos y la construcción de paz en el país. Tales delegaciones debían estar

conformadas pluralmente, de forma que el mayor número posible de sectores de

víctimas tuvieran representación en las delegaciones.

14 Los 10 principios son: 1. El reconocimiento de las victimas; 2. El reconocimiento de responsabilidad; 3. Satisfacción de los derechos de las víctimas; 4. La participación de las víctimas; 5. El esclarecimiento de la verdad; 6. La reparación de las víctimas; 7. Las garantías de protección y seguridad; 8. La garantía de no repetición; 9. Principio de reconciliación; 10. Enfoque de derechos.

53

Así mismo, se encargó a la oficina de la ONU en Colombia y al Centro de

Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional la

organización de Foros Regionales de Víctimas en Villavicencio, Barrancabermeja,

Barranquilla; y un Foro Nacional en Cali. En estos, la aportación del MOVICE fue

sustancial pues puso sobre la mesa propuestas importantes en torno al proceso de

paz y contribuyó al reconocimiento de distintos sectores de víctimas, no sólo al de

los crímenes de Estado, algo que sin duda es significativo en aras de articular tanto

organizaciones como individuos de acuerdo a sus experiencias. Además, se acordó

la necesidad que el Estado reconozca su responsabilidad histórica en los hechos

victimizantes relacionados al conflicto.

De forma general, los Foros de Víctimas sirvieron para posicionar a las víctimas en

el proceso de negociación de una forma preliminar, además, propiciaron el

encuentro y la convivencia entre víctimas de sectores y regiones del país diferentes,

cosa que aunque ha generado fricciones internas, es necesaria si las víctimas se

plantean incidir en el proceso de negociación (Equipo de Paz, 2014).

Posterior a estos foros, se iniciaron los viajes de las delegaciones víctimas a La

Habana, estas hacían parte de los 32 departamentos y respondían a 27 hechos

victimizantes, entre los que se encontraban varios cometidos por grupos

paramilitares y las ejecuciones extrajudiciales, delitos conexos al accionar del

Estado. Fueron en total cinco las delegaciones de víctimas que hicieron presencia

en el escenario de los diálogos de paz, una vez allí, se trataron temas de diversa

índole pero fundamentales como la postura de las víctimas respecto al proceso, sus

expectativas ante un posible pos-acuerdo, las exigencias de verdad, justicia y

reparación; y la importancia y necesidad de un cese al fuego bilateral como forma

de garantía de no repetición y prevenir nuevas acciones violentas.

Ante tales situaciones, el MOVICE no podía estar ausente y para ello, elaboró un

conjunto de 10 propuestas de paz para la justicia social y la no impunidad en el

marco de las negociaciones.

54

La propuesta del MOVICE clama por la eliminación de las estructuras paramilitares,

las agresiones contra civiles y la persecución contra opositores políticos; todas ellas

dinámicas de violencia presentes por décadas en nuestra historia y cuyo cese es en

realidad urgente y justo. Por otro lado, afirman que como posible resultado de los

acuerdos a los que se llegue en la Mesa, las tres ramas del poder público en

Colombia deben depurarse en especial en lo que respecta las Fuerzas Armadas y

la Policía Nacional. Esto, ya que la institucionalidad del país se ha visto bastante

afectada por el conflicto armado y sus actores, ya sean grupos paramilitares o

insurgentes, los cuales han permeado la funcionalidad de las entidades territoriales

respondiendo a lo que Sánchez y Chacón (2005) llaman ‘clientelismo armado’ que

ha provocado el fenómeno de la descentralización y el incremento de la violencia.

Siguiendo entonces el llamado de la Mesa de Negociaciones por la participación de

las víctimas, las propuestas que el MOVICE presenta se pueden resumir en el

reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado en sus crímenes y los de

los paramilitares, la creación de una Comisión de Verdad, la conformación de un

Tribunal para violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de guerra y de

lesa humanidad; la ejecución de un Plan de reparación integral a movimientos

sociales, partidos políticos de oposición y demás grupos que sufrieron violencia

sistemática o exterminio, por ejemplo, la Unión Patriótica15. Respecto a la política

pública de reparación y restitución de tierras, el MOVICE hace un llamado a la

reforma estructural de esta a través de un compromiso y voluntad política real del

Estado para garantizar el cumplimiento y el goce efectivo de derechos por parte de

las víctimas, así como una reducción presupuestal en materia de defensa, lo cual

signifique posteriormente una inversión en la reparación, la asistencia y la atención

a víctimas (MOVICE, 2014).

No hay cifras oficiales, pero se estima que fueron afectados más de 4000 militantes de la UP de diversas formas. Para más información puede consultarse el libro U nión P a trió tica : E xped ien tes con tra e l o lv ido de Roberto Romero donde detalla más de mil casos de este tipo. Disponible en: http://centromemoria.gov.co/wp-content/uploads/2015/05/Union-Patriotica-expedientes-contra-el- olvido.pdf

55

Con este conjunto de propuestas, que no son para nada descabelladas, el

Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado hizo presencia en el proceso de

negociación y en los mecanismos de participación dispuestos por este, a fin no sólo

de visibilizar su sector sino también de incidir tanto en las negociaciones de paz sino

también en la política pública de atención a víctimas, asumiendo los diálogos de paz

como una instancia de oportunidad para que los movimientos sociales y las

organizaciones de víctimas puedan formar parte de los espacios de toma de

decisión.

Se puede afirmar que el MOVICE en esta etapa de la implementación de la política

pública, que se toma en la investigación aparte de la dimensión operativa dada su

importancia no sólo para las víctimas sino para la sociedad en conjunto, tuvo un

papel muy importante en la proposición de ideas y en el posicionamiento de su

movimiento como un sector relevante para los diálogos y la esfera pública.

Fue tal la presencia del MOVICE en los mecanismos de participación, que los roces

y conflictos con otros sectores de víctimas (sobre todo víctimas de las FARC-EP y

ELN) fueron bastante frecuentes. Diana Sofía Giraldo, presidenta de la fundación

Víctimas Visibles, aseguraba que había un notorio desequilibrio en la

representación de las víctimas que hacían presencia en los diálogos de La Habana,

según ella, allí “aparecen las víctimas de Estado con un discurso político,

organizadas, empoderadas, muy duras contra el Estado. Y llevan unas víctimas de

las FARC que no forman parte de ningún grupo, no están ideologizadas, politizadas,

han estado dispersas, han sido suaves, en algunos casos asustadas, hablan de

perdón, etc.” (Torres, 2014). Esta crítica se debe a los procesos de selección de las

víctimas que irían a Cuba en los cuales según Giraldo, había poca cabida para las

de las FARC-EP. Sin embargo, las afirmaciones y quejas de Giraldo, que son

fuertemente controvertidas en el artículo citado por Carlos Medina Gallego y Camilo

Villa del MOVICE, están bastante desfasadas pues en ningún momento se ha

puesto un veto para algún sector de víctimas, ni los diálogos de paz son para la

exclusiva participación de víctimas de la insurgencia.

56

Los diálogos de paz son y deben ser un escenario para la convergencia de todos

los sectores de víctimas en términos de paz, pues lo que se negocia no es exclusivo,

sino que concierne a todo el pueblo el colombiano.

Sin embargo, aunque como se ha visto anteriormente, en los mecanismos de

participación el movimiento ha sido fundamental y ha ejecutado varias estrategias

para que su voz sea tenida en cuenta por cada parte, su incidencia política (como

se resalta en el gráfico 4) ha sido desigual ya que a pesar de su protagonismo en

estos espacios, en los años que ya llevan la política pública y los diálogos de paz,

el MOVICE sigue manteniendo la misma postura de inconformidad ante los

resultados. Claramente, hace falta mucho para poder dar una conclusión real de su

incidencia en la dimensión operativa; hace falta que finalice el conflicto armado, no

sólo con las FARC-EP sino con todas las estructuras y grupos armados ilegales que

hoy en día subsisten, pues sólo así se pueden obtener resultados reales de la

implementación de la política pública. No puede haber reparación efectiva ni

garantías de no repetición sin que el conflicto armado termine.

6. CONCLUSIONES

Esta investigación ha conectado el estudio de los movimientos sociales con el de

las políticas públicas a partir de la identificación de los niveles de incidencia o

impacto político que ha tenido el MOVICE en las dimensiones de la política pública

de atención y reparación a víctimas. Ante esto, el Movimiento Nacional de Víctimas

de Crímenes de Estado, siguiendo la idea de Ibarra, Martí y Gomá (2002, pág. 68),

puede definirse como una Red Crítica en tanto ha cumplido con cuatro

características que estos autores proponen: 1) ha logrado insertarse en los

escenarios temáticos de governance, es decir, en las discusiones sobre la política

pública para víctimas; y conserva para ello su potencial y recursos; 2) ha

conseguido abrir un ciclo nuevo de aperturas temáticas, tal como se mostraba al

comienzo de la investigación con la irrupción del movimiento LGBTI como ejemplo

que posicionó en la esfera pública el tema de esta comunidad y sus derechos, el

57

MOVICE así mismo ha posicionado públicamente el tema de las víctimas de

crímenes de Estado; 3) tiene una forma de organización novedosa, basada tanto en

la proximidad como en la conectividad de sus miembros, lo cual los ha llevado a ser

reconocidos internacionalmente; y 4) en su accionar existe un fuerte predominio de

elementos de tipo cultural de la acción colectiva, en otras palabras, hay una fuerte

carga del discurso y los aspectos simbólicos a la hora de potenciar la lucha social

del movimiento lo cual posibilita la articulación de agendas en el campo temático de

la atención y reparación a víctimas.

El gobierno de Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), su política de ‘seguridad

democrática’ y la implementación de la Ley de Justicia y Paz, ofrecieron la

Estructura de Oportunidades Políticas para la conformación del movimiento social y

la red crítica del MOVICE, el cual, en vista de la inefectividad de la ley se propuso

objetivos de cambio a través de un discurso que hasta la actualidad, le ha servido

para consolidarse como uno de los movimientos sociales de víctimas más

importantes y representativos a nivel nacional. Así mismo, el Proyecto Nunca Más

en Colombia sirvió para cultivar el capital social que hoy en día nutre las estructuras

organizativas que integran el MOVICE, de manera que este es producto de una

lucha social prolongada que empezó varios años antes de su constitución en 2005.

En cuanto a las dimensiones de la política pública de atención y reparación a

víctimas, el gráfico 4 ha permitido concluir un impacto general desigual del

movimiento social en ellas. A nivel simbólico, el MOVICE tuvo una incidencia política

Alta al lograr articular diversas organizaciones de víctimas preexistentes bajo un

mismo discurso utilizando para ello una serie de marcos cognitivos para la acción

colectiva, los cuales se siguen manteniendo y son la base para ejercer su presión.

De igual forma, el tema de las víctimas de crímenes de Estado fue finalmente

visibilizado de forma nacional como producto en buena medida, de los repertorios

de acción y protesta de esta red critica como por ejemplo: manifestaciones, formas

de reivindicar la memoria como galerías y eventos, denuncias públicas, entre otras.

En la dimensión sustantiva de la política, los impactos fueron mucho menos

58

importantes, dado que la política pública para víctimas en esta etapa puede16considerarse como una Policy Community16 debido a su carácter cerrado y poco

permeable por agentes externos, como los movimientos sociales, aun cuando este

contaba con la vocería de Iván Cepeda Castro en el congreso.

En realidad las propuestas del MOVICE respecto al trámite y contenido de la Ley

fueron muy poco desarrolladas y por ende no generaron los resultados deseados

para el movimiento social. Por el contrario, lo que se observa en la dimensión

operativa de la política pública, es que esta hace un viraje hacia una suerte de Issue

Network pues la puesta en marcha de los diálogos de paz entre el Estado

colombiano y la insurgencia, ha creado espacios y mecanismos de participación que

movimientos sociales como el MOVICE aprovechan para incidir y posicionarse de

forma protagónica en el tema de víctimas que resulta tan fundamental en la

coyuntura nacional.

Siendo así, los actuales diálogos de paz se presentan como un escenario facilitador

para el accionar y la incidencia de los movimientos sociales (no sólo el MOVICE) en

la fase de implementación de la política pública. Es decir, que los diálogos de paz

con las FARC-EP (y ante un posible inicio de diálogos con el ELN), funcionan como

configuradores favorables para la acción colectiva crítica. Sin embargo, como

también se ha mencionado, nos encontramos aun en el transcurso de los diálogos

y harán falta varios años para poder determinar realmente la incidencia política del

MOVICE en esta política pública.

Para terminar, es posible concluir que durante sus años de existencia, el MOVICE

como red crítica se ha encontrado con obstáculos internos y externos. Internamente,

los propios representantes y voceros del movimiento han reconocido falencias en

cuanto a su organización ya que muchas veces se han aislado de otros sectores de

16 Los conceptos de Policy Community e Issue network pueden interpretarse de forma básica y breve así: el primero hace referencia a una red de política pública cerrada donde los impactos políticos de agentes externos son mínimos. En el segundo, sucede lo contrario, son redes de política pública permeables y heterogéneas cuyo escenario es facilitador para las acciones de los movimientos sociales.

59

víctimas, algo que sin duda afecta la incidencia de las víctimas en general e incluso

las tareas de reconciliación y construcción de paz. Lo mismo sucede en varios

Capítulos Regionales donde muchas veces ha primado el relato o las demandas de

individuos o grupos reducidos sobre el gran conjunto que integran las víctimas del

Estado, esto ha generado formas de exclusión que se materializan como obstáculos

para la coordinación y la capacidad de incidencia del movimiento social.

A nivel externo, el principal obstáculo que enfrenta el MOVICE es el mismo conflicto

armado interno y las formas de revictimización que este sigue produciendo con la

prolongación de la violencia y la proliferación de nuevos actores armados que

atacan a sus integrantes. Ante esto, vuelve a retomarse la importancia de los

diálogos como un instrumento para la resolución de los conflictos y la necesidad de

voluntad política del Estado para ofrecer garantías de seguridad y no repetición.

Para ello, es fundamental el cese de las acciones violentas como lo reclaman la

mayor parte de sectores de la sociedad colombiana, cuya voluntad política y social,

también es crucial para la reconciliación y la construcción de una paz estable y

duradera.

Una vez identificada su incidencia y reconocida su autocrítica, resta por decir que el

Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado debe seguir su lucha

contra la impunidad y aprovechar las oportunidades políticas que la actual coyuntura

nacional está generando a fin fortalecer la madurez política con la que ya cuentan y

lograr el ejercicio real de los derechos de las víctimas. El pueblo colombiano debe

reconocerse como producto de sus relaciones sociales y ante ello, debe plantearse

una transformación de las mismas, pero no de cualquier forma, se trata de una

transformación ética que fomente una cultura de paz y dignifique a quienes por tanto

tiempo han cargado con los daños de la guerra, y así, evitar la repetición de tantas

formas de violencia que hasta nuestros días tienden a naturalizarse.

60

7. ANEXOSANEXO 1: Intervención de los movimientos en el proceso de políticas públicas

FASE PROCESO IMPACTO

Aparición La movilización hace visible

una demanda

Inaugural

Acceso Miembros del movimiento son

formalmente recibidos por

autoridades

Procedimental

Agenda Se admite una propuesta Procedimental

Formulación Se aprueba la norma

legislativa

Procedimental

Ejecución Se ejecuta e implementa Sustancial

Impacto Consecuencias de las medidas Sustancial

Estructural El sistema cambia y mejora las

posibilidades de influencia de

los movimientos sociales

Sistémico

Fuente: (I barra, Martí, & Gomá, 2002)

61

ANEXO 2: Estructura de la política pública

SISTEMA NACIONAL

DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN

ALAS VÍCTIMAS

32 entidades nacionales,

departamentos, municipio

y distritos, mesas de participación

de víctimas. Programas

Presidenciales de minas y DDHH

y DIH

Comité Ejecutivo para la Atención y Reparación de Víctimas

Presidente de la República, ministros del Interior, Justicia, Hacienda, Agricultura, Director DNP,

Director DAPS, Director Unidad AEARIV

iUnidad Administrativa Especial para la Atención

y Reparación Integral a VíctimasCoordina la ejecución de la política pública de atención

y reparación a víctimas

IComités Departamentales, Municipales y Distritales

de Justicia Transicíonal

Presiden y hacen secretaría técnica los Gobemador(a)es y Alcalde(sa)s. Participan secretarios de Gobierno, Planeación,

Salud, Educación, comandante de división o de brigada, comandante de policía, director ICBF, director SENA, ministerio

Público, dos representantes de mesas de participación de víctimas, un delegado de la Unidad AEARIV

PLAN NACIONAL PARA LA ATENCIÓN

Y REPARACIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS

Base de toda la política pública para atención y

reparación integral

CONPES

PLAN DE ACCIÓN

En el marco del plan de desarrollo territorial

CENTROS REGIONALES DE ATENCIÓN Y REPARACIÓN

Fuente: (Santamaría, 2011)

ANEXO 3: Modalidades de reparación

ReparaciónAsistencia

Atención HumanitariaAsistenciaSaludEducaciónAsistencia FunerariaIdentidadAlimentaciónReunificación familiarGeneración de ingresos

Individual Colectiva

Restitución Planes deRehabilitación ReparaciónIndemnización ColectivaMedidas de satisfacción (comunidades yGarantías de no repetición grupos étnicos)

Fuente: Unidad de Víctimas

6 2

ANEXO 4: Cifras de reparación integral a víctimas

Reparación integral de víctimas

Víctimas del conflicto colombiano registradas

7,9 billonesde pesos en 2015

Destina el PND para asistencia, atención y reparación integral de las víctimas del conflicto

armado en Colombia, equivalente al:

Sujetos colectivos han iniciado

su proceso de reparación colectiva

473.000Víctimas del

conflicto armado han sido

indemnizadas

f 107.000Víctimas han recibido algún

tipo de atención psicosocial

Fuente: Departamento Nacional de Planeación

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