Mono Etica

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Índice 1. Introducción 2. Colegio médico del Perú 3. Aborto 4. Las técnicas de reproducción asistida 5. Implicancias médicas en el terrorismo en el Perú 6. …….. 7. ……… 8. ………. 9. Conclusiones 10. Bibliografía
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monografia del aborto etica

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  • ndice 1. Introduccin 2. Colegio mdico del Per 3. Aborto 4. Las tcnicas de reproduccin asistida 5. Implicancias mdicas en el terrorismo en el Per 6. .. 7. 8. . 9. Conclusiones 10. Bibliografa

  • Introduccin:

    El debate sobre la tica mdica tambin puede estimular la evaluacin y discusin crtica en lo que concierne a los temas ticos difciles que enfrentan

    los pacientes, los mdicos y la sociedad.

    Los valores mdicos, jurdicos y sociales no son estticos. Por ende, se hace necesario reexaminar los principios ticos del ejercicio de la medicina y su

    aplicacin en circunstancias nuevas, lo cual deja al descubierto deficiencias en la preparacin continua del mdico para enfrentar los referidos asuntos y la necesidad de superacin en estos aspectos importantsimos en la prctica

    diaria del ejercicio de la medicina.

    Por lo que se propone en el presente trabajo reflexionar sobre algunas de los dilemas ticos que el mdico y sus pacientes enfrentan y se trata de arrojar luz

    sobre la forma en que los principios existentes se extienden a las inquietudes tambin emergentes.

    En el entorno cambiante del ejercicio de la medicina actual, muchos individuos,

    grupos e instituciones juegan un papel en la toma de decisiones mdicas y se ven afectados por dichas decisiones. La tensin y competencia entre los intereses de los mdicos, pacientes e instituciones por los recursos sociales y

    de la atencin mdica inevitablemente influencian la relacin mdico-paciente.

    El mdico debe promover el bienestar de sus pacientes en un sistema de atencin mdica cada vez ms complejo. Esto implica ayudar abiertamente a

    que el paciente entienda las recomendaciones clnicas y a que haga elecciones informadas para seleccionar de entre todas, las opciones de atencin adecuadas; incluye la administracin responsable de los recursos finitos para

    poder satisfacer el mayor nmero posible de necesidades de atencin mdica, ya sea en consultorios mdicos, hospitales, hogares de ancianos y/o impedidos

    fsicos y mentales o atencin domiciliaria.

    La relacin mdico-paciente y los principios que la rigen debe ser lo central en el suministro de atencin. Estos principios incluyen la beneficencia, honestidad, confidencialidad, intimidad y defensa cuando los intereses de los pacientes

    pudieran verse amenazados por procedimientos institucionales arbitrarios, injustos o inadecuadamente individualizados.

    El deber del mdico es para con el paciente. El mdico debe basar el consejo

    que da al paciente en los intereses del paciente individual, sin importar el marco de seguro o suministro de atencin mdica en el que el mdico se

    encuentre. El papel profesional del mdico es hacer recomendaciones con base en su mrito mdico y buscar las opciones que sean afines a los antecedentes y las preferencias singulares del paciente.

  • El mdico tambin debe contribuir a la administracin responsable de los

    recursos de atencin mdica. La autoridad y discrecin clnica viene acompaada de responsabilidad. La recomendacin debe, hasta donde sea

    posible, considerar la informacin sobre lo eficaz en cuanto a costos de los distintos abordajes clnicos. Cuando el paciente pregunte, debe informrsele de la lgica que subyace a la recomendacin del mdico.

    Cuando por cualquier razn se presenten desacuerdos entre el paciente y el mdico, el mdico tiene la obligacin de explicarle el fundamento del desacuerdo, instruirlo y satisfacer sus necesidades de comodidad y

    tranquilidad.

    El deber del mdico, requiere adems, que funja como agente del paciente en el terreno de la atencin mdica en general. En el plan individual, el mdico

    defensor debe buscar las vas necesarias para obtener el tratamiento que sea esencial para la atencin del paciente individual, independientemente de los obstculos que pudieran desalentar al mdico de hacerlo. Cuando los

    obstculos disminuyen la atencin para una clase de pacientes debido a que los mismos son menos capaces de auto representacin, los mdicos deben

    abogar en su representacin para que se les d tratamiento equitativo.

    La sociedad ha concedido prerrogativas profesionales al mdico con la expectativa de que usar su posicin para beneficiar a los pacientes. A cambio, el mdico tiene responsabilidad y debe rendir cuentas ante la sociedad por sus

    acciones profesionales. La sociedad otorga a cada mdico los derechos, privilegios y deberes pertinentes a la relacin mdico-paciente y tiene el

    derecho de exigir que el mdico sea competente, que tenga conocimiento y que ejerza con consideracin del paciente como persona.

    El mdico tiene obligaciones ante la sociedad que en muchas formas van en paralelo con sus obligaciones hacia los pacientes individuales. La conducta del

    mdico como profesional y como ciudadano individual debe ameritar el respeto de la comunidad.

    El mdico debe satisfacer la responsabilidad colectiva de la profesin de

    defender el bienestar y proteger la salud pblica reportando enfermedades, segn lo exija la ley, ante la autoridad responsable; apoyar las labores de salud

    pblica que ofrezcan informacin veraz sobre la atencin mdica y comentar sobre temas mdicos en sus reas de pericia a fin de mantener al pblico adecuadamente informado. El mdico debe considerar la interaccin con los

    medios de comunicacin para ofrecer informacin veraz como una obligacin ante la sociedad y una extensin de su ejercicio de la medicina, siempre debe

    tener presente la confidencialidad de los pacientes.

    El mdico debe ayudar a la comunidad a reconocer y lidiar con las causas sociales y medio ambientales de enfermedades. Adems trabajar para garantizar el acceso a la atencin mdica a todas las personas y ayudar a

    corregir deficiencias en la disponibilidad, el acceso y la calidad de servicios mdicos en la comunidad.

  • En la relacin del mdico con otros clnicos, se comparte el compromiso de

    atender a las personas enfermas con un equipo cada vez ms amplio de clnicos. La capacidad del equipo para atender eficazmente al paciente

    depende de la capacidad de los individuos para tratarse entre s con integridad, honestidad y respeto en sus interacciones profesionales diarias independientemente de raza, religin, etnicidad, nacionalidad, sexo, orientacin

    sexual, edad o discapacidad. Se justifica prestar particular atencin a lo que concierne a ciertos tipos de relaciones y desequilibrios de poder en las que una

    persona podra abusar de otra persona o aprovecharse de ella o bien, que conlleve al acoso, como las que existen entre mdico tratante y residente, instructor y estudiante de medicina o mdico y enfermero.

    El ttulo de doctor en s, del latn docere, "docencia", implica que el mdico tiene la responsabilidad de compartir el conocimiento y la informacin con sus colegas y pacientes. Esto incluye ensear las habilidades clnicas y reportar los

    resultados de la investigacin cientfica a los colegas, estudiantes mdicos, residentes mdicos y otros proveedores de atencin mdica.

    El mdico tiene la responsabilidad de ensear la ciencia, el arte y la tica de la

    medicina a estudiantes de medicina, mdicos residentes y otros, as como de supervisar a mdicos pasantes. El mdico tratante debe tratar a los pasantes con el mismo respeto y compasin que ofrece a otros colegas. En el entorno

    docente, se puede delegar autoridad graduada de la administracin de pacientes a los residentes, bajo la supervisin adecuada. Todos los pasantes

    deben informar a los pacientes que atienden su condicin de capacitacin y su papel en el equipo mdico. EL mdico tratante, jefe de servicio o consultor debe animar a los residentes a que reconozcan sus limitaciones y a que pidan

    ayuda o supervisin cuando surjan preocupaciones sobre la atencin de pacientes o la capacidad de otros de desempear sus deberes.

    No es tico delegar la autoridad de atencin de pacientes a nadie, incluido otro

    mdico, que no est adecuadamente calificado y experimentado. En el servicio de la enseanza, el mdico tratante oficial del paciente sigue teniendo la responsabilidad final por el bienestar del paciente y la calidad de la atencin.

    El uso de terapias mdicas innovadoras se encuentra entre el ejercicio

    establecido de la profesin y la investigacin, lo que debe planearse cuidadosamente de manera que tenga una alta probabilidad de arrojar

    resultados tiles; se deben minimizar los riesgos que corrern los pacientes; y la relacin entre beneficio y riesgo debe ser lo suficientemente alta como para justificar el esfuerzo de la investigacin. Las terapias innovadoras incluyen el

    uso de dosis no convencionales de medicamentos estndar, aplicaciones jams tratadas de procedimientos conocidos y el uso de frmacos aprobados

    para usos no aprobados. El propsito primario de las terapias mdicas innovadoras es beneficiar al paciente individual. El avances mdico importante ha emergido de innovaciones exitosas, pero la innovacin siempre debe

    abordarse cuidadosamente. La terapia mdica debe tratarse como investigacin siempre que se recopile informacin para desarrollar informacin

    mdica nueva y para su publicacin. Cuando una terapia innovadora no tiene precedente, se hace necesaria la consulta con colegas, el comit de revisin

  • institucional u otro grupo de expertos a fin de evaluar los riesgos de la

    innovacin, los resultados probables de no usar una terapia estndar y determinar si la innovacin es lo que mejor conviene al paciente. El

    consentimiento informado es particularmente importante; el paciente debe entender que la terapia no es el tratamiento estndar.

    El debate actual acerca de la relacin tica, ciencia y tecnologa, parte del

    supuesto de que la tica est por encima, y es la que tiene que guiar a la ciencia y a la tecnologa en su capacidad de servir al desarrollo del hombre. Se reconoce que la ciencia y el desarrollo tecnolgico brindan los medios y el

    conocimiento para construir grandes sistemas, pero es la tica la que juzgar si es legtimo o no el aplicarlos o desarticularlos. El efecto es que la ciencia y la

    tecnologa no son neutras ni en los usos que se le pueda dar, ni en los medios que utiliza para alcanzar sus fines, que es el conocimiento.

  • 2. Colegio mdico del Per LOS PRINCIPIOS TICOS EN LA MEDICINA

    DECLARACIN DE PRINCIPIOS

    1. El rol de la tica y la Deontologa Mdica La tica mdica orienta la conducta de los mdicos hacia el bien, a buscar lo

    correcto, lo ideal y la excelencia. La de ontologa mdica establece qu deben y qu no deben hacer los mdicos. El Cdigo de tica y Deontologa contiene

    un conjunto de orientaciones y preceptos cuyo cumplimiento garantiza un ejercicio profesional digno, autnomo e integral de los miembros del Colegio Mdico del Per, en el marco del respeto a los derechos de los pacientes. Rige

    para todos los colegiados y concierne al mbito de su moral personal y social.

    2. El rol de la Medicina La Medicina se orienta al respeto a la vida y al logro de la ms alta calidad de la misma. Se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad, la autonoma y

    la integridad de las personas. Es una profesin cientfica y humanista cuya misin es promover y preservar la salud, as como aliviar y reconfortar ante la

    enfermedad y consolar al enfermo y sus allegados ante el sufrimiento, la agona y la muerte.

    3. Los principios y valores ticos en la Medicina Los principios y los valores ticos son aspiraciones sociales y personales. En lo

    concerniente a la sociedad, estas aspiraciones mximas son la solidaridad, la libertad y la justicia, y en lo concerniente a la persona, el respeto a la dignidad, la autonoma y la integridad. En el ejercicio profesional de la Medicina, estas

    aspiraciones se realizan por medio de los preceptos de beneficencia que consiste en la bsqueda del bien para el paciente y de no-maleficencia que consiste en evitar que se produzca cualquier forma de dao o lesin. a. De la Sociedad:

    La solidaridad es el fundamento de la organizacin social en tanto ella determina la seguridad de las personas y posibilita su realizacin personal, y

    obliga a las instituciones de salud a brindar todo su apoyo, especialmente a quienes se encuentren en situacin de enfermedad. Se expresa como afn y necesidad de ayuda mutua, y encuentra en el acto mdico una forma de

    realizacin paradigmtica que permite una relacin horizontal con el paciente y con la sociedad, que afirma nuestros valores y refuerza el tejido social. La

    libertad es ausencia de dependencia y dominacin en las relaciones entre la naturaleza y el hombre, entre un pueblo y otro, entre un grupo de personas y otro, entre una clase social y otra, entre una autoridad y sus subalternos. La

    justicia reconoce que todas las personas tienen necesidades que deben ser satisfechas a plenitud. Esto implica que los pacientes deben ser tratados con

    la oportunidad y prioridad adecuadas.

  • b. De las Personas:

    La dignidad de la persona obliga moralmente al mdico a tratar a toda otra persona, en situacin de salud o enfermedad, siempre como un fin y no como

    un medio, y por lo tanto con empata, lealtad,diligencia, compasin y

    responsabilidad. La autonoma de la persona obliga moralmente al mdico a

    consentimiento informado y respetar su decisin, en consonancia con sus

    valores personales y culturales. La integridad de la persona obliga moralmente al mdico a respetarla, no slo en su entereza moral sino tambin en su

    unidad, plenitud, totalidad, indemnidad, pudor y sacralidad de su ser corporal. Todas estas aspiraciones ticas, sociales y persona les, se orientan a la

    bsqueda de soluciones a favor del mayor inters del paciente. Ellas se realizan tanto en la forma de principios y valores como en la forma de

    derechos. En consecuencia, constituyen el cimiento de los deberes y virtudes que todos los mdicos deben cultivar en bien de los pacientes, de la sociedad, de su familia y de s mismos. Este fundamento tico de la actuacin profesional

    de los mdicos, los obliga a que, para el cumplimiento de sus fines, se capaciten permanentemente en los avances cientficos, tecnolgicos y de

    gestin de la medicina, as como en el desarrollo de sus capacidades afectivas y morales a lo largo de toda su carrera y prctica profesional.

    4. La salud y el derecho a la salud

    Si comprendemos que el paciente es una personalidad, estructurada por informacin gentica y social, la salud viene a ser el proceso de actualizacin plena de sus capacidades, por medio del cual aquella contribuye al desarrollo

    de una sociedad ntegramente moral. El derecho a la cuidado y la atencin de todas y cada una de las personas, sin exclusin alguna.

    5. La enfermedad, la atencin y cuidado del enfermo

    La enfermedad es, por consiguiente, un proceso de desorganizacin natural y socialmente determinado que, de algn modo y en distinto grado, afecta el

    desarrollo integral y la capacidad de adaptacin de las personas; proceso que, bajo ciertas condiciones negativas, determina su muerte. El ejercicio de la medicina se fundamenta en el permanente respeto a los derechos de los

    pacientes, tales como el derecho a la libertad de conciencia y de creencia; el derecho a la integridad fsica, psquica y moral; el derecho a su libre desarrollo

    y bienestar; el derecho a la intimidad personal y familiar; el derecho a que se respete su autonoma; el derecho a no ser discriminado en razn de su sexo, gnero, orientacin sexual, edad,enfermedad o discapacidad, credo, raza,

    etnia, nacionalidad, filiacin poltica o condicin econmica, entre otros.

    6. Las responsabilidades en el cuidado de la salud El mdico debe permanentemente tomar decisiones en los campos de la vida,

    la salud y la enfermedad, decisiones que se aproximarn ms a la certeza en la medida que cuente con los medios y recursos que exige la prctica de la

  • medicina cientfica o lex artis. Es su responsabilidad realizar el acto mdico en

    forma diligente. Es responsabilidad de la sociedad y el Estado proveer de manera equitativa los mejores medios y recursos disponibles para este

    propsito.

    7. Del compromiso institucional y social del mdico

    El mdico debe saber que su conducta personal y profesional no es slo un problema individual, sino que sus consecuencias pueden afectar a las instituciones que lo representan, aquellas en las que trabaja, a su familia, a la

    comunidad y a la imagen social de la profesin. A todas ellas debe lealtad, por lo que deber asumir el compromiso moral de salvaguardar la honorabilidad de

    todos sus actos. Debe participar con la sociedad en actividades que contribuyan al desarrollo cultural y contribuir participativamente en la atencin de las emergencias sociales y de la salud colectiva, as como propiciar el

    acceso de la poblacin a la cobertura universal en salud.

    DISPOSICIONES GENERALES

    1. Las normas de este Cdigo se aplican a los miembros de la profesin mdica sin perjuicio de lo que disponga la legislacin civil, penal y administrativa vigentes. Las decisiones jurisdiccionales que fueren adoptadas

    en relacin a un mdico sobre asuntos concernientes al ejercicio de su profesin, no inhibe el ejercicio de la jurisdiccin tica por parte del Colegio

    Mdico del Per. Ninguna persona podr alegar excepciones de incompetencia, de juicio pendiente, de prescripcin o de cosa juzgada en el fuero comn o fueros especiales, cualesquiera que stos fueran, para enervar

    la accin del Colegio Mdico del Per.

    2. El presente Cdigo es de conocimiento obligatorio por los miembros de la profesin mdica. Ningn mdico podr invocar falta de difusin o desconocimiento de las normas del Cdigo para eximirse de su cumplimiento.

    3. Las decisiones adoptadas en la jurisdiccin comn (civil o penal) y fuero

    administrativo no obligan ni constituyen necesariamente precedente para la evaluacin tica y enjuiciamiento moral por parte del Colegio Mdico.

    4. Si en el ejercicio de su profesin, en instituciones pblicas o privadas, el mdico advirtiera la carencia de medios o de condiciones mnimas o indispensables para una adecuada atencin, debe informarlo al Consejo

    Regional respectivo.

    5. El mdico debe velar porque la atencin de salud se brinde sin derivar en abuso o beneficio indebido.

    6. Todo mdico que ejerza un cargo de tipo administrativo, acadmico, de investigacin o gremial en una institucin pblica o privada, no est eximido de

  • sus obligaciones ante el Colegio Mdico del Per en general y de su Cdigo de

    tica y Deontologa en particular.

    7. El mdico no debe hacer uso de sus conocimientos y habilidades profesionales para participar o cooperar, directa o indirectamente, en actos de tortura, genocidio, terrorismo, desaparicin forzada de personas.

    3. Aborto ATENCIN DE ABORTOS TERAPUTICOS

    Segn la definicin sealada en el Cdigo Penal, para que proceda un aborto

    teraputico se requiere de la concurrencia de tres elementos: (i) que sea practicado por un mdico; (ii) el consentimiento de la mujer embarazada; y (iii) que sea el nico medio para salvar la vida de la gestante o evitar en su salud

    un mal grave o permanente. De estas condiciones, tanto la primera como la ltima implican serias dificultades en la implementacin prctica.

    En cuanto a la primera, la prctica mdica se ve obstaculizada por la inexistencia de una regulacin explicita del procedimiento. Las normas que lo

    regulaban, contenidas en el Cdigo Sanitario de 1969, fueron derogadas por la Ley General de Salud vigente (1997), cuerpo normativo que no regula el

    procedimiento explcitamente. Sin embargo, a pesar de la ausencia de una normativa explcita, resultan

    aplicables a este caso los derechos generales, para usuarias/os de los servicios de salud, establecidos por dicha ley en su artculo 15, que incluye

    aspectos como: respeto de la personalidad, dignidad e intimidad; reserva de la informacin relacionada con el acto mdico e historia clnica (confidencialidad), consentimiento informado y no discriminacin.

    Actualmente, slo el Hospital Nacional Docente Madre Nio San Bartolom, en

    la ciudad de Lima, y el Hospital Beln, en la regin de La Libertad, cuentan con un protocolo de manejo de casos para la interrupcin legal del embarazo.

    El procedimiento administrativo es el siguiente:

    1. Se inicia con la peticin de la gestante a la Jefatura del departamento de Ginecobstetricia, con expresin de causa.

    2. Si la gestante se encuentra impedida de prestar su consentimiento, lo har su representante legal.

    3. La Jefatura dar inicio al trmite de inmediato, refiriendo el caso al mdico que corresponda en consulta externa.

    4. El mdico que recibe el caso procede a la evaluacin.

  • 5. La jefatura del Departamento constituir una Junta Mdica. El mdico

    tratante formar parte y presentar el caso ante los otros.

    6. La Junta Mdica, integrada por tres mdicos, podr pedir asesora a otros especialistas; delibera el caso y deja constancia de sus conclusiones en la historia clnica.

    7. Si es procedente, el mdico tratante prepara a la paciente.

    8. La Jefatura del Departamento asigna al mdico que llevar a cabo el procedimiento.

    9. Entre la fecha de la solicitud y la realizacin del procedimiento no debe pasar

    ms de una semana, debindose actuar con ms celeridad si el caso lo amerita.

    10. Cumplido el procedimiento, la Jefatura del Departamento de Ginecobstetricia informar a la Direccin del hospital.

    En el tema de la prctica mdica se debe considerar tambin que todo/a mdico/a tiene derecho a la objecin de conciencia, pero sta no puede ser

    invocada para eximirse de las disposiciones de la Autoridad de Salud cuando de tal exencin se deriven riesgos para la salud de terceros (art-culo XII del

    Ttulo Preliminar de la Ley General de Salud). Por otro lado, en cuanto al tercer punto indicado por la legislacin: nico medio para salvar la vida de la gestante o evitar en su salud un mal grave y

    permanente, existen tambin serias dificultades de implementacin por la falta de consenso sobre lo que constituira un mal grave para la salud y la vida de la

    gestante.

    La inexistencia de un protocolo que establezca el procedimiento para acceder a un aborto legal, favorecen la violacin de los derechos humanos de las mujeres que enfrentan este tipo de situacin; como ocurri con Karen Ll., en el Hospital

    Nacional Arzobispo Loayza. En abril del 2001, a Karen Ll. (17 aos) se le diagnostic un embarazo de feto anenceflico. El mdico tratante, teniendo en

    consideracin los daos a su salud fsica y mental le inform sobre la posibilidad de acceder a un aborto teraputico, en el marco del artculo 119 del Cdigo Penal, solicitud que Karen llev a cabo, pero que le fue denegada por la

    Direccin del Hospital, por lo que se vio obligada a llevar a trmino el embarazo. Frente a estos hechos, el 13 de noviembre de 2003, DEMUS, CLADEM y el

    Center for Reproductive Law and Policy (CRLP), denunciaron al Estado peruano ante el Comit de Derechos Humanos de las Naciones Unidas

    (CCPR/C/85/D/1153/2003). En octubre de 2005, el mencionado Comit se pronunci de manera favorable a la denunciante, ratificando que se trat de una situacin en que el riesgo vital fue debidamente acreditado y en que este

    riesgo era de conocimiento de las autoridades, las que podran haber previsto las medidas necesarias para evitarlo, lo mismo que el grave sufrimiento y sus

    secuelas psicolgicas. Adems, se determin que la omisin del Estado, al no

  • conceder el aborto teraputico, fue injustificada y se le dio la razn a la

    denunciante en que hubo interferencia en su vida privada y se atent contra su derecho a recibir la atencin especial que le hubiera correspondido como

    adolescente. En marzo de 2006, el Estado peruano a travs del Ministerio de Justicia curs

    una comunicacin al Comit en relacin con la decisin en el caso de Karen LL. En este documento, el Estado peruano, lejos de informar sobre los avances

    en el cumplimiento de sus obligaciones y las acciones tomadas para la garanta de no repeticin, cuestiona que el aborto de feto anenceflico pueda ser considerado como un aborto teraputico. Seala, por ejemplo, que:

    No existiendo jurisprudencia ni regulacin legal complementaria que oriente en

    la aplicacin del artculo 119 del Cdigo Penal, los operadores de salud involucrados en el presente caso han considerado que el aborto teraputico, autorizado por dicho artculo, no se aplica de fetos anenceflicos. Su decisin

    no constituye per se una violacin de dicho artculo sino una interpretacin del mismo, en un contexto en que no existe precedente judicial ni regulacin legal

    especial. Su decisin, de otro lado, no es una decisin arbitraria, mxime si se tiene en cuenta que, por ejemplo, en el caso de la Repblica Argentina, no se autoriza el aborto teraputico en casos de feto anenceflico....

    Con la intencin de aclarar la amplia zona gris sobre los eventos clnicos que

    podran poner en peligro la vida o la salud de la gestante, la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecologa, en el ao 2005, convoc a ms de treinta representantes de las distintas sociedades cientficas, para identificar el perfil

    clnico que pueda sustentar la interrupcin legal del embarazo. En la discusin se tomaron en consideracin las diversas recomendaciones del Comit de

    Derechos Humanos de Naciones Unidas y del Comit que monitorea el cumplimiento de la Convencin sobre la Eliminacin de todas las formas de Discriminacin contra la Mujer. En dichas recomendaciones se solicita al Per

    revisar su legislacin sobre aborto, dado que su alto nivel de restriccin genera violaciones a derechos diversos. Adems, se solicita al Estado que considere

    una interpretacin y uso ms amplio de la excepcin a la penalizacin del aborto, cuando la salud de la madre (incluida su salud mental) se encuentre en peligro.

    Se consider, adems, la necesidad de recoger mayores evidencias cientficas

    para considerar la posibilidad de interrupcin del embarazo en los casos de tuberculosis sistmica y multidrogo resistente; as como en los casos de malformaciones congnitas en los que se requiere evaluacin individual de las

    posibles repercusiones mentales en la gestante.

    De manera general, el significado y contenido de lo teraputico suele ser discutido, sobre todo, en el mbito de las sociedades mdicas y psicolgicas en interaccin con el Estado. Difcilmente se abren canales que permitan entrar en

    la discusin la voz de actores directamente interesados en y afectados por esta temtica, como las mujeres.

  • 4. las terapias de reproduccin asistida

    Las tcnicas de reproduccin asistida son actualmente una prctica muy difundida en casi todo el mundo y han sido justificadas fundamentalmente bajo el punto de vista de las personas que deseosas de traer hijos al mundo por

    razones normalmente biolgicas no estn en la posibilidad de hacerlo. Se busca as dar herramientas para la consecucin del fin deseado: la realizacin

    personal mediante el ejercicio de la paternidad. Sin embargo, lo que muy pocas personas se han detenido a pensar es que las tcnicas de reproduccin humana asistida, extrauterinas para el caso que nos ocupa, no involucran

    solamente el derecho a procrear, sino tambin derechos fundamentales de aquellos seres humanos producidos de manera no natural. Estamos hablando del embrin concebido in vitro. La preocupacin que planteamos es vlida siempre que los derechos del

    embrin in vitro se vean afectados durante el desarrollo de estas tcnicas. En ese sentido, podemos adelantar que las tcnicas de reproduccin humana

    asistida extrauterina s afectan seriamente ciertos derechos extrapatrimoniales del concebido; y por lo tanto, se requiere regular su uso con la finalidad de evitar en todo lo posible la afectacin de estos derechos, protegidos por el

    artculo 1, numeral 1 del artculo 2 de la Constitucin Poltica; y por el artculo 1 del Cdigo Civil. Es en esa afirmacin donde radica el fundamento del presente

    trabajo. Para ello se demostrar la naturaleza humana del embrin concebido extrauterinamente y se definirn los derechos que le competen. Estos derechos se contrastarn con los derechos de las personas que desean tener un hijo y

    que no pueden tenerlos de manera natural. Todo ello supone realizar un anlisis exhaustivo del momento en que se inicia la vida humana segn el

    ordenamiento jurdico peruano y demostrar que el embrin concebido extracorpreamente no slo tiene vida humana, sino que tambin es un ser humano (a pesar de posturas que defienden lo contrario). Asimismo, para que

    este sea un trabajo completo, conoceremos en qu consisten las tcnicas de reproduccin humana asistidas extrauterinas, para desde all delimitar con

    exactitud en qu estado de la tcnica se presentan vulneraciones a los derechos de estos seres humanos y en qu medida son vulnerados.

    Reconocemos que detrs de estas tcnicas, ms que intereses econmicos, que los hay, existen intereses realmente trascendentales y que ciertamente

    merecen ser atendidos. Nos referimos al anhelo de paternidad de aquellas personas que por razones biolgicas se encuentran impedidas de tener hijos, y que han encontrado en estas tcnicas el camino de concretar este ansiado

    anhelo. Visto de esa manera, nos encontramos ante un conflicto: Debe el Estado poner los medios necesarios a favor de las personas que desean tener

    hijos, y de esta manera, brindar proteccin a su derecho de libre desarrollo de la personalidad?; o, si estas tcnicas afectan derechos fundamentales del embrin, Ser lo ms recomendable prohibir o restringir su uso, a pesar de

    que ello suponga limitar ese anhelo de paternidad? En la respuesta de estas preguntas se esconde un conflicto entre derechos fundamentales (o entre

    pretensiones de derechos fundamentales, segn la posicin que el lector prefiera adoptar) razn por la cual tambin analizaremos esta situacin,

  • ponderaremos los derechos fundamentales en juego y decidiremos por la

    vigencia de uno de ellos en detrimento del otro. Lo que intentaremos con el presente trabajo es dar respuesta a la pregunta: Es el derecho a la paternidad

    fundamento suficiente para permitir la ejecucin de tcnicas de reproduccin humana asistidas extrauterinas? La legislacin nacional ciertamente permite el uso de estas prcticas, sin exigir ms requisitos que la identidad entre la madre

    gestante y la gentica. De la misma manera, a pesar de que la posicin del Tribunal Constitucional es proteger la vida humana desde el mismo momento

    de la fecundacin, este no se pronuncia clara y enfticamente respecto a la naturaleza jurdica del embrin concebido extrauterinamente. En el mismo sentido, el legislador no lo consider como un sujeto de derechos, de all que

    carezca de proteccin penal. Es distinto en el caso de la legislacin civil y constitucional, que hasta cierto punto otorgan proteccin al concebido in vitro,

    gracias a que no existe la restriccin de no aplicacin de sus normas por analoga, salvo que restrinjan derechos, que s rige en el derecho penal. A pesar de ello, en la prctica, la proteccin civil o constitucional del embrin

    concebido in vitro es virtualmente nula.

    Todo este conjunto de situaciones que son explicados a lo largo del presente trabajo dan pie a que se ejecuten las tcnicas de reproduccin humana asistida libremente, an en contra de la ley, sin que sea posible delimitar

    responsabilidades y sancionar a los agentes infractores de esta y de los derechos de los concebidos. Habiendo estudiado profundamente todo esto,

    sostenemos la hiptesis que las tcnicas de fecundacin humana asistida son ilegtimas en cualquier estado de derecho que se precie de serlo, pues sostenemos que por encima del anhelo de tener hijos, se encuentra el derecho

    a la vida y dignidad de cualquier ser humano, independientemente del estado de desarrollo en que se encuentre. Planteado esto, nos animaremos a

    presentar una propuesta legislativa que regule esta situacin, protegiendo los derechos que a nuestro juicio merecen mayor proteccin. Para llegar a esta propuesta se habr realizado previamente un estudio exegtico nacional y

    comparado, es decir, se ha hecho una recopilacin y estudio de las normas y jurisprudencia nacionales y extranjeras que regulan de manera genrica el

    derecho gentico y todas aquellas materias que sirven de sustento para la tesis que pretendemos sustentar. Asimismo, se han obtenido normas de diversos sistemas jurdicos que regulan la fecundacin humana asistida, que nos

    permitirn conocer cul es el tratamiento del embrin concebido in vitro en otras legislaciones, qu lmites se presentan y nos brindan una idea de qu

    parmetros son necesarios regular para el caso peruano. Tambin se ha hecho uso del mtodo dogmtico de investigacin. Se ha

    realizado una recopilacin de los ms importantes dogmticos en la materia, hemos sistematizado sus comentarios y presentamos un trabajo ordenado, con

    las sntesis de las posturas que favorecen el planteamiento propuesto, y con aquellas posturas que las condicen. Es cierto que la tendencia mundial camina en sentido contrario a lo que estamos proponiendo, pero este no es un asunto

    democrtico, sino de valores, de justicia y defensa de los derechos de los ms vulnerables. No debera primar en este caso la manifestacin de voluntad

    de terceros que no son directamente perjudicados por estas prcticas nos referimos a los futuros padres-, sino el problema de fondo que se presenta: la

  • afectacin de la vida y dignidad, principalmente, de un ser ontolgicamente

    semejante a todos nosotros.

    Antecedentes en el derecho peruano.

    Siguiendo a Carlos Ramos Nez, el artculo 1 del cdigo civil peruano de 1852 declara que el hombre, segn su estado natural, es nacido o por nacer. Este texto sigue la tradicin jurdica romanista que ve en el concebido un ser

    humano existente en el momento actual que se distingue del resto slo por su nacimiento.

    Esta posicin romanista, se sigue manifestando en diversos artculos del cdigo civil referidos al concebido. De esta manera, el artculo 3 consagraba

    que al que est por nacer se le reputa nacido para todo lo que le favorece, es decir, se refiere al concebido como si ya fuese hombre.

    Finalmente, estableca en su artculo 4 que el nacido y el que est por nacer necesitan para conservar y trasmitir estos derechos que su nacimiento se verifique pasados seis meses de su concepcin, que vivan cuando menos

    veinticuatro horas y que tenga figura humana, es decir, adopta la teora de la viabilidad y de la forma humana para reconocer personalidad jurdica al

    concebido, manteniendo an la posicin romanista de mantener una forma humana para ser considerado persona.

    El hecho de que el Cdigo de 1852 seale que el hombre, segn su estado natural, es nacido o por nacer es directa influencia del Esboco del cdigo civil brasilero de Augusto Texeira de Freitas, que nunca lleg a concretarse en una ley. Vlez Sarsfield utiliz el concepto de persona para el concebido, pues este era una persona por nacer, concepcin que rompi con la tradicin vigente segn la cual los que an no haban nacido no eran personas. No es objeto del presente trabajo analizar cul es el estado natural del hombre.

    Por su parte, el cdigo civil de 1936 se adhiere a la teora de la ficcin de Savigny al decir

    que el que est por nacer se reputa nacido para todo lo que le favorece a condicin de que nazca vivo, pero si es de notar que el cdigo de 1852 ya reconoce cierta personalidad jurdica al concebido, otorgndole derechos por el

    simple hecho de ser hombre (entindase ser humano) al igual que quien ya ha nacido.

    La Constitucin de 1933, vigente al momento de publicarse el cdigo civil de 1936, garantiza el derecho a la vida, pero delega expresamente al Poder

    Legislativo la facultad de garantizar este derecho, y si bien resulta claro que busca garantizar la vida de todos los habitantes, no se presenta con claridad si

    es que esta disposicin constitucional alcanza a los concebidos. Felizmente el cdigo civil de 1852; y posteriormente el Cdigo de 1936 protegen, cada uno a su manera, a este ser humano en proceso de desarrollo.

  • La regulacin en otros pases.

    A) Estados Unidos

    A nivel federal, la primera regulacin relacionada con la fecundacin in vitro, tuvo lugar en 1975, con la publicacin del informe Regulaciones Finales para la Procreacin de los Seres Humanos Sometidos a

    Experimentacin, por el Departamento de Salud y Servicios Humanos. En 1980 se cre la Comisin para el Estado de los Problemas en Medicina e Investigacin Biomdica y Conductual, la cual se pronunci sobre la terapia gnica, aceptndolas en las clulas somticas y rechazndolas en las germinales.

    En los Estados Unidos no existe una legislacin uniforme debido al sistema de

    organizacin poltica, de modo que coexisten numerosos cuerpos normativos en los diferentes Estados que lo conforman, que van desde la gran permisividad de diversas tcnicas de fecundacin hasta la prohibicin y

    penalizacin de las mismas figuras en otros estados. El Cdigo de Regulaciones Federales, aplicable a toda investigacin sobre seres humanos,

    contiene normas respecto a las investigaciones sobre mujeres embarazadas, fetos y el uso de la fecundacin in vitro, empieza definiendo al embrin como el producto de la concepcin desde la implantacin hasta la completa separacin

    del feto del cuerpo de su madre, con lo cual desde ya niega la naturaleza humana al embrin in vitro.

    En concordancia con el derecho de la mujer a interrumpir su embarazo En materia de experimentacin, muchos estados aprobaron leyes prohibiendo la

    investigacin de embriones abortados y sancionando a quienes realicen estas prcticas. A su vez, en la mitad de los estados tienen leyes que prohben la investigacin no teraputica sobre fetos y embriones, extendindose en

    algunos casos a los preembriones, como por ejemplo, en el Estado de Louisiana.

    Finalmente, en febrero de 2004 se aprueba el Acta sobre Investigacin en Clulas Madre Humanas del Estado de New Jersey, permitiendo en ese Estado

    las investigaciones que , Bill Clinton, cuando fue Presidente de los Estados Unidos, con fecha 23 de enero de 1993, autoriz los experimentos en

    embriones y fetos que Reagan haba prohibido. Para ello sostena que la poltica no poda atar a la ciencia y a la medicina, como si el respeto a la vida humana sea un asunto que pueda definirse polticamente. En el 2003 se

    publica el Acta de Prohibicin de Clonacin Humana y el Acta de California para la Investigacin en Clulas Madre. Esta ltima crea el Comit

    de Asesoramiento para la Investigacin en ClulasM, el mismo que est conformado por: a) 07 cientficos con experiencia en investigacin biomdica, b) dos expertos en tica mdica, c) dos personas con conocimientos legales en

    investigacin en clulas madre, fertilizacin in vitro o derecho de familia y; d) dos personas miembros o lderes de alguna organizacin religiosa. Seala

    asimismo que todo proyecto de investigacin que involucre o use clulas madre embrionarias, deber ser aprobada por una junta de evaluacin institucional.

  • B) Inglaterra

    En julio de 1982, cuatro aos despus del nacimiento de la primera nia fecundada in vitro, el gobierno ingls decidi crear una comisin especial para el estudio

    de la fertilizacin humana y la embriologa, denominada Committee of Inquiry into Human Fertilization and Embriology a cargo de Mary Warnock. El informe que emite este Comit, denominado Informe Warnock, marca la lnea de actuacin no slo en Gran Bretaa, sino en toda Europa, ya que es el primer informe europeo que trata el tema que nos ocupa. Entre las pautas que

    recomienda adoptar, tenemos las siguientes:

    a)Donacin de gametos masculinos totalmente annima. b)Derecho a la identidad gentica, cuando el concebido bajo esta forma cumpla

    los 18 aos.

    c)La manipulacin no autorizada de un embrin constituye delito, as como mantenerlo artificialmente ms del dcimo cuarto da, o fertilizarlo en cualquier otra especie.

    d)El nio nacido como consecuencia de la donacin de semen de un tercero,

    debe ser considerado por ley como hijo legtimo de su madre y su marido

    Por su parte, el informe Human Fertilization and Embryology: a framework for legislation reconoce que debe haber algn tipo de proteccin para el embrin humano desde su fecundacin, aunque esa ser una decisin del Parlamento. Dicho informe deriva en la Ley de Fertilizacin Humana y Embriologa de 1990, la misma que permite la crioconservacin de embriones humanos por un

    perodo mximo de 10 aos, pasado el cual se debe permitir la muerte de estos embriones. Asimismo, permite la investigacin sobre embriones humanos,

    siempre que esta investigacin se lleve a cabo dentro de los 14 das de fecundado el vulo. Estos embriones no podrn ser destinados posteriormente a ningn otro fin.

    C) Italia

    En el 2004 se publica la Ley 40-2004, Norma en Materia de Reproduccin Medicamente Asistida, la misma que permite la aplicacin de la tcnica como ltimo recurso en el caso que no existan otros mtodos teraputicos eficaces para eliminar las causas de infertilidad o esterilidad.

    Asimismo, la ley permite nicamente el uso de gametos de la pareja, excluyendo donantes. Limita el acceso a las tcnicas de reproduccin asistida

    a parejas de distinto sexo, estables, casadas o uniones de hecho, mayores de edad y en edad potencialmente frtil. Prohbe la fecundacin post mortem.

  • Asimismo, la norma slo permite la investigacin en embriones humanos

    cuando persiga fines teraputicos y de diagnstico en favor del embrin. Prohbe la clonacin y creacin de embriones con fines distintos a la

    procreacin, as como cualquier prctica eugensica. Prohbe tambin la criopreservacin de embriones, salvo que por razones

    fundamentadas relativas al estado de salud de la mujer sea necesario posponer la fecundacin. Permite nicamente fecundar la cantidad de vulos

    necesarios para ser implantados por una nica vez en la mujer, en un nmero no mayor a tres.

    D) Suecia

    Ha sido el primer pas occidental que ha regulado el tema de la fecundacin humana asistida. En 1984 public la Ley 1140, sobre inseminacin artificial, la misma que establece lo siguiente:

    a) Las tcnicas de reproduccin humana asistida slo pueden ser

    aplicadas a pareja homosexual estable. b) Se permite la inseminacin homloga y heterloga. Para la fecundacin

    heterloga con donacin de esperma se requiere el consentimiento

    escrito del marido o del hombre con quien la mujer conviva. c) Se regula la eleccin del donante, que es competencia del mdico y

    debe cuidar no mezclar razas. d) Derecho a la identidad gentica del hijo. e) Se permite la investigacin embrionaria, siempre que est bien

    fundamentada desde el punto de vista mdico.

    En 1988 se modifica la ley, con respecto a la fecundacin in vitro, slo permite la homloga, en beneficio de parejas estables y con consentimiento escrito del hombre. Prohbe la maternidad subrogada. En 1991 se promulg la Ley 114,

    relativa a la utilizacin de determinadas tcnicas genticas en el marco de los exmenes generales de salud. Esta ley permite el examen del patrimonio

    gentico de una persona que exija el anlisis del cido desoxirribonucleico (ADN) y del cido ribonucleico (ARN) de los genes slo cuando el examen tiene por objeto la adquisicin de conocimientos de carcter patolgicos que

    sean de gran importancia o de especial significacin desde el punto de vista de la atencin sanitaria. En el mismo ao se publica la Ley 115, relativa a las

    medidas con fines de investigacin y tratamiento. Dicha norma permite la experimentacin con embriones humanos que no hayan superado los 14 das de desarrollo a partir de la fecundacin y nunca para desarrollar mtodos que

    generen modificaciones genticas que puedan ser hereditarias. Exige adems que al trmino del plazo de 14 das, los embriones que hayan sido objeto de

    experimentacin sean destruidos, no pudiendo nunca ser implantados en el cuerpo de una mujer. Por otro lado, limita a un ao el plazo mximo para mantener en estado de crioconservacin a los embriones.

  • 5. Implicancias mdicas en el terrorismo en el Per SUBSUNCIN DEL COMPORTAMIENTO DEL MDICO EN EL DELITO DE

    COLABORACIN TERRORISTA Y LAS PRECISIONES DE SUS ALCANCES TPICOS

    En funcin a que los cargos formulados contra el acusado no se centraron en el hecho de que aquel habra atendido de forma circunstancial y aislada a simples

    pacientes, sino que por sus caractersticas denotaban su inclusin en delitos de terrorismo, esto es, para el acusado era un hecho absolutamente conocido que

    sus pacientes formaban parte de la agrupacin senderista y continuaran sus actividades criminales con posterioridad a la intervencin mdica realizada a su favor.

    En esa lnea, tampoco se le acusa el no haber denunciado ante las autoridades

    que sus pacientes eran terroristas de Sendero Luminoso; sino ms bien los hechos imputados y la prueba dirigida a acreditar los mismos se condujeron, en un extremo, a demostrar el ligazn o vnculo funcional del acusado con la

    agrupacin terrorista, sobre la base de la intervencin mdica a favor de los miembros de Sendero Luminoso.

    Ahora bien, el acusado recab y prest su intervencin en las tareas ciertamente reiteradas, organizadas y voluntarias de apoyo a los heridos y enfermos de esta agrupacin, pero adems desempeo actividades distintas a la realizacin de acto mdico; como seala la ejecutoria suprema: este

    anlisis no puede realizarse aisladamente sino en atencin al conjunto de actos concretamente desarrollados y probados [...]; el acercamiento al herido o enfermo, y la informacin de su estado y ubicacin, le era proporcionado por la

    propia organizacin, y no que estos ltimos hayan acudido a aquel por razones de urgencia o emergencia, a los solos efectos de una atencin mdica.

    A su vez, y lo que es ms evidente en cuanto a su vinculacin funcional con Sendero Luminoso, lo constituye el hecho que el acusado realiz actos

    destinados a mantener la propia organizacin de apoyo, estructurada para tal efecto; as, por ejemplo, con esta finalidad trat de convencer a una de las

    integrantes (la nutricionista de Socorro Popular) a que no se aparte de la agrupacin.

    En suma, aun cuando haya sido absolutamente cuestionable el proceder del la Fiscala al formular una acusacin en el extremo de las intervenciones

    mdicas que el acusado realiz, sin embargo, la correcta imputacin debi

    haber sido dirigida nicamente por la pertenencia de aquel a la agrupacin en

    anlisis y la realizacin de diversas actividades que tenan por objeto cumplir

    con los fines propios de la organizacin terrorista, como lo fue el haber

    procurado que los militantes renuentes al grupo, no se aparten de aquel.

  • El acto mdico no se puede penalizar, pues no solo es un acto esencialmente

    lcito, sino que es un deber del mdico el prestarlo; asimismo, tampoco se puede criminalizar la omisin de denuncia de un mdico de las conductas

    delictivas de sus pacientes conocidas por l sobre la base de la informacin que obtengan en el ejercicio de su profesin [...]. El acto mdico constituye una causal genrica de atipicidad: la sola intervencin profesional de un mdico,

    que incluye guardar secreto de lo que conozca por ese acto, no puede ser considerado tpica, en la medida en que en esos casos existe una obligacin

    especfica de actuar o de callar, de suerte que no se trata de un permiso justificacin sino de un deber, no genrico, sino puntual bajo sancin al mdico que lo incumple.

    Sobre la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el

    caso de la Cruz Flores vs. Per

    Conforme fue materia de controversia en aquel caso conocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece que Mara Teresa de la

    Cruz Flores, mdico de profesin, desde 1984 hasta su detencin en 1996

    trabaj como mdico pediatra adscrita al Instituto Peruano de la Seguridad

    Social Policlnico Chincha en Lima. A raz de su detencin, la seora De la

    Cruz Flores estuvo privada de libertad por ms de 8 aos (desde marzo de

    1996 hasta julio de 2004). Su actuacin presuntamente delictiva fue haber

    proporcionado atencin mdica, curaciones, operaciones, entregar medicinas e

    instrumental mdico, en la atencin de delincuentes senderistas, as como el

    no haberlos denunciado ante las autoridades pertinentes por sus actividades

    terroristas.

    Dichas consideraciones condujeron a que la Corte Interamericana de Derechos Humanos fije, mediante sentencia de fecha 14/11/06 (fundamento jurdico 102),

    que: El Estado Peruano incurri en una violacin del principio de legalidad: por tomar en cuenta como elementos generadores de responsabilidad penal la pertenencia a una organizacin terrorista y el incumplimiento de la obligacin

    de denunciar y, sin embargo, solo aplicar un artculo que no tipifica dichas conductas; por no especificar cul o cules de las conductas establecidas en el

    artculo 4 del DL 25475 eran las cometidas por la presunta vctima para ser responsable del delito; y, por penalizar el acto mdico que no solo es un acto esencialmente lcito, sino que es un deber de un mdico el prestarlo; y por

    imponer a los mdicos la obligacin de denunciar posibles conductas delictivas de sus pacientes con base en la informacin que obtengan en el ejercicio de su

    profesin. Es, precisamente, este caso resuelto por la Corte Interamericana de Derechos

    Humanos el que nutre de contenido material a lo expuesto por nuestro

    Supremo Tribunal en la resolucin del caso materia de anlisis: el acto mdico

    se caracteriza por ser no solo un derecho del mdico prestarlo facultado por

    su Cdigo de tica profesional, sino un deber extrapenal a l exigido, en la

    medida en que el resguardo por los bienes jurdicos de mayor predominancia y

  • valor (como lo son la vida y la salud) le generan una posicin especfica de

    control sobre su indemnidad, as como deberes positivos de actuacin en favor

    de los pacientes puestos a su recaudo.

    Es, en suma, un derecho del mdico ejercerlo y un deber a l atribuido; de

    forma tal que su inobservancia podra generar en aquel responsabilidad penal por omisin impropia de negarse a ejercer la nica actividad que salvara la vida o resguardara la salud de la persona quien fuera. Y ello nada tiene que

    ver con la causa de justificacin jurdico penalmente reconocida del cumplimiento de oficio, deber o cargo, que hara del comportamiento del

    mdico un acto tpico pero justificado, sino que su naturaleza radica en el juicio de tipicidad misma, a efectos de determinar si es que mediante el acto mdico el profesional de la medicina expresa un concreto sentido de mnima

    contrariedad con el derecho penal.

    1.El acto mdico y su valoracin desde el derecho penal El derecho penal en un Estado social y democrtico de Derecho debe

    desarrollar sus categoras asegurando un espacio mnimo de estabilidad para la con vivencia social y el libre desenvolvimiento de la personalidad de los

    ciudadanos; permitindose contribuir de ese modo con la gestin y desarrollo de los derechos fundamentales. En ese sentido, el cumplimiento de sus finalidades punitivas, coherentes con el orden constitucional al cual sirve,

    hace posible la existencia de esferas de autonoma mediante la creacin de espacios de libertad jurdica.

    Es precisamente en ese mbito de libertad jurdicamente reconocida donde el ciudadano puede tomar decisiones espontneas asumiendo los costes que

    ello habra de reparar, en forma de un sintagma de libertad de administracin de los propios asuntos y responsabilidad por las consecuencias de la deficitaria administracin de tal competencia . En consecuencia, el ciudadano encuentra

    jurdicamente protegida su libertad genrica de actuacin, en la medida en que la misma no genere afecciones a intereses de terceros. Este derecho al libre

    desarrollo de la personalidad, que la Constitucin Poltica le reconoce, se expresa en las ms diversas formas de actuacin profesional y relaciones prestacionales que podra ostentar o ejercer todo ciudadano. Tan es as que el

    ordenamiento jurdico mismo promueve frmulas extensivas de permisiones para la actuacin libre de la persona, por ejemplo, sobre la base de la

    tolerancia de una actividad riesgosa, y ello se pone de manifest en las mas dismiles actividades sociales y profesionales.

    Es la gnesis de una actividad riesgosa la que conduce a que el ordenamiento pretenda canalizar, a niveles de tolerancia social, la promocin de actividades

    profesionales, razn por la que se sostiene con todo acierto que las mismas ya se encuentran preconfiguradas, estandarizadas o estereotipadas, de antemano como riesgosas, no obstante ser jurdicamente toleradas. Esa es

    la razn fundamental de la existencia de actividades profesionalmente adecuadas; las mismas que, a nivel de los criterios de imputacin objetiva,

  • encuentran perfecto encaje a nivel del instituto genrico denominado riesgo

    permitido. Y se trata de actividades riesgosas no solo por el peligro que le reporta al mismo interactuante que haya de realizarlas, sino porque es

    manifiesta su propia idoneidad para afectar directa o indirectamente un bien jurdico penal.

    Precisamente, ejemplo claro de aquello se encuentra a nivel de la actividad mdica. La actuacin profesional del mdico no es sino expresin del

    compromiso social del ciudadano-mdico con el libre ejercicio de su profesin; ello en aras de salvaguardar los intereses predominantes de los pacientes sometidos a su tutela. Es por ello que mediante el acto mdico se concreta la

    relacin mdico-paciente. Y es, precisamente, dicha relacin la esencia del ejercicio profesional de la medicina; producindose cada vez que el profesional

    mdico acepta dar su opinin, consejo o posible tratamiento a una persona que le formula tales cuestiones. As, mediante el acto mdico se intenta promover la salud, curar y prevenir la enfermedad y rehabilitar al paciente. Al respecto, el

    artculo 12 del Cdigo de tica profesional del Colegio Mdico del Per, nos brinda una definicin amplia del concepto de acto medico, sealando que:

    El acto mdico es toda accin o disposicin que realiza el mdico en el ejercicio de la profesin mdica. Han de entenderse por tal, los actos de

    diagnstico, terapia y pronstico que realiza el mdico, en la atencin integral de pacientes,

    as como los que se deriven directamente de estos. Los actos mdicos mencionados son de exclusivo ejercicio del profesional mdico.

    El acto mdico tiene como base fundamental el vnculo jurdico de garanta de la vida humana del paciente, el resguardo de su salud, pero tambin la

    proteccin de su reputacin, de su honor, su intimidad, as como la reserva de informacin y el secreto profesional constituido en favor del paciente. Ello es un apartado de predominio funcional a nivel mismo de la actividad mdica que

    disean los cdigos de tica profesional. Y que, como no poda ser de otro modo, es recogido por el Colegio Mdico del Per:

    El ejercicio de la medicina incluye un permanente respeto a los derechos fundamentales de los pacientes, tales como el derecho a la libertad de

    conciencia y de creencia, el derecho a la integridad fsica, psquica y moral, el derecho al libre desarrollo y bienestar de las personas, el derecho a la intimidad

    personal y familiar, el derecho a la informacin y al consentimiento informado, el derecho a la no discriminacin en razn de sexo, edad, enfermedad o discapacidad, credo, raza, origen tnico, gnero, nacionalidad, filiacin poltica,

    orientacin sexual o condicin socioeconmica, entre otros. En su actividad profesional el mdico tiene el deber de guardar el secreto profesional; este

    brinda al acto mdico su caracterstica de confianza y garanta en la relacin mdico-paciente de reserva y discrecin.

    A su vez, y esto es imposible no sostenerlo, el acto mdico tiene un contenido eminentemente humanitario, como lo es la salvacin de la vida, la recuperacin

    de la salud, el prevenir la enfermedad, el rehabilitar al paciente. Ello sobre la base de los conocimientos especializados obtenidos desde el inicio de su vida

  • en el mundo de la medicina, hasta el momento que ejercita actividades de su

    propia profesin; y ello, siempre sobre la base de la pericia, diligencia y cuidado personal.

    Ahora bien, el ejercicio del acto mdico deja de ser de carcter eminentemente tico, sin negar su valor relevante para la determinacin de los parmetros de

    algn deber personalsimo de cuidado sobre la base del anlisis de dicha lexartis, para manifestarse como una exigencia eminentemente jurdica,

    generatriz desde la perspectiva penal, y dependiente de los ms variables contextos situacionales de una posicin de garanta de proteccin de los bienes jurdicos puestos a su recaudo (v. gr.la vida o la salud del paciente), as

    como una posicin de garanta del control de ciertas fuentes de peligro (v. gr.el control y direccin de una intervencin quirrgica). Y esta problemtica de

    ndole ms propiamente penal se refleja en el tratamiento de la tipicidad o atipicidad del acto mdico. Observemos, pues, como se configura, a nivel de la doctrina, los criterios de imputacin objetiva en el marco de la actuacin

    profesional de la medicina.

  • Conclusiones:

    1. El mdico debe estar preparado en cuestiones ticas para hacer frente al ejercicio de la medicina en el entorno siempre cambiante de las ciencias y las tecnologas.

    2. Los principios ticos que han solucionado problemas en el pasado

    constituyen una gua til para evitar y tratar problemas actuales.

    3. La comprensin de los principios ticos permite mejorar la calidad de atencin que se proporciona a los pacientes y justifican la confianza depositada en el mdico.

    4. El aborto libre debe ser considerado como un derecho irrenunciable de la

    mujer para preservar y dar rumbo a su vida y a su maternidad. El inters nacional aconseja, dado que se trata de un grave problema de la salud pblica

    y en lo personal pienso que este problema debe ser definido por la federacin, pues es un problema, el aborto, de carcter nacional, que todos estamos viviendo hoy por hoy.

    5. El aborto no es bueno en s, pero es bueno para mejorar a la sociedad, para salvar las vidas de las mujeres, para formar individuos con un mayor sentido de la tica, responsabilidad ante la sociedad y ante s mismos y un compromiso

    con la humanidad con la que se desenvuelven para un progreso de la raza humana.

    6. La fecundacin asistida es un fenmeno que se viene desarrollando desde

    hace ms de cuatro siglos, con los experimentos realizados en gusanos de seda por Marcello Malpighi. La fecundacin humana asistida es menos antigua. Recin en 1790, gracias a la labor del gineclogo John Hunter nace el primer

    beb producto de la inseminacin artificial. La fecundacin humana asistida extrauterina es mucho ms reciente, pues en 1978 nace Louise Brown, primer

    beb probeta.

    7. Per no cuenta con una legislacin acorde a este fenmeno. Existen una

    serie de disposiciones salpicadas en distintos cuerpos legales que regulan

    aspectos muy concretos del derecho gentico, pero en muy poco lo referente a

    las tcnicas de reproduccin humana asistida. Ello ha ocasionado que en la

    realidad se practiquen las tcnicas de reproduccin humana asistida sin mayor

    control, ejecutando procedimientos claramente atentatorios contra los derechos

    de los embriones in vitro sin que exista sancin alguna.

  • 8. Evidentemente existe un derecho a la maternidad y paternidad, como parte

    del derecho al libre desarrollo de la personalidad, pero este derecho, en el caso

    que nos ocupa, se contrapone con los derechos del embrin in vitro, razn por

    la cual es necesario realizar una ponderacin de las pretensiones de las partes.

    Se concluye que los derechos el embrin son superiores, basndonos en que

    el derecho a la vida es el principal de los derechos, el derecho a la dignidad

    como un derecho esencial a todo ser humano, rector del resto de derechos

    fundamentales, el principio del inters superior del nio y el principio pro

    homine.

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