modulo-etica-publica.pdf

16
 El ámbito de lo público en el Ecuador Durante las dos décadas anteriores el Ecuador se encontró inmerso en una grave crisis que no se limitó al presupuesto, las fianzas públicas, la moneda, el crédito, los precios, la deuda exterior. La crisis que vivió el país es mucho más amplia, compleja y profunda. Fue el resultado de un largo proceso de concentración y centralización de capital, de fortalecimiento de la dependencia estructural, de afirmación de las relaciones capitalistas de producción. Pero siendo la crisis un fenómeno real, de ella también se beneficiaron contadísimos grupos foráneos y nacionales que marchan hasta ahora sólidamente unidos. Estos grupos que se beneficiaron no sólo de la crisis económica que vivió el país como también de la política económica ejecutada por distintos gobiernos, la política crediticia, las leyes de fomento industrial, la política salarial, la política cambiara, la renegociación de la deuda, a política de precios, etc. Pero la concentración de poder económico, el manejo de la economía nacional se complementó con el manejo político del poder. La constitución política de las y los ecuatorianos establ ece que la soberanía y decisión radica en las personas, pero el pueblo no será realmente soberano mientras no conquiste el poder y desde él asegure la independencia económica y la soberanía política de la nación. Latinoamérica y el Ecuador viven en los últimos años una gran transformación del manejo de lo público, en el que luego de décadas en que los países aplicaron políticas dirigidas a reducir el tamaño y el rol de las instituciones públicas en el manejo de los Estados, se han dado cambios dramáticos para robustecer y fortalecer la gestión pública, en contextos de mejora económica, enrelación con otros continentes, de importantes cambios tecnológicos que facilitan el acceso a la información y el manejo de las comunicaciones, y la emergencia de lo que se denomina la “gestión participati va”.  En el país, a partir de 2007, la gestión pública sufre un dramático cambio al re-establecerse en la administración de gobierno, la función de planificación, monitoreo y evaluación de la gestión pública, a cargo de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, así como el diseño de planes de desarrollo del país  o planes del Buen Vivir. Recor demos que en el Ecuador, las tareas de planificación y evaluación de la gestión pública, habían sido paulatinamente eliminadas por las diferentes administraciones de gobierno; la Junta Nacional de Planificación que tuvo su mayor auge en 1972, fue paulatinamente reducida a un Consejo de Desarrollo adscrito a la vicepresidencia de la República durante los años 80 y 90. A inicios de los años 2000 sus funciones y capacidad institucional fueron prácticamente nulas. Por otro lado, la apertura del país y el proceso de globalizació n han incrementado la velocida d del cambio tecnológico, lo que ha permitido que cada vez un mayor número de personas y organizaciones cuenten con medios para informarse y procesar datos de las instituciones públicas, así como que puedan establecer relaciones de intercambio de información y criterios de manera virtual. Las redes sociales, son ahora en el país un actor fundamental a través de las cuales se comparten e intercambia n informaciones y criterios también sobre la gest ión pública. Por otro lado, en el país también se ha instalado una nueva cultura institucional que podríamos denominar gestión participativa. La misma constitución diseñada con participación ciudadana, establece normas y procesos para facilitar la intervención de la ciudadanía en el manejo de lo público.

Transcript of modulo-etica-publica.pdf

  • El mbito de lo pblico en el Ecuador Durante las dos dcadas anteriores el Ecuador se encontr inmerso en una grave crisis que no se limit al presupuesto, las fianzas pblicas, la moneda, el crdito, los precios, la deuda exterior. La crisis que vivi el pas es mucho ms amplia, compleja y profunda. Fue el resultado de un largo proceso de concentracin y centralizacin de capital, de fortalecimiento de la dependencia estructural, de afirmacin de las relaciones capitalistas de produccin. Pero siendo la crisis un fenmeno real, de ella tambin se beneficiaron contadsimos grupos forneos y nacionales que marchan hasta ahora slidamente unidos. Estos grupos que se beneficiaron no slo de la crisis econmica que vivi el pas como tambin de la poltica econmica ejecutada por distintos gobiernos, la poltica crediticia, las leyes de fomento industrial, la poltica salarial, la poltica cambiara, la renegociacin de la deuda, a poltica de precios, etc. Pero la concentracin de poder econmico, el manejo de la economa nacional se complement con el manejo poltico del poder. La constitucin poltica de las y los ecuatorianos establece que la soberana y decisin radica en las personas, pero el pueblo no ser realmente soberano mientras no conquiste el poder y desde l asegure la independencia econmica y la soberana poltica de la nacin. Latinoamrica y el Ecuador viven en los ltimos aos una gran transformacin del manejo de lo pblico, en el que luego de dcadas en que los pases aplicaron polticas dirigidas a reducir el tamao y el rol de las instituciones pblicas en el manejo de los Estados, se han dado cambios dramticos para robustecer y fortalecer la gestin pblica, en contextos de mejora econmica, enrelacin con otros continentes, de importantes cambios tecnolgicos que facilitan el acceso a la informacin y el manejo de las comunicaciones, y la emergencia de lo que se denomina la gestin participativa. En el pas, a partir de 2007, la gestin pblica sufre un dramtico cambio al re-establecerse en la administracin de gobierno, la funcin de planificacin, monitoreo y evaluacin de la gestin pblica, a cargo de la Secretara Nacional de Planificacin y Desarrollo, as como el diseo de planes de desarrollo del pas o planes del Buen Vivir. Recordemos que en el Ecuador, las tareas de planificacin y evaluacin de la gestin pblica, haban sido paulatinamente eliminadas por las diferentes administraciones de gobierno; la Junta Nacional de Planificacin que tuvo su mayor auge en 1972, fue paulatinamente reducida a un Consejo de Desarrollo adscrito a la vicepresidencia de la Repblica durante los aos 80 y 90. A inicios de los aos 2000 sus funciones y capacidad institucional fueron prcticamente nulas. Por otro lado, la apertura del pas y el proceso de globalizacin han incrementado la velocidad del cambio tecnolgico, lo que ha permitido que cada vez un mayor nmero de personas y organizaciones cuenten con medios para informarse y procesar datos de las instituciones pblicas, as como que puedan establecer relaciones de intercambio de informacin y criterios de manera virtual. Las redes sociales, son ahora en el pas un actor fundamental a travs de las cuales se comparten e intercambian informaciones y criterios tambin sobre la gestin pblica. Por otro lado, en el pas tambin se ha instalado una nueva cultura institucional que podramos denominar gestin participativa. La misma constitucin diseada con participacin ciudadana, establece normas y procesos para facilitar la intervencin de la ciudadana en el manejo de lo pblico.

  • Adems, las demandas de una sociedad cambiante, obligan a exigir al mximo de los recursos humanos en una institucin, incrementndose la demanda de atributos para servidoras y servidores pblicos, pues el manejo de una institucin que brinde servicios pblicos y maneje la relacin con la ciudadana, demanda una mezcla de especialista/ generalista, la capacidad de aprendizaje permanente o la polifuncionalidad de equipos tomadores de decisiones y tcnicos. Qu hacer en la gestin pblica Frente a esas exigencias, impresiona la lentitud de la transformacin en ciertas instancias pblicas en donde parece que el cambio es producto tanto de su propia inercia, como de cierto posicionamiento ideolgico y poltico que parece preferir un Estado ineficiente a otro efectivo. A fin de cuentas, la historia reciente de la gestin pblica en el Ecuador y en la regin nos indica que las estructuras pblicas que no funcionan, pueden acrecentar la opcin por la privatizacin y la desregulacin. Para hacer realidad lo que propone la Constitucin de 2008 las y los ecuatorianos necesitamos de un estado eficaz. Para lograrlo, se proponen varios procesos:

    a) Cambiar la concepcin burocrtica de la administracin vertical por formas de gestin

    participativas y desconcentradas,

    b) Revisar el legalismo que sita la norma sobre la realidad,

    c) Desarrollar conciencia cvica de servidores y ciudadanos

    d) Cambiar el autoritarismo estatal por la cultura del consenso

    e) Desconcentrar los servicios, favorecer la autonoma en el manejo local Analicemos cada tema: La concepcin burocrtica de la administracin pblica debe dar paso a la gestin participativa. El sector pblico latinoamericano estuvo durante mucho tiempo contaminado con la idea que supone al funcionario pblico flojo, y deshonesto aplicando la teora de la expectativa- esto se hizo verdad a fuerza de malos sueldos, mucho control y ningn reconocimiento. No es el mayor control y verticalidad lo que har honestos y efectivos a los servidores pblicos, sino todo lo contrario: mayor autonoma, mejor motivacin, ms responsabilidad. En la poca de Henry Ford y de la montona, mal pagada y agotadora cadena de montaje- era cierto que el trabajo no era estimulante y que la gente necesitaba mucho control y disciplina. Hoy, la complejidad y cambio constante de los procesos productivos, administrativos y gerenciales exigen de la mentalidad contraria: alta motivacin, polifuncionalidad, creatividad, espritu de riesgo y actuacin de equipos, en suma, gestin participativa. Consideramos que si las personas que hacen una institucin, asumen como propios los objetivos y la misin de esa institucin, es decir participan en el diseo de los mismos, en el establecimiento de metas y hacen propuestas sobre la gestin de sus servicios, se pueden lograr mejores y mayores compromisos y nivel de respuesta para las y los usuarios de esos servicios.

  • La visin normativa-legalista de la tradicin latina- debe abrirse a una concepcin menos regulada del quehacer social con ms espacio a la autonoma y creatividad. Impresiona que en el mundo vertiginoso de hoy siga aplicndose aquello de que en el sector pblico se puede hacer slo lo que la Ley expresamente autoriza, pues esta posicin le resta espacio a la iniciativa y la creatividad. Este aserto supone condenar al aparato estatal a una eterna baja productividad. Para superar esta cultura, hace falta que las y los servidores aprendan a leer claramente la norma, a establecer mecanismos de apoyo y coordinacin que les permita una gestin por resultados, antes que dictaminada por la norma. Es decir, las y los servidores pblicos debemos guiar nuestro trabajo por la obtencin de resultados, el cumplimiento de metas y la satisfaccin de las y los usuarios. Este es un cambio cultural fundamental en el manejo de lo pblico. La inercia y la desidia con la que se manejaron durante dcadas las instituciones de gobierno, tambin pueden generar corrupcin, pues se afecta los intereses de las y los usuarios al no brindarle respuestas oportunas y adecuadas, y es una prctica que debe desaparecer en el Ecuador. Uno de los temas bsicos de la nueva institucionalidad que responda a los desafos establecidos en la constitucin sobre los servicios pblicos y el buen gobierno, es el atraso institucional que tiene el sector pblico. Los diagnsticos realizados destacan no solamente las diferencias entre las entidades de gobierno, sino tambin las disparidades existentes en trminos de su capacidad institucional. Si bien el desarrollo institucional es importante y se seala acciones encaminadas a la resolucin de esas deficiencias, el fortalecimiento institucional de los principales actores polticos sigue relegado en un segundo plano. Con respecto al desarrollo de conciencia cvica en servidoras y servidores pblicos, as como en la ciudadana, debe sealarse que el rezago en el desarrollo institucional y el actual vaco existente con relacin a acciones concretas en este sentido pueden postergar el logro de una institucin equilibrada, obstaculizando las perspectivas de buen gobierno o el proceso de responsabilizacin. Pues las instituciones se han visto seriamente afectadas por sucesivas e inconsistentes reformas administrativas e inmovilizadas por disposiciones legales mediante las que se mantiene intereses corporativos que dificultan procesos de transferencia de personal. Las medidas adoptadas por los sucesivos gobiernos nacionales para promover cambios no han dado resultados satisfactorios debido a que los cambios no lograron solucionar los problemas bsicos, como que las personas que hacen una institucin y sus usuarios, modifiquen sus actitudes frente a la gestin institucional; y las reformas se limitaron a proponer amplios ajustes administrativos que no contribuyeron a aumentar la eficiencia y la eficacia del propio gobierno, ni favorecieron un proceso de descentralizacin. Las dificultades para superar los problemas cristalizados desde un punto de vista constitucional son innumerables y se enfrentan al hecho de que las burocracias gubernamentales raramente logran reflexionar sobre sus objetivos y fines sin tomar posiciones defensivas y auto-justificativas. Esta actitud de resistencia dificulta los cambios en el mbito de cada institucin de gobierno, que representan en s mismas un territorio de poder, en cada uno de los niveles de gobierno y en el propio proceso de descentralizacin.

  • Sera ingenuo esperar un comportamiento distinto por parte de cada individuo o del grupo al cual pertenecen y representan, pero es indispensable reevaluar la pertinencia, el costo y el significado de determinadas estructuras, formas y procesos administrativos. El no hacerlo significa reforzar el stato quo y desmoralizar las iniciativas para llevar a cabo una transformacin. La forma de hacerlo depende de una combinacin de elementos polticos (determinacin externa), externos (asesoramiento profesional) e institucionales (incorporacin del conocimiento acumulado). Un proceso de reforma administrativa, de reformulacin de las bases institucionales del Estado reside en el desarrollo, tanto en la sociedad como en el seno del propio estamento burocrtico, del sentido de Estado. El sentido de Estado no es nada ms que la comprensin que servidores y ciudadanos debemos desarrollar de que el accionar del Estado debe subordinarse a un inters mayor, que emana del heterogneo tejido social al cual se acostumbra a denominar ciudadana. Desde este punto de vista, el primer reto es un desafo de difundir una cultura distinta de la cultura patrimonialista arraigada en la mente de servidores y ciudadanos y en la efectiva prctica cotidiana. Esa prctica debe partir de definir de manera consensuada, los resultados y metas que han de lograrse en la gestin de lo pblico. Pues a pesar del alcance y significado que pueda tener la gobernabilidad de un conjunto de las unidades de gobierno, la superacin de tensiones y el establecimiento de nuevas reglas para el funcionamiento de las instituciones pblicas, no asegura que las medidas tomadas puedan garantizar los resultados esperados en trminos de calidad y eficiencia de los servicios. Adems, se deben crear condiciones para un proceso de construccin de consensos, que implica adems, reconocer las demandas y condiciones diversas que existen en el pas, en las localidades. En un pas como Ecuador con contrastes tan marcados, el hecho de ampliar las condiciones para la reforma institucional, requiere una mirada especfica a las situaciones regionales y locales. En la medida en que existe una relacin directa entre desarrollo econmico, social y fiscal expresada claramente en la recaudacin de un impuesto- y el desarrollo o la capacidad institucional de las organizaciones pblicas locales, se supone que en las regiones o localidades donde la situacin econmica y social es ms difcil, los desafos que debe encarar la administracin local, para revertir una institucin burocrtica e ineficiente son mayores. Enfrentar seriamente este problema, representa asumir la tarea de crear condiciones efectivas para superar varios temas; ser necesario promover el desarrollo institucional, es decir, llevar a cabo una estrategia de cambio social basada en intervenciones planificadas en las instituciones de manera que se conviertan en agentes promotores o catalizadores de ese cambio en el mbito en que actan. En el universo de las instituciones gubernamentales ecuatorianas, una accin de esta naturaleza debe contemplar de forma detallada las medidas que, implementadas, permitan a las instituciones convertirse en efectivos agentes promotores o catalizadores del desarrollo en sus respectivas jurisdicciones. Actualmente, es necesario desarrollar un programa que permita avanzar de la etapa del deseo y de la idealizacin, orientada hacia la evolucin de las condiciones de gestin del quehacer pblico, con un mayor control de la sociedad sobre el Estado y con mejores y ms favorables relaciones entre las entidades de gobierno, que produzcan una efectiva reduccin del gasto pblico.

  • En todas las iniciativas relacionadas con el desarrollo institucional, la capacitacin debe ser incluida como tema central. La capacitacin no debe limitarse solamente a la administracin pblica o los organismos gubernamentales, sino que debe incluir a otros actores involucrados en el proceso, especialmente las organizaciones representativas de la sociedad. En el mbito gubernamental, la capacitacin deber concentrarse en el mejoramiento de la tica, la eficiencia (racionalidad en el uso de los recursos disponibles), la eficacia (realizacin de los objetivos fijados), y la efectividad (satisfaccin de los anhelos, necesidades y demandas de la poblacin), de las instituciones y tambin hacia la recuperacin del verdadero significado del servicio pblico: el de servir al pblico. En el caso de la ciudadana, el objetivo principal de La capacitacin ser la creacin de una conciencia ciudadana, la divulgacin de sus derechos y de las condiciones instrumentos y mecanismos que puedan volverlos efectivos. Adems de la capacitacin, otra lnea de accin que debe apoyarse es la provisin de instrumentos institucionales adecuados, como la revisin de la polticas de personal, el establecimiento de contratos de gestin, la creacin de instrumentos pblicos capaces de asegurar que los intereses de la sociedad prevalezcan. Es necesario adecuar cada instancia o institucin de gobierno, incorporando innovaciones tecnolgicas que faciliten y optimicen sus funciones; propiciando la apertura a la participacin de las comunidades en las decisiones e implementacin de las polticas pblicas, y facilitando su disposicin para usar de forma provechosa su asociacin, de manera de lograr una mayor eficacia en la provisin de servicios. Articulaciones horizontales entre las instituciones pblicas El principal objetivo de un programa como el indicado es cambiar las actitudes de actores responsables de la gestin del quehacer pblico, los agentes polticos, los servidores pblicos, los lderes comunitarios y sociales. El clientelismo, el corporativismo y la dependencia, son rasgos predominantes de la mentalidad de la burocracia del siglo pasado que es preciso combatir; y que son resultado de una historia de centralismo, dependencia, patrimonialismo y clientelismo, lejos de un proyecto de desarrollo justo y autosustentable por el que ha apostado el pas. La organizacin del Estado conformada por instituciones que funcionan de manera autrquica, generan una costosa duplicacin de esfuerzos, iniciativas y proyectos. La falta de recursos destinados a la investigacin y reflexin, la falta de rigor investigativo que oriente las acciones y programas de manera ms adecuada, son condiciones que podran superarse si las instituciones trabajaran de manera coordinada y articulada. El pas merece un esfuerzo en el sentido de optimizar los recursos humanos, tcnicos y financieros instalados en la administracin pblica, para establecer estrategias conjuntas entre las entidades, que permitan un mejor desempeo y servicios. En varios pases de Amrica Latina, por ejemplo, las polticas de erradicacin de pobreza, combinando los esfuerzos coordinados de varias entidades responsables de servicios de educacin, inclusin social, inclusin laboral, salud, recreacin, han probado mejor impacto que los esfuerzos aislados desarrollados por las entidades de manera aislada. En el Ecuador, la reforma al sistema de justicia ha demandado el esfuerzo articulado de entidades de la funcin de

  • administracin de justicia, de la funcin ejecutiva y de la funcin legislativa; slo de manera articulada se podrn generar los cambios esperados en la administracin de justicia del pas. La tica pblica La tica aplicada a la funcin pblica es de vital importancia porque tiene como eje central la idea de servicio, es decir, las tareas y actividades que realizan las y los funcionarios pblicos estn orientadas al bien comn. La tica de la funcin pblica es la ciencia del buen comportamiento en el servicio a la ciudadana, es adems un importante mecanismo de control de la arbitrariedad en el uso del poder pblico, un factor vital para la creacin y el mantenimiento de la confianza en la administracin y sus instituciones. Por tanto, es un factor clave para elevar la calidad de la administracin pblica mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e ntegra de las y los funcionarios en la gestin de los asuntos pblicos. La tica pblica es por tanto un instrumento fundamental para evitar la corrupcin al elegir a los representantes ms idneos para gobernar. Los cargos pblicos deben ser ocupados por las personas ms capaces, por aquellas que son leales a la constitucin poltica y que tengan un gran sentido de justicia. Lamentablemente, existe un marcado inters por ocupar un cargo pblico sin tener la debida preparacin, sin contar con la formacin necesaria para ello. La conducta de aquellos que quieren sobresalir sin asumir la importancia y la responsabilidad que conlleva el ejercicio de la funcin pblica afecta a los resultados de la misma. La tica permite establecer la justicia o injusticia de las acciones humanas, elevando as la cultura poltica de un pueblo o Estado. Cuando una o un servidor pblico adopta estos elementos como principios de vida se ubica ms all del poder y no se deja llevar por los apasionamientos, realizando buenas obras para con su comunidad. Lo importante es no slo fomentar sino tambin fortalecer los principios ticos en la mente de quienes ocupan cargos pblicos con la intencin de que sus actos se rijan por la rectitud y el buen juicio. Hay que vencer la situacin existente y propiciar el surgimiento de actitudes diferentes y positivas en las personas, en especial en quienes estn al frente de las funciones pblicas. Se debe educar en la honradez y en la probidad a todos los ciudadanos y, en especial, a los que operan en el mbito pblico, a fin de lograr una mayor eficiencia en las operaciones de la funcin pblica. As se podr reivindicar la imagen de las y los gobernantes, las y los funcionarios y servidores, las y los administradores de justicia, las y los asamblestas, de todos aquellos que forman parte del mbito de accin del servicio pblico. Al mismo tiempo se devolver confianza a las y los ciudadanos, de tal modo que stos puedan confiar en las instituciones. En la construccin de una cultura tica se hace necesario un discurso sobre la responsabilidad profesional, instando a las y los polticos y funcionarios a reflexionar sobre sus acciones, resolver los dilemas ticos que surjan a su paso y autoimponerse lineamientos coherentes con los derechos fundamentales y los principios constitucionales. Cuando se ingresa en la administracin pblica se realizan actividades de servicio a los ciudadanos. Si la prestacin de servicios no es adecuada, las instituciones pblicas se desacreditan. La tica pblica aglutina un conjunto de valores como la honradez, la laboriosidad, la eficacia, la transparencia, la atencin y el servicio al ciudadano, la imparcialidad, la objetividad y otros que hacen del trabajo en el sector pblico una inmensa tarea de la cual la sociedad

  • espera frutos de calidad. Segn Adela Cortina (1997), existen diversos problemas morales con los que tienen que enfrentarse las y los servidores pblicos en su quehacer cotidiano tales como:

    la dificultad de tener que atender al mismo tiempo los requerimientos del gobierno y de los ciudadanos;

    distinguir entre lo discrecional y lo arbitrario;

    la tentacin de utilizar el cargo en funcin de los beneficios propios;

    la asimetra entre la administracin y el ciudadano;

    el exceso de burocratizacin y la falta de transparencia, entre otros.

    De ah la necesidad de crear un clima donde haya una mayor conciencia de los asuntos ticos prestando una atencin continuada al fomento de un comportamiento humano justo, ya que la tica pblica es una actividad continua, no un estado ideal que hay que alcanzar. Como se ha mencionado, la tica pblica est estrechamente vinculada a la o el servidor pblico porque es quien la adopta y la pone en prctica. La tica pblica y su relacin con el servicio pblico La tica pblica es la disciplina que estudia y analiza el perfil, la formacin y el comportamiento responsable y comprometido de las personas que se ocupan de los asuntos pblicos, asegurando que desempean su trabajo con valores de servicio pblico. Los valores en la administracin pblica son fundamentales porque forman parte de la cultura organizativa, la cual es necesaria para la conducta del personal al ayudarle a crecer y a desarrollarse en armona. Los valores ticos estn presentes en cada actuacin laboral y orientan el comportamiento. La administracin pblica es responsable de los servicios que brinda, por ejemplo: salud, educacin, vivienda, transporte, alumbrado pblico, alcantarillado, asistencia social, mercados, espectculos pblicos, seguridad pblica, proteccin civil, parques y jardines, turismo, acciones culturales, recoleccin de basura, promocin de la participacin, lucha contra la corrupcin, etc. para lo cual debe tener en cuenta los siguientes principios: continuidad, suficiencia, oportunidad, rapidez, seguridad, economa, calidad, innovacin, eficiencia, con el objeto de hacer de los servicios pblicos instrumentos satisfactores de la sociedad. Un buen desempeo en la prestacin del servicio pblico, con calidad y eficiencia, ayudar a recuperar la credibilidad y el reconocimiento de parte de la ciudadana. Cada servicio pblico es llevado a cabo a travs del servidor pblico, elemento humano fundamental para el buen manejo y funcionamiento de las instituciones. El personal que labora en ellas facilita el normal desempeo de la institucin al integrarse y desarrollarse en ella, en beneficio de la administracin gubernamental. Podemos decir que la o el servidor pblico es aquella persona que presta sus servicios al Estado o a la administracin pblica. Desempea una funcin de servicio por lo que es necesario exigirle el estricto cumplimiento de sus obligaciones, as como el respeto a los derechos e intereses de las y los usuarios de ese servicio o institucin pblica.

  • Entendemos por servidora o servidor pblico a todos los representantes de eleccin popular, a los miembros de las distintas funciones del estado, y, en general a toda persona que desempee un empleo, cargo o comisin de cualquier naturaleza en una institucin pblica. Se considera servidor pblico a toda persona fsica que ha formalizado su relacin laboral con el Estado a travs de un nombramiento expedido previamente por el rgano administrativo competente, que lo faculte legalmente para desempear un empleo, cargo o comisin dentro del gob ierno. Los servidores pblicos deben apegar su actuacin al marco constitucional y legal, cumpliendo ciertos requisitos para acceder a un cargo. Estn sujetos a un rgimen de inhabilidades e incompatibilidades propias del cargo que desempean para evitar que hagan un ejercicio abusivo de sus funciones. Cualquier ciudadana o ciudadano puede reclamar o denunciar la conducta indebida por parte del servidor pblico el cual deber atenerse a la sancin correspondiente que determine la Constitucin o las respectivas leyes. Las y los servidores pblicos, en el ejercicio de sus funciones, pueden ejercer responsabilidad poltica, responsabilidad civil, responsabilidad administrativa y responsabilidad penal. Ahora bien, las diferentes demandas sociales requieren promover un cambio de actitud por parte de los servidores pblicos que implique nuevas estrategias en las polticas pblicas que tengan que ver con las necesidades y exigencias de la sociedad en general. Esta condicin le obliga a la o al servidor pblico a actuar de un modo ticamente correcto. El principio reconocido universalmente de que hay que hacer el bien y evitar el mal, nos enfrenta a una obligacin la cual es incondicional. Todo Estado debe preocuparse por orientar y vigilar el comportamiento de las y los miembros que lo integran, es decir, gobernantes y gobernados, educando a la ciudadana, organizndola, conservando su cultura, su identidad y su libertad. Las personas que trabajan en el servicio pblico, al actuar de un modo ticamente correcto, van a ser ms eficaces y eficientes en sus tareas, lo que se ver reflejado en la confianza y credibilidad de la ciudadana a la que sirven. Mediante la tica pblica se busca lograr un cambio de actitud en las y los servidores pblicos a fin de forjar en ellos una conducta integral, con sentido de responsabilidad hacia la institucin para la que trabajan y compromiso con los objetivos de la misma. Prestar un servicio implica dos requisitos:

    compromiso con el trabajo y

    respeto por la persona a quien se sirve. Si el servicio se dirige a una comunidad, el compromiso es an mayor y lo es ms si es pblico y si proviene del Estado. Esa es la razn por la que a las personas que trabajan en la administracin pblica se las llama servidoras y servidores pblicos, cuya funcin es la de ayudar a resolver conflictos comunes y a satisfacer las necesidades de la comunidad pensando en el logro de un bien comn. Asumir un cargo pblico implica tener vocacin y compromiso por los asuntos colectivos, as como responsabilidad para con la comunidad. Por ello, es importante que la o el servidor pblico cuente con personalidad autnoma y principios slidos que le impidan realizar actos indebidos o ceder a propuestas reprobables. Todo servidor pblico que cuente con valores ticos deber ser una persona capaz de rescatar el sentir de la comunidad, as como de tomar en cuenta las reacciones de la opinin pblica, los prejuicios, las tradiciones, las idiosincrasias, los regionalismos, etctera, de la ciudadana. La inclusin de la tica en los programas de formacin y estudio de las y los servidores pblicos

  • es una muestra de sensibilidad social que pone el acento en un vivo espritu solidario y en el valor de la dignidad humana. Al mismo tiempo, impide la desnaturalizacin del servicio pblico, motiva a la funcin pblica y sostiene la idea de que el trabajo administrativo siempre ha de ser realizado teniendo presente los intereses colectivos. Al observar las actitudes de los servidores pblicos hay que recordarles que () estn para servir y no para servirse de la comunidad. Por lo tanto, la tica es un factor clave para elevar la calidad de la administracin pblica mediante la conducta honesta, eficiente, objetiva e ntegra de los funcionarios en la gestin de los asuntos pblicos.

    El valor de la transparencia La transparenciaes uno de los valores ticos que toda y todo servidor pblico debe aplicar en el ejercicio de su funcin, de ah la necesidad de detenernos en su anlisis y en su confrontacin con otros conceptos tales como el derecho a la informacin, el acceso a la informaciny la rendicin de cuentas con los que la transparencia convive y se interrelaciona diariamente en la gestin pblica.

    La transparencia en el gobierno, adems de un valor, es un mecanismo fundamental de exigibilidad pblica y de responsabilidad para con la sociedad. Para el Consejo de Participacin Ciudadana y control Social, el concepto de transparencia es un concepto en formacin.

    Hoy se encuentra en debate no slo el concepto mismo sino tambin sus alcances y lmites, siendo muy importante dilucidar el papel que desempea dentro de un gobierno democrtico. Se trata de una exigencia relativamente nueva, que se utiliza de tres formas: como cualidad de un objeto, como atributo de un sujeto y como atributo de un grupo o coleccin de sujetos (por ejemplo, un partido poltico, un sindicato, una agrupacin gremial o un gobierno). Respecto a la primera acepcin, un objeto es transparente cuando deja paso a la luz y permite ver, a travs de l, otras cosas que estn en su entorno, como por ejemplo, una botella de vidrio. Este modo de entender la transparencia hace referencia a una cualidad de su apariencia. En relacin a la segunda acepcin, una persona es transparente cuando acta de manera franca o abierta, mostrndose tal cual es y sin ocultar nada. Con ello, nos referimos a la cualidad moral de un individuo o de un gobierno que busca actuar con claridad, o sea que el adjetivo seala que el comportamiento de un individuo o de una colectividad se adapta a cierto conjunto de reglas y estndares de conducta. La tercera manera de comprender la transparencia nos sita en el entorno de las instituciones polticas pblicas: () un ente colectivo, como un gobierno, una empresa privada o una asociacin civil es transparente cuando hace pblica, o entrega a cualquier persona interesada, informacin sobre su funcionamiento y procedimientos internos, sobre la administracin de sus recursos humanos, materiales y financieros, sobre los criterios con que toma decisiones para gastar o ahorrar, sobre la calidad de los bienes o servicios que ofrece, sobre las actividades y el desempeo de sus directivos y empleados, etc.. Por consiguiente, se puede afirmar que la transparencia es un atributo o cualidad que permite tener ms informacin clara y precisa sobre una persona o algo, lo que redundara en el aumento de nuestras capacidades de comprensin, vigilancia y comunicacin. Esta definicin de transparencia parece muy acertada dado que en ella se incluyen tres aspectos:

  • 1. Es un atributo o cualidad, es decir, es algo que una persona tiene por el hecho de ser persona;

    2. Informacin clara y precisa, lo cual nos indica que la informacin debe ser comprensible, sin ambigedades, ni claroscuros, para ser debidamente procesada; y

    3. Capacidad de comprensin, vigilancia y comunicacin, que resultan necesarias para la plena realizacin de la persona.

    Con ello se quiere decir, que la transparencia facilita el acto comunicativo y una relacin ms comprensiva entre los seres humanos, al tiempo que permite ejercer vigilancia.

    Si se concibe la transparencia como una poltica pblica, se extiende su zona de influencia hacia los organismos gubernamentales en los que se manifestara como un conjunto de decisiones y acciones del gobierno que tendran por objeto dar a las y los ciudadanos (y a los propios funcionarios) informacin clara, precisa, accesible y abundante sobre diferentes dimensiones del desempeo gubernamental. En lo que respecta a la rendicin de cuentas, pensamos que de este modo, pblico y gobierno salen beneficiados porque al hacer pblica la informacin se promueve un mecanismo de rendicin de cuentas con lo que es posible determinar los errores, prevenirlos o corregirlos. Si bien es cierto que la transparencia es un derecho ciudadano, democrtico por excelencia, no es una condicin natural de las organizaciones gubernamentales. Es algo que se tiene que elaborar, construir, implementar a largo plazo y que debe atender a diversos objetivos en relacin a las instituciones estatales: legales, reglamentarios, polticos, organizacionales, educativos y culturales. La transparencia se ha vuelto necesaria para el ejercicio de un buen gobierno -en el cual exista disposicin y clasificacin adecuada, actualizacin, calidad, claridad y utilidad de la informacin- que se encuentra sujeto a la vigilancia y al escrutinio de la sociedad en su conjunto. Para Aguilar Rivera, la transparencia: () es una prctica o un instrumento que utilizan las organizaciones para publicar o volver pblico cierto tipo de informacin o bien para abrir al pblico algunos procesos de toma de decisiones, haciendo nfasis en las acciones del gobierno tendientes a brindar la informacin que las y los ciudadanos necesitan. Es interesante confrontar estas definiciones de transparencia con la que brinda el Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacin Pblica del Estado de Mxico (INFOEM), el cual seala: En el mbito del derecho a la informacin, la transparencia es la obligacin que tienen los servidores pblicos para proporcionar a toda persona interesada en los actos del gobierno, de manera clara y expedita, la informacin que se deriva de las funciones que desempean. Advertimos que, mientras que las definiciones anteriores sugieren, por un lado, la relacin entre la transparencia y la rendicin de cuentas, y por otro, se refieren a las acciones a las que deben atenerse las organizaciones, en esta ltima definicin, surge el carcter de obligatoriedad por parte de las y los servidores pblicos quienes deben actuar con transparencia, es decir, dando a conocer claramente la gestin pblica. De ah que la transparencia sea el eje fundamental de la democracia. Su exigencia en el mundo contemporneo tiene races profundas en el espritu humano dado que desde tiempos inmemoriales la bsqueda de la verdad aparece como una urgencia del ser humano, slo que en este caso se aplica a los asuntos de inters pblico. En lo que hace a la transparencia, las acciones del gobierno deben orientarse a maximizar el uso

  • social de la informacin y dar sentido a los principios democrticos de rendicin de cuentas y publicidad. Un concepto estrechamente vinculado con el anterior es el derecho a la informacin. En algunas ocasiones se lo identifica con el acceso a la informacin, aunque no son necesariamente sinnimos. Qu es el derecho a la informacin? Cabe sealar que no existe una respuesta unvoca de validez universal, aunque se puede construir una definicin que sea compatible con las definiciones recurrentes articuladasdesde el mbito de la comunicacin y de la doctrina jurdica. De acuerdo con el Artculo 19 de la Declaracin Universal de los Derechos Humanos (UDHR) emitido en 1948, por la Asamblea General de la ONU, es la garanta fundamental que toda persona posee a: atraerse informacin, a informar y a ser informada. El artculo 19 expresa: Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinin y de expresin; este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirlas sin limitacin de fronteras por cualquier medio de expresin. De este derecho se pueden deducir tres cuestiones muy importantes: El derecho a atraerse informacin incluye las facultades de:

    acceso a los archivos, registros y documentos pblicos y,

    la decisin de qu medio se lee, se escucha o se contempla. El derecho a informar incluye:

    las libertades de expresin y de imprenta y,

    la constitucin de sociedades y empresas informativas. El derecho a ser informado, que contiene las facultades de:

    recibir informacin objetiva, oportuna y completa y,

    con carcter universal. Es decir, que la informacin es para todas las personas sin exclusin alguna.

    De este artculo se desprende que el derecho a la informacin presenta una doble va, por un lado, incluye al sujeto que informa, que es un sujeto activo y, por otro lado, al receptor de la informacin que es un sujeto pasivo, quien debe exigir de aquel una cierta calidad de la informacin.

    Usualmente se considera que el trmino transparenciaes sinnimo de derecho de acceso a la informacino de rendicin de cuentaslo cual no es del todo correcto pues, aunque es cierto que mantienen relacin entre s, son conceptos diferentes. Acceso a la informacindesigna a aquella informacin que debe solicitarse o buscarse para obtenerla. El acceso a la informacin es el ejercicio de un derechociudadano por medio del cual la ciudadana puede conocer, solicitar ysupervisar las acciones de los gobernantes, por lo que la informacindebe ser de dominio pblico a menos que existan razones para reservarla. Algunas causas de reserva pueden ser: que se comprometa la seguridad nacional, la seguridad pblica, la estabilidad econmica y financiera, la seguridad e integridad de las personas o la defensa nacional. De lo que se trata es de que la informacin fluya, para que la ciudadana pueda conocer, evaluar y supervisar las acciones de sus mandatarios y autoridades designadas, y as ejercer una suerte de control social.

  • En un sentido amplio, la transparencia implicara una poltica de Transparencia, en tanto que acceso a la informacin, se entendera como el derecho de acceso a la informacin, siendo ste ltimo un instrumento de la transparencia. El derecho de acceso a la informacin pblica es, en principio, la prerrogativa de toda persona para acceder y examinar datos y registros pblicos en poder de los sujetos obligados, salvo las excepciones legtimas mnimas establecidas en la ley. En esta segunda definicin, aparecen resaltados dos aspectos de este derecho; por un lado, el acceso a la informacin y la posibilidad de revisar y analizar dicha informacin y, por otro, seala las excepciones a las que puede enfrentarse toda y todo ciudadano y que se expresan a travs de lo que se denomina informacin confidencial y reservada. El derecho de acceso a la informacin pblica se aplica bajo las mismas reglas esenciales en el nivel de gobierno parroquial, cantonal, provincial o nacional, dado que es un derecho fundamental que se debe garantizar a todos los ciudadanos por igual y que tiene que guiarse por el principio de mxima publicidad.

    Por otro lado,el trmino rendicin de cuentas, est muy vinculado con la idea de controlar al poder, de prevenir y evitar sus abusos, de limitarlo a ciertas normas y reglas de conducta. Este concepto pone de manifiesto la preocupacin por supervisar, controlar y restringir al poder, con lo que adquiere una gran relevancia democrtica. Deriva de la palabra inglesa accountability, la cual a veces se traduce como control, otras veces como fiscalizacin y como responsabilidad, pero la traduccin ms frecuente es como rendicin de cuentas, incluyendo tanto a los que rinden cuentas como a los que exigen cuentas. As como un empleado rinde cuentas a su jefe, la autoridad pblica rinde cuentas a la comunidad, es decir que un buen gobierno rinde cuentas explicando sus acciones a la sociedad, logrando as que las autoridades se responsabilicen de sus actos. La nocin de rendicin de cuentas encierra dos dimensiones bsicas:

    Incluye, por un lado, la obligacin de las y los polticos y las y los funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en pblico.

    Por otro, incluye la capacidad de sancionar a polticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes pblicos.

    Este mecanismo para trabajar la transparencia es ms preciso que el anterior al incluir, no slo el derecho a recibir informacin por parte de la comunidad, sino tambin la obligacin, por parte de las y los funcionarios de difundirla, es decir, incorpora el derecho a recibir una explicacin como el deber de justificar el ejercicio de poder. Concretamente, el marco legal en el Ecuador establece que los gobernantes deben estar abiertos a la inspeccin pblica, deben poder explicar y justificar sus actos, y si incurren en faltas o ilegalidades, deben sujetarse a las sanciones correspondientes. De este modo, la rendicin de cuentas se transforma en un dilogo crtico entre funcionarios y ciudadanos, es un puente de comunicacin permanente que se establece entre las autoridades y la sociedad. Su misin est en reducir las incertidumbres del poder, limitar sus arbitrariedades, prevenir y remediar sus abusos, volver predecible su ejercicio, mantenerlo dentro de ciertas normas y procedimientos preestablecidos. La rendicin de cuentas incluye tres maneras distintas para prevenir y corregir abusos de poder:

  • Obliga al poder a abrirse a la inspeccin pblica;

    Lo fuerza a explicar y justificar sus actos, y

    Lo supedita a la amenaza de sanciones. Como se puede advertir este concepto se vincula con trminos afines como el de vigilancia, monitoreo, auditora, fiscalizacin, penalizacin, coaccin, castigo, entre otros, y todos comparten la misma inquietud: controlar el ejercicio del poder. De este modo, queda claro que la rendicin de cuentas es un elemento imprescindible de la democracia, dado que se opone totalmente a cualquier rgimen autoritario. El gobierno democrtico rinde cuentas cuando explica o justifica sus acciones a los ciudadanos. En contraste, un gobierno es transparente cuando exhibe u ofrece informacin sobre su funcionamiento y es sujeto de escrutinio pblico.

    Para tomar en cuenta. Con la rendicin de cuentas nos aseguramos que las autoridades se responsabilicen ante alguien de sus actos.

    Con la transparencia exigimos a los funcionarios que acten de acuerdo con la ley y de modo tico.

    Con la rendicin de cuentas el agente (es decir, el empleado) se justifica ante su principal (es decir, el jefe),

    Con la transparencia el principal puede averiguar si su agente le est mintiendo.

    En un gobierno democrtico, la informacin es el elemento fundamental que posibilita el debate pblico entre los que exigen y los que rinden cuentas. No es posible hoy hablar de un gobierno transparente sino se rinde cuentas de manera clara y precisa por parte de quienes laboran en la gestin pblica. As, la rendicin de cuentas se presenta como un verdadero principio de eficiencia administrativa. tica pblica y transparencia Como bien se sabe la transparencia es uno de los valores especficos de la tica de la funcin pblica contempornea. La tica pblica tiene que ver directamente con la integridad del servicio pblico, que a su vez, se hace posible gracias a la aplicacin del valor de la transparencia. La transparencia en el gobierno es una exigencia fundamental para su buen funcionamiento porque requiere un mejor comportamiento tico, evitando as que se produzcan y salgan a la luz las prcticas corruptas que pudieran existir en el mismo. Un gobierno ms abierto, donde haya mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones, donde haya un mayor acceso pblico a la informacin oficial, donde se requiera que los funcionarios declaren sus bienes y donde se aplique una mayor vigilancia por parte de los medios de comunicacin, refleja un importante crecimiento en cuanto a la aplicacin de los valores y pone de manifiesto un importante desarrollo de la tica pblica. La confianza en el gobierno es fundamental en cualquier sociedad, en especial cuando las y los ciudadanos esperan que las y los servidores pblicos sirvan a la pluralidad de intereses con justicia y que administren los recursos de forma correcta. De este modo, la tica se transforma en el soporte ideal para garantizar esta confianza.

  • La falta de confianza de los gobiernos es muy preocupante dado que el llamado dficit de confianza generalmente se ha visto propiciado por los niveles de corrupcin a los que se ha llegado, debido a la toma de decisiones inapropiadas por parte de las y los funcionarios muchas veces en beneficio propio-. Esto requiere de cambios y reformas que transformen la manera en que el sector pblico opera. Es necesario crear un clima donde haya una mayor conciencia de las cuestiones ticas y donde se preste ms atencin al fomento del comportamiento tico. El aumento de la transparencia en las operaciones de gobierno pone lmites a las conductas inapropiadas de las y los funcionarios, haciendo cumplir estos lmites por medio de sanciones y del aumento del escrutinio pblico, garantizando as que los derechos de las y los ciudadanos se respeten de forma absoluta, justa y con igualdad. Hay que reconocer que la transparencia es una recin llegada a la prctica democrtica aunque nadie puede dudar de la importancia que tiene el acceso a la informacin pblica como condicin fundamental para incrementar la calidad democrtica, mejorar el servicio pblico as como la capacidad de control de la sociedad sobre la gestin pblica. La transparencia es un elemento facilitador de todo gobierno democrtico al permitir que cualquier ciudadano pueda acceder directamente a aquellos datos que le interesen particularmente y al propiciar la divulgacin de la informacin que se encuentra en manos del gobierno. Adems, la transparencia es necesaria para exigir cuentas a los gobernantes, por un lado, obligando a las y los servidores pblicos a que respondan por lo que hacen y, por otro, influyendo en las y los ciudadanos para que sancionen las malas prcticas. La democracia requiere que lo gubernamental sea transparente, con lo que queremos decir que la informacin, que debe estar a disposicin de las y los ciudadanos, es aquella que posibilita la evaluacin del desempeo real del gobierno y sus representantes, a los que se debe exigir la rendicin de cuentas para evaluar positiva o negativamente sus acciones. De ah que un gobierno sea ms democrtico cuanta ms informacin cierta y precisa est dispuesto a entregar a la sociedad. Si hay transparencia, surgen rumbos alternativos, el cuestionamiento, mayor apego a la ley y, en especial, mayor cuidado en todo aquello que el gobierno dice y hace. La transparencia es un instrumento de control del poder. Se espera que la transparencia cumpla un doble papel, por un lado, disuadir la mala conducta de ciertas y ciertos servidores pblicos (por el temor de ser descubierto) y, segundo, proporcionar a los ciudadanos los medios para detectarla, sancionarla y corregirla. Si la informacin que se provee a la ciudadana es distorsionada, se afecta directamente a la calidad democrtica. Por ello, no se debe temer transparentar la informacin y rendir cuentas porque, de ese modo, se genera mayor credibilidad en la sociedad y se pueden tomar las decisiones ms adecuadas dentro del marco mismo de la democracia. As, la transparencia se convierte en un valor fundamental para la tica pblica. Alcanzar la mxima transparencia y el arraigo de la cultura de la rendicin de cuentas en los diversos estamentos y niveles del gobierno es una cuestin de conciencia y compromiso con los valores ticos y sociales pues, sin transparencia, sin acceso a la informacin y sin rendicin de cuentas no hay democracia, no hay un correcto ejercicio del poder, no hay un adecuado desempeo del

  • servicio pblico, no hay tica pblica. La difusin de los actos de gobierno no puede mirarse como una concesin de los mismos sino, ms bien, un derecho legtimo de la sociedad de conocer y evaluar el desempeo de sus servidoras y servidores pblicos, quienes manejan recursos pblicos, por lo tanto, estamos hablando de una obligacin ineludible del poder poltico. Decimos que la tica pblica es un mecanismo de control de las arbitrariedades y antivalores aplicados en el uso del poder pblico. La tica pblica se convierte en un factor esencial para la generacin y el mantenimiento de la confianza en la administracin y sus instituciones. Se requiere potenciar las polticas de gestin del capital humano, poniendo especial nfasis en la responsabilidad y sensibilidad de las y los servidores pblicos, en la bsqueda de excelencia en la gestin a fin de que el ciudadano sea el destinatario de un servicio de calidad, fortaleciendo el desarrollo continuo de la transparencia. El objetivo de la prestacin de servicios pblicos es el logro del Buen Vivir. Se hace indispensable la obtencin de una administracin pblica participativa, con valores, orientada a conjugar las diversas fuerzas o grupos de inters en aras de resolver las necesidades de la ciudadana, buscando el bienestar social a travs del progreso de la tica pblica.

    Para reflexionar

    La transparencia es el resultado de una forma de gobernar, de administrar y de gestionar al Estado, de lo cual se deduce que este concepto es un valor de la democracia.

    La transparencia tiene que ver con el desempeo de la comunidad poltica, de sus representantes as como tambin de sus autoridades quienes tienen que aclarar sus acciones para fortalecer al gobierno.

    Lamentablemente, la corrupcin y el uso indebido de recursos pblicos por parte de servidoras y servidores, como de autoridades pblicas, que se ha registrado en la historia ecuatoriana, ha contribuido a desmoralizar y a desacreditar al sector pblico, trayendo adems el empobrecimiento del Estado, y el debilitamiento del liderazgo poltico, socavando la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y destruyendo el apoyo y la respetabilidad del sector pblico.

    Las administraciones pblicas deben procurar el acrecentamiento de los valores ticos de las y los servidores pblicos, fomentando conductas o comportamientos que se encaminen a realizar su trabajo con la mejor voluntad de servicio, a usar racional y econmicamente los recursos del Estado, a buscar la mayor eficiencia y calidad en su trabajo, a mejorar su propia competencia profesional, a practicar la buena fe en su relacin con las y los ciudadanos y a ayudar a crear un buen clima laboral.

    El pas merece desarrollar una educacin de la tica pblica que promueva los valores del servicio pblico, la legislacin pertinente, normas, cdigos y mecanismos de exigibilidad, programas continuos que creen sensibilidad hacia las cuestiones ticas y tcnicas para aplicar juicios ticos.

    El Ecuador debe valorar el servicio pblico, mejorar la formacin, el trato y la imagen que

  • tiene de las y los servidores pblicos. Hay que recordar que un servidor pblico satisfecho, competente y debidamente formado es ms seguro a la hora de resistir la corrupcin, la conducta indebida y los arreglos.

    Ya no es suficiente que las personas que trabajan en el servicio pblico se limiten al cumplimiento formal de sus obligaciones y deberes, sino que es necesario que por parte de las administraciones pblicas se fomente positivamente aquellos valores, modelos o pautas de conducta que ayuden a aquellos que trabajan al servicio de los intereses generales, desarrollen referentes ticos para su superacin personal y profesional.

    Hay que expandir la tica pblica a todos los niveles y mbitos del gobierno, provocando la participacin de la ciudadana, para combatir los contravalores y reinstalar a la tica pblica en el lugar que le corresponde dentro del mbito de la administracin pblica.