Minería Informal en Madre de Dios: ¿La inspiración de “Avatar”, La Película?

Por: Ing. Andrés Felipe Ramírez R.

1. CONTEXTO

La Región de Madre de Dios ubicada al sur oriente del Perú, hace parte de la Amazonía peruana y tiene como capital la ciudad de Puerto Maldonado; es un departamento íntegramente selvático con una población aproximada de 180 mil habitantes. La región cuenta con una gran cantidad de riquezas forestales, agrícolas y sobre todo mineras destacándose la explotación del oro, el petróleo y el gas natural. Dichos recursos se encuentran en abundancia, lo que naturalmente demandaría significativos recursos económicos para garantizar una responsable explotación a través de compañías que desarrollen operaciones con toda la rigurosidad ambiental y técnica, teniendo en cuenta la alta sensibilidad de una zona en la cual fácilmente se podría generar un desequilibrio en el ecosistema.

Consultando varias fuentes, he podido identificar que actualmente la mayoría de las operaciones de extracción aurífera no cuentan con los mínimos estándares asociados a las buenas prácticas para el desarrollo de ésta actividad. Además durante años se ha dado un fenómeno creciente de invasión de tierras que hacen parte de zonas de amortiguamiento; es decir zonas protegidas como reservas naturales o como reservas de propiedad de comunidades nativas que vienen siendo ilegalmente ocupadas y explotadas.

Durante muchos años tales comunidades nativas por lo general se han dedicado a la explotación de los recursos naturales de su propiedad, lo que consideran con razón y por ley un legado de sus ancestros. Los procedimientos de explotación de recursos minerales por lo general habían sido a nivel artesanal, de baja especialización y de baja intensidad con mínima afectación al ecosistema.

Antes de darse el fenómeno que estamos analizando, en donde una gran migración de colonos a la zona ha llegado tras la fiebre del oro, la presencia del estado y sus instituciones ha sido por años prácticamente nulas fomentando el asentamiento de estos “invasores” que con su capacidad económica creciente y en auge por los favorables precios internacionales del mineral, han logrado por muchos años establecer un negocio informal y de gran crecimiento sobre todo en las provincias de Manu y Tambopata en donde hasta el día de hoy se ha venido desarrollando la mayor actividad en explotación aurífera.1

Según el ministerio de energía y minas y la dirección regional de energía y minas e hidrocarburos de Madre de Dios, al año 2007 se registraron un poco más de 2.800 concesiones de las que sólo 16 tenían estudios de impacto ambiental; para ése mismo año se había estimado que la producción podría estar por encima de las 25 toneladas incluyendo lo que no se declara al gobierno que corresponde a una media del 40 por ciento del total de la producción.2

Por lo visto se trata de un negocio de millones de dólares al año, sin embargo según el ministerio de energía y minas el canon minero para el 2008 en el departamento de Madre de Dios se estima nada más en 50 mil soles, lo cual no guarda ninguna relación con el valor de

1 Minería Aurífera en el departamento de Madre de Dios – MINEM (PDF)

2 http://www.conflictosmineros.net/contenidos/19/9388

la producción aurífera real evidenciando que prácticamente casi toda la producción aurífera no aporta los impuestos correspondientes al estado.

El análisis de estas cifras resulta suficiente para estimar la magnitud de la informalidad en las operaciones extractivas y comerciales que también se podrían estar dando al margen de la ley.

Otra fuente del ministerio energía y minas revela que recientemente se han presentado alrededor de 500 estudios ambientales para ser evaluados y aprobados, sin embargo para el año 2010 la dirección regional de energía y minas e hidrocarburos de madre de dios solamente otorgó 62 certificaciones ambientales para la operación de nuevos proyectos mineros, por lo visto la aprobación de nuevas licencias mineras por parte del estado va mucho más lento que el ritmo al cual se están solicitando tales permisos, esto puede ser tomado como evidencia de la ineficiencia y baja capacidad de respuesta del estado fomentando un ambiente de corrupción e incertidumbre que promueve la ilegalidad y la informalidad, la cual hoy se extiende a casi toda las actividades económicas que se realizan en la zona.3

Si bien hemos analizado cifras recientes, este fenómeno se viene presentando hace poco más de 20 años; tiempo suficiente para cambiar la cara de una región que por años fue reconocida como la capital de la biodiversidad. Hoy por hoy los daños a nivel ambiental son prácticamente irreparables y en su mayoría de alto costo o difícilmente remediables; a esta crisis ambiental se suma la usurpación de las tierras y el desplazamiento de la población nativa que hoy se ve obligada en su mayoría a vivir en medio de un paisaje adornado por dragas, retroexcavadoras, camionetas y camiones cargando combustible y lodo de un lugar a otro.

La vida del minero colono o del minero nativo en Madre de Dios, se desarrolla alrededor de la pobreza, el desorden, la violencia y el caos. El impacto en la contaminación ha pasado de la selva a la ciudad; prueba de ello es que más del 78% de los habitantes en Puerto Maldonado tienen niveles de mercurio en la sangre por encima de los límites permisibles expandiéndose a través de los peces y los alimentos en el mercado. Para poder extraer un kilo de oro se necesitan en promedio 2.8 kilos de mercurio. Según el instituto de investigaciones de la Amazonía Peruana (IIAP) se han vertido más de sesenta y siete mil kilos de mercurio en los ríos de Madre de Dios.4

Todo este escenario es muestra de cómo el gobierno y el estado han sido por muchos años ajenos a ésta problemática y aun así los distintos ministerios durante éste tiempo han otorgado derechos simultáneos en un mismo predio a los madereros, a los agricultores, y a los extractores de oro; provocando superposiciones en los intereses y mayores trabas burocráticas, administrativas y legales que han derivado en innumerables conflictos sociales originados por la posesión y explotación de terrenos auríferos en donde los comuneros nativos aducen derechos de posesión y obligan a los mineros informales al pago de regalías para permitirles trabajar, generando enfrentamientos y represalias violentas en caso de que no se den sus condiciones; todo ello en perjuicio el desarrollo social y económico de la región.

Tardíamente el estado ha querido intervenir en medio de un problema socio ambiental que ha pasado a ser de alta complejidad, a través de la expedición de un decreto para buscar ordenar y formalizar la minería artesanal; sin embargo ésta medida no ha tenido mayor

3 MINEM

4 Carnegie Amazon Mercury Ecosystem Project (CAMEP) - http://www.actualidadambiental.pe/?p=18314

efecto ya que para su expedición ni siquiera contó con la consulta de los actores sociales y económicos involucrados.

PROPUESTA DEL ANÁLISIS:

Siendo la minería informal en la región de Madre de Dios un problema socio-ambiental altamente complejo, tal vez se requieran mayores fuentes para ahondar en el análisis; sin embargo resulta igualmente válido llegar a una conclusión preliminar de lo que puede ser una propuesta de solución y salida al conflicto.

Primero se debe tener en cuenta que son muchos los años en los que se ha venido desarrollando tal actividad en la zona, por lo que la ley literalmente traducida y aplicada a la práctica no surtiría ningún efecto más allá del enfrentamiento y las acciones violentas de una comunidad que ve vulnerados sus derechos y de un puñado de pequeños “empresarios” que han logrado mantener o desarrollar un negocio informal y que en muchos casos opera al margen de la ley, pero que garantiza el sustento de quienes dependen de él.

Así entonces podemos identificar sin mayor problema a tres actores parte de este conflicto: El Estado, La Comunidad Campesina o Nativa y Los Mineros Informales.

Como por años la presencia y función del estado y sus instituciones en la región han estado al margen del control de los hechos reales que este fenómeno ha producido, lo primero que debe hacer es empezar a redactar una política pública de integración que sirva como catalizador de los intereses de toda las partes involucradas.

No basta sólo con legislar y prohibir, sino que cada institución del estado debe hacer lo que le corresponde de acuerdo a sus competencias, con un enfoque y un plan dirigido a esta problemática en particular.

Indefectiblemente el estado tiene que comenzar a hacer sentir su presencia y pie de fuerza en el manejo de ésta situación y para ello debe actuar a través de todos los mecanismos que por ley existen ejerciendo un control participativo entre los actores del conflicto y sus intereses, buscando hacer un filtro que priorice lo que es importante implementar al corto plazo, y desestime lo que por ley no corresponde, buscando equilibrar las opiniones y los intereses entre cada una de las partes.

La función del estado debe estar orientada al diálogo, asimilando y entendiendo que por años ha existido una resistencia a la legalidad y a la formalización con el fin de evitar la fiscalización. Por lo tanto las instituciones deben tener una actitud que trascienda de la represión hacia la integración y el fomento de la participación que permita generar un ambiente de confianza sin deslegitimar el principio de autoridad. Pienso que ésta situación puede ser posible dentro de un marco de transparencia en donde se simplifiquen vicios administrativos y burocráticos que permitan establecer reglas de juego claras.

Es importante además que la autoridad tributaria desarrolle un proyecto de formalización por etapas y que cada una de estas etapas puedan ser monitoreadas y fiscalizadas a través de las ONG’S que correspondan y aquellas entidades e instituciones internacionales dispuestas para ello.

El problema al día de hoy es tan complejo que se cree que ha acaparado todos los frentes del estado, por lo que resulta realmente importante que las empresas que actualmente son formales o que tienen intención de formalizarse, no sólo mantengan su iniciativa sino que

apoyen a las iniciativas del gobierno en la generación de nuevas estrategias para la formalización del empleo y el desarrollo sostenible social y económico de la región.

Debemos también tener en cuenta que prácticamente para todos los casos, el desorden y la informalidad son promotores de mafias internas y de grupos al margen de la ley que buscan el favorecimiento de intereses económicos particulares, y que como último recurso buscarán salidas negociadas al conflicto promoviendo acciones violentas y enfrentamientos para crear cortinas de humo ante la salida negociada.

La intervención de la fuerza pública es fundamental en la persecución de aquellas organizaciones delictivas y en el desmantelamiento sistemático y estratégico de sus operaciones, adoptando las medidas necesarias para frenar el lavado de activos haciendo el seguimiento respectivo a los flujos de dinero.

En medio de un conflicto social de ésta complejidad, la política del estado deberá estar direccionada hacia la protección de los ciudadanos, en base a la constitución nacional y los tratados internacionales de derechos humanos; por tanto una política de protección a la población se debe complementar con políticas sociales que busquen disminuir la desigualdad y la brecha social.

Todo lo mencionado puede parecer utópico si es que analizamos la realidad social y la debilidad actual de las instituciones del estado, sin embargo no se trata de ser un país desarrollado de la noche a la mañana, sino que siendo conscientes de nuestras debilidades trabajemos sistemáticamente para fortalecerlas.