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CONFLUENCIA XXI revista de pensamiento político número 3, octubre-diciembre 2008 ¿POR QUÉ SE VAN? ¿POR QUÉ SE QUEDAN? MIGRANTES Rodolfo Becerril Straffon Manlio Fabio Beltrones Jorge A. Bustamante Francis Fukuyama Heriberto M. Galindo Q. Carlos Jiménez Macías Antonio Meza Estrada Carlos Olamendi Torres Heladio Ramírez López Primitivo Rodríguez Oceguera Juan Carlos Velasco PortadaOK.indd 1 9/23/08 1:12:52 AM

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CONFLUENCIAXXI revista de pensamiento político número 3, octubre-diciembre 2008

¿POR QUÉ SE VAN? ¿POR QUÉ SE QUEDAN?¿POR QUÉ SE VAN? ¿POR QUÉ SE VAN? ¿POR QUÉ SE QUEDAN?POR QUÉ SE QUEDAN?MIGRANTES

◆ Rodolfo Becerril Straffon◆ Manlio Fabio Beltrones

◆ Jorge A. Bustamante◆ Francis Fukuyama

◆ Heriberto M. Galindo Q.◆ Carlos Jiménez Macías◆ Antonio Meza Estrada

◆ Carlos Olamendi Torres◆ Heladio Ramírez López

◆ Primitivo Rodríguez Oceguera◆ Juan Carlos Velasco

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comité nacional editorialy de divulgación

comité ejecutivo nacional

confluencia

Edición octubre–noviembre–diciembre 2008Órgano teórico trimestral del Partido Revolucionario Institucional

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órgano teórico trimestral del Partido revolucionario institucional

Beatriz Paredes RangelPresidenta del Comité Ejecutivo Nacional

Jesús Murillo KaramSecretario General del Comité Ejecutivo Nacional

Heriberto M. Galindo QuiñonesCoordinador del Comité Nacional Editorial y de Divulgación

Joel Hernández SantiagoDirector General

Sergio A. Ruiz CarreraDirector de Arte

Delia CaudilloCorrección

Ma. de Lourdes Sánchez FrancoAsistente Administrativo

Mayanín ÁngelesIlustrador

CONFLUENCIA XXI, Año 1, 2008.Publicación trimestral editada por el Comité Nacional Editorial y de Divulgación del Partido Revolucionario Institucional (PRI),

Ave. Insurgentes Norte N° 59, Edificio 2, Subsótano, Col. Buenavista, Delegación Cuauhtémoc, 06359, México, D.F. , Teléfonos: 57.29.96.69 / 57.29.96.00 ext. 4636.

Certificado de reserva de derechos: 04-2008-022718342400-102Certificados de Título y Contenido: en trámite

ISSN: en trámite.

Derechos de reproducción reservados. Prohibida la reproducción parcial o total sin la previa autorización, por escrito, de la Dirección General.

Impreso en Litolasser. Privada de Aquiles Serdán No. 28, Azcapotzalco, D.F. Tel. 53.52.66.88. El tiraje de este número de Confluencia XXI

es de 3,000 ejemplares. Octubre 2008.

Distribuido por EGESA. Bertha 45, Col. Nativitas, Delegación Benito Juárez, C.P. 03500, México, D.F. Tel. 55.79.12.21

Se publica en cumplimiento de lo ordenado por el Código Federal de Insti-tuciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en su artículo 38, inciso H.

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Los artículos firmados son de la exclusiva responsabilidad de los autores y no repre-sentan necesariamente la opinión del PRI.

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¿POR QUÉ SE VAN?¿POR QUÉ SE QUEDAN?

MITES

GRAN

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Francis FuKuyama. Politólogo. Catedrático Bernard L. Schwartz de Economía Política Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados, Universidad Johns Hopkins en Washington, D.C. Autor de “América en el cruce de caminos: Democracia, Poder y Legado Neoconservador”, así como del libro “El fin de la historia y el último hombre” (1992). juan carlos velasco. Titular del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC-Madrid). Scientist in charge de la European Research Training Network “Applied Global Justice”. Principal investigador del proyecto español “Políticas migratorias, justicia y ciu-dadanía”. Autor de “La teoría discursiva del derecho” (2000) y “Para leer a Habermas” (2003). Entre sus artículos destacan “Ayer y hoy del cosmopolitismo katiano” (Isegoría, 1997); “Derechos de las minorías y democracia liberal” (Revista de Estudios Políticos, 2000); “Estado nacional y derechos de los inmigrantes” (Arbor, 2005); “Deliberación y calidad de la democracia” (Claves de razón práctica, 2006). Editor del Weblog Migraciones. Reflexiones cívicas. manlio FaBio Beltrones rivera. Economista egresado de la UNAM. Fue diputado federal en la LII Legislatura. Senador de la República de la LIV Legislatura. Subsecretario de Gobierno, Desarrollo Político y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación. Gobernador del Estado de Sonora. Secretario General de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP). Desde 2006 senador de la República, donde ha sido Presidente de la Mesa Directiva y actualmente Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores. Heladio ramÍreZ lóPeZ. Fue diputado federal en la L Legislatura. Senador de la LII y de la LVII Legislaturas. Gobernador de Oaxaca y líder de la Confederación Nacional Campesina (CNC). Es senador de la República y Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. rodolFo Becerril straFFon. Doctor en Economía del Desarrollo por la Sorbona de París. Licenciado en Economía por la UNAM. Fue consultor sobre temas culturales de la OEA y de la UNESCO, diputado federal. Senador de la República. Diputado local y Presidente del Congreso de Morelos. Miembro del Consejo Político Nacional y del Consejo Político Estatal del PRI; coordinador regional del CEN en Morelos, Puebla, Tlaxcala y Guerrero para la reforma del PRI. Entre sus publicaciones: “Testimonios de Hoy”, “Debate Parlamentario”, “Señales de Alerta: una mirada crítica al Mo-relos del Siglo XXI”. jorge Bustamante. Doctor en Sociología y Ciencias Políticas por la Universidad de Notre Dame en South Bend, Indiana. Es Relator especial sobre los derechos de los migrantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Fundador de El Colegio de la Frontera Norte, actualmente catedrático de la

ensayos de:

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Universidad de Notre Dame. Recibió el Premio Nacional de Ciencias en 1988 y en 1994 el Premio Nacional de Demografía. Creador de la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte de México. Autor de “Migra-ción Internacional y Derechos Humanos”. En 2006 fue nominado como candidato al Premio Nobel de la Paz. Primitivo rodrÍgueZ oceguera. Doctor en Historia por el Colegio de México. Tiene maestría en Historia Latinoamericana por la Universidad de Chicago, en donde es candidato al doctorado. Trabajó doce años en Estados Unidos en la defensa de migrantes y refugiados para la ONG en el Comité de Servicios de los Amigos. Miembro fundador y coordinador en México de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexi-canos en el Extranjero. carlos olamendi. Miembro fundador de la Coalición por los Derechos Políticos de los Mexicanos en el Exterior, del Instituto para los Mexicanos en el Exterior (IME) y del Lincoln/Juárez Opportunity Center. Dirige las labores de la Comisión Estatal para la Atención al Migrante Poblano. Participa en la Comisión de Asuntos Migratorios de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO. Es subcoor-dinador de la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes CONOFAM, A.C. En el estado de California ha participado en diversos proyectos, entre ellos en el Comité para la Recuperación Econó-mica del estado de California. antonio meZa. Sociólogo por la Universidad Autónoma de Baja California. Candidato a Doctor en Sociología por la UNAM. Tiene maestría por la Universidad Estatal de San Diego y estudios de Educación Comparada por el Instituto del Desarrollo Económico del Banco Mundial. Fue Cónsul de México en Texas, Michigan y Ohio. Director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos de la SEP. Autor de ocho publicaciones sobre temas educativos y de la relación fronteriza y bilateral entre México y Estados Unidos, además de diversos ensayos. Su más reciente libro es “La otra frontera”. La presencia de los mexicanos en Michigan (2006). carlos jiméneZ macÍas. Es senador de la República. Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico, así como secretario de la Comisión de Relaciones Exteriores para Europa. Presidente del Foro Parlamentario “El México Migrante” y de la Confederación Parlamentaria de las Américas. HeriBerto m. galindo QuiÑones. Fue Embajador de México en Cuba y Cónsul General de México en Chicago. Diputado Federal en la LVI Legislatura. Director General del Consejo Nacional de Recursos para la Atención de la Juventud (CREA). Presidente fundador del Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP-PRI). Es coordinador del Comité Nacional Editorial y de Divulgación del CEN del PRI. c

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Índice 8 identidad, inmigración y democracia liBeral Francis Fukuyama

22 desaFÍos PolÍticos de los PaÍses de inmigración juan carlos velasco

36 soluciones conjuntas, no unilaterales manlio Fabio Beltrones

50 la Pérdida de la riQueZa Heladio ramírez lópez

62 la diásPora mexicana rodolfo Becerril straffon

70 Por una agenda PolÍtica Primitivo rodríguez oceguera

82 un reto del contexto Binacional carlos olamendi torres

91 los niÑos migrantes antonio meza estrada

98 ¿Por Qué dejarlos ir? carlos jiménez macías

106 alianZa nacional Por los migrantes Heriberto m. galindo Quiñones

112 menores Que traBajan en méxico jorge a. Bustamante

118 liBros juan solís

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8 confluencia XXI

Sfrancis fukuyama◆◆◆

inmigración

Aprendí tanto charlando con Lipset, leyendo sus libros y asistiendo a sus conferencias, y aprecio la oportunidad de aplicar algo de su pensamiento a nuestra situación actual.

Por supuesto, Marty Lipset es un gran estudioso de la democracia liberal. A medi-da que transcurre el siglo XXI parece infor-tunadamente claro que la democracia liberal continúa enfrentándose a un gran número

de desafíos. Uno de tales desafíos que resul-ta particularmente evidente a los estadouni-denses desde los ataques del 11 de septiembre es el del terrorismo de la jihad. La ideología islámica radical que motiva a este terrorismo es profundamente antiliberal, y cuando se combina con las posibilidades destructivas de la tecnología moderna implica un grave reto para la seguridad.

eymour Martin Lipset fue un colega mío en la Universidad George Mason, y durante los años que estuve ahí impartimos un cur-so juntos sobre política comparada, que se basó originalmente en su libro American Exceptionalism.

identidad,

y democracia liberal

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Muchos norteamericanos tienden a considerar el problema de la jihad como que se ha originado y alimentado en zonas profundamente disfuncionales del mundo, como Arabia Saudita, Paquistán, Afganistán y otras partes del Medio Oriente. Como el movimiento de la jihad es algo que pasa “allá”, la solución radica en ya sea levantar un muro alrededor de Estados Unidos y otros países que son el blanco de dicho movimiento o bien, como el gobierno de Bush intentó ha-cerlo, ir allá para arreglar el problema en su raíz, quitando a los dictadores y promovien-do la democracia.

No hay duda de que el mundo musul-mán es disfuncional de muchas maneras, y que Arabia Saudita y Paquistán han sido la fuente de una ideología extremista y llena de odio. Sin embargo, me atrevería a afir-mar que el desafío más serio a largo plazo al que se enfrentan las democracias liberales hoy en día tiene que ver con la integración de las minorías inmigrantes, en especial las de los países musulmanes, como ciu-dadanos de democracias plurales. Los in-migrantes culturalmente diversos generan problemas en todos los países, pero Europa se ha convertido y seguirá siendo un cam-po de cultivo crítico, así como un frente de batalla en la lucha entre el Islam radical y la democracia liberal.

Esto se debe a que el Islam radical mis-mo no proviene de las sociedades musulma-nas tradicionales, sino que más bien es una manifestación de una política de identidad moderna, un subproducto del proceso de modernización mismo. En este sentido, in-fortunadamente es un reto conocido, algo que ya hemos visto antes en la política extre-mista del siglo XX.

Hay señales que indican dificultades en toda Europa: los atentados con bombas en Madrid, del 11 de marzo de 2004; el asesina-to del realizador holandés Theo van Gogh, por parte de Mohammed Bouyeri, el 2 de no-viembre de 2004; la explosión de bombas en Londres, el 7 de julio de 2005, así como los motines que consumieron los barrios france-ses en noviembre de 2005.1 Los musulmanes constituyen de 7 a 8 por ciento de la pobla-

ción en Francia, y más de 6 % en Holanda, y en algunas ciudades como Rotterdam, casi llegan a ser una mayoría (véase cuadro). In-cluso, si no se admiten nuevos inmigrantes -que la mayor parte de los países europeos ha detenido- el mayor índice de natalidad en-tre las comunidades minoritarias aumentará su proporción total en la población en la si-guiente generación.

La mayoría de los países europeos cuen-ta con partidos populistas de derecha que se oponen a la inmigración, y que se movilizan cada vez más alrededor del tema de las mi-norías musulmanas. Estos partidos incluyen al Frente Nacional en Francia, el Vlaams Be-lag (anteriormente el Vlaams Blok) en Bél-gica, los partidos populares en Dinamarca y Suiza, así como el Partido de la Libertad en Austria. A pesar de ello, los académicos, pe-riodistas y políticos europeos de la corriente más convencional han sido muy renuentes a tratar abiertamente el problema de la inte-gración musulmana hasta hace muy poco, si bien cada vez más es posible encontrar lite-ratura, en ocasiones muy alarmista, sobre la emergencia de la “eurabia”.2

identidad y el agujero en la teoría liberalLa política moderna sobre la identidad surge de un agujero en la teoría política que subya-ce a la democracia liberal moderna. Este hoyo tiene que ver con el grado de deferencia polí-tica que las sociedades liberales le deben a los grupos, más que a los individuos.

La línea de teoría política moderna que comienza en cierto sentido con Maquiavelo y prosigue con Thomas Hobbes, John Loc-ke, Jean-Jacques Rousseau y los padres fun-dadores de Estados Unidos, comprende el tema de la libertad política como uno que enfrenta al Estado contra los individuos, más que los grupos. Hobbes y Locke, por ejemplo, argumentan que los seres humanos poseen derechos naturales como individuos en el estado de la naturaleza, derechos que sólo pueden garantizarse mediante un con-trato social que evita que la búsqueda del propio interés de un individuo lesione los derechos de otros.

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El liberalismo moderno surgió, en bue-na medida, como una reacción en contra de las guerras religiosas que asolaron Europa tras la reforma protestante.

El liberalismo estableció el principio de la tolerancia religiosa, es decir, la idea de que los objetivos religiosos no podían bus-carse dentro de la esfera pública de manera tal que restringieran la libertad religiosa de otras sectas o iglesias. Sin embargo, como ve-remos más adelante, la separación real entre la Iglesia y el Estado nunca se logró del todo en muchas democracias liberales modernas. Por otra parte, si bien el liberalismo moderno claramente estableció el principio de que el poder del Estado no debería emplearse para imponer una creencia religiosa sobre los in-dividuos, dejó sin contestar la pregunta del grado exacto al que se permitiría que el libre ejercicio de la religión por parte de los indivi-duos en lo privado afectara los derechos del pueblo dentro de una comunidad o tradición religiosa. La libertad, entendida no como la libertad de las personas, sino de los grupos culturales de proteger su propia identidad de grupo, no fue algo que los fundadores de la Unión Americana consideraran un tema central, quizá debido a que los nuevos coloni-zadores de Norteamérica eran relativamente homogéneos culturalmente.

En palabras de John Jay, quien escribió en el No. 2 del Federalista: “La Providencia se ha complacido en dar este país conectado a un pueblo unido, un pueblo que desciende de los mismos ancestros, que habla el mismo idioma, profesa la misma religión y se adhiere a los mismos principios.”

La cuestión de las identidades de grupo quizá no habría sido un problema, excepto por el de-sarrollo paralelo de la política de identidad en las sociedades modernas.

En el occidente, la política de identidad co-menzó de manera importante con la refor-ma protestante. Martín Lutero declaró que

la salvación sólo podía lograrse mediante un estado interno de fe, atacando el énfasis ca-tólico en las obras; es decir, la conformidad exterior a una serie de reglas sociales estable-cidas por la Iglesia. La reforma identificó por ello una verdadera religiosidad como el estado subjetivo de un individuo, disocian-do así la identidad interna de la práctica so-cial existente.

El filósofo canadiense Charles Taylor ha escrito en forma muy útil acerca del sub-secuente desarrollo histórico de la política de identidad.3 Jean-Jacques Rousseau, tanto en el Segundo discurso, como en las Promenades, argumentaba que había un enorme divorcio entre nuestra identidad externa, la suma de las costumbres y hábitos sociales adquiridos a través del tiempo histórico, y nuestra verda-dera naturaleza interna. La felicidad radicaba en recuperar la autenticidad interna, le sen-timent de l’existence, que había sido cubierta por las pasiones generadas por la dependen-cia social. Esta idea fue desarrollada aún más por Johann Gottfried von Herder, quien ar-güía que la autenticidad interna no sólo yacía en los individuos, sino en los pueblos, en la recuperación de lo que actualmente llama-mos cultura folclórica. En palabras de Taylor, “ese es el poderoso ideal moral que ha llegado hasta nosotros. Atribuye importancia moral a una especie de contacto con uno mismo, con nuestra propia naturaleza interna, que ve en peligro de perder. . . por las presiones hacia la conformidad social externa.”4

El divorcio entre nuestra identidad in-terna y externa no proviene únicamente del reino de las ideas, sino que es producido por la realidad social de las sociedades demo-cráticas modernas con economías de libre mercado.

Tras las revoluciones norteamericana y francesa, el ideal de la carriére ouverte aux talents fue poniéndose cada vez más en prác-tica, conforme fueron cayendo las barreras tradicionales a la movilidad social. El estatus social se lograba, más que se otorgaba; era el producto del talento, trabajo y esfuerzo de cada uno, más que un accidente por haber nacido en determinada clase. La historia personal era la búsqueda de cumplir con un

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identidad, inmigración y democracia liberal

plan interno, más que la conformidad a las expectativas de nuestros padres, semejantes, aldea o sacerdote.

Taylor señala que la identidad moderna es inherentemente política, ya que depende en última instancia del reconocimiento. Nues-tra identidad interna no es sólo una cues-tión de contemplación hacia adentro; debe reconocerse intersubjetivamente si se desea que tenga un valor. La idea de que la política moderna se basa en el principio del reconoci-miento universal proviene de Hegel. Sin em-bargo, parece ser cada vez más evidente que el reconocimiento universal que se basa en una humanidad compartida no resulta suficiente, especialmente por parte de los grupos que han sufrido de discriminación en el pasado. Por ello, la política de identidad moderna se centra en exigencias de reconocimiento de las identidades de grupo; es decir, de afirmacio-nes públicas de la dignidad igualitaria de los grupos anteriormente marginalizados, desde los quebequenses y los afroamericanos, hasta las mujeres, los pueblos indígenas y los ho-mosexuales.

No es accidental que Charles Taylor sea canadiense, ya que el multiculturalismo y la política de identidad contemporáneos na-cieron en muchos respectos en Canadá, con las exigencias de la comunidad francófona al reconocimiento de sus derechos como una

“sociedad distinta”. La codificación de estos derechos en la enmienda del lago Meech a la Carta de Derechos y Libertades de Canadá viola el principio liberal de los derechos indi-viduales igualitarios: los hablantes de francés gozan de derechos lingüísticos que no com-parten los angloparlantes. Por ejemplo, resul-ta ilegal que los francófonos o los inmigrantes envíen a sus hijos a una escuela angloparlante en Quebec, mientras que una ley similar que excluyera a los hablantes de inglés no se per-mitiría en las provincias de Alberta o Colum-bia Británica.5

El multiculturalismo, entendido no sólo como la tolerancia a la diversidad cul-tural en sociedades que de hecho son mul-ticulturales, sino la exigencia del reconoci-miento legal de los derechos de los grupos étnicos, raciales, religiosos o culturales, es algo ya establecido en casi todas las demo-cracias liberales modernas.

La política en Estados Unidos en la úl-tima generación se ha visto consumida por controversias en cuanto a la acción afirmativa, el bilingüismo y los matrimonios entre homo-sexuales, conducidos por grupos que estaban marginalizados anteriormente y que exigen el reconocimiento no sólo de sus derechos como individuos, sino de sus derechos como miem-bros de ciertos grupos. La tradición de los dere-chos individuales en Estados Unidos derivada

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de Locke ha significado que dichos esfuerzos para afirmar los derechos de los grupos han sido extremadamente controvertibles. Como veremos más adelante, hay una gran divergen-cia entre Estados Unidos y otras democracias avanzadas en cuanto a la forma en que se tratan los derechos de los grupos.

islam radical y política de identidadLa ideología islámica radical que ha motiva-do a muchos de los ataques terroristas en la última década debe considerarse, en buena medida, como una manifestación de la po-lítica de identidad moderna, más que como una afirmación de la cultura musulmana tra-dicional. Como tal, es algo esencialmente moderno y, por lo tanto, algo que nos resul-ta familiar como resultado de movimientos políticos extremistas anteriores. El hecho de que sea moderno no lo hace menos peligroso, pero ciertamente ayuda a aclarar el problema y encontrar posibles soluciones.

El argumento de que el Islam radical con-temporáneo es una forma de política de iden-tidad ha sido presentado de manera más con-tundente por el académico francés Olivier Roy en su libro Globalized Islam. 6 De acuerdo con Roy, la raíz del Islam radical no es cultural; es decir, no es un subproducto de algo inherente o profundamente esencial en el Islam o en el sistema cultural que ha producido esta religión. Más bien, se trata, afirma, de que el Islam radi-cal ha surgido porque se ha desterritorializado a tal grado que se ha abierto por completo la cuestión misma de la identidad musulmana.

El tema de la identidad no es algo que surja en absoluto en las sociedades musulma-nes tradicionales, como tampoco fue el caso en las sociedades cristianas tradicionales. En una sociedad musulmana tradicional, la iden-tidad de una persona proviene de sus padres y el entorno social; todo desde la tribu y la familia al imam local y la estructura política del Estado, ancla la identidad en una rama es-pecífica de la fe islámica. No se trata de una elección personal. Al igual que el judaísmo, el Islam es una religión sumamente legalista, lo cual significa que la creencia religiosa consis-te en la conformidad de una serie de reglas so-

ciales determinadas en forma externa. Dichas reglas están sumamente localizadas de acuer-do con las tradiciones, costumbres, santos y prácticas de lugares específicos. La religiosi-dad tradicional no es universalista, a pesar del universalismo doctrinal islámico.

De acuerdo con Roy, la identidad se convierte en algo problemático precisamente cuando los musulmanes salen de sus socieda-des tradicionales, por ejemplo, al emigrar a Europa Occidental. La identidad como mu-sulmán ya no se ve apoyada por la sociedad externa; ciertamente, hay una gran presión para conformarse a las normas culturales que prevalecen en la sociedad occidental. La cues-tión de la autenticidad surge de una manera que nunca lo hizo en la sociedad tradicional, ya que actualmente existe una brecha entre la propia identidad interna como miembro de una comunidad cultural musulmana y la con-ducta frente a la sociedad circundante.

Esto explica el constante cuestiona-miento por parte de los imanes en los sitios de Internet islámicos acerca de lo que es ha-ram (prohibido) o hallal (permitido): la cuestión, por ejemplo, de si es haram saludar con la mano a una profesora, nunca surge en Arabia Saudita, porque no existe ese tipo de categoría social.

El Islam radical y el movimiento de la jihad surgen precisamente como una res-puesta a la búsqueda de la identidad. Osama bin Laden puede responder a la pregunta “¿Quién soy?” hecha por un joven musulmán en Holanda o Francia: Eres un miembro de una umma global que se define por la adhe-rencia a una doctrina islámica universal que ha sido despojada de todas sus costumbres , santos, tradiciones locales y demás. La identi-dad musulmana se vuelve entonces un asunto de creencia interna, más que la conformidad externa a la práctica social. Roy señala que esto constituye la “protestantización” de las creencias musulmanas, en la que la salvación radica en un estado subjetivo que no siempre va de acuerdo con la conducta externa. Es por eso que Mohamed Atta y varios de los otros conspiradores del 11 de septiembre bebieron alcohol y fueron a un club de desnudos antes de llevar a cabo sus ataques.

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identidad, inmigración y democracia liberal

Comprender el islamismo radical como una forma de política de identidad, sirve para explicar también la razón por la que los mu-sulmanes europeos de segunda y tercera ge-neración han vuelto sus ojos a éste. Los inmi-grantes de la primer generación por lo regular no han hecho una fractura psicológica con la cultura de su tierra natal, y llevan consigo las prácticas tradicionales a su nuevo hogar. Por el contrario, sus hijos a menudo desdeñan la religiosidad de sus padres, pero tampoco se han integrado a la cultura de la sociedad occi-dental que los rodea. En medio de dos cultu-ras con las que no pueden identificarse, se ven muy atraídos por la ideología universalista que ofrece la jihad contemporánea.

Olivier Roy enfatiza el hecho de que se vea al Islam radical como un fenómeno predominantemente europeo; hay muchas otras fuentes de ideologías radicales que pro-vienen del Medio Oriente. Arabia Saudita, Paquistán, Irán y Afganistán han exportado ideología islámica radical, y quizá Irak lo haga en el futuro. Pero incluso en los países musulmanes, el análisis de Roy sigue siendo válido hasta un grado importante, ya que es la confrontación de dichas sociedades con la modernidad lo que produce la crisis de identidad y radicalización. La globalización, impulsada por el Internet y una increíble movilidad, ha borrado las fronteras entre el mundo desarrollado y las sociedades musul-manas tradicionales. No es un accidente que tantos de los perpetradores de los recientes complots e incidentes terroristas hayan sido o bien musulmanes europeos radicalizados en Europa o que provinieran de sectores privilegiados de las sociedades musulmanas con la oportunidad de tener un contacto con el Occidente. Mohamed Atta y el resto de los que organizaron los ataques del 11 de septiembre corresponden a esta categoría, al igual que Mohammed Bouyeri (el asesi-no del cineasta holandés Theo van Gogh), los perpetradores que colocaron bombas en Madrid, el 11 de marzo, y en Londres, el 7 de julio. Asimismo, había una extensa red de terroristas mayoritariamente marroquíes que operaban a las afueras de la población belga de Maaseik, que dio apoyo a los atentados de bomba en Casablanca y Madrid antes de que fuera desmantelada por la policía.7 Debe no-tarse que los líderes de al-Qaeda, Osama bin Laden y Ayman al-Zawahiri son personas sumamente educadas, con un gran conoci-miento y acceso al mundo moderno.

Si se puede comprender adecuadamen-te al Islam radical contemporáneo como un producto de la política de identidad y, por ello, como un fenómeno moderno, enton-ces esto tiene dos implicaciones. En primer término hemos visto este problema antes en la política extremista del siglo XX, entre los jóvenes que se convirtieron en anarquistas, bolcheviques, fascistas o miembros de la pandilla de Bader-Meinhof.

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Como lo han señalado Fritz Stern, Ernest Gellner y muchos otros, la moder-nización y la transición de la Gemeinschaft (comunidad) a la Gesellschaft (sociedad) constituyen un proceso sumamente alie-nante que ha experimentado negativamente un gran número de personas en diferentes sociedades.8 Es ahora el turno de que los jó-venes musulmanes lo experimenten. Si hay algo específico en la religión musulmana que aliente esta radicalización es una pre-gunta abierta.

Desde el 11 de septiembre se ha desper-tado una pequeña industria que intenta mos-trar la forma en que la jihad, la violencia e in-cluso los ataques suicidas con bombas tienen profundas raíces coránicas o históricas. Sin embargo, resulta importante recordar que en muchos periodos de la historia, las socieda-des musulmanas fueron más tolerantes que su contraparte cristiana. Maimónides na-ció en la Córdoba musulmana, un centro de aprendizaje y cultura increíblemente diverso; Bagdad acogió durante muchas generaciones a una de las comunidades judías más grandes. No tendría más sentido ver en el islamismo radical contemporáneo un producto inevita-ble del Islam que ver en el fascismo una espe-cie de culminación de una tradición cultural europea cristiana.

En segundo lugar, el problema del te-rrorismo de la jihad no se resolverá llevando la modernización y la democracia al Medio Oriente. La opinión del gobierno de Bush de que el terrorismo es impulsado por una falta de democracia, no considera el hecho de que tantos terroristas se radicalizaran en países europeos democráticos. Resulta muy ingenuo pensar que los musulmanes radicales odian al Occidente porque ignoran lo que es el Occi-dente. La modernización y la democracia son cosas positivas por su propio derecho, pero en el mundo musulmán probablemente aumen-tarán más que aliviarán el problema terrorista en el corto plazo.

identidad en europa y en euaSi los musulmanes en el Occidente se sienten atrapados entre la identidad de sus padres y la del país en el que viven, ¿de dónde pro-

viene la segunda? Se sabe que las sociedades liberales tienen identidades débiles; muchas de ellas celebran su propio pluralismo y multiculturalismo, argumentando de hecho que su identidad es no tener una identidad. Así mismo, el hecho es que la identidad nacional sigue existiendo en casi todas las democracias liberales contemporáneas. Sin embargo, la naturaleza de la identidad na-cional es diferente en Norteamérica que en Europa, lo que explica en buena medida por qué la integración de los musulmanes es tan difícil en países como Holanda, Francia y Alemania.

La identidad estadounidense fue una de las principales preocupaciones de Se-ymour Martin Lipset durante su carrera, como puede verse en obras como The First New Nation o American Exceptionalism. De acuerdo con Lipset, la identidad estadouni-dense fue siempre de naturaleza política y se vio sumamen-te influida por el hecho de que Estados Unidos nació de una revolución en contra de una autoridad de Estado.9 El credo norteamericano se basó en cinco va-lores básicos: igualdad (entendida como la igualdad de oportunidades, más que su re-sultado), libertad (o reacción contra el Es-tado), individualismo (en el sentido de que las personas podían determinar su propia situación social), populismo y laissez-faire. En virtud de que estas cualidades eran tanto políticas como cívicas, en teoría eran accesi-bles a todos los estadounidenses y han sido notablemente duraderas a lo largo de la his-toria de la república. Robert Bellah descri-bió una vez a Estados Unidos como un país que cuenta con una “religión cívica”, pero es una iglesia abierta a los recién llegados.10

Además de estos aspectos de la cul-tura política, la identidad norteamerica-na tiene también sus raíces en tradiciones más estrechamente étnicas, lo que Samuel Huntington denominó la cultura “anglo-protestante”.11 Lipset coincidía en que las tradiciones religiosas de los colonizadores británicos -lo que describió como la natura-leza sectaria del protestantismo estadouni-dense- fueron muy importantes en moldear la cultura de Estados Unidos. La famosa

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ética protestante del trabajo, la inclinación norteamericana a la asociación voluntaria (que sigue estando enraizada en el aspecto de congregación de la religión en Estados Unidos), así como el moralismo de la políti-ca estadounidense son todos subproductos de esta herencia anglo-protestante.

Pero si bien los aspectos clave de la cul-tura norteamericana tienen sus raíces en tra-diciones culturales europeas específicas, para principios del siglo XXI se habían desenraiza-do de sus orígenes étnicos y eran vividos por un gran número de nuevos estadounidense. Los norteamericanos trabajan mucho más duro que los europeos, y tienden a creer -al igual que los primeros protestantes de Weber- que la dignidad yace en el trabajo que redime moralmente, más que en la solidaridad social de un estado de bienestar.12 Pero, ¿quién tra-baja duro en Estados Unidos actualmente? Lo más probable es que sea un taxista ruso, un tendero coreano o un jornalero mexicano que un protestante anglosajón.

Por supuesto, hay muchos aspectos de la cultura contemporánea estadounidense que no son tan agradables. La cultura de la autorización, el consumismo, el énfasis de Hollywood en el sexo y la violencia, así como la cultura pandillera que Estados Unidos ha vuelto a exportar a Centroamérica, son todas características netamente estadounidenses que algunas inmigrantes han llegado a com-partir. Lipset argumentaba que el excepcio-

nalismo norteamericano era una espada de doble filo: la misma inclinación contra el Es-tado que ha hecho a los estadounidenses em-prendedores, los ha llevado a desobedecer las leyes a un mayor grado que los europeos.

En contraste, la identidad europea es mucho más confusa. En el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial se ha registrado un fuerte compromiso en casi toda Europa para crear el mismo tipo de identidad política tolerante y plural que caracteriza a Estados Unidos, el ideal “posnacional” que han pro-movido intelectuales como Jürgen Habermas, y que es encarnado en el proyecto europeo. Pero a pesar de los avances para forjar una Unión Europea sólida, la identidad europea sigue siendo algo que viene más de la cabeza que del corazón. Si bien hay una delgada capa de europeos móviles y cosmopolitas, pocos de ellos se consideran a sí mismos como euro-peos genéricos o se llenan de orgullo cuando se toca el himno europeo.

Con la derrota de la constitu-ción europea en los referendos realizados en Francia y Holan-da en 2005, la población euro-pea pareció decir a las élites que no estaban listas para re-nunciar al Estado-nación ni a la soberanía.

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Desde el inicio del proyecto europeo, no se ha visto con buenos ojos a la identidad nacional; es decir, la identidad a nivel de Es-tado miembro. La experiencia más formativa para la conciencia europea contemporánea fue la Primera Guerra Mundial; los euro-peos tienden a pensar que la culpa de dicha conflagración fue el nacionalismo y la sobe-ranía fuera de control. El pasado fascista de muchos países europeos y su relación con el nacionalismo hacen que resulte inconcebi-ble que un alemán o un español saluden a su bandera nacional de la misma forma que los estadounidenses lo hacen a partir del 11 de septiembre.

Sin embargo, las viejas identidades na-cionales europeas siguen acechando, como fantasmas indeseables. En cada Estado miem-bro la gente continúa teniendo un fuerte sen-tido de lo que significa ser francés, holandés o italiano, incluso si no resulta políticamente correcto afirmar demasiado estas identidades ni entablar discusiones públicas de lo que sig-nifican. Por otra parte, las identidades nacio-nales en Europa, comparadas con América, siguen basándose en gran medida en la sangre y el suelo, accesibles sólo a los grupos étnicos que poblaron inicialmente el país.

Por ejemplo, Alemania tenía una ley de cuidadanía que, hasta su modificación en el

2000, se basaba en el jus sanguinis más que en el jus solis, lo cual significaba que uno debía ser hijo de una madre alemana para poder obte-ner la ciudadanía.13 Para un turco de segunda o tercera generación que hablara sólo alemán le era más difícil obtener la naturalización que para un refugiado alemán étnico que provinie-ra de Rusia, pero que no hablaba ni una palabra de alemán. Los alemanes a menudo afirmaban que su país no era una tierra de inmigración, como Estados Unidos, a pesar del hecho de que sus ciudades estaban llenas de trabajadores invitados y refugiados no europeos.14

Los holandeses, en contraste, son famosos por su pluralismo y tolerancia, y no comparten el legado nacionalista alemán. Sin embargo, en la intimidad de sus hogares, los holandeses siguen siendo muy conservados socialmente: les resulta mucho más sencillo tolerar las dife-rencias culturales cuando se practica en otras comunidades paralelas que en la propia. La sociedad holandesa ha sido multicultural sin asimilar, algo que corresponde muy bien a la sociedad consociacional que estaba organizada tradicionalmente en verzuilungen o pilares protestantes, católicos y socialistas.15

Si bien otros países europeos no for-malizan la organización corporativista de la sociedad en pilares, la mayoría tiende a con-cebir el multiculturalismo de manera similar,

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como un marco para la coexistencia de cultu-ras separadas, más que como un mecanismo de transición para integrar a los recién llega-dos a la cultura dominante. Muchos europeos expresan su escepticismo de si los inmigran-tes musulmanes desean integrarse, pero in-cluso aquellos que lo hacen no siempre son tan bienvenidos, aunque hablen el idioma y tengan un conocimiento cultural básico de la sociedad dominante. Por el contrario, en Es-tados Unidos los inmigrantes de primera ge-neración, guatemaltecos o vietnamitas, pue-den afirmar con orgullo después de prestar su juramente de ciudadanía, que son estadouni-denses, y nadie se reirá de ellos por eso.16

Es importante no enfatizar demasiado las diferencias entre Estados Unidos y Euro-pa en este sentido. Los europeos argumen-tan con cierta justicia que se enfrentan a un problema más difícil en tratar de integrar a sus inmigrantes, la mayoría de los cuales son musulmanes, que Estados Unidos, en donde la mayor parte de los recién llegados son la-tinoamericanos que comparten la herencia cristiana del grupo cultural nativo dominan-te. Los números también cuentan: en Estados Unidos hay entre dos y tres millones de mu-sulmanes en un país de casi 300 millones; si esta población musulmana fuera proporcio-nalmente igual que en Francia, habría más de 20 millones.

¿cuál es la solución?El fracaso de Europa en integrar mejor a sus musulmanes es una bomba de tiempo que ya ha dado como resultado terrorismo y violen-cia. Puede provocar una reacción aún más fuerte de los grupos nativistas o populistas, y con el tiempo, incluso amenazar a la de-mocracia europea misma. La solución a este problema requerirá de un doble enfoque e implicará cambios tanto en la conducta de las minorías inmigrantes y sus descendientes, como en los miembros de las comunidades nacionales dominantes.

La primera parte de la solución es reco-nocer que el antiguo modelo multicultural ha sido un fracaso en países como Holanda o Gran Bretaña, y que es necesario reempla-zarlo con esfuerzos más determinados para

integrar a las poblaciones no occidentales a una cultura liberal común. El viejo moldeo multicultural se basaba en el reconocimien-to y derechos de los grupos. Como resulta-do de un sentido mal enfocado de respeto a las diferencias culturales, cedió demasiada autoridad a las comunidades culturales para que definieran las reglas de conducta de sus propios miembros. El liberalismo no puede en última instancia basarse en los derechos de los grupos, ya que no todos ellos sostienen valores liberales. La civilización de la ilustra-ción europea, cuya heredera es la democracia liberal contemporánea, no puede ser cultu-ralmente neutra, porque las sociedades libe-rales cuentan con sus propios valores acerca del valor y dignidad iguales de las personas. Las culturas que no aceptan estas premisas básicas no merecen una protección igual en una democracia liberal moderna. Los miem-bros de las comunidades inmigrantes y sus descendientes merecen ser tratados en forma igualitaria como individuos, no como miem-bros de comunidades culturales. Por ello, no hay razón para que se trate de manera distinta bajo la ley a una chica musulmana que a una cristiana o judía, independientemente de los sentimientos que tengan sus parientes.

El multiculturalismo, como se le conci-bió originalmente en Canadá, Estados Uni-dos y Europa, era en cierto sentido un “juego al final de la historia”.

Es decir, la diversidad cultural se veía como una especie de ornamento del plura-lismo liberal que resultaría en restaurantes étnicos, vestidos pintorescos y los restos de tradiciones históricas en sociedades que a menudo se consideran como conformistas y homogéneas. La diversidad cultural era algo que debía practicarse en gran medida dentro de una esfera privada, en donde no llevaría a ninguna violación grave de los derechos in-dividuales ni representaría un desafío para el orden social esencialmente liberal. En los casos en los que irrumpió en la esfera pública, como fue la política del idioma en Quebec, la desviación del principio liberal fue vista por la comunidad dominante más como algo irritante, que como una amenaza seria a la de-mocracia liberal misma.17

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Por el contrario, algunas comunidades musulmanas contemporáneas están exigien-do derechos de grupo que simplemente no pueden hacerse coincidir con los principios liberales de la igualdad individual. Estas de-mandas incluyen exenciones especiales del derecho familiar que se aplica a todos los demás en la sociedad, el derecho a crear es-cuelas religiosas especiales con el apoyo del Estado, así como el derecho de excluir a los non musulmanes de ciertos tipos de eventos públicos. En algunos casos más extremos, las comunidades musulmanas han expresado sus ambiciones de desafiar el carácter secular del orden político en su conjunto. Estos tipos de derechos de grupo claramente irrumpen en los derechos de otras personas de la sociedad y empujan la autonomía cultural mucho más allá de la esfera privada.18

Sin embargo, pedir a los musulmanes que renuncien a sus derechos como grupo es mucho más difícil en Europa que en Estados Unidos, ya que muchos países europeos cuen-tan con tradiciones corporatistas que siguen respetando los derechos comunales y no lo-gran separar a la Iglesia del Estado.19 Ya he-mos mencionado la “pilarización” que existe en Holanda y Bélgica.

Las escuelas protestantes y católicas con fondos del Estado en dichos países, en gran medida carecen actualmente de conte-nido religioso, pero no es así en las escuelas musulmanas, y la existencia de las primeras dificulta el argumento en contra de la edu-cación religiosa apoyada por el Estado para los musulmanes. En Alemania, el Estado recauda impuestos en nombre de las igle-sias protestante y católica, y distribuye los ingresos entre las escuelas relacionadas con dichas instituciones. Este es un legado de la Kulturkampf de Bismarck de fines del siglo XIX, cuando el recién unificado Estado ale-mán intentaba reducir la fuerza política in-dependiente de la Iglesia católica, pero sólo logró hacerlo parcialmente. Incluso, Francia, con su fuerte tradición republicana, no ha sido congruente en este tema. Tras la campa-ña anticlerical de la Revolución Francesa, el Concordato napoleónico de 1805 restauró el papel de la religión en la educación y em-

pleó un enfoque corporatista para manejar las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La relación del Estado con la comunidad judía francesa, por ejemplo, era administrada por el ministro de cultos a través del tribunal re-ligioso israelita, que en muchas formas sir-vió como el modelo de los recientes esfuer-zos por parte de Nicolás Sarkozy de crear un interlocutor musulmán con autoridad para hablar por (y controlar a) la comuni-dad musulmana francesa. Incluso, la ley de 1905 que encarnaba el principio de la cité te-nía excepciones, como Alsacia, en donde el Estado francés sigue apoyando a las escuelas vinculadas con la Iglesia.

Estas islas de corporalismo, en donde los estados europeos siguen reconociendo oficialmente los derechos comunales, no implicaban una controversia antes de la lle-gada de las comunidades musulmanas. La mayoría de las sociedades europeas se ha

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vuelto eminentemente secular, así que estos bastiones religiosos parecían ser bastante inocuos. Pero sentaron precedentes impor-tantes para las comunidades musulmanas y serán obstáculos para mantener un muro de separación entre la Iglesia y el Estado. Si Eu-ropa desea establecer el principio liberal de un pluralismo basado en las personas, más que en las comunidades, entonces deberá tratar el caso de estas instituciones hereda-das del pasado.

La otra parte de la solución al problema de la integración musulmana tiene que ver con las expectativas y conducta de las comu-nidades mayoritarias en cada país europeo. La identidad nacional no ha desaparecido y a menudo sigue entendiéndose de manera que les resulta inaccesible a los recién llega-dos, quienes no comparten los antecedentes étnicos y religiosos de los nativos. Como un primer paso, es necesario que las reglas para la naturalización y ciudadanía legal se asienten sobre bases no étnicas, y que las condiciones sean menos onerosas. Sin embargo, más allá de esto, cada Estado-nación europeo debe crear un sentido más inclusivo de identidad nacional que promueva de mejor manera un sentido de ciudadanía. La identidad na-cional ha sido siempre algo que se construye socialmente; gira en torno a la historia, los símbolos, los héroes y las narraciones que la comunidad se cuenta a sí misma. La historia del nacionalismo del siglo XX ha llevado la discusión de la identidad nacional fuera de sus límites para muchos europeos, pero se tra-ta de un diálogo que es necesario reabrir a la luz de la diversidad de facto de las sociedades europeas contemporáneas.

Los demócrata-cristianos de Alemania abordaron con energía este tema después de la revisión de la ley de ciudadanía en el año 2000, lanzando la idea de la Leitkultur, la noción de que la ciudadanía alemana implica ciertas obligaciones de observar estándares de tolerancia y respeto igualitario. El térmi-no Leitkultur (una palabra que podría tradu-cirse como “cultura de guía” o “referencia”) fue acuñado por Bassam Tibi, un académico sirio que vivía en Alemania, precisamente como un concepto no étnico y universalista

de ciudadanía que abriría la identidad na-cional a los alemanes no étnicos.20 A pesar de dichos orígenes, la idea fue denunciada de inmediato por la izquierda como racista y un regreso al pasado infeliz de Alemania, mientras que los demócrata-cristianos se dis-tanciaron rápidamente de ella.21 Sin embar-go, la noción original de Tibi ponía el acento donde correspondía y su corta vida sólo sirve para ver el gran obstáculo que representa la corrección política para abrir el tema de la identidad nacional.

Muchos europeos insisten en que el enfoque del “crisol” nor-teamericano a la identidad na-cional es único y no puede repli-carse en Europa. Quizá este sea el caso, pero si es así, Europa se dirige a una explosión social.

Sin embargo, existen algunos precedentes eu-ropeos para crear identidades nacionales que son más abiertos y que se basan menos en la etnia o la religión.

El ejemplo más obvio es el republica-nismo francés, que en su forma clásica se re-husó a reconocer las identidades comunales separadas y de hecho recurrió al poder del Estado para homogeneizar la sociedad fran-cesa.22 Con el crecimiento del terrorismo y la violencia interna, ha surgido un intenso debate en Francia sobre las razones del fraca-so de esta forma de integración. Esto puede deberse en parte a que los franceses mismos han renunciado a su viejo concepto de cui-dadanía, a favor del enfoque más moderno del multiculturalismo. La prohibición de las mascadas en 2004 fue una súbita reafirma-ción de una vieja tradición republicana que se había permitido caducar.

Es cierto que los estadounidenses tienen algo que enseñar a los europeos respecto a la creación de una identidad nacional abierta. Observadores como Robert Bellah han se-ñalado desde hace mucho que la identidad nacional se ha vuelto una especie de religión cívica para los norteamericanos.23

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La vida en Estados Unidos está llena de ceremonias y rituales casi religiosos que tienen como objetivo celebrar las instituciones polí-ticas democráticas del país: el saludo a la Ban-dera, el juramento de naturalización, el Día de Acción de Gracias y el 4 de julio. Por el contra-rio, los europeos en gran medida le han quitado la parte de ritual a su vida política. Ningún país europeo tiene una ceremonia de naturalización comparable a Estados Unidos, y los europeos tienden a ser cínicos o desdeñosos de las mues-tras norteamericanas de patriotismo. Sin em-bargo, estas ceremonias juegan un papel crítico en la asimilación de los nuevos inmigrantes a la vida política y social estadounidense.

Aún más importante es la función del es-tado de bienestar y la política económica. Los europeos siguen aferrándose tenazmente al estado de bienestar de la posguerra y critican a Estados Unidos por su supuestamente frío modelo social. Sin embargo, el estado de bien-estar europeo está dañando activamente la ca-pacidad de las sociedades europeas de integrar culturalmente a los inmigrantes distintos.

La flexibilidad de los mercados laborales estadounidenses significa que hay una abun-

dancia de empleos para los que se necesita poca capacitación y que los inmigrantes pue-den tomar, y la mayor parte de los extranjeros que arriban a Estados Unidos llegan en busca de trabajo. En Europa, una combinación de reglas laborales inflexibles y generosas pres-taciones implica que los inmigrantes lleguen no en busca de trabajo, sino de una ayuda por parte del estado de bienestar. Los europeos afirman que el estado de bienestar menos ge-neroso en Estados Unidos le roba a los pobres su dignidad. Pero de hecho, es cierto lo con-trario: la dignidad viene a través del trabajo y la aportación que uno haga mediante su tra-bajo a la sociedad en su conjunto. En muchas comunidades musulmanas de Europa, casi la mitad de la población subsiste por el seguro de desempleo, contribuyendo directamente a un sentido de alienación y desesperanza.

Los europeos no han logrado tratar en forma honesta y abierta el problema de la integración musulmana, ni lo que los inmi-grantes deben a su sociedad adoptiva ni lo que la sociedad le debe a sus inmigrantes, debido a la corrección política ubicua que subyace a estos temas. La rápida negación a

1. Para tener un panorama general, véase Ian Johnson y John Carreyrou, “As Muslims Call Europe Home, Dan-gerous Isolation Takes Root,” Wall Street Journal, 11 de julio de 2005.2. Véase, por ejemplo, Bassam Tibi, “Les Conditions d’un Euro-Islam,” en Robert Bistolfi y Francois Zabbal, ed., Islams d’Europe: Intégration ou Insertion Communitaire (Paris: Editions de l’Aube, 1995); Olivier Roy, “EuroIs-lam: The Jihad Within?” The National Interest (primave-ra de 2003): 63-74; Unni Wikan, Generous Betrayal: Po-litics of Culture in the New Europe (Chicago: University of Chicago Press, 2002); Patrick Buchanan, The Death of the West: How Dying Populations and Immigrant Inva-sion Imperil Our Country and Civilization (Nueva York: Thomas Dunne, 2002); Bruce Bawer, While Europe Slept: How Radical Islam Is Destroying the West from Wi-thin (Nueva York: Doubleday, 2006); y Tony Blankley, The West’s Last Chance: Will We Win the Clash of Civili-zations? (Nueva York: Regnery, 2005).3. Véase Charles Taylor, Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition (Princeton: Princeton University Press, 1994); y Sources of the Self: The Making of the Modern Identity (Cambridge: Harvard University Press, 1989).4. Charles Taylor, Multiculturalism, 30.5. Véase este análisis en Charles Taylor, Multiculturalism, 53.

6. Olivier Roy, Globalized Islam: The Search for a New Um-mah (Nueva York: Columbia University Press, 2004).7. Véase Craig Whitlock, “How a Town Became a Terror Hub,” Washington Post, 24 de noviembre de 2005, A1.8. Fritz Stern, The Politics of Cultural Despair: A Study in the Rise of German Ideology (Berkeley, Calif.: University of California Press, 1974); y Ernest Gellner, Nations and Na-tionalism (Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1983).9. Seymour Martin Lipset, The First New Nation (Nueva York: Basic Books, 1963); American Exceptionalism: A Double-Edged Sword (Nueva York: W.W. Norton, 1995). 20 Journal of Democracy10. Robert N. Bellah y Phillip Hammond, Varieties of Ci-vil Religion (San Francisco: Harper and Row, 1980).11. Samuel P. Huntington, Who Are We? The Challenges to America’s National Identity (Nueva York: Simon and Schuster, 2004).12. El estadounidense promedio trabaja 25.9 horas a la se-mana, en comparación con 19.3 para el caso de un alemán y 17.5 horas para un francés. Véase Edward C. Prescott, “Why do Americans Work so Much More Than Euro-peans?” Federal Reserve Bank of Minneapolis Research Department Staff Report 321 (noviembre de 2003). La diferencia en la actitud hacia el trabajo es más evidente que en el caso de la semana laboral de 35 horas establecida por

Notas

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un debate sobre la Leitkultur en Alemania es sólo un ejemplo de ello. Los partidos políti-cos de centro-derecha que deberían encabe-zar la discusión han sido intimidados por la izquierda mediante acusaciones de racismo y nacionalismo de la vieja guardia; temen ante todo ser manchados por la extrema derecha. Este es un gran error. La extrema derecha es-tará de regreso con más fuerza si los partidos principales no logran manejar este asunto de manera seria. Infortunadamente se han nece-sitado actos de violencia para que se abra en forma más honesta el debate de estos temas en los Países Bajos, Gran Bretaña y Francia.

Los Países Bajos han recorrido un ma-yor camino en este sentido desde el asesinato de Van Gogh, en 2004. Si bien la retórica ha adoptado tonos populistas y racistas, al me-nos hay una discusión del tema.24

El dilema de la inmigración y la identidad converge en última instancia en el problema, de mayor magnitud, de la falta de valores en la posmodernidad. Es decir, un mayor relativismo ha hecho imposible que las personas de la era posmoderna afirmen los valores positivos en los que creen y por lo tanto, el tipo de creencias

compartidas que piden sean una condición para la ciudadanía. Las sociedades posmodernas, par-ticularmente en Europa, sienten que han evolu-cionado y dejado atrás las identidades definidas por la religión y la nación, y que han llegado a un mejor lugar. Pero aparte de la celebración de la inacabable diversidad y tolerancia, para las personas posmodernas no es fácil acordar en la sustancia de la buena vida a la que aspiran.

La inmigración nos obliga de manera particularmente aguda a debatir sobre la pre-gunta: “¿Quiénes somos?” que hiciera Samuel Huntington. Resulta sencillo estar de acuer-do en temas como el futbol y la cerveza como elementos de la cultura común, pero es mucho más difícil decir qué aspectos de la historia na-cional son importantes. Si las sociedades posmodernas desean avanzar hacia una discu-sión más seria sobre la identidad, necesitarán desenterrar las virtudes positivas que definen lo que significa ser un miembro de una comu-nidad más grande. Si no lo logran, ciertamente se verán abrumadas por las personas que están más seguras de quiénes son. c

© 2006 National Endowment for Democracy and The Johns Hopkins University Press

el gobierno socialista de Lionel Jospin, y que ahora se consi-dera generalmente como una “conquista” social en Francia. Una restricción similar en la duración de la semana laboral se consideraría algo absurdo en Estados Unidos.13. Véase William R. Brubaker, “Immigration, Citizen-ship, and the Nation-State in France and Germany: A Comparative Historical Analysis,” International Sociolo-gy 5 (diciembre de 1990): 379-407.14. Nergis Canefe, “Citizens versus Permanent Guests: Cultural Memory and Citizenship Laws in a Reunified Germany,” Citizenship Studies 2 (noviembre de 1998): 519-44.15. Para un examen general de la “pilarización” en Holan-da, véase Arend Lijphart, “The Evolution of Consociatio-nal Theory and Consociational Practices, 1965–2000,” Acta Política 37 (primavera-verano de 2002): 11-22.16. Esta no es simplemente una característica estadouniden-se. La naturalización y la asimilación cultural son más senci-llas en los países con asentamientos recientes, no sólo en las antiguas colonias de habla inglesa, como Canadá y Australia, sino también en América Latina, en donde los líderes políti-cos tienen apellidos como Menem, Bucaram y Fujimori.17. Para una evaluación menos positiva de la adherencia de Quebec a la democracia, véase Pierre Elliott Trudeau, “Some Obstacles to Democracy in Quebec,” Canadian

Journal of Economics and Political Science 24 (agosto de 1958): 297-311.18. Katherine P. Ewing, “Legislating Religious Free-dom: Muslim Challenges to the Relationship between ‘Church’ and ‘State’ in Germany and France,” Daedalus 129 (otoño de 2000): 31-54.19. John T.S. Madeley, “European Liberal Democracy and the Principle of State Religious Neutrality,” West Eu-ropean Politics 26 (enero de 2003): 1-22.20. Véase Bassam Tibi, Europa ohne Identität? Die Krise der multikulturellen Gesellschaft (Munich: Bertelsmann, 1998).21. Para una interpretación poco amable de la Leitkultur que ilustra las dificultades a las que se enfrenta el debate de este tema en forma honesta, véase Hartwig Pautz, “The Politics of Identity in Germany: The Leitkultur Debate,” Race and Class 46 (abril de 2005): 39-52.22. Jane Freedman, “Secularism as a Barrier to Integra-tion? The French Dilemma”, International Migration 42 (agosto de 2004): 5-27; y Michel Troper, “Religion and Constitutional Rights: French Secularism, or La¦cité,” Cardozo Law Review 21 (febrero de 2000): 1267-84.23. Véase Robert N. Bellah y Phillip Hammond, Varieties of Civil Religion.24. Ian Buruma, “Letter from Amsterdam: Final Cut,” New Yorker, 3 de enero de 2005.

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LJuan carlos Velasco

Desafíos políticos de los países de inmigración

as migraciones, una práctica tan antigua como la propia condición humana, se han convertido en un factor es-tructural de primer orden, en uno de los macrofenó-menos más definitorios de nuestra época y en un com-plejo reto para las socieda-des contemporáneas. En prácticamente todos los paí-ses del mundo, todo lo que concierne a este complejo

fenómeno ocupa un lugar destacado en la agenda po-lítica. La gestión, el control y la integración de los movi-mientos internacionales de personas se presentan como un policy field de creciente y prioritaria relevancia. No se trata, sin embargo, de una cuestión de mera moda: el número de países implica-dos de manera significativa en las migraciones inter-nacionales ha aumentado considerablemente, hasta el punto de que resulta real-mente difícil encontrar al-gún Estado que no sea bien un país de inmigración, bien un país de emigración o bien ambas cosas a la vez, cuando no al menos un país de tránsito. No ha de extra-ñar entonces que la mayoría de los gobiernos haya toma-

do conciencia de la necesi-dad de ofrecer una respuesta en términos legales e insti-tucionales a un fenómeno de carácter permanente que puede llegar a alterar la es-tructura demográfica, so-cial, cultural, económica y laboral de un país. Dada la complejidad de la cuestión, y por cuestiones de econo-mía argumentativa, aquí se abordará de manera funda-mental desde la perspecti-va de los países receptores, que, por lo demás, es tam-bién la adoptada en forma habitual por los países eu-ropeos que registran mayor inmigración. Sin embargo, el fenómeno migratorio es fundamentalmente trans-nacional y tiene fehacientes repercusiones en los países de emigración.1

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significación política De las migraciones internacionalesEn las últimas dos décadas ha aumentado espectacular-mente no sólo el volumen, sino también el grado de mundialización del sistema migratorio, al menos en un doble sentido: aumento de la diversidad de las regiones receptoras e incremento de las áreas de origen. Como consecuencia, los inmigran-tes presentan una variedad demográfica, social, cultural y económica cada vez mayor y prácticamente inédita en el pasado. En consonancia con la dimensión planetaria alcanzada por los flujos mi-gratorios, resulta bastante plausible concebirlos bien como parte integrante del recurrente y contradictorio fenómeno de la globaliza-ción, entendida ésta como un complejo proceso de cambio sociológico y de mentalida-des por el que los límites del espacio de intercambio hu-mano se hacen coincidentes con los límites del globo te-rráqueo.

La actual intensificación de las migraciones interna-cionales sería un efecto de la globalización, a pesar de que ésta, en su más reciente fase histórica, se caracterice por la fluidez de las corrien-tes financieras y comerciales, y de manera simultánea -y de una forma enormemente paradójica- por las restric-ciones a la movilidad inter-nacional de la mano de obra. La supresión de barreras y la liberalización de flujos, que

son consustanciales a las di-námicas de globalización, no se han extendido a las migra-ciones internacionales. Esta flagrante contradicción de una globalización asimétrica y mutilada sirve de trasfondo a una serie de interrogantes y desafíos que afectan a los actuales flujos migratorios y que tienen su reflejo en las condiciones de irregularidad, discriminación y vulnerabili-dad que en nuestros días pa-decen con harta frecuencia las personas migrantes.

Los efectos de la extensión del fenómeno migratorio se dejan notar en los más varia-dos aspectos de la vida social tanto de los países receptores como de los emisores, provo-cando, entre otros, cambios sustanciales en la demografía y considerables alteraciones en la estructura del mercado de trabajo. Resultado de los flujos migratorios globales sería, asimismo, por poner otro ejemplo en un terreno nada anecdótico, el aumen-to del pluralismo religioso de las sociedades de acogida, pues los inmigrantes, al tener amparadas en muchos casos sus opciones religiosas por las leyes de los países en don-de instalan su nueva residen-cia, propagan libremente sus propias formas de entender la religión. La enumeración de dimensiones de la vida so-cial que se ven conmociona-das de una u otra manera por los masivos movimientos de personas, ciertamente podría alargarse, pero, en cualquier caso, quedaría mutilada si en ella se omiten las repercusio-nes en la esfera política.

Aunque se acepte que la opción de emigrar sea fru-to de una decisión racional tomada en último término por individuos que tratan de maximizar sus propias oportunidades vitales, exis-ten otros factores no nimios como, por ejemplo, las po-líticas de admisión desarro-lladas por un importante número de países ya desde el siglo XIX, cuya importan-cia en el encauzamiento o desvío de las corrientes mi-gratorias no cabe en ningún caso desdeñar.

Los estados son acto-res sumamente influ-yentes en los proce-sos migratorios y las actuaciones estatales configuran un corpus normativo y político que afecta al trans-currir de los despla-zamientos interfron-terizos de personas.

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En un mundo como el contemporáneo, organiza-do políticamente “en esta-dos legalmente soberanos y mutuamente excluyentes”, el alcance político de los flujos de población es manifiesto porque implican, por defi-nición, el cruce de fronteras estatales; es decir, la transfe-rencia de una persona “de la jurisdicción de un Estado a la de otro”,2 y ello conlleva tam-bién un cambio transitorio o, en muchos casos, definiti-vo en la pertenencia formal a una comunidad política.

De hecho, la intensa impronta dejada por las mi-graciones es perceptible en el núcleo sensible del poder político y de la convivencia social, incluso en los ele-mentos articuladores del Estado moderno: la noción tradicional de la soberanía nacional, el sentido de la ciu-dadanía o las formas cultura-les de la identidad colectiva y de la lealtad política. Si la soberanía nacional ya ha sido profundamente erosionada por los procesos de globali-zación (como se muestra en la creciente incapacidad de la mayoría de los estados na-cionales -por no decir de to-dos- para gobernar los flujos exógenos que trastocan su propio ciclo económico), la imposibilidad de mantener la integridad de las fronteras ante la presión migratoria no ha hecho sino magnificar este proceso. La ciudadanía, por su parte, ha sido cuestionada como mecanismo de inclu-sión social y marcador de la pertenencia política. Como

consecuencia de las migra-ciones, la identidad colectiva se ha tornado mucho más compleja y plural, incidien-do con ello en las fuentes de la lealtad de los ciudadanos hacia el poder constituido. Con todo, no se agota ahí el alcance político y normativo de las migraciones: con la puesta en marcha de deter-minadas políticas migrato-rias pueden verse afectadas también las bases normativas de las sociedades y, por ende, la propia concepción de la justicia sustentada por las mismas.

inmigración y ciuDaDaníaDifícilmente pueden pen-sarse los procesos migrato-rios en términos políticos sin analizar las mutaciones y tensiones que marcan hoy el concepto y la práctica institu-cional de la ciudadanía.3 Lo contrario tampoco sería muy factible. Por una parte, el re-planteamiento general de la ciudadanía en las sociedades occidentales constituye el contexto en el que se ha de leer el significado político de las migraciones contemporá-neas; por otra, las demandas de ciudadanía formuladas por los inmigrantes, en tanto que individuos, así como por las organizaciones que los representan, inciden direc-tamente en la comprensión actual de la ciudadanía.

Entre el conjunto de me-didas que han de incluirse en cualquier política migratoria coherente nunca ha de fal-tar un instrumento crucial, a saber: la regulación de la

adquisición de la ciudadanía. Las leyes de ciudadanía y las políticas de naturalización (el proceso a través del cual una persona de otro país se convierte en miembro legal de un determinado Estado) son las principales herra-mientas normativas con las que los estados determinan quién permanece dentro o fuera del círculo de perte-nencia formal. La atribución de la ciudadanía se concibe como potestad privativa de los estados soberanos y los procedimientos varían de país a país.4

Visto desde la perspec-tiva del país de acogida, la normativa sobre esta mate-ria representa un dispositivo fundamental en manos de la comunidad política para definir sus propios límites internos; desde la perspecti-va del inmigrante que arriba, resulta crucial porque marca el horizonte de expectativas que el país receptor le ofre-ce en cuanto individuo que como tal tiene la necesidad de planificar su propia vida. La articulación de un proce-dimiento transparente para la adquisición de la ciudada-nía -y con ella la condición de miembro con plenos de-rechos de la sociedad de aco-gida- ayuda en buena manera a reducir los márgenes de incertidumbre existencial. En este sentido, tales normas reguladoras constituyen un poderoso instrumento de integración puesto a dispo-sición de las autoridades del país de acogida. No debe ol-vidarse, sin embargo, que de esas mismas normas también

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puede hacerse un uso en sen-tido contrario. La condición de ciudadano optimo iure, como dirían los romanos, esto es, el ser miembro de la comunidad con plenos de-rechos, juega con demasiada facilidad el ambiguo papel de mecanismo de inclusión/exclusión social: un princi-pio de inclusión que genera exclusiones colaterales. De hecho, la condición discri-minatoria del status de ciu-dadanía se revela en toda su plenitud cuando se esgrime frente a inmigrantes, asilados y extranjeros en general.

La utilización de la ciu-dadanía como mecanismo de cohesión social constituye, sin embargo, una cuestión abierta a debate. La tesis de que conceder la ciudadanía equivale a integrar, no siem-pre está convalidada por la práctica social, por más que sea recomendable norma-tivamente. Es cierto que la implantación de políticas de inclusión cívica dirigidas a extender el status de ciu-dadanía a los inmigrantes ya establecidos tiene una indu-dable ventaja en aras de su integración social y política: impide la consolidación de una categoría, perpetuada de padres a hijos, de residentes no ciudadanos, de metecos. No es, con todo, un instru-mento milagroso, pues el mero hecho de conceder el status de ciudadanía a los inmigrantes tras un periodo razonable de asentamiento no equivale automáticamen-te a integrarlos, pero, por el contrario, también es cierto que mantenerlos apartados

de la participación política y excluidos de la función pú-blica, por mencionar tan sólo dos aspectos onerosos que habitualmente la privación de la ciudadanía comporta, no ayuda nada en este sen-tido. No puede negarse, en todo caso, que atribuir un es-tatuto definido de derechos y obligaciones evita formas flagrantes de marginación (laboral, civil y tributaria). El acceso a la ciudadanía por parte de los inmigrantes es, más bien, una condición ne-cesaria para la constitución de una sociedad integrada, pero no es una condición su-ficiente.

En un sentido contrario, la fórmula más común para im-pedir o al menos dificultar la integración de los inmigran-tes, y así proteger la integri-dad cultural en los países de acogida, “ha sido la de limitar la acción de los inmigrantes estrictamente a su papel eco-nómico, haciendo más difícil el acceso a la ciudadanía, un mecanismo legal que puede ser considerado desde una perspectiva sociológica, como la construcción de una barre-ra interna que compense los efectos de entrada”.5 En cual-quier caso, no puede negarse la relevancia de la ciudadanía como instrumento de exclu-sión social aplicado al mundo de las migraciones. De alguna manera, el status de la ciuda-danía en las democracias libe-rales occidentales representa el equivalente moderno del antiguo privilegio feudal: un status heredado que amplía nuestras oportunidades en la vida. La ciudadanía que

adquirimos con nuestro na-cimiento, ya sea de acuerdo a la de nuestros padres o a la otorgada por el lugar de naci-miento, es un elemento con-tingente: ella no depende en modo alguno de nosotros y tiene consecuencias mayores en nuestras oportunidades en la vida. En realidad, el acceso a la ciudadanía representa-ría la tercera y última barrera que los inmigrantes han de superar, como en una carrera de obstáculos, hasta lograr incorporarse plenamente en términos legales a la nueva sociedad: previamente han de tener acceso al territorio y luego adquirir el permiso de residencia permanente (no sometido a revisión por deci-sión arbitraria de las autorida-des administrativas). Veamos a continuación este proceso con algo más de detalle.

La posición de los in-migrantes debidamente re-gularizados en la estructura normativa de los derechos de ciudadanía es un tanto pecu-liar, pues pese a ser miembros de hecho de las sociedades de acogida, no son en senti-do estricto sujetos de pleno derecho de las mismas. Aun así, el reconocimiento fác-tico de sus derechos civiles y sociales en la mayoría de los países democráticos los aproxima enormemente, so-bre todo a efectos prácticos, a la condición de ciudada-nos. Esta circunstancia mar-ca una auténtica sima entre estos inmigrantes y aquellos que tienen una situación irregular (los denominados sans papiers). Esta peculiar situación jurídica de muchos

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residentes foráneos e inmi-grantes de larga duración ha sido descrita con la ayuda del neologismo denizens,6 térmi-no que ha obtenido una am-plia recepción en la literatura especializada. Este status, sin embargo, no concuerda del todo con la versión canónica de la ciudadanía acuñada en su día por Marshall.7

Con los llamados deni-zens, el esquema clásico que-da invertido: la ciudadanía social de los inmigrantes an-tecede y se detiene en el um-bral de la ciudadanía política. Esta circunstancia cada vez más frecuente vendría a reve-lar no sólo que la ciudadanía ha perdido gran parte de su antigua densidad como prin-cipio regulador de derechos, sino también que ha sido sus-tituida en dicha misión por la residencia legal. Por ello, más que como un concepto cerrado, algunos autores han propuesto redefinir la perte-nencia social (o membresía) como un continuum de dere-chos que discurre entre aque-llos individuos privados casi por completo de ellos y los miembros de pleno derecho en una comunidad dada. La residencia legal sería el nue-vo soporte legal que facilita la adquisición de derechos en un mundo crecientemen-te transnacional.

Según la optimista tesis formulada por Soysal,8 que

en realidad más parece una hipótesis de trabajo que una tendencia real, un estatuto posnacional de la persona-lidad, basado en el carácter universal de los derechos hu-manos, vendría a reemplazar a la ciudadanía como origen de los derechos. Las declara-ciones de derechos humanos constituirían así una antici-pación de la ciudadanía uni-versal. Lo cierto, en cualquier caso, es que la progresiva configuración de formas pos-tradicionales de ciudadanía no es una mera elucubración de mentes utópicas, sino una realidad observada con in-disimulado espanto por aca-démicos conservadores. Así, Huntington constata cómo se ha ido abriendo paso una “nueva concepción de la ciu-dadanía, según la cual ésta no es un status de carácter nacional conferido por el Estado a los individuos, sino un derecho transnacional de los individuos frente a los estados que aquéllos llevan consigo allá donde decidan residir”.9

Síntoma también de esta progresiva metamorfosis se-ría la proliferación del fenó-meno de la doble ciudadanía y, en ocasiones, de la ciudada-nía múltiple. Su aceptación por parte de un creciente nú-mero de países, que han cam-biado las correspondientes leyes, es clave para muchos

inmigrantes, que entienden que esta fórmula es el mejor modo de reconocer sus múl-tiples afiliaciones e identi-dades. En cualquier caso, el análisis de los diversos mode-los de adquisición de la ciu-dadanía constituye un paso previo para cualquier debate sobre los criterios de integra-ción social y política de los inmigrantes. Sin aferrarse necesariamente a las catego-rías de Marshall, la natura-leza jurídica de los derechos civiles, sociales y políticos, y su contrapartida en deberes, así como su vinculación con las políticas de ciudadanía, son cuestiones que afectan directamente a la posición de los inmigrantes, pero no sólo a ellos. De la respuesta que se den a estas cuestiones y, en definitiva, de las políti-cas migratorias que se adop-ten, dependen también los contornos y la composición de la comunidad política. En suma, y tal como se ha seña-lado, el fenómeno de la inmi-gración ha de ser entendido como el detonante social de la profunda transformación experimentada por la noción de ciudadanía.10

el papel De las fronteras estatales Las migraciones interna-cionales se definen como el desplazamiento de personas con un carácter relativamente

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permanente a través de líneas fronterizas reconocidas. En la historia de las migraciones, este cruce de fronteras está asociado a imágenes ambiva-lentes: al alumbramiento de una tierra de promisión y al escenario de no pocas trágicas historias personales. Frontera y nueva vida, frontera y expe-riencia de exclusión. Pese a lo decisivo que puede resultar en la trayectoria vital de tantas personas, la ciencia y la filoso-fía política, por no hablar ya de la política real, han acepta-do el trazado de las fronteras como un factor dado, como si fuera prácticamente un hecho inalterable de la na-turaleza, del que en ningún caso cabe cuestionar su legi-timidad. Ante la existencia de fronteras en general, no ante un determinado trazado de fronteras entre dos estados soberanos, incluso las teorías de la justicia más elaboradas han guardado un significativo y alarmante silencio. Aunque los criterios de justicia se pos-tulan en principio para todas las personas, los teóricos de la misma -y esto vale, en par-ticular, para John Rawls– no reparaban en el hecho de que los estados limitan los efectos de la justicia de manera casi exclusiva a aquellas personas a las que reconocen como ciudadanos propios. En la doctrina liberal, incluso en la de corte igualitarista, suele procederse a una profunda inversión de los sujetos des-tinatarios de las mismas, un cambio de lenguaje que habi-tualmente pasa inadvertido, pues lo que comienza siendo una teoría sobre la igualdad

de las personas, termina sien-do una teoría sobre la igual-dad de los ciudadanos.11

El hecho completamente contingente de haber nacido a un lado o al otro de una línea fronteriza determina en muchas ocasiones la posi-bilidad o no de disfrutar de ciertos derechos. Que una determinada sociedad asuma esta circunstancia azarosa para justificar un trato dis-criminatorio o desigual con respecto a los inmigrantes pone en cuestión la noción de justicia adoptada por esa sociedad, en la medida en que implica una expresa renuncia a aplicar criterios homogéneos de justicia. Para salvar las incongruencias más manifiestas se suele jugar con sobreentendidos que a la lar-ga sólo perjudican a los no nacionales. Las restricciones que impiden a amplios secto-res de la población de origen inmigrante el disfrute real de los derechos -así como de los correlativos deberes- tradicionalmente asociados a la condición de ciudadano suponen una violación grave del principio de igualdad de todos los seres humanos.

Las fronteras territoriales están dotadas en la práctica de una enorme relevancia jurídico-política, pues con ellas se designa a qué derecho está sometida una población, indican qué personas e ins-tituciones ejercen autoridad sobre un determinado terri-torio y, en definitiva, definen el cuerpo de ciudadanos que integran la comunidad polí-tica.12 Si las fronteras delimi-tan el territorio sobre el que

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un Estado puede ejercer legí-timamente su jurisdicción, su soberanía o suprema potes-tad, la ciudadanía constituye el mecanismo legal del que se vale el Estado para distinguir entre los miembros de su aso-ciación política y los que no pertenecen a ella. Los estados modernos se abrogan además el derecho de monopolizar la regulación de la movilidad de las poblaciones, determi-nando quién y con qué do-cumentación puede entrar y salir de su territorio. Fronte-ras y ciudadanía desempeñan así de consuno un cometido fundamental en relación con el Estado y la comunidad po-lítica. No se acaban ahí sus funciones: juegan también una función policial, que se pone de manifiesto en el control de los flujos migrato-rios, pues las fronteras se eri-gen como muros reales para intentar contener a quienes desean inmigrar y no poseen la documentación que les autorizaría a hacerlo. Fron-teras y ciudadanía se dan de la mano también para poner trabas a la libertad de tránsi-to y residencia (reconocida, por ejemplo, por el art. 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado en 1966).

Reforzadas las fronteras con la justificación de con-trolar nuevas formas de de-lincuencia, apenas pueden ocultar su función de barre-ras frente a quienes huyen de la miseria y de la guerra. Su mantenimiento implica apostar por la persistencia de modelos de exclusión y con-tención que se han demos-

trado tan injustos13 como ineficaces. En realidad, los muros y demás intentos de militarizar las fronteras son ejercicios de demagogia: “se erigen como la solución al problema, cuando sólo pue-den contener alguno de los síntomas de la desigualdad, y eso por poco tiempo. Se construyen para ofrecer un símbolo de firmeza al públi-co interno”.14 Tales muros son, en definitiva, expresión paradigmática de una con-cepción miope de la nacional política puesta en marcha paradójicamente en un mun-do que pretende ser cada vez más abierto y más global.

Pese a la señalada preca-riedad y contingencia histó-rica de las fronteras nacio-nales, sigue disfrutando de amplia aceptación la idea de que las políticas migratorias se han de perfilar ajustadas a sus límites geográficos. El estricto marco estatal cons-tituiría supuestamente su es-cenario natural. Los motivos que se aducen en favor del cierre y control de las fron-teras nacionales suelen ser de tres tipos: argumentos econó-micos (v.gr. evitar riesgos que pongan en peligro el bienes-tar económico de la socie-dad de acogida), culturales (v.gr. asegurar la identidad e integridad de la cultura de la sociedad en cuestión) y po-líticos (v.gr. salvaguardar los procesos políticos internos de intromisiones que pudie-ran afectar a su desarrollo). Pese a su diversidad, son los de naturaleza cultural los motivos que en la praxis po-lítica resultan más populares

y su profuso empleo permi-te ocultar otros intereses no siempre confesables. Entre los defensores contemporá-neos más conocidos de un cierre de las fronteras (aun-que sea de manera parcial y condicionado) y, sobre todo, de impedir o dificultar enor-memente el acceso a la ciu-dadanía a los extranjeros, se encuentra Michael Walter,15 autor que tiene el mérito de ser uno de los pocos teóricos de la justicia que ha pensado con cierta profundidad la cuestión de las migraciones. Argumenta que para mante-ner su cultura política, algo a lo que tendría derecho todo pueblo constituido en Estado, las sociedades deben tener la potestad de limitar la inmigración. La política de recepción de inmigrantes debe responder, según este autor, a los intereses de la sociedad en cuestión, o ex-presar preceptos caritativos ampliamente aceptados en ésta, pero en ningún caso constituye una obligación articulada en términos de justicia. En el caso concreto de las migraciones, las exi-gencias universales de la jus-ticia se contextualizan por tanto de tal modo que cabe hablar de un desacoplamien-to normativo: las directrices que ofrecen las teorías de la justicia para esta cuestión no parecen estar orientadas de acuerdo a principios de justicia.

En una posición contra-ria a la manifestada por Wal-zer, encontramos a autores como Joseph H. Carens, Ra-iner Bauböck o Seyla Ben-

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habib. En particular, Carens denuncia que ninguna de las fundamentaciones con-temporáneas del liberalismo aporta razones morales para restringir los derechos de los extranjeros a entrar en un país o a tomar residencia en él y, sin embargo, proceden como si las hubiera.16 Él pre-tende mantenerse coheren-te con los planteamientos filosóficos del liberalismo y por ello aboga por el es-tablecimiento de fronteras abiertas (open borders) como la forma de garantizar el de-recho fundamental a salir del propio país (reconocido por el art. 13.2 de la Decla-ración Universal de los De-rechos Humanos). Arguye que si la libertad de salida es consustancial con los regí-menes liberal-democráticos, resulta bastante obvio que esta libertad carecería de contenido real en ausencia

del recíproco derecho o li-bertad de entrada (que, sin embargo, no es reconocido por la legislación interna-cional). Detrás de la defensa de fronteras cerradas se es-cudan con harta frecuencia concepciones colectivistas de la política, alejadas de la primacía del individuo y ata-ques frontales a la vigencia de los derechos humanos. En general, quienes como estos tres mencionados au-tores se manifiestan a favor de ampliar el derecho de in-migración, se muestran tam-bién inclinados en favor de una concepción más amplia de ciudadanía transnacional, mientras que quienes defien-den el mantenimiento de li-mitaciones a la inmigración, gobiernos se basan, sobre todo, en una contracción co-munitarista (o incluso abier-tamente nacionalista) de la idea de ciudadanía.

la gestión política Del pluralismo cultural emergente En los países de inmigración se asiste a un acelerado pro-ceso de constitución de so-ciedades de corte multicul-tural impulsado precisamen-te por la llegada de personas de las más variadas proce-dencias. En este contexto, el pluralismo cultural generado específicamente por los flu-jos migratorios, más que un ideal postulado, es más bien ya una realidad y un pro-ceso que hay que gestionar por parte de las sociedades receptoras y sus institucio-nes. Asumir este palpable efecto de la inmigración y las transformaciones sociales y culturales que conlleva, im-plica tener que afrontar po-líticamente la articulación de la convivencia entre grupos y comunidades con formas múltiples de identidad colec-

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Desafíos políticos De los países De inmigración

tiva. La relevancia alcanzada por este aspecto del proceso migratorio entronca con una de las derivas más caracterís-ticas de los debates políticos contemporáneos: una vez finalizado el enfrentamien-to bipolar tan fuertemente ideologizado que caracteri-zó a la Guerra Fría, una gran parte de los conflictos políti-cos giran en la actualidad en torno a la organización y ges-tión política de la diversidad de sentimientos de pertenen-cia y a la convivencia entre di-ferentes formas de vida y de concebir el mundo. Incluso, el indeclinable debate social -en torno a la persistencia de injustificadas desigualdades económicas entre los indivi-duos- se ha visto absorbido y desplazado injustificadamen-te por las tensiones de índole identitaria y cultural.

La multiculturalidad y la multietnicidad surgidas a

raíz de las migraciones han provocado respuestas polí-ticas que repercuten en las estructuras institucionales de los sistemas democráticos, no sólo debido a la creación de nuevas agencias adminis-trativas encargadas específi-camente de la gestión de las mismas, sino también a los cambios inducidos en las for-mas de entender la identidad colectiva e incluso la propia noción de ciudadanía. Es-tas alteraciones simbólicas, culturales y políticas en las sociedades de acogida han sido analizadas no sin alarma por diversos autores, entre los que cabría mencionar a Giovanni Sartori y, desde una perspectiva claramen-te conservadora, a Samuel Huntington.17 Ambos po-nen el grito en el cielo ante los problemas de integración generados por las recientes olas de inmigrantes, debido,

sobre todo, a la facilidad con que estos vecinos pueden mantener vínculos afecti-vos con su cultura de origen (mediante la proliferación de canales de televisión en su propio idioma, llamadas telefónicas y correos electró-nicos, además de los billetes de avión a muy bajo costo) y al distanciamiento que ello implica respecto a los valores propios del país que los ha adoptado.

En algunos casos, y estos autores ponen como ejem-plos concretos a los hispa-nos en Estados Unidos y a los musulmanes en Europa, constituirían un riesgo para la identidad nacional y la estabilidad política de las so-ciedades de acogida. Si este diagnóstico puede que sea acertado, no lo es tanto la te-rapia propuesta. Así, Samuel P. Huntington reduce las posibles estrategias políticas

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ante la inmigración a estas tres: “una inmigración escasa o nula, una inmigración sin asimilación o una inmigra-ción con asimilación”.18 Te-niendo en cuenta que la pri-mera opción no es tal, sino que tan sólo es un pío de-seo o una misión imposible (pues tan imposible resulta blindar herméticamente las fronteras como proceder a una deportación masiva de los inmigrantes irregulares), la alternativa sería asimila-ción o no asimilación. Lo único que sucede es que esta es una falsa disyuntiva. En la mentalidad de Samuel P. Huntington, y si tuviera ma-yor honestidad intelectual, la alternativa sería simplemen-te: o los inmigrantes son asi-milados o se produce el caos social.

El debate sobre la inmi-gración, tan lleno de matices, se presta al simplismo y a la demagogia. En ambos erro-res se incurre no sólo en el ámbito académico, tal como se acaba de ver en Samuel P. Huntington, sino también -y acaso con mayor asidui-dad- en el mundo de la po-lítica. Además de percibida como posible peligro para el mantenimiento de las señas de identidad de la sociedad receptora, la cuestión migra-toria irrumpe con frecuen-cia en los debates públicos estigmatizada como un fac-tor conflictivo en un doble sentido: como riesgo para el bienestar económico del país anfitrión y como amenaza para la seguridad ciudadana. La inmigración es presenta-da con demasiada ligereza

como sinónimo de ilegali-dad, miseria, conflictividad y delincuencia. Sin duda, los medios de comunicación han contribuido a forjar y difun-dir esta negativa imagen en el subconsciente colectivo. No obstante, los problemas derivados de la inmigración no se resuelven yéndose al polo opuesto, esto es, ange-lizando a los extranjeros por ser diferentes o edulcorando los actos criminales eventual-mente perpetrados por ellos.

La política migratoria es un campo de intervención pública sometido a múltiples tensiones, en cuyo origen casi siempre se encuentra un fuerte desajuste entre el número de candidatos a la emigración y las expectativas de las sociedades receptoras. Articular una política en este terreno presupone intentar conciliar valores e intereses a veces contrapuestos, repre-sentados por una pluralidad de actores individuales y co-lectivos, así como de institu-ciones públicas y privadas. En todo caso, una política migratoria coherente y digna de ese nombre debería apo-yarse al menos sobre tres pi-votes: un modelo de gestión de flujos (regulación del ac-ceso y condición de perma-nencia de los inmigrantes); una gestión de la integración y, por último, pero no menos importante, una política de codesarrollo con los países emisores de los flujos migra-torios. Esta caracterización ideal apenas se corresponde con la práctica más habitual: la política migratoria queda reducida en muchos casos a

un conjunto de medidas ju-rídicas y administrativas que pretenden regular las condi-ciones de entrada y de estan-cia de los extranjeros en un determinado territorio.

Aquellas sociedades que en un corto espacio de tiempo han pasado de ser sociedades de emigrantes a sociedades de inmigrantes, como sucede en los estados del Sur de Eu-ropa (especialmente España y Italia y, en menor medida, también Portugal y Grecia), se ha de proceder a una rein-vención de sus patrones de integración y, a la postre, de su propia autoconciencia como comunidad política. A diferencia de lo que suce-de en otras regiones euro-peas con mayor experiencia en esta materia, estos países carecen de los mecanismos institucionales y del necesa-rio rodaje administrativo en lo referente a la regulación y gestión interna de la inmigra-ción. Estas carencias pueden resultar explicables porque los procesos de acomodación son de largo recorrido y no caben improvisaciones. La circunstancia de que hasta fechas muy recientes la inmi-gración no tuviese un impac-to real en la vida de algunas sociedades, podría tener al menos una ventaja que ha-bría de ser aprovechada por los políticos y gestores de esos países, a saber: mirarse en el espejo de lo ya realizado en otras latitudes no tan le-janas y analizar las causas de los errores cometidos y de los logros obtenidos. Lo cierto, con todo, es que no existe en ningún lugar un modelo de

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Desafíos políticos De los países De inmigración

tratamiento de los flujos mi-gratorios que resulte comple-tamente ejemplar, de modo que siempre será necesario innovar a la hora de diseñar y poner en marcha ulteriores propuestas. Incluso, socie-dades con notable bagaje en la gestión de la inmigración aún no han terminado de procesar esos cambios, como se muestra en los múltiples problemas de adaptación e integración que experimen-tan en mayor o menor medi-da casi todos los países de la Europa Central y del Norte, en donde con frecuencia las segundas y terceras genera-ciones de inmigrantes po-nen en entredicho modelos de gestión de la inmigración que hasta hace poco parecían consolidados.

migraciones internacionales y Dimensión global De la JusticiaLa gestión política de la cues-tión migratoria tiene a veces, como ha advertido Saskia Sassen, el extraño efecto de renacionalizar la política cotidiana: “Cuando se trata de inmigrantes y refugiados (...) el Estado reclama todo su antiguo esplendor afir-mando su derecho soberano a controlar sus fronteras”.19 Las políticas migratorias son, en gran medida, el re-curso que utilizan muchos estados para hacer creer a sus ciudadanos que tienen poder, cuando en realidad lo están perdiendo. En el trata-miento de estas cuestiones se vuelve a aquella concepción política tradicional, según

la cual se considera incum-bencia privativa e irrenun-ciable de la soberanía estatal la misión de definir quiénes pertenecen al cuerpo políti-co. En realidad, se entiende mucho mejor el sentido de los actuales procesos de glo-balización si se les considera como procesos de desnacio-nalización que avanzan en la configuración de un escena-rio mundial unificado. Por ello, en un mundo crecien-temente globalizado, esta tendencia renacionalizadora no puede ser enjuiciada, sino como algo extemporáneo, y más aún si se tiene en cuenta que, como se indicaba al ini-cio de este artículo, el siste-ma migratorio internacional está cada vez más mundia-lizado y sus efectos se dejan sentir en cualquier región del planeta por muy remota que parezca.

La insistencia de ciertos sectores sociales y grupos de presión en implantar políti-cas migratorias restrictivas, que a la postre devienen en un intento imposible de controlar, cerrar e incluso blindar las fronteras (como se observa no sólo en USA, sino también en la denomi-nada fortaleza Europa), res-ponde a una comprensión de los flujos migratorios como si en definitiva obede-cieran a una dinámica unila-teral procedente del exterior y no a una compleja red de relaciones multilaterales –transnacionales- de carác-ter no sólo económico, sino también sociocultural. Ante la dimensión mundial alcan-zada por los flujos migrato-

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Juan carlos Velasco

rios, se impone con fuerza la necesidad de recuperar una perspectiva global y com-pleja de los procesos desen-cadenados por los mismos.

La oportunidad e inclu-so la necesidad de ampliar el punto de vista desde donde examinar las cuestiones socia-les en su complejidad y mul-tiplicidad se ha ido abriendo paulatinamente entre los cultivadores de las ciencias sociales y la filosofía política y moral. Hoy es difícil que se tilde de excentridad la con-sideración, por ejemplo, de que los problemas ecológicos atañen a la humanidad en su conjunto. Se ha tomado conciencia de que todos ha-bitamos un solo mundo, tal como tituló el filósofo mo-ral Peter Singer su contun-dente y provocador ensayo sobre una ética adecuada a la era de la globalización. La adopción de una perspectiva meramente estadocéntrica resulta inadecuada, como señala este autor, para abor-dar los complejos problemas del mundo contemporáneo: “A medida que más y más cuestiones demandan cada vez más soluciones globales, disminuye la medida en la cual cualquier Estado puede determinar su propio futuro por sí mismo”.20 Si los diver-sos estados buscan de manera individual soluciones a los conflictos y problemas ge-nerados por la inmigración, éstas encallarán dentro del reducido marco de actuación del Estado nacional. Hace ya tiempo que no existe ningún Estado realmente aislado y

eso sucede a pesar del progre-sivo perfeccionamiento del control de las fronteras. La porosidad de las fronteras es una manifestación más de la progresiva erosión de la sobe-ranía estatal: el nexo político y jurídico entre soberanía y territorio se ha visto cuestio-nado por la multiplicación de poderes y ordenamientos su-pranacionales, así como por los nuevos circuitos globales de producción y de intercam-bio de capitales. El mundo se ha convertido en uno solo, de un modo casi irrevocable y, en consecuencia, los problemas se han de definir como con-flictos globales o al menos en clave transnacional, pues ese es el único modo de que las posibles soluciones incidan en el marco de actuación real de los conflictos.

La propia naturaleza in-ternacional de los flujos de personas, la interrelación de las sociedades nacionales y la conveniencia de comparar experiencias de gestión de la inmigración, entre otros factores, impulsan el cambio de la mentalidad dominante. En lo referente a las migra-ciones, cada vez resulta más acuciante la necesidad de disponer de un marco nor-mativo adaptado a un mundo globalizado. Si en las ciencias sociales ya se ha producido en cierta medida este cambio de orientación, no cabe decir lo mismo en el ámbito de la teoría de la justicia, que hasta fechas muy recientes seguía adoleciendo de un enfoque fundamentalmente focaliza-do en el interior de los már-

genes del Estado. La teoría de la justicia que hoy en día goza de mayor predicamento -la propuesta en su día por John Rawls- contiene enor-mes lagunas que se ponen de manifiesto cuando se intenta implantarla más allá de los límites de los estados cons-tituidos. No obstante, en las últimas dos décadas, relevan-tes filósofos políticos y teó-ricos sociales han mostrado su insatisfacción con las re-flexiones de Rawls acerca de las relaciones internacionales y se reclaman partidarios de aplicar con mayor coheren-cia su pensamiento político en este ámbito. Entre tales autores de carácter liberal-igualitario y cosmopolita ca-bría citar a Brian Barry, Hen-ry Shue, Martha Nussbaum o Thomas Pogge. Con estos mimbres, y con especial refe-rencia a este último autor,21 que busca el modo de dar respuesta al grave problema moral de la desigualdad en el planeta, se han ido dando pasos significativos en la ela-boración de una teoría cos-mopolita de la justicia que permita que asuntos como los relativos a los flujos mi-gratorios sean considerados desde esa perspectiva mucho más integral.

La división política del planeta sirve con frecuencia de soporte normativo a dis-tribuciones injustas de los re-cursos y oportunidades bási-cas que pueden disfrutar los individuos. Este escandaloso reparto de bienes y recursos entre los diversos pueblos del planeta en absoluto resulta

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Desafíos políticos De los países De inmigración

una cuestión ajena a la in-tensidad que las migraciones internacionales han alcanza-do en nuestros días. Por su propia naturaleza suprana-cional, en esta materia cada vez resultan más perentorias la definición y la puesta en marcha de mecanismos de cooperación interguberna-mental, así como la articula-

ción de medidas realmente redistributivas. Siendo todo ello sumamente importante, existe una cuestión central que una teoría de la justicia no puede obviar, ni tampoco dar por sentada: es la pregun-ta por quiénes son los sujetos cuyo bienestar tiene que ser asumido como criterio de-terminante en última instan-

cia. Y con la pregunta por los sujetos está asociada también la referente a los confines fí-sicos que los delimitan. De ahí que asimismo el control de las fronteras, el acceso a la ciudadanía y, en general, las políticas migratorias hayan de ser replanteadas desde la perspectiva de una noción global de la justicia. c

1. Las repercusiones de las migraciones en los países emisores abarcan facetas muy diversas de la vida social. Por centrarse tan sólo en el ámbito económico, las más evidentes son las propiciadas por las remesas que los emi-grantes envían a sus allegados. Su relevancia no puede ocultarse: “Las remesas son el principal mecanismo para transferir recursos del país vecino rico al pobre. Algo que también es cierto a escala global, donde hoy las remesas son el principal trasvase de riqueza entre el mundo desa-rrollado y los países precarios” (Íñigo Moré: La vida en la frontera, Marcial Pons, Madrid, 2007, pág. 84).2. Aristide Zolberg: “Las migraciones internacionales desde una perspectiva política”, en Zona Abierta, Nº 116/117 (2006), págs. 26-27.3. Me he ocupado in extenso de esta cuestión en otro lu-gar: Juan Carlos Velasco, “Estado nacional y derechos de los inmigrantes. Sobre la redefinición de la ciudadanía”, en Arbor, Nº 713 (2005), págs. 41-52. Mantengo ade-más un foro permanente de discusión sobre ésta y otras cuestiones conexas en el blog Migraciones. Reflexiones cívicas: http://weblogs.madrimasd.org/migraciones.4. En general, los procedimientos de naturalización res-ponden a los principios del ius soli y el ius sanguinis o a una combinación de ambos. No obstante, poco a poco se ha ido abriendo paso el denominado ius domicilii. De acuerdo con este principio, muchos estados conceden la ciudadanía a quienes residen en el país por un periodo de tiempo determinado. Lo importante ya no sería en dónde se nace o de quién se nace, sino en dónde se ha optado residir (cf. Rainer Bauböck: “Migración y ciudadanía”, en Zona Abierta, Nº 116/117 (2006), págs. 158-159).5. A. Zolberg, op.cit., págs. 40-41.6. Quien primero acuñó este término fue Tomas Hammar (Democracy and the Nation State. Aliens, Denizens and Citizens, Aldesrshot, Avebury Press, 1990).7. Como tal, se suele señalar la obra del sociólogo britá-nico Thomas H. Marshall: Ciudadanía y clase social, pu-blicado originariamente en 1950 (v.esp. Alianza, Madrid, 1998). Desde el entendimiento de que la ciudadanía constituye una plataforma para el ejercicio de toda una amplia gama de derechos, este sociólogo británico distin-guió tres dimensiones de la misma configuradas por los

respectivos conjuntos de derechos de carácter civil, polí-tico y social. La evolución de la ciudadanía se daría por la adición consecutiva de estas tres dimensiones.8. Cf. Yasemin N. Soysal: Limits of Citizenship: Mi-grants and Postnational Membership in Europe, Univer-sity of Chicago Press, Chicago, 1994.9. Samuel P. Huntington: ¿Quiénes somos?, Paidós, Bar-celona, 2004, pág. 241.10. Rainer Bauböck: “Cómo transforma la inmigración a la ciudadanía”, en G. Aubarell y R. Zapata (eds), In-migración y procesos de cambio, Barcelona, Icaria, 2004, págs. 197-214.11. Cf. Will Kymlicka: Fronteras territoriales, Trotta, Madrid, 2006, pág. 36.12. Cf. W. Kymlicka, op.cit., pág. 45.13. Cf. Phillip Cole: Philosophies of Exclusion. Libe-ral Political Theory and Immigration, Edinburgh U.P., Edimburgo, 2000.14. Íñigo Moré, op.cit., pág. 15.15. Cf. Michael Walzer: Las esferas de la justicia, FCE, México, 1983, capt. 3.16. Cf. Joseph Carens: “Aliens and Citizens: The Case for Open Borders”, en Review of Politics, vol. 49 (1987), págs. 251-273; e “Inmigración y justicia”, en Isegoría, Nº 26 (2002), págs. 5-27. Contra Walzer se posiciona también con buenos argumentos Seyla Benhabib: Los derechos de los otros. Extranjeros, residentes y ciudadanos, Gedisa, Barcelona, 2005.17. Debido en gran parte a escritos como los de Sartori (La sociedad multiétnica, Taurus, Madrid, 2001) o al ya citado de Huntington se ha vuelto re-situar en términos identitarios cuestiones como la ciudadanía o la gestión de la inmigración.18. S. Huntington, op.cit., pág. 216.19. Saskia Sassen: ¿Perdiendo el control? La soberanía en la era de la globalización, Bellaterra, Barcelona, 2001, pág. 73.20. Peter Singer: Un solo mundo. La ética de la globali-zación, Paidós, Barcelona, 2003, pág. 211.21. Entre la amplia bibliografía de este filósofo alemán afincado en USA, resulta representativa una de sus últi-mas publicaciones: La pobreza en el mundo y los dere-chos humanos (Paidós, Barcelona, 2005).

Notas

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Soluciones conjuntas,

no unilaterales

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Manlio fabio Beltrones

omo fenómeno social, la migración puede ser sujeta a control, adaptación y modifi-cación; pero hay que conocer de manera profunda sus fuentes y comprender sus dinámicas para encontrar soluciones inte-grales. Esto es, convenientes para las partes involucradas, respetuosas de los derechos humanos y que no pierdan de vista que de-trás de este fenómeno hay miles de vidas involucradas; no sólo las de aquellos que deciden migrar, sino las de todas las fami-lias que quedan fracturadas.

Diferenciar entonces la migración es tarea sustancial para la definición de políticas públicas. Desafortunadamente, en América Latina y en particular en México nos hemos convertido en expulsores de personas que deciden irse producto de la pobreza y la falta de opciones para proporcionar el mínimo nivel de sustento a sus familias, así como de personas jóvenes con alta prepa-ración académica que, en sus años más productivos, se marchan porque no encuentran las posibilidades adecuadas para continuar su desarrollo dentro de nuestras fronteras. Es así que enfrentamos un reto mayúsculo que, si bien tiene un origen primordialmente socioeconómico, exige políticas y decisio-nes con matices profundamente distintos.

La migración humana es un tema complejo. La complejidad de este fenómeno radica en los diversos factores que se reúnen para darle origen; entre ellos, el económico, el político y el cultural. Dichos factores, además, no se re-fieren únicamente a las realidades nacionales específicas, sino que interactúan al menos dos: la realidad del país expulsor y la realidad del país receptor. Es justamente esa interacción de elementos la que determina la intensidad y el tipo de migración, así como las formas adecua-das de abordarla.

◆◆◆

introducción

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Manlio faBio BeltroneS

antecedenteS Los altos diferenciales observados entre los salarios pagados en Estados Unidos respecto a los que se cubren en México representaron de manera permanente a lo largo del siglo pasado, un fuerte incentivo para los flu-jos migratorios de nuestro país hacia Estados Unidos, conformados por conglomerados de trabajadores mexicanos que no encontraban acomodo en la planta productiva nacional o que, aun encontrándolo, les resultaba insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una familia. Ávida la economía de esa nación de disponer de mano de obra a bajo costo para complementar la escasez relativa de trabajadores locales -en especial en el periodo de posguerra- e incluso para cubrir labores a menudo desdeñadas por los estadounidenses, la migración de trabajadores mexicanos no sólo se toleró, sino que se promovió a través de acuerdos bilaterales vigentes durante diferentes periodos.

Ciertamente, se trataba en una alta proporción de trabajo no calificado, que se colocaba fundamentalmente en el sector primario de aquella econo-mía, a cuyo apuntalamiento, en la segunda mitad del siglo XX, contribuye-ron cientos de miles de mexicanos. La migración temporal, y a veces definiti-va de muchos mexicanos, reducía la presión sobre nuestra economía que, con todo y su elevado promedio de crecimiento de 5% o 6% anual, no estaba en posibilidades de asimilar esa cantidad de mano de obra.

El fenómeno migratorio era entonces manejable, al existir una coinciden-cia en las demandas y ofertas dentro de la estructura del mercado laboral. En ese momento, la vertiente migratoria no documentada era incluso soslayada, ante las exigencias planteadas por el desarrollo acelerado de Estados Unidos y el crecimiento demográfico de México.

Esa situación, que ya denotaba incapacidades estructurales de nuestro país para incorporar a cantidades masivas de trabajadores, dejó de encon-trar posibilidades de acuerdo y solución conjunta con Estados Unidos, primero gradualmente y luego de manera más drástica hacia mediados de la década de los 80, cuando adquiere vigencia plena el fenómeno de la globalización y se propicia desde los países desarrollados el cambio de paradigma en las relaciones económicas y comerciales entre países y re-giones. Este cambio de paradigma que resultó en el llamado neolibera-lismo, fue el que permitió a las corporaciones sustituir al Estado como el eje rector de la economía, además de que elevó y difundió el principio de competitividad a nivel mundial, como la mejor manera de fomentar el desarrollo de todos los países del mundo. En este contexto, el factor productividad comenzó a depender cada vez más del factor capital en detrimento del factor trabajo, sufriendo este último un desplome signifi-cativo, producto del avance de la ciencia y las innovaciones tecnológicas en todos los sectores económicos.

Fue a partir de entonces cuando, aunado a la baja en la demanda de mano de obra no calificada, comenzaron a implantarse en Estados Unidos medidas para contener la migración, entre las cuales surgieron actitudes xe-nofóbicas que hicieron más difícil, cara y riesgosa la incursión del migrante mexicano a ese país, sin que por ese hecho hayan disminuido los flujos; en parte por la propia porosidad de más de 3 mil kilómetros de frontera que México comparte con aquel país, pero sobre todo porque en México no lograron combatirse en su raíz las causas estructurales del fenómeno: la po-

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SolucioneS conjuntaS, no unilateraleS

breza, el bajo poder adquisitivo del salario, la disparidad en la distribución del ingreso y el bajo dinamismo de las actividades productivas a lo largo del territorio y de los diferentes sectores económicos. Aun así, es de señalarse que en el último lustro del siglo XX se registraron índices de crecimiento del orden de 3.8% anual en promedio, tasas de desempleo abierto (TDA) que no rebasaban el 1.5% de la población económicamente activa (PEA) y un descenso en la tasa de crecimiento de la población que pasó en sólo dos décadas de 3% a 1.5%.

Por otro lado, en reciprocidad a la importancia que le otorgamos a la mi-gración de nuestros connacionales hacia Estados Unidos, es imprescindible hablar de la migración creciente hacia México, proveniente sobre todo de países de Centroamérica y el Caribe, pero también de otras naciones de Sudamérica. Durante las dos últimas décadas del siglo pasado, se añadió a las causales socioeconómicas de América Latina un fuerte factor de ines-tabilidad política en la región, entre las cuales se encontraban guerrillas, dictaduras o persecuciones que propiciaban flujos de personas, familias o comunidades enteras, en ocasiones de manera regulada por la Comisión Mexicana de Atención a Refugiados (COMAR), pero en muchas otras, por medio de incursiones clandestinas frente a las que el Gobierno mexi-cano carecía de los mecanismos y elementos suficientes para la supervisión adecuada de las zonas fronterizas.

Desde los años 90, con una región políticamente más estable, los cons-tantes flujos hacia México han sido fundamentalmente de tipo económi-co, y consisten de personas que en su mayoría buscan llegar a Estados Unidos, aunque muchas veces se establecen en nuestro país, ya sea por-que no logran cruzar la frontera estadounidense o para emplearse como jornaleros agrícolas en fincas mexicanas de las entidades colindantes con Centroamérica.

Cualesquiera que sean las razones de ese tránsito, lo cierto es que al igual que nuestros compatriotas migrantes hacia Estados Unidos, padecen severas violaciones en sus derechos humanos y corren riesgo de deceso, tráfico de personas, explotación sexual o abusos de autoridad.

la convergencia del incremento en la migración con el deterioro de otros indicadores socioeconómicosComo ha documentado el Consejo Nacional de Población, los flujos mi-gratorios hacia Estados Unidos se incrementaron sustancialmente en los últimos 10 años, pero de manera exponencial a partir del año 2000, justo cuando comienzan a dispararse al alza o a la baja otros indicadores so-ciales, sin duda fuertemente asociados a aquel fenómeno. Nos referimos sobre todo a la caída en el crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB), a la elevación de la tasa de desocupación abierta (TDA) y al número de mexicanos en situación del subempleo; así como del ago-tamiento de una estrategia de combate a la pobreza que, habiendo sido concebida para otro momento y circunstancia, y sin que se le hayan in-corporado cambios sustanciales, ha agotado al parecer su efectividad, ha-biendo llegado a un punto en el que podría presentar retrocesos a la luz de los magros resultados de los últimos años, que no reflejan una proporción razonable con los volúmenes crecientes de recursos que se le han destina-do (CEPAL, 2007).

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Manlio faBio BeltroneS

… en el periodo 1996-2005 en programas de combate a la pobreza se pasó de 8.5% a 10.2% del PIB; en salud, de 2.2% a 2.5%; en seguridad y asistencia social, de 1.5% a 2.2%; en vivienda, de 1.3% a 1.8%; y en educación, de 3.7% a 3.8%...” aumentos que sumados representan cientos de miles de millones de pesos que no impactaron proporcionalmente a su monto...

Antes de entrar a analizar con más detalle el fenómeno de la migración conviene detenernos de manera breve precisamente en esas que son sólo algu-nas de las causas que han impactado su comportamiento en los últimos años. Está documentado que la política de combate a la pobreza, implantada desde el inicio de los 90 y sostenida con matices a lo largo de la década por dos go-biernos sucesivos, seguía contribuyendo a la disminución del número de fa-milias y personas en situación de pobreza, en cualquiera de sus modalidades, como luego se les catalogaría1: alimentaria, de capacidades y patrimonial.

En años subsecuentes, es decir entre el 2000 y el 2006, aunque los índices de pobreza siguieron bajando, lo hicieron a un ritmo mucho menor del que se había venido sosteniendo. La siguiente tabla da cuenta del comportamien-to de la política de combate a la pobreza en los últimos 11 años para los que se dispone de información oficial (CONEVAL-SEDESOL, 2007).

Siendo relevantes los índices de disminución, son pertinentes sin embar-go algunos señalamientos. Algo que las frías cifras por sí solas no muestran es que la diferencia entre cada uno de los niveles puede ir desde un peso hasta un salario mínimo, por lo que el paso de uno al siguiente pudiera significar sólo una mejoría relativa. Destaca también que aún se encuentran en situación de pobreza 46 millones de mexicanos2, el equivalente al 43% de la población, con ingresos máximos de 2 salarios mínimos, insuficientes para sufragar en su totalidad necesidades familiares y por ende, acicate para considerar la emi-gración como una alternativa.

Sin embargo, lo que más atrae la atención es el hecho de que, aunque la tasa de pobreza ha continuado a la baja, su ritmo de disminución en el último lustro ha sido mucho menor que en los 5 primeros años: sólo de 7.4% entre 2002 y 2006, frente al 19% alcanzado en el periodo 1996-2000. También sobresale que, mientras la pobreza alimentaria y la de capacidades disminu-yeron casi 50% en esos años, la patrimonial sólo lo hizo en 18%.

Existen también otras valoraciones cualitativas provenientes de la aca-demia (Esquivel-Hernández, et. al., 2006), que conviene puntualizar para apreciar los valores de la tabla anterior en su real significado. Como señalan los autores:

caracterización 1996 1998 2000 2002 2004 2005 2006de la pobreza % % % % % % %alimentaria 37.4 33.3 24.1 20.0 17.4 18.2 13.8de capacidades 46.9 41.7 31.8 26.9 24.7 24.7 20.7Patrimonial 69.0 63.7 53.6 50.0 47.2 47.0 42.6

elaboración propia con base en datos de Sedesol

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… Aunque hay avances en la lucha contra la pobreza extrema, su nivel está apenas por debajo del prevale-ciente antes de la crisis 1994-1995…; … La disminución en la pobreza urbana no es estadísticamente significa-tiva…; … Su combate ha sido tardío y con pocos resul-tados…; … Las evaluaciones oficiales han caído en la autocomplacencia…; …Más allá de algunos logros en educación y salud se desconocen cuáles serán los efectos de las políticas a mediano plazo…; … Las percepciones de los beneficiarios sobre los programas no son positivas: más de 50% opina que atenúan la pobreza sin resolver problemas de fondo….

Apuntan también que la diferenciación con la que se dan los apoyos au-menta las desigualdades entre los pobres, perjudicando a los hogares que no tienen miembros en edad de estudiar y a los más numerosos; que las evalua-ciones adolecen de falta de objetividad por ser la misma institución respon-sable de implantar la política, la que contrata a los evaluadores; y cuestionan la eficacia de la misma, su ineficiencia porque frente a sus resultados, sus cos-tos administrativos son altos y crecientes; consideración esta última que es compartida por la CEPAL cuando puntualiza en su informe más reciente (CEPAL, 2007), que el combate a la pobreza en México “… Ha sido muy costoso, desproporcionado entre los recursos que se le destinan y los resultados producidos…”.

Tras los pobres logros de los últimos años en el combate efectivo de la pobreza subyacen, como se señalaba, una clara falta de imaginación para ir adecuando la política a las cambiantes condiciones que se han presentado úl-timamente; el no aceptar que el esquema seguido ya se agotó, y que las trans-formaciones registradas han sido más de forma que de fondo, ante lo que la realidad exige. Pero no sólo ello ha sido determinante en la disminución de resultados, sino también las serias desviaciones con las que dicha política se ha implementado en estos años al ponerse al servicio de encubiertos objeti-vos electorales que desvirtúan sus propósitos explícitos. De esto último hay fuertes indicios, documentados también por instituciones académicas inde-pendientes que permitieron confirmar, parcialmente al menos, algunas de las conjeturas que se externaban en ese sentido desde diversos ámbitos

En efecto, gracias al estudio denominado “Monitoreo de programas so-ciales en contextos electorales” (BERUMEN, CIESAS, COLMEX, FUN-DAR Y PROBABILÍSTICA, 2006)3, que se realizó con el fin de evaluar la existencia o no de alguna relación entre datos electorales y los niveles de gasto en algunos programas seleccionados (Oportunidades, Abasto social de leche, Apoyo alimentario, Adultos mayores y Fondo de aportaciones para infraestructura social municipal), se alcanzaron hallazgos importan-tes, de los cuales cabe destacar los siguientes: ofertas de incorporación a programas a cambio del voto; irregularidades en la actuación de agentes operativos de programas en el manejo de padrones con fines electorales, y

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un contexto propicio a una visión utilitaria del voto: éste como una mer-cancía para intercambiarse por beneficios (por razones de pobreza o debi-do a una marginal participación estructurada de las comunidades). En el fondo de ello, prevaleciendo una perversión de los principios de la política social al codificarse implícitamente a las personas y familias a partir de un trato de entes pasivos objeto de los programas existentes, no como porta-dores de derechos sociales4.

Lo más grave es que, teniendo acceso a esas evaluaciones a partir del in-forme de resultados entregado a las autoridades, ni el gobierno saliente ni el actual hayan dado muestras de una reestructuración radical de la política de combate a la pobreza, condenada a seguir operando inercialmente en un contexto totalmente ajeno al que definió sus propósitos originales. De he-cho, como también ha sido documentado por otros estudios (MENDOZA, et. al, 2008):

… A lo largo del documento oficial de la estrategia (Vi-vir Mejor, 2007)… No se establecen límites claros a las metas que se proponen alcanzar con cada programa… O se les deja de manera abierta y difusa. Cuando no, resultan demasiado ambiciosas a la luz de la tendencia en los avances y, sobre todo, de la magnitud de los re-zagos… Con excepción del Programa Alimentario para Zonas de Atención Prioritaria (PAZAP), que inicia este año, en general la estrategia de “Vivir Mejor”, retoma los programas sociales ya existentes… Así concebida, a base de generalizaciones, la nueva política social no in-corpora fórmulas innovadoras que ataquen las causas estructurales de la desigualdad y la pobreza, ni presenta vínculos claros con una posible reorientación de la polí-tica económica...

Existen otros factores que han incidido en la explosión de los índices migratorios además de la fallida política de combate a la pobreza. El prin-cipal sin duda, es el bajo nivel de crecimiento económico entre los años 2000 y 2006, de apenas 2.3%, con periodos en los que incluso se registró decrecimiento. En lo que va de la presente administración, nuevamente tenemos una tendencia a la baja, ya que luego de haberse reposicionado el PIB en el año 2006 en 4.8%, cayó en el 2007 a 3%, y seguirá haciéndolo en el actual, pues los pronósticos más optimistas lo sitúan en 2.6% al concluir el año.

en la pasada administración: 2001-2006 ProMedio del Periodo2001 2002 2003 2004 2005 2006-0.2% 0.8% 1.4% 4.2% 3.0% 4.8% 2.34%

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Considerando, como lo estiman para México diferentes agencias inter-nacionales5, que al aumento de 1% en el PIB corresponde en promedio la generación de alrededor 200 mil empleos en la economía formal, es expli-cable que el déficit acumulado en estos años, que vino a sumarse al que ya existía, se haya manifestado en que las tasas de desocupación abierta -aun con lo cuestionable que resulta la metodología empleada para su estimación- se hayan más que duplicado en el periodo (INEGI-STPS), afectando más a las mujeres, pero sobre todo a los jóvenes en edades que van de los 14 a los 29 años, independientemente de su nivel de escolaridad -y en ocasiones más a los de mayor preparación-, entre quienes la tasa de desocupación llega a ser del doble de la de otros grupos erarios. Este sector es especialmente proclive a emigrar ante el cierre de horizontes.

Aunado a ello, existen incrementos notables de trabajadores de diferentes edades en la economía informal, en situaciones de precariedad laboral por la falta de seguridad en el trabajo y la ausencia casi absoluta de prestaciones sociales. Aunque de acuerdo con cifras oficiales el porcentaje de la PEA que se desempeña en este sector6 se ha mantenido más o menos constante, entre 26% y 28%, en términos absolutos ha crecido el número de subempleados hasta alcanzar los 12 millones de personas, debido a que ya comienza a expe-rimentarse un relevo generacional en el mercado laboral y a que el grupo eta-rio de los 14 a los 29 años crece proporcionalmente más que los restantes.

De la mano con un raquítico crecimiento de la economía y con tasas cre-cientes de desempleo y de subempleo, está el correlato en la distribución del ingreso que prácticamente ha permanecido estancado en los últimos años, en un punto de muy alta disparidad entre los pocos que concentran la pro-porción más alta del mismo y los muchos que acceden sólo a una parte muy pequeña de él, como lo muestran los más recientes indicadores, en los que los avances respecto a los últimos años son sólo marginales (INEGI-STPS).

Así lo confirma la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos en los Hoga-res 2006 (INEGI, 2007), conforme a la cual la quinta parte de la población mejor situada accedió en ese año al 51.5% del ingreso total, en tanto que el 20% de la más pobre sólo alcanzó el 4.9% del mismo. La mejoría en la redis-tribución fue tangencial, si se toma en cuenta que en el año 2000 los quintiles más rico y más pobre tuvieron acceso, respectivamente, al 54.6 y 4.2%; dis-tribución muy inequitativa que prácticamente se mantuvo y que también se corrobora con otro indicador, el Coeficiente de Gini7 que, como se aprecia a continuación, no mostró mejora sustancial alguna. Ello no obstante que, de acuerdo con información del Banco de México, el ingreso per cápita sí aumentó en 19% en esos años.

Han sido entonces, el pobre desempeño económico, la falta de una reestructuración en la política hacendaria, las altas tasas de desempleo y subempleo, un comportamiento decreciente en los resultados del comba-te a la pobreza, la marcada inequidad en la distribución del ingreso y, sin duda, la evidente desarticulación entre la política social y la de desarrollo

coeficiente de Gini

2000 2002 2004 2005 2006 0.523 0.499 0.492 0.501 0.490

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económico, las razones que explican en gran medida, los elevados índices de migración de nuestros compatriotas a Estados Unidos, en la búsqueda de oportunidades que aquí hacen falta. Todo esto, aunado a los procesos culturales y a las dinámicas sociales inherentes al fenómeno de la globaliza-ción, acentúa las dinámicas migratorias que existen entre los países en vías de desarrollo y los desarrollados, pero también entre iguales y al interior de las naciones.

Como se señalaba, hasta antes del año 2000 y a lo largo de la década de los 90 la migración, si bien era constante, no rebasaba números anuales de 200 o 250 mil personas. A partir de ese año se marca un salto cuántico, para situarse en 400 mil personas con aumentos constantes y progresivos hasta llegar al año 2007, en el que se registraron 575 mil personas que salieron del país (CONAPO). En promedio, a lo largo de esos ocho años, se dirigieron a Estados Unidos de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, 425 mil personas al año, calculándose que en el periodo habrían emigrado entre 3.5 y 4 millones de mexicanos.

Resulta relevante destacar estas cifras, porque este fenómeno de emigración está incidiendo, indudablemente, en las estadísticas de reducción de la pobreza dentro de nuestro país. Asimismo, las cifras resultan impactadas porque uno de los factores que ha ayudado en la disminución de la pobreza es el creciente envío de remesas familiares asociado al fenómeno de la migración. En otras pa-labras, hay factores que inciden más en la reducción de la pobreza que la actual política social diseñada e implementada para su combate. Remesas, migración, y los efectos económicos y sociales del último fenómeno, resultan de tal impor-tancia que ameritan un análisis más detenido en sendos apartados siguientes.

la migración y las remesas familiares Históricamente las remesas enviadas desde Estados Unidos por los migrantes a sus familias, han sido fuente de alivio para muchas en sus lugares de origen e incluso para reactivar actividades productivas en pequeño, en diferentes sectores económicos locales. Habiendo sido importantes, el éxodo creciente registrado en los últimos años las ha llevado al punto de convertir a México en el tercer país en cuanto a recepción de remesas, sólo por debajo de China e India, y el primero en el hemisferio. De ello habla el hecho de que se hayan constituido en la segunda fuente de captación de divisas para la economía, sólo por abajo de lo que representan las provenientes de ingresos petroleros; pero por arriba de otras fuentes receptoras tradicionalmente significativas para equilibrar la balanza comercial con aquel país, tales como la inversión extranjera y el turismo.

En efecto, en coincidencia con el incremento masivo de los flujos migra-torios, la captación de divisas por remesas prácticamente se cuadruplicó en los últimos ocho años al haber pasado de 6 mil 500 millones de dólares en el 2000 a 24 mil millones en 2007 (BANXICO). Sin embargo, más allá de los beneficios tangibles que tienen en la economía familiar y en la dinamización de las economías regionales, son producto igual que la migración, de políti-cas erráticas en lo económico y lo social, que no ofrecen las oportunidades que se requieren. Es entonces, cuando resulta cuestionable y aun ofensivo que implícitamente se les presente como un logro de las políticas públicas o que se sobredimensione su importancia, sin una mínima autocrítica sobre lo que subyace a ese nuevo puntal de la economía.

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En todo caso, migración y remesas resuelven en buena medida necesi-dades de las familias y revitalizan algunas comunidades, si bien es sólo una mínima proporción de ese ingreso la que se ahorra para reconvertirse en in-versión o en proyectos productivos, destinándose al consumo la porción más significativa de las mismas. Por lo demás es previsible que a partir de este año se presente un punto de inflexión en su tendencia para iniciar a la baja, debido a diferentes motivos. Uno de ellos la propensión que se observa a la reunificación familiar en el extranjero; pero sobre todo, por el creciente en-durecimiento de las políticas de combate a la migración en el país vecino.

Está, por otro lado, vinculado directamente con las remesas, un asunto que habrá que atender con mayor determinación en lo inmediato: las altas comi-siones que continúan cobrando intermediarios financieros de Estados Unidos y de México por la recepción, envío y pago de remesas. Algo se avanzó última-mente para bajar dichas comisiones de 10% a 4% en promedio (PROFECO, 2008), pero siguen siendo sin duda muy altas, sobre todo porque afectan a uno de los grupos más vulnerables de la población como lo son los migrantes, que cubren una comisión al momento de depósito, como lo son también sus fami-lias, las que en ocasiones sufren descuentos al cobro de los envíos o porque salen perjudicadas por los diferenciales en el tipo de cambio.

Además de ello, en lo que con frecuencia no se repara desde el Gobierno, está otra cara menos amable de la migración. De la mano con lo que signi-fican las remesas para la economía, está el hecho de que, desde hace no más de 10 años, ya no son únicamente los más pobres o con menos destrezas los que buscan en la migración y las oportunidades que aquí no encuentran, sino cada vez más, muchos de los mejor calificados, aquellos en los que el Estado mexicano invirtió cuantiosos recursos para la formación de capital humano, que pasan a incrementar producción y productividad para la economía de otro país. Se da así la paradoja de que México está subsidiando de manera indirecta a la economía más próspera del planeta.

Política científica y tecnológica como factor de migración.La llamada “fuga de cerebros” es una de las caras de la migración de la que poco se habla en nuestro país y, por lo tanto, pocas perspectivas se tienen sobre un problema que es grave para nuestro futuro. Si bien la mayor parte de los mexi-canos que emigran hacia otros países, principalmente hacia Estados Unidos, lo hace por pobreza, falta de capacitación y oportunidades para sostener a sus familias, cada vez es mayor el número de gente joven con preparación universi-taria y gran talento en diversos sectores, que se ve obligada a emigrar por la falta de oportunidades para un desarrollo profesional satisfactorio.

En este marco, México ha venido desperdiciando constantemente un fac-tor que tendrá poco tiempo de vigencia: el bono demográfico. Mientras que la mayor parte del mundo desarrollado enfrenta problemas con el envejeci-miento de su población, que se verá reflejado en carencia de mano de obra nacional, México cuenta hoy con un bono demográfico; es decir, que dentro de una generación tendremos la mayor cantidad de gente económicamente activa de las últimas décadas, y es algo que no se repetirá en muchos tiempo. A pesar de esto, no se ha diseñado una política que aproveche esta situación y que permita en un corto, mediano y largo plazos capacitar ampliamente a esta gente, para después impulsar su desarrollo y propiciar que sus conoci-mientos estén al servicio de nuestras necesidades y crecimiento.

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Es así que a través de becas, programas de colaboración internacional y políticas muy intensas de búsqueda de talentos por parte de países como Estados Unidos y muchos de Europa, se dan a la tarea de llevarse a nues-tros compatriotas más capacitados; en otras palabras, aquellos que pue-den marcar una verdadera diferencia en nuestro futuro. Al irse, terminan dejando todas sus ideas, conocimientos y creatividad dentro de fronteras ajenas a las nuestras, lo cual representa una pérdida inconmensurable para nosotros.

Esto no solamente tiene que ver con una política educativa integral, sino con una política de desarrollo económico de Estado. Es decir, la po-sibilidad de integrar la política educativa con la política económica para que toda la gente que está egresando de las universidades mexicanas año con año, tenga la posibilidad de integrarse a la vida económica del país, no sólo en calidad de empleados sino de gente innovadora, generadora de empleos y portadora de nuevos conocimientos que le den valor agregado a nuestra economía, y con ello, poder fortalecer nuestras cadenas produc-tivas a nivel global, al tiempo que se fortalezca el mercado interno para incrementar nuestro consumo y generar círculos virtuosos de crecimiento y desarrollo económico, así como de distribución de la riqueza. No puede ser sino a través de una política hacendaria, educativa y económica entrela-zada, que logremos retener a nuestro mejor capital humano para beneficio de nuestra sociedad.

Lamentablemente, en los discursos escuchamos la imperiosa necesidad de vincular al sector académico con el sector productivo en todas sus mo-dalidades para poner a México al día con el mundo y, sin embargo, esto no se ve reflejado cuando vemos lo complicado que es para estos sectores vincularse con el Gobierno y entre sí, ante la falta de políticas públicas orientadas al fortalecimiento de la ciencia como el factor productivo prin-cipal de la economía contemporánea. En ese sentido, urge la creación de regiones en donde la academia y la industria puedan convivir armónica-mente, respaldadas por gobiernos locales y el Gobierno federal, con obje-tivos claros de inserción exitosa en las cadenas globales, pero también con el objetivo primordial de incorporar nuestro capital humano al desarrollo nacional.

Asimismo, es urgente elevar el presupuesto destinado a ciencia y tecnolo-gía, con el fin de fortalecer nuestro sistema de investigación y desarrollo, para poder ofrecer mejores condiciones laborales y de vida a quienes dedican su tiempo a la investigación que se encuentra detrás de todos los desarrollos in-telectuales, científicos y tecnológicos que colocan a otros países a la vanguar-dia en el sistema económico actual. De no hacer esto pronto, la emigración de talentos será cada vez más intensa y más dañina para cualquier perspectiva de futuro nacional.

Progresividad en número e intensidad de riesgos asociados a la migraciónSi como se indicaba anteriormente la estrategia seguida para enfrentar la pobreza y la marginación resulta muy cuestionable a la luz de sus resulta-dos, sus insuficiencias y omisiones son mucho más ciertas tratándose de la atención del fenómeno de la migración. La desarticulación o inexisten-cia de programas se evidencia desde la parte preventiva, vertiente inexis-tente de hecho, para generar en las regiones, municipios y comunidades

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mayormente expulsoras -que se tienen adecuadamente identificadas- las oportunidades de empleo e ingreso para retener a los migrantes potencia-les. No alcanza a contenerse el fenómeno con medidas preventivas, pero al mismo tiempo resulta grave que no se haga nada para restituir en lo posible el tejido social altamente vulnerable ante el fenómeno migrato-rio, para ofrecer garantías mínimas de salud al mayor número de mujeres, niños y ancianos que quedan en total desprotección, al menos de manera temporal.

Otro tanto puede decirse de la inexistencia de medidas mínimas de pro-tección que acompañen al migrante en su tránsito hacia el país vecino, o en su retorno por las deportaciones que, por cierto, se han incrementado sus-tancialmente y que crecerán aún más por el endurecimiento de la política migratoria de aquel país. De hecho, existen algunos pronósticos en el senti-do de que no estaría lejano el tiempo en el que los retornos de compatriotas pudieran ser de la misma proporción a los flujos de ida de los últimos años. Y no existe la política o el más mínimo bosquejo de programa que pudiese hacer frente a eventuales retornos crecientemente masivos.

Con la inexistencia de políticas en ese sentido, se combinan en el lado es-tadounidense de la frontera e incluso en estados más situados hacia el norte, actitudes xenofóbicas que se traducen en persecución, intolerancia y expul-sión; en la criminalización del fenómeno migratorio y su tipificación como delito, antes que fuente de oportunidad para los empleadores, de disponer de mano de obra cada vez más calificada. De hecho la inseguridad y riesgos asociados a la migración ya se traducen en un crecimiento exponencial del número de decesos de mexicanos en su intento por trabajar en Estados Uni-dos, habiendo pasado en tan sólo 13 años, entre 1995 y 2007, de 61 a 827 el número de compatriotas que perdieron la vida; acumulando en ese periodo un total de 4 mil 827 decesos (La Jornada, 2008).

Hay otros riesgos de los que poco se habla, pero que son motivo de dramas muy localizados en las comunidades expulsoras. Uno de ellos el del VIH-Sida, que tiende a propagarse al retorno de muchos migrantes, por in-fecciones contraídas en aquel país (CANO, 2008); fenómeno que se presu-me estaría aumentado, pero para el cual las autoridades sanitarias no tienen una estrategia concreta ni un diagnóstico confiable que sitúe el fenómeno en su real dimensión. Otro más, el hecho de que conforme a estadísticas estadounidenses, se ha incrementado notablemente el número de compa-triotas recluidos en cárceles de aquel país. Está documentado (BROOKS, 2008) que después de la población de origen afroamericana, es el grupo latino el que ocupa el segundo lugar en incidencia de encarcelamientos y, que dentro de éste se encuentra la población mexicana, que representa una tercera parte de aquél.

Asimismo, está documentado por el Sistema Nacional para el Desa-rrollo Integral de la Familia (DIF, 2005) el crecimiento progresivo del

Muertes 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007en la frontera 61 149 358 387 417 516 827

fuente: la jornada, 2008

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número de niñas y niños migrantes y/o repatriados que cruzan o intentan cruzar la frontera bien, para emplearse en labores impropias a su edad y condición, o en su defecto con motivos de reunificación familiar. Al res-pecto hay esfuerzos tímidos por apoyar su repatriación segura, ordenada y libre de maltratos, pero resultan todavía insuficientes. No hay que ol-vidar que, por ser éste el más frágil entre los diversos grupos vulnerables, corren riesgos más severos como la explotación sexual comercial, la trata de personas o la venta de órganos. Es en todo el país, pero particularmen-te en la zona fronteriza, donde estos fenómenos tienden a exacerbarse (DIFb, 2000).

Por último, como ya se señalaba, riesgos parecidos corren los centro-americanos o sudamericanos y de países del Caribe que logran internarse en nuestras fronteras colindantes con América Central o a través de las zonas costeras de la región. Testimonios diversos de migrantes así lo con-firman, al señalar que no pueden distinguir si las vejaciones que sufren provienen del Ejército, de policías municipales o agentes de migración; y como lo han documentado diversas ONG’s como “Sin Fronteras”, son frecuentes las denuncias sobre los maltratos, vejaciones y abusos que los migrantes en tránsito sufren en territorio mexicano, que incluyen condi-ciones infrahumanas en los centros de detención o estaciones migratorias (CANOb, 2008).

De hecho, de las 48 estaciones migratorias existentes, sólo en 11 se cuenta con el apoyo de un médico; caracterizándose la mayor parte de ellas, por un total desmantelamiento o insuficiencia de equipamiento para funcionar de manera decorosa.

Como lo ha apuntado ”Sin Fronteras”, es común que en el marco de de-tenciones arbitrarias no se permita a los “asegurados” ningún contacto con abogados o gente de su confianza; que priven la falta de higiene y el hacina-miento no sólo en dichas estaciones migratorias, sino también en el principal centro de reclusión temporal de Tapachula e Iztapalapa. A ello se suman las crecientes denuncias de corrupción contra los agentes del Instituto Nacional de Migración, quienes además de no ser suficientes en número, no disponen del perfil o formación adecuados para la realización de las tareas bajo su res-ponsabilidad.

corolarioComo un fenómeno complejo, la migración no puede ser enfrentada de for-ma unilateral y mucho menos con fórmulas que pretendan amurallar a un país. Intentar algo así no sólo es una contradicción con los principios de li-bertad y derechos humanos con los que todos los países occidentales se han comprometido, sino sería ignorar la realidad que vive el mundo actual, en donde la comunicación y la movilidad son la principal fuente de dinamismo económico y cultural.

Tampoco podemos ignorar, ninguno de los países involucrados con los fenómenos migratorios, las causas que subyacen a estos procesos, y particularmente una: la profunda desigualdad que existe en los desarro-llos económicos de los países a nivel global, y de lo cual todos somos parcialmente responsables, incluyendo a los países industrializados. En este contexto, las soluciones tienen que ser exhaustivas, cooperativas y comprensivas.

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Es por ello, que creo firmemente en la necesidad de entablar un diálo-go constante que permita llegar a la construcción de acuerdos. En tanto no arribemos a una solución audaz y necesaria como lo es un acuerdo de libre movilidad de la fuerza laboral entre países socios y aliados, debere-mos trabajar intensamente en dos sentidos: 1) un acuerdo migratorio que regularice la situación de los trabajadores considerados indocumentados en Estados Unidos, y permita la existencia de trabajadores temporales en el futuro, y 2) que México cumpla sus compromisos en materia internacional para respetar los derechos de los inmigrantes que ingresan a nuestro país, para darles un trato digno y respetuoso como el que nosotros exigimos a nuestros vecinos del Norte.

Nuestro país está consciente de los retos que nosotros debemos cubrir para disminuir la intensidad del flujo migratorio, pues somos los primeros afectados por la pérdida de seres humanos, fuerza laboral y el desmembra-miento del tejido social que cada vez se refleja más en la vida diaria de todos los mexicanos. Sin embargo, también buscamos que Estados Unidos esté consciente de la necesidad de trabajar de manera conjunta en estos fenóme-nos y no de manera autoritaria y unilateral, pues hacerlo así sólo traerá más tensiones, que de ninguna manera reducirán los flujos y mucho menos garan-tizarán la seguridad interna. Los inmigrantes no son ni pueden ser tratados como delincuentes; siempre deberá prevalecer el respeto a los derechos hu-manos y a la dignidad de las personas.

Tal habrá de ser una cuestión fundamental a debate en el proceso elec-toral norteamericano actualmente en curso, pues tanto Barack Obama como John McCain habrán de requerir aportar soluciones en el ámbito migratorio. c

1. De acuerdo con los parámetros oficiales utilizados es pobre alimentario quien recibe menos de 651 pesos al mes en el campo o menos de 741 en la ciudad; de capa-cidades quien suma menos de 651 en campo o menos de 910 en las ciudades; y pobre de patrimonio quien obtie-ne menos de mil en el campo o de 1,488 en la ciudad.2. Extrapolando el porcentaje a la población total esti-mada por INEGI (106.2 millones).3. Se trata de una investigación realizada por casas en-cuestadoras, fundaciones y reconocidas instituciones de educación a partir de una solicitud formal de la SEDESOL, para analizar el caso de cuatro entidades que por entonces -febrero de 2006- habían concluido apenas elecciones para gobernador y de cara al proceso electoral federal que tendría lugar pocos meses des-pués. Es de señalarse que una vez que los resultados del estudio se entregaron a dicha dependencia, no se implementaron al parecer, algunas de las recomenda-ciones concretas que proponía para remediar las irre-gularidades detectadas.4. Otra conclusión importante del estudio consis-tió en que no obstante el uso político detectado de

los programas sociales en esas elecciones, una po-sible extrapolación de los resultados de la muestra a elecciones federales en el ámbito nacional, habría significado la manipulación potencial de los progra-mas, que alcanzaría entre 2 y 4 millones de posibles electores.5. OIT, FMI, BM han insistido por ejemplo en que la economía de México tendría que estar creciendo a índices mínimos de 5% a 6% anual tan sólo para res-ponder a la nueva demanda de empleo que se genera año con año de alrededor de un millón. 6. Las agencias internacionales mencionadas anterior-mente discrepan de las cifras oficiales sobre la pobla-ción que pudiera estarse desempeñando en la econo-mía informal, situando sus estimaciones en alrededor de 40% de la PEA; es decir, alrededor de 17 millones de personas, cifra que coincide con estimaciones pro-venientes de estudios de organismos privados como la COPARMEX, que ha situado a ese nivel la informa-lidad laboral.7. Al aproximarse a 0, se acerca a la equidad total y, vice-versa, hacia el 1, tiende a la absoluta inequidad.

Notas

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EHeladio Ramírez lópez◆◆◆

riqueza

En realidad, la migración humana no es un fenómeno nuevo ni mucho menos. Y a pesar de las rupturas y sufrimientos que conlleva a niveles personal, familiar y hasta comunitario, no es mala ni perniciosa en sí misma. Al contrario, son los procesos mi-gratorios masivos los que, a lo largo de los siglos, han formado las naciones que hoy, muchas veces equivocadamente, se autodefi-nen como nativos, ignorando que, sólo unas pocas generaciones antes, ellos mismos eran inmigrantes venidos de otras tierras, empu-jados principalmente por la pobreza o por crisis políticas, ecológicas, económicas o guerras civiles o intertribales.

Como especie, el hombre tuvo su origen hace alrededor de tres millones de años en un solo lugar -o quizá en dos como opinan recien-temente algunos paleontólogos-. Al principio fuimos una o unas pequeñas bandas errantes, migrantes siempre en busca de alimentos, agua y seguridad. Desde entonces, durante milenios, nos trasladábamos libremente por un planeta sin fronteras y sin dueños, buscando siempre los mejores espacios para alimentarnos y vivir con comodidad y pacíficamente, hasta que la otra tendencia que compartimos con los de-más animales: la territorialidad, forjó las fron-teras nacionales y todas las repercusiones que las mismas han tenido sobre la humanidad.

l siglo XXI se inició mostrando las pro-fundas heridas que la globalización, bajo el signo del “Consenso de Washington”, ha venido y viene causando en el cuerpo de las sociedades más pobres y vulne-rables: éxodos masivos y una crisis ali-mentaria sin precedentes en la historia de la humanidad.

la pérdida de la

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La ancha tierra pasó a ser ajena y nos hi-cimos sedentarios en los espacios que pasaron a ser nuestros, a pesar de las constantes ace-chanzas, agresiones y mutilaciones territoria-les por parte de otras tribus que también las querían para sí. Allí tiene su origen ese otro salvaje atavismo que compartimos con mu-chas otras especies: las guerras de conquista de los territorios ajenos.

En Europa, hasta hoy mismo, la forma-ción de sus fronteras nacionales ha sido el re-sultado de múltiples e intensos procesos mi-gratorios, mayormente bélicos y sangrientos, que entrecruzaron pueblos y culturas de los más variados orígenes y de diversos niveles de desarrollo cultural.

Sin ir muy lejos en la historia conocida, basta recordar la vio-lenta expansión romana y la consiguiente respuesta, no me-nos violenta, de los llamados “bárbaros” que terminaron con el orgulloso y prepotente impe-rio de los Césares.

La colonización de nuestra América, como muchas partes del mundo, no fue más que el resultado -unas veces con extrema violencia, sobre todo donde había altas cul-turas o pueblos capaces de resistir la desigual invasión, otras pacíficamente en territorios pocos poblados o con poblaciones ingenuas seducidas por las promesas, las novedades y el poderío que mostraban los invasores- de procesos migratorios masivos que, a costa de muchas muertes y extremos padecimientos de los pueblos invadidos, culminaron en el nacimiento de nuevas naciones, nuevos dere-chos y nuevos dueños de la tierra.

el actual contexto inteRnacionalHoy, las crecientes migraciones masivas for-man la parte no deseada y menos atendida del proceso globalizador que caracteriza las relaciones internacionales de nuestros días, desde el fin de la Guerra Fría y la desaparición de la Unión Soviética. Responden a múlti-

ples y complejas causas y razones, pero están motivadas principalmente por una economía mundial profundamente asimétrica, en la que unos pocos y poderosos países se hacen cada vez más ricos y poderosos, en tanto que la pobreza, la miseria y el hambre aumentan cada día más en los países pobres, incluso en algunos de los llamados eufemísticamente “emergentes”.

También están las guerras civiles e inter-tribales, como en el continente africano, don-de todavía los estados nacionales, después de siglos de colonialismo, no han logrado insti-tucionalizarse y consolidarse suficientemen-te, y la disputa por los territorios y sus recur-sos naturales, muchas veces azuzadas por los intereses de las antiguas metrópolis, siguen causando matanzas y expulsiones masivas de poblaciones que pasan a la condición moder-na de “refugiados” o de emigrantes. Pero hoy pesan más las razones económicas. En África, 66% de la población vive con menos de dos dólares al día (598 de sus 906 millones de ha-bitantes) y cerca de 31.1 millones enfrentan hambruna, principalmente en Eritrea, Etio-pía, Malí, Níger, Somalia, Sudán, Uganda, Zambia y Zimbabwe.

Por razones de guerras interiores, en el 2006, los países con mayor número de refugiados internos fueron Sudán, con 5.8 millones, y Colombia, con 4 millones, pero en ambos la cifra aumentó el pasado año. En Irak el número de desplazados internos creció vertiginosamente como producto de la inva-sión y a finales de 2007 ya eran 2.5 millones de personas. También se produjeron grandes incrementos de desplazados internos en la República Democrática del Congo, donde alcanzaron los 1.4 millones, y en Somalia, un millón de desplazados. Según las Naciones Unidas, para el 2006 había 24.5 millones de desplazados internos en 52 países, en tanto que en el años anterior había 23.7 millones en 50 países.

También presionan a la emigración, las grandes catástrofes naturales, como te-rremotos, sequías, inundaciones y tsunamis, cada vez más frecuentes y destructivos por el cambio climático, que dejan sin hogar y sin recursos para la subsistencia a millones de

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seres humanos. Lo hacen igualmente la des-trucción y el deterioro del hábitat por acción del hombre que, combinados con el cambio climático, vuelven difícil o inviable el desa-rrollo normal de la vida.

En total, existen desplazados en 50 paí-ses y son especialmente las mujeres y los ni-ños quienes sufren los más graves abusos de sus derechos humanos. Los desplazados, que se ven obligados a emigrar fuera o dentro de sus propios países y deben por tanto ser con-siderados como emigrantes forzados, tienen que hacer frente, en muchos casos, a nuevos ataques armados como los que les hicieron abandonar sus lugares de residencia, así como al hambre, enfermedades o falta de un refugio apropiado. Recientemente, el Alto Comisio-nado de la ONU para los Refugiados, Anto-nio Guterres, dijo que la situación es, aun si cabe, más grave de lo que reflejan los medios, y que es imprescindible la solidaridad inter-nacional para hacer frente a este desafío.

Este ensayo, sin embargo, se focaliza en los movimiento migratorios motivados por razones socioeconómicas, los cuales han ad-quirido especial notoriedad por su mayor volumen y por las medidas antimigratorias que han dispuesto los países receptores, es-pecialmente los Estados Unidos de Améri-ca, que ha llegado al extremo de construir un muro en sus actuales fronteras con nues-tro país, perseguir y criminalizar a los in-migrantes indocumentados, especialmente mexicanos y centroamericanos, y la Unión Europea, que ha adoptado una legislación abiertamente violatoria de los derechos hu-manos de los inmigrantes, que incluye pe-nas de prisión de hasta 6 meses antes de la expulsión.

La globalidad se revela así no sólo en los cada vez más libres mercados de mercancías, servicios y capitales, favorables siempre a los países ricos y a sus poderosas transnaciona-les, sino también en el aumento persistente del número de emigrantes internacionales en busca de empleo o mejores condiciones de vida, pero que enfrentan cada día los más rigurosos obstáculos y barreras con los que los países de destino tratan de impedirlo. Vi-vimos así la paradoja de ciertos países que al mismo tiempo que atrae trabajadores necesa-rios para el funcionamiento de sus procesos productivos, los rechaza y los maltrata en de-fensa de los “derechos” de sus propios trabaja-dores y sus niveles salariales, cuando no por el chauvinismo y el racismo, viejos rezagos de la ancestral mentalidad tribal.

En otros términos, mientras se privilegia y favorece la transnacionalización de las cosas, el dinero y las grandes especulaciones financie-ras y del gran capital, se impide con brutales medidas represivas la transnacionalización de las personas, especialmente de las más pobres y urgidas de empleo y oportunidades.

Al comenzar el siglo XXI, se estimaba que 176 millones vivían en el mundo fuera de sus lugares de origen. De acuerdo con las Naciones Unidas, a fines de 2006 la población migrante en todo el mundo superaba a los 190 millones de personas y hoy esa población se calcula en más de 200 millones; es decir, el 3% de la po-blación mundial, de los cuales, entre 30 y 40 millones son considerados como “ilegales”. Se estima también que, a futuro, aumentará la pre-sión sobre esta migración internacional hasta límites imprevisibles y en la misma medida en que se profundicen las diferencias demográfi-cas y de ingresos reales entre los países.

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Debido a la escala alcanzada por los mo-vimientos migratorios, prácticamente ningún país, como tampoco ninguna región del mun-do, escapa a la dinámica de las migraciones o puede mantenerse ajeno a sus consecuencias.

No sólo ha aumentado la cantidad de personas implicadas en el creciente proceso de migración, sino también el número de países de origen y de destino. En 1970 había sólo 64 países principales de origen o de em-pleo de emigrantes. Actualmente, los países de importancia relevante sobrepasan los 100, poniendo en evidencia un proceso creciente con enorme e incontenible potencial de pre-sión que, sin duda, será uno de los factores principales para la búsqueda y constitución de un nuevo orden mundial, más fundado en la justicia y la equidad que el que actualmente tenemos.

Cuatro son las grandes áreas de proce-dencia de los emigrantes: Europa del Este, de los países que formaban parte de la extinta Unión Soviética; del Extremo Oriente, don-de están los países más poblados del planeta; del África Subsahariana, sobre todo de aque-llos países afectados por pobreza extrema y por guerras tribales, y de Latinoamérica, es-pecialmente procedentes de México y Cen-troamérica, y en menor medida, de los países de Sudamérica, afectados por crisis económi-cas o por conflictos bélicos, como es actual-mente el caso de Colombia y lo fueron hasta hace pocos años, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.

Aunque tradicionalmente los países receptores han sido Estados Unidos, donde concurren inmigrantes de todo el mundo, en su mayoría de México y América Latina, y la Unión Europea, hacia donde emigran princi-

palmente trabajadores de África, de Europa del Este y, en menor pero también importante volumen, de América del Sur y Centroaméri-ca; recientemente han pasado a la condición de países receptores de inmigrantes algunos países emergentes que han visto crecer sus economías hasta el punto de hacerse atracti-vos para sus vecinos. Estados Unidos y Europa ya no son las únicas tierras de oportunidades y donde los sueños se realizan. En América del Sur, Brasil, Chile, Argentina y Venezuela son atractivos para quienes, en sus países veci-nos, carecen de empleo; mientras Costa Rica se convierte en un polo de atracción en Cen-troamérica, por la disponibilidad de trabajos para carpinteros, choferes o albañiles. Brasil acoge incluso un fuerte contingente de in-migrantes coreanos, nigerianos y palestinos. Así, aunque la tradición dicta que miles de la-tinoamericanos ven al Norte como su destino ideal, la expansión de algunas economías de Centro y Sudamérica las convierten en una alternativa para mejorar su condición, sin en-frentarse a las duras políticas migratorias de Estados Unidos, o correr los riesgos de quien intenta ingresar sin papeles al país.

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la fRonteRa méxico-estados unidos Con una extensa frontera de 3,152.90 kiló-metros que lo separa de los Estados Unidos de América, México es el país con más emigrantes económicos en el mundo. Esa frontera es el pun-to de mayor tránsito de personas que van de un país a otro en busca de empleo. México es tam-bién, por tanto, el mayor receptor de remesas en la región, con un flujo que el Banco Mundial estimó para 2007 en 25 mil millones de dólares, uno por ciento más de las registradas en 2006.

A diferencia de años anteriores en que la emigración mexicana comprendía mayormente campesinos y mano de obra poco calificada, el organismo reportó un aumento de la migración de mexicanos con instrucción universitaria. Se-gún datos recientes, 5 por ciento de los médicos que se forman en México va a trabajar a otro país, un porcentaje que duplica la media latinoameri-cana. La información del Banco Mundial fue di-vulgada en momentos en que los problemas en el sistema financiero de Estados Unidos, causados por un gran volumen de préstamos hipotecarios colocados sin garantía, se están trasladando al sector productivo de la economía, afectando por tanto la actividad económica de México, que es altamente dependiente de Estados Unidos, en especial en el sector industrial y en cuanto a flujo de mercancías e inversiones.

Según el mismo Banco Mun-dial, la extensa frontera mexi-cano-estadounidense, debido a la migración de mexicanos y también de ciudadanos cen-troamericanos y de otros países desde territorio mexicano, se ha convertido en el mayor “corre-dor de migración” del planeta, con un flujo de personas mayor al que se registra en las fronteras de Europa del Este o en puntos densamente poblados, como en Bangladesh e India.

Por el “corredor” México-Estados Uni-dos, en un periodo de cinco años, cruzaron 10.3 millones de emigrantes hacia aquel país, una cantidad que es más del doble de la que se registra entre Rusia y Ucrania, que ocupan el segundo lugar, pero sólo con 4.8 millones de personas en similar periodo.

Pero lo que el Banco Mundial no dice es que el sur de Estados Unidos -antes territorio mexicano- y el actual norte de México tienen vínculos históricos y múltiples relaciones des-de la época colonial. Poblaciones emparenta-das han vivido por generaciones a uno y otro lado de la frontera y construyen su economía y forma de vida en la región transfronteriza. Por esta razón, las fronteras que, antes de la constitución de los estados nacionales, eran espacios de transición, zonas de interacción fluida, dejaron formalmente de serlo, pero para los inmigrantes asentados en la región transfronteriza y para los itinerantes lejanos, continuaron siendo zonas de articulación.

Tampoco menciona el Banco Mundial una verdad de la economía que tiene rango de ley universal, pero que se aplica con absoluta propiedad en el caso de la relación migratoria entre nuestro país y Estados Unidos: “Que la migración de personas en edad de trabajar, a las que se paga bajos salarios, es el mejor de los negocios para el país receptor, y el peor negocio para los que las exportan.”

los emigRantesMéxico muestra una realidad migratoria compleja, toda vez que es simultáneamente un país de origen, tránsito y destino de pro-cesos migratorios internacionales. El carác-ter mayoritariamente “indocumentado” de este flujo migratorio desde y hacia México conlleva elevados costos sociales y reduce sensiblemente los beneficios potenciales que brinda el fenómeno de la migración internacional.

Los cuantiosos y crecientes volúme-nes de migración observados a partir de los años 70 confirman que la realidad mi-gratoria dominante en nuestro país es, por mucho, la emigración hacia el vecino país del Norte, por lo que la población mexi-cana radicada en Estados Unidos pasó de

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cerca de ochocientos mil personas en 1970 a más de 11 millones en 2006. Si además se considera a los descendientes de mexica-nos nacidos en EU, la población de origen mexicano que reside en ese país la constitu-yen no menos de 30 millones de personas. Cabe destacar que cerca de 2.9 millones de esos mexicanos viven en condición de po-breza, los cuales, en términos relativos, re-presentan el 26 por ciento de la población mexicana en el vecino país; proporción que supera en más del doble la que registra el conjunto de los inmigrantes de otras nacio-nalidades (12%).

De acuerdo con estimaciones del Con-sejo Nacional de Población, Conapo, más de la mitad de la población mexicana residente en Estados Unidos (6.2 millones) se encuen-tra en la condición de “indocumentados”.

Por lo general, nuestros emigrantes en Estados Unidos ocupan una amplia y di-versificada gama ocupacional, que gradual-mente va enriqueciéndose con los nuevos contingentes de emigrantes urbanos que llegan con mejores niveles educativos, inclu-so profesionales. Sin embargo, es innegable que los nichos laborales en los que se ocu-pa la gran mayoría siguen siendo aquellos

de carácter manual y de baja remuneración. Del total de inmigrantes trabajadores, los mexicanos representan 85.1 por ciento de la mano de obra ocupada en la agricultura, 53 por ciento en la construcción y 48 por ciento de aquellos ocupados en la limpieza y mantenimiento de edificios y preparación de alimentos.

Los hombres representan 54 por ciento de la población mexicana inmigrante -116 hombres por cada 100 mujeres-. Sin embar-go, hay evidencias de que cada vez se incorpo-ra un mayor número de mujeres.

La mayor parte de estos inmigrantes son jóvenes en edad productiva, con una edad promedio de 34 años, inferior en dos años a la edad promedio de la población local. 87 por ciento de los inmigrantes mexicanos tiene en-tre 15 y 64 años de edad, mientras la pobla-ción local en esas edades apenas alcanza 65 por ciento.

A pesar de que la inmigración mexica-na está presente en casi todo Estados Unidos, su importancia en los estados de California y Texas sigue siendo particularmente significa-tiva; en esos estados se concentran, respecti-vamente, 39 y 23 por ciento del total de los mexicanos.

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Aunque la presencia de mexicanos es no-toria en todas las actividades económicas, y en la mayoría de ellas ha aumentado su participa-ción en números absolutos, su presencia reviste especial importancia en ocupaciones de carác-ter manual y de baja remuneración: agricultu-ra, pesca y silvicultura; limpieza de edificios y mantenimiento; construcción y extracción; ocupaciones de la producción; preparación de alimentos, meseros y otras actividades rela-cionadas. En estas ocupaciones, los mexicanos perciben un salario inferior al resto de la pobla-ción; poco más de seis de cada diez mexicanos ganan menos de 20 mil dólares anuales.

El costo humano inenarrable de la mi-gración, aparte del maltrato, el racismo y la criminalización, lo expresan con enorme sim-bolismo los que mueren sólo en el intento de pasar la frontera. Ante los crecientes contro-les estadounidenses que buscan frenar la mi-gración, los emigrantes optan por rutas de in-greso en las cuales hay menor probabilidad de ser detenidos por la Patrulla Fronteriza, pero presentan mayor peligrosidad ambiental. El número de muertes de emigrantes mexica-nos en sus intentos para ingresar a EU se ha mantenido por arriba de 400 cada uno de los últimos años.

las RemesasEn 2006, el Banco Mundial estimó en más de 276,000 millones de dólares las remesas de los inmigrantes a sus países de origen. De esta cifra 206,000 millones fueron hacia países en desarrollo.

Así como es el mayor expulsor de emigrantes, México es el tercer receptor mundial de esas remesas, con 25 mil mi-llones de dólares en 2007, según la estima-ción del Banco Mundial, aunque las pro-yecciones oficiales sitúan este flujo de re-cursos en 23 mil 500 millones de dólares. En el mundo, el primer sitio es ocupado por India, con 27 mil millones de dólares, y el segundo por China, con 25 mil 700 millones de dólares.

Cerca de un millón y medio de hogares mexicanos pobres se beneficia de las remesas de dinero que llegan del extranjero, principal-mente de Estados Unidos.

Sin embargo, de los 25 mil millones de dólares de remesas que recibieron los fa-miliares de los emigrantes en 2007, el 98.5 por ciento se utilizó en compras de autocon-sumo, automóviles y enseres domésticos, y sólo el 1.5 restante se invirtió en proyectos productivos.

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Según datos del Consejo Nacional de Po-blación, Conapo, las transferencias financieras que realizan los inmigrantes a sus familiares en México representan casi la mitad de los in-gresos totales de éstos y, si bien tienen todavía un impacto limitado en la reducción de la po-breza en México, se puede decir que procuran beneficios evidentes a las familias receptoras y que, a pesar de este aparentemente reducido impacto de las remesas sobre los niveles de pobreza, no puede dejar de reconocerse que la economía mexicana y los hogares percepto-res se están viendo ampliamente beneficiados, sobre todo los comerciantes de las pequeñas y medianas ciudades de las regiones expulsoras.

el pRoblemaLa migración de personas es un fenómeno mundial que forma parte del proceso globa-lizador y es el resultado de las políticas eco-nómicas y sociales que hoy caracterizan ese proceso.

Ciertamente, a pesar de las penurias, el maltrato y las familias rotas, la emigración es una salida exitosa para quienes, como en el caso de México, no encuentran ocupación ni oportunidades para satisfacer sus necesidades y aspiraciones vitales.

Pero es una salida de muy alto costo para quienes la siguen. No es sólo el drama fami-liar del alejamiento de los hijos sin padre, de las mujeres y la patria abandonados. Es, sobre todo, el maltrato y las duras condiciones la-borales en los países receptores.

En una sociedad como Estados Uni-dos, que desalienta la sindicalización; don-de el inmigrante no cuenta con servicios de salud ni seguridad social; donde la patronal es prepotente, y donde la criminalización de los inmigrantes sólo por su origen o su con-dición de indocumentados facilita y exacerba esa prepotencia, el trabajo adquiere a menu-do formas verdaderamente esclavistas de ex-plotación y daño a la salud y a la vida de los inmigrantes.

Pero los principales perdedores del in-tenso proceso migratorio, acelerado en la última década, son las naciones expulsoras. En el caso de México es una sangría inconte-nible que sufre nuestro pueblo. El costo para el campo de México es la destrucción de su capacidad de producir alimentos y, por tan-to, la creciente dependencia alimentaria en que vamos cayendo, en la misma medida en que la emigración sustrae, en primer lugar, los mejores recursos humanos de la nación; su población joven y más emprendedora, espe-cialmente su población campesina.

Aunque en años recientes se in-forma de un creciente número de emigrantes de origen urba-no y con mejores niveles educa-tivos, incluso profesionistas de diversas especialidades, el grue-so de la emigración sigue sien-do la mano de obra campesina, con el abandono del campo y el consiguiente deterioro de la producción de alimentos.

Perdida de esta manera la seguridad alimentaria de la nación, México pierde una de las bases fundamentales de su desarrollo y entrega su mercado interior a productores extranjeros que hoy, a través de sus grandes cadenas de tiendas minoristas, controlan ya gran parte de ese mercado y fijan los precios, los tipos y las calidades de lo que consume nuestro pueblo.

Poco o nada es lo que los países expulso-res pueden hacer en defensa de los derechos laborales y humanos de sus connacionales emigrados. La legislación internacional es clara en cuanto a la soberanía de los países receptores. Sus leyes no pueden ser impues-tas por países ajenos, sino mediante nego-ciaciones bilaterales, generalmente estériles e infructuosas, sobre todo cuando la relación es asimétrica, como es el caso de las relaciones entre nuestro país y Estados Unidos.

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Hay por tanto un vacío muy grande en la legislación internacional en materia mi-gratoria, donde se observa la poca efectivi-dad de las convenciones y acuerdos sobre el trato a trabajadores migratorios suscritos en el marco de las Naciones Unidas y sus órga-nos especializados como la OIT; una debili-dad tanto más notoria cuando países como Estados Unidos se muestran siempre muy poco respetuosos de esos convenios y acuer-dos internacionales.

Además, en esta saga de la migración nacional e internacional, lo que ocurre en la frontera sur de nuestro país con los migran-tes procedentes principalmente de los países de Centroamérica, reproduce de manera inaceptable y aun más censurable, lo que ocurre en la frontera norte con nuestros mi-grantes. Primero, porque muchos de los cen-troamericanos y de otros países que vienen del Sur sólo aspiran a usar nuestro territorio como paso hacia el país del Norte, obsesio-nados y empujados por los mismos sueños y pesadillas que impulsan a los nuestros; y, luego, porque entre ellos y nosotros no exis-ten las barreras étnicas y culturales que nos distinguen de los vecinos del Norte. Noso-tros somos sur; somos los mismos con los centroamericanos y demás pobres que, hu-yendo de la pobreza, avanzan hacia el Norte al impulso de sus ilusiones. Nos obligan por tanto principios de afecto y solidaridad que no podemos soslayar.

¿qué HaceR?El fenómeno migratorio no es un fenómeno temporal. Se ha acentuado con la globali-zación para quedarse y crecer, a pesar de la política de incomprensión y rechazo de los países ricos por criminalizar la presencia de los indocumentados. La humanidad debe esforzarse por tanto para generar una nueva cultura de las relaciones internacionales, in-terculturales e interraciales. Suena utópico, pero hay que luchar por la construcción de esa nueva cultura acorde con los logros de una humanidad que avanza incontenible en el plano material, de la ciencia, la tecnología y el comercio, pero presenta severos retrasos de tipo ético y moral.

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Las causas profundas de las migraciones masivas de tipo económico son históricas y es-tán en los modelos económicos inequitativos que han generado en todas partes desigualda-des extremas entre naciones, entre pueblos y entre clases sociales. Las migraciones son una respuesta a esos modelos y a las desigualdades generadas por los mismos. Si se quiere pensar en serio en soluciones de fondo, hay que ir en-tonces a esas causas y, aunque algo tarde, rever-tir sus tendencias negativas y transformarlas en acciones de solidaridad y cooperación futuras, y ser capaces, al mismo tiempo, de admitir y asimilar las diferencias culturales y raciales.

Entre tanto, si queremos desactivar las fuertes tendencias a la explosividad social que se incuban en las migraciones masivas de tipo económico, es necesario replantear la visión de la migración por razones económicas; urge for-talecer la legislación internacional en materia de migración laboral y condiciones de trabajo para los inmigrantes, y endurecer las sanciones a los países infractores, por fuertes que éstos sean y aunque esas sanciones sean inicialmente sólo simbólicas. Este fortalecimiento se hace tanto más necesario, cuando en muchas partes del pla-neta asoma ya su rostro siniestro el fantasma de la xenofobia y la violencia asesina contra los mi-grantes, especialmente por motivaciones racis-tas. En realidad, hoy los conflictos, los choques sociales y la violencia parecen ser acompañantes inevitables y crecientes de las migraciones, espe-cialmente cuando éstas son masivas, se dan entre culturas y pueblos diferentes, y los inmigrantes rebasan ciertos porcentajes después de los cua-les, justificada o injustificadamente, los nativos sienten amenazadas sus propias condiciones laborales, su seguridad y su propia identidad na-cional. Es una tarea de nuestra diplomacia en el seno de los organismos multilaterales, especial-mente en la OIT.

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También hay que fortalecer y hacer más clara, firme e insistente la política de defensa y protección de los países expulsores respecto a los derechos de sus emigrados. Esto es especialmente necesario en el caso de nuestra estrategia migra-toria frente a Estados Unidos, diluida siempre en infructuosas gestiones diplomáticas encaminadas inútilmente a convertir a los vecinos del Norte en buenos vecinos capaces de olvidar sus prepoten-cias y sus fobias racistas, a sabiendas de que co-nocemos muy bien que ese país, en sus relaciones con los demás, “no tiene amigos, sino intereses”.

La participación del Senado de la Repúbli-ca es esencial para impulsar una reforma migra-toria en Estados Unidos, bajo el principio de res-ponsabilidad compartida. Es necesario retomar el diálogo con las contrapartes estadounidenses, pues inciden directamente en la formulación de las leyes migratorias, urgiéndolos a responder ante este desafío, trabajando en conjunto para llegar a una solución viable para ambos países. Se debe profundizar el contacto con los senado-res más activos en este tema, quienes tienen in-terés en que se aborde el problema de la migra-ción bajo un enfoque comprensivo, asumiendo sus responsabilidades como país receptor.

Un diálogo constante con los senadores estadounidenses puede resultar en una estra-tegia muy efectiva para volver a introducir el tema de la reforma migratoria a la agenda po-lítica, dado que hoy los candidatos a la Presi-dencia de Estados Unidos no tienen posturas favorables o bien definidas respecto al tema.

Sin abandonar e incluso fortaleciendo esa estrategia, trabajando también con de-nuedo por una legislación internacional más incisiva y eficaz, la solución realista y de fon-do al problema migratorio mexicano debe ve-nir de nosotros mismos o nunca vendrá.

México no puede ignorar lo que pierde con la emigración de lo mejor de su fuerza la-boral. Hay que tomar conciencia de que las remesas, a pesar de su enorme cuantía, repre-sentan apenas una porción muy pequeña de la riqueza que nuestros emigrantes generan y crean en el país del Norte; una riqueza que podrían crear aquí, si contaran con el apoyo del Estado, de políticas públicas, de un mo-delo de desarrollo y un proyecto de nación distintos a los que hoy prevalecen.

En tal sentido, debe existir la necesidad prioritaria de atacar las causas profundas de la emigración que están en nuestra propia casa; es decir, en la pobreza, las desigualdades extremas, la falta de empleo y de oportunidades para la ju-ventud y, sobre todo, en el abandono por el Esta-do de sus responsabilidades con el desarrollo y el bienestar de los campesinos, claramente estable-cidas en la Constitución Política que nos rige.

Esa solución consiste en la formulación y puesta en marcha de una política de Estado para el sector rural. Una nueva política que, fijándo-se como meta toral la seguridad y la soberanía alimentarias de la nación, coloque en la prime-ra prioridad de nuestros esfuerzos por el desa-rrollo nacional, la reactivación de la economía campesina, particularmente de aquellas regio-nes, microrregiones y comunidades expulsoras de emigrantes, identificadas y estudiadas hace ya algunos años por el Conapo y caracterizadas como zonas de alta y muy alta marginación.

Esa política debe significar el retorno del Estado al campo abandonado; un retorno que, sin volver a las caducas estrategias pa-ternalistas y clientelares, entregue a nuestros campesinos las herramientas y recursos que necesitan para enfrentar en condiciones de igualdad, el desafío de la competitividad in-ternacional y de las reglas del mercado.

Debe, sobre todo, incrementar la inver-sión del Estado en infraestructuras y servicios indispensables para la economía campesina, generar empleos y abrir nuevas oportunidades ocupacionales para la juventud, más allá de las tradicionales actividades agropecuarias.

Desde los sectores del campo más gol-peados por el abandono estatal y las políticas anticampesinas, incluyendo los migrantes de los países del Sur, estas son las demandas fun-damentales. Sin embargo, para los campesinos está claro que esta nueva política de Estado para el campo es una utopía y un sueño invia-ble, si no va acompañada y formando parte de una estrategia de mayor alcance que, en el mar-co del mundo hoy globalizado y sometido a las rígidas leyes del mercado, se proponga retomar con lealtad, nacionalismo y firmeza, el proyec-to de nación y los mandatos fundamentales contenidos en el texto original de la Constitu-ción Política de 1917. c

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la diáspora mexicana

ada año millones de personas emigran de su país de origen a otro. El fenómeno ha ad-quirido tal proporción que su discusión ocupa de ma-nera creciente a gobiernos, académicos y organismos internacionales. El término “migración” cubre distintos movimientos de población, cada uno de los cuales debe analizarse separadamente, aunque desde luego existen interrelaciones entre ellos. Además de los que cambian de país, hay migrantes que simplemente cambian de en-tidad; la migración interna es también muy importante, pero no es objeto de estas re-flexiones. Nos limitaremos a analizar la que se denomina migración internacional que tiene distintas causas y efec-tos tanto en los países emiso-

res como en los de destino. Se exploran algunas de las características del fenóme-no migratorio a la luz de la economía global; se señalan las particularidades del fenó-meno en distintas regiones del mundo, y se revisan los cambios que el fenómeno ha adquirido en México, espe-cialmente por lo que toca a la migración mexicana hacia Estados Unidos.

el fenómeno migRatoRio a nivel mundial

Aunque no exclusivamente, la migración básicamente ocurre de Sur a Norte, de Este a Oeste y de países sub-desarrollados o en vías de de-sarrollo a las naciones indus-trializadas. Es la migración laboral atraída por polos de desarrollo que derivan de las relaciones asimétricas que produce la globalización. Se estima que hoy en día hay 191 millones de migrantes, es decir, personas que no viven en su lugar de origen y que representan 3% de la población mundial. Cinco años antes eran 176 millo-nes. No sorprende entonces que la migración registre una

tasa de crecimiento anual de 2.9%. El 75% de los migran-tes se concentra en 12% de los países. El comportamien-to de la migración es distinto, según la región del mundo en que ocurre; igualmente, sus causas son diversas. Para visualizar las diferencias, en primer término conviene te-ner presente cuál es la distri-bución por continente de la población migrante, aunque los datos disponibles, por la naturaleza del fenómeno, no son totalmente precisos.

En Europa existen 64.1 millones de migrantes que representan 8.8% de la po-blación que habita ese conti-nente; en Asia, aunque la ci-fra es cercana a la anterior, 53 millones de personas, éstas sólo representan 1.4% de la población asiática; en Amé-rica del Norte se estima que hay 44.5 millones de migran-tes, 1que representan 13.5% de la población. De ese total, Estados Unidos concentra a 38.4 millones; en África vi-ven 17.1 millones de migran-tes que representan 1.9% de la población y, finalmente, en Oceanía, 15.2% de la po-blación, es decir, 5 millones son inmigrantes. Como se

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aprecia, tomando en cuenta el porcentaje como las cifras absolutas, Estados Unidos y Europa son los principales espacios receptores de la mi-gración mundial. La diáspora china asciende a 35 millones; le sigue la de la India, con 20 millones; y en tercer lugar, la de Filipinas, con 7 millones2.

Es indudable que la glo-balización de la economía está determinando el acele-rado aumento de los flujos migratorios, al menos por las siguientes razones: en primer lugar, por la liberalización económica que provoca una mayor movilidad de la mano de obra: en segundo lugar, por la recesión económica que incrementa el desem-pleo y despierta el interés por buscar fuentes de ocupación fuera de los países que más la sufren; en tercer lugar, por los cambios demográficos que se están experimentando. En los países avanzados la tasa de crecimiento de la población es de 0.3% al año contra el 6% en promedio en los países atrasados. De ahí que en los primeros el envejecimiento y declinación de la población sea más marcado que en los segundos. Las personas de la tercera edad, pensionadas o jubiladas, no realizan trabajos que sí están dispuestos a llevar a cabo los jóvenes inmigran-tes. En Italia, por ejemplo, se estima que en 2050 la pobla-ción será de 41 millones de personas, lo que contrasta con la población actual: 57 millo-nes. En Japón sucede algo si-milar: en 2080 la población habrá pasado de 127, con los que cuenta actualmente, a 105

millones de habitantes. Por otro lado, el surgimiento de redes de trabajadores migran-tes que incorporan a familias enteras, y el surgimiento de la migración transnacional, asociada a los trabajadores de las grandes corporaciones que refuerzan el movimiento de trabajadores calificados, tam-bién agudizan el fenómeno.

PaíSeS que alBeRgan al mayoR númeRo de migRanteS: 2005

De acuerdo con la Orga-nización Internacional para las Migraciones, OIM, el peso relativo de los países o regio-nes del mundo, por cuanto al número de inmigrantes que reciben, está también modi-ficándose. Por ejemplo, en Asia, a pesar de que aumenta el número de personas que la eligen como destino, ha perdi-do peso relativo en el total. De tal suerte que hacia el 2020 se estima que tendrá alrededor de 43.8 millones de inmi-grantes. Por el contrario, los países que están aumentando la proporción de inmigrantes como porcentaje de su pobla-

ción nacional o como porcen-taje del total de migrantes son Estados Unidos y Rusia, sólo que en este último caso, más por una redefinición de fron-teras producto del desmem-bramiento de la ex Unión Soviética que por las causas que provocan la emigración hacia Estados Unidos y Ca-nadá. Entre los países que se consideran nuevos destinos están: Irlanda, Portugal, Italia y Noruega, aunque están lejos de absorber las cantidades de los principales.

Del total de migrantes anuales a nivel mundial, en-tre 30 y 40 millones que re-presentan de 15% a 20% del total, lo hacen de manera ile-gal o indocumentada. Otros géneros de migrantes son los refugiados, que ascienden a 9.9 millones y los desplazados internos, que suman 24.5 mi-llones. La naturaleza, enton-ces, de fenómeno de todos los “nómadas modernos” ha de verse desde varias perspectivas tanto por lo que se refiere a sus causas como a sus efectos. Un primer enfoque tiene que ver con la relación entre mi-gración y desarrollo. Quienes emigran no encuentran en su lugar de origen oportunida-des de empleo y se ven obli-gados a buscarlo fuera. Si el varón es quien emigra, se pro-duce, invariablemente, una desintegración familiar; si el abandono de su espacio natu-ral es un poblado marginado poco a poco, en la medida que un migrante arrastra a otros, van naciendo los pueblos fan-tasma. Del lado positivo, en la medida que quien emigra obtiene empleo, remite parte

PaíS milloneS

estados unidos 38.4federación Rusa 12.1alemania 10.1ucrania 6.8francia 6.5arabia Saudita 6.4canadá 6.1india 5.7Reino unido 5.4españa 4.8australia 4.1

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considerable de su ingreso a su núcleo familiar. Más adelante veremos el fenómeno para el caso mexicano. Por lo pronto, téngase presente que las reme-sas a nivel mundial ascienden a poco más de 276,000 millo-nes de dólares. Vistas así las cosas, la migración apuntala el desarrollo tanto en países de destino, por el bajo costo de la mano de obra, como en los países de origen, por las divisas que se reciben. En la perspectiva del desarrollo hay una migración que se le deno-mina “facilitada”; es decir, que es documentada y alentada, y que encuentra sustento en programas especiales de di-versa naturaleza como en el caso de trabajadores profesio-nales o estudiantes y becarios, o la asociada a la enseñanza de idiomas o la orientada a la recuperación de familias, la de los servicios consulares o la de eventos de orientación cultural.

la diScuSión en la unión euRoPeaLa migración que va hacia Europa ha provocado no po-cas reuniones ministeriales de alto nivel para analizar y solucionar el problema. En la zona del Mediterráneo se presentan situaciones trágicas cuando los inmigrantes in-tentan alcanzar nuevos terri-torios por cauces inapropia-dos y pierden la vida. Los paí-ses receptores se han ocupado más por dificultar los despla-zamientos que por desarrollar acciones que en un horizonte de largo plazo pudieran poner fin a tales desplazamientos. Afortunadamente, cada vez

existen mayores y mejores da-tos del fenómeno, aunque la fuente principal del número de inmigrantes proviene del número de detenidos, que no incluye obviamente a todos. Entre las razones que motivan las migraciones en esa parte del mundo se citan los tras-tornos sociales que derivan de guerras civiles o étnicas, aso-ciadas a la balcanización en el caso europeo, o de pobreza y marginación, cuando se trata de inmigrantes provenientes de Asia.

De acuerdo con Michael Collyer3, el diálogo de alto nivel que está teniendo lu-gar parece conducir a un gradual desarrollo de la vo-luntad política para abordar los aspectos más delicados del problema. Aunque los datos son imprecisos, cada vez se conoce más sobre el perfil del emigrante, su pro-cedencia social y sus moti-vaciones y la complejidad de los destinos. La migración a Europa, por vía ilegal, es relativamente reducida; la excepción es la migración de África Occidental hacia las Islas Canarias. La mayoría de los inmigrantes llega por cauces legítimos, sólo que se quedan más tiempo en los países elegidos del que les permiten sus visados. Co-moquiera que sea la discu-sión sigue abierta, las nego-ciaciones bilaterales siguen su marcha -básicamente en-tre Italia y Libia, y entre Es-paña y Marruecos-. Hay una tendencia a interpretar la inmigración en su contexto social y económico, hacien-

do hincapié en los derechos humanos de los inmigrantes y prestando una menor aten-ción a la seguridad europea y al sesgo etnocentrista. En lo que toca a las negociaciones intergubernamentales, éstas ocurren en tres procesos:

1) El Proceso de Rabat, “ini-ciado en la Conferencia Mi-nisterial Euroafricana sobre Migración y Desarrollo, ce-lebrada en Rabat los días 10 y 11 de julio de 2006, y refor-zado mediante una reunión en Madrid en junio de 2007, estando prevista una reunión en París para el segundo se-mestre de 2008”;

2) el Proceso de Trípoli, ini-ciado en la primera reunión conjunta de la UE-UA sobre migración y desarrollo en no-viembre de 2006, y que conti-nuó en Lisboa en 2007, y el

3) el Proceso de Barcelona, que inicia en 2005 y se continúa en noviembre de 2007. En los tres se destaca la impor-tancia de trabajar en otras direcciones distintas al con-trol. Quizá la existencia de tres procesos, a los que por cierto asisten los mismos re-presentantes, no refleje sino una ofensiva diplomática para revalorar la importancia que la cuestión migratoria tiene para Europa.4

la diáSPoRa mexicanaDesde un inicio la migración de mexicanos hacia Estados Unidos ha estado asociada al tema laboral y a la oferta y de-manda de empleo, hecho que

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no pocas veces se olvida, sobre todo del lado norteamericano. La primera ley federal ameri-cana sobre la materia -aproba-da en 1864- tuvo como objeto estimular la inmigración para proveer a las industrias de suficiente mano de obra. Las corrientes migratorias llega-ron a ser calificadas como un “flujo de oro”. Hacia fines del siglo XIX, cuando en el veci-no país se emprendieron las grandes obras de infraestruc-tura como los ferrocarriles, las presas y las obras de riego, los “enganchadores” contrataban de manera regular a trabajado-res mexicanos que empezaron a desarrollar actividades en la agricultura y en la minería que eran afectadas por el de-sarrollo de la infraestructura norteamericana. El flujo con-tinuó entrado el siglo XX, ya para 1930 se tenían 730,000 personas radicadas en Estados Unidos que habían nacido en México. Los trabajadores mexicanos eran preferidos a otros porque podían -como sucedió en la gran depresión- ser deportados. Para 1940, la economía no sólo permitió, sino que estimuló el usos de mano de obra inmigrante. La patrulla fronteriza -en al-gunos casos- cuando detenía a indocumentados, en lugar de deportarlos, los remitía di-rectamente a los empleadores para que los contrataran5. Ese proceso tuvo hasta 1964 una naturaleza legal derivado de un acuerdo formal entre los dos países sobre “trabajado-res huéspedes”. Después de esa fecha, el peso de la inmi-gración “ilegal”, que debiera llamarse indocumentada o

irregular, fue creciendo hasta representar a la mayoría de los inmigrantes.

algunoS datoS y algo máSDesde el punto de vista cuan-titativo, hoy en día la magni-tud del problema es enorme: para 2004, 10.4 millones de personas nacidas en México radicaban en Estados Unidos, legales y no. Esa cifra equiva-le a 10.1% de la población de México y a 3.5% de la de Esta-dos Unidos. Si a esas cifras se agregan los estadounidenses de origen mexicano, se tiene un total de 28 millones de personas con lazos consan-guíneos con nuestro país. En la actualidad habría que con-siderar que México es el pri-mer emisor de migrantes en el mundo; aproximadamente año con año llegan al veci-no país 400,000 mexicanos. Para tener una comparación, piénsese que China, el país más poblado del orbe, genera 390,000 migrantes, seguida de la India, con 280,000. Del total de inmigrantes en Es-tados Unidos, 8 millones vi-

ven sin documentos legales. De esos, 4.5 son mexicanos. Todas las cifras alusivas al fe-nómeno son impresionantes, desde cualquier perspectiva. Los estudios del Colegio de la Frontera Norte apuntan que entre 2001 y 2004 in-migraron a Estados Unidos 2.560,902 hispanos, de los cuales 73 por cierto nacieron en México. La emigración se da básicamente en busca de empleo. Resulta por ello ineludible asociar el fenóme-no a la política laboral o más aún, a la política económica en México, para explicar las causas y motivaciones. El proceso migratorio no sólo resulta del foco de atracción del polo de destino, sino “cuando se hace crítico el foco de expulsión en el tradi-cional origen de los migran-tes. En este caso la crisis eco-nómica mexicana ha acelera-do el proceso de migración, a pesar de las crecientes trabas y obstáculos en el país de destino”6. En el cuadro que sigue se citan solamente los migrantes en 13 estados de la Unión Americana.

eStado migRanteS mexicanoS indocumentadoS

california 8.455,926 3.889,695 87,000 texas 5.071,963 1.870,787 418,500illinois 1.144,390 609,068 108,500arizona 1.065,578 435,001 280,000colorado 450,760 192,427 68,200florida 363,925 189,819 241,800nuevo méxico 330,049 103,153 ---Washington 329,934 149,281 ---nevada 285,764 142,685 ---georgia 275,288 196,011 86,800nueva york 260,889 170,386 189,100carolina del norte 246,545 179,236 204,135michigan 220,769 62,289 200,000

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aSPectoS cualitativoSEntre los cambios cualita-tivos más relevantes, en una investigación seria llevada a cabo por Héctor Rodríguez Ramírez,7 se consignan los siguientes: a) Una presencia más relevante de emigran-tes procedentes de zonas urbanas. México, Cuerna-vaca, Toluca, Guadalajara, Querétaro, Chihuahua; b) una tendencia creciente de los emigrantes por estable-cerse en Estados Unidos; c) una estancia más larga en el vecino país del Norte de los llamados “emigrantes de retorno”. Hacia el 2000 la estancia promedio era de 15 meses, periodo que es más del doble del que se registra-ba en 1995; d) una mayor presencia de mujeres en el flujo migratorio (30%); e) mayor presencia de los hijos, es decir, flujos familiares, y f ) una mayor diversificación ocupacional y sectorial de los migrantes tanto en México como en Estados Unidos. Hoy, el perfil del inmigran-te mexicano es más hetero-géneo. Si bien su promedio de escolarización es de 7.7 años, hay migrantes con una preparación mayor. Por otro lado, independientemente de una mayor migración ur-bana, como se señaló líneas arriba, se observa una mayor diversificación de lugares de origen. Tradicionalmente, los flujos migratorios hacia Estados Unidos provenían del occidente y del centro norte mexicanos. A últimas fechas, sin embargo, se obser-va un flujo nada desdeñable de otras partes del país. Por

otro lado, la entrada a Esta-dos Unidos comúnmente se realizaba por San Diego, Ca-lifornia, y El Paso y Laredo, Texas. Hoy el desplazamien-to se da por Arizona, lo que le ha dado muchos dolores de cabeza a la Patrulla Fron-teriza, por la zona desértica. Que junto con las nuevas ocupaciones que propician mejores y mayores remesas a México, ha ido cambiando la importancia del fenómeno. Por lo demás el nuevo abani-co de emigrantes ha variado: la mayoría ya no trabaja en el campo, como antes, sino en las principales ciudades. Son profesionistas, políticos, empresarios o comunicado-res influyentes; estudiantes, obreros o que se dedican al sector servicios. Ya no son invisibles. Representan un poder de compra de más de 378 mil millones de dólares, de los cuales el 5% enviaron a México en 2007.8

la imPoRtancia de laS RemeSaSLa Organización Internacio-nal de la Migración señaló que en 1990 las remesas de trabajadores extranjeros a sus lugares de origen fueron de 67,000 millones de dó-lares; el Fondo Monetario Internacional -FMI- estimó, siete años más tarde, que el monto ascendía a 77 mil mi-llones de dólares. Hoy en día ascienden a 276 mil millones de dólares. El crecimiento y el salto han sido enormes. Para algunas economías estas remesas son tan importantes como las exportaciones, me-didas ambas como propor-

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ción del PIB. Para El Salva-dor estas remesas rebasan sus ventas al exterior y en el caso de República Dominicana, representan más de la mitad de sus exportaciones. Se cal-cula que América Latina re-cibe unos 25 mil millones de dólares anualmente en reme-sas9. En el caso de México es de todos conocido el rango que ellas ocupan y que com-piten en importancia con el turismo y la exportación de petróleo. En 2004, el flujo de divisas generadas por las remesas tuvo un récord his-tórico de 16,612 millones de dólares. El país tiene por este concepto el segundo lu-gar mundial. La mayor parte de las remesas se eroga en la satisfacción de necesidades básicas, en la compra de bie-nes de consumo duradero, mejoras a la vivienda y en menor proporción al ahorro y a la inversión productiva. A continuación se consig-nan las remesas de los diez estados que expulsan más mano de obra, el número de migrantes de los últimos diez años y las remesas que enviaron:

el Sentimiento antiinmigRante La relación entre Estados Unidos y México en mate-ria de migración ha sido un tema polémico y difícil. Un botón de muestra: a fines de los veinte, el Gobierno de México protestó ante el Congreso norteamericano por excluir a los mexicanos como “raza indeseable”. A lo largo de la relación han sido muchos los roces di-plomáticos sobre el tema. El origen del problema se encuentra en la migración masiva, cuando declina la economía norteamericana. Los indocumentados como tema sirven de pararrayos político, en el que se descar-gan las frustraciones de mu-chos estadounidenses ante una situación económica adversa. Desde luego hay matices: debe distinguirse el pasado, caracterizado por un enfoque unilateral, por el enfoque multilateral, que da señales de una aproximación bilateral,10 aunque en mu-chos sentidos a veces el inte-rés sea reducir el costo de lo que significan los migrantes

indocumentados. La mi-gración legal se ve como un costo adicional. Pero las bar-das de acero, el aumento de agentes de la Border Patrol, los mecanismos intimida-torios para inspeccionar ve-hículos o las leyes que acen-túan las medidas represivas o las declaraciones ofensivas sólo vulneran más los dere-chos humanos, porque enar-decen a los radicales. En los últimos años, “el principal grupo de interés en el que se ha apoyado la actuación de la policía fronteriza ha pasado a ser el de los gru-pos más conservadores del suroeste de Estados Unidos. Debido a que el interés de este grupo es principalmen-te ideológico, la actuación de las autoridades y de los agentes del Servicio de In-migración y Naturalización se ha ideologizado también de manera creciente en un círculo vicioso que tiende a retroalimentar la construc-ción de la ideología antiin-migrante y antimexicana.11

La respuesta de Estados Unidos al fenómeno migra-torio se ha dado, principal-mente, en el ámbito poli-cial, lo que de acuerdo con las diversas investigaciones que existen sobre el parti-cular causa más problemas de los que combate. En el trabajo de Ignacio Medi-na se citan las siguientes razones: 1) En razón de la mayor vigilancia y militari-zación de la frontera, se han encarecido las funciones y servicios que ofrecen los traficantes de migrantes.

eStado migRanteS RemeSaS millones de dólares

guanajuato 366,123 1,296Jalisco 291,657 1,252michoacán 248,040 1,929San luis Potosí 135,383 352Zacatecas 116,351 367méxico 111,837 1,230oaxaca 109,693 736Puebla 97,604 861

Hidalgo 91,007 535 veracruz 85,196 844

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Los falsificadores de docu-mentos han proliferado en la región; 2) la respuesta policial unilateral incide en una violación continua de los derechos humanos de los indocumentados; 3) la respuesta policial al fenó-meno migratorio ha puesto en la opinión pública a los ilegales sólo como malhe-chores y grupos perjudi-ciales a los intereses de la Unión Americana,12 y 4) el fenómeno migratorio no se ha detenido con la militari-zación de la frontera.

El tema migratorio ha sido siempre polémico y conflictivo, pero no cabe duda que la migración ac-tualmente es un elemento esencial e inevitable del es-cenario económico y social del mundo. Es indispensa-ble encauzarla eficazmente,

para fomentar sus repercu-siones positivas y atenuar las negativas. Hoy en día, los nuevos paradigmas de la civilización pasan por este fenómeno. Los cambios ci-vilizatorios pasan necesaria-mente por este fenómeno. Para México y Estados Uni-dos lo mejor será siempre un acuerdo migratorio, que bien puede ser por sectores, a la manera de los trabaja-dores agrícolas que por mu-chos años ha operado entre Canadá y México. Desde luego que para que cualquier acuerdo funcione es nece-sario que exista desarrollo económico, lo que supone, en el caso mexicano, revisar la política económica, para que sirva a la generación de empleos. El espacio político que compartimos con los vecinos debe consolidarse

como un proyecto regio-nal; parece impostergable regular el mercado laboral, pero hacerlo bilateralmen-te, y ello supone que Esta-dos Unidos deje de ver la cuestión migratoria como un asunto interno y no de relaciones exteriores y de relaciones económicas. No deja de ser un obstáculo que en el Congreso estadouni-dense los temas migratorios se turnen, en ambas cáma-ras, a los comités judicia-rios (judiciary comittees) de competencia fundamental-mente interna. No obstante si el fenómeno migratorio afecta a los dos países, debe-mos perseguir lo que a am-bos convenga, mantener un adecuado equilibrio y evitar la aparición de situaciones desesperadas o de alternati-vas de conflicto. c

1. Incluye Canadá y Estados Unidos.2. Las cifras de carácter internacional fueron tomadas de “US Trends in Total Migrant Stock. The 2005 re-vision y del Banco Mundial: Perspectivas Económicas Mundiales. 2006.3. Collyer Michael. ¿Hacia una gestión de las migra-ciones mediterráneas en el año 2008? Desarrollo del discurso y sus prácticas. Real Instituto Elcano, España, agosto de 2008.4. Collyer, opus. Cit.5. Rafael Laveaga. Diagnóstico y perspectivas de la ley de reforma y control a la inmigración de 1986. Tesis profesional. UNAM. Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. 1992.6. Medina Ignacio “ De México a los Estados Unidos: crisis económica y migración” en Nuevos Paradigmas sobre la frontera Estados Unidos-México. Héctor Cappello. CRIM. UNAM 2003.7. La migración internacional en el noroeste de México y sus efectos socioeconómicos. En La migración a Estados Unidos y la frontera noroeste de México. Miguel Ángel Porrúa-Colegio de la Frontera Norte. Coordinadora

Socorro Arzaluz Solano. 2007.8. Estudio elaborado por John D. Kasarda y James H. Johnson Jr. del Frank Hawkins Kenan Institute of Private enterprise. El cuadro sobre las remesas por esta-do también se obtuvo de este estudio.9. Citado por Gloria Ramírez en “Pueblos indígenas y derechos humanos: ilegales, migrantes y pobres en México, los signos de la exclusión y la resistencia”, pá-gina 33. En Liderazgo para la Justicia Social. CIESAS. Oaxaca. 2007.10. México y el Mundo. Tomo IX. La política exte-rior de México en la década de los noventa. Capítulo de Manuel García y Griego y Mónica Verea Campos. Senado de la República. 2003.11. Jorge Bustamante “ Los mexicanos en Estados Unidos”. Comentarios a un programa de política exte-rior. PRI.12. Los indocumentados contribuyen al Estado con poco más de 7 mil millones dólares anuales en impues-tos y no pueden ser considerados como lo desechable. El desarrollo de Estados Unidos se ha fincado en gran parte en los inmigrantes.

Notas

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i. el nacimiento de una nueva etaPa. El movimiento por el voto en el extranjero y posteriormente el que tuvo lugar por una reforma migratoria en los Estados Unidos de América (EUA) unieron por vez primera a las organizaciones de migrantes. Se inauguró así la clara entrada de la comunidad mexicana en EUA a la política transnacional: ser de aquí y ser de allá, ejercer derechos en el país de resi-dencia y en el de origen.

Lograr el voto de la diáspora fue una vic-toria histórica. Sin embargo, el sufragio para elegir presidente de la República en 2006, úni-camente representó haber sentado la base para el ejercicio pleno de los derechos políticos de-rivados de la ciudadanía y, a la vez, para que el Estado mexicano redefina su relación política con la diáspora. Ambas partes, diáspora y Es-tado, enfrentan ahora el desafío de crear las le-yes, instituciones y programas que conformen el nuevo andamiaje de su relación.

Por una

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A la vez, las históricas marchas contra la criminalización y por la legalización de los indocumentados en EUA no lograron su ob-jetivo, pero mostraron el enorme potencial político de la comunidad migrante. El reto actual es cómo traducir tal potencial en edu-cación, organización y poder para el cambio.

Por otra parte, la comunidad mexicana en EUA y sus organizaciones transnacionales aún no han surgido como actores clave en la agenda binacional, ya sea en el campo del de-sarrollo económico y de la migración o en el intercambio de capital humano y el de segu-ridad humana. En consecuencia, la diáspora mexicana en EUA tampoco ha iniciado su en-trada a la política internacional de esa nación, de la mexicana o de ambas.

Lo cierto es que las decisiones de EUA en política interna nos afectan, como lo hacen también las de México, junto con las bilate-rales y las de cada uno frente a los temas de política internacional.

El reto, entonces, de la nueva etapa para las mexicanas y mexicanos en EUA será el ejercicio pleno de sus derechos políticos transnacionales a fin de fortalecer su adelan-to, así como el de México y EUA.

ii. alianzasLa victoria del voto en el extranjero, primero como derecho constitucional y después como ejercicio del mismo, fue básicamente un lo-gro de las mexicanas y mexicanos de la diás-pora con algunas de sus organizaciones trans-nacionales. El rumbo y ritmo de esa lucha los fijaron los migrantes, incluyendo su política de alianzas: que fuese una victoria de todos los actores interesados.

Dicha estrategia de alianzas abrió el camino al triunfo, a pesar de los múltiples obstáculos que presentó hasta el último momento. Las expresiones de júbilo com-partido en las Cámaras del Congreso para celebrar la aprobación del voto extraterrito-rial, así como el evento celebrado en Palacio

Nacional con la representación de los Pode-res Ejecutivo y Legislativo, los partidos, los gobernadores, el IFE y de los mexicanos en el extranjero constituyeron la manifestación pública de que la estrategia de alianzas había sido correcta.

Por otra parte, en las marchas por la re-forma migratoria la estrategia de alianzas fue como nunca exitosa: inmigrantes de todos los continentes, agrupaciones laborales y de tra-bajadores agrícolas, distintas denominacio-nes religiosas, organizaciones defensoras de migrantes, así como un importante número de gobernantes y legisladores se sumaron a las marchas o, al menos, a sus demandas contra la criminalización y por la legalización. A la vez, el impacto mediático alcanzado por las marchas en EUA y en el resto del mundo fue similar al logrado por históricos movimien-tos de reivindicación social estadounidenses, como el de los derechos civiles de los pueblos chicano y afroamericano.

Con todo, la estrategia no pudo tradu-cirse en presión exitosa sobre el Congreso ni en presencia hegemónica en los medios de comunicación angloamericanos. Además, las alianzas se debilitaron posteriormente, entre otras razones, por carecer de un piso común de principios y objetivos ante las propuestas legislativas que se presentaron en el Capitolio.

En resumen, los movimientos por el voto en México y la reforma migratoria en EUA se beneficiaron de logros obtenidos por luchas anteriores y, desde luego, por el capital social en el terreno organizativo. De igual manera, la lucha por voto y reforma migratoria avanzó cualitativamente respecto a las experiencias políticas anteriores, teniendo ambas como principal característica la entrada masiva de migrantes, bien en su manifestación mera-mente de opinión -más de 80 por ciento de los mexicanos en EUA señaló que estaba a fa-vor del voto en el exterior- o de participación activa en las movilizaciones.

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iii. constRuyendo la agenda básicaLa población mexicana en EUA reúne las condiciones para elevar su participación en ese país, en México y en el trato entre ambos; esto es, para elevar su poder transnacional. Entre esas condiciones estarían el número, diversidad social, distribución geográfica y crecimiento demográfico de la comunidad migrante.

Ninguna otra comunidad migrante en el mundo cuenta con estas características y, por lo mismo, con los desafíos que enfrenta para proteger su dignidad y derechos.

De ahí la necesidad que tienen los ciudada-nos, familias y organizaciones en EUA, donde re-side el 98 por ciento de los mexicanos en el exte-rior, de acordar una agenda básica de principios, objetivos y planes de acción para consolidar el lugar que les corresponde como agentes de cam-bio. Agenda que dará el soporte requerido a los nacionales que residen en otros países para alcan-zar también en ellos reconocimiento y adelanto.

Esta agenda básica serviría no para con-tener, sino para enriquecer la diversidad que manifiestan las organizaciones mexicanas en el exterior. Serviría también no para que las organizaciones se vuelvan sobre sí mismas, sino para integrarse en los movimientos de migrantes de otros países, así como en los propios de otros grupos sociales que partici-pan en movimientos reivindicativos.

En este sentido, la agenda migrante es por naturaleza agenda de alianzas.

Somos para nosotros en la medida en que seamos para los demás, y somos para los demás en la medida en que seamos para nosotros. Nuestra agenda “mexicana” o “migrante” vale y tiene porvenir, no por ser una agenda sólo con base en la condición migratoria, sino por ser parte de una agenda mayor como ciudadanas y ciudadanos, como trabajadores, como hom-bres y mujeres, y como pueblo sin fronteras.

Entre los componentes de una agenda bá-sica en EUA estarían los siguientes:

1. la estrategia legalVivimos bajo leyes y normas que rigen en los lugares donde residimos y de donde emigra-mos, pero también de lo que se denomina de-recho internacional. Los migrantes son hoy en día uno de los principales destinatarios de instrumentos básicos de la ONU y de otros organismos multilaterales.

Uno de los marcos de referencia de la agen-da transnacional es justamente el de los dere-chos y deberes establecidos en leyes constitu-cionales del país de origen y del de residencia, así como en instrumentos internacionales. So-mos sujetos de derecho con o sin papeles.

El derecho a la vida y a un mejor futuro es parte medular de una agenda migrante o de ciudadanos transnacionales. Una prue-ba al respecto es que la mejor defensa actual contra redadas, deportaciones, despidos del trabajo o discriminación sea la defensa legal ante cortes estadounidenses y de ser el caso, ante instancias multilaterales como la Comi-sión Interamericana de Derechos Humanos. Ninguna decisión de órganos de gobierno nacionales puede ir contra derechos básicos que protegen a los migrantes y a sus familias. Por esta razón la xenofobia, el racismo y la se-gregación son, esas sí, ilegales.

Con todo, las leyes básicas del respeto a los seres humanos y a la convivencia social se ignoran o se violan, a menos que los afectados las hagan respetar. Ley fundamental que se desconoce o por cuya aplicación no se lucha, es ley muerta o, peor aún, es ley que al no ejer-cerse abre las puertas a los grupos xenófobos y racistas para imponer ordenanzas y leyes que castigan a los migrantes y a sus familias.

2. la presión socialOtro componente de la agenda básica es la presión sobre quienes gobiernan para que ha-gan suyo el valor humano y social del migran-te. El lenguaje que entienden los gobernantes es el de los votos, el de las contribuciones a sus campañas, el de las cartas, llamadas y correos

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electrónicos, el de las visitas a sus oficinas y, desde luego, el de protestas y movilizaciones.

Con la excepción de ejercer el voto en Estados Unidos, el resto de las acciones para ganarse, presionar o castigar a quienes gobier-nan las puede realizar cualquier migrante, con o sin papeles.

Afirmar que las marchas de 2006, boicots incluidos, fueron contraproducentes al agu-dizar las percepciones negativas sobre los mi-grantes, así como las campañas contra ellas y ellos, ignora una realidad fundamental: que los grupos xenófobos y racistas se encontra-ban a la ofensiva desde mediados de los años noventa del siglo pasado, y que fue justo por sus continuos ataques que la “Ley Sensen-brenner” llegó a aprobarse en la Cámara de Representantes en 2005, provocando la res-puesta masiva de las comunidades migrantes.

Toda lucha reivindicativa provoca reac-ciones en contrario, pero sin esas luchas no se habrían logrado en EUA o en el resto del mundo los cambios a favor de los pobres, los trabajadores y las minorías.

Por otra parte, existiendo un objetivo compartido en un movimiento plural, no lo hay generalmente en las estrategias y tácticas para lograrlo. ¿Cuáles entre éstas son las co-rrectas? Todas, pues no hay manera objetiva o válida para descalificarlas y cada una contri-buye a su manera a lograr el objetivo común. No existen, por lo tanto, estrategias únicas de lucha, las “correctas,” sino un abanico de las mismas que en todo caso prueban su legiti-midad en el apoyo que logran por parte de los interesados.

El mejor movimiento del pueblo es el que cuenta en su interior con corrientes críticas, y a su lado, con disidencias que deben ser reco-nocidas y respetadas como tales. Hay posicio-nes de mayoría y de minoría que cumplen con dar balance y representatividad incluyente o democrática al conjunto del movimiento.

No hay que llegar primero y solos, sino con todos y a tiempo. León Felipe.

3. los medios de comunicaciónEl golpe más efectivo contra la dignidad y derechos de los migrantes es el de crear apariencias, símbolos, ideas y actitudes en contra de ellas y ellos. De eso viven y lucran conocidos comentaristas de medios, como Lou Dobbs, de la cadena CNN. Menospre-ciarnos, deshumanizarnos y criminalizarnos es su objetivo. Nadie aceptaría como bueno arrebatar la madre a un niño u obligar a una persona a jugarse la vida para obtener un trabajo que le espera, excepto si esa madre o quien cruza a pie desiertos altamente inhós-pitos se tacha de “ilegal,” de alguien que in-vade el país, que no se adapta, roba empleo a ciudadanos, drena fondos sociales, conduce en estado de ebriedad, vende drogas, asesina y comete actos terroristas. Ese “ilegal” está fuera de la protección de leyes y es el respon-sable de lo que sucede a sus hijos, así hayan nacido en Estados Unidos.

En consecuencia, un componente básico de la agenda es la lucha para defender con campañas de comunicación social lo que son, significan y valen los migrantes para el país de destino y el de residencia; así mismo, señalar el daño que hacen a EUA las actitu-des xenófobas y racistas. La mayor derrota que padecimos en el descarrilamiento de la reforma migratoria fue el character assassina-tion en los medios de comunicación social, especialmente en la radio angloamericana. No tuvimos ni pudimos crear las contra-partes a los Lou Dobbs ante las audiencias angloamericanas.

No creamos “cuartos de guerra” para to-mar la ofensiva contra los xenófobos y racis-tas, contra los que llenaron las ondas sonoras y visuales de contenidos antimexicanos y an-tilatinos. Con banderas de nuestros países de origen, con ellas y con la de Estados Unidos, con sólo las de barras y estrellas, con mantas y pancartas en español o inglés en las históricas marchas de 2006, caímos ante la mejor orga-nización y mayores recursos económicos que

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desplegaron los xenófobos y racistas. Ellos atemorizaron y volvieron en contra del mi-grante a cientos de miles de estadounidenses, en su gran mayoría blancos, pero también de comunidades minoritarias.

La lucha que debemos dar se gana, entonces, en el terreno conjunto de las ideas, de los sím-bolos y de las actitudes. De ahí lo acertado del lema, ganar las mentes y corazones de la gente.

iv. los temas del díaLa agenda migrante transnacional es de largo y de corto plazos, atenderá lo estra-tégico y, en consecuencia, lo coyuntural. Luchamos por algo específico del día, pero bajo la visión del porvenir, y luchamos por el futuro, construyendo en el presente. No somos los inventores del hilo negro, pero sí los creadores de más y mejor madeja de hilo para ganarle al atraso en ambos lados de las fronteras.

1. en estados unidosLa importancia del voto latino fue plena-mente reconocida en las campañas por la Presidencia de EUA en 2008. Los latinos se empadronaron en porcentajes históricos, y también en número sin precedente votaron en las elecciones primarias demócrata y repu-blicana. Sin el voto latino que la favoreció, la senadora Hillary Clinton no habría ganado la elección primaria en los importantes esta-dos de Texas y California. A la vez, sin alta participación de votantes latinos a su favor en la elección presidencial, el senador Barack Obama difícilmente podrá vencer al senador John McCain.

El voto latino, por fin, ocupa un lugar de-cisivo en la política electoral estadounidense y en consecuencia, la población latina tendrá mayor presencia e influencia en las políticas públicas que establezca el próximo presidente de EUA.

Migración y relaciones con México y el resto de América Latina son temas cla-

ve en las campañas de los candidatos a la Presidencia para ganar el voto latino en noviembre, y para construir una impor-tante base social de apoyo una vez en la Casa Blanca.

Uno de los lemas más difundidos de las movilizaciones migrantes de 2006 parece haberse cumplido: Hoy marchamos, maña-na votamos.

a) campaña electoralLa línea de ofensiva que nos corresponde tomar en la actual campaña a la Presiden-cia de EUA tendría componentes como éstos: las propuestas antimigrantes, par-ticularmente la de deportar a los millones de indocumentados, harán serio daño a la economía, a la competitividad inter-nacional de Estados Unidos y a su futuro demográfico. A la vez, pondrán a la zona fronteriza EUA-México en condiciones de colapso económico y social, incrementarán la inestabilidad de México y Centroaméri-ca, y agudizarán el sentimiento antiestado-unidense en el mundo, dando con ello un gran aliciente a la delincuencia organizada y a grupos terroristas. De ahí que las pro-puestas antimigrantes constituyan el ma-yor peligro para el desarrollo y la seguridad de EUA.

Por ello, legalizar a los indocumentados y regularizar el ingreso de las trabajadoras y tra-bajadores extranjeros que necesita EUA es la política requerida para proteger a los consu-midores, a los empleadores, a los trabajadores estadounidenses, así como a la economía, la competitividad internacional y la seguridad de EUA.

Una reforma migratoria integral y justa es así una política que además de favorecer a los migrantes y a la comunidad latina, beneficia a EUA, a su pueblo y a sus relaciones inter-nacionales. Tal reforma representa lo mejor que puede hacer Estados Unidos a favor de su bienestar y seguridad.

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Corresponde, entonces, a los latinos y demás comunidades de fuerte población mi-grante comunicar este tipo de mensaje a los candidatos en campaña. Somos nosotros los que debemos ponernos a la ofensiva en el tema migratorio y, de esta manera, colocar de nuestro lado y con nuestros argumentos de ofensiva, a quienes compiten por la Presiden-cia del país.

b) las leyes estatalesCon la actitud de ofensiva, y no de defensi-va, nos toca continuar la lucha legal contra las medidas antimigrantes aprobadas en es-tados como Arizona, Tennessee, Oklahoma y Georgia, y hacerlo junto con organizacio-nes como MALDEF, LULAC, American Civil Liberties Union, las centrales obreras y las organizaciones de trabajadores agrícolas. También nos corresponde observar los efec-tos de tales leyes en la economía y sociedad de esos estados, a fin de responder y derrotar a los grupos xenófobos que resaltan con “es-tudios,” “encuestas” y “datos duros”, los “be-neficios” que producen las leyes contra los migrantes.

A la vez, habrá que presionar como nun-ca a México y a los países centroamericanos no para que “protesten” por esas leyes anti-migrantes -lo que no tiene efecto alguno-, sino para que reduzcan o anulen acuerdos de cooperación con Estados Unidos en temas de alta prioridad, como serían el comercio, las in-versiones y la seguridad. Al enorme daño que harán a estos países la deportación de millones de indocumentados, las medidas draconianas de control fronterizo y la no regularización de futuros flujos migratorios es la base para tomar medidas extraordinarias como las señaladas.

Las medidas antimigrantes equivalen en la práctica a una declaración de guerra contra México y Centroamérica, y desde luego, con-tra la comunidad latina en Estados Unidos. Guerra que de mantenerse tendría resultados más funestos que la llevada contra Irak.

c) las ordenanzasAlgo similar a lo anterior deberemos decir y hacer en relación con las ordenanzas antimi-grantes aprobadas en ciudades y condados. Los grupos xenófobos y racistas en estas localidades representan escuadrones del fracaso para el fu-turo económico, social y demográfico de esas localidades. El daño que harán a los migrantes y a sus familias en nada se comparará con el que causarán a ciudadanos estadounidenses.

2. en méxicoTres de los componentes de la agenda mi-grante serían: demandar que se legisle una reforma migratoria integral en México; ganar el lugar que nos corresponde en las conme-moraciones de la Independencia y la Revo-lución Mexicana, e impedir que la Iniciativa Mérida termine siendo un golpe de gracia a la soberanía de México en asuntos migratorios.

a) Reforma migratoriaEn México, los sentimientos antimigrantes, xenófobos y racistas son tan destructivos como en EUA, particularmente entre funcio-narios de migración y los cuerpos policiacos de todo el país.

México continúa siendo el país donde más se violan los derechos humanos, civiles y laborales de los migrantes. Este serio abuso ha creado redes de delincuencia y de corrupción en todo el territorio, deteriorando gravemente la seguridad humana, pública y nacional. Pero como es un gran negocio, México enfrentará fuertes resistencias para llevar a cabo una refor-ma migratoria humana e integral que siente un precedente ejemplar para el resto del mundo.

Sin embargo, por congruencia y, sobre todo, por sus intereses nacionales, México no tiene otra alternativa que legislar sobre el fenómeno migratorio de acuerdo a los do-cumentos internacionales que ha ratificado, como sería la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de Todos los Tra-bajadores Migratorios y de sus Familiares.

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Nos toca, en consecuencia, poner toda la presión requerida sobre México para que legisle una reforma migratoria de beneficio para todos. Esta demanda debe presentarse al Presidente de México, a legisladores y a go-bernadores, y hacerlo con la misma fuerza y urgencia con que demandamos a México dar respuesta eficaz a las políticas antimigrantes en EUA.

Fue importante la reforma que hizo el Congreso a la Ley General de Población para despenalizar la condición de migrante indo-cumentado. Sin embargo, continúa siendo necesaria una reforma que incluya al fenóme-no migratorio en su conjunto, desde el respe-to a derechos humanos, civiles y laborales de migrantes, hasta proyectos piloto de creación de capital humano e inversión en regiones de alta salida al extranjero.

México requiere construir consensos básicos sobre la totalidad del fenómeno mi-gratorio, así como establecer las leyes, ins-tituciones y políticas correspondientes. De esta manera, el país tendría una política de Estrado sobre un tema clave para su futuro: el manejo humano y provechos del fenóme-no migratorio.

El primer paso para establecer tales con-sensos es llevar a cabo una consulta especia-lizada con grupos interesados, como serían: presidentes municipales, gobernadores, em-presarios, sindicatos, académicos, organiza-ciones civiles y, desde luego, los migrantes. Los diagnósticos y propuestas que presenta-ran estos grupos serían la base para establecer consensos básicos sobre el fenómeno migra-torio, así como las reformas legales e institu-cionales para manejarlo con sentido estratégi-co y en bien de todos.

b) conmemoraciones. incluir la historia del pueblo migrante en los libros de texto gratuitosLa construcción de la nación y el inicio y de-sarrollo de la Revolución pasan por la historia

de las mexicanas y mexicanos en el extranjero, como lo hacen por igual las luchas actuales para construir un mejor futuro.

Por ello, los programas gubernamentales y privados sobre ambas conmemoraciones deben incluir proyectos que tomen en cuenta la participación de mexicanos en el extranjero en actividades similares a las que se propon-gan para quienes residen en el país. La In-dependencia y la Revolución, como hechos de la historia patria y proyección de anhelos reivindicativos, son también patrimonio de la comunidad mexicana en el exterior.

Una demanda fundamental para tales conmemoraciones será incorporar la historia del pueblo migrante a la historia del pueblo mexicano que se presenta en los libros de tex-to gratuitos.

Las mexicanas y mexicanos en el exterior son parte integral de la historia y desarrollo de la nación. Reconocerlo y celebrarlo en los libros de texto es hacer justicia a la diáspo-ra, es abrir a la cabal comprensión de lo que México ha sido y podrá ser en el futuro.

c) “iniciativa mérida”La “Iniciativa Mérida” (IM) no abarca sólo el combate al narcotráfico, sino que incluye también guerra al terrorismo, reformas al sistema judicial de México y “ayuda” para que se detenga el flujo de migrantes indo-cumentados que vengan de Centroamérica y de otras regiones con intención de cruzar a EUA.

Mientras que en EUA tiene lugar la cam-paña más feroz contra las indocumentadas e indocumentados, mientras proliferan leyes es-tatales y ordenanzas locales contra ellas y ellos, mientras siguen adelante las férreas medidas de control migratorio en la frontera, y mien-tras fue desechada en el Capitolio una reforma migratoria, el Gobierno de Estados Unidos “ayudará” a México para que impida el ingreso al país y el tránsito por el mismo de inmigran-tes centroamericanos y de otras regiones.

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La mejor ayuda que EUA puede dar a la lucha contra el narcotráfico es destinar los re-cursos necesarios a la prevención y cura de la drogadicción en su propio territorio, comba-tir el lavado de dinero y el tráfico de armas, y poner fin a las guerras que lleva a cabo contra otros países.

A la vez, si le interesa a EUA terminar con el flujo de indocumentados debe aprobar una reforma migratoria que incluya legalizar a la fuerza de trabajo extranjera que a diario demanda. No es sólo ilegal, sino contrapro-ducente y criminal que EUA satisfaga su de-manda de trabajadores extranjeros a través de políticas de darwinismo social que obligan a los migrantes a cruzar sin documentos, poniendo en riesgo su vida, y teniendo que soportar la explotación y la amenaza perma-nente de ser deportados.

La IM tiene todos los ingredientes para convertir a México en policía migratoria de EUA, incluyendo controlar el movimiento de sus propios ciudadanos. Al hacerle el trabajo sucio a EUA, México perdería su soberanía en asuntos migratorios, así como cualquier influencia real en las políticas migratorias estadounidenses. Por ello, junto con legisla-dores, organismos públicos de derechos hu-manos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos e iglesias, nos toca evitar que la IM se convierta en un obstáculo insalvable para lograr una reforma migratoria humana e inte-gral tanto en México como en EUA.

v. la oRganización que necesitamos PaRa enfRentaR con éxito la nueva etaPa de lucha y Reivindicaciones Abrirnos paso en el futuro demanda renova-das ideas y estrategias con base en lo que hasta ahora hemos construido. Con lo que tenemos actualmente no podremos responder a los enormes retos que enfrentamos. Necesitamos formas nuevas de construir liderazgos perso-nales y sociales, maneras nuevas de organizar-

nos y luchar por nuestros derechos, nuevos modos de entender nuestro papel transnacio-nal y de construir alianzas. Nuevas formas, en fin, de recrearnos como agentes de cambio.

1. organizaciones de oriundosLos clubes, casas y organizaciones sociales, culturales y deportivas son la base indispen-sable para responder a los desafíos del por-venir. En estas organizaciones reside nuestra fuerza, así como la legitimidad y representati-vidad del movimiento migrante por dignidad y derechos. En ellas está el capital humano y social, el fundamento, para dar consistencia y poder al resto de la organización del pueblo migrante. Valemos y podemos tanto como valen y pueden las organizaciones de base.

La construcción de liderazgo personal y social se logra en estas organizaciones. Por ello, será necesario crear formas de educa-ción y capacitación cívica y política para tales organizaciones. Se trata de llevar a cabo de manera profesional talleres y cursos teórico-prácticos de liderazgo para las organizaciones de base, a fin de elevar su capacidad de pensar y de actuar en equipo.

La misión es clara: hacer de cada organi-zación de base un pilar de educación, organi-zación y lucha por la dignidad migrante.

Contamos, por fortuna, con valiosas ex-periencias al respecto en muchos lugares de EUA. En un primer paso, habría que recor-dar y compartir esas experiencias para multi-plicarlas y enriquecerlas. Por lo mismo, cual-quier reunión, congreso o “cumbre” de mi-grantes debería iniciar con el recuento crítico de experiencias de educación, organización y lucha a nivel de la base.

2. organizaciones latinasLa política antimigrante que inició el pre-sidente Bill Clinton en 1993 con el “cierre” progresivo de la frontera tuvo como primer centro de ataque a la población mexicana. El crecimiento de esta comunidad, su distribu-

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ción geográfica, su creciente presencia polí-tica, su influjo cultural y la vecindad con un México que no ofrece oportunidades de ade-lanto a la mayoría de su población, es lo que representa para los grupos xenófobos “la ame-naza” al modo de ser hegemónico en EUA, el angloamericano o WASP. Amenaza mayor, según ellos, a cualquier otra que haya enfren-tado la Unión Americana. En la perspectiva de estos grupos “la solución final” a dicha “amenaza” sería la salida voluntaria o forza-da de los millones de indocumentados y de cuantos residentes legales sea posible, el cierre efectivo de la frontera con México, restringir al máximo la entrada de nuevos inmigrantes y la asimilación a la cultura anglo de quienes se queden en territorio estadounidense.

Con todo, el segundo centro de la estrate-gia antimigrante ha sido la comunidad latina en su conjunto, por ser precisamente su len-gua, costumbres y condición de primera mi-noría lo que la convierte en “la mayor amena-za” a la unidad y hegemonía de la raza blanca en Estados Unidos.

Por otra parte, el carácter de clase traba-jadora que tienen la comunidad mexicana y la latina en su conjunto es otra de las razones que alimenta las campañas antimigrantes. De ahí que se proponga que la migración futura no esté basada en la unidad familiar -migra-ción de más clase trabajadora-, sino en gente “calificada” y por lo mismo más propensa a la asimilación. De esta manera, según los gru-pos xenófobos y racistas, se garantizaría que la población estadounidense continúe siendo mayoritariamente blanca y de clase media.

Todo ello equivale al establecimiento de la Doctrina Monroe en territorio estadouni-dense: América para los americanos. Que los pobres, los mestizos, negros, rojos y amari-llos del mundo se queden en sus países. Que Estados Unidos fortalezca su alianza con las naciones blancas y ricas, y que se olvide del Tercer Mundo, excepto para chuparle cuan-tos recursos naturales sea posible.

Por lo mismo, para enfrentar la ofensi-va antimigrante es necesaria la unidad de la comunidad latina en su conjunto. Pero dado que esta comunidad es multirracial, se impone por igual su alianza con el resto de las minorías raciales. A su vez, al ser la comunidad latina en su gran mayoría co-munidad de trabajadores, requiere también aliarse en su lucha con los trabajadores es-tadounidenses.

La campaña antimigrante es en su esen-cia y perspectiva una campaña contra la po-blación no WASP, y también contra la po-blación trabajadora. En este sentido, es de-magógico el discurso antimigrante que dice que la deportación de los indocumentados mejorará el empleo, el salario y la calidad de vida de los ciudadanos pobres. Todo lo con-trario. Serían éstos los destinados a ocupar el espacio laboral de explotación y el social de marginación en que se encuentran los migrantes.

En consecuencia, la lucha por la legali-zación de los indocumentados y por el in-greso legal a Estados Unidos de migrantes es una lucha contra la xenofobia y el racismo, y por igual, una lucha contra la explotación de las trabajadoras y trabajadores estadouni-denses. La competencia que hoy existe en el terreno laboral y social de los migrantes con los estadounidenses no es por su carácter de trabajadores, sino de indocumentados; esto es, de gente obligada a padecer todo tipo de abuso y explotación para sobrevivir. Termi-nar con esta condición, que frecuentemente llega a ser en la práctica una esclavitud, no beneficiará sólo a los indocumentados, sino a la clase trabajadora en su conjunto, o si se quiere, a todas las minorías raciales y étni-cas, al devolverles la conciencia de que los problemas de empelo, salario, salud, educa-ción o vivienda que enfrentan no se deben a “los migrantes ilegales,” sino a políticas con-trarias a los intereses de los pobres y de la clase trabajadora.

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3. consolidar lo organizado y organizar lo que aún faltaLa comunidad mexicana migrante y la lati-na en su conjunto reúnen las condiciones internas y externas para llevar a un nivel superior de conciencia y acción a las orga-nizaciones de base, a las organizaciones re-gionales y a las transnacionales. Hacer el re-cuento de lo que hemos logrado y de lo que no pudimos alcanzar, de lo que tenemos y de lo que nos hace falta, es el primer paso para consolidar las organizaciones con que contamos.

Por otra parte, habría que multiplicar las organizaciones de mujeres, de jóvenes y estudiantes, de familias, de académicos, de profesionistas, de religiosos, de trabaja-dores agrícolas, de trabajadores urbanos y de empresarios migrantes. Representantes de ellas y ellos participaron en las marchas de 2006, y de seguro una buena cantidad de los mismos estaría dispuesta a iniciar o a unirse a organizaciones que promuevan la legalización de los indocumentados, el in-greso legal a EUA de los nuevos migrantes y, en general, la dignidad y adelanto de la comunidad latina.

El objetivo a lograr es que no haya sector de la población migrante que no tenga una organización en la cual participar, sea a nivel local, estatal o transnacional.

Consolidar y enriquecer lo ya organizado, y crear las agrupaciones que aún faltan sería la respuesta lógica y necesaria para dar mayor poder de acción al pueblo migrante, que en cientos de miles, en millones, se volcó a las calles de EUA demandando respeto y reco-nocimiento.

Ayer marchamos, hoy nos organizamos. Ayer marchamos, hoy volvemos con mayor conciencia y poder de lucha.

4. la organización para la acción política. En el campo de la organización y acción para influir en las políticas públicas que

afectan nuestra vida, así como para ejercer nuestros derechos ciudadanos transnaciona-les es donde hemos hecho avances sustanti-vos y a la vez, donde más debemos avanzar en el futuro.

a) voto y representación política en méxicoUno de los mejores resultados del movimien-to por el ejercicio del voto en el exterior fue el que millones de inmigrantes se enteraron por los medios de comunicación de que había sido reconocido su derecho ciudadano fun-damental: votar para elegir rumbo y gober-nantes en su país de origen. Incluso, el amplio descontento generado por las restricciones impuestas al primer ejercicio del voto extrate-rritorial contribuyó a crear conciencia sobre derechos ciudadanos y a exigir que se legisle debidamente su ejercicio. Algo similar ocu-rrió, en su nivel, con el voto de los michoaca-nos en el extranjero.

Además, junto con el movimiento por el voto en el exterior se dio paralelamente el de la representación política en muni-cipios, legislaturas estatales y el Congreso federal. Los migrantes zacatecanos gana-ron por ley la representación política en la legislatura estatal, y sin ley de por medio, algunos migrantes lograron por voto direc-to o por representación proporcional llegar a cargos de elección municipales, estatales y federales.

No obstante, las fuertes críticas que hubo en México al “pobre” resultado del voto en el exterior para Presidente de la República y para gobernador de Michoacán, un resultado positivo de ambos ejercicios es que la clase política ha reconocido que los inmigrantes son parte integral de la democracia y del sis-tema de gobierno. Ya no podrá ignorárseles como ciudadanos de la nación mexicana, fortaleciéndose con ello su reconocimiento como actores de primer orden en la relación con EUA.

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Con base en estas experiencias será posi-ble modificar la ley electoral respecto al voto en el exterior para las elecciones de 2012, así como lograr que se legisle a nivel federal la re-presentación política de migrantes en Méxi-co. La locomotora del ejercicio de los dere-chos políticos en el país de origen ya arrancó, y nada la detendrá.

b) Participación política en euaEs ya importante el número de migran-tes en EUA con doble ciudadanía, esto es, con derechos ciudadanos transnacionales, y su número continuará en ascenso. A ellas y ellos les ha tocado inaugurar la participa-ción política en EUA, afiliándose a los par-tidos Demócrata y Republicano o votando por candidatos de los mismos y sobre todo, haciendo conscientes a gobernantes de que los migrantes existen, cuentan, y que sus in-tereses deben hacerse valer en las políticas públicas.

Todo migrante puede participar polí-ticamente, cuente o no con papeles, y haya adoptado o no la nacionalidad estadouniden-se. Esta participación iría desde integrarse a asociaciones políticas de migrantes, hasta contribuir monetariamente a las actividades de apoyo a causas sociales, e incluso a cam-pañas de candidatos. Entre otras cosas, esta participación ayudaría a combatir actitudes xenófobas y racistas, al demostrar que los mi-grantes se preocupan por mejorar la política y el Gobierno de EUA, y también por resolver necesidades sociales.

Políticos, gobernantes, directores esco-lares, funcionarios de salud y de prevención de desastres, sindicatos, organizaciones de trabajadores agrícolas e iglesias deben sa-ber que el pueblo migrante responde como cualquier otro grupo social al llamado de la solidaridad y, por igual, al llamado para el cambio político. En este sentido, a las cuentas sobre el número de electores la-tinos habría que añadir el número de los

inmigrantes organizados para contribuir a elegir a buenos gobernantes y para vigilar su actuación.

Tenemos las condiciones para transfor-mar nuestro capital social en capital político. Fuera de votar, en caso de no tener la ciuda-danía estadounidense, ninguna otra actividad política nos debe ser ajena.

vi. conclusiónLas campañas antimexicanas y antilatinas en EUA no tienen precedente en sus conte-nidos ideológicos, en su difusión mediática y en su impacto social. Consecuentemen-te, la respuesta a las mismas tampoco debe tener precedente. Somos una generación llamada a crear en la Unión Americana un mundo más justo e incluyente del que te-nemos.

Inermes y divididos nos quieren los gru-pos racistas y xenófobos ante las redadas, las leyes antimigrantes, la explotación y la exclu-sión. Organizados con unidad de propósito y diversidad de formas de lucha será nuestra respuesta.

Por otra parte, en nuestro carácter de co-munidad transnacional, México y su futuro nos importan tanto como el bien de nuestras familias y comunidades de origen. Para ellas y con ellas trabajamos por México. Nuestra lealtad y pertenencia al país de origen tienen nombre y rostro familiar, y también nombre y rostro patrios. Emigramos por necesidad, pero por voluntad seguimos enraizados a la vida del México de aquí y de allá.

La mejor expresión de que EUA y México comparten cada día más un destino común es justamente su creciente comunidad migran-te. Más que puente de comunicación somos agentes de interacción social, económica, cul-tural y política entre ambos países.

Somos, sobre todo, uno de los mayores activos con que cuentan los pueblos de EUA y México para enfrentar con esperanza el porvenir. c

PoR una agenda Política

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Carlos Olamendi Torres

Un retodel contexto binacional

onforme a las últimas notas de prensa, Barack Obama inauguró una intensa campaña en español, que comenzó con el anuncio radiofónico titulado “Nuestro propio camino”, en el que intenta estable-cer paralelismos importantes entre la historia de su vida y la de muchos lati-nos; anunció la creación de un Consejo de Asesores Latinos, compuesto de líde-res sindicales, religiosos y funcionarios electos, entre los que se encuentran Fe-derico Peña, copresidente nacional de su

campaña; Geoconda Argüello-Kline, líder del Sindicato de Trabajadores Culinarios de Nevada; el congresista Xavier Becerra, y el obispo Wilfredo de Jesús, entre otros; así mismo, la prensa ha difundido cómo el represen-tante demócrata Joe Baca, presidente del Caucus Hispano del Congreso, declaró que la reforma migratoria que Obama ha prometido promover en su primer año de gobierno será integral. Nos queda claro que, con-forme se acerquen las elecciones, el Partido Demócrata incrementará el número de sus slogan en nuestro idioma, en una campaña que se calcula destinará una inversión récord de 20 millones de dólares, para atraer a los latinos, de los que parece ser el gran favorito, según la encuesta reciente del centro de investigación Pew Hispanic Center, que le concedió 66 por ciento de las preferencias electorales, dentro de este importante sector de la población.

Por su parte, el candidato republicano John McCaine, al que la última encuesta a la que se tuvo acceso, elaborada por la Universidad George Was-hington, por primera vez le concede las preferencias electorales, se encuentra promoviendo sus vínculos con la comunidad hispana, invocando el nombre del comandante naval Everett Álvarez, prisionero de guerra que compartió con él la cárcel vietnamita de Hoa Loa y de otros honorables compañeros México-americanos de sus tiempos de juventud quienes defendieron a la na-ción norteamericana.

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Al revisar las plataformas políticas que cada uno de los candidatos pu-blican en sus páginas de Internet, encontramos a un Obama absolutamente declarativo, político, que no hace compromisos concretos. En este sentido, puede leerse en www.BarackObama.com que se pronuncia sobre el Mes de la Hispanidad, en el que “honra los logros y sacrificios de los hispano-ameri-canos”, nos recuerda que fue un organizador comunitario de las marchas por la inmigración en Chicago, afirma que es necesaria una reforma inmigratoria integral y proveer cuidados de salud a los 15 millones de latinos que no tie-nen seguro, o incorpora subtítulos en español para los videos que se pueden descargar desde su sitio en el ciberespacio.

Por su parte, John McCain, en su sitio de Internet www.johnmccaine.com, aborda el tema de la inmigración conjuntamente con el de la seguridad, recordándonos que por dos ocasiones ha intentado promover una legisla-ción en materia de inmigración; reconociendo que el sistema migratorio está “roto”, y que es necesario garantizar el respeto de las leyes americanas, pero al mismo tiempo que se debe reconocer la importante contribución económica de los trabajadores migrantes.

Es importante señalar que aborda con mayor profundidad y conoci-miento la problemática de este fenómeno económico y sociodemográfico, mencionando lineamientos como los siguientes: participación de los gober-nadores de los estados fronterizos, para certificar que la frontera es segura; garantizar recursos financieros para capacitación personal y aplicación de tecnología; adaptación de políticas racionales para la contratación en las que intervenga el Departamento de Seguridad Interior; establecer un programa de trabajadores temporales que amplíe el número de visas tanto para trabaja-dores altamente calificados como poco calificados y agrícolas; garantizar que los trabajadores regresen a sus países de origen después de concluido su pe-riodo de trabajo en los Estados Unidos de América; establecer un adecuado sistema de renovación de visados que promuevan la estabilidad en la fuerza de trabajo; establecer un sistema electrónico que facilite a los empleadores la verificación del estatus migratorio de los trabajadores y que incluya sanciones severas en el caso de que contraten inmigrantes ilegales; incluir en el sistema, documentos de seguridad e identificación de trabajadores que contengan da-tos biométricos, y permitir tanto al empleador como a los trabajadores tiem-po suficiente y la oportunidad de corregir posibles errores relacionados con la información del sistema.

Por lo que se refiere al tema de los indocumentados, John McCaine pro-pone que se inscriban en un programa para resolver su situación; que este programa utilice un control de antecedentes penales; promover el aprendi-zaje del idioma inglés y el pago de impuestos y multas; aprobar un curso de ciudadanía como parte de un camino hacia la regularización de su condición jurídica, y promover un programa justo, humano, realista que garantice los derechos del individuo y la protección de las familias.Estos son sólo ejemplos de cómo ambos candidatos han dedicado y seguirán dedicando buen tiempo de sus cam-pañas y bastantes dólares para acercarse a los electores latinos, quienes podrían convertirse en un factor de peso para las elecciones del próximo 4 de noviembre.

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Especialistas en materia electoral han mencionado que los estados del Sur, como Nuevo México, Nevada, Arizona, Colorado o la Florida, jugarán un papel fundamental que podría decidir las elecciones y no debemos perder de vista que en estos estados radican cientos de inmigrantes en edad y posibili-dad de votar, dentro de los cuales los mexicanos o de origen mexicano consti-tuyen una mayoría significativa, como lo reveló recientemente un estudio del Woodrow Wilson International Center for Scholars.

En este sentido, el tema de la migración indocumentada, que preocupa y ocupa a la comunidad mexicana y de origen mexicano en los Estados Unidos de América ha tendido un lugar importante en lo que va de las campañas, en las cuales sus estrategas han sido habilidosos para convencer a clubes, orga-nizaciones y grupos de emigrantes para realizar activismo político a favor de uno u otro candidato, pero no los han invitado a formar parte de un equipo que formule un proyecto de reforma migratoria que impulsaría el próximo presidente de los Estados Unidos de América.

En nuestro país es común que pregunten cuál es mejor candidato o el que más conviene a los intereses de México, especialmente en cuanto al tema migratorio, y de ninguna manera la respuesta es sencilla, si tomamos en con-sideración que nuestras relaciones con nuestro vecino país del Norte son complejas y tienen muchas aristas. Creo que lo importante es hacer notar que tanto el candidato demócrata como el republicano están incluyendo el tema migratorio dentro de sus campañas y eso significa que tenemos ante nosotros una oportunidad histórica para redefinir nuestras políticas migratorias con los Estados Unidos de América. Hay condiciones para promover la discusión del tema, pero el reto también reside en conocer qué piensa México sobre el tema migratorio y qué está dispuesto a hacer.

El panorama no será sencillo, cuando del simple análisis encontramos un Partido Republicano que a través de sus miembros más radicales contribuyó a obstaculizar toda posibilidad de reforma migratoria en 2006 y 2007; sin embargo, hay que reconocer en su candidato John McCain a un hombre con simpatías para México, que como senador promovió una reforma migratoria que incluía mecanismos jurídicos para la regularización de miles de inmi-grantes indocumentados y que ahora como candidato vislumbra el tema bajo el concepto de seguridad, que, como expresaré más adelante, me parece que constituye una posición honesta, que tal vez no compartamos del todo, pero que tampoco es absolutamente errada, si consideramos que los migrantes indocumentados también quieren seguridad, como quieren reconocimiento pleno de su personalidad jurídica.

Por el lado de los demócratas, Barack Obama representa una posibilidad de cambios estructurales, que podría derivar en una reforma migratoria que incluyera una regularización ordenada y posible para los indocumentados; sin embargo, a pesar de los esfuerzos de sus estrategas, todavía se denota en su discurso de campaña una cierta distancia con este importante tema para México. De ahí que sus críticos continúen haciendo hincapié en el descono-cimiento que Obama tiene de los asuntos internacionales de los que la mi-gración formaría parte. La promesa del candidato demócrata de tener una propuesta de un plan concreto para solucionar la migración indocumentada dentro de los primeros 100 días de gobierno y una iniciativa de reforma que presentaría al Congreso durante el primer año de su mandato, no es más que un anzuelo electoral.

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Un reTO del COnTexTO binaCiOnal

Tampoco hay que perder de vista que ambos candidatos encuentran en el tema migratorio la oposición de grupos ultraconservadores que coexisten tanto dentro del Partido Republicano como en el Demócrata y que siguen bloqueando las propuestas para resolver los temas migratorios. Estos grupos son los que promueven medidas antiemigrantes en los congresos estatales, así como ordenanzas a nivel local. Por lo mismo la reforma migratoria no es un tema que apoye sólo uno u otro partido, la realidad es más compleja. Existen circunstancias y escenarios que se entrelazan y el mejor ejemplo de ello nos los dieron la unión de fuerzas entre los senadores Edward Kennedy (demó-crata) y John McCaine, quienes, en su momento, con gran integridad moral y decisión presentaron el proyecto más completo de reforma migratoria del que se haya tenido conocimiento y que obtuvo el consenso de importantes sectores de la población.

Esa propuesta consensuada abordó el punto fundamental de discusión de cualquier reforma migratoria: la regularización de miles de indocumen-tados que por varios años han radicado en los Estados Unidos de América y que por su distribución geográfica, posición social y económica, creciente participación política y aportación al país, esperan una solución de su con-dición legal.

Con toda seguridad las propuestas que presenten los distintos actores de este proceso diferirán unas de otras, pero no podemos perder de vista que tenemos que buscar las coincidencias que nos unan y que impulsen la reforma migratoria como un mecanismo que dará prosperidad y bienestar a la sociedad americana y por consecuencia a México. Con ello podemos construir un piso de consensos básicos sobre migración. Las reglas para regularizar la condición migratoria de los indocumentados, para lograr la residencia o la ciudadanía, o los documentos y requisitos que sean necesa-rios presentar serán materia de leyes reglamentarias y disposiciones admi-nistrativas diversas.

Existe la experiencia legislativa de hace más de dos décadas que nos dejó la aprobación de la Acción de Control y Reforma Migratoria (IRCA) de 1986, durante el mandato del presidente Ronald Reagan. La premisa de la ley IRCA fue reformar la política de la inmigración de los Estados Unidos de América de tal manera que “detuviera” el flujo de emigrantes indocumen-tados no solamente de México sino de todo el mundo. En ese entonces no se sabía de ninguna amenaza a la seguridad interna de los Estados Unidos de América, pero existía la preocupación en torno a la discusión sobre la can-tidad de emigrantes indocumentados y las formas de ingresar legalmente a ese país. Gracias a esta ley, se actualizó el estatus de los emigrantes sin docu-mentos que llenaban los requisitos, en una forma ordenada y relativamente libre de controversias. Algunos observadores lo consideraron el programa de legalización más eficazmente administrado, jamás implantado en el mundo.

Sin embargo, la intención y diseño de las previsiones de IRCA para dete-ner el flujo de obreros sin documentos no tuvieron mucho éxito. Las estadís-ticas muestran que actualmente hay un número más elevado de personas sin documentos en los Estados Unidos de América, que los que había justo antes del programa de legalización. Hoy en día algunos miembros del Congreso de ese país han argumentado que existen entre 12 y 12.5 millones de trabajado-res sin documentos, mientras que durante el tiempo de la vigencia de IRCA, los cálculos eran entre 5 y 7 millones.

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El enfoque de las medidas de IRCA fue “desmagnetizar” el imán que pro-ducía la contratación de obreros, sancionando al patrón que con conocimien-to de causa los empleara de manera indocumentada, y establecía la obligación de los patrones de solicitar a los posibles trabajadores, que demostraran su estatus migratorio antes de ser contratados. Sin embargo, a los patrones se les dio una significativa laxitud, que implicó que ellos simplemente revisaran documentos, en lugar de asegurarse y verificar su autenticidad, lo que pro-vocó que la contratación de trabajadores indocumentados continuara y se generara un mercado negro de documentos falsos de proporciones inmensas y la usurpación de un sinnúmero de identidades.

Aunado a esta situación, era indispensable un incremento sustancial de los recursos del Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y del Depar-tamento del Trabajo de los Estados Unidos de América, para que pudieran realizar acciones de verificación y esos recursos nunca fueron aprobados por el Congreso.

Esperamos que no se repitan los errores que se cometieron en el pasado, pero como lo expresé, esto será materia de definiciones en los instrumentos de una regularización.

Por supuesto que esperamos un procedimiento justo y viable para las fa-milias, pero en nada nos ha ayudado la posición radical de “todo o nada” que han promovido algunas organizaciones sociales, legisladores, activistas o sindicatos, que sólo han logrado poner más trabas al proceso de discusión de la reforma migratoria.

Sabemos que el Congreso de Estados Unidos decidirá si aprueba o no una reforma como ésta y que tal decisión tiene sus propias complejidades si consideramos que actualmente en la Cámara de Representantes el Partido Demócrata tiene mayoría y en el Senado existe casi un equilibrio con el Partido Republicano, situación que podría cambiar en las elecciones del próximo noviembre, cuando se elegirá un tercio de los senadores y todos los representantes de la Cámara. En consecuencia, habrá que estar pendiente de esta recomposición de fuerzas que se vislumbra favorecerá al Partido Demócrata y habrá entonces que realizar un trabajo serio de cabildeo con los nuevos legisladores, para que cada actor de este proceso juegue el papel que le corresponda.

Las organizaciones latinas, de migrantes, de mexicanos, de México-ame-ricanos y de toda índole que apoyen la reforma, deberán hacer esfuerzos para ganar aliados dentro de los grupos de judíos, afroamericanos, europeos y en general dentro de la sociedad americana, y trabajar incansablemente como lo han hecho, para influir a los actores políticos en manos de quiénes estará la posibilidad de convertir cualquier propuesta en ley.

Cuanto antes los ciudadanos latinos que estemos en pro de la reforma migratoria deberemos promover el cabildeo profesional con los representan-tes legislativos y crear equipos de promotores de la legalización, capaces de educar a la comunidad latina y a los patrones, managers, ejecutivos y profesio-nistas de la importancia crucial que representa la aportación de los migrantes en la economía de ambas naciones.

Debemos comportarnos como ciudadanos ejemplares y honestos, y pro-mover en las celebraciones del 5 de mayo, del 15 de septiembre y otros even-tos masivos, no sólo nuestras tradiciones, sino la amistad y los lazos de her-mandad entre los pueblos norteamericano y mexicano.

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Con la ayuda de especialistas, habrá que promover propuestas para una legalización justa, viable y bené-fica para todos; elaborar un documento guía sobre la legalización y difundirlo entre la comunidad latina, sindicatos, organizaciones de trabajadores agrícolas, iglesias, escuelas, asociaciones deportivas y medios de comunicación; promover que funcionarios y legislado-res federales y locales visiten las comunidades de origen de los migrantes en México y alimentar periódicamente a los medios de comunicación con boletines de prensa, e información sobre los beneficios que la legalización traería a ambos países.

Ante este panorama, el papel de México como Gobierno y como socie-dad, también debe ser más activo y propositivo.

No es posible que para lograr un tratado de libre comercio con Estados Uni-dos y Canadá se hayan invertido miles de dólares en la promoción de los beneficios para la región y no estemos dispuestos a invertir en la difusión de una campaña que mejore en la sociedad americana la imagen de los mexicanos y su aportación a la economía estadounidense; no es posible que las grandes empresas mexicanas, quienes tienen un negocio que produce millones de dólares en el “mercado de la nostalgia” con cientos de productos mexicanos en Estados Unidos, no inviertan en campañas de radio y televisión a favor de esta causa (la de sus consumidores), y, por supuesto, no es posible que sigamos sin invertir los recursos que sean nece-sarios para desarrollar un cabildeo formal con los legisladores estadounidenses, a través de nuestros principales cuadros de profesionistas especializados en el tema.

Mientras nos mantenemos pasivos, son inmensos los recursos que el mo-vimiento antiinmigrante invierte en campañas televisivas y de radio para en-venenar a los electores.

Después de estas reflexiones, me pregunto si todavía quedan dudas de la necesidad de que la reforma migratoria pueda ser considerada o por lo menos vislumbrada en un contexto bilateral.

Más aún, si consideramos que el tema migratorio entre México y los Esta-dos Unidos de América tiene características que no se encuentran en ninguna otra frontera; si consideramos que 90% de los mexicanos que radican fuera de nuestro territorio se concentran en los Estados Unidos de América y los mexicanos constituyen su segunda minoría; o que compartimos un gran nú-mero de puntos de cruce que difícilmente serán obstaculizados con muros y policías; si reconocemos que la disparidad salarial por trabajos similares es tan grande que constituye el principal factor que impulsa la migración; si acep-tamos la incapacidad de nuestro país de generar empleos bien remunerados e infraestructura adecuada en los municipios con altos índices migratorios; si nos percatamos que se han conformado complejas redes familiares entre los dos países o si empezamos a actuar coordinadamente contra las bandas de delincuentes que se han conformado para el cruce de indocumentados, que constituye un negocio criminal de varios millones de dólares.

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Y aunado a todo ello, si vislumbramos cómo las interrelaciones entre nuestros países han generado una comunidad inmensa de dobles nacionales y nos han impulsado a buscar alternativas exitosas y de trabajo conjunto en materia de intercambio comercial, transferencia de tecnología, programas bi-nacionales de salud y educación.

Estas situaciones, que son del conocimiento de ambos países, representan sólo ejemplos de problemas “compartidos” que sobrepasan nuestras fronteras. Por lo mismo, habría que asumirlos, discutirlos y promover soluciones concre-tas y objetivas que podrían llegar a ser un ejemplo de cooperación binacional.

No faltarán puristas que consideren que esta aseveración está fuera de todo lugar, por constituir la política migratoria un tema de carácter interno para los Estados Unidos de América y un ejercicio de su poder soberano; y por otra parte, que los principios de política exterior de México, consagra-dos en el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política, conceden al Presidente de la República muy poco margen de maniobra a la luz de la no intervención en asuntos de otros estados.

A pesar de ello, la interdependencia entre los Estados Unidos de América y México y sobre todo, la búsqueda de mecanismos que permitan hacer valer los derechos de los mexicanos que migran de manera indocumentada, evitar más muertes, acabar con la incertidumbre de muchas familias, reconocer la enorme contribución de capital humano que hace nuestro país a la economía de los Estados Unidos de América, y promover el desarrollo y el retorno de nuestro capital humano, bien vale cualquier esfuerzo diplomático, aun cuan-do pareciera infructuoso o inviable en un análisis formalista.

Finalmente, no existen pocos ejemplos de cómo el Derecho Internacional se va formando de una manera más dinámica que la transformación de leyes y tratados, y en muchas ocasiones, son justamente las situaciones de facto y la manera como se han resuelto, las que han impulsado los cambios en la normatividad internacional.

Considero que es justamente en el ámbito diplomáti-co donde no se ha podido concretar una política públi-ca que le demuestre a los Estados Unidos de América nuestro compromiso de asumir una corresponsabilidad en el tema migratorio.

Un compromiso serio que vea el fenómeno migratorio de una manera integral, y en el que México contraiga compromisos bilaterales.

Como país nos falta mucho por hacer, debemos actualizar a fondo nuestra legislación interna y no sólo limitarnos a despenalizar las infracciones de ca-rácter migratorio como recientemente se hizo; debemos asumirnos como un país de migrantes, considerando que cientos de miles de personas emigran en busca de mejores oportunidades para sus familias, pero también, conscientes de que somos un país de destino para muchas nacionalidades, y en gran me-dida un lugar de transmigración, como paso obligado para el camino hacia el Norte. Debemos entonces constituirnos como una nación que reconoce sus responsabilidades tanto con la frontera Sur como con la frontera Norte.

Sería un error negar que, pese a los esfuerzos internacionales, en nuestro te-rritorio se cometen aún violaciones de los derechos humanos de los migrantes indocumentados y que nuestra legislación todavía exige requisitos difíciles de

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sortear para lograr la residencia y la ciudadanía. Más grave aún, sería no reco-nocer que nos falta consolidar una política integral que incluya una reforma profunda a la Ley General de Población para convertirla en un instrumento jurídico de promoción del desarrollo que reconozca la emigración y la inmigra-ción como instrumentos para aumentar el capital humano de nuestro país.

Es impostergable que a través de un instrumento legislativo se establezcan los principios generales de una política de Estado, se conforme un sistema de coordinación interinstitucional para la protección de los derechos de los mi-grantes y los transmigrantes que involucre a todas las instancias de Gobierno y se garanticen recursos para promover el desarrollo económico y social de las regiones con altos índices migratorios, y se fortalezca la capacidad or-ganizativa de las entidades federativas y de los municipios para atender la problemática que genera este fenómeno sociodemográfico.

Aunado a ello, debe promoverse que este instrumento legislativo esta-blezca la obligación presupuestal del Estado mexicano de destinar recursos etiquetados para los programas de atención al fenómeno migratorio, tanto en su aspecto de prevención y atención a violaciones de derechos humanos como a la promoción de proyectos productivos que generen patrimonio fa-miliar y empleo en las comunidades de origen de los migrantes.

Un instrumento legislativo como éste obligaría a los tres órdenes de Go-bierno a tomar conciencia de la importancia de las acciones y programas que faciliten la reinversión productiva de las remesas. Si no hacemos algo para incentivar la economía de las regiones con altos índices migratorios, se agu-dizará la existencia de poblaciones fantasmas y el bono demográfico del que alguna vez gozamos se convertirá en un pagaré que impida el desarrollo de nuestro país en su conjunto. Ya tenemos generaciones enteras de jóvenes que hemos perdido por este fenómeno y no podemos darnos el lujo de minar el dinamismo por falta de capital humano.

Así mismo, una ley de población, migración y desarrollo podría facilitar el tratamiento bilateral de un programa de empleo temporal con los Estados Unidos de América, en el que nuestro principal socio comercial autorizara un número suficiente y realista de visas de trabajo, acordado por ambos países de conformidad con la oferta y la demanda de mano de obra.

Un programa de trabajadores temporales podría ser interesante para los Es-tados Unidos de América, si México jugara un papel más activo, en el que se brindara capacitación a los trabajadores, mecanismos que facilitaran un retor-no seguro, cobertura médica para sus familias y sistemas de reinversión de sus remesas para generar proyectos productivos creadores de patrimonio familiar. Dichos proyectos impulsarían el regreso de los migrantes, permitiendo un sis-tema ordenado y responsable, que le cerraría el paso a la delincuencia organi-zada que trafica con los indocumentados así como a las agencias de colocación mejor conocidas como enganchadoras, las cuales aprovechando que el recluta-miento de los trabajadores obedece al mercado, les cobran “inscripciones” a los programas de trabajo temporal sin brindarles información de las condiciones laborales a las que se enfrentarán; en otros casos, las agencias de colocación defraudan a los trabajadores con empresas contratantes inexistentes.

Son muchos los temas que podrían analizarse en el contexto bilateral relacionados con el fenómeno migratorio, pero sólo con cambios sustanciales en nuestra política interna en esta materia, tanto para la protección de los de-rechos humanos como para la generación de oportunidades de desarrollo que

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disminuyan la migración, podríamos posicionarnos con mayor facilidad ante nuestros principales socios comerciales para convencerlos de las bondades que podrían tener un mayor número de acciones coordinadas y conjuntas.

Hoy más que nunca debemos estar conscientes que si no impulsamos una reforma migratoria en los Estados Unidos de América, ya sea desde las organi-zaciones México-americanas, desde el Gobierno o desde la academia de ambos países, se vislumbra la posibilidad de que la regularización migratoria de los indocumentados, un programa serio, eficiente y creíble de visas temporales de trabajo, mayor seguridad en las fronteras, el abatimiento de la migración indo-cumentada, mecanismos para combatir la inequidad y diferencia salarial entre los dos países y oportunidades de desarrollo regional, se volverán nuevamente asuntos de segunda relevancia para la agenda de nuestro vecino país del Norte.

Para la comunidad latina en general, mexicana y méxico-americana en particular, así como para las organizaciones, sociedades religiosas y los go-biernos, una reforma migratoria integral será la tarea más importante que hayan tenido en su historia y constituirá un reconocimiento a la aportación de los migrantes en los ámbitos laboral, económico, demográfico, de produc-tividad y de competitividad de los Estados Unidos de América.

Y es que la aprobación de una reforma migratoria traerá beneficios econó-micos, prosperidad y seguridad sin precedentes tanto a los Estados Unidos de América como a México, convirtiéndolos en un ejemplo a nivel internacional de cómo enfrentar de manera humana y provechosa un problema de inmen-sas magnitudes.

Para los Estados Unidos de América, la reforma migratoria implicará la regularización y registro de millones de personas, combatirá el mercado ne-gro de falsificación de documentos y usurpación de identidades, ayudará a controlar de mejor manera sus fronteras y, en general, hará una contribución sin precedentes al tema de la seguridad interna.

Para México, una reforma migratoria integral en Estados Unidos y en nuestro propio país, facilitará la inversión de los emigrantes en sus comuni-dades de origen, promoverá el desarrollo local y la generación de empleos, propiciará la reunificación familiar, contribuirá a abatir la migración indo-cumentada, y con ello el deterioro de la salud y la pérdida de vidas humanas, aportando además un elemento que contribuya a la seguridad pública, donde cada vez es más frecuente que cohabiten las bandas de traficantes de perso-nas, con los narcotraficantes y otros grupos de la delincuencia organizada.

Y es precisamente por ello, porque el precio de no actuar es muy alto, tenemos que jugar un papel más activo como país y como sociedad para aten-der los efectos y consecuencias de la migración de hombres, mujeres y niños que tienen un rostro, un nombre, una familia que los espera de regreso y quie-nes tienen derecho a que se les trate con dignidad y respeto.

Tenemos que propiciar la discusión nacional de las causas y efectos del fenómeno migratorio y promover entre las universidades, autoridades fede-rales, estatales y municipales, y entre la sociedad, las alternativas de solución. Debemos hacer los esfuerzos que sean necesarios para que también en Méxi-co la reforma migratoria se convierta en un tema de primera importancia para la agenda nacional.

La reforma migratoria integral tanto en México como en los Estados Uni-dos de América propiciará la seguridad, la prosperidad, el bienestar y el pro-greso de dos naciones hermanas. c

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antonio meza estrada

los niñosLa frase bíblica se refiere a los niños, a los seres más débiles de la humanidad y son precisamente ellos, los protagonistas de esta his-toria. Ahora son los meno-res de edad los que se van a Estados Unidos, solos y

con pleno desconocimien-to de la aventura que ini-cian. Los números dicen que pueden ser varios miles por años, y la gran mayoría no pasa del primer filtro: son detenidos y regresados a nuestro país.

En este ensayo se descri-be su tragedia y a la vez, se abordan algunas preguntas: ¿Cómo se origina la migra-ción de mexicanos hacia Es-tados Unidos? ¿De dónde proceden? ¿Cuáles son sus motivaciones?

◆◆◆migrantes

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Y a mucha honra. Es tan sólo una de las variadas ex-presiones que comúnmente surgen cuando es debatido un individuo acerca de su mexicanidad. Esa necesidad de pertenencia le resulta irre-nunciable, pues le retribuye como individuo el derecho a ser depositario del pasado histórico de toda una nación y le participa de una anhe-lada aunque no muy clara ventura. Pero tal autoafir-mación no está ausente de compromiso, pues no podrá claudicar a los rasgos que a su entender le han dado el sello de identidad, pues le han comprometido, por lo menos, a enunciar tal decla-ración o una semejante. Sin embargo, tal muestra u otra similar de reafirmación de identidad incorpora tam-bién ciertos sentimientos de insatisfacción, orfandad o incluso de derrota con el que todo mexicano lidia, aunque sea de forma velada cuando al hablar de esta nacionali-dad o del pasado que le da identidad surgen, negándose a quedarse ahí, en el pasado, la memoria de fracasos y con-flictos traumatizante durante los primeros intentos de au-todeterminación que fueron reduciendo gradualmente el territorio nacional y exterio-rizando faltas de cohesión social que hoy reflejan inse-guridad y secuelas en la co-lectividad mexicana.

Entre algunos de sus signos más elocuentes se encuentra el de una tácita aceptación de una supuesta incapacidad de autosuficien-cia nacional para generar los

empleos que la población ne-cesita, resultando como un hecho normal e inevitable la migración de mexicanos ha-cia la nación del Norte.

Aunque los motivos apa-rentan ser meramente de carácter económico, exis-ten opiniones divergentes a este problema aduciendo su origen a inestabilidad social durante el periodo revolucionario en México, o a transformaciones de las sociedades tanto emisoras como receptoras de migran-tes. A decir de Massey, en las sociedades receptoras, la migración se establece den-tro de la segmentación eco-nómica creando una clase inestable, con salarios mal pagados y limitadas oportu-nidades de avance. Dado que los nativos rechazan esos em-pleos, los patrones contratan a migrantes y eso detona el reclutamiento y la migra-ción. Esta es una de las ra-zones que explican cómo se ha desarrollado esta realidad durante el siglo XIX entre México y EU, durante la Pri-mera Guerra Mundial, en los años 20, y reforzado durante el Programa Bracero , en el que la migración se convir-tió en rutina. Por su parte, en México con la moderni-zación impulsada por Porfi-rio Díaz creó una abundante oferta de trabajadores pobres sin tierra, mientras que por el lado estadounidense la integración de los estados del suroeste a la economía nacional generó la necesidad de mano de obra, siendo los ferrocarriles el enlace entre oferta y demanda.

El siglo XX registra el ma-yor desprendimiento de mi-grantes mexicanos hacia EU llegando a registrar la mayor migración de trabajadores en la historia, registrando la autoridad migratoria estado-unidense en el periodo que comprende de 1901 a 1990 la cantidad de 7.6 millones de inmigrantes mexicanos que ingresaron legalmente y se convirtieron en residentes de ese país. Tan sólo en 20 años, durante el Programa Bracero se registró una emi-gración temporal de 4.5 mi-llones de trabajadores.

A lo anterior es preciso añadir las estadísticas de la década de los 90, así como los casos de todas las perso-nas que ingresaron al terri-torio norteamericano y que no fueron consignadas por la autoridad migratoria en Estados Unidos y en México. Para el año 2000, estudios del Consejo Nacional de Po-blación en México indican que en EU se contabilizaron 21 millones de personas de origen o ascendencia mexica-na, de las cuales 8.5 millones son nacidas en México y 13 millones descendientes de migraciones previas; de entre los nacidos en México se esti-mó en 3 millones el número de personas que ingresaron indocumentadas. El total anterior representaría en ese entonces la quinta parte de la población mexicana.

razOnes de familiaAl parecer de algunos estu-diosos, la migración no es una decisión individual, sino algo que surge en el hogar en

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relación con las necesidades de consumo del hogar y su capacidad de producción.

Durante el Programa Bracero se formaron las re-des migratorias, las cuales redujeron riesgos e hicieron accesible para todos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, ricos y pobres, el flujo de mi-gración temporal. Con esto, las familias la hicieron parte de sus estrategias de supervi-vencia y la aplicaron de acuer-do con el ciclo de vida de sus integrantes, aun a costa de su propia estructura de co-munidad. Pero la migración distorsiona las pirámides de edad/sexo en las áreas emiso-ras y tiende a drenar a los in-dividuos líderes, provocando que la productividad decaiga en los lugares de origen.

La principal motivación de los migrantes de México, sea temporal o permanente-mente a Estados Unidos, es la búsqueda de una seguridad económica, debido a que de-penden mucho del temporal, que no es estable ni seguro, también para obtener un in-greso extraordinario y sufra-gar algún gasto no previsto. Esta necesidad es favorecida con el desarrollo del trans-porte y las comunicaciones que exponen el confort de la vida moderna en la sociedad estadounidense. Esto genera la percepción de que los re-cursos locales no permitirán mejorar sus expectativas de vida y acceder a un nivel de confort y seguridad que sí se obtiene al cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

El éxito de la migración de mexicanos hacia EU se conci-

be en la relativa facilidad con la que se trasladan al país del Norte, encuentran empleo y a la vuelta de unos años su situación es tal que pueden atraer a su familia de forma directa o incluso indirecta.

Otro enfoque de la mi-gración nos habla de redes de género y también de cómo la mujer ha influido en la cons-trucción de las comunidades de migrantes de manera que puedan establecerse perma-nentemente en Estados Uni-dos. La mujer soltera enfren-ta mayores restricciones de tipo familiar por lo que no es empujada a la migración para obtener dinero, aunque termina haciéndolo, apoyada por otra mujer, quien le sub-sidia con casa e información sobre trabajo. La mujer que migra suele provenir de fa-milias con problemas econó-micos y pérdida de autoridad paterna.

Está presente también el ciclo migratorio del joven adulto que se encuentra en fase de receso cuando el hijo llega a la edad de recibir la preparación para las faenas en las cuales el padre es dies-tro; al término, el aprendiz iniciará el mismo ciclo de su padre: trabajo en la propie-dad y, eventualmente, migra-ción al Norte. Los jóvenes no suelen tomar la decisión por sí mismos, aunque son los principales candidatos al reclutamiento informal por parte de un conocido o fa-miliar, quien le cubre incluso los gastos del viaje, llegando en un inicio con planes de periodos cortos y terminan-do por quedarse.

México es pues, el principal proveedor en lo individual de migrantes hacia EU con el 20% del to-tal de inmigrantes en aquel país, ocu-pando también el primer lugar en tér-minos de inmigran-tes indocumentados con el 56% de los 9.8 millones estima-dos en el año 2002 que ostentan este estatus o condición migratoria.

Esto, cuando la pobla-ción estadounidense se aproxima a un máximo his-tórico de inmigrantes en re-lación a la población nativa, alcanzando en el año 2000 la cifra de 13%, que contras-ta severamente con el índice de los años 1930 cuando sólo era de 4.7% y que fue el otro periodo de inmigración masiva.

Pero además, las estadís-ticas de fertilidad de las fa-milias mexicanas que viven en México y las nacidas en EU de ascendencia mexica-na tienden a descender; no así la de inmigrantes recién llegados a la nación norte-americana que muestran índices en promedio mayor que los casos anteriormen-te mencionados, mayor es-peranza de vida, acceso a servicios permanentes de

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salud y menor mortandad materno-infantil, subsidios y también, altas tasas repro-ductivas en la mujer mexica-na recientemente ingresada a Estados Unidos.

lOs más vUlnerables de la migraCiónDe entre los aspectos que más lastiman y son de llamar la atención está el de la mi-gración de menores de edad, de quienes se tienen muchas anécdotas pero no existe un registro confiable que nos dé una dimensión real del problema. Y es que estimar el número y la ubicación de los menores migrantes indo-cumentados de México den-tro de Estados Unidos no es una tarea fácil. Una parte importante de ellos se pue-de localizar en torno a las faenas agrícolas, ya sea por su propia voluntad o acom-pañando a su familia. Aun así, su estatus migratorio, los registros inadecuados, la di-ferencia de criterios para in-corporarlos o no como tra-bajadores, entre otros, son problemas que dificultan alcanzar un número aproxi-mado de esta modalidad de fuerza de trabajo, que es, por cierto, a todas luces repro-bable. Habría que agregar a estas dificultades la gran movilidad de este género de trabajadores, en su gran ma-yoría estacional, asociada a las tareas del campo.

Uno de los asertos prin-cipales es que ellos son con-siderados como hispanos , nacidos fuera de los EEUU y con bajo nivel educativo y socioeconómico. Además,

enfrentan la marginación y barreras ocasionadas por el desconocimiento del idio-ma inglés. Los menores mi-grantes jornaleros son parte de una fuerza de trabajo que se identifica en 52% como indocumentada. Esta ca-racterística de la fuerza de trabajo agrícola en otros es-tudios la registran en 42%, que equivale a la mitad de los jornaleros nacidos en un país distinto a los EEUU, el cual es de 81% en un estudio publicado en 1995.

Quizá el efecto más la-mentable de estas condicio-nes desventajosas para los menores que se desempeñan como jornaleros agrícolas estriba en el hecho de que por la falta de madurez de su cuerpo, destrezas limitadas y desconocimiento del equipo y maquinaria agrícola, 43% de los accidentes que afectan a menores jornaleros agríco-las resultan en daños severos y permanentes.

De toda la oferta labo-ral que hay en EU, la agri-cultura es la que ofrece más riesgos para los jóvenes, ya que es la que registra el ma-yor índice de accidentes fa-tales llegando al 70% entre jóvenes de 16 y 17 años de edad. Estos cálculos quizá subestiman los números relativos a tasas de morta-lidad en actividades agrí-colas altamente riesgosas. De 32,800 accidentes y 100 fatalidades que se registran cada año, alrededor de 20% se producen en menores de edad trabajando en las granjas norteamericanas. En términos globales, las

autoridades norteamerica-nas correspondientes esti-man que a medida que se reduce el trabajo agrícola intensivo, crece el tamaño de las granjas que utilizan migrantes.

La mayor parte de estos menores jornaleros agrí-colas procede de México. Casi 80% de ellos viven como menores mancipados ; es decir, solos, sin familia-res cercanos y dependiendo económicamente de ellos mismos. De éstos, 59% son migrantes internacio-nales. Se estima que 80% de los menores emancipados están en el rango de los 16-17 años de edad.

En cuanto a algunos da-tos duros se recabaron los siguientes: 89% son varo-nes, 85% son hispanos, 75% nacieron fuera de la Unión Americana y finalmente, 70% están recién llegados y sin documentos. Otros estudios cuantifican entre 3 y 5 millo-nes de trabajadores agrícolas migrantes, de los cuales 80% son latinos, de ascendencia mexicana o centroamericana. Entre ellos se ubican 250 mil como menores de edad, de los cuales 90 mil son inmigrantes procedentes de otro país; 43 mil viajan en compañía de sus familias y otros 55 mil lo ha-cen por sí mismos.

Quizá se deba a la cultu-ra de la migración que se ha creado en algunas regiones de nuestro país a lo largo de generaciones, en la que los menores, al llegar a la adoles-cencia, cumplen con un reto que pudiera considerarse de iniciación particularmente

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para los varones, que consis-te en seguir los pasos de los adultos: migrar hacia el país del Norte.

Si bien las estadísticas acerca de la migración mexi-cana no desagregan edades, existe el supuesto, confirma-do con algunos indicadores estadísticos, de que la mayo-ría de los migrantes son adul-tos mayores de 18 años. De hecho, el promedio de edad de los migrantes se sitúa por encima de los 20 y debajo de los 30 años de edad.

lOs OlvidadOs y sUs anhelOsSi bien a partir de 1993 la Encuesta sobre Migración en la Frontera Norte, entre otros instrumentos de me-dición, capta los flujos del interior de México hacia su frontera con Estados Uni-dos y los flujos de retorno de Estados Unidos hacia México, no indica especí-ficamente la existencia de menores, como tales, den-tro de la gran corriente mi-gratoria.

De conformidad con los acuerdos binacionales para el manejo de la migración indocumentada, suscritos por las autoridades de ambos países a finales de la década de los noventa con el fin de garantizar el regreso ordena-do y seguro de los migrantes mexicanos repatriados, se estableció que a los menores detenidos en la región de El Paso, Tx., se les concentrara concretamente en un centro de detención de la Patrulla Fronteriza asignado para ta-les procesos, a fin de ser en-

trevistados y atendidos por el Consulado mexicano de El Paso, Tx., como una etapa previa a su retorno a nuestro país.

Cifras recientes nos enun-cian ya 8 mil casos anuales de detención por el Servicio de Inmigración y Naturalización.

a manera de COmprOmisOEn los meses de marzo de los años 2003 y 2004 entrevisté a un grupo de jóvenes meno-res de edad cuando habían sido repatriados de Estados Unidos por la frontera. De esas entrevistas se pueden obtener las conclusiones que enuncio a continuación.

El contexto legal en el que los menores se despla-zan de su hogar, fuera de su pueblo y/o comunidad de origen hacia otro país, tiene existencia en lo que estable-ce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-canos, como también en las Declaraciones, Tratados y Convenciones Internacio-nales suscritos por nuestro país, los cuales en términos de la propia Constitución adquieren la categoría de leyes.

Así, el derecho de libre tránsito dentro del territorio nacional está previsto en el artículo 11° de la Constitu-ción. La determinación de los menores de edad de salir del país, si bien no está ne-gada expresamente, sí lo está administrativamente y ten-dría que referirse a salir del país en términos de la Ley General de Población, de los tratados internacionales

y de las regulaciones especí-ficas que tendrían los Esta-dos Unidos de América para admitir a nacionales de otro país. Así pues, se requiere sa-lir de un país con pasaporte y autorización de sus padres e ingresar al otro con la visa correspondiente.

En cuanto al trato que reciben por parte de las au-toridades de Estados Uni-dos, una vez que el menor indocumentado ha sido de-tenido por las autoridades policiacas o migratorias, está bajo la protección de la Con-vención de Viena sobre Rela-ciones Consulares de 1963. En los términos del artículo 36, unas y otras autoridades están obligadas a informar al menor de su derecho a comunicarse con las autori-dades consulares de su país, a éstas, de la detención del menor. En la práctica esto es lo que ocurre de manera cotidiana aunque la atención no se consideraría como del todo deseable.

Es evidente que dentro y fuera de México, los meno-res estarían bajo el cobijo de la Declaración de los Dere-chos del Niño de la ONU, de 1949. Así mismo, de la Con-vención Internacional de los Derechos del Niño, admi-tida por México en 1990 y firmada por Estados Unidos en 1995.

Aunado a los eventos de repatriación se han extraído algunas apreciaciones como que alrededor de la mitad de los individuos es residente de las localidades fronterizas. 40% de ellos están entre los 16 y 17 años de edad, con un

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creciente número que repre-senta un grado de secundaria terminada, y la mitad decla-ró tener empleo 30 días antes de cruzar a Estados Unidos. El motivo principal que los impulsó a cruzar la frontera como indocumentados fue en 80% laboral. La mitad de los menores migrantes de-vueltos cruzan solos la línea fronteriza y quienes buscan compañía lo hacen con sus amigos.

Una vez que los jóvenes y niños son puestos a dis-posición del Consulado, el personal responsable de esta tarea tiende a entrevistarlos, siendo varias las finalidades de la entrevista, como infun-dirles confianza en sí mis-mos, situarlos en la realidad en que se encuentran y des-cribirles cuál es, en términos de la legislación vigente y los acuerdos bilaterales, su futu-ro inmediato.

Hay un pico entre los me-ses de febrero a abril, tal vez coincide con el retorno de los migrantes de nuestro país rumbo al Norte, después de pasar en casa la temporada navideña. De hecho, también puede observarse que a par-tir del mes de mayo comien-za un ciclo de decrecimiento hasta llegar a las cifras más bajas en diciembre.

Siendo en nuestro país obligatoria atender la educación primaria y secundaria, es de-cir, asistir a la escuela hasta los 15 años más o menos, aproxima-damente 40% de los migrantes interrum-pen sus estudios para migrar.

En tanto que 56% de ellos -quienes son mayores de 15 años- debieron ya haber terminado su ciclo de educación obligatoria: La población que opta por la migración a los EEUU tiende a ser más educada que el resto de la población; jóvenes educados que cada vez más buscan fortuna en Estados Unidos. No obs-tante lo anterior, en los úl-timos años se ha registrado el crecimiento en el número de menores migrantes que proceden de los estados de Chiapas y Oaxaca. Según los registros, no se ha detec-tado que alguno de ellos sea monolingüe en alguna len-gua indígena, criterio para considerarlos como meno-res indígenas.

Es posible identificar que existe una especie de corre-dor geográfico en Estados Unidos, el cual los menores migrantes consideran como el destino prioritario, el cual inicia en Texas, continúa con Colorado, Kansas y Tennes-see, hasta llegar a Illinios, lugar donde se ubica la ciu-dad de Chicago, segunda localidad con elevada densi-dad de población mexicana y México-americana en aquel país. Una segunda corriente migratoria se podría conside-rar a partir también de Texas, pasando hacia los estados de la costa atlántica, como son Louisiana, Georgia, Alaba-ma, Florida y concluyendo con Nueva Jersey y Nueva York. La tercera ruta se abre también a partir de Texas, continúa con Nuevo Méxi-co, Arizona y prosigue con California y Washington.

COnClUsiOnesEn buena medida, el flujo desbordado de inmigrantes indocumentados por la fron-tera está asociado a la limita-da expedición de visas de mi-gración y permisos de trabajo para los mexicanos por parte de Estados Unidos. No exis-te conciencia en los jóvenes de que se debe cumplir un trámite administrativo para

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ingresar legalmente a ese país, sea cual fuere su propósito.

Una constante de muchos de los menores es que viven dentro de una estructura fa-miliar incompleta, donde se da la falta del padre o de la madre, sea de manera tempo-ral, definitiva o cíclica. Suelen ser jóvenes de acendrada reli-giosidad, que contrasta con la ausencia de entidades religio-sas o filantrópicas que acudan en su ayuda.

El carácter traumático que representa en nuestros días la migración, por sus muertes en la frontera, tráfi-co de personas y otras con-ductas criminales, exige una política integral, definiciones estructurales inaplazables y una responsabilidad com-partida por ambas partes y gobiernos.

Es muy desafortunada la confirmación del supuesto teórico respecto de la subor-dinación del migrante como obrero o trabajador dentro de Estados Unidos, primero al patrón y luego al sistema sociopolítico, en plena vi-gencia de la asimetría entre ambos países y entre ambos factores de la producción: trabajadores y propietarios.

Respuesta necesaria del poder a manera de políticas públicas

Algunos de los puntos concretos que habrá que llevar adelante, en mi opinión, son:

– Establecimiento de un programa emergente de atención exclusiva a me-nores migrantes deporta-dos por los consulados de México.

– Reforzamiento de la red consular en sus atri-buciones relacionadas con menores migrantes indocumentados, parti-cular, pero no exclusiva-mente los de la frontera.– Apoyo público pre-supuestal a las casas y centros de atención que actualmente atienden a menores migrantes luego de su deportación. – Es-tablecimiento de criterios básicos de operación que los haga merecedores del apoyo oficial.– Una campaña de difu-sión por parte de las auto-ridades norteamericanas en México, sobre las reglas para ingresar legalmente a ese país. Esto debiera corresponderse con cuo-tas reales de permisos de acceso para los diferentes motivos que una masa po-blacional como la mexica-na pudiera solicitar para ingresar: motivos fami-liares, sociales, de estudio y paseo, claro es que tam-bién de trabajo.– Generar una iniciativa que permita el control en la salida de los menores indocumentados, a fin de evitarles el riesgo al que se exponen y reencauzar-los hacia su familia y su comunidad.– Profundizar en el co-nocimiento del problema mediante el estudio siste-mático del fenómeno, no sólo a nivel de muestras sino que, en la medida de lo posible, con universos regionalizados, temporales o situacionales. c

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¿Por qué dejarlos ir?

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Ecarlos Jiménez Macías◆◆◆

l fenómeno migratorio en México es un asun-to que ha visto sobrellevar una transforma-ción acelerada en los años recientes, no sólo en la medida en que se ha incrementado el vo-lumen de migrantes de nuestro país hacia Es-tados Unidos, sino también por el alto índice de importancia que el tema migratorio ha ve-nido a ocupar en el plano político, cultural, social y de acceso a medios de comunicación. Este rápido incremento, vinculado entre otras muchas características a la búsqueda del desarrollo social y humano, ha transformado lo que antes se denominaba en un contexto general como “asuntos migratorios”, en una alta y urgente prioridad de Estado en la que sus repercusiones inciden directamente en las decisiones gubernamentales y, particular-mente, en las estructuras sociales y económi-cas dentro y fuera de la nación.

Teniendo un carácter de tratamiento como si fuese un problema, el fenómeno mi-gratorio es una realidad que presenta muchas aristas y exige una cantidad igual de respuestas y soluciones. Por citar un ejemplo acorde a la realidad actual, se puede confirmar que el tema de la migración es fundamental si queremos

estudiar a profundidad el tema de la seguridad nacional e internacional, desde una perspecti-va antropológica social cercana a la realidad.

Favorablemente, este fenómeno social ya empieza a abordarse desde una perspecti-va global que nos permite conocer el asunto desde diversos ángulos, atendiendo a factores económicos, sociales, políticos, demográficos, culturales, psicológicos e históricos. Por tal motivo, su comprensión requiere de un enfo-que integral que sea aplicado a sus causas, ma-nifestaciones y consecuencias tanto del país de origen como el de su destino, considerando na-turalmente el tránsito que implica el migrar.

En ese tenor, esta característica plural del tema migratorio en el contexto global mundial, nos permite establecer una delimi-tación de las especificidades que en nuestro país se presentan en torno al fenómeno mi-gratorio. En primer lugar, resulta fundamen-tal reconocer las dimensiones del asunto en México en cuanto a porcentaje poblacional de migrantes. De tal magnitud es este hecho, que los reportes del Banco Mundial de 2007 y 2008 ubican a nuestro país como la nación más migrante del mundo. En otro plano, tam-

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carlos JiMénez Macías

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bién es preciso destacar la frontera común de 3,200 kilómetros con el país más poderoso del planeta, lo que constituye un imán muy atractivo para las personas en torno a la ad-quisición e intercambio de servicios y desde luego el poder ingresar a un mercado laboral ampliamente mejor remunerado que en nues-tro país. Además de ello, la visión que se tiene en esta frontera común resulta muy diferente a lo que sucede en torno a las migraciones en otras naciones del mundo, ya que aun cuando para México son cosa común conceptos que van desde la amplia cosmovisión de los dere-chos humanos hasta el beneficio económico que significa el ingreso de dinero por con-cepto de remesas; por el otro lado, para Es-tados Unidos al día de hoy sólo se concentra el debate en torno a un solo precepto: el de la seguridad y concretamente el de la seguridad fronteriza.

Los temas de seguridad, las disposicio-nes parlamentarias nacionales y globales, las repercusiones en política exterior de las po-líticas internas y el entramado mediático han conformado una plataforma de absorción te-mática que subsume cualquier otro tema a la primacía de la seguridad. Incluso, las políticas económicas y financieras deben considerar, entre sus vectores, los aspectos de seguridad.

Para el fenómeno migratorio, la seguri-dad ocupa necesariamente un lugar preponde-rante en nuestras relaciones con Estados Uni-dos. La agenda diplomática de nuestras nacio-nes se ha modificado desde el 11 de septiembre de 2001. Desde esa fecha, el tema migratorio, por ejemplo, ha adquirido una dimensión que la relaciona con la seguridad, insospechada hasta hace apenas unos años. Hoy por hoy, las consideraciones en torno a la seguridad son prioritarias. Sólo hay que ver el sentido y los contenidos de los discursos de los entonces embajadores norteamericanos antes y después del 11 de septiembre de 2001.

En 2000, el embajador de Estados Uni-dos en México, Jeffrey Davidow, enfatizaba frecuentemente los elementos que su gobierno consideraba clave para mejorar las relaciones con México. Así, hablaba de profundizar la apertura económica, la vocación democrática. Después del atentado a las torres gemelas, el én-

fasis es otro. Se habla de la necesidad de sellar las fronteras, de incrementar la seguridad, de aumentar los requisitos de tránsito e incluso, en uno de los actos más regresivos de este siglo, se ha propuesto construir un muro, como si los muros promovieran la seguridad. Pero es im-portante destacar este cambio en el orden del discurso; una transformación que, sin duda, va más allá del campo semántico y toca las fibras más sensibles del campo político.

Durante muchos años, decenios incluso, la problemática de la migración fue vista prin-cipalmente en sus dimensiones demográficas, económicas, sociales y culturales. Pero desde septiembre de 2001, prima una visión geoes-tratégica. Habría que señalar que nuestro país no ha estado a la altura de los cambios, a la al-tura de esta nueva realidad política. Tampoco hemos actuado consistentemente en el ámbito económico y de la justicia social. Pareciera que la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos es una cuestión de destino manifiesto y como tal, inescapable. Pareciera que la atrac-ción norteamericana fuese una ley natural y que, por tanto, no tenemos nada que hacer dentro del país. Ningún rezago que cubrir, nin-gún programa industrial que impulsar, ningu-na ley que crear, ninguna revisión de la lógica institucional y jurídica que hacer. Muchos fun-cionarios mexicanos, incluido el Presidente, se congratulan por las remesas que llegan al país y especulan con ese dinero ganado por otros mexicanos que literalmente fueron expulsados por la falta de oportunidades.

Sin duda ese esquema está cambiando desde el ámbito de la sociedad civil. Las orga-nizaciones no gubernamentales locales, bina-cionales e internacionales poseen estudios y un trabajo que permite definir una perspec-tiva que parte desde el propio concepto de la realidad social, privilegio que el Gobierno no tiene y que se refleja en políticas públicas dis-tantes y alejadas del escenario actual.

En el mundo hay ejemplos recientes que muestran que la migración por falta de opor-tunidades no es un destino manifiesto. Véase el caso de Turquía o de Marruecos, países que han logrado detener sus flujos migratorios a países europeos a través de políticas internas que motivan el empleo y el desarrollo.

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Por todo esto, el tema migratorio ha adquirido una relevancia legislativa creciente pero, hay que reconocerlo, sin la suficiente fuerza cohesiva para generar un espacio de interlocución y de acciones respaldadas por la sociedad, los partidos políticos, el Gobierno federal, los gobiernos estatales y la comuni-dad internacional.

Vale la pena destacar que el tema mi-gratorio ha sido uno de los pocos puntos de coincidencia que se ha tenido entre los diferentes grupos parlamentarios represen-tados en el Congreso y el Gobierno federal. En cuanto a su atención y a sus demandas, la muerte de migrantes, los abusos y violacio-nes a los derechos humanos de las personas en ambas fronteras, así como las amplias re-des de tráfico de personas, por citar sólo al-gunos, han sido materia suficiente para que las bancadas y los partidos políticos se unan en una demanda común que requiere la ma-yor y más pronta de las atenciones. Aun así, las diferencias ideológicas y el extravío de la actual política exterior de México han re-trasado avances que pudieron haberse con-cretado en beneficio de los migrantes y sus familias, situación que ha puesto a México en una encrucijada en torno a soberanía en política exterior.

Un problema detectado y bastante co-mún en la mayoría de los estudios sobre mi-gración internacional, resulta aquel en que los gobiernos de los países expulsores de mi-grantes han sido tradicionalmente omisos, reactivos y contradictorios. Para nadie es po-líticamente rentable aceptar que millones de sus gobernados deben abandonar el país en busca de oportunidades que en su propio te-rritorio no encuentran. Es más fácil y conve-niente -en el caso de México- echar la culpa al país de llegada que los atrae y destacar todo el sufrimiento que padecen los migrantes desde su origen, el tránsito y el destino, e incluso su retorno forzado (deportación), festejando la llegada de miles de millones de dólares que los migrantes envían y presentándolos casi como inversión extranjera, tratando con ello de esconder que en realidad se tratan de sa-larios que el migrante debería estar ganando en su país.

Un hecho indiscutible es que en Estados Unidos se está fortaleciendo de manera clara un escenario contrario a los migrantes, sobre todo a los de origen mexicano y en particular a los indocumentados. Aunque hay opinio-nes en contra de las anteriores medidas y pro-puestas, ya que siempre existe el senador, el gobernador, la organización o el líder de ori-gen hispano que argumenta en sentido con-trario, sus voces se escuchan cada vez menos y algunos están agazapados o por lo menos es-tán esperando que México les dé argumentos para poder defender a los migrantes mexica-nos; esperan alguna medida, algún programa, aunque sea también “fachada”, para siquiera decir que en México se está haciendo algo.

Por otra parte, valdrá la pena preguntarse: ¿Qué hacemos en México ante este escenario? Dos o tres programas de protección (Beta, Pai-sano, Repatriación Voluntaria), algunos meca-nismos de vinculación (Instituto de Mexicanos en el Exterior) y el posicionamiento del tema en el debate (que no en la agenda) nacional.

En México, además de nuestro tradicio-nal antiyanquismo, partimos de posiciones equivocadas frente al proceso migratorio. Se destacan de manera especial dos que han sido señaladas por múltiples estudiosos e institu-ciones educativas, entre otras, por el Colegio de la Frontera Norte:

No asumimos la emigración. No a) preparamos a nuestros migrantes para en-frentarse al proceso migratorio y competir en otro mercado laboral. No les decimos cuáles son sus derechos o a qué servicios tienen acceso. En consecuencia, los man-damos a los peores empleos, totalmente desprotegidos y desorientados.

Creemos que es obligación de Esta-b) dos Unidos recibir a todos los emigrantes que enviemos y derecho de cualquier mexi-cano ir a ese país a buscar trabajo, como si nosotros aplicáramos esos mismos princi-pios a los inmigrantes centroamericanos o del Caribe y de otras naciones del mundo que llegan a México o transitan por él. Ni se nos ocurre que debemos dar o bien hacer algo a cambio. Actuamos como si la emi-gración fuese una ley natural o un destino.

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México está malogrando a una parte muy importante de su fuerza de trabajo, pues las remesas, por esenciales que sean, no com-pensan tan terrible pérdida. En el transcurso del años 2000 al 2006, millones de mexica-nos abandonaron el país en busca de mejores condiciones de vida (hay cifras que hablan de más de seis millones), lo que explica el 66 por ciento de la aparente reducción en el número de habitantes de este país.

Cifras oficiales revelan que en el perio-do 1961-1970, en promedio anual emigraron rumbo al vecino del Norte alrededor de 28 mil mexicanos; de 1971 a 1980, ese prome-dio se incrementó en alrededor de 400 por ciento; es decir, a 137 mil que cruzaron la lí-nea fronteriza; de 1981 a 1990, el número se elevó a 235 mil, un crecimiento superior a 70 por ciento. En el primer lustro de los años 90, 296 mil mexicanos enfilaron hacia el Norte y en el segundo 360 mil, en ambos periodos como promedio anual.

En 45 años, la emigración de mexicanos por razones económicas y sociales ha crecido un espeluznante mil 450 por ciento.

Aunado a ello y en un reflejo claro de lo anterior, los mexicanos que trabajan en el extranjero están rompiendo récord. En 2007 se recibieron por concepto de remesas más de 25 mil millones de dólares; de enero a sep-tiembre de 2006 enviaron 22 mil millones de dólares a sus familias, casi 25 por ciento más que en el mismo lapso de 2005. A su vez, en ese año las remesas habían sido 20 por ciento superiores a las de 2004. En 2005 estos en-víos fueron ligeramente más importantes que la inversión extranjera directa (IED): 16 mil 613 millones de dólares de remesas contra 16 mil 602 millones de IED. Además, las reme-sas son ampliamente superiores a los ingresos turísticos.

Las estimaciones más recientes de la pro-bable evolución de los mercados de trabajo en el mundo indican que la fuerza de trabajo en las naciones de altos ingresos declinará, en tanto que en los países en desarrollo crecerá. Así la fuerza de trabajo en los desarrollados pasará de 481 millones en 2001 a 474 millo-nes en 2025, en tanto que en los países en de-sarrollo los números serán 2 mil 596 millones

y 3 mil 561 millones de trabajadores en 2001 y 2025. Ello da cuenta de un incremento en la población dependiendo en los países ricos, lo que aumenta la importancia del trabajo de los emigrantes, particularmente de quienes care-cen de calificación.

Desde la perspectiva comparada en el ámbito internacional, que ha permitido el trabajo directo en las comisiones de Relacio-nes Exteriores del Senado y de la Cámara de Diputados, se detectó un importante movi-miento de parlamentarios sobre los temas de población y movilidad humana en el plano regional hemisférico y a nivel mundial. Cada vez son más los estudios y las cátedras que se realizan tanto por organizaciones de la socie-dad civil, como por instituciones del orden académico o político en estos temas, de tal suerte que en el plano internacional existen incluso comisiones como el Foro Asiático de Parlamentarios en Población y Desarrollo (AFPPD), el Grupo Parlamentario Interame-ricano sobre Población y Desarrollo (GPI), el Grupo de Parlamentarios Africanos y Árabes en Población y Desarrollo (FAAPPD), el Grupo de Trabajo sobre Población y Desa-rrollo Sostenible y Salud Reproductiva en el Parlamento Europeo (EPWG), la Comisión de Migración y Movilidad Humana del Par-lamento Latinoamericano (PARLATINO), la Unión Interparlamentaria Mundial, el Par-lamento Centroamericano, el Comité Global de Parlamentarios en Población y Desarrollo (GCPPD), la Organización Internacional de Médicos Parlamentarios (IMPO), los Par-lamentarios para la Acción Global (PGA) y la Confederación Parlamentaria de las Américas (COPA), entre otras, que en sus debates generales y agendas han incluido el tema migratorio como un punto principal en sus discusiones, intercambios, resolutivos y acuerdos.

Así mismo, México se ha visto obligado a tomar acciones en el escenario internacio-nal en los temas de migración. En la Cumbre del Mecanismo de Cooperación Económica de Asia Pacífico,1 realizada en Moscú en ene-ro de 2007, el tema de migración fue un tema toral en la agenda de este evento mundial y el caso mexicano fue expuesto por la delegación

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de legisladores mexicanos como un caso espe-cial por el índice de migrantes de México en Estados Unidos.

La Confederación Parlamentaria de las Américas2 realizó su XV Reunión del Comi-té Ejecutivo en la ciudad de Los Ángeles, en donde el tema migratorio copó la agenda y alcanzó los consensos para que los más de 80 parlamentarios del continente ahí reunidos emitieran un resolutivo de apoyo a políticas migratorias justas y en legítimo apego a los derechos humanos de los migrantes y sus fa-milias, resolutivo que fue suscrito incluso por legisladores de los Estados Unidos de Amé-rica y Canadá, en un hecho histórico y sin precedente.

Estos esfuerzos podrían parecer aislados y lejanos a la realidad migratoria que conlleva día a día en México y en Estados Unidos; sin embargo, uno de los impulsos que ha moti-vado a asumir este tipo de acuerdos históri-cos se deriva fundamentalmente del hecho de que muchas de las propuestas en materia migratoria han tenido que reconocer el papel de las organizaciones de la sociedad civil para aproximarse a las soluciones, o al menos en los paneles de discusión así lo han manifesta-do los parlamentarios del mundo.

En el caso del Gobierno mexicano, éste ha tenido que “ciudadanizar” sus políticas pú-blicas, redefiniendo sus estrategias en acciones que además de legitimidad, provean también resultados. Efectivamente, tenemos que reco-nocer que el Gobierno de México no ha po-dido establecer las soluciones necesarias en la medida en que es grande el fenómeno migra-torio. Incluso, en la más alta de las incongruen-cias, se reconoce y se señala que las autoridades migratorias en México tratan igual o peor a los migrantes centroamericanos y de otros países que surcan el territorio nacional en su afán de alcanzar el “sueño americano”.

Existen diferentes programas implanta-dos por el Gobierno federal y apoyados desde el ámbito de la normatividad y regulación y asignación presupuestal por los legisladores, lo que ha permitido que estos programas cumplan de cierta manera como atenuantes a los embates que se tienen en materia migrato-ria, particularmente en los temas de derechos

humanos y representatividad social y política. Entre otros se destacan: el Programa Paisano, el cual funciona desde diciembre de 1989 bajo la figura de Comisión Intersecretarial, con la suma de esfuerzos de 15 secretarías y dos entidades del Ejecutivo Federal, así como tres procuradurías. Es un programa perma-nente y cuenta con un Comité Técnico, una Coordinación Nacional, dos representacio-nes en Estados Unidos y 29 comités estatales. Menciona en sus documentos que tiene como objetivo principal asegurar un trato digno y apegado a derecho para los mexicanos que ingresan, transitan o salen de nuestro país, a través de la información y difusión sobre el cumplimiento de obligaciones y derechos, la protección de su integridad física y patrimo-nial, la sensibilización y capacitación de ser-vidores públicos y sociedad, así como la aten-ción y seguimiento de quejas y denuncias.

Otro de ellos es el Grupo Beta de Protec-ción a Migrantes, el cual tiene como objetivo primordial la protección y defensa de los dere-chos humanos de los migrantes, así como de su integridad física y patrimonial, con indepen-dencia de su nacionalidad y de su condición de documentados o indocumentados. Ejerce sus funciones en 3 vertientes: rescate y salva-mento, protección de los derechos humanos y orientación y asistencia. Existe también el Pro-grama de Menores Repatriados por la Frontera Norte México-Estados Unidos de América, el cual se encuentra inscrito en el Programa de Cooperación del Gobierno de México con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infan-cia (UNICEF). El Proyecto Interinstitucional de Atención a Menores Fronterizos surgió en 1996, con el propósito de atender de manera integral la problemática de riesgo que enfren-tan los menores en condiciones de vulnerabi-lidad radicados en las franjas fronterizas del país. Recientemente y ante el incremento de repatriados en las zonas limítrofes de México y Estados Unidos, el Gobierno ha impulsado un programa de atención y apoyo a migrantes deportados y repatriados, el cual es un asun-to de urgente atención, y que había sido una propuesta enunciada en el foro “El México Migrante” por diversas organizaciones de la sociedad civil.

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Existe también el Instituto de los Mexi-canos en el Exterior, creado en abril de 2003 como un órgano administrativo desconcen-trado de la Secretaría de Relaciones Exterio-res, con el objetivo principal de promover estrategias, integrar programas, recoger pro-puestas y recomendaciones de las comunida-des, sus miembros, sus organizaciones y órga-nos consultivos, tendientes a elevar el nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero, así como ejecutar las directrices que emanen del Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior. En-tre sus atribuciones destacan:

– Promover la revalorización del fenóme-no migratorio y el trato digno a los mexi-canos que viven en el exterior; – Favorecer la creación de espacios de re-unión y promover la comunicación con y entre las comunidades mexicanas que vi-ven en el exterior; – Fungir como enlace, en coordinación con las representaciones de México, con las comunidades mexicanas que viven en el exterior;– Establecer una adecuada coordinación con los gobiernos, instituciones y orga-nizaciones de los estados y municipios en materia de prevención, atención y apoyo a las comunidades mexicanas en el exterior y en otros temas afines y comple-mentarios;– Diseñar y promover mecanismos para la ejecución de los programas y proyectos propios de las labores del Instituto de los Mexicanos en el Exterior;– Organizar y participar en seminarios, conferencias, simposios, coloquios y con-gresos públicos, privados y académicos en materia de migración y atención a mexi-canos en el exterior,– Recabar y sistematizar las propuestas y recomendaciones tendientes a mejorar el desarrollo social de las comunidades mexicanas en el exterior que formulen órganos consultivos constituidos por representantes de dichas comunidades, entre otras.

El 8 de agosto de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se crea el Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, como una Comisión Intersecretarial de ca-rácter permanente, que tiene por objeto ela-borar propuestas que coadyuven en la adop-ción de las políticas y ejecución de acciones de gobierno encaminadas a la atención de las necesidades y demandas de las comunidades mexicanas que radican fuera del país, respe-tando en todo momento la soberanía y auto-ridad de los estados donde residen.

En 2005 y 2006 se trabajó en un grupo plural de legisladores, académicos, juristas y líderes de organizaciones sociales, civiles y re-ligiosas, los cuales se dieron a la tarea de crear una posición actual del fenómeno migratorio en México. De los resultados de este grupo de trabajo se desprendió el documento deno-minado “México frente al fenómeno migrato-rio”, mismo que pretendió ser la posición de nuestro país en torno a este fenómeno. El in-tento fue alentador; sin embargo, la omisión de migrantes en el proceso de elaboración de este documento hace que esta posición esté devaluada y no cuente con el visto bueno de quienes son los principales actores involucra-dos en el tema de estudio.

En ese orden de ideas, resulta importan-te destacar la necesidad urgente que tiene el que la migración deje de ser tratada como un problema que puede ser resuelto mediante fórmulas administrativas. Por el contrario, ésta debe ser enfocada como un fenómeno global, cuyas causas responden a la desigual-dad entre países y sociedades. Por ello, debe-mos insistir en la contribución que los traba-jadores migratorios hacen al crecimiento y prosperidad de nuestras naciones.

La falta de respeto de los derechos de los migrantes surge a partir de la falta de una aplicación cabal de los instrumentos nacionales e internacionales sobre derechos humanos. Luego entonces, debemos garan-tizar que las leyes para la protección de los emigrantes incluyan mecanismos para ase-gurar su efectiva implantación, en particular dotándolas de recursos adecuados para este propósito.

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La magnitud del fenómeno migratorio en México nos obliga a supervisar que nues-tros gobiernos eviten aplicar políticas mi-gratorias de carácter dual o contradictorio. La migración no puede ser encauzada posi-tivamente y de manera congruente si ésta se alienta y se combate al mismo tiempo.

En efecto, no obstante la retórica acerca de la migración irregular, muchos gobiernos la toleran, mientras que, oficialmente, refuer-zan los controles contra los trabajadores mi-grantes a los que denostan como “ilegales”.

La distancia entre las declaraciones po-líticas y su puesta en práctica, representa un problema para adoptar las medidas necesarias que permitan combatir a los verdaderos de-lincuentes; aquellos que utilizan los medios de la globalización para obtener ganancias ilí-citas por medio del tráfico de mujeres y niños en todo el mundo. Solamente si combatimos los vacíos e incongruencias de nuestros or-denamientos migratorios, podremos luchar contra la intolerancia a la que alientan los po-líticos irresponsables que ven en el migrante un objetivo de campaña electoral.

La creciente xenofobia, alimentada por la manipulación política, ha llevado a un incremento de las hostilidades en contra de los migrantes. A pesar de la existencia de instrumentos nacionales e internacionales sobre sus derechos, continúan ocurriendo violaciones de derechos, explotación y abu-so de migrantes, y nuestro país es desafor-tunadamente un escenario propicio para la violación de los derechos humanos de los migrantes. En este sentido, debemos recor-dar que los trabajadores migrantes cuentan con derechos humanos y laborales recono-

cidos internacionalmente, tales como la Convención Internacional sobre la Protec-ción de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como la Convención Internacional sobre la Elimina-ción de todas las Formas de Discriminación Racial. Por ello, tenemos que actuar con-gruentemente y garantizar en México, lo que exigimos se cumpla en Estados Unidos con nuestros connacionales.

México necesita redefinir su política migratoria y ubicarla a la realidad actual del contexto en que vivimos. Desde el Congreso de la Unión ha habido importantes esfuerzos por impulsar un diálogo estrecho que conlle-ve a la consolidación de una reglamentación interna del orden legal para los temas de mi-gración y movilidad humana. Lamentable-mente, la falta de visión política y la pugna de intereses al interior de las posiciones par-tidistas, ha impedido que esfuerzos como el de promulgar una Ley General de Migración o crear la Procuraduría del Migrante, se vean detenidos desde el ámbito legislativo. Desde mi responsabilidad como senador y vincula-do al tema migrante, he coadyuvado en ello al haber presentado una iniciativa de ley para crear la Procuraduría del Migrante, esfuerzo que requerirá de la voluntad de las demás fuerzas políticas representadas en las cámaras para su conclusión favorable.

Hemos avanzado sin duda en esta ma-teria, pero las soluciones no están a la par de las carencias; por el contrario, el fenómeno migratorio nos ha avasallado y desde esa perspectiva es que tenemos que avanzar y trabajar de forma responsable, congruente y comprometida. c

1. APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation, en español Foro de Cooperación Económica Asia-Pa-cífico) es un foro multilateral creado en 1989, que trata temas relacionados con el intercambio comer-cial, coordinación económica y cooperación entre sus integrantes. Como mecanismo de cooperación y concertación económica, está orientado a la promo-ción y facilitación del comercio, las inversiones, la co-operación económica y técnica, así como al desarrollo económico regional de los países y territorios de la Cuenca del Océano Pacífico.

2. La Confederación Parlamentaria de las Américas es una organización que congrega a los congresos y a las asambleas parlamentarias de los estados unitarios, fede-rales, federados y asociados, los parlamentos regionales y las organizaciones interparlamentarias de las Améri-cas. Su objetivo principal es el de contribuir al fortale-cimiento de la democracia parlamentaria y a la edifica-ción de una comunidad de las Américas fundada en el respeto de la dignidad y los derechos humanos, la paz, la democracia, la solidaridad entre los pueblos, la justicia social y la equidad entre los géneros.

Notas

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Alianzanacional por los migrantes

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EHeriberto M. Galindo Quiñones◆◆◆

l flujo migratorio que recorre sin pausa los países latinoamericanos y sobre todo México - que aporta casi medio millón de personas anualmente- y América Central llega a los Estados Unidos de América sin que nadie lo pueda detener, si acaso atenuar; pero será eterno si, como suponemos, los desarrollos relativos del norte y del sur siguen siendo desiguales, como lo desean sectores econó-micos retardatarios y dominantes de allá, a los que conviene continuar sosteniendo e impulsando la dependencia de nuestros paí-ses en lo económico, industrial y financiero, cuando no en lo político. El desarrollo pleno de México significaría el encarecimiento au-tomático de todos los procesos norteamerica-nos de producción.

Las causas de la desigualdad son las mismas del subdesarrollo lacerante que no hemos podido superar por más esfuerzos que se hayan hecho, y éstas se sustentan en infini-dad de razones que van desde las culturales, educativas, étnicas, económicas, financieras, nutricionales y de salud en general, científicas, tecnológicas y de dominación tanto regional como transnacional. El asunto migratorio no es menor y lastima mucho más cuando se per-cibe que no existen la conciencia plena de los problemas que entraña, las voluntades reque-ridas, la disposición verdadera, los entusias-mos y los ánimos sinceros indispensables, y peor aún, las decisiones políticas fundamen-tales para hacer algo trascendente y bien sus-tentado para la protección, defensa y orienta-ción de los más de diez millones que residen

sin documentos migratorios de residencia legal en los Estados Unidos de América, en tanto regularizan su condición. Paradójica-mente, ellos, los que más sufren, son los que más apoyan a su país, nuestro país.

Persiste una situación penosa y dolo-rosa, y una necesidad que es inaplazable de atender, la formalización de su estadía, mis-ma que exige que los gobiernos de México y de Estados Unidos convengan finalmente en acordar, como en algún momento estuvo a punto de ocurrir y se frustró por pretender la “enchilada completa”. Sin embargo, los tra-bajadores mexicanos por su parte continúan allá, donde trabajan, consumen y pagan im-puestos con mínimos sociales por parte del Gobierno de aquel país.

Falta también la previsión y suscrip-ción de acuerdos y tratados para trabajadores temporales, que es otro aspecto del gran pro-blema migratorio, desde el punto de vista de Washington, como se previó en la iniciativa Kennedy-McCaine, y como los que ya tene-mos con Canadá. La situación es más delica-da de lo que parece para los dos países y con-secuentemente nos incumbe y obliga a todos, porque involucra ya problemas de seguridad y brotes de discriminación racial.

Es inadmisible dejar pasar por negligen-cia, descuido, indolencia o desgano las acti-tudes de odio y xenofobia de los trastornados extremistas estadounidenses que cazan con sus rifles a los latinoamericanos indocumen-tados -sin miramiento alguno y sin que nadie actúe para poner orden ante tales delitos-, en

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los cruces fronterizos. Ellos consideran más delincuente al migrante indocumentado al que aprehenden, encarcelan y deportan, que al que desenfunda un arma y la dispara para agredir y matar a un ser humano que por hambre y necesidad cruza “su” territorio.

Es inaceptable que se siga postergando la reforma a las leyes migratorias de EUA y que nosotros permanezcamos impávidos y en actitud de pasividad e inconciencia, cuando deberíamos poner en marcha, desde ahora, suficientes mecanismos de cabildeo, persua-sión y presión diplomática y política en busca de ese logro. No podemos abandonar más a nuestros compatriotas por el solo argumento de que “ya viven allá” y porque “ellos decidie-ron arriesgarse e irse a la aventura”.

Algo hay que hacer con las autoridades migratorias de EUA, pues no corresponden a ningún código de justicia humana las redadas o detenciones violentas que se realizan a me-nudo en establecimientos comerciales o en las calles de las ciudades norteamericanas, que se llevan a cabo contraviniendo acuerdos y tra-tados internacionales como la Convención de Viena que subscribieron México y EUA, y está vigente, pero que en EUA casi siempre es letra muerta.

El Gobierno de México tiene que em-peñarse con mayor firmeza y vigor a fin de persuadir y presionar por los medios legales y diplomáticos al alcance, para que esta situa-ción cambie y mejore.

¿Qué haríamos si regresara la mayor parte de nuestros connacionales a causa de las redadas y las expulsiones como las que tan a menudo se están practicando? No tenemos dónde y en qué emplearlos. ¿Cuáles medi-das aplicaremos ante la creciente caída de los flujos de las remesas que envían los nuestros a sus familiares que viven en el territorio na-cional? Es imperativo que el tema migratorio se ubique, para siempre, como prioritario en la agenda mexicana que se tiene para el tra-tamiento de los asuntos bilaterales, aunque los vecinos pidan lo contrario, pues es uno de nuestros escudos y piedra de toque para cual-quier negociación; es de urgente y obvia re-solución que se establezcan nuevos grupos de estudio y de trabajo al más alto nivel, específi-

cos y formalmente establecidos, que trascien-dan al discurso y concreten propuestas, que vayan más allá de las reuniones binacionales o interparlamentarias tradicionales, de las que por cierto quedan saldos muy exiguos debido al escaso interés que muestra la contraparte estadounidense. Se requiere con urgencia, así mismo, establecer compromisos con base en programas, calendarios y metas revisables, elaborados a conciencia en mesas de trabajo donde participen los académicos y los exper-tos gubernamentales más capaces y conoce-dores de ambas naciones, que elaboren las propuestas más viables, con el objeto de que los representantes de los dos países conversen, negocien y concreten, pensando en lo impor-tante y urgente que es asumir resoluciones de corto, mediano y largo plazos, con el propósi-to de darle al problema el tiempo, la seriedad y la responsabilidad que requiere, más allá de declaraciones, protagonismos o ardides elec-torales de partidos políticos.

Este trascendental tema no aguanta más espera y no merece manipulación alguna. Lo más aconsejable es actuar con rapidez ante lo que parece ser la última llamada con carácter preventivo, pues el problema puede hacer explosión en cualquier momento, más fuer-temente de lo que ya ha acontecido y más vale que no nos llamemos a sorprendidos cuando ello llegase a ocurrir mediante estallidos so-ciales que no serán gratos ni saludables, pero que tienen su fermento y caldo de cultivo muy localizados aquí y allá, y que afectarán inevi-tablemente a las relaciones de los dos países, más incluso que los problemas generados por el tráfico de drogas, pues las señales están a la vista ante la postergación de planteamien-tos y soluciones que son mucho más que una asignatura pendiente.

La circunstancia del próximo cambio de gobierno en EUA podría ser ocasión propicia para el relanzamiento de estrategias que debe-rían estar ya afinadas, más aún cuando la elec-ción presidencial en el país vecino del Norte se observa como de pronóstico reservado y hasta el momento los candidatos no han dado sig-nos claros y definitivos de lo que harán en este tema si salen triunfantes en noviembre próxi-mo, porque no todo estará en sus manos.

Heriberto M. GAlindo Quiñones

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De una parte está la actitud hipócrita que ha caracterizado a los factores que operan allende nuestra frontera norte, sobre todo en algunas esferas gubernamentales y en miem-bros de las cámaras legislativas, ya que por un lado las corporaciones empresariales requieren y contratan -legal o ilegalmente- nuestra mano de obra, que aquí la tenemos de sobra a causa de que nuestro sistema económico ha sido in-capaz de generar los empleos necesarios para esos compatriotas que surgen de nuestro siste-ma educativo nacional y que al no encontrar un empleo, se arrojan a una aventura llena de riesgos porque no tienen alternativa, y se van al norte en busca de trabajo y de ingresos que les permitan sostener a sus familias. De otra parte está la negligencia y el descuido de varios del Gobierno federal y estatal que no tienen calificación aprobatoria en la promoción de las inversiones que generen esos empleos que contribuyan a atenuar el flujo migratorio y de paso arraiguen a los paisanos con sus familias en sus lugares de origen. Es cuando los resul-tados positivos de los programas federales de empleo no se sienten, no se ven ni se oyen.

Por supuesto que el asunto no es ex-clusivo de México y sucede lo mismo en los países de Centroamérica, el Caribe y América del Sur, donde las economías no han podido generar la riqueza y los empleos que se requie-ren para que esa mano de obra cada vez mejor capacitada pueda quedarse en los territorios donde nacieron hombres y mujeres esforza-dos y dispuestos, que viven en la desespera-ción dado que en sus países carecen de opor-tunidades y no obstante que en todavía el co-loso norteamericano se les maltrata, explota, discrimina y persigue, se lanzan a la aventura por la subsistencia, para vivir y sobrevivir.

Si convenimos en que lo de fondo en el problema migratorio es la ausencia de niveles de desarrollo que permitan la ocupación y el bienestar plenos de la población que se ve obli-gada a abandonar sus países por necesidad y a menudo por hambre, y si soñamos con que algún día se lograra superar dicha situación en México, lo lógico es que ello dificultará el crecimiento y la evolución de la economía estadounidense, pues los costos de operación se les verían incrementados de manera nota-

ble porque los migrantes centroamericanos preferirían quedarse tan sólo cruzando el Río Suchiate, donde se habla su propia lengua y tendrían mejores condiciones de convivencia social, y así el sufrimiento y los traumas serían menores que los que les ocasiona tener que so-meterse a una vida en inglés con los desprecios normales y discriminatorios a que son sujetos allende el Río Bravo por el ala rancia, conser-vadora y despreciativa de la sociedad estado-unidense, que por supuesto tiene excelentes excepciones que se notan y se aprecian.

Por eso mismo las corrientes más con-servadoras están en una encrucijada que causa hilaridad a los latinoamericanos y a los lati-noamericanistas de origen anglosajón, pues los integrantes de estas corrientes por una parte quieren que en Latinoamérica permanezcamos en el subdesarrollo para que ellos puedan man-tener bajos los costos de producción, basados en los costos también bajos de nuestros insu-mos como lo es la mano de obra y los produc-tos primarios, y por otra, hay quienes pugnan por el endurecimiento de las políticas migra-torias, por el establecimiento de muros fron-terizos, redadas, detenciones y deportaciones flagrantes e inmisericordes, lo que implica des-acuerdos internos entre poderes importantes, fácticos y no tan fácticos de EUA. De allí que hagan falta definiciones estables de los norte-americanos que den certidumbre a las medidas que se tomen y a los acuerdos que se firmen, para que todos sepamos a qué atenernos y ha-cia dónde vamos o pretendemos ir, allanando esas actitudes hipócritas de doble y triple dis-curso, según convenga a las partes.

El caso de los programas y las acciones del Gobierno mexicano en el renglón de la protección y la defensa de los migrantes tie-ne sus características positivas muy especiales, pero requiere que haya un sacudimiento que derive en fortalezas que le den características de política pública más allá de los vaivenes de toda transición. El planteamiento teórico es excelente y debe constituir una verdadera po-lítica de Estado en esta materia, los programas vienen de antaño, de hace varios sexenios, ha-biendo dado nacimiento al Programa para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, que se echó a andar en la Secretaría de Relaciones

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Exteriores con el aliento de los presidentes sur-gidos de las filas del Partido Revolucionario Institucional. Se ha escrito y hecho mucho en favor de los paisanos, incluso en la actualidad y durante la administración anterior; hay infi-nidad de experiencias loables como la Red de Protección de Chicago, que es un extraordina-rio experimento de profesionales integrantes de la sociedad civil, que han acudido al llama-do de la representación consular en auxilio de los compatriotas carentes de recursos para de-fenderse, pero hacen falta más recursos finan-cieros para que este tipo de proyectos penetren más y calen más hondo, pero sin preferencias partidarias, que es lo que menos debe impor-tar cuando uno vive en el extranjero, pues por encima de intereses personales o de grupo o partido debe imperar el interés de todos los mexicanos, sin distingos.

La política de atención a migrantes que dirige la SRE es aceptable, pero la estructura operativa debe ser ampliada, mejorada y for-talecida; por ejemplo, sería muy positivo ele-var el rango del área de protección haciéndola Dirección General separada de la de Asuntos Consulares, para centrar su atención en la pro-tección y la defensa, e impulse la formación de especialistas en la materia, específicamente en las leyes de Estados Unidos. Los recursos finan-cieros que se le asignan actualmente para estos propósitos requieren ser aumentados, en el pre-supuesto de 2009. Ese dato que indica que el presupuesto asignado para el año en curso para Dirección General de Asuntos Consulares y Protección y para el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) es apenas menos de la milésima parte de lo que los mexicanos envían anualmente a sus familias mediante las reme-sas es espeluznante, pero puede ser remedia-do por los miembros de la actual Cámara de Diputados a la hora de elaborar el presupues-to del año entrante. Si el actual presupuesto es de poco más de doscientos millones de pesos para Protección y Asuntos Consulares y para el IME, al separar las áreas debería de contarse con recursos para desplegar una actividad ver-daderamente ejemplar en cuanto a protección y defensa de los migrantes, educación, salud, promoción cultural y divulgación en el exterior de las raíces y tradiciones mexicanas.

La propuesta incluye crear una nueva estructura funcional y orgánica que se de-nomine Dirección General de Protección y Defensa de los Migrantes, ampliar el pre-supuesto que implique la contratación de cientos y muy buenos abogados con mística, a los que habrá que convertir en especialistas en protección y defensa jurídica de los com-patriotas que viven en el exterior, mediante cursos de posgrado en universidades de alto nivel. Habrá que promover como organiza-ción civil no lucrativa una Red Nacional de Protección y Defensa de los Migrantes. Pero la protección y la defensa de los paisanos no de-berá circunscribirse a los aspectos meramente jurídicos, deberá precisar, también, de una estrategia de comunicación y de divulgación, de las leyes americanas y sobre todo de orien-tación social, legal, cívica y familiar, usando todos los medios de comunicación al alcance, mediante programas diarios o semanales de radio y televisión, espacios en los periódicos en español y el uso permanente de espacios, portales y estaciones por la red internet con la participación de los cónsules mexicanos y sus colaboradores expertos en estos asuntos. Más aún, la protección y la defensa de los mi-grantes debe cubrir también los aspectos edu-cativos, culturales, de salud y de orientación nutricional y familiar, para el fortalecimiento y mejoramiento de los niveles de vida de los mexicanos que residen en EUA.

En estos días, en las principales ciuda-des de la Unión Americana están siendo ele-gidos los miembros del Consejo Consultivo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME) y sería muy saludable que, a la luz de ese cambio, se renueven también las posicio-nes directivas en el propio IME, desde la ca-beza hasta los pies, pues se requiere conservar, ciertamente, lo mejor de las experiencias po-sitivas, pero así mismo hace falta dar entrada a ideas nuevas y más frescas que provengan de los que más sienten los problemas de los mi-grantes. La oportunidad allí está.

Un aspecto de la mayor importancia es la difusión de nuestras raíces y tradiciones, mediante festivales, programas especiales de promoción, talleres, publicaciones y de divulgación en general, además del aliento

Heriberto M. GAlindo Quiñones

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a centros de cultura, para lo cual deberán establecerse también los presupuestos indis-pensables desde 2009, pues es una verdadera vergüenza que ocupemos los últimos lugares en estos campos tan importantes.

La experiencia del centro de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en San Antonio, Texas, es de exce-lencia y deberá ser apoyada mayormente, pero esos ejemplos deberán llevarse con fuerza como extensión universitaria a Los Ángeles, Nueva York, Chicago, San Diego, Miami, San Francisco, Houston, por lo menos.

La política de intercambio y promo-ción cultural que lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene sustentos teóricos formidables, pero volvemos a lo mismo por la falta de presupuesto, luego entonces también deberá fortalecerse con programas, acciones y recursos financieros, pues se carece mucho y ello impide llevar la orgullosa presencia cultu-ral y artística mexicana por el mundo. El caso de los institutos de Cultura de México en el exterior necesita ser revisado para modernizar estrategias y métodos que permitan tener una mejor presencia que al tiempo que fortalece la identidad de nuestros hermanos sea motivo de orgullo y de imagen positiva del país.

Todo esto se puede lograr, si existe vo-luntad y decisión, de los poderes Legislativo y Ejecutivo, si se coincide con los criterios de la Cancillería mexicana en estos campos, si ellos se suman a estas ideas que son con el fin de fortalecer las acciones y para lograr una ma-yor cobertura de políticas y programas que ya están en marcha pero que requieren de ser ampliados, más algunas nuevas acciones que van de la mano de lo que ya viene haciéndo-se desde hace tiempo. Los miembros de la 60 Legislatura federal tienen la palabra actual. Estamos a tiempo de dar un gran impulso a un aspecto que es de la mayor importancia.

Podemos hacerlo mediante una Alianza Multipartidaria por los Migrantes, en la Cámara de Diputados, a partir de una magna Conferencia Nacional multipartidaria en tor-no al tema de los migrantes, donde se escuchen sus voces y sus planteamientos, sus sentimien-tos y sus propuestas, en vísperas de los procesos electorales, para que no existan manipulacio-

nes de ninguna especie, sino que sea la búsque-da de acuerdos en lo fundamental. Supongo que no habrá legislador o partido político al-guno que se oponga a una estrategia pluralista, respetuosa y digna en este sentido.

Los heroicos paisanos que viven al otro lado bien lo merecen, por su esfuerzo, por su trabajo, por sus aportaciones y por su amor a México.

Un tema insoslayable es el que se refie-re al mejoramiento de la salud de nuestros paisanos, y tratarlo nos obliga a pensar en incrementar los presupuestos de la Secretaría de Salud, del Seguro Popular, pasando por la orientación mediante la divulgación y el se-guro médico.

Para concretar los planteamientos aquí vertidos habrá que configurar un mar-co institucional de coordinación entre el Gobierno federal, a través de las secretarías de Relaciones Exteriores, Educación Pública, Salud, CONACULTA, UNAM, UAM, IPN, entre otras instituciones.

Los partidos políticos, los medios de co-municación y los legisladores están obligados a apoyar en este renglón que es de consenso obli-gado. No conozco a alguien que se oponga o pueda llegar a oponerse. En todos los partidos políticos y organizaciones sociales, sindicales y profesionales, empresariales, religiosas y edu-cativas, lo mismo que en los clubes de servicio hay familiares y amigos de migrantes.

Los más de diez millones de paisanos que carecen de documentos para residir esta-blemente y conforme a las leyes del país donde ya radican están esperando los beneficios de una reforma legal que les favorezca. Nosotros los que vivimos dentro del territorio nacional tenemos tareas muy concretas que realizar por ellos, en reciprocidad a lo que ellos han hecho, hacen y harán por la paz y por la esta-bilidad en la República Mexicana.

Al mismo tiempo que se apliquen estos que no dejan de ser remedios caseros pero que sí sanan y por supuesto que sirven para paliar la situación y para mantenerla a buen resguar-do de turbulencias como Estado, se tiene que actuar para prevenir el futuro de México en todos los aspectos, si queremos revertir el desorden que se empieza a manifestar. c

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Menores

Tanto por las leyes nacionales (Ley Fede-ral del Trabajo), como por los acuerdos inter-nacionales firmados y ratificados por México (UNICEF 1990. Convención sobre los Dere-chos del Niño. CDN; Convención Internacio-nal de la ONU para la protección de todos los trabajadores migratorios y sus familias), el tra-bajo de menores de 18 años está prohibido1. La racionalidad de esta prohibición tiene que ver con el objetivo de que los menores dediquen su tiempo principalmente a su educación y a su desarrollo físico y mental, y de que ninguna otra actividad deba interferir con ese objetivo del cual depende la reproducción de la capaci-dad productiva de la población de un país2. En México no parece haber conciencia pública de la importancia de ese objetivo para la susten-tabilidad del país como tal. Tampoco parece haber conciencia de la gravedad del incumpli-miento de la normatividad internacional con la cual se ha comprometido nuestro país respec-to de la prohibición del trabajo infantil, pues no sólo hay una indiferencia generalizada por las prácticas de contratación de menores en la

gran mayoría de las principales actividades económicas del país, sino de la contratación de menores inmigrantes; es decir, de menores extranjeros. Esta práctica es más común en el Sureste de México, donde menores de origen centroamericano son contratados, tanto para la producción agrícola, como para los servicios turísticos y domésticos y el comercio sexual, además de la construcción3.

Tales prácticas de contratación de meno-res, en su mayoría guatemaltecos, ocupan un nivel tan bajo en la atención pública, como el grado en que las violaciones a los derechos humanos de los centroamericanos en México le restan legitimidad a las reclamaciones que hacemos los mexicanos respecto a las viola-ciones de los derechos humanos de nuestros compatriotas en Estados Unidos.

El trabajo infantil en México represen-ta una de las violaciones más rampantes a los derechos humanos que se cometen en el país. De un total de 3.3 millones de niños que el INEGI calcula que trabajan en México, el ma-yor porcentaje de ellos está en el sector comer-

n el espectro de los derechos humanos en México no hay violaciones más ex-tendidas de esos derechos en la sociedad civil y en la economía nacional en ge-neral, que las que hacen víctimas a los niños y niñas.

que trabajan en México

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Jorge a. BustaMante

cial (28.5%). En segundo lugar está en el sector agrícola, donde trabajan 691 mil. Más de 600 mil de ellos trabajan jornadas de 12 horas y más de 150 mil de ellos nunca han asistido a la es-cuela4. Estos datos representan una vergonzosa evidencia del incumplimiento de nuestro Go-bierno de los objetivos de la OIT que México aprobó en 1998, en la “Declaración relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo”, dentro de los cuales quedó establecido como obligatorio para todos los países signata-rios: “La abolición efectiva del trabajo infantil”. Con la creación del Programa Internacional para Erradicar el Trabajo Infantil (IPEC, por sus siglas en inglés), se creó, un año después, el Programa para el Monitoreo e Información Es-tadística del Trabajo Infantil SIMPOC, por sus siglas en inglés. En la puesta en práctica de este acuerdo internacional participaron inicialmen-te 50 países, incluyendo a México. Los objeti-vos de este programa fueron: “Obtener datos sobre la magnitud, distribución, características, causas y consecuencias del trabajo infantil, con especial atención a las ‘peores formas’ de traba-jo infantil y en el trabajo de las niñas”. Esta dis-tinción por género en los datos de la IPEC dio lugar a la revelación de condiciones cercanas a la esclavitud, bajo las cuales han sido sometidas muchas niñas en el mundo, sobre todo en el trabajo doméstico. México ha mantenido des-de hace décadas, una amplia variedad de ejem-plos de las peores prácticas de trabajo infantil de niñas, sobre todo de niñas indígenas. En una escala de vulnerabilidad aplicable al trabajo infantil en México, las niñas indígenas apare-cerían en el nivel más alto de vulnerabilidad como sujetos de derechos humanos, al grado en que aún se encuentran prácticas de venta de niñas indígenas guatemaltecas que son ofreci-das por sus padres en las calles de Tapachula, Chiapas. No se puede explicar más que como una manifestación de racismo, que la sociedad mexicana mantenga un alto nivel de tolerancia y una conspicua ausencia de indignación por las prácticas de explotación y discriminación que ocurren en contra de niños y niñas indíge-nas en el país. Cierto que hay insuficiencia de información y de datos sobre el tema, pero esto no es tan absoluto. El INEGI ha publicado un estudio titulado El trabajo infantil en México

de muy amplia cobertura de información sobre nuestras leyes y sobre el marco jurídico interna-cional que compromete a México a la erradica-ción del trabajo infantil. Recientemente, apare-ció publicado en Suplemento de Milenio dia-rio, del 19 de agosto de 2008, un reportaje de Salvador Arellano sobre el trabajo infantil en el estado de Nayarit, bajo el encabezado: “Explo-tados, 14 mil niños en Nayarit; las autoridades locales incumplen con la recomendación que desde el año pasado emitió la Comisión Estatal de los Derechos Humanos sobre el empleo de menores en labores agrícolas”. Este trabajo pe-riodístico da cuenta de cómo los infantes son reclutados, junto con sus padres, en comunida-des indígenas de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca y la sierra nayarita, para trabajos peli-grosos e insalubres en los que se emplean.

“Alrededor de 14 mil niños in-dígenas, hijos de jornaleros agrí-colas, que laboran en el cultivo y levantamiento de tabaco, café y caña en los campos de Naya-rit, donde la explotación y malas condiciones de trabajo son igua-les a épocas de esclavitud, reveló Óscar Herrera López, Presiden-te de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos”.

En este reportaje aparece citada Claudia Jaime, Presidenta de la ONG “Juntos lo logra-remos”, diciendo: “En junio de 2007, se detec-tó a cientos de menores en campos de tabaco y jitomate en Villa Juárez y Zacualpan, sin que los patrones hicieran nada para impedirlo”. Más adelante, en el reportaje se agrega: “La Direc-ción de Regulación Sanitaria de la Secretaría de Salud de Nayarit reveló que hasta diciembre de 2007 hubo en la entidad 63 personas intoxi-cadas por químicos, de las cuales dos menores fallecieron en los municipios de Sta. María del Oro y El Nayar, en la zona serrana”. La negli-gencia de las autoridades en el cumplimiento de acuerdos internacionales y de las propias leyes mexicanas que prohíben el trabajo infantil, se

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Menores que traBaJan en México

puede inferir de la falta de respuesta a la reco-mendación 21/05 de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, que fue emitida luego de que en marzo de 2006 un grupo de jornaleros denunció malos tratos y deficiente atención me-dica en plantíos tabaqueros de la comunidad de Zacualpan, municipio de Compostela, donde murieron intoxicados dos menores de edad y decenas más dieron testimonio de malos tratos y deficientes condiciones laborales (véase repor-taje citado de Salvador Arellano).

Es fácil entender que haya una relación en-tre dónde se encuentran los municipios de ma-yor pobreza en el país y el origen de los niños migrantes que luego son contratados en luga-res distantes, como fue el caso del niño David Salgado, de ocho años, quien fuera muerto por un tractor en un campo de tomate en Sinaloa, después de haber tropezado y caído ante las ruedas del tractor, delante de su hermano Sil-vestre, a quien le tocó levantar el cadáver de su hermanito y gritar pidiendo auxilio, mientras el operador del tractor huía corriendo y se acerca-ban al cuerpo de David otros campesinos para ayudarle. En cuanto el propietario del campo donde murió David fue contactado, negó que el accidente hubiera ocurrido en su propiedad y que él hubiera tenido algo que ver con que ahí hubiera estado trabajando el niño muerto. Afirmó inicialmente que David había muerto en la carretera y que de ahí había sido su cuerpo trasladado al campo de su propiedad. No fue sino hasta que el periodista de televisión Javier Solórzano entrevistó al dueño del terreno, que muy hábilmente Javier venció su resistencia y admitió que la muerte de David había ocurrido dentro de su propiedad donde laboraban David y su hermano. Yo di cuenta de este incidente en las páginas del diario en el que colaboro sema-nalmente (véase: “Mi mandato ante la ONU” Reforma, 13 de marzo, 2007), después de haber visitado a los padres de David en su pueblo Ayo-tzinapa, en la montaña de Guerrero, pertene-ciente al municipio de Tlapa, que es uno de los tres municipios de mayor pobreza en el país.

Por cierto, el caso de la muerte del niño David Salgado, trajo a colación una tesis ar-güida por quienes justifican el trabajo infantil, misma tesis que fuera argumentada por el due-ño del terreno donde ocurrió el accidente en

descargo de su responsabilidad, atribuyéndo-sela totalmente a los padres de David, a quie-nes culpó de “obligar” a sus hijos a trabajar, no obstante ser menores, David, de ocho, y su hermano Silvestre, de 13, al ocurrir el inciden-te. Esta es una falacia también sostenida por algunas autoridades de diversas dependencias de trabajo de algunos gobiernos de México, incluyendo el federal. De hecho es cierto que los niños que trabajan, en la mayor parte de los casos, lo hacen con el consentimiento y aun con la promoción de los padres, lo que no es aceptable es que se use esa tesis en descargo de la responsabilidad de las autoridades laborales y de los patrones respecto del trabajo infantil. Culpar a los padres del trabajo de sus hijos me-nores equivale a culparlos de su pobreza. No hay padre o madre que de manera consciente coloque a sus hijos en peligro o en condiciones que perjudiquen su futuro. Las condiciones bajo las cuales los padres acceden a que sus hi-jos trabajen son producidas por nuestra propia sociedad y su existencia es responsabilidad del Gobierno. Por eso es que la comunidad inter-nacional está en contra del trabajo infantil. Por eso es que su ocurrencia no libera de responsa-bilidad a los gobiernos, a pesar de que ocurra con el consentimiento de los padres. Nunca hubiera sido creada la UNICEF si lo que su-fren los niños pudiera tener una excluyente de responsabilidad de los gobiernos cuando los padres consienten con ese sufrimiento. La pro-hibición del trabajo infantil es una cuestión de sobrevivencia de la espacie humana. De ahí la decisión de la ONU de velar por la niñez como vela por el respeto a los derechos huma-nos. La ausencia de sanción alguna de parte del Gobierno de México a los responsables de la contratación infantil, hace totalmente ajeno a la verdad que se sostenga que México es un país de leyes gobernado por un Estado de Derecho. Tal afirmación es inconsistente con la realidad del trabajo infantil, cuya ilustración encontra-mos en la muerte del niño David Salgado y de las muertes de varios niños por intoxicación por el uso cotidiano de agroquímicos sin con-trol, ante la participación de miles de menores de edad en las labores agrícolas, de la que habla el reportaje arriba citado y el diagnóstico de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos

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de Nayarit, en su publicación titulada: “Jorna-leros agrícolas migrantes en Nayarit 2007”.

En otro reportaje escrito por Chris Hawley, publicado en el diario Arizona Republic, el 9 de mayo de 2008, bajo el título “Illegal child labor in Mexico put food on tables of Americans” (El trabajo infantil ilegal en México pone alimentos en las mesas de los americanos), se hace referen-cia a la muerte de 9 niños que fallecieron en el accidente del vehículo que los transportaba para la pizca de café el pasado mes de diciembre en una carretera del estado de Puebla. Este trabajo periodístico también cita al secretario del Traba-jo de México en un discurso con motivo del pa-sado día del Trabajo, en el que vehementemente se comprometió a erradicar el trabajo infantil y a imponer “la pronta aplicación de las leyes la-borales del lugar de trabajo”. Más tarde, en una comparecencia ante el Senado, el secretario del Trabajo, Javier Lozano, recurrió a giros dramáti-cos diciendo: “¡Ya basta de todo esto! Hacer que niños menores de 14 años trabajen sin acudir a la escuela ni contar con servicios de salud… no podemos aprobar lo que está sucediendo.” En nuestro país, donde los funcionarios pueden prometer o comprometerse a hacer lo que es su obligación de hacer, seguros de que no habrá nadie que los obligue a un rendimiento de cuen-tas sobre lo prometido, puede pasar el tiempo, como de hecho ha sucedido, sin que pase nada.

Es evidente que no basta con que haya le-yes y acuerdos internacionales que prohíban en México el trabajo infantil. Es necesario crear nuevos mecanismos que conduzcan hacia la eli-minación de esas prácticas contra los niños que representan una vergüenza nacional. Si de eso estamos convencidos, es necesario elevar esas prácticas al nivel de un delito. Es necesario legis-lar en México tipificando como delito el hecho de aprovecharse del trabajo de un o una menor

de 14 años, estableciendo agravantes cuando el o la menor sea indígena o sea menor de 12 años. Este sería un delito que se perseguiría de oficio, cuyas penas no permitieran la libertad bajo fian-za. Hacer algo menor a esto, sería continuar con la hipocresía de una sociedad que ha tolerado la flagrancia de una práctica que abarca una población mexicana de tres millones trescien-tos mil niños, según los datos del INEGI. Para hacer efectiva esta reforma legislativa habría que dotarla de la infraestructura legal que la hiciera factible y su medición hiciera posible una ren-dición de cuentas que condujera al estableci-miento de responsabilidades para los servidores públicos involucrados en la nueva penalización del trabajo infantil. Esto incluiría la creación de agentes del Ministerio Público adscritos a una Procuraduría del Trabajo Infantil que tuviera a su cargo la vigilancia del cumplimiento de nues-tras leyes laborales contra el trabajo infantil. Quienes vean estas medidas sólo como un en-grosamiento burocrático, deben reflexionar so-bre la responsabilidad ante la comunidad inter-nacional y ante nosotros mismos como nación, en lo que debemos entender como un Estado de Derecho. Tal reto no ha sido resuelto hasta la fecha por las prohibiciones al trabajo infan-til. Más bien, nos ha hecho más cínicos o más indiferentes. Hemos dejado crecer esa violación de la ley a un tamaño de más de tres millones de víctimas. Mientras nuestros funcionarios pro-meten “erradicar” el trabajo infantil o engañan a la comunidad internacional negando la ram-pante violación a los derechos humanos de los niños que ocurre en México, sólo hemos agre-gado a una común tolerancia por la impunidad una nueva dimensión: la de nuestra impotencia para eliminar el trabajo infantil como la más ex-tendida violación a los derechos humanos que se cometen en México. c

1. En relación con México, éste fírmó en 1990 la Conven-ción sobre los Derechos del Niño, responsabilizándose con ello a brindar protección integral a los niños y niñas mexica-nos. INEGI. El trabajo infantil en México 1995-2002. p.182. En 1992 fue creado en el seno de la OIT el Pro-grama Internacional para Erradicar el Trabajo Infantil (IPEC, por sus siglas en inglés), el cual, como su nombre lo indica, busca eliminar progresivamente el trabajo infantil en el mundo. INEGI. Opus cit. p. 18

3. En ciertos grupos de población, como la indígena, la tasa de participación de los niños y niñas es dos y tres veces más que el conjunto de la población infantil. INEGI. Opus cit. p. 44. Entre las causas estructurales del trabajo infantil están: la pobreza, el escaso apoyo financiero para la educación, la falta de trabajo decente para los adultos, las desigualdades regionales y la exclusión social de gru-pos marginados. Opus cit. p. 21.

Notas

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Juan SolísAño crucial para México y el mundo, 1968 es más que una referencia calendárica, un tema de refl exión para analizar los grandes cambios sociales, políticos y culturales de la segunda mitad del siglo XX. A cuarenta años del 68, la bibliografía sobre el tema es obligada. No obstante en el panorama editorial mexicano también hay sitio para otros temas: la historia de la guerrilla, la política estatal sobre la educación, la revisión del sindicalismo magisterial a través de la vida de Elba Esther Gordillo y el aparente laicismo del Estado. C

De la política en las calles y la política de Estado

LOS ASEGUNES DEL LAICISMOCon el estilo ácido que lo caracteriza, Carlos Monsiváis vuelve a disparar sobre uno de sus blancos favoritos: la derecha en México. El cronista de la Portales divide sus dardos en dos partes: en pri-mera instancia plantea una crónica pormenorizada y refl exiva del accidentado triunfo y los avances del laicismo en el siglo XIX. La segunda parte del libro es una colección de bagatelas que dan cuenta de los malquerientes de Juárez y el Estado laico, una colección de joyas de la derecha nacional y su lucha por reinstaurar en México “una teocracia a sus horas”, que para el autor no es más que “devolver a México al redil, instrumentar la educación religiosa en las escuelas públicas y ‘rejuvenecer’ los prejuicios.” El Estado laico

y sus malquerientesCarlos MonsiváisMéxico, Debate/ UNAM

El Estado laico

LIBROS

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CONFLUENCIA XXI 119

Política, poder y pupitres: crítica al nuevo federalismo educativo, Carlos Ornelas, México, Siglo XXI

México armado 1943-1981, Laura Castellanos, México, Era

Mayo del 68. Por la subversión permanente, André y Raphaël Glucksmann, España, Taurus

Política, poder y pupitres: crítica al nuevo federalismo educativo

Mayo del 68. Por la subversión permanente

EL 68, MÁS QUE EFEMÉRIDEEn campaña, el hoy Presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, prometió enterrar el 68 francés, regresar al camino de la mo-ral todo aquello que los socialistas -tomando como punto de partida el movimiento social del 68- habían construido en sus gobiernos. An-dré y Raphaël Glucksmann dan una respuesta analítica a la intención del Presidente francés, fi ncada en una serie de argumentos que validan la permanencia de la subversión en el panorama actual. C

EDUCACIÓN Y BUROCRACIAUn centralismo burocrático disfrazado de federalismo educativo, tal es lo que muestra Carlos Ornelas en su estudio que constituye un serio cuestionamiento a los alcances reales del federalismo en educación vigente en México desde 1992. Para el autor, los únicos ganadores en este juego de poder en que se ha convertido el fede-ralismo son, por un lado, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y por otro, la Secretaría de Educación Pública. Uno de los méritos del trabajo consiste en no quedarse sólo en la mera crítica, sino en proponer una vía para superar los problemas de la educación básica en el país. C

LA GUERRILLA REVISITADAMás que una crónica de movimientos aislados, el trabajo de la pe-riodista Laura Castellanos es una lúcida genealogía de la insurrec-ción armada en el México posrevolucionario, una guía mínima para comprender la génesis de la guerrilla. De la lucha y posterior asesinato de Rubén Jaramillo a las batallas en la sierra de Guerrero de Genaro Rojas y Lucio Cabañas, del ataque al Cuartel Madera en Chihuahua a las acciones de la Liga 23 de Septiembre, el libro es un detallado e interesante repaso de los movimientos guerrilleros urba-nos y rurales que han desembocado en movimientos vigentes como el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el Ejército Popular Revolucionario. C

LIBROS

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Esta edición consta de 3,000 ejemplares y se terminó de imprimir en septiembre de 2008

en los talleres de Litolasser Privada de Aquiles Serdán No. 28, Azcapotzalco, DF.

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Confluencia XXI, Órgano Teórico Trimestral del Partido Revolucionario Institucional

ComITé ejeCuTIvo naCIonal

ComITé naCIonal edIToRIaly de dIvulgaCIÓn

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