Captulo Primero

EL VICARIATO CASTRENSEMnica El 14 de mayo de 1976, a las 5 de la maana, un grupo de hombres fuertemente armados arranc de nuestro hogar, ubicado en la avenida Santa Fe 2949, 3 A, en Buenos Aires, a mi hija Mnica, entonces de 24 aos. Nunca ms tuvimos noticias de ella. Mnica pas a integrar la nmina de los millares de detenidos-desaparecidos. Desde el primer momento mi seora y yo tuvimos la certeza que se trataba de un procedimiento regular, ejecutado por personal de las fuerzas armadas. Las razones para esa conclusin estn expuestas en las declaraciones que he prestado en la Comisin Interamericana de Derechos Humanos de la O-E-A-, en la Comisin Nacional sobre Desaparicin de Personas y en la causa contra los integrantes de las tres primeras juntas militares, tramitado ante la Cmara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal1. A partir de esa infausta madrugada de mayo, iniciamos desesperadas gestiones ante todo gnero de autoridades con el fin de obtener alguna noticia sobre Mnica. Lo mismo hicieron las familias de seis de sus amigos, que ese mismo da fueron privados de su libertad. En el curso de los trmites nunca aceptamos las explicaciones que entonces se esgriman, arguyendo que las desapariciones eran ajenas al gobierno de las fuerzas armadas. Desde el primer momento sostuvimos, privada y pblicamente, la responsabilidad de stas. Y pronto comprendimos que el mtodo de hacer desaparecer a los disidentes polticos "en la noche y en la niebla", formaba parte de un sistema represivo framente concebido y ejecutado. El grueso de la poblacin estaba confundido y desconcertado. Sin embargo los integrantes de los sectores informados de la sociedad argentina -militares, altos funcionados, diplomticos, dirigentes polticos, sociales, financieros, empresarios y sindicales, periodistas, obispos-, tenan conocimiento cabal de lo que estaba ocurriendo. Y muchos de ellos lo justificaban, lo aplaudan y an cooperaban con esa accin. Recuerdo vvidamente un episodio de esa poca. En los primeros das de abril de 1976 fui invitado a una recepcin organizada por la representacin del Banco Interamericano de Desarrollo, con motivo de la llegada de una misin financiera. Predominaban en el encuentro los funcionarios de la nueva administracin, en su mayora uniformados, a quienes no conoca. Al encontrar a un amigo, el economista Carlos Brignone, ya fallecido, me acerqu a l. Me present a su interlocutor. Era Walter Klein, padre del segundo hombre en el Ministerio de Economa del mismo nombre. Estbamos cerca de la puerta. De pronto vimos entrar exultante al general Alcides Lpez Aufranc, que acababa de ser nombrado presidente de la empresa siderrgica Acindar, sucediendo a Martnez de Hoz. Se acerc al grupo y salud. Klein lo felicit por su designacin diciendo: "Ah se necesitaba un hombre enrgico como usted". Lpez Aufranc sonri complacido, luego la conversacin se orient hacia los rumores de una posible huelga en el sector, sealando Klein que tena noticias de la detencin de 23 delegados de fbrica. El general, creyendo que yo tambin perteneca a la banda adueada del poder, contest tranquilizndolo: "No se preocupe, Walter, -le dijo- todos estn bajo tierra".

Monseor Tortolo Una de las primeras personas con quien procuramos establecer contacto fue con monseor Tortolo. Haba muchas razones para ello. Tortolo era en aquel momento arzobispo de Paran, vicario de las fuerzas armadas y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. Antiguo vicario general de la dicesis de Mercedes, conoca de jvenes y era amigo y consejero de los integrantes de la junta militar Videla y Agosti, ambos nacidos en esa ciudad bonaerense. Su influencia, en la medida que hubiera querido ejercerla, ira decisiva. Tortolo estuvo ntimamente ligado a los acontecimientos que precedieron al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 y no poda ignorar los mtodos represivos que las fuerzas armadas haban decidido utilizar. La noche previa al pronunciamiento, dos de los jefes de la conspiracin -el general Jorge Rafael Videla y el almirante Emilio Massera- se reunieron con las cabezas del Episcopado en la sede del mismo, Paraguay 1867 de la Capital Federal. El mismo 24 de marzo los tres integrantes de la junta militar mantuvieron una larga sesin con el vicario castrense, segn informa el diado La Nacin del da siguiente. Al salir de esa entrevista Tortolo expres que si bien "la Iglesia tiene su misin especfica... hay circunstancias en las cuales no puede dejar de participar aun cuando se trate de problemas que hacen al orden especfico del Estado". Inst por ello a "cooperar positivamente" con el nuevo gobierno. La opcin poltica en reemplazo de la misin evanglica est claramente expuesta. El golpe de Estado fue anunciado con antelacin por algunos obispos, entre ellos Tortolo. El 23 de setiembre de 1975, en una homila pronunciada frente al general Roberto Viola, jefe del estado mayor del ejrcito, el vicario de esa arma, monseor Victorio Bonamn, se preguntaba: " No querr Cristo que algn da las fuerzas armadas estn ms all de su funcin?". Y el 29 de diciembre del mismo ao, durante un almuerzo en la Cmara Argentina de Anunciantes, en el Plaza Hotel, monseor Adolfo Tortolo profetiz que se avecinaba "un proceso de purificacin"2. La relacin de mi esposa y ma con monseor Tortolo vena de la dcada de 1940, cuando ambos militbamos en la Juventud de Accin Catlica en la ciudad de Lujn, en jurisdiccin de la dicesis de Mercedes. Sin embargo, diversas circunstancias nos fueron alejando. En 1949 fuimos expulsados de la Accin Catlica por el prroco Armando Serafini, a quienes cuestionamos la utilizacin de los recursos de la Baslica de Nuestra Seora de Lujn para actividades comerciales. Esta actitud era impulsada por el obispo de Mercedes, Anunciado Serafini (sin parentesco con el anterior). Por este hecho habl en reiteradas oportunidades con su vicario Tortolo, sin obtener ninguna reaccin. Discrepamos tambin con motivo de un Congreso Mariano Nacional, realizado en Lujn, para el cual se trajo de Roma un anacrnico y ridculo squito de Po XII, con un noble pontificio caballero de capa y espada, pero que careci de mbito para una autntica religiosidad. En 1960 con mi esposa y nuestros hijos nos trasladamos a Buenos Aires y en 1962 a los Estados Unidos. Entre tanto, monseor Tortolo fue consagrado obispo de Catamarca y despus elevado al arzobispado de Paran. Al regresar de Amrica del Norte, en un viaje a Entre Ros, en 1968, lo visit con mi familia. Recibimos una psima impresin. Al salir mi hija Mnica coment: "me parece un hipcrita". Intent defenderlo. Hoy me doy cuenta que su afirmacin era correcta. Mnica tena la intuicin de los mrtires. "Yo no conozco que los derechos humanos sean conculcados" Mientras monseor Tortolo se desempe en la dicesis de Mercedes expresaba un estilo de cultivada espiritualidad que le vali una buena imagen, aunque lo perjudicara el tono amanerado y

dulzn de sus gestos y de su diccin. En una ciudad pequea con un regimiento de infantera y otras instalaciones blicas, pronto cre vnculos con el estamento militar, que facilitaron ms adelante su designacin como vicario castrense en sustitucin del cardenal Antonio Caggiano. Cuando lo reencontr en 1968, en Paran, advert que estaba en franca reaccin contra el Concilio Vaticano II. Ale reiter esa posicin al ao siguiente al coincidir como pasajeros en un avin. El seminario arquidiocesano de Paran y su revista Mikael se convirtieron a partir de entonces en exponentes de una mentalidad pre-conciliar. No volv a verlo hasta pocos das despus de la detencin y desaparicin de mi hija, en el local de la Conferencia Episcopal, junto con un grupo de padres y madres de otros "desaparecidos". No tena la intencin de recibirnos, pero lo abordamos por sorpresa al entrar al edificio. Se puso muy nervioso y eludi cualquier compromiso. Ante mi afirmacin de que l estaba en condiciones de obtener su libertad y de impedir que se siguieran utilizando procedimientos clandestinos, cerr toda posibilidad de entrevistas posteriores. Ms tarde me escribi diciendo que no tena pruebas sobre lo que se deca respecto a las torturas. El 14 de octubre de 1976, mientras las desapariciones se sucedan por centenares y la orga homicida desatada por los militares estaba en su apogeo, Tortolo declar a los periodistas: "Yo no conozco, no tengo prueba fehaciente de que los derechos humanos sean conculcados en nuestro pas. Lo oigo, lo escucho, hay voces, pero no me consta". Por supuesto, menta. En 1977, cuando nadie ignoraba los procedimientos utilizados, insisti en su tesitura de apoyo al rgimen militar. "La Iglesia piensa -expres- que el gobierno de las -fuerzas armadas es una exigencia de la coyuntura... Por lo tanto se tiene la conviccin de que las fuerzas armadas, aceptando la responsabilidad tan grave y sea de esta hora, cumplen con su deber"3. Ms adelante supe por otros obispos que en las asambleas episcopales haba defendido la tortura, con argumentos extrados de telogos y pontfices medievales, en contradiccin con la doctrina explcita de los ltimos papas, en particular Paulo VI. Tengo la impresin que simpatizaba vergonzantemente con Lefebvre. La importancia de la actuacin de Tortolo proviene del hecho de ejercer en 1976/78 la presidencia de la Conferencia Episcopal Argentina Y la Vicara castrense. Desde sta ltima tena la responsabilidad de exigir a los militares confiados a su cuidado pastoral un comportamiento acorde con los Diez Mandamientos y los valores evanglicos. Evidentemente no lo hizo. Por el contrario, contribuy a elaborar una seudoteologa que justificaba el genocidio y los tormentos. Durante varios aos, hasta su fallecimiento ocurrido el 1 de abril de 1986, Tortolo estuvo internado en dos sanatorios de la capital federal, afectado de una arterioesclerosis profunda, que le produca desvaros. Se alternaban para cuidarlo estudiantes del seminario de Paran. Uno de ellos lo escuch delirar una noche: gritaba angustiado diciendo que su madre estaba desaparecida... Monseor Bonamn Adems de Tortolo, despus de la detencin de Mnica .intent entrevistar al provicario del ejrcito, monseor Victorio Bonamn. Su ideologa me era bien conocida, pero pensaba, con ingenuidad, que frente a violaciones flagrantes de los derechos bsicos de la persona humana, un obispo de la Iglesia catlica se sentira con obligacin de intervenir. Busqu la mediacin de un ex-alumno suyo del colegio salesiano de Rosario, Jos Luis Cantini y fui a su oficina, ubicada detrs de la capilla Stella Maris, contigua al edificio de la Marina de Guerra. Me atendi su secretado, un suboficial mayor. Cuando le seal el motivo de mi visita me contest que tena indicacin de explicarme que el vicario no atenda problemas de desapariciones, detenciones y cesantas, "por que no quera interferir en la accin del ejrcito".

La respuesta era muy clara, Entre sus debeles como sacerdote de la Iglesia de Cristo y su condicin de militar, Bonamn optaba por lo segundo. Desde su posicin de vicario del ejrcito Bonamn es responsable de haber contribuido a elaborar, durante muchos aos, una doctrina seudorreligiosa dirigida a sustentar el ejercicio del poder poltico por las fuerzas armadas y la utilizacin de cualquier medio para lograr sus fines. Con dos metros de altura, ms de cien kilos de peso y un tremendo vozarrn, Bonamn cultiv en Rosado -donde ejerci por largas dcadas la direccin de un colegio salesiano- una oratoria efectista y vaca, fundada en concebir el catolicismo como ideologa nacional. Esta reiteracin le abri las puertas del vicariato castrense. La sangre y la muerte son sus temas predilectos. Fue el profeta del genocidio. El 23 de setiembre de 1975, el mismo mes en que los altos mandos de las fuerzas armadas decidieron la rebelin y aprobaron el sistema de represin clandestina, Bonamn hizo el anuncio. En la homila que ya he citado, pronunciada frente al general Viola, jefe del estado mayor del ejrcito, salud a los militares "purificados en el Jordn de la sangre para ponerse al frente de todo el pas". Y agreg: "El ejrcito est expiando la impureza de nuestro pas. No querr Cristo que algn da las fuerzas armadas estn ms all de su funcin?". Tales expresiones dieron lugar a una protesta del dirigente radical Luis Len, quien las consider como una incitacin a la subversin, pero pasaron en general inadvertidas. El 5 de enero de 1976, en la iglesia Stella Maris, el vicario volvi a uno de sus tpicos predilectos, la exaltacin y glorificacin de las fuerzas armadas y de sus jefes. "La Patria rescat en Tucumn -dijo-, su grandeza, mancillada en otros ambientes, renegada en muchos sitiales y la grandeza se salv en Tucumn por el ejrcito argentino. Estaba escrito, estaba en los planes de Dios -clam-, que la Argentina no deba perder su grandeza y la salv su natural custodio: el ejrcito". Ya producido el golpe de Estado militar, su oratoria se hizo ms explcita. Frente al general Bussi, en Tucumn, dijo el lo de octubre de 1976: "La Providencia puso a disposicin del ejrcito el deber de gobernar, desde la presidencia a la intervencin de un sindicato". Una semana ms tarde sostena que en el militar que cumple con su deber represivo "Cristo ha entrado con verdad y con bondad". La exaltacin blica de este sucesor de los Apstoles no tiene lmites. Desborda los cnones de la ortodoxia doctrinaria y desafa el sentido comn, Cualquier ocasin es buena para ello. En Santa Fe, el 3 de diciembre de1977, enseaba que "la mejor defensa es el ataque, en lugar de la paciencia y de la tolerancia". Y el 20 de noviembre del mismo ao expres que "si pudiera hablar con el gobierno le dira que debemos permanecer firmes en las posiciones que estamos tomando: hay que desestimar las denuncias extranjeras sobre desapariciones". La adulacin del poder poltico-militar es otra de las cuerdas habituales de Bonamn, que alcanza tonos no registrados en la historia argentina, prdiga en este gnero. "Los miembros de la junta militar sern glorificados por las generaciones futuras", dijo el 3 de noviembre de 1981 desde el oratorio que bajo la advocacin de Cristo Rey erigi Videla en la Casa Rosada. Bastaron cuatro aos para que el juicio a los ex-comandantes desvirtuara tan delirante afirmacin. La tesis de fondo de Bonamin, est expuesta en numerosas alocuciones pero en particular en una conferencia pronunciada en la Universidad Nacional del Litoral, reseada en el diario El Litoral de Santa Fe del 6 de diciembre de 1977. Expres en esa ocasin que el mundo est dividido por dos filosofas incompatibles perfiladas por las fronteras ideolgicas: "el materialismo ateo y el humanismo cristiano". Las fuerzas armadas, representacin a su juicio de la civilizacin occidental y cristiana, deben utilizar todos los medios para combatir a su enemigo. "La lucha antiguerrillera -dijo en una ocasin anterior- es una lucha por la Repblica Argentina, por su integridad, pero tambin por sus altares... Esta lucha es una lucha en defensa de la moral, de la dignidad del hombre,

en definitiva es una lucha en defensa de Dios... Por ello pido la proteccin divina en esta 'guerra sucia' en que estamos empeados". (La Nacin, 6.5.76 y 11.10.76). Resulta interesante sealar, por ltimo, que el vicario Bonamn, a pesar de pertenecer por su condicin de obispo titular inpartibus infidelius a la Conferencia Episcopal Argentina, estuvo siempre ausente de sus reuniones durante la dictadura militar, para evitarse el problema de tener que suscribir sus tibios pronunciamientos o escuchar alguna crtica. El vimriato castrense Desde su origen el ejrcito y la marina argentina contaron con la colaboracin de sacerdotes para la asistencia espiritual de oficiales y soldados, particularmente en los momentos de peligro, durante las campaas. Pero solamente despus de la sancin de las leyes 4.031 y 4.707 de 1905, que dieron forma a las actuales fuerzas armadas, -con su rgimen exclusivo para la formacin de oficiales, su sistema de promociones y retiros y la imposicin del servicio militar obligatorio-, se organiz la presencia de capellanes como personal permanente de la institucin y sometido a su disciplina. Ello respondi a la concepcin prusiana del ejrcito, como organizacin totalizadora del individuo. En tal virtud los clrigos incorporados alas fuerzas armadas estn sujetos a los reglamentos castrenses y a la autoridad de los mandos. Poseen grado militar con el rango de oficiales y sus correspondientes sueldos, derecho a ascensos, rgimen de retiro y privilegios. Hasta la creacin del vicariato castrense los capellanes, desde el punto de vista religioso, dependan del obispo en cuya dicesis se encontraban incardinados. En la prctica esta vinculacin cannica se transform en algo puramente formal. Tal situacin trajo como resultado que predominaran entre los capellanes castrenses clrigos atrados por una vida fcil, con buenos ingresos y escasas obligaciones. Con frecuencia eran sacerdotes que tenan dificultades en su dicesis por razones morales. Para mejorar ese estado de cosas la Iglesia promovi la creacin del vicariato castrense para las fuerzas armadas, establecido por convenio entre el gobierno de Aramburu y la Santa Sede el 28 de junio de 1957. Se estableci que el vicario sera un obispo designado por el Papa con acuerdo del presidente de la Nacin. Su reglamento orgnico fue aprobado por los decretos 5924/58 y 22.113/73. El vicariato castrense qued constituido como verdadera dicesis en la cual los capellanes actan como prrocos. Los feligreses son los militares y sus familias. La iniciativa, aunque procuraba solucionar un problema real, produjo dos efectos perniciosos. El primero, aumentar la separacin de la clase militar y el resto de la sociedad. El segundo, crear las condiciones para la elaboracin de una doctrina religiosa condicionada a los objetivos y mentalidad de las fuerzas armadas. El primer vicario castrense fue el arzobispo de Buenos Aires Fermn Lafitte, a quien le sigui su sucesor en el cargo, el cardenal Antonio Caggiano. La gravitacin de ambos fue escasa, dado que estaban absorbidos por sus funciones en la arquidicesis de Buenos Aires, aunque es notoria su presencia en ceremonias castrenses. Alain Rouqui seala, por ejemplo, la asistencia del cardenal Caggiano en la Escuela Superior de Guerra, el 2 de octubre de 1961, junto con el presidente Frondizi, durante la inauguracin de un curso interamericano sobre guerra contrarrevolucionaria donde participaban dos instructores franceses, veteranos de Indochina y Argelia4. El peso de las obligaciones segua recayendo en los antiguos capellanes mayores de las tres armas, ahora llamados provicarios. El cuadro cambi con la eleccin como vicario del arzobispo de Paran, monseor Adolfo Tortolo, despus del retiro del cardenal Caggiano en 1968. En esta eleccin, realizada durante el rgimen militar de Ongana, influyeron decisivamente las preferencias de los mandos. Monseor

Tortolo, a diferencia de sus antecesores, se dedic a su tarea recorriendo todas las guarniciones del pas y manteniendo un estrecho contacto con los jefes y la oficialidad. De esta manera se fue conformando una concepcin religiosa de las fuerzas armadas cuya gravitacin fue decisiva en los acontecimientos desarrollados durante la dcada de 1970. Monseor Medina En 1981 monseor Tortolo, por su enfermedad, renunci al vicariato castrense. Un ao ms tarde el Papa Juan Pablo II acept la dimisin y el 29 de marzo de 1982, luego de una larga negociacin con el gobierno de las fuerzas armadas, design en su reemplazo al obispo de Jujuy, Jos Miguel Medina. El ejrcito pretenda el cargo para monseor Bonamn, pero la Santa Sede consider que su edad no lo haca aconsejable. Efectivamente el 22 de diciembre del mismo ao Bonamn pas a retiro. Con motivo de su alejamiento el comandante en jefe del ejrcito, general Cristino Nicolaides presidi un agasajo durante el cual le entreg la medalla que constituye el mximo galardn de la fuerza. En el discurso de despedida no escatim elogios ni agradecimientos, poniendo de manifiesto la identificacin del prelado dimitente con la concepcin ideolgica que sustent la denominada "guerra sucia". "Cuadro y tropas -dijo Nicolaides- lo reciban sedientos de su prdica, sustento espiritual imprescindible para afrontar los esfuerzos y superar las incomprensiones ... su consejo aseguraba definitivamente el buen rumbo de la espada". Y abusando de la amalgama militar y religiosa lo calific de "autntico soldado de Cristo y de la Patria". A diferencia de sus antecesores, Medina fue reemplazado en la dicesis de Jujuy para que dedicara su tiempo exclusivamente a las fuerzas armadas. El nuevo vicario haba desarrollado una carrera administrativa en el arzobispado metropolitano, hasta alcanzar el obispado de Jujuy. La actuacin de Medina no dejaba lugar a dudas acerca de su posicin. Como explica Clarn al dar la noticia del nombramiento (30-3-82), su trayectoria en la provincia nortea se caracteriz por una constante denuncia "de los sectores marxistas". En distintas oportunidades formul crticas a las organizaciones de derechos humanos y de madres y familiares de detenidos-desaparecidos -a quienes nunca recibi- y a Amnista Internacional. Ms grave que esto son los testimonios de vctimas de la represin en la Comisin Nacional sobre Desaparicin de Personas y en el juicio a los ex-comandantes, que evidencian que el nuevo vicario considera aceptables los procedimientos utilizados durante la represin. En el informe intitulado Nunca Ms, de la CONADEP, se transcribe parte de la declaracin de Ernesto Reynaldo Samn (legajo 4841), quien manifiesta : "durante mi permanencia en la penitenciara de Villa Gorriti, Jujuy, el obispo Medina celebr una misa y en el sermn nos expres que conoca lo que nos estaba pasando, pero que todo eso ocurra en bien de la patria y que los militares estaban obrando bien y que debamos comunicar todo lo que sabamos para lo cual l se ofreca a recibir confesiones". Tambin se reproducen los dichos de Eulogia Cordero de Garnica (legajo 4859), que cuenta : "cuando ingres en la crcel de Villa Gorriti estaba sola en una celda, incomunicada, cuando vino a verme monseor Medina, quien me dijo que yo tena que decir todo lo que saba; le contest que no saba qu era lo que tena que decirle ; y que lo nico que yo quera era saber dnde estaban mis hijos, a lo que Medina respondi que en algo habran andado para que yo no supiera donde estaban; me insisti en que deba hablar y decir todo y entonces iba a saber dnde estaban mis hijos". La seora de Garnica fue detenida el 20 de julio de 1976 en su domicilio de Calilegua, Jujuy, junto con su hijo Miguel. Un hermano de ste, Domingo, naba sido secuestrado en un ingenio cercano, donde trabajaba. Ambos permanecen desaparecidos. La seora de Gamica fue puesta en libertad el 5 de marzo de 1977, A su vez Mario Heriberto Rubn Lpez (legajo 4866), dice que encontr a

Pedro Eduardo Torres (que est desaparecido), "en los primeros das de junio de 1976 en la crcel de Villa Gorriti, donde pude hablar con l. Me manifest que le haban dicho que iban a matarlo. Monseor Medina, que visitaba frecuentemente la crcel, me habl sobre ese 'traslado' "5. En el juicio a los ex-comandantes Carlos Alberto Melin explic que, en presencia del abogado Collado y los seores Alberto Saracho, Hugo Condori, Mario Ricc y Julio Csar Bravo, monseor Medina seal que siete personas desaparecidas (entre ellas Mario Giribaldi, Alicia Ranzoni, Dominga Alvarez de Scurta y el abogado Turk), "fueron trasladadas de la crcel de Villa Gorriti a Tucumn, juzgadas y fusiladas", A pesar de la extraordinaria difusin que ha tenido el informe de la CONADEP, el vicario Medina ha permanecido en silencio y no ha desmentido esas afirmaciones. Los dislates de monseor Medina La asuncin del vicariato castrense entusiasm a monseor Medina. Consider que desde ese puesto poda dictar ctedra al pas. Emiti el 29 de setiembre de 1982 -"fiesta de san Miguel Arcngel, prncipe de las milicias anglicas"-, una Introduccin a la Pastoral Castrense6 y se lanz a pronunciar sermones, cuyo texto haca llegar a los diarios y a conceder entrevistas periodsticas, Esa prdica me movi a escribir en el matutino La Voz del 21 de octubre de 1982 un artculo que titul "Los dislates de monseor Medina". Tuvo bastante repercusin en crculos eclesisticos, especialmente porque en esos das estaba reunida la Conferencia Episcopal en la localidad de San Miguel y dio lugar a una mayor discrecin en el futuro. Transcribo a continuacin algunos de sus prrafos. .Dice la Escritura que el Espritu Santo distribuye sus dones "como l quiere" (I Corintios 12,11). Si esto es as, resulta claro que la tercera persona de la Santsima Trinidad tiene resuelto desde hace mucho no conceder "la sabidura para hablar" ni "la ciencia para ensear" (id. id. 12,8) a los vicarios castrenses. No es el momento para recordar -tiempo habr- las ambigedades de monseor Tortolo ni los exabruptos de monseor Bonamn, vicarios retirados, pero han adquirido actualidad y preocupan a los obispos reunidos en San Miguel los dislates del actual titular de la vicara castrense, Jos Miguel Medina. Los puntos de vista del nuevo vicario son conocidos. Algunos recordamos que en su carcter de obispo de Jujuy sostuvo pblicamente la legitimidad de la tortura. Ahora entra decididamente en el campo poltico, puesto que se dedica a defender "la legitimidad de la profesin castrense, la indispensabilidad de las fuerzas armadas, la unin con ellas y la unidad entre ellas". Adems de esos tpicos ha llamado la atencin su lenguaje, entre pueril y anacrnico con ribetes ridculos y su alejamiento de la realidad y de la teologa contempornea. Ha causado sorpresa la inoportunidad de sostener la supuesta "consideracin popular que el militar goza" y la afirmacin de que "sin las fuerzas armadas nos encontraramos en una situacin anticonstitucional" (en pleno gobierno de tacto). Advertidos de su locuacidad los periodistas lo interrogan en cada uno de sus viajes, pues est visitando las distintas guarniciones del pas. En una ocasin, para seguir la lnea de sus reflexiones belicistas, sostuvo Medina que la justicia es previa a la paz y que en nuestra repblica no hay justicia. Con alarma el diario La Nacin le dedic un crtico editorial. Teme que esas

palabras alienten movimientos populares dirigidos a reparar injusticias. Ante ello el vicario ha debido aclarar que no ha puesto en duda la idoneidad del poder judicial y slo se ha referido a los particulares. Como si fuera poco, monseor Medina sostuvo en Mendoza, en relacin con las Malvinas y los desaparecidos, que se debe investigar, pero era partidario de no dar a conocer los resultados de las averiguaciones. Sera -dijo- "antipedaggico", de la misma manera que un Padre no cuenta todo a su hijo de cinco aos. Los pedagogos son en este caso "los obispos y las autoridades", de donde se deduce que a su juicio es peligroso para el resto de los adultos enterarse de la verdad. Para Medina los ciudadanos de la repblica, excepto militares y obispos, poseemos una mentalidad infantil. Despus de esto se explica que sus hermanos en el Episcopado le hayan aconsejado al vicario castrense, en San Miguel, la conveniencia de callarse.

Como corolario de estas aberraciones doctrinarias en abril de 1982 monseor Medina afirm : "Algunas veces la represin fsica es necesaria, es obligatoria y, como tal, lcita". Es decir la plena justificacin de la tortura. El papel de los capellanes militares Dentro del marco del vicariato castrense los capellanes militares, policiales y penitenciarios -estos ltimos bajo control operacional de las fuerzas armadas-, cooperaron con la accin represiva. Son numerosos los testimonios ofrecidos ante la justicia y la CONADEP que ponen de manifiesto esa actitud y la franca contradiccin entre sus enseanzas y la doctrina contempornea del magisterio catlico, segn ha sido expuesta por los ltimos papas y por el mismo episcopado argentino. El P. Astigueta, capelln de la fuerza area en Crdoba, confesaba a los prisioneros antes de ser fusilados clandestinamente. Nunca formul la denuncia pblica a que la ley le obliga. Debi ser internado para un tratamiento psiquitrico. El P. Gallardo, capelln del III cuerpo de ejrcito, tambin en Crdoba, visitaba el centro clandestino de detencin de La Perla. En una oportunidad le dijo al ex-diputado Musa, que estaba all detenido, que slo era pecado torturar ms de 48 horas. El P. Julia Mackinon, asiduo del mismo campo y de la crcel de Crdoba, entrevist a varios presos antes de ser ejecutados, entre ellos a Vaca Narvaja, El capelln del liceo militar general Paz de Crdoba, de apellido Regueiro, quien tambin cumpla funciones en la parroquia San Fermn, dijo en una reunin del decanato de la dicesis, en 1976, que al P. Nicolau "hubo que matarlo". El P. Nicolau fue secuestrado, torturado y muerto en San Nicols en la poca en que Regueiro se desempeaba en esa ciudad. El salesiano Ala, confidente de los servicios de informacin, daba charlas de instruccin a militares sobre la infiltracin comunista. Sostena que el documento de Medelln pona de manifiesto esa penetracin en la Iglesia y afirmaba que la punta de la lanza de la subversin en el campo religioso la constitua el obispo Angelelli. Denunci al P. Italo Gestaldi, de su congregacin, quien fue obligado a salir del pas. El P. Felipe Perlanda Lpez, capelln de los servicios penitenciarios, ha sido denunciado en un testimonio presentado en la CONADEP (legajo 4952) por haber justificado la tortura. "M'hijito -le dijo a uno de los detenidos que se quejaba por los tormentos a que era sometido-, qu quers si vos no coopers con las autoridades que te interrogan". La seora Iris de Avellaneda sostiene haber sido torturada en Campo de Mayo con la participacin del capelln Francisco Priorello. Se afirma que el P. Guadagnoli, perteneciente al II cuerpo de ejrcito, asista a sesiones de tortura. En otras denuncias ante la CONADEP se implican a los capellanes Astolfi (legajo 2680); Biagoli, perteneciente a la fuerza area (legajo 6048);

Armando Monzn, del primer cuerpo de ejrcito, -con quien mantuve una vez una penosa entrevista- (legajo 3382); Flix Ignacio Olmedo, de la polica federal, visitante de centros ilegales de detencin; Pedro Fernndez, de la Escuela de Mecnica de la Armada (legajos 187 y 776); Ortiz y Dusso. Pero con independencia de estos hechos, el papel principal de los capellanes -bajo las directivas del vicario castrense- consisti en adormecer y deformar la conciencia de los represores, aceptando la legitimidad de las violaciones que se cometan contra la dignidad de la persona humana. Cuando tenamos dudas -ha dicho el almirante Zaratiegui- nos dirigamos a nuestros asesores espirituales, que no podan ser otros que los integrantes del vicariato y stos nos tranquilizaban. Llegaron a componer oraciones sacrlegas. En una de ellas se expresa: "Pon destreza en mi mano, para que el tiro sea certero". El caso de monseor Grasselli Uno de los enigmas no resueltos de la relacin entre las fuerzas armadas y la Iglesia es el del papel desempeado por monseor Emilio Teodoro Grasselli en el vicariato castrense. Segn mis recuerdos Grasselli vino de Rosario a Buenos Aires en 1959 como familiar del cardenal Antonio Caggiano, cuando ste fue trasladado de sede. Segn el diccionario de la Real Academia Espaola, familiar es "el eclesistico o paje, dependiente y comensal de un obispo". La expresin ha desaparecido del cdigo d derecho cannico y actualmente los obispos tienen, como todo el mundo, secretarios privados, pero no un acompaante permanente. Sin embargo, en la poca en que Caggiano era arzobispo de Buenos Aires, la funcin exista. El cardenal Caggiano, en su carcter de vicario castrense, hizo ingresar a Grasselli como capelln castrensc y secretario privado y en ese cargo permaneci con Tortolo y Medina. En mayo de 1985 Grasselli dijo ante la Cmara Federal en el juicio a los ex-comandantes : "Fui (entre 1976 y 1982) y sigo siendo secretario privado del vicario castrense". Por la denominacin de monseor que ostenta se lo considera equivocadamente obispo. Slo es presbtero con un ttulo honorfico otorgado por la Santa Sede, seguramente por gestin del Cardenal Caggiano, de quien era protegido. La oficina de Grasselli est ubicada en la iglesia Stella Maris, que es la sede del vicariato castrense, en la esquina de Comodoro Py y Corbeta Uruguay, en la zona de Retiro. En esa dependencia de las fuerzas armadas, para llegar a la cual es necesario atravesar estrictos controles, Grasselli recibi a partir del 24 de marzo de 1976 a millares de familiares de detenidos-desaparecidos, La noticia de esa atencin corri rpidamente y las familias de las vctimas acudan con la esperanza de tener alguna informacin. Mi esposa y yo fuimos tambin a consultarlo y pudimos ver los pasillos atestados de gente esperando. En la segunda visita nos dijo que no haba conseguido informacin, No volvimos ms, pero otras personas lo hacan reiteradamente. Por cada caso monseor Grasselli confeccionaba una tarjeta, que colocaba en un fichero, clasificado alfabticamente. En su declaracin ante la cmara federal dijo que nunca las cont, pero calcula su nmero en 2.500. Tengo la impresin que eran ms. Estas fichas tenan por objeto anotar los datos que pudiera obtener y ubicar a los denunciantes. Segn Grasselli realizaba esta tarea con autorizacin de monseor Tortolo y solicitaba informacin al ministerio del Interior, a la polica y a los comandos. Afirma que daba a conocer esas listas al vicario castrense quien, en ocasiones se interesaba personalmente en obtener alguna noticia, pero siempre sin resultado. Slo una vez -explica Grasselli-, ubic a un desaparecido. Era una chica que estaba en la comisara 3a de Lans. Su madre pudo visitarla. Estuvo detenida nueve meses.

Innumerables visitantes de Grasselli refieren en cambio que ste, con frecuencia, proporcionaba indicios que resultaban ser exactos, formulaba comentarios, alentaba esperanzas o sealaba que se haba producido lo peor. He escuchado infinidad de relatos a este respecto. Al comienzo las familias se sentan atendidas por un sacerdote en una posicin espectable que pareca querer ayudarlas y les proporcionaba algn consuelo. Con el tiempo la gente se sinti vctima de un engao o de un juego siniestro y la reaccin contra Grasselli se ha generalizado. Hoy es una mala palabra. Conviene citar algunos casos documentados. En la CONADEP el seor Jorge Alfredo Barry (legajo 270), manifest que Grasselli describi a su hijo Enrique fsicamente, "comentando que tena el apodo de Pingino y otros datos que evidenciaban conocimiento acerca del paradero de las vctimas; concluy diciendo que Enrique haba sido fusilado". En la misma comisin la seora Adelina Burgos Di Spalatro (legajo 1526), expuso : "a los 40 das de la desaparicin fuimos a ver a monseor Grasselli, quien nos dijo que volvisemos a los ocho das. Transcurrido ese lapso fuimos a verlo y Grasselli nos mostr una lista con muchos nombres, nos dijo que nos fijsemos en el nombre de nuestro hijo. Aquellos que tenan una cruz quera decir que estaban muertos, si no, que estaban vivos. Segn esto, la vctima estaba con vida". Carlos Oscar Lorenzo (legajo 1560), explica que el P. Amador lo mand a ver a monseor Grasselli. Este "nos dice que los jvenes estn en un operativo de rehabilitacin en casas que se han armado a tal efecto... Manifiesta que Videla ha sido el alma caritativa que urdi el plan para no perder las inteligencias... dice que se trabaja con los jvenes con psiclogos y socilogos, y que a los irrecuperables es posible que 'alguien piadoso' les de una inyeccin y el irrecuperable se duerma para siempre"7. A estas referencias hay que agregar el tema de los pasajes. En varias ocasiones Grasselli gestion pasaportes y boletos para liberados v sus familiares, particularmente de la Escuela de Mecnica de la Armada. El destino era generalmente Venezuela. Esta cuestin se est ventilando en varias causas judiciales y fue motivo de una larga exposicin de Grasselli ante la cmara federal, en el juicio a los ex-comandantes. En un principio el acusado trat de negar estas implicaciones, pero ante la presentacin de testimonios, cartas y otros documentos ha terminado por reconocerlas, explicndolas de la mejor manera posible. As lo hizo respecto alas familias Quiroga, Roldn, Milesi, Abreg, Iglesias, Castillo, Pisariello, Dalo, Actis, Cubas y Forti. Los dos ltimos casos son especialmente ilustrativos. Estn expuestos detalladamente en el testimonio de Grsselli, transcripto en el nmero 5 de El Diario del Juicio. Estas circunstancias lo conducen a admitir que conoca la existencia del centro clandestino de detencin que funcionaba en la ESMA. La responsabilidad penal y moral de Grasselli surge por no haber denunciado la existencia de detenidos-desaparecidos y de centros clandestinos de detencin, pese a su condicin de funcionario pblico. Esto supone la comisin de los delitos de encubrimiento y complicidad. Pero el mayor interrogante se plantea respecto al verdadero papel de Grasselli y de su superior Tortolo dentro de la maquinaria de la represin. Una interpretacin benvola consistira en suponer que arribos, como sacerdotes, concibieron ese mecanismo para prestar un servicio a las familias de las vctimas y ayudarlas a encontrar a sus seres queridos. Pero la absoluta ineficacia del instrumento -fuera de la tramitacin de algunos pasaportes y pasajes a jvenes que ya estaban liberados-, hace insostenible tal presuncin. Resulta evidente que los jefes militares permitieron -o tal vez promovieron- esa actividad de Grasselli porque favoreca sus planes, creaba la confusin, alentaba esperanzas y adormeca la combatividad de los familiares. Algo similar se hizo abriendo el intil registro de denuncias en el ministerio del Interior. Dado el conocimiento que Grasselli lleg a tener de los hechos, merced a su contacto diario con centenares de testigos, slo puede pensarse que cumpli, bajo las directivas del vicario, una funcin cmplice dentro del engranaje siniestro de la accin genocida.

Cacabello o Cabello En el informe de la CONADEP se transcribe el siguiente prrafo, extrado del testimonio de Eusebio Hctor Tejada (legajo 6482) : "En la crcel de Caseros, alrededor de marzo de 1980, fui sometido a sesiones de tortura por el jefe de la requisa, en compaa del jefe interno y en presencia del sacerdote Cacabello, por negarme a colaborar con ellos"8. Probablemente se refiere al presbtero Alejandro A. Cacabelos, que figura en la edicin de 1977 de la gua eclesistica del arzobispado de Buenos Aires como capelln auxiliar del comando de sanidad del ejrcito, proveniente de otra dicesis, Existe igualmente un capelln castrense, Manuel Jorge Cabello, ingresado a las fuerzas armadas en 1959, que ejerce la funcin de secretario canciller del vicariato castrense. Recuerdo haberlo conocido hace ms de treinta aos cuando vino a pedirme un favor en la poca en que me desempeaba como director general de enseanza de la provincia de Buenos Aires durante la gobernacin de Mercante. Supe ms tarde que se haba incorporado al ejrcito. Los presbteros Jorge Vernazza y Rodolfo Ricciardelli me han contado que en 1976, mientras estaban desaparecidos los padres Orlando Iorio y Francisco Jlics, concurrieron al vicariato castrense en bsqueda de noticias. Los atendi el referido Cabello, a quien conocan. Por supuesto manifest no saber nada de la cuestin. Los visitantes se alarmaron por cuanto, durante la conversacin, Cabello justific sin reservas la utilizacin de la tortura en la tarea represiva. La doctrina El papel de los capellanes castrenses no se limita ala asistencia espiritual de su feligresa y a la dilucidacin de sus problemas de conciencia. Muchos de ellos dictan clases o conferencias, tanto a la oficialidad como a la tropa. Ese adoctrinamiento ha contribuido a la formacin de la mentalidad de nuestras fuerzas armadas y a preparar el genocidio. No voy a analizar esos contenidos en sus aspectos generales para no repetir el examen que realizo en otra parte de este trabajo. Me limitar a sus aspectos especficos. Una gua adecuada lo constituye el libro del capelln militar Marcial Castro Castillo, que tengo a la vista y que puede conseguirse en la librera Huemul, de la avenida Santa Fe, en la capital federal. Se denomina Fuerzas armadas, tica y represin y ha sido publicado por la editorial Nuevo Orden. Este ltimo nombre, el mismo del rgimen poltico que pretendieron imponer en Europa el fascismo y el nazismo, constituye una definicin. "Este es un libro -dice el autor en la Introduccin-, dirigido al oficial combatiente. No se escribi para telogos ni filsofos, ni juristas, sino para responder a los requerimientos de la accin, iluminndola con la ms clara y prctica doctrina tradicional en el pensamiento y en el derecho cristianos... Necesidades de direccin espiritual en el mbito militar y estrecha amistad con muchos combatientes movieron mis preocupaciones hacia los problemas morales de la Guerra Moderna"9. Castro Castillo busca los fundamentos de sus enseanzas en Toms de Aquino y Francisco de Vitoria sin advertir que esos pensadores -progresistas para su tiempo- responden a un contexto poltico, cultural, social, econmico y tecnolgico totalmente diferente a los actuales. La idea bsica del libro reside en la justificacin de la guerra cuando sta tiene por objeto defender, imponer o restablecer un pretendido Orden Natural, que consiste en la vigencia de los principios autoritarios definidos por el autor. La represin exige -dice- no slo castigar a los combatientes del bando adversario, sino principalmente a los responsables del desorden, es decir a

los idelogos y polticos. Estamos ante la exculpacin del asesinato y la tortura ejecutados por las fuerzas armadas. La democracia, sea liberal o socialista, es la gran enemiga y la causante de todos los males, de tal manera que debe ser eliminada, al igual que los principios de igualdad y libertad en los cuales se basa. Despus de una entusiasta defensa de la pena de muerte, Castro Castillo encara el arduo tema de la tortura. En principio, trayendo a colacin citas de Pio XII, seala su ilicitud. Pero luego se plantea la posibilidad de excepciones, "para casos especialsimos". En esa circunstancia -agrega"nos parece que el hombre que ejerza la autoridad competente y responsable, deber juzgar en su conciencia y proceder conforme a ella. Es probable que obre bien si logra responder satisfactoriamente a estas tres preguntas, para cada caso particular: - Es tan grave la amenaza al bien comn?; - No puedo proteger al bien comn de otra manera lcita?; - Es realmente imprescindible que haga esto?"10 Resulta evidente que una posicin como la transcripta abre el camino para la aplicacin indiscriminada del tormento, dado que caa oficial la considerar imprescindible. Este es el argumento que usan los militares en sus conversaciones privadas y que han expuesto a los obispos. Sin embargo la doctrina oficial de la Iglesia desde Po XII en adelante y sobre todo bajo Paulo VI, considera que la tortura nunca es legtima ni admisible, cualesquiera fueren las consecuencias que se deriven de esta actitud. El Documento de Puebla, aprobado por Juan Pablo II, dice en el numeral 531 "La tortura fsica y sociolgica es siempre condenable. Si dicho crimen es realizado por la autoridad encargada de tutelar el bien comn envilece a quien lo practica, independientemente de las razones aducidas". Con la casustica de Castro Castillo un principio absoluto de la moral cristiana se convierte en relativo. Todo su empeo de cruzado de la tica se desvanece cuando los beneficiarios son los detentadores del poder y de las armas. Es curioso sealar que el libro de Castro Castillo carece de licencia eclesistica, omisin que contradice su concepcin tradicionalista de la autoridad eclesial. Nadie en la Curia ha querido comprometerse con la legitimacin de semejante doctrina. Esto prueba que la enseanza supuestamente catlica a que estn expuestos los oficiales de las fuerzas armadas no se corresponde con el magisterio actual de la Iglesia. Sin embargo el vicario castrense que debera advertirlo, no interviene, lo que pone de manifiesto su complicidad y el cercenamiento de este sector de la comunin eclesial, Otros capellanes castrenses con ideas similares, como Rodobaldo Ruisnchez y Egidio Esparza dictan cursos en las escuelas superior de guerra y nacional de inteligencia. Los tres son espaoles y de rancia formacin caverncola y franquista. Los criterios y citas de Castro Castillo han sido utilizados por los defensores de los ex-comandantes en el juicio ante la Cmara Federal, particularmente por Alfredo Battaglia, abogado de Galtieri. En un texto del curso de guerra contrarrevolucionaria dictado en el ao 1977 en la escuela superior de guerra, se lee este prrafo : "la democracia basada en el sufragio universal o soberana popular es el medio eficaz de promover la subversin legal". En el mismo establecimiento el presbtero Daniel Armando Zaffaroni sostuvo lo siguiente : "La democracia es el gobierno del pueblo, por lo tanto, si el pueblo no est maduro para gobernar, la democracia convierte al pueblo en autor de su propia desgracia. No olvidemos que aqu y en otros pases la subversin naci en gobiernos democrticos".

La dicesis castrense El 21 de abril de 1986 el papa Juan Pablo II dispuso elevar a la condicin de dicesis con jurisdiccin militar, gobernadas por un prelado con atribuciones de obispo, a los 29 vicariatos castrenses existentes en el mundo, incluyendo el argentino (12 en Amrica, 9 en Europa, 3 en Africa, 3 en Asia y 2 en Oceana). La decisin est contenida en la constitucin apostlica Spiritual Militum Curae, que consta de 14 artculos, dada a conocer el 5 de mayo del mismo ao. Entr en vigor el 21 de julio. Creo que se trata de un grave error de la Santa Sede y constituye una orientacin peligrosa. La dicesis castrense tiene bajo su jurisdiccin a los fieles militares o empleados civiles que sirven en las fuerzas armadas, as como tambin a los miembros de sus familias, es decir esposos e hijos que vivan en la misma casa. Esto traer incontables conflictos con los prelados diocesanos. Los obispos castrenses estn autorizados a erigir seminarios, impartir el sacramento del orden sagrado a los alumnos que all se eduquen y contar con clero propio, para lo cual podrn incardinar a los clrigos que acepten cumplir con ellos su tarea pastoral. La medida se funda en el artculo 569 del cdigo de derecho cannico. Este expresa que "los capellanes castrenses se rigen por leyes especiales". Es el nico precepto de dicho extenso cuerpo jurdico referido al tema. En consecuencia, a partir del 21 de julio de 1986, monseor Medina goza de las atribuciones antedichas. Necesidad de suprimir la dicesis castrense Las consecuencias deletreas derivadas de la existencia de un clero castrense surgen con claridad de los prrafos anteriores. "Nadie puede servir a dos seores", se lee en el Evangelio de Lucas (16, 13). Estas palabras son aplicables a los obispos y capellanes sometidos a una doble jerarqua, la militar y la eclesistica. Ordenados para servir a Dios, terminan obedeciendo a Marte. Es inevitable que esto ocurra con clrigos subordinados a los reglamentos castrenses, que les otorgan grados, sueldo, promociones y privilegios y les imponen las obligaciones consiguientes. Entre nosotros traicionaron el Evangelio justificando y apoyando al terrorismo de Estado. La perspectiva se agrava con la posible existencia de seminarios pertenecientes a las nuevas dicesis militares. En ellos la deformacin moral, espiritual e intelectual de los aspirantes ser completa. Corremos el peligro de ver aparecer seminarios en Campo de Mayo a la par de las escuelas de suboficiales. Y qu se puede esperar de un muchacho que decida ingresar a un seminario para capellanes castrenses? Las dicesis militares son inaceptables, tanto desde el punto de vista eclesial como poltico. Para la Iglesia es inconveniente la creacin de sectores con una jerarqua propia dentro de la jurisdiccin episcopal y parroquial. En la actual circunstancia histrica se impone fortalecer la igualdad y la comunidad entre los cristianos, en vez de separarlos. Para el pas significa la consolidacin del gueto y de la casta militares, cuando todo exige integrar las fuerzas armadas a la sociedad. Resulta tambin alarmante el nmero desproporcionado de sacerdotes incardinados en la dicesis castrense argentina. Es bien sabido, por otra parte, que su labor pastoral es deficiente y les ocupa poco tiempo. Para una poblacin militar, incluyendo las familias, de alrededor de 500.000 feles, fungen en el escalafn militar 270 capellanes. Entre tanto la dicesis de Morn, con un milln de catlicos, cuenta con 130 clrigos; la de Quilmes, con 800.000, 61; la de San justo, con 900.000, 92 y la de Santa Fe Con 600.000, 133 11 .

En 1972, durante el gobierno de facto del general Lanusse, un serio conflicto puso de manifiesto los inconvenientes que supone para la Iglesia la existencia de una vicara castrense. Con motivo de una huelga en el Chocn, monseor Jaime de Nevares, obispo de esa jurisdiccin, dispuso que ningn sacerdote de su dicesis oficiase misa en el lugar en ocasin de la visita de las autoridades nacionales. Lanusse recurri entonces al vicario general del ejrcito, Bonamn, quien envi un capelln militar para celebrar la liturgia, con el pretexto de realizarla en presencia de personal de las fuerzas armadas. Creo que ha llegado el momento que el gobierno argentino convenga con la Santa Sede la supresin de la dicesis militar y de los capellanes incorporados a la estructura castrense. Es la nica manera de eliminar un foco ideolgico de riesgo para la consolidacin de la democracia. Este cambio es un paso indispensable dentro de la reforma militar y para la integracin de las fuerzas armadas en la sociedad argentina. Pienso que podr contarse con el apoyo de muchos obispos y tal vez de la Conferencia Episcopal, cuyos integrantes son conscientes de los problemas que he reseado. El derecho de los ciudadanos uniformados a su cuidado espiritual no sufrir menoscabo con esta decisin. Por el contrario, ser ms autntico y la solucin es simple. Los oficiales y suboficiales casados y muchos solteros, viven fuera de los cuarteles, de tal manera que estn en condiciones de concurrir a la parroquia que les corresponda o al templo de su preferencia, como lo hacen los dems cristianos. En cuanto a los oficiales y suboficiales que residen en unidades castrenses; y particularmente los soldados y el personal embarcado, bastar que los jefes respectivos convengan con los obispos de cada dicesis o directamente con los prrocos su atencin pastoral. En el caso de bases alejadas como la Antrtida o viajes martimos de larga duracin, ser posible formalizar arreglos especiales para contar con el servicio de sacerdotes idneos. Lo mismo habr que hacer con respecto a los conscriptos de otras confesiones religiosas, hasta ahora desatendidos. Los sacerdotes diocesanos o de las distintas rdenes y congregaciones llevarn el mensaje evanglico a nuestros soldados con mayor eficacia, gozando de libertad para juzgar los conflictos morales que crean las instituciones armadas. Esto en situacin de paz, que es la normal. En caso de guerra siempre se contar con sacerdotes voluntarios que acompaen a los combatientes, evitndose los episodios del conflicto de las Malvinas, donde el papel de los capellanes militares fue lamentable. Muchos tenemos presente el ridculo de las arengas triunfalistas y antievanglicas del presbtero Jos Fernndez, que nos trasmita la radio. Con la frmula propuesta, finalmente, se satisfar el principio de la libertad de conciencia. En la actualidad los soldados, suboficiales y oficiales de otros credos, ateos o agnsticos, se ven forzados a participar en ceremonias religiosas catlicas. Esta fusin de actos castrenses y religiosos violenta las normas del artculo 14 de la constitucin nacional y el concepto de libertad religiosa desarrollado por el Concilio Vaticano II.

Captulo segundo

EL EPISCOPADO CATOLICOEl episcopado catlico y la dictadura militar Las cabezas del Episcopado catlico fueron debidamente informadas de los planes para derribar el rgimen constitucional y establecer por un lapso prolongado una dictadura militar, seguida de un nuevo orden poltico y social. Como seal en el captulo anterior, la noche previa al pronunciamiento dos de los jefes de la conspiracin -el general Jorge Videla y el almirante Emilio Massera- se reunieron con la jerarqua eclesistica en la sede de la Conferencia Episcopal. El mismo da del golpe de Estado, 24 de marzo de 1976, los integrantes de la junta militar mantuvieron una larga sesin con monseor Adolfo Tortolo, arzobispo de Paran, vicario castrense y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina. En esos prolongados encuentros, en el momento crtico de las decisiones fundamentales, tiene que haberse realizado un examen completo de la situacin y de los efectos que seguiran. El mtodo represivo adoptado no pudo haber estado ausente de dicho anlisis, por cuanto era previsible que los familiares de las vctimas buscaran desesperadamente la intercesin de los obispos, como efectivamente ocurri. El acuerdo alcanzado resulta claro a la luz de los acontecimientos que siguieron. El rgimen tendra va libre en su accin represiva y contara con el apoyo del Episcopado, a cambio de la presunta defensa que aqul asumira de la "civilizacin occidental y cristiana" y la consolidacin de los privilegios de la Iglesia. Ms de ochenta prelados en funciones entre diocesanos, castrenses y auxiliares, componen el cuerpo episcopal. Solo cuatro adoptaron una lnea de denuncia abierta de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el rgimen terrorista : Enrique Angelelli, de La Rioja, que fue asesinado por las fuerzas armadas simulando un accidente de trnsito el 4 de agosto de 1976; Jaime de Nevares, de Neuqun y Miguel Hesayne, de Viedma, que se incorporaron a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; y Jorge Novak, de Quilmes -consagrado el 19 de setiembre de 1976-, que integra el Movimiento Ecumnico por los Derechos Humanos- MEDH. Tanto Tortolo como los cardenales Aramburu y Primatesta; que integraban en 1976 la Comisin Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, cerraron sus puertas a las familias de las vctimas y slo por excepcin las recibieron. Salvo el sorpresivo encuentro con el arzobispo de Paran, que he relatado, nunca consegu una entrevista con ellos. La misma actitud adoptaron respecto a las organizaciones de derechos humanos, a lasque calificaban de "comunistas" y subversivas. Sin asumir una actitud pblica, otros obispos reciban a los afectados y realizaban gestiones privadas, siempre sin xito. Esos mismos prelados formulaban cuestionamientos en las asambleas episcopales sin alcanzar la mayora. Recuerdo entre ellos -y no quisiera ser injusto por desconocimiento- a Zaspe, Ponce de Len, Kemerer, Marengo, Devoto, Laguna, Marozzi y Maresma. Pero son ms numerosos quienes se expresaban en forma agresiva y antievanglica, hasta llegar a veces a la calumnia, respecto a los detenidos-desaparecidos, a sus familiares, y a las instituciones que los agrupan.

El primer documento episcopal Apenas producido el golpe militar los obispos se vieron acosados por las familias de los "desaparecidos", presos, exiliados y prescindidos. No contaban con esto y se vieron en la necesidad de decir algo. La primera carta pastoral de la Conferencia Episcopal, suscripta en San Miguel el 15 de mayo de 1976, resulta sintomtica. Los obispos sealan en trminos generales -como si no lo supiramos desde la proclamacin de los Mandamientos en el monte Sina -la ilegitimidad de secuestros y asesinatos, pero mantienen una persistente ambigedad sobre los responsables y se esfuerzan por establecer atenuantes y justificaciones con respecto al gobierno de las fuerzas armadas. "Hay hechos que son ms que un error : son un pecado -expresa el documento-, los condenamos sin matices, sea quien fuere su autor :.., es el asesinar -con secuestro previo o sin l- y cualquiera sea el bando del asesinado... Pero hay que recordar que sera fcil errar con buena voluntad contra el bien comn si se pretendiera.., que los organismos de seguridad actuaran con pureza qumica de tiempo de paz, mientras corre sangre cada da; -que se arreglaran desrdenes, cuya profundidad todos conocemos, sin aceptar los cortes drsticos que la situacin exige; -o no aceptar el sacrificio, en aras del bien comn, de aquella cuota de libertad que la coyuntura pide; -o que se buscara con pretendidas razones evanglicas implantar soluciones marxistas". A continuacin, con el mismo estilo genrico, el documento seala que "se podra errar si en el afn por obtener esa seguridad, que deseamos vivamente, se produjeran detenciones indiscriminadas, incomprensiblemente largas, ignorancia sobre el destino de los detenidos, incomunicaciones de rara duracin, negacin de auxilios religiosos.., si con el mismo fin se suprimiera alguna garanta constitucional, se limitara o postergara el derecho de defensa.., si, buscando una necesaria seguridad se confundieran con la subversin poltica, con el marxismo o la guerrilla, los esfuerzos generosos, de raz frecuentemente cristiana, para defender la justicia, a los ms pobres o a los que no tienen voz". Todas estas generalidades, escritas en tiempo condicional y plagadas de mitigaciones compensatorias, que suenan a pedido de disculpa, se publicaban en medio del terror desatado por el rgimen, cuando diariamente se producan centenares de asesinatos, secuestros y torturas ejecutados por agentes de las fuerzas armadas y de seguridad. Los obispos firmantes de esta pastoral no lo ignoraban. A esa altura de los acontecimientos estaban enterados que las gestiones privadas y personales a nada conducan. Si en ese momento la Conferencia Episcopal hubiera reaccionado con energa, sealando de manera directa a los responsables, se hubieran salvado decenas de miles de vidas. La inimaginable figura del cardenal Aramburu utilizando el plpito de la catedral metropolitana -como San Ambrosio en Miln frente a Teodosio- para denunciar el crimen, pudo haber detenido el genocidio. Esta es la gravsima responsabilidad del episcopado catlico argentino. Despus de la asamblea episcopal la comisin ejecutiva del Episcopado mantuvo una reunin con el presidente de tacto Videla. Al finalizar la entrevista el cardenal Primatesta dijo que el documento "no provoc una situacin difcil y fue tomado en su valor real". Agreg que no poda revelar lo expresado por Videla (Clarn, 19-5-76). A buen entendedor, sobran palabras. Acepto, como posibilidad, que exista el riesgo que una actitud de esa naturaleza no lograra cambiar el curso de los acontecimientos. Pero esa no es la cuestin. La misin de los pastores de la grey cristiana, de acuerdo con el ejemplo de su Maestro, no consiste en garantizar resultados sino en dar testimonio de la verdad, aun a costa de la vida. Recordemos la imprecacin de Jess, dirigida a sus discpulos : "Ustedes son la luz del mundo... No se enciende una lmpara para meterla debajo de un cajn, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que estn en la

casa. As debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes" (Mateo, 5,14/15) Y el anatema del profeta Isaas contra los malos pastores, "perros mudos, incapaces de ladrar" (Isaas, 56, l0). Se podr objetar que no es justo responsabilizar al Episcopado de lo ocurrido cuando otros sectores de la sociedad, igualmente importantes, como la dirigencia poltica, tambin callaron. No pretendo defenderlos y a otros corresponder ese anlisis. Pero importa sealar con toda claridad que en las circunstancias en que se dio el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, slo la jerarqua catlica estaba en condiciones de ejercer una influencia decisiva. El rgimen militar pretenda fundar su accin en la defensa de los valores cristianos y no hubiera podido soportar una crtica abierta de los obispos. "Pero eso significara romper..." Recuerdo a este respecto un episodio ilustrativo. En 1979, si no me equivoco, recib la visita de una familia que tena un hijo preso en el penal de Sierra Chica, en Olavarra y era objeto de todo tipo de tormentos. Les aconsej que fueran a ver al entonces obispo de Azul, Manuel Marengo, en cuya dicesis se encuentra la prisin y de quien saba que estaba preocupado por el tema. Marengo les explic que conoca el problema, por cuanto involucraba a todos los detenidos polticos y haba realizado innumerables gestiones sin que la situacin mejorara. Me entrevist -les dijo-, con el director de la prisin, con el jefe de la guarnicin local, con el director del servicio penitenciario, con el ministro del Interior, con el presidente Videla, pero las torturas siguen. He agotado todas las instancias -agreg-, y ya no puedo hacer nada ms. Regresaron mis interlocutores y me relataron el dilogo. Les ped que regresaran a Azul y le dijeran de parte ma al obispo Marengo, que me conoca, lo siguiente: "No es exacto que usted haya agotado sus recursos. Usted dispone de una catedral donde celebra misa los domingos, con la presencia de oficiales del ejrcito y sus familias, dada la abundancia de regimientos en la zona. En esas ocasiones predica la homila. Le ruego que en la prxima semana, con toda solemnidad, desde el plpito, denuncie lo que ocurre en la crcel de Sierra Chica, seale su gravedad y haga responsable al gobierno de las fuerzas armadas de esas violaciones a la dignidad humana. Los dems ciudadanos no contamos con la misma posibilidad". Marengo los escuch -me contaron ms tarde mis visitantes- y bajando los ojos y los brazos contest : "Pero eso significara romper..." La respuesta es importante por cuanto indica una mentalidad. Se trataba de un prelado de reconocida virtud y buen corazn, que reciba con afecto a las vctimas de la represin y que realizaba, efectivamente, gestiones en su favor. Pero slo eran trmites privados. Jams formul una manifestacin pblica, ni auspici algn servicio permanente ni adhiri a las organizaciones de derechos humanos. Todo ello significaba romper con el gobierno militar. Y romper con una dictadura castrense, por graves que fueran sus ofensas a la dignidad humana, no est -parece-, en el horizonte mental de un obispo argentino, aun con las calidades mencionadas. Qu podamos entonces esperar de un Aramburu, un Primatesta, un Tortolo, un Bonamn o un Plaza, para nombrar solamente a los ms notorios. Esta contestacin expresa condicionamientos histricos, compromisos con el poder temporal, hasta una concepcin teolgica. Supone supeditar el testimonio de la verdad a la sumisin o adhesin a un rgimen poltico desptico, agresor de la dignidad y los derechos humanos, si ste se presenta como defensor de la Iglesia. Implica una opcin poltica temporal en detrimento de la fidelidad al mensaje evanglico.

El ejemplo de San Ambrosio Hay una diferencia entre la actitud reseada y los ejemplos de los grandes obispos de la Iglesia catlica a travs de los siglos. El 26 de marzo de 1983, comentando una lamentable declaracin del obispo de Avellaneda y presidente del CELAM, Antonio Quarracino, record en el diario La Voz un episodio de la vida de San Ambrosio, obispo de Miln. "En el ao 390 -dice el historiador Marrou-, San Ambrosio no pudo impedir la salvaje represin ordenada por el emperador Teodosio en Tesalnica siete mil personas reunidas en un circo y exterminadas sin piedad-, pero exigi y obtuvo del culpable una pnitencia pblica" 1. Quarracino, en cambio -dije entonces-, propone una "ley de olvido", destinada a eximir de culpas y garantizar la impunidad de los militares responsables del asesinato en fro de veinte o treinta mil prisioneros, sin reclamar contricin alguna. Algunos reconocimientos La restauracin del rgimen democrtico ha trado consigo, como es inevitable, un debate pblico sobre la actuacin del Episcopado durante la dictadura militar. Para defenderse de las previsibles crticas, la Conferencia Episcopal public en junio de 1984 un folleto intitulado "La Iglesia y los derechos humanos - Extractos de algunos Documentos y Memoria de algunas intervenciones de la Conferencia Episcopal Argentina acerca de la violencia y sobre diversos derechos humanos -1970-1982"2. El trabajo carece de honestidad intelectual, por cuanto omite en la transcripcin de los textos las expresiones benevolentes o exculpatorias hacia el gobierno de las fuerzas armadas, que compensan holgadamente las afirmaciones de principios genricos de tica cristiana, nunca directamente acusatorios. Con poca sinceridad el secretario general del cuerpo monseor Carlos Galn -conocido por su actitud desdeosa hacia las vctimas del terrorismo de Estado-, manifiesta en la "Presentacin" que "el objetivo de esta publicacin no es sino el de ofrecer un material breve de fcil consulta a quien le interese, l4o otro". Y agrega una cita extrada del documento "Democracia, responsabilidad y esperanza", emitido por la Conferencia Episcopal con motivo de la inauguracin del rgimen constitucional, donde se ensaya una disculpa que no exime de las graves omisiones incurridas. Dice as : "El Episcopado argentino pudo no acertar en todo lo que dijo e hizo. Los obispos somos hombres limitados; pero podemos afirmar que siempre procuramos obrar y hablar de acuerdo a los dictados de nuestra conciencia de pastores"3. Las expresiones de algunos obispos confirman la exactitud de mi juicio, que es coincidente con la opinin d. cualquier persona informada que se exprese con franqueza, En ocasin del pedido del papa Juan Pablo II, en enero de 1980, para que en nuestro pas se aclare la situacin de los desaparecidos, monseor Miguel Hesayne, obispo de Viedma, procur, sin xito, una manifestacin inequvoca de la Comisin Permanente del cuerpo. Y agreg que "las declaraciones particulares de varios obispos son equvocas o amortiguan las exigencias de las expresiones evanglicas papales" (22 de enero de 1980). En mayo de 1983 el mismo Hesayne se dirigi al ex-presidente de facto Videla ante la manifestacin de ste de que haba que leer el documento de las fuerzas armadas denominado Punto Final en el marco de la declaracin del Episcopado argentino. "Mi preocupacin est fundada -dice Hesayne a Videla-, en la necesidad de desautorizarlo ante mi feligresa, porque presentndose usted como cristiano confunde a la grey que la Iglesia me ha confiado ... Usted contest en diciembre de 1979 una carta ma dicindome, 'no tenemos nada de qu arrepentirnos'... No obstante ello quiero hacerle, ahora pblicamente, un nuevo llamado a la conversin en

Jesucristo"4. Finalmente, el obispo de Viedma declar en 1984 "estar personalmente angustiado... Si hubiera sabido todo lo que estoy sabiendo ahora, hubiera actuado de otra forma, nunca hubiera subido a un palco de un gobierno de tacto y me prometo a m mismo no hacerlo jams"5. "Es necesario un examen de conciencia de la Iglesia argentina -seal el obispo de Neuqun Jaime de Nevares el 9 de abril de 1984-, en relacin con su actitud durante la dictadura militar"?' Por la Radio Vaticana el 3 de junio de 1984 monseor Justo Laguna, obispo de Morn, dijo sobre el problema de los desaparecidos, "que no se puede acusar a la Iglesia de haber callado. Ha hablado y continu hacindolo despus de 1977. Pero por cierto hoy personalmente no puedo declararme tranquilo, porque si es verdad que hemos hablado con claridad, no siempre nuestra denuncia fue acompaada por gestos, por acciones concretas". En el nmero 16 de El Diario del Juicio se le pregunt a Jorge Novak, obispo de Quilmes: "Cul fue el papel de la Iglesia catlica argentina durante el golpe de Estado de 1976? Se puede hablar de algn tipo de complicidad?", La respuesta, en lo esencial, es la siguiente: "No sabra decir en qu medida la Iglesia, a travs de sus pastores, lo ha aconsejado o no, porque yo no estaba en la Conferencia Episcopal en ese momento. Pero lo que yo puedo observar es que en las capellanas militares se debe purificar toda esa asistencia espiritual de las connotaciones que no coincidan con la Doctrina Social de la Iglesia, las enseanzas del Concilio Vaticano II y los documentos de Medelln y puebla. Uno se hace preguntas acerca de funcionarios del ltimo gobierno militar que destruyeron la Constitucin y que al mismo tiempo han participado de misas, de la palabra de Dios, tomando la comunin y hecho profesin de fe. Se tienen que haber hecho un planteo moral y alguien entonces les tiene que haber aconsejado. Son ilaciones lgicas que uno se hace". Creo que estas palabras son suficientemente claras y corroboran mis afirmaciones acerca de la vinculacin de la jerarqua y en particular de la vicaria castrense con la dictadura militar y sus procedimientos. Los documentos del episcopado A fines de 1982, cuando el rgimen militar se debilitaba a ojos vistas y una cierta apertura permita a las organizaciones de derechos humanos y al periodismo sacar a luz los crmenes cometidos por el gobierno de las fuerzas armadas, la Conferencia Episcopal public un volumen intitulado "Documentos del Episcopado Argentino 1965-1981 - Coleccin completa del magisterio post-conciliar de la Conferencia Episcopal Argentina"6. Entre ellos se incluyen los mensajes, cartas y declaraciones vinculados con el problema de los derechos humanos. Esto ltimo provoc el inters general y pronto se agot una primera edicin de dos mil ejemplares. La segunda impresin trajo una novedad. La incorporacin de la denominada "Pro-memoria - Documento entregado por la comisin ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina a la honorable junta militar", que lleva fecha 26 de noviembre de 1977. Se trata de una comunicacin que hasta ese momento se haba mantenido en secreto. l4o cabe duda entonces que la publicacin tuvo el propsito de defender la actuacin del Episcopado -que entrara en debate con el sistema democrtico-, de las crticas que reciba. Sera interesante un anlisis completo de este material, tanto desde el punto de vista religioso como socio-poltico, pero voy a comentar solamente los documentos emitidos a partir del 24 de marzo de 1976, en cuanto se vinculan con las violaciones a los derechos humanos cometidos por la dictadura militar. Dije antes que apenas ocurrido el pronunciamiento castrense los obispos y el nuncio apostlico se vieron inundados de angustiosos pedidos de socorro por parte de familiares y amigos de personas que desaparecan misteriosamente, luego de ser arrestadas por agentes del Estado. La presin que se ejerca sobre ellos era muy fuerte. Cualesquiera fuese la filiacin religiosa de las

vctimas, todos acudan al Episcopado, concientes de que era la nica fuerza que en ese momento estaba en condiciones de interceder con xito. En los odos de la poblacin resonaban las permanentes afirmaciones de fe cristiana que salan de los labios de los militares detentadores del poder. Para algunos obispos, especialmente en las provincias, este asedio y los resultados negativos de sus gestiones resultaban afligentes y desconcertantes. Como partcipes del poder poltico y social, nunca se haban encontrado en una situacin similar. En otros tiempos un llamado telefnico o una carta al comisario de polica, al jefe del regimiento o al gobernador solan solucionar estos problemas o proporcionar una explicacin. Ahora el rechazo era la regla, seguido a veces de la advertencia de que convena no meterse en la cuestin. La reaccin de la inmensa mayora del Episcopado consisti en aceptar formalmente las explicaciones del gobierno y no insistir. Muchos obispos, comenzando por las cabezas del cuerpo, se negaron a recibir a las familias de los desaparecidos o las derivaban a funcionarios menores de la cua. Otros se colocaban en franca hostilidad con los visitantes y en particular con las organizaciones que comenzaban a reunirlos. El famoso, "por algo ser", sali tambin de los labios episcopales. Los pocos que cumplan cabalmente con su deber pastoral de asistir a los Perseguidos y atormentados apenas si disponan de tiempo para otra tarea, tal era la congoja de los familiares y amigos de miles de desaparecidos. La presin de la sociedad reclamando la intervencin del Episcopado se advierte con claridad en los diversos documentos producidos a partir del 24 de marzo de 1976. Los circunloquios utilizados ponen de manifiesto que sin ese apremio la Conferencia Episcopal nunca hubiese hablado. Es significativa a ese respecto la respuesta del 12 de agosto de 1976 de la comisin permanente de la Conferencia Episcopal a una carta de la conferencia de religiosos. No conozco el texto de la misiva de esta ltima, suscripta por el R.P. Leonardo Cappelluti s.c.j., pero de la contestacin se deduce que se urga a los obispos para que interviniesen en defensa de la poblacin agredida por las fuerzas armadas. "l4o ignoramos los distintos hechos o condicionamientos -expresan- a que se alude en su carta... pero es deber nuestro hacer un juicio pastoral sobre el bien de nuestro pueblo y tratar de calibrar las actitudes con el rolo objetivo de la gloria de Dios y el bien general... convencidos que hay tempus loquendi y tempus tacendi, ajustarnos nuestra conducta a la bsqueda efectiva del mayor bien del pueblo fiel". Surge de lo expuesto que era tiempo de callar, aparentemente para no perturbar la accin genocida de los militares. Silencio que es difcil de conciliar con la mayor gloria de Dios y el bien del pueblo. Poco antes, el 7 de julio de 1976, la comisin ejecutiva de la Conferencia Episcopal, ahora integrada por los cardenales Primatesta y Aramburu y por monseor Zaspe, se dirigi a la junta militar "por el incalificable asesinato de una comunidad religiosa en la parroquia de San Patricio, en Buenos Aires". Pero a rengln seguido viene la exculpacin de los autores : "Sabemos por la palabra del seor ministro del Interior y por la presencia en las exequias del seor ministro de Relaciones Exteriores y Culto y de altos jefes militares, como el gobierno de las fuerzas armadas participan de nuestro dolor y, nos atreveramos a decir, de nuestro estupor". Lo que en realidad saban los firmantes, como toda persona informada, es que el hecho haba sido cometido por agentes del Estado Y las autoridades estaban en condiciones de conocer su identidad. Las pruebas de esa participacin fueron inmediatamente recogidas y segn tengo entendido trasmitidas por la nunciatura apostlica a Roma. De cualquier manera la junta militar no aplic sancin alguna a los responsables. Sin duda a este episodio se refiere el general Roberto Viola, jefe de estado mayor, en la directiva secreta que integra el Anexo 5 de la ordenanza 504/77, dada a conocer por el CELS en el diario La Voz del 6 de noviembre de 1984. Se dice all : "Las caractersticas particulares con que debi encararse la LCS (Lucha contra la subversin), produjeron secuelas que en forma de

denuncias diversas el oponente condujo hbilmente hacia la Iglesia, para colocarla en el compromiso de cumplir su misin pastoral de defensa de todos aquellos principios que son esencia de la doctrina cristiana, enfrentando al GN (Gobierno Nacional) y a las F.F.A.A. Esta situacin se agrav circunstancialmente con algunos hechos fortuitos que afectaron a miembros del clero, particularmente como consecuencia de la ejecucin de ciertas operaciones, que no fueron acertadas pero si justificadas". Como se ve, todo estaba justificado, hasta el crimen de San Patricio. Los mandos se haban comprometido a cubrir los delitos, aun los ms aberrantes, cometidos por los cuadros intermedios. Los obispos se colocaban en la misma posicin. Los documentos de 1977 Mil novecientos setenta y siete fue un ao crtico para el Episcopado. Las denuncias sobre desapariciones, asesinatos, torturas y detenciones prolongadas arreciaban. Las familias de las vctimas haban comenzado a organizarse y las reuniones de la asamblea episcopal y de la comisin permanente se realizaban con el marco de centenares de personas que pugnaban por entrevistarse con las autoridades de ambos cuerpos y obtener alguna palabra de esperanza, que nunca llegaba. Las concentraciones frente ala casa de ejercicios Mara Auxiliadora, en San Miguel, eran particularmente penosas. Con la vigilancia de la polica de la provincia de Buenos Aires -cuya presencia los obispos admitan-, padres, madres, hijos, hermanos, esposos, amigos de detenidos-desaparecidos pasaban largas jomadas sin otra perspectiva que la visita de algn prelado sensible al problema, como Zaspe, de Nevares, Novak, Hesayne o una anodina y fugaz entrevista con el secretario de la Conferencia, monseor Galn o el jefe de prensa, P. Berg. Con mi esposa fuimos protagonistas de muchas de esas largas e intiles horas y participarnos de la frustracin provocada por tan cruel actitud. Tomo al azar una crnica periodstica del 25 de abril de 1978, que es similar a muchas otras y que se titula "Una larga espera ante el Episcopado". Dice as : "Ms de medio centenar de hombres y mujeres, en su mayora de mediana edad, realizaron ayer una prolongada e infructuosa espera en los jardines que rodean la casa de ejercicios de Mara Auxiliadora. Estaba integrado por familiares de desaparecidos y de detenidos a disposicin del poder ejecutivo. El objetivo principal, entrevistar al presidente del CEA, cardenal Ral Primatesta, no pudo ser logrado. En cambio entregaron una carta". En una de esas ocasiones tuve oportunidad de conversar con el vicepresidente segundo del cuerpo y arzobispo de Santa Fe, Vicente Zaspe, ya fallecido. Me dijo con desaliento : "No me cabe duda que de aqu unos aos la Iglesia va a estar colocada en la picota...". Zaspe comprenda el problema humano y pastoral que involucraba la postura del Episcopado. Seguramente luchaba dentro del cuerpo por una actitud ms acorde con el Evangelio. Pero le falt la energa y la decisin necesarias para romper con la trama de mediocridad, cobarda y complicidad que prevaleca a su alrededor y con los condicionamientos intelectuales que l mismo padeca. En ese clima el Episcopado produjo tres documentos uno de ellos secreto-, por los cuales trasmiti a la junta militar, sin responsabilizarla de los hechos, como hubiera sido indispensable, el panorama contemplado. El primero es una carta de la comisin permanente de fecha 17 de marzo de 1977. Comienza, como siempre, con una disculpa y una adulacin : "Vuestras Excelencias, con quienes la presidencia del Episcopado ha tenido oportunidd de hablar varias veces, conocen y han valorado nuestra actitud, desde su papel de gobernantes y de cristianos convencidos. Por eso mismo es que sin temor al riesgo de ser mal interpretados queremos hoy transmitirles con esta carta, las inquietudes que de todas partes nos llegan desde hace tiempo". Sigue luego : "Ellas se refieren a la situacin de no pocos conciudadanos a quienes el reclamo de sus parientes y amigos presenta como

secuestrados o desaparecidos, por la accin de grupos de personas que dicen ser de las fuerzas armadas o policiales y obrar en su nombre, sin que sea posible, en la gran mayora de los casos, ni a aquellos sus deudos, ni a las autoridades eclesisticas que tantas veces han intercedido, lograr siquiera una informacin al respecto. A ello se aade el hecho de muchos presos a disposicin del Poder Ejecutivo Nacional -cuya autoridad para proceder a detenciones reconocemos dentro del marco legal vigente- y de otros detenidos bajo proceso que, segn sus declaraciones o de sus familiares, han sido sometidos a apremios ilegales de calidad y caractersticas tales, que hubiramos siempre juzgado inconcebibles en el modo de ser argentino y que, por cierto, son para el cristiano inaceptables en conciencia. En verdad que de esto, Excelencias, hay un clamor creciente en el pas, que no nos es dable desconocer. Aun otro punto todava : los mismos presos bajo proceso ven sus causas prolongarse por aos, sin llegar a una sentencia que aclare definitivamente su situacin. Sobre los presos habra que sealar tambin las dificultades que se nos indican en cuanto a su posible asistencia espiritual, si as lo desean. Como Punto que complete este cuadro, que no intenta ser descriptivo, debemos notar los casos que nos son presentados, de abusos contra la propiedad en las operaciones de represin : desaparecen todo tipo de objetos que nada tienen que ver con una adecuada averiguacin policial". El resto de la extensa misiva est destinada a balancear el mal efecto que pudiera causar en los militares gobernantes esta enumeracin de los reclamos, que el Episcopado se limita a trasmitir sin hacerse responsable de su veracidad. "Reconocemos, en verdad, -expresan- la situacin excepcional por la que pasa el pas. Sabemos de la amenaza a la vida nacional que la subversin ha significado y significa. Comprendemos que quienes son los responsables del bienestar del pas se hayan visto precisados a tomar medidas extraordinarias... Comprendemos tambin que por un cmulo de circunstancias en que entran a jugar intereses de todo orden, Pareciera haberse desatado contra la Argentina una campaa internacional, que nos duele como ciudadanos amantes de la patria que somos y por nada quisiramos vemos involucrados en posturas de reclamo de las que no conocemos el origen... Bien sabemos que ha habido desde hace aos en nuestro pas un accionar de las fuerzas del mal que se tradujo en todo tipo de atentados contra la vida y la fama de las personas -de las cuales fueron vctimas no pocas veces los militares- as como contra la propiedad, todo lo cual hemos condenado particular y colectivamente ms de una vez". Y as a lo largo de varias pginas hasta terminar con humildad de perrito faldero : "Por ello es que nos atrevemos a pedir, muy respetuosamente, a Vuestras Excelencias, seguros, por otra parte, de ser odos, la concrecin de medidas que restauren la confianza de tantos de nuestros ciudadanos que se ven golpeados, sin saber a qu atribuirlo y que comprenden que los culpables sean castigados, pero dentro de normas reconocidas". Con motivo de la asamblea de la conferencia episcopal de Pascua, sta emiti el 7 de mayo de 1977 el ms difundido de sus documentos sobre el tema, con la denominacin de "Reflexin cristiana para el pueblo de la patria". Su ttulo indica que los obispos no se dirigen a los detentadores del poder, responsables de los hechos que relatan, sino que eligen como destinataria de sus meditaciones a la sociedad entera, como una forma de disminuir y universalizar culpas. El texto est dividido en tres partes. La primera expone principios doctrinales que surgen del mensaje evanglico y del magisterio eclesistico, sobre la dignidad de la persona humana; acerca del respeto de sus derechos que ninguna "teora acerca de la seguridad colectiva puede hacer naufragar"; la ilicitud del asesinato del enemigo, la tortura moral y fsica, la privacin ilegtima de la libertad o la eliminacin de todos aquellos que conspiran contra la seguridad colectiva; y la necesidad de proceder en el marco de la ley, para concluir con el principio tico de que el fin no justifica los medios, "vigorosamente expresado por San Pablo (Romanos,3,8)".

La segunda parte se titula, "Hechos Observados" y reitera su Preocupacin por la existencia de situaciones "denunciadas o presentadas por familiares y amigos", que contradicen los principios expuestos. Son las mismas referencias a secuestrados y desaparecidos, torturados, presos, saqueados, siempre atribuidos a manifestaciones de terceras personas, eludiendo garantizar su verosimilitud y, por cierto, la responsabilidad del gobierno. No se omite el habitual halago y pedido de disculpa, que confrontados con la realidad que hoy todo el pas conoce, suena a hipocresa o a cobarda. "Conocemos y valoramos -se dice- el esfuerzo de gobernantes y funcionarios, de su entrega y desinters al servicio de la patria, que en no pocos casos ha significado la ofrenda de la propia vida...as como la renuncia de logros personales... Hemos escuchado manifestar muchas veces el carcter cristiano que el gobierno de las Fuerzas Armadas quiere imprimir a su gestin". Finalmente se formula un llamado a la esperanza, instando a convertirse "a quienes iniciaron, sembraron y continan sembrando la subversin con violencia y odio" y se expresa un reconocimiento "hacia los sacerdotes y religiosos que en unin con sus obispos", consuelan a los afligidos y predican a los que yerran. A pesar de su extrema moderacin y sus elaboradas perfrasis, dirigidas a equilibrar su contenido y omitir acusaciones, el documento provoc irritacin en los crculos militares. Hubo nerviosas reuniones pero se opt por el camino del cinismo, en el cual es maestro Videla. "Al referirse a una declaracin del Episcopado -dice La Razn del 13 de mayo de 1977- Videla seal que el gobierno argentino acepta esta reflexin de la Iglesia que, por otra parte, responde a una realidad. Enumer cinco causas por las que pueden haberse producido las desapariciones :que esas personas pasaron a la clandestinidad; que por cualquier falta de lealtad hayan sido eliminadas por las mismas organizaciones; que se hayan ocultado para marginarse; que por desesperacin se hayan suicidado; que hayan sido el resultado de posibles excesos de la represin de las fuerzas armadas". El pro-memoria de 1977 Seal antes que, con el propsito de justificarse ante la opinin pblica, la Conferencia Episcopal incluy en la segunda edicin del volumen donde se renen sus declaraciones, un texto que hasta entonces se haba mantenido en secreto. Se trata del "Pro-memoria, documento entregado por la comisin ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina a la honorable Junta Militar". Lleva fecha 26 de noviembre de 1977. Ocupa ms de cuatro pginas pero algunos puntos suspensivos indican que en su transcripcin se han suprimido prrafos. Sera til conocerlo ntegramente al igual que la carta privada a la junta militar de julio de 1976, que se menciona en el texto pero no ha sido dada a conocer. Slo el acceso a toda la documentacin existente, sin ningn tipo de ocultamientos, podr conducir a un juicio correcto de los acontecimientos vividos y del papel de sus actores. El contenido del Pro-memoria trasunta la posicin difcil en que se encontraba -y se encuentrael Episcopado, por sus compromisos con la dictadura militar y la presin social que le exiga el cumplimiento del mandato evanglico. "Habramos justamente esperado -dicen los obispos- que la calidad de cristianos de los miembros de las fuerzas armadas hubieran producido una respuesta claramente cristiana a las exposiciones (de la CEA) previamente realizadas. Comprobamos con dolor que no ha sido as. Ello sucede en desprestigio de la Iglesia que, por otros sectores y cada vez ms abierta y profusamente, es acusada de complaciente o su jerarqua de temerosa, por no hablar con mayor frecuencia y no calificar pblicamente con mayor dureza situaciones claramente no cristianas". Hay quejas en la carta por el comportamiento del gobierno de las fuerzas armadas hacia la Iglesia, pese a los esfuerzos del Episcopado por cooperar. "Otro punto -dice- no menos importante

es el de la apreciacin de la Iglesia en general o de los prelados y sacerdotes de ella, por parte de algunos funcionarios o de miembros de las fuerzas armadas, por testimonios que recibimos". Se detallan episodios ocurridos en el sector educacional y frecuentes acusaciones de que la Iglesia se encuentra infiltrada por la subversin. El tono es ms confidencial que en las comunicaciones pblicas. "Ya en julio de 1976 -expresan los obispos- en carta privada a la excelentsima junta militar habamos sealado una sensacin. de miedo que cunda en el pas; lamentablemente debemos indicar hoy lo mismo ... lejos estbamos de sospechar el cuadro que despus se nos ha hecho dolorosamente familiar :miles de denuncias de desapariciones de personas, de las que, en la mayora de los casos, se carece posteriormente de toda noticia. Este hecho, tan lamentable y que nos vimos precisados a indicar en nuestra exhortacin del mes de mayo de 1977, sigue hoy tan vigente como entonces. No slo no se ha tenido una explicacin valedera de lo anteriormente sucedido, no slo no se ha levantado, aunque fuera en parte substancial el manto de silencio sobre lo ocurrido a tantas personas, sino que, con un ritmo si se quiere algo menor, lo reconocemos, los secuestros y desapariciones han continuado sembrando la inquietud, el desconcierto y una honda sensacin de angustiosa desesperacin -tan propicia en el hombre para todo sentimiento irracionalen muchas familias argentinas... Los familiares de las personas desaparecidas o las instituciones que se han ocupado de ellas, la misma Iglesia, al recurrir con todo derecho ante las autoridades, o no reciben a menudo respuesta alguna o, si no, se les indica que no hay datos sobre tal persona. Dicha respuesta, como es muy natural, si bien pudiera ser comprensible en algunos casos, cuando los ejemplos se multiplican hasta ser miles, engendra en los recurrentes una muy explicable desconfianza en la veracidad de la informacin e indica, en el mejor de los casos, una falla inaceptable en los organismos que el Estado debe tener para defensa de los derechos de los ciudadanos... Existe una especie de conviccin subyacente en amplios estratos de la poblacin, de que el ejercicio del poder es arbitrario, de que se carece de adecuada posibilidad de defensa, de que el ciudadano se encuentra sin recursos frente a una autoridad de tipo policial, omnipotente". Luego vienen, como en las declaraciones anteriores, las expresiones de comprensin por el accionar de las fuerzas armadas : "Sabemos los obispos que este aspecto de la situacin est originado por la amplia gama de la subversin que lleg a amenazar la vida misma de la Nacin... comprendemos muy claramente que las excepcionales circunstancias por las que ha atravesado el pas exigan una autoridad firme y un ejercicio severo... sabemos de la hondura del intento de recurrir a la violencia para imponer cambios". Este documento reservado pone de manifiesto la coincidencia ideolgica y del discurso (se usan expresiones similares) entre el gobierno de las fuerzas armadas y el Episcopado. Los obispos solo se deciden a hablar por que se ven presi