Michoacn: la reforma incendiariaPadres y compaeros de los 52 estudiantes normalistas presos desde el lunes pasado por supuestas violaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, as como comuneros e integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educacin (CNTE), realizaron movilizaciones el pasado fin de semana en varias zonas de Michoacn para exigir la liberacin de los jvenes, a quienes, segn uno de los abogados a cargo de su defensa, les fueron sembrados artefactos de fabricacin casera por los policas que los detuvieron.Los normalistas michoacanos encarcelados 30 hombres y 22 mujeres fueron arrestados cuando protestaban por una de las consecuencias de la llamada reforma educativa: la prdida de certeza de obtener una plaza tras concluir sus estudios. De esta manera, el conjunto de reformas legales aplicado desde 2013 suma un nuevo rechazo y genera un nuevo incendio social que se agrega a los ya existentes en Oaxaca, Guerrero, Chiapas y otras entidades.En la circunstancia michoacana se conjuga el afn de imponer la llamada reforma educativa que es, en realidad, una mera reforma laboral que violenta los derechos y las conquistas del sector magisterial, la cual fue elaborada y aprobada sin consultar a las disidencias sindicales con una inocultable y alarmante criminalizacin de los movimientos sociales.Caben recordar, a este respecto, las fabricaciones ministeriales efectuadas en la entidad contra varios dirigentes de grupos de autodefensa entre ellos Juan Manuel Mireles, Hiplito Mora y decenas de sus seguidores y las inverosmiles fabulaciones de las autoridades encargadas de procurar justicia en el caso de Nestora Salgado y otros policas comunitarios en el vecino Guerrero.En estas condiciones, cuando la negociacin y el dilogo parecen las nicas vas razonables para resolver la confrontacin en curso entre varios sectores magisteriales y las autoridades educativas federales y estatales, resulta significativa la ausencia del secretario de Educacin Pblica, Aurelio Nuo, en la mesa de discusin a la que fue convocado por la dirigencia de la CNTE, lo que parece rubricar el empecinamiento oficial en seguir adelante con la reforma sin importar los costos sociales y de gobernabilidad que ello implique.Otro aspecto preocupante de la situacin michoacana es la cerrazn oficial ante los normalistas rurales, los cuales han sido sistemticamente agredidos por los poderes pblicos desde hace varios sexenios, pero con mayor intensidad en el pasado y en el actual. La atrocidad perpetrada en Iguala en septiembre del ao pasado contra alumnos de la normal de Ayotzinapa 43 de los cuales siguen desaparecidos no puede considerarse un hecho aislado, sino el captulo ms brbaro de una hostilidad que se expresa tambin en excesos represivos, la denostacin en los medios informativos afines a los gobernantes y el acoso presupuestal a los planteles que an no han sido destruidos por el propio gobierno.Con estos antecedentes en mente resulta inevitable el escepticismo ante las imputaciones contra los normalistas michoacanos por la supuesta posesin de explosivos caseros.Volviendo a las inconformidades por las disposiciones de la llamada reforma educativa y a las turbulencias que su aplicacin ha generado, es necesario insistir en la urgencia del dilogo y el abandono, por el gobierno federal, de la inflexibilidad mostrada hasta ahora. Es tiempo de que las autoridades reconozcan que afectando derechos y conquistas laborales no puede mejorarse la calidad de la educacin en el pas.Subir al inicio del texto