Memorias Encuentro Larga Vida a Las Mariposas

Memorias de lucha y resistencia

Memorias del Encuentro Nacional Por la Libertad de Lxs Prisionerxs Políticxs

“LARGA VIDA A LAS MARIPOSA”Realizado en Bogotá los dias 4 y 5 de Junio de 2012.(Editado en Bogotá >febrero de 2012) Por: Campaña TRASPASA LOS MUROS

Antecedentes

Pre-encuentros

Desde Adentro

Casos Tipo

Ponencias

Declaración Final

Coalición Larga Vida A las Mariposas

Informes Regionales

Contenido

Saludos Internacionales

Desarrollo Jornadas

pg. 7

pg. 8

pg. 14

pg. 19

pg. 21

pg. 66

pg. 34

pg. 63

pg. 43

pg. 31

Presentación pg. 6

Contexto pg. 5

Memorias

Por la Libertad de lxs Prisionerxs politicxs 5

Colombia es un país que atraviesa por un con-flicto social y político que data de la época de la colonia y se expresa de manera arma-

da desde los años 40´ y 60´ hasta la actualidad. Este conflicto tiene sus causas en la monopolización de la tierra, el desplazamiento de campesinos hacia los centros urbanos, el gamonalismo o concentra-ción del poder por parte de una élite que representa la minoría, las desigualdades sociales y la extrema pobreza, el abandono estatal, la falta de educación, la transición de derechos fundamentales a “servi-cios” como es el caso de la salud, las deficiencias socio-económicas en los núcleos familiares y la violación sistemática a los derechos humanos, en-tre otros aspectos.

En las últimas décadas, las violaciones a los de-rechos humanos han aumentado considerablemen-te; entre los años 1998 y 2008, aproximadamente 760.000 familias campesinas fueron desplazadas de manera forzada, dejando atrás, por abandono o por despojo, 5,5 millones de hectáreas de tierra. Así mismo, el gobierno colombiano en su afán de mos-trar resultados “positivos” de la política de seguri-dad democrática, ha vulnerado el derecho a la vida de más de 1.171 personas víctimas de ejecuciones extrajudiciales atribuidas al ejército nacional.

En el marco de esta grave crisis estructural que pa-dece el estado colombiano en materia social, eco-nómica y política, su dirigencia sistemáticamente ha desarrollado una política de represión contra quienes representan propuestas o posibilidades de

cambios avanzados para el país, imponiendo la criminalización del movimiento social colombia-no en toda la heterogeneidad de sus expresiones y acudiendo a la privación de la libertad de sus opo-sitores políticos, existiendo actualmente más de 7 mil hombres y mujeres privadas de la libertad por razones políticas en las cárceles del Estado Colom-biano.

Así, las y los prisioneros políticos en Colombia son una consecuencia del conflicto social, político y armado que atraviesa el país; por tanto, la actitud evasiva del gobierno colombiano en no reconocer su existencia y sus causas, son un problema fun-damental para el avance de propuestas que como el acuerdo humanitario buscan la liberación de los prisioneros políticos y constituyen gestos de paz que aproximan los pasos a una la solución política y negociada al conflicto.

La situación que viven y han vivido las y los prisio-neros políticos en las cárceles colombianas se resu-me en una situación de conflicto, caracterizada por protestas, huelgas, motines, desobediencias civiles e incidentes violentos, cuyo origen es múltiple: condiciones infrahumanas de reclusión, irrespeto a la dignidad humana, violación de los derechos hu-manos y las normas mínimas para el tratamiento de las personas sometidas a detención, el traslado del conflicto a las prisiones, el paramilitarismo, adicio-nándole la injerencia del buró federal de prisiones estadounidense en la administración de justicia carcelaria y penitenciaria colombiana.

CONTEXTO

“LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS” Bogotá, D.C. Junio 4 y 5 de 20116 /

El Encuentro Nacional Por La Libertad de las/os Prisioneros Políticos en Colombia “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”, convocado para

los días 4 y 5 de junio de 2011 en la ciudad de Bogotá, se propuso en consideración de la situación que padecen alrededor de 7 mil hombres y mujeres privados/as de la libertad por razones políticas en los establecimientos de reclusión del Estado Colombiano.

El encuentro “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS” es convocado por colectivos de prisionerxs políticxs, cam-pañas y organizaciones de carácter nacional e internacio-nal, con el propósito de abrir un escenario de contexto de las causas por las cuales existen prisionerxs políticxs en Colombia y las condiciones a las que son sometidos, así como aportar a la paz y dar pequeños pasos a la solución política del conflicto político, social y armado en Colom-bia, considerando el reconocimiento y la liberación de los prisioneros políticos como un gesto de paz necesario.

Como actividades preparatorias al encuentro, durante los meses de febrero, marzo y abril del 2011, se cons-tituyeron 8 comités de impulso regionales en Arauca, Antioquia, Atlántico, Bogotá D.C., Eje Cafetero, Nari-ño, Santander y Suroccidente, que de manera satisfacto-ria y con una masiva participación, en el mes de mayo (2011) realizaron Pre-Encuentros Regionales en las ciu-dades de Barranquilla (mayo 19), Medellín (mayo 19), Bogotá (mayo 21), Cali (mayo 21), Pereira (mayo 21), Arauquita (mayo 27) y Pasto (mayo 27), en los cuales se abordaron los ejes temáticos planteados y se recogieron

las diferentes propuestas de organización y agendas co-munes presentadas por sus delegados/as en el encuentro nacional.

Durante el desarrollo del encuentro contamos con la par-ticipación activa de lxs prisionerxs políticxs por medio de sus escritos e intervenciones telefónicas, al igual que con delegados/as provenientes de diferentes regiones de Colombia y de otros países, con quienes actualmente avanzamos en la construcción de referentes organizati-vos alrededor de la problemática planteada.

El encuentro se desarrolló en 4 jornadas de trabajo que comprendieron su instalación y presentación, el desarro-llo de un panel de contexto sobre el conflicto en Colom-bia y la situación de las y los prisioneros políticos, el intercambio de experiencias y propuestas regionales y la construcción de referentes organizativos en pro de la liberación de las y los prisioneros políticos.

Este documento presentado como “Memorias”, recoge el previo y posterior trabajo realizado por las diversas organizaciones participantes en el encuentro, y da cuenta del esfuerzo que ha venido llevando a cabo la Coalición Larga Vida a Las Mariposas por reconocer y visibilizar a lxs prisionerxs políticxs como parte activa y necesaria en la solución del conflicto que surca el país. Igualmente, pretendemos que este informe sirva como insumo en el trabajo que vienen adelantando las diferentes organiza-ciones a nivel regional en la búsqueda de la libertad de todxs lxs prisionerxs políticxs.

PRESENTACIÓN

Para todxs ellos…LIBERTAD INMEDIATA…

Memorias


En el año 2009, diferentes campañas y organiza-ciones solidarias, nacionales e internacionales1, preocupadas por la alarmante cifra de prisioneros

políticos y por las discriminatorias condiciones de reclu-sión a las que son sometidos, decidimos unirnos y pro-gramar diversas actividades con el propósito de vencer el miedo generado por el terrorismo de estado, visibilizar la situación, incentivar la solidaridad e impulsar la mo-vilización en torno a la libertad de las y los prisioneros políticos y exigir garantías de un trato digno en reclusión.

Así, llevamos a cabo el 1er Bazar “Traspasa los Muros” en Solidaridad con las y los Prisioneros Políticos (junio 6 de 2009), el Plantón Nacional e Internacional en Defensa de la Oposición Política (octubre 1 de 2009) y la Jornada Nacional contra la Criminalización a la Oposición Polí-tica y por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos (Diciembre 9 y 10 de 2009); actividades en las cuales las Prisioneras y los Prisioneros Políticos2 participaron activamente con sus intervenciones telefónicas, saludos y ponencias.

Como el primer paso para consolidar un referente orga-nizativo de carácter nacional, destacamos la “Jornada Nacional contra la Criminalización a la Oposición Polí-tica y por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos”,

desarrollada el 9 y 10 de diciembre de 2009 en la ciudad de Bogotá, pues en ella, participaron organizaciones y personas solidarias provenientes de diferentes regiones de Colombia, quienes durante 3 días nos reunimos para realizar un ejercicio de contexto y reflexión alrededor de la situación de persecución y represión política en Co-lombia, la existencia de prisioneros y prisioneras polí-ticas como consecuencia del conflicto social, político y armado colombiano, y la socialización de propuestas de unidad y de acción en torno a tales problemáticas.

La jornada tuvo tres escenarios, dos de ellos abordados el 9 de diciembre de 2009. Un Foro de Apertura y el En-cuentro Nacional “María Paulina Ruiz”; y otro desarro-llado el 10 de diciembre. La Audiencia Popular como jui-cio alternativo de los casos emblemáticos de persecución a la oposición política y al pensamiento critico, adelan-tados contra la socióloga y defensora de DDHH Liliany Patricia Obando Villota, el sociólogo y profesor Miguel Ángel Beltrán Villegas, el licenciado y dirigente social William Javier Díaz y el Defensor de DDHH Príncipe Gabriel González Arango, quienes fueron absueltos por el tribunal popular instalado.

Las conclusiones de este escenario de articulación fueron retomadas a finales del año pasado (2010) por las campa-ñas y organizaciones que la convocaron, arrojando como resultado la propuesta de impulsar un encuentro nacio-nal por la libertad de las y los prisioneros políticos, que en febrero del año 2011, tomo forma y fue denominado “Larga Vida a las Mariposas”.

Campaña por la Libertad de las y los Prisioneros Polí-ticas “Traspasa Los Muros”, Fundación Lazos de Digni-dad, Campaña Nacional e Internacional por la Libertad de Liliany Obando “Freedom for Liliany”, Campaña “El Silencio No es una Alternativa”, Campaña “TJER Li-bertad”, FEU, JUCO, ASPU UN, CNA, FENALPROU, USO, FENSUAGRO, CPDH, CAJAR, CONAP, CEPA, Red Internacional en Solidaridad con las y los Prisione-ros Políticos Colombianos (Australia, Canadá, Colom-bia, Francia y USA), Campaign for Labor Rights, Allian-ce for Global Justice, Colombia Action Network, Peace and Justice for Colombia.

Identificamos 3 categorías de Prisioneros¬/as Políticos/as: de Guerra, de Conciencia, Víctimas de Montajes Ju-diciales.

1

2

ANTECEDENTES


El presente diagnóstico ha sido producto de la participación de distintas personas y organiza-ciones de Manizales que, en reunión del día 18

de mayo, hemos decidido víncularnos a la campaña nacional “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”.

Esperamos así hacer un aporte, modesto pero com-prometido con l@s prisiner@s polític@s y contri-buir a la reflexión sobre las causas y consecuencias del conflicto social, político y armado colombiano.

ASISTENCIA JURÍDICA: La mayoría de los casos los atiende la Defensoría del Pueblo, muchas veces ésta no es oportuna ni eficien-te, lo que más orientan hacer a los presos y prisineras polític@s es que se acojan a la sentencia anticipada o a la Ley de 975, de justicia y paz.

En Caldas no tenemos una asistencia jurídica de ofi-cio para l@s pres@s políticos por falta de recursos económicos para pagar abogad@s, además no hemos

podido implementar un mecanismo para vincular a abogad@s o estudiantes de Derecho a un equipo que nos pueda servir de apoyo. No obstante tener amig@s que podríamos comprometer en este propósito.

Es muy poco lo que los y las internas, presos y prisio-neras políticas conocen del marco jurídico nacional e internacional de protección a las personas privadas de la libertad, las formas de adquirir la libertad y los derechos que se deben garantizar a lo@s prisioner@s polítc@s.

ASISTENCIA SOLIDARIA:

Esta se ha limitado a las vicitas que l@s compañ@s del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos de Caldas hacen a las cárceles y uno que otro documen-to de estudio que les llevan a los pres@s politic@s. Hace tiempo que no seles lleva solidaridad represen-tada en implementos básicos de aseo.

DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN CARCELARIA EN EL EJE CAFETERO PRESENTADO AL 1er Encuentro de l@s de Afuera para l@s de Adentro

(Pereira, 21 de mayo de 2011)

PRESOS Y PRISIONERAS POLÍTIC@S Y DE GUERRA EN LAS CARCELES DEL EJE CAFETERO CÁRCEL H M P.P P.G SIND. COND.

Peñas Blancas. Armenia. 2 2 2 María Cristina. Armenia. 2 2 2 San Bernardo. Pereira. 1 1 1 La Badea. Pereira. 2 2 2 La Blanca. Manizales. 10 4 2 6 4 Doña Juana. La Dorada. 46 7 11 ¿? ¿? TOTAL: 63. 59 4 13 18 7? 10?

PRE-ENCUENTROS

Memorias


SITUACIÓN INTERNA DE LOS@S PRES@S POLÍTIC@S:

Al tenerl@s reunídos con paramilitares y delincuen-cia común en los mismos espacios de reclusión, se mantiene la violación a los tratados internacionales de Derechos Humanos, a la condición de pres@s polític@s.

Los traslados, el aislamiento, el hacinamiento, la convivencia obligada con paras y delincuencia co-mún, impiden, de hecho, que l@s pres@s politic@s se reunan y expresen abiertamente su pensamiento y se generen mecanismos propio s de organización.

SITUACIÓN DE LOS DDHH.

En cuanto a los derechos humanos básicos de toda persona, así esté en reclusión, son vulnerados inte-gramente, en general para todos los presos la salud, la alimentación, la educación, la recreación, el de-porte, o no existen o son de pésima calidad. La dis-criminación contra la mujer, los tratos degradantes y humillantes contra la dignidad humana persisten en las reqisas y en las condiciones de hacinamientoen los dormitorios que no permiten la intimidad de las parejas.

EN SALUD:

L@s intern@s no cuentan con asistencia médica para urgencias. Por ejemplo, en Manizales hay un solo médico para atender a más de 1.000 personas. Las condiciones de salubridad e higiene de las re-clusiones es pésima, situación que se agraba por los altos ídices de hacinamiento que se presenta, ante todo en las carceles de mediana seguridad.

La alimentación es de muy mala calidad y bajo valor nutricional.

La covertura en capacitación para el trabajo y la edu-cación básica, secundaria y universitaria es mínima. No hay un proceso de resocialización y asistencia psicosocial presentándose un deterioro alto de afec-tación a la salud mental.

FEU – CPDH Caldas –OCP Caldas – MOVICE Ca-pitulo Caldas – PCC – UP – Hijos e hijas por la me-moria contra la impunidad – CUT – “Coltivo Patria es Humanidad”.

INFORME DEL ENCUENTRO REGIONAL POR LA LIBERTAD DE LXS PRISIONERXS POLÍTICXS

-Larga vida a las Mariposas- (Sur Occidente-Mayo, 2011)

El encuentro se realizó en las instalaciones de la Universidad del Valle, en el auditorio Germán Col-menares. Contó con la participación de 48 asistentes. El encuentro desarrolló la siguiente agenda con alteraciones en su horario, pero con la realización de todas las actividades:

Las mesas de trabajo fueron los ejes temáticos planteados para el debate:

1. Causas y caracterización del conflicto social, político y armado colombiano.2. Situación de las y los prisioneros políticos y condiciones de reclusión en Colombia. 3. Delito político y garantías para la oposición política en Colombia.4. Importancia de la solidaridad nacional e internacional con las y los prisioneros políticos.

La metodología del trabajo en mesas consistió en la lectura y discusión de un documento base sobre cada tema. Luego se discutió en torno a preguntas dirigidas hacia la construcción de propuestas. Finalmente se construyó un documento recogiendo las conclusiones de la discusión acerca del tema y sus respectivas propuestas.


CONCLUSIONES

Las conclusiones del encuentro re-gional se reflejan en la declaración política y en los resultados obtenidos del trabajo en mesas (adelante se en-cuentran las conclusiones de la mesa 2 y 3, próximamente enviaremos las partes faltantes)

mesa 2: situación carcelaria sur-occi-dente colombiano

Conclusiones generales

• El trabajo al interior de las cárceles es complejo y se necesita ayuda de los familiares en el acom-pañamiento de Lxs Prisionerxs Polí-ticxs.

• Es necesario comprender que las personas que se encuentran en reclusión están allí por hacer opo-sición al régimen, lo cual es muy va-lioso y no podemos dejar de reivindi-carlos ni dejarlos solos. • Muchas veces la familia se aleja por las amenazas de que son víctimas por agentes legales e ilega-les del estado lo cual impide también el que se hagan acompañamientos. • Las distancias que existen entre la ciudad donde vive la familia y el sitio de reclusión de lxs prisio-nerxs políticxs, son una gran limita-ción para realizar las visitas. Estas situaciones son ocasionadas por los traslados, que implican una condena al destierro afectando al prisionerx políticx como a su familia.

• Para poder realizar acerca-mientos entre personas recluidas, sus familias y organizaciones se requie-re la construcción de confianzas que permitan una comunicación fluida y segura para poder afianzar el tra-bajo en asesorías jurídicas, acompa-ñamiento sicosocial, apoyos econó-micos, fortalecimiento de procesos organizativos y demás.

PANORAMA GENERAL ACERCA DE LA SITUACIÓN CARCELARIA

Alrededor de 50 personas se reunieron en Bogotá, en desarrollo del Pre Encuentro por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos.

Por: Campaña Traspasa Los Muros.

El 21 de mayo de 2011, desde de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, alrededor de 50 personas pertenecientes a organizaciones políticas, sociales, populares, sindica-les, campesinas, estudiantiles, defensoras de derechos humanos y campañas de solidaridad, así como ex prisio-neras/os políticas/os y familiares de prisioneras/os polí-ticas/os, se reunieron en el auditorio Camilo Torres de la Universidad Nacional y llevaron a cabo el Pre Encuentro Distrital por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos.

La primera jornada de esta actividad se desarrollo en ho-ras de la mañana, donde se abordo un panel sobre el con-

flicto social y armado, la criminalización del movimiento social, y la situación de las y los prisioneros políticos en Colombia, contando respectivamente con las ponencias de los compañeros Jaime Caicedo (Concejal de Bogotá por el polo democrático y miembro del partido comunis-ta), William Javier Díaz (miembro de la campaña Tjer Li-bertad) y Jhon Gonzalez (miembro de la Campaña Tras-pasa los Muros), quienes arrojaron insumos importantes para el satisfactorio desarrollo de la segunda jornada del encuentro.

Durante esta primera jornada, se proyectó un video ela-borado por el capitulo cono sur de la campaña por la libertad de las y los prisioneros políticos en Colombia, se difundieron saludos telefónicos y escritos enviados al evento por prisioneros/as recluidos/as en la zona centro del país; también se hizo un llamado a la solidaridad con

PRE-ENCUENTRO BOGO

Memorias


los prisioneros en la Penitenciaria de Valledupar “La Tramacúa”, declarados en desobediencia pacifica desde hace 11 días, impulsando la suscripción de un derecho de petición en respaldo a sus peticiones de constitución de una comisión de negociación que permita resolver las si-tuaciones que han generado la jornada de desobediencia.

En horas de la tarde, se llevo a cabo una Tertulia sobre las diversas problemáticas que afectan a las y los prisioneros, donde se destaco la necesidad de crear un espacio de ca-rácter nacional que permita la movilización alrededor de la exigencia de la libertad de todas y todos los prisioneros políticos y sus condiciones dignas de reclusión.

Fueron unánimes los llamados a la solidaridad, a la so-lución política del conflicto social y armado, a impulsar el acuerdo humanitario, a la exigencia de los traslados de los prisioneros políticos a lugares donde están sus fa-milias, a impulsar asociaciones de familiares y redes de abogados defensores, a realizar jornadas pedagógicas so-

bre el delito político en universidades, a denunciar casos emblemáticos como el montaje judicial que padece el se-ñor Miguel Ángel Bobadilla, a rechazar la privatización de las reclusiones, entre otras iniciativas.

Finalmente, se recogieron las conclusiones del evento y se escogieron delegados/as para redactar y presentar el informe regional en el encuentro nacional convocado para los días 4 y 5 de junio en la ciudad de Bogotá, en el que se pretenden contar con la participación de aproxima-damente 300 personas provenientes de diferentes regio-nes y de otros países.

Con el pre-encuentro, las organizaciones y personas soli-darias en la región central de país, ratificaron su compro-miso de caminar en unidad por la exigencia de la libertad las y los prisioneros políticos, siendo un reto el siguiente paso a seguir: el encuentro nacional.

Bogota, D.C, Mayo 21 de 2011.

En Colombia, con la expedición de la Constitución del año 1.991, en su artículo 1º, se dejó consignado:

“Colombia es un Estado social de dere-cho…”.

Esta es una falacia, una mentira más de la burguesía, porque el Estado actual colom-biano es capitalista, es un Estado burgués.

El régimen colombiano, legal y jurídica-mente, niega el conflicto armado y social, que equivale a negar la laucha de clases en nuestro país. El Estado colombiano, en cabeza de los gobiernos oligárquicos, oculta ante la comunidad internacional la guerra interna que sufre el país. Pero, políticamente, forma un galimatías con la interpretación de la realidad de Colombia. Nuestro conflicto o guerra interna tiene más de 60 años que la oligarquía colom-biana emprendió contra el pueblo y sus dirigentes. En su historia más reciente, y de los tantos episodios crueles que pasan

en esta guerra fratricida, fue el extermi-nio, por las balas oficiales y semioficiales del régimen, de la Unión Patriótica, movi-miento político que surge de los acuerdos entre el movimiento armando y el Gobier-no de turno, en el año 1.982.

La cárcel como parte del aparato represi-vo del Estado busca quebrantar la moral, la convicción y los ideales de los luchado-res populares pretendiendo con ello des-virtuar la justeza de su lucha, descompo-nerlos y ganarlos a su favor. Por otra parte la cárcel cumple el papel de atemorizar y horrorizar al pueblo para que acepte las condiciones que le impone el actual orden y renuncie a sus anhelos de libertad y jus-ticia.

INFORME PRE-ENCUENTRO BARRANQUILLA mayo de 2011


CONDICIONES DE RECLUSIÓN DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS en Costa Caribe

La situación de las y los prisioneros políticos a nivel carcelario en la Región Caribe, no deja de ser menos intensa o menos cruel que la del resto del país. Esto se ve irradiado en las deficiencias en la prestación de sa-lud, alimentación, educación, trabajo y en las diferentes formas de castigo y torturas físicas y sicológicas a las cuales se ven sometidos los prisioneros políticos; sin dejar de lado la corrupción, la violencia interna que se vive en cada establecimiento carcelario.

La carencia de una política clara y respetuosa de los derechos de las personas privadas de la libertad por mo-tivos políticos, y del gobierno al no reconocer a estos su condición política y la existencia y causas de esta problemática es relativamente constante, aunque la im-provisación y la indolencia no parecen ser exclusivas de este ámbito.

Una de las cosas más preocupantes es la cantidad de establecimientos carcelarios que existen en el Departa-mento del Atlántico: Establecimiento Carcelario y Pe-nitenciario de Mediana Seguridad El Bosque, Estable-cimiento Nacional Carcelario Modelo, Establecimiento Carcelario de Sabanalarga, Centro Carcelario Distrital para Varones El Bosque, Centro Carcelario Distrital

para Mujeres “El Buen Pastor”, siendo estas dos últi-mas de orden distrital, y en todas podemos ver los si-guientes aspectos.

Estas excesivas construcciones de centros carcelarios en el Atlántico muestran la persistencia en la problemá-tica que abarca en general las cárceles del país, como lo es:

• No existe la clasificación de las personas pri-vada de la libertad. En las cárceles del Departamento del Atlántico no existe, como en la mayoría de los es-tablecimientos del país, la separación por categorías de los internos. “Los internos en los centros de reclu-sión, serán separadas por categorías, atendiendo a su sexo, edad, naturaleza del hecho punible, personalidad, antecedentes y condiciones de salud física y mental.” (Artículo 63 de la Ley 65 de 1.993. Código Nacional Penitenciario y Carcelario.) • Escasez o inadecuada cantidad y calidad de los alimentos. En las cárceles no se está cumpliendo con los estándares de calidad para la elaboración de los ali-mentos que se le proporciona a los prisioneros y prisio-neras, ni el gramaje necesario para la buena nutrición, ni se les cumple con la dieta que se exige en cuestiones de salud. Muchos internos manifiestan que en ocasio-nes sólo se les ha suministrado arroz con cebolla. • Falta o insuficiencia en la prestación de servi-cios médicos adecuados y oportunos. En los estable-cimientos carcelario y penitenciario del Atlántico no existe un área de sanidad que sea accesible a todos los internos, aunque se ha indagado a los detenidos, se pue-de decir que la mayoría no reúnen los requisitos míni-mos exigidos para cumplir su función. Ejemplo: Área de sutura, botiquín, equipo para atención de urgencias. A esto se le anexa la insuficiencia de medicamentos (sólo se dan analgésicos, tipo acetominafén o ibuprofe-no, para cualquier patología). El servicio de Odontolo-gía es generalmente muy pobre y no existen elementos necesarios para tratar adecuadamente las patologías dentales.

En Colombia existen más de 7.500 prisionerxs políticxs...

Las cárceles de Colombia tienen una sobrepoblación de 25.182 internos, lo que significa el 33% sobre el total de reclusos. (INPEC).

Memorias


Todas esas condiciones de reclusión de los prisioneros y prisioneras políticas y toda la población carcelaria que se anotaron en este documento, son las mismas que se dan en las cárceles del resto de la Costa Caribe, en cuyos municipios y ciudades capitales se encuentran ubicadas: Sincelejo, Montería, Santa Marta, Ciénaga, Cartagena, Judicial de Valledupar, Riohacha, Fundación. Tie-rralta, y a las cuales han llegado 300 prisioneros y pioneras políticas en estos últimos cinco años. CASO EPCAMSVAL “LA TRAMACUA”

Un caso especial, en la Costa Caribe, en Colombia y el mundo, es el Establecimiento Penitencia-rio y Carcelario de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocido como la “Tramacua”, ubi-cado a 3.5 Km. de la vía La Mesa, de la ciudad de Valledupar, de cuyas condiciones de reclusión de toda la población carcelaria que se encuentra actualmente allí y de la corrupción administrativa en este establecimiento, se hace una pequeña radiografía por parte del Colectivo de Prisiones Políticos y Prisioneros de Guerra, Torre 4.

Cárcel de Máxima y mediana Seguridadde Valledupar /Km 3.5 Via La Mesa.

“LA TRAMACUA”


JUSTICE FOR COLOMBIA, la ONG Británica el cual cuenta con el apoyo de la cen-tral sindical británica, representando más de 6 millones de trabajadores, la central sindical irlandesa representan-do más de 800,000 trabajadores, el apoyo de más de 65 parlamentarios británicos, y varios eurodiputados envía un saludo solidario y fraternal al Encuentro Nacional por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos “Larga Vida a las Mariposas”. Estamos orgullosos de poder ser una de las organizaciones convocantes de este importante evento y apoyarlo. Nosotros reiteramos nuestro compromiso con la lucha para la libertad de los miles de presos y presas políticas que hoy se encuentran injustamente encarcelados sim-plemente por oponerse al régimen colombiano. Desde Gran Bretaña continuaremos a denunciar estas injusti-cias y presionar para la libertad de todos las personas encarceladas hoy injustamente. Hacemos un llamado a las autoridades a cesar la práctica del encarcelamiento de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, líde-res sociales y otros y poner en libertad inmediata a David

Rabelo, Liliany Obando, Carmelo Agamez (en libertad por vencimiento de terminos) y todos los demás presos y presas que hoy se encuentran privados de su libertad por defender la paz con justicia social. Igualmente con-denamos la oleada de represión iniciada en los últimos días en las diferentes cárceles vejando a los detenidos, acelerando el maltrato y los traslados arbitrarios.Saludamos y celebramos la libertad de las compañeras Aracely Cañaveral y Rosalba Gaviria, y la noticia ayer de que absolvieron al Profesor Miguel Ángel Beltrán. Les deseamos éxitos en el encuentro y estamos compro-metidos en apoyarles hasta se logra la libertad de todos los compañeros y compañeras detenidos y detenidas. Un abrazo solidario de parte de JUSTICE FOR CO-LOMBIA y todos los que nos apoyan en Gran Bretaña y Europa a todos los participantes de este importante evento y todos los presos y presas políticos. La comu-nidad internacional no se quedará en silencio mientras continúan a encarcelar y asesinar los que se oponen al régimen colombiano.

SALUDOS INTERNACIONALES

SolidaridadAquí y ahora !!!

Memorias


JAMES JORDAN:

Miembro de la Red Internacional de Solidaridad con Los y Las Prisioneras Políticas Colombianas (INSPP, siglas en ingles).

Mi nombre es James Jordan y soy el Co-Coor-dinador Nacional de la Alianza por la Justicia Global y miembro del Comité de Coordina-ción de la Red Internacional en Solidaridad con las Presas y Los Presos Políticos de Colombia. Lo que mas queremos para el pueblo colombia-no es que finalice la violencia y el conflicto in-terno armado. Nuestra solidaridad con Colombia está vinculada a nuestra lucha por la libertad y la democracia. En todo el mundo mi país está gene-rando guerras o apoyando guerras injustificadas y por ende represión, y esto pasa actualmente, aquí en Colombia donde se han invertido más de siete billo-nes de dólares estadunidenses en el Plan Colombia. Un plan que no incluye ni un peso para un proceso de paz, ni diálogo, ni la búsqueda de una solución política a esta guerra. ¿Y porque? Es que el concep-to de una paz justa parece estar en conflicto directo con las ambiciones de las corporaciones transnacio-nales. Lo que quieren estas no es la agricultura sos-tenible sino la mono cultura y la extracción; no es la democracia del pueblo, sino la democracia de los ricos; no es la economía incluyente sino la economía exclusiva que da a unos pocos ganancias y poder, y a la mayoría esclavitud y miseria. Y para los que lu-

chan y resisten, ahi esta el desplazamiento forzado, la cárcel y la muerte. Lo que ellos llaman demo-cracia es la democracia liberal, o mejor dicho, la de-mocracia neoliberal en la cual los únicos votos que cuentan son los de los jefes y los inversores de las corporaciones y transnacionales. La verdad es que no es una democracia, sino una oligarquía global. El poder militar estadounidense constituye un tipo de compañía seguro para la oligarquía. El meca-nismo del imperio actúa abriendo mercados, ex-trayendo recursos y asegurando que cualquier re-sistencia sea aplastada en su cuna. Pero esta muy claro que la resistencia al imperialismo no ha muerto. Si piensan por un momento que el imperio y su de-mocracia liberal tienen interés en la paz y la libertad, entonces escuchen estas palabras de Marc Plattner, un vice-presidente de la Fundación Nacional por la Democracia, una agencia creada y fundada por el gobierno estadounidense. Según Plattner, “La de-mocracia liberal favorece claramente los arreglos económicos que fomentan la globalización....La or-den internacional que sostiene la globalización es sostenida por el predominio militar estadounidense.” Lo que quiero decir es que esto no es lo que desean ni la clase obrera, ni la mayoría del pueblo de los Estados Unidos. Lo que queremos es que nuestro gobierno aca-be con su viaje en el sendero de imperio y, en su lugar, que invierta en las necesidades de su propio pueblo.

El Inpec informó que durante el mes de noviembre (2011) el número de población reclusa aumentó en 844

internos. Es decir que de 99.906 personas privados de la libertad al 1 de noviembre, se pasó a 100.750 al finalizar este mes.”/Colprensa-Bogota(Dic.2011)


Con relación a las prisioneras y los prisioneros políticos, y a las cárceles colombianas, centros tan tortuosos, que fueron construidas con fondos y modelos estadounidenses, yo creo con todo mi corazón que si la mayoría de los estadounidenses conociera lo que pasa en estas prisiones como La Tramacúa, mi pueblo se colgaría la cabeza de pura vergüenza. Como representante de la Red Internacional, quiero decir que las condiciones en las cárceles a constituyen una violación a la dignidad de Colombia y, más, del mundo entero. Cuando oímos que hay más de siete mil quinientos prisioneras y prisioneros políticos y que cinco mil de estos son campesinos, debemos gritar en protesta contra este ultraje. Estas cárceles constituyen el esfuerzo por controlar y aplastar los movimientos de oposición y las esperanzas del pueblo colombiano para una paz justa. En lugar de políticos que apoyen y luchen por el bien del pueblo, en lugar de un discurso libre, en lugar de un proceso de paz, en lugar de una democracia verdadera, la oligarquía construye más cárceles y estas se convierten en teatros de guerra y represión. Este hecho es subrayado cuando vemos que tantos de los oficiales que supervisan y vigilan estas cárceles provienen de las Fuerzas Armadas y muchos de ellos recibieron entrenamiento en la famosa e infame Escuela de las Américas. Además, estas cárceles funcionan para consolidar el despojo de tierras y el desplazamiento del pueblo. Nosotros de la Red Internacional entendemos muy bien la importancia de los prisioneros y las prisioneras políticas para un proceso de paz. Entendemos que el primer paso para el diálogo y la solución política empezaran con el intercambio humanitario de prisioneros y prisioneras políticas de guerra. Pero la mayoría de los prisioneros y prisioneras políticas no son de guerra, son campesinos, sindicalistas, estudiantes y miembros de la oposición política—prisioneras y prisioneros de consciencia y de montajes judiciales. Las condiciones que existen en las cárceles, las restricciones severas al acceso de agua potable y comida limpia, la violencia y tortura son agresiones que violan todo convenio, todo acuerdo, toda ley internacional--y todo concepto de dignidad humana. Así, la Red Internacional llama al gobierno colombiano para:

1. Que por la protección y defensa de los derechos humanos traslade a los prisioneros y prisioneras políticas a cárceles cercanas a sus familias y que se creen pabellones especiales y separados para los prisioneros y prisioneras políticas.

2. Se mejoren de manera inmediata las condiciones de encarcelamiento, incluyendo acceso a agua y comida suficiente y limpia se acaben las torturas a las que son sometidos los prisioneros y prisioneras

Hacemos un Llamado para que se dé el intercambio humanitario de prisioneros y prisioneras de guerra de las partes en conflicto, como un primer paso hacia un proceso de paz;

Llamamos para la libertad inmediata de todos los prisioneros y prisioneras políticas de consciencia y montajes judiciales.

Finalmente, quiero reconocer que cuando hay justicia y victoria del pueblo. ¡Qué bueno que hoy podemos celebrar la libertad de Rosalba Gaviria y Miguel Ángel Beltrán! Con anticipación, llamamos para que el gobierno colombiano muestre respeto por la decisión de la Corte Suprema de Justicia sobre los computadores mágicos de Raúl Reyes y, así, pongan en libertad a Joaquín Perez Becerra y a mi querida amiga Liliany Obando.

Otra vez, nuestra solidaridad no es un asunto simplemente de altruismo. Es raído en el conocimiento que la paz en Colombia es una llave a la democracia verdadera, a la libertad de nuestras comunidades y familias y a la tierra de todas las naciones, y a la paz mundial.

Gracias.

Memorias


Lanzamiento Formal de la Campaña Permanente por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos Colombianos Capítulo Cono Sur

Buenos Aires, Junio 03 de 2011

Las organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos abajo firmantes adherimos a la Campaña Permanente por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos Colombianos Capítulo Cono Sur: Nos ma-nifestamos en solidaridad con el pueblo de Colombia en su lucha por llegar a un acuerdo humanitario que

permita la apertura del diálogo que conlleve a la Salida Política al conflicto político, social y armado que lleva ya varias décadas y sigue provocando enormes sufrimientos a ese pueblo hermano.

Denunciamos la existencia de 7.500 presos(as) políticos(as), por cuya libertad reclamamos. Sabemos de las y los presos de conciencia, de personas sometidas a “falsos judiciales” y de las y los prisioneros de guerra. Cono-cemos que en los juicios a que se los someten no se respetan las garantías mínimas del derecho a la defensa, y en los reclusorios son sometidos a gravosas condiciones de detención, y sus vidas corren peligro por la acción abierta y permitida de bandas paramilitares que dominan militarmente algunas prisiones.

Negamos la calidad de “terroristas” que se les endilga a las y los presos políticos. Reivindicamos el derecho a la lucha y a la militancia y no podemos aceptar que ello constituya delito alguno. Es el Gobierno colombiano quien debe cumplir con los estándares mínimos del Derecho Internacional Humanitario, renunciando a la política re-presiva que ha llegado a constituir un verdadero terrorismo de Estado que ha costado al pueblo miles de asesina-dos, desaparecidos, desplazados y exiliados. Denunciamos que hoy día continúan las amenazas, persecuciones y asesinatos de dirigentes y militantes de organizaciones populares, incluso las dedicadas a la defensa de los derechos humanos. Reclamamos el fin de esas prácticas criminales, la investigación y el castigo a sus autores.

Saludamos a los convocantes de las jornadas “Larga Vida a las Mariposas” y les deseamos los mayores éxitos en su lucha, que significará la tan ansiada libertad de las y los prisioneros políticos que están en las cárceles de Colombia, sin olvidar a los prisioneros políticos extraditados que sufren dura prisión en los Estados Unidos, sometidos a condiciones infrahumanas de reclusión, por quienes también reclamamos.

Reiteramos nuestra solidaridad y disposición de apoyar en esa justa lucha del pueblo colombiano, en el marco fraternal de la Patria Grande Latinoamericana.

Ejes de la Campaña Cono Sur

• Visibilización: Articulación de las organizacio-nes adherentes a las redes colombianas e internaciona-les de denuncia sobre la situación de derechos humanos en las prisiones, respuesta en las convocatorias urgentes, jornadas de movilización y denuncia.

• Acompañamiento: participación en misiones y jornadas de verificación médica, jurídica o en eventos políticos y sociales Colombia. Comunicación entre las organizaciones adherentes y colectivos de las y los Presos

Políticos de forma regular como intercambio de corres-pondencia que llegue hasta las prisiones, para visibilizar las historias de las y los detenidos, hacer seguimiento a las causas y tender lazos de amistad y solidaridad entre nuestros pueblos. Requerimos que las y los compañeros en Colombia nos asignen los comités y nos permitan esta-blecer esta relación que favorezca inicialmente intercam-bios mensuales.• Solidaridad: desarrollo de campañas que per-mitan materializar la solidaridad recolectando artículos necesarios para las y los detenidos, se planearan y coor-dinaran según las condiciones al menos 1 o 2 por año.


ADHESIONES

Adolfo Pérez Esquivel Premio Nobel de la Paz. Servicio Paz y Justicia.Marta Vázquez, Nora Cortiñas, Taty Almeida, Mirta Baravalle Madres de Plaza de Mayo. Línea FundadoraJosé Schulman Graciela Rosenblum Liga Argentina por los Derechos del HombreMiguel Monserrat Asamblea Permanente por los Derechos HumanosHugo Yaski – Secretario General Central de Trabajadores de la Argentina CTAPastor Arturo Blatezky Movimiento Ecuménico por los Derechos HumanosEduardo Tavani Asociación Abogados de Buenos AiresBeinusz Szmucler Observatorio de la Justicia ArgentinaHugo Blasco, secretario de derechos humanos, C.T.A. NacionalStella Calloni, periodista e investigadoraSergio Canalis, secretario de derechos humanos C.T.A. Santa FeJosé Luis Livolti, Movimiento Campesino de LiberaciónMargarita Noia, secretaria de derechos humanos C.T.A. Capital FederalProf. Daniel Silber - Presidente del ICUF (Idisher Cultur Farband / Federacion de Entidades Culturales de Argentina)Ricardo Aguirre, Representante Unión nacional de trabajadores de la EducaciónGabriel Bonanno, Espacio Malabia Nacional y PopularBeto Picurilli – Secretario del Sindicato del Subte-Buenos AiresPedro Waesko – Sindicato Unido del Neumático ArgentinoVictorio Pavlon – CTAEduardo Soarez Gremial de Abogados de la ArgentinaClaudio Capuano Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos, Facultad de Medicina de la U.B.A.Patricio Echegaray Partido Comunista ArgentinoProfesora Elsa Bruzzone y Coronel Jose Luis García Centro de Militares por la DemocraciaMarcelo Bagnati - Instituto de Relaciones Ecumenicas -ire-Berta Fridman, psicóloga, militante de la ApdhLito Corello Coordinador de la Organización Social y Política “Comedor los Pibes”Mónica Muñoz Gallego- Observatorio Convivencia, Seguridad y derechos humanos UTP

Comisión por los DDHH de Paraguayos Residentes en Buenos AiresMovimiento Nacional de Víctimas de la Dictadura StronistaColectivo de Ex Detenidas Políticas “ Cármen Soler “ Asociación de Ex Detenidos DesaparecidosHerman@s de Desaparecidos por la Verdad y la JusticiaAsamblea Permanente por los Derechos HumanosSecretaria de Derechos Humanos de la Facultad de Periodismo yComunicación Social de la Universidad Nacional de La PlataAsociación Civil Servicio para la Equidad Social (SERES) Jorge Alfredo RICHARCoordinadora de Solidaridad Entre Pueblos-La PlataOrganización “Pantalón Cortito” Ciudad de la Plata-ArgentinaColectivo Político América Mestiza


Desde Adentro

Informes oficiales señalan que el Inpec reforzó la seguridad en al menos 23 penales del país.

Las medidas se tomaron ante información de organismos de seguridad que señalan que ex guerrilleros presos en distintos centros carcelarios aprovecharían una actividad de varias ONG, que están convocando para el 4 y 5 de junio el ‘Encuentro Nacional Por La Libertad de las y los Prisioneros Políticos en Colombia’, que de acuerdo con los volantes que circulan en Internet se realizaría en Bo-gotá.

“A raíz de ese acontecimiento, algunos internos que perte-necieron a grupos al margen de la ley estarían planeando

realizar algunos actos de sabotaje, protesta, manipulación y desobediencias en algunos establecimientos del país, aprovechando que para estos días se tienen previstas las visitas a internos”, señala el informe oficial en el que se alerta al Inpec.

Las cárceles en donde se reforzó la seguridad es donde, de acuerdo con el reporte oficial, se extendería el encuen-tro. Entre ellas aparecen los penales Palogordo, en Girón; Cómbita, en Boyacá; Valledupar, La Picota, en Bogotá; las cárceles de Barranquilla, Medellín, entre otras.

REDACCIÓN JUSTICIA

Alerta por posible desobediencia de ex guerrilleros en cárcelesPor: REDACCIÓN JUSTICIA | 8:19 a.m. | 01 de Junio del 2011 http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-9508224.html

DENUNCIA PÚBLICA

Las organizaciones que convocamos el Encuentro por la Libertad de las y los Prisioneros Políticos en Colom-bia DENUNCIAMOS las medidas represivas que el INPEC ha asumido contra las y los prisioneros políticos en la Reclusión de Mujeres el Buen Pastor y la Penitenciaria de Alta Se-guridad de Combita, de acuerdo a los siguientes:

HECHOS

1. El miércoles 1 de junio, el periódi-co El Tiempo publico, según informe del INPEC, que ex guerrilleros pre-sos en distintos centros carcelarios del país aprovecharían el Encuentro por la Libertad de los Prisioneros

Políticos para realizar actividades de sabotaje y protesta, anunciando re-forzar la seguridad en varias cárceles del país”.

2. Con este tipo de pronunciamien-tos, el INPEC y los organismos de “inteligencia”, iniciaron la estigmati-zación del encuentro “Larga Vida a las Mariposas” y de las y los Prisio-neros Políticos que han venido apo-yando la iniciativa.

3. A las 11 pm de ayer, el Grupo de Reacción Inmediata ingreso al pa-tio 6 de la Reclusión de Mujeres el Buen Pastor de Bogotá y sin explica-ción alguna sustrajo de su celda a la prisionera política de conciencia LI-LIANY OBANDO VILLOTA, obli-gándola a recoger todas sus pertenen-

cias y conduciéndole a las afueras del lugar, procediendo a incomunicarla y generando zozobra en su familia, co-nociéndose solo hasta la mañana de hoy se que fue trasladada de manera arbitraria a otro patio de mayor segu-ridad.

4. Durante toda la mañana el INPEC efectuó un traslado masivo de pri-sioneros políticos en la torre 1 de la Penitenciaria de Alta Seguridad de Combita, sin conocerse en el mo-mento el lugar a donde han sido con-ducidos los más de 30 afectados.

5. Igualmente, a los prisioneros en la penitenciaría de Alta Seguridad de Valledupar se le informo que le había sido prohibida la visita para este fin de semana.

INPEC INICIA REPRESION CONTRA LAS Y LOS PRISIONEROS POLITICOS, ORDENANDO TRASLADOS MASIVOS EN LA PENITENCIARIA DE ALTA SEGURI-

DAD DE COMBITA - BOYACA

El primero de junio de 2011, 3 días previos al encuentro “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”, los medios masivos de comunicación emitieron la

siguiente noticia:


Esta medida arbitraria es un atentado contra el En-cuentro por la Libertad de las y los Prisioneros Políti-cos “Larga Vida a las Mariposas”.

El Estado Colombiano pretende castigar a las y los prisioneros políticos por ser parte de la convocatoria de este Encuentro, mediante el cual se ha programado actividades de derechos humanos, lúdicas, recreati-vas y educativas.

Rechazamos el desprecio que el INPEC y los orga-nismos de inteligencia profieren hacia esta importan-te iniciativa que pretende generar propuestas de paz encaminadas a la salida pacífica y negociada al con-flicto.

Hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que cesen las agresiones y la estigmatización contra las y los prisioneros políticos y responsabilizamos al Esta-do Colombiano de las violaciones a los derechos hu-manos que se comentan contra ellas y ellos o contra los miembros de las organizaciones que convocamos el encuentro “Larga Vida a las Mariposas”.

Reiteramos al Ministro del Interior y de Justicia la exigencia de garantías para los asistentes al Encuen-tro “Larga Vida a las Mariposas” y el respeto a la in-tegridad de las y los prisioneros políticos.

Llamamos a los organismos de Control y la oficina de la ONU para los derechos Humanos exigir al IN-PEC se abstenga de continuar sus prácticas de tortura y otros abusos contra las y los prisioneros con ocasión del evento mencionado.

Solicitamos a las organizaciones solidarias emitir sus pronunciamientos de rechazo a las agresiones que estamos padeciendo como consecuencia de la estig-matización y desinformación generada por el Estado Colombiano.

Comité Nacional de ImpulsoEncuentro Nacional por la Libertad de las y los Pri-sioneros Políticos“Larga Vida a las Mariposas”

Bogotá D.C., Junio 1 de 2011

RECHAZAMOS LOS ABUSOS DEL INPEC

En la actualidad el Cuerpo de Custodia y vigilancia cuenta con un total de 10.627 efectivos en diferentes grados, con la

entrada en vigencia del Decreto 271 del 2010, se autorizó el aumento de la planta de personal del Cuerpo de Custodia y Vigilancia en 2221 unidades.

Memorias


INFORME SOBRE LA SITUACIÓN CARCELARIA Y PENITENCIARIA REGIÓN NORORIENTAL COLOMBIANA

NUEVA CULTURA CARCELARIA IGUAL A TRATAMIENTO DESIGUAL E INJERENCIA DEL MODELO PENITENCIARIO DEL BURO FEDERAL YANQUI

En nombre de la paz y la reconciliación Nacional, los diferentes gobiernos en los últimos diez años, han gen-erado un amplio marco normativo para facilitar un proceso de paz y negociación lo que ha significado un cambio a las políticas de desmovilización con un cese militar, para obtener beneficios entre ellos el indulto y

terminación de procesos penales, incluidas en la ley 418 del 97 modificada con la ley 782 del 2002 que eliminó el reconocimiento político a los grupos armados dándole la facultad al gobierno de conceder indultos; algunas personas de las organizaciones se desmovilizan colectiva o individualmente, simplemente mostrando su voluntad de “rein-corporarse a la vida civil”, donde los núcleos paramilitares tendrán impunidad en sus delitos tipificados de barbarie, terrorismo, secuestro, genocidio, homicidios fuera de combate o situando a la víctima en estado de indefensión.

Ante estos procesos de ocultismo la justicia colombiana se comporta de manera incoherente y al servicio de los intereses de dichos gobiernos; en este sentido la ley 975 del 2005 y sus reglamentaciones contienen tratamiento ben-eficiario para los “NO ENEMIGOS”, tales como penas entre 5 y 8 años de cárcel, no comparables con otros delitos sociales como el hurto o la estafa con castigos más severos.

INFORMES

Por otro lado ante las exigencias de la corte constitucio-nal de cumplimiento con el mínimo vital (con las perso-nas privadas de la libertad por lo que se le debe brindar una atención especial al estado de vulnerabilidad en que se encuentra la población reclusa), respeto a la dignidad del detenido, el INPEC con estrategias como la NUEVA CULTURA CARCELARIA, no atacando estas violacio-nes a los derechos humanos y de corrupción sino que ha endurecido la vida intramural con mayor represión, y con ejecuciones y controles de mayor violación a la dignidad humana tanto a los internos como a quienes acuden a las visitas.

En el año 2001 Colombia firmó con los Estados Unidos un acuerdo de mejoramiento al Sistema Carcelario Co-lombiano con la construcción de once nuevas cárceles de alta y mediana seguridad y la implementación con seis cárceles existentes de orden municipal, estas políticas son aplicadas a los denominados Establecimientos de Reclu-sión de Orden Nacional (ERON) ejemplo Picota ERON y Establecimiento Penitenciarios de Alta y Mediana Seguri-dad (EPAMS) como una realidad de la ‘americanización’ del sistema penitenciario y carcelario colombiano, desde lo administrativo como arquitectónico.

El gobierno justifica esta estrategia de entrega de soberanía con el so pretexto simplista de tener más control sobre las acciones ilícitas de los grupos al margen de la ley que siguen delinquiendo desde las cárceles, como son los de narcotráfico, paramilitarismo, guerrilla, delincuencia común o BACRIM. Actualmente existen dentro de este nuevo

sistema la de Valledupar, Acacias, Palogordo, Popayán, La Dorada, Combita, Picota ERON y la de Cúcuta de hombres y mujeres, donde se acentúan maximizando la seguridad, ubicadas en zonas extrema, aisladas de la población, con deficiencias de agua potable, dificultades y abusos a la visita con requisas prohibidas por los códigos, catálogos y la ley penitenciaria, deterioro acelerado de su planta física atacada por los climas extremos donde se construyeron, patios donde pululan las bacterias, virus y hongos lo que ocasiona enfermedades de todo tipo como es la tuberculosis, enfermedades venéreas, catastróficas y terminales; encontrándose en un ambiente que facilita el desarrollo acelerado de sus enfermedades y deterioro de su sistema inmunológico lo que en varias ocasiones ha ocasionado la muerte en los mismos sitios de confinamiento, aislamiento al estilo coloniaje como son las mazmorras colombianas.

Como se ve en esta realidad la nueva política carcelaria al estilo del buro federal Yanqui se monta con falsas ar-gumentaciones en un sistema de incapacidad de cumpli-miento a los derechos humanos en un modelo continuo de violación a la integridad física, a la dignidad, negación al derecho a la salud, a la educación y al trabajo, donde verdaderamente se puedan desarrollar políticas de reso-cialización a las personas que transitoriamente pueden

pasar por estos sitios mal llamados centro de resocia-lización.

Memorias


CASOS DE DENUNCIA:

• JuanEmilioCalle:Cáncerenganglioslinfáticos/2008Palogordo• JoséDanielManjarres:Cáncerenelestómago/2010Palogordo• DiomedezMenéses:QuedócasiciegoeinválidotrasladadoaUTE(Unidaddetratamientoespecial),estra-sladado de Palogordo a mediana Cúcuta.• AccióndetutelaparadarcumplimientoalasentenciaT-322/07Corteconstitucionalparaamparareldere-cho a la vida por Agua potable. Palogordo.• Medidascautelaresparamásde50internosparaampararelderechoalavidaanteconflictocarcelarioconlos paramilitares. Cárcel Modelo Bucaramanga/2006• AtaqueviolentoporpartedelaguardiaalpatioseismodelodeBucaramangadepresospolíticoyposteriortraslado de todos los internos con el visto bueno de la defensoría del pueblo y de la procuraduría para los derechos humanos. 2009• NegaciónalderechodemédicoespecialistainternascárcelBuenPastorBucaramangayCúcuta.2011

Hacinamiento Carcelario Histórico Nacional

2008: 70.000 con un aumento del 30% 2009: 76.100 con un aumento del 39% Hacinamiento Carcelario Actual del Nororiente

Cúcuta:

• Hombres:1850internosconunsobrecupodel56%• Mujeres:1400internasconunsobrecupodel40%

Bucaramanga:

• PaloGordo:1500internosconunsobrecupodel3%• Modelo:1800internosconunsobrecupodel135%• BuenPastor:420internasconunsobrecupodel38% Población de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra Cúcuta: • Hombres:60internos• Mujeres:1500internas

Bucaramanga:

• PaloGordo:110internos• Modelo:4internos• BuenPastor:10internas

En C

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44 cen

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.


Plan de Trabajo en el Nororiente Colombiano

Dentro de estas tareas que venimos realizando de asis-tencia y acompañamiento carcelario y jurídico, por es-pacio de 7 años, la desarrollamos dentro del comité de Derechos Humanos y Asistencia Carcelaria de la CUT Santander, lo que nos ha facilitado tener una interlocu-ción en la administración nacional, departamental y mu-nicipal, y a la vez con las autoridades respectivas dentro de las políticas carcelarias y penitenciarias y de Dere-chos Humanos. Esto no quiere decir que no tengamos dificultades para desarrollar las tareas inherentes de los presos políticos, donde en varias ocasiones la Defenso-ría del Pueblo, y el Ministerio Público han cohonestado con la violación y la vulneración del mínimo vital de los internos.

El acompañamiento carcelario lo realizamos con perso-nas de las organizaciones sindicales, estudiantiles, po-pulares y campesinas. En la parte jurídica nos apoyamos en abogados independientes y de algunas ONG’S defen-soras DDHH que hay en la región.

Actualmente nos toco realizar la campaña por la libertad inmediata de los compañeros detenidos: Angye Gaona, Aracely Cañaveral, Aldoni Dominguez, William Rivera, David Ravelo, Orlando Noguera, Carolina Rubio, y en-frentar el llamado a juicio para imputación de cargos y medida de aseguramiento de los compañeros de la junta directiva de la organización Sindical SINTRACAP, lo mismo con las demandas penales para la junta directiva del sindicato de la UIS SINTRAUNICOL donde estas dos organizaciones están cerca de entrar a las rejas de la infamia, también estamos enfrenta-do solidariamente la campaña contra la ex-

tradición de Víctor Ramón Vargas Salazar, quien actual-mente se encuentra en la Picota Eron y con él se encuen-tran alrededor de 250 internos de tres niveles en huelga de hambre ante sus situaciones precarias como son: el confinamiento en celdas cerradas con ambientes propi-cios para que se desarrollen enfermedades contagiosas dentro de estos pabellones, otras de las exigencias son el derecho a las visitas de ocho horas, derecho al sol, zona recreativa, servicios médicos eficientes alimentación adecuada de acuerdo al menú contratado , entre otras.

Los trabajos de manualidades y de pintura artística que se realizan al interior de las cárceles presentan dificul-tades como la consecución de materiales, herramientas y en el mismo proceso para la elaboración, debido a las interrupciones de las horas de trabajo que se necesi-tan para los mismos, estás dificultades terminan hasta el momento en que se retiran del los centros de reclusión después de elaboradas.

Propuestas:

• Solicitamos solidaridad para que las organiza-ciones de DDHH y ONG’S populares promuevan el arte carcelario a nivel nacional e internacional. • Levantar una campaña nacional contra la extra-dición a España del compañero Víctor Vargas que ac-tualmente se encuentra en la Picota Eron en el pabellón de extraditables.• Campaña nacional de divulgación de toda la arremetida sistemática de violación de los DDHH y del mínimo vital de los reclusos en Colombia.

Comité DDHH CUT SantanderAsistencia carcelaria

Bloque Sindical y Estudiantil

Memorias


PENITENCIARIA DE VILLAVICENCIO

Estructura Física:• Patio Santander: presos políticos y sociales• Patio Colombia: presos paramilitares y sociales • Patio reclusión: mujeres (presas políticas, paramilitares y sociales)

Patio Santander:

En la penitenciaria en este momento hay situación de hacinamiento. En el patio Santander se ve diariamente la discri-minación a los presos políticos ya que no hay espacio para el deporte y la recreación y la tienda no es abastecida sino con cuatro o cinco productos para la venta, diferente del patio Colombia donde hay canchas y la tienda no solo tiene variedad de productos sino también de marcas, asi mismo en el patio Colombia les es permitido realizar actividades como conciertos entre otros.

Convivencia:Las visitas son maltratadas desde que llegan a hacer la fila para el ingreso, ponen demasiadas trabas al ingreso de modo que el tiempo de la visita es muy corto.

Salud:En este momento hay una persona encargada por jornada pero no esta cuando se le necesita. El servicio utilizado es CAPRECOM, pero cuando hay casos graves de salud se desentienden pasándose la responsabilidad del INPEC a CAPRECOM y de CAPRECOM al INPEC, dando largas y evitando que los presos accedan al servicio, caso tal de un prisionero quien quedó inmovilizado de sus piernas por una caída y ha empeorado día tras día.

Patio Reclusión:

Hay aproximadamente 4 celdas, 3 de ellas de 8 personas y una de 20 a 30 personas, esta última en condiciones tota-les de suciedad. Las prisioneras políticas que en este momento son tres pero las están cambiando constantemente de penitenciarias; Las mantienen en celdas separadas y revueltas con presas sociales y paramilitares por lo que se han presentado amenazas en varias ocasiones.

Las prisioneras han pedido que se les deje reunirse para estudiar, compartir y hacer parte del movimiento nacional carcelario, pero hasta ahora no ha sido posible.

El lugar de las visitas conyugales es pequeño y no lo limpian muy seguido, además la mayoría de prisioneras que están y han pasado por allí tienen su residencia lejos y no reciben visitas.

La salud ha sido compleja puesto que todas han sido combatientes y han llegado con heridas de bala, entre otras, caso tal de una de ellas quien llego con siete esquirlas de bala y sin una parte del hueso del brazo derecho, sin recibir un tratamiento adecuado y a tiempo.

INFORME SOBRE LA SITUACIÓN CARCELARIA EN EL META


PENITENCIARIA DE ACACIAS

La penitenciaria de acacias en este momento se encuentra con presos de alta y mediana seguridad, todos en las mismas condiciones sin distinción ninguna, asi mismo sindicados y condenados, pero a los sindicados no se les permiten las visitas por las organizaciones.

Estructura:

Copiada de las penitenciarías de los Estados Unidos. En la sede antigua hay nueve patios y la UTE, en la sede nueva hay aproximadamente 6 patios (no ha sido posible ingresar a este).Los prisioneros se encuentran revueltos por patios entre políticos, sociales y paramilitares.

Salud:

La persona encargada al igual que en la cárcel de Villavicencio la mayoría del tiempo no se encuentra al servicio de los prisioneros, especialmente en las noches cuando en varias ocasiones se le ha necesitado caso tal de un prisionero que a causa de un fuerte dolor de tres días y para el cual solo le dieron acetaminofén y llego a tal punto de quitarse la vida por no recibir la atención requerida.

Convivencia:

Aunque ha sido complicada puesto que están revueltos en los patios, se ha intentado hacer treguas entre presos po-líticos paramilitares pues son los presos sociales quienes amenazan y el INPEC aprovecha cualquier momento para golpearlos, además los encierran con gases lacrimógenos y no les permiten acceder al servicio médico ni comunicar las denuncias. El ingreso de documentos, libros, periódicos u otros por parte de las organizaciones es casi imposible.

Las visitas están en proceso de ser cambiadas de cada 15 días 6 u 8 horas, a cada 8 días tan solo 4 horas lo cual no es conveniente para los presos que tienen sus familiares en otros lugares del país.

Algunos que pueden reunirse por patios, estudian, pero al igual que en Villavicencio los mantienen trasladando a otras penitenciarias o a otros patios, a veces incluso lo hacen de noche y a escondidas, caso tal de un prisionero del cual no se sabe a donde fue trasladado o si fue puesto en libertad. De esta forma el proceso se retrasa.

Sucede a menudo, a falta de comunicación cuando a los presos se les cumple el tiempo de las 72, no se les comunica y da largas de modo que en este momento hay presos que llevan mas de dos años esperando. Así mismo pasa con las multas.

Los sindicados pasan el tiempo y al no serles permitido el trabajo y el estudio como rebaja de penas, pierden tiempo y formación.

Memorias


Situación de derechos humanos en el Meta

La violación y vulneración a los derechos humanos y a líderes comunales agrarios y sindicales con estigmatiza-ción, persecución política, señalamiento, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias entre otras, en esta re-gión ha sido y es constante especialmente después del 19, 20, 21 y 22 de julio de 2010 fecha en la cual se realizó la marcha patriótica y la audiencia pública titulada “crisis humanitaria en los Llanos Orientales” de la Macarena, caso tal de JOSE SAMUEL ROJAS MORA, defensor de derechos humanos, vicepresidente del comité regional de derechos humanos del Guayabero, miembro del comité regional del bajo ariari quien fue uno de los organiza-

dores de la audiencia, convoco y participo de la marcha patriótica, fue señalado y recluido en la cárcel de Villa-vicencio. Hoy en día absuelto por falta de pruebas en su contra.

Este caso fue uno entre once ordenes de captura que se presentaron a raíz de las anteriores actividades, de esas once queda en este momento detenido Wilson Escamilla Sogamoso, por el mismo proceso de Samuel quien se en-cuentra en la cárcel de Villavicencio y al cual le lleva el caso el Comité Permanente por los Derechos Humanos.

LIZ KATHERINE MOGOLLON DUQUE – MOVICE META, FCSPP- CEL: 310 589 53 81

Medellín Mayo 19 de 2011.

La Asociación Campesina del Bajo Cauca Antioqueño es una organización de base campesina, que integra fa-milias campesinas de la sub región del bajo Cauca, Ituango y Sur de Córdoba, constituida legalmente con NIT: 900264352-5, la cual desarrolla acciones en defensa de la tierra y el territorio, de los derechos humanos, la

autonomía campesina y la soberanía alimentaria.

Estas son zonas en las cuales se escenifica un agudo conflicto armado, fruto de los intereses geo estratégicos capitalis-tas y mega proyectos, que han llevado a un incremento de la militarización del territorio por parte de la fuerza pública con un pie de fuerza de 10 mil efectivos entre ejército, infantería de marina y policía, sumado a la continuidad de la paramilitarización de estas con diferentes estructuras del reciclaje de las AUC conocido como BACRIME, a la vez, la presencia histórica de organizaciones insurgentes armadas en las cuales muchos campesinos y campesinas ingresan en busca de solución a la real y critica condición de miseria, opresión, represión y despojo que viven a diario.Generándose así una grave situación humanitaria donde el Estado por medio de la fuerza pública y las estructuras afines a un ejercicio sistemático de terrorismo de estado, aplican literalmente el principio de “enemigo interno” que postula la Doctrina de Seguridad Nacional y encontrándonos desde mediados del 2010 con la necesidad de asistir a campesinos del Bajo Cauca y el municipio de Ituango criminalizados y judicializados por rebelión; como también buscar se garanticen los principios del Derecho Internacional Humanitario en cuanto al respeto a los prisioneros de guerra.

Así cumpliendo nuestro principio misional de defensa de los Derechos Humanos y los mínimos de solidaridad y hu-manitarismo, de una forma discreta y con precarias condiciones económicas, hemos asistido a algunos prisioneros de guerra y políticos, que nuestros afiliados nos han solicitado que lo hagamos y que se encuentran en el pasillo Cuba del patio 8 de la cárcel nacional de Bellavista o han sido trasladados a la prisión de Máxima Seguridad de El Pedregal. Reportando las siguientes condiciones en cuanto a su dignidad y derechos humanos:

INFORME SOBRE LA SITUACION CARCELARIA EN MEDELLÍN


INFORME SOBRE PRESOS POLÍTICOS DEL PEDREGAL(CORREGIMIENTO DE SAN CRISTÓBAL –MEDELLÍN-)

Es de aclarar que este informe sólo está referido a la penitenciaría de El Pedregal, en la cárcel de hombres. En lo referente a la cárcel de mujeres fue imposible obtener datos recientes porque se me negó el acceso a entrevistar a una de las presas políticas. Se registran en esta prisión 15 presos políticos.

“Cuando nos relacionamos personalmente con la guardia, el trato es muy regular, cuando la guardia se mete en los patios no les importa nada y no nos respetan como presos políticos que somos; inclusive nos revuelven con los delincuentes comunes, inclusive los hacían dormir entre la delincuencia común, situación supremamente grave en cuanto a la seguridad personal de los presos políticos. La situación ha cambiado un poco, muy poco porque no les hacen caso a las peticiones que se presentan, pero al menos ahora si podemos dormir aparte.

Las autoridades carcelarias no nos responden a las peticiones que se les hace por los derechos que como presos políticos tenemos y que se les violan a cada instante. Nos violan derechos en cuanto a que dicen que si necesitamos algo que lo escriban y luego manden este escrito, pero las autoridades carcelarias no respon-den, aunque sean varias veces que se les haga la misma petición.

No tenemos prácticamente visitas de los familiares porque las dejan entrar ya tarde y luego a ellos los retra-san para salir a atender esas visitas. En términos generales sólo pueden estar máximas dos (2) horas con la familia y esas visitas sólo se dan cada quince (15) días. En cuanto a la visita conyugal pasa lo mismo, sólo cuarenta (40) minutos para estar con la compañera y estas en la cárcel son tratadas en términos generales como “prepagos”.

Aunque mucho hemos insistido para que nos unan en un solo patio, no se ha podido y nos tienen regados en diferentes patios evitando así que haya unidad, seguridad y comunicación entre nosotros. Nos rompieron toda clase de comunicación posible entre nosotros. hemos hablado a la guardia penitenciaria y a las autori-dades de la misma prisión para que nos reúnan en un solo patio esgrimiendo razones de índole netamente de seguridad pero ha sido imposible. Sólo responden que no.

La comida es de mala calidad y poquita, además nos toca comer revueltos con todos los delincuentes comu-nes que hayan el patio respectivo.La salubridad en los patios es pésima; los baños están sin agua, nos bañamos a “cocadas”; y se repite, revuel-tos con la delincuencia común, situación que como ya queda claro, es demasiado peligrosa para la seguridad personal de los presos políticos.

La misma guardia carcelaria trata de buscarles pleito achacándoles problemas de gentes particulares, provo-cándonos para que nazca la discordia y así lograr la división a nivel interior. Nos están monitoreando cons-tantemente. Tampoco tenemos acceso al expendio (tienda al interior de la prisión), sólo un día a la semana para así poder comprar lo que necesitemos para ocho (8) días.

Memorias


INFORME SOBRE EL COMPLEJO PENITENCIARIO EL PEDREGAL(SAN CRISTÓBAL)

CÁRCEL DE MUJERES

Este es un informe tomado directamente de una de las presas políticas, porque de las directivas fue imposible obtener información.

Por desgracia no saben cuántas compañeras están recluidas en esa penitenciaria; será un derecho de petición que habrá que hacerle a di-cha directiva.

Están totalmente divididas en todos los patios, hay patios donde sólo hay una presa política. Todas están divididas y revueltas con delincuencia común y paramilitares; inclusive a la hora de dormir (las celdas son para cuatro personas) están revueltas. Por el sólo hecho de estar divididas, están perdiendo disciplina, están perdiendo su norte, no pueden estudiar sus doctrinas de conciencia, están con miedo y piensan que se les puede abrir otros procesos en su contra.

En este momento hay una presa política que está en el patio 10, que es el patio de castigo, y en este momento desde el lunes, la tienen encerrada en la celda, es la compañera Suly Zea Hoyos “Camila”; ha hecho varias peticiones para que la cambien de patio pero no han sido escuchadas; en este momento tiene problemas por su seguridad.

La oficina de Derechos Humanos es coordinada o mane-jada mejor, por la guardia del INPEC, dificultándose así la atención que se debe prestar y para colmo de males alegan los del INPEC que sólo es una funcionaria para to-dos, que si necesitan a Derechos Humanos que la llamen. En conclusión, Derechos Humanos en esta prisión es una figura simbólica.

La salud es pésima, lo único que les suministran es Dólex ó Acetaminofén; pasan hasta cuatro (4) meses sin que les diagnostiquen que es lo que tienen.

En cuanto a la alimentación, es mala; cuando no es cruda, está vinagre y siempre es la misma comida. En el co-medor todas están revueltas; no tiene patio para tomar el sol ni para recrearse; todo es muy húmedo, se mantienen enfermas por la misma humedad y el frio.

Les infringen castigo colectivo, es decir, si dos compa-ñeras se pelean, encierran el patio, no importa quienes hayan y son castigadas hasta cuarenta y ocho (48) horas encerradas en las celdas. Cuando hay problema y las en-

tran al calabozo, les rocían gas, las ga-sean como dicen ellas, sin importarles si son presas políticas o no.No existe para nada la recreación, de pronto sacan a un grupo a divertirse o a caminar, más que todo a las de la tercera edad; las otras no importan.

En cuanto a la asepsia no existe, todo es anti higiénico, no les dan cloro ni jabón para lavar los baños; solo es un sanita-rio para cuando están por fuera de las celdas, porque cuando salen, cierran las celdas y son sesenta reclusas (en ese pa-tio). En el bloque ocho (8) las celdas es-tán hechas para que permanezcan abier-tas, pero el Inpec las cierra para que no sean usadas, en especial los sanitarios, es por eso que tienen que usar ese solo baño común.

Tratándose ahora de visitas conyugales, ellas han tenido que entutelar para reci-bir este derecho, porque los derechos de petición que han hecho no se los respon-

den, nunca responden el derecho de petición; la presa po-lítica que hace esta declaración ha hecho dos (2) derechos de petición a la dirección de la cárcel; dos (2) a la direc-ción nacional del Inpec en Bogotá y uno (1) a la dirección nordeste del Inpec en Medellín; luego de la tutela sólo respondió la dirección de la cárcel; esto hace un mes y me notificaron que la documentación se enviaba a Bogotá.

Como situación que rebosa la copa, se les viola la corres-pondencia y no solo es eso, se las leen y después según criterio de la guardia, se las entregan o no.

CARCEL NACIONAL DE BELLAVISTA.CUBA, PATIO 8.

En cuanto a la cárcel de Bellavista, los prisioneros políticos y combatientes de guerra sindicados y/o condenados por rebelión y otros afines a esta, que se les señala de pertenecer a las Farc-ep están reunidos en un solo patio y en un pasillo Cuba del patio 8 y los acusados de pertenecer al ELN en Cuba del patio 2.

En cuanto a los de Cuba del patio 8, están apresados 49 presos políticos, de los cuales 26 son prisioneros de guerra y 23 políticos y algunos sociales que se acogen a las normas del pasillo. Aunque traumática la entrada de la visita principalmente de las mujeres los Domingos, tiene la posibilidad de que los visiten cada 8 días.

Le han quitado el derecho a no bajar al bongo, con lo cual se ven obligados a mezclarse con reclusos de todo tipo delincuentes comunes, paramilitares mientras reciben sus “alimentos”. Continuando el malestar por la calidad de la alimentación que se les brinda.

Se viene presentando por parte de las directivas Carcelarias una promoción de los planes de reinserción del gobier-no nacional, trayendo a eventos a “gestores de paz” como Olivo Saldaña, alias Samir y alias Karina y por medio de supuestos abogados que le dicen a los presos políticos que firmándoles un poder los sacan en menos de 3 meses de la cárcel, lo cual es una clara estrategia de presión de la Inteligencia Militar hacia los presos políticos en vías a que además de que se reinserten, se acojan al principio de oportunidad.

Razón por la cual es indispensable un acompañamiento jurídico no solo mientras el preso político esta en la etapa de sindicado sino también cuando es condenado. Pues con todo respeto hemos notado una dispersión de los presos políticos aquí mencionados en cuanto sus derechos como condenado.

Reiteran la necesidad de una mayor solidaridad para con ellos en términos morales y físicos como necesidades en cuanto a un proceso de educación en dos vías, alfabetización para lo que solicitan por lo menos unas cartillas de Nacho lee y dos para unos niveles de profundización política están solicitando varios libros entre ellos una lista de textos ML.

Tanto a los presos políticos de Pedregal como de Cuba del patio 6 de Bellavista les hemos

hecho llegar esta convocatoria y los hemos invitado a fortalecer

los colectivos de presos políticos, presentar sus saludos y ponencias

e n el evento nacional de Junio. Lo cual les ha generado gran entusiasmo, mani-

festándose mayor dificultad para hacerlo en la prisión de Pedregal.

ASOCBAC.

Memorias

31Por la Libertad de lxs Prisionerxs politicxs

DESARROLLO DE LAS JORNADAS

Los días 4 y 5 de junio de 2011 tuvo memoria la solidaridad, la cual se vio reflejada en las más de 300 personas provenientes de varias regiones de Colombia, de diferentes expresiones organizativas y de diferentes latitudes del mundo como: Argentina, Estados unidos, Inglaterra, Islas canarias y Venezuela. Se dieron cita aquel sábado y domingo para evocar y reivindicar a nuestros prisioneros y prisioneras políticas privadas de su libertad en las diferentes cárceles del

país y en algunas cárceles de Estados unidos, por anhelar y luchar por un país mejor. En las paredes y en cada rincón del lugar hacían presencia aquellos hombres y mujeres por los que continuamos pregonando “larga vida a las mariposas”. Resplandecían por su presencia Simón Trinidad, Marinelly Hernández, Wilfredo Díaz, David Ravelo, Liliany Obando, Joaquín Perez, Oscar Hurtado y demás prisioneros y prisioneras políticas que desde las mazmorras continúan luchando, soñando y conspirando.

Durante esos dos días se escucharon atentamente las intervenciones de los colectivos de prisionerxs politicxs, los cuales presentaron el panorama de violaciones que se viven en las cárceles colombianas y contaron como ellos, valientemente, le hacen frente a través de los espacios organizativos, al régimen penitenciario que a diario busca anularlos y desmoralizarlos. También fueron escuchados sus anhelos y propuestas para la paz y la solución política al conflicto social y armado colombiano; sus voces generaron nudos en la garganta, lagrimas y gritos de dignidad por su libertad inmediata. James Jordan


En dicho encuentro, además de presenciar la solidaridad, también se presencio la libertad; pues para esas fechas habían recuperado sus alas varios prisionerxs políticxs como Aracely Cañaveral, Angie Gaona, Rosalba Gaviria y Miguel Ángel Beltrán, quienes expresaron y compartieron con todos los participantes su alegría de recuperar su vida y encontrarse con sus familiares, amigos y compañeros de lucha.

También se expresaron los ánimos de solidaridad y lucha de los compañerxs de otras latitudes los cuales manifestaron su compromiso con la causa de la libertad para los más de 7mil prisionerxs politicxs, y en consecuencia con esto, asumieron como tareas de sus organizaciones la reivindicación, visibilización y la lucha por la libertad de los prisionerxs politicxs colombianos.Tareas que hoy en día vienen desarrollando desde sus propias dinámicas con charlas, presentación de videos, programas radiales, plantones, etc.

Además de recordar a los que no están debido a los muros de la infamia, se rememoró a Maria Paulina, una mujer comunista que falleció en octubre de 2010. “MARIA DE LOS PRESXS”, como fue denominada por los mismos prisionerxs politicxs, fue una militante coherente con el principio de la solidaridad y por muchos años se dedicó a luchar en contra del olvido al que han sido condenados lxs prisionerxs politicxs. Por estas razones se le rindió homenaje póstumo en aquel evento, al cual hubiera asistido alegremente si no hubiera sido por su repentina despedida eterna.

A pesar de las intenciones por parte del estado colombiano de impedir la realización de este evento, a través de señalamientos a los participantes y de traslados injustificados de varios prisionerxs, no fue posible amilanar a las organizaciones para que no asistieran, ni mucho menos a los prisioenrxs políticxs para que no participarán. Todos respondieron con un encuentro monumental en el cual se discutieron propuestas para la creación de un espacio organizativo que conglomerara distintos sectores para luchar por el trato digno y la libertad de los más de 7 mil prisionerxs politicxs. Es así que como resultado del encuentro se creó la COALICION NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL TRATO DIGNO Y LA LIBERTAD DE LXS PRISIONERXS POLITICXS “LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS”.

Aracely Cañaveral

Piedad Córdoba

Memorias



PONENCIAS

SITUACIÓN DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS

Ponencia presentada en el Encuentro Nacional por la Libertad de los prisioneros políticos “larga vida a las mariposas” por la Fundación Lazos

de Dignidad, organización miembro de la Campaña Traspasa Los Muros.

Bogota D.C., Junio 4 de 2011

La Fundación Lazos de Dignidad, es una organización no gubernamental defensora de derechos humanos, que aboga por un trato digno

y por la libertad de las y los prisioneros políticos en Colombia; en consecuencia, hace parte de la Campaña “Traspasa Los Muros” y de la Red Internacional de Solidaridad con los Prisioneros/as Políticos/as.

Actualmente, la Fundación Lazos de Dignidad, acompa-ña 14 colectivos de prisioneros y prisioneras políticas en diferentes reclusiones colombianas, logrando así un acer-camiento a la realidad de las condiciones de reclusión a las que son sometidos y sometidas; este acercamiento también nos permite conocer sus posturas frente al siste-ma penitenciario y carcelario y las propuestas que surgen de los colectivos encaminadas a la exigencia de la paz con justicia social, de condiciones dignas de reclusión, y de obtención de su libertad entre otras.

En Colombia existen aproximadamente 7.500 Prisioneros y Prisioneras Políticas

En el año 2009 los colectivos de prisioneras y prisione-ros políticos en Colombia dieron a conocer la cifra alar-mante de aproximadamente 7.500 personas privadas de la libertad en razón del conflicto social y armado que afecta a nuestro país; sin embargo, esta cifra es difícil decorroborar con las fuentes oficiales debido a la negativa institucional de reconocer la existencia de prisioneras y prisioneros políticos.

No obstante, los colectivos de prisioneras y prisioneros políticos hacen un esfuerzo permanente para mantener actualizados sus censos, los cuales por razones de auto-protección no son revelados de manera detallada, y en muchas ocasiones el esfuerzo es torpedeada con los tras-lados continuos a los que son sometidos/as. Esta situa-ción constituye una gran dificultad para conocer una cifra total correspondiente a esta población vulnerable.

A la par del desarrollo del particular conflicto social y armado colombiano se han evidenciado tres (3) catego-rías de prisioneros/as políticos/as; la primera de ellas, co-rrespondiente a las y los Prisioneros Políticos de Guerra, quienes han sido privados de la libertad por pertenecer a grupos alzados en armas con la finalidad de tomarse el poder; la segunda, correspondiente a las y los Prisione-ros Políticos de Conciencia, quienes han sido privados de la libertad como forma de persecución política por haber ejercido su derecho a la oposición o expresar su pensa-miento disidente al régimen vigente; y la tercera, corres-pondiente a las y los Prisioneros Políticos Victimas de Montaje Judicial, quienes han sido privados de la libertad luego de ser estigmatizados como auxiliadores de la in-surgencia por el hecho de vivir en zonas de alta influencia del conflicto armado.

Memorias


En este sentido, hay que destacar que desde el año 1998 la Corte Constitucional en su Sentencia T-158 declaró el “estado de cosas inconstitucional” en las cárceles y penitenciarias del país, resaltando que la situación de violación de los derechos fundamentales de las y los prisioneros es el resultado de una causa estructural e histórica que no puede ser atribuida a un único ente sino al Estado en su conjunto y que exige la adopción de medidas profundas y a largo plazo. Algunas de las practicas sistemáticas violatorias a los derechos humanos son el hacinamiento, la constante amenaza al derecho a la vida, las torturas y los tratos crueles inhumanos y degradantes, la deficiente asistencia médica, las ineficaces medidas de protección a los reclusos/as en riesgo, la pésima infraestructura, el suministro de alimentación no balanceada y en tiempos irregulares, la falta de agua, la ausencia de control sanitario, la negligencia de las oficinas jurídicas, la obstrucción a la comunicación, el aislamiento y el traslado como forma de castigo, omisión a la dotación personal, abuso de autoridad de los funcionarios del cuerpo de guardia y custodia, entre otras.

Trece años después de este importante fallo la situación no ha mejorado y tanto las Autoridades Penitenciarias como el Gobierno Nacional justifican el incumplimiento de la sentencia en la falta de recursos y en el aumento del número de personas detenidas, lo que –según ellos- los imposibilita a tomar medidas que permitan mejorar la situación de las y los prisioneros en el país; sin em-bargo, es notoria la gran inversión en la construcción de nuevos establecimientos de reclusión que no conllevan a la solución de la problemática, por el contrario incre-mentan la grave crisis en derechos humanos, puesto que se concentran en la implementación de un régimen ba-sado en la seguridad y la privatización de los servicios penitenciarios en detrimento de la dignidad humana y la garantía de derechos como la intimidad, el contacto con el exterior, la cercanía familiar, la personalidad, la sa-lud, la alimentación, el estudio, el trabajo, la recreación,

entre otros.Frente a este panorama desalenta-

dor que afecta a más de 83.667 personas privadas de la liber-

tad en los 144 establecimien-tos de reclusión colombia-nos , debemos alertar que más de 7.500 de ellas pa-decen adicionalmente un trato discriminatorio por su condición política, que hace aun más penosa la

privación de la libertad.

Tratamiento a las y los Prisioneros Políticos

en Colombia

En Colombia las y los prisioneros polí-ticos son sometidos a condiciones alarman-

temente discriminatorias, tanto en el ámbito judicial como en la esfera del tratamiento penitenciario y carcelario, situación reflejada en los largos proce-

sos penales que tienen que padecer, en su gran mayoría bajo delitos extremos y contra-

dictorios, y en la ausencia de garantías de respeto de sus derechos en reclusión, especialmente el desconocimien-to de su estatus político que conlleva a que sean tratados/as como delincuentes comunes y en el peor de los casos de alta peligrosidad.

En el ámbito judicial, las personas privadas de la liber-tad por motivos políticos en la mayoría de los casos son sometidas a procesos penales dilatados que no ofrecen garantías para el ejercicio de los derechos a la defensa y al debido proceso, y limitan el derecho a la libertad por largos tiempos sin tener elementos probatorios suficien-tes, pasando por encima del principio que establece la privación de la libertad como una excepción a la regla general; adicionalmente, cuando se trata de la presunta comisión de un delito político o conexo, las autoridades judiciales agravan dicha conducta con otros delitos de carácter común, como lo son el “terrorismo” o el “con-cierto para delinquir”, con la finalidad de negar el de-recho a libertad condicional de la persona sometida al proceso penal bajo el supuesto factor objetivo o porque representa un alto riesgo para la sociedad.


Además de esta situación es común para las y los prisioneros políticos enfrentarse al chantaje jurídico de la fiscalía, la cual de manera descara-da imputa multiplicidad de delitos, muchos de ellos de justicia especia-lizada y con penas exorbitantes, a fin de que la o el Prisionero Político se acoja al de menor pena por temor a ser condenado por altas penas.

Cuando se trata de ejercer el dere-cho a la defensa las y los prisioneros políticos se enfrentan a múltiples in-convenientes, entre ellos, el no tener acceso a un abogado de confianza que le asesore debida y oportuna-mente, que en el peor de los casos le recomiendan a la persona detenida acogerse a los cargos imputados para terminar mas rápido el proceso, sin detenerse a analizar una verdadera

estrategia jurídica o sencillamente si es o no responsable del delito que se le endilga. Debido a que las personas detenidas por motivos políticos no cuentan con recursos económicos para costear abogados de confianza o especiali-zados en el tema, se ven obligados a aceptar abogados designados por el Estado, los cuales en la mayoría de casos no actúan acorde a los intere-ses del procesado.

Toda esta entramada jurídica que el Estado colombiano, en cabeza de sus órganos judiciales, ejecuta, trae como consecuencia penas privativas de la libertad de hasta 60 años de prisión, esto con el objetivo de des-moralizar y doblegar la moral de los/as prisioneros políticos, frente a esta situación muchos de ellos han deci-do declararse en “ruptura” con el

estado colombiano, tal es el caso de la prisionera de guerra Mari-nelly Hernández, quien ha dicho al juez y al gobierno colombiano lo siguiente “Señor juez, no tiene usted autoridad moral para juzgar-me, ni usted señor fiscal para acu-sarme, se equivocaron si piensan que he venido a renegar de mi or-ganización y mi partido, pues aún padeciendo los sinsabores de los 40 años a los que he sido condena-

da con anterioridad y de los últimos acontecimientos me ratifico ¡orgu-llosa fariana y en la búsqueda del hombre y la mujer nueva!, capaz de generar los cambios que garanticen el desarrollo de una vida digna en todos los campos de la producción, desarrollo que con el actual sistema capitalista no está en capacidad de otorgar, pues sus fines son contrarios a mi sentir por lo que lo combato y lo combatiré”.

Además de las largas penas imputa-das, el Estado colombiano ha utiliza-do la extradición para castigar a las y los prisioneros políticos como Nayi-be Rojas Valderrama alias “Sonia”, Juvenal Ovidio Palmera Ricardo alias “simón Trinidad”, Iván Vargas, todos llevados a EEUU bajo los car-gos de narcotráfico y terrorismo.

TRATAMIENTO PENITENCIARIO Si la situación carcelaria a nivel general es degradante, para las y los prisioneros políticos es mayor, pues son cons-tantes los abusos que padecen por parte de las autoridades y funcionarios penitenciarios, que utilizan la tortura, el aislamiento, la reclusión en establecimientos de máxima seguridad, el traslado como forma de castigo, la amenaza de traslado, el sometimiento a investigaciones disciplinarias arbitrarias, el distanciamiento familiar, la estigmatización, el hostigamiento, la discriminación, la obligación de tener que compartir pabellones con paramilitares, entre otras, como forma de disminuirlos moral y sicológicamente.

Memorias


El régimen penitenciario colombiano expresa su odio y venganza a través de la tortura, las y los Prisioneros políticos son perseguidos y sometidos a tratos crueles e inhumanos, ya sea por acción u omisión del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC); por acción tenemos casos que van desde golpizas hasta envenena-miento, como los casos del prisionero político Diomedes Meneses Carvajalino, John Jairo Villada y salomón Sán-chez Astrosa, este ultimo envenenado con cianuro en la cárcel La Picota en el año 2005

Otro centenar de prisioneros y prisioneras políticas han muerto por negligencias del INPEC, en lo que va corri-do de este año han muerto 2 prisioneros políticos, José Albeiro Manjarres, muerto de cáncer de estomago en la penitenciaría de Palogordo, en Santander el 18 de enero y Jimy Ducuara Garzon muerto en la Penitenciaria de Acacias-Meta el 19 de marzo.

Además de padecer esta situación, las y los prisioneros políticos son víctimas de atentados contra su vida al ser entregados por el cuerpo de custodia y vigilancia a los paramilitares, son constantes las denuncias de los colec-tivos de prisioneros, en las cuales denuncian atentados contra sus vidas por parte de paramilitares, casos como la Picota, La Tramacua, en Valledupar, Acacias, La dorada, donde los prisioneros se han visto obligados a convivir con estos grupos.

El acceso a la administración de justicia es limitado, de-bido al desconocimiento de los derechos en reclusión y de los mecanismos de exigencia de los mismos; por su

parte, cuando las y los prisioneros políticos ejercen los derechos fundamentales de petición y de denuncia son objeto de discriminación, represalias y castigos con el fin de disminuir sus niveles de reclamación.

Frente a toda esta situación las y los prisioneros políti-cos vienen resistiendo a través de sus colectivos y demás organizaciones al régimen penitenciario como también vienen aportando a la construcción de un país con justicia social con sus ideas, sueños y rebeldías que se tejen día a día en las mazmorras para gritar al verdugo ¡¿prisión donde está tu victoria¡

La condición de las y los prisioneros políticos no puede ser ajena a nuestra mirada, pues no hay que olvidar las causas por las cuales existen y que están relacionadas di-rectamente con la existencia del conflicto social y arma-do, que amerita la intervención de la sociedad en general en la búsqueda de la paz por medio de la negociación política, viendo como un primer paso adelante un even-tual acuerdo humanitario, que favorezca tanto a los pri-sioneros de guerra en manos de la insurgencia como a los prisioneros políticos en manos del estado, estos últimos poco visibilizados.

¡La lucha social no es un delito, es un paso hacia la libertad!¡pres@s politic@s a la calle!

Bogotá, Junio 4 de 2011

Según los datos estadísticos del Inpec, las cárceles del país tienen

una sobrepoblación de 25.182 internos, esto es el 33.3 por ciento.


A todos lxs prisionerxs políticxs que se atrevieron a pensar diferente y a luchar de múltiples maneras para construir una patria nueva y digna y por ello se encuentran privados de la libertad en condiciones inhumanas en las prisiones del régimen colombiano donde se les violan sus derechos.

CRIMINALIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN POLÍTICA Y PERSECUSIÓN AL INTERIOR DE LAS CÁRCELES

ENCUENTRO NACIONAL POR LA LIBERTAD DE LXS PRISIONERXS POLITICXS <COLOMBIA>LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS

En Colombia existe un conflicto social, político y armado des-de hace más de 60 años. Así

los áulicos del poder y sus instrumen-tos de dominación ideológica lo pre-tendan desconocer, y algunos com-patriotas hayan caído en el juego del estado de opinión uribista. El con-flicto es una realidad innegable, que a diario afrontamos los colombianos, y además tiene un reconocimiento histórico en el ámbito normativo, concretado en el bloque de constitu-

cionalidad, la ley 418 de 1997, la ley 906 de 2004 y la línea jurisprudencial de las altas cortes, entre otros. Lo que en la actualidad se pretende es dar a las fuerzas beligerantes el estatus de terroristas, en el marco de los acuer-dos parlamentarios del bloque de la unidad nacional en la aprobación de la ley de víctimas. El conflicto colombiano, tiene una expresión armada y su génesis en los profundos desequilibrios econó-micos y sociales, en la miseria y la injusticia social, que se reproduce al vaivén de la inmoralidad, de la man-guala entre viejos y nuevos ricos que han construido sus riquezas sobre la base de la expropiación, el crimen, y la expansión de un derecho de clase, que explota y que no provee justicia, causados por la oligarquía que ha ejercido violentamente el poder, ce-rrando a sangre y fuego las puertas de un cambio.

En el marco de esta guerra que afron-ta el país, la persecución hacia la oposición es una política de estado. La clase dominante ha modernizado y a diario perfecciona las formas de criminalizar toda expresión del mo-

vimiento popular. El pueblo padece la desaparición forzada, el homici-dio, la tortura, el destierro, el despo-jo, las judicializaciones ilegales, las detenciones masivas y la impunidad. Mientras el derecho, en Colombia se ha convertido en el instrumento por excelencia que reprime y legitima el dominio a favor de quienes lo con-trolan; cínicamente pretende explotar al ser humano a nombre de la justicia y oculta sin vergüenza los intereses de unas pocas minorías. En este do-cumento abordaremos de manera ge-neral algunos ejemplos de crimina-lización de la oposición política, así como la persecución al interior de las cárceles.

En ese sentido es necesario resaltar que la penalización estatal está diri-gida hacia las diferentes formas de organización alternativa. Tal es el caso de la resistencia alimentaria de los campesinos, ya que el estado con-sidera como delito las formas tradi-cionales y autónomas de producción frente al monopolio de las semillas. Ello se encuentra estipulado en el ar-tículo 306 del código penal, estable-ciendo penas de 4 a 8 años y multas de 1500 s.m.l.m.v.

Memorias


Ante los avances del movimiento social y popular el estado perfecciona el aparato judicial para poder criminalizar de manera más efectiva todas las acciones de protesta, tipificándolas como delictivas y brindando los mecanismos necesarios para castigarlas. Tal es el caso del “estatuto de seguridad ciudadana” proyecto de ley No. 160 de 2010 cámara, 164 de 2010 senado, el cual recientemente fue aprobado por las plenarias de senado y cámara y pasó a sanción presidencial y Reforma los códigos penal, de procedimiento penal y de infancia y adolescencia. La sanción presidencial, le abocara a los colombianos un instrumento legal inquisitivo y no garantista; que atenta contra el equilibrio que debe existir entre la justicia material y el derecho positivo; que va en contravía de la racionalidad para la buena vida, para la convivencia y la realización de los ideales de justicia, a partir de unos principios extractados de las realidades radicales del ser humano y que a su vez desconoce las necesidades sociales que se imponen históricamente.

El proyecto en mención, en relación al articulado de la ley 599 de 2000 (Código Penal), materializa el incremento de penas consagradas y crea nuevos tipos penales. Una de las nuevas invenciones es el artículo 353A, que señala “Obstrucción a vías públicas que afecten el orden público. El que por medios ilícitos obstaculice, de manera temporal o permanente, selectiva o general, las vías o la infraestructura de transporte de tal forma que afecte el orden público o la movilidad incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años y multa de trece (13) a setenta y cinco (75) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”

Positivizando de esta manera la acción represiva del Estado ante el ejercicio del derecho constitucional a la protesta social. Cercenando un derecho constitucional y en consecuencia abriendo la puerta para que la acción política del pueblo en las calles pueda ser equiparado a una acción delictiva. Teniendo en cuenta

que una marcha en vía pública puede ser tomada como bloqueo de vía, y los participantes y convocantes pueden ser objetos de judicialización.

Este adefesio jurídico, tiene entre sus antecedentes las declaraciones de personajes reconocidos en el marco de la movilización obrera, agraria y popular desarrollada en el año 1999 en la vía nacional panamericana por comunidades del suroccidente colombiano. Basta recordar al actual congresista Luis Fernando Velasco, quien advirtió: “El Cauca y Nariño nos dieron un campanazo de alerta; si no actuamos, luego sería todo Colombia” ; por su lado Jorge Mario Eastman planteó: “Yo invitaría cada vez más a que las comunidades se apropien de la panamericana pero no para tomársela. La tienen que comenzar a considerar (…) como un bien suntuario. Como un bien religioso

(…) como un bien que no puede ser tocado ni apropiado por nadie. .

Por su parte el articulado de la ley 906 de 2004 (Código

de Procedimiento Penal), en esta reforma pretende agudizar la afrenta a la libertad personal, y a los principios de celeridad y proporcionalidad. Esto se materializa de

diferentes formas, como el incremento desmedido

de los términos con que cuenta la fiscalía para formular

acusación, solicitar la preclusión o aplicar el principio de oportunidad,

de los cuales unos se triplican y hasta se cuadruplican cuando “se presente concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales de circuito especializados”. Las facultades a la policía judicial, dadas a través del artículo 54 para realizar allanamientos en horas nocturnas, hoy lo practican de manera excepcional. Al igual que los artículos 56 y 58 amplían el plazo para la interceptación de comunicaciones, así como para la vigilancia y seguimiento de personas, los tiempos establecidos hasta hoy son de 3 a 4 meses, en el futuro quedarán a 1 año.


Persecución política al interior de las cárceles.

Las cárceles están saturadas de luchadores y luchadoras sociales y allí continúan siendo objeto de la política de persecución. Campesinxs, docentes, estudiantes, sindicalistas, médicxs, abogadxs, juecxs, indígenas, entre otros co-lombianos y colombianas que han sido condenados por pensar diferente; por ser críticos frente a las estructuras del poder; por participar en procesos organizativos de resistencia; por defender sus derechos; y por tener una posición humanística y ética frente a la vida.

El estado aplica la pena de muerte cuando se encuentra con opositores férreos y la cárcel es insuficiente para doblegar sus principios. Gran parte de las personas que quedan en condición de exprisionerxs políticxs son posteriormente asesinadas por agentes del Estado ó por agentes encubiertos de este. Existen casos conocidos como el del sociólogo Alfredo Correa D’andreis, quien permaneció recluido tan solo unos meses, ya que la única prueba que tenía el estado eran declaraciones de desertores del frente 35 de las FARC que a cambio de dinero lo implicaron en dicho movi-miento, fue asesinado en septiembre de 2004 en Barranquilla. Otro caso visibilizado es el de Jose Kennedy Higuita la comunidad de paz de Apartadó, quien llevada 7 meses en libertad condicional y fue asesinado el 11 de mayo de 2011. Como estos existen un sin número de casos que han quedado en el anonimato.

La lucha de clases se extiende hasta los centros penitenciarios. Allí los marginados de la sociedad pagan condenas por infracciones cometidas en la búsqueda de soluciones a sus problemas económicos y sociales. Pero los responsables de las desgracias de estas personas, habitan en los sectores más exclusivos de las urbes, y se cobijan bajo el imperio de la ley. De manera cíclope pretenden atajar la realidad social a través de la construcción de nuevos y más grandes centros de reclusión y la aplicación de largas condenas para sus contradictores.

De manera contrastante la oligarquía legisla en beneficio propio, aprobando leyes tan escandalosas como la 975/2005. Dicha ley tiene el propósito de mantener en im-punidad los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, impidiendo que la corte penal internacional tenga competencia en el juicio de aquellos criminales, que apunta de intimidación y motosierra impusieron formas de poder local que han sido fundamentales para los últimos 9 años de gobierno. Una vez aprobada la ley se comenzaron a pagar favores por encima del dolor de las víc-timas e irrespetando la dignidad nacional ya que las decisiones políticas se determinan de acuerdo a la importancia económica que genera la actividad criminal de este tipo de reclusos como correspon-sables que son en la tenebrosa practica del Terro-rismo de Estado, porque fue con ellos, y a través de ellos que se montó el adefesio de la seguridad democrática.

La impunidad en el aparato de justicia se hace extensiva a los autores intelectuales y los benefi-ciarios económicos del despojo, manteniéndolos alejados de los tribunales, para que no sean judi-cializados quienes han sido propiciadores del des-tierro de más de 4 millones de campesinos.

Memorias


Para los prisionerxs políticxs y los presos sociales, es insultante la se-veridad de unas leyes y la laxitud de otras, pues allí tampoco aplica el derecho de igualdad. Quienes han pagado condenas por rebelión tienen claramente comprobado que la justi-cia en este país es policiva y clasista; los prisioneros políticos son reclui-dos en sitios degradantes, se les niega beneficios que están consagrados por el Estado Social de Derecho. Ejem-plo, cuando un prisionero se atreve a reclamar por los abusos de los di-rectivos, es trasladado a cárceles de máxima seguridad alejándolo de su familia y con limitada posibilidad de acceso a los beneficios de resociali-zación.

El sistema penal colombiano le brin-da comodidades al interno que de-muestre flujo de capital. En la cárcel todo es negocio, desde el ingreso al patio con el derecho a una celda, has-ta la autorización para ser ampliada y remodelada a su gusta, tal como lo hizo el ex senador Juan Carlos Martí-nez en la Picota. Tan solo un número reducido de internos tiene acceso a estos privilegios como los empleados estatales que pasan un corto periodo vacacionando en estos reclusorios antes de salir a disfrutar del botín de la defraudación del erario público; se benefician igualmente los merce-narios paramilitares y por supuesto sus patrones de la parapolítica; los delincuentes de cuello blanco pagan sus penas en las casas fiscales y cala-bozos del DAS y opcionalmente pue-den acceder al beneficio de casa por cárcel con el uso de brazaletes elec-trónicos; los criminales de uniforme probadamente vinculados en Críme-nes de Estado son recluidos en las bases militares como Tolemaida cus-todiados por sus superiores, quienes para evitar delaciones, les garantizan

todo tipo de visitas con derecho a fiestas, licor y alucinógenos.

En esas circunstancias el estado oligárquico ha convertido algunos reclusorios en notarias para vender e hipotecar alcaldías y gobernaciones, con el propósito de mantener la burocracia y los contratos que de ellos se derivan. Son los mismos que en nombre de la democracia legalizan fortunas mal habidas. Ejemplo, las visitas periódicas de rendición de cuentas en la Picota al ex - senador Juan Carlos Martínez de parte de su mentor y gobernador en ejercicio del Valle del Cauca: Juan Carlos Abadía y el actual presidente del consejo de Cali: Jaime Gasca.

Es clara la disposición desigual de la justicia en el país, así como lo es la condición de reclusión para muchas personas en Colombia de acuerdo a su condición de clase y posición polí-tica. Por esto es diferente ser un preso como los Nule, como el ex-senador Juan Carlos Martínez, como Rocío Arias, como el general Plazas Vega o Mario Uribe entre muchos otros y, ser un prisionero político como Doris Suarez, Luis Carlos Collazos, Os-car Hurtado, Viviana Valencia, Felix Roberto Zanabria, Carolina Estrella, David Rabelo, Liliany Patricia Oban-do, Miguel Ángel Beltrán o Joaquín Pérez Becerra, quienes precisamente por su procedencia política, su postu-

ra frente al estado y su lectura de la guerra son tratados de manera discri-minatoria.

La justicia colombiana desprovista de soberanía, ha extraditado a pri-sionerxs politicxs para que tribu-nales internacionales made in USA los condene a cadena perpetua y al destierro. Mientras en Colombia una persona sindicada de rebelión es re-cluida a un mínimo de 9 años y un máximo de 60 por delitos conexos, un paramilitar por crímenes de lesa humanidad no puede superar 8 años de condena con la ley de justicia y paz. El paramilitar asesinó, torturó, destruyó pueblos, veredas, casas y zonas enteras, desmembró a miles de personas por toda la geografía nacio-nal con la justificación de ser guerri-lleros ó auxiliadores de estos.

TRATO DIGNO Y LIBERTAD


La persecución a la oposición nace con la republica, es una política de estado que continua aplicándose hasta nuestros días. Santander, el hombre de las leyes, se impuso sobre el proyecto bolivariano. Actualmente las cifras de detenidas y detenidos por motivos políticos crecen, se apresa el pensamiento crítico y se controla el ejercicio profesional. La oligarquía no soltará el poder, así para ello tenga que cometer genocidios como el de la Unión Patriótica.

Las organizaciones convocantes de este Encuentro Nacional por la Libertad de Lxs Prisionerxs Politicxs en Colombia LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS, hacemos un llamado a las organizaciones internacionales que puedan hacer acompañamiento en calidad de veedores. Porque debemos seguir el ejemplo de hombres y mujeres que, a pesar de encontrarse recluidos, no dejan de luchar contra la opresión y la injusticia. Reivindicamos el derecho a vivir en un mundo más solidario y más humano, para romper la burbuja que nos aísla y sentirnos acompañados en los terribles momentos de la adversidad y para que los rayos del día nos ayuden a romper las tinieblas de la noche.

Organizaciones Comité de Impulso Sur-occidente colombiano. Bogotá Junio 2011.

Según el Instituto Nacional peni-tenciario y Carcelario (INPEC), en 2011 ingresaron a los 142

penales del país 55.112 reclusos, lo que indica un aumentó del 40% en la población carcelaria del país.


CASOS TIPO

LILIANY PATRICIA OBANDO VILLOTA es una mujer madre cabeza de familia, ex-militante de La Unión Patriótica y del Partido Comunista, licenciada en lenguas modernas de la Universidad de Nariño y socióloga de la Universidad Nacional. En el momento de su detención cursaba la maestría en estudios políticos de la Universidad Nacional.

Se ha destacado por su ardua labor en la defensa de los derechos de las mujeres, los campesinos y trabajadores. Acompañó procesos campesinos en varias regiones del país a través de herramientas como la educación popular con el objetivo de lograr la reivindicación y defensa de los derechos humanos de dicha población. A lo largo de su militancia se ha caracterizado por ser una mujer comprometida con las causas de la paz y la justicia social en Colombia.

LILIANY OBANDO fue detenida el 08 de agosto de 2008 en el marco del proceso conocido como la “FARC-POLITICA”, convirtiéndose así en la primera capturada por este proceso. Dicho proceso está basado en evidencias materiales obtenidas ilegalmente en territorio ecuatoriano a raíz del bombardeo al campamento del abatido guerrillero Raúl Reyes, en la Operación Fénix. Pruebas recolectadas ilegalmente que fueron posteriormente manipuladas por agentes de Policía Judicial. Actualmente Liliany está siendo judicializada por los delitos de rebelión y administración de recursos relacionados con actividades terroristas sin que hasta la fecha se le haya resuelto su situación jurídica. Lleva 42 meses (feb. 2011) “detenida preventivamente”, en la Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor”, y a pesar de que la Sala Penal de la corte Suprema de Justicia declaró el 18 de mayo de 2011 que las pruebas incautadas en la Operación Fénix son ilegales y que no pueden ser usadas en ningún proceso, pues no tienen validez jurídica, Liliany continua padeciendo el encierro.

Durante este tortuoso tiempo la “justicia colombiana” le ha negado 10 veces la detención domiciliaria, a la que tiene derecho por ser madre cabeza de familia, bajo el pretexto de “representar un alto peligro para la sociedad”. Por otro lado le han sido negadas varias solicitudes de libertad inmediata por vencimiento de términos, así como la negación de varios recursos de Habeas

Corpus, recursos a los cuales tiene derecho debido a que los retrasos en el proceso han sido responsabilidad del Juzgado que lo lleva.

Paralelamente, contra la familia de LILIANY se ha cometido tortura psicológica derivada de continuos atropellos, visitas de personas desconocidas, vigilancia y seguimiento permanente. También al interior de la Reclusión LILIANY ha sido víctima de persecución y hostigamientos por parte de directivos y personal de guardia del INPEC, como consecuencia de su compromiso en la ardua defensa de los derechos humanos de las prisioneras políticas. Trabajo que le costó el aislamiento de sus compañeras prisioneras políticas al ser traslada del patio 6 al patio 7 de la misma Reclusión. A pesar de estos tropellos, su compromiso en la defensa de los derechos humanos también le ha valido el reconocimiento de organizaciones e instituciones políticas internacionales como la condecoración: defensora de derechos humanos “ALICIA BENITEZ”, otorgada por el Consejo del Municipio de Sucre de la República Bolivariana de Venezuela el 27 de marzo de 2011.


JOAQUIN PEREZ BECERRA es periodista, director de la Agencia de Noticias Nueva Colombia -ANNCOL- y sobreviviente del genocidio en contra la Unión Patriótica. Por dicha razon se vió obligado a salir del país a finales del año 93 en calidad de exiliado a Suecia, país que le otorgo la ciudadanía.

El 23 de abril de 2011 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía cuando ingresaba a Venezuela procedente de Alemania. La captura se efectúa por un supuesto requerimiento de la Policía Internacional (INTERPOL).

El día 25 de abril de 2011, el Estado venezolano extraditó a JOAQUÍN PEREZ hacia Colombia por peti-ción del presidente Juan Manuel Santos, violando así los derechos que tiene JOAQUIN como refugiado político.

En Colombia JOAQUIN afronta un proceso por concierto agravado y financiación de grupos terroristas, cargos basados en las pruebas que incautaron en el computador del abatido jefe guerrillero Raúl Reyes por las Fuerzas Armadas en territorio ecuatoriano en la ilegal Operación Fénix. Pruebas que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en fallo del 18 de mayo de 2011, declaró ilegales.

Actualmente Joaquín se encuentra recluido en el establecimiento de orden nacional (ERON Picota) de Bogotá y el proceso en su contra se encuentra en etapa preparatoria.

“Más de 7.500prisioneros

políticos son el claro reflejo de un conflicto social,

político y armado que atraviesa el país”

Memorias


ROSALBA GAVIRIA TORO ha residido en la ciudad de Armenia desde el año 1988, desempeñándose como dirigente sindical en el departamento del Quindío, siendo reconocida por la comunidad por su valentía y lucha en la defensa de los derechos de la mujer, lxs trabajadorxs y las comunidades campesinas.

Al momento de su detención se desempeñaba como miembro de la Junta Nacional de la Federación Nacio-nal Sindical Unitaria Agropecuaria, Fiscal Nacional de la Asociación de Mujeres por la Paz y la Defensa de los Derechos de la Mujer Colombiana “ASODEMUC”, Pre-sidenta de la Fundación Movimiento Mujer del Quindío y Secretaria de Mujer Rural y Niñez del Sindicato de Tra-bajadores Agrícolas (Seccional Calarcá), filial a la Cen-tral Unitaria de Trabajadores.

ROSALBA fue detenida por órdenes de la Fiscalía Pri-mera Especializada de Bogotá, acusada de REBELION Y CONCIERTO PARA DELINQUIR, sin pruebas que

ameritaran la medida restrictiva y violando su derecho a la libertad. La investigación penal se inició por hechos ocurridos en el departamento del Caquetá en el año 2005, y se basa en declaraciones contradictorias de 4 reinserta-dos que la señalan de ser colaboradora, testaferra o admi-nistradora de bienes de las FARC.

Ante estas inconsistencias probatorias y arbitrariedades cometidas contra ROSALBA, su defensor solicitó in-sistentemente su libertad inmediata, pero las peticiones fueron negadas en varias ocasiones por el Juez de cono-cimiento.

El 30 de mayo de 2011, el Juez primero Penal Especiali-zados del Circuito de Florencia (Caqueta), absolvió a la dirigente sindical.

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MIGUEL ANGEL BELTRÁN VILLEGAS es Sociólo-go y Magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia; Licenciado en Ciencias de la Educación con especialidad en Ciencias Sociales de la Universidad Dis-trital Francisco José de Caldas; Doctor en Estudios lati-noamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); y Magíster en Ciencias Sociales en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales con sede en México.

MIGUEL ÁNGEL ha sido coordinador de la sección de teorías y profesor de los cursos de Sociología latinoame-ricana I y II en el Departamento de Sociología de la Uni-versidad Nacional; Coordinador del grupo América Lati-na: transformaciones, dinámicas políticas y pensamiento social de la Universidad Nacional y miembro del grupo Cultura, política y desarrollo social de la Universidad de Antioquia.

El día 22 de Mayo de 2009, en México D.F., MIGUEL ÁNGEL fue expulsado ilegalmente por el Instituto Na-cional de Migración (INM) y entregado a las autoridades colombianas bajo acusaciones de tener vínculos con las FARC.

El Estado Mexicano violó el derecho fundamental al debido proceso de MIGUEL ÁNGEL, al expulsarlo sin darle la oportunidad de ser escuchado en audiencia, al negarle el derecho a la defensa y ser representado por un abogado y al omitir el principio de inocencia. Bajo el mismo nivel de gravedad, funcionarios del INM trans-gredieron el derecho a la integridad física del académico colombiano, a quien le ocasionaron lesiones personales con incapacidad médica de 12 días. Las acusaciones en contra de MIGUEL ÁNGEL se hicie-ron por los delitos de rebelión y concierto para delinquir. Estos se formularon con base en información que las autoridades colombianas dicen poseer de los discos du-ros de las computadoras atribuidas al fallecido miembro de las FARC “Raúl Reyes”, halladas después del ilegal bombardeo que el Ejercito Nacional realizó en territorio Ecuatoriano el pasado 1º de marzo de 2008; dichas com-putadoras han sido cuestionadas por diversos expertos, debido a que fueron manipuladas por la policía nacional antes de ser puestos a disposición del personal técnico profesional, violándose la cadena de custodia y quedando en evidencia la ilegalidad de las pruebas.

En mayo 18 de 2011, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia profirió Auto Inhibitorio en el caso de Wilson Borja por el proceso de la FARC-POLITICA. En dicho auto la Corte sentenció que los elementos probatorios ob-tenidos en la Operación Fénix son ilegales, por lo cual no pueden ser utilizados ni en el caso de Borja ni en ningún otro proceso pues no tienen ninguna validez jurídica.

Basado en este fallo y debido a la falta de pruebas para condenarlo, el día 3 de junio de 2011 MIGUEL ANGEL recuperó su LIBERTAD siendo declarado ABSUELTO por la Juez (4) cuarta Especializada de Bogotá.

Memorias


WILFREDO DÍAZ BERMÚDEZ: Campesino recolector de café que vive en el municipio de Algeciras, Huila.

WILFREDO es un ejemplo del campesino trabajador víctima directa del conflicto político, social y armado que vive nuestro país en una modalidad que sistemática-mente viene aplicando el gobierno nacional a través de las “detenciones arbitrarias ” y los “montajes judiciales”, principalmente en las zonas rurales y desafortunada-mente silenciada por los medios de comunicación.

El 29 de Noviembre de 2009 Wilfredo llego en horas de la mañana a la Galería de Algeciras (Huila). Momentos después se inicio una balacera en la que se produjo el deceso de algunas personas y lesiones de otras; entre estas se encontraba Wilfredo quien resulto herido en una pierna y quien no portaba ningún tipo de arma, ni par-ticipo en la confrontación; pero desafortunadamente se encontraba cerca del lugar de los acontecimientos y por haber estado anteriormente vinculado a un proceso de rebelión, del cual fue absuelto, se constituye una fácil carnada para el cuerpo de policía que aras de buscar res-ponsables, encaminan la investigación en su contra con el propósito absurdo que respondiera por unos hechos en los que no tuvo participación alguna.

Las acusaciones contra WILFREDO, se basan en los testimonio de dos policías del municipio: ORLANDO PERALTA CIFUENTES y REINALDO DURANGO MESA, testigos que desde luego les asiste un alto in-terés en el proceso, pues en los sucesos fallecieron al-gunos de sus compañeros. Incluso PERALTA CIFUEN-TES recibió alrededor de 7 disparos en su cuerpo y por ende tenían que presentar resultados positivos frente al ataque de civiles que no pudieron identificar. En estos únicos elementos de prueba que fueron valorados se configuran serias y profundas contradicciones entre los testimonios, constituyendo así un falso argumento para incluir en error el razonamiento hecho por el juez de conocimiento. De igual forma la fiscalía incumplió su deber constitucional establecido en el inciso segundo del Art 250, que la obliga a investigar en todo su esplendor y no solo lo que pueda incriminar al investigado ya que omitió recolectar los dos proyectiles que quedaron en el cuerpo del occiso TITO VALVERDE y por ende no lo sometieron al estudio técnico - científico de balística para determinar que arma los había accionado y si era un arma de corto o largo alcance. Adicionalmente cuando se

tomaron las muestras de residuos en las manos de WIL-FREDO, la pericia técnico-científica demostró que no se presentaban las sustancias químicas que demuestre que WILFREDO disparo un arma o accionó alguna arma de fuego el día de los hechos.

Lo anterior muestra que en este proceso se violaron las siguientes garantías fundamentales: el debido proceso, defensa, presunción de inocencia y debido contradicto-rio por indebida valoración del material probatorio des-cubierto en el proceso.

En el juicio oral, WILFREDO DÍAZ BERMÚDEZ fue condenado a la pena de seiscientos (600) meses de pri-sión, multa de ciento cuarenta (140) salarios mínimos mensuales vigentes y a la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso máximo de veinte (20) años como coautor, responsable de los delitos de homicidio agravado, en concurso homo-géneo y homicidio agravado en la modalidad de tentativa y del delito de rebelión.

Actualmente WILFREDO se encuentra recluido en la cárcel de Cómbita en espera de la decisión tomada por el juez de segunda instancia, teniendo en cuenta que su abogado de oficio apelo la decisión tomada por el juez de primera instancia.


ARACELY CAÑAVERAL VÉLEZ es sobreviviente de la Unión Patriótica y ha sido dirigente sindical por más de 20 años en la ciudad de Medellín (Antioquia). Ha ejercido su liderazgo en el Sindicato de Trabajadores de Confec-ciones Leonisa S.A. (SINTRALEONISA), el Sindicato de la Industria Textil de Colombia (SINTRATEXTIL) y en el Sindicato informal ASOTRACOMERCIANT, filial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT). Igualmen-te se ha caracterizado por ser una líder social comprome-tida en la educación y formación de los sectores sociales, populares y sindicales.

ARACELY es madre cabeza de familia de una menor de edad y se encuentra a cargo del cuidado de su madre de avanzada edad, quienes residen en la ciudad de Medellín.

El 17 de enero de 2011, en la ciudad de Medellín, ARA-CELY fue detenida por ordenes de la Fiscalía 5ª Especia-lizada de Cartagena (Bolívar), sin que se le informaran los motivos de su detención. Posteriormente fue trasla-dada a la Cárcel Distrital de San Diego de Cartagena, a unos 703 Kilómetros de distancia de su ciudad de origen.

Asimismo fue vinculada a un proceso penal dentro del cual se le imputaron los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, sin existir prue-bas que comprometan su responsabilidad con dichos de-litos.

El 7 de febrero de 2011 la Fiscalía 5 Especializada de Cartagena presentó escrito de acusación contra ARA-CELY ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena. Desde entonces, han transcurrido más de 95 días sin que se haya dado inicio al juicio oral corres-pondiente.

El 16 de mayo de 2011, por solicitud de la defensa de ARACELY, la Juez 11 Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de la ciudad de Cartagena, Otero Dávila, ordenó su libertad por vencimiento de términos, quedando vinculada al proceso penal.

El proceso penal contra ARACELY es producto de una persecución política contra lideres sindicales y estudian-tiles en las ciudades de Medellín y Bucaramanga, que también arrojo las detenciones de los estudiantes AN-GIE GAONA, JULIAN ANDONI DOMÍNGUEZ y WI-LLIAM RIVERA RUEDA, beneficiados también con la concesión de la libertad por vencimiento de términos.

Actualmente el proceso penal, adelantado por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Cartagena, se en-cuentra a la espera de la audiencia preparatoria de juicio.

En Colombia... Sí existen prisionerxs políticos !!!

Memorias


Winston Gallego Pamplona:Defensor de derechos hu-manos detenido el 10 de junio de 2009 en Medellín y trasladado el 6 de noviembre de 2009 a la cárcel de Me-diana y Máxima seguridad de la Dorada, Caldas. Wins-ton fue dejado en libertad condicional. Actualmente en proceso de audiencias en la ciudad de Medellín.

La génesis de la actuación penal la constituyen informes de inteligencia militar elaborados por integrantes del RIME, -quienes carecen de funciones judiciales confor-me a la Constitución Nacional-, basados en testimonios descalificados en otros procesos penales, pero que son usados recurrentemente e informantes animados por la obtención de beneficios jurídicos y económicos, que son utilizados temerariamente por las fuerzas militares como parte de la estrategia de judicialización en el marco la lu-cha contrainsurgente. Este informe de inteligencia rela-ciona a organizaciones políticas, sindicatos, defensoras de derechos humanos, estudiantiles y culturales como supuestos integrantes del Partido Comunista Clandesti-no Colombiano (PCCC de las FARC- EP)

En el mes de marzo de 2009 comparecieron voluntaria-mente ante la Fiscalía 74 delegada ante la IV Brigada un grupo de más o menos quince estudiantes de la Uni-versidad de Antioquia, allí se enteraron que existía una investigación contra cuatro de esas personas. A la fecha estas personas han sido vinculadas a una investigación formal y una de ellas es Winston Gallego Pamplona, in-tegrante de la Fundación Sumapaz fue detenido el 10 de junio de 2009.

Desde el momento de la detención de Winston Gallego, las organizaciones sociales siguieron denunciando y exi-giendo que el proceso saliera de la dependencia de la Fis-cal 74, esta petición se logró y el proceso fue enviado al fiscal 94 Jorge Enrique Valencia delegado ante los jueces penales del circuito; es de anotar que en esta instancia el funcionario estuvo ceñido al principio de legalidad gene-rando una mayor confianza entre las partes en el proceso y señalando que en el mismo se habían cometido arbitra-riedades e irregularidades.

A pesar de los alcances que tuvo el proceso en esta nueva fiscalía por disposiciones del saliente Fiscal General de la Nación Mario Iguarán, el proceso fue trasladado a Bo-gotá ante la fiscalía quinta Unidad Nacional contra el te-

rrorismo, bajo el argumento de garantizar seguridad e integridad personal a los funcionarios que adelantan su conocimiento, demás intervinientes y la imparcialidad e independencia sobre la actuación procesal. Este hecho obstaculiza la defensa y la garantía de un debido proceso.

Otra de las irregularidades en este proceso fue el tras-lado de Winston Gallego junto a cerca de cien presos de la cárcel de Bellavista, el viernes 6 de noviembre de 2010. A pesar de ser sinicado, Winston fue trasladado a la Cárcel La Dorada. La hipótesis de las organizaciones de derechos humanos frente a este traslado se basa en las denuncias públicas que Winston Gallego hizo desde la cárcel Bellavista con el objetivo de evidenciar la grave situación de derechos humanos en este centro penitencia-rio y los tratos crueles del personal del Inpec a los presos.


ANGYE GAONA: Poeta, integrante de Prometeo y del equipo organizador del Festival Interna-cional de Poesía de Medellín por cinco años. Fue detenida el 13 de enero de 2011 en la ciudad de Bucaramanga bajo los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, sin existir pruebas suficientes que demuestren su responsabilidad en la comisión de estos delitos.

Dicho proceso es impulsado por la Fiscalía 5 Especializada de Cartagena la cual también investi-ga por los mismos delitos a varios defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales como: Aracely Cañaveral, William Rivera y Julián Andoni.

El 16 de mayo de 2011, la juez 11 penal municipal con funciones de control de garantías de la ciu-dad de Cartagena (Bolívar), doctora Magdalena Otero Dávila, ordenó la libertad por vencimiento de términos de ANGYE GAONA.

Actualmente ANGYE continúa vinculada al juicio penal.

Memorias


CARMELO es miembro del MOVICE (capitulo Sucre) en donde ejercía el cargo de secretario téc-nico antes de su detención. También es defensor de derechos humanos en el departamento de Sucre donde venía denunciando el actuar de los diversos grupos paramilitares. En la década del 80, Carmelo militó en la Unión Patriótica, por lo cual sufrió un atentado que le obligó a salir del país. En noviem-bre de 2006 la Comisión Interamericana de Dere-chos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautela-res de protección por las constantes amenazas de las que ha sido víctima.

El 13 de noviembre de 2008, cinco hombres que se identificaron como miembros de la Policía, ingre-saron violentamente a su casa sin orden alguna de allanamiento ni captura. Después de media hora de registrar la casa se marcharon en un carro oficial. El 15 de noviembre CARMELO se presentó a la Fis-calía de Sincelejo, horas después el fiscal le impuso medida de aseguramiento. CARMELO es acusado falsamente por el delito de concierto para delinquir por pertenecer a grupos pa-ramilitares, los mismos a quienes ha denunciado y que lo han amenazado en varias ocasiones.

El 26 de septiembre de 2011, luego de casi 3 años de injusta detención, recupera su libertad (cumplió las tres quintas partes de su condena) sin que se lle-gara a dictarse sentencia en su caso. El proceso ju-dicial continua a la espera de que se dicte sentencia.

Ya Basta

de montajes judiciales


DIOMEDES es combatiente del ELN. Antes de su captura, miembros del Gaula le propinaron varios tiros y golpizas que le causaron la pérdida de su ojo derecho y la imposibilidad de volver a caminar; las torturas a las que fue sometido lo dejaron en coma intenso. Durante su reclusión ha sido víc-tima de vejaciones, chantajes e intento de envenenamiento. Hasta la fecha el INPEC no le ha brindado los cuidados de salud que requiere debido a su grave estado.

En abril de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a Diomedes para y le solicita al gobierno colombiano, se adopten las medidas necesarias con el fin de que se adopte la atención mé-dica adecuada que permita la protección de la vida, y la integridad personal.

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Memorias


“SIMON TRINIDAD”: Ex-banquero graduado en HARVARD. Ingreso a las FARC-EP en el año de 1987 y fue miembro del Estado Mayor del Blo-que Caribe donde fue asignado por el secretariado como uno de los voceros en el proceso de paz de San Vicente del Caguan.

Fue capturado el 4 de enero de 2004 en la capital de Ecuador (Quito) en donde se encontraba adelantando tareas para el canje de prisioneros. Dicha operación fue realizada en conjunto por agentes norteamerica-nos y colombianos los cuales luego lo entregaron a la Policía Ecuatoria-na. Días más tarde fue trasladado a Colombia y recluido en la Cárcel de Máxima Seguridad de Combita don-de fue aislado y sin derecho a horas de sol. Es acusado de los delitos de rebelión, secuestro entre otros.

En noviembre de 2004, la Corte Su-prema de Justicia, en violación al ar-tículo 35 de la Constitución Política Colombiana aprobó la extradición de SIMÓN TRINIDAD a Estados Uni-

dos por delitos relacionados con trá-fico de droga. El presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, en un claro ejemplo de chantaje político afirmó que dicha medida sería revo-cada si las FARC liberaba a todos los prisioneros que tenía en ese momento en su poder. Ante la negativa de las FARC de acceder a este chantaje, Si-món fue extraditado el 31 de diciem-bre de 2004 a EEUU, convirtiéndose en el primer guerrillero colombiano extraditado.

Una vez extraditado, la Corte Distri-tal de Washington dió inicio al juicio el cual dos veces fue anulado por fal-ta de pruebas por los delitos de nar-cotráfico. El día 28 de enero de 2008 El juez de distrito Royce Lamberth condeno a 60 años de prisión a SI-MON TRINIDAD por conspirar para el secuestro de 3 estadounidenses en el sur de Colombia en el año 2003. El juez Lamberth justificó su dictamen con el hecho de que el secuestro “es un acto terrorista” y que “Simón Tri-nidad” cruzó “la línea” al convertirse en “miembro de la conspiración”.

En dicha audiencia SIMON TRINI-DAD expresó…”Cuando me sumé a las FARC lo hice consciente de que podría perder mi vida por la libertad y lucha por la justicia social. Hoy per-dí mi libertad física, pero mis ideales se mantienen intactos”. Al terminar su intervención gritó: “¡Viva Manuel Marulanda!”, “¡Vivan las FARC, ejército del pueblo!”, “¡Viva Simón Bolívar, porque vive y su espada li-bertaria recorre América!”.

El departamento de Estado de EEUU determinó mantener a Simón bajo “el sistema de medidas especiales”, por eso se encuentra recluido en un área de máxima seguridad de una Cárcel ubicada en el Estado de Colorado, encerrado en una celda de 1.53 por 3 metros las 24 horas del día sin de-recho a llamar por teléfono, a enviar o recibir correspondencia y sin visi-tas. Simón sólo puede reunirse con los abogados norteamericanos afron-tando con dignidad este pasaje de su vida y a la espera de un acuerdo hu-manitario que posibilite su libertad.

“Si ese es el precio que hay que pagar por

nuestros ideales y los principios que nos

impulsan a la lucha y que dan razón de ser de

nuestra existencia, que se va a hacer, bienvenida

sea la cárcel”


NAYIBE ROJAS: Mujer campesina, madre y re-belde; nació en Palestina (Huila) el 16 de junio de 1967. Hija de una familia humilde y trabajadora, cursó solo dos años de estudios primarios en la es-cuela de la vereda El Carmelo. Ingresó a las FARC-EP hacia finales de los años ochenta, cuando tenía apenas 14 años.

Fue capturada el 10 de febrero de 2004 en la vere-da Peñas Coloradas, jurisdicción de Cartagena del Chairá. Antes de ser llevada a su lugar de reclusión fue trasladada a la Embajada Norte Americana don-de fue interrogada y presionada sicológicamente para que declarara en contra del secretariado de las FARC, bajo la amenaza de ser extraditada y aislada de su familia. Luego fue trasladada al patio 7 de la Reclusión de Mujeres de Bogotá “El Buen Pastor”, donde permaneció la mayor parte del tiempo ence-rrada en una celda.

En Colombia fue condenada a 56 meses de prisión por el delito de rebelión que imputó el Juzgado Penal del Circuito de Puerto Rico, Caquetá. En enero de 2005 fue trasladada a la Penitenciaria de Alta Segu-ridad de Valledupar “la Tramacúa”, convirtiéndose

en la primera mujer recluida en esta cárcel destinada para hombres, por temores del gobierno a que fuera rescatada.

En una clara violación a la soberanía nacional y al artículo 35 de la Constitución Política Colombiana, “SONIA” fue extraditada el 9 de marzo de 2005 a los Estados Unidos, donde la Corte del Distrito de Columbia la condenó en el mes de julio del año 2007 a 16 años de prisión, por los delitos de con-cierto para importar y distribuir más de 5 kilogra-mos de cocaína a Estados Unidos. El juicio estuvo plagado de incoherencias y falsos testigos. Luego de escuchar su sentencia “SONIA” le dijo al juez: “soy inocente, me fui a las FARC por la pobreza, de repente empezó a pasar la guerrilla por mi casa. Los conocí y me fui con ellos”

Actualmente “SONIA” se encuentra confinada en la cárcel de “Fort Worth” en el estado de Texas sin derecho a tener comunicación con el mundo exte-rior. En el año 2008 le envió como mensaje a las FARC, con profundo sentido humanitario; que si es un obstáculo para el Intercambio humanitario, que la saquen de la lista de canjeables.

“EL RECONOCIMIENTO DE LXS PRISIONERXS

POLÍTICXS ES UN PASO NECESARIO

HACIA LA PAZ”

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Memorias


DAVID RABELO CRESPO fue ex-concejal de la ciudad de Barrancabermeja por la Unión Patriótica, es miembro del Comité Central del partido Comunista Colombiano y MIEMBRO del Polo Democrático Alternativo. Igualmente inte-gra la junta directiva de la Corporación Regional para la Defensa de los Dere-chos Humanos (CREDHOS).

El 14 de septiembre fue detenido en la ciudad de Barrancabermeja por integran-tes del Cuerpo Técnico de Investigación -CTI- y posteriormente trasladado a la ciudad de Bogotá.

David Rabelo se encuentra actualmente a órdenes de la Fiscalía 22 de la Unidad Nacional de Antiterrorismo, sindicado por los delitos de concierto para delinquir y homicidio agravado. Dicha acusación se fundamenta en las versiones libres dadas por el paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias “El Panadero”.

Actualmente David Rabelo se encuentra recluido en la cárcel Modelo de Bucara-manga.


MARINELLY es miembro de una familia humilde y campesina de la vereda Agua Bonita del Municipio de San Rafael (Antioquía). Ingresó a las FARC cuando te-nía 14 años considerando esta como su “única alternativa o forma de preservar la vida, luchar por ella y reclamar nuestros derechos”.

Después de 16 años en las FARC, MARINELLY fue capturada en condición de combatiente y la justicia colombiana le ha atribuido un sin números de delitos siendo sometida a 3 juicos, condenada en 2 de ellos y procesada actualmente por los delitos de rebelión, terrorismo, homicidio, entre otros, según sus propias palabras… “repitiéndose la misma dosis que en los anteriores juicios para justificar una nueva condena que legitime la cadena perpetua de hecho que se acostumbra imponer a las y los prisioneros políticos en Colombia”.

El pasado 6 de abril de 2011, MARINELLY HERNÁNDEZ OROZCO fue conducida por el I NPEC a la audiencia pública citada por el Juez Penal del Circuito Especializado de Quibdó, dentro del proceso No. 2010002000. Luego de ser presentada en audiencia manifestó al juez que se “DECLARABA EN RUPTURA”, por considerar la inexistencia de garantías al debido proceso y por desconocer como autoridad al Estado colombiano, procediendo a entregar un escrito en el que sustentó su declaración y renunció a cualquier tipo de defensa, manifestando textualmente… “no necesito ninguna defensa, pues no he cometido ningún delito,

me declaro en ruptura con el estado colombiano y sus leyes anti populares e injustas, he sido una luchadora del pueblo”.

“Desconozco el Estado que me juzga y mantiene pri-sionera, sólo reconozco para mi juicio los documentos farianos, por ser la única institución que respeto y por la

que llegaría sin duda al sacri-ficio. De la misma manera, el único Estado que respeto, amo y reconozco es el ESTADO MAYOR CENTRAL DE LAS FARC-EP y su Secretariado, enarbolando la espada y el pensamiento de nuestro liber-tador Simón Bolívar, nuestro padre espiritual, por la defini-tiva independencia y la cons-trucción de la patria grande y el socialismo, hemos jurado vencer y venceremos”. Con estas palabras, MARINELLY HERNÁNDEZ OROZCO convidó al juez a no reque-rirla a futuras audiencias y a no nombrarle abogado para su defensa, pues como iniciamos este artículo, considera no te-ner nada de que defenderse por no ser responsable de nin-gún delito.

Mientras tanto, desde la Re-clusión de Mujeres de Mede-

llín (San Cristóbal) El Pedregal, MARINELLY espera el desarrollo del conflicto colombiano, en sus palabras… “con la cabeza y la moral revolucionaria en alto”, insis-tiendo en citar a su camarada Jorge Briceño al decir “En las FARC no tenemos almas de traidores, sino de patrio-tas y revolucionarios, hemos luchado y continuaremos haciéndolo con valor, entrega y sacrificio por derrocar este régimen podrido de las oligarquías y construir otro orden social”.

Memorias


Harry Yesid Caicedo Perlaza fue detenido arbitrariamente el 14 de enero de 2010. Al momento de su captura ejercía el cargo de directivo del CPDH en El Charco. Inte-grante de la Organización de Comunidades Negras de El Charco ORGANICHAR, del Concejo Comunitario Pro Defensa del Río Tapaje y la Coordinadora Social del Pací-fico. La detención y posterior allanamiento se realizó como producto de una perma-nente persecución contra los defensores de derechos humanos y líderes comunitarios de esta zona, quienes en anteriores ocasiones han sido víctimas de constantes señala-mientos por parte de las autoridades, fuerza pública y grupos paramilitares. Acusado por el delito de rebelión y concierto para delinquir, situación que se ha repetido cons-tantemente contra los defensores de derechos humanos y organizaciones encargadas de realizar denuncia pública en el departamento. Actualmente 5 miembros del CPDH están vinculados en falsos procesos judiciales.

El 9 de septiembre de 2011, en la ciudad de Cali en el Departamento del Valle del Cauca, HARRY YESID CAICEDO recobro su libertad.


OSCAR HURTADO fue Juez Cuarto Penal Especializado de Cali. Prisionero político victima de montaje judicial desde noviembre de 2005, dicho montaje es realizado por que HURTADO se negó a legalizar capturas masivas y detenciones arbitrarias. Actualmente se encuentra vinculado a 12 procesos penales.

En mayo de 2007 la Corte Suprema de Justicia condenó a 48 meses a OSCAR HURTADO por el delito de prevari-cato por acción, por haber dejado en libertad a una persona procesada por lavado de activos.

Frente a este montaje judicial HURTADO ha manifestado que “Mi caso trasciende el ámbito nacional porque hay un fondo político. Lo que más ha causado roncha es lo relativo a las capturas masivas. Me están pasando una cuenta de cobro porque mantengo mi autonomía y esto contraría un compromiso del Gobierno”.

Memorias


WILLIAM JAVIER DÍAZ es integrante del Taller de Jormación Estudiantil Raíces -TJER- , del Plan Kaziyadu y miembro del Polo Democrático Alternativo-PDA-.

Fue detenido el 14 de noviembre de 2008 en las instalaciones del Centro Educativo SA-LUDCOOP SUR, donde desarrollaba sus labores de docencia. La Fiscalía 12 Especia-lizada adscrita a la Unidad Nacional contra el Terrorismo lo acusó de pertenecer a las FARC basándose en supuestas informaciones obtenidas de varias USB incautadas por el Ejercito Nacional. Además de William Javier, otras 45 personas fueron vinculadas al proceso.

Recuperó su libertad en julio de 2010.

El silencio no es una

alter

nativ

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YIRA BOLAÑOS es una reconocida líder social y defensora activa de derechos humanos. Por esta ra-zón, en el año 2003, fue detenida y recluida por más de dos años acusada de pertenecer al Secretariado de las FARC-EP, siendo finalmente absuelta en el año 2007 por el Juez 2° Penal del Circuito de Popayán.

Luego de obtener su libertad en el año 2007, Yira ha sido víctima de dos atentados en contra de su vida, allanamientos en su casa y persecuciónes constantes por agentes estatales que la obligaron a desplazarse.

El 1 de junio de 2011, YIRA fue detenida por miem-bros de la Policía Nacional y acusada de pertenecer a la Columna Móvil Gabriel Galvis de las FARC-EP. Las pruebas en que se basa el ente acusador son de-claraciones de supuestos desmovilizados contratados por la Policía Judicial para acusar a YIRA por el de-lito de rebelión.

Desde su encarcelamiento, ha sido 2 veces trasladada de reclusión debido a su compromiso en la defensa de los derechos humanos de las prisioneras y a sus constantes denuncias en contra del INPEC. El 25 de noviembre, en vísperas de una misión internacio-nal de verificación, la cual pretendía visitar a YIRA BOLAÑOS en la Reclusión de Mujeres de Popayán, fue trasladada a la Reclusión de Mujeres de Jamundi, impidiendo así el que la misión de verificación pu-diera entrevistarse con YIRA.

Actualmente el proceso se encuentra en Etapa de juicio y Yira se encuentra recluida en la carcel de mujeres de Jamundi.

Memorias


JAIRO ANTONIO FUENTES DIAZ

INSURGENTE DEL ELNPRISIONERO POLITICO DE GUERRA

DESDE MAYO DE 1993CONDENADO A CADENA PERPETUA

DE HECHORECLUIDO EN LA CARCEL DE GIRARDOT

DORIS SUAREZ GUZMAN

INSURGENTE DE LAS FARC-EPSOCIOLOGA

PRISIONERA POLITICA DE GUERRA DESDE EL 2002CONDENADA A 37 AÑOS DE PRISION

RECLUIDA EN LA RECLUSION DE MUJERES DE JAMUNDI

WILLIAM RIVERA RUEDAESTUDIANTE DEFENSOR DE

DDHHPRISIONERO POLITICO DE

CONCIENCIA DESDE ENERO 13 DE 2011

EN LIBERTAD PROVISIONAL DESDE MAYO 16 DE 2011.

WILLIAM RIVERA es estudiante universitario de derecho fue detenido el 13 de enero de 2011 en la ciudad de Bucaramanga bajo los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, sin existir pruebas suficientes que demuestren su responsabilidad en la comisión de estos delitos.Dicho proceso es impulsado por la Fiscalía 5 Especializada de Cartage-na la cual también investiga por los mismos delitos a varios defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales como: Aracely Cañaveral, Angye Gaona y Julián Andoni..

El 16 de mayo de 2011, la juez 11 penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Cartagena (Bolívar), doctora Magda-lena Otero Dávila, ordenó la libertad por vencimiento de términos de WI-LLIAM RIVERA.

Actualmente WILLIAM continúa vinculado al proceso penal.


JULIAN ANDONI DOMINGUEZESTUDIANTE DEFENSOR DE DDHHPRISIONERO POLITICO DE CONCIENCIA DESDE ENERO 13 DE 2011EN LIBERTAD PROVISIONAL DESDE MAYO 16 DE 2011.

JULIAN ANDONI es estudiante universitario. Fue dete-nido el 13 de enero de 2011 en la ciudad de Bucaramanga bajo los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, sin existir pruebas suficientes que demuestren su responsabilidad en la comisión de estos delitos.

Dicho proceso es impulsado por la Fiscalía 5 Especiali-zada de Cartagena la cual también investiga por los mis-mos delitos a varios defensores de derechos humanos y dirigentes sindicales como: Aracely Cañaveral, William Rivera y Angye Gaona..El 16 de mayo de 2011, la juez 11 penal municipal con funciones de control de garantías de la ciudad de Carta-gena (Bolívar), doctora Magdalena Otero Dávila, ordenó la libertad por vencimiento de términos de JULIAN AN-DONI.

Actualmente JULIAN continúa vinculado al proceso penal.

Libertadinmediata

Exigimos

Memorias


DECLARACIÓN FINAL

Así también, familiares de prisioneros políticos, organizaciones sindicales, sociales, campesinas, estudiantiles, po-líticas, profesorales, abogados y organizaciones defensoras de derechos humanos, entre otras, con la presencia de delegaciones internacionales provenientes de los Estados Unidos, Reino Unido, Argentina, República Bolivariana de Venezuela y las Islas Canarias, los cuales declaramos a la opinión pública nacional e internacional, que:

1. La situación de tortura, tratos crueles e inhumanos que viven los prisioneros y prisioneras políticas tiene una pro-funda relación con la existencia del conflicto político, social y armado que vive el país, pues dicho fenómeno refleja el carácter excluyente y retardatario del actual régimen político colombiano y su incapacidad para facilitar una solución negociada a la crisis y con ello una salida hacia el Acuerdo Humanitario.

2. La actitud del Presidente Juan Manuel Santos no debe limitarse a reconocer la existencia de un conflicto armado, debe estar acompañada por el cese inmediato de los bombardeos a bienes civiles, estigmatización a la población civil, ametrallamientos, empadronamientos, bloqueos alimentarios, así como también la aplicación del principio de distin-ción entre quienes son combatientes y quienes no lo son y el reconocimiento del carácter político de la insurgencia colombiana y como tal de sus prisioneros de guerra.

3. Reafirmamos la justeza del derecho históricamente construido por los pueblos del mundo, de rebelarse a la tiranía, resistir a la injusticia, la miseria y la opresión. Rechazamos en consecuencia, la forma como el Estado Colombiano ha ido hacia la supresión y perversa interpretación del delito político y sus conexos, identificándolo con “el terrorismo”. Por esta vía se criminaliza la oposición política legal, y al alzamiento armado se le desnaturaliza, convirtiéndolo en simple expresión criminal. Con esto se desconoce la tradición jurídica del Estado Colombiano que durante muchos años admitió a la rebelión como expresión política de fines altruistas que era benévolamente penada.

4. El Estado Colombiano ha implementado una política de estigmatización, criminalización y judicialización no solo de la protesta social, sino de la libertad de cátedra y el pensamiento crítico. RECHAZAMOS el actual “Estatuto de Seguridad Ciudadana”, impuesto por la coalición de gobierno en el Congreso, el cual pretende criminalizar la protesta social y las acciones de movilización ante las anunciadas crisis del sector salud y educación, así como la profundiza-ción del modelo privatizante avisado por el actual gobierno.

5. La extradición de nacionales colombianos y de presos políticos a cárceles en el exterior y de manera especial a los Estados Unidos, constituye una agresión a la soberanía nacional y en especial al principio de derecho internacional de no extradición por razones políticas. Solicitamos también al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, el respeto a las normas del derecho de asilo siendo repudiable la decisión de extraditar a Colombia por razones políticas al periodista y director de la agencia de noticias ANNCOL, JOAQUÍN PÉREZ BECERRA.

6. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela ha manifestado su voluntad de contribuir a la solución política negociada del conflicto colombiano y a la formalización de Acuerdos Humanitarios. Rechazamos entonces la captura y la intención de extraditar a Colombia al ex insurgente Guillermo Enrique Torres, conocido como “Julián Conrado”, quien se encontraba ya retirado de las filas guerrilleras y dedicado en una pequeña parcela a labores agrí-colas. Exigimos su libertad inmediata y las garantías necesarias a fin de garantizar su derecho a la vida, integridad y garantías procesales.


7. La actual política carcelaria y penitenciaria obe-dece a un modelo represivo ante todo mercantil y no resocializador. El actual modelo carcelario impuesto desde el Buró Federal de los Estados Unidos, tiene como consecuencia la generación de una aguda cri-sis humanitaria al interior de las cárceles. RECHA-ZAMOS, el proyecto que cursa en el Congreso de la República conocido como “Código Penitenciario y Carcelario” y la puesta en práctica de los nuevos Establecimientos de Reclusión Nacional conocidos como Eron, los cuales ponen en riesgo los derechos fundamentales de las personas privadas de la liber-tad.

8. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario de Colombia –INPEC-, es la principal entidad del Estado comprometida con las torturas, tratos crueles e inhumanos y con su participación en la comisión de delitos de lesa humanidad. Denunciamos la en-trega de prisioneros políticos por parte del INPEC, a los grupos paramilitares a las salidas de los centros de reclusión y la muerte por negligencia médica de los prisioneros, JORDÁN FABIÁN RAMÍREZ y OTONIEL CALDERÓN OVALLE.

9. El hacinamiento y las condiciones indignas en los establecimientos carcelarios también obedece al au-mento del número de internos como política crimi-nal del Estado de privilegiar la detención preventiva como medida de aseguramiento, aumentar el núme-ro de conductas punibles y las penas para delitos que atentan contra la seguridad del Estado, restringiendo los beneficios de la libertad condicional y provisio-nal, así como la detención domiciliaria a los prisio-neros políticos.

10. Se mantienen las condiciones degradantes ex-puestas en la sentencia de tutela T- 153 de 1998, que declaró que el sistema penitenciario colombiano

violaba de manera masiva y estructural los derechos fundamentales de las personas privadas de la liber-tad, definiendo la situación como un Estado de cosas inconstitucional. Hoy, a pesar de haber transcurrido más de 13 años, el Estado Colombiano no ha tomado los correctivos que ordenó la Corte Constitucional Colombiana.

11. Nos parece incoherente la pretensión del gobier-no de realizar una Conferencia Nacional de Dere-chos Humanos, al mismo tiempo que impuso una Ley de reparación y restitución de tierras inconsulta con las víctimas y que resultará en una nueva burla a los derechos de las mismas, convive con el para-militarismo, implementa políticas para judicializar la inconformidad social, mantiene a 7 mil personas inocentes en las cárceles, estigmatiza a la oposición y acrecienta la crisis de derechos humanos en el país. El encuentro y las organizaciones convocantes, no haremos el juego a este espectáculo de cinismo que quiere instalar el gobierno nacional y que busca un sentido utilitarista del movimiento de los derechos humanos y las organizaciones sociales, en su afán de que sean aprobados los tratados de libre comercio con EE.UU. y la Unión Europea.

12. Resaltamos y apoyamos la reciente decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia Colombiana, que declara la ilegalidad de las presuntas pruebas obtenidas en el marco de la “Operación Fénix”, con las cuales se ha justificado la persecución política y judicialización en contra de opositores políticos, defensores de derechos humanos y dirigentes socia-les. Valoramos de esta decisión que la Corte haya reivindicado como valor superior, la legalidad y la legitimidad como requisitos consustanciales a cual-quier evidencia, que quiera ser tomada como prueba judicial.

Memorias


INVITAMOS, SOLICITAMOS Y EXIGIMOS

1. Este Encuentro Nacional decide constituirse en una gran COALICIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL POR EL TRATO DIGNO Y LA LIBERTAD DE LAS Y LOS PRISIONEROS POLÍTICOS “Larga vida a las mariposas” como referente coordinador y organizativo. Esta funcionará a través de COORDINADORAS RE-GIONALES, nacidas de las delegaciones regionales y los referentes nacionales aquí presentes, las cuales, a su vez, dinamizarán su trabajo a través de comisiones.

2. Invitamos a fortalecer la más amplia movilización social y política a favor de la paz, la solución política negociada y el acuerdo humanitario que derrote la con-tinuidad de los planes guerreristas plasmados por el Pre-sidente Santos en su “Política Integral de Seguridad y Defensa para la prosperidad” anunciada por su Ministro de Defensa, así como en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, los cuales profundizan la política de guerra, la pobreza, la impunidad y la aguda crisis humanitaria que vive el país.

3. Exigimos la libertad inmediata de los presos políticos –prisioneros de guerra, de conciencia y víctimas de mon-tajes judiciales– colombianas, que se encuentra hoy en cárceles en el exterior y las cárceles colombianas.4. Anunciamos nuestra vinculación a las jornadas unita-rias de protesta que tienen por objeto la defensa de los derechos de presos políticos, los derechos humanos y los derechos económicos, sociales y culturales.

5. Solicitamos a los organismos internacionales propiciar una visita del Relator Especial de las Naciones Unidas para la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradan-tes, con el fin de constatar la grave crisis humanitaria que viven hoy las cárceles colombianas.

6. Invitamos a participar masivamente el 15 de octubre de 2011, en las diversas actividades del Día Nacional de los y las prisioneros Políticos. Como encuentro proclama-mos esta fecha en pro del Acuerdo Humanitario y la Paz.

7. Llamamos a los medios de comunicación en el marco del respeto a la libertad de prensa, a velar por el buen nombre y el debido proceso de los prisioneros políticos en Colombia. Los medios deben jugar un papel ecuánime y no convertirse en caja de resonancia de los montajes judiciales que desde el establecimiento se construyen en contra de dirigentes políticos y sociales, condenándolos antes de que haya un debido proceso .

8. El día 10 de diciembre, día internacional de los dere-chos humanos. Conmemoraremos esta fecha en las calles con todas las organizaciones defensoras de derechos hu-manos.

9. Los participantes nos comprometemos en el desarrollo de un plan de acción para arrancar de las cárceles a los miles de prisioneros políticos, que se encuentran injus-tamente en ellas en razón de su inconformidad con las políticas antipopulares del gobierno.

10. Exigimos a la Fiscalía General de la Nación la rigu-rosa investigación y acusación ante los jueces, por críme-nes de lesa humanidad como las torturas y mutilaciones al prisionero DIOMEDEZ MENECES CARVAJALINO y en general las torturas practicadas en las prisiones, al igual que los supuestos suicidios como los homicidios al interior de las cárceles y las muertes por inasistencia médica.

11. Proclamamos que este movimiento por la libertad de los prisioneros políticos en Colombia, se basará en los principios de solidaridad, la ternura, lucha por la paz, el acuerdo humanitario y el derecho universal a la vida y la libertad.Bogotá, 5 de junio de 2011.

DELEGADOS ENCUENTRO POR LA LIBERTAD DE LOS PRISIONEROS POLÍTICOS4 y 5 de junio – Bogotá“Larga Vida a la Mariposas”


LA COALICION LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS se constituyo como referente organizativo, el cual agrupa no solo a las organizaciones nacionales sino también a aquellas internacionales que trabajan en pro de la libertad de los prisionerxs políticxs. Es así como en Colombia existen coaliciones regionales en Antioquia, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Eje Cafetero y Sur Occidente; y en los demás países como Argentina, EEUU, Inglaterra, Islas Canarias y otros. Una vez constituida la Coalición, en Colombia se construyo con-juntamente un plan de trabajo el cual pretende realizar actividades afuera para visibilizar la existencia de lxs prisionerxs politicxs, reivindicar su papel como luchadores políticos, brindar acompañamiento jurídico a sus procesos penales y propender por el apoyo a todas las actividades políticas de los diferentes colectivos.

A partir de los derroteros trazados, se han realizado actividades en diferentes ciudades para visibilizar la exis-tencia de los prisionerxs políticxs en Colombia. Ollas comunitarias, murales, charlas, plantones, galerías etc., además de actividades de formación y proyección como lo fue el encuentro de abogados defensores de prisio-nerxs politicxs, realizado los días 4 y 5 de noviembre de 2011 en Bogotá. Encuentro que tuvo participación de delegados de las coaliciones regionales en donde se analizaron las principales problemáticas que enfrentan lxs prisionerxs politicxs en cuanto al proceso penal y su situación jurídica, así como lo propio del tratamiento penitenciario. Como resultado de este encuentro se constituyó la comisión jurídico-investigativa, la cual se encargara de diseñar estrategias jurídicas para la defensa de prisioneros politicxs, realizar seguimiento a los casos de graves violaciones a los derechos humanos en las cárceles, elaborar un censo aproximado de prisio-nerxs politicxs y analizar la situación carcelaria en Colombia para publicar dichas investigaciones.

Todas estas iniciativas surgieron a partir del encuentro nacional el cual permitió que el tema de los prisioneros políticos no estuviera relegado a un segundo plano en las agendas de las organizaciones sociales y políticas que luchan por la paz y demás reivindicaciones para el pueblo colombiano. Por eso hoy en la “Coalición Larga Vida a las Mariposas” hacen presencia los sindicatos, las organizaciones de derechos humanos, de estu-diantes, de mujeres etc., dispuestos a hacer sus aportes a la lucha por la causa de la libertad y el tratamiento digno de todxs lxs prisionerxs politicxs colombianxs.

COALICIÓN LARGA VIDA A LAS MARIPOSAS

Colectivos de Prisionerxs Políticxs (CPP): CPP “Manuelita Sáenz” en la Reclusión de Mujeres el Buen Pas-tor de Bogotá/ - CPP “Antonio Nariño” en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Combita – Boyacá/ CPP en la Reclusión El Pedregal de Medellín/ - CPP en la Penitenciaria de Alta Seguridad de La Dorada – Caldas/ - CPP en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Girón – Santander/ - CPP en la Penitenciaria de Alta Segu-ridad de Valledupar – Cesar/ - CPP en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Jamundí - Valle/ - CPP en la Penitenciaria de Alta Seguridad de Acacias - Meta. Organizaciones y Campañas Nacionales: - Campaña por la Libertad de lxs Prisionerxs Políticxs “Traspasa los Muros”/ - Comité de Solidaridad por la Libertad de Da-vid Rabelo/ - Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH)/ - Fundación Lazos de Dignidad (FLD)/ Corporación Semilla y Memoria, Cali/ - Asociación de Abogados Demócratas del Caribe (ADC)/ -Partido Comunista Colombiano (PCC)/ - Federación de Estudiantes Universitarios de Colombia (FEU)/ -Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU)/ -Red de Prensa Alternativa del Sur Occidente (RpaSur)/ - Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS)/ - Coordinación Nacional de Or-ganizaciones Agrarias y Populares (CONAP), Nororiente/ - Red Salvaje Esperanza, Bucaramanga/ -Colectivo Prensa Libre Colombia/ - Marcha Patriótica y Cabildo Abierto por la Independencia/ - Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO)/ - Movimiento de Victimas de Crímenes de Estado (MOV-ICE)/ - Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria del Tabaco en Colombia (SINTRAINTABACO)/ - Proyecto Justicia y Vida/ - Comite de DH de la CUT Santander/ - Hernando Hernández Tapasco Repre-sentante a la Cámara del Congreso de la República/ - Gloria Inés Ramírez Ríos, Senadora de la República de Colombia/ - Jaime Caycedo, Concejal de Bogotá/ - Central Unitaria de Trabajadores (CUT)/ - Asociación Sindical de Profesores Universitarios Universidad Nacional (ASPU-UN)/ - Observatorio Iván Ortiz/ - Cam-paña por la Libertad de Miguel Ángel Beltrán/ - Corporación SUYANA, Cali/ - Mandato estudiantil por el acuerdo Humanitario y la Paz, Valle/ - Red de Medios Alternativos y Populares, Valle/- - Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo/- Colectivo de Mujeres al Derechos, Barranquilla/ -. Organiza-ciones y Campañas Internacionales: Red Internacional de Solidaridad con los Prisioneros Políticos (INSPP)/ - Campaña Internacional Libertad para Liliany Obando “Freedom for Liliany Obando”/ Patria es Solidaridad (Venezuela)/ - Justice For Colombia.

Convocan:

Memorias Encuentro Larga Vida a Las Mariposas

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